ES
7.3.2022
Diario Oficial de la Unión Europea
C 109/25
Motivos invocados — Infracción del artículo 103 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo. — Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo. — Violación de los principios generales del Derecho de la UE.
Recurso interpuesto el 27 de diciembre de 2021 — NQ/Consejo y otros (Asunto T-803/21) (2022/C 109/34) Lengua de procedimiento: portugués Partes Demandante: NQ (representantes: R. Leandro Vasconcelos y M. Martins Pereira, abogadas) Demandadas: Consejo de la Unión Europea, Comisión Europea, Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) Pretensiones La parte demandante solicita al Tribunal General que: — Anule la decisión del Servicio de Instrumentos de Política Exterior (FPI) de la Comisión de 1 de diciembre de 2021 y la decisión de no recomendación para futuras misiones de observación electoral de la Unión Europea (MOE UE) durante cinco años; con carácter subsidiario, en el supuesto de que se considere que este no es el acto recurrible: — anule el informe de evaluación de 16 de octubre; con carácter subsidiario de segundo grado, para el supuesto de que ninguno de estos sea el acto recurrible: — anule la decisión del jefe de misión adjunto (Deputy Chief Observer) de 22 de octubre. — Condene a la Comisión Europea y, si así procediese, al SEAE y al Consejo de la Unión Europea, a cargar con sus propias costas y con las de la demandante.
Motivos y principales alegaciones En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca seis motivos.
1) Primer motivo, basado en la vulneración del derecho a ser oído.
El procedimiento de evaluación, que culminó con el informe de evaluación de 16 de octubre de 2021, se desarrolló vulnerando el derecho que asistía a la demandante a ser oída sobre el proyecto de informe de evaluación, es decir, antes de la adopción de la decisión final.
Este derecho se deriva del derecho a una buena administración, consagrado en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).
2) Segundo motivo, basado en el incumplimiento de la obligación de motivación.
El FPI adoptó la decisión impugnada incumpliendo su obligación de motivación.
Esta obligación se establece, en primer lugar, en el artículo 296 TFUE, párrafo segundo, y se confirma en el artículo 41, apartado 2, tercer guion, de la Carta.
En la motivación de la decisión impugnada no es posible identificar los motivos en los que se basa la decisión de no recomendación y aplicación de la medida de exclusión de cinco años.
3) Tercer motivo, basado en la violación del principio de seguridad jurídica.
La decisión impugnada se adoptó violando el principio de seguridad jurídica.
El principio de seguridad jurídica es un principio general del Derecho de la Unión.
La decisión impugnada no hace referencia a la base jurídica de la medida de exclusión, ni puede identificarse esta por referencia a otros elementos de la decisión.