18.7.2022
ES
Diario Oficial de la Unión Europea
C 275/93
deforestación, la degradación forestal y la pérdida de zonas de alto valor de conservación.
Debe prestarse especial atención al caucho, al maíz, a los plátanos, a la caña de azúcar y a la carne de cualesquiera animales alimentados con soja (como la carne de porcino y de aves de corral).
El CESE insta a que se elabore un inventario de la masa maderera a escala de la UE.
Esta cuestión debería resolverse en un futuro próximo.
Las definiciones relevantes del Reglamento (por ejemplo «libre de deforestación» o «degradación forestal») deben ajustarse a las definiciones de la FAO.
Las definiciones adaptadas o las definiciones que solo se basan parcialmente en las definiciones de la FAO no hacen sino dejar margen para la interpretación y, por tanto, podrían crear inseguridad jurídica para los operadores económicos. 4.3.
La aplicación del Reglamento estará en manos de las autoridades competentes de los Estados miembros.
Por consiguiente, la eficacia de la legislación propuesta depende de la prioridad que se le dé y de la capacidad operativa de las autoridades públicas de cada Estado miembro.
Una prioridad importante debe ser garantizar que en todos los Estados miembros se prevean los fondos necesarios y se establezcan los correspondientes sistemas.
Es importante destinar inversiones específicas a la infraestructura informática, los recursos humanos y el aumento de la capacidad operativa de las autoridades públicas de cada Estado miembro si se quiere llevar a cabo de manera eficaz y adecuada el seguimiento, la evaluación comparativa y la evaluación de riesgos.
Para ello debe recurrirse a la inteligencia artificial.
Las entidades a las que afecta el Reglamento deben aplicar un sistema de seguimiento transparente (que incluya la publicación de los informes de diligencia debida de modo que no comprometa información comercial confidencial).
La fecha límite debe haber transcurrido ya, para no fomentar una mayor deforestación. 4.4.
El Reglamento se centra en la deforestación y la degradación forestal relacionadas con la producción y el consumo en Europa de una serie de materias primas y productos derivados.
Sin embargo, no aborda otras cuestiones sociales y medioambientales muy importantes relacionadas con la obtención de los productos incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento.
En particular, el enfoque escogido para la protección de los derechos humanos se basa exclusivamente en la legislación aplicable en virtud de los marcos jurídicos nacionales.
Esto deja importantes lagunas a la hora de proteger los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales sobre la tierra, así como otras normas internacionales de derechos humanos.
El Comité anima a la Comisión a que considere la posibilidad de completar su propuesta con directrices para llevar a cabo evaluaciones de diligencia debida y del riesgo en las cadenas de suministro de los diferentes sectores de materias primas.
Estas directrices deberían incluir las fuentes de información que pueden consultar los agentes responsables pertinentes, tales como sistemas de certificación que cumplan determinadas normas mínimas.
El objetivo debe ser establecer un sistema coherente para unas cadenas de suministro responsables y libres de deforestación, basándose en parte en la importante labor realizada en relación con diversos sistemas de certificación existentes. 4.5.
A más tardar cinco años después de la entrada en vigor del Reglamento, la Comisión llevará a cabo una evaluación del impacto del Reglamento en los agricultores, en particular los pequeños agricultores, los pueblos indígenas y las comunidades locales, y de la posible necesidad de apoyo adicional.
La propuesta también prevé una evaluación de la necesidad y viabilidad de herramientas adicionales que faciliten el comercio para apoyar la consecución de los objetivos del Reglamento, en particular mediante el reconocimiento de regímenes de certificación.
No obstante, el Comité considera que el papel de la certificación y el impacto en los agricultores, incluidos los pequeños agricultores y las comunidades locales, constituyen aspectos esenciales del funcionamiento y el impacto —buscado o no— de la propuesta de Reglamento.
Por lo tanto, deben ser objeto de evaluaciones ex ante cuyas conclusiones deben integrarse en el Reglamento antes de su entrada en vigor. 4.6.
Las exenciones para las pymes y la simplificación de la diligencia debida en el marco del sistema de evaluación comparativa de países no deben crear lagunas que puedan hacer que el Reglamento resulte ineficaz.
Al mismo tiempo, el Reglamento no debe crear cargas y costes administrativos innecesarios.
Una agencia pública de calificación de la UE (3) para los derechos humanos y medioambientales en el contexto empresarial puede ayudar a las pymes a cumplir sus obligaciones.
La Comisión debe evaluar cuidadosamente si las disposiciones propuestas que prevén una geolocalización hasta el nivel de parcelas individuales y requisitos documentales en países de riesgo bajo son proporcionadas o necesarias.
Algunos requisitos no solo darían lugar en la UE a conflictos relacionados con el principio de subsidiariedad de los Estados miembros, sino que, sobre todo, impondrían una carga desproporcionada a los pequeños productores responsables de una parte significativa del suministro en la UE.
En aras de la transparencia deben hacerse públicos los criterios exactos de la clasificación.
Hay que apoyar a los pequeños propietarios forestales dentro y fuera de la UE para que lleven a cabo una gestión forestal más sostenible, accedan a una financiación sostenible y ofrezcan productos forestales sostenibles. 4.7.
Los artículos 22 y 24 del Reglamento propuesto incluyen disposiciones para la retirada del mercado y la posible destrucción de las materias primas o los productos derivados que no cumplan el Reglamento.
En la mayoría de los casos, esto entraría en conflicto con otros principios y objetivos importantes de la política de la UE, en particular los relativos a la prevención del desperdicio de alimentos.
Por consiguiente, el CESE recomienda que la Comisión reconsidere estas disposiciones para evitar la destrucción de recursos valiosos.
De conformidad con el proyecto de Reglamento (artículo 3), la madera procedente de la roturación legal (autorizada) para la creación de tierras agrícolas no puede comercializarse.
Sería
(3)
Véase el punto 1.15 del Dictamen de iniciativa del CESE sobre el tema «Tratado vinculante de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos» (DO C 97 de 24.3.2020, p. 9).