Sagunto reclama al Gobierno de España que haga efectivas las obligaciones económico-financieras que tiene con las entidades locales
30 septiembre 2019

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El Pleno del Ayuntamiento de Sagunto ha aprobado exigir al Gobierno de España que haga efectivas las obligaciones económico-financieras que legal y constitucionalmente tiene con las entidades locales, con lo que se pide que efectúe la transferencia actualizada de los recursos derivada de la Participación en Ingresos del Estado y del resto de recursos financieros que corresponde a Sagunto como municipio y, por consiguiente, a la ciudadanía. Esta propuesta, presentada por el grupo Popular, salió adelante con los votos a favor del Partido Popular, Compromís, Iniciativa Porteña, Izquierda Unida, Ciudadanos y Vox, y los votos en contra del grupo Socialista.

  

La moción reclama, además, los recursos necesarios para apoyar el esfuerzo presupuestario que están haciendo las entidades locales para atender el incremento de las retribuciones de los empleados públicos de las entidades locales previsto en la ley por la que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público, y concretamente de la provincia de Valencia. Asimismo, pide solicitar la convocatoria urgente de la Comisión Nacional de Administración Local para dar cuenta de las razones de la situación creada y acordar soluciones inmediatas.

Para presentar esta moción, el Partido Popular se basa en que uno de los grandes pilares de la organización política y administrativa en España está constituido por las entidades locales, cuyas administraciones de proximidad garantizan la provisión de servicios públicos esenciales a los españoles. Para poder desarrollar eficazmente las funciones que tienen encomendadas, es fundamental que se cumplan íntegramente los dos principios que constitucionalmente inspiran su actuación, tales como el principio de autonomía y el de suficiencia financiera.

Según el acuerdo adoptado, autonomía y suficiencia financiera son principios conmutativos, de modo que no hay autonomía sin suficiencia ni suficiencia sin autonomía. En cambio, al igual que ha ocurrido con la financiación de las comunidades autónomas, el Ministerio de Hacienda ha venido invocando diferentes coartadas para impedir hacer efectivas las obligaciones económico-financieras que tiene contraídas legislativamente con las entidades locales. Una vez más, y de manera completamente falaz, se apela por el Gobierno de Sánchez a la concurrencia de un presupuesto prorrogado y a las limitaciones de un Gobierno en funciones para negar lo que constitucionalmente es un derecho de las entidades locales y, por consiguiente, de los ciudadanos que residen en cada una de ellas.

Para los populares, este hecho resulta una paradoja difícilmente aceptable desde el punto de vista intelectual, que el libramiento de los recursos económicos por parte del Estado a las entidades locales, y que forman parte de un modelo de actuación establecido legalmente y de raíz constitucional, sea puesto en cuestión por el Gobierno de España, sobre la base de opiniones técnicas no contrastadas. A cambio, ese mismo Gobierno no ha tenido ningún reparo en aprobar Reales Decretos Leyes que crean nuevos derechos económicos, haciendo estallar el techo de gasto no financiero del Estado y quebrando la ordenación jurídica sobre estabilidad presupuestaria, tal y como narra la moción.

Frente a la disciplina y la corresponsabilidad política y administrativa que debe imperar entre el Estado y las entidades locales, según la propuesta, se ha impuesto irresponsablemente por el Gobierno de España la indisciplina fiscal y uno de los mayores ataques al modelo constitucional de autonomía territorial de los últimos años. Negar los recursos de las entidades locales sobre la base de espurias opiniones sin fundamento técnico, según la moción adoptada, es negar la base misma de nuestro sistema de organización territorial.

Desde el punto de vista de la financiación local, la moción declara que la falta de actualización de los recursos derivados de la Participación en Ingresos del Estado y del Fondo Complementario de Financiación, está provocando un perjuicio análogo al que se está produciendo con las entregas a cuenta a las Comunidades Autónomas, y que podría situarse en torno a los 1.000 millones de euros.

A su vez, y de la misma manera que en financiación autonómica, el Gobierno de España se ampara indebidamente en la concurrencia de la existencia de un presupuesto prorrogado y de un Gobierno en funciones para impedir que se abonen a las entidades locales las liquidaciones definitivas en la Participación en Ingresos del Estado correspondientes a 2017 que el Estado debe abonar a las entidades locales en 2019.

Además, la congelación a la que está abocando con su actuación, dice la moción que el Gobierno de España no permite cubrir el esfuerzo presupuestario que están haciendo las entidades locales para atender el incremento de las retribuciones en materia de personal derivadas del Real Decreto Ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público, que establece un incremento mínimo asegurado del 2,25% respecto a las retribuciones vigentes en 2018, con efectos a 1 de enero de 2019, y que cubre tanto a funcionarios como a personal laboral del sector público local.

Por último, existen un conjunto de líneas de subvenciones estatales destinadas a financiar determinados servicios locales (por ejemplo, transporte colectivo urbano), cuyo importe permanece inalterable a lo largo de este año en el crédito presupuestario de 2018, sin que responda directamente, por tanto, de la evolución de los costes del servicio en cada una de las líneas subvencionadas.

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