C 15/114
ES
Diario Oficial de la Unión Europea
12.1.2022
Miércoles 19 de mayo de 2021
J.
Considerando que el Acuerdo de París es el primer tratado internacional que reconoce explícitamente el vínculo entre la acción por el clima y los derechos humanos, permitiendo así el uso de los instrumentos jurídicos existentes en materia de derechos humanos para instar a los Estados y a las empresas privadas a que reduzcan las emisiones; que el Acuerdo de París no prevé instrumentos concretos que permitan exigir responsabilidades a los agentes estatales y empresariales por su impacto en el cambio climático y el ejercicio de los derechos humanos;
K.
Considerando que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha establecido claramente que varios tipos de degradación medioambiental pueden dar lugar a violaciones de derechos humanos sustantivos, como el derecho a la vida, el derecho a la vida privada y familiar, y el disfrute pacífico del hogar, así como la prohibición del trato inhumano y degradante;
L.
Considerando que el objetivo de la justicia climática es abordar la crisis climática utilizando la legislación sobre derechos humanos para colmar el vacío en materia de rendición de cuentas en relación con la gobernanza climática entablando acciones legales en relación con el cambio climático para exigir responsabilidades a los Estados y agentes empresariales y velar por que sean responsables de sus acciones por cuanto respecta a preservar la naturaleza como fin en sí mismo para permitir una vida digna y sana a las generaciones actuales y futuras;
M. Considerando que varios asuntos judiciales en curso han llegado a la conclusión de que se han registrado violaciones de los derechos humanos y han allanado el camino hacia la rendición de cuentas como consecuencia de errores o de inercia por las personas, los Estados y los agentes empresariales en la lucha contra las consecuencias del cambio climático; N.
Considerando que la intensificación de la competencia por los recursos naturales liderada por empresas privadas, en ocasiones con la complicidad del Gobierno, han puesto a los defensores del medio ambiente y a las comunidades indígenas que intentan proteger sus tierras tradicionales en la primera línea de la acción medioambiental y los ha convertido en objeto de persecuciones;
O.
Considerando que las consecuencias del cambio climático en los derechos humanos no solo afectarán a las personas más vulnerables, sino al conjunto de la población mundial; que las comunidades y países más vulnerables que generan menos contaminación y que menos destrucción ambiental provocan son las que más sufren las consecuencias directas del cambio climático; que las cifras de enfermedades y muertes prematuras resultantes de la contaminación medioambiental son ya tres veces superiores a las del sida, la tuberculosis y la malaria juntos, lo que supone una amenaza para el derecho a la vida, a un medio ambiente saludable y a un aire limpio; Considerando que el número de catástrofes naturales, como las inundaciones, las tormentas tropicales y los largos períodos de sequía, son cada vez más frecuentes y tienen consecuencias perjudiciales para la seguridad alimentaria en los países del Sur Global y para el disfrute de numerosos derechos humanos;
P.
Considerando que la justicia ambiental es un elemento de la justicia social, que los efectos del cambio climático son asimétricos y que sus efectos adversos son destructivos para las generaciones presentes y futuras, en particular en los países en desarrollo; que el cambio climático afecta intensamente a los países en desarrollo y agudiza las desigualdades sociales y económicas existentes, provocando que los grupos vulnerables sufran de forma desproporcionada sus efectos adversos;
Q.
Considerando que el cambio climático contribuye cada vez en mayor medida a los desplazamientos y a la migración, tanto en el seno de las naciones como a través de las fronteras internacionales; que el desplazamiento es una posibilidad inminente para algunas comunidades, como las que viven en zonas amenazadas por la desertificación, las situadas en el Ártico, que se derrite con rapidez, las zonas costeras de baja altitud y las islas pequeñas y otros ecosistemas y territorios delicados en peligro; que, desde 2008, una media de 24 millones de personas han sido desplazadas cada año a raíz de catástrofes meteorológicas devastadoras, en su mayor parte en tres de las regiones más vulnerables (el África subsahariana, el Asia meridional y la América Latina); que, según el PNUD, el 80 % de las personas desplazadas por el cambio climático son mujeres; que el fenómeno creciente de los desplazamientos provocados por el clima puede constituir una amenaza directa para los derechos humanos, la cultura y el conocimiento tradicional para la población afectada y puede tener un impacto significativo en las comunidades locales de los países y territorios en los que se establecen;
R.
Considerando que las restricciones y los confinamientos relacionados con la COVID-19 han reducido la transparencia y el control de las violaciones de los derechos humanos y han intensificado las intimidaciones políticas y la vigilancia digital, limitando al mismo tiempo el acceso a la justicia y la capacidad de los defensores del medio ambiente, los interlocutores a escala local, las comunidades indígenas y otros de participar de manera efectiva en los procesos de