El Pleno exige a Marruecos la libertad de todos los presos políticos saharauis
02 mayo 2017

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​El Pleno del Ayuntamiento de Sagunto ha suscrito el mandato del Parlamento Europeo en la XXII sesión del Consejo de Derechos Humanos de naciones Unidas y exige al reino de Marruecos la libertad de todos los presos políticos saharauis, incluido el grupo de los 24 presos de Gdeim Izik, así como la protección de los derechos fundamentales del pueblo saharaui

Asimismo, el Pleno ha destacado la necesidad de un mecanismo internacional de seguimiento de los derechos humanos en el Sáhara Occidental y de apoyar una solución al conflicto basada en el ejercicio del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, como establecen numerosas resoluciones de las Naciones Unidas.

Además, se ha aprobado enviar el presente acuerdo al ministro de Asuntos Exteriores, al embajador de Marruecos en Madrid, a las Cortes Valencianas, al presidente del Congreso de los Diputados, al presidente del Senado, al presidente del Parlamento Europeo y al Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.

La proposición de EUPV fue presentada por el concejal Guillermo Sampedro y aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos.

El 8 de noviembre de 2010 el Campamento de Gdeim Izik, a las afueras de la Aiun (Sáhara Occidental ocupada), organizado por miles de personas saharauis para protestar por sus deplorables condiciones de vida, fue disuelto violentamente por las fuerzas de ocupación marroquí causando víctimas y desaparecidos.

Este campamento de más de 20.000 personas pretendía denunciar la situación en que viven los y las saharauis en el Territorio No Autónomo del Sáhara Occidental, último territorio de África pendiente de descolonización bajo tutela del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Una situación de continuas violaciones de derechos humanos, expoliación de sus recursos naturales, detenciones arbitrarias, desapariciones y torturas.

Tras nueve días de juicio y siete horas de deliberación el tribunal militar marroquí condenó a nueve activistas a cadena perpetua, a otros cuatro activistas a 30 años de prisión, a otros diez a penas de entre 20 y 25 años y a dos últimos a 2 años de prisión.

Debido a la presión internacional el caso ha pasado a un tribunal civil, pero en Marruecos la justicia no es independiente y está controlada por el mismo Mohamed VI. Además, en este caso los activistas no deberían pasar por un tribunal marroquí porque el Sáhara Occidental es un territorio No Autónomo y por lo tanto no pertenece a Marruecos.

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