8.6.2022
ES
Diario Oficial de la Unión Europea
C 223/13
Motivación y respuesta del Tribunal de Justicia El Tribunal de Justicia aplicó por analogía el razonamiento de la sentencia Petruhhin, y sostuvo que un nacional de un Estado miembro que se trasladó a otro Estado miembro hizo uso de su derecho a circular libremente dentro de la Unión y, por tanto, está comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 18 del TFUE.
El hecho de poseer al mismo tiempo la nacionalidad de un Estado miembro y la de un tercer Estado no puede privar al interesado de las libertades que le confiere el Derecho de la Unión en su condición de nacional de un Estado miembro.
Una normativa nacional que prohíbe únicamente la extradición de los propios nacionales introduce una diferencia de trato entre dichos nacionales y los nacionales de otros Estados miembros y da lugar a una restricción a la libre circulación en el sentido del artículo 21 del TFUE: tal restricción debe ser necesaria y proporcionada en relación con el objetivo legítimo de evitar el riesgo de impunidad para los nacionales de Estados miembros distintos del Estado miembro requerido, y no deben existir medidas menos intrusivas para alcanzar dicho objetivo, teniendo en cuenta todas las circunstancias de hecho y de Derecho del asunto.
Sin embargo, el Tribunal de Justicia reconoció que, en los casos de solicitudes de extradición para la ejecución de una pena, el conflicto con el principio de no discriminación no puede resolverse concediendo al Estado miembro de nacionalidad la posibilidad de ejercer de nuevo su competencia para procesar al interesado, ya que el nuevo procesamiento de una persona que ya ha sido juzgada y condenada puede ser contrario al principio non bis in idem.
Para evitar el riesgo de impunidad de las personas en tales situaciones, el Tribunal de Justicia se remitió a otros mecanismos de Derecho nacional e internacional que permiten a estas personas cumplir sus penas, por ejemplo, en su Estado de origen, aumentando así sus posibilidades de reinserción social una vez cumplidas sus penas.
En este contexto, el Tribunal de Justicia señaló que el artículo 3 de la Ley finlandesa de cooperación internacional ofrece a los extranjeros que residen de forma permanente en Finlandia la posibilidad de cumplir en Finlandia una pena privativa de libertad impuesta por un tercer Estado, siempre que tanto el interesado como el tercer Estado lo consientan.
Por lo tanto, el Tribunal de Justicia también indicó que el Sr. Raugevicius podía cumplir en Finlandia la pena que se le había impuesto en Rusia, siempre que tanto Rusia como el propio Sr.
Raugevicius así lo consintieran.
El Tribunal de Justicia dictaminó que los nacionales del Estado miembro requerido, por una parte, y los de otros Estados miembros que residen de forma permanente en el Estado miembro requerido y que acreditan un cierto grado de integración en la sociedad de dicho Estado, por otra, se encuentran en una situación comparable.
Corresponde a las autoridades del Estado requerido establecer si existe dicho vínculo entre los nacionales de otros Estados miembros y el Estado miembro requerido.
Si es así, los artículos 18 y 21 del TFUE exigen que los nacionales de otros Estados miembros puedan cumplir sus penas en el territorio del Estado miembro requerido, en las mismas condiciones que los nacionales de este último.
Por consiguiente, el Tribunal de Justicia concluyó que los artículos 18 y 21 del TFUE deben interpretarse en el sentido de que, cuando un tercer Estado ha presentado una solicitud de extradición de un ciudadano de la Unión que ha ejercido su derecho a la libre circulación, no con fines de enjuiciamiento, sino con vistas a la ejecución de una pena privativa de libertad, el Estado miembro requerido, cuyo Derecho nacional prohíbe la extradición de sus propios nacionales a efectos de la ejecución de una pena y prevé la posibilidad de que dicha pena dictada en el extranjero pueda cumplirse en su territorio, está obligado a garantizar que el mencionado ciudadano de la Unión, siempre que resida de forma permanente en su territorio, reciba el mismo trato que el dispensado a sus propios nacionales en materia de extradición.
C-237/21 Generalstaatsanwaltschaft München [asunto pendiente actualmente] Cuestiones de hecho El asunto se basa en la solicitud de extradición de Bosnia y Herzegovina a Alemania en relación con S.M. a efectos de la ejecución de una pena privativa de libertad.
La persona reclamada es un ciudadano de Serbia, Bosnia y Herzegovina y Croacia que vive en Alemania con su esposa desde mediados de 2017 y trabaja en Alemania desde mayo de 2020.
La Generalstaatsanwaltschaft München (Ministerio Fiscal de Múnich), remitiéndose a la sentencia Raugevicius, solicitó que se declarara la inadmisibilidad de la extradición de la persona reclamada.