Just%C3%ADcia%2020250213HTML.html





Comissió de Justícia, Governació i Administració Local realitzada el dia 13 de febrer de 2025.
Comença la reunió a les 10 hores i 31 minuts.
Presideix el diputat senyor José María Llanos Pitarch.
Reunió número 13.

El senyor president:

Bien, buenos días, señorías.

Comenzamos la Comisión de Justicia.

En primer lugar, el señor secretario, si es tan amable, pasará revista, por favor.

El senyor secretari:

Moltes gràcies, president.

(El senyor secretari passa llista per tal de comprovar si hi ha quòrum)

N'hi ha quòrum, senyor president.

El senyor president:

De acuerdo.

Muchas gracias.

Y, bueno, bienvenido en sustitución de Abad, al que le deseamos lo mejor, a nuestro compañero, señor Chulvi.

Bien, pasamos al primer punto del orden del día: lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión anterior.
¿Alguna consideración por parte de sus señorías?
¿Están todos de acuerdo?
¿Podemos aprobarla por aclamación?
Pues, aprobada, señor letrado.

Proposició no de llei sobre la millora de la situació laboral i de les condicions laborals dels operadors de l'112, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE núm.
26.
195, BOCV núm.
92)

La senyora presidenta:

Y ahora sí, pasamos al segundo punto del orden del día: toma en consideración de la Proposición no de ley sobre la mejora de la situación laboral y de las condiciones laborales de los operarios del 112, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, con registro de entrada número 26.
195.

Tiene la palabra para su defensa, la señora Andújar, por seis minutos.

Cuando quiera.

La senyora Andújar Durá:

Muchas gracias, señor presidente.

Hoy nos acompañan aquí los representantes sindicales de los trabajadores del 112, a los que desde luego quiero aprovechar la ocasión para agradecer la labor que desarrollan como primer eslabón de la cadena de respuesta a la emergencia.

La precariedad laboral con la que trabajan los gestores de llamadas del 112 se puso en evidencia el día 29 de octubre, por la mañana, cuando en la sala de emergencias del 112 comenzaron a recibir un aluvión de llamadas que hacían presagiar que no era un día de gota fría habitual.
Aquella tarde se recibieron 7.
500 avisos, cuando la media habitual es de 400 llamadas.
Las llamadas monitorizadas se fueron reflejando progresivamente en el mapa de la sala del 112, en el cual se podían ver con precisión la gravedad de las incidencias.
El tiempo de espera, que no debe superar los 10 segundos, llegó a alcanzar aquel día los 15 minutos.
La información y los datos objetivos recogidos por los gestores de llamadas fueron recibidos puntualmente por Protección Civil.
Había información suficiente para haber enviado antes el mensaje de alerta a la población.

El día 29 de octubre, como el 22 de febrero del incendio de Campanar, marcaron un punto de inflexión en el día a día de los gestores de llamadas: escuchar a personas que llamaban despidiéndose, personas atrapadas en sus casas, personas que llamaban preguntando por las personas atrapadas en sus casas, en el incendio de Campanar; o personas con el agua al cuello en sus casas, o en sus vehículos, a punto de ahogarse el día de la dana.

A pesar de la presión que supuso la gestión de la respuesta a la emergencia en ambos casos, los gestores de llamadas no recibieron ningún tipo de apoyo psicológico y al día siguiente se incorporaron a su puesto a trabajar como si no hubiera pasado nada.

La plantilla está integrada por 184 personas, de las cuales 160 son gestores de llamadas.
El 35% de las bajas por incapacidad laboral transitoria superan los cinco días naturales, y desde el mes de junio de 2023 hasta enero de 2024 han sido 155 los trabajadores que han padecido algún proceso de ILT.
Las bajas suelen cubrirse con horas extraordinarias recurriendo a trabajadores que están en sus días de descanso, por lo que la presión sobre la plantilla es cada vez mayor.
La presión psicológica con la que trabajan es brutal, pues de la adecuada recepción y gestión de la respuesta depende la vida y la integridad de las personas.

Este servicio se externalizó en 1999, y, desde ese momento, han sido varias las empresas que lo han gestionado; la última, Ilunion Emergencias.
Esta empresa presta servicio también en otras comunidades, como Castilla y León, Andalucía, Madrid o Murcia.

La jornada laboral de los gestores de llamadas es de ocho horas con cuatro paradas de 15 minutos.
Cada mes se publica, además, una clasificación con el número de llamadas atendidas por cada operador y el tiempo medio invertido en la respuesta, para determinar quiénes son los más eficientes, y si un operador se encuentra por debajo del 15% de la media de llamadas atendidas es amonestado; antes de 2015, con los gobiernos del Partido Popular, incluso podían ser sancionados con suspensión de empleo y sueldo.
Incluso se registran diariamente, también, las veces que un trabajador a acude al baño durante la jornada laboral.
Se les aplica el convenio colectivo de Contact Center previsto para empresas de telemarketing, que de ninguna manera recoge la especificidad de la labor que realizan.

La administración pública valenciana debe adaptarse a los nuevos retos y necesidades de la sociedad, y para ello ha de modernizar y mejorar de forma continua los servicios públicos que presta.
Todo ello con el objetivo no solo de garantizar la prestación de un servicio de calidad, sino de garantizar las adecuadas condiciones laborales de los trabajadores.

La sala del 112 Comunitat Valenciana atendió en 2024, 3.
451.
425 llamadas, una media de 9.
000 llamadas diarias, y gestionó entre mil y dos mil incidentes cada día, siendo un referente en la atención y gestión de las llamadas efectuadas al teléfono único de emergencias 112 desde cualquier punto de la geografía de la Comunitat Valenciana.

En emergencias debemos trabajar siempre en base a las lecciones aprendidas, como tantas veces ha repetido el comisionado del Gobierno de España para la reconstrucción, José María Ángel, y todo ello después de la nefasta gestión del Consell de Mazón el día de la dana.
Las lecciones aprendidas son el conocimiento que obtenemos después de analizar y evaluar las acciones y resultados después de una situación de emergencia, nos ayudan a identificar qué es lo que ha funcionado y qué es lo que no ha funcionado.

Y, desde luego, la externalización de este servicio se ha revelado inadecuada para dar respuesta a las necesidades del propio servicio, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo de la plantilla, y, por tanto, debe revisarse la situación laboral de los operadores del 112 y deben incorporarse como personal laboral de la Generalitat Valenciana.
Además, se les debe dotar, también, de un convenio colectivo que contemple realmente la actividad y funciones que realizan, para mejorar así sus condiciones laborales y dar respuesta a las necesidades de una labor fundamental en la cadena de respuesta a las emergencias.

(Ocupa la presidència la vicepresidenta de la comissió, senyora Verónica Marcos Puig)

La señora vicepresidenta:

Gracias, señora Andújar.

Ahora llega el momento de la fijación de posición por parte de los grupos parlamentarios.

Por parte del Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra don José María Llanos.

El senyor Llanos Pitarch:

Muchas gracias, señora presidenta.

Señora Andújar, en primer lugar, me gustaría agradecer por supuesto a los servicios de emergencias, y en concreto a los trabajadores del 112, por la labor que llevaron a cabo el día de la tragedia, el 29 de octubre, y los siguientes días y semanas, y toda su labor que están ejerciendo en todas estas situaciones de extrema necesidad.
Desde Vox somos conscientes de que su trabajo es fundamental.

Señora Andújar, el señor Ángel no aprendió del incendio de Bejís, ha aprendido ahora.
Bien, no está mal que aprenda, aunque sea tarde.

Mire, el modelo actual de gestión de los operadores del 112 es el modelo heredado del Bo-tá-ni-co; de hecho, en 2018, la Generalitat, con el Botánico, sacó a concurso el servicio por 10.
700.
000 euros, y, efectivamente, Ilunion Emergencias, como usted ha dicho, por cierto, perteneciente al grupo ONCE, consiguió el contrato por 10.
300.
000.
De verdad que no podemos entender desde Vox que sea el Partido Socialista quien proponga cambiar el modelo de gestión y convertir en personal laboral a los trabajadores del 112 de la Comunidad Valenciana, cuando tuvieron ocho años para haberlo hecho, y motivos y emergencias tuvieron más que suficientes.

Mire, efectivamente, la mayoría de las comunidades autónomas han externalizado el servicio, y Cantabria, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia, cuentan con los servicios de la misma empresa.

Señorías del Partido Socialista, ustedes son muy hábiles en abanderar causas en la oposición cuando ustedes fueron quienes las abandonaron en el gobierno; abanderar y abandonar, abanderar para después abandonar.
Igual que hicieron con la SGISE, ustedes tratan de enmendar su inacción y su desgobierno ahora que están en la oposición.

Miren, el problema no es que el servicio esté o no externalizado.
Si el problema para ustedes es ese, no entendemos por qué durante ocho años del Botánico no fue un problema para ustedes, pero lo es ahora.
De hecho, esta fue la premisa que les empujó a revertir el servicio de las ITV creando Sitval, la Sociedad Valenciana de Inspección Técnica de Vehículos, y todos hemos vivido las consecuencias de esta nefastísima reversión: las ITV colapsadas durante meses, sistemas operativos que no funcionan… En definitiva, lo que es su ADN, una gestión absolutamente nefasta.

Muchas gracias, señora presidente.

La senyora vicepresidenta:

Gracias, señor Llanos.

¿Quiere replicar, señora Andújar?

La senyora Andújar Durá:

Sí.

La senyora vicepresidenta:

Tiene usted la palabra por tres minutos.

La senyora Andújar Durá:

Muchas gracias.

Bueno, cuestiona usted la gestión que se hizo por parte del hoy comisionado del Gobierno de España, José María Ángel, cuando era secretario autonómico de emergencias aquí, en la comunitat.
Mire, yo le voy a decir, en la gestión de la dana de la Vega Baja se convocó al Cecopi con 48 horas de antelación, se movilizó a la UME con 24 horas de antelación, y todo ello, desgraciadamente, y a pesar de los daños materiales, que es realmente difícil contenerlos, se consiguió que únicamente tuviéramos que lamentar tres fallecimientos como consecuencia de la dana que afectó a la Vega Baja.

Usted, usted, sigue sosteniendo a un presidente que el día 29 de octubre estaba de comida en el Ventorro con una situación de alerta roja, desaparecido e ilocalizable, mientras se ahogaban y perdían la vida en la Comunitat Valenciana, en la provincia de Valencia, 227 personas.
Eso es lo que hacen ustedes, sostener a ese presidente irresponsable que no cumplía con su labor en el momento en que más se necesitaba.

Y, mire, cuestiona usted que el Partido Socialista, que cómo traemos hoy… Pues es muy sencillo.
Le recuerdo que este contrato está externalizado desde 1999, pero por el hecho de que nosotros hayamos gobernado de 2015 a 2023, en un período de tiempo en el que, desde luego, se hicieron muchas cosas bien y hubo otras cosas que quedaron pendientes por hacer.

Yo no tengo ningún inconveniente, y no me sonroja, traer aquí una iniciativa para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del 112 cuando se ha demostrado que el convenio y la situación en la que están trabajando, pues, lógicamente, no puede continuar.
Porque si nosotros somos responsables de prestar servicios de calidad, debemos atender también a las condiciones laborales de los trabajadores.
Y eso al Partido Socialista no le va a sonrojar nunca, nunca.
Los trabajadores de este país saben que pueden contar con el Partido Socialista para defender siempre sus derechos y mejorar, desde luego, sus condiciones laborales.

Y, como le he dicho, en cualquier caso, en 2018, el gobierno del Botànic incrementó un 15% el salario de los trabajadores; en 2022 se incrementaron también las cantidades que se percibían en el turno nocturno.
Es cierto, como le he dicho, que la situación ha revelado que debemos, desde luego, afrontar esa mejora en sus condiciones laborales, y por eso nosotros defendemos que se incorporen como personal laboral de la Generalitat Valenciana y que se les dote de un convenio específico para que puedan recibir apoyo psicológico, porque la situación a la que se enfrentan cada día en sus puestos de trabajo, y específicamente el día 29 de octubre, o el día 22 de febrero, en Campanar, bien merece unas condiciones laborales dignas.

Muchas gracias.

La senyora vicepresidenta:

Gracias, señora Andújar.

Tiene la palabra don José María Llanos, del Grupo Parlamentario Vox.

El senyor Llanos Pitarch:

Gracias, señora presidenta.

Mire, yo del señor Ángel cuestiono toda su gestión, antes y ahora, y ahora, porque aún no le hemos visto dar un palo al agua, más que montar una comisión contando solo con un representante de la Comunidad Valenciana, del gobierno de la Comunidad Valenciana.
Y cuestiono su conducta en el incendio de Bejís.
Y cuestiono las intenciones del Partido Socialista, por supuesto que las cuestiono.
Porque ustedes dicen que siempre defienden a los trabajadores.
No, miren, eso es histórico, es como un mantra, los socialistas defienden a los trabajadores.
No, se aprovechan de los trabajadores, que es lo que han hecho siempre, porque cuando están en el gobierno desde luego a quien no benefician nunca es a los trabajadores, solo a sus amiguitos.

Pero, mire, ustedes traen una iniciativa que no sirve para nada.
Ustedes quieren engañar a los trabajadores del 112.
Ustedes saben perfectamente que una PNL es humo, es un brindis al sol.
Ustedes quieren quedar bien y remover aquí toda la historia, y mandarlos a la calle y decirles que gracias a ustedes.
No, no, no, una PNL, sepan los trabajadores del 112, no sirve para nada para sus requerimientos, porque una PNL es una declaración de voluntades, y uno puede voluntariar todo lo que le dé la gana, pero no sirve para nada.
Si ustedes de verdad quisieran defender a los trabajadores del 112 hubieran presentado otro tipo de iniciativas que se pueden presentar en este parlamento, y no lo hacen, porque ustedes no lo quieren hacer, solo quieren montar revueltas, y revoluciones y sacar rédito electoral.
No les engañen, ya no pueden engañar a nadie.

¿De verdad una PNL para esto?
Una PNL, repito, que lo sepan, no sirve para defender sus requerimientos, sus necesidades, sus exigencias.
No les engañen más, están jugando con ellos, como hacen siempre con todos los colectivos, sobre todo con todos los trabajadores.

Y fíjense si no sirve para nada, fíjense como está construida esta PNL, que dice que el Consell dote de un convenio laboral.
¿Pero y esto los socialistas?
¿Los que siempre han defendido a los trabajadores no saben que en los convenios laborales la Generalitat no pinta nada?
¿No saben los socialistas que solamente pintan en los convenios laborales los agentes sociales, la patronal y los sindicatos?
Es una clarísima muestra de que ustedes vienen a engañar, como han hecho siempre y en todo momento, llenándose la boca de defender a los trabajadores, cuando siempre se han aprovechado de ellos.

Muchas gracias.

La senyora vicepresidenta:

Gracias, señor Llanos.

Por el Grupo Parlamentario Compromís, tiene la palabra la señora Amigó.

La senyora Amigó Laguarda:

Moltes gràcies, presidenta.

Anem a vore, nosaltres vaja per davant que anem a votar a favor d'aquesta proposta, i més jo crec que aquesta setmana més que mai cal estar al costat dels treballadors i de les treballadores del 112, ja que el dimarts, 11 de febrer, coincidint amb el Dia europeu de les emergències, estos treballadors del 112, no sols els del País Valencià, sinó també d'altres comunitats, es van concentrar davant del Palau de la Generalitat, en la plaça de Manises, per tal de exigir-li al senyor Mazón, al govern del president Mazón, el rescat del servei de l'112, ja que tots els seus integrants, com ha dit la companya, 184 integrants de la plantilla, estan treballant realment entre l'espasa i la paret.

Crec que en aquesta situació, dins de l'emergència de la dana, com també es va demostrar en l'incendi de Campanar, que també s'ha anomenat ja ací, els grans oblidats, tant de la dana com de l'incendi de Campanar, han sigut els treballadors i les treballadores del 112, perquè, evidentment, quan el 9 d'Octubre es va reconéixer a tots els serveis d'emergències la seua tasca dins del incendi de Campanar, en cap moment no se va fer esment als treballadors i les treballadores del 112, que han de treballar en una situació de tensió que moltes vegades és absolutament insostenible.

Aquests treballadors i treballadores, evidentment, estan sempre atenent telefonades, són la primera persona que rep a la persona que crida quan estan en una situació d'emergència, la primera persona que té darrere del telèfon és un treballador o una treballadora de la plantilla que ells mateixos diuen que si s'invertira el milió d'euros que hi ha de benefici empresarial en un increment de la plantilla, evidentment, la qualitat del servei milloraria prou, i per això ells han demanat que siga ja les emergències de gestió pública i deixe de ser un negoci privat.

Evidentment, el centenar de treballadors i de treballadores, com ha comentat la companya Andújar, tenen un conveni laboral de Contact Center, és a dir, tenen el mateix conveni laboral que un treballador de telemàrqueting, i, evidentment, l'atenció no és la mateixa si la persona que està darrere d'un telèfon és un treballador del 112 que si és una persona que treballa per a una companyia elèctrica o telefònica, que el que vol és convèncer perquè canvies de companyia elèctrica o telefònica, no és la mateixa situació.

Està clar que la dana del 29 d'octubre va impactar de manera molt notable en moltes de les nostres comarques i que el sistema va col·lapsar per la quantitat de telefonades que es van rebre.
En general, de veritat no cal esperar normalment més de deu segons per a obtindre una resposta, però aquell dia hi hagueren moltes telefonades que al llarg de la nit no es van poder ni atendre, i evidentment això és evident que va demostrar que el sistema era absolutament inoperatiu i que calia millorar-lo.

Els treballadors i les treballadores demanen professionalitzar els seus llocs de treball, que siguen reconeguts com un cos especialitzat, que es valore la seua antiguitat, que puguen rebre un suport psicològic sistematitzat, després de cada cridada al 112 hi ha una situació de tensió, una situació de perill i les persones que atenen no són robots, són persones, treballadors i treballadores que mereixen el nostre suport i el nostre recolzament.

Moltes gràcies.

(Ocupa la presidència el president de la comissió, senyor José María Llanos Pitarch)

El senyor president:

Muchas gracias, señora Amigó.

Tiene la palabra ahora, para fijar posición, la señora la señora Marcos, por tres minutos.
Cuando quiera.

La senyora Marcos Puig:

Gracias, señor presidente.

Desde el Grupo Parlamentario Popular también queremos agradecer la labor de los trabajadores del teléfono 112 antes, durante y después de la riada del pasado 29 de octubre.

Pero también queremos que les quede claro, que les quede bien claro a los trabajadores del teléfono 112 de la Comunitat Valenciana y a la opinión pública, en general, que el Partido Socialista de la Comunidad Valenciana es el responsable de la externalización del servicio del teléfono 112 y, por tanto, de las condiciones laborales de los trabajadores que desempeñan este servicio hasta el año 2027, que es cuando finaliza el contrato que los mismos socialistas firmaron con una empresa privada.

Aquí está, firmado por el señor José María Ángel Batalla, que, como todo el mundo sabe, es el elegido por Pedro Sánchez, con un sueldo de 120.
000 euros al año, como comisionado especial para la reconstrucción y reparación de los daños provocados por la dana.

Pero esto es lo que hoy los socialistas en oposición denuncian que es una chapuza y una vergüenza para los trabajadores.
Esto que hoy denuncian sí que firmó el hoy presidente de su partido y comisionado del gobierno.
No sé cómo tienen ustedes la moral para ponerse detrás de una pancarta para criticar lo que es su responsabilidad y mirar a la cara a los trabajadores sin sonrojarse.

Es un hecho que con el teléfono 112 los socialistas nos han dejado maniatados a los populares hasta el año 2027.
Fue la izquierda, mientras gobernaba en esta comunitat, los mismos que son ahora oposición y se ponen detrás de la pancarta para reclamar servicio público, los que tomaron la decisión de externalizar este servicio por una cifra que supera los treinta millones de euros.

Así que ya está bien de mentir y manipular, porque esto es un hecho, señorías.
Y esta decisión no fue además ni fortuita ni improvisada.
Los socialistas tuvieron tiempo para sacar la licitación de este contrato, tuvieron para pensar bien las condiciones.
Después de que vencía el contrato anterior, en agosto del año 2022, ustedes estuvieron sin contrato durante seis meses.
Los peores incendios que ha vivido la Comunitat Valenciana en los últimos años, como el incendio de Bejís, por ejemplo, estuvo el teléfono 112 sin contrato por esa no gestión, por esa falta de planificación del Partido Socialista, señoría.

Así que así es como ustedes no gestionaban, señorías.
No vengan ahora con discursos de demagogia ni con intentos de manipular la verdad, los hechos son simples y contundentes, señorías.
Fueron los socialistas que hoy se manifiestan quienes decidieron externalizar el servicio.
Fueron los socialistas quienes adjudicaron el contrato por más de treinta millones hasta el año 2027.
Y, por lo tanto, son los socialistas los responsables de las condiciones de los trabajadores.
Basta ya de demagogia, asuman lo que han hecho y lo mínimo que podían hacer es callarse, dejar de enredar e intoxicar y de meter cizaña.

Nada más y muchas gracias.

El senyor president:

Muchas gracias, señora Marcos.

Tiene la palabra para réplica la señora Andújar.
Cuando quiera.

La senyora Andújar Durá:

Muchas gracias.

Mire, lo que me sorprende a mí es que diga usted que el Partido Popular está maniatado con el contrato que se firmó por el Botànic cuando este servicio se externalizó en 1999, siendo presidente el condenado Eduardo Zaplana, la situación del 112, y el Partido Popular siguió maniatado durante los años que gobernó aquí en la Comunitat Valenciana.
Entonces, no sé qué me dice usted de que el Botànic ha sido el que ha maniatado este servicio cuando desde 1999 fue su condenado presidente de la Generalitat quien externalizó este servicio.

Y mire, nosotros en el Botànic, y en concreto en el área de emergencias, hicimos muchas cosas bien, lo que no hicimos fue robar a las valencianas y a los valencianos.
Eso es lo que no hizo el Botànic, y así lo demuestran las 185 condenas por corrupción que acumulan ustedes.
La última de ellas, por cierto, al conseller responsable del área de Emergencias, Serafín Castellano, que ha sido condenado por la Audiencia Nacional por malversar con el tema del cártel del fuego, por adjudicar contratos por importe de 158 millones de euros.
¿Sabe usted lo que se puede hacer con 158 millones de euros?

Y mire, ya que se ha referido usted a la gestión de José María Ángel, yo le recordaré que, siendo precisamente conseller responsable Serafín Castellano los incendios de 2012 tuvieron tres víctimas mortales, tres trabajadores que fallecieron durante la extinción de incendios.
Y le recuerdo igualmente la gestión de la dana que se hizo en la Vega Baja en 2019, donde desgraciadamente hubo tres fallecidos.
Pero yo creo que todos tenemos bien fresca la nefasta gestión que se ha hecho por parte del Consell de Mazón, un Consell, un presidente que estaba de comida en El Ventorro, que estaba desaparecido, que no había manera de localizarlo y que precisamente, gracias a la labor que se desarrolla por los gestores de llamadas, en el Centro de Coordinación de Emergencias se tenía información suficiente para poder haber enviado el mensaje de alerta a la población y haber salvado vidas.
Pero eso no pudo hacerse por la nefasta gestión, no solamente de Mazón, que estaba desaparecido, sino de una consellera incompetente, siguiendo la línea de la costumbre que tienen ustedes de colocar en Emergencias a los que, desde luego, tienen menos capacidad.

Así que no saque usted tanto pecho que desde que en 1999 se externalizó este servicio ha llegado el momento de incorporar a estos trabajadores a la Generalitat Valenciana como personal laboral y, desde luego, mejorar sus condiciones laborales y siendo patronal la Generalitat le corresponde, por supuesto, la negociación del convenio colectivo.

Muchas gracias.

La senyora presidenta:

Gracias, señora Andújar.

Tiene la palabra, para contrarréplica, la señora Marcos, por tres minutos.
Cuando quiera.

La senyora Marcos Puig:

Señora Andújar, no se ande usted con rodeos, porque además usted es abogada y sabe perfectamente que estamos maniatados porque este contrato vence en el año 2027, y ustedes decidieron firmar este contrato hasta 2027.
Es que, no contentos ustedes con aprovecharse del dolor de las víctimas de la riada, ahora intentan aprovecharse también de los trabajadores del teléfono 112.
Es que ustedes…, es que ustedes no tienen ni la más mínima catadura moral como para intentar también aprovecharse de los trabajadores del 112.

Mire, oiga, es hora de que asuman ustedes su responsabilidad.
Ustedes y solo ustedes son los responsables de los contratos firmados, de las decisiones que se tomaron y de las consecuencias que tienen estas decisiones para los trabajadores del teléfono 112.
Ustedes firmaron esto.
Lo que no fueron capaces de firmar ustedes, fíjese, el señor José María Ángel Batalla, es un convenio con los trabajadores de la empresa de los bomberos forestales, que ese sí que tiene capacidad, el señor José María Ángel, para negociar.
Tampoco firmó la contratación de los bomberos forestales de refuerzo.
Eso también era competencia suya y fue incapaz.
Y tampoco firmó la implantación del tercer turno, que también podía haberlo hecho, y no lo hizo, señorías.
Pero ustedes toda esa gestión la premian con el sueldecito de 120.
000 euros al año.

Miren, saben perfectamente que al ser un servicio externalizado los trabajadores están sujetos a un convenio de la empresa privada, en el que nada puede hacer la Generalitat.
Saben perfectamente que, si rescindiéramos el contrato firmado por ustedes, por ustedes, hasta el año 2027, no solamente tendríamos una penalización económica, sino que es que además todos los trabajadores se irían a la calle, señorías.
Esto es lo que intenta ocultar el Partido Socialista.
Son ustedes tan responsables de su situación laboral como de haber paralizado las obras del barranco del Poyo.
Son ustedes tan responsables como de no haber hecho las infraestructuras hidráulicas que podían haber salvado vidas durante la riada, tal y como dicen los expertos.
Y todo esto sabemos que ustedes intentan ocultarlo, como también intentan ocultar los audios en los que el señor Polo admite que hubo un silencio atronador por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar durante dos horas y media; como también intentan ustedes ocultar que Aemet, Aemet nos dijo 150 litros y cayeron 800, y no le dieron importancia; como también quieren ustedes ocultar que la delegada del Gobierno, según los datos que le había dado Aemet, dijo que el temporal se iba también hacia el norte y hacia el interior.
Todo esto ustedes lo quieren ocultar.

Pero, mire, esto son hechos y no relatos, y no bulos, y no mentiras, y no intentar aprovecharse de las víctimas y de los trabajadores del teléfono 112, como intentan hacer ustedes cada vez que hay una tragedia.

Nada más y muchas gracias.

El senyor president:

Muchas gracias, señora Marcos.

Bien, pues ya habiendo intervenido todos los grupos parlamentarios, procedemos a la votación.
¿Votos a favor de esta iniciativa?
¿Votos en contra?
Bien, pues con 6 votos a favor, 7 votos en contra, queda rechazada esta iniciativa.
(Remors)

Pasamos al… Señorías, por favor… Señorías, por favor…

Proposició no de llei sobre l'establiment d'una reserva de places per a militars de complement i militars de tropa i marineria en l'ingrés a cossos de policia local de la Comunitat Valenciana, presentada pel Grup Parlamentari Vox Cortes Valencianas (RE núm.
27.
663, BOCV núm.
97)

El senyor president:

Pasamos al punto 3 del orden del día: toma en consideración de la Proposición no de ley sobre el establecimiento de una reserva de plazas para militares de complemento y militares de tropa y marinería en el ingreso a cuerpos de la policía local de la Comunitat Valenciana, presentada por el Grupo Parlamentario Vox Cortes Valencianas, registro de entrada número 27.
663.

Tiene la palabra, para la defensa de la iniciativa, el señor Muñoz.
Cuando quiera.

El senyor Muñoz Pérez:

Gracias, señor presidente.

Señorías, la problemática de la edad de las Fuerzas Armadas no es nueva y nosotros somos muy conscientes de que es un problema que tampoco es fácil.
Es de todos sabido que la vida militar es necesariamente más corta que la vida laboral ordinaria, incluso para los cuadros de mando.
No en vano el licenciamiento de veteranos ha sido históricamente el principal problema de los ejércitos profesionales.

La falta de recursos hace que se den situaciones completamente injustas que llevan a nuestros soldados, tras dedicar los mejores años de su vida a servir a la patria en los ejércitos y la armada, a tener como consecuencia de ello una situación laboral complicada, un callejón sin salida ante su expulsión, que en muchos casos se ve como una falta de oportunidades para esos soldados que no tienen más con qué buscarse la vida.

La Ley 8/2006, de 24 de abril, de tropa y marinería vino a regular una relación de servicios de larga duración para la tropa y marinería que, aunque temporal, se prolongaba hasta los cuarenta y cinco años.
En su transcurso debería ofrecerse a los veteranos un amplio abanico de alternativas profesionales, desde alcanzar una relación de servicios permanente como oficial, suboficial, e incluso en la propia categoría de tropa o marinería, hasta mejorar su empleabilidad mediante formación reglada, pasando por la reserva de plazas en las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y el acceso al empleo público de carácter civil.

Solo en última instancia, al cumplir la edad límite el soldado o marinero tendría que causar baja forzosa, si bien se le ofrecía la posibilidad de continuar vinculado a las fuerzas armadas como reservista de especial disponibilidad con derecho a percibir una ayuda económica compatible con una retribución privada.

Estas medidas deberían haber resuelto el futuro de los veteranos.
Dicho de otra manera, habrían sido concebidas para que nadie se encontrase en momento tan avanzado de su vida activa sin una salida profesional.

No obstante, transcurridos dieciocho años, tales disposiciones legales no han tenido cumplimiento pleno o, en su caso, no han producido el efecto que se esperaba.
Como consecuencia, en años inmediatamente sucesivos se irá acumulando al personal, que una vez… a una edad crítica y con cargas de familia, con una titulación no siempre homologada y una formación que no satisface los estándares del trabajo en el mundo empresarial, deberán optar por un puesto de trabajo en un mercado laboral que presenta elevados índices de paro.

Según datos del Observatorio de la Vida Militar, el alcance del problema es creciente, pues si bien en 2018 un total de 624 militares de tropa con compromiso de larga duración estaban entre cuarenta y cuatro y cuarenta y cinco años, las estimaciones aumentan la cifra paulatinamente, pudiendo llegar a unos veintiséis mil afectados en el año 2029 y a un total de cincuenta mil en el año 2036.

Es decir, la reforma de 2006 solo supuso aplazar diez años los efectos de un régimen de personal mal fundamentado.
Transcurrido este tiempo de gracia, nos encontramos de nuevo en el punto de partida.

La lealtad de los veteranos, su experiencia y preparación podrían y deberían ser aprovechados en puestos de trabajo en las distintas administraciones, en particular como empleados civiles de la administración de Defensa.

En igual sentido, profesionales de cuarenta y cinco años cualificados y con gran experiencia pueden desempeñar en bases, acuartelamientos o instalaciones funciones de apoyo tan importantes como son las de policía, seguridad, aprovisionamiento, alimentación, mantenimiento o transporte, disminuyendo la vulnerabilidad logística que en algunos casos crea la necesidad de externalizar estos servicios.

Por todo ello, consideramos fundamental adoptar o promover, según corresponda, todas las medidas necesarias para posibilitar que aquellos ayuntamientos que lo desean puedan establecer una reserva de hasta un 20% de plazas de acceso restringido en las convocatorias para el ingreso a los cuerpos de policía local en la Comunidad Valenciana, para aquellos militares de complemento y de tropa y marinería que, cumpliendo todos los requisitos establecidos en la Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de coordinación de policías locales de la Comunidad Valenciana, cuenten con más de cinco años de servicio en las fuerzas armadas, incrementando las plazas reservadas a las del turno de acceso libre cuando aquellas quedasen desiertas.

Señorías, gastamos mucho dinero en la formación de nuestros militares y ellos tienen derecho a, una vez terminada su vida en el ejército, volver a incorporarse a la vida civil.
Y para ello consideramos que es necesario adoptar cuantas medidas sean oportunas para que todo ese esfuerzo que se ha implementado desde las arcas públicas para formarles pueda también tener una trascendencia en la vida civil.

Muchas gracias.

El senyor president:

Muchas gracias, señor Muñoz.

Para fijación de posición, tiene el turno, por Compromís, el señor Pla.
Cuando usted quiera, por tres minutos.

El senyor Pla Herrero:

Moltes gràcies, president.

Efectivament, l'article 55.
3 del nostre Estatut d'autonomia establix la competència de la Generalitat en matèria de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana.
En base a eixa competència, estes Corts han legislat sobre la matèria: la Llei 2/1990, la Llei 6/1999 i la Llei 17 de 2017 de 13 de desembre, actualment en vigor.

Vostés diuen en la seua PNL que «resulta oportuno modificar la precitada Ley 17/2017».
I, concretament diuen que se modifique «el artículo 54 ibidem estableciendo un segundo apartado que posibilite que aquellos ayuntamientos…» etcètera.

Ens podríem preguntar que si la coordinació de policies locals és competència de la Generalitat, si estes Corts ja han legislat en diverses ocasions en matèria de coordinació de policies locals, i que si vostés pretenen, el que vostés pretenen és modificar l'actual legislació en esta matèria, per què presenten una proposició no de llei demanant-li al Consell que faça o que dixe de fer i no presenta el seu grup parlamentari una proposició de llei per a modificar l'article 54 de la Llei 17/2017.

Tinguen en compte que esta matèria, concretament en este apartat, ja ha sigut objecte de debat a estes Corts.
Concretament, van ser dues les iniciatives legislatives que respecte a esta matèria van ser debatudes en esta comissió i en el ple de Les Corts: l'any 2015, una iniciativa del Partit Popular i una iniciativa del Grup Compromís.

No entenem com tinguent vostés al seu abast el mecanisme de modificació legislativa no l'utilitzen, com han fet, per exemple, els seus companys d'Extremadura, que van presentar una iniciativa legislativa i van modificar la seua llei de coordinació, per cert, amb l'oposició de la Federació de Municipis i Províncies d'Extremadura.

Suposem que tot açò tindrà una explicació i que ara en el torn de rèplica ens ho faran saber.

Quant al contingut de la seua proposta, el meu grup parlamentari, com ja en el 2015 es va pronunciar, està absolutament en contra.
En primer lloc, perquè entenem que aquesta reserva de places del 20% contradiu els principis d'igualtat, mèrit i capacitat que el nostre ordenament jurídic establix per a l'accés a la funció pública.

En segon lloc, perquè aquesta mesura, com vosté ha explicat, està adreçada a persones majors de quaranta-cinc anys i produirà, sens dubte, un ràpid envelliment dels cossos de policies locals dels nostres ajuntaments.
I, a més, tenint en compte que estes persones accediran ràpidament a la segona activitat, suposarà una despesa molt gran i desorbitada per als nostres ajuntaments que hauran d'augmentar les seues plantilles per cobrir precisament estes activitats.

I, en tercer lloc, perquè el model de policia local, que nosaltres defenem i que nosaltres volem per als nostres pobles i ciutats, no és el dels cossos de policia militaritzats sinó d'una policia local plenament civil i no creiem que amb aquesta mesura s'ajude a mantindre este caràcter, repetixc, plenament civil dels cossos de policia local.

Gràcies.

El senyor president:

Muchas gracias, señor Pla.

Tiene la palabra para réplica el señor Muñoz.
Cuando quiera.

El senyor Muñoz Pérez:

Gracias, señor presidente.

Señor Pla, en ningún caso se busca una policía militarizada ni nada similar.
Se busca que la formación que se le ha dado y que ha sido un gasto importante para el erario público, la formación de estos soldados, revierta de nuevo, de otra manera, a la sociedad civil.
Ha revertido cuando han sido militares y después que no se tire el dinero a la basura, no aprovechando esa formación maravillosa que tienen nuestros soldados, que le tengo que decir que, como usted bien sabe, pues son de los mejores ejércitos que hay en el mundo y que actualmente están haciendo labores no solo militares, propias de los militares, sino labores de apoyo en muchos países de ayuda humanitaria, inclusive que son destacables.

Me pregunta que por qué no presentamos otro tipo de iniciativa que no sea una PNL.
Efectivamente, usted dice, se presentaron dos iniciativas legislativas, y fracasaron.
Si se presentaron dos iniciativas legislativas… Le he entendido decir eso.
Pues le he entendido decir eso.
En cualquier caso, se presentaron dos iniciativas legislativas.
Nosotros lo que hacemos es proponemos, buscamos los apoyos aquí para luego presentar la iniciativa que sea correspondiente si contamos con los apoyos.
Si ya sabemos que no vamos a contar con los apoyos, nosotros no estamos en el gobierno, no gobernamos.
Si no sabemos si vamos a contar con el apoyo o no, ¿vamos a presentar una iniciativa que vaya abocada al fracaso?
¿Vale?
Entonces, pues ya hemos presentado esta iniciativa, la hemos puesto encima de la mesa y lo debatimos.

Se supone que aquí estamos para debatir, ¿no?
, y llegar a acuerdos.
Entonces, por eso hacemos este tipo de iniciativas.
Vamos a negociar, vamos a debatir.
Si ya de inicio…, «no, no, usted lo que tiene que hacer es directamente ir abocado al fracaso porque ya sabe que no vamos ni a dialogar ni a hablar ni a negociar ni a nada, pues entonces…», es su criterio.

Nosotros no somos gobierno, nosotros no podemos venir aquí diciendo «vamos a hacer esto porque se va a aprobar porque somos gobierno y tenemos mayoría absoluta».
No la tenemos.
Entonces, venimos a traer una propuesta, ¿vale?
Ahora, claro, ahora ustedes la apoyarán o no la apoyarán.
Usted me dice que no quieren militarizar a la policía.
Nosotros tampoco queremos militarizar a la policía.
Nosotros lo que queremos es que esos servidores públicos que han estado un tiempo trabajando y ofreciendo sus mejores años, los mejores de su vida, a trabajar para todos nosotros, pues tengan una segunda oportunidad y no dejarlos en la estacada.

Gracias.

El senyor president:

Muchas gracias, señor Muñoz.

Tiene la palabra por tres minutos el señor Pla.

El senyor Pla Herrero:

Gràcies, president.

Efectivament, senyor Muñoz, vostés no són govern, nosaltres no som govern, ningú d'ací és govern.
Nosaltres som el legislatiu.
I quan un vol modificar un article d'una llei d'estes Corts presenta una proposició de llei, no una PNL.
És que no té cap sentit.
Això és confondre absolutament els termes.

Presentar una PNL, una proposició no de llei, per a que es modifique una llei d'estes Corts Valencianes és un sensesentit.
I més tenint en compte el que acabem de sentir.
Literalment, el seu portaveu: «Una PNL es humo, es un brindis al sol.
» Açò acaba de dir-se ací fa deu minuts.
Aleshores, ¿com quadra vosté que en l'exposició de motius diga que vol modificar una llei autonòmica i que ens presente una proposició no de llei?
Però, bé, no ens ha donat ninguna explicació, no sé quin sentit té açò.

Però, bé, el que vostés plantegen clarament és una mesura de discriminació positiva a favor d'un determinat col·lectiu, una mesura que, segons el nostre parer, no té cap justificació.

Jo crec que seria convenient recordar què és el que el seu partit ací, a estes Corts, manifestava davant d'altres mesures de discriminació positiva que s'han plantejat per afavorir col·lectius, esta vegada sí, clarament discriminats.

Mire el que dien vostés: «Vox votará en contra de cualquier medida que promueva la discriminación positiva o negativa hacia cualquier grupo de personas ya que consideramos que la verdadera igualdad implica no hacer distinciones.
» I això ho dia també el seu portaveu.

¿Com quadra vosté eixa voluntat en contra de «cualquier discriminación positiva o negativa» en el que està plantejant vosté ací ara?
Això ho va dir el seu síndic, però també, al Congrés dels Diputats, en nombroses ocasions vostés han expressat coses com les següents: «La llamada discriminación positiva tiene consecuencias sociales como el fin de la meritocracia, es decir, se selecciona a las personas no por sus méritos, sino en función de otras circunstancias.
» És a dir, això ho diu el seu portaveu, el senyor Francisco José Contreras, en el Congrés dels Diputats, val?

Per tant, això són coses absolutament incoherents, el que estan diguent vostés, i no ha tractat una altra de les coses que li he dit: esta mesura vostés l'adrecen a militars majors de quaranta-cinc anys.
¿Vosté sap, per als ajuntaments, el que suposaria d'envelliment de les plantilles amb els milers de xavals i de xavales que estan preparant oposicions a policies locals?
¿Vosté sap que si tots estos militars que entraren amb més de quaranta-cinc anys, agafaren després la segona activitat, haurien de ser substituïts per nous policies locals?
¿I vosté sap que els ajuntaments no poden pagar eixes plantilles tan grans i més en el nivell de finançament que tenen els nostres ajuntaments?

Moltes gràcies.

El senyor president:

Gracias, señor Pla.

Ahora tiene el turno de palabra por tres minutos la señora Navarro.

Cuando quiera.

La senyora Navarro Forcada:

Gracias, señor presidente.

Vaya por delante el agradecimiento del grupo Socialista y el mío propio a la magnífica labor que realizan nuestros militares, sobre todo en estos momentos tan duros para Valencia.
Desde el minuto uno de la dana salvando vidas y hoy siguen desarrollando una tarea ejemplar.
También de agradecer la presencia de los responsables de policía local, responsables sindicales, que tienen presencia en la comisión de coordinación de esta comunidad.

En la PNL de Vox piden una reserva de hasta el 20% para militares de las plazas convocadas por turno libre en policía local.
¿Podrían aclararme a qué escala de policía local se refieren?
, porque por turno libre se accede tanto a la básica como a la técnica.
Su iniciativa elevará la media de edad en las plantillas de policía local y cerrará considerablemente la puerta de entrada a jóvenes opositores, savia nueva.
Además, en la policía local, como ya saben, se accede a la segunda actividad a los cincuenta y cinco años.

O sea, si sumamos la entrada de militares reservistas con más de cuarenta y cinco, con los que ya hay en plantillas de policía local, en breve nos encontraremos con plantillas más envejecidas.
Entonces, ¿habrá puestos de segunda actividad para todos?
Entonces, ¿quién patrullará nuestras calles?

Ustedes dicen que no se debe abandonar a quienes han dedicado los mejores años de su vida a servir a la patria, afirmación con la que estamos totalmente de acuerdo.
De hecho, la Ley socialista 8/2006, de tropa y marinería, facilita su continuidad laboral con cupos de entrada en distintos cuerpos del estado: hasta el 50% en Guardia Civil, 20% en Policía Nacional y hasta el 60% en el de vigilancia aduanera, dato que ustedes omiten, puede, porque desconocen que esta reserva la introdujo la Ley 3/2017, o quizás es lo que tiene cortar y pegar, si no se revisan las últimas reformas.

Esta ley, aprobada en primera legislatura por el señor Rodríguez Zapatero, ofrece una salida digna merecida a este colectivo.
Además, prevé que los reservistas mayores de cuarenta y cinco años reciban una asignación mensual compatible con cualquier empleo en el ámbito privado.

Este debate no es nuevo, existe en este parlamento.
En el 2015 lo trajo el Partido Popular, modificando con su mayoría absoluta y sin ningún tipo de negociación la anterior Ley 6/1999, de coordinación de policía local, para contemplar esta reserva.
El Gobierno del Botànic, afortunadamente, en menos de un año, a través de la Ley 3/2016, la derogó.
¿Y sabe por qué?
Porque mientras los gobiernos de derechas desoyen a los sindicatos y alguno incluso les amenaza con quitarles las subvenciones, los gobiernos progresistas valoran el debate y el consenso con los agentes sociales.
En 2015, los sindicatos rechazaron unánimemente y firmemente esta medida y auguro…, (la diputada mostra uns fulls impresos) aquí tiene la hemeroteca, el acuerdo, auguro que tendrán un déjà vu, porque estas noticias y estos acuerdos de partido político de este parlamento con los sindicatos, es posible que diez años más tarde se vuelvan a producir.

Gracias.

El senyor president:

Gracias, señora Navarro.

Tiene turno para responder el señor Muñoz.
Cuando quiera.

El senyor Muñoz Pérez:

Gracias, señor presidente.

Me sorprende que ustedes critiquen lo que ustedes mismos hacen, porque ustedes también presentan PNL y ustedes también presentan PNL legislativas…, con modificaciones legislativas.

Los señores del Partido Socialista me están diciendo, o han venido a decir aquí que siempre están al lado de los trabajadores, pero la pregunta es ¿qué ocurre con estos soldados?
¿No tienen méritos suficientes para poder acceder a estos puestos?
Yo, después…, me sorprende, después de haber oído que a los cuarenta y cinco años ya somos todos viejos, pues, yo ya me considero…, me puedo considerar viejo.
Desde luego, no me lo considero, ¿vale?
 Y que las plantillas se cubran con un…, que haya un porcentaje de las plantillas que se vea cubierto por estas plazas, no impide ni imposibilita la entrada de gente joven, ni tiene por qué suponer el que ya no pueda haber gente joven dentro de las plantillas de la policía local.
Simplemente, lo que supone y lo que pretendemos es que haya personas, personas que sí están formadas, que tienen una buena formación, que tienen cargas familiares y que tienen que acceder al mercado civil y tienen muchas dificultades, y más con la situación de paro que hay actualmente, ¿no?

Y me hacen referencia a la ley y me dicen que, «bueno, que desconocemos, porque, claro, que si el «corta-pega« y que si desconocemos la ley»… No, no, si es que en la exposición se lo he mencionado, (veus) si es que yo lo he dicho en mi exposición, si es que usted no me ha escuchado… Y le he dicho: no ha dado solución… Todas las reformas legislativas que se han llevado hasta ahora lo que ha sido es una patada hacia alante, al futuro, y veremos lo que pasa en el futuro, y en el futuro nos vamos a encontrar con una situación en la que podemos, en el 2036, tener hasta 50.
000 personas con cargas familiares y con una magnífica formación que no pueden acceder al mercado laboral… Y lo que se pretende es simplemente eso, ¿vale?

Y, además, lo que se pretende es habilitar de alguna manera a los ayuntamientos para que hasta un máximo de 20% determinará el ayuntamiento, según los recursos que tengan y según la situación que tengan, qué porcentaje es en cada momento el que van a implementar para que puedan acceder, pues, estas personas a las plantillas de la policía local.
Y insistir en que no se trata una militarización, que estamos y nos reafirmamos en las propias palabras de felicitación del ejército, que, efectivamente hace una labor magnífica, pero que, si nosotros estamos implementando, gastando un dinero en formar a estos ciudadanos, estos ciudadanos, no se trata de hacerles una discriminación positiva, se trata de darles una segunda oportunidad, darles una oportunidad en el mundo civil.
Les hemos dado una oportunidad en la vida militar, nosotros queremos que se les dé una oportunidad en la vida laboral civil.

Muchas gracias.

El senyor president:

Muchas gracias, señor Muñoz.

Tiene tres minutos para réplica, señora Navarro.

La senyora Navarro Forcada:

Gracias, señor presidente.

No voy a entrar en el juego habitual de Vox, que busca la polarización, sencillamente porque bajar a su terreno me haría perder, ustedes ganarían por experiencia.

Según ustedes, no valen las PNL… Entonces, ¿para qué traen esta iniciativa aquí?
, es mi pregunta.
Les recuerdo y matizo que en diciembre de 2018 el gobierno de Pedro Sánchez aprobó por real decreto la jubilación anticipada de las policías locales, precisamente para rejuvenecer las plantillas de policía local.
Y ahora ustedes proponen lo contrario, envejecerlas.

Encima, la función policial no tiene nada en común con la militar.
Por ello mismo, en la Constitución…, los trata en títulos diferentes.
Y además, somos…, la policía local es un instituto armado, también, por supuesto, pero hay un matiz muy importante, de naturaleza civil.
Reitero que la Ley socialista 8/2006, de tropa y marinería, ofrece reservas de hasta el 50% en Guardia Civil, 20% en Policía Nacional, el nada desdeñable porcentaje del 60%, un porcentaje muy importante, que usted en la PNL registrada ni lo menciona.
Así que, además de la asignación… Sí, de palabra, sí, pero no está escrito.
(Veus) Y además, para los reservistas, tienen una asignación económica que es compatible con cualquier empleo en el ámbito privado.

Por supuesto, cualquier mejora es bienvenida, porque se lo merecen, ¡claro que se lo merecen!
, pero que no pase por una inoperante propuesta, por su propuesta.
La política no debe ser un instrumento para crear un conflicto donde no lo hay.
Debemos articular medidas beneficiosas y fruto de la negociación colectiva, negociación que tanto ustedes detestan.

Miren, al amparo de esta Ley de tropa y marinería, existe desde el 2019 un convenio entre el Ministerio de Defensa y la FEMP para impulsar la incorporación de los militares.
Pero hay otro matiz importante: lo trata como una opción, en el caso de las policías locales, siempre que lo permita la normativa de la Comunidad Valenciana en coordinación de policía.

Es decir, para el resto del cuerpo, es imperativo, pero para la policía local no lo es, es opcional.
Me he puesto en contacto con los representantes sindicales que forman parte de la comisión de coordinación en esta comunidad y el sentir, se lo adelanto, es el mismo, exactamente el mismo, absoluto rechazo, firme rechazo a su propuesta, por los mismos argumentos: envejecimiento y bloqueo casi total del ingreso de jóvenes en nuestras plantillas.

Lo mismo ocurre en el acceso para turno libre para ser inspector, para la categoría de inspector por concurso oposición, ya que en la fase de concurso la policía local saldría muy perjudicada.
Y en la actualidad ya tenemos reservas: por brecha de género, promoción interadministrativa, reserva de movilidad… Y esto ya cerraría… O sea, esta reserva del 20% nos dejaría tan solo un escaso 20% para la entrada de opositores por turno libre jóvenes.
¿Dónde queda el principio?
, ¿dónde queda el principio de igualdad de oportunidades?
, dígame dónde queda.

Por lo tanto, y visto lo visto, intuyo que ustedes van a seguir para alante con este tema, pero ya les anuncio que el Partido Socialista estará del lado de los cuerpos de policía local de esta comunidad y de sus representantes sindicales.
No le quepa la menor duda.

El senyor president:

Muchas gracias, señora Navarro.

Tiene el turno por tres minutos por el Partido Popular la señora Chuliá.
Cuando quiera.

La senyora Chuliá Serra:

Muchas gracias, señor presidente.

Bien, lo primero, vaya por delante que, para el Grupo Popular, una PNL no deja de ser una iniciativa para que esta cámara exprese precisamente su posicionamiento ante una determinada cuestión.
Es decir, una declaración de intenciones para instar al poder ejecutivo a realizar alguna acción.

Dicho esto, bueno, la verdad es que yo tenía preparada una intervención en base puramente a la PNL, que es lo que nos ocupa, pero es que después de escuchar a todas sus señorías, pues, yo creo que aquí el problema y la raíz de la crítica radica precisamente en algo tan tan delicado y en algo que desde el grupo Popular defendemos a capa y espada como es la libertad de elección, la libertad de elección.

Es que la propuesta lo que dice claramente es «adoptar o promover, según corresponda, todas las medidas necesarias para posibilitar que aquellos ayuntamientos que lo deseen»… Es decir, libertad de elección, no se trata de una imposición, no se trata de polarizar y de crispar entre policías locales y militares.
Se trata de dejar que las administraciones locales, que en este caso son quienes esgrimen esas bases para sus propias oposiciones de policías locales, tengan libertad de elección, y esto lo estamos debatiendo, señorías, y lo están cuestionando determinadas señorías, precisamente, en unos días en los que se está hablando y se está agitando la calle en contra de esa promesa cumplida del Consell de Carlos Mazón de facilitar esa libertad de elección a la hora de elegir la lengua a las familias para sus hijos.

Entonces, es que es algo…, es algo tan meridianamente claro como es estar a favor o en contra de la libertad de elección.
Y, insisto, desde el grupo Popular, desde luego, vamos a apoyar esta iniciativa, que entendemos como una propuesta de libertad del ejercicio, precisamente, de la autonomía local, en la que instamos, como hemos dicho, al Consell, a adoptar o promover esas medidas, para que los ayuntamientos que libremente lo decidan, lo deseen, establezcan esa reserva máxima del 20%, que, recordemos, hay otras autonomías en las que ya se está haciendo sin mayor problema.

Muchas gracias.

La senyora presidenta:

Muchas gracias, señora Chuliá.

Bien, habiendo intervenido ya todos los grupos, procedemos a votación.
¿Votos a favor de la iniciativa?
7.
¿Votos en contra?
6.
Bien, queda aprobada la iniciativa por 7 votos a favor, 6 votos en contra.

Proposició no de llei sobre la dotació necessària per a la implantació de la llei d'eficiència del servei públic de justícia, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE núm.
37.
424, BOCV núm.
117)

El senyor president:

Y pasamos al punto número 4 del orden del día de esta comisión, toma en consideración de la proposición no de ley sobre la dotación necesaria para la implantación de la ley de eficiencia del servicio público de justicia, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, con registro de entrada número 37.
424, con autoenmienda del grupo Popular, con registro de entrada 39.
208.

Todas sus señorías tienen la incidencia de la autoenmienda de esta proposición no de ley.
Por tanto, tiene el turno para su defensa, por seis minutos, la señora Peral.
Cuando quiera.

La senyora Peral Mateos:

Gracias, presidente.

Traemos hoy aquí una proposición no de ley por tres motivos muy claros.
En primer lugar, porque la Ley orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia, impone cambios estructurales en el sistema judicial sin proporcionar los recursos necesarios para su correcta implementación, lo que podría agravar los problemas existentes en la administración de justicia.

En segundo lugar, porque es un auténtico atropello a la democracia y a la separación de poderes que se hagan modificaciones de una ley en el Boletín Oficial del Estado sin una tramitación parlamentaria al completo.

Y, en tercer lugar, porque, aunque sea una ley que vende eficiencia pero que va a ser ineficiente, como se va a implantar de todos modos, pues le exigimos al Gobierno de España que dote a la Generalitat Valenciana de los recursos necesarios para evitar la sobrecarga de trabajo en los juzgados y tribunales, desarrollar los procesos de mediación, la dotación de los juzgados de paz, y la reordenación de infraestructuras judiciales que implica la implantación de esta ley orgánica.

Por lo tanto, estamos ante una norma que, lejos de modernizar y mejorar nuestro sistema judicial, impone cambios que no han sido debidamente debatidos en sede parlamentaria y que imponen cambios que afectan de manera directa a la organización y funcionamiento de la justicia en la Comunitat Valenciana y en toda España.

Y es inadmisible que, siendo la comunidad autónoma con peor financiación, se nos impongan nuevas obligaciones sin garantizar un refuerzo presupuestario acorde a nuestras necesidades.
Si el Gobierno de España quiere que la ley de eficiencia judicial sea una realidad, lo que debe hacer es asumir su responsabilidad y dotar a la Comunidad Valenciana de los recursos suficientes para su implementación; de lo contrario, esta ley será un nuevo obstáculo en lugar de una solución.

En cuanto a los medios adecuados de solución de controversias, bien, estos medios, como la mediación obligatoria en ciertos casos, pues igual no es la solución más idónea si no va acompañada de los recursos necesarios.
No podemos obligar a la ciudadanía a acudir a mecanismos alternativos sin garantizar que estos sean accesibles, eficaces y gratuitos, y, además, en muchos casos esta mediación igual no puede ser viable y retrasará el acceso a un juicio justo.

Y, señorías, la justicia es un derecho fundamental que debe garantizarse con los medios adecuados y sin improvisaciones, y esta ley, tal y como está planteada, genera más problemas que soluciones.
Pero es que esto no lo digo yo, no lo dice una diputada del Partido Popular, lo dicen las asociaciones judiciales.
Pero es que, además, las asociaciones de letrados judiciales denuncian, tan solo un mes después de la publicación de la norma, que el diálogo con ellos es inexistente.

Por lo tanto, más allá de la forma en que esta norma ha sido aprobada, publicada en el BOE, podemos decir, de una forma poco democrática, que su contenido también genera una profunda preocupación.
Se nos presenta como una ley que pretende mejorar la eficiencia judicial, pero en realidad impone una reorganización que puede derivar en un colapso mayor que el que ya padecen nuestros juzgados.

Luego, en cuanto al tema de los juzgados de paz, la ley sustituye a los juzgados de paz por las oficinas de justicia en los municipios, y esto puede alejar a la justicia de los ciudadanos, especialmente en zonas rurales o en pueblos pequeños.
Muchas competencias que antes resolvían los juzgados de paz se trasladan a órganos judiciales más lejanos dificultando el acceso.

Y, por otro lado, la comunicación con las comunidades autónomas.
Claro, nos enfrentamos a retos como la digitalización, la reorganización de los tribunales y, como digo, la transición de los juzgados de paz a las oficinas de justicia de los municipios, y ello quiere coordinación, recursos y planificación conjunta, no puede ser una imposición unilateral del gobierno central.
Yo entiendo que en esto sí que estarán de acuerdo, digo yo, estarán de acuerdo en que la justicia no puede depender del criterio unilateral de un gobierno central que no conoce las necesidades específicas de cada territorio.

Y, claro, luego el riesgo de colapso en la implantación, porque los han advertido los expertos, la normativa entra en vigor a los tres meses de su publicación.
La combinación de reorganización judicial, digitalización y mediación sin una planificación adecuada, pues es lógico que pueda generar un caos.
Y, bueno, luego, sin personal suficiente para asumir los cambios, pues los juzgados podrían tardar mucho más en resolver los casos.

Por lo tanto, posiblemente estemos hablando de la ley de la ineficiencia, una ley que reforma completamente la organización judicial, hablamos de que se necesitan más infraestructuras, más medios, pero es que, claro, si esto no va acompañado de una dotación presupuestaria por parte del gobierno, va a ser un caos.

Yo creo que, en definitiva, lo que pedimos en esta proposición no de ley es de sentido común.
No queremos una ley que no haya sido debatida en su totalidad en las Cortes Generales; no queremos una ley que no esté dotada ni económica ni presupuestariamente; no queremos una ley que no responda a las exigencias del sistema; y, por supuesto, no queremos una ley que sea un intento fallido de modernizar y agilizar la justicia perjudicando así a los valencianos.

Muchas gracias.

El senyor president:

Muchas gracias, señora Peral.

Tiene ahora el turno de palabra para fijar posición, el señor Muñoz.

Cuando quiera.

El senyor Muñoz Pérez:

Gracias, señor presidente.

Señora Peral, le tengo que confesar que hasta la autoenmienda lo primero que pensamos es, sus señorías, diputados del Partido Popular, tienen un problema, pero porque dicen una cosa en el Senado, otra cosa aquí, otra cosa…, pero, luego, hemos visto la autoenmienda, hemos visto que, efectivamente, ustedes mismos se habían dado cuenta de que habían dicho una cosa en un sitio y otra en otro.

La ley orgánica de eficiencia del servicio público de justicia, les recuerdo que ustedes mismos dijeron que vulnera los esenciales principios de la técnica legislativa, y nosotros estamos de acuerdo, y por ello recibió su veto, el de ustedes, en el Senado.
Además de las reiteradas advertencias de los letrados en las Cortes, les he de recordar que los operadores jurídicos y numerosos colectivos de jueces, abogados, procuradores, economistas, sindicatos, entre otros, presentaron reclamaciones y quejas, lo que demuestra que no hay consenso.
Como usted dice, esta es una normativa ineficiente e ineficaz.

Me gustaría saber si modernizar la justicia es traspasar los habilitados nacionales al País Vasco, o si modernizar la justicia es asaltar la unidad independiente de supervisión y control de protección de los datos del ministerio fiscal.
Señorías, eso no es modernizar la justicia, eso es un asalto a las instituciones en toda regla.
Pero, bueno, ustedes piden que se dote de medios, y como la ley es la ley, y hay que aplicarla, pues nosotros vamos a apoyar la necesidad de esos medios, a pesar del caos que se va a generar y que ya adelantamos, advertimos y veremos lo que ocurre.

Lamentamos que se tenga que promover una transformación de la justicia sin que haya un amplio acuerdo, y lamentamos que se promueva una transformación de la justicia al dictado de unas minorías y con un alcance imprevisible, una reforma de la justicia que, en pago a los favores del separatismo vasco, modifica la Ley reguladora de bases de régimen, bajo el pretexto de una teórica respuesta a un procedimiento de infracción de trasposición, que tampoco viene a cuento; modifica la Ley 23/2014, de resoluciones de reconocimiento mutuo, de resoluciones penales de la Unión Europea, que, realmente, no es más que un traje a medida hecho para los socios del Partido Socialista, es decir, los separatistas y los herederos políticos de la banda terrorista ETA, como hicieron recientemente con el cómputo de penas para etarras, abriendo la vía de «salvemos al soldado Puigdemont».

Esta ley exalta el espíritu confiscatorio de este gobierno mediante más privilegios para la Agencia Tributaria, pero nos vemos abocados a tener que apoyar la solicitud de medios porque la ley está en vigor.

Muchas gracias.

El senyor president:

Muchas gracias, señor Muñoz.

Tiene la palabra ahora por tres minutos, el señor Pla.

Cuando quiera.

El senyor Pla Herrero:

Moltes gràcies, president.

Mire, senyora diputada, jo he de fer la intervenció que acaba de fer el company de Vox però al revés, és a dir, jo fins que vostés no han presentat la seua autoesmena anava a votar a favor, anàvem a votar a favor, però en la seua autoesmena no.

I no anem a votar a favor, no perquè no cregam que fan falta mitjans, més mitjans, personals, materials, i inversió en la justícia, no per esta llei sinó d'una manera històrica, sinó perquè vosté diu: «Pues que estas Cortes se posicionen en contra de la ley orgánica», però no ens explica per què, o siga, diu: «Porque los expertos lo dicen», però diga'm vosté, si s'ha llegit tota la llei orgànica, quines reformes processals concretes no li semblen bé, a banda d'estar en contra de la mediació, que és un posicionament nou del Partit Popular, estar en contra de la mediació prèvia, que vosté sap que en l'ordre social funciona, i funciona des de fa molt de temps, i que evita molta judicialització de temes que es resolen ahí.

Després, una altra cosa, el tema de la reorganització del sistema judicial espanyol, de canviar els jutjats distància per tribunals que els continguen, inclús estes reformes processals, vosté diu que això produirà molta despesa, i m'imagine que ara en la rèplica me la quantificarà, eixa despesa, és a dir, vosté creu que un jutge dicte una sentència oral, o escrita, això encarix el procediment?
Vosté creu que un jutge puga decidir si n'hi ha una vista oral o no en un abreujat contenciós, o en un civil, això va a encarir o no el procediment?
Si ho creu, doncs, ens ho diu.
Altra cosa és el tema dels jutjats de pau, que en això sí que li done la raó.

I, després, en el tema de mitjans, hauríem de distingir, i vosté ho sap perfectament, és a dir, les competències de la nostra autonomia, l'Estatut d'autonomia establix que la Generalitat és competent en matèria de personal i material de l'administració de justícia, altra cosa són els jutges, els magistrats, els fiscals i els (inintel·ligible) …, que sí que són competència de l'estat.

Per tant, nosaltres, si vosté del que està parlant és de més finançament per a la nostra comunitat autònoma perquè puga invertir no sols en justícia, sinó en altres serveis públics, sí; més finançament per als ajuntaments perquè puguen adaptar els seus jutjats de pau, que, li repetisc, els jutjats de pau no desapareixen sinó que es queden les tres oficines, jo li dic que sí.
Però, clar, fer un debat en una PNL d'una llei orgànica que modifica moltes… pràcticament totes les línies processals de l'estat espanyol i eixa reorganització, doncs a això li he de votar que no.
Si hagueren mantingut el text original, li haguérem votat que sí.

El senyor president:

Muchas gracias, señor Pla.

Les recuerdo que, si no me lo piden, no les voy a dar réplica.
Luego se enfadarán conmigo, pero lo voy a hacer porque es así el Reglamento.
¿Verdad, señor letrado?

Bien, la señora Peral, para réplica.

La senyora Peral Mateos:

Gracias, presidente.

A ver, usted no ha dicho nada de la tramitación parlamentaria.
Yo entiendo que estarán en contra de cómo se ha tramitado.
Me refiero, una ley publicada en el Boletín Oficial del Estado, con una modificación llevada a cabo sin tramitación parlamentaria, entendemos que es poco democrático y una vulneración a la separación de poderes, por no decir otra cosa como…, bueno, atropello a la democracia se puede decir.
Pero, vamos, es que no dice nada y yo ya, pues me espero cualquier cosa.

Claro, dice que van a votar en contra.
Igual, si no estaban de acuerdo en la autoenmienda que nos hemos hecho, podríamos haber intentado llegar a un acuerdo con alguna transaccional; tampoco han presentado.
Entonces, van a votar en contra de una propuesta que garantiza recursos y mejorar la justicia en la Comunidad Valenciana, van a votar en contra, es lo que pone en el texto.
Entonces, se oponen a algo que beneficia a los valencianos.

Compromís siempre habla de la defensa de los intereses de los valencianos, sí, siempre, más financiación, sí, sí, sí, pero van a votar en contra.
Entonces, cuando tienen la oportunidad de exigir más recursos al gobierno se niegan a hacerlo.
Por lo tanto, mucho alardear que ustedes exigen a ambas administraciones pero, a la hora de la verdad, pues, no.
Se denuncia la infrafinanciación de la Comunidad Valenciana, pero ahora que tienen la oportunidad de pedir más recursos, apoyar una medida que exige recursos para nuestra justicia, se ponen de perfil.
Entonces, no me queda muy claro.

Votando en contra de esto van a apostar por un modelo de justicia sin recursos.
Si creen que la ley es positiva, deberían de estar de acuerdo en que necesitamos, que estamos de acuerdo, una financiación adecuada; pero es que, si apoyan la ley sin exigir más recursos, están aceptando un modelo de justicia que perjudica a todos los valencianos.

Y mientras ustedes van a votar en contra de pedir lo que nos corresponde, el Consell de la Generalitat ya está actuando, sin esperar nada a cambio de un presidente del gobierno al que le importamos cero.

Mientras ustedes van a votar en contra de pedir lo que nos corresponde, el Consell ha destinado 2,7 millones de euros para obras de emergencia en las sedes judiciales de Catarroja, Requena, Torrent, Ribarroja, o Ciudad de la Justicia de Valencia.

Mientras ustedes van a votar en contra y van a perder la oportunidad de exigirle al Gobierno de España lo que nos corresponde, el Consell ha destinado más de un millón de euros para refuerzo del personal de los juzgados de los partidos judiciales en los municipios afectados por la dana.

El gobierno central no ha hecho nada, y ahora, como digo, en lugar de exigirle al estado que asuma su responsabilidad, van a votar en contra de que se nos dote de recursos para mejorar la justicia.
Pues, bueno, la doble vara de medir.

Muchas gracias.

El senyor president:

Gracias, señora Peral.

Ahora, por tres minutos, tiene réplica el señor Pla.

El senyor Pla Herrero:

Mire, senyora Peral.

Gràcies, president.

Jo crec que li ho he deixat prou clar.
És a dir, vosté presentava una PNL en què demanava més recursos, més inversions, i jo he intentat explicar-li les inversions que ha de fer cada administració i que en això nosaltres estem d'acord, i, de fet, li he dit que anava a votar-li a favor.
Però, clar, vosté introduïx: «No, i ara ens hem de posicionar en contra d'una llei orgànica que ha aprovat l'estat», i jo li repetisc, diga'm vosté per què està en contra d'eixa llei orgànica, i no m'ho ha sabut dir.

Segurament serà perquè la llei orgànica és molt llarga i té moltes reformes, però vosté podria vindre ací a dir-mos: estem en contra de la mediació en els processos judicials; estem en contra de les sentències orals.
De què està vosté en contra?
Clar, i per això a mi m'obliga a votar en contra de la seua PNL.
I vosté em diu: es un atropello a la democracia, i m'ho diu vosté que pertany a un grup parlamentari que ha votat a favor d'un decret que modificava 50 lleis sense que estes Corts digueren ni mu, i que entrava en vigor.
O siga, los reyes del decreto ley m'estan dient atropello a la democracia.

Però, bé, jo continue dient-li el mateix que li estava dient.
Si vosté planteja una proposta perquè l'Estat faça més inversions en justícia, posant més jutges, posant més fiscals, posant més lletrats de l'administració de justícia; jo li vote que sí.
Si vosté fa una proposta perquè l'estat millore l'infrafinançament del nostre país perquè ens condonen el deute, perquè establisca un fons d'anivellament mentre no arriba la reforma, perquè faça inversions territorialitzades; jo li vote que sí.
Si vosté planteja que l'estat modifique el sistema de finançament local perquè els ajuntaments tinguen diners per a establir estes oficines judicials, que, repetisc, no van a eliminar els jutjats de pau; jo li vote que sí.
Però si vosté hui m'està obligant que jo en posicione en tres minuts respecte a una llei orgànica que no tenim temps de debatir, de la qual vosté no ha fet ni referència, simplement ha dit que los expertos están en contra —que no sé qué expertos están en contra ni en quins punts concrets, perquè tampoc ens ho ha dit—, doncs jo li he de votar que no a eixa PNL.
I és una llàstima perquè li repetisc que la nostra intenció era votar a favor.

En l'explicació del portaveu de Vox un poc ja m'ha quedat clar per què vostés han presentat una autoesmena, m'ha quedat meridianament clar.

Gràcies.

El senyor president:

Gracias, señor Pla.

Ahora, por tres minutos, tiene la palabra la señora Andújar, para fijar posición.
Cuando quiera.

La senyora Andújar Durá:

Muchas gracias.

Cuestiona usted la tramitación de esta ley orgánica, mientras ustedes pretendían con el decreto del Plan simplifica modificar nada más y nada menos que 29 leyes, saltándose los trámites parlamentarios.

Pero, bueno, actualmente el modelo de justicia de nuestro país impide que la justicia ocupe el lugar que merece en una sociedad avanzada.
Sería erróneo considerar que el déficit de recursos es la causa principal de los problemas que arrastra nuestro sistema de justicia.

Las sucesivas reformas de la Ley orgánica del Poder Judicial se han revelado ineficientes para reforzar la Administración de Justicia como servicio público, que una y otra vez se ha percibido con carácter peyorativo por la ciudadanía.
La justicia lenta no es justicia y una justicia avanzada como la nuestra merece un sistema de justicia que sea percibido por la ciudadanía como un sistema eficaz, capaz de dar respuesta rápida, efectiva y eficiente a sus necesidades, que garantice sus derechos.

Reclama usted con esta iniciativa, el Partido Popular, una dotación económica para la puesta en marcha de la ley, y además nos introduce una enmienda por la que manifiestan su frontal oposición a esta ley, que va a mejorar el funcionamiento de la justicia.
Sabemos bien lo poco que le gusta al Partido Popular invertir en justicia.
Y lo sabemos porque la herencia en justicia recibida por el Botànic fue dantesca.
La Conselleria de Justicia renunció en 2011 a 15 de las 21 unidades judiciales creadas, porque no asumieron los costes de su puesta en marcha y no se hizo nada hasta el final de la legislatura.
Sin embargo, en las dos legislaturas del Botànic se crearon 46 unidades judiciales, incrementándose la planta judicial de la comunitat en un 9%.
La dotación presupuestaria destinada a atender necesidades en materia de personal de juzgados se incrementó en un 727% y en el mismo período el incremento retributivo de este personal de la Administración aumentó un 710%.

Y en cuanto a infraestructuras judiciales, pasamos de los 57 millones de euros de las cuentas de 2015, del Partido Popular, a los 270 millones del ejercicio 2023.
Por tanto, si se quiere, se puede.
La cuestión aquí se concentra en que al Partido Popular nunca le ha interesado que la justicia funcione en la Comunitat Valenciana, y es que, claro, con la colección de 185 condenas por corrupción a cargos del Partido Popular, pues son muchas condenas.
A ustedes no les interesa la Administración de Justicia y les importa bien poco el derecho de la ciudadanía a tener un sistema ágil y que dé pronta solución a sus necesidades.

Y, por otra parte, lo primero que hicieron ustedes al llegar al gobierno, el primer Consell de Mazón eliminó el impuesto de sucesiones y donaciones, bonificando el 99% de la cuota.

Con sus medidas fiscales en 2024 el Consell de Mazón ha renunciado a mil millones de euros en toda la legislatura, pero luego, oiga, a ustedes no les produce sonrojo pedir dinero al Gobierno de España.
Pretenden vivir con los recursos ajenos, como los parásitos, pero para eso sirven los impuestos, para mejorar los servicios públicos y mejorar la vida de la ciudadanía.

El Partido Socialista no va a participar de sus propuestas parasitarias.
No les perdonen ustedes mil millones a los ricos y verán cómo sí que les salen las cuentas.

Muchas gracias.

La senyora presidenta:

Gracias, señora Andújar.

Tiene, para réplica, tres minutos, la señora Peral.

La senyora Peral Mateos:

Gracias, presidente.

Madre mía, qué miedo le tienen a Ferraz.

Han hablado ustedes muy poco de lo que realmente importa, porque yo he comentado: la financiación y la aprobación de una ley en tramitación parlamentaria al completo.
O sea, yo sé, bueno, no lo entiendo, pero lo sé, que ustedes están acostumbrados a que el sanchismo se salte la ley a la torera, a que quieran terminar con la separación de poderes, a que hoy amnistía para unos, mañana amnistía para otros.
Pero no hay más ciego que el que no quiere ver, señorías, y yo sé que no lo van a admitir, no lo van a admitir porque es que si no desde Ferraz les llamarían la atención.
Pero una ley publicada en el Boletín Oficial del Estado, con una modificación llevada a cabo sin tramitación parlamentaria, supone un golpe a la democracia, o sea, es un golpe a la democracia más por parte del presidente de España.
O sea, ¿dónde se ha visto que de las Cortes Generales salga una ley diferente a la que se publica en el Boletín Oficial del Estado?
Pero, claro, qué podemos esperar de un presidente del gobierno que dijo que gobernaría con o sin apoyo del Parlamento, al más estilo autócrata.

En fin, mostramos nuestro rechazo porque de qué sirve implantar una ley que no lleva dinero acompañada.
O sea, pero vale, es una ley que sale el Gobierno de España y que las comunidades autónomas vamos a tener que cumplir, nos guste más o menos.
Nosotros sí que cumplimos con la Constitución y sí que cumplimos con la legalidad, no tenemos ningún problema en hacerlo, no como otros, pero que nos den los recursos suficientes para poder hacerlo.
Se me ocurre, como una idea, vamos.
Es que, claro, qué fácil es todo.
Yo hago una ley sin dotación presupuestaria ni económica, y ya que las comunidades autónomas pues se apañen, ya los malos serán otros.
Claro, señoría, permítame que le diga, pero esto no funciona así.
Y parece que no tenemos ya suficiente con ser la peor comunidad autónoma financiada por parte del Gobierno de España, y ustedes no hacen nada, no hacen nada.

Miren, le leo.
Asociaciones judiciales avisan sobre la Ley de justicia: reforma cosmética y más colapso para los ciudadanos; lo dice la Francisco de Vitoria.
La asociación mayoritaria de jueces muy preocupados por el caos que se avecinan con la nueva ley de justicia; la presidenta, la Asociación Profesional de la Magistratura.
La gran reforma del sistema judicial, un salto hacia la modernidad o un camino lleno de interrogantes.

Ya le he dicho antes que las asociaciones judiciales lo han advertido, y es importante tenerlos en cuenta.
Han advertido de que faltan reglas claras sobre el modo de implementar la oficina judicial y los tribunales de instancia, han advertido de que no se logra acabar con el problema que existe en el sistema jurídico, que es la sobrecarga de litigios que existen en los tribunales.
¿Por qué no se les tiene en cuenta?
Ya les pasó a ustedes con la Ley del solo sí es sí, los expertos les advirtieron de que la ley iba a ser un caos, de que la ley iba a ser un desastre, y todos sabemos, por desgracia, lo que esa ley ha conllevado.

Muchas gracias.

La senyora presidenta:

Muchas gracias, señora Peral.

Por tres minutos la señora Andújar.
Cuando quiera.

La senyora Andújar Durá:

Muchas gracias, señor presidente.

Mire, señora Peral, yo sinceramente le digo que esperaba que retirara usted esta proposición no de ley después de que la consellera de Justicia les enmendara a ustedes la plana en relación con la proposición no de ley que trajeron ustedes la pasada Comisión de Justicia, de 13 de diciembre.
Pero usted, lejos de aprender de los errores, tropieza de nuevo con la misma piedra y nos trae una iniciativa reclamando que el Gobierno de España aporte dotación para algo que es competencia de la Generalitat Valenciana.

Como digo, hace una semana que la Conselleria de Justicia les leyó la cartilla y les recordó que la reparación y la puesta en funcionamiento de las sedes judiciales, además del personal y los medios materiales de la Administración de Justicia, son competencia de la Generalitat valenciana, según lo dispuesto en el Real decreto 293/1995, de 24 de febrero, sobre traspaso de las funciones de la Administración del Estado a la Comunitat Valenciana en materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia.
Pero ustedes, erre que erre, con su delirante insistencia en señalar al gobierno de Pedro Sánchez han vuelto a traer aquí una iniciativa para reclamar que pague lo que es competencia de la Generalitat.

Y mire, aprovechando, ya que dice usted y ha hecho referencia a que la Comunitat Valenciana es la peor financiada.
¿Eso es cierto?
Pues oiga, yo, después de escuchar al presidente Feijóo, a su presidente, el domingo, manifestarse y quitarse la careta sobre el modelo de financiación que quiere, un modelo de financiación que prime la despoblación, que prime la dispersión geográfica y el envejecimiento de la población, pues resulta que todas esas variables perjudican notablemente la financiación para la Comunitat Valenciana.
O sea que usted viene aquí quejándose de que la Comunitat Valenciana está infrafinanciada y resulta que el presidente, el señor de su partido, el señor Feijóo, el que no fue presidente porque no quiso, resulta que propugna y defiende un modelo de financiación que perjudica notablemente los intereses de los valencianos.
¿Y qué hace el señor Mazón?
Pues aún no le hemos escuchado, porque, claro, el señor Mazón pues probablemente le interesa más no moverse mucho, no moverse mucho, no sea que el señor Feijóo se enfade y venga aquí, a la comunitat, y lo destituya; que desde luego es lo primero que tenía que haber hecho el día 30, en lugar de venir aquí a criticar, tendría que haber destituido al presidente y responsable, al que estuvo ausente, al que no se puso al frente de la emergencia y al que provocó que 227 personas fallecieran por su incompetencia, por su incompetencia.

Así que, señora Peral, dedíquese usted a estudiar un poquito más, deje de hacer fotografías a los diputados de la oposición, estudie un poco más y tráigannos aquí iniciativas fundamentadas y que cumplan y que se encuentren dentro de las competencias de la Comunitat Valenciana.

Muchas gracias, señora Andújar.

Bien, concluido el debate, señorías, procedemos a la votación de este punto número 4.
¿Votos a favor de esta iniciativa?
7.
¿Votos en contra de la iniciativa?
6.
Pues por 7 votos a favor y 6 votos en contra queda aprobada esta proposición no de ley.

Proposició no de llei sobre la situació dels jutjats de pau arran de la dana, presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE núm.
38.
204, BOCV núm.
121)

El senyor president:

Y sobre el último punto del orden del día, el punto número 5, la toma en consideración de la Proposición no de ley sobre la titulación de los juzgados de paz a raíz de la dana, presentada por el Grupo Parlamentario Compromís, con registro de entrada número 38.
204, nos indican a la Mesa que han llegado a una transaccional porque había una enmienda del Partido Popular, con registro 38.
200, sobre la PNL.
Entonces vamos a suspender cinco o diez minutos.
Vamos a suspender ¿cinco?
(Veus) A mí me da igual cinco que diez.
Tienen que imprimir.
Pues cinco minutos para que se pueda distribuir a sus señorías…

(Se suspén la reunió a les 11 hores i 58 minuts)

(Es reprén la comissió a les 12 hores i 18 minuts)

(Ocupa la presidència la vicepresidenta de la comissió, senyora Verónica Marcos Puig)

La senyora vicepresidenta:

Reanudamos la comisión.

Se ha llegado a un acuerdo entre la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Compromís con la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, hay un acuerdo y, bueno, se ha registrado ya la enmienda transaccional, que todas sus señorías disponen de ella y, por lo tanto, esta presidencia da un tiempo a cada grupo parlamentario para que fije posición con respecto a este acuerdo.

Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Compromís la señora Amigó.

La senyora Amigó Laguarda:

Moltes gràcies, presidenta.

La veritat és que després del passat 29 d'octubre la vida va canviar per a tots els valencians i les valencianes, però sobretot per a les persones que viuen en els llocs afectats per la dana.
Lo més lamentable de tot ha segut, per supost, la pèrdua de les 227 vides humanes, però saben que també, a part de les vides humanes, que sí, absolutament irreemplaçables, també la dana va arrasar per allà a on va passar en vivendes, en comerços, indústries, vehicles, carrers, places, escoles, ajuntaments, en seus judicials i també en els jutjats de pau.

Nosaltres sabem que, dins de l'administració de justícia, el jutjat de pau és l'administració més propera a la ciutadania, qui de nosaltres no ha anat alguna vegada al jutjat de pau a fer algun tràmit?
, i, evidentment, són moltes les atencions que cada any fan els nostres jutges de pau, que saben que estan en tots els municipis que no tenen una seu judicial de jutjat de primera instància o instrucció.
I abans, en l'anterior PNL, parlaven també de la transformació o l'eliminació o no dels jutjats de pau, evidentment…, lluny de desaparéixer, lo que passaran és a convertir-se en oficines de justícia i, per tant, necessitaran encara, si cal, de més recursos.

Sabem que han segut moltes les seus que s'han vist danyades, la seu i també el material que s'utilitza en aquestes per a fer efectiu el servei que se presta des del jutjat de pau, i nosaltres considerem que tots hem d'estar a l'altura i demanar que se torne a estar en les condicions que toca per prestar el servei que democràticament correspon prestar al jutjat de pau i, més avant, quan s'implante la nova Llei 1/2025, a les oficines de justícia.

Entenem que nosaltres, la gent que venim de pobles menuts sabem la tasca que se fa en els jutjats de pau, i també sabem que els ciutadans i les ciutadanes els dona absolutament igual d'on vinguen els diners, lo que volen és que les persones que estem al capdavant de les administracions donem resposta a les seues necessitats.
Per això nosaltres hem acceptat l'esmena que ens havia fet el Partit Popular respecte a instar tant el Govern d'Espanya com el govern de la Generalitat Valenciana, el Consell, per tal de que se cree una línia directa de subvencions per tal d'ajudar als ajuntaments a que fiquen en marxa de nou els jutjats de pau que s'han vist afectats per la dana.

I per què, digam, que una línia concreta?
Perquè després de la dana són moltíssimes les necessitats a les que es veuen abocats els ajuntaments que han estat afectats.
I, evidentment, a vegades, si no creem una línia concreta, és possible que passen per damunt altres necessitats que tenen els nostres ajuntaments, que ara són moltes, a més de patir, com hem comentat moltíssimes vegades també en aquesta seu, un infrafinançament històric que fa que, moltes vegades, els ajuntaments per si mateixa no puguen respondre a totes les necessitats que tenen, i menys ara en un moment tan dur com està siguent ara després del 29 d'octubre.

Així que crec que tenim una ocasió ara de tots i totes mostrar el nostre recolzament per tal de que els ajuntaments reben eixa línia de subvencions, tant de l'estat com de la Generalitat, per tal de poder ficar en funcionament quant abans els jutjats de pau, que són la primera administració de justícia més propera a la ciutadania.

Moltes gràcies, presidenta.

La senyora vicepresidenta:

Gracias, señora Amigó.

Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, con el que se ha llegado al acuerdo, el señor Alós.

El senyor Alós Valls:

Muchas gracias, señora presidenta.

Des del Partit Popular, primer que tot, voldríem aprofitar i expressar el reconeixement i agraïment del treball realitzat pels treballadors dels serveis de pau i també, en especial, dels jutges i jutgesses de la zona afectada estos mesos.
A la vegada, volem també mostrar el nostre recolzament al poder judicial i a la seua inqüestionable independència enfront dels atacs constants del govern de la nació, motivats pels continus escàndols que afecten, en general, el govern de Pedro Sánchez i, en particular, el seu entorn.
I aprofite també per a recordar que el PSOE és el partit que ha tingut la major condemna de corrupció de la democràcia espanyola, que va ser el PSOE el que va ser condemnat per un cas de corrupció de 679 milions d'euros.

El govern de la Generalitat s'està bolcant en la zona afectada per la dana i les riuades i, com no deu ser d'una altra manera, a pesar de la falta d'ajuda directa del govern de la nació a la Generalitat.
Però, per desgràcia, no sols estem parlant d'una falta d'ajudes econòmiques directes a la Generalitat per a fer front a tota aquesta despesa extraordinària, ajudes que el govern autonòmic que sí que les va tindre va ser el de Canàries en l'erupció de La Palma.
Estem enfront d'una retallada extraordinària del govern de Pedro Sánchez, i me referixc a la retallada del Fons de Liquiditat Autonòmic.
Estem parlant de 3.
000 milions d'euros en el moment que més se necessita diners, l'equivalent al 10% del pressupost anual de la Generalitat Valenciana.

Però l'abandó no acaba ací, les retallades són contínues, com la recent decisió del govern de Sánchez de no actualitzar els ingressos a compte, el que suposarà una pèrdua de 200 milions d'euros al mes, o siga, 2.
400 milions d'euros a l'any.
Si es suma 2.
400 milions d'euros més 3.
000, estem parlant de 5.
000 milions de retallada.

A pesar de tot lo anterior, la Conselleria de Justícia ha destinat 2,7 milions d'euros a les obres d'emergència a les seus judicials de Catarroja, Requena, Riba-roja i la ciutat de justícia de València; 2.
156 milions d'euros per a la reparació integral de la seu judicial de Catarroja, que provisionalment s'ha reubicat a la Ciutat de la Justícia de València; 46.
600 euros per les obres d'adequació i trasllat dels llocs de treball de la seu judicial de Catarroja a la ciutat de justícia.
En Requena, les obres d'adequació dels espais per la ubicació de reforços transversals en la seu judicial comportarà una inversió de 65.
000 euros; en Riba-roja, 234.
000 euros, més 4.
000 del servei de seguretat i salut; i en Torrent la Generalitat destinarà 207.
000 euros, despeses assumides íntegrament per la Generalitat sense cap ajuda del govern central, estes i moltes altres, com per exemple destinar més d'un milió per al reforç del personal dels jutjats, dels partits judicials, en els municipis més afectats per la dana i barrancada.

Tenint en compte tot lo anterior, i acabe, queda clar que el govern de Carlos Mazón està al costat dels pobles afectats, i així ho estem demostrant dia darrere dia.
Però també volem recordar que els ajuntaments poden beneficiar-se del pla d'ajudes de reconstruir infraestructures municipals, i ahí, si tampoc arriba, estarà el govern de Carlos Mazón.

La senyora vicepresidenta:

Muchas gracias, señor Alós.

Tiene la palabra para fijar posición, por el Grupo Parlamentario Vox, el señor Llanos.

El senyor Llanos Pitarch:

Muchas gracias, señora presidenta.

Bien, en primer lugar, lo cierto es que cuando desde Vox vimos esta PNL, nos pareció razonable.
Es decir, pensábamos que había otros lugares a donde acudir, que había otros temas a donde llegar las ayudas, pero no nos íbamos a negar a apoyar, efectivamente, que se dote a los juzgados de paz de más recursos y para recuperar todo lo perdido, concretamente, en esta tragedia de la riada, porque, además, los juzgados de paz son esenciales, son cercanos, es lo primero, y su labor es prolífica.
Por tanto, todo nuestro reconocimiento desde Vox.
Y, bueno, pues, lo cierto es que cuando el contenido de una iniciativa nos parece razonable, Vox, nos encontremos en el otro extremo de Compromís o no nos encontremos en el otro extremo, lo cierto es que no nos duelen prendas apoyar las iniciativas.

Por otra parte, también decir que las PNL, y lo he dicho, tienen su relevancia como declaración de voluntades, y desde ese punto de vista, son importantes.
Otra cosa es quien utiliza las penales para revolver la calle, para engañar a los ciudadanos, pero las PNL, evidentemente, tienen el papel que tienen, y por eso estamos aquí, en la comisión, debatiéndolas.

Dejando aparte alguna referencia al «País Valencià» que no puedo obviar, en la exposición de motivos, cuando ya habíamos llegado a un consenso, a un consenso político, ni mi histórico «Reino de Valencia» ni su «País Valencia», sino nuestra «Comunidad Valenciana», bueno, pues, como es exposición de motivos, en este caso se lo pasamos a los compañeros del Grupo Parlamentario Compromís y, desde luego, vamos a apoyar esta iniciativa y, además, la íbamos a apoyar sin la transaccional, y lo quiero decir, a Vox, lo he dicho, nos parecía razonable, pero estamos muy contentos de que se haya llegado a la transaccional, porque aquí se demuestra…, habiéndola aceptado Compromís, la enmienda del Partido Popular, se demuestra que no era una iniciativa ideológica, sino que era una iniciativa técnica, que es lo que tiene que ser, de contenido real, de bienestar, de servicio a los ciudadanos.

Por tanto, efectivamente, tienen que ser todas las administraciones implicadas, porque el dinero del gobierno central también lo pagamos los valencianos, que aquí alguien ha dicho que no, alguien ha dicho que no, pues no, el dinero del gobierno central también es pulmón que se nos debe a los valencianos.
Por tanto, nos parece muy bien la implicación de las dos administraciones en cuanto a la propuesta de esta PNL.

Muchas gracias.

La senyora vicepresidenta:

Gracias, señor Llanos, ha quedado clara su postura a favor del acuerdo.

Tiene la palabra ahora, para fijar posición el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Fernández.

La senyora Fernández Aparicio:

Gracias, señora presidenta.

Los juzgados de paz son la primera puerta de acceso a la justicia para miles de ciudadanos, especialmente en municipios pequeños, donde no hay juzgados de primera instancia.
No solo desempeñan funciones judiciales y de mediación, sino que también son clave en la gestión del registro civil, facilitando trámites esenciales como nacimientos, matrimonios y defunciones.

Sin embargo, la dana de octubre ha causado graves daños en algunos de estos espacios, dejando sin servicio a muchos valencianos.
Bodas programadas que tuvieron que cancelarse porque sus expedientes se los llevó el agua o importantes trámites que se vieron interrumpidos por falta de servicio o por imposibilidad de acceso a la documentación necesaria o a los propios juzgados.
Y pese a que los juzgados de paz se ubican en espacios gestionados por la administración local y es la Generalitat quien subvenciona sus gastos, es una obviedad que con la subvención que reciben los ayuntamientos, que va entre los 400 los 2.
900 euros anuales, es imposible hacer frente al coste de la reconstrucción, cuando lo que se ha perdido va desde material informático hasta los propios centros.

La rehabilitación de estos espacios no es solo una necesidad, sino una obligación de la Generalitat Valenciana, ya que la competencia sobre el mantenimiento y conservación de los juzgados de paz recae en el ámbito autonómico, en virtud de las competencias transferidas en materia de justicia.
Y no se trata solo de garantizar que la ciudadanía tenga acceso a un servicio público fundamental, es que, además, en municipios donde estos juzgados actúan como únicos espacios judiciales, su rehabilitación debe ser inmediata para evitar el colapso en otros órganos judiciales que absorban esta carga de trabajo.
Pero no es solo por una cuestión competencial, que ya es motivo más que suficiente, sino porque desde el PSPV vamos a seguir reivindicando que la gestión de la emergencia y de la posemergencia por parte del gobierno del PP deja mucho que desear, que se podría hacer mucho más y mucho mejor.

Si Mazón ha decidido contra la voluntad popular comandar el buque de la reconstrucción, tiene que salir de su escondite, dar la cara y escuchar a la ciudadanía aquí también, porque aquí está representada por todos los grupos políticos que llevamos meses aportando iniciativas que, una y otra vez, obtienen el no por respuesta del gobierno popular que se dedica a echar balones fuera y a encomendarse a los fondos del gobierno central.

Pues, bien, el ejecutivo de Pedro Sánchez ya ha anunciado que asumirá el cien por cien del coste de la rehabilitación de las infraestructuras municipales afectadas por la dana, más de mil setecientos millones de euros, y que, además, incluirá los espacios municipales donde se ubican los juzgados de paz.
Este respaldo económico es una gran oportunidad para que la Generalitat actúe con celeridad y garantice la reapertura de estos servicios, sin comprometer una parte importante de su propio presupuesto.

No nos opondremos a la PNL porque consideramos que el gobierno de Mazón tiene que asumir su responsabilidad, en la medida de sus posibilidades, pero nos parece un esfuerzo innecesario reclamar una y otra vez lo que el gobierno central ya ha anunciado que va a asumir.
Por favor, pongamos la energía en lo que sí queda por hacer.

Nosotros nos abstendremos a la PNL.

Gracias.

La senyora vicepresidenta:

Bien, ha quedado clara también la postura del Partido Socialista.

Si ningún grupo me pide la réplica… Por lo tanto, pasaremos a la votación.
¿Votos a favor de la propuesta?
9.
¿Votos en contra?
Ninguno.
¿Abstenciones?
4.
Pues, por 9 votos a favor y 4 abstenciones del Grupo Parlamentario Socialista, queda aprobada la propuesta.

Gracias.

Terminados los cinco puntos del orden del día de la comisión de hoy, se levanta la sesión, señorías.

(S'alça la reunió a les 12 hores i 32 minuts)