A punto la nueva Ordenanza reguladora de la gestión de las viviendas municipales para las personas vulnerables
01 marzo 2018

## A punto la nueva Ordenanza reguladora de la gestión de las viviendas municipales para las personas vulnerables01 marzo 2018Última actualización: 15 julio 2025

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El **concejal de Responsabilidad Social,** **Nahuel** **González** y el **coordinador de Urbanismo del Ayuntamiento de Gandia, Vicent Mascarell**, han presentado esta mañana ante los medios la Ordenanza reguladora de la gestión de las viviendas y anejos vinculados de titularidad municipal que aprobó el pasado lunes la Junta de Gobierno Local. El documento ha sido elaborado por los técnicos de los dos departamentos y trabajado enla  Mesa de la Vivienda del Consell de Benestar Social, con aportaciones individuales, de colectivos y partidos políticos.   
“_La ordenanza es un compromiso del acuerdo de gobierno entre las dos fuerzas políticas, que daba prioridad al derecho a la vivienda a las personas más vulnerables. Por otro lado, buscamos pasar de una situación de inmovilismo de la desaparecida empresa pública_ _IPG (supuestamente gestionaba la vivienda) a regular el uso. Demostramos el compromiso con la vivienda social y municipal, por eso durante la liquidación de IPG_ _no vendimos las viviendas, sino que las recuperamos desde el Ayuntamiento para la ciudadanía que más las necesita”_.   
González también ha explicado que la ordenanza establece el procedimiento para poder adjudicar las dos tipologías: las viviendas sociales y las de protección oficial en régimen de alquiler, para mantenerlas y para obligar a su abandono si no se cumplen los requisitos.   
Está basada en la nueva Ley de la Función Social de la Vivienda de la Generalitat y por eso se ha esperado a que estuviera aprobada para terminarla. Dentro de la ordenanza se especifica el registro municipal de demandantes de vivienda, gestionado por la Oficina Municipal de la Vivienda. Se establecen los criterios para acceder a las viviendas sociales y a las de protección oficial. _“Hay que diferenciar viviendas sociales, de las VPO. En el primer caso, el alquiler social, hay un baremo muy claro que beneficia a las personas vulnerables: en riesgo de exclusión social, víctimas de la violencia machista, con capacidades funcionales diferentes, u otros problemas sociales que les dificulte el acceso a la vivienda. Por eso, el precio del alquiler social sólo representará un 20% de los ingresos de la familia”_. En el caso de las VPO, los precios están estipulados por ley y van más dirigidas a los jóvenes y personas mayores con problemas de acceso a la vivienda.   
El baremo lo realizarán las técnicas del departamento de Bienestar Social y habrá también puntuación basada en el padrón, dando beneficios a las personas que llevan más tiempo como residentes en Gandia.   
La ordenanza también establece obligaciones, como por ejemplo la convivencia en el entorno vecinal. Se podrá rescindir el contrato cuando se tenga constancia de problemas de convivencia vecinal.   
_“Podemos estar de enhorabuena y decir que el Ayuntamiento cumple con su objetivo de garantizar una vivienda a las personas más vulnerables. Hay que recordar que no podíamos trabajar sin ordenanza reguladora, por eso el trámite ha sido tan rápido_”, ha concluido el concejal de Més Gandia.   
  
Por su parte, el coordinador de Urbanismo ha recordado que en 2006 el Ayuntamiento creó la Agencia Municipal de Vivienda, posteriormente integrada en IPG alrededor de la cual se promovieron las políticas de suelo y vivienda social en la ciudad, contando en la actualidad con alrededor de 150 viviendas de protección pública de titularidad municipal.  
  
_“La ordenanza responde a la necesidad de contar después de la liquidación de IPG_ _con una relación fehaciente de las viviendas existentes y su estado de conservación, así como establecer unas normas que regulan la gestión del parque público existente. La actual Ley 2/2017 para la función social de la vivienda impulsada por el nuevo gobierno de la Generalitat considera de interés general la actividad dirigida a posibilitar el derecho a una vivienda asequible, digna y adecuada, estableciendo para los municipios el deber de ejercer las competencias que por ley le son propias de promoción y gestión de vivienda, en coordinación con la Conselleria para poner en oferta viviendas sociales a los ciudadanos que más lo necesitan”_.  
  
Durante los trabajos de redacción de la ordenanza se ha creado un mapa de ubicación de las viviendas municipales que se ha incorporado en la página web del Ayuntamiento, abriendo de este modo un canal de información permanente con la ciudadanía para los temas de vivienda y rehabilitación, con el objetivo claro también de dar la mayor transparencia a los procesos de adjudicación de vivienda.   
  
La Ordenanza regula las condiciones de acceso a las viviendas de protección pública y con fines sociales donde se pondera para ser beneficiario tanto la necesidad de vivienda como la composición familiar y situación socioeconómica de las unidades de convivencia. Aixi pues aspectos como la edad (menores de 35 y mayores de 60) monoparentalidad, cargas familiares, diversidad funcional, violencia de género o incluso el empadronamiento serán aspectos que contarán a la hora de adjudicar una vivienda.  
  
Los alquileres se establecen por una duración de 4 años y se prevé que a través de la oficina municipal de vivienda se gestionan ayudas y en su caso planes de pago para las unidades familiares con mayores dificultades económicas.

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