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Comissió de Política Social i Ocupació realitzada el dia 22 de març de 2011.
Comença la reunió a les 10 hores i 33 minuts.
Presideix el diputat senyor Diego Macià Antón.
Reunió número 18.

Proposició no de llei sobre la prevenció de la sinistralitat laboral, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 71.
301, BOC número 284)

El senyor president:

Bon dia.
Anem a iniciar els treballs de la comissió convocada pel dia de hui.

En primer lloc, per part del secretari, se passarà llista per a comprovar el quòrum.

(El secretari passa llista per tal de comprovar si hi ha quòrum)

Moltes gràcies.

Passem, per tant, al punt primer de la convocatòria.
Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la reunió anterior.
Alguna observació a l'acta?
No havent-hi ninguna observació, queda aprovada per unanimitat.

El senyor president:

Passem al punt dos: presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la prevenció de la sinistralitat laboral presentada pel Grup Parlamentari Popular.

Té la paraula la il·lustre diputada.

La senyora Amor Pérez:

Gràcies, senyor president.

Des del Grup Parlamentari Popular presentem una PNL, una proposició no de llei relativa a la sinistralitat laboral, a eixa gran xacra que
representa, que significa la sinistralitat laboral i que des del Consell de La
Generalitat s'està atajando con medidas que demuestran ser efectivas, como así arrojan los datos las estadísticas políticas consensuadas todas ellas desde el minuto uno con los agentes económicos y sociales más representativos de la comunidad.

Como digo, los datos y las estadísticas demuestran que son eficientes, que son eficaces esas acciones, esas políticas.
Pero, lógicamente, nunca son suficientes.
Queremos tolerancia cero desde el Grupo
Parlamentario Popular y desde el Consell de La Generalitat con la
siniestralidad laboral.

Por ello, con esta PNL lo que proponemos y presentamos y esperamos tener el
consenso de todos los grupos parlamentarios es el apoyo para seguir instando a
la Generalitat valenciana a seguir avanzando en estas acciones de formación, de información y asesoramiento a micropimes, a autónomos.
Y que al mismo tiempo se posibilité y se facilite el abordar con eficacia las obligaciones preventivas, que es una
labor de todos, de empresarios y de trabajadores.
Y entendemos que seguir
avanzando y adecuando actuaciones, abordando cuantos retos sean necesarios para
acabar con esa lacra social resulta tremendamente necesario que todos vayamos
de la mano.

Hablaba de datos, hablaba de estadísticas que demuestran cómo los accidentes laborales mortales en nuestra comunidad se han venido
reduciendo en los últimos tiempos.
Con respecto al año 2010 se han reducido, durante el año 2010, perdón, se han reducido en un 24,6% resultando nuestra comunidad la tercera autonomía que registró una mayor disminución de este tipo de siniestros durante el pasado año.

Al mismo tiempo, el conjunto de los accidentes de trabajo con baja en jornada
laboral, se ha reducido en un 9,3% durante el pasado año.
Y, como digo, estamos reduciendo de forma considerable la siniestralidad
laboral.
Nunca es suficiente, pues el deseo es que no exista ni un solo
accidente laboral.
Se están poniendo en marcha desde la Generalitat valenciana acciones y medidas políticas, subvenciones para poder descender esa lacra social a la que hacía referencia.
Son más de un millón de euros los que en este ejercicio 2011 vienen regulados en los presupuestos,
vienen presupuestados en el presupuesto del año 2011 para acciones directas a través de subvenciones para poder reducir, a través de la sensibilización, a través de la prevención, a través de la información, lo que es la siniestralidad laboral.

Hablo de datos de 2010, pero sí quiero hacer referencia también a los últimos datos que desde el Ministerio de Trabajo podemos tener acceso.
Y en el año, en el primer mes de este año 2011 los accidentes laborales mortales se han reducido en un 33,3% y el
conjunto de los accidentes de trabajo con baja de jornada laboral se han
reducido en un 2,45%.
Por tanto, se demuestra que se continua descendiendo con
este tipo de siniestralidad laboral en nuestra comunidad.
Pero al mismo tiempo
entendemos que este es un trabajo de todos.
Es responsabilidad de todos,
absolutamente de todos, de la administración, de los empresarios, de los sindicatos, de los trabajadores, del conjunto de
la sociedad en general.
Por eso entendemos que es fundamental contribuir a
difundir la cultura preventiva entre todos los ciudadanos desde las escuelas,
desde los más pequeños, hasta los centros de trabajo.

Sabemos que esos datos son positivos, así lo demuestra la web del Ministerio de Trabajo recientemente y en lo que hace
referencia al primer mes de este año.
Por tanto, entendemos que todas las acciones que se están poniendo en marcha son resultados positivos los que arrojan y, al mismo
tiempo, ese importante esfuerzo inversor que se está haciendo por parte de La Generalitat, que se está desarrollando directamente, como digo, de La Generalitat, pero también siempre de la mano de los agentes económicos y sociales, representan ese descenso importante en la siniestralidad.

Cada accidente laboral conlleva importantes consecuencias tanto familiares como
laborales, como todos sabemos.
Y entendemos que es necesario contribuir a
difundir esa cultura preventiva en el conjunto de la sociedad.
Es importante la
reducción, es importante el descenso, pero más importante es seguir trabajando conjuntamente para concienciar a la sociedad
en general, para concienciar a empresarios, trabajadores a seguir luchando para
combatir desde la prevención, desde la sensibilización, desde la formación, desde la información a que se reduzcan y que quede prácticamente desaparecida esa tremenda lacra social.

Desde el Grupo Parlamentario Popular con esta PNL lo que instamos es a La
Generalitat, como decía al inicio de mi intervención, a que siga potenciando, a que continúe trabajando en esas acciones, en esa política de formación, de asesoramiento, de información a las empresas, a los autónomos, a toda la sociedad civil con lo importante que es abordar la eficacia de
las obligaciones preventivas, tanto en lo que es el cumplimiento de la Ley de
prevención de riesgos laborales, como también en todas las actuaciones preventivas que preceptivamente tengan que llevarse a
cabo.

Entendemos que es fundamental el trabajo que se tiene que realizar por parte de
los poderes públicos, pero la responsabilidad es absolutamente de todos, la responsabilidad a
la hora de trabajar en esta dirección de forma conjunta creo que es de todos.
Y hoy aquí en estas Cortes, en esta comisión, yo insto al resto de los grupos parlamentarios a que nos sumemos a esta
iniciativa, a que sigamos avanzando en esa labor importante de concienciación, de prevención, de respeto, de cumplir escrupulosamente con lo que marca la ley, el no
confiar en que nada me va a pasar, en que todo es de forma conjunta, pues
trabajemos en la dirección de mejorar, de mejorar hasta el máximo esa siniestralidad laboral para conseguir que desaparezca esa tremenda
lacra social.

Muchas gracias.

El senyor president:

Moltes gràcies, senyora diputada.

Té la paraula la il·lustre diputada.

La senyora Albiol Guzmán:

Gràcies.

Breument.
Des d'Esquerra Unida tenim molt clar que la sinistralitat laboral és un drama i és un drama que pensem que no s'està abordant com cal al País Valencià.
I encara és més dramàtic el fet que moltíssims dels accidents que s'han produït es podrien haver evitat.
N'hi ha una cosa que és clara i és que el conjunt d'Europa hi ha un inspector laboral per cada 13.
000 treballadors i treballadores,
però al País Valencià i al conjunt de l'estat, perquè açò és una competència també estatal, la xifra és molt major, n'hi ha un per cada 23.
000; és a dir, senzillament tenim molt menys control, molt menys inspecció que a la resta d'Europa.
I això és un problema per abordar com cal la sinistralitat laboral.

Un altre problema és que l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el treball, creat a petició i insistència dels sindicats i després d'anys de retard i de promeses incomplides, senzillament no té pressupost per a fer la seua feia i de fet els pocs recursos que tenen el que
se'n van és en la despesa corrent.

La Llei de prevenció de riscos laborals és a hores d'ara paper mullat.
Les mesures de prevenció estan molt lluny de ser les necessàries.
No hi ha termini per a reduir la mobilitat i, per tant, no n'hi ha eixe termini per a reduir la sinistralitat in itinere, que és la més elevada.
Però no n'hi ha eixos terminis, no s'està abordant eixa sinistralitat in itinere.

I encara n'hi ha més, el tema de la subcontractació, fins i tot il·legal, és la nota habitual, no només en l'empresa privada sinó, també, moltes vegades, en l'obra pública.
La temporalitat, que és una de les majors causes de precarietat i, per tant, de risc de sinistralitat,
és altíssima també en l'administració valenciana.
I la rotació en els diferents llocs de feina, i en diferents sectors; l'incompliment sistemàtic dels plans de formació, són tota una sèrie d'elements que, com dic, no s'estan abordant com cal des del govern valencià.
I no podem, des d'Esquerra Unida, dir que s'ha de continuar en el mateix camí i continuar en el mateix treball.

Sense dubte, fa falta un canvi, fa falta abordar totes aquestes qüestions, el tema de la sinistralitat in itinere, de la temporalitat, de la subcontractació.
Perquè són fonts de sinistralitat laboral.

Gràcies.

El senyor president:

Moltes gràcies.

Té la paraula el portaveu del Grup Parlamentari Socialista.

El senyor Sarrià i Morell:

Gràcies, president.

Bé, en primer lloc, sí, nosaltres també ens felicitem perquè s'haja reduït la sinistralitat a la Comunitat Valenciana i al conjunt d'Espanya.
Efectivament, s'ha reduït.
Però d'ahí a fer una proposta de resolució laudatòria a la política del Consell, crec que hi ha un tros.
Vostés arribarà un moment que faran PNL per felicitar la Conselleria de Turisme perquè faça sol i a la d'Infraestructures perquè ploga.
Entenem que, efectivament, s'ha reduït la sinistralitat, com dic, en tota Espanya.
I no dubtem que les polítiques de prevenció de riscos que es desenvolupen des del Consell hauran influït en algun aspecte positivament -no faltava més-, com també ho haurà fet la inspecció de treball -inspecció de treball que està, fa molt de temps, esperant accions de reforç per part del Consell de La Generalitat.

Però obviar la relació directa entre la caiguda de l'ocupació i la reducció de la sinistralitat és fer triomfalisme d'una cosa, per suposat, més seriosa.
Perquè vosté ha donat algunes dades respecte a accidents mortals, a nivells d'incidència; però jo li'n done unes altres, i no són dades que ens inventem, que ixen de les dades de 2010, que han denunciat els
sindicats.

Els sindicats també s'han felicitat per la reducció, en termes absoluts, del conjunt de la sinistralitat a la comunitat, però també han apuntat algunes coses.
Per exemple, que el sector de la construcció, que era junt al d'indústria, el que major taxa de sinistralitat registrava, ha minvat en accidents
mortals; però ha perdut un 51% dels seus treballadors.
I el resultat és que l'índex d'incidència per cada 100.
000 treballadors no sols no ha disminuït, sinó s'ha incrementat un 2,12%.
És a dir, n'hi ha menys accidents; però, en realitat, 2010 ha tingut un índex d'incidència major que 2009, per exemple, en el sector de la construcció; entre altres coses, perquè s'ha perdut el 51% de la seua massa laboral.

Per a preocupant, també, tenim el cas dels serveis on, en valors absoluts, únicament han descendit els accidents mortals, mentre que els greus s'han incrementat en un 11,06, augmentant el total del sector en un 1,62%.
Cal afegir que en este cas, i com a
conseqüència del descens dels seus ocupats, l'índex d'incidència ha crescut un 2,16%.

O en el cas de la indústria.
Després de perdre el 23% dels seus treballadors, sols ha disminuït el seu índex d'incidència un 0,28%.

I com ha apuntat la meua companya, els sindicats han vingut denunciant altres
factors, que és imprescindible tenir en compte a l'hora de fer una valoració de les polítiques contra la sinistralitat: l'ocultació de malalties laborals que són derivades sistemàticament al sistema públic de salut, en part perquè les mútues intenten evitar pagar els costos d'accidents laborals, o el mal costum de no declarar els accidents laborals, etcètera; els accidents
in itinere; etcètera, etcètera, etcètera.

Amb la qual cosa, que vostés duguen ací, hui, una proposta de resolució per a felicitar-se, doncs, mire, senyora Amor, no n'hi ha raons per a felicitar-se.
N'hi ha raons per a seguir treballant.
I per a fer propostes sobre este tipus, es
deuen fer per a millorar, no simplement per a autobombo, que és el que han fet.
Ho sent.

Però, en eixe sentit, anem a abstindre'ns perquè tampoc creguem que aporte res esta proposta de resolució.

Gràcies.

El senyor president:

Moltes gràcies.

Té la paraula la representant del Partit Popular.

La senyora Amor Pérez:

Sí, gràcies, president.

Senyor Sarrià, no sorprenen a ningú les seues paraules, la seua intervenció, no?
«Autobombo»; i, avui, les ocurrències, no?
, «el sol, la pluja.
.
.
»; i demà no sé què vindrà.

Però, bé, davant la falta d'arguments per a poder donar suport a esta PNL, doncs entenc que vosté haja de recórrer als acudits fàcils, com és la seua especialitat i la del seu grup.

Estem parlant de coses serioses, com deia a l'inici de la meua intervenció i com també així ho ha reconegut la senyora Albiol.
De coses serioses i que jo crec que no es
pot fer broma davant la situació per la qual travessen molts treballadors de la nostra comunitat.
I que ací no es tracta ni de fer autobombo ni propaganda, es tracta de, realment, donat
compte que les iniciatives, les polítiques, les accions posades en marxa des de la Generalitat valenciana, seguir
insistint.
Seguir insistint en elles, seguir aprofundint.
I ahí, també, des de la responsabilitat que tots tenim, senyor Sarrià, senyora Albiol, doncs fer-ho de forma conjunta.

Està clar, i jo ho deia a l'inici de la meua intervenció, que el que es desitja, el que es perseguix, en què es treballa, conscienciosament des de la Generalitat valenciana, des de l'àmbit de l'ocupació, des de la Conselleria d'Economia i Ocupació, és en reduir al màxim esta sinistralitat laboral.
I es treballa en accions.
I eixes accions van
dotades d'un pressupost.
I tenim unes dades que demostren com s'ha reduït la sinistralitat laboral en l'últim any.
Li he donat dades, també, del primer mes d'enguany.

Està clar que no venim ací a fer ni autobombo ni a aplaudir el que n'hi haja un sol accident laboral.
Per suposat que no, senyor Sarrià.
I no es pot frivolitzar en una qüestió com està, quan parlem de morts -en molts casos- i quan parlem d'accidents greus o menys greus, però qualsevol accident ens preocupa.
I ens preocupa i, per això, venim treballant, des de La Generalitat, per a poder pal·liar este drama, este drama social.
I, per això, incidim, insistim en seguir treballant en la direcció que ve fent-se des de la Generalitat valenciana.

He parlat, a l'inici de la meua intervenció, de més d'un milió d'euros, parlem d'1,1 milions d'euros per a subvencions directament dirigides per a seguir treballant, per a
seguir realitzant estudis, investigacions tècniques, elaboració de manuals, de guies pràctiques d'avaluació i gestió, com, també, programes divulgatius en matèria de prevenció i de riscos laborals.

He parlat d'eixa reducció important.
Alguna cosa s'haurà fet bé des de La Generalitat.
No es pot vindre ací a criticar sí perquè sí, sense arguments, sense dades, sense alternatives.
Perquè si, almenys, presentaren una alternativa davant el que està fent-se des de La Generalitat, doncs, bé, podríem entendre algunes de les seues argumentacions.
Però sempre és el no per sistema.
I, davant d'això, doncs el treball que ve realitzant-se en este àmbit, per la Generalitat valenciana, realment, volem que seguisca en eixa
direcció, que seguisca aprofundint-se, que seguisquen reduint-se els accidents laborals
i que des del govern valencià puguem continuar posant en marxa accions de conscienciació, tan importants per a previndre eixos accidents laborals.

Les dades, senyor Sarrià, que jo li done, són dades del Ministeri de Treball, del govern socialista d'Espanya, no són dades de la Generalitat valenciana.
Jo crec que demostren, demostren com es
fan bé les coses en la nostra comunitat; com es poden fer millor -per suposat que sí-, hem de ser exigents, hem de demanar-nos més, hem de seguir incidint a l'hora de treballar de forma conjunta en els principals agents econòmics i socials de la nostra comunitat, en els sindicats, en els empresaris, en
els treballadors directament, per a que desaparega tota la sinistralitat a la
nostra comunitat.

Eixe és l'objectiu.
Sabem que és una feina complicada, difícil.
Però, lògicament, no tirem la tovalla.
Seguim treballant en eixa direcció i no venim ací a fer ni propaganda ni autobombo.
Venim a dir les coses com són; a demostrar quina és la realitat, en dades, de la nostra comunitat; i, al mateix temps, a seguir
avançant en la desaparició d'este drama i d'esta xacra social com és la sinistralitat laboral.

Jo els he demanat el suport als dos grups parlamentaris hui ací, en esta comissió, representats.
I bé, eixa seria la línea desitjable de consens, de diàleg i, en este cas, de suport al que està fent-se des de la Generalitat valenciana i que està donant uns millors resultats que els últims anys i, sobretot, que en els últims mesos.

Res més i moltes gràcies.

El senyor president:

Moltes gràcies.

Senyor Sarrià.

El senyor Sarrià i Morell:

Senyora Amor, frivolitzar és dur ací una proposta de resolució per a no proposar res, simplement per a felicitar-se -el que jo li he dit- de l'acció del Consell en matèria de prevenció de riscos laborals.

I jo el que li he dit és el mateix que li han dit els sindicats i els agents socials, que menys
triomfalisme; que vostés no tenen res de què felicitar-se; que, evidentment, alguna incidència -li ho he dit en la meua intervenció- hauran tingut les polítiques del Consell.

Però sí que és frivolitzar intentar reduir la reducció de la sinistralitat a l'acció de les seues polítiques, quan tot el món està d'acord, inclús els agents socials, que el principal factor que ha contribuït a reduir la sinistralitat durant 2010 ha sigut la crisi i la reducció del número d'ocupats.
I això és matemàtic.

Les xifres que jo li he donat també són del ministeri.
El que passa és que vosté només agafa aquelles que li interessa.
I jo el que li dic en això és que, realment, les polítiques de prevenció no estan donant el resultat que vosté està dient que està donant.
És més, vosté parla de mils de milions com tots.
.
.
Hui vegem en els diaris com paguen vostés, que no tenen ni per a segells per a les cartes dels jutjats.
I, aleshores, a
mi, que em diga que han gastat mil milions, és que això.
.
.
On està això constatat, que s'han gastat eixos diners?
No és veritat.
Els pressupostos, després.
.
.
, vostés saben perfectament que no és veritat; que vostés aproven un pla, un altre pla, després tenim un pla que vorem on acaba.
El primer va acabar caducat i amortitzat,
sense complir els seus objectius.
I en prevenció de riscos, idènticament.

Vostés tenen el costum -i jo he fet una ironia, perquè ho fan en tot-, tenen el costum d'atribuir-se mèrits que no tenen.
I, per tant, anem a abstindre'ns en esta proposta perquè creguem que no aporta res a la política de riscos laborals.
És autobombo, senyora Amor.

El senyor president:

Moltes gràcies.

Anem a passar a votar, per tant, el punt 2: presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la prevenció de la sinistralitat laboral, presentada pel Grup Parlamentari Popular.
Vots a favor?
8.
Vots en contra?
Cap.
Abstencions?
6.

Moltes gràcies.

Proposició no de llei sobre l'elaboració i posada en marxa del segon Pla valencià de formació professional per a l'ocupació, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 71.
308, BOC número 284)

El senyor president:

Passem al punt 3: presa en consideració de la Proposició no de llei sobre l'elaboració i posada en marxa del segon Pla valencià de formació professional per a l'ocupació, presentada pel Grup Parlamentari Popular.

Té la paraula la il·lustre diputada senyora María José García.

La senyora García Herrero:

Gracias, señor presidente.

Pues, efectivamente, el Grupo Parlamentario Popular presentó una proposición no de ley, que se registró en la cámara con fecha 3 de enero de 2011.

Con fecha 24 de febrero de 2011 se ha aprobado, por el Consejo Valenciano de
Formación Profesional de la Generalitat valenciana y por los agentes económicos y sociales, un plan valenciano de formación profesional que viene a corroborar la necesidad de elaboración de este plan y en cuya confección, como acabo de decir, han colaborado la Generalitat valenciana, los sindicatos
y representantes de los empresarios.

Este plan contempla diversos objetivos específicos a alcanzar como la dotación de mecanismos e instrumentos de detección de necesidades del tejido productivo así como fijar una oferta formativa, coordinada, planificada y adapta a las
necesidades de los usuarios del tejido productivo; un capital humano con la
cualificación que le prepare ante los nuevos retos de la economía; un sistema integral de formación y orientación para todo el conjunto de la formación profesional, y un modelo de calidad propio y extendido a todo el sistema, que
son otros de los objetivos del plan.
Además, está orientado a establecer procesos de reconocimiento y acreditación extendidos; continuar el impulso de centros integrados y los centros de
referencia nacional; además de instituir mecanismos e instrumentos de impulso a la excelencia de la
innovación.

Y, de esta manera, consideramos que la aplicación de este plan en la Comunidad Valenciana va a conllevar como resultado de la
mayor y mejor empleabilidad de la población activa y el aumento de la inserción laboral, un mayor ajuste entre la oferta y la demanda, un sistema de formación profesional que llegue a todos los centros, ciudadanos y ciudadanas, así como el impulso de la formación profesional como política estratégica para el desarrollo económico y social del territorio.

En función de esto, señorías, y viendo que este plan, aprobado el 24 de enero, recoge ampliamente la
proposición que hacía el Grupo Parlamentario Popular, pues, en este momento, retiramos nuestra
propuesta dado que está ya elaborado y presentado este plan.

Nada más y muchas gracias.

El senyor president:

Moltes gràcies.

¿Vol intervindre?
Té la paraula el portaveu del Grup Socialista?
¿Per quin motiu vol parlar?

El senyor Sarrià i Morell:

Breument, donat que jo entenc que si havera retirat el punt abans de parlar, bé, ho entendria, però, si ha intervingut, entenc que la resta de grups, almenys, breument, també poder fer alguna intervenció.

El senyor president:

Un momento.

Està retirada, i, per tant, no hi ha possibilitat d'intervindre.
Jo també entenc que una cosa és retirar-la i altra cosa és fer un preàmbul extens, laudatori, per a retirar-la.
Però, bé, en qualsevol cas, està fet i no hi ha una altra opció.
Queda retirat el punt tres.

Proposició no de llei sobre les relacions laborals, presentada pel Grup Parlamentari
Popular (RE número 71.
310, BOC número 284)

El senyor president:

Per tant, passem al punt quatre: presa en consideració de la Proposició no de llei sobre les relacions laborals, presentada pel Grup Parlamentari
Popular.

Té la paraula la il·lustre diputada.

La senyora Amor Pérez:

Gràcies, president.

Presentamos una proposición no de ley en materia de relaciones laborales.
Todos conocemos cómo los conflictos laborales, por su propia naturaleza y por los intereses que en
ellos se enjuician, necesitan de una rápida solución, y más teniendo en cuenta que tanto para el trabajador como para el empresario la
prolongación de situaciones de incertidumbre, pues, pueden constituir una grave lesión, y, a veces, un perjuicio difícilmente reparable.

Entendemos, también, señorías, desde el Grupo Parlamentario Popular, que la conciliación es una institución que se ha revelado siempre eficaz y que se limita a materias donde la
transacción es posible y no merma en absoluto los derechos y las garantías de los propios interesados, y, al mismo tiempo, proporciona soluciones
inmediatas y organiza debidamente, mejora la agilidad y la citada inmediatez en
el proceso laboral.

Es por ello que, según la vigente Ley de procedimiento laboral, entendemos que.
.
.
, bueno -y así lo regula-, que debe ser el requisito previo para la tramitación del proceso el intento de la conciliación ante el servicio administrativo que sea correspondiente, como se viene
realizando y como es la práctica habitual, o, también, dirigirse al órgano que asuma estas funciones para poder constituirse mediante acuerdos
interprofesionales o a través de los convenios colectivos a los que se refiere el propio estatuto de los
trabajadores -como bien conocen sus señorías.

También, en la proposición no de ley que se presenta por el Grupo Parlamentario Popular, hacemos
referencia a lo que es la tramitación de los intentos de conciliación que en su inicio fue atribuida -como bien conocen sus señorías- a los servicios de mediación, arbitraje y conciliación, lo que bien conocemos como el SMAC, sobre el traspaso de las funciones y los
servicios de la administración del estado a la Generalitat valenciana en materia de mediación, arbitraje y conciliación, materia propia del SMAC.

Sin embargo, señorías, a partir de los acuerdos de solución extrajudicial de conflictos laborales que se suscribieron en su momento entre
las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, la función de intentar esa mediación y conciliación de los conflictos o de las controversias de naturaleza colectiva quedó atribuida al Tribunal de Arbitraje Laboral de la Comunidad Valenciana, creado
por estos acuerdos -como hacía referencia-, y, mientras que la conciliación de los conflictos e individuales de trabajo.
.
.
, ha seguido adscrito a los órganos de la administración laboral autonómica.
Estos conflictos individuales siguen instruyéndose y dirimiéndose ante el SMAC al haber quedado excluidos de aquellos acuerdos a los que hacía referencia.

Es por ello que en esta PNL, que presentamos a estas Cortes, pues, desde el
Grupo Parlamentario Popular y, sobre todo, por la experiencia que estos años ha tenido el funcionamiento del Tribunal de Arbitraje Laboral de la Comunidad
Valenciana, en esas labores de medicación, de conciliación, de sus árbitros, que ha permitido un alto nivel de solución extrajudicial de todos los conflictos laborales y que, por tanto, aconseja la
extensión de sus funciones de mediación y conciliación a esos conflictos individuales -a los que hacía referencia- y que quedaron excluidos del citado acuerdo.

Por tanto, lo que en esta PNL proponemos es que se amplíen, se extiendan esos servicios a lo que afecta a los conflictos individuales de
trabajo, excluyéndose siempre, y, en todo caso, los relativos a despidos que seguirán sustanciándose ante el SMAC.
Por ello, en esta PNL que presentamos desde el Grupo
Parlamentario Popular, y en virtud de lo que viene recogido y regulado en el
Decreto 131/2006, de 29 de septiembre, en el que se crea el consejo tripartido
para el desarrollo de las relaciones laborales y la negociación colectiva de la comunidad, se promueva en su seno, y a instancias de la
representación del Consell, la ampliación del actual acuerdo de solución de conflictos laborales a también los conflictos individuales entre trabajadores y empresarios, excluyendo -como hacía referencia- únicamente aquellos que afectan a la extinción del contrato de trabajo.

Presentamos esta PNL -y como bien conocen sus señorías y como así se regula en el propio decreto-, sabemos que todo el proceso de concertación social en la comunidad culminó con el pacto valenciano por el crecimiento y el empleo, el conocido Pavace, que
se firmó en sus inicios, el 20 de julio del año 2001, entre la Generalitat valenciana y las organizaciones empresariales y
sindicales más representativas de la comunidad, y que se ha venido ratificando, y que se han
venido aprobando diferentes planes, siempre desde el consenso entre los
empresarios, los sindicatos y la propia Generalitat.
Sabemos bien que en aquel
momento, en sus inicios, el consenso y la responsabilidad fue lo que imperó, y, año tras año, venimos viendo cómo el Pavace se viene refrendando, cómo el Pavace, ese acuerdo con visión de futuro, con responsabilidad, con rigor, pues, se viene aprobando por parte
de todos los agentes económicos y sociales, y vemos cómo hasta presupuestos tan importantes -en este caso, cuando hablamos de cuestiones básicas, como es la política social del empleo- hasta el presupuesto del Servef se viene aprobando en el marco del Pavace por
las organizaciones empresariales y sindicales.

Sabemos, también, que dentro de las acciones de lo que son las funciones que recaen sobre el
consejo, pues, lógicamente, persiguen el aumentar la tasa de empleo en la comunidad, de seguir
avanzando, de seguir tratando de evitar que crezca la tasa de paro, seguir
ahondando en el crecimiento de los empleos estables, muy especialmente en
aquellos segmentos de la población que atraviesan mayores problemas, como pueden ser los jóvenes, o las mujeres, o las personas mayores de 55 años, facilitar al mismo tiempo el acceso a todas las personas que puedan
trabajar, y -como digo- atendiendo en mayor medida a las mujeres, a los jóvenes, o a los parados de larga duración, poder incrementar también la productividad y la capacidad de adaptación de las empresas.

Es evidente que lo que es la negociación colectiva en la Comunidad Valenciana es una fuente capital en lo que es la
ordenación de las relaciones laborales y las condiciones de trabajo, y que no existen en
la práctica ningún sector o subsector de actividad económica en la comunidad sin convenio colectivo en vigor, por ello está recogido en el decreto al que hacía referencia.

Pero, entendemos que por esa agilidad, por esa eficacia, por esa rapidez a la
hora de resolver estos conflictos, ha de ser el propio órgano que hasta la fecha viene asumiendo las funciones en lo que afecta a los
convenios colectivos que, también, dada esa experiencia de estos años de funcionamiento del Tribunal de Arbitraje de la Comunidad Valenciana, pues,
sea el responsable, sea quien tenga las funciones y los cometidos de las
labores de mediación y de conciliación en lo que hace referencia a los conflictos individuales.

Por eso presentamos esta PNL a las Cortes y esperamos el apoyo de los grupos
parlamentarios en aras a conseguir esa agilidad, esa rapidez en la resolución de los conflictos y, sobre todo, pues, motivado principalmente por esa
incertidumbre que en gran medida provoca, produce una lesión en los intereses de los trabajadores y de los empresarios.

Y, por eso, pues, proponemos a esta cámara que se apruebe esta PNL.

Gracias.

El senyor president:

Moltes gràcies.

Té la paraula el portaveu del Grup Parlamentari Socialista, senyor Sarrià.

El senyor Sarrià i Morell:

Bé, senyora Amor, ha parlat de moltes coses, i moltes no sé exactament què havien de vore unes amb altres.

Però, pel que planteja en la proposició, en principi, jo no sé si és bo o roí el que vosté planteja, però sí que li diré que -com vosté ha dit- a partir dels acords de solució extrajudicial de conflictes laborals, subscrits entre organitzacions
empresarials i sindicals més representatives, és quan se li dota, es crea el tal.
.
.
, per a fer d'instrument de mediació i de conciliació de conflictes col·lectius.
I l'SMAC és el que continua atenent els casos individuals.

Jo trobe que, en principi, el que estem parlant és d'un organisme la funció del qual emana de la negociació col·lectiva, no individual.
Eixe és el primer dubte que m'acudix.
Però, el segon és que és producte d'un acord entre organitzacions sindicals i empresarials.
Vosté ha fet referència al Pavace -que ací no entenc que tinga molt a vore- i ha fet referència al consens.

Nosaltres entenem que, en estos moments, està produint-se, en l'àmbit estatal, un procés de consens i d'acord entre les patronals i els sindicats, precisament per a reformar la
negociació col·lectiva, i que, en breu, s'espera la conclusió d'eixos acords, en breus dies o setmanes, i que eixos acords van a marcar molt l'àmbit en què vosté planteja esta proposta de resolució, per no dir que el condiciona absolutament.

Jo entenc, o entenem, que no correspon a estes Corts una cosa que ha de ser
producte, precisament, de la concertació entre empresaris i sindicats, que pertoque ni a estes Corts ni als grups
parlamentaris immiscir-nos en allò que ha de ser precisament un procés de concertació dins del model de la negociació col·lectiva, sense estar, en principi, ni a favor ni en contra del que vosté proposa ací.
Entenem que això qui ha de valorar-lo són els agents socials.

I, en eixe sentit, per això anem a abstindre's, perquè, a més, és un tema d'actualitat, efectivament, però que vindrà resolt en l'àmbit estatal en poc de temps.

Res més i gràcies.

El senyor president:

Moltes gràcies.

Té la paraula el portaveu del grup proposant de la proposició no de llei.

La senyora Amor Pérez:

Sí, gràcies, president.

Doncs, continue amb el que li transmetia en la PNL anterior.
Así es más de lo mismo, ¿no?
Ni sí ni no, ni blanco ni negro.
No tengo opinión, no opinión y espero a que Zapatero siga destruyendo el empleo, las relaciones laborales,
los conflictos colectivos y los individuales, y tenemos que estar a expensas de
lo que se negocie en Madrid.

Senyor Sarrià, la veritat és que és molt trist vore com, davant l'absència d'argumentació o de motivació de criteri, doncs, que hàgem de recórrer al més fàcil.
Està clar que la Generalitat valenciana, el Consell, ho ha demostrat en cada u dels
Pavace que s'han vingut aprovant, i, per això, feia referència.
Com també feia referència al decret del 2006 pel qual es crea este consens.
Però a vosté no li interessa.
Este Consell es va posar en marxa i és el que hui demanem.
.
.
, que s'amplien les seues funcions, el seu contingut.
I vosté no ho vol entendre.
No ho vol entendre perquè no li interessa, perquè no té argumentació, perquè directament posen el focus d'atenció on deurien de fugir, i vénen fugint, i així ho veem en tota la campanya que estan desplegant vostés al llarg d'esta comunitat, com fugen de la imatge de Zapatero, com fugen de la imatge del
Partit Socialista.
I vosté posa ahí el focus d'atenció quan estem patint tots els espanyols eixa ineficaç, ineficient i irresponsable política d'ocupació del senyor Zapatero.
I vosté mira cap allà i vosté mira els sindicats i els empresaris; ací, a la comunitat sí mirem els sindicats i els empresaris, i ens assentem amb ells i arribem a
acords.

I li he parlat també del pressupost del Servef -sí, també, senyor Sarrià-, molt conscientment que també han recolzat des de l'acord del Pavace els sindicats i els empresaris.
Però vostés volen negar eixa realitat, la realitat que vivim ací a la comunitat.

Li parle d'una qüestió, una qüestió que també està parlant-se i que també està consensuant-se amb els agents econòmics i socials de la nostra comunitat.
Clar que sí.
Però també reconega vosté -no vol reconéixer-ho- el bon treball que s'ha vingut fent per eixe tribunal d'arbitratge en la comunitat, pel TAL, senyor Sarrià.
No vol reconéixer la realitat.

I vosté, una vegada més, demostra la falta de criteri del seu partit, demostra.
.
.
, bé, el posicionar-se al costat de la transparència, de l'agilitat, de la rapidesa en estos casos davant dels conflictes laborals, i
sobretot, sabent com en molts casos es retarden.
.
.
, de moltes maneres es
retarden i suposen greus perjudicis per als treballadors i per als empresaris,
també.

Però vostés ací, una vegada més, vénen a fer la seua papereta, la papereta de «no tengo criterio» i el que li dia abans, «no tinc opinió: ni sí, ni no, ni blanco, ni negro».
I supose que votaran «abstenció» davant de la incoherència del seu discurs, davant de la falta de criteri, davant de la falta d'argumentació.
I, bé, jo crec que ja a ningú li sorprén, ni als treballadors, ni als sindicats, ni a la societat valenciana en
general, que, davant la falta de rumb, la falta d'idees, la falta de planificació, la falta de trellat del Partit Socialista, ens trobem que no n'hi ha opinió.
Això sabem què és el que han de votar els valencians el pròxim dia 22 de maig.

I sobretot el que ens sorprén més, que siga vosté el que recorre al govern central, a les polítiques que estan posant en marxa, a la capacitat de negociació, jo diria més bé la incapacitat total i manifesta de negociació i d'acció política.
I ens sorprén que en estos moments en esta cambra es cite el responsable últim del desastre quant a l'ocupació i el desastre econòmic del nostre país, el seu cap de files, que ja veig que últimament estan ací menejant moltes cadiretes, que és al que es dediquen, i per això entenc que no tinguen ni criteri, ni opinió.

Jo, des del Grup Parlamentari Popular, sentir i demostrar l'orgull de presentar esta PNL perquè, de forma conjunta i amb el consens que està duguent-se a terme entre els sindicats i la conselleria, puga ser una realitat
per a reduir els terminis i per a ser més eficients en els conflictes laborals individuals.

Moltes gràcies.

El senyor president:

Moltes gràcies.

Senyor Sarrià.

El senyor Sarrià i Morell:

Bé, encara que no es tracta de parlar per no callar, jo sí que li he expressat quina és la nostra posició, que és respectar el procés de negociació que en estos moments tenen els agents socials, empresaris i sindicats sobre,
precisament, la negociació col·lectiva i que crec que transcendix àmpliament les competències d'esta cambra, que està negociant-se en un altre àmbit.
I no està negociant-ho el senyor Zapatero.
Està negociant-ho la patronal i els sindicats.
Perquè si algú no té criteri, i sobretot sí que l'amaga, és el senyor Rajoy; no el senyor Zapatero, que sí que ha demostrat que té criteri.

El senyor Rajoy no sabem encara en tots estos temes què opina.
Sí que ho sabem, el que passa és que s'ho calla, perquè a la millor això clarificaria moltes coses.

Jo li insistisc, en estos moments, el TAL -que jo no he posat en dubte la seua gestió i me pareix perfecta- és un tribunal que entén de mediació col·lectiva, precisament per un acord entre sindicats i empresaris.
I l'SMAC s'encarrega de les reclamacions individuals.
Això, possiblement, quan hi haja un acord entre els sindicats i els empresaris,
possiblement, canvie, o no.
Però entenem que si algú ha de ser consultat sobre això són precisament els agents socials.
Jo personalment ho he fet, no sé.
.
.
, vosté, pel que veig, crec que no.

Gràcies.

El senyor president:

Moltes gràcies.

Anem a passar a votar el punt 4: Proposició no de llei sobre les relacions laborals, presentada pel Grup Parlamentari
Popular.
Vots a favor?
8.
Vots en contra?
Abstencions?
5.
Queda aprovada, per
tant.

Proposició no de llei sobre la paralització del projecte de construcció del centre d'inserció social a la partida del Safranar de la ciutat de València, en terme tocant Paiporta i Picanya, presentada pel Grup Parlamentari
Popular (RE número 71.
312, BOC número 284)

El senyor president:

Passem al punt 5: presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la paralització del projecte de construcció del centre d'inserció social a la partida de Safranal de la ciutat de València, en el terme que afronta Paiporta i Picanya, presentada pel Grup
Parlamentari Popular.

Té la paraula l'il·lustre diputada María José García.

La senyora García Herrero:

Gracias, señor presidente.

Efectivamente, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado esta Proposición no de ley sobre la paralización del proyecto de construcción del centro de inserción social en la partida del Safranar en la ciudad de Valencia, en el término lindante con Paiporta y Picaña.

Y, efectivamente, señorías, con fecha 13 de octubre de 2010, el Boletín Oficial del Estado publicó una resolución de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana sobre la relación de bienes y derechos a expropiar en el término municipal de Valencia para la construcción de un centro de inserción social en terrenos colindantes con los términos municipales de Paiporta y Picaña, que se encuentran a escasos metros del casco urbano de ambos municipios.

Dicha resolución, en la que se informa sobre la necesidad de iniciar expediente de expropiación forzosa y urgente ocupación de las parcelas afectadas, ha causado un alto grado de disgusto y preocupación en una inmensa mayoría de los ciudadanos de Paiporta y Picaña, porque se encuentra a escasos 200 metros del emplazamiento que se vio
obligado a desestimar con este mismo fin el Gobierno de España hace exactamente un año, como consecuencia de la movilización vecinal suscitada.

Esta decisión, señorías, adoptada por el gobierno de la nación no ha sido comunicada oficialmente al Ayuntamiento de Valencia, que ha
conocido la definitiva ubicación de este centro por el anuncio de la expropiación publicado en el Boletín Oficial del Estado, ni tampoco ha contado con el consenso de las administraciones municipales
afectadas, además de contar con la total oposición de los vecinos.

Esta creciente preocupación se ha tornado en indignación en el sentir general de los vecinos de Paiporta y Picaña y de las autoridades municipales afectadas, al darse la circunstancia de que
la citada resolución contradice abiertamente la notificación oficial remitida por el delegado del gobierno en la Comunidad Valenciana al
Ayuntamiento de Paiporta, con fecha 15 de octubre de 2009, en la que el señor don Ricardo Peralta se comprometía a no ubicar el centro en terrenos colindantes con Paiporta y Picaña tras conocer «la polémica suscitada entre los vecinos» y porque «en ningún momento se ha planteado ni se plantea ninguna imposición».

Asimismo, y paralelamente, el pasado 15 de octubre, el alcalde de Picaña, el socialista Josep Almenar, hacía público un comunicado, a través de su página web, en la que aseguraba que, en virtud de sus negociaciones con los órganos competentes, el centro penitenciario no se instalaría en la ubicación prevista por el Gobierno de España.

Además, señoría, la ubicación del centro de inserción social en el emplazamiento decidido, toda vez que ese suelo actualmente tiene
clasificación de suelo no urbanizable, protección agrícola, y en el documento de revisión del Plan general de ordenación urbana de Valencia -en fase de exposición al público- se reclasifica a urbanizable para uso industrial y terciario, no resulta
compatible con la planificación urbanística y puede condicionar el desarrollo de la ciudad.

Por todo lo cual, la ciudadanía de Valencia, Paiporta y Picaña, principal perjudicada por este proyecto, se siente especialmente molesta,
defraudada y engañada por el Gobierno de España.

Por todo lo anteriormente expuesto, señorías, el Grupo Parlamentario Popular ha formulado la siguiente propuesta de
resolución:

«Les Corts acuerdan instar al Consell para que este, a su vez, inste al gobierno
de la nación a que paralice el proyecto de construcción del centro de inserción social en la ubicación impuesta en el término de Valencia junto a los términos municipales de Paiporta y Picaña, y deje sin efecto el proceso de expropiación forzosa de bienes y derecho que a tal fin se ha iniciado.

»Y que del grado del cumplimiento de este acuerdo se dé cuenta a las Cortes en el plazo máximo de tres meses.
»

Nada más y muchas gracias.

La senyora vicepresidenta:

Muchas gracias, señora García.

Para el turno en contra, tiene la palabra el señor Torres.

El senyor Torres Salvador:

Gracias, señora presidenta.

Hay asuntos en los que debería dejarse totalmente al margen el interés partidista y tratar de que las administraciones públicas pudiesen cooperar y pudiesen coordinarse de cara a poner en marcha
determinados servicios que son total y absolutamente necesarios para la población.

A nosotros nos sorprende que en la exposición de motivos el Partido Popular diga que la ciudadanía de Valencia, de Picaña y de Paiporta es la principal perjudicada, es decir, la principal perjudicada
por un proyecto que lo trata es simple y llanamente de poner en marcha un
centro de inserción social que es total y absolutamente necesario para un determinado número de personas que no son de África, o sea, son habitantes de nuestra comunidad y que, además, necesitan de un recurso para su propia reinserción social.

El Ayuntamiento de Valencia se viene caracterizando, pese a la expansión urbanística que ha tenido, se viene caracterizando por no dotar a sus ciudadanos de
ninguno de los servicios que son total y absolutamente necesarios para ellos.

No reserva suelo para las residencias de tercera edad, necesarias en la población.
Y se tienen que ir los ciudadanos de la ciudad de Valencia a L'Horta Sud, L'Horta Nord.
.
.
Son los pueblos de los alrededores de Valencia los que están dotando de servicios a la ciudad de Valencia.

En el tema de menores, no digamos.
El mayor número de menores de toda la provincia de Valencia se encuentran en la ciudad de
Valencia.
La ciudad de Valencia no oferta ni un solo suelo, ni un solo metro
cuadrado, pese a su expansión urbanística, para dotar a esta ciudad de los centros de menores o los centros de día que le son necesarios.

Si seguimos en otros campos, en el tema de los discapacitados, exactamente
igual.

Y, en definitiva, al Ayuntamiento de Valencia le gusta que la ciudad esté limpia, le gusta la Ciudad de las Artes, le gustan determinados monumentos,
pero no le gusta hacer reservas de suelo que permitan a sus ciudadanos
disfrutar de los servicios que les corresponde.

Nosotros creemos que aquí, en el caso concreto de la construcción de este centro de inserción, debería de haber habido una mayor colaboración entre la administración del estado y la propia Generalitat valenciana, porque son, en definitiva, las
dos entidades que pueden tener responsabilidades sobre ese tema.
Porque puede
entenderse que determinados municipios rechacen determinados servicios, pero la
Generalitat valenciana para eso está, para estar por encima de los intereses locales que pueda haber en un sitio o
en otro.

Yo quisiera recordar que la Conselleria de Bienestar Social hace tres años quiso poner en marcha un plan de construcción de centros de reforma de menores, porque eran total y absolutamente necesarios
en la provincia de Valencia, y que se encontró con el rechazo inicial de la mayor parte de los municipios en donde se iban a
instalar ese tipo de recursos.

Si todos hubiésemos hecho lo mismo, y hubiésemos dicho: desde aquí nosotros presentamos una proposición no de ley para que no se creen, para que no se construyan esos centros de
menores.
.
.
Creemos que eso es una aptitud o una actuación total y absolutamente irresponsables.

Es cierto que se necesita ese tipo de servicios para atender las necesidades de
la población.
.
.
, de los vecinos de la Comunidad Valenciana.
Y lo que las administraciones no
pueden hacer es tratar de boicotear ese tipo de actuaciones.

Nadie quiere tener en su municipio un vertedero, nadie quiere tener en su
municipio un centro de menores, nadie quiere tener en su municipio un CIS.
Pero, claro, para eso está la Generalitat valenciana, para eso está el Consell, para hacer una planificación de los recursos que son necesarios, y después la consiguiente negociación con los municipios implicados.
Pero no actuar en este caso la Generalitat
valenciana como si fuese un ayuntamiento más.

Es decir, no entendemos, por lo tanto, esta moción, como tampoco entendemos eso del suelo no urbanizable.
Es decir, «es que esa zona está clasificada como suelo no urbanizable».
Mire usted, cuando las empresas a las que se le había concedido la creación de los centros de menores, de los centros de reforma, acudían a los ayuntamientos de la comunidad lo que les pedían era suelo rústico, con la intención de que la Generalitat valenciana, en este caso la Conselleria de Obras Públicas, iba a recalificar esos terrenos por tratarse de un recurso de interés social.
Por tanto, no digan aquí, no pongan esa excusa de que el suelo es no urbanizable, de protección agrícola, y que luego se va a recalificar en urbanizable y para uso industrial.
Perfectamente cabe en esa planificación un CIS.
Pero nosotros no vamos a hacer batalla con esto.

Creemos que ésta es una proposición oportunista, que se lanza en este momento pues porque, efectivamente, hay una
oposición de los vecinos de Picaña y de los vecinos de Paiporta.
¡De los vecinos de Valencia no!
Porque los vecinos de Valencia no tienen nada, no
tienen ningún tipo de recursos.
Es en estas dos poblaciones en donde se ha producida ese
ambiente de rechazo hacia la instalación de este recurso.
Pero nosotros tampoco vamos a votar en contra.
Nosotros no
vamos a votar en contra de esta propuesta de resolución.

Aunque, fíjese, dice: Las Cortes acuerdan instar al Consell a que inste al gobierno a que
paralice el proyecto -si dijeran una adicional- y que además se busque una nueva ubicación o se trate de encontrar una nueva ubicación conjuntamente con el propio Consell.
Pero no, la resolución es totalmente negativa, paralícese el proyecto y no vuelva a hablarse más de un centro de inserción social.

Aquí lo que interesa es: ¿hace falta en la provincia de Valencia un centro de inserción social?
¿Sí o no?
Nosotros entendemos que sí, y creo que ustedes también.
Entonces, si hace falta un centro de inserción social, en algún sitio tendrá que estar.
Si se ha pensado en Valencia, en el término municipal de Valencia, es porque en Valencia está el mayor número de habitantes de toda la provincia.
Y, por lo tanto, es lógico que se ubique en el término municipal de Valencia.
Pero como no hay alternativa, pues desde nuestro
grupo nos vamos a abstener en esta propuesta de resolución.

El senyor president:

Moltes gràcies.

Té la paraula la senyora García, del Grup Parlamentari Popular.

La senyora García Herrero:

Sí, gracias, señor presidente.

Señor Torres, la verdad es que es difícil argumentar cuando no se tienen argumentos, porque lo que usted viene a decir
ahora mismo aquí, que había que buscar que las administraciones tenían que haber sido capaces de ponerse de acuerdo.
Estamos hablando y se presenta
esta proposición no ley porque ha venido impuesto.
Este centro viene impuesto de donde viene
impuesto.
Y lo que se intenta ahora mismo es ya.
.
.
está en trámite de expropiación forzosa de unos terrenos de una serie de ciudadanos.

Mire, los alcaldes socialistas de Picaña y de Paiporta han querido ver quién se ponía, cualquiera de los dos, las medallas, a ver quién era el que había hecho las gestiones necesarias para paralizar el proyecto.
Quizá usted esto se está.
.
.
Porque son los alcaldes y son los ciudadanos de las diferentes poblaciones los
que están protestando contra este proyecto.

Y claro que nos tenemos que hacer eco, señor Torres, de cuando hay un 75% de ciudadanos que está diciendo que no a este centro.
Claro que tenemos que hacernos eco de más de tres mil ciudadanos que han puesto su firma en contra en este proyecto.
Y
además yo se lo recordaba ahora mismo en mi anterior exposición.
Ya sé.
.
.
, lo dijo el señor Ricardo Peralta, este centro causa un tremendo impacto social, se pretende.
.
.
Nosotros tendremos que recordar, porque usted está hablando todo el tiempo de que tendríamos que buscar una solución consensuada, que se podía pedir ahora mismo en esta misma proposición no de ley otra ubicación.
Yo tengo que recordarle que también el ejecutivo ya nos dijo en un momento determinado que buscaría una solución más adecuada, y no lo han hecho, siguen con esta imposición.

Y por eso nosotros, señor Torres, presentamos esta proposición, para que se paralice este proyecto.

Yo también tengo que decir qué se ha intentado por parte de los alcaldes, tanto de Picaña como de Paiporta, hablando de la paralización del proyecto.
Pues no se ha intentado nada más que los ciudadanos alzaran también su movilización contra este proyecto.
Pero, claro, es que la hipocresía tiene las patitas muy cortas, y el alcalde se ha visto obligado a dar marcha
atrás, a retirar esos comunicados que estaban llenos de falsedades además y que buscaban confundir a los vecinos.
Y además estaban desviando, intentaban desviar el foco de atención, como muy bien su señoría ha vuelto a hacer esta mañana, hacia el ayuntamiento de Valencia.
Cuando todos sabemos, señor Torres, que la orden y la responsabilidad de su ubicación es del Ministerio del Interior.

Usted, como siempre, una vez más, quiere no obviar esta competencia.
Sucede como siempre, quieren echar balones
fuera, responsabilizando a los demás.
Cuando es el Gobierno de España el que, una vez más, actúa contra los intereses de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, imponiendo
su criterio frente a los ciudadanos de esta comunidad.

Nada más y muchas gracias.

El senyor president:

Moltes gràcies.

Senyor Torres.

El senyor Torres Salvador:

Mire, la construcción de este centro no es un asunto nuevo, no es un asunto de hace cuatro meses, es
un asunto de hace tres años.
Y desde hace tres años se sabe que en la provincia de Valencia se tenía que ubicar un CIS.

Entonces, evidentemente, si hay que ubicar un CIS en la provincia de Valencia y
el ministerio está buscando los terrenos, pues me parece que la colaboración entre administraciones, en este caso entre la Generalitat valenciana y el ministerio, pues si dejan al ministerio que sea el ministerio
el que busque el centro, pues al final el ministerio buscará el centro que considere adecuado.
Si es La Generalitat, en este caso el
Consell, el que quiere hacer una planificación de sus recursos, pues tendrá que ser la propia
conselleria, en este caso de Justicia y Administraciones Públicas, la que tendría que participar en esa toma de decisiones.

Aquí no.
Aquí el Consell no ha querido mojarse.
¿Por qué?
Porque sabe que un centro de estas características puede producir un rechazo ciudadano.
Y le estoy poniendo el ejemplo: como
los centros de reforma de menores, cuya competencia de construcción es del Consell, de la Generalitat valenciana, también tienen un determinado rechazo entre la población.
¿Quiere eso decir que como hay rechazo entre la población no hay que crear ningún centro de menores, ningún centro de reforma de menores?
Pues si eso hiciese La Generalitat pues estaría incumpliendo con sus obligaciones, una de las cuales es el dotar de los
centros correspondientes.

Por lo tanto, nosotros creemos que en este caso concreto lo que habido es, por
parte del Consell, un intento de dejar toda la responsabilidad en manos del
gobierno central, que tiene que adoptar una serie de resoluciones.
Y entonces, ¿que no está de acuerdo La Generalitat con esa ubicación?
Pues que diga cuál.
Diga usted en qué sitio están dispuestos a aceptar.
Porque decir que una vez más el gobierno quiere perjudicar a la Comunidad Valenciana.
.
.
Oiga, ¿poner un centro de inserción social en la provincia de Valencia es perjudicar a los intereses de la
Comunidad Valenciana?
Pues, si le parece, hacemos como hacía Blasco, que a los menores conflictivos de la provincia de Alicante y de la
provincia de Valencia se los llevaba a Murcia, y decía, como hay un centro de reforma en Murcia, pues lo llevo a Murcia.
Si esa es su
propuesta, que la atención social de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana sea hecha en Teruel, en
Castilla-La Mancha, en Murcia.
.
.
Pues díganlo.
Porque, claro, si cualquier centro que se tenga que implantar en nuestra
comunidad es algo que va contra los intereses de la comunidad, pues, lo que le
digo, podemos poner en la propuesta también que este centro de inserción social se trasladase a la provincia de Albacete o que se trasladase a la
provincia de Murcia.

Gracias.

El senyor president:

Moltes gràcies.

Anem a passar a votar.
Estem en el punt cinqué: Proposició no de llei sobre la paralització del projecte de construcció del centre d'inserció social, presentada pel Grup Parlamentari Popular.
Vots a favor?
8.
Vots en
contra?
Cap.
Abstencions?
6.
Queda aprovada la proposició no de llei.

Proposició no de llei sobre la compilació dels estudis específics sobre la situació de les empleades o els empleats de la llar al País Valencià fets per sindicats, ONG i experts en la matèria, presentada per la diputada senyora Margarita Sanz Alonso, representant de l'Agrupació de Diputats i Diputades No Adscrits, i quatre diputats i diputades més pertanyents a esta agrupació i al Grup Parlamentari Socialista (RE número 71.
466, BOC número 284)

El senyor president:

Passem al sis: presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la compilació dels estudis específics sobre la situació de les empleades o els empleats de la llar al País Valencià fets per sindicats, ONG i experts en la matèria, presentada per la diputada Margarita Sanz Alonso, representant de l'Agrupació de Diputats i Diputades No Adscrits i quatre diputats i diputades més pertanyents a aquesta agrupació i al Grup Parlamentari Socialista.

Té la paraula la il·lustre diputada senyora Albiol.

La senyora Albiol Guzmán:

Moltes gràcies.

Les empleades de la llar o domèstiques tenen un règim especial que no els reconeix els drets mínims establerts en l'Estatut dels treballadors i treballadores.
No tenen dret, per exemple, a la
prestació per atur, cotitzen amb el salari de referència de 739 euros amb 166 euros al mes i, en el cas de prendre la baixa, ho fan íntegrament pel seu compte a partir del segon mes, a més que no cobren res durant els primers 29 dies i que tampoc poden donar-se d'alta per temps parcial.
Tota aquesta problemàtica marca greuges comparatius i indefensió.

Al País Valencià, com a la resta del món o la resta de l'estat, són dones les que majoritàriament exercixen aquesta activitat.
Aquestes treballadores que abans provenien
de la immigració interna, del camp a la ciutat, són ara persones que vénen de països empobrits, per tant una característica afegida de la seua vulnerabilitat i la sobreexplotació que suposa la condició de ser dona i de ser immigrant.

És un perfil de risc d'exclusió social que s'ha tornat absolutament majoritari a les nostres ciutats.
Unes treballen amb
papers i altres sense ells, però totes poden arribar a tindre jornades de 16 hores en este segle XXI.
La seua
condició és de precarietat en tots els ordres.

Ara com ara això el que hem de canviar és que només tenen dret, i no sempre accessible, al règim especial de l'ocupació de la llar.
Un règim sense cap reconeixement de drets i molt injust, que suposa un greuge
comparatiu amb la resta de treballadors i treballadores de l'estat.

La seua situació és anacrònica i ve encara d'una legislació franquista, de 1969, molt poc modificada en la llei de 1985, per la qual aquest
col·lectiu, fonamentalment, com dic, de dones.
.
.
, el que se paren situacions de
sobreexplotació, com he dit, el no cobrar durant els primers 29 dies de baixa, l'obligació de treballar 132 hores a la setmana o tenen un marc regulador que permet inclús el salari en espècie, és a dir, que és com si treballares al final per casa i menjar.

És una situació, per tant, insostenible enfront de la qual sí que hi ha un consens polític i social que no es pot mantindre aquest anacronisme i que cal prendre
mesures.
Clar, les diferències vénen en quines mesures aplicar, no?

Sense dubte aquest col·lectiu de treballadores necessita una integració plena en el règim general de la seguretat social, ja que des de cap posició es pot admetre hui en dia que encara puguen donar-se aquestes situacions de
precarietat en el seu treball.

I està clar, per tant, que el primer que s'hauria de fer és això: incloure-les en el règim general.
Però això és una competència estatal, no ho podem fer des d'ací.
I és des d'eixa competència estatal des d'on s'hauran d'aportar solucions en les seues condicions de seguretat social, en el tema d'horaris, de regularització d'immigrants, de protecció, de formació, etcètera.

Però pensem que des del País Valencià podem prendre algunes mesures, i demanem al Consell que comence a prendre eixes
mesures, tenint en compte quines són les nostres competències; i que mentrestant, que mentres arriben les polítiques que esperem que algun dia arriben del govern de l'estat en esta matèria, que mentrestant estiguen en una situació de menys vulnerabilitat.

Algunes de les propostes que posem en aquesta proposició no de llei és: començar a recopilar la informació elaborada per sindicats i ONG sobre quina és la realitat social actual; podem impulsar també la intermediació dels serveis autonòmics en la contractació; que el Servef assumisca la tramitació i seguiment per a vigilar que no es produïsca sobreexplotació i traure a la llum tot el treball negre que hi ha en este tema; podem prendre
mesures també sobre la seua vulnerabilitat per la seua condició d'immigrants i de dones; podem actuar també sobre la dignificació social de l'imprescindible treball de cures que realitzen, és a dir, dignificar el seu treball, visualitzar-les.
Però, sense dubte, el que no podem fer és en ple segle XXI és seguir indiferents a l'anacronisme de la seua injusta situació de sobreexplotació, treballadores sense dret.

Fa falta dignificar la seua situació.
Fa falta facilitar el seu accés als drets i a les llibertats.
I amb això segur que estarem establint les bases necessàries de dignitat i de respecte a les persones.

Però, jo crec que també és important recalcar i hem de ser conscients de la seua vulnerabilitat per la
seua condició d'immigrants que se deriven de l'actual regulació en matèria d'estrangeria, de la llei d'estrangeria actual, que afig ahí una segregació que pateixen pel seu origen.

Les que no tenen papers estan encara més sobreexplotades i tenen, encara, eixa doble, eixa triple indefensió, no?
: el fet de ser dones, de ser immigrants i, a més, d'estar sense papers.

És una situació que les guetitza en el treball submergit i sense drets, en una clandestinitat que els fa xantatge i de la qual no podran eixir sense
ajuda.
És un cercle viciós, de clandestinitat.
El seu treball clandestí impedix que puguen regularitzar-se.
I, per tant, tot açò caldrà trencar-ho en algun moment; a més, perquè estan fent un treball que és molt útil a la nostra societat.
Estan cuidant dels nostres xiquets i de les nostres
xiquetes, estan cuidant dels nostres majors, estan cuidant de les nostres
llars.
I, per tant, cal reconéixer el seu treball i que tinguen tots els drets possibles.
Per això, demanem que recolzen aquesta proposició.

Gràcies.

El senyor president:

Moltes gràcies.

Algú vol fer ús de la paraula?
Té la paraula el senyor Pañella.

El senyor Pañella Alcàcer:

Moltes gràcies, senyor president.

Vaja per davant el nostre recolzament a la proposició no de llei que el grup de no adscrits acaba de presentar.

I, realment, ja la senyora Albiol ha fet una exposició clara de les circumstàncies que rodegen esta activitat.
Una activitat que podem qualificar.
.
.
, que una
cosa és el que diu en la proposició no de llei, el que diuen en l'exposició; però ella ja ho avançat, és molt més greu perquè, pràcticament, és una activitat submergida, però submergida a plena visió de tot el món -vull dir, se veu ahí.

I la importància social és molt gran.
Precisament, en la vinguda massiva d'emigrants, de dones emigrants, s'ha produït un fenomen que és l'atenció, sobretot, a persones majors que difícilment haguera pogut ser atesa en altres circumstàncies.
Això, inicialment.
.
.
Però això que realment diem «té una significació social important», també és una trampa al mateix temps.
Perquè, si això se fa com una activitat econòmica submergida -com deia-, en el sentit que no té reconeixement, no hi ha un salari oficial, no hi ha res, sinó és la relació personal què està marcant eixa situació, quan això es prolonga en el temps i no es posa solució, la persona que treballa ahí, l'únic que està fent és la renúncia no voluntària -perquè, realment, o és això o és res-, la renúncia als seus drets com a persona treballadora.

Com ha dit molt bé la senyora Albiol, s'unix al fet social el fet que siguen persones immigrants i, per tant, no
integrades al 100% en la nostra comunitat.
I, sobretot, també destaca el gran percentatge de dones, que és enorme, sobre estos treballs.

Per tant, ens ha de fer pensar en l'àmbit de la igualtat.
Està molt bé que en l'àmbit de la igualtat treballem les llistes electorals, que mos imposa la llei,
per a que hi haja una paritat.
Però, realment, si creguem o no creguem en la igualtat no es veu ahí -que, en certa manera, és un aspecte visible i, per tant, perfectament controlable per la societat i per
la llei-, sinó en totes aquelles passes que hem de donar en direcció a la igualtat.

Si no foren dones, estarien en la mateixa condició?
Si realment el percentatge de dones no fóra tan gran i fóra al revés, estaríem en la mateixa situació?
Se permetria allargar en el temps esta situació de descontrol absolut?
Estarien els homes treballant sense garantia per al dia
de demà?
No sé, la resposta no sé si la farem.
Però no és molt difícil de pensar.
Perquè, socialment, s'haguera aturat.

En este moment, això no s'atura i, per tant, tenim motius més que de sobra per a donar recolzament a la proposició no de llei que s'ha presentat.

Moltes gràcies.

El senyor president:

Té la paraula el senyor Torres.

El senyor Torres Salvador:

Sí, muy brevemente.

No es la primera vez que se presenta una proposición parecida a la que hoy se nos trae.
Nuestro grupo, en otras ocasiones ha votado
afirmativamente y, en esta ocasión, también va a apoyar todas y cada una de las medidas que aquí se proponen.

Especialmente necesaria es la elaboración de esos estudios específicos sobre las empleadas y empleados de hogar en nuestra comunidad.

Importante también, si cabe, es que el Servef, que participa muy poco en las colocaciones que se
producen en nuestra comunidad, que tiene un nivel muy bajo de incidencia,
pudiese tener, por lo menos, un departamento concreto dedicado a este fin.

Y, en tercer lugar, todos sabemos que en este momento la economía sumergida en este sector es importantísima.
Y, si lo llevamos a la ley de la dependencia, que creo que hay que
llevarlo a la ley de la dependencia por la importancia que tienen, en este
momento, las empleadas de hogar o los cuidadores, en relación con la ley de la dependencia, pues es también importante el analizar la situación.

En este momento, y de todos es sabido, en nuestra comunidad hay cerca de 40.
000
personas que si estuviesen viviendo en otra comunidad, en este momento, estarían recibiendo los servicios y las prestaciones de la ley de la dependencia.

Como en el ochenta y tantos por ciento de las personas dependientes se elige la
figura del cuidador familiar, pues, en este momento, en nuestra comunidad, de
esa economía sumergida, especialmente de trabajadoras extranjeras, que son las que
primordialmente se están haciendo cargo de las personas mayores, si La Generalitat fuese más eficiente en la gestión de la ley de la dependencia, pues muchas de esas personas estarían, en este momento, en una situación de legalidad.
De las 18.
000, o de los 18.
000 cuidadores, que en este momento
tienen reconocida su condición en nuestra comunidad, sólo 11.
000 tienen seguridad social.
Es decir, son cuidadores con un convenio de
seguridad social.

La Generalitat está optando, en muchos casos, por la prestación económica vinculada al servicio, en vez de por lo que debería ser un cuidador con alta en seguridad social.
¿Razón?
Le sale más barato; sale mucho más barato el hacer una aportación de prestación económica vinculada al servicio, de 200 euros al mes o de 150 euros al mes, que no
una prestación de 400 o de 500 euros al mes, con el alta en seguridad social.

Por lo tanto, nosotros creemos que, desde este punto de vista, tiene mucho que
hacer La Generalitat, en relación con acabar con la economía sumergida de nuestra comunidad, en este sector, y con la dignificación de estas personas.
Al margen de, y lógicamente -aunque no venga al caso hoy- de la necesaria formación que está obligada la propia Generalitat a dar a todas estas personas, especialmente por
el hecho de que se estén ocupando, en muchos casos, de personas mayores que no pueden valerse por sí mismas.
Y, por lo tanto, estas cuidadoras -o estas empleadas de hogar- necesitan de una preparación y de una cualificación que tiene que darles, en este caso, el propio Consell.

Por lo tanto, nuestro grupo apoyará todas y cada una de las propuestas que ha presentado el grupo de no adscritos.

El senyor president:

Moltes gràcies.

Té la paraula la portaveu del Grup Parlamentari Popular.

La senyora García Herrero:

Sí, gracias, señor presidente.

Pues, señorías, efectivamente, en esta proposición no de ley que plantea el grupo de no adscritos, en el primer punto se plantea
que se compilen los estudios específicos para la situación de las empleadas del hogar en el País Valenciano, hecha por sindicatos, ONG y expertos en la materia.
Y que estos
estudios sean ofrecidos y facilitados a los grupos parlamentarios.

Por su parte, el tercero de los puntos está referido a que La Generalitat proteja y difunda, entre los ocupados y ocupadas,
sus derechos y obligaciones contractuales y que sean analizadas y propuestas
las medidas a aplicar para aflorar la economía sumergida en el sector doméstico.

Al respecto de estos puntos, señorías, pues cabe señalar que hay que tener en cuenta que se trata de una materia en la que es
competente la administración central, tanto en lo que se refiere al ámbito de la seguridad social como en lo relativo a la inspección de trabajo.
Por ello, cabe esperar que sea esta administración la que pueda disponer de la información necesaria y la capacidad para llevar a cabo las actuaciones que se solicitan,
sobre todo la relativa a la afiliación, alta y cotización a la seguridad social de estos trabajadores y trabajadoras, así como en las acciones inspectoras correspondientes.

El segundo de los puntos de la proposición hace referencia a que se impulse la intermediación de los servicios públicos autonómicos en la contratación de trabajadoras y trabajadores de los hogares.
Pues, también, señorías, tenemos que señalar que la tarea de intermediación laboral se desarrolla por los centros Servef de empleo.
Y que estos realizan,
de manera habitual, la gestión de las ofertas de trabajo, entre ellas las relativas a la contratación de personal doméstico.
Al respecto, se han realizado entrevistas en profundidad a más del 85% de las personas inscritas, actualmente, como demandantes de empleo en
la actividad de servicio doméstico, con la finalidad de poder realizar una efectiva tarea de intermediación laboral.

Desde octubre de 2008, hasta el momento, se han realizado acciones de orientación e itinerarios de inserción laboral a cerca de dos mil quinientas personas de este colectivo; todo ello,
con la finalidad de facilitar y mejorar sus posibilidades de acceso al mercado
de trabajo.

En el sexto punto de la proposición no de ley se plantea la creación de un departamento específico en los centros Servef de empleo, destinado a tramitar las demandas y
ofertas de trabajadoras del hogar.
Departamento entre cuyas funciones estarían el seguimiento y verificación de los contratos solicitados, ayudando así a evitar que este colectivo pueda verse explotado por redes clandestinas e
ilegales, al tiempo que se hace aflorar la economía sumergida.

Aquí, señorías, en primer lugar, tenemos que señalar que, actualmente, no se considera necesario la creación de un departamento específico, puesto que también -como estaba diciendo anteriormente- el personal de los centros Servef de empleo realiza la labor de intermediación entre la oferta y la demanda de empleo, con conocimiento de las
particularidades que presenta este y otros colectivos de demandantes de empleo,
que solicitan apoyo del Servef en sus procesos de búsqueda de empleo o de mejora de su formación profesional.

En cuanto a la segunda parte, también, de este punto, pues hay que señalar que no se tiene en consideración cuál es la distribución de competencias que existe entre el estado español que, en el caso de las políticas de empleo y de seguridad social, viene dada por la Constitución, la ley de empleo, los estatutos de autonomía y los reales decretos de transferencias de políticas activas de empleo.
Y, en este sentido, en cuanto a la propuesta de que
sean los centros Servef de empleo quienes realicen el seguimiento y verificación de los contratos, con la finalidad de evitar la explotación por redes clandestinas o ilegales, pues hay que señalar que esta función de inspección no es competencia del Servef, sino que es una competencia exclusiva de la
inspección de trabajo, dependiente del actual Ministerio de Trabajo e Inmigración.
En todo caso, la única actuación que correspondería al Servef sería la de poner en conocimiento de la inspección de trabajo cualquier circunstancia que, en el marco de las propias
competencias, pueda vulnerar los derechos de las personas trabajadoras.
Actuación que se viene realizando.

En cuanto al resto de las cuestiones, que no he hecho referencia puntual, pues,
señorías, entendemos que serían.
.
.
; hay que recordar que las reformas que se adopten en nuestro sistema de
pensiones y la integración, o no, en otros regímenes de seguridad social, como es el régimen especial de autónomos o el régimen general de la seguridad social, pues deben ser consensuados y plantearse
en el marco del Pacto de Toledo.

Nada más y muchas gracias.

El senyor president:

Moltes gràcies.

Té la paraula la senyora Albiol.

La senyora Albiol Guzmán:

Sí.

En primer lloc, agrair al Bloc i al Grup Socialista el suport a la proposició no de llei.
Només un apunt, senyor Torres, i és que si el Partit Popular està fent ací el que fa en la llei de dependència, també és perquè la llei ho permet, en algunes ocasions.
Però, bé, crec que no és tampoc el tema de la PNL.

Quant al Grup Popular, a vore, jo crec que les competències estan claríssimes.
I, a més, jo crec que ho he explicat en l'exposició de motius.
Està clar que l'estat és qui té la competència fonamental en contractació.
I que haurien de ser polítiques estatals què passaren del règim especial al règim general a les empleades de la llar.
I això ho he dit i crec que és important, i crec que és una cosa que s'ha de fer.

Ara bé, la resta.
.
.
Però totes les propostes que posem ací, de la 1 a la 6, són competències autonòmiques.
Els estudis específics, això no ho pot demanar el Consell?
¿De debò no pot demanar el Consell uns estudis de quina és la situació de les empleades de la llar en el País Valencià?
No m'ho puc creure.

Informar dels seus drets als treballadors i les treballadores, ¿tampoc se pot fer des de la Conselleria d'Economia, per exemple?

Protegir els drets de les persones immigrants.
.
.
Home, si tenim ahí al conseller Blasco.
.
.
Jo crec que també se pot fer.

Dignificar socialment el paper de les empleades de la llar.
.
.
Això, tampoc és competència autonòmica?

I crear un departament específic en el Servef.
.
.
?

Totes, de la 1 a la 6, competències autonòmiques.
Que hem tingut molta cura en fer la proposició no de llei i en posar les competències que tocava.
I, a més, ho he explicat en l'exposició de motius.

Mire, jo crec que si voten que no a aquesta proposició no de llei, simplement és perquè estan en contra del que proposem.
Estan en contra de tot allò que estem proposant, perquè no és una qüestió de competències.

És més, és que si m'haguera colat en alguna, que ho dubte, però si m'haguera colat en alguna, i vostés estan d'acord en el que jo estic proposant, podien haver presentat una esmena
perfectament.
(So per interferència d'un mòbil)

Quan no ho han fet, quan no han presentat una esmena i quan van a votar en
contra de totes les propostes, és perquè vostés no estan d'acord en el que s'està proposant.
I el que s'està proposant és dignificar el treball de les empleades domèstiques, és acabar en aquesta situació que tenen de falta de drets.
I era un pas important aquest.

Està clar que el pas més important serà a nivell estatal, però aquest era un pas molt important per a les dones que treballen al País Valencià en cases, que estan cuidant els nostres xiquets i xiquetes, que estan cuidant
de les nostres llars i que estan cuidant la gent major.

I em sembla molt greu que des del Partit Popular es vullga que aquestes dones
continuen en esta situació; algunes, de pràcticament esclavitud, treballant per menjar i per dormir, persones que estan en
la majoria de casos sense contracte.

I no me diga vosté que és que el Servef ja està fent aquesta funció, perquè, vaja, estic convençuda que el 90% de contractes de treballadores domèstiques no passen pel Servef.

Em sembla molt greu, com dic, que el Partit Popular vullga que aquestes dones
continuen en aquesta situació de semiesclavitud i de sobreexplotació, entre altres coses, perquè són dones la majoria immigrants.

De totes maneres, m'agradaria que ho reconsideràreu, encara esteu a temps.
Crec que es un pas molt important i que serviria també per a donar una espenta a nivell estatal perquè aquesta situació s'aclarira i aquestes dones pogueren deixar d'estar, com dic, en la situació de precarietat i de falta de drets que tenen.

Gràcies.

El senyor president:

Té la paraula la portaveu del Grup Popular.

La senyora García Herrero:

Gracias, señor presidente.

Mire, señora Albiol, dignificación de las empleadas del hogar, toda.
Y reconocimiento a la labor que realizan,
todo.
Y todo lo que es competencia de La Generalitat se está realizando como yo le he dicho.

Pero vamos, yo le tendré que decir.
.
.
, usted dice que del punto primero al sexto es competencia de La Generalitat.
Usted está reconociendo al mismo tiempo que hay algunos puntos que son competencia clarísima de la administración del estado.

Yo le he dicho, y además se lo he explicado punto por punto, el punto primero y el punto tercero:
materia competente exclusiva de la administración central, tanto en lo que se refiere a la Seguridad Social, como a la inspección de trabajo.

El segundo punto, la intervención laboral, que usted duda.
Pues no dude, porque los centros del Servef de empleo
están realizando esta labor.
Y le he dicho a usted que son más del 85% de las personas inscritas, que se han realizado entrevistas por parte
del Servef con la finalidad de poder realizar esta tarea de intermediación laboral, que son 2.
500 personas en las que ya se han realizado acciones de
orientación y de itinerarios de inserción laboral.

Yo le he dicho que en el punto sexto, efectivamente, entendemos que no se tiene
en consideración cuál es la distribución de competencias que existe entre el estado español, que en las políticas de empleo y Seguridad Social viene dada -ya le digo a usted- por la Constitución, la ley de empleo, los estatutos de autonomía, los reales decretos.

He dicho que no se considera necesario un departamento, tanto en cuanto los
centros Servef de empleo están realizando esa labor de intermediación.
Se lo estoy diciendo, son más de dos mil quinientas personas las que tienen ya esa labor que se ha realizado
en ellas, más del 85% de estas personas inscritas en las que se está haciendo entrevistas en profundidad.
Sí se está realizando ese trabajo de intermediación por parte de los centros del Servef del empleo.

Recordarle, señoría, la función de inspección no es competencia del Servef por mucho que su señoría se empeñe.
La labor de inspección es una competencia exclusiva del Ministerio de Trabajo -que es de la inspección de trabajo de lo que estamos hablando.

Yo he intentado explicárselo, señoría, tanto lo que es competencia del estado, como lo que está realizando La Generalitat, que está realizando todo lo que es competencia suya.

Y cuando ya, tanto su señoría, como el señor Torres, han hecho referencia a este punto en el tema de la ley de
dependencia, pues bueno, recordarle que la Comunidad Valenciana es la que mayor
índice tiene de cuidadores dados de alta en la Seguridad Social, y no
precisamente gracias a la labor y a las prestaciones de la dependencia del
gobierno del estado, que en este año, señor Torres, recordarle que ha bajado un 5%.

Nada más y muchas gracias.

El senyor president:

Moltes gràcies.

Anem a passar a votar.
(Veus) -No, era en todo caso por alusiones nada más, pero si no se considera aludido, pasamos a votar-.
Vots a favor?
7.
Vots en contra?
8.

Proposició no de llei sobre l'adopció de mesures en l'aplicació del règim dels menors infractors, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 71.
531, BOC número 284)

El senyor president:

Passem al punt 7: presa en consideració de la Proposició no de llei sobre l'adopció de mesures en aplicació del règim dels menors infractors, presentada pel Grup Parlamentari Socialista.

La senyora Pérez Rodríguez:

Buenos días.

Gracias, presidente.

El senyor president:

Té la paraula la portaveu del Grup Parlamentari Socialista, que proposa la
proposició no de llei.

La senyora Pérez Rodríguez:

Gracias, presidente.

Señorías, desde el Grupo Socialista, presentamos esta PNL debido a las carencias que
venimos observando en el ámbito de la justicia juvenil.
Carencias que se dan a nivel general, pero
especialmente en aquellas que no son privativas de libertad, las medidas
citadas de los juzgados de menores, especialmente las referidas al medio
abierto.
.
.
Las medidas estrella en el ámbito de la justicia juvenil deberían de ser la mediación y la libertad vigilada o las libertades en medio abierto y semiabierto.

Y digo esto porque la mediación.
.
.
, con equipos fuertes de mediación se evitaría la incorporación de muchos menores al circuito jurídico penal, en aplicación de los principios de intervención judicial mínima y de oportunidad.
Toda vez que en la jurisdicción penal debe primar el interés del menor y el carácter educativo de las acciones que se llevan a cabo con los menores por encima
de las medidas de carácter sancionador.

Nos preocupan los menores.
Creemos que a ustedes también.
Por eso les pedimos que apoyen esta PNL, ya que la Conselleria de Justicia no
está cumpliendo con las recomendaciones del Síndic de Greuges, pese a reiterarle su compromiso de tomarlas en consideración en junio de 2010.
Venimos comprobando en 2009 quejas en este sentido del Síndic de Greuges, en 2010 y en 2011.

También en los periódicos venimos constatando cómo se vienen reiterando las noticias de que desde la Sindicatura de Cuentas se
exigen determinadas medidas a la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, que las toma en consideración y, después, parece ser que las deja en el tintero.

La libertad vigilada se encuentra dentro de las medidas no privativas de
libertad, o también llamadas «medidas de medio abierto».
Su principal característica es el trabajo socioeducativo con el menor en su propio entorno natural.
Además, junto con las medidas de conciliación y reparadoras, aporta flexibilidad al sistema y evita en la medida de lo
posible el internamiento.

El menor infractor está sometido durante tiempo de la sentencia a una vigilancia y supervisión a cargo de un educador, con el fin de que adquiera habilidades sociales,
capacidad y aptitudes necesarias para un correcto desarrollo personal y social.

Esta intervención educativa ha de plasmarse en un programa de intervención y aprobarse por el juez de menores.
Es una medida enfocada a responsabilizar
al menor de sus conductas y las consecuencias derivadas de ellas, incidiendo en
la superación de los factores que motivaron la infracción cometida, siguiendo las pautas educativas del educador para la ejecución de la medida; favoreciendo también la integración del menor en su propio entorno natural, utilizando los recursos de su medio
comunitario -formativos, laborales y de inserción.

Se tenderá a implicar a la familia en el proceso de intervención que se realiza con el menor, orientando a la familia sobre pautas educativas
para el desarrollo del mismo.

Hay que resaltar un factor que incide en una mejor calidad de la ejecución de las medidas en el medio comunitario o localidad del propio menor.

Debe haber tanto recursos específicos -centros de día, talleres de inserción sociolaboral-, como de recursos pertenecientes a los sistemas de atención escolar, empleo y formación.

El síndic incide en sus recomendaciones en que la conselleria o la Generalitat valenciana debe establecer recursos para el cumplimiento de
las citadas medidas socioeducativas.
Y esto va en relación con lo que hablábamos antes del centro de inserción -pienso yo.

Hay un tema que nos preocupa también.
Y es que en la.
.
.
-a ver, perdón-, en la fase de audiencia se abre la posibilidad de que el menor se declare
autor de los hechos y muestre su conformidad con los aspectos penales del
procedimiento, pudiendo también mostrar conformidad con los aspectos civiles.
Esta conformidad aceleraría los procedimientos penales llevados contra hechos cometidos por menores.

Así, de los datos remitidos por las tres fiscalías de menores de la Comunidad Valenciana se comprueba que un porcentaje muy
importante de los expedientes resueltos en 2009 lo son de conformidad.
De las
1.
478 sentencias que hay en Valencia, 1.
010 son de conformidad, es decir, que
los menores asumen su responsabilidad en los hechos.
En Alicante, de 997, son
800, y en Castellón hay 279.

El tipo de medidas privativas de libertad es: en Valencia, 270, frente a las no
privativas de libertad, que son 1.
586; en Alicante, régimen de internamiento, 325 y 1.
089 no privativas de libertad o de medio
abierto, y en Castellón, 380 de medio abierto, frente a 114 internamientos.

En este sentido, nuestras resoluciones irían: la primera que pedimos es la negociación con los representantes de los trabajadores de los equipos técnicos de menores para que se elabore una orden de plantillas que indique las
ratios de personal según la tipología de medidas, y número mínimo y máximo de intervenciones por educador asignado.

Y esto, ¿por qué?
Las libertades vigiladas y el tema de menores infractores ha correspondido en
esta comunidad a dos consellerias: Bienestar Social lo realizó hasta el año 2007, y desde el 2007, lo viene realizando la Conselleria de Justicia.

Es de resaltar que en las órdenes de Bienestar Social hasta el 2004 se establecía ratio educador.
.
.
, un educador titulado universitario por cada quince menores infractores.
En
2004, desaparece la ratio y queda un poco al criterio de las entidades locales
que realicen estas medidas y, también, a las subvenciones que la propia conselleria realiza a las entidades sin fin de lucro que, en bastante medida, realizan este
tipo de medidas también en la Comunidad Valenciana.

Es significativo que el presupuesto -el de la conselleria- para las libertades vigiladas sea, en 2009, 2.
071.
000 euros.
Ahí hay varias protestas de sindicatos, organismos locales.
Y en 2010, la propia conselleria lo sube a 3.
165.
000, para volver a rebajarlo, en 2011, a 2.
435.
000 euros.

Y decimos, ¿cómo es posible que del presupuesto del 2009.
.
.
, que la propia consellera reconoce con los sindicatos que es insuficiente y se amplía, cómo es posible que se vuelva a minorar para los presupuestos del 2011?
¿Por qué se disminuye de una forma tan drástica si se había logrado reconocer la debilidad presupuestaria sobre los programas de medidas
judiciales?
¿Es que se prevén disminuciones en el número de sentencias?
Nosotros creemos que no.
Y los datos de la fiscalía y de los jueces de menores indican lo contrario.

Los educadores están saturados y la ratio de plantillas de educadores oscila en algunos puntos y
algunas organizaciones hasta 39.
Ahora después le daré unos datos para que se hagan ustedes cargo.

Y ¿cómo es posible que un servicio de responsabilidad pública, directa al ciudadano por prescripción legal, tanto como respuesta a la víctima del delito como al menor que lo realiza, que es un sujeto de derechos, y
en este caso son respuestas rehabilitadoras o de inserción, pueda estar sometido a vaivenes financieros o presupuestarios dentro de una línea de financiación tan discrecional como la subvención, que en muchos casos no alcanza al cien por cien de la financiación y además se retarda
sine die, con lo cual entidades sin ánimo de lucro tienen que estar buscando créditos para el pago del personal, para las infraestructuras y para el material?

En este caso, las subvenciones pensamos que no es lo adecuado.
El propio Síndic de Greuges hace la recomendación a la conselleria para que cambie el modelo, para que cambie el modelo y lo haga por conciertos
plurianuales, porque las subvenciones pueden convocarse o no, concederse una
identidad u otra.
Los equipos de intervención con los menores pueden variar en función de la entidad subvencionada y además no se sabe cuántos profesionales van a subvencionar hasta allá por el mes de agosto.
Llega la resolución y después empieza el periplo para poder cobrar.
Además, según las informaciones que nos llegan los equipos realizan medidas en medio abierto
y están bastante desbordados.

Y les voy a decir más.
En las órdenes de subvención se dice en la de este año, que se ha emitido ahora, se dice claramente que las subvenciones son una
financiación discrecional y están sujetas a crédito presupuestario.
Las medidas judiciales están obligadas por ley.
¿Cómo es posible que desde 2009, 2010 se siga diciendo que no es una medida
adecuada pero no se ha cambiado?
Y no se ha cambiado a pesar de que nosotros en
la ley de presupuestos hemos hecho las enmiendas necesarias en este sentido,
tanto que se cambie la Ley presupuestos, que se negocie la ratio de plantillas,
las mismas recomendaciones que el Síndic de Greuges les hacía a la
conselleria, las mismas recomendaciones que el director general en junio de 2010 acepta,
pero que parece ser que siguen sin cumplirse.

Y le voy a dar solo unos datos de la ratio por educador.
Ayuntamiento de
Benicarló hay 1,8, por ejemplo, en Castellón; en cambio, el servicio pedagógico de atención al menor hay 1 educador por 21 menores.
Ese es el caso también del Ayuntamiento de Valencia, 1 educador por 35 menores, o la Fundación Diagrama con 1 educador por 39 menores.
Y así sucesivamente.
Este hecho incide igualmente en la aparición de las llamadas listas de espera, ya que al fijar las entidades una ratio
determinada y al remitir la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas las medidas que recibe de los correspondientes juzgados de menores pueden
quedar pendientes de inicio al superar la entidad la ratio por ella
establecida.

Y para que se entienda voy a poner un ejemplo.
Un médico puede tener todas las cartillas que se le quieran poner, pueden tener hasta
dos mil, pero cuando alguien pide cita, si tiene mucha lista de espera nos da
cita para dos o tres meses después.
Pues esto está sucediendo con las libertades vigiladas.
Y viene en distintos periódicos de 2010, de 2011 y en los informes del Síndic de Greuges que hay muchas medidas de libertad vigilada esperando con el
consiguiente perjuicio para el menor en este caso.

Y les voy a decir más.
Dice también el Síndic de Greuges que la competencia es irrenunciable y se ejercerá precisamente por los órganos administrativos que la tenga atribuida como propia, en este caso la
Conselleria de Justicia se podría decir que está haciendo una dejación de funciones.
A lo mejor es que la consellera no tiene tiempo y prefiere dedicar su tiempo a otros menesteres, seguramente.

También dice «la competencia si se tiene se debe de ejercer» y esto va para la Conselleria de Administraciones Públicas.
Ni la Conselleria de Justicia, ni el ministerio público tienen establecido un sistema coordinado de forma informatizada, de
seguimiento de las medidas correctoras impuestas a los menores infractores.
Dice el síndic «es de pura lógica, de sentido común, de eficacia, que tanto los juzgados de menores, las secciones fiscales de
menores y las administraciones públicas cuenten con una aplicación informática que les permita simultánea y coordinadamente conocer el estado de ejecución de las medidas correctoras con el objeto, tanto de comprobar el efectivo
cumplimiento de las mismas como programar actividades que eviten la
reincidencia.
Y hemos constatado en la tramitación de la queja que no existen pautas de actuación unificada en las medidas en régimen semiabierto, con lo cual no es posible analizar los resultados de las
medidas.
La principal responsable de esta ausencia es la administración encargada de la ejecución de medidas, es decir la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas».

También dice que es necesario el establecimiento de protocolos de actuación.
.
.

El senyor president:

Vaya terminando, por favor.

La senyora Pérez Rodríguez:

.
.
.
y les dice una vez más a la conselleria que asuma con plenitud las funciones que se le encomiendan.

Gracias, presidente.

El senyor president:

Moltes gràcies.

Senyor Pañella.

El senyor Pañella Alcàcer:

Gràcies, senyor president.

Manifestem el nostre recolzament a la proposició no de llei que s'ha presentat.
Indubtablement és una proposició no de llei que el que proposa són mesures purament organitzatives, estan parlant realment d'elaborar un ordre en la qual s'establisquen les ràtios de personal, s'està parlant també de marcar màxims i mínims en el que són els nombres d'intervencions, està parlant d'aplicacions informàtiques que controlen fins on s'estan realitzant les mesures que s'han dictat.
Parla de protocols d'intervenció, tant en règim obert com semiobert.
Per tant, estem parlant d'una proposició no de llei de caràcter totalment positiu i que considerem que és convenient assumir en el seu total contingut.
Indubtablement qualsevol d'estes mesures comporten un problema a l'hora de portar-los a termes, que és que cal habilitar el pressupost necessari per a posar-les.

Indubtablement, en este moment no vaig a dir que és un problema, perquè precisament açò és una obligació; no és una qüestió que puguem dir si acceptem o no, a l'igual que els serveis educatius o que els serveis sanitaris són obligatoris.
I, per tant, l'obligació del Consell és d'habilitar les partides, les línies pressupostàries necessàries per a poder-lo fer, poder dur a terme totes estes actuacions que avui se
proposen, perquè seria fer correctament, aplicar correctament una de les obligacions, una de les
funcions que tenen el mateix Consell.

Indubtablement, ací parle de pressupost perquè en realitat serà eixe el pressupost, eixe era el problema, no perquè no hi hagen línies pressupostària o que se puguen habilitar sinó perquè el Consell té decidit ja on va a gastar-se els diners i on no se'ls va a gastar.
I, lògicament, ja va decidir en el seu moment que el que és justícia i tot el que està relacionat amb ella no és prioritari.
I no és prioritari perquè ens trobem, per exemple, en les darreres notícies que el jutjat de Castelló en este moment ja no pot ni notificar absolutament res, perquè ja no se li dóna més crèdit en correus.
Vull dir, porta deu mesos d'impagaments que no se li dóna curs ja, no se li dóna crèdit, per a que puga cursar la seua correspondència, entre ella coses tan importants com les notificacions que han d'eixir d'un jutjat.
Per tant, esta és la postura.
I, per tant, m'estranyaria moltíssim sentir per part del Partit Popular una opinió favorable al que se conté en esta proposta de resolució.

Bé, eixa és la responsabilitat d'aquell que governa perquè, per altra part, no trobem les mesures de control de la despesa que podrien
justificar mínimament el no acceptar estes mesures.
Seguim invertint en actes purament
publicitaris, en actes purament d'imatge, seguim sense control tota la despesa i, per tant, no és justificable que diguen, i ja m'avance, que diguen que això comportaria una despesa addicional.
Si la comporta, que la comporte;
complisquen les seues obligacions, el Consell hauria de complir les seues
obligacions i el Consell hauria de tindre les seues prioritats ben clares a l'hora d'afavorir educació, sanitat, justícia.
Potser a la millor és que no interessa, potser a la millor és que no interessa i el que interessa és seguir la línia actual; cadascú haurà d'acceptar les seues responsabilitats.

Jo simplement, senyories, ratifique el meu vot favorable a la proposició no de llei i el desig que s'aprovara per unanimitat en esta cambra.

Gràcies.

El senyor president:

Moltes gràcies.

Senyor Martínez.

El senyor Martínez Rodríguez:

Muchas gracias, señor presidente.

Señora Pérez, en primer lugar, yo quería agradecerle el tono de su intervención que ha ido usted, a pesar que pudiera parecer dispersa, ha ido usted a lo
concreto.
Se ha centrado usted en el debate de lo que corresponde y yo se lo
agradezco muy sinceramente.
No comparto muchas de las cosas que usted ha dicho,
otras la verdad es que sí, que podríamos estar de acuerdo.
Pero, bueno, a lo largo de mi intervención entenderá usted en qué cuestiones podríamos estar de acuerdo y en qué otras no.

Usted ha ido a mi juicio con buena intención, sin duda, pero no ha afrontado usted lo que en nuestra opinión es fundamental, que es la raíz del problema.
Hemos estado hablando de recursos, que es una cuestión muy importante, luego daremos datos sobre recurso.
Pero yo, mire, quería hacerle algunas consideraciones.

El incremento de menores infractores en situación de reeducación y reinserción se debe, señora Pérez, entre otras cosas y en otras consideraciones, a la sociedad en la que
vivimos.
Y a mi juicio y a nuestro juicio de ahí comienza el problema.
Todos.
Antes los padres ejercían un principio de autoridad sobre sus hijos, era una cuestión que estaba absolutamente implantada en nuestra sociedad, que no de
autoritarismo sino de autoridad, pero sí de autoridad y convendrán conmigo en que la autoridad es fundamental para que una sociedad sea
disciplinada y avance.
No se trata, ni mucho menos, que nuestros niños, y especialmente los preadolescentes y los adolescentes, no tengan libertad
de acción, no se trata de eso.
Se trata de abordar algunas consideraciones que a nuestro
juicio son muy importantes.

Nos hemos preguntado qué hacen nuestros niños y niñas y adolescentes a lo largo del día desde que se levantan hasta que se acuestan.
¿Nos lo hemos preguntado?
¿Cuántas horas pasan con su grupo de iguales?
¿Cuántas horas están conectados a la televisión?
Con lo educativa y lo formativa que es la televisión en este país, señorías.
Porque este no es un problema únicamente de la Comunidad Valenciana es un problema de toda nuestra sociedad, de
la sociedad española.
¿Cuántas horas están solos?
¿Quién les tutela durante ese tiempo?
¿Quién hace el acompañamiento social de nuestros menores?
Sin duda sus padres en muchos casos, sin
duda pues la familia extensa en otros casos y en otros casos no se sabe muy
bien quién.
Y seguramente todo lo que he dicho tiene justificación por parte de la sociedad.

Los padres y madres en este momento, sin duda, pasan muchas horas en el
trabajo, aquellos que tienen la fortuna de conservarlo todavía.
Y sin duda tienen que pasar muchas horas fuera de casa con mucho dolor de su
corazón, seguramente les encantaría poder pasar más tiempo con sus hijos, con su familia, pero las condiciones de vida que entre
todos nos hemos impuesto no lo permiten.
La escuela es otro factor fundamenta,
señorías, la escuela.

Hemos aprobado en estas Cortes una ley de reconocimiento de la autoridad del
profesor.
Yo les aseguro que eso en la educación general básica que yo conocí en el año 1979 no era necesario.
La autoridad en el profesor era como el valor a los
soldados, era una cuestión que se le presuponía, no había que.
.
.
Pero, bueno, yo creo que ha sido una ley importante y que ha sido un avance
significativo.
Pero, desde luego, ya dice mucho qué tipo de sociedad estamos haciendo.
En mi EGB del año 1979 yo nunca vi maltrato, pude ver a lo mejor alguna situación de exceso, pero jamás vi que ningún profesor maltratase a nadie y no se cuestionaba la autoridad del profesor.

Otra duda.
Actualmente, la ley del menor en la parte punitiva, ¿es la adecuada?
Porque nosotros hemos aprobado conjuntamente los dos partidos
políticos mayoritarios la ley de menor y yo en su momento pensé que era un gran avance.
Luego, han ido surgiendo casos, como el de Sandra Palo
y otros casos terribles en la sociedad, que nos han puesto a todos los pelos de
punta.
Pero, a lo mejor, tendríamos que revisar determinadas cuestiones.

Yo señorías, miren, desde la práctica, les voy a contar una situación que viví en primera persona cuando tuve la responsabilidad de ser concejal, en el
ayuntamiento de mi municipio, en materia de bienestar social.
Recuerdo que vino
una madre, angustiada, con un hijo adolescente de 16 años; y me dijo la señora, muy amargada, me dijo: «Vengo a ver qué pueden hacer ustedes por mi hijo.
» Y yo le dije: «Mire, señora, con todo respeto, creo que esto tenía que habérselo planteado usted mucho antes.
Con 16 años, seguramente, esto es una cuestión que usted ya tenía que tener resuelta.
»

Luego, claro, todo eso ha ido a peor.
De este hecho hace doce años y, sin duda, la sociedad ha ido avanzando.
Pero, en este caso, en vez de
avanzar ha ido retrocediendo.
Conocemos muchos las sentencias del famoso juez
de Granada, en las que, por sentencia, ha condenado a menores a aprender a leer
y a escribir.
Y algunas han sido ejemplarizantes para nuestra sociedad.

Miren, señorías, educar -y ustedes deben saberlo- no es, sin duda, sencillo.
Quizá es lo más difícil, la tarea más complicada a la que se han de emplear un padre y una madre.
A veces,
seguramente, en condiciones muy adversas, con una sociedad que rema en contra
de lo que sería mejor para ese menor.

En cualquier caso, he querido centrar el debate del problema en el seno de la
sociedad que todos tenemos.
Que tiene las leyes que nosotros, los políticos, hemos legislado.
Que tiene los medios de comunicación que tiene, que difunden las noticias que difunden.
Y que proyectan hacia la
sociedad los estereotipos de éxito que proyectan, señorías.

Una vez creado el conflicto, es evidente que la administración tiene que intentar, dentro de lo que es su responsabilidad, mitigarlo y estar
presente en la resolución de este conflicto.
Y eso, sin duda, es lo que hace el gobierno valenciano,
desde su responsabilidad.

En el año 2010 se han atendido más de cuatro mil casos de menores infractores.
Y estos expedientes se han
instruido de la manera adecuada, con los informes sociales, con los informes
judiciales, con los informes periciales pertinentes.
La Conselleria de Justicia
y de Administraciones Públicas, que es parte también de este engranaje, de este engranaje social, dedicó, en el año 2009, 1.
971.
000 euros a programas relacionados con menores infractores.
Y, en
2010, 2.
400.
000 euros, es decir, un 20% más.

En su PNL, en su proposición no de ley, reclaman ustedes una herramienta informática que conecte.
Bien, ya existe una herramienta informática que conecta centros y profesionales; se llama Menor J -no me digan por qué, pero es como se le puso en su momento a esta herramienta informática.

En resumen, señorías, la Generalitat valenciana ha dedicado, en lo que va de legislatura, 75
millones de euros al tema que nos ocupa.

Señorías, el dinero es importante.
Por eso se han dedicado, en los últimos tres años 75 millones de euros a la materia que nos ocupa.
Pero no es un problema de
recursos económicos el que nos ocupa.
Es un problema que va más allá.
Es un problema que quiero enlazar con el inicio de mi intervención: ¿qué tipo de sociedad estamos haciendo para los menores entre todos, entre los que
legislamos, sus padres, la familia extensa, su grupo de iguales, la escuela y
los medios de comunicación?
Y ahí es donde está el verdadero problema.
Porque no habrá dinero suficiente para resolver un conflicto que está latente en la sociedad si no se aborda la causa inicial de ese conflicto.

Y ahora, ustedes me podrán decir que es que es poco dinero; y yo les podré decir que Zapatero no nos envía el dinero suficiente.
.
.
Y volver a empezar el debate.
Eso es lo sencillo.
Eso es lo sencillo.
Pero el
fondo es lo otro.

Gracias, señoría.

El senyor president:

Moltes gràcies.

Té la paraula la portaveu del Grup Socialista.

La senyora Pérez Rodríguez:

Señor Martínez, la mayoría de las cosas que me ha dicho no sé qué tienen que ver con el tema que nos ocupa de las libertades vigiladas.

En cualquier caso, le voy a decir, hasta el 2005, en la Conselleria de
Bienestar Social había un modelo de libertad vigilada, con unas ratios y unas plantillas por
educador.
Evidentemente, se podía hacer un trabajo socioeducativo con los menores.

Con 40 menores, o con 35, y con la dispersión geográfica que ello implica -porque hay equipos que tienen todas las comarcas de la periferia de algunas
provincias- se podrá hacer un trabajo de control, no un trabajo educativo.
Y a esos menores se les
están restando oportunidades.

Evidentemente me ha hablado usted de la escuela.
En algunas comunidades, en los
colegios tienen educadores sociales.
Educadores sociales que detectan y
previenen ciertas conductas.
Esa es una manera de trabajar y una manera de
prevenir.

Por otro lado, temas como el de Sandra Palo, lógicamente, generan mucha alarma social.
Ustedes, cuando pasan cosas de éstas, dicen que hay que reformar la ley; y generan un gran estruendo y un gran
ruido.
Pero lo que tendrían que hacer en la Comunidad Valenciana es un modelo valenciano de libertad de
medidas vigiladas y un equipo fuerte de mediación, que tenga la capacidad de prevenir conductas, de hacer trabajo socioeducativo
y de reinsertar a estos menores que, por lo que sea, han entrado ya en el círculo judicial, para que no se conviertan en reincidentes.

Y le voy a decir, en la Comunidad Valenciana, a fecha 10 de noviembre, había 376 medidas sin iniciar.
Eso es muy grave.
Y eso es culpa suya, de su
gobierno.

Por otro lado, el tema de las resoluciones y el tema de los pagos.
En el 2007,
se publica en febrero; la resolución sale en junio; y el primer pago también en junio -esto a las entidades-.
En el 2010, la convocatoria se hace en el 12 del 2009; la resolución, en abril; y el primer pago el 10 de agosto.
En cambio, a los ayuntamientos,
que solo se les subvenciona un 65%: en el ayuntamiento de Valencia, en 2009, el
primer pago el 31 del 8 del 2009; 2010, ningún pago.
Ayuntamiento de Paterna, lo mismo.
Mancomunidad Camp del Túria, lo mismo.
A este paso ningún municipio querrá hacerse cargo de las libertades vigiladas.
Y, lógicamente, esto irá en detrimento, siempre, del menor, del menor y de la sociedad; pero,
fundamentalmente, del menor y de sus familias.

Así que, pónganse las pilas, que es un problema serio.
Y los menores tienen derecho, la ley
les da el derecho de que se respeten sus derechos.
Tienen derecho a una segunda
oportunidad.
Y estamos hablando de niños.

Así que, yo, lo único que le digo es que el síndic, en esta última -que es en el 2011-.
.
.
, en este último estudio le hace bastantes más recomendaciones.
Le dice que hagan un plan transversal de ejecución de medidas, en el que impliquen a todas las consellerias -educación, sanidad y empleo-; que impulsen talleres especiales de empleo y otros recursos para poder llevar
a cabo las medidas socioeducativas.
Le dice, también, que establezcan una ratio máxima de menores a atender.
Le dice, también, que ponga un equipo de mediación necesario para que los menores no entren en la rueda de la justicia.

Tomen las medidas.

Y es además otra cosa, la libertad vigilada es muy barata.
Muy barata si la comparamos con
los internamientos cerrados.
Barata en términos económicos.
Pero también es una medida mucho más social, mucho más educativa; porque el menor sigue estando en su entorno y se sigue trabajando
en el ambiente comunitario.
Y esto es lo que tienen que hacer.
Por eso les digo
que se lo piensen y voten a favor de esta proposición no de ley.

Gracias, señorías.

El senyor president:

Moltes gràcies.

Anem a passar a votar, per tant, la proposició no de llei, presentada pel Grup Parlamentari Socialista.
¿Vots a favor?
7.
¿Vots en contra?
8.
Queda rebutjada.

Anem a suspendre la comissió per un espai suficient per a que puga vindre la consellera.

Moltes gràcies.

(Se suspén la comissió durant uns minuts)

El senyor president:

Bé, anem a reprendre els treballs de la comissió.

Pregunta 480 a la consellera de Benestar Social, senyora Angélica Such Ronda, sobre les beques de l'Ivaj per a estudiar idiomes, que formula la diputada senyora Marina Albiol Guzmán (Agrupació de Diputats i Diputades No Adscrits) (RE número 71.
824, BOC número 286)

El senyor president:

En primer lloc, agrair la presència de la consellera.
El punt que anem a tractar, el punt vuité: pregunta oral a la comissió número 480.

Té la paraula la il·lustre diputada senyora Albiol.

La senyora Albiol Guzmán:

¡Hola!
Bon dia, senyora consellera.

¿Quin raonament ha dut al Consell a considerar l'embaràs una condició prioritària per a concedir, a través de l'Institut Valencià de la Joventut, beques per a estudiar idiomes als països de la Unió Europea?
M'estic referint a l'Ordre 29/2010, de 30 de novembre, de la Conselleria de Benestar Social, per la
qual es convoquen beques per a la realització de cursos d'idiomes en països de la Unió Europea.

Gràcies.

La senyora presidenta:

Moltes gràcies.

Senyora consellera.

La senyora consellera de Benestar Social:

Molt bé.

Gracias, presidente.

Señoras y señores diputados.

Señora Albiol, la orden -a la que acaba de hacer referencia- contempla el embarazo como un criterio de desempate en caso de que dos
solicitudes obtengan la misma puntuación, tras aplicar los criterios de valoración establecidos en la referida orden.
Estos criterios objetivos de valoración que, con su correspondiente baremo, aparecen recogidos en la base octava de la
orden, son: en primer lugar, la valoración del expediente académico, que se llevará a cabo de acuerdo con la puntuación media obtenida en el curso anterior -en este caso 2009/2010- hasta un máximo de diez puntos; y, en segundo lugar, la valoración económica, también con un máximo de diez puntos, que se obtendrá calculando el importe que resulta de dividir la renta familiar entre los
miembros de la unidad familiar.
La suma de la puntuación obtenida, de acuerdo con ambos criterios, determina la posición de los aspirantes a las becas, y, en el hipotético caso de que se produjera un empate, se aplicarían los criterios establecidos en la orden para este supuesto, siendo uno de
ellos el embarazo, que no es, por tanto, una condición prioritaria, sino un criterio de desempate.

Muchas gracias.

El senyor president:

Moltes gràcies.

Té la paraula la il·lustre diputada.

La senyora Albiol Guzmán:

«Siendo uno de ellos.
.
.
» No, sent el criteri més important a l'hora del desempat, perquè si se n'anem a l'ordre, en els criteris de valoració i barem, ¿val?
, la vuitantena, el punt quatre diu: «Si es produïxen empats, les beques s'adjudicaran d'acord amb els criteris següents i per este ordre: u, que la beneficiària siga una dona gestant; dos, la nota mitjana del curs 2009-2010; tres, haver tingut major nota en l'idioma sol·licitant i, quatre, l'ordre alfabètic dels cognoms.
»

És a dir que, en el cas d'empat, l'estar embarassada amb menys de vint i anys, amb menys de vint i anys perquè estes beques són per a menors de vint anys, estar embarassada està per davant de tindre major nota en el curs que s'està estudiant i de tindre major nota en l'idioma que se sol·licita.
És més important estar embarassada per aquesta convocatòria de beques que les notes que pugues traure en el curs o en l'idioma.
Per tant, per al Consell, per a la Conselleria de Benestar Social, estar
embarassada amb menys de vint anys és un mèrit, quedar-se embarassada mentres estudis el batxillerat és un premi, te donen un premi.

Aquestes beques són de l'Institut Valencià de la Joventut.
Des d'Esquerra Unida el que pensem és que l'Institut de la Joventut hauria de centrar la seua activitat en fomentar l'ús del preservatiu per evitar embarassos no desitjats, en potenciar una educació lliure i responsable, però no en fomentar els embarassos en adolescents, no que es considere un mèrit estar embarassada, senyora consellera.
No creiem que aquesta siga una
iniciativa raonable perquè, al final, la seua moral, la del Partit Popular -vull dir-, ultraconservadora, i el fet de tindre un Consell plegat als dictàmens de la jerarquia eclesiàstica i als grups provida els ha portat a perdre el nord.

¿Vosté pensa que una xiqueta en quinze o setze anys que estiga embarassada, això s'ha de considerar un mèrit a l'hora de donar-li una beca per anar-se'n a estudiar al Regne Unit o a França?
¿Pensa vosté que estar embarassada és un criteri que ha d'estar per davant de la nota del curs que s'està estudiant o de la nota de l'idioma que se demana per a estudiar?
Jo crec que açò és una política absolutament contrària a la planificació familiar i absolutament contrària al sentit comú, la veritat.

Des d'Esquerra Unida, evidentment, no volem castigar les joves que es queden
embarassades, però ¡tampoc considerar-ho com un mèrit!
¡Tampoc pot ser que siga considerat com un mèrit que amb menys de vint anys, quan estàs estudiant el batxillerat, te quedes embarassada!

Per cert, aquesta convocatòria de beques inclou, també, la clàusula Cotino, per la qual, per a fer la baremació de la situació econòmica de la unitat familiar, els fetus es consideren com xiquets, com si ja
hagueren nascut.
¡Un absurd!
¡Un absurd!
I és que açò, clar, allò de legislar pensant en la fe i en les creences en compte de legislar amb la raó i amb el seny, doncs, ens porta a aquestes situacions absolutament estrambòtiques, absolutament estrambòtiques, perquè no és només -com dic- el fet que estar en estat siga un mèrit per a la Conselleria de Benestar Social, sinó que, a més, consideren que una persona que està esperant un fill se pot comptar com si ja l'haguera tingut.
Absolutament fora de la realitat.

A mi m'agradaria fer alguns aclariments.
¿Què passa si la dona a qui se li dóna la beca perd el xiquet?
¿Se li lleva la beca?
¡No, no, no!
¡De veres!
I si una dona està en procés d'adopció, ¿també compta com a membre nascut de la unitat familiar, perquè, probablement, eixe sí que ha nascut ja, el que van a adoptar, l'altre no, però eixe sí?

No sé, m'agradaria, si me pot contestar alguns dubtes, però, sobretot, sobretot, el perquè una xiqueta, una adolescent, amb quinze, setze, disset anys estiga embarassa,
per al Consell de la Generalitat valenciana és un mèrit que compta més que les notes del curs que s'està estudiant.

Gràcies.

El senyor president:

Moltes gràcies.

Senyora consellera.

La senyora consellera de Benestar Social:

(Inoïble) .
.
.
, el embarazo como una condición prioritaria para obtener las becas.
Y yo ya le he explicado que los criterios
de valoración son al 50% el expediente académico y la situación socioeconómica, y que, ante situaciones de empate, como criterio de desempate, y no como
criterio para adjudicar una beca, se tiene en cuenta la situación de gestación de la persona que está en un criterio, en situación de empate, ante los dos criterios, económico y formación académica, que la persona ha demostrado.

Usted dice de dónde viene, viene de la Ley de protección a la maternidad.
Otra cosa es que usted le guste o no le guste, pero es una
ley, la Ley 6/2009, de 30 de junio, de La Generalitat, por la cual otorgamos
especial protección a las gestantes, estableciendo la consideración general de la mujer gestante como preferente para acceder a prestaciones,
programas y servicios desarrollados desde La Generalitat.
A mí me sorprende que a usted le parezca mal el que estemos ayudando y apoyando a la
mujer, medidas que vienen a apoyar la situación de la mujer.

En definitiva, señoría, esta es una de las medidas, de las actuaciones que desarrollamos desde La
Generalitat para conceder esa especial protección a la mujer gestante.
Si se diera el caso, si se diera el caso de ese empate -a usted le parece bien o le parece mal, pero es una ley en vigor en nuestra
comunidad-, si se diera el caso del empate, señora Albiol, lo que nos encontraríamos es con una joven merecedora de una beca por su expediente académico y por su situación económica, que, además, recibe una especial protección para poder mejorar su formación, y, por tanto, su inserción sociolaboral, ante una situación de dificultad que conlleva su situación de gestación.
Por tanto, una protección a la mujer gestante -y le reitero- como criterio de desempate cuando ya se ha valorado su situación para concederle la beca, basándose en los dos criterios principales: expediente académico y situación económica.

Muchas gracias.

Compareixença de la consellera de Benestar Social, senyora Angélica Such Ronda, per a informar sobre les causes que han motivat l'expulsió d'un usuari de la residència de la tercera edat de Carlet i que, des de fa uns quants dies, es troba a
la intempèrie a les portes d'este centre, sol·licitada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 71.
776)

El senyor president:

Moltes gràcies.

(Veus) Per favor, guarden.
.
.
Anem a passar al punt nou: compareixença de la consellera.
.
.
-per favor, guarden silenci, uns i altres, guarden silenci-, compareixença de la consellera de Benestar Social per a informar sobre les causes que han
motivat l'expulsió d'un usuari de la residència de la tercera edat de Carlet.
.
.
-vol demanar la paraula, senyor Ferraro?
- d'un usuari de la residència de la tercera edat de Carlet i que, des de fa uns dies es troba a la intempèrie a les portes d'aquest centre, sol·licitada pel Grup Parlamentari Socialista.

Té la paraula la senyora consellera.

La senyora consellera de Benestar Social:

Gracias, presidente.

Señorías.

Señor Torres, solicita mi comparecencia para explicar los motivos que han motivado
la expulsión de un usuario de la residencia de Carlet y que permanece a la intemperie.
Yo
quisiera precisar, en primer lugar, que no se ha producido expulsión alguna.
Ningún usuario ha sido expulsado de la residencia de Carlet.

Dicho esto, paso a referir lo sucedido con el usuario al que entiendo se
refiere su señoría en su pregunta.
Se le ha abierto un expediente por unos hechos que,
presuntamente, pudieran ser constitutivos de una infracción penal y que conllevan un riesgo para el propio usuario o para los demás, quedando acreditada una conducta de falta de respeto que ha puesto en riesgo
la integridad y la convivencia de los usuarios de la residencia.
Estos hechos -a los que hago referencia- son denunciados por el usuario afectado ante la Guardia Civil y el tema está actualmente judicializado, quedando suspendido el expediente sancionador hasta
que se produzca resolución judicial.

A los pocos días, se recibe otra denuncia presentada por un tercer usuario ante la Guardia
Civil en cuya declaración dice expresamente que «el clima es insoportable y podrían pasar cosas o hechos lamentables e irreparables».
Ante esta situación, al día siguiente de esta denuncia -esto es el 12 de enero- la conselleria inicia un procedimiento sancionador, y, al mismo tiempo, se adopta como medida
provisional el traslado del usuario -al que entiendo se refiere su señoría-, el traslado, que no expulsión, a otro centro residencial para garantizar la convivencia en el centro de
Carlet.
No es una medida sancionadora, y, por tanto, es de ejecución inmediata.
Se intenta notificar al usuario esta medida cautelar de traslado,
que la rechaza, por lo que se le comunica verbalmente su contenido en presencia
de testigos.
Como imagino que sabe su señoría, es lo que se considera legalmente una notificación rechazada que surte plenos efectos.

Una vez comunicada esta medida cautelar, que implica el traslado del usuario a
otra residencia, en concreto a la residencia de personas mayores de Cheste, se
ofrece al mismo trasladarla en vehículo de la conselleria con todos sus enseres a dicha residencia.
El usuario opta por no desplazarse,
rechaza el ofrecimiento y se instala inicialmente a las puertas de la
residencia de Carlet con una tienda de campaña.
Finalmente, el Ayuntamiento de Carlet toma las medidas que considera
convenientes contra esta situación irregular en función de las ordenanzas municipales.

Respecto a la situación del usuario, informar que en este momento no se encuentra ocupando ninguna
plaza pública ni está instalado en los alrededores de la residencia.

Yo creo, señor Torres, que el tema es claro, creo que hay un evidente compromiso del Consell
con la calidad de la atención de los usuarios de los centros residenciales.
Las actuaciones llevadas a cabo,
en relación con este usuario, que han motivado su solicitud de comparecencia no persiguen
un objetivo diferente, porque entiendo que para que exista calidad en los
centros, además de un personal adecuado, además de unas buenas infraestructuras, hace falta y es imprescindible que reine la
armonía y el buen clima de convivencia con el objetivo de garantizar el bienestar de
los usuarios.

Muchas gracias.

El senyor president:

Moltes gràcies, senyora consellera.

Té la paraula el portaveu del Grup Parlamentari Socialista, el senyor Antonio
Torres.

El senyor Torres Salvador:

Gracias, señor president.

Señora consellera, lamento que esta última solicitud de comparecencia de nuestro grupo en esta legislatura se base o
se refiera a un tema como el que nos ocupa hoy.
Yo creo que no ha entrado en el
fondo de lo que yo considero las auténticas razones que han motivado la apertura del expediente sancionador a este
residente.
Y usted no dice nada de que esta persona era nada menos que el
presidente de la junta de gobierno de la mayor residencia de la Comunidad
Valenciana, con más de cuatrocientas plazas.
Era, por lo tanto, una persona que desde el principio
se caracterizó por defender los intereses de los residentes de ese centro, que presentó numerosas denuncias -después lo diremos- contra la empresa que hacía los servicios de la cocina, contra el director del centro, contra la directora
técnica, contra la médica.
.
.
Es decir que, ha habido una conflictividad importante en ese centro,
desde mi punto de vista y por las conversaciones que hemos mantenido con
trabajadores y con otros residentes del centro, por la falta de respeto
continuo de la dirección del centro hacia la función que esta persona estaba desempeñando en el mismo.

La reivindicación más importante del presidente de la junta de gobierno fue siempre hacer que se
cumpliese con el pliego de condiciones del servicio de cocina y comedor de ese
centro, y eso ya lo inició, incluso, antes de ser presidente de la junta de gobierno, porque en mayo de
2008 ya le solicitó formalmente a la empresa concesionaria que le diera una copia del contrato para
ver a qué número de comidas tenían derecho, cuál era la calidad de los alimentos que tenían que estar prestando y toda una serie de circunstancias.
La empresa le
responde que no, que el contrato lo tiene hecho con la
conselleria y que, por lo tanto, le solicite ese pliego a la Conselleria de Bienestar
Social.

Pues bien, el director de la residencia de Carlet le niega el pliego de
condiciones al presidente de la junta de gobierno, presenta un queja
formalmente ante la dirección del centro en la cual se dice que no le quieren entregar el pliego de
condiciones y que, no obstante, que le informen por lo menos a qué número de comidas tienen derecho, cuáles son las calorías que debe tener cada una de las comidas y toda otra serie de reivindicaciones
que son obviadas total y absolutamente por la propia dirección del centro.

Más adelante, en enero de 2010, vuelve a presentar un escrito de denuncia, esta
vez, contra el director general de la empresa concesionaria del servicio de
cocina.
Ahí le informa claramente de que la conselleria -me imagino que sería a raíz de las denuncias- eleva el precio de la comida, de 7,15 euros que estaba el precio/día lo eleva a 11,15 euros, es decir, de siete a once, que van cuatro.

Pero, pasados unos meses, la comida sigue siendo, a juzgar por el presidente de
la junta, una comida mala, una comida en la que no se respetan las calorías, una comida que dice él que en el pliego de condiciones se establece que la carne tiene que ser fresca
y no congelada.
La carne es congelada.
El pescado es congelado.
Hay
determinadas tipologías de carne como la de cordero, la carne de conejo, la de ternera que están en el pliego y que no se está sirviendo en ninguna de las comidas, solo se sirve carne de cerdo.
La fruta es
también de mala calidad.
Es decir, todo esto se denuncia ante la empresa concesionaria
sin tener tampoco ninguna respuesta ni de la misma, ni de la dirección del centro, ni de la
conselleria.

Posteriormente, en marzo de 2010, la propia directora técnica de la residencia de la tercera edad de Carlet reconoce que la empresa está incumpliendo, que no está cumpliendo con todas sus obligaciones, y por lo tanto, se le comunica al propio
consejo de usuarios que se han adoptado las medidas al objeto de que la empresa
cumpla con todas las obligaciones que vienen en el contrato y que, además, rectifique todos sus incumplimientos.

Evidentemente, se le da toda la razón a las denuncias que este señor, (so d'un telèfon mòbil) en su calidad de presidente, ha venido presentando contra la citada empresa
concesionaria.

Posteriormente, el propio presidente de la junta hace también una serie de denuncias en los medios de comunicación contra esta empresa.
Y la empresa justifica su actuación en que todos sus menús tienen el visto bueno de la propia conselleria, es decir, el visto bueno del centro -del director centro y la directora técnica-.
Por lo tanto, la empresa dice que ellos están cumpliendo perfectamente, y que, como están cumpliendo, no tienen nada que decir.

No es solamente en este caso el presidente de la junta, sino que también es el sindicato CSIF el que además añade una novedad, y dice que no solamente los productos son congelados, sino que
la mayoría de los alimentos se compran a punto de caducar.
Práctica.
.
.
, no se extrañe, práctica muy habitual en las residencias, y se lo digo porque en la etapa en la que
estuve en el Instituto Valenciano de Servicios Sociales, y a través de los informes de la inspección, era una práctica muy habitual que determinadas residencias comprasen, no ya los productos a
punto de caducar, sino los productos caducados, con el objeto de.
.
.
, y se lo digo, yogures, latas de conserva caducados que se ofrecían o que se ponían en los menús de los propios residentes.

Sin embargo, nada sabemos de si la conselleria, efectivamente, ha hecho las inspecciones correspondientes al objeto de depurar
esa responsabilidad.

Lo que nos interesaría saber es si con el presidente de la junta se han adoptado unas actitudes muy
firmes, y luego entraremos en ella, ¿qué actitud ha adoptado la conselleria con la empresa concesionaria?
Es decir, la empresa concesionaria ya es
denunciada en el anterior contrato.
Vuelve al nuevo contrato, se le incrementan
los precios en un porcentaje elevadísimo y, sin embargo, siguen con los mismos incumplimientos.

Usted sabe que por la ley de contratos está claramente establecido que cuando se incumple con el pliego de condiciones,
ello da lugar a sanciones.
A nosotros nos interesaría saber si efectivamente, igual que se ha tratado como se ha tratado a esta
persona, pues también la conselleria ha levantado algún expediente a esta empresa y le ha repercutido en el pago que le tenía que hacer algún tipo de cantidad o no se le ha repercutido.

En segundo lugar, si hay una serie de personas en la residencia, que son los
que tienen que controlar los menús, y estuvieron dando el visto bueno a determinados menús que no cumplían el pliego de condiciones, ¿ha sido también la conselleria tan exigente con los responsables de la dirección del centro de Carlet en lo que se refiere al cumplimiento de su obligación de supervisar ese pliego de condiciones?
En otras palabras, ¿se ha hecho algún expediente informativo a los responsables de esos vistos buenos, que
evidentemente no eran vistos buenos, a la facturación o a la prestación de comida que se estaba realizando por parte de la empresa?
Y nos interesaría también saber si también estas personas han tenido algún tipo de sanción o se les ha pedido algún tipo de responsabilidad.

Luego, se está acabando el tiempo, nos parece también algo (so per interferència d'un mòbil) especial la prisa.
.
.
, que la alcaldesa de Carlet, después de haber hablado con usted, se dio en tratar de solucionar el tema que tenía en las puertas de la residencia.

Este señor, cuando se le dice que tiene que retirar todas sus pertenencias y trasladarse
a la residencia de Cheste, este señor permanece en las puertas de la residencia, el que la conozca sabe que está en una situación de aislamiento, en una calle que al final no tiene ni salida, él se pone en la acera muy cerca de donde no puede molestar a nadie, por allí nadie pasa, tiene su coche y una pequeñísima tienda de campaña, de no llega a un metro, prácticamente no cabía.
Y, sin embargo, la alcaldesa de Carlet, que le podíamos llamar la alcaldesa exprés, hace una actuación administrativa que es digna del libro Guinness.
A las 20:00 horas del día 22 de enero, le levantan un acta por ocupación ilegal de la vía pública, le dan dos horas para que la retire y, fíjese usted, a las doce de la noche de ese mismo día, ya le han presentado la citación al juzgado.
Es decir, vuelven otra vez al presidente de la junta y le dan una
notificación oficial del ayuntamiento para que se presente a un juicio rápido, es decir, nada, en cuestión de horas.

¿Utilizará también la alcaldesa ese mismo procedimiento para la ocupación de la vía pública de todos los ciudadanos de Carlet que tengan algún caso de ocupación de vía pública, es decir, en el mismo día prácticamente, con una diferencia de tres o cuatro horas, ya se le ha sancionado,
se le ha dado el plazo para que retire todo y, a su vez, se le ha citado
judicialmente?
Que, dicho sea de paso, cuando llegó al juicio.
.
.

El senyor president:

Vaya terminando.

El senyor Torres Salvador:

.
.
.
cuando llegó al juicio, el juez consideró que no había cometido ninguna falta ni ningún delito.
Y por lo tanto, eso quedó ahí.

El senyor president:

Moltes gràcies.

El senyor Pañella Alcàcer:

Gràcies, senyor president.

A vore, senyora consellera, pareix ser que esta persona tenia unes actituds.
.
.
no sé si agressives o, com a mínim, no correctes.
Jo crec que el problema.
.
.
el problema, no; la pregunta clara
és: des de quan se considera que no les tenia?
Clar, perquè és que hi ha certa contradicció en certa manera.

Si esta persona -tal com jo tinc entés, i aixina també el senyor Torres ha dit- havia segut elegit president de la junta de govern, era el representant dels
usuaris de la residència, del centre, tan conflictiu era?

Jo també he fet les indagacions, i me diuen que ahí hi ha un altre problema paral·lel, que és el problema que esta persona tenia la residència.
.
.
, -en una resolució d'eixa residència- la tenia de forma totalment gratuïta, inicialment, com a mínim.
I que a partir d'un moment en el qual rep una pensió -no sé si seria una no contributiva, perquè este home pareix ser que no tenia ací activitat, i per tant, supose pel que m'han dit que seria una no contributiva-, se li revisa eixa situació i se li fa una demanda de pagament parcial de la seua estada a la residència.

I això coincidix amb tota la resta que hem dit ahí, vull dir, aleshores, esta persona, quan comença a ser problemàtica?
, abans que l'elegiren com a representant dels usuaris allí mateixa?
, a partir de les denúncies que fa sobre el funcionament del centre?
, a partir de la negativa que ell
se nega a fer cap aportació econòmica, defenent que ell tenia una resolució en la qual es dictava que era gratuït el seu ingrés en el centre?

I bé, hi ha una sèrie de problemàtiques en este moment que, bé, com algunes no han aparegut, jo ho he ficat damunt la taula, perquè tot açò se suma, però pareix ser que tot se sume a partir d'un moment determinat, que és a partir del moment de les denúncies que este home fa sobre el funcionament del menjador.

Clar, això, una situació que si no estara ahí eixe, podia paréixer normal, doncs, no ho és tant, no?
, no ho és tant perquè pareix ser que en la successió dels fets, el fet desencadenant, el fet inicial de tota la problemàtica és el fet que ell d'alguna manera se constituïx en defensor o aclaridor de les circumstàncies dels usuaris.
I en eixe moment és quan comença a ser molest i conflictiu, a partir del moment que denuncia que el menjar no és.
.
.
bé, que les condicions en les quals es gestiona en general el centre no s'adeqüen a la contractació que hi ha.

Per tant, en lloc de conflictiu, podria ser molest.
I no és el mateix.
És que no és exactament el mateix, perquè, com he dit, la problemàtica se suma tota a partir de.
Simplement, les meues informacions coincidixen
amb les que el senyor Torres ha dit.
Simplement un matís, un matís simplement.
Efectivament, la pressa que pareix que té l'alcaldessa de Carlet és molt gran, a l'igual que després, una vegada llevat l'obstacle, la.
.
.
-com li diria?
- la falta de memòria, perquè en el judici ràpid no se presenta ningú de l'ajuntament, que havia segut el denunciant.

I per tant, davant de la no-presentació de ningú, és quan se determina que no hi ha lloc.
Perquè la falta aparentment sí que existia, però una vegada solucionat el problema, que no era si se fea una il·legalitat o no, sinó se demostra en l'actitud de l'alcaldessa de Carlet que el problema era la presència davant del centre d'una persona que molta gent se podia preguntar, com aixina passava perquè va estar alguns dies, va estar algun temps determinat en el qual va rebre.
.
.
, bé, va estar alguns dies sense tindre cap lloc determinat, la gent mateixa de
Carlet, persones de Carlet li van donar ajuda perquè este home estava en el carrer.
Això ho he confirmat, i aixina és.

El motiu?
Bé, podem entrar en debat si havia d'estar o no havia d'estar.
Però el debat ja no és si havia d'anar a un altre centre o no.
La meua pregunta és molt clara.
De la successió dels fets, dóna la impressió que se convertix en molest a partir del moment en el qual crea totes estes denúncies.
I per tant, després sí, vénen denúncies, però bé, ja no vull qualificar perquè no ho sé, però tots podem pensar la base o no base, perquè, al cap i a la fi, hi ha una denúncia i caldrà esperar que tinga base.
Efectivament, es nega l'expedient, però l'expedient molt ràpid, vull dir, ha arribat a fer eixir a esta persona del centre de manera
immediata.

I, com dic, la pregunta: és a partir del moment en el qual ell fa les denúncies quan això es convertix en un personatge conflictiu dins del centre?

Moltes gràcies.

La senyora García Herrero:

Gracias, señor presidente.

Brevísimamente.
En primer lugar, señora consellera, agradecerle una vez más su presencia y su comparencia en esta Comisión de Política Social.
Y de su comparecencia, señora consellera, al Grupo Popular sí que le queda claro algo fundamental, y es el fuerte compromiso de La
Generalitat por garantizar la calidad y la mejora continua de la atención a nuestros mayores, tanto en centros residenciales, como en centros de día.

Y no es nada nuevo, señorías, porque el gobierno valenciano ha venido trabajando constantemente por la
mejora continua de las prestaciones de servicios sociales en programas y
centros, y creo, señora consellera, que de una forma admirable, no solo para la diputada que le habla, sino
fundamentalmente y muy satisfactoriamente para los usuarios.
Y no podría ser de otra forma, porque en cuanto a la atención a los usuarios de los centros es un objetivo prioritario para la conselleria que usted tan magníficamente dirige.

He dicho que iba a ser muy breve, señorías.
Y, efectivamente, al principio de mi intervención he dicho que le agradecía una vez más, consellera, su presencia y comparecencia en esta comisión.
Y en ésta mi última intervención, en esta última reunión de la Comisión de Política Social en esta legislatura, pues sí quiero darle las gracias, una vez más, señora consellera, por la disponibilidad que ha demostrado siempre para comparecer en esta comisión a petición propia o de los grupos parlamentarios o para contestar preguntas a petición de los grupos.

Agradecerle la amabilidad y la afectuosidad de su trato, y fundamentalmente, señora consellera, el trabajo que viene realizando diariamente por todos nuestros mayores y por
todos los más necesitados de protección.

Igualmente quiero agradecer a mis compañeros del Grupo Parlamentario Popular, pues bueno, la plena disposición y trabajo que han venido realizando en esta legislatura y que han hecho muy fácil mi labor como portavoz.
Y a la mesa y a todos los componentes de esta comisión, pues bueno, yo creo que por el debate sereno que hemos llevado a cabo en esta
legislatura y también por la cordialidad de nuestras relaciones personales.
Y, como no, a todo el
personal de la cámara por la atención que nos dispensan cada día.

Nada más y muchas gracias.

El senyor president:

Moltes gràcies.

Senyora consellera.

La senyora consellera de Benestar Social:

Muchas gracias, señor presidente.

Si me permiten, yo centraría el tema haciendo además respuesta a la pregunta del señor Pañella en la que dice que cuándo empieza a ser -creo que ha utilizado la palabra- «problemático», «conflictivo» o «molesto».
Y contestando ahí, trataré de centrar y contestar a la réplica del señor Torres.

Este señor no es ni conflictivo, ni molesto ni problemático.
Este señor tiene una actuación en un momento determinado en el que pone en riesgo la situación de otros usuarios de la residencia.
Y este señor es denunciado por los mismos ante la Guardia Civil por los hechos que
presuntamente ha cometido y que en este momento se encuentran judicializados y,
por tanto, el expediente administrativo paralizado hasta la resolución judicial de ese procedimiento.

Esa es la situación que lleva a abrir un expediente sancionador por esos hechos y una medida
provisional de traslado para tratar de volver a establecer una situación de armonía, que es la que debe reinar en un centro de atención a personas mayores.

Ese es el motivo y la pregunta por la que se me ha solicitado esta
comparecencia, la situación de ese expediente que da lugar, utilizando un término incorrecto, a una expulsión, que no ha sido expulsión, que ya he aclarado en mi primera intervención que ha sido traslado y el que ese señor se encontrara en la vía pública, y yo en mi primera intervención lo he contestado.

Me decía, señor Torres, que usted consideraba que las razones que han motivado este
expediente son otras.
Esa es su consideración personal.
Lo que ha motivado el expediente es lo que yo acabo de referir.

Con respecto al tema que me dice que este señor era presidente de la junta de usuarios.
Este señor era presidente de la junta de usuarios hasta el verano del año 2010, donde dimitió más del 50% de la junta, y por tanto, y de conformidad con lo que establece el
estatuto de usuarios regulado por la orden de 2005, se constituye una comisión gestora el 16 de julio de 2010, a través de una asamblea, en la que este señor es parte de esa comisión gestora y este señor tiene entre sus cometidos, entre otras cosas, seguir representando a los
usuarios y convocar las elecciones en un plazo de tres meses, lo cual no hace
esa comisión.
Pero ese es otro tema.

Lo refiero porque usted ha hecho referencia a que es el presidente de los
usuarios.
Lo ha sido hasta ese momento y dejó de serlo por la dimisión de más del 50% de la junta.

Decía usted en su intervención, ha referido usted que este señor a lo largo del tiempo ha interpuesto denuncias contra la empresa encargada de
las comidas de la residencia, contra la directora médica, contra.
.
.
, no sé, creo que ha dicho un técnico, contra el director del centro, y me decía que por falta de respeto.
Yo me preguntaría de quién.
Pero, en todo caso, en todo caso, señor Torres, yo tengo el pleno convencimiento de que la conselleria ha actuado correctamente para conseguir el objetivo al que he hecho referencia,
que era poner el orden mientras se tramita un procedimiento judicial y ante
unos hechos que ponían en riesgo a otro usuario.

A lo largo del tiempo este señor ha realizado las denuncias y las quejas que ha tenido por conveniente, y la conselleria durante ese tiempo ha hecho lo que tenía que hacer.
¿Y qué era?
Cuando nos ha trasladado quejas sobre el tema de las comidas, investigar
qué ocurría con las comidas.
Y no lo digo yo, señor Torres, lo dice usted.
La directora técnica lo reconoce, se adoptan las medidas y se mejora la comida.
Esa es la
actuación de la conselleria ante una queja de un usuario.
La actuación de la conselleria no ha sido iniciar un expediente de no se qué cuando se produjeron las quejas hace un año, sino ver lo que les decía el usuario, que era presidente, y aunque no lo hubiera sido se hubiera hecho
igual, inspeccionar, ver como se estaba llevando el servicio de comidas, ir
personalmente en la hora de comidas la conselleria, esta consellera, a esa residencia, ver lo que había, actuar en consecuencia y mejorar las comidas.
Que, repito, lo dice usted con
ese informe de la directora técnica y lo que dijo el usuario al que usted hace referencia.

Con respecto a su puntualización de la alcaldesa de Carlet y esa premura que dice usted que ha tenido.
Yo,
cuando hay un usuario, como en este caso, en la vía pública, diez o quince días con una tienda de campaña en pleno invierno, con los fríos que hacen por la noche, que un ayuntamiento, entiendo que cualquier
ayuntamiento ejerza sus funciones para que se cumplan las ordenanzas
municipales, si a usted le parece que quince días en una tienda de campaña, en una vía pública, es que se ha actuado con mucha premura.
Y, en todo caso, el ayuntamiento
habrá actuado seguro, seguro, que buscando el beneficio de un ciudadano de su
municipio y la aplicación de la norma.
Porque no quiero pensar que a usted le parece bien que las
ordenanzas no se apliquen o creo que no es ese el planteamiento que usted ha
tenido.

Yo creo que se ha hecho lo que se tenía que hacer.
Y, en todo caso, se ha cumplido con la normativa que estaba en
vigor.

Señor Torres, usted plantea una comparecencia de una persona concreta.
Eso hace que
con la voluntad y la obligación de ser totalmente respetuosos con esa persona, nosotros traslademos la
información, le repito, con el mayor respeto posible.

Me habla usted de un usuario al que otros usuarios de la residencia.
.
.
, perdón, que ha sido objeto de quejas por parte de muchos usuarios de la residencia, y
usted lo sabe, quejas dirigidas a la conselleria, quejas dirigidas a otras instituciones, como la Sindicatura de Greuges, como
la Casa Real, quejas hacia este usuario, y en concreto un usuario que tiene ya
sentencia condenatoria por vejaciones a una trabajadora, no de la conselleria, de una de las contratas.

En todo caso, señor Torres, cada hecho tiene una repercusión.
Esto ha ocurrido, las denuncias que usted hace referencia ha ocurrido, y la conselleria tiene obligación de actuar en función de los hechos que se plantean.

Hay un hecho en un momento determinado, que, repito, presuntamente, porque está judicializado, pero así se denuncia por un usuario ante la Guardia Civil, pone en riesgo su situación.
Y la obligación de la conselleria es actuar, actuar por el interés general de la residencia de Carlet.

Y le repito, estoy convencida de que la actuación ha sido correcta.
El resto es querer, es querer venir a implicar en un
expediente concreto temas que no tienen nada que ver, y que además lo demuestra el tiempo.
Porque cuando ocurrieron esas denuncias no se tomaron
estas medidas, se tomaron otras: investigar y mejorar la comida que se daba en
la residencia.

Muchas gracias.

El senyor president:

Moltes gràcies.

Té la paraula el senyor Torres.

El senyor Torres Salvador:

No, no me ha contestado a las preguntas que le formulaba, en el sentido de si
efectivamente había un incumplimiento del pliego de condiciones, si la administración ha cumplido con su obligación de exigir a la empresa la deducción en lo que se refiere a la liquidación mensual que realiza por el servicio que está prestando, si se le ha deducido los incumplimientos realizados durante un
tiempo excesivamente largo.

Y, en segundo lugar, si los técnicos responsables de la supervisión de la contrata en Carlet, que no la han supervisado o que no la estaban
supervisando adecuadamente, también han tenido algún tipo de correctivo por parte de la conselleria, porque él sí que lo ha tenido.

Mire, efectivamente el tema es complejo, porque él tiene un primer expediente en el año 2010 y un segundo expediente en el año 2011.
Hay dos expedientes.

El primer expediente es como consecuencia, única y exclusivamente, de la crispación existente entre la dirección del centro y la junta.
Crispación con el director del centro y con la directora técnica.
Y aquí, de hecho, la sanción.
.
.
, al final cuando dice «se le sanciona y se le suspende por la financiación de su plaza durante el plazo de un año por impago» -ahora hablaremos de los impagos-; y, en segundo lugar, «la privación de servicios lúdicos y de actividades en el centro durante seis meses por los insultos a la
directora técnica y otros seis meses por los insultos al director».
Y además se le sanciona también con la posibilidad, la imposibilidad de poder presentarse a cargos.
Esto es de
diciembre de 2010.
Ésta es la primera.

Y diez días después inician el segundo expediente disciplinario.
Y entonces, en este segundo
expediente disciplinario, lo que usted dice, que si un señor ha dicho que le ha agredido, que está en la Guardia Civil, que está en el juzgado, y esperemos.

Pero es que, de este primer expediente, él presenta, el 17 de septiembre del año 2010, presenta el correspondiente recurso diciendo que no se han cumplido los
artículos del decreto que regula las sanciones, que intenta que no sea instructor de
su expediente una persona determinada porque puede estar en conflictividad.
Y
el tema es que a ese expediente o a ese recurso presentado por el interesado no
se le responde.
Y es más, se le cita el día 28 de septiembre del año 2010 a la prueba testifical, donde tenía que ir con el instructor, no testifica en esa prueba, porque se niega a
testificar porque no se ha cumplido con todos los trámites administrativos; y ese mismo día 28 de septiembre es el día que se resuelve desestimar la solicitud que él había presentado.
El mismo día, es decir, después de hablar con él.
Cuando todo eso tiene que ser previo.

Por lo tanto, había una serie de irregularidades administrativas en el mismo.
Porque, mire usted, entre los testigos que presenta pues, usted lo sabrá mejor que yo, el director del centro le entregó un listado de las personas que adeudaban lo mismo o más que él.
Porque en el primero, en el primer expediente, se le dice, oiga, este señor debe cuatro meses, y como debe cuatro meses, vamos a por él y ponemos los cuatro meses que debe, y que no ha pagado, y los insultos al
director y los insultos a la directora técnica.

Pero, ¿se ha hecho lo mismo con el resto?
Había gente que debía 9.
000 euros y que debía 7.
000 euros en aquel momento.
Cinco cuotas, seis cuotas, cuatro cuotas.
Entonces, se le hace expediente y se le sanciona por ese tema.
¿Se ha sancionado o se ha hecho expediente al resto?
En otras palabras, ¿en este momento no hay nadie en Carlet que deba más de tres cuotas?
Y si lo hay, ¿por qué no se procede también a la iniciación del expediente disciplinario?
Porque cuando se inicia el primer expediente
disciplinario la primera causa y principal es esa, eh, la comunicación del director de que se debe septiembre, octubre, noviembre y diciembre del
2009, y que como no ha pagado, pues entonces iniciemos el expediente; y a eso añadimos lo que he dicho anteriormente: los insultos.

En el segundo, se vuelve otra vez a decir lo mismo.
Hay otra demora de más de tres meses, se ha producido una agresión y/o malos tratos a un usuario, se está alterando la convivencia y el sancionado está alterando las normas de convivencia y faltando al respeto al personal y a la
dirección del centro.
Luego, el único hecho que se le imputa es la discusión tenida con uno y con otro de los residentes en el centro que presenta sus
testigos, pero también él presenta sus testigos, y como eso está sometido al criterio judicial o a la sentencia que tenga que haber, no voy a
decir yo si tenía razón o no tenía razón.

Lo que sí que queda claro es que se ha sido excesivamente duro con esta persona.
Que los
mismos hechos que se le achacan a él se podían achacar a muchos otros residentes del centro.
Y que, sin embargo, se ha hecho
un especial o se ha tenido un especial interés en su persona.
Y, lo vuelvo a repetir, porque era una persona que gozaba del
respaldo de la mayoría de los residentes de esa residencia.
Como así lo han demostrado.
.
.

El senyor president:

Vaya terminando.

El senyor Torres Salvador:

.
.
.
(inintel·ligible) .
.
.
sucesivas en las elecciones que se han realizado.

El senyor president:

Muchas gracias.

La senyora consellera de Benestar Social:

Gracias, presidente.

Señor Torres, el primer expediente que se le abre a este señor al que usted hace referencia es por impago de las cuotas.
A él y a bastantes usuarios más.
¿Si hay más en este momento en la residencia de Carlet?
Sí, claro que hay más.
En concreto 63 residentes por impagos, con distintos expedientes abiertos.
Se
están investigando todos, todos, y con distintos expedientes abiertos, según el caso concreto de cada uno de ellos, y porque se le procede al impago, por
qué ocurre el impago, como usted muy bien sabe.

En este al que usted hace referencia, como a doce usuarios más, se aplicó la medida que era más beneficiosa para el usuario.
Usted sabe que por el impago la medida que se
puede tomar es la pérdida de plaza pública.
No se adoptó.
Adoptamos la medida que era más beneficiosa, que era la privación de la aportación pública de la plaza.

Y sabe también que con la incoación del expediente va aparejada, porque lo contempla así el estatuto, la imposibilidad de presentarse a cargos públicos.
Usted lo sabe.
No sé por qué mezcla el que se ha abierto el expediente y que luego no se le deja.
.
.
, y que
como medida se lo pone que no se presente a todos los que se les incoa el
expediente.

El expediente ha estado bien llevado, ese expediente, a él como al resto.
Le repito, nuestra acción está siendo igual y movida por el interés general.

Y además, es que aparte de que se lo diga yo, o no porque se lo diga yo, mejor dicho,
los hechos hablan por sí solos.
Porque usted tiene esas denuncias a las que usted ha hecho referencia
con su fecha y cómo respondió la conselleria ante estas situaciones.

Le reitero: lo que ha ocurrido en el último expediente que ha motivado esta comparecencia -y es lo que creo que no puede de ninguna manera tolerarse-, es el que haya algún hecho que ponga en riesgo a otro usuario de la residencia y que haya sido
denunciado por el mismo.

Pero, señor Torres, el traslado de un usuario de una residencia a otra ante
circunstancias de este tipo no es la primera vez que ocurre, y usted lo sabe
también que no es la primera vez que ocurre.
En concreto, en este mes de enero, en esa
residencia, también otro usuario, que tiene una resolución sancionadora firme, ha sido trasladado.
Usted no ha preguntado por él.
Yo, desde el principio, he sabido a quién usted hacía referencia.
Usted no ha preguntado por él, ni ha preguntado por el resto, por algunos otros usuarios -no es que se dé constantemente, pero se da- que hay en otras residencias.

No quiero pensar que haya tenido usted un interés selectivo en este usuario, motivado porque haya concurrido a las elecciones
del Ayuntamiento de Carlet (veus) por el partido -perdón, perdón-, por el partido al que usted pertenece.
No quiero pensar que su interés haya sido selectivo y motivado precisamente porque este señor ha concurrido en una lista electoral por su partido y el resto no.
Yo creo
que no ha sido así, que ha sido por su interés de saber lo que ha ocurrido.
Y yo he tratado de contestarle, estoy convencida.

Es mi última intervención en esta comisión en esta legislatura.
Quiero agradecer a todos los miembros de esta comisión el trato, las formas que se han tenido a lo largo de este tiempo, que además creo que son las que corresponden en quienes son los legítimos representantes del pueblo valenciano.

Mi paso por esta comisión, siempre acompañada por mi estrecha y brillante colaboradora parlamentaria, ha sido breve en el
tiempo, no hemos llegado a dos años, pero, desde luego, ha sido muy positivo, de verdad, muy positivo.

Creo que se ha hecho la labor que correspondía, la labor como miembros del gobierno, de dar las explicaciones a las políticas y actuaciones que llevamos a cabo, y como miembros de la oposición, de pedir esas explicaciones y de control a la labor de gobierno, que, en
definitiva, creo que es lo que nos justifica y lo que realmente legitima el que
estamos aquí.

Yo quiero agradecer expresamente al grupo parlamentario que sustenta al
gobierno, al Grupo Parlamentario Popular, su constante esfuerzo, dedicación, apoyo a la labor que desde la Conselleria de Bienestar Social venimos
desarrollando, y permitirme hacerlo extensivo al resto de los grupos
parlamentarios.
Hemos contado en esta comisión con personas conocedoras del ámbito social, personas con experiencia en la gestión de los servicios sociales.
Y estoy convencida de que eso ha elevado el nivel
de debate que aquí se ha tenido.

Creo que tanto por el fondo como por las formas, en esta comisión hemos o han intentado -y si me lo permiten, utilizo la primera persona del plural-, hemos intentado llevar a cabo la labor que nos corresponde de trabajar en
beneficio de los valencianos, a quienes todos los que estamos aquí nos debemos.
Y estoy convencida de que con ese tono de debate, con ese fondo y
ese rigor en los planteamientos, estoy convencida habremos contribuido a
dignificar las instituciones a las que servimos.

Ha sido un placer contar con todos ustedes.
Muy buenos días y que vaya muy bien.
Y muchas gracias por su atención.
(Aplaudiments)

El senyor president:

Antes de finalizar, yo también quería, en nombre de los integrantes de la mesa, agradecerles a todos.
.
.
Bueno, en
primer lugar, a la consellera, porque, efectivamente, su actitud siempre ha sido la de colaborar, la de estar
a disposición de los miembros de esta comisión y exactitud (veus) en sus formas, en su talante y también en el contenido.
Y en las veces que ha comparecido y las explicaciones que ha
dado, sin duda alguna, ha intentado siempre dar respuesta a las demandas que
los miembros de los distintos grupos hemos pretendido hacer buscando ese fin
que usted comentaba, de trabajar en pro de.
.
.
, bueno, pues aquello que nos
ocupa y de hacer lo mejor posible por los valencianos.

La verdad que a los miembros de la mesa ordenar el trabajo de esta comisión ha resultado fácil, porque en todos hemos encontrado colaboración.
Y, sobre todo, yo creo que ha habido, lo más importante, ha habido respeto, ha habido un talante de hacer las cosas
pensando que hacíamos lo mejor desde distintos puntos de vista.
Y, por tanto, los debates y el
trabajo, pues yo creo que han respondido a eso, al interés de todos de trabajar por todos y cada uno de los valencianos.
Muchas gracias a
todos.

Y también a los trabajadores que han colaborado.
Anteriormente era otra letrada, hoy es
un letrado el que nos acompaña, pero tanto uno como otro, como el resto de los trabajadores, han permitido
que lo pudiésemos hacer en las mejores condiciones.

Gracias a todos.

(S'alça la reunió a les 14 hores i 48 minuts)