6.9.2022
ES
Diario Oficial de la Unión Europea
C 342/7 Martes 15 de febrero de 2022
12.
Señala que la migración tiene un impacto directo en la inclusividad de las ciudades y requiere respuestas políticas adaptadas; subraya el potencial del Plan de Acción sobre Integración e Inclusión 2021-2027 de la Unión para desarrollar unas sociedades inclusivas y cohesionadas dirigir los programas a los barrios más desfavorecidos; señala, asimismo, que las estrategias de desarrollo local participativo son una herramienta esencial para generar puestos de trabajo, reducir la pobreza y mejorar el acceso a los servicios en zonas urbanas;
13.
Destaca que, en las zonas urbanas desfavorecidas, los niños están sujetos a menudo múltiples factores de riesgo, como viviendas deficientes, la discriminación, la violencia y la desigualdad en el acceso a servicios como las guarderías, la atención sanitaria y la educación; pide a los Estados miembros que apoyen los planes locales de garantía infantil para abordar los retos específicos de las ciudades en materia de pobreza infantil;
14.
Hace hincapié en la importancia que tienen las ciudades para la consecución de la igualdad de género, y recuerda que, de conformidad con el Reglamento sobre Disposiciones Comunes, todas las acciones emprendidas en el marco de la política de cohesión deben tener en cuenta la igualdad de género como principio horizontal en todo el proceso de preparación, aplicación, seguimiento, presentación de informes y evaluación; subraya que las acciones encaminadas a colmar la brecha de género en el marco de la política de cohesión deben adoptar un enfoque interseccional que tome las medidas adecuadas para prevenir cualquier discriminación por razón de religión o creencia, discapacidad, edad u orientación sexual, y que se base en marcos estratégicos nacionales en materia de igualdad de género; insiste, asimismo, en que los beneficiarios de los programas de la política de cohesión no deben adoptar políticas discriminatorias, sobre todo si perjudican a minorías, como la comunidad LGBTI; anima a que se denieguen las solicitudes de beneficiarios potenciales, incluidas las de autoridades regionales o locales, que hayan adoptado políticas discriminatorias contra miembros de la comunidad LGBTI, como por ejemplo la declaración de «zonas libres de LGBT»;
15.
Resalta que, además de los riesgos para la salud, las mujeres son más vulnerables a los riesgos económicos asociados con la pandemia de COVID-19; reconoce que, en el contexto posterior a la pandemia, el apoyo a las mujeres en los sectores formal e informal y la mejor integración de las mujeres en la planificación de políticas para el desarrollo regional y urbano a fin de diseñar ciudades y comunidades inclusivas son esenciales para la recuperación económica urbana;
16.
Destaca la brecha de datos de género que existe de manera generalizada en los ámbitos de la política de cohesión y la planificación urbana, e insta a los Estados miembros a utilizar métodos de recopilación de datos en los que se desglose por sexo;
17.
Pone de relieve que la pandemia de COVID-19 ha ocasionado un repunte de la violencia doméstica; pide a los Estados miembros que asignen fondos de la política de cohesión y movilicen a las autoridades urbanas para hacer frente al incremento mundial de los casos de violencia de género; insta a las ciudades de la Unión a que elaboren, apliquen y evalúen enfoques integrales para prevenir el acoso sexual y la violencia de género en los espacios públicos y responder a ellos, comprometiéndose con los principios de la iniciativa insignia mundial de ONU Mujeres titulada «Ciudades Seguras y Espacios Públicos Seguros para las Mujeres y las Niñas»;
18.
Pide todos los Estados miembros que concluyan de manera urgente la ratificación de la Unión del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres; insta a la Comisión a proponer legislación dirigida a combatir todas las formas de violencia de género y a que adopte las medidas necesarias para que se incluya la violencia contra la mujer como nuevo ámbito delictivo recogido el artículo 83, apartado 1, del TFUE;
19.
Reconoce el peso que recae sobre las mujeres como cuidadores principales en los contextos formales e informales, así como su valor social, especialmente durante la crisis de la COVID-19; señala que el 80 % de todos los servicios asistenciales prestados en la Unión corresponde a cuidadores no profesionales (no remunerados), de los que el 75 % son mujeres; señala que los Fondos Estructurales Europeos desempeñan una función relevante a la hora de garantizar la inversión en servicios de atención; celebra el propósito de la Comisión de proponer una estrategia europea en materia de cuidados;
20.
Señala a la atención el desempleo y, en particular, el desempleo juvenil, que se ha agravado por la pandemia de COVID-19; pide a los Estados miembros que involucren activamente a las autoridades urbanas en la elaboración de programas para satisfacer las necesidades de los jóvenes de las ciudades, así como de políticas centradas en la salud mental y el bienestar de los jóvenes, especialmente importantes en el contexto posterior a la COVID-19;