La Policía Local de Sagunto interviene 76 tarjetas de estacionamiento para vehículos que transportan personas con movilidad reducida por hacer un mal uso de ellas
28 noviembre 2018

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Durante el año 2017 y lo que llevamos de 2018 la Policía Local de Sagunto ha intervenido y retirado un total de 76 tarjetas de estacionamiento para vehículos que transportan personas con discapacidad que tienen movilidad reducida por hacer mal uso de los espacios reservados a personas con discapacidad. Además, se han tramitado 11 diligencias por presunta falsedad documental, que han sido remitidas a la Autoridad Judicial correspondiente.

  

El empleo de estacionamientos para discapacitados por personas que no lo son es una de las infracciones que recoge la Ordenanza Municipal de Circulación (OMC). La picaresca empleada mayoritariamente es la de hacer uso de la tarjeta en ausencia del titular, o bien con los datos manipulados, fotocopiados o falsificados del documento original, así como la utilización de la tarjeta de algún familiar fallecido.

  

El concejal de Policía Local, Enric Ariño, ha declarado que: “**Respecto al uso fraudulento de las tarjetas, simplemente recordar a la ciudadanía que no están pensadas para que una persona que sí que puede desplazarse utilice un espacio reservado para personas de movilidad reducida. Lo que tendríamos que hacer es utilizar estos espacios de la manera más racional posible para ayudar a los ciudadanos que más lo necesitan a poderse desplazar y tener una movilidad correcta. Por lo tanto, esta campaña que estamos haciendo para que aquellas personas que no necesitan utilizar una plaza de aparcamiento restringido no la utilicen y la reserve para quien lo necesita**”.

  

 Anteriormente, ante estas infracciones la policía sólo podía denunciar con efectividad aquellos casos en los que el conductor estaba presente en el momento de la denuncia, dado que era la única forma para poder contrastar la fiabilidad de la tarjeta. Hay que aclarar, sin embargo, que las falsificaciones son fácilmente detectables, dadas las medidas de seguridad que actualmente poseen las tarjetas originales.

  

Ahora, con la entrada en vigor del Decreto 72/2016, de 10 de junio, del Consell de la Generalitat, el uso fraudulento comporta dos sanciones diferentes: la de aparcamiento en zona reservada para personas con necesidades específicas, acompañada de la retirada del vehículo al depósito municipal, y la del uso fraudulento. La primera se hace de acuerdo con la Ordenanza Municipal de Circulación y lleva asociada la retirada del vehículo al depósito municipal, mientras que la segunda se realiza en aplicación de normativa.

  

Ante los casos de mal uso del espacio reservado, la Policía Local de Sagunto tiene un protocolo de actuación determinado. En primer lugar, los agentes encargados de la vigilancia del tráfico asiduamente comprueban los estacionamientos reservados para discapacitados, así como que aquellos habilitados por la normativa estén ocupados con vehículos con el distintivo original acreditativo. En el momento que se comprueba que hay un vehículo sin distintivo, se denuncia por infracción a la ordenanza de circulación y se retira el vehículo con la grúa.

  

En caso de que se encuentre un vehículo con una tarjeta fotocopiada o manipulada se denuncia administrativamente por estacionar en plaza reservada para personas con discapacidades, se efectúa un acta de denuncia administrativa y se retira el vehículo con grúa al depósito municipal. Cuando el conductor va a retirar el vehículo, se le identifica y se le notifica la denuncia y el acta. A continuación, argumentará si puede el motivo por el que tiene una tarjeta presumiblemente fraudulenta y se interviene la tarjeta como objeto de prueba. 

  

Finalmente, el acta se tramita a través de la unidad administrativa de la Policía Local de Sagunto a fin de iniciar el correspondiente expediente sancionador, asimismo se traslada el expediente a la alcaldía para que en ejecución de la Resolución de fecha 8/11/2017 proceda según el caso y las circunstancias, a retirar la tarjeta por un tiempo que puede ir de tres meses a tres años y hasta la retirada definitiva en caso de incumplimientos más graves.​

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