El Pleno insta al Gobierno central a garantizar la gestión pública y uso gratuito de la AP-7
26 septiembre 2018

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El Pleno del Ayuntamiento de Sagunto ha aprobado una moción por la gratuidad de la autopista AP-7 y la adopción de medidas compensatorias mientras finaliza la prórroga de la concesión. La propuesta, enmendada por el grupo PSPV-PSOE y aprobada por unanimidad, fue presentada por el grupo Compromís y leída por el concejal del Equipo de Gobierno Pepe Gil.

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La moción insta al Gobierno central a no realizar nuevos trámites normativos y administrativos que permitan una nueva prórroga de la gestión de la AP-7, y garantizar su gratuidad una vez extinguido el contrato de concesión, y “que se manifieste de manera clara y tajante que el Gobierno no va a prorrogar la explotación privada bajo ningún concepto”, dice el texto aprobado. 

También insta a garantizar que, una vez rescatada la gestión pública de la AP-7, no se va a aplicar ningún nuevo canon, euroviñeta, peaje blando o en la sombra, compensación económica por su mantenimiento a manos de concesiones ni forma de gestión, explotación o mantenimiento que no sea de la puramente pública y con cargo a la administración general del Estado. 

En tercer lugar, insta al Gobierno central a exigir a la empresa concesionaria de la AP-7 la entrega de esta al final de 2019 en óptimas condiciones de conservación y mantenimiento. Además, insta a bonificar de manera inmediata el 50% del importe del peaje a los vehículos pesados y a eximir del importe del peaje a los vehículos ligeros que utilizan la AP-7 a su paso por la Comunidad Valenciana, al menos en los tramos coincidentes con las carreteras de mayor siniestralidad y/o alta intensidad de tráfico, y en igualdad de condiciones respecto del acuerdo de Consejo de Ministros del pasado 31 de agosto de 2018, por el cual se aprobaron bonificaciones y exenciones en el uso de la AP-7 a su paso por Cataluña. 

También insta a establecer las mismas medidas previstas en la AP-7 por el Real Decreto 1109/2018, de 31 de agosto respecto a vehículos pesados entre las salidas 43 (Peñíscola) y 41 (Torreblanca) y respecto a vehículos ligeros entre la salida 60 (Jeresa/Gandía) y la 65 (Benidorm/La Nucía), y hacer públicos los datos referidos a seguridad vial, congestión del tráfico y nivel de emisiones que han llevado al acuerdo del mencionado real decreto. 

También insta a redactar, por parte de la Administración General del Estado y de forma urgente, proyectos que permitan a los municipios afectados por el trazado de la AP-7 dentro de su término municipal dotarse de una conexión de enlace con el vial, solicitando a la Dirección General de Carreteras que incorpore la conexión de este articulador del transporte europeo con la población de Sagunto, mediante las inversiones pertinentes, en aquellas zonas de mayor compatibilidad y menor impacto acústico y de movilidad, en especial al norte y oeste del municipio. 

Finalmente, la moción insta a solicitar a la Dirección General de Carreteras que adopte las medidas necesarias para mitigar al máximo la exposición de los ciudadanos al ruido provocado por la A-7 y AP-7, al menos a los tramos más próximos al suelo urbanizado o urbanizable, y de manera especial a la zona de la montaña y escuela de Sant Cristòfol y el Pla del Bou. 

La Autopista del Mediterráneo o AP-7 es un eje que comunica la costa mediterránea desde la frontera con Francia hasta Algeciras. Esta importante vía de comunicación discurre en sus tramos Tarragona-Valencia y Valencia-Alicante, siguiendo su recorrido paralelo a dos carreteras nacionales (N-340 y N-332) que, a veces, atraviesan importantes núcleos de población y soportan una elevada densidad de tráfico de vehículos. 

En 2019 está previsto que acabe la concesión de la gestión privada de la autopista después de varias prórrogas que han beneficiado a las concesionarias. Algo muy cuestionable, y especialmente para aquellos que han tenido que pagar durante décadas abusivos peajes por circular de norte a sur del Mediterráneo en una de las zonas más dinámicas del Estado, dice la moción. 

La red alternativa en muchos casos, la N-340, se encuentra totalmente desfasada frente a las necesidades de la circulación, puesto que esta infraestructura fue creada entre los años 50 y 60 y soporta a día de hoy la mayor parte del transporte de mercancías por carretera de la costa mediterránea y desplazamientos privados, lo cual supone una media de 25.000 vehículos por día, con el peligro que esto supone a su paso por las poblaciones. Este mismo problema se repite en la N-332. 

Según la moción, la recuperación de la AP-7 para su uso libre de pago ha sido una reivindicación histórica. Esta infraestructura viaria condiciona nuestro desarrollo y actividades, sin recibir a cambio beneficios que compensen las desventajas que suponen su existencia. El uso gratuito constituye una reivindicación justa ante los sucesivos gobiernos estatales y más después de las recientes declaraciones públicas del anterior ministro de Fomento que muestran que no se garantiza su liberación ni su gratuidad.

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