Oportunidad perdida: interpretación judicial sin garantías



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## Oportunidad perdida: interpretación judicial sin garantías

20/04/2015 |
SCP

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* [![ interpretacio interpretacio](/com/noticies/2015/04/2q/interpretacio/interpretacio.jpg)](#)

El Ministerio de Justicia no garantiza la calidad en los procesos penales en los que se requiera la presencia de traductores e intérpretes, lo que supone una gran amenaza para los derechos de las personas que se ven  inmersas en este tipo de procesos.

Desde la Red Vértice de asociaciones de traductores, correctores e intérpretes, la Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales y Jurados (APTIJ)  y la Conferencia de Centros y Departamentos Universitarios de Traducción e Interpretación  (CCDUTI)  deseamos denunciar una vez más la tramitación parlamentaria de la  ley orgánica para la transposición de la Directiva 64/2010 sobre la traducción y la  interpretación en los procesos penales, cuya aprobación definitiva  ha tenido lugar el  jueves 16 de abril en el Congreso de los Diputados .  El  proyecto de  ley  orgánica  a su  paso por el Senado  solo ha experimentado cambios  cosméticos, que en algún caso  podrían ser peligrosamente contraproducentes.

El propio CGPJ, en su informe de 31 de enero de 2014, ya afirmaba que  «es esencial la  determinación de la cualificación y requisitos de la persona del intérprete y/o  traductor; debiendo contenerse los requisitos y criterios de selección, bien en la  LECrim, bien en la LOPJ, de modo claro e inequívoco e igual para todos los pro cesos».  Las asociaciones profesionales de traductores e intérpretes y las universidades hemos  defendido desde el principio que la manera de establecer criterios de modo claro e  inequívoco  es realizar  exámenes de acceso al nuevo registro profesional, tal como  sucede en el caso de todos los registros de traductores e intérpretes jurados existentes  en España, tanto el central como los autonómicos.  La disposición final primera del  proyecto de ley sigue sin establecer  la obligatoriedad de que se organicen exámen es  de certificación profesional objetivos, válidos y fiables para los candidatos  que  aspiren a formar parte del nuevo Registro  Oficial  de Traductores e Intérpretes  Judiciales, de modo que su calidad no queda garantizada.

El Ministerio de Justicia  afirma  que los requisitos de pertenencia al  registro se  especificarán en la  futura  Ley del Registro que la  ley orgánica  aprobada  prevé, pero lo  que subyace es la intención de dar carta de naturaleza a la lamentable situación actual  y permitir que el personal no  cualificado y no acreditado que a través de las actuales  subcontratadas presta este tipo de servicios pueda integrarse sin problemas en el  futuro  registro, hasta el punto incluso de hablar de la inscripción de personas jurídicas  en él, lo que va en contra  de la lógica y del espíritu de la  directiva. ¿Qué es lo que  impide establecer la obligatoriedad de un examen para garantizar la calidad?  Las  empresas subcontratadas tendrían que recurrir a los intérpretes cualificados y  acreditados del registro y ya no podrían contratar a intérpretes sin cualificación  en con  unas condiciones absurdas que han hecho huir a los profesionales del sector. Ahora,  además, tras su paso por el Senado,  muchos de los artículos de la  ley carecen  ya de carácter orgánico y pasan a tener  carácter ordinario. Nos tememos que tal  cambio se deba a que la gestión de los servicios de traducción e interpretación  corresponde a las Comunidades Autónomas y que se esté poniendo este hecho por  encima del derecho fundamental de defensa al que está vinculada indefectiblemente  la traducción y la  interpretación  en sede  judicial y policial.  El derecho de defensa no  puede quedar relegado por las competencias de gestión  y el acceso al nuevo registro  debe estar establecido en  una  ley  orgánica que lo regule mínimamente,  aunque  luego sean las Comunidades Autónomas las que lo desarrollen,   tal como pedía el CGPJ  en su informe citado anteriormente.

Por último, no se regulan ni acotan tampoco las excepciones que revisten carácter de  urgencia para recurrir a personal no inscrito en el  registro. Esto dará lugar a la  perpetuación de la situación actual,  en la que la excepción se convierte en regla y se  recurre a traductores e intérpretes sin cualificación ni acreditación aunque no exista  tal situación de urgencia.

Por todas estas razones mostramos nuestro rechazo a  una ley orgánica que finalmente  no lo es en su totalidad, que establece la redacción de una  futura  Ley del Registro que  este Gobierno no podrá presentar ya,  y que no contiene la principal reclamación de  todo el sector profesional: la realización de exámenes de acceso al nuevo Registro  Oficial  de Traductores e Intérpretes Judiciales.  De este modo, se  mantiene  el nefasto  sistema actual, en el que son las empresas subcontratadas las que deciden quién actúa  en calidad de intérprete  o traductor ante los tribunales, puesto que no son ellas las  que se adaptan a los criterios establecidos sino  que los criterios se  establecen con  arreglo al funcionamiento de las adjudicatarias.

Vídeo completo de la sesión plenaria del 16/04/15 en la web (a partir del 1:30:15)

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/GenericPopUpAudiovisual?next\_page=/wc/audiovisualdetalledisponible?codSesion=255&codOrgano=400&fechaSesion=16/04/2015&mp4=mp4&idLegislaturaElegida=10

**Asociaciones integrantes de la Red Vértice:**

Conferencia de Centros y Departamentos de Traducción e Interpretación (CCDUTI):

Universidad de Alicante

Universitat Autònoma de Barcelona

Universidad de Granada

Universitat Jaume I

Universidad de Málaga

Universidad Complutense de Madrid

Universidad de Las Palmas

Universidad de Murcia

Universidad Antonio de Nebrija

Universidad Pablo de Olavide

Universidad Pontificia de Comillas

Universidad de Salamanca

Universitat de València

Universidad de Valladolid

Universidad San Jorge

Universitat de Vic

Universidad de País Vasco

Universidad de Alcalá

Universidad Pontificia de Comillas

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