El Pleno aprueba instar al Gobierno Central a que elimine el límite de reposición de efectivos en la función pública
02 febrero 2017

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El pleno del Ayuntamiento de Sagunto ha aprobado instar al Gobierno del Estado y al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a que proceda a modificar la política de restricción al empleo público estable y de calidad que los servicios a la ciudadanía piden, procediendo a eliminar la tasa de reposición de efectivos que está lastrando y precarizando la función pública, según la proposición presentada por Compromís y defendida por la concejala Teresa García.

Según consta en la proposición, los puestos de trabajo ofrecidos por las administraciones locales valencianas han caído en el último lustro un 87% como consecuencia de las limitaciones al empleo público impuestas por el RDL 20/2012 y las sucesivas leyes de presupuestos generales del Estado.

**“Este planteamiento político sólo ha conseguido reducir la calidad y los servicios a la ciudadanía, generando precariedad, cosa que hace necesario un llamamiento para que el Gobierno de España promueva un cambio urgente en la legislación que permita cubrir vacantes, reducir interinidades y garantizar la prestación de servicios de calidad”,** según la moción.

Organizaciones políticas, sindicales y profesionales del sector público han denunciado que, desde el comienzo oficial de la crisis económica actual, cuya causa tiene su origen en decisiones políticas contrarias a la intervención pública para corregir el modelo productivo, uno de los elementos afectados ha sido el empleo público, que en el País Valencià ha significado una reducción de 1.000 empleos de media por año.

En las administraciones locales del País Valencià, las restricciones políticas al empleo, y en concreto al empleo público de carácter permanente (personal laboral indefinido o funcionarios de carrera) tienen consecuencias nefastas. A partir de los datos brutos de oferta pública de empleo entre los años 2008 y 2013 se pueden plantear algunas conclusiones alrededor de esta cuestión.

Del análisis de los datos brutos del periodo de referencia se desprende a todos los efectos que hasta 2009 se mantiene un impulso inercial de la oferta pública de empleo. A partir de este momento el descenso es sistemático cayendo brutalmente la oferta de empleo.

La caída de 2010 coincide con la primera reducción en el marco de la ley de los PGE de la tasa de reposición de efectivos, restricción a la incorporación de personal que se ha mantenido e incluso endurecido hasta la actualidad.

Tal y como se indica en el acuerdo plenario, dentro de esta política de restricciones se tiene que llamar la atención sobre el ínfimo porcentaje de personas con discapacidad que han podido acceder al empleo público en este periodo, puesto que mientras el artículo 59 del Estatuto Básico del Empleado Público, indica que “en las ofertas de empleo público se reservará un contingente no inferior al siete por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad”, de las 3.602 plazas de la oferta pública acumulada en el periodo de referencia solamente 41 (el 0,88%) se han reservado al turno restringido de personas con discapacidad. Cifra muy alejada de la previsión de la EBEP.

La Administración local no tiene capacidad legislativa, y su autonomía (aunque predicada constitucionalmente) es realmente menor que la del resto de niveles administrativos básicos. Esto se traduce en la práctica en que los controles coercitivos que sufre, vía supervisión de la Delegación del Gobierno, inciden más en las restricciones normativas al empleo público que en el resto de administraciones territoriales.

El nivel de convocatorias desciende a lo largo del periodo de referencia en todos los territorios y en todos los tipos de convocatoria, el número de convocatorias en el año 2013 es muy inferior en todos los ítems que en el año 2008.

En definitiva, el nivel de empleo público estable en la Administración local valenciana cae drásticamente sin reponer suficientemente los efectivos necesarios para garantizar la prestación de los servicios mediante empleo de calidad y con independencia y profesionalidad acreditada a través de procedimientos de pública concurrencia y mecanismos selectivos adecuados.

Según los datos aportados en la moción, el aumento de la temporalidad (con una media de 120 convocatorias por año de trabajo temporal, unas 40 desde el comienzo del año 2014), la privatización de servicios o su disminución son las consecuencias, no excluyentes entre sí, de este proceso de destrucción de empleo público estable.

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