C 275/14
ES
Diario Oficial de la Unión Europea
18.7.2022
2.5.
En lo que se refiere a la seguridad jurídica, algunas medidas nacionales que resultan problemáticas en este sentido son la introducción de medidas restrictivas con una interpretación imprecisa; contradicciones entre la política gubernamental y las medidas jurídicas subyacentes; y cambios tan frecuentes en la ley que hacen que a la ciudadanía le resulte extraordinariamente difícil entender lo que puede y no puede hacer.
En una situación de emergencia, el riesgo y la incertidumbre aumentan, y las personas recurren al Gobierno —y, de forma más general, a las autoridades públicas— en busca de indicaciones claras sobre lo que la ley les permite o no hacer.
2.6.
Con respecto a la rendición de cuentas ante la ley, en la marginación de los Parlamentos se pueden observar problemas relacionados con el control parlamentario y judicial de la acción gubernamental relativa a la COVID-19.
Antes de febrero de 2021, menos de la mitad de los Estados miembros de la UE habían creado comisiones parlamentarias especializadas, publicado informes o programado debates periódicos acerca de las medidas relacionadas con la COVID-19, y en menos de un tercio de los casos las medidas gubernamentales habían sido sometidas a control (por ejemplo, en un debate o una votación en el Parlamento) o modificadas por los Parlamentos (10).
La revisión judicial es el proceso por el que los tribunales garantizan que los Gobiernos actúan con arreglo a la ley, lo que cobra particular importancia en tiempos de crisis, cuando los derechos fundamentales pueden verse gravemente restringidos.
En toda la UE se ha planteado una serie de dudas acerca de la eficacia de la revisión judicial y el acceso a la justicia en el contexto de las medidas contra la COVID-19 (11).
El cierre de los tribunales o la restricción del acceso a estos tan solo para determinados tipos de procedimientos afectó negativamente a la capacidad de la ciudadanía para resolver sus disputas y socavó el acceso a la justicia, sobre todo en aquellos casos en que los miembros más vulnerables de la sociedad se han visto afectados de manera desproporcionada por las medidas aplicadas en respuesta a la pandemia.
Los sistemas judiciales de la mayoría de los Estados miembros no estaban preparados para la crisis debido a su bajo nivel de digitalización y a que algunos sectores de la sociedad, en particular los grupos vulnerables, carecían de información suficiente sobre el funcionamiento del poder judicial, por lo que no tenían acceso a este.
2.7.
En última instancia, se puede concluir que el Estado de Derecho puede proporcionar la guía más eficaz en respuesta a las emergencias de salud pública (12), y este es un valor esencial, no solo en tiempos de normalidad, sino también, y quizá más aún, en tiempos de crisis.
En el contexto de los esfuerzos realizados a través del instrumento NextGenerationEU para subsanar los daños económicos y sociales inmediatos causados por la pandemia de coronavirus, el CESE reitera su apoyo a la propuesta de Reglamento de la Comisión, que permitiría tomar medidas correctivas de índole económica ante Estados miembros que cometan violaciones graves y persistentes de los valores consagrados en el artículo 2 (13).
3.
Derechos fundamentales 3.1.
La pandemia de COVID-19 ha puesto bajo una enorme presión a todas las instituciones e infraestructuras que apoyan y protegen los derechos fundamentales en la UE.
El rápido deterioro de los servicios médicos y la crisis socioeconómica a gran escala amenazaron la vida, la salud y el bienestar de la mayoría de los habitantes del continente y aumentaron el riesgo de pobreza.
Esto afectó especialmente a grupos específicos afectados por una interrupción efectiva y continua de los servicios sociales como consecuencia de su infrafinanciación a largo plazo y de la falta de preparación del sistema para hacer frente a las crisis.
En este sentido, el CESE reitera su petición de un marco europeo vinculante para una renta mínima digna en Europa (14).
3.2.
La UE y sus Estados miembros deberían hacer una profunda reflexión social acerca de los orígenes de la crisis y los motivos por los que la mayoría de los sistemas sanitarios europeos estuvieron al borde del colapso a causa de la pandemia.
Años de políticas basadas en la austeridad han dado lugar a una tendencia general hacia la desinversión en el sector sanitario y en otros servicios sociales fundamentales (asistencia a personas dependientes y vulnerables, residencias de la tercera edad, etc.), alimentando una bomba de relojería que ha explotado ante un reto sanitario de envergadura mayor.
En un momento en el que tiene lugar la Conferencia sobre el Futuro de Europa, todos los actores implicados deberían aprender de esta crisis para sentar las bases de la reconstrucción del Estado del bienestar.
La palabra «resiliencia» carece de significado si no se
(10) (11) (12) (13) (14)
J. Grogan, Extraordinary or extralegal responses?
The rule of law and the COVID-19 crisis (Democracy Reporting International, mayo de 2021).
J. Grogan, Extraordinary or extralegal responses?
The rule of law and the COVID-19 crisis (Democracy Reporting International, mayo de 2021).
J. Grogan y N. Weinberg, Principles to Uphold the Rule of Law and Good Governance in Public Health Emergencies (informe de políticas de RECONNECT, agosto de 2020): https://reconnect-europe.eu/wp-content/uploads/2020/08/RECONNECTPB_082020B.pdf.
DO C 62 de 15.2.2019, p. 173.
DO C 190 de 5.6.2019, p. 1.
Este Dictamen recibió una enmienda a la totalidad que fue rechazada pero obtuvo al menos una cuarta parte de los votos emitidos: