4.7.2022
ES
Diario Oficial de la Unión Europea
C 257/21
2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿se opone el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en relación con el artículo 267 TFUE, las cláusulas 2 y 4 del Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, contenido en la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, y el principio fundamental de independencia e inamovilidad del juez europeo, a una norma interna —como el artículo 21 del Decreto Legislativo n.o 116, de 13 de julio de 2017— que expone al juez de paz remitente, privado de protección jurídica, económica y de pensiones efectiva, que persigue aplicar el Derecho de la Unión tal como ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia en su sentencia Governo della Repubblica italiana, dejando inaplicadas las normas internas que se oponen al reconocimiento de la protección solicitada, al cese automático en su cargo jurisdiccional por órganos del Estado italiano que son parte en el procedimiento principal, como el Consejo Superior del Poder Judicial y el Ministero della giustizia (Ministerio de Justicia), sin que exista un procedimiento contradictorio ni un procedimiento disciplinario antes de la entrada en vigor del Decreto Legislativo n.o 116/2017?
3) En caso de respuesta afirmativa a las dos primeras cuestiones, ¿constituye una violación del «Estado de Derecho», en el sentido del artículo 2, letra a), del Reglamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2020, sobre un régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión, (2) una situación interna del Estado italiano en la que: — la juez de paz recurrente y otros 4 769 jueces honorarios que se encontraban en activo a 15 de agosto de 2017, entre ellos el juez remitente, quedan privados de la protección jurídica, económica y de pensiones en las condiciones de trabajo garantizada a los jueces de carrera equiparables y, por tanto, no pueden desarrollar sus tareas jurisdiccionales en condiciones de independencia e inamovilidad; — el Gobierno italiano y el «empresario», el Ministerio de Justicia, el Parlamento Nacional, el Consejo Superior del Poder Judicial, la Suprema Corte di Cassazione (Tribunal Supremo de Casación, Italia) y el Consiglio di Stato se niegan sistemáticamente a reconocer la primacía del Derecho de la Unión y a aplicar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa al estatuto jurídico y a los derechos garantizados por la normativa de la UE a la juez de paz recurrente y a los 4 769 jueces honorarios en idénticas condiciones de ejercicio de las funciones jurisdiccionales que los jueces de carrera; — 4 769 jueces honorarios, entre los cuales se encuentra el juez remitente y de los que está excluida la recurrente, ya en servicio a 15 de agosto de 2017, deberán renunciar a todo derecho garantizado por el Derecho de la Unión si pretenden participar, para continuar en el servicio, con un resultado positivo, en un nuevo procedimiento de evaluación para mantener el cargo jurisdiccional hasta cumplir los 70 años de edad, aunque todos los mencionados jueces honorarios han recibido del Consejo Superior del Poder Judicial y del Ministerio de Justicia, con arreglo a la normativa en vigor hasta el 31 de diciembre de 2021, la decisión de confirmación en el cargo hasta el 31 de mayo de 2024 y, en cualquier caso, hasta la fecha de cese automático en el cargo por edad, manteniéndose tras la «consolidación» del cargo las condiciones de menoscabo de la independencia e inamovilidad del juez honorario «consolidado»; — las medidas financieras con cargo al presupuesto de la Unión para la reforma de la justicia civil y penal en Italia hacia un proceso justo y rápido, definidas en el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR), no prevén ninguna medida de apoyo a los jueces honorarios y se dirigen principalmente primordialmente a la incorporación laboral por duración determinada de 16 500 empleados públicos «destinados a la Oficina de Enlace», mediante contrato de trabajo con el Ministerio de Justicia en las mismas condiciones económicas que los jueces honorarios «consolidados», pero en condiciones de inamovilidad en el plano disciplinario durante toda la relación contractual que no se reconocen a los jueces honorarios ni siquiera tras la «consolidación».
4) En caso de respuesta afirmativa a las tres primeras cuestiones, ¿son ilegales el artículo 278 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y el artículo 160 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, por ser contrarios a los artículos 2, 6 y 19 del Tratado [de la Unión Europea], en cuanto no permiten al Tribunal de Justicia, en el marco de los procedimientos prejudiciales iniciados de conformidad con el artículo 267 TFUE, adoptar las medidas provisionales necesarias, en particular la suspensión de actos legislativos nacionales que vulneran el Estado de Derecho y los intereses financieros de la Unión conforme a los principios y la condicionalidad establecidos en el Reglamento 2020/2092?
(1) (2)
Directiva 1999/70/CE del Consejo de 28 de junio de 1999 relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada (DO 1999, L 175, p. 43).
(DO 2020, L 433I, p. 1).