C 207/12
ES
Diario Oficial de la Unión Europea
23.5.2022
Cuestión prejudicial ¿Debe interpretarse el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88/CE (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, en el sentido de que se opone a una jurisprudencia nacional conforme a la cual un trabajador despedido ilegalmente y readmitido posteriormente con arreglo al Derecho nacional, tras la anulación de su despido mediante una resolución judicial, no tiene derecho a vacaciones anuales retribuidas desde la fecha de su despido hasta su reincorporación debido a que, durante ese período, el trabajador en cuestión no ha trabajado efectivamente para el empleador, aun cuando, con arreglo al Derecho nacional, un trabajador que ha sido despedido ilegalmente y que, sin demora injustificada, ha notificado por escrito al empresario su disponibilidad, para trabajar por cuenta de este, tiene derecho a una compensación financiera correspondiente a la media de los salarios del período comprendido entre la fecha en que notificó por escrito a su empleador su disponibilidad para trabajar por cuenta de este y la fecha en que su empleador le ofreció la posibilidad de continuar trabajando o la fecha en que se extinguió válidamente su relación laboral?
(1)
DO 2003, L 299, p. 9.
Petición de decisión prejudicial planteada por el Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) el 2 de febrero de 2022 — Infraestruturas de Portugal, SA, Futrifer Indústrias Ferroviárias, SA / Toscca Equipamentos de Madeira Lda.
(Asunto C-66/22) (2022/C 207/17) Lengua de procedimiento: portugués Órgano jurisdiccional remitente Supremo Tribunal Administrativo
Partes en el procedimiento principal Recurrentes: Infraestruturas de Portugal, SA, Futrifer Indústrias Ferroviárias, SA Recurrida: Toscca Equipamentos de Madeira Lda.
Cuestiones prejudiciales 1) ¿Constituye el motivo de exclusión previsto en el artículo 57, apartado 4, letra d), de la Directiva 2014/24/UE (1) una materia reservada a la decisión del poder adjudicador?
2) ¿Puede el legislador nacional sustituir por completo la decisión que debe adoptar el poder adjudicador con arreglo al artículo 57, apartado 4, letra d), de la Directiva 2014/24/UE por una decisión (por los efectos de una decisión) genérica de la Autoridad de Defensa de la Competencia de aplicar una sanción accesoria consistente en la prohibición de participar en procedimientos de contratación pública durante un determinado período, adoptada en el contexto de la imposición de una multa por infracción de las normas sobre competencia?
3) ¿Debe entenderse la decisión del poder adjudicador sobre la «fiabilidad» del operador económico a la luz de la observancia (o la inobservancia) de las normas del Derecho de la competencia al margen del procedimiento de licitación concreto como la necesidad de efectuar una apreciación fundamentada sobre la idoneidad relativa de dicho operador económico, que constituye una manifestación concreta del derecho a una buena administración, previsto en el artículo 41, apartado 2, letra c), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea?
4) ¿Puede considerarse conforme con el Derecho de la Unión y, en particular, con el artículo 57, apartado 4, letra d), de la Directiva 2014/24/UE la solución adoptada en el Derecho portugués a través del artículo 55, apartado 1, letra f), del CCP, (2) que supedita la exclusión de un operador económico de un procedimiento de contratación fundamentada en la infracción de las normas sobre competencia cometida al margen del procedimiento de contratación concreto a la decisión que adopte la Autoridad de Defensa de la Competencia en el contexto de la aplicación de una sanción accesoria consistente en la prohibición de contratar, procedimiento en el que es la propia Autoridad de Defensa de la Competencia quien aprecia en ese contexto la pertinencia de las medidas correctoras adoptadas?