11.4.2022
ES
Diario Oficial de la Unión Europea
C 158/7
Cuestión prejudicial ¿Deben interpretarse los artículos 2, apartados 1 y 2, letra a), y 6, apartado 1, de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, (1) así como los principios de seguridad jurídica, respeto de los derechos adquiridos y efectividad del Derecho de la Unión, en el sentido de que se oponen a una normativa nacional (como la controvertida en el procedimiento principal) con arreglo a la cual la primera actualización de la pensión de jubilación correspondiente al grupo de funcionarios jubilados, a más tardar, el 1 de diciembre de 2021 (pensión combinada con arreglo a la Ley de pensiones de 1965) se lleva a cabo solamente con efectos a partir del 1 de enero del segundo año natural siguiente a la constitución del derecho de pensión, mientras que la primera actualización de la pensión de jubilación correspondiente al grupo de funcionarios jubilados o que se jubilarán a partir del 1 de enero de 2022 (pensión combinada con arreglo a la Ley de pensiones de 1965) se lleva a cabo con efectos a partir del 1 de enero del primer año natural siguiente a la constitución del derecho de pensión?
(1)
Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (DO 2000, L 303, p. 16).
Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale ordinario di Bologna (Italia) el 7 de febrero de 2022 — BU / Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione — Unità Dublino (Asunto C-80/22) (2022/C 158/09) Lengua de procedimiento: italiano Órgano jurisdiccional remitente Tribunale ordinario di Bologna Partes en el procedimiento principal Demandante: BU Demandada: Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione — Unità Dublino Cuestiones prejudiciales 1) ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas que prevé el Derecho de la Unión Europea en caso de incumplimiento, por parte del Estado miembro requirente en el marco de un procedimiento de readmisión en el sentido del artículo 18, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) n.o 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, (1) de la obligación de información prevista en el artículo 4 o de la obligación de organizar la entrevista personal del solicitante en el sentido del artículo 5 de dicho Reglamento, y, en particular, deben interpretarse los artículos 4 y 5 del Reglamento n.o 604/2013: — en el sentido de que la falta de entrega del prospecto informativo previsto en el artículo 4, apartado 2, a una persona que se encuentre en las circunstancias descritas en el artículo 23 del Reglamento o bien la falta de organización de la entrevista personal del solicitante en el sentido del artículo 5 del Reglamento determinan por sí mismas la ilegalidad insubsanable de la medida de traslado, y la consiguiente transferencia de la competencia para conocer de la solicitud de protección internacional al Estado miembro requirente; — o bien en el sentido de que la ilegalidad de la medida de traslado está supeditada a la alegación y a la demostración de que la decisión habría llevado a un resultado diferente si la autoridad del Estado miembro requirente hubiera cumplido las obligaciones previstas en los artículos 4 y 5 del Reglamento n.o 604/2013, — o bien en el sentido de que en ningún caso la autoridad del Estado miembro requirente tiene la obligación de asegurar al extranjero sujeto a un procedimiento de traslado al Estado miembro requirente las garantías de información y de participación establecidas en los artículos 4 y 5 del Reglamento n.o 604/2013?
2) ¿Debe interpretarse el artículo 27, apartado 1, del Reglamento n.o 604/2013, por sí solo o en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea: — en el sentido de que impone la obligación de asegurar las garantías establecidas en los artículos 4 y 5 del Reglamento al extranjero sujeto a un procedimiento de traslado a otro Estado miembro, en cuanto herramienta al servicio de la protección del derecho a la tutela judicial efectiva en forma de recurso efectivo contra una decisión de traslado;