C 99/40
ES
Diario Oficial de la Unión Europea
1.3.2022
Miércoles 7 de julio de 2021
31.
Observa que la financiación facilitada en la Unión en 2019 para el transporte fue superior a la de 2018 (9 325 000 000 EUR frente a 8 237 000 000 EUR en 2018), y que la contracción de la financiación de carreteras y autopistas se compensó con incrementos en la financiación del ferrocarril y el transporte aéreo; subraya la importancia de adecuar la política de concesión de préstamos al transporte y la cartera de transporte del BEI a la hoja de ruta del Banco Climático, en especial en lo que atañe a la descarbonización del sector del transporte de aquí a 2050, pero también a la próxima estrategia de movilidad sostenible e inteligente de la Comisión en respuesta al nuevo Pacto Verde Europeo, y a otros ámbitos de la política de transporte de la Unión, al tiempo que se vela por una transición justa y un desarrollo social y territorial equilibrado; acoge con satisfacción el compromiso del BEI de no financiar la ampliación de la capacidad existente de los aeropuertos y la infraestructura portuaria destinada al transporte y el almacenamiento de combustibles fósiles; pide que la política evite la dependencia de activos intensivos en emisiones de carbono y apoye los cambios modales encaminados a una movilidad sin emisiones de carbono en el transporte tanto de mercancías como de pasajeros a escala urbana e interurbana, como en el caso del ferrocarril, la utilización segura de bicicletas y el transporte público limpio, en particular en las comunidades y localidades desfavorecidas, y a una infraestructura de electrificación basada en energías renovables;
32.
Acoge favorablemente el papel de liderazgo del BEI en el mercado de bonos verdes en 2019 mediante la emisión de 4 100 000 000 EUR en bonos con conciencia climática (CAB, por sus siglas en inglés) y bonos con conciencia en materia de sostenibilidad (SAB, idem); subraya la importancia de una documentación transparente y creíble y de un seguimiento de los ingresos subyacentes a los CAB y los SAB, así como de garantizar la coherencia con la taxonomía de la UE sobre financiación sostenible y la futura norma sobre bonos verdes de la UE;
33.
Acoge con satisfacción la próxima revisión del marco medioambiental y social del BEI y el desarrollo de herramientas de gestión del riesgo climático, medioambiental y social para evaluar los riesgos físicos, de transición y sistémicos; pide al BEI que garantice su implantación de aquí a finales de 2021; acoge favorablemente el compromiso del BEI de adoptar como base el criterio de «no causar un perjuicio significativo» del Reglamento (UE) 2020/852 (5) y de establecer normas más estrictas siempre que esté justificado;
Operaciones del BEI fuera de la Unión
34.
Reconoce que el mandato más importante que orienta las actividades del BEI fuera de la Unión es el mandato de préstamo exterior (MPE), con arreglo al cual las operaciones del BEI durante el período 2014-2020 estuvieron respaldadas por un fondo de garantía específico, con un límite máximo de 32 300 000 000 EUR, que proporcionó una base jurídica y una garantía al BEI frente a pérdidas en operaciones de financiación en 68 países elegibles fuera de la Unión; toma nota de que la Comisión propuso que el mandato de préstamo exterior no continuara en su forma actual; toma nota de la creación de la garantía del Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible Plus (FEDS+) que se acomoda a los nuevos mandatos del BEI;
35.
Acoge con satisfacción el apoyo prestado por el BEI durante todo 2019 a la formulación del Mecanismo para una Transición Justa, que ayuda a los territorios y las regiones más afectados por la transición a una economía climáticamente neutra, especialmente a aquellos con menor capacidad para afrontar el coste de la transición; destaca la importancia del BEI a la hora de ejecutar el Mecanismo en los próximos años, garantizando que ninguna región se quede atrás;
36.
Observa que la política de desarrollo de la Unión se aplicará a través del nuevo Instrumento de Vecindad, Cooperación al Desarrollo y Cooperación Internacional (IVDCI), del que el BEI es el principal ejecutor; manifiesta su preocupación por el uso de los fondos de desarrollo de la Unión para reducir el riesgo de la inversión privada, dada la falta de pruebas en cuanto a su capacidad para proporcionar adicionalidad y cumplir los objetivos de desarrollo, según se ha informado recientemente en la revisión final del FEDS, así como en el Dictamen n.o 7/2020 del Tribunal de Cuentas Europeo, de 11 de septiembre de 2020; subraya la necesidad de que los donantes prioricen la financiación basada en subvenciones como opción por defecto, en especial a los países menos desarrollados, al objeto de evitar un incremento de la carga de la deuda;
(5)
Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088 (DO L 198 de 22.6.2020, p. 13).