C 153/4
ES
Diario Oficial de la Unión Europea
7.4.2022
(11)
Aunque el aumento de las quiebras ha seguido siendo limitado hasta la fecha, la crisis de la COVID-19 ha dejado a muchas empresas con balances más débiles, lo que podría limitar su capacidad para financiar proyectos de inversión a corto plazo y comprometer su capacidad de reembolso.
A medida que se haga efectiva la recuperación, el apoyo debe eliminarse gradualmente y hacerse más específico.
Un menor uso de instrumentos de deuda limitaría los pasivos contingentes y contribuiría a preservar la capacidad de inversión de las empresas.
La retirada oportuna de las medidas de apoyo a las políticas es un acto de equilibrio en el que se combinan el apoyo a la inversión y el empleo y la prevención de la quiebra de las empresas viables, sin impedir la salida ordenada de las empresas inviables a medio plazo.
En este contexto, es crucial mejorar el acceso de las empresas a la financiación, reforzar los balances de las empresas y aumentar la capacidad y la eficiencia de los marcos de insolvencia.
Los regímenes nacionales de insolvencia difieren sustancialmente entre sí en la zona del euro, por lo que serán necesarias medidas de refuerzo de la capacidad para facilitar un sistema administrativo y judicial eficaz.
La mejora de los marcos de insolvencia también puede contribuir a unos balances más sólidos en el sector bancario, con una repercusión positiva en la oferta de crédito.
La Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo (6) sobre reestructuración e insolvencia, que tiene por objeto introducir normas mínimas en todos los Estados miembros en materia de reestructuración preventiva y exoneración de deudas de los empresarios, debe incorporarse al Derecho nacional a más tardar el 17 de julio de 2022.
Además, la integración de los mercados de capitales de la Unión es fundamental para proporcionar a las empresas fuentes alternativas de financiación que complementen los préstamos bancarios.
Los avances en la unión de los mercados de capitales pueden mejorar el acceso de las empresas de la zona del euro a la financiación, movilizar inversiones a largo plazo en tecnologías nuevas y ecológicas, tecnologías e infraestructuras, promover la inversión en capital y eliminar los obstáculos transfronterizos a la inversión, en particular armonizando determinados aspectos del Derecho sustantivo en materia de procedimientos de insolvencia.
(12)
Si bien el empleo se está recuperando rápidamente, algunos sectores, categorías específicas de trabajadores y regiones se verán afectados a largo plazo por la crisis de la COVID-19 y por el fuerte impulso a favor de una economía más ecológica y de una aceleración de la digitalización.
Los jóvenes se han visto particularmente afectados, así como las personas con una baja cualificación y las personas de origen migrante.
Los nuevos puestos de trabajo creados podrían ser diferentes de los puestos de trabajo que se han perdido como consecuencia de dicha crisis.
Algunos grupos, incluidas las mujeres, siguen enfrentándose a retos estructurales para su integración en el mercado del trabajo.
Los estrangulamientos en la cadena de suministro y la subida de los precios de la energía pueden ralentizar la recuperación del empleo en determinados sectores.
Por lo tanto, las medidas políticas que faciliten la transición laboral y la reintegración en el mercado laboral serán fundamentales para apoyar el ajuste y mitigar las repercusiones sociales, en particular a la luz de las transiciones ecológica y digital.
La Comisión presentó la Recomendación (UE) 2021/402 (7) sobre un apoyo activo eficaz para el empleo tras la crisis de la COVID-19, en la que se invita a los Estados miembros a que elaboren paquetes de políticas coherentes que combinen medidas destinadas a reducir la escasez de personal cualificado y ayudar a las personas a orientarse con éxito en las transiciones ecológica y digital.
Estos paquetes constarán de tres componentes: i) incentivos a la contratación y a la transición, limitados en el tiempo y bien diseñados, y apoyo al emprendimiento; ii) oportunidades de mejora de las capacidades y de reciclaje profesional vinculadas a las necesidades del mercado laboral; y iii) un mayor apoyo por parte de los servicios de empleo.
Mientras tanto, para la cohesión de la zona del euro, la protección social sigue siendo fundamental tras la crisis sanitaria y económica y para garantizar unas transiciones ecológica y digital justas.
El pilar europeo de derechos sociales sigue siendo la brújula para la acción en materia de empleo, capacidades y política social que fomenta la convergencia económica y social al alza y la mejora de las condiciones de vida y de trabajo en los Estados miembros.
El Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales, adoptado en marzo de 2021, establece tres objetivos principales de la Unión relativos i) al empleo, ii) al aprendizaje de adultos y iii) a la reducción de la pobreza de aquí a 2030, a lo que contribuirán las medidas recomendadas correspondientes.
Esos objetivos fueron acogidos favorablemente por los dirigentes de la Unión en la Cumbre Social de Oporto del 8 de mayo de 2021 y en el Consejo Europeo de los días 24 y 25 de junio de 2021.
(13)
Los Estados miembros han diseñado ambiciosos planes de reforma e inversión, con el apoyo financiero y político del MRR, y su aplicación resulta fundamental.
El aumento de la calidad de las instituciones, en particular, mediante el refuerzo de la capacidad administrativa, será fundamental para garantizar una rápida absorción de los fondos correspondientes, evitando al mismo tiempo duplicaciones e interferencias con otros instrumentos de la Unión.
Los Estados miembros pueden mejorar las condiciones marco para la inversión privada mejorando el entorno empresarial.
Para garantizar el buen funcionamiento del mercado único, será fundamental preservar y reforzar la resiliencia de la cadena de suministro en el mercado único mediante la detección y el tratamiento de la escasez de suministros y los estrangulamientos de la oferta, junto con los mercados abiertos, la convergencia de las normas, una mayor diversificación, la circularidad y la eficiencia de los recursos.
Sigue siendo pertinente la Recomendación del Consejo, de 13 de julio de 2021, sobre la política económica de la zona del euro, en la que se pide una mayor integración del mercado único de bienes y servicios, en particular, el mercado único digital, mediante la eliminación de restricciones innecesarias, la mejora de la vigilancia del mercado y la garantía de una capacidad administrativa suficiente.
(6) Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 (Directiva sobre reestructuración e insolvencia) (DO L 172 de 26.6.2019, p. 18).
7 ( ) Recomendación (UE) 2021/402 de la Comisión, de 4 de marzo de 2021, sobre un apoyo activo eficaz para el empleo tras la crisis de la COVID-19 (EASE) (DO L 80 de 8.3.2021, p. 1).