27.6.2022
ES
Diario Oficial de la Unión Europea
C 243/41
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La composición de los sistemas de beneficios fiscales de los sistemas de protección social debe examinarse a la luz de las necesidades específicas derivadas de la transición ecológica, teniendo también en cuenta el principio de «quien contamina paga» y la necesidad de que las políticas de acompañamiento no introduzcan subvenciones al consumo de combustibles fósiles, no contribuyan a la cautividad de los consumidores con respecto a una tecnología específica, no reduzcan los incentivos para la renovación de edificios, o la sustitución de los sistemas de energía térmica y no reduzcan los incentivos incluidos en las medidas generales de eficiencia energética.
Una combinación de diversas políticas puede brindar apoyo a los hogares más vulnerables y a los trabajadores más afectados por la transición ecológica.
Dependiendo de la situación nacional e individual, esto podría implicar, por ejemplo, desplazar la fiscalidad del trabajo hacia objetivos climáticos y medioambientales, tal como se contempla en la propuesta de revisión de la Directiva sobre fiscalidad de la energía (37), una revisión de los regímenes de desempleo o una ayuda a la renta temporal y específica, cuando sea necesario.
Los sistemas de protección, entre los que se encuentran las políticas de inclusión social, pueden revisarse y, en su caso, adaptarse teniendo en cuenta la transición ecológica, en particular para proporcionar seguridad en materia de ingresos, especialmente durante las transiciones entre empleos, y para proporcionar servicios sociales, sanitarios y asistenciales adecuados a través de infraestructuras sociales apropiadas, especialmente en los territorios más afectados (por ejemplo, zonas rurales y remotas, como las zonas ultraperiféricas) con el fin de prevenir la exclusión social y abordar los riesgos para la salud.
Con el fin de prevenir y combatir la exclusión social infantil, las inversiones en infraestructuras sociales para la infancia tienen por objeto asegurar el acceso de los niños necesitados a servicios clave, según figura en la Recomendación (UE) 2021/1004 del Consejo (38).
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Para aumentar la resiliencia física y financiera frente a los efectos irreversibles del cambio climático de manera inclusiva es preciso promover soluciones en materia de concienciación sobre los riesgos y de reducción y transferencia de estos, en particular aumentando la disponibilidad de seguros e invirtiendo en gestión del riesgo de catástrofes y adaptación, para reducir los efectos físicos del cambio climático, y por tanto también las pérdidas, y la brecha de protección del clima, teniendo en cuenta a las microempresas y las pymes, así como a las zonas rurales y remotas, como las regiones ultraperiféricas y las islas.
Debe reforzarse la gestión del riesgo de catástrofes, especialmente los sistemas de protección civil a nivel nacional y de la Unión, y para prevenir las perturbaciones climáticas y prepararse y responder mejor frente a ellas.
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Toda persona tiene derecho a acceder a servicios esenciales de buena calidad, tales como la energía, el transporte, el agua, el saneamiento, los servicios financieros y las comunicaciones digitales, y debería prestarse apoyo a las personas que lo necesiten para que accedan en igualdad de condiciones a dichos servicios (39).
Asimismo, debe proporcionarse a las personas necesitadas acceso a viviendas sociales o ayudas a la vivienda de buena calidad (40).
Del mismo modo, los hogares de renta baja y media, los consumidores vulnerables, incluidos los usuarios finales, las personas en situación de pobreza energética o que corren el riesgo de caer en ella y las personas que viven en viviendas sociales pueden beneficiarse de la aplicación del principio de primacía de la eficiencia energética.
Además de proteger y empoderar a los consumidores de energía, se necesitan medidas específicas para prevenir y abordar las causas primeras de la pobreza energética, en particular mediante el fomento de inversiones destinadas a mejorar la eficiencia energética, concretamente en el sector de la vivienda social.
Las actualizaciones propuestas de la Directiva de eficiencia energética (41) y de la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios (42) también se proponen abordar los principales obstáculos no económicos a la renovación, como los incentivos divididos, especialmente entre arrendador y arrendatario, así como las estructuras de copropiedad.
En este contexto, debe prestarse especial atención a las mujeres y a determinados grupos que corren mayor riesgo de verse afectados por la pobreza energética, como las personas con discapacidad, los progenitores en familias monoparentales, las personas mayores, los niños y las personas de origen racial o étnico minoritario.
Los retos de movilidad preexistentes y emergentes pueden abordarse mediante medidas de apoyo y el desarrollo de las infraestructuras necesarias, como el transporte público.
La asequibilidad, accesibilidad y seguridad de la movilidad sostenible y de los diferentes modos de transporte, tanto público como privado, son fundamentales para garantizar que todas las personas se beneficien de la transición ecológica y formen parte de ella.
La movilidad urbana desempeña un papel importante en este contexto, como también se refleja en la Comunicación de la Comisión, de 14 de diciembre de 2021, titulada «El Marco de Movilidad Urbana de la UE».
(37) La propuesta de Directiva del Consejo por la que se reestructura el régimen de la Unión de imposición de los productos energéticos y de la electricidad (refundición) [COM(2021) 563 final] plantea este cambio de la fiscalidad de los productos energéticos y de la electricidad para lograr los objetivos climáticos y medioambientales.
(38) Recomendación (UE) 2021/1004 del Consejo, de 14 de junio de 2021, por la que se establece una Garantía Infantil Europea (DO L 223 de 22.6.2021, p. 14).
(39) «Pilar europeo de derechos sociales», proclamado solemnemente de forma conjunta por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017, principio 20. (40) «Pilar europeo de derechos sociales», proclamado solemnemente de forma conjunta por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017, principio 19 (a).
(41) Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la eficiencia energética (versión refundida) [COM(2021) 558 final].
(42) Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la eficiencia energética de los edificios (versión refundida) [COM(2021) 802 final].