ES
4.7.2022
Diario Oficial de la Unión Europea
C 257/7
Partes en el procedimiento principal Demandantes: RR y JG con intervención de: Spetsializirana prokuratura
Fallo 1) El artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional en virtud de la cual, cuando se embarguen bienes como presuntos instrumentos o producto de una infracción, el propietario de dichos bienes, tercero de buena fe, no tiene derecho, durante la fase judicial del procedimiento penal, a presentar ante el órgano jurisdiccional competente una solicitud de restitución de dichos bienes.
2) El artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2014/42 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que excluye el decomiso de un bien perteneciente a un tercero de buena fe y utilizado como instrumento de una infracción, incluso cuando dicho tercero ha puesto dicho bien a disposición permanente del acusado.
(1)
DO C 9 de 11.1.2021.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 12 de mayo de 2022 (petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État — Francia) — Schneider Electric SE y otros / Premier ministre, Ministre de l’Economie, des Finances y de la Relance (Asunto C-556/20) (1) (Procedimiento prejudicial — Aproximación de las legislaciones — Directiva 90/435/CEE — Régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes — Artículos 4 y 7, apartado 2 — Prevención de la doble imposición económica de los dividendos) (2022/C 257/09) Lengua de procedimiento: francés Órgano jurisdiccional remitente Conseil d’État
Partes en el procedimiento principal Demandantes: Schneider Electric SE, Axa SA, BNP Paribas SA, Engie SA, Orange SA, L’Air liquide, société anonyme pour l’étude et l’exploitation des procédés Georges Claude Demandadas: Premier ministre, Ministre de l’Economie, des Finances y de la Relance
Fallo El artículo 4, apartado 1, de la Directiva 90/435/CEE del Consejo, de 23 de julio de 1990, relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional con arreglo a la cual una sociedad matriz que redistribuya entre sus accionistas beneficios que ha percibido de sus filiales debe practicar un ingreso a cuenta, con el consiguiente reconocimiento de un crédito fiscal, cuando esos beneficios no hayan soportado el impuesto sobre sociedades al tipo general, siempre que las cantidades adeudadas en dicho concepto de ingreso a cuenta traspasen el límite máximo del 5 % previsto en el artículo 4, apartado 2, de la citada Directiva.
Tal normativa no está comprendida entre las disposiciones a las que se refiere el artículo 7, apartado 2, de dicha Directiva.
(1)
DO C 9 de 11.1.2021.