Sagunto se suma a las marchas por la dignidad en defensa de un sistema público de pensiones
27 septiembre 2017

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​El Pleno del Ayuntamiento de Sagunto aprobó ayer sumarse a las reivindicaciones de las organizaciones sindicales CCOO y UGT y apoyar las marchas por la dignidad promovidas que promueven los sindicatos, en la defensa de un sistema público de pensiones que garantice el mantenimiento del contrato social inherente al sistema público de pensiones. La moción fue aprobada por los votos a favor de Izquierda Unida, Compromís, ADN-Morvedre, PSPV-PSOE, Ciudadanos e Iniciativa Porteña y los votos en contra del Partido Popular.

Según los representantes de los sindicatos, quienes defendieron la moción, “**de forma sutil pero constante se repiten argumentos que culpabilizan a la propia ciudadanía de la escasez de recursos, cuya pretensión no es otra que terminar creyendo que las responsables de una supuestamente inevitable inviabilidad del sistema de pensiones son las personas**”.

Desde el movimiento sindical se denuncia que estas tesis están basadas en la voluntad de mantener las equivocadas políticas de austeridad a ultranza y concurrir con las que se fundamentan en presentar, desde sectores con claros intereses mercantiles, a las pensiones públicas como inviables, al tiempo que se ofrecen como alternativa sistemas privados de pensiones, obviando que no son, en modo alguno, capaces de proteger mejor a la población pensionista.

Los poderes públicos deben apostar, según los sindicatos, por garantizar desde el sistema público pensiones suficientes como herramienta fundamental para mantener y reforzar la cohesión social. Las cotizaciones precedentes del empleo, continúa, son piezas esenciales que deben mejorar su disminuida aportación actual y el refuerzo de la financiación pública, como elemento de redistribución de renta.

Manifiestan que las cotizaciones a la Seguridad Social “**no son, como se repite para intentar denostarlas, un impuesto que pagan los empresarios y en menor medida los trabajadores**”. La cotización a la Seguridad Social, añaden, “**es salario diferido que se entrega al Estado para que sea el garante de nuestras prestaciones y para tener cubiertas las situaciones de enfermedad, fallecimiento o vejez**”.

Los sindicatos argumentan que el problema “**no está en el sistema, cuyas necesidades futuras son conocidas y previsibles, está, entre otras causas, en la voluntad de reducir su nivel de cobertura, el debilitamiento de sus fuentes de financiación procedentes del mercado de trabajo, debilitando los mecanismos de distribución de renta en las empresas y en la sociedad, en el uso que, en ocasiones, se hace de la recaudación destinando el dinero, a otros fines para los que no estaba previsto**”. El incremento de pensionistas y la mayor duración de las prestaciones, procesos conocidos, previsibles y saludables, “**debe ir acompañada de medidas efectivas, acordadas con los interlocutores sociales y, en la mayor medida posible, fuerzas parlamentarias, que permitan mantener el pacto intergeneracional que constituye nuestro sistema de pensiones públicas de reparto**”, sentencian.

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