C 15/88
ES
Diario Oficial de la Unión Europea
12.1.2022
Miércoles 19 de mayo de 2021
25.
Reitera la importancia de la libertad e independencia de los medios de comunicación como uno de los valores fundamentales de la Unión y una piedra angular de cualquier democracia; expresa su profunda preocupación por las medidas desproporcionadas y arbitrarias que restringen la libertad de expresión, la libertad de los medios de comunicación y el acceso a la información en Turquía, en medio de una asfixiante falta de pluralismo en los medios, que con frecuencia utilizan indebidamente la legislación contra el terrorismo con el objetivo de acallar las críticas; insta a Turquía a que garantice la libertad de las plataformas de redes sociales con carácter prioritario, en particular con la reforma del artículo 299 de su código penal (insultos al presidente), del que se abusa sistemáticamente para perseguir a escritores, reporteros, columnistas y editores, y a que libere y absuelva de forma inmediata a todos los periodistas, escritores y usuarios de redes sociales detenidos ilegalmente por ejercer su profesión y sus derechos civiles; observa que, aunque el año pasado el número de periodistas encarcelados se redujo de 160 a alrededor de 70, sigue siendo una cifra muy alta y un motivo de seria preocupación, y que, demasiado a menudo, se envía a personas a prisión de forma infundada; pide a las autoridades turcas que muestren tolerancia cero con todos los incidentes de abusos físicos e insultos o amenazas dirigidos contra periodistas y que permitan que se reabran los medios de comunicación que han sido cerrados arbitrariamente; expresa su profunda preocupación por la decisión del tribunal provincial de Estambul, de 20 de octubre de 2020, de anular la absolución anterior y volver a juzgar al representante de Reporteros sin Fronteras en Turquía, Erol Önderoğlu, al defensor de los derechos humanos Şebnem Korur Fincancı y al escritor y periodista Ahmet Nesin, acusados de varios delitos, en particular de difundir propaganda terrorista, por su participación en una campaña solidaria con un periódico, y que se enfrentan a una pena de hasta catorce años y medio de prisión;
26.
Expresa su preocupación por el impacto negativo que tendrá la Ley de regulación de publicaciones en internet y represión de delitos cometidos por medio de dichas publicaciones de julio de 2020 en la libertad de expresión, puesto que impone nuevas obligaciones draconianas a los proveedores de medios sociales, permite al Gobierno censurar el contenido en internet y prevé nuevos motivos para el procesamiento de usuarios de redes sociales; señala el levantamiento de la prohibición que pesaba sobre Wikipedia, pero hace hincapié en que siguen bloqueados más de 400 000 sitios web y siguen vigentes varias restricciones de uso de los medios sociales;
27.
Manifiesta su profunda preocupación por la falta de independencia e imparcialidad de entidades públicas como el Consejo Supremo de Radio y Televisión (RTÜK) y la Agencia de Publicidad en Prensa (BİK), que se están utilizando como herramienta para suspender de forma arbitraria, prohibir, multar o ahogar económicamente a medios de comunicación considerados críticos con el Gobierno, lo que permite un control casi total de los medios de comunicación; lamenta la anulación en 2019 de más de setecientas acreditaciones de prensa por parte de la Dirección de Comunicación de la Presidencia y las dificultades que se encuentran los periodistas locales e internacionales mientras realizan su trabajo;
28.
Se congratula de la existencia de una sociedad civil vibrante, plural, comprometida y heterogénea en Turquía, a pesar de la importante represión política, ya que es una de las pocas instancias de control del Gobierno turco que siguen ejerciendo su función y que tiene posibilidades de ayudar al país a hacer frente a sus profundos problemas políticos y sociales; expresa su profunda preocupación por otro retroceso más que afecta a la libertad de reunión y a la libertad de asociación y denuncia el cierre arbitrario de organizaciones de la sociedad civil, incluidas destacadas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y medios de comunicación; condena, en este contexto, la nueva Ley para prevenir la financiación de la proliferación de las armas de destrucción masiva, de diciembre de 2020, que otorga al Ministerio del Interior y al presidente de Turquía amplios poderes para restringir las actividades de las organizaciones no gubernamentales, las asociaciones comerciales, los grupos y las asociaciones independientes, y parece estar enfocado a limitar, restringir y controlar aún más a la sociedad civil; apoya firmemente el llamamiento de varios representantes especiales de las Naciones Unidas al Gobierno de Turquía para que revise su legislación a fin de garantizar el cumplimiento con las obligaciones internacionales del país en materia de derechos humanos; pide a Turquía que considere a las voces críticas o disidentes, incluidos los defensores de los derechos humanos, académicos y periodistas, como valiosos contribuyentes al diálogo social y no como fuerzas desestabilizadoras;
29.
Lamenta el enorme deterioro de la libertad académica en Turquía, en particular la continua vulneración de los derechos de los Académicos por la Paz, pese a la decisión del Tribunal Constitucional de julio de 2019, y las modificaciones de la Ley del Consejo de Educación Superior de Turquía, que añade medidas restrictivas adicionales a las ya vigentes;
30.
Condena la violenta represión por parte de las autoridades turcas de las protestas derivadas del nombramiento por parte del Gobierno del rector de la Universidad Boğaziçi; manifiesta su consternación por la detención masiva de estudiantes, el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía en las manifestaciones pacíficas, la decisión del gobernador de Estambul de prohibir selectivamente todo tipo de reuniones y manifestaciones en los alrededores de la universidad, la consideración de los manifestantes —principalmente estudiantes, antiguos alumnos y académicos— como terroristas y los ataques a los grupos LGBTI; pide a Turquía que retire los cargos y ponga en libertad a las personas detenidas arbitrariamente por el ejercicio de su derecho de reunión pacífica;