ES
C 109/16
Diario Oficial de la Unión Europea
7.3.2022
3.
¿Debe interpretarse el artículo 4 de la Decisión Marco 2005/212/JAI del Consejo, de 24 de febrero de 2005, (2) en relación con el artículo 47 de la Carta, a fortiori, en el sentido de que se aplica incluso cuando el hecho no constituye una infracción penal, y de que se opone a normas nacionales que, como el artículo 59, apartado 2, de la ZANN, excluyen al propietario de los bienes decomisados del círculo de personas legitimadas para interponer un recurso o, como en el caso del artículo 232 de la ZM, establecen expresamente que no puede interponerse recurso alguno contra una resolución mediante la cual, con arreglo al Derecho nacional, se pueden decomisar bienes de un tercero que no sea parte en un procedimiento por infracción administrativa?
(1) (2)
Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión (DO 2013, L 269, p. 1).
Decisión Marco 2005/212/JAI del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa al decomiso de los productos, instrumentos y bienes relacionados con el delito (DO 2005, L 68, p. 49).
Recurso de casación interpuesto el 8 de diciembre de 2021 por Jérôme Rivière y otros contra la sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) dictada el 6 de octubre de 2021 en el asunto T-88/20, Rivière y otros/Parlamento (Asunto C-767/21 P) (2022/C 109/23) Lengua de procedimiento: francés Partes Recurrentes: Jérôme Rivière, Dominique Bilde, Joëlle Mélin, Aurélia Beigneux, Thierry Mariani, Jordan Bardella, Jean-Paul Garraud, Jean-François Jalkh, Gilbert Collard, Gilles Lebreton, Nicolaus Fest, Gunnar Beck, Philippe Olivier (representante: F. Wagner, abogado) Otra parte en el procedimiento: Parlamento Europeo Pretensiones de las partes recurrentes Las partes recurrentes solicitan al Tribunal de Justicia que: — Anule la sentencia del Tribunal General de 6 de octubre de 2021 en el asunto T-88/20, Rivière y otros/Parlamento. — Declare el recurso admisible a la vista de los artículos 263 TFUE y 277 TFUE. — Por consiguiente, declare la falta de base legal de la decisión en forma oral del Presidente del Parlamento Europeo de 13 de enero de 2020 y la anule. — Condene en costas al Parlamento Europeo.
Motivos y principales alegaciones En apoyo del recurso de casación, los recurrentes invocan dos motivos.
Mediante el primero, alegan la desnaturalización de los hechos y un error de calificación de la naturaleza jurídica de estos.
En particular, los recurrentes aducen que la segunda frase del apartado 38 de la sentencia supone una desnaturalización de los hechos.
La medida impugnada tuvo verdaderamente el efecto práctico de privar del uso de la palabra a los diputados que se negaban a retirar su bandera.
Esta desnaturalización de los hechos condujo al Tribunal General a eludir la segunda consecuencia de la decisión de 13 de enero de 2020.
Por lo tanto, el Tribunal General calificó de manera incorrecta la naturaleza jurídica de los hechos.
No tuvo en cuenta la supresión de uno de los aspectos esenciales del ejercicio de su mandato por el diputado, esto es, el uso de la palabra.
Mediante el segundo motivo alegan la vulneración y desnaturalización de hecho y de Derecho del artículo 10 del Reglamento interno del Parlamento Europeo, así como un error manifiesto de apreciación.
Según los recurrentes, el Tribunal General debería haber examinado si la pequeña bandera utilizada por los diputados era realmente un tipo de pancarta y si la presencia de esa bandera perturbaba el buen orden de las sesiones o revelaba un comportamiento incorrecto, comprometiendo el desarrollo normal de los trabajos parlamentarios, a fin de deducir de ello una consecuencia fundada en Derecho.
A su entender, al llevar a cabo una comparación con otras lenguas oficiales de la Unión, el Tribunal General pasó por alto lo dispuesto en el artículo 1 del Reglamento n.o 1, de 15 de abril de 1958, por el que se fija el régimen