C 165/32
ES
Diario Oficial de la Unión Europea
19.4.2022
Subsidiariamente, el Tribunal General hubiera debido posponer su decisión acerca de la admisibilidad hasta el análisis del recurso en cuanto al fondo. — El artículo 130(3), apartados 7 y 8, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General exige que este posponga su decisión acerca de una excepción de inadmisibilidad al momento en que se pronuncie en cuanto al fondo cuando existan circunstancias especiales que lo justifiquen, y que fije consiguientemente nuevos plazos para la continuación del procedimiento.
Según reiterada jurisprudencia, concurren esas circunstancias especiales cuando sea necesario posponer el examen en aras de la correcta administración de la justicia. — El Tribunal hubiera debido valorar la naturaleza, el contenido y el contexto del acto recurrido para apreciar si este afectaba directamente a las recurrentes.
Para ello, hubiera sido necesario analizar la esencia del acto y comprobar si este imponía obligaciones jurídicas específicas a los Estados miembros.
Tal valoración se solapa con el primer motivo de recurso relativo al fondo del asunto y que versa sobre la falta de competencia de la Comisión para adoptar el anexo I del acto recurrido.
Al no posponer el examen de la excepción de inadmisibilidad propuesta por la Comisión hasta haber analizado la argumentación en cuanto al fondo, el Tribunal General infringió lo dispuesto en el artículo 130, apartados 7 y 8, de su Reglamento de Procedimiento.
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DO 2020, C 317, p. 5.
Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) el 9 de febrero de 2022 — Papier Mettler Italia S.r.l. / Ministero della Transizione Ecologica (anteriormente Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), Ministero dello Sviluppo Economico (Asunto C-86/22) (2022/C 165/41) Lengua de procedimiento: italiano Órgano jurisdiccional remitente Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Partes en el procedimiento principal Demandante: Papier Mettler Italia S.r.l.
Demandadas: Ministero della Transizione Ecologica (anteriormente Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), Ministero dello Sviluppo Economico Cuestiones prejudiciales 1) ¿Se oponen el artículo 114 TFUE, apartados 5 y 6, el artículo 16, apartado 1, de la Directiva 94/62/CE (1) y el artículo 8 de la Directiva 98/34/CE (2) a la aplicación de una disposición nacional como la recogida en el Decreto interministerial impugnado que prohíbe la comercialización de bolsas de un solo uso fabricadas con material no biodegradable pero que cumplen los demás requisitos de la Directiva 94/62/CE, cuando esa normativa nacional, que contiene normas técnicas más restrictivas que las previstas en la normativa de la Unión, no haya sido notificada por el Estado miembro a la Comisión Europea antes de su adopción, sino después de esta y antes de la publicación del acto?
2) ¿Deben interpretarse los artículos 1, 2, 9, apartado 1, y 18 de la Directiva 94/62/CE, completados por los artículos 1, 2 y 3, del anexo II de esa misma Directiva, en el sentido de que se oponen a la adopción de una norma nacional que prohíbe la comercialización de bolsas de un solo uso fabricadas con material no biodegradable pero que cumplen los demás requisitos de la Directiva 94/62/CE o de que las normas técnicas adicionales establecidas en la normativa nacional pueden estar justificadas por el objetivo de lograr una mayor protección del medio ambiente, teniendo en cuenta, en su caso, la particularidad de los problemas que suscita la recogida de residuos en el Estado miembro y la necesidad de ese Estado de cumplir asimismo las obligaciones que le incumben con arreglo al Derecho de la Unión en ese ámbito?
3) ¿Deben interpretarse los artículos 1, 2, 9, apartado 1, y 18 de la Directiva 94/62/CE, completados por los artículos 1, 2 y 3, del anexo II de esa misma Directiva, en el sentido de que constituyen una norma clara y precisa que permite prohibir cualquier obstáculo a la comercialización de bolsas conformes a los requisitos establecidos en la Directiva y que entraña, para los órganos del Estado, incluidas las Administraciones Públicas, la obligación de no aplicar la normativa nacional que pueda ser contraria a la misma?