C 152/92
ES
Diario Oficial de la Unión Europea
6.4.2022
2.7.
A diferencia de la regulación del sector privado, la sexta Directiva de LBC/LFT se centra en su sistema institucional y su adaptación en cada Estado miembro.
La propuesta aclara las competencias y tareas de las UIF y su acceso a la información, establece un marco para los análisis conjuntos y proporciona un fundamento jurídico para el sistema FIU.net.
La capacidad de actuación de los supervisores se ve fortalecida y se mejoran los mecanismos de cooperación entre los supervisores y con otras autoridades.
Está prevista la interconexión de los registros de cuentas bancarias. 2.8.
La propuesta de Reglamento relativo a la información que acompaña a las transferencias de fondos y de determinados criptoactivos es una refundición del Reglamento (UE) 2015/847 del Parlamento Europeo y del Consejo (11) relativo a la información que acompaña a las transferencias de fondos, refundición que tiene como finalidad que los requisitos de trazabilidad e identificación aplicables a las transferencias de criptoactivos sean similares a los establecidos para los fondos.
Al mismo tiempo, los proveedores de servicios de criptoactivos estarán sujetos a los requisitos del Reglamento que se exigen a otros operadores financieros.
3.
Observaciones generales 3.1.
La primera Directiva antiblanqueo se promulgó en 1991.
Desde entonces, se han adoptado otras cuatro Directivas de LBC/LFT y docenas de otras Directivas complementarias relacionadas con el sistema financiero o los correspondientes delitos e infracciones.
Hasta la fecha, no cabe duda de que los resultados de estos esfuerzos, considerados una prioridad por las autoridades de la UE, han sido claramente poco satisfactorios. 3.2.
Esta es una opinión generalizada, como ya ha quedado reflejado en las evaluaciones de la Comisión de 2019 y en las de instituciones como el Parlamento Europeo, en sus Resoluciones de marzo de 2019 y julio de 2020 (12), y el Tribunal de Cuentas, en su informe de junio de 2021, titulado «Los esfuerzos de la UE en la lucha contra el blanqueo de capitales en el sector bancario son fragmentarios y su aplicación, insuficiente» (13), así como en la inmensa mayoría de análisis de especialistas, académicos y grupos de reflexión, en particular el Informe del Grupo de Trabajo CEPS-ECRI (14). 3.3.
Las estimaciones del volumen del blanqueo de capitales lo colocan entre el 1 % (Europol y Comisión Europea) y el 1,3 % (Tribunal de Cuentas) del PIB de la Europa de los Veintisiete, es decir, entre 140 000 y 208 000 millones EUR al año, y, lo que resulta más significativo, según Europol solo se recupera alrededor del 1 % de esta cuantía.
En los últimos años, se han producido numerosos escándalos de blanqueo de capitales que han implicado a destacadas entidades financieras, y es revelador que muchos de ellos no se habrían desvelado sin la aplicación de la legislación europea o la intervención de los supervisores.
En otras palabras, a pesar de los esfuerzos y la voluntad de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo, no se han logrado avances en términos de resultados en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. 3.4.
La publicación de los papeles de Pandora por parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ha puesto una vez más de manifiesto la magnitud del problema del blanqueo de capitales y los delitos conexos, así como el papel esencial de los paraísos fiscales a la hora de facilitar estos delitos.
Es por eso difícil comprender que la jurisdicción que se menciona con más frecuencia en los papeles no figure en la lista de la UE de «países y territorios no cooperadores», y que Ecofin acabe de retirar de la lista otro territorio cuya legislación hace imposible identificar a los verdaderos titulares de empresas y cuentas. 3.5.
El CESE llama la atención de las instituciones de la UE y de los Gobiernos nacionales sobre la necesidad de una protección sólida de la vida y la integridad de los periodistas, empleados y funcionarios públicos que denuncien corrupción económica y política.
El Comité expresa su preocupación por que varios Estados miembros no hayan iniciado los procedimientos de transposición de la Directiva (UE) 2019/1937 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, y pide a la Comisión que actúe para garantizar su transposición urgente antes de finales de 2021. 3.6.
Los defectos e insuficiencias de la política de LBC/LFT de la UE obedecen a causas diversas, con efectos acumulativos: i) la fragmentación de competencias entre diferentes instituciones de la UE y de los Estados miembros; ii) la ausencia de un supervisor único en materia de LBC/LFT a escala de la Unión; iii) las limitadas herramientas a disposición de los órganos competentes de la UE; iv) la escasa coordinación, tanto en iniciativas de prevención como en la adopción de medidas contra los riesgos detectados, así como la demora en su aplicación; v) las deficiencias en la labor de los supervisores y las UIF en numerosos países; vi) la muy tardía transposición de las Directivas, con notables diferencias entre los Estados miembros, lo que ha llevado a la Comisión Europea a incoar procedimientos administrativos y judiciales; vii) la
(11) (12) (13) (14)
Reglamento (UE) 2015/847 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativo a la información que acompaña a las transferencias de fondos y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1781/2006 (DO L 141 de 5.6.2015, p. 1).
Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de marzo de 2019, sobre delitos financieros y evasión y elusión fiscales (DO C 108 de 26.3.2021, p. 8) y Resolución del PE de 10.7.2020.
TCE: Informe Especial 13/2021.
CEPS-ECRI: «TF Report: AML in the EU»; 01/2021.