6.9.2022
ES
Diario Oficial de la Unión Europea
C 342/83 Miércoles 16 de febrero de 2022
17.
Considera, a este respecto, que las consecuencias políticas y económicas de la decisión de abandonar la Unión son significativas; que el Reino Unido no las evaluó verdadera y plenamente antes de su decisión de retirada, lo que dio lugar a una falta de preparación para el procedimiento; cree que los ciudadanos británicos no tenían un buen conocimiento de la Unión Europea y que no se les informó adecuadamente de las consecuencias de amplio alcance de la decisión de abandonar la Unión;
18.
Considera que las disposiciones del artículo 50 del TUE sobre la notificación y la prórroga del plazo con arreglo al artículo 50, apartado 3, del TUE se han manejado de una manera suficientemente flexible para responder a las vacilaciones políticas y las incoherencias de los sucesivos gobiernos del Reino Unido, preservando al tiempo la integridad del proceso de retirada y protegiendo el ordenamiento jurídico de la Unión;
19.
Recuerda que la decisión de retirarse de la Unión es un derecho soberano de los Estados miembros, y que esta está obligada a reconocer la intención del Estado miembro de que se trate; destaca que el artículo 50 del TUE no especifica la forma de notificar la intención de retirarse de la Unión y, por tanto, no impone ninguna restricción respecto a dicha forma; cree, en este contexto, que cuando un Estado miembro no respeta el Derecho de la Unión o expresa su intención de no aplicar los Tratados o no reconocer la jurisdicción del TJUE y no respetar sus sentencias, esto constituye un claro rechazo de las obligaciones vinculadas a la pertenencia a la Unión;
20.
Destaca que la retirada de la Unión Europa es, por su propia naturaleza, un proceso complejo, y que las opciones políticas del Estado miembro que se retira respecto a sus futuras relaciones con la Unión pueden aumentar tal complejidad;
La importancia de una retirada ordenada
21.
Considera que, aunque la retirada no está condicionada a un acuerdo entre el Estado miembro que se retira y la Unión, el proceso de retirada del Reino Unido muestra la importancia de celebrar un acuerdo sobre la forma de retirada, en particular para proteger los derechos y las expectativas legítimas de los ciudadanos afectados;
22.
Considera que las instituciones de la Unión hicieron todo lo posible y cumplieron con su obligación de garantizar la celebración de un acuerdo; elogia los esfuerzos realizados para evitar un escenario de retirada sin acuerdo; observa, a este respecto, que, de conformidad con el artículo 50, apartado 3, del TUE, si no se alcanza un acuerdo, la retirada surtirá efecto dos años después de la notificación al Consejo; hace hincapié en que no existen en el TUE disposiciones que aborden un escenario de retirada sin acuerdo y desordenada;
23.
Subraya que, dado el elevado nivel de integración del mercado interior de la Unión, la retirada de un Estado miembro tiene repercusiones en todos los ámbitos de actividad económica y exige ajustes de carácter jurídico y administrativo, tanto a escala de la Unión y de los Estados miembros como a escala local; reitera la importancia del trabajo realizado por la Comisión y los Estados miembros a todos los niveles de la administración pública y para sensibilizar y preparar a los ciudadanos y al sector privado mediante la publicación de numerosas comunicaciones específicas de preparación de diversas partes interesadas y la adopción oportuna de medidas de contingencia unilaterales y temporales para hacer frente a la posibilidad de una retirada sin acuerdo y desordenada;
24.
Señala que el TUE no especifica ningún requisito significativo respecto al marco de las relaciones futuras entre el Estado miembro que se retira y la Unión y su vínculo con la forma de retirada; recuerda, no obstante, que, de conformidad con el artículo 50, apartado 2, del TUE, el acuerdo de retirada debe tener en cuenta el marco de las relaciones futuras del Estado que se retire con la Unión;
25.
Observa que, en el caso de la retirada del Reino Unido, el plazo de dos años que se recoge en el artículo 50, apartado 3, del TUE para que los Tratados de la Unión dejen de aplicarse al Estado miembro que se retira a partir de la fecha de la notificación de retirada ha resultado ser demasiado corto para una retirada ordenada, ya que se consideraron necesarias tres prórrogas de este período, así como un período de transición posterior; recuerda que este plazo puede ampliarse mediante una prórroga de conformidad con el artículo 50, apartado 3, del TUE; considera que tal prórroga permite la continuación de las negociaciones con el fin de evitar un escenario límite; recuerda, no obstante, que, a lo largo del período de dos años y sus posteriores prórrogas, los ciudadanos, los operadores económicos, los Estados miembros y los socios comerciales de terceros países tuvieron que hacer frente a un nivel de inseguridad jurídica prolongado y sin precedentes;