Los ayuntamientos afectados por la tasa del agua de la potabilizadora exigen su devolución al Consejo
08 de Mayo de 2017

Carcaixent

Los ayuntamientos de los pueblos afectados por la tasa que la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR) cobra a los municipios conectados a la potabilizadora, han acordado exigir al Consejo que se cancelen de forma cautelar los pagos y que se devuelva las tasas ya abonadas. A la reunión, celebrada en Favara la pasada semana, asistieron alcaldes y representantes municipales de Alzira, Algemesí, Carcaixent, Corbera, Cullera, Favara y Llaurí. Por parte de Carcaixent estuvo presente el regidor de Servicios Municipales, Ivan Martí.

Concretamente, acordaron exigir al Consejo que vuelva los pagos realizados por la tasa del agua que se cobra por las obras de l'ETAP, los pozos de la Garrofera y las conducciones del agua potable. Así, los consistorios solicitaran una reunión urgente con la consellera de Medio Ambiente, Elena Cebrián, y con el secretario autonómico del área, Julià Álvaro y con la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Xúquer. También se acordó solicitar una reunión con el Director General del Agua, que está fijada para mañana martes.

Para poder hacer esta demanda, los municipios utilizarán la sentencia del Tribunal Supremo que anuló el plan que dejaba a la comarca sin asignación de recursos hídricos superficiales para el proveimiento humano y que únicamente contemplaba el intercambio de aguas con los regantes impuesto por la Confederación Hidrográfica del Xúquer (CHX), que suposaba un gasto de 7 céntimos por metro cúbico de agua para los municipios. En esta sentencia, además, se consagró por primer golpe al ordenamiento jurídico español el principio «quien contamina, paga», ya que se considera probado que no fueron las localidades las responsables de la contaminación de los pozos, el origen se debe a la actividad agrícola y ramadera, y es competencia de la Generalitat el control de los productos fitosanitarios. Por este motivo, los consistorios van a exigir la anulación de la tasa de manera cautelar y el reembolsamiento de las cantidades ya abonadas desde el enganchamiento, ya que entienden que los pueblos tienen que pagar por la explotación de las instalaciones y el subministramiento de agua, pero no por la amortización de unas infraestructuras que han costado más de 50 millones de euros y que se han hecho por los altos índices de nitratos que presentan los pozos, que han obligado a las localidades a engancharse.