C 323/86
ES
Diario Oficial de la Unión Europea
26.8.2022
3.5.
El CESE estima pertinente considerar la incitación al odio y los delitos de odio como un ámbito delictivo con un «elemento» común basado en una motivación sesgada de odio dirigido a personas o grupos.
Esto lleva a la necesidad de tratar la incitación al odio y los delitos de odio de un modo integral y evitar un enfoque compartimentado de las diferentes formas u objetivos del odio, especialmente en lo que respecta a las diferencias entre los Estados miembros.
Pide también que se considere la incitación al odio y los delitos de odio en relación con los valores y los derechos fundamentales de la UE en su conjunto.
Por otra parte, pide que se determinen los vínculos entre la incitación al odio y los delitos de odio y los delitos existentes en la UE.
En este contexto, debe intensificarse el intercambio de información entre las fuerzas y cuerpos de seguridad y los gobiernos. 3.6.
El CESE espera con interés el siguiente paso: el establecimiento de una definición de la incitación al odio y los delitos motivados por el odio, y está dispuesto a contribuir a la consulta interinstitucional.
Esta definición resulta esencial en aras de la seguridad jurídica, pero también para proteger los derechos fundamentales y garantizar una buena comunicación a nivel general.
La Decisión Marco del Consejo relativa a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el Derecho penal proporciona un punto de partida pertinente para la elaboración de una definición que podría aplicarse en este contexto más amplio, al tiempo que utiliza las definiciones empleadas por el Consejo de Europa. 3.7.
Las definiciones de la incitación al odio y los delitos de odio deben abarcar todas las características protegidas pertinentes basadas en los derechos fundamentales de la UE, como el sexo o género, el origen racial o étnico, la religión o convicciones, la discapacidad, la edad o la orientación sexual, pero también las convicciones ideológicas y relacionadas con la conciencia.
Si bien las características protegidas difieren entre sí, la definición debe abordar las distintas características de conformidad con los mismos principios.
Debe evitarse asimismo un enfoque fragmentado de las diferentes minorías y grupos, utilizando en su lugar expresiones generales aplicables a todo el espectro de la característica protegida en cuestión.
Además, la definición debe ser lo suficientemente inclusiva como para responder a nuevos tipos de fenómenos sociales que vayan apareciendo con el tiempo. 3.8.
Las definiciones deben contemplar cualquier tipo de acción y expresión, ya sea oral o escrita, independientemente de dónde tenga lugar la expresión o la acción, es decir, ya sea en el contexto laboral, como manifestaciones públicas o en el acceso a los servicios públicos o privados, etc.
Deben cubrir asimismo las expresiones tanto en línea como fuera de línea. 3.9.
Si bien las definiciones deben ser completas, no pueden ser inequívocamente perfectas y deben ser objeto siempre de una valoración basada en pruebas procedentes del contexto correspondiente a la hora de aplicarlas.
Unas directrices comunes sobre los factores que han de tenerse en cuenta en este sentido permitirían mejorar la aplicación uniforme de las definiciones y normas. 3.10.
También es importante garantizar que las definiciones y las normas no vayan en contra de su objetivo.
Por ejemplo, no se deben estigmatizar términos que tradicionalmente se han utilizado de forma neutra.
Esto también está relacionado con el objetivo de elaborar normas comunes para proteger a cualquier grupo (más que para señalar a determinados grupos). 3.11.
A la hora de definir la incitación al odio y los delitos de odio, así como las respectivas sanciones, es importante aclarar su relación con los derechos fundamentales en su conjunto.
Esto resulta especialmente pertinente con respecto a la libertad de expresión e información, incluso en el caso de situaciones que justifiquen que se restrinja la libertad de expresión de las personas y los medios de comunicación.
Del mismo modo, también puede existir una necesidad de clarificación con respecto a otros derechos fundamentales. 3.12.
Si bien la incitación al odio y los delitos de odio pueden considerarse un ámbito delictivo en sí mismo, también se solapan en cierta medida con delitos existentes en la UE.
No obstante, los delitos existentes en la UE no cubren todas las incitaciones al odio y los delitos de odio, habida cuenta de las diferentes formas y contenido de este ámbito delictivo.
Esto se ilustra correctamente también en la «pirámide del odio», que empieza por discursos y actitudes basadas en prejuicios y llega, a través de la discriminación, hasta la violencia física e incluso el terrorismo. 3.13.
Tal y como se señala en la Comunicación, abordar la incitación al odio y los delitos de odio no es solo una cuestión sustantiva sino también de carácter procesal.
Por lo tanto, debe prestarse la debida atención a las cuestiones relacionadas con el acceso a la información, la justicia y las medidas coercitivas.
Aunque los delitos de odio y la incitación al odio están reconocidos y regulados a nivel nacional, existen muchas lagunas en la aplicación, la denuncia o la investigación.
Si no se denuncian e investigan adecuadamente como delitos motivados por prejuicios, los datos sobre la prevalencia de estos delitos en los Estados miembros a escala de la UE no serán fiables. 3.14.
La inclusión de los delitos de odio y la incitación al odio en la lista de delitos de la UE es esencial para la protección de los derechos de las víctimas.
Si no se reconocen determinados motivos de los incidentes motivados por el odio (por ejemplo, la discapacidad), la disposición de la Directiva de la UE sobre los derechos de las víctimas (que cubre a las víctimas de delitos) no se aplicaría necesariamente.
Ante el aumento del número de incidentes, debe prestarse más atención a la protección de las víctimas.
Por lo tanto, debe garantizarse debidamente el acceso a las medidas especiales de protección concedidas a las víctimas más vulnerables de los delitos con arreglo a la Directiva sobre los derechos de las víctimas.