4.7.2022
ES
Diario Oficial de la Unión Europea
C 257/15
Cuestiones prejudiciales 1) ¿Impone la correcta interpretación del artículo 267 TFUE al órgano jurisdiccional nacional cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso de Derecho interno la obligación de remitir una petición de decisión prejudicial sobre una cuestión de interpretación del Derecho [de la Unión Europea] pertinente en el marco del litigio principal, aun cuando quepa descartar la existencia de una duda de interpretación sobre el significado que deba atribuirse a la disposición de la Unión de que se trate —teniendo en cuenta la terminología y el significado propios del Derecho [de la Unión Europea] atribuibles a las palabras que componen la correspondiente disposición, el contexto normativo de la Unión en el que se enmarca dicha disposición y los objetivos de protección que subyacen a cuanto establece, considerando el estado de evolución del Derecho de la Unión en el momento en que se aplica la disposición pertinente en el marco del procedimiento nacional—, pero no sea posible probar de forma fehaciente, desde un punto de vista subjetivo, habida cuenta de la conducta de otros órganos jurisdiccionales, que la interpretación facilitada por el órgano jurisdiccional pertinente es la misma que le puedan dar los órganos jurisdiccionales de los demás Estados miembros y el Tribunal de Justicia al conocer de una cuestión idéntica?
2) ¿Se opone la correcta interpretación de los artículos 49 TFUE y 56 TFUE, así como del marco normativo armonizado constituido por las Directivas 2002/19/CE, (1) 2002/20/CE, (2) 2002/21/CE (3) y 2002/22/CE (4) y, en particular, por los artículos 8, apartados 2 y 4, de la Directiva 2002/21/CE, en su versión modificada por la Directiva 2009/140/CE, (5) el artículo 3 de la Directiva 2002/20/CE, en su versión modificada por la Directiva 2009/140/CE, y los artículos 20, 21 y 22 de la Directiva 2002/22/CE, en su versión modificada por la Directiva 2009/136/CE, (6) a una norma nacional como la que se deduce de lo dispuesto en los artículos 13, 70 y 71 del Decreto Legislativo n.o 259/03, en relación con el artículo 2, apartado 12, letras h) y l), de la Ley n.o 481/1995, y el artículo 1, apartado 6, número 2, de la Ley n.o 249/1997, que atribuye a la autoridad nacional de reglamentación en el sector de las comunicaciones electrónicas la facultad de imponer: i) respecto a la telefonía móvil, una periodicidad de renovación de las ofertas y de la facturación no inferior a cuatro semanas, al tiempo que se establece la obligación de los correspondientes operadores económicos que adopten una periodicidad de renovación de las ofertas y de la facturación distinta de la mensual de informar de inmediato al usuario, mediante el envío de un SMS, de la renovación de la oferta; ii) respecto a la telefonía fija, una periodicidad de renovación de las ofertas y de la facturación de un mes o de sus múltiplos, y iii) en caso de ofertas conjuntas con la telefonía fija, la aplicación de la periodicidad relativa a esta última?
3) ¿Se oponen la correcta interpretación y aplicación del principio de proporcionalidad, en relación con los artículos 49 TFUE y 56 TFUE, así como del marco normativo armonizado constituido por las Directivas 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE y 2002/22/CE y, en particular, por los artículos 8, apartados 2 y 4, de la Directiva 2002/21/CE, en su versión modificada por la Directiva 2009/140/CE, el artículo 3 de la Directiva 2002/20/CE, en su versión modificada por la Directiva 2009/140/CE, y los artículos 20, 21 y 22 de la Directiva 2002/22/CE, en su versión modificada por la Directiva 2009/136/CE, a la adopción de medidas regulatorias por la autoridad nacional de reglamentación en el sector de las comunicaciones electrónicas dirigidas a imponer: i) respecto a la telefonía móvil, una periodicidad de renovación de las ofertas y de la facturación no inferior a cuatro semanas, al tiempo que se establece la obligación de los correspondientes operadores económicos que adopten una periodicidad de renovación de las ofertas y de la facturación distinta de la mensual de informar de inmediato al usuario, mediante el envío de un SMS, de la renovación de la oferta; ii) respecto a la telefonía fija, una periodicidad de renovación de las ofertas y de la facturación de un mes o de sus múltiplos, y iii) en caso de ofertas conjuntas con la telefonía fija, la aplicación de la periodicidad relativa a esta última?
4) ¿Se oponen la correcta interpretación y aplicación de los principios de no discriminación y de igualdad de trato, en relación con los artículos 49 TFUE y 56 TFUE, así como del marco normativo armonizado constituido por las Directivas 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE y 2002/22/CE y, en particular, por los artículos 8, apartados 2 y 4, de la Directiva 2002/21/CE, en su versión modificada por la Directiva 2009/140/CE, el artículo 3 de la Directiva 2002/20/CE, en su versión modificada por la Directiva 2009/140/CE, y los artículos 20, 21 y 22 de la Directiva 2002/22/CE, en su versión modificada por la Directiva 2009/136/CE, a la adopción de medidas regulatorias por la autoridad nacional de reglamentación en el sector de las comunicaciones electrónicas dirigidas a imponer: i) respecto a la telefonía móvil, una periodicidad de renovación de las ofertas y de la facturación no inferior a cuatro semanas, al tiempo que se establece la obligación de los correspondientes operadores económicos que adopten una periodicidad de renovación de las ofertas y