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Comissió de Governació i Administració Local realitzada el dia 24 de febrer de 2015.
Comença la reunió a les 10 hores i 32 minuts.
Presideix el diputat senyor Fernando María Giner Giner.
Reunió número 24.

El senyor president:

Si els pareix, iniciem la sessió.

Procedim, en primer lloc, a comprovar el quòrum.

Senyora secretària, per favor.

(La secretària passa llista per tal de comprovar el quòrum)

La senyora secretària:

Hi ha quòrum, senyor president.

El senyor president:

Moltes gràcies, senyora secretària.

Senyories, existint quòrum, procedim a entrar ja en l'ordre del dia.

El primer punt: la lectura i aprovació de l'acta de la reunió anterior.
Si no n'hi ha ninguna qüestió, ninguna al·legació a l'acta, la donaríem per aprovada i per unanimitat.
Queda aprovada per unanimitat.

Compareixença del conseller de Governació i Justícia, que fa el secretari autonòmic de Justícia, senyor Antonio Gastaldi Mateo, per a explicar les mesures adoptades en relació amb la Resolució 355/VIII, sobre dotació de més personal per al Registre Civil d'Elx, aprovada en la reunió de la Comissió de Governació i Administració Local el passat 26 de febrer de 2014, sol·licitada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 92.
415), a la qual s'acumula la sol·licitada, a petició pròpia, pel secretari autonòmic de Justícia (RE número 93.
930)

El senyor president:

El segon punt de l'ordre del dia: compareixença del conseller de Governació i Justícia per a explicar les mesures adoptades en relació a la Resolució 355/VIII sobre dotació de més personal per al Registre Civil d'Elx, aprovada en la reunió de la Comissió de Governació i Administració Local del passat 26 de febrer de 2014.
Compareixença que està acumulada a la compareixença del secretari autonòmic de Justícia per a explicar les mesures adoptades sobre dotació de més personal per al Registre Civil d'Elx, que estava sol·licitada a petició pròpia.

Senyor secretari autonòmic, té la paraula.

El senyor secretari autonòmic de Justícia:

Muy buenos días.

Gracias, señor presidente.

Bien.
La comparecencia que se hace a petición propia por parte de quien hoy se dirige a ustedes, señorías, tiene como motivo, como saben y conocen muy bien, según el título de la que se solicitó, explicar las medidas que se adoptan en relación con la Resolución 355/VIII sobre la dotación de más personal en el Registro Civil de Elche.

Bien.
Sobre esta materia ya se ha contestado por el compareciente en alguna ocasión alguna pregunta y creo que en esta comparecencia merecerá la pena hacer alguna explicación un poco más extensa sobre la situación del registro civil, en concreto de este registro, y de los registros civiles en general, dado que es una materia de actualidad y de polémica política incluso entre los grupos y también entre la sociedad.

Saben ustedes perfectamente que en la Comunidad Valenciana existen cinco registros civiles exclusivos, tres en Valencia y dos en Alicante, es decir, registros civiles que dedican todo su personal a resolver exclusivamente materias propias de registro civil.

Existen otros ocho registros civiles que comparten sus funciones con los juzgados de primera instancia, es decir, juzgados de primera instancia que además destinan parte de su esfuerzo a la atención a materias propias de registro civil.
Y estos son: el 5 de Castellón, el 3 de Elche -que es el que nos trae hoy aquí-, el 2 de Benidorm, el 2 de Denia, el 2 de Orihuela, el 1 de Torrevieja, el 3 de Gandía y el 1 de Torrent.

El resto de registros civiles se encuentran en los juzgados de primera instancia e instrucción de todos y cada uno de los partidos judiciales de la comunidad y también en todos y cada uno de los juzgados de paz de los municipios de la Comunidad Valenciana.

Por lo tanto, todos los ciudadanos de la comunidad tienen en su municipio un registro civil a su disposición, que está o bien en el juzgado de paz o bien en los juzgados que les he manifestado.

Es una problemática ya histórica la saturación de los registros civiles en toda España.
Esto, de lo cual el gobierno valenciano ha sido consciente desde el principio, dio lugar a que ya en el año 2007 -y lo digo por hacer un pequeño histórico del esfuerzo que se ha realizado en materia de registros civiles-, se procedió a incrementar la plantilla de tramitadores procesales de los registros civiles entonces de Valencia, Alicante, Castellón, Elche, Torrent, Gandía, Vila-real y Catarroja.

En el año 2008, y dentro del programa de modernización de la justicia, llamado Moderniza.
Just, se inició un plan concreto de actuación.
Se creó el registro civil 3 de Valencia y el 2 de Alicante y se realizó una inversión de 1.
792.
000 euros.
Y se crearon 37 plazas de funcionarios en aquel año 2008.

En el año 2008 se realizó también un plan extraordinario de refuerzo y una…, en fin, una inversión por parte del gobierno valenciano en materia, como he dicho ya, de personal y de dinero, en materia de registro civil para terminar con esa situación de atasco histórico.

Durante los años siguientes, y en concreto, centrándonos más bien en el juzgado de Elche, es decir, el primera instancia número 3 que lleva el registro civil, en los años 2009, 2010, 2011 se fueron concediendo prolongaciones de jornada a los funcionarios del juzgado.

Es decir, como ustedes conocen muy bien, los planes de prolongación de jornada suponían la retribución extraordinaria a aquel personal que justificara que alargaba su jornada laboral más allá de la establecida sindicalmente, con retribución para esa prolongación por el exceso de trabajo acumulado en los registros.

Y ya en los años 2014 y 2015, por parte de la Dirección General de Justicia se atacó el problema mediante la inclusión de dos tramitadores procesales más, es decir, dos funcionarios de tramitación, que estuvieron durante todo el año 2014 y durante todo lo que estamos…, llevamos del año 2015, reforzando la plantilla del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Elche, para conseguir o para asumir, digamos, el incremento de expedientes de nacionalidad.

Porque el incremento de estos expedientes se ha producido, fundamentalmente, en los expedientes de nacionalidad que han sido derivados por el ministerio de justicia a los registros civiles, para la realización de los trámites de juramento.
Y, por lo tanto, este concreto punto es el que provoca la situación de atasco en muchos registros civiles.
No el matrimonio, o no las certificaciones, concretamente, los expedientes de nacionalidad, motivados también por la naturalización de muchos extranjeros que cumplen los requisitos legales para la adquisición de la nacionalidad española y, por lo tanto, cuyo trámite final es la adquisición de la misma en el registro civil.

Esta es la explicación de este incremento de muchos registros civiles últimamente y esta es la explicación, y no, como digo, la ausencia de medios o de personal.

En concreto, les diré que el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Elche tiene una plantilla actual de 4 gestores, 11 tramitadores y 1 auxilio, lo cual supone un incremento de 1 gestor más y 6 tramitadores más que cualquier primera instancia.
La plantilla normal de un primera instancia es 3-5-1, como decimos en justicia, es decir, 3 gestores, 5 tramitadores, 1 agente.
Elche tiene 4-11-1.

Es decir, este incremento en 7 funcionarios de plantilla se establece para atender a funciones de registro civil.
Y además, cuenta con 2 tramitadores más de refuerzo, es decir, con un total de 9 funcionarios más que el resto de juzgados de primera instancia de la localidad para atender a las funciones del registro civil.

Y tengo que decirles además que las…, o los esfuerzos, o el personal que se ha incluido en el registro civil ha tenido su reconocimiento también en la memoria del año 2013, donde la propia presidenta del Tribunal Superior de Justicia hace referencia -y cito literalmente- a la situación de los registros civiles y dice que Â«fruto de las gestiones -se refiere a la administración autonómica- y de los esfuerzos presupuestarios de esta administración autonómica, con firme voluntad de paliar en los posible los problemas existentes, se ha logrado el establecimiento de refuerzos temporales para colaborar en el desatasco de los expedientes pendientes.
Â»

Es decir, existe un reconocimiento expreso en la memoria de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del año 2013 al esfuerzo hecho por el gobierno valenciano para terminar con esa situación de atasco de expedientes, que, como he dicho anteriormente, se refieren básicamente a expedientes de nacionalidad.

Por otra parte, les tengo que decir que también la creación por parte del ministerio de jueces de adscripción territorial, de los cuales 14 han venido a la Comunidad Valenciana, están a disposición de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia por si considera oportuno, a partir del 1 de enero de 2015, adscribir alguno o bien al Registro Civil de Elche o bien a cualquier otro órgano judicial que requiera, precise o necesite de apoyo.

Pues bien, dentro del Registro Civil de Elche, además también existe, como todos ustedes conocen, el acceso -existe el acceso para todos los ciudadanos y a todos los registros civiles- a lo que llamamos el portal de la Generalitat valenciana, el portal de registro civil, donde se pueden solicitar certificaciones de nacimiento, matrimonio y defunción por vía telemática, se puede solicitar cita previa también para la inscripción de recién nacidos y cita previa para tramitar expedientes de matrimonio civil y de nacionalidad.

Esta cita previa, que es la que según también algunos medios ha dado lugar al atasco, está gestionada a través de un contrato con el Registro Civil de Elche, en virtud del cual es el propio registro civil quien confecciona el calendario de citas, quien establece además los parámetros que…, cuántas citas se repartan cada día y cuántas personas se atiende cada día en el registro civil.
Es decir, es de la gestión propia del órgano judicial a quién corresponde el señalar el número de citas, el número de personas que cada día acuden al registro civil.

Por lo tanto, ahí la competencia de la comunidad autónoma se limita, como he dicho antes, al establecimiento de los funcionarios y los medios materiales, y no mucho más, puesto que los juzgados de registro civil tienen un régimen competencial distinto al resto de los órganos judiciales.
Son más de competencia del estado que un juzgado de primera instancia o de instrucción.

Tengo que decirles que además si nos vamos a los números actuales de cargas de trabajo del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Elche, que tiene bastantes asuntos pendientes, les puedo decir que en el último año, en el último año, es decir, en el año 2013, ha sufrido una disminución de asuntos pendientes de un 15%.

Es decir, que las medidas adoptadas han repercutido también en que el trabajo propio de este juzgado, que es el de la resolución de pleitos civiles, haya conseguido eliminar, de los asuntos pendientes a final del año, un 15% con respecto al año anterior.
Situación que se había mantenido, vamos a decirlo así, estancada en los últimos años, y en el año 2013 ha habido un descenso de un 15% de asuntos pendientes.

Esto responde también al trabajo de los funcionarios, y de la juez y el secretario o secretaria que atiende al juzgado y a los esfuerzos que se han hecho por parte de la administración también para agilizar los medios de los cuales disponen los registros civiles.

Y también tengo que decirles, para terminar esta primera intervención, que desde hace ya un tiempo que apareció la ley del registro civil, la de 22 de julio del año 2011, donde se establecía la estructura del registro civil, donde se desjudicializaba este servicio público…, pues ya se planteó, como digo, fíjense, en el año 2011 -que estamos hablando- se hablaba de la entrada en vigor posteriormente de esa legislación.
Esa legislación entraba en vigor el 22 de julio de 2014.

Pero antes del 22 de julio de 2014, se dictó un real decreto ley, el 8/2014, de 4 de julio -esto es un poco galimatías-…, bueno, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, competitividad y eficiencia, donde en una de sus disposiciones adicionales, en concreto, la decimonovena, se dice que la entrada en vigor de los registros civiles, tal y como se conciben en la ley y en este real decreto, será el día 15 de julio de 2015.
Es decir, que a partir del día 15 de julio de 2015, la llevanza del registro civil estará a cargo de los registradores de la propiedad y mercantiles, según disposición adicional vigésima del real decreto que acabo de citarles.

Es decir, el 15 de julio de este año, a partir de esa fecha, serán los registradores de la propiedad y mercantiles los encargados de la llevanza de los libros del registro.
A partir de ahí, los juzgados de registro civil se limitarán a emitir certificaciones de aquellos actos que ya constan inscritos en los mismos, y en un plazo posterior de año y medio, es decir, enero del año 2017, según manifestó el subsecretario del ministerio, en una reunión de la comisión de justicia, la competencia exclusi…, o sea, sería totalmente asumida por los registradores de la propiedad y mercantiles.

Por lo tanto, a partir, en principio, del 15 de julio del año 2015, el registro civil lo llevarán estos organismos y ya no los juzgados.

Y esto, si me permiten también, obedece a una tendencia que marca la propia ley del año 2011, que es lógica, de desjudicialización del registro civil.
El sistema de que el registro civil se ha llevado por los juzgados y tribunales responde también a un concepto decimonónico donde en España, a mediados del siglo XIX, no existía ningún organismo en cada una de la provincias, salvo los juzgados, que tuviera una cierta dispersión, los juzgados y la Guardia Civil.
Es decir, no había otro organismo, no existía una administración como la que existe hoy en día.
Y por eso se encomendó a los juzgados la llevanza de los registros civiles.

Es una norma que hoy en día ya, con la posibilidad de tener otros sistemas de administración, pues no tiene mucho sentido que unas funciones que no son jurisdiccionales, se ejerzan por un órgano judicial.
Y en esto creo que están de acuerdo todos los representantes y todos los grupos.

La propia disposición adicional -insisto- dice expresamente que Â«el registro civil continuará siendo gratuito, sin excepción de ningún tipoÂ».
Por lo tanto, no existe ningún…, o no debe existir ningún temor a la sedicente privatización del registro, puesto que los funcionarios del…, los registradores tienen la condición de funcionarios públicos, según el artículo 274 de la ley hipotecaria.
Es decir, no estamos hablando de la llevanza por ninguna entidad privada ni del cobro de ningún tipo de gestión.

Actualmente, les tengo que decir, como última noticia en esta cuestión, que existe un grupo de trabajo recientemente formado en el ministerio, entre los representantes del ministerio y los registradores de la propiedad y mercantiles -por orden de 5 de febrero de 2015 se ha creado una comisión mixta de colaboración-, para la puesta en marcha del registro civil en los términos que he expresado.

Por lo tanto, creo que los problemas de registro civil -y con esto ya concluyo mi primera intervención- han existido durante mucho tiempo, se han atacado yo creo que de una forma satisfactoria y actualmente tenemos ya la solución legislativa a la situación que tradicionalmente tenían los registros civiles.

Otra cosa es, como digo ya, el desarrollo de esa ley de 2011 y la puesta en práctica de la misma, que será, como he dicho, a partir del 15 de julio de 2015.

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor secretari autonòmic.

En representació del grup parlamentari sol·licitant de la compareixença té la paraula la il·lustre diputada senyora Modesta Salazar.

La senyora Salazar Agulló:

Muchas gracias, señor presidente.

Buenos días, señoras y señores diputados.

Señor Gastaldi, si no fuera porque por la cortesía parlamentaria puede estar mal visto que esta diputada realice un sonoro aplauso lo haría físicamente, pero dese usted por aplaudido.

Ha sido para mí una satisfacción comprobar cómo usted ha realizado, como es habitual en todos los miembros del Consell, una petición de comparecencia para explicar lo mismo que desde mi grupo parlamentario llevamos tres años intentando conocer.

Hemos denunciado, a través de todos los medios habidos y por haber, tanto en prensa como en esta comisión, incluso hemos llevado al Senado de España la caótica situación del Registro Civil de Elche, que no es exclusiva de Elche, también hay otros muchos registros civiles que están en situación parecida.
Y hoy, finalmente, usted ha dicho algo que llevamos mucho tiempo intentando escuchar de sus palabras, que la privatización del registro civil estaba ya prácticamente consolidada y estaba en manos de los registradores de la propiedad.

Usted habla de que su gobierno ha intentado paliar la caótica situación de las colas, de los tiempos de espera, de la nefasta gestión que han hecho de las citas en la plataforma online.
Usted sabe que ha habido hasta agresiones físicas por parte de la gente que desde primeras horas de la mañana iba a las puertas de la fantástica sede, esa sede impagada, de la Ciudad de la Justicia de Elche para obtener documentos que la gente no hace cola por ganas sino porque necesita documentos, por ejemplo para registrar a un hijo para que tenga derecho a la asistencia sanitaria o necesita documentos para poder contraer matrimonio o para poder enterrar o para poder cobrar herencias, etcétera, etcétera.

Usted me habla de que existen registros civiles exclusivos.
Y es cierto y lo sabemos que en Alicante hay dos registros civiles exclusivos para 400.
000 habitantes y para una población de 400.
000 habitantes y creo que tiene 36 funcionarios.

En Elche, el partido judicial de Elche para 300.
000 habitantes tiene 9 funcionarios y tiene un registro civil compartido.
No me negará la evidencia, que estamos en una franca desventaja respecto a la población vecina de Alicante.
Le repito el dato: Alicante, dos registros civiles exclusivos, 400.
000 habitantes, 36 funcionarios; mientras que Elche un registro civil compartido con el Juzgado de Primera Instancia número 3, 300.
000 habitantes, 9 funcionarios.
Creo que las cifras hablan por sí solas.

Usted en esta sede llegó a culpar a los funcionarios del juzgado de primera instancia de que no eran todo lo diligentes que debían.
Usted en esta sede ha acusado a los funcionarios de no trabajar como debían.
Y, sin embargo, cuando habla del número de recursos que han concedido, admítame, admítame que lo han concedido a fuerza que desde nuestro grupo y otros grupos hayamos estado haciendo hincapié en esas deficiencias, en ese mal funcionamiento.

Ha sido, yo creo, quizás uno de los temas más recurridos que hemos hecho desde la comarca del PSPV-PSOE, del Baix Vinalopó, porque es un problema que afecta a los funcionarios, perdón, a los ciudadanos de Elche, de Crevillent y de Santa Pola.
Y en ningún momento hemos oído a ninguno de los alcaldes de estas tres localidades solicitar refuerzos para que las personas de sus municipios tuvieran que hacer estas colas.

Mire, es curioso que cuando una mujer va a dar a luz lo que le preocupa es que su hijo nazca bien.
Pero es que, además, en Elche han tenido que pasar previamente por el registro civil para pedir cita para inscribirlo cuando la mujer estaba embarazada de treinta dos o treinta tres semanas, es decir, dos o tres meses antes ya de la fecha de parto han tenido que ir a recoger cita para que no se les pasara.

Mire, cuando la gente se quiere casar lo hace con cierta antelación, pero en Elche tienen que hacerla con mucha más.
Y es que las citas que se están dando ahora para casarse no son para casarse sino para que les den cita para cuándo les dirán la fecha en la que podrán contraer matrimonio.

Los asuntos de la sección cuarta sabe usted que tienen una importante demora y son asuntos importantes, como son los reconocimientos, las filiaciones, incapacidades, tutelas, cambios de nombre, de apellido, de sexo, inscripciones de nacimiento, juramentos, cancelaciones de asientos, traslados, presunciones legales, etcétera.
Solo un funcionario para realizar todo este tipo de atenciones a los ciudadanos.

Yo creo que usted ha llegado ya al punto que llegábamos.
Yo desde aquí ya le prometo que no le voy a volver a hablar jamás del registro civil, ni en público, ni en privado, el Registro Civil de Elche.
La ley que ustedes han llevado les da todos los poderes a los registradores de la propiedad, en el caso de poblaciones de más de cien mil habitantes, y a los registradores mercantiles.

Pero, mire usted, ya que hoy va a ser la última comparecencia en este caso por petición de mi grupo que formula esta diputada, me gustaría que dijera qué va a pasar a partir del 15 de julio.
Los funcionarios ya sabían que el 15 de julio ya no tenían citas en la plataforma online, eso lo saben ya desde hace tiempo porque ya no las tienen.
Pero me gustaría que aclarara usted a los funcionarios y a los sindicatos, a FSP-UGT que está intentando poner orden un poco en este asunto, qué va a pasar con los funcionarios.

Ustedes dicen que no van a cobrar tampoco las certificaciones, los aranceles.
De momento es verdad que es así.
Pero usted en su cadena, en su cúmulo y en su rosario de inversiones que han hecho para la modernización de la justicia se le ha olvidado hablar de los 130 millones del plan Avanza que se hizo con el gobierno de Zapatero y que permitió la digitalización de las certificaciones de todos los asuntos vitales que conciernen a las personas.

Y creo que también debería decir a la ciudadanía de qué manera se va a garantizar que el secreto, el secreto de estas certificaciones, que deben quedar bien garantizadas y que ustedes van a dar a los registradores de la propiedad, que es verdad que son funcionarios, o a los registradores mercantiles, de qué manera va a estar garantiza.
Porque los trabajadores que trabajan para los registradores de la propiedad no es personal funcionariado y no tienen, por tanto, la obligación de guardar el secreto profesional.

En esta situación creo que perdemos la ciudadanía con estas medidas.
Desde mi punto de vista, señor Gastaldi, admítame que discrepe, creo que vamos a perder toda la ciudadanía dando, entregando, regalando esta informatización que se ha hecho, regalando a los registradores de la propiedad y a los registradores mercantiles, mientras que los funcionarios y los trabajadores tanto de los registradores como de los juzgados van a perder.
Van a perder, porque ya los registradores de la propiedad han asumido gran parte de las nacionalidades, como usted ha dicho, pero lo han hecho a coste cero, porque los trabajadores de los registradores de la propiedad no han cobrado más por hacer estos trabajos.
Esto ha sido un regalo, que era la avanzadilla, para después darle todas las certificaciones que son competencia del registro de la propiedad.

Por tanto, permítame también que igual que llevo dos años dudando y sabiendo que detrás de esta forma de parapetarse en la sede parlamentaria usted jamás admitía que se iba a llegar a la privatización del registro civil, porque estaba claro su estrategia que era desmantelar los servicios públicos para después justificar la privatización.
Así han hecho con la sanidad, han hecho con la justicia, han hecho con la educación, etcétera, etcétera.
Porque ustedes roban a los pobres para dárselo a los ricos; les quitan la capacidad de ahorro, les ponen tasas, aranceles a los pobres con los copagos en sanidad, en educación, en justicia, en la dependencia, para dárselos a los que más tienen.

Dígame, dígame, y tranquilice al menos a los funcionarios del registro civil, a qué se van a dedicar, cuál va a ser su futuro.
Y, de verdad, sé que no lo va a hacer, pero debería pedir perdón por estar dos años tomando el pelo a los ciudadanos que están sufriendo estos colapsos de los servicios públicos, porque están elegidos para defender los servicios públicos no para desmantelarlos.
Si no pide perdón, al menos, acláreles un poco el futuro y, ya que se ha admitido de manera fehaciente y clara cuál era la estrategia del Partido Popular, no les deje ahora en la duda de lo que va a ser de su futuro.
Y, le insisto, no lo vuelvan a hacer más, no tomen más el pelo a los ilicitanos.

Muchas gracias.

El senyor president:

Gràcies, senyora diputada.

Pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida té la paraula el senyor Torró.

El senyor Torró Gil:

Moltes gràcies, senyor president.

Mire, senyor Gastaldi, demanaria una qüestió que no ha de vore directament amb la compareixença.
Però facen el favor de tindre una miqueta de sentit comú i quan vénen ací a dir-nos que vénen a comparéixer, perquè ho han demanat vostés, que ho facen.
Senzillament vosté demana una compareixença per a que no haja de vindre el conseller i prou, ¿val?
No sé a qui volen enganyar amb eixes coses en el Diari de Sessions.

Jo ho dic ací perquè si el dia de demà un historiador ve a mirar el Diari de Sessions que sàpiga, per si no s'ha llegit el Reglament de Les Corts, que vosté no ha vingut ací a comparéixer per decisió pròpia sinó que, com el conseller no ve, vosté ha de demanar una compareixença amb el mateix motiu del que hi ha una compareixença demanada per a poder vindre vosté i que no vinga el conseller en el seu lloc.
Això per a començar.
Perquè resulta una miqueta ofensiu eixe tipus de qüestions, una miqueta ofensiu.

Segon element.
Vosté ha estat parlant ací de la problemàtica genèrica dels registres civils i ha dit una cosa que a mi em sembla absolutament incomprensible.
Vosté diu que el problema dels registres civils, que és una problemàtica històrica perquè estan saturats des de sempre, no deriva de la insuficiència de funcionaris sinó de l'excés de càrrega de treball.
A vore, que es pensa que som tontos ací o què?
Si hi ha excés de càrrega de treball és perquè hi ha pocs funcionaris, perquè els funcionaris no es posen o no es lleven en funció de no sé què sinó en funció de la càrrega de treball, dic jo, perquè si no ho posen en funció d'això és que són uns incompetents.

Per tant, com supose que el número de funcionaris ha d'anar en relació a la càrrega de treball no es pot dir que un excés de càrrega de treball és el problema i no la falta de funcionaris, perquè el problema és que no hi ha suficients funcionaris per a la càrrega de treball que es requerix per a això.

I, evidentment, clar que ha generat un problema afegit el tema dels expedients de nacionalitat.
Tots ho sabem i en determinades zones i en determinats jutjats, com és en este cas el d'Elx, que té la problemàtica afegida que està dins del marc d'un jutjat i a més amb una plantilla de molt poqueta gent; inclús amb els reforços que vosté diu en comparació amb altres jutjats i amb altres registres civils, és evident que hi ha un problema greu que vostés no han aconseguit resoldre durant tot este temps.

I, clar, quan anem a la solució que vostés plantegen és quan un entén per què vostés han estant retardant tant la solució d'un problema tan evident.
I és que, clar, com teòricament el que estàvem mirant és a vore de quina manera es llevaven el mort de damunt, al final ho han aconseguit.

A mi, a banda del fet que sí que és una privatització, perquè efectivament els registradors de la propietat són funcionaris, però, com molt bé ha dit la senyora Salazar, el personal d'eixos registres no ho és i per tant es posa en mans de persones que no pertanyen a l'administració de cap manera, es posa en mans unes determinades qüestions i una determinada informació, que és importantíssima i que té una privacitat molt gran i, per tant, això és extremadament perillós, damunt vostés ens volen fer creure que els burros volen.

Va a ser això a cost cero?
I qui ho pagarà això?
Ho dic perquè, evidentment, si els jutjats i els registres civils, que tenen una càrrega de faena molt gran i tenen una sèrie de treballadors allí, no poden en estos moments atendre això, com van a fer-ho uns registres que no tenen eixe personal?
I hauran de contractar personal, dic jo.
I eixa contractació de personal, qui la pagarà?
La divina providència?
(Remors) No, no, ni amb la reforma laboral, perquè són més diners els que s'han de gastar, evidentment.
Per tant, m'agradaria que això s'aclarira d'alguna manera, perquè és un tema especialment greu.

Mire, senyor Gastaldi, de deveres, són uns incompetents, estan duent l'administració de justícia a uns nivells extremadament greus d'administrar les coses de manera que qüestions tan simples, com és el registre civil, puga funcionar en alguns llocs d'una manera tan dolenta com està fent-se; que, damunt, posen solucions que no ho són, de solucions, sinó que van a empitjorar el problema i que pot.
.
.
, no sé a la curta, però a la llarga acabaran costant-los diners als ciutadans, d'una manera o d'una altra.

Per tant, ens agradaria que, almenys, ens aclarira les qüestions que tenen a vore, ja que és evident que no van a fer res en ells perquè, com van a privatitzar-ho d'ací tres o quatre mesos, ja no tindran eixe problema com a administració de justícia, almenys, que ens diga com es pretén resoldre això dins del marc dels registres de la propietat i els registradors mercantils.

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Torró.

Pel Grup Parlamentari Compromís, té la paraula el senyor Ponce.

El senyor Ponce Guardiola:

Sí.
Gracias, señor presidente.

También recordar lo que ya se ha recordado aquí, ¿eh?
, que se pide la comparecencia del conseller y el señor conseller, pues, elude su responsabilidad y manda a otra persona en su lugar.
O sea, que no diga que es a petición propia, sino a petición del conseller para no comparecer él mismo.

Bien, respecto a los dos temas que se están debatiendo, por un lado, el hecho de que las competencias de los registros civiles pasen a los registradores mercantiles, por un lado; y, luego, la situación del Registro Civil de Elche.
Pues, bueno, se han dado bastantes argumentos en el sentido de que, por una parte, el paso de los registros civiles a los registradores mercantiles no supone más que una privatización del servicio, que no tiene todas las garantías que debería de tener para poder realizarse con las mismas condiciones, digamos, de seguridad, respecto a protección de datos y todo este tipo de cuestiones.
Y eso es algo que es indiscutible.

El registrador mercantil, incluso, se pone en duda que pueda considerarse un funcionario público, puesto que no está integrado en la organización de la administración pública.
Son profesionales que realizan una actividad, atribuida por ley, y que se realiza en el marco de una profesión asimilada, una profesión liberal, por la que cobran honorarios y están sujetos a IVA.

Pero eso son los propios registradores.
Todo el personal que trabaja en esos registros mercantiles no tienen esa condición, tienen una condición laboral asociada a ese registrador, que se puede extinguir en cualquier momento y que… Bueno, ¿de qué forma se puede garantizar esa confidencialidad que tiene que garantizar la propia administración?
No lo pueden garantizar.
No lo pueden garantizar.

Bien.
Esto obedece, pues, como en otras muchas cuestiones, a, primero, una precarización de un servicio público, que crea reiteradas quejas, que desafecta a la población de ese aspecto de la administración y que, al final, pues, ustedes privatizan el servicio y lo entregan a manos privadas.

Sí que sería importante que nos dijera de qué forma, cómo es posible que no nos vaya a costar un euro a los ciudadanos este cambio, ¿eh?
Porque, si tiene la información, dénosla y tranquilícenos, porque, de otra manera, no podemos entender que, de pronto, unos señores, unas oficinas que funcionan como profesionales liberales tengan que asumir una carga de trabajo y custodiar una serie de documentación, sin que eso suponga ninguna retribución para ellos mismos.

Ya le digo que se pone en riesgo la confidencialidad de los datos que almacena el registro civil.
Y no es cuestión de si los datos son, o no, de titularidad estatal, sino que no quedan suficientemente protegidos cuando quienes serán responsables de su tratamiento no son funcionarios públicos, como sucede con el personal que presta el servicio en registros mercantiles -que es lo que estaba comentando hace un momento.

Las garantías que tiene la ciudadanía con la protección de sus datos más personales solo se asegura si son funcionarios públicos que tienen que cumplir un código de conducta, de forma obligatoria, están sujetos a especiales deberes e incompatibilidades y tienen una relación de permanencia dentro de la administración a la que sirven.
Por tanto, dígame de qué forma no va a haber cambios a ese nivel de confidencialización.

Bien.
Respecto al Registro Civil de Elche, es un tema recurrente en esta comisión, y lo es puesto que, bueno, pues, la administración no ha querido poner los medios suficientes para solucionar esos problemas.
Es algo que viene desde hace ya muchos años.
De hecho, bueno, era el cuarto o el quinto registro civil donde más quejas había, a nivel de todo el estado; entre otros, de los diez primeros, tres eran de la Comunidad Valenciana.
Y eso llevó, incluso, a que hubiera una solicitud formulada en el Senado para mejorar los medios con los que contaba este registro civil, puesto que la dotación de personal era claramente insuficiente para cubrir las necesidades, derivando en grandes retrasos, colas y malestar entre los ciudadanos.
Pero, sin embargo, el Partido Popular no fue capaz de aprobar esa solicitud y rechazó reforzar con más personal el Registro Civil de Elche.

Bien, pues, creo que se le han planteado suficientes dudas.
Usted está aquí en una comparecencia y su obligación ahora es, pues, intentar aclararlas, dar toda la luz posible a los aspectos que le hemos planteado y espero que sea así.

Nada más y muchas gracias.

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Ponce.

Pel Grup Parlamentari Popular, té la paraula la il·lustre diputada senyora Pilar Sol.

La senyora Sol Cortés:

Gracias, señor presidente.

Buenos días, señor secretario autonómico.

Señorías.

Hemos escuchado cómo se han ido aportando soluciones, por parte del gobierno valenciano, en la medida de lo posible, dada la saturación existente en los registros civiles.
Pero, claro, siempre dentro del ámbito de sus competencias y con la finalidad, desde luego, de paliar, en la medida de lo posible, pues, todas estas situaciones que se han ido produciendo.

Por otro lado, concretamente en el tema de Elche, hemos visto cómo se han ido incrementando en el Juzgado de Primera Instancia de Elche, por lo que ha expuesto el señor secretario, cómo se ha ido incrementando el refuerzo de personal, no solamente en cuanto a medios personales, por tanto, sino también en cuanto a medios materiales, como es el acceso a la página web del registro civil de La Generalitat.

Bien.
Por otro lado, es evidente que los registros civiles son órganos judiciales dependientes, en cuanto a su actuación y funcionamiento, del Ministerio de Justicia y que La Generalitat solamente tiene competencia, precisamente, para hacer lo que ha hecho hasta ahora, es decir, dotar de los medios materiales y los medios humanos que ha necesitado.

Hemos visto, señorías, cómo la conselleria de justicia ha ido poniendo soluciones, en atención, también, a los recursos materiales de que, efectivamente, dispone y que están a su alcance.
Pero también somos conscientes de que esta administración no puede interferir en lo que es el desempeño de la propia actividad del registro civil ni de cómo el propio registro civil organiza sus medios humanos y sus medios materiales que la administración, de la administración de justicia, le ha puesto a su disposición.

El Registro Civil de Elche funciona normalmente y, desde luego, no puede la conselleria, de alguna forma, establecer o asumir la competencia de lo que es el número de citas previas que se distribuyen diariamente, sino que es el propio registro civil el que lo decide y es el que pone, digamos, a disposición del ciudadano la atención y los horarios que hay disponibles.

Efectivamente, hemos escuchado que el panorama de los registros civiles va a cambiar, y va a cambiar por completo.
Luego, ahora, en estos momentos, yo creo que la actuación de la conselleria debe ser específicamente y especialmente ésta, una actuación de apoyo y de refuerzo, como es la que lo que está haciendo.

Y, efectivamente, los registradores han sido el cuerpo designado por la Ley 20/2011, de 21 de julio, una ley que, por cierto, señorías, parece que les tenga que recordar que es una ley que ha sido impulsada y aprobada por el gobierno socialista del señor Rodríguez Zapatero.
Una ley en la que, efectivamente, dice que la llevanza del registro civil va a continuar garantizando lo que es la gratuidad, el sostenimiento de los costes y la titularidad estatal y la máxima protección de los datos registrales.

Por lo tanto, esta ley, lógicamente, tanto el Ministerio de Justicia como la conselleria de administración, efectivamente, yo creo que son requisitos que se van a cumplir y se van a cumplimentar, en la medida que esta ley propone una desjudicialización de los registros civiles, que es lo que se va a llevar a cabo, por supuesto de forma gratuita y sin coste alguno para los ciudadanos.

Mi grupo parlamentario, señor secretario autonómico, tiene la certeza de que nadie a estas alturas puede negar que, efectivamente, el Consell se ha volcado en hacer que esa administración, de la administración de la justicia en la Comunitat Valenciana, sea una administración moderna, sea una administración ágil y sea una administración efectiva y eficaz y, sobre todo, útil a los ciudadanos que la van a utilizar.

No nos cabe tampoco ninguna duda de que el cambio comentado va a suponer esto, es decir, una modernización y una agilidad y una eficacia en el servicio que se presta a los ciudadanos y no una privatización, en el sentido de que la oposición, demagógicamente, quiere hacer que cale en la sociedad.

Se han implantado diversos proyectos para solucionar los problemas de sobrecarga de trabajo que, efectivamente, tienen los juzgados en lo que es toda la demarcación judicial competencia de La Generalitat.

Y, por supuesto, no solamente se ha efectuado una actuación concreta en Elche, sino que se han efectuado muchas actuaciones concretas.

Y aquí también coincido con usted que, efectivamente, hace falta una concienciación social para avanzar en todos estos terrenos y que el sistema para optimizar los recursos humanos…

El senyor president:

Senyora Sol…

La senyora Sol Cortés:

…existentes son estos.

En definitiva, señoría, simplemente decir que esperemos que se resuelva el problema de Elche, que efectivamente hay una falta de personal y hay que adecuar esos órganos judiciales, digamos, a la población y a los términos municipales del partido judicial de Elche, que son específicamente…

El senyor president:

Gràcies, senyora Sol.

La senyora Sol Cortés:

…concretos y amplios.

Muchas gracias.

El senyor president:

Moltíssimes gràcies.

Senyor secretari autonòmic.

El senyor secretari autonòmic de Justícia:

Muchas gracias, señor presidente.

Bueno, en primer lugar, tengo que decirle a la señora Modesta Salazar que usted, dentro de lo que es el ámbito de la libertad parlamentaria y de lo que es también (inintel·ligible) … la cortesía en el ámbito de esta comisión parlamentaria, puede decir usted lo que quiera.
Pero lo que no puede es decir que yo he dicho cosas que no he dicho.
Es decir, no ponga usted en mi boca lo que yo no he dicho, de forma demagógica, para conseguir la facilidad de su discurso.

Yo no he dicho, en ningún momento, que… No he acusado en ningún momento a ningún funcionario público del registro civil de culpa de nada.
No he acusado a nadie de culpa de nada.
Por lo tanto, eso no lo diga usted.
Diga usted lo que quiera de su cosecha, pero no coseche por mí.
Eso en primer lugar.

En segundo lugar, tengo que decir a todos los representantes, tanto del PSOE como de Izquierda Unida como de Compromís, que se han empeñado, se han empeñado, y sobre todo la señora Modesta Salazar, en decir que yo he dicho -otra vez, poniendo en mi boca- que sí, que efectivamente se va a privatizar el registro civil.
Esto es alucinante, cuanto menos.

Es decir, ya he dicho no sé cuántas veces, pero lo voy a decir otra vez, por si no ha quedado clarito… Es decir, que los registradores de la propiedad y mercantiles son funcionarios públicos, según dice el 274, ley hipotecaria -véase-; y que, además, no existe ninguna privatización del registro civil; y que, además, como dice la ley y como dice el reglamento -ley que hizo el señor Rodríguez Zapatero y que, además, se ha reforzado con el real decreto actual-, serán y seguirán siendo gratuitos, sin excepciones -dice literalmente el decreto-.
Por lo tanto, ni privatización ni coste para el ciudadano ni mentiras, como digo, sobre lo que es el registro civil.

Además, yo entiendo que aquí no estamos -aunque también estamos para todo lo que ustedes digan- para hablar de la futura política del Ministerio de Justicia sobre los registros civiles, su llevanza, su naturaleza jurídica, su estructura orgánica y la retribución del personal.
Eso daría lugar a un pleno o a una comisión de justicia en el ministerio; pero no a lo que hoy hemos venido aquí, que es a hablar de los problemas del registro civil de Elche, que es lo que creo que yo que he intentado centrar en mi primera intervención.

Y, por lo tanto, (remors) sí es claro…

El senyor president:

Senyor diputat, senyor Torró.
(Remors)

No, està en l'ús de la paraula el senyor secretari autonòmic.
Vostés han d'escoltar i mantindre les degudes formes.

Sí, però és que sempre és… En este moment, i al llarg d'esta sessió, l'única incidència que s'ha produït és esta.

Jo pregue que guarden el mateix respecte que se'ls guardarà a vostés, com no pot ser d'altra manera, quan estiguen en l'ús de la paraula.

Continue, senyor secretari autonòmic.

El senyor secretari autonòmic de Justícia:

Muchas gracias, señor presidente.

Es decir, que quería concluir diciendo que no hay ninguna privatización de registro civil y que eso no es verdad, es decir, es una mentira.

En segundo lugar, quiero seguir diciendo… La señora Modesta Salazar me dice aquí los funcionarios que hay por cada habitante, y me hace usted un cómputo de cuántos habitantes tiene que atender cada funcionario.

Mire, la ley de 22 de julio de 2011, que es una ley que impulsa el señor Rodríguez Zapatero, que la firma, establece en su artículo 22 que habrá una oficina general del registro civil para cada quinientos mil habitantes, y da la posibilidad de crear otras.
Una oficina general por cada quinientos mil habitantes.
Es decir, establece un sistema diferente de gestión del registro que se va a desarrollar con el real decreto y que, por lo tanto, no permite una fácil y, a mi juicio, demagógica asimilación de números por funcionarios por persona.
Es decir, esto es hacer, como digo, un discurso fácil, dicho sea con todos los respetos a su facultad también, como tiene evidentemente, de acusar al gobierno de decir cosas que no le convienen.

En tercer lugar, quiero decir también al señor Torró que se ha dedicado en su intervención a decir que, en primer lugar, mi presencia parecía como que le ofendía.
En segundo lugar, que ellos no son tontos.
Que estamos privatizando.
Que les hacemos creer que los burros vuelan.
Que somos incompetentes.
Ese ha sido -digamos- el tono general de su intervención sobre la materia de registro civil y sobre el Registro Civil de Elche.
Yo comprendo que las contundentes razones de mi primera intervención a lo mejor no hayan dado lugar a que tenga usted una respuesta en condiciones, pero es que no hay más que lo que les acabo de decir.
Es decir, el día 15 de julio se termina el problema del Registro Civil de Elche y comienza una nueva gestión de los registros civiles.

Por lo tanto, hay una nueva forma de gestionar un servicio.
Y además, no existe ninguna presunción en contra de aquellos que no son funcionarios, que ustedes parece que deslizan siempre.
Aquí, los españoles y las españolas que no son funcionarios públicos también respetan la ley y también son gente honrada, y también respetan las normas.
Por lo tanto, si ese personal que trabaja en los registros de la propiedad mercantiles es personal laboral no tienen por qué ser personas que no respeten la legalidad.

¿Por qué decimos que, no siendo funcionarios, no van a respetar la ley?
¿De dónde se han sacado ustedes ese silogismo que no tiene ningún fundamento?
¿Por qué?
¿Que el resto de ciudadanos no son también gente respetuosa con la legalidad?
Todos, los funcionarios y los que no son funcionarios.
Por lo tanto, ese argumento tampoco creo que se pueda decir como forma de desacreditar la gestión del registro civil por los registradores de la propiedad y mercantiles.

Y, por último, quiero señalar también además que todos los grupos que han intervenido, a excepción del Grupo Parlamentario Popular, han dado vueltas otra vez sobre lo mismo, sobre la privatización y sobre el engaño.
No existe una privatización y no existe ningún engaño.
Existe un desarrollo de una ley que se hizo durante el gobierno socialista, con un real decreto actual que pone los últimos puntos de la misma y que soluciona un problema que ya es centenario, que es la vetustez en el sistema de administración de registro civil por órganos judiciales, que no es ni siquiera constitucionalmente adecuado.

Usted se lee el 117 de la Constitución y dice que los jueces exclusivamente se dedicarán a juzgar y a hacer ejecutar lo juzgado.
Y dice después: Â«Excepcionalmente las otras funciones que la ley les atribuya en garantía de cualquier derecho.
Â» Y ahí se acogía la función de llevar el registro civil de forma excepcional.
Por lo tanto, el hecho de que el registro civil lo lleve un órgano judicial no está en la Constitución consagrado, como se demuestra por la legislación, ni tiene ningún sentido que se mantenga en manos de los juzgados de primera instancia.
Esa era una cosa atávica, decimonónica e inoperante.

Por lo tanto, un registro civil moderno, como el que se ha previsto en la ley -insisto- de 22 de julio de 2011 y en el real decreto es un registro informatizado, descentralizado y con todas las garantías de confidencialidad.
No pongan ustedes en sospecha o no sospechen ustedes con carácter previo que no se van a cumplir las normas referentes a la confidencialidad de los datos, porque entonces así ya no podemos hacer nunca nada, porque sospechamos de todos antes de que ocurran las cosas.

Yo entiendo que los funcionarios y los que no son funcionarios, y todos los ciudadanos y ciudadanas, todo el mundo cumple la legalidad en principio.
Cuando haya un problema, lo dicen.
Lo corregiremos.
Pero, de momento, creo que el proyecto es bueno, la intención yo creo que también es una intención que además arranca, como digo, del gobierno socialista anterior y ha sido continuada por este gobierno y es una tendencia general para la modernización de un servicio como el registro civil.

Nada más.

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor secretari autonòmic.

Alguna petició de paraula?

Senyora Salazar.

La senyora Salazar Agulló:

Sí, muchas gracias, señor presidente.

Vamos a ver señor Gastaldi, quizás el tema de la forma en que se utilizan las palabras es importante, porque usted no lo ve como una privatización, pero desde el punto de vista de mi grupo lo que ustedes están haciendo es una privatización.
Es una privatización, y cuando usted está apelando a que es una ley del gobierno Zapatero, le diré que ya sabemos que para ustedes la culpa del diluvio universal también la tuvo el señor Rodríguez Zapatero.

Mire, se lo voy a explicar, si me lo permiten.
En esta ley, esta ley que ustedes hablan, efectivamente había un consenso.
O sea, primero, lo que se hizo con el plan Avanza fue hacer una inversión importantísima que ha salido de los bolsillos de los ciudadanos, de cerca de 130 millones para digitalizar toda esa información, porque es verdad que el registro civil tiene esas connotaciones, porque es algo que procede de finales del siglo XIX y lógicamente había que modernizar los ágiles y los trámites para no tardar, porque hoy las exigencias de la vida diaria exigen que con solo tocar un botón tengamos nuestra partida de nacimiento y podamos hacer todo eso.

Esa inversión la hicimos, y ahora esa inversión se le regala a los registradores de la propiedad.
Pero, si ustedes atienden a esa ley, sabrán que esta ley no preveía la privatización, sino que lo que preveía era que funcionarios públicos como los secretarios judiciales, que saben ustedes que tienen una formación tan buena como puede ser la de los jueces, pretendíamos, y ellos habían asumido, optimizar que este trabajo pasara a ellos, a los secretarios judiciales, porque era una forma de optimizar los recursos que el país tiene, y porque son fedatarios públicos.
Es verdad que los registradores de la propiedad cobran aranceles privados.
Es verdad que ustedes dicen que esto va a ser gratuito, pero yo, como usted comprenderá le creo tanto, tanto, como cuando decían que las tasas no iban a subir en la justicia o que no iban a poner los copagos en sanidad.
Le voy a creer tanto como el gobierno del señor Rajoy nos ha permitido creer.
Es decir, estamos asistiendo a dar… Si le damos la vuelta a lo que ustedes dicen, lo entendemos perfectamente.
Usted hace tres años estaba aquí diciendo que no iban a privatizar, y justamente ahora, el 15 de julio, ya sabemos que no se va a seguir trabajando desde el sistema habitual.

Para usted se ha terminado el problema, ¿vale?
Era evidente que no lo iban a cumplir.
Ustedes firmaron en esta sede judicial la resolución 355, pasado mañana hace un año que firmaron esa resolución que firmamos todos los grupos políticos para acabar con el problema y dotarlo de personal.
Y no lo han cumplido.
Por tanto, el valor de sus palabras, como comprenderá, pues es como cualquier cosa etérea que se va.
Antes de que usted termine de decirlo, yo ya he dejado de creerle, porque es de lo único que me han dado garantías.
Y, mire usted, el tiempo que me sobra, yo se lo voy a regalar, porque no me ha contestado qué va a ser de los funcionarios, qué va a ser del personal que está ahora ocupando las plazas, que está trabajando en los registros civiles de la Comunidad Valenciana, en Elche, en todas las localidades.
Y dígales a ellos, diríjase a ellos, qué va a ser de ellos.
Porque ya sabemos que de momento no pagaremos por estos servicios, pero con el tiempo lo pagaremos, y seguro que lo pagaremos, y bien caro.

Muchas gracias, señor Gastaldi, y le ruego que haga uso de este minuto, que se lo regalo para que tranquilice a los funcionarios.

El senyor president:

Gràcies, senyora diputada.

Senyor Torró.

El senyor Torró Gil:

Mire, ací ningú ha dit que vosté haja dit que el procés este era una privatització.
Això no ho ha dit ningú.
Això ho diem nosaltres.
Som nosaltres els que diem que el que estan fent vostés és privatitzar el registre civil.
Això no ho ha dit vosté, vosté ha dit just el contrari, que no és una privatització, però és que això és rotundament fals.
I el greu és que vostés saben que és fals.
I per tant, quan un diu una cosa sabent que és falsa, està mentint, i això és el que fan vostés ací reiteradament, mentir.
Ací ningú ha introduït eixe tema, l'ha introduït vosté.

Vosté ha segut el que ha parlat que la solució per al problema dels registres civils, el d'Elx i el de la resta, ve de la mà de la privatització en mans dels registradors de la propietat i els registradors mercantils.
És vosté el que ho ha dit, això.
Ningun membre de l'oposició ha parlat d'eixe tema.
Vosté l'ha introduït.
I quan nosaltres parlem sobre això, responent-li a les seues inqualificables afirmacions, és vosté el que ens diu, Â«és que com introduïxen això com a qüestió?
És vosté el que ha introduït eixe tema.
Per tant, de contundent resposta, deixem-ho estar.

I la pregunta seguix sent la mateixa, anem a vore.
I és una cosa que si vosté diu que açò va a resoldre aquell problema, el primer que ha de dir és com.
Com va a resoldre el problema.
Perquè a mi no m'ixen els comptes, ni a mi ni a ninguna persona que tinga dos dits de cervell.
Perquè si ara hi han uns funcionaris en l'administració de justícia que estan fent una funció, que no tenen prou funcionaris, pràcticament en ningun lloc, el cas d'Elx és el més sagnant, però és un cas repetit en quasi tots els registres civils.
No tenen prou gent per atendre la càrrega de treball que tenen.
Com van a assumir-ho això els registradors de la propietat sense que els coste diners a la gent que va a fer-ho això?
D'on van a eixir els recursos, senyor Gastaldi?
D'on?
De la divina providència?
Li ho he preguntat abans.
Com?
Com?
Una de dos, o l'estat va a transferir diners directament als registradors de la propietat, amb la qual cosa tindrem els funcionaris que estan treballant ja en els registres civils que supose que haurem de requalificar-los per a posar-los en un altre servei de la justícia, dic jo.
I, a més, haurem d'estar pagant els treballadors que els registradors de la propietat van a haver de contractar per a fer això.

I si no és així, doncs és evident que els registradors de la propietat, quan vaja un a demanar un certificat, li hauran de cobrar.
Perquè si no, com van a pagar els treballadors que van a contractar?
Això o ens ho explica, o tota la resposta que ha dit abans no és contundent, és fum, no aprofita per a res.
És tractar d'enganyar la gent, i estem farts que vullguen enganyar-nos.
Farts.
Farts.

Diu: Â«Cuando haya un problema, nos lo dicen y lo corregiremos.
Â» Mire, no farà falta, perquè vostés d'ací uns mesos ja no estaran per a corregir res, encara com.
Encara com, perquè ja està bé que corregixquen coses, que aixina els lluïx el pèl.
I l'altre problema fonamental del tema que ho duguen açò els registradors de la propietat no és un problema que les persones hagen de complir la llei.
Però a vore, vosté es pensa que som tontos de veres?
S'ho creu això?
És que o ens fa tontos a nosaltres o els ho fa a la ciutadania en general.
Perquè no és un problema que la gent haja de complir la llei i que els treballadors laborals.
.
.
És que els funcionaris que estan en els registres civils tenen una qualificació certificada en la major part dels casos, menys els que són interins, per una oposició, que la gent que està en un registre de la propietat no té.
No la té, perquè seran contractats laborals, en uns criteris de selecció que ningú va a poder fiscalitzar.

Qui va a fiscalitzar les persones que vagen a dur registres civils en els registradors de la propietat?
Qui?
L'administració farà algun tipus de prova?
Faran cursos per a eixa gent?
I com es garantirà que eixa gent està capacitada o no està capacitada?
Tot això és el que ha de respondre i deixar-se d'històries i tonteries, que és el que ha vingut a fer ací.

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Torró.

Senyor Ponce, pel Grup Compromís, té la paraula.

El senyor Ponce Guardiola:

Gracias, señor presidente.

Bien, es obvio que por una parte existe esa privatización.
Y la Ley 20/2011 no la preveía como tal.
Se ha roto el consenso que sí que hubo entonces de todos los partidos, porque el consenso alcanzado era que se mantendría dentro de las administraciones públicas un servicio público esencial como el de registro civil.
Eso es lo que decía la Ley 20/2011.
Y esto se ha modificado con las disposiciones adicionales vigésima y vigésimo quinta de la Ley 18/2014, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, competitividad y eficiencia.
Ahí es donde se permite la privatización de este servicio público.
Y yo le insisto en lo que le he dicho antes: tiene que haber unas garantías por parte de la administración de esa confidencialidad, no solamente el prever que todo el mundo va a ser bueno.
Eso no es válido.
Esto es aplicar un principio de precaución, que ustedes no aplican a ningún nivel, aunque sea una pauta básica a nivel europeo y a nivel general.
No lo aplican.
Entonces, si hay algún error, ya buscaremos la solución.

Yo creo que cuando se toma una decisión de esta envergadura, esta modernización que nos va a sacar del hoyo este del siglo XIX que usted comentaba, tendría que tener todas las garantías.

Bien, le tengo que recordar, una vez más, que aquí hace justo un año, se debatió una PNL, que era de Compromís, y que la modificamos para que hubiera un acuerdo unánime: Â«Instar al Consell a poner los medios necesarios para que el Registro Civil de Elche tuviera el personal que necesitaba.
Â» Eso no se ha cumplido a ningún nivel.
La propuesta que llegó al Senado, su partido no fue capaz de apoyarla, y es papel mojado.
Es una muestra de que las cosas, los acuerdos de las Cortes Valencianas no sirven absolutamente para nada, aunque sean incluso con el apoyo del partido del gobierno, que no puede ser de otra manera, por otro lado.

Por otro lado, insisto en que la privatización del registro civil se produce fruto de cambios legislativos que hicieron ustedes, no de la ley que se consensuó en el año 2011, y que el mantenimiento del servicio público de los registros civiles en el ámbito de la administración de justicia se debe de mantener de forma exclusiva por personal funcionario de la administración de justicia.
Y eso sí serían las garantías por lo que supone que un funcionario, como he comentado antes, está vinculado a la administración, tiene una vinculación -digamos- permanente a la administración, un régimen de deberes y de incompatibilidades, y por supuesto que ha pasado los procesos selectivos que debe de pasar.

Y lo que no sé es si tiene información -lo hemos preguntado antes-, por un lado, ¿cómo sabemos seguro que esto no va a tener ningún coste?
, usted afirma que es gratuito pero las afirmaciones que vienen de los gobiernos del Partido Popular son tan válidas como nada, ¿eh?
, ¿cómo se puede garantizar que va a ser gratuito?
; y, por otro lado, ¿qué va a pasar con el personal que ahora mismo está dando sus servicios en los registros civiles?
Porque, claro, allí habrá mucha gente que puede ver peligrar su puesto de trabajo o, bueno, su futuro, puesto que hay ahora mismo una indefinición de cuál va a ser su futuro.

Pues, nada, le hemos vuelto a plantear las preguntas que hemos planteado en un principio y que no se han resuelto y espero que esta vez sí que nos las conteste.

Nada más y muchas gracias.

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Ponce.

Ja, per a finalitzar el debat i per temps taxat de cinc minuts, té la paraula el senyor secretari autonòmic.

El senyor secretari autonòmic de Justícia:

Gracias, señor presidente.

Y gracias, señora Salazar, por su minuto, aunque creo que me va a sobrar con la mitad.

Le diré, en primer lugar, que su temor al destino de los funcionarios es un temor infundado de sufrir un mal inminente grave -como dice el Código civil-, es decir, no tenga usted ese temor, ni usted ni ningún funcionario, y también se lo digo al señor Ponce y al señor Torró.

Los funcionarios al servicio de la administración de justicia que prestan su servicio en el registro civil seguirán siendo funcionarios al servicio de la administración de justicia y seguirán prestando su trabajo en su destino, con su retribución y dentro de su cuerpo, es decir, no va a existir, evidentemente, ninguna privatización de personal ni ninguna astracanada de esas que, a veces, oigo por ahí, es decir, eso no, seguirán siendo funcionarios y seguirán trabajando en su destino conforme a sus derechos sindicales, ¿eh?
Eso es lo que se va a establecer.
Eso en primer lugar, por lo tanto -creo- está respondida su pregunta.

Y respecto a la eterna cuestión que me ha traído aquí, que es otra vez la privatización, yo ya estoy cansado de repetir una y otra vez.
El registro civil es un servicio público que se presta por funcionarios públicos, registradores de la propiedad mercantiles, que está sometido a garantías públicas y que está sometido a una serie de criterios -como digo- de eficiencia, de discreción, también, o de confidencialidad en cuanto a la gestión de su documentación, y así va a seguir siendo y, además, va a seguir siendo gra-tu-i-to, aunque ustedes no se lo crean.

Pero si aquí nos limitados a tener un debate a doble nivel, es decir, uno dice lo que es, que es lo que digo yo, y ustedes dicen lo que creen que debe ser, pues entonces nunca encontramos el punto intermedio porque hablamos en los planes del ser y el del deber ser, y eso es un error del discurso muy habitual, yo le estoy diciendo lo que hay, ¿eh?
, lo que dice la ley y lo que va a ocurrir.

Ustedes me han estado manifestando sus temores, sus deseos, sus anhelos y sus desconfianzas, son planos distintos, yo estoy intentando ser objetivo.

Nada más.

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Gastaldi.

Bé, senyories, continuem amb el següent punt de l'ordre del dia: compareixença del conseller de governació… (Veus)

Senyories, ¿els pareix bé que fem una pausa de tres minutets?
Fem una pausa per tres minuts.

(Se suspén la reunió durant uns minuts)

El senyor president:

Senyories, es reprén la sessió.

Compareixença del conseller de Governació i Justícia, que fa el secretari autonòmic de Justícia, senyor Antonio Gastaldi Mateo, per a informar sobre les mesures que s'han adoptat o s'adoptaran per a solucionar el col·lapse en què es troben els jutjats de Castelló, en especials els penals, sol·licitada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 92.
427), a la qual s'acumula la sol·licitada, a petició pròpia, pel secretari autonòmic de Justícia (RE número 93.
931)

El senyor president:

Passem al tercer punt de l'ordre del dia: compareixença del conseller de Governació i Justícia per a informar sobre les mesures que s'han adoptat o s'adoptaran per a solucionar el col·lapse en què es troben els jutjats de Castelló, en especial els penals, sol·licitada pel Grup Parlamentari Socialista.

Esta compareixença està acumulada a la compareixença del secretari autonòmic de Justícia per a informar sobre les mesures per a solucionar el col·lapse dels jutjats de Castelló, sol·licitada en este cas a petició pròpia.

Té la paraula el senyor Gastaldi.

El senyor secretari autonòmic de Justícia:

Muchas gracias, señor presidente.

Señorías.

En esta comparecencia voy a tratar de exponer, de una forma lo más sucinta posible, la situación en la que se encuentran los juzgados de lo penal de Castellón, en concreto también, y las labores o los esfuerzos que ha hecho el gobierno valenciano para la mejora de la situación en general de la justicia de los juzgados y del personal, y así terminar con el sedicente colapso que dicen que se encuentran algunos juzgados de lo penal y, en concreto, los de Castellón.
Sí que hay una situación que hay que reconocer de atasco, pero que todavía no ha llegado al colapso.

Lo cierto es que -y haciendo un poco de memoria- desde que se hicieron las transferencias en la Comunidad Valenciana en materia de justicia, el gobierno ha puesto en funcionamiento 159 órganos judiciales.
Y en esta última legislatura, concretamente en esta última legislatura, se han puesto en funcionamiento 71 nuevas unidades judiciales, de las cuales han sido 59 órganos judiciales y 19 plazas de magistrado, así como 14 jueces de adscripción territorial, y se ha hecho una inversión en esta última legislatura de más de 28 millones de euros.

La situación en general…, porque esto se puede convertir en un debate sobre la situación de la justicia, sobre el número de asuntos que se tramitan y sobre la posible solución a esa cuestión que ya es, como digo, tradicional, ¿no?
, una cuestión tradicional.

Parece que ya es aceptado por la mayoría de las comunidades, incluso por el ministerio, en numerosas reuniones que hemos tenido, sectoriales, en esta materia, que aumentar el número de juzgados como única medida no es la solución a la problemática generada por el incremento de asuntos.

De hecho, como les he manifestado anteriormente, se han quedado desde las transferencias 159 órganos judiciales en esta comunidad autónoma y, pese a ello, siguen existiendo órganos judiciales con acumulaciones de trabajo, que son difícilmente soportables por los funcionarios o por el personal, incluso por los ciudadanos que acuden a estos órganos judiciales a resolver sus problemas.

Por lo tanto, el planteamiento tradicional del incremento de juzgados no es la solución, salvo en casos muy puntuales, y en eso estamos de acuerdo todas las comunidades autónomas y el ministerio, tanto este, como el ministerio del gobierno anterior, donde ya se cambió la tendencia tradicional.

Por otra parte, hay que señalar también que, según estudios de la Comisión Europea para la eficacia de la justicia en España, y esto no es una excusa, pero bueno, es una dato que creo que hay que tener en cuenta, los jueces por cada 100.
000 habitantes son 11, mientras que en la Comunidad Valenciana tenemos 10,2, es decir, un punto por debajo de lo que es la media española.
Y con respecto a la media europea, en Europa hay 19 jueces por cada 100.
000 habitantes frente a los 10,2 que tiene la Comunidad Valenciana.

Este dato debe tomarse de forma conjunta con otra serie de circunstancias, puesto que si no, el tema podíamos llevarlo a una exageración absurda o (inintel·ligible) … digamos, en el hacer una exageración del punto, es decir, hay que tener en cuenta el sistema procesal que rige en cada uno de los países, la legislación vigente, la organización de la oficina, la distribución de las competencias, la planta judicial, el número de asuntos, la influencia que tiene los arreglos privados, los asuntos que llegan o no llegan a los juzgados, es decir, todos estos factores contribuyen a determinar el mayor o el menor incremento de trabajo en los juzgados, no solamente el número de jueces, aunque yo lo he dicho como punto, y no solamente el número de funcionarios y no solamente, como digo, el número o el personal con el que se ha reforzado los órganos judiciales.

Siempre el gobierno valenciano ha hecho un esfuerzo desde por lo menos…, desde que hay transferencias y desde que yo tengo alguna responsabilidad en justicia, que son ya ocho años en esta materia, en reforzar esos órganos que tenían deficiencias.

Y en concreto, en los juzgados de Castellón, desde el año 1995 hasta el año 2011 se crearon en la provincia de Castellón 17 órganos judiciales y dos plazas de audiencia provincial.
Y en materia de personal, durante este periodo, se crearon 46 plazas nuevas de funcionarios y estamos pendientes de crear otras ocho este año.

Es decir, se ha hecho un esfuerzo dentro de lo que es competencia de esta comunidad para dotar de más juzgados y para dotar, también, de más funcionarios aquellos que lo necesitaran, teniendo en cuenta, como he dicho al principio, que estamos todos de acuerdo, o entiendo que es así, que no es la única forma de atacar los excesos de trabajo de los juzgados: el más medios, más funcionarios y más juzgados.
Ese discurso, como digo, que podíamos llamar Â«incrementistaÂ», es un discurso parcial y hasta cierto punto puede considerarse que en algunos aspectos puede llegar a ser demagógico.
Prueba de ello es que la historia nos demuestra los últimos veinte o quince años que con ese incremento constante no se ha acabado con el problema.
Por lo tanto, habrá que plantearse otra forma de solución, si es así.

También ha dicho, y es claro, que existen determinados órganos jurisdiccionales que sí que necesitan un incremento o un cierto refuerzo.
En este caso están los juzgados de lo penal de Castellón, es decir, sí que están en situación que requieren una intervención inmediata.

Según nuestras estadísticas, las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, los juzgados de lo penal de Castellón soportan una carga de trabajo superior al 150% del módulo del Consejo General del Poder Judicial y, por lo tanto, en algunos casos superando a lo mejor el 200% y, entonces, requieren también, por el número de asuntos pendientes y por el ingreso de asuntos que estos soportan, algún tipo de actuación concreta.

En este caso, lo que se hizo por parte del gobierno valenciano fue solicitar la creación de un juzgado de lo penal más en Castellón en los últimos momentos donde todavía se creaban juzgados y esta creación de juzgado de lo penal no se atendió por el ministerio en su momento.
Y, entonces, asumiendo nuestras competencias y nuestra responsabilidad, lo que se ha hecho durante el año 2014 es incrementar en un funcionario -o sea, cuatro- cada uno de los juzgados de lo penal de Castellón, cada uno con un tramitador más.

Y, además, también, el Consejo General del Poder Judicial y el ministerio han reforzado estos juzgados con dos jueces y con un secretario… con jueces y secretario, como digo, dos jueces y un secretario que, además de los cuatro funcionarios que hemos puesto, están cooperando a que la llevanza de los asuntos penales sea mucho más normal.

Sí que se ha notado una disminución, puesto que en el año 2013 los juzgados de lo penal de Castellón tuvieron un descenso de un 10,04% en asuntos ingresados, es decir, disminuyó el número de asuntos ingresados y eso permitió que los asuntos pendientes fueran despachados con mayor celeridad, por lo tanto, la situación mejoró relativamente.

Pero ha sido este año, durante el año 2015, donde se ha mantenido, y hemos tomado otras medidas, los refuerzos de tramitadores procesales en los cuatros juzgados de lo penal y donde, además, se ha optado por parte de la Dirección General de Justicia por una medida de choque, que es el incremento de dos funcionarios en cada una de las plantillas de los juzgados de lo penal.
Es decir, serían dos tramitadores nuevos -dos tramitadores nuevos, no de refuerzo- en la plantilla de cada uno de los juzgados, teniendo estos finalmente un personal de plantilla de dos gestores, seis tramitadores y un auxilio judicial.

Ese incremento de dos funcionarios por juzgado, que son ocho para estos cuatro juzgados de lo penal, supondrían una mejora… o van a suponer una mejora bastante evidente en lo que es la gestión del trabajo del juzgado de lo penal, sin perjuicio, como digo, que toda la sistemática de los juzgados de lo penal y de los juzgados de instrucción y, en fin, de la planta, aunque esto no es una comparecencia sobre toda la justicia en general, pues requiere una actuación global.

En el ámbito de nuestras competencias hacemos lo que nos está permitido, y es incrementar esos dos funcionarios de plantilla.

En otras jurisdicciones dentro de lo que es Castellón, también se han adoptado medidas puntuales, por ejemplo, con el juzgado de lo mercantil número 1, es decir, con la incorporación de un funcionario de refuerzo durante el año 2014 para solventar las cargas de trabajo que soporta el Juzgado de lo Mercantil número 1 y, también, el Juzgado de Primera Instancia número 5, con un funcionario de tramitación procesal de refuerzo para, también, intentar aligerar las cargas de trabajo de este juzgado de primera instancia que comparte funciones de registro civil también.

En este último caso, el Consejo General del Poder Judicial también ha aportado un juez más de refuerzo a lo que es la plantilla del Juzgado de Primera Instancia número 5 con funciones de registro civil.

Por lo tanto, y con esto voy a terminar mi primera intervención, quiero decirles que la actuación concreta que se ha hecho con el juzgado de lo penal de Castellón ha sido el incremento de dos funcionarios de plantilla en cada uno de los cuatro juzgados, que son ocho funcionarios no de refuerzo.
Y los refuerzos existentes se mantendrán hasta que los funcionarios de plantilla estén dotados y trabajando en sus respectivos puestos de trabajo.

Muchas gracias.

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Gastaldi.

Ara, en representació del grup parlamentari que sol·licitava la compareixença, té la paraula el senyor Miguel Ángel Guillén.

El senyor Guillén Galindo:

Muchas gracias, señor presidente.

Señor Gastaldi, nos ha hecho un resumen abreviado de la situación.
Nos ha empezado diciendo que no existe un sedicente colapso, pero que un atasco sí, lo ha reconocido, y que es una cuestión tradicional.
El hecho que sea tradicional no tiene que hacer que nos acostumbremos a que esta situación, por repetida y por mantenida, tenga que ser la habitual.

Ha comentado que el aumento de juzgados, todas las comunidades autónomas coinciden en que no es la única solución.
Yo no sé si es la única solución el aumento de juzgados.
Lo que sí que está claro es que -y eso lo saben bien los profesionales de la justicia- la solución no es solo el aumento de jueces o magistrados.
Es decir, si usted aumenta jueces y magistrados, que no los aumenta usted, porque los aumenta el Ministerio de Justicia, y no lo acompaña de los correspondientes medios personales, que sí que es competencia de la Generalidad, para que le ayuden al juez o magistrado a desarrollar su labor, no sirve para nada esa medida.

De todas maneras, sí que han tomado una medida efectiva para descolapsar en parte la administración de justicia en general.
Y lo hizo el señor ministro de Justicia, el señor Gallardón, antes de dimitir, que fue el tasazo.
Ha sido la medida más efectiva que ustedes han adoptado hasta ahora para bajar el nivel de pleitos en nuestros juzgados.

Pero bueno, yo le voy a dar algunos datos.
Hay una estadística, que usted además seguro que conoce, que es del Consejo General del Poder Judicial, de fecha 31 del doce de 2013, porque esa está finalizada, luego hablaremos de otra, y dice que la Comunidad Valenciana es la quinta en mayor tasa de litigiosidad, está por encima de la media española -eso es un dato que hay que tener en cuenta a la hora de aportar soluciones-; es la tercera en la tasa más alta de pendencia, y es la tercera en tasa de congestión.

Luego, hay una estadística anual de 2014, que todavía no se ha publicado, pero sí que se dispone de datos de los tres primeros trimestres, que vienen a avalar, digamos, en la misma línea de lo que hemos dicho, incluso tendría que decir que no son del todo exactos, pues existe un desfase en ocasiones entre los datos estadísticos y los datos reales de los juzgados al haber un número, digamos, de distintos asuntos que no llegan a registrarse.

Hay un estudio, por tanto, del Consejo General del Poder Judicial, a fecha septiembre de 2014, que es lo más reciente en la materia, que es -usted ha hecho referencia a ello- para determinar los órganos judiciales con una carga de trabajo superior al 50% de la media que se establece el propio Consejo General del Poder Judicial.

Si atendemos a ello, se necesitaría -y lo ha dicho el Consejo General del Poder Judicial- crear nada menos que 80 nuevos órganos judiciales en la Comunidad Valenciana.

Pero es que resulta que más del 54%, más del 54% de los órganos judiciales de la Comunidad Valenciana superan el indicador del 150%.
Por tanto, estamos en la Comunidad Valenciana y, a pesar de esos datos que usted nos ha dado usted introductorios y a pesar de esa gestión que viene haciendo hasta ahora, estamos en el porcentaje más alto de toda España.
¿Por qué?
Porque la media en España es de un 43%.

Si me lo permiten, yo les presento un mapa, que está coloreado, en el cual se ve en color granate la que pasa por encima del 50%.
Como verán sus señorías y la mesa, la Comunidad Valenciana es la única que tiene el color granate por tener más del 50% de asuntos.
Les estoy dando datos de septiembre de 2014, y eso es una realidad tangible que ahí está.

La totalidad de los órganos judiciales de primera instancia, mercantiles, de familia e incluso del tribunal superior de justicia en materia de civil y penal también superan el 150% del indicador; 85 órganos judiciales superan el 200% de la ratio, es decir, cada año están entrando más del doble de los asuntos recomendados -datos de aquí de la Comunidad Valenciana-; algunos, incluso superan el 300%, como los juzgados de primera instancia de Elche, de Torrevieja o los juzgados de lo mercantil, cuya situación inasumible se agrava cada año en este tema.

Ayer mismo aparecían unas declaraciones del juez decano de la provincia de Valencia hablando del colapso que se va a tener en los juzgados de lo mercantil como consecuencia de las reclamaciones por Bankia.

Usted nos ha hablado de las…, aparentemente ha tratado de dar a entender las importantes inversiones que se han venido haciendo en justicia o los remedios que han ido poniendo o parcheando, al menos durante los ocho años que usted lleva al frente de esta gestión.

A pesar de estos datos que yo les decía, me va a permitir que le diga que la conselleria no se ha dado por aludida.
Basta con ver una gráfica, que también les voy enseñar, de las inversiones realizadas por la Generalidad valenciana comparada con las realizadas en el resto de España en el ámbito de la administración de justicia desde el año 2002.

Mientras que la tendencia en el resto de España es claramente positiva, en la Generalidad valenciana ha sido nula.
En rojo, las inversiones en el resto de España.
Yo creo que la tendencia está más que clara.
En azul, color muy apropiado para el Partido Popular, las inversiones realizadas en la Comunidad Valenciana.
Si estuviéramos en sanidad casi diríamos que es un electroencefalograma plano.
Esa es la realidad de las inversiones.
Me va a permitir que, por tanto, disienta de las que usted está ahora nos ha estado aquí presentando.

Por tanto, no es simplemente un problema de presupuesto, que evidentemente también lo es, pero sobre todo lo es de prioridades y de voluntad política por parte del gobierno popular de la Generalitat valenciana para afrontar los retos pendientes de la administración de justicia.

Todavía recuerdo…, usted antes ha hablado, de la creación de juzgados, recuerdo todavía en la época de Zapatero en el gobierno de la nación, y siendo conseller responsable de Justicia, qué casualidad, el conseller Blasco, se pidieron 23 juzgados, el Ministerio de Justicia concedió 15, corríjame luego si me equivoco, señor secretario autonómico, le concedió 15 y de ellos la Generalitat valenciana, o bien renunció a ellos o bien aplazó su entrada en funcionamiento.

Y le voy a hablar yo, y le voy a concretar de Castellón, que era realmente un poco la prioridad, y sobre todo de los juzgados de lo penal.
¿Qué sucede?
Pues sucede que en Castellón, como usted bien sabe, no existe juzgado de ejecutorias, que es el que se encarga de que se cumplan las sentencias de los juzgados.
Por tanto, tienen que llevarlo los propios juzgados, y en este caso están atascados y no aparecen, son datos que no aparecen en estadísticas del consejo.

Es más, es decir, puede haber peligro -esto es muy importante y le llamo la atención- de que por ese colapso que existe en la ejecución de las sentencias se puede llegar incluso a la prescripción de las penas.
Y eso es ya es una alarma, una llamada de atención que están haciendo los propios profesionales.

Y la conselleria pues en lugar, digamos, de presionar al Ministerio de Justicia, de solicitar un juzgado especializado en ejecutorias, como los hay en Valencia, pues ha optado, como usted decía, por crear, por solicitar dos plazas más de funcionarios al Ministerio de Justicia que, según declaraciones que se hicieron por parte del conseller en una visita que hizo a los juzgados cual, digamos, rey mago ofreciendo regalos, lo iban a poner ya en marcha a principios de enero, estas plazas definitivas, pero la realidad es que a día de hoy todavía no están operativas.

Es tal la situación de colapso en los juzgados de lo penal en Castellón, escúcheme su señoría lo que le digo y el secretario autonómico, y me corrigen si me equivoco, que en la mayor parte de las sentencias los jueces y magistrados están empezando a aplicar de oficio, de oficio, la atenuante de dilaciones indebidas.
Es decir, se produce un colapso sin tan siquiera ni que la parte lo solicite, el juez, los jueces así lo aprecien.

El propio Consejo del Poder Judicial ha recomendado la creación de tres nuevos juzgados de lo penal y un juez de adscripción territorial para las ejecutorias.

Usted nos ha hablado de las ocho plazas definitivas que se creaban.
Bueno, tendré que matizar, me va a permitir que matice esa afirmación, porque no son de nueva creación, al menos todas ellas, sino que son traslados.
Ustedes lo que han hecho en Castellón es desvestir un santo para vestir otro.

¿Por qué digo eso?
Pues porque han cogido y de los juzgados de instrucción que ahora están en una situación, digamos, razonable de trabajo, han cogido esas plazas y las han llevado a lo penal.

¿Qué puede suceder en el futuro?
Lo que ha sucedido en los juzgados de primera instancia.
Ya en su día ustedes, su administración, cogió funcionarios porque entendían que sobraban de juzgados de primera instancia para vestir otro santo, y la consecuencia ha sido del colapso que existe ahora en los juzgados de primera instancia.
¿Qué garantía existe de que para intentar, sino solucionar, paliar la situación de los juzgados de lo penal de Castellón sacando los funcionarios, que no son de nueva creación, son traslados de instrucción, no estamos abocando al colapso en estos juzgados?

Pero le voy a decir algo, también de algún dato más de otro juzgado.
Los cuatro juzgados de lo social, una carga de trabajo entre el 171 y el 189%, solo hay un juez de refuerzo, los despidos en esta jurisdicción, que tiene que ser rápida y ágil, los despidos se señalan para dentro de medio año, y las reclamaciones salariales para dentro de año y medio.

Los juzgados de lo mercantil tienen una carga de trabajo del 230% y solo hay un juez de refuerzo, cuando lo que hace falta, como antes le decía, es personal auxiliar.

Y los juzgados de vigilancia penitenciaria, solo hay uno en la provincia de Castellón, cuando usted sabe que hay dos en Valencia, hay dos en Alicante.

En el año 2013 llegó a los 11.
585 asuntos, con ocho funcionarios.
Es el más cargado con respecto a los otros cuatro de las otras provincias, que apenas superaron los 8.
000 asuntos, uno de ellos y además con nueve funcionarios.

Lo razonable -y acabo ya, señor presidente- sería crear un nuevo juzgado de este tipo en Castellón, de vigilancia penitenciaria, como hay en las otras dos provincias de Valencia y Alicante.
No es suficiente con los refuerzos actuales.

Yo creo que esta realidad que yo le acabo de presentar rápida y sucintamente de Castellón, su juzgado, y en especial de lo penal, disiente o discrepa de manera fundamental con su exposición, por eso me gustaría me aclarara cómo va a hacerlo para solucionarlo.

Nada más y muchas gracias.

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Guillén.

Pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida, té la paraula el senyor Torró.

El senyor Torró Gil:

Gràcies, senyor president.

Mire, senyor Gastaldi, de la seua intervenció hi han una sèrie d'elements que jo considere que són molt preocupants i que en part expliquen el per què estem en la situació que estem.

En primer lloc vosté ha parlat i ha dit que estem parlant davant d'una qüestió tradicional, que és la sobrecàrrega de treball en els jutjats.

Parlar d'això en eixos termes a mi la veritat és que em preocupa moltíssim, em preocupa moltíssim com a ciutadà de vore com l'administració, diguérem, accepta una situació que és estructural i l'accepta com una excusa per a no resoldre el problema.
Perquè, clar, després, atenent totes les coses o les dades que vosté ens ha volgut donar, ens demostra, d'una banda, que la justícia en Espanya està infradotada personalment i materialment, sobretot en personal, que estem pràcticament per davall de.
.
.
a la meitat de la mitjana europea, i que el País Valencià, dins d'eixe marc encara que està més per davall.

I després vosté diu que, efectivament, que n'hi han molts factors que no solament es pot veure que això depenga del número de personal.
Però jo això ho puc entendre.
És a dir, hi ha un sistema processal diferent, una sèrie de condicionants que fan que es necessite més o menys gent per atendre les qüestions.

Però mire, o bé l'administració de justícia està molt mal organitzada, molt mal organitzada i, per tant, requerix de reformes estructurals amb profunditat, que vostés no fan, o bé no hi ha personal.
Vull dir, perquè el que no s'entén és la saturació de treball que tenen.
I, per tant, si el problema no és el personal és que és ineficient l'administració.
I si l'administració no és ineficient, és que falta personal.
O el més probable és que siguen les dos coses al mateix temps en parts probablement quasi per igual, quasi per igual.

I clar, vosté parla molt de la quantitat de personal, dels (inintel·ligible) .
.
.
que s'han creat, però no ho posa això en relació amb l'element que és el que dóna la mesura de quanta gent fa falta, entenent que, diguérem, que hi haguera una situació més o menys adequada al que serien les necessitats del sistema, que és l'evolució del nombre d'assumptes que tracten els jutjats.
Perquè, clar, si l'evolució del nombre d'assumptes que tracten els jutjats creix més ràpidament que la quantitat de persones que vostés posen per atendre eixos assumptes, ja poden posar gent, eh?
, perquè no arribaran mai.
Vull dir, és com fer una carrera, és la famosa llebre i la tortuga, la llebre va disparada i la tortuga ja arribarà, ja arribarà, quan arribe la tortuga a la llebre probablement siga morta ja la llebre i tot, quan arribe a la meta.

Eixe és el problema que tenen ací.
Hauran de dotar de materials i de mitjans personals d'acord amb les exigències de la càrrega de treball que es tinga.
I si això no ho fan és que no estan invertint el suficient en l'administració de justícia.

I el cas de Castelló és especialment greu, perquè probablement siga d'una situació de sobresaturació general que hi ha en tot el sistema judicial valencià, probablement on més saturació es tinga i per a casos molt especials, com pot ser també el d'Elx.
Però és un cas excepcional.
Vosté mateixa ha dit que tractaran de crear noves places per a poder resoldre els problemes que es generen en els jutjats que tenen més càrrega de treball.

Jo, sincerament, després de veure, inclús de visitar el Palau de Justícia, de vore en quines condicions es treballa en molts palaus de justícia, la veritat és que un es pensa que si no estan fent-ho tot açò aposta, si en realitat no hi ha una política deliberada de no preocupar-se massa de la justícia.
Perquè una justícia lenta al final només beneficia determinats segments socials, que són els que són capaços de pagar-se una bona justícia, una bona defensa en el seus casos i els que no, doncs mira, ahí estan perduts en els corredors dels tribunals de justícia, esperant que arribe un advocat d'ofici, si els arriba en molts casos, per culpa dels problemes que hi han hagut, sembla que estaven en vies de resoldre el tema del torn d'ofici, i moltíssimes altres qüestions que vostés no atenen.
I és un fracàs en tota regla, no de vostés només ací, és un fracàs perquè és un problema estructural de la justícia en Espanya, i que no ha afectat només governs del Partit Popular, sinó que afecta també governs del Partit Socialista.
Però això no pot ser una excusa, senyor Gastaldi, i vostés vénen a usar el problema com a excusa per a no resoldre el mateix problema.
Això és el súmmum, eh?

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Torró.

Pel Grup Parlamentari Compromís, té la paraula el senyor Ponce.

El senyor Ponce Guardiola:

Gracias, señor presidente.

Bien, la comparecencia es para, bueno, buscar una solución al colapso que están sufriendo estos juzgados.
Por lo que usted nos ha contado aquí, parece que no hay solución a tal colapso.

Y usted ha dado los datos, ¿eh?
Los juzgados de Castellón tratan el doble de asuntos de los que tendrían que tratar.
El Consejo General del Poder Judicial dice que debería de haber al menos siete juzgados, cuando hay cuatro.

Cada año quedan gran cantidad de los asuntos llegados durante ese año ni siquiera se ha puesto fecha para tratarse.
En el caso de los cuatro juzgados de Castellón el promedio es de más del doble de casos de los tendrían que tratar, cuando, por ejemplo, el partido judicial de Valencia es un 13,5%.
Y, por ejemplo, el presidente de la Audiencia Provincial de Castellón dice que el colapso está provocado porque se tarda hasta un año y medio en señalar los asuntos.
Por ejemplo, la memoria judicial de 2013 indicaba que todavía se estaban fijando vistas para los casos que entraron en 2012, y todos los de 2013.

Entonces, bueno, que usted reconozca que ésta es la situación, que reconozca que en España estamos casi en la mitad de lo que es la Unión Europea a nivel de promedio de jueces, 11 en el estado español, 19 en la Unión Europea, que encima la Comunidad Valenciana, como es la norma, estamos discriminados al respecto del estado y no llegamos a los 11 y nos quedamos en 10,2, bueno, pues es un mapa de la situación.
Y usted dice que en 2014 se amplió un funcionario más por juzgado y que en 2015 van a ser dos los funcionarios que se aumenten por juzgado.
Y… no sé… si esa es la solución que se pretende dar.

Sí que hay un aspecto que va a mejorar la situación, pero vuelve a ser un aspecto que no deja de ser una perversión y una discriminación hacia los más desfavorecidos, como son todas las políticas del Partido Popular, es el hecho de las tasas.
Hay un dato de que este año pasado hubo una cuarta parte menos de asuntos porque uno de cada cuatro asuntos que antes se llevaban a los juzgados ahora no se llevan, fruto de esas tasas.
Y para rizar el rizo de la perversión, ¿eh?
, hoy mismo, lo venía oyendo en la radio, de los más de quinientos millones de euros que se han recaudado con las tasas que se iban a dedicar, según la creación de las propias tasas, a la mejora de la justicia, nadie sabe a dónde han ido a parar esos 500 millones.

Entonces, ya que usted se sonríe y le parece tan gracioso este asunto, quizás tenga información para decirnos dónde están esos 500 millones de euros, de qué forma se van a utilizar para mejorar la justicia y de paso su gobierno, el de Fabra, podría exigirle a Rajoy que deje de discriminarnos también en este aspecto de la justicia y que buena parte de esos 500 millones se dediquen a mejorar la justicia valenciana, que, como todos los aspectos que tienen que ver de competencia, de financiación respecto al estado, estamos discriminados, ¿eh?
Y eso sería una buena defensa del territorio y de las señas de identidad valencianas, y de todos los valencianos, no otro tipo de paripés que ustedes inventan y que están impulsando estos últimos meses de legislatura, después de veinte años de gobierno del Partido Popular.

Entonces, insisto, le pregunto si ese funcionario del año pasado o esos dos de este año consideran suficiente solución para acabar con el colapso.
Y si lo que están confiando es en que las tasas sigan produciendo que la gente que tiene menos recursos siga llevando el caso en los juzgados, y esa es su solución, porque eso sí que va a reducir un 25% los casos este año que viene.
Y si tiene información sobre esos 500 millones de euros que iban a ir a mejoras para la justicia, si algo se va a destinar para mejorar la justicia, porque se crearon esas tasas con ese objetivo.
Y si nos va a tocar algo, alguna limosnita por parte del gobierno de Madrid, para mejorar nuestra justicia y, por lo menos, llegar al ratio estatal o intentar superarlo, por una vez.

Nada más y muchas gracias.

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Ponce.

Senyora Franco.

La senyora Franco Aliaga:

Gracias, señor presidente.

Señor Gastaldi, desde el Grupo Parlamentario Popular queremos transmitir nuestro reconocimiento a la magnífica labor que año tras año se está haciendo desde la Conselleria de Gobernación y Justicia.

Esto realmente se consigue con esfuerzo y trabajo, que ha quedado patente a lo largo de toda su comparecencia.
Y si bien no repetiré las cifras que usted nos ha dado, sí resaltaré el enorme esfuerzo que desde que se hicieron las transferencias en materia de justicia año tras año se han ido poniendo en funcionamiento innumerables recursos.

Ahí queda, por ejemplo, plasmado los 159 órganos judiciales que nos ha dicho que se hicieron desde 1996 al 2014, 71 unidades judiciales y 14 plazas de magistrado, lo que ha supuesto… Todo esto ha sido una inversión de 28 millones de euros que han salido de los presupuestos de nuestra comunidad, sin ningún tipo de ayuda por parte del gobierno central.

Nos ha dicho que aumentar el número de juzgados no sería la solución, pero sí que necesitamos más jueces y adecuar la plantilla judicial a las necesidades reales.
Actualmente, nuestros jueces es cierto que son lo que soportan una mayor carga de trabajo y mayor esfuerzo para resolver los casos, pero a fin de contrarrestar esta carga, su conselleria también nos ha dicho que pidió la creación de un juzgado de lo penal para Castellón, pero que el Ministerio de Justicia en su momento consideró que no era el momento adecuado.

Ante esta imposibilidad, en lugar de quedarse parados, lo que se hicieron…, la conselleria de justicia, fue que durante el año 2014 reforzó la plantilla con un funcionario en refuerzo del cuerpo de tramitación procesal en cada uno de los juzgados, como ha dicho usted, y reforzó también por parte del Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia, dos jueces y un secretario.

Nos ha dejado claro que son los juzgados de lo penal de Castellón los que sobrepasan el número de asuntos pendientes y, por ello, que se ha aumentado los recursos que ya he mencionado.
Se han dotado con un funcionario de tramitación procesal con relación al registro civil, un juez de parte del poder judicial y también para el año 2015, en este primer trimestre, se va a reforzar con cuatro juzgados de lo penal, con un tramitador procesal.
Y nos ha dicho también que piensa ampliar en dos tramitadores la plantilla de cada juzgado.

Por ello, debemos reconocer el esfuerzo y la excelente gestión que año tras año vienen desarrollando desde su conselleria.

El Consell se ha volcado en los últimos años en hacer de la administración de justicia de la Comunidad Valenciana una administración moderna, ágil, eficaz, que resulte útil a los ciudadanos en la resolución de conflictos judiciales.

Para ello, la conselleria ha puesto en marcha diversas líneas de actuación dirigidas a mejorar, racionalizar y optimizar los recursos existentes, como lo son los 486 órganos judiciales, las 36 partidas judiciales, etcétera, etcétera.

Y las acciones que va a llevar a cabo para conseguir esto es reforzar las plantillas con el fin de optimizar recursos; reequilibrar la carga de trabajo en base a las estadísticas judiciales, sin suprimir ni un solo puesto de trabajo; semestralmente ustedes aprueban los planes de refuerzo para cubrir bajas no superiores a los quince días, incrementando la plantilla de funcionarios; se ha impulsado la construcción y modernización de las sedes.
Para ello, se ha invertido en el plan de intervención de edificios judiciales 2014-2018 casi 45 millones de euros, para la renovación de edificios judiciales de esta comunidad.
Se ha impulsado la modernización tecnológica en los órganos judiciales.
En estos últimos seis años, se ha invertido más de 30 millones en renovación tecnológica de los puestos de trabajo y en la renovación de redes de comunicación, videoconferencias y grabaciones de juicios.

Así, pues, señor Gastaldi, nuevamente le felicitamos y le invitamos a que siga trabajando de este modo que lo está haciendo y que, además, lejos de lo que está diciendo la oposición, que no aporta ningún tipo de medidas para mejorar, sino que lo único que hacen es criticar sin ningún tipo de respeto a todo lo mucho y bueno que se ha hecho.

Debo decirle también que la Comunidad Valenciana no está a la cola de nada.
La Comunidad Valenciana es la quinta comunidad de España en número de funcionarios por juez, con una ratio de un 8,68% frente a la media nacional de un 8,60%.

Por tanto, creemos en la justicia y en el estado de derecho y le animamos a que siga trabajando en la misma línea que está haciendo hasta ahora.

Muchas gracias.

El senyor president:

Moltes gràcies, senyora Franco.

Senyor Gastaldi.

El senyor secretari autonòmic de Justícia:

Gracias, señor presidente.

Bueno.
Yo quiero decir, en primer lugar, y con carácter previo, a los tres señores de los grupos de la oposición, señor Guillén, Torró y Ponce, que mi expresión cuando he empezado mi primera intervención y he dicho que el atasco, o el colapso o el exceso de trabajo era una cuestión tradicional, es decir, me refiero, y preciso y puntualizo…

Con eso no quiero decir, en primer lugar, ni que sea un problema estructural, que no lo he dicho; ni que sea una excusa, que tampoco lo he dicho; ni que lo aceptemos, que tampoco lo he dicho.
Es decir, eso son deducciones a partir de mi expresión, pero no dichas ni autorizadas, en ese caso, por mí, que soy quien ha dicho la palabra.
Es decir, quiero decir que existe hace tiempo y que, por lo tanto, es un problema que existe no solamente aquí, sino en toda España.
Eso en primer lugar.

En segundo lugar, le diré que el problema del atraso en los juzgados, como ha dicho el señor Guillén y también el señor Ponce -vamos a ver-, es una cuestión muy seria, porque estamos hablando de los juzgados de lo penal.
Y, por lo tanto, el acumulo de trabajo en juzgados de lo penal, donde se resuelven la vida y la libertad de los ciudadanos…, bueno, la libertad, básicamente, y los intereses económicos, es… Por eso, el gobierno valenciano está preocupado y por eso hemos tomado las medidas que hemos tomado.

Tengo que decirles, además, que -a los que lo han mencionado, al tema de…, como ha designado el señor Guillén, el tasazo-, en penal no hay tasas.
Por lo tanto, la disminución de asuntos en penal no tiene nada que ver, si es que hay disminución de asuntos, con la tasa o no tasa, porque tasa no hay en penal.
Por lo tanto, esa cuestión no es cierta.

En otro punto, hay que decir que la mayor tasa de litigiosidad que tiene esta comunidad, según apunta el señor Guillén, no es una cuestión que hayamos generado nosotros.
Si hay más litigiosidad será por circunstancias socioeconómicas o por determinadas cuestiones a las que intentaremos poner remedio, pero no…, permítame usted que le diga que no nos es oponible la mayor tasa de litigiosidad como un defecto del Partido Popular o del gobierno popular.
Es decir, nosotros trabajamos para solucionar el incremento en la tasa de litigiosidad.

Y tengo que decir, con carácter general también -y en esto creo que hemos coincidido, y no sé si les gusta coincidir con el gobierno, pero sí que todos han coincidido-, que la gestión de los recursos en materia de justicia es una gestión compleja, porque el tripartito que existe en materia de justicia entre comunidad autónoma, Ministerio de Justica y Consejo General del Poder Judicial, dejando aparte las facultades de salas de gobierno, presidencias de tribunales superiores de justicia y jueces decanos, convierte realmente el gobierno de la materia de la justica en algo ya no diría complejo, sino un poco a veces esquizofrénico.
Y, por lo tanto, es muy complicado observar que un solo efecto es causa de una sola de ellas.
Es decir, no hay causa-efecto directo, hay muchas circunstancias que juegan.

Por eso, lo he dicho en mi primera intervención, que todas las circunstancias que forman parte de lo que acredita…, o sea, perdón, lo que produce el incremento de asuntos, de todas esas, nosotros podemos intervenir, como comunidad autónoma, en una o dos de ellas, es decir, en poner más personal o en incrementar los medios materiales.
El resto de circunstancias que fomentan el incremento de trabajo y que pueden producir también ese colapso…, y que pueden generar el problema, son cuestiones que se resuelven en comisiones mixtas y que forman parte también de la competencia del ministerio, del consejo, de los jueces, de los tribunales superiores, de cada uno de ellos.
Es decir, es un problema mucho más complejo que la gestión de la sanidad o la gestión de la educación, que es totalmente transferida.
Esto no es una competencia transferida en su totalidad.

Por eso he dicho que los problemas que hemos de resolver, los podemos resolver desde nuestra perspectiva o desde nuestra competencia, que en este punto es muy limitada.
Lo que pasa es que las numerosas comparecencias, tanto del conseller como de quien les habla, en el pleno o en estas comisiones, y muchas veces parece que es la comunidad autónoma la única administración pública competente y responsable en materia de justicia, y no es así.

Somos la más cercana al ciudadano y la que a veces podemos actuar más rápido, pero no la única responsable.
Y no estoy eximiéndome de ninguna responsabilidad.
Simplemente le digo que todos, estado, comunidades autónomas, Consejo General del Poder Judicial, y jueces decanos, salas de gobierno, jueces independientes, consejo fiscal, Fiscalía General del Estado, cuerpo de secretarios… Todo este conjunto en ocasiones es el que tiene que ponerse de acuerdo para que las soluciones se aporten.

En lo que es competencia nuestra, y lo nosotros hemos podido hacer y hemos llevado a cabo, le digo que en materia de juzgados de Castellón, en juzgados de lo penal, por ejemplo, le puedo dar un dato al señor Guillén, que tantos datos nos ha dado hoy, que ha habido una disminución de un 13,5% de asuntos en trámite al final del año anterior.
Es decir, que los juzgados de lo penal, lo que son las ejecutorias han disminuido en un 13% asuntos en trámite.
Quiere decir que están trabajando muy bien y mucho.
Eso no quiere decir que no exista ese atasco en algunos asuntos.
Y, por lo tanto, vamos a intentar ponerle remedio.

La medida que hemos tomado es una medida que supone el incremento de dos funcionarios en cada juzgado, que es una cantidad importante, teniendo en cuenta que la plantilla normal era una plantilla 2-4-1, o sea, 7, ahora incrementamos a dos más.
Es un porcentaje de personal fijo importante.

Y que además quiero decirle que no procede de un traslado, sino que fruto de…, esas plantillas se han creado en capítulo I, con amortización de puestos procedentes de órganos jurisdiccionales, cuyos números eran actualmente inferiores al cien por cien del módulo del Consejo General del Poder Judicial.
Es decir, hemos… Como usted dice, hemos desvestido un santo para vestir otro, no es así.
Es decir, no hemos dejado ningún órgano jurisdiccional en situación de que no pueda trabajar.

Porque le tengo que decir que en esa materia, los juzgados de instrucción…, se han amortizado algunas plazas de juzgados de instrucción para poder dotar a los juzgados de lo penal.
Y así se ha hecho, y así se ha negociado con los sindicatos y así se ha aceptado por todos los actores en esta situación, porque es la solución, vamos a decir, actualmente más posible, o más posibilista, dentro del panorama económico y, sobre todo, dentro de lo que es la creación de empleo público en ciertos ámbitos de la administración.

Por lo tanto, con estas medidas, como digo, supongo que cuando entren en funcionamiento los dos…, cuando se pongan a trabajar los ocho funcionarios, mejorará la situación de los juzgados de lo penal.

Y además, le digo que en el segundo plan de refuerzos para el segundo semestre, si todavía, como yo espero, continuamos en el gobierno, pues seguiremos reforzando aquellos órganos judiciales que además han sufrido más el incremento de asuntos, que no son precisamente los instrucción, son los juzgados de lo social, los juzgados de lo mercantil y todos aquellos que tienen una relación más directa con la crisis económica, social y laboral que sufre nuestro país.
Y por eso, esos son los juzgados cuyo trabajo aumenta y a los que dedicaremos también especial atención en el plan de refuerzo.

Por lo tanto, no es, como digo, señor Guillén, un traslado.
Se lo he explicado creo que bastante claramente cuál es el origen de estos funcionarios.

Y les tengo que decir también a todos -y con esto quiero terminar esta intervención- que seguiremos trabajando para que este problema del incremento de trabajo de los juzgados, como ha dicho el señor Torró, pues, bueno, no nos vaya por delante, sino que nosotros vayamos por delante de ello, porque durante algunos tiempos hemos llegado a ir por delante.

Lo que ocurre es que la sociedad cambia muy rápido y la administración tiene que reaccionar también después.
Y las estructuras judiciales, en ocasiones, el cambio y la modernización de las mismas pasa por algo más que el simple incremento de personal o incremento de medios materiales, por cambio de estructuras, cambio de planta, cambio de demarcación y cambio de la Ley orgánica del poder judicial.
Es todo un proceso que yo creo complejo en el que nuestra parte de responsabilidad está cubierta.

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Gastaldi.

Senyor Guillén.

El senyor Guillén Galindo:

Muchas gracias, señor presidente.

Decía que el nivel de litigiosidad no le es imputable a la gestión del gobierno.
Habrá una parte que sí, que es la contenciosa, que también se ha incrementado, y es consecuencia de la nefasta gestión administrativa que en ocasiones ustedes producen.

Me ha hablado de que no es un traslado.
Desde luego, no es un traslado, pero sí que podemos estar hablando que a lo mejor sería…, no sé cómo decírselo, magia jurídica, porque, en definitiva, es: usted amortiza aquí y hace aparecer allí.
Vale.
No es un traslado porque no lleva, digamos, el mismo número de plaza, pero el efecto es el mismo.
Usted la hace desaparecer en un juzgado y la vuelve a crear en otro juzgado.
No es un traslado administrativo, pero sí que es amortización y creación.

Y discrepo totalmente cuando usted ha dicho que aceptado por todos.
Me consta que no fue aceptado por los sindicatos, ahí está las manifestaciones públicas de todos ellos, e incluso ha habido protestas en el ámbito judicial por parte de jueces y magistrados.

Usted ha hablado que no era únicamente el tema de lo penal, sino otros juzgados.
Yo antes le he mencionado algunos y usted lo ha refrendado.
Pero vamos a hablar también…, vamos a hacer una mención especial, que usted no los ha nombrado, de los juzgados mixtos que hay en los partidos judiciales de Castellón, que tienen un nivel de entrada de asuntos muy por encima de los de Alicante y los de Valencia.

Son los juzgados de primera instancia e instrucción que atienden, como todos ustedes saben, la jurisdicción civil y la penal en el partido judicial en el que están, y que tienen una plantilla de tan solo seis funcionarios para tramitar unos y otros expedientes.
Es verdad, y aquí está su alcalde, que está el partido judicial de Villarreal, que tiene una población de 85.
628 y tiene, digamos, suficientes juzgados y se encuentran en una tasa de asuntos razonables.
Y eso está muy bien para Villarreal, y creo que habría…, de ello se puede enorgullecer su alcalde y, evidentemente, también la conselleria.

Pero, desde luego, no es el caso del partido judicial de Nules y el partido judicial de Vinaroz, que sufren una vez más una congestión histórica, de esas tradicionales que usted decía.

El partido judicial de Vinaroz, concretamente el número 4, de instrucción, el juzgado número 4, se va a encargar, como usted sabe, aparte de esos asuntos habituales, se encargará del Castor y además es el que comparte con el tema de la violencia de género.
Luego es obvio y evidente que se va a colapsar más aún si cabe.

En el caso del partido judicial de Nules, con una población de 108.
701 habitantes, el juzgado de violencia de género está compartido con uno de instrucción y, por tanto, está colapsado.
Sería deseable, ya sé que no es competencia suya la decisión, pero sí proponer e incidir en ello de que se ampliara la competencia territorial del específico de violencia de género de Villarreal, que se ampliara también a Nules si lo pueden conseguir.
Ahí tienen una solución para descongestionar un juzgado, para que luego digan que no proponemos soluciones.

Y haciéndonos eco de esa competencia, que nosotros la sabemos, la reconocemos, que ustedes tienen la competencia de los medios personales y materiales, pues les voy a hablar de problemas personales y materiales en el juzgado de Nules.
A ello, a estos problemas de eficiencia de personal, se añaden también los de eficiencias en cuanto a infraestructuras en Nules.

El mobiliario es antiguo y poco funcional, las goteras aparecen cada vez que llueve, los funcionarios trabajan hacinados pues carecen de espacio físico para todos ellos, ni tan siquiera disponen de estanterías suficientes para colocar los expedientes que están por los suelos.
Hace años que el archivo está ya colapsado y está a tope y se utiliza como tal cualquier espacio disponible, ahí están las escaleras, la sala multiuso en el juzgado, por ejemplo, número cuatro.
Nos consta además que, como ustedes son los competentes, esta situación ha sido denunciada en numerosas ocasiones ante la conselleria sin que hasta la fecha se haya adoptado solución alguna al respecto.

Y, ahora, corríjame si me equivoco, el 30 de diciembre de 2010 debería haber entrado en funcionamiento el quinto juzgado de instrucción en Nules.
En cambio, la conselleria pidió al Ministerio de Justicia el aplazamiento de su puesta en marcha y sigue todavía pendiente.
Si usted me confirma esto y le pido que me lo diga si es así, la verdad es que es muy grave esta renuncia.
Porque sí que es verdad que la solución no es solo es la creación de juzgados, pero también pasa por ahí.

Lo que no es solución es dotar jueces y magistrados -y se lo he dicho antes- eso corresponde al Ministerio de Justicia, al Consejo General del Poder Judicial, es competencia estatal, pero tiene que venir acompañado de una adecuada dotación de medios materiales, que sí que es competencia de la conselleria y, sobre todo, de la dotación de medios personales complementarios.
No sirve de nada si tenemos un juez o un magistrado y no tiene el personal auxiliar necesario para sacar adelante la faena y el trabajo que él genera.

Por tanto, lo que le pedimos es que se dejen ya de parcheos, se dejen de planes de refuerzo, se dejen de contrataciones temporales.
Lo que queremos son soluciones efectivas y definitivas y sobre todo en la dotación de medios personales complementarios y auxiliares y en los medios materiales, que sí que es competencia de la conselleria.

Yo creo que todos compartimos y coincidimos que el derecho de acceso a la justicia es un derecho fundamental, viene reconocido en la Constitución.
Y todos sabemos, también, que una justicia tardía ni es justicia, ni es nada que se le parezca.
Y en sus manos está y tienen la obligación de hacer que eso sea posible, que sea más rápida y que sea más eficaz.

Para acabar.
Hacer política es establecer prioridades.
Y, desde luego, nosotros no coincidimos con algunas de las prioridades que ha establecido su gobierno.
Yo le pido como responsable y además como implicado en la materia, porque nos consta su profesión, digamos, jurídica, que en el poco tiempo que le queda a este gobierno, por lo menos hasta las próximas elecciones, que hagan lo posible por remediar esta situación de colapso que se vive en los juzgados de Castellón.

El senyor president:

Gràcies, senyor Guillén.

Pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida, té la paruala el senyor Torró.

El senyor Torró Gil:

Gràcies, senyor president.

Mire, senyor Gastaldi, nosaltres interpretem les seues paraules, lògicament, en el context de la seua intervenció i en el context de les polítiques que vostés practiquen i com les defenen.
I tenim tot el dret a fer-ho.
No és que tenim el dret és que tenim l'obligació de fer-ho, que és diferent.

Mire, ja sabem que la transferència de la justícia és evident que no és completa, perquè hi ha unes competències que constitucionalment no corresponen a les comunitats autònomes.
Per tant, això serà sempre d'eixa forma.
I és evident que la gestió és molt complexa perquè intervenen molts factors.

Però vosté ho ha dit molt clarament.
Hi ha dos responsabilitats que són exclusivament de la comunitat autònoma: personal i mitjans.
I en estos moments ni en una, ni en l'altra estan als nivells que es requerixen per a tindre una administració de justícia eficient i eficaç en el País Valencià, ni una, ni l'altra.
Perquè si no el nivell de saturació de la major part dels jutjats no seria el que hi ha ara.

I, clar, mentre vostés facen operacions, com les que ens ha dit que acaba de fer, vull dir, això és un parcheo.
Si jo dic: Â«No, el que jo faig és agafar, me fa falta ací dos funcionaris i me n'aprofite que allí, que no estan tan carregats de treball vaig a amortitzar les dos places i les passe acíÂ» és a dir, està desvestint un sant per a vestir-ne un altre, no li pegue més voltes.
Probablement els recursos estaran millor assignats, jo això no ho discutixc, però l'assignació global de recursos seguix sent ineficient, perquè no hi ha suficients recursos.
I això és responsabilitat seua.

Igual que és responsabilitat seua i no té res a vore l'administració de justícia el que els jutjats estiguen com estan.
Vostés han estat gastant-se diners a poals, fent superedificis i després molts jutjats estan caient-se literalment a trossos i la gent està en condicions penoses de treball.
El senyor Guillén li ha parlat del jutjat de Nules.
Jo he vist jutjats d'eixos en Elda, en el meu poble sense anar més lluny, que estan en unes condicions que no són dignes, ni tan sols són dignes per a poder treballar allí alguns serveis.
I això és responsabilitat seua.

I és responsabilitat seua que no hi haja suficient personal.
Perquè vosté diu que és que caldrà estructurar les coses d'una altra manera.
Mentre no reestructure les coses d'una altra manera, en l'estructura que hi ha ara fa falta un determinat número de personal per atendre el treball dels jutjats, els jutges i magistrats que hi ha ara.
I, en estos moments, la relació entre el personal i els jutjats no és l'adequada, no és l'adequada.
I el problema es traduïx en eixa sobrecàrrega de treball que es té per damunt de la mitjana de l'estat.

Per tant, si vosté vol ací plantejar una qüestió de deveres i no tractar de vindre ací a justificar la seua política en compte d'explicar quina és i què és el que volen fer, el que han de vindre ací és a explicar-nos quines són les deficiències que hi ha, quines són les deficiències per part de la mateixa conselleria, i com pensen de forma raonable anar resolent-les.
Això no ho han explicat mai ací, perquè no és la seua intenció.
La seua intenció és anar saltant de tant en tant i de tant en tant poder fer algun edifici xulo i poder inaugurar-lo allí i anar a tallar la cinta i penjar-se la medalleta i prou.

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Torró.

Pel Grup Parlamentari Compromís té la paraula el senyor Ponce.

El senyor Ponce Guardiola:

Gracias, señor presidente.

Señor Gastaldi, yo le he hecho dos o tres preguntitas muy sencillas de responder y no me ha respondido.
Le he preguntado si con el funcionario de 2014 y los dos de 2015 consideran que se va a solucionar el problema.
¿Dígame en qué medida considera que se va a solucionar?

Bien.
Yo le haría una pregunta adicional que creo que si se la apunta supongo que tendrá la información.
Y es si durante estos últimos años, durante los veinte años de gobierno de Partido Popular en nuestro territorio, se ha reclamado que se solvente ese agravio comparativo en el número de jueces y juzgados en nuestro territorio.
¿Le consta que el gobierno Fabra, el gobierno Camps, Olivas, Zaplana han pedido que se solvente ese agravio comparativo?
Yo le agradecería una respuesta al respecto.

Y le hago una sugerencia.
Han sido más de quinientos millones de euros lo que han supuesto las tasas, que se supone que tenían que dedicar a mejoras a la justicia.
Somos el 10% más o menos a todos los niveles del estado español, nos tocaría 50.
Como estamos en un agravio comparativo, pídale directamente al gobierno de Rajoy 100 millones de euros para solventar los problemas judiciales que tenemos en nuestro territorio.
Si aquí tienen mayoría absoluta pueden hacerlo sin que aquí nadie ponga ninguna cortapisa.
Si trajeran la propuesta, la aprobaríamos por unanimidad.

Y, en Madrid, el señor Rajoy, bueno, si tiene ganas de contentarnos y de seguir favoreciendo a esta tierra que no lo hace, pero, bueno, dicen que lo hacen, pues yo le sugiero que hagan esa petición.
Incluso podemos hacer aquí una declaración institucional, pero ya, y firmarla mañana en el pleno en este sentido.
Y todos saldríamos ganando, pero mucho me temo que no va a ser así.

A ver si me contesta a alguna de las tres preguntitas que le he hecho.

Muchas gracias.

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Ponce.

Senyor Gastaldi.

El senyor secretari autonòmic de Justícia:

Gracias, señor presidente.

Bueno, esta es mi última intervención y voy a concretar algunas cuestiones.
En primer lugar, al señor Guillén, el juzgado de Vinaroz con el problema del Castor y la plataforma tendrá el refuerzo que necesita, si lo necesita, para poder tramitarlo correctamente.
Y de eso no tenga ninguna duda, porque ya estamos encima de ello, es decir, ya lo sabemos y ya hemos previsto que así se actúe.
Primer problema.

Segunda cuestión: el tema de Nules.
En Nules también estamos en la misma situación, es decir, sí es cierto que la carga de trabajo en los juzgados mixtos, como yo digo, mixtos de pueblos, es superior.
Sí que es cierto que en un partido judicial, en fin, en Villarreal pueden tener ciertas modificaciones y también es una demanda que hemos estudiado y que se ha presentado en ocasiones al ministerio.
Se ha hablado esta cuestión, pero es una cuestión de ley de planta y que, por tanto, no es tan sencilla de modificar, como sencillamente pedirlo que se otorgue.
Pero esta es una cuestión que también está en estudio por parte del gobierno valenciano y se ha llevado al ministerio, a las comisiones mixtas, muchas veces.

En tercer lugar, le diré que no actuamos de forma parcheando, suena un poco de contradicción en los términos.
Usted me dice que estamos parcheando con planes de refuerzo.
Mire, si un plan no es un parcheo, un plan es semestral y cada seis meses invertimos unos setecientos y pico mil euros, seiscientos o setecientos mil euros cada semestre en personal de refuerzos, como su nombre indicaba, a aquellos juzgados que lo necesitan.
Y que además consensuamos en muchas ocasiones con la presidencia del Tribunal Superior de Justicia para que nos dé el visto bueno a esos refuerzos y nos diga: Â«bueno ¿les parece a usted bien que los funcionarios vayan a estos juzgados, que es donde más necesitan o no?
Â» Â«Sí.
Vale.
Â» Entonces eso se está haciendo constantemente.

Le quiero decir, también, al señor Ponce, que el problema de los juzgados de lo penal esperemos que se resuelva o se aminore con los dos funcionarios que tienen que empezar a trabajar cuando conteste el consejo y el ministerio a la creación de esa plantilla.
Todavía no están trabajando, aún están con un solo refuerzo cada uno de los juzgados.
Pero con esos dos, por lo que hemos calculado, la disminución de la carga de trabajo será evidente entre el resto de compañeros y compañeras y, por lo tanto, la ratio de asuntos descenderá.
Si no es así habrá que tomar otras medidas o incluir más personal.
Eso en primer lugar.

Sí hemos reclamado jueces, sí hemos reclamado el incremento de jueces cuando hemos considerado que era necesario.
Cuando las políticas del ministerio, de uno o de otro color, no han sido la creación sistemática de juzgados sino la reforma de la ley de planta y demarcación, establecimiento de oficina, cambio del sistema judicial, entonces no hemos reclamado jueces porque, evidentemente, no íbamos a pedir algo que no tenía un sentido y no íbamos a aplicar.
Hemos intentado ser coherentes con el ministerio del PSOE, cuando gobernaba el PSOE, y con el Partido Popular, cuando ha gobernado el Partido Popular.

Y su pregunta respecto de las tasas le digo que yo, como no tengo la capacidad de determinar cuál es el destino del tesoro público, del dinero, no puedo contestarle a esa pregunta.
Debería usted dirigirla al responsable correspondiente.

Muchas gracias.

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Gastaldi.

Senyories, fem un xicotet descans per a despedir el secretari autonòmic i se reiniciarà d'immediat la comissió.

(Se suspén la reunió durant uns minuts)

El senyor president:

Senyories, es reprén la sessió.

Per indicació i acord dels distints portaveus, es dóna a conéixer que s'ha decidit reduir els temps.

En qualsevol cas, als qui presenten, el grup que defense la proposició de llei perquè és l'autor de la proposta, ho passarem a deu minuts.
I la resta d'intervencions seran de set i de tres, respectivament, eh?
; set i tres rèplica, evidentment, eh?

Proposició no de llei sobre la despenalització de l'activitat del parany, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE número 94.
063, BOC número 285)

El senyor president:

Passem, en conseqüència, al següent punt de l'ordre del dia, que és el punt número 4: presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la despenalització de l'activitat del parany, presentada pel Grup Parlamentari Popular.

Per a la seua defensa, té la paraula la il·lustre diputada senyora Maira.

La senyora Barrieras Mombrú:

Moltes gràcies, senyor president.

Senyories, en primer lloc, volia donar la benvinguda als representants d'Apaval, de l'associació de paranyers valencians, que ens acompanyen en esta comissió.

I defendre una proposició no de llei que el text, que s'ha substituït per una pròpia -saben vostés- esmena nostra, diu:

Â«Les Corts insten el Consell que es dirigisca al ministeri de medi ambient i a les instàncies de la Unió Europea, tant parlament com consell, a fi que es trobe la via legal que permeta la pràctica del parany en la comunitat, donat que es tracta d'una pràctica de caça selectiva, tradicional, amb una tècnica similar a l'emprada en les altres activitats cinegètiques que es practiquen sense restriccions legals en altres estats membres de la Unió Europea, com França, Itàlia o Malta.

Â»Segon.
Així mateixa, Les Corts insten el Consell que es dirigisca al Ministeri de Justícia, a l'objecte de promoure, en el seu cas, una modificació de l'actual Codi penal, seguint els mateixos criteris que es regixen en altres estats membres, abans referits o esmentats.
Â»

Bé, el parany sabem tots que és una pràctica de caràcter tradicional en la nostra comunitat, que té una gran acceptació per alguns sectors socials.
Ens trobem davant d'un mètode cinegètic amb molt d'arrelament des de fa molts segles, tant en València com en Catalunya com en Aragó, que ha donat lloc a pràctiques seculars en moltes comarques de les tres comunitats autònomes.
És un mètode que.
.
.
, bé, cal recordar que quan es va aprovar la Llei de patrimoni cultural valencià va comptar o compta, millor dit, en la protecció d'eixa llei, donat que l'arbre, precisament, que s'utilitza per a capturar els tords és un bé moble d'interés cultural.

Bé, l'escrit de les al·legacions de les Corts Valencianes al recurs d'inconstitucionalitat davant la llei de la caça detalla excepcions contemplades en diferents països, algunes d'elles referides al mètode de caça amb visc, des chasses traditionnelles à la grive.
I recorda la sentència del Tribunal de Justícia d'Europa, de 27 d'abril de 1988, comissió versus França, que va determinar que una excepció a la previsió de capturar aus amb visc, establida per un estat membre, serà ajustada a l'article 9, apartat 1, lletra c, de la directiva, si dita excepció s'aplica de manera selectiva i tant sols comporta una captura d'aus en xicotetes quantitats.

El paranyer és una persona aficionada a la caça, que practica una modalitat molt molt arrelada en la nostra comunitat.
Per això, més que enfront d'una activitat delictiva -com està en estos moments-, ens trobem davant d'una ancestral i tradicional activitat cinegètica, un llegat dels nostres avantpassats, junt amb altres molts elements de la nostra cultura i patrimoni, que tenim el deure de protegir i de conservar.

Evidentment, evidentment, en la normativa europea, Directiva 79/409 del Consell de les Comunitats Europees, de 2 d'abril de 1979, relativa a la conservació de les aus silvestres, com en la normativa bàsica estatal en esta matèria, la Llei 42/2007, de 13 de desembre, de patrimoni natural i de biodiversitat, es recull la previsió d'este mètode de caça amb visc, més que, al mateix temps, preveu casos en què es puga exceptuar esta prohibició.

Al llarg del temps s'han succeït distints arguments a favor d'este mètode de caça, emparant-se en les distintes excepcions previstes en la normativa mencionada, preveient perjudicis importants en cultiu, fins d'investigació o permetre's en condicions estrictament controlades, de manera selectiva i en xicotetes quantitats.

La regulació autonòmica, en el Decret 135/2000, de 12 de setembre, del govern valencià, pel qual s'establien les condicions i requisits per a la concessió de les autoritzacions excepcionals per a la caça dels tords amb parany en la nostra comunitat, va ser anul·lada per un recurs contenciós administratiu, bé, a denúncia dels ecologistes.
Vull dir, va ser per una denúncia feta pels ecologistes.

També va declarar-se inconstitucional i nul l'últim paràgraf de l'article 10 de la Llei 13/2004, de 27 de desembre, de caça, de la Comunitat Valenciana, que es va precisament fer per a poder canviar el decret que s'havia denunciat per part dels ecologistes.
Bé, doncs, ahí ens va ocórrer que es va presentar un recurs d'inconstitucionalitat, per part del Partit Socialista en Madrid.
Per tant, vam haver de vore que en el recurs eixe s'establia que el caràcter tradicional d'este mitjà de caça no és una raó -deia- per a la seua consideració com a excepció a la previsió de mètodes de caça no selectius.

Ahí és on està tot l'error, Â«no selectiusÂ».
No és aixina, senyories.
Eixa caça és completament selectiva.
En l'any 2009 es va canviar el visc, i el visc és un visc completament innocu, completament innocu, i aixina ho avalen molts estudis que després comentaré.

Jo he estat en un parany.
Jo sí que he estat en un parany, i no em considere paranyera, evidentment.
Allí, quan s'agarra un pardalet, se li lleva la vareta, se neteja el visc i eixe visc és completament innocu.
Per això, els estudis han vist que eixe pardalet -que s'ha anellat- ha tornat, al cap d'un any, altra vegada a migrar i és el mateix pardalet que havia caigut en un parany i se li havia netejat el visc.
Per tant, és completament una caça selectiva.

Ha sigut provada per jurisprudència, abans de tot el que els he dit, que no era un mètode selectiu.
Però, en este any, en octubre d'este any, la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient es va tornar a plantejar l'autorització dels paranys, fonamentada en les raons científiques, en uns projectes d'investigació.

Però, bé, en vista de l'informe de desembre de 2013 de la unitat de naturalesa de la Comissió Europea en contra de la resolució d'esta conselleria, doncs, van haver de denegar la sol·licitud a 33 paranys científics que s'havien autoritzat, doncs no n'hi havia cap canvi -deien- normatiu que poguera donar a entendre que han variat eixos criteris europeus.

Per a mi, torne a insistir, és el quid de la qüestió que han d'acceptar des d'Europa que és una caça completament selectiva.
És un mètode de caça molt ancestral.
Es tracta d'una modalitat de caça tan antiga que es remunta a alguns milers d'anys; ja n'hi ha constància en l'època romana, en el segle III, de la caça amb visc; ja n'hi ha constància en Pompeia, en les runes de Pompeia, de la caça amb visc; en la carta pobla de Sant Mateu, surt també la caça amb visc.
Per tant, dóna peu a defendre este preat llegat històric que, a pesar del temps transcorregut, el col·lectiu de paranyers ha sabut conservar, fent front a un.
.
.
, a un.
.
.
, bé, sense número, d'inconvenients i traves, una darrere de l'altra.

No és compatible en cap altra modalitat de caça.
El parany és una modalitat de caça diferent, tenint en compte que els utensilis que es gasten són únics per a eixe mètode de caça.

No és esquilmable sobre l'espècie, no es capturen tots els tords que entren al parany, ni molt menys.
Per esta raó, és total i absolutament impossible que l'espècie siga extingida per esta modalitat de caça.

És una modalitat de caça que totes les captures es realitzen en viu.
Quan es captura alguna peça valuosa, es netegen les plomes i s'utilitza com a reclam.
La modalitat de caça, eminentment selectiva.
Com les captures es realitzen en viu, és el caçador qui té la decisió de matar o no matar l'animal que no correspon; però això també ho té el caçador quan té una escopeta, té el mateix dret a matar el pardal autoritzat, el pardal que no siga autoritzat i, a la millor, doncs, si és una mala persona, fins i tot a mosatros.
Per tant, això és la voluntat del caçador, la voluntat del paranyer.

Quant a la captura d'altres espècies, és pràcticament nul·la, donat que el reclam bucal que es gasta és el de l'espècie que es desitja capturar, o siga, del tord.

L'època en què es caça és quan la majoria d'aus migratòries volen des del nord d'Europa fins a les zones més càlides del sud d'Europa per a passar l'hivern.
Els dies més idonis són els compresos entre el primer diumenge d'octubre i el tercer diumenge de novembre.
L'horari de caça es molt curt, és des de les sis del matí, sis i mitja, fins les onze o onze i mitja; la resta de la jornada es dedica a la posada i a la llevada de les varetes o al retoc del arbres perquè el paranyer, en eixa època, viu en el parany i viu pel parany.

La nul·la incidència en el deteriorament de l'entorn.
El parany no té repercussió negativa en l'entorn perquè no té tampoc impacte ambiental.
No contamina la naturalesa.
No existix cap risc de contaminació.
Els materials i productes emprats són estudiats científicament per l'Institut Mediterrani -que és el que els deia abans- de Patrimoni Cinegètic i Faunístic, amb seu en Vergèze, França, homologat per la Comunitat Europea i per la federació espanyola de caça, i diuen que són completament innòcues les lligues que es posen.

L'art i la seua preparació.
El parany es considera un verdader art a l'hora de preparar-lo.
Es cuiden tots els detalls: els arbres ben podats, les rames ben tallades, els portells ben marcats, els recintes ben nets.
No cal recordar -perquè crec que ho sabran la majoria- que va servir de tallafocs en un incendi molt a prop als qui som de Castelló, en les Useres.
L'incendi se va anar propagant -que ací tenim a qui era crec que en aquell moment alcaldessa-, se va anar propagant fins que va arribar al parany i el parany, net, polit.
.
.
, tot l'hort que tenia el parany va parar l'incendi de les Useres.

És un esforç i un temps invertit.
Es treballa en totes les èpoques de l'any.
Es realitza en primavera la poda.
En estiu, si no plou, s'han de regar els arbres.
En la tardor es col·loquen tots els utensilis a utilitzar.
En hivern es lleven tots els utensilis, per a evitar que els arbres agarren posicions no desitjades.
Mobilitzen milers de persones de turisme rural.
És una pràctica sana d'oci per als joves.

I la sanció prevista en la llei orgànica, de 22 de juny, per la qual es modifica la del 23 de novembre del Codi penal, ens pareix, per a esta pràctica, completament desproporcionada.
Per això, també demanem que es canvie, perquè n'hi ha un punt de la directiva on diu: Â«La matanza, destrucción, posesión, apropiación de especies protegidas de fauna o flora silvestres, a excepción de los casos en que esta conducta afecta a una cantidad insignificante -que és el cas- de estos ejemplares y tenga consecuencias insignificantes para el estado de conservación de su especie -que és el cas.
Â»

Per tant, defensem a ultrança la despenalització del parany en esta comunitat.

Res més i moltes gràcies.

El senyor president:

Moltíssimes gràcies, senyora Barrieras.

Senyor Torró.

El senyor Torró Gil:

Gràcies, senyor president.

Supose que la despenalització serà per a esta comunitat, no?
, serà.
.
.
, perquè on tenim encara competències en matèria de Codi penal, no?
(Veus)

Bé, nosaltres ens manifestem en contra de la proposta del Partit Popular, ni en la redacció inicial ni en la d'ara.

Es cita en la mateixa proposta que hi han diferents estudis ornitològics que coincidixen en el caràcter selectiu.
El principal problema és això, és que no es tracta d'una caça selectiva.
I el dia en què vostés duguen ací un informe científic ornitològic, per part d'especialistes reconeguts, que no siguen els qui.
.
.

El senyor president:

Senyories, no interrompen el senyor Torró.

Està en l'ús de la paraula.
Vostés respecten eixa paraula.

El senyor Torró Gil:

.
.
.
-no passa res, eh?
-, això, quan duguen ací informes científics que puguen convéncer els tribunals del contrari que ha passat fins ara, com hi han diferents sentències, totes elles en el mateix sentit, no és una qüestió que puguem dir ací.
.
.

S'ha dit que és a denúncia dels ecologistes, com si els ecologistes.
.
.
, vull dir, pogueren, per ells mateixa, imposar una determinada qüestió.

Els ecologistes fan una denúncia amb una sèrie d'arguments.
La posen davant dels tribunals.
Els tribunals atenen els arguments que posen els ecologistes damunt la taula i ho comparen amb la llei.
I arriben a la conclusió que els ecologistes tenen raó.
La culpa no és dels ecologistes, en tot cas serà de la llei o dels tribunals, si és que és culpa d'algú.

En definitiva, el que vénen a dir els tribunals és que no està provat que el parany no siga una caça que.
.
.
, no és selectiva i que tendix a ser massiva.
I, mentre això no es canvie i es posen, insistisc, estudis científics, contrastats, damunt la taula, no hi haurà possibilitat de canvi.

Que siga ancestral, antiga, tradicional, arrelada o tradicional -que són tots els qualificatius que la senyora Barrieras ha emprat per a defensar aquest mètode cinegètic-, això no és ninguna raó, ni l'arrelament tampoc és una raó, perquè les raons que estem ací contemplant són d'un altre ordre que no té res a vore amb això.

I, per tant, mentre això no canvie, el dia en què vostés vinguen ací amb una proposició no de llei acompanyada d'un estudi contrastat científicament, aleshores, eixe dia començarem a parlar.

El senyor president:

Gràcies, senyor Torró.

Senyor Ponce.

El senyor Ponce Guardiola:

Sí.
Gracias, señor presidente.

En el sentido en el que se estaba comentando, han sido cuatro los tribunales que, por el carácter no selectivo de este tipo de caza, han dicho que…, bueno, que no podía legalizarse.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, con el cien por cien de todos los votos de los estados miembros y de todas las ONG presentes, entre ellas SEO/Bird Life y la Face -Federación de Asociaciones para la Caza y la Conservación de la Unión Europea, que aglutina a siete millones de cazadores europeos-, instaba a los estados miembros, como España, a combatir las prácticas por las que morían millones de aves en ambas orillas del Mediterráneo.
Insisto, con el apoyo de millones de cazadores europeos.

Es una falacia el hecho de que se incluya el concepto de caza selectiva en la PNL del Partido Popular y lo que es un gran engaño es que el Partido Popular traiga aquí ahora, a tres meses de elecciones, una proposición no de ley en la que se está pidiendo cosas que se podían haber conseguido de otras maneras y en otros momentos.
O sea, no ha habido voluntad por parte del Partido Popular de modificar el Código penal, de la misma forma que se modificó hace poco tiempo para convertir los hurtos en robos e intentar combatir todo ese saqueo que se estaba produciendo en los campos valencianos, el Partido Popular valenciano podía haber pedido la modificación del Código penal en este sentido, y no lo ha hecho.

Por tanto, no ha habido voluntad del Partido Popular de hacer esa modificación que ahora está pidiendo que se haga la propuesta aquí para instar al Consell a que inste al estado a que haga esa modificación.
No ha habido ninguna voluntad.
Ustedes están engañando a la sociedad valenciana y están engañando a la gente que practica el parany, y eso hay que dejarlo bien claro.
Tampoco han hecho nada a nivel europeo, porque la normativa emana de la directiva Aves, y tiene mayoría en la Unión Europea, en el Parlamento Europeo, y tiene mayoría en el parlamento estatal, absoluta, y tiene mayoría absoluta aquí.
Y a ese nivel tampoco han movido nada de nada.

Entonces, ustedes no vengan aquí dando decenas de argumentos y diciendo que esto es una injusticia, cuando ustedes no han querido modificarlo.
Y ya está, no hay que dar más argumentos, está todo clarísimo.
Los jueces se han pronunciado en base a informes técnicos.
No existen esos informes que ustedes dicen que hagan que esto… No existen, porque si no, llévenlo a los juzgados y consigan el carácter no selectivo de la caza, y entonces la Unión Europea no podrá negarse.
Pero ustedes no los tienen, entonces no pongan mentiras en la proposición no de ley, no las pongan.
No las pongan.

Ya le digo, si hubiera voluntad de modificar el Código penal lo hubieran hecho por otra vía, y no lo han hecho, porque no hay voluntad.
La única voluntad es electoralismo, es sacar debates estériles, intentar enfrentar unos valencianos con otros, y eso no es de recibo, menos en un gobierno que tiene mayoría absoluta para hacer y deshacer como le da la gana.

Y yo, en principio, no tengo nada más que decir.

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor diputat.

Per part del Grup Parlamentari… Vol fixar posició?
Bé, doncs té vosté la paraula.

El senyor Benlloch Fernández:

Moltes gràcies, senyor president.

Bé, en octubre de 2009 es va produir la modificació de la Llei de caça en la Comunitat… Com, perdóÂ ?
PerdoneÂ ?
Què passaÂ ?
(Veus) En octubre de 2009 es va modificar la Llei de caça en la Comunitat Valenciana en què per primera vegada es legislava una pràctica tan nostra com la caça del tord amb parany.
Centenars de valencians i valencianes, en llàgrimes en els ulls, celebraven un pas més per a convertir una tradició heretada dels nostres avantpassats en una pràctica legal, evitant la persecució contínua i dotant-la de normes modernes adaptades als nous temps, regles estrictes garantint la sostenibilitat.

Vull recordar que el 95% dels representants del poble valencià van votar a favor, el 95% d'esta cambra.
Un recurs de l'estat desafortunat pel conflicte de competències, després d'un informe del Consell d'Estat també desafortunat és el primer que va pegar un cop a esta qüestió.
I si açò no era prou, en el Codi penal, en l'article 336, la Llei orgànica 5/2010, de 10 de juny, modificava i obria les portes a la criminalització d'aquesta activitat.
Recorde, a la criminalització d'una proposta o una activitat que havia aprovat el 95% de representants del poble valencià.

Si uns ho van fer malament, el PP que governa vint anys en la Comunitat Valenciana no ha sabut defensar els interessos del poble valencià i d'allò nostre.
El parany va ser utilitzat políticament pel govern valencià, com en altres temes ens tenen absolutament acostumats.
En 2011 el senyor Rajoy, quan guanya el Govern d'Espanya amb la major majoria absoluta de la seua història del Partit Popular a nivell nacional, res ha fet per retirar en aquell moment aquell recurs que va acabar amb la inconstitucionalitat de la nostra llei, una llei aprovada pel 95% dels representants del poble valencià, i res se va fer per continuar avançant per solucionar este problema.
Des d'aleshores, la persecució dels paranyers ha segut insuportable.
M'atreviria a dir irracional i incomprensible.

El canvi de criteri de la fiscalia, oblidant-se del principi d'intervenció mínima, ha fet que la jurisprudència i alguns jutges fiquen en perill una pràctica absolutament mil·lenària.

On està el PP valencià?
, ens preguntem des del Partit Socialista.
Apaval, que done la benvinguda i agraïxc la seua presència avui ací, senyor José Antonio Martín, Santiago Beltrán i Miguel Ángel Bayarri, el seu president, ha treballat molt dur.
En primer lloc, ha treballat molt dur per a demostrar la seua innocència, perquè són els paranyers els que per desgràcia estant havent de demostrar la seua innocència.
Les innovacions que han practicat, els estudis que han fet pareix que no servixen per a ningú, que només es tenen en compte els d'una part només.
La prohibició, al meu parer irresponsable dels paranys científics i la covardia del Partit Popular en un moment històric que haguera servit per a tindre 33 possibilitats, que són 33 paranys científics, i poder demostrar d'una vegada per totes si la caça és selectiva o no, en la col·laboració d'universitats i institucions europees científiques, ha segut un colp més a esta pràctica tradicional.
Però l'abandonament de les propostes per part d'Apaval i per part del Partit Popular d'eixes propostes que Apaval els va ficar damunt de la taula, d'inclús millorar el mètode i adaptar-se al que és la caça conforme se practica en la Unió Europea, ha segut una cosa també absolutament lamentable.

Si el problema és el visc, senyories, les innovacions han permés superar-ho.
M'agradaria ficar un exemple que m'agrada repetir contínuament i en què vaig viure també com a advocat també de la Federació Espanyola de Caça d'este estat, i era el cas de la utilització del plom per a la caça d'aquàtiques en les llacunes protegides.
És evident, hi han moltíssims estudis que han demostrat que la utilització del plom, quan els anàtids se'l tragaven, formava part dels seus teixits i açò produïa la mort, i això és una cosa que ningú discutix en estos moments, de quantitats d'espècies protegides que es menjaven estos anàtids, i inclús podien ficar en perill la salut de les persones que s'alimentaven d'estes peces de caça.
No se va prohibir la caça d'aquàtiques en les llacunes, se va prohibir la utilització del plom.
És el que no entenem.
El perquè en una activitat com esta finalment se va buscar una solució que era la utilització del perdigó d'acer -actualment està permesa la caça d'aquàtiques en el perdigó d'acer- i en este cas ni tan sols s'ha escoltat el nou producte que amb molt de treball Apaval i els seus col·laboradors han pogut obtindre d'un visc ecològic, un visc innocu i un visc que no oferix ningun tipus de problema.

Des del PSOE vam quedar amb el Partit Popular, amb el senyor Castejón, que una vegada mos va plantejar Apaval algunes de les propostes, anàvem a traslladar-les ací a Les Corts.
Però hem estat esperant.
El Partit Popular pareix que no tenia en l'agenda esta qüestió.
Ara, quan el 24 de setembre de 2013, fa sis mesos, s'ha produït la presentació del projecte de llei de reforma del Codi penal de nou en este país, on se modifiquen multitud d'articles: delictes econòmics, comís, major protecció de la dona, menors, protecció intel·lectual i protecció industrial, presó permanent revisable, res ha obert la boca el Partit Popular.
I se produïx una cosa que mos pareix importantíssima, i és que s'eliminen les faltes del Codi penal.
Crec que era una oportunitat històrica la que tenia el Partit Popular de la Comunitat Valenciana, que governa amb majoria absoluta ací, que governa amb majoria absoluta en l'estat, si és que s'eliminen les faltes amb l'argument que diu el mateix projecte de llei de modificació del Codi penal, Â«con el objetivo de hacer efectivo el principio de intervención mínima del derecho penal y reducir el número de asuntos menores que sobrecargan los juzgados, se ha decidido suprimir las faltasÂ».

Em remet al debat que hem tingut fa molt poquet en què pareix que el problema era que necessitàvem més jutges.
Tal volta també cal ficar damunt de la taula que el problema és que la societat espanyola està excessivament criminalitzada i que n'hi han actituds que se podrien perfectament castigar amb altre tipus de mesures.

El principi d'intervenció mínima, president, és una cosa imprescindible.
La Llei 13/2004, de caça de la Comunitat Valenciana, la Llei 8/2003, de flora i fauna silvestres, la Llei 42/2007, de patrimoni natural i biodiversitat.
Totes estes lleis administratives contemplen sancions administratives, en algun cas com en l'última, que poden arribar a 300.
000 euros, multes molt més altes del que podia ficar o del que podia imposar el Codi penal.

Per acabar, senyories, resulta un insult als valencians i valencianes convertir en un delicte el parany, sempre que no es tracte de casos d'especial gravetat, espècies protegides o desequilibri ecològic.
El principi d'intervenció mínima deuria de fer, i aixina ho ha dit el Tribunal Suprem en mil ocasions, que l'aplicació del dret penal suposa aplicar el dret penal a qualsevol qüestió, la criminalització del més dèbil.
Per això hem votat a favor.
Hem votat a favor perquè estem d'acord en donar l'oportunitat de demostrar la seua innocència als paranyers, en buscar fórmules per a poder aconseguir la legalització d'una pràctica que considerem s'ha d'adaptar als nous temps, però que es pot adaptar als nous temps.

I, per a finalitzar, evidentment estem d'acord en la modificació de l'article 336 pel principi d'intervenció mínima, com he dit, i que una activitat que hem aprovat més del 90% i que tornarem a aprovar hui ací, la despenalització en pràcticament el 90% dels representants del poble valencià, siga escoltada en algun lloc, i jo crec que la responsabilitat evidentment és de qui té el govern, que és el Partit Popular.

Moltes gràcies.

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Benlloch.

Bé, per al torn de rèplica té la paraula la senyora Barrieras.

La senyora Barrieras Mombrú:

Moltes gràcies, senyor president.

Bé, en primer lloc al senyor Torró li diria, després d'haver-lo sentit, que no s'ha llegit la PNL.
Perquè si vosté m'està dient a mi que defensarà la caça sempre que n'hi hagen uns estudis.
.
.
És que mosatros el que demanem precisament és que des de la Unió Europea s'accepte que n'hi ha una caça selectiva.
És que no estem dient que és selectiva, no estem dient que es va a caçar des de demà; estem demanant el que vosté mateix ha dit, que es demostre que és selectiva.
Doncs bé, s'han portat tots els estudis necessaris que ens havia dit que no són certs i que no se'ls creu el senyor Ponce i que tal.
Bé, doncs es veu que els estudis hauran de ser els seus.
Estos no són seriosos.
N'hi han uns estudis que estan presentats en la Comunitat Europea, en la comissió, i els van presentar des d'ací, des d'ací, l'associació d'Apaval i el president de Les Corts en aquell moment que havia sigut conseller.
Per tant, estan tots allí.
El que nosaltres estem és demanant que al que s'ha aportat fins a la comissió li facen cas.
Vosté, si li pareix, senyor Torró, que això és oportú i ho està llegint tal com ho diu ací, me pareix que podria votar a favor, perquè no demanem res més del que vosté d'alguna manera ha vingut a dir.

El senyor Ponce ens diu que està en contra de.
.
.
Bé, on estan ahí totes les associacions de caça.
Jo també.
Vosté es pensa que a mi m'agrada eixos paranyers bojos furtius que se passen el dia caçant tords a tort i a dret i després els vénen inclús per ahí?
Clar que no.
Jo vull una caça del parany com ha sigut tota la vida, tradicional, on n'hi hagen poques captures i ben controlades.
Això és el que jo vull.
El que vosté diu que s'han queixat, jo també me queixe.
Si he de firmar en algun lloc, firmaré perquè no ocórrega tot això.
Jo el que vull és una caça com Déu mana, una caça selectiva, com és ara, i a més amb totes les mesures oportunes per a controlar.
Això és el que estem demanant ací.
És que no estem demanant res més.
I clar, em fa molta gràcia això dels estudis seriosos.
Doncs bé, si a vosté li pareix homologat per la Comunitat Europea, per la Federació de Caça Espanyola un centre com l'Institut Mediterrània, a vosté no li pareixen seriosos, no sé quins li pareixeran seriosos.
Només els que vosté aporta, no ho sé.
Per a mi tenen la mateixa serietat que puguen tindre uns altres, com els que estava fent la universitat, que els han hagut de paralitzar.
Però bé, per a mi són molt seriosos.

Una altra cosa, una altra cosa que jo li voldria dir, senyor Ponce.
Vosté no sé al que es dedicaria, a la millor a presentar denúncies o no, mentres nosaltres fa molts anys que estem en això.
Perquè ací n'hi han membres que estan asseguts ací del Partit Socialista que van anar amb companys seus.
Perquè clar, hui ací ens ha vingut la part de Compromís de la senyora Oltra.
Que a la millor, si haguera vingut la part de Compromís del Bloc, ens haguera recolzat la proposició.
Perquè, clar, no es posen d'acord ni entre vostés.
Perquè van vindre companys del Bloc amb eixe senyor i amb mi a la Moncloa a demanar.
.
.
No, no, és aixina, senyor Ponce.
A demanar que se retirara el recurs d'inconstitucionalitat i a recolzar el parany en la Comunitat Valenciana, i en les altres evidentment, però jo parle de la comunitat, perquè sóc diputada de la Comunitat Valenciana.
Per tant, no puc entendre com vostés es neguen d'esta manera, quan en el seu grup, en el seu Compromís, la part que li toca al senyor Morera està completament d'acord amb la caça del parany.
Per tant, no demanem res més que s'estudie des de la Comunitat Europea poder legalitzar eixa pràctica.
No demanem res més.
I que després que no siguen delinqüents els nostres paranyers.

Per tant, jo li dic que vostés defendran la naturalesa, però mosatros defensem la naturalesa, les tradicions, les persones, amb el màxim respecte a la normativa vigent, en cada moment pel que fa a esta activitat del parany.
Per la qual cosa seguirem treballant, que portem molts anys treballant en este tema, per a aconseguir la despenalització del parany i que siga una pràctica com deu ser com a tradició que és en la nostra comunitat.
I espere i confie en el seu recolzament.

Res més i moltes gràcies.

El senyor presidenta:

Moltes gràcies, senyora Barrieras.

Senyor Torró.

El senyor Torró Gil:

Molt breument.
La despenalització depén de vosté.
Vostés tenen majoria absoluta en el Congrés dels Diputats, i per tant són vostés els que poden llevar i posar la despenalització.
Per tant.
.
.
(Veus) Es que no han de demanar-la ací.
Vull dir, ho tenen molt fàcil.
En el Congrés ho fan i ho despenalitzen.
.
.
Que no, que no tenen per què demanar ací res d'això.
Directament ho fan allí i això.
Perquè açò servix únicament per a quedar bé amb la clientela i poca cosa més.

I el segon element, presenten un estudi científicament rigorós, contrastat per les societats ornitològiques i per tots els instituts científics reconeguts, presenten-lo i els tribunals els donaran la raó; mentre els tribunals no els donen la raó perquè -insistisc- els tribunals comparen les prescripcions legals amb els informes científics i donen la raó als que estan en contra del parany -vullc dir-, i per tant això no tenim nosaltres capacitat d'alterar-ho, vostés ho tenen molt fàcil, fagen un informe que demostre de manera fefaent i sense cap lloc a dubtes el que vostés diuen i, quan això estiga, aleshores no n'hi haurà problema perquè els mateixos tribunals els donaran la raó.

Mentre no vinguen ací amb eixos informes i ens els mostren, senzillament no és de rebut plantejar ací qualsevol tipus de proposta com la que vostés duen.

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Torró.

Senyor Ponce.

El senyor Ponce Guardiola:

Gracias, señor presidente.

Bien, yo insisto en que ustedes ya mienten en la propuesta, ¿eh?
Aporten documentos científicos que (veus) confirmen el carácter selectivo y tendrán autorización directamente por parte de la Unión Europea, no habría problema.
O sea, entonces no pueden poner aquí algo que es falso.
Eso lo primero.

Lo segundo, los cuatro tribunales -a todos los niveles- que han considerado que esto es no selectivo, ¿eh?
, si tuvieran informes que lo validaran pues no se habrían dictado sentencias en ese sentido, o sea que no hay informes que avalen lo que ustedes están diciendo y lo que están pidiendo; si existieran, ¿eh?
-insisto-, los tribunales cambiarán de posición porque lo que están haciendo es comparar la directiva con el informe que ustedes hacen, ¿vale?

Y lo fundamental, lo fundamental; lo fundamental es que ustedes no tienen voluntad de cambiar el Código penal, no lo han cambiado y no lo van a cambiar, ¿eh?
, eso es lo fundamental, y a nivel europeo tampoco tienen esa voluntad porque lo podrían hacer con esa mayoría en el Parlamento Europeo, lo podrían hacer a nivel estatal y modificar el Código penal, ¿eh?
, y podrían haber hecho los movimientos aquí mucho antes, ¿vale?
Por tanto, esta PNL vuelve a ser un engaño, eso es un engaño.

Y no me hable usted de dentro mi coalición porque dentro de mi coalición hemos hablado el tema, ¿eh?
, y la posición es la que yo le acabo de explicar; no estamos ni a favor ni en contra de nada pero si algo está prohibido (veus), está prohibido, si algo está prohibido, está prohibido, y lo que digan las leyes.
A mí me gustará más o menos esta caza o cualquier otro tipo de caza, ¿eh?
, y yo defiendo en mi pueblo los tipos de caza que son legales y denuncio los que no son legales, y no hay paranys en mi pueblo, los hubo pero hace mucho tiempo que se abandonaron.
Quiero decir, yo no estoy ni a favor ni en contra de prohibir o dejar de prohibir nada, ¿eh?
, que se cumpla la normativa sí, y de momento no hay evidencias científicas que demuestren lo que ustedes están diciendo aquí, están engañando.

Insisto, si hubieran tenido voluntad de hacer estos cambios los habrían hecho con mucho tiempo, con anterioridad, ¿eh?
, y si no lo han hecho es porque no tienen esa voluntad, lo que están ustedes es engañando; engañando a estos señores y engañando al pueblo valenciano, a última hora, ¡sí!
, lo mismo que mañana con la ley de señas de identidad, ¡por favor!
, ¿eh?
, ¡por favor!
, cuando ustedes han puesto a los valencianos y al pueblo valenciano…

El senyor president:

Senyor Ponce, a la qüestió.

El senyor Ponce Guardiola:

Sí, sí, por supuesto que sí, la cuestión está en que ustedes vienen aquí a engañarnos con una cuestión que intenta (veus) meterse en el bolsillo no sé a qué parte de la población valenciana, ¿eh?
, cuando ustedes nos han puesto en el mapa mundial por un tema muy concreto que es ¡la corrupción!
, ¡la corrupción!
, ¿vale?
, por eso estamos en el mapa mundial y no por ninguno de sus grandes eventos ni de ninguna de sus defensas de las señas de identidad valenciana que -como están demostrando- no van a conseguir nada porque no hay voluntad, ustedes no tiene voluntad de hacer esto.

Ese es el principal engaño, y por eso yo estoy…

El senyor president:

Senyor Ponce.

El senyor Ponce Guardiola:

…aquí enfadado.
Sí, señora, ustedes están engañándonos a todos.

El senyor president:

Moltes gràcies.

Finalitzat el debat, senyories, anem a procedir a la votació.
¿Vots a favor de la proposició no de llei?
13 vots a favor.
¿Vots en contra?
2 vots en contra.
Queda aprovada la proposició no de llei.

Senyories, si no tenen inconvenient, passaríem, a continuació, a debatre el punt sext de l'ordre del dia i, després, voríem en últim lloc el quint, que és una petició que li han fet a esta presidència i jo, si vostés no tenen inconvenient, ho faria aixina.

Anem a vore, a continuació, el punt sext de l'ordre del dia.
(Veus) Fem un minut de pausa.

(Se suspén la reunió durant uns minuts)

El senyor president:

Senyories, es reprén la sessió.

Passem al punt sext: presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la.
.
.
(Veus)

Senyor Torró, per favor.
Senyor Benlloch, discutisquen després.
(Veus)

Proposició no de llei sobre la modificació de l'article 121 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, amb la inclusió del criteri de l'INE relatiu a la població vinculada, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 100.
215, BOC número 299)

El senyor president:

Repetisc, presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la modificació de l'article 121 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, amb la inclusió del criteri de l'INE relatiu a la població vinculada, que presenta el Grup Parlamentari Socialista.

Per a la seua defensa, el senyor Benlloch té la paraula.

El senyor Benlloch Fernández:

Moltes gràcies, senyor president.

En primer lloc, saludar la presència d'Antonio Sagredo, el portaveu del Grup Parlamentari Socialista de l'Ajuntament de Paterna, i els seus companys.

Esta és una proposta de modificació de l'article 121 de la Llei 7/1985, reguladora de bases del règim local.

D'alguna manera, el que ve a dir és la necessitat d'utilitzar el criteri.
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, un criteri distint a l'hora de valorar la quantitat de població que una ciutat sofrix des del punt de vista de la necessitat de prestar serveis.

Els ajuntaments, com estem dient, són les institucions més pròximes, les institucions més eficients en la prestació de serveis públics.
En tots els estudis elaborats sobre la percepció ciutadana, són les institucions, amb diferència de la resta, més valorades pels ciutadans.
És on la política dóna la cara, on el ciutadà accedix als seus representants sense intermediaris i els examina cada quatre anys.
Ho sé molt bé també gràcies a la meua tasca, jo tinc un principi que sol dir.
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, que és que en l'àmbit local regix el principi de Â«que te pillo en la cafeteríaÂ».

8.
112 municipis en Espanya, 542 en la Comunitat Valenciana.
Per això la Constitució espanyola, en eixa línia, parla en l'article 137 que es garanteix, en el cas dels municipis, l'autonomia local -parla concretament del lèxic.
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, de la paraula garanteix, una qüestió de garantia-, diu que Â«para la gestión de sus respectivos interesesÂ».

És cert que existix un debat, des de fa ja molts anys en este país de la nova etapa democràtica, de la necessitat de reforma del nostre sistema quant al poder i a la representativitat de les entitats locals.
Eixe debat, en què coincidíem pràcticament tots els partits, anava en la línia de demanar majors competències per als ajuntaments com administració més pròxima, de demanar major finançament, de demanar més instruments participatius i democràtics.
Però, evidentment, este debat no es podia acabar sense un consens, no es podia acabar sense la necessitat d'assentar-nos en una taula tots junts i ser capaços de marcar les regles de joc que van a servir ara i en el futur.

El Partit Popular ha aprofitat moments de dificultats econòmiques buscant falsos responsables de la crisi.

Les administracions locals representen el 3,5% del deute generat respecte al PIB a nivell de tot l'estat, però se les ha fetes responsables del problema.

La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, aprovada sense consens i passant el rodillo de la majoria del Partit Popular, ha suposat un verdader varapalo sense precedent històric als principis d'autonomia local.

Aquesta llei suposa una intervenció, un control, una ingerència sense precedents; suposa una situació en la qual se'ls lleva competències a les administracions locals; potencia les institucions més absurdes en ple segle XXI com són les diputacions, institucions que no són triades directament pels ciutadans, en un moment en què l'avanç tecnològic o la necessitat de transparència i de participació ciutadana les fa més innecessàries que mai.

No soluciona els greus problemes de finançament, absolutament parla la llei pràcticament de ningun element que ens millore la possibilitat de finançament, i no millora els instruments democràtics, una cosa absolutament imprescindible en aquests moments de la democràcia i en la situació de percepció dels ciutadans respecte als seus representants públics.

A més, especialment en els municipis valencians estem vivint una situació d'ofegament econòmic deslleial per part del govern valencià, que és més un enemic que un amic, que ens deu milionades i que ens convertixen, als ajuntaments valencians, en l'entitat financera d'ells.
Mos hem convertit en els bans del Partit Popular i del govern valencià.

Prestadors de les competències impròpies, algunes d'elles que deuria prestar la mateixa Generalitat valenciana, el mateix govern valencià, i que com s'ha gastat els diners en el que no tocava, no té per al que toca.

Però eixe element de proximitat de la política local, d'eixe principi que he dit jo abans, fa que el responsable municipal, tinga o no les competències amb l'antiga llei o amb l'actual, haja de prestar-les.

Per això vam presentar un conflicte de competències davant del Tribunal Constitucional, un recurs que han signat prop de tres mil corporacions en tot l'estat espanyol.

La desigualtat en els instruments a l'abast dels municipis és un altre element que encara agreuja més la situació dels ajuntaments en el nostre país.

Existixen distints drets depenent de la població que u tinga.
L'article 121 de la llei de bases de règim local, entre altres, aplica el règim del que es denomina gran població.
És a dir, la legislació contempla diferències, diferents instruments, diferents drets i més eines per a aquelles ciutats o pobles que tenen.
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, aquelles ciutats que tenen una major població, d'acord amb el que s'establix en la pròpia llei de bases de règim local.

El problema -i és el que duem avui a esta proposta no de llei- és que el criteri per a poder valorar si u és gran població o no ho és, és un criteri que, baix el nostre punt de vista, representa una clara discriminació i no està adaptat al que són els reptes i les necessitats del moment actual.

Avui en les ciutats no viuen, conviuen i disfruten dels serveis només aquells ciutadans que estan empadronats.
També viuen moltes vegades, conviuen o disfruten dels serveis que ha de prestar la mateixa administració, amb prou problemes ja, com he citat anteriorment, moltíssima gent que no està empadronada en eixa ciutat.

Estem en un moment de l'era tecnològica, en el qual les noves tecnologies permeten noves maneres de viure, conviure o rebre serveis.

Estem en un moment de la millora de la mobilitat, en el qual tal volta la nostra legislació de bases i la nostra legislació que ens permet el poder funcionar a les administracions locals, a eixa administració més pròxima, no responga a les necessitats de la societat actual.

La possibilitat o la millora de la mobilitat fa que molta gent decidisca passar els caps de setmana en una ciutat, estar empadronada en una altra i treballar en una altra diferent.

Però a açò cal afegir, a més, que existixen poblacions que reben molta població que no viuen en la mateixa ciutat en moments puntuals.
Per exemple, l'existència de zones d'oci, l'existència de zones turístiques, polígons empresarials, especials concentracions de població en moments puntuals de la setmana.
Ho dic molt bé, per exemple, una ciutat com la que sóc alcalde, Vila-real, en la qual en les últimes setmanes rebem la visita de prop de 20.
000 persones, 12.
000 o 14.
000 que no són de la ciutat, a vore partits de futbol del Villarreal Club Futbol, en competició europea, Copa del Rei o lliga, i que suposa més policies al carrer, que suposa més serveis de neteja, que suposa més seguretat, que suposa fer unes millors infraestructures d'aparcament, que suposa, evidentment, un impacte sobre la població que se deuria tindre en compte a l'hora de parlar del seu finançament i de les seues eines per a poder treballar.

La utilització del criteri de població vinculada, que és que plantegem en esta PNL, significa canviar el xip, d'alguna manera, respecte que només són les persones empadronades en una ciutat els que reben serveis i, malgrat això, considerar que també ho són aquelles que acudixen a les zones d'oci, com he dit, a les zones turístiques, a especials concentracions concretes o l'existència.
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, també ho conec molt bé o els companys de Paterna ho tenen molt clar des del punt de vista del que representa per a la seua ciutat l'existència de serveis comarcals.

Moltes vegades, el tindre un hospital en una ciutat és evidentment un element de millora i de progrés de la població, però també representa tota una necessitat per a l'ajuntament, com he dit abans, de generar llocs d'aparcament, de generar seguretat, de generar majors infraestructures i majors serveis que redunden, i que finalment si només se té en compte el criteri de la població que està empadronada en la ciutat, evidentment s'està fent carregar als ciutadans d'eixa ciutat en els seus impostos serveis que ells no són els únics que disfruten.

El règim de grans poblacions que establix la llei de bases de règim local millora els instruments de participació ciutadana, de transparència, de debat democràtic, major eficiència en els òrgans de govern i millora el finançament.

I és que l'article 112 de la llei d'hisendes locals, els impostos que esta contempla, que és la cessió del percentatge d'ingressos en matèria d'IRPF de la gent que està en eixa ciutat, de l'IVA o d'impostos al consum, distints impostos al consum, permetria, en el cas que s'utilitzara este criteri de població vinculada i que, per tant, algunes poblacions o ciutats que en estos moments no poden accedir d'acord amb les dades del padró, que és el que es vol canviar i és el que plantegem, permetria que estes ciutats, a més de tindre noves eines per a la seua gestió i la seua millora en l'eficiència dels serveis que presten, tingueren també un major finançament.

De moment, mentres que es solucione el conflicte de competències i es puga abordar una adequada reforma de l'administració local per a tots i totes consensuada i que s'adapte a l'actualitat, el que s'exigix en estos moments -i acabe amb açò, senyor president- és reformar, per tant, la llei de bases de règim local, canviant la utilització del criteri del padró pel criteri de població vinculada.

Moltes gràcies.

El senyor president:

Gràcies, senyor Benlloch.

Pel Grup Parlamentari Esquerra Unida, té la paraula el senyor Torró.

El senyor Torró Gil:

Gràcies, senyor president.

Vaja per davant que anem a votar a favor de la proposició no de llei, encara que vaig a posar-li alguns peròs que.
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que entenc que existixen.
Perquè d'entrada tenim un problema, i és en general el mateix règim local, el mateix règim local que suposa que els ajuntaments estiguen absolutament infrafinançats quan són els que suporten una càrrega molt important dels serveis que presten a la ciutadania i, com molt bé ha dit el senyor diputat, que a més és alcalde, la interpel·lació constant dels ciutadans que s'adrecen a l'ajuntament com administració més pròxima per a tractar que l'ajuntament li resolga molts problemes, problemes que normalment depenen d'altres administracions, que han generat de retruc el tema o la problemàtica de les.
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de les competències que no toquen i que ha generat una solució per part del Partit Popular, que no és una solució, sinó és simplement, davant de competències impròpies, doncs anem a retirar-les, les competències, deixant-les en un estat en el qual serà molt difícil que es presten.

Tot açò deriva d'una qüestió que és elemental i que cal tindre molt clara.
Resoldre el finançament dels municipis, igual que resoldre el finançament de les comunitats autònomes suposa haver de canviar el sistema fiscal en el seu conjunt per a atendre totes les demandes que van a generar-se, i això és el que el Partit Popular, lògicament, no pensa fer i el que, també recordem, el Partit Socialista tampoc ha fet en els moments en què ha governat, que és resoldre el problema de les hisendes locals.

Perquè, insistisc, per a resoldre un problema, evidentment, s'ha de fer sense generar problemes a uns altres, vull dir, generar.
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, quan parlem del finançament autonòmic, resoldre el problema del baix finançament del País Valencià implicaria resoldre'l sense haver d'afectar o haver de llevar-li recursos a les comunitats que en estos moments estan finançades per damunt de la mitjana, amb la qual cosa l'única forma de fer això és incrementar els recursos de l'estat, i això només es pot fer a través d'una política fiscal molt diferent de la que es practica hui en dia.

I el mateix passa amb els ajuntaments.
Els ajuntaments tenen un mal finançament i no hi ha prou amb un repartiment nou de competències o un repartiment nou de recursos, sinó que el que exigiria eixos canvis, lògicament és incrementar els recursos sense perjudicar els recursos de les altres administracions, amb la qual cosa, evidentment, els diners han d'eixir d'algun lloc, i eixos eixirien de la persecució del frau fiscal i d'un canvi.
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, amb una fiscalitat més progressiva en la qual els que tenen més capacitat de pagament, paguen el que en estos moments no estan pagant i s'escapoli-se'n de pagar.

Per tant, dins d'eixe marc és en el qual hauríem de situar tot açò.
El que es planteja ací és una eixida que pot resoldre problemes puntuals d'algunes ciutats que, efectivament, tenen una sobrecàrrega molt gran per diferents motius i que no han de vore amb la seua població empadronada, però -i eixa seria la segona part- eixe criteri també pot aplicar-se a altres localitats que, evidentment, no passen de 75.
000 habitants, encara que es compte la població vinculada, però que tenen també molta població vinculada.

I, al final, seria difícil estendre.
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, o quan s'estén eixe criteri, de quina manera es resol tota esta problemàtica, perquè, efectivament, la població vinculada genera problemes en determinats llocs, però també.
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, diguérem, sobretot en determinats segments d'eixa població vinculada també prové d'uns llocs, que són llocs on paguen els impostos, que seguixen havent de prestar serveis.
És a dir, és una problemàtica molt complexa la que es planteja.

És evident, jo no sé si coneixen tots els casos, però només pensant en el primer exemple que es planteja en la proposició no de llei, que és el cas de Benidorm, que Benidorm, encara que la seua població empadronada fóra de 40.
000 habitants, no considerar-la com una gran ciutat és una absoluta injustícia, val, perquè Benidorm probablement siga a la millor la tercera o la quarta aglomeració urbana del país per la seua immensa capacitat de recepció de gent que va estacionalment a ella, i que la població empadronada és una part molt xicoteta probablement inclús de la població que residix allí quasi de continu, encara que siga població d'anar i vindre, val?

Per tant, és una ciutat que evidentment requerix això.
I la resta dels casos que es plantegen són molt semblants.
El problema, insistisc, és que generaria una injustícia en aquells que no arriben a la barrera de 75.
000 habitants.
Imaginem una població de 15.
000 habitants que en reba 20.
000 de població vinculada, i també té un problema molt gros que no es resol amb aquesta petita modificació.

Què vol dir això?
En definitiva, que el que més m'agrada d'esta proposició no de llei és que posa de manifest un problema greu, i és que a l'hora de repartir els recursos de l'estat, sobretot de cara als municipis, no hi ha prou amb comptabilitzar, diguérem, la població que residix en un municipi, que els municipis oferixen molts serveis que moltes vegades compartixen amb altres persones que no residixen en eixe municipi i que això.
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, eixe criteri s'ha de tindre en compte, s'hauria de tindre en compte a l'hora de repartir els diners.

I que, de tota manera, el principal problema és una falta absoluta de solució del problema de fons del finançament municipal.
El Partit Popular ho ha resolt, com fa sempre, sobre la base de retallar les competències, generant problemes al futur, que vorem com es poden solucionar, que molts d'ells acabaran en privatitzacions de serveis públics que contribuiran a un encariment i un empitjorament d'eixos serveis en el futur.
I, per tant, que cal un replantejament global de les hisendes locals i del finançament local, que evidentment s'escapa del marc d'esta resolució, però que d'alguna manera esta resolució posa de manifest, em sembla de justícia, i per tant anem a donar-li recolzament.

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Torró.

Per Compromís, el senyor Ponce té la paraula.

El senyor Ponce Guardiola:

Gracias, señor presidente.

Bien, bueno, yo creo que los argumentos están bastante, bastante fijados.
Desde Compromís también vamos a apoyar la propuesta, y yo voy a hacer hincapié en dos temas muy concretos.
Por un lado, esa infrafinanciación de los ayuntamientos respecto a las competencias que tienen y sobre todo a las que desarrollan, que de alguna forma es algo que hay que solventar sí o sí.

Y, por otro lado, el aspecto que aquí se hace más hincapié, que es el tema que los municipios que tienen una población que no está censada ahí, pero que sí que determinados servicios…, digamos, hacen uso de determinados servicios, pues que no tiene tampoco una financiación adecuada a ese nivel de competencias y a eso nivel de servicios prestados.

Esta propuesta de alguna forma pone encima de la mesa, sobre todo en la segunda cuestión, yo creo que hay que darle también importancia a las dos.
Y en cualquier caso, pues bueno, sí que sería una primera aproximación a poner encima de la mesa el problema de la infrafinanciación municipal, aunque sea desde el aspecto de los municipios que tienen pues, digamos, muchas segundas residencias de uso temporal, ¿eh?
, y bueno, muchos visitantes temporales que no están tributando en ese municipio.
Y, por tanto, bueno, la consideración del estado respecto a los tributos que se les pasen para poder desarrollar su actividad, sus servicios, pues bueno, no siempre es lo más justo.

La Comunidad Valenciana es una zona turística, por tanto, buena parte de los municipios tienen esta circunstancia, que habría que solucionar de forma más integral, no solamente en el tema de los grandes municipios, pero, bueno, es una primera aproximación.
Y, desde luego, sin olvidar el problema de fondo, que es la infrafinanciación municipal, que también pues afecta a todos los municipios del estado y a los nuestros.
Y, ¿cómo no?
, hay que sumarle la infrafinanciación valenciana respecto al resto del estado, con lo cual al final nuestros municipios siempre están de alguna forma pues también discriminados respecto al resto de los municipios del estado.

Pero, bueno, ya le digo, apoyaremos la propuesta, porque al menos hace hincapié en las grandes ciudades que tienen una población vinculada superior a los 75.
000 habitantes, que es de lo que se trata.

Y, bueno, ya veremos el recorrido de la propuesta.

Gracias.

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Ponce.

Pel Grup Parlamentari Popular, té la paraula l'il·lustre diputat senyor Guillermo Moratal.

El senyor Moratal Cloquell:

Gràcies, senyor president.

Vaja per davant que anem a votar en contra de la PNL.
I anem a votar en contra bàsicament perquè com, i agafe paraules que ha dit el senyor Torró, com es resol eixe problema?
És a dir, com es resol el problema d'un criteri que evidentment no va a ser uniforme i que evidentment afecta moltíssimes poblacions, perquè les que arriben a 75.
000 o perquè en fets concrets, com exposava en aquest cas el senyor Benlloch en els partits del Villareal, n'hi ha una sobresaturació en este cas en moments puntuals.
I, per tant, resoldre eixa polèmica en un criteri que evidentment deuria de ser, en este cas, prou legal per a poder-se acceptar és complicat.

L'esperit de la llei, en este cas la que reforma.
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, la 57/2003, que ve a reformar ja el pacte local que es va establir en 1999, ataca, evidentment, en dos àmbits, que creu que desborden la llei: un és el model orgànic funcional i l'altre és el model rígid i uniforme que tenien els ajuntaments.

En el primer.
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, em centraré més en el segon, perquè és l'objecte d'esta PNL, en el primer el model orgànic i funcional hi ha una percepció corporativista i en aquest cas el que es fa és modificar les distribucions de les atribucions que tenen cada un dels membres dels governs locals.
En aquest cas es dóna un poder gestor i executiu molt més fort als alcaldes.
I, per altre, també es dóna un control en este cas al plenari, sobretot pel tema de la moció de confiança que apareix en eixa modificació.

Com dia, em centraré en l'esperit de la llei, en la segona part, en el tema de l'uniformisme i la rigidesa de la llei que venia d'abans.
Es dóna un tractament jurídic uniforme, amb independència de la població.
També es crea un debat polític obert i creatiu.
I també, en este cas, es veu la complexitat que tenen la gestió de les grans ciutats.
Hi havia un règim anterior en especial de carta, que evidentment, pràcticament no es va a aplicar, i existien dos règims especials a Madrid i Barcelona, que no tenien unes característiques massa delimitades i massa concretes.

I amb tot açò, la nova reforma de la llei el que fa és reforçar la figura de l'alcalde, crear delegats de serveis, consagrar la divisió territorial i retocs en el model hisendístic de tots els ajuntaments, en este cas dels ajuntaments més grans.

Eixe criteri uniforme es preveu en la llei, però no s'havia regulat encara en la llei de bases concretament.

A tot açò, el govern en el seu moment envia un informe sobre grans ciutats, i sobre eixe informe és el que, en aquest cas, se sustenta tota la modificació d'esta llei.

No s'ha de deixar de costat, de banda tampoc, el creixent interés que té Europa en la participació ciutadana, i per això és un dels nexes que més aprofundix en este cas la llei.

La mateixa reforma de la llei ja preveu un nou sistema en este cas que s'adapte als nous temps i aplica i potencia la cooperació interadministrativa.

Si entrem al concret, és a dir, en aquest el que sol·licita la PNL, a l'article 21 el legislador en aquest cas fa una exposició, jo crec que extensa, perquè incloga també altres supòsits i així ho acota en quatre parts.
En els dos primers supòsits, els municipis que la seua població supere els 250.
000 habitants i els municipis que són capitals de província, encara que la seua població siga superior a 175.
000 habitants, accedixen de forma directa a aquest règim, és a dir és immediat, i després.
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, per això he dit el tema d'extensiu, acota dos supòsits més, un, als municipis que siguen capitals de província, capitals autonòmiques o seu de les institucions autonòmiques, sense comptar amb el nombre d'habitants; i també els municipis que superen la població de 75.
000 habitants, que presenten circumstàncies econòmiques, socials, històriques o culturals especials.
Aquestos podran accedir en aquest cas, sempre que ho decidisquen les assembles legislatives corresponents, a iniciativa de cadascun dels dos ajuntaments.

Per tant, estem parlant de criteris que en aquest cas estan acotats, és a dir, estem parlant d'una cosa concreta, d'un padró concret i de més, no de coses en aquest cas que queden un poc a la subjectivitat i, evidentment, la llei difícilment té cabuda en aspectes subjectius, com és el cas.

També es parla d'una transitòria, en aquest cas, que és l'article 121.
2, on es comenta que si s'aconseguixen 75.
000 habitants noves poblacions disposaran d'un període màxim de sis mesos per a, en este cas, continuar poder afegir-se a este règim especial.
I fins i tot el legislador arriba més enllà, i aquelles poblacions que perden, en aquest cas, els 75.
000 habitants continuaran regint-se per aquest règim, és a dir, que està també premiant en estos casos eixes poblacions que estan ahí.

Comentar també que en el tema de.
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, estic completament d'acord, jo també sóc alcalde.
Evidentment la proximitat dels ajuntaments, l'eficiència, la garantia, etcètera, etcètera, etcètera, jo crec que ahí estem completament d'acord amb la competència dels ajuntaments evidentment que sí.
No estic d'acord amb el senyor Benlloch en la necessitat de les diputacions.
Jo no sóc d'un municipi gran, sóc d'un municipi xicotet, i crec que les diputacions fan un paper fonamental, no era l'objecte d'esta PNL, però sí que ho han fet constar.
Com tampoc és objecte esta PNL el tema del finançament, del que podríem parlar en altres llocs.
Si ens centrem bàsicament en el que seria en aquest cas l'objecte d'esta PN, concretar que el criteri pel qual es regix, és a dir, parlar d'una població vinculada crearia en este cas, jo crec que és un criteri molt subjectiu, i crearia injustícies en altres municipis que amb fets puntuals, com remarcava el senyor Benlloch en moments d'oci o en altres circumstàncies, doncs també podrien veure's millorada sense arribar a eixos 75.
000 habitants.
Per tant, podríem parlar d'altres circumstàncies, però que no s'adeqüen en este cas a esta PNL.

Moltes gràcies, senyor president.

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Moratal.

Senyor Benlloch.

El senyor Benlloch Fernández:

Moltes gràcies, senyor president.

Agrair als companys d'Esquerra Unida i de Compromís el recolzament de la proposta.
Senzillament dir que, bé, que és evident que la problemàtica és complexa, que no és una problemàtica a solucionar en una proposta no de llei com la que es veu hui ací, que és.
.
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, i ho he dit des del primer moment, una manera de dotar un poquet més de justícia a una situació que és absolutament injusta, però que és evident que el que fa falta en estos moments, i ja ho he dit en la meua exposició, és una gran reforma de l'administració local, no imposada, com ha fet el Partit Popular en esta llei de sostenibilitat, sinó pactada, pactada per tots els que formem part de les regles de joc, no?
, perquè si no, evidentment, mai arribarem a ningun acord respecte a esta qüestió, i si uns van recorreguent i altres quan entren tornen a fer el que creuen convenient, serà impossible.

Per això, precisament per això ha sigut pel que el Partit Socialista no s'ha plantejat i no ha presentat, i ha fet el que havia de fer respecte al recurs en el Tribunal Constitucional per no garantir o atacar d'una manera greu l'autonomia local en la Llei de sostenibilitat i de reforma local.
Però en este cas, precisament, evidentment no aborda la qüestió d'una manera tan general perquè considerem que s'ha de fer en consens, s'ha de fer amb diàleg i s'ha de fer en un marc molt ample, i no ací.
Nosaltres ací a més estem instant a qui té les competències perquè puga reformar aquesta llei, que no són competències de la mateixa Comunitat Valenciana.

Però bé, especialment amb els arguments del Partit Popular no puc estar d'acord, no?
És a dir, diu, se produiria una injustícia.
La injustícia ja se produïx, la injustícia actualment ja està damunt la taula.
Jo mai, com alcalde de la ciutat de Vila-real, podria aspirar a ser gran població, ni tan sols moltes vegades amb el criteri de població vinculada, perquè no arribaria a 75.
000 habitants inclús.
És a dir, el problema és que la injustícia ja està ahí damunt.
La llei ja discrimina entre els que en tenen 75.
000 i els que no en tenen, amb el padró en la mà.

Per tant, no se tracta de generar una injustícia major.
La injustícia està ja ahí.

Me preocupa que el PP no estiga preocupat pels problemes econòmics dels ajuntaments i que li parega bé que mos hàgem convertit en els bancs de la Generalitat valenciana, que ha tingut diners per a gastar el que no tocava i no ha tingut diners per a gastar en el que toca, i hem d'assumir nosaltres estos gastos.

Com calculem la població vinculada?
S'ha ficat en crisi el tema de, que podria ser discutible, que podria haver-hi criteris subjectius al respecte.
Bé, l'INE, l'Institut Nacional d'Estadística, que depén del Govern d'Espanya, publica taules amb les poblacions que considera que tenen població vinculada.
Vila-real no està.
He estat buscant-la i tal, però Paterna sí que està.
Els companys de Paterna, precisament, presenten açò, i l'alcaldessa de Paterna i el seu partit, el Partit Popular, arriba a un acord, amb un pacte, amb el Partit Socialista, per a presentar esta moció al plenari, que s'aprova per majoria amb un pacte entre el Partit Socialista i el Partit Popular en esta moció, perquè, evidentment, sap que se publiquen estes dades i que són aixina.

Mire, a mi el que me preocupa especialment, per a acabar, és que el Partit Popular el que veja en açò és una oportunitat de perdre recursos en una situació tan denigrant de les arques públiques nostres, perquè si bé vosté diu que açò no afecta a la qüestió del finançament, li he de dir que l'article 112 -i li ho he dit abans-, si eres gran població, té pots nodrir d'una sèrie d'impostos que en estos moments està aprofitant la Generalitat valenciana.

Jo crec que eixe és el principal motiu del per què vostés ací hui…

El senyor president:

Senyor Benlloch…

El senyor Benlloch Fernández:

…han votat en contra, perquè no volen perdre un euro.

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Benlloch.

I ara ja, per a acabar el debat, té la paraula el senyor Moratal.

El senyor Moratal Cloquell:

Gràcies, senyor president.

Ràpidament.
Comentar-li que la llei de bases fins i tot ha eliminat la distinció que hi ha entre població de fet i de dret.
Per tant, establir un criteri que difícilment tindrem suport jurídic, evidentment, no pot suposar el nostre criteri.

Vosté ha afirmat també el tema que, evidentment, les injustícies ja estan ahí.
Nosaltres, evidentment, no creguem que les injustícies estiguen ahí.
Es va fer una llei en el seu moment per a, en este cas, preocupar-se per eixes grans poblacions.
I estaríem oberts a parlar d'altres temes que no són objecte de la PNL de hui.
I jo crec que els objectes de què vosté està parlant no són en aquest cas centrats en esta PNL.

Ha fet una afirmació que nosaltres no estem preocupats pels problemes econòmics.
Evidentment, si el Partit Popular no està preocupat pels problemes econòmics, no estaríem governant ni a Espanya ni a la Comunitat Valenciana.
Jo crec que és el fonament nostre estar preocupats per eixos problemes i intentat solucionar-los.
I això s'ha traslladat als ajuntaments, però s'ha traslladat també a la resta de la població.
I, per tant, nosaltres estem ahí intentant solucionar eixos problemes.

No vaig a entrar en altres disquisicions perquè estan fora del debat d'avui i entrar en altres temes que no corresponen a la compareixença.

Quant a les taules de l'INE, jo li torne a dir el mateix.
És a dir, establir eixos criteris, que no són criteris en este cas objectius, sinó que són criteris objectius i, a més, fins i tot li he dit que vénen marcats per coses puntuals, va a ser complicat i molt complex d'establir.

Gràcies, president.

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Moratal.

Senyories, anem a passar a votació la PNL sobre la modificació de l'article 121 de la Llei 7/1985.
¿Vots a favor?
7.
¿Vots en contra?
8.
Queda rebutjada la PNL.

Proposició no de llei sobre la dotació dels parcs naturals amb serveis de vigilància, prevenció i gestió, presentada pel Grup Parlamentari Esquerra Unida (RE número 94.
248, BOC número 285)

El senyor president:

Senyories, passem a l'últim punt de l'ordre del dia: presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la dotació dels parcs naturals amb servicis de vigilància, prevenció i gestió, que presenta el Grup Parlamentari d'Esquerra Unida.

Per a la seua defensa, té la paraula el senyor Ponce.
(S'interromp la gravació) (Veus) És per allò de la verdor.
(Rialles)

El senyor Torró Gil:

No passa res, senyor president.
(Rient) No m'ofén, no m'ofén.
(El senyor president parla amb el micròfon desconnectat) No, no, ni molt menys.
Ja ho sé.

Bé.
Esta proposició no de llei, com és ben notori per la seua exposició de motius, està motivada en gran mesura per l'incendi que es va produir a finals de l'estiu al Parc Natural del Montgó a Dénia.

Cal tindre present que el parc del Montgó és un espai natural molt singular i molt…, i d'un valor natural molt especial i que en este incendi es van cremar 444 hectàrees.
No arriba…, és un incendi que ni arriba a tindre de qualificació de gran incendi forestal, perquè són 500 hectàrees les que es marquen com a límit.

Però quan les posem en el context del que és el conjunt del pac natural, que té 2.
117 hectàrees, estem parlant que la cinquena part del parc es va cremar.
És un 21% de la seua superfície la que es va cremar, per tant, una part molt significativa.

I és això el que d'alguna manera crida l'atenció sobre…, d'una banda, sobre el model de parcs naturals, que això no és el moment de discutir-ho, però ací els parcs naturals al País Valencià són microparcs en termes generales.
I quan parlem que un parc natural té 2.
000 hectàrees, ja no se n'han d'anar a llocs on dirien: Â«¡Ui!
.
.
.
Â», del nord d'Europa, o d'Estats Units o coses d'eixes, que tenim en el cap, sinó inclús en el mateix territori de l'estat espanyol se quedarien estranyadíssims, perquè els parcs naturals solen tindre unes dimensions més grans, ¿eh?
Ací es va optar des del principi de forma errada per concentrar, diguérem, els parcs naturals en espais molt reduïts, amb els problemes que això té, sobretot de cara a la gestió global del parc.

Estem en un territori que té peculiaritats climàtiques i orogràfiques que el fan sensible als incendis forestals, com pràcticament tota la conca Mediterrània.
I a més, el model econòmic que hem desenvolupat encara fa que eixa sensibilitat siga més alta -¿val?
-, perquè hem tractat de…, o hem impulsat un model basat molt en l'expansió urbanística i el creixement urbanístics prou desordenat.

I això ha fet créixer de forma espectacular el que s'anomena la interfície urbanoforestal, que és una cosa que la conselleria de governació, que és la que s'encarrega de la prevenció i extinció d'incendis, ha descobert des de fa èpoques molt recents.
Jo duc dos legislatures ací i la paraula interfície urbanoforestal va aparéixer a principis d'esta segona legislatura, perquè en l'anterior era un tema que ací no es tenia consciència d'ella.

¿Què vol dir això?
Que en un territori, que ja es de per si propens als incendis, eixa propensió creix de forma exponencial quan el contacte de les zones urbanes amb les zones forestals creix també de forma exponencial.
Si això li afegim els problemes derivats de la crisi de l'agricultura, que ha fet que s'abandonen una enorme quantitat de terrenys que abans servien com a tallafocs espontanis, en casos d'incendi, que ara servixen per a tot el contrari, perquè l'incendi córrega més a pressa per la quantitat de brossa que s'acumula en els camps que no estan treballats.

I si això afegim, a més, les retallades pressupostàries en matèria de prevenció i extinció d'incendis que s'han produït des de 2010 cap ací, tenim que els incendis no sol és que van a produir-se amb major freqüència, sinó que, segurament, si no canvia la tendència, el seu abast serà molt més gran.
Lògicament és molt prompte per a mesurar el que seria un canvi de tendència històrica en eixes qüestions, especialment per l'efecte de les retallades, perquè només hem patit tres anys en eixes retallades respecte a la situació que ens trobàvem abans, però també és cert que per eixa mateixa raó, també estem a temps encara d'evitar els problemes que això puga produir-se.

El bosc mediterrani és un bosc molt resilient, és a dir, té una capacitat espontània molt gran de rebrotar després d'un incendi.
També és cert que hem superat de forma brutal, diguérem, la freqüència natural dels incendis i, per tant, estem dins de paràmetres que…, en la qual els incendis es produïxen durant molt més…, en períodes molt més curts i, per tant, n'hi ha una gran major quantitat d'incidències.

I, per tant, totes les mesures que prengam per a tractar d'evitar els incendis, i sobretot també per a tractar d'afrontar-los de forma ràpida, no cobriran, diguérem…, o no compensaran la major freqüència en què es produïxen eixos incendis.

I especialment en el tema dels parcs naturals, perquè la causa dels incendis de forma quasi absolutament majoritària, és antròpica, és a dir, són les accions humanes de forma directa o indirecta les que provoquen els incendis forestals, bé per actuacions negligents, com són les cremes, la circulació de vehicles, el tema de la pirotècnia, els focs que es fan per a barbacoes, etcètera.
Com també algunes que tenen intencionalitat de lucre, tradicionalment la requalificació o les expectatives de requalificació del sòl, però també el negoci que s'ha produït ara amb la fusta cremada.

És a dir, si no fem alguna cosa perquè quan es creme un bosc no hi haja un temps d'aprofitament immediat de la fusta, serà molt difícil evitar que apareguen especuladors que es dediquen a cremar zones arbrades per a després extraure la fusta.

Per tant, nosaltres el que plantegem són una sèrie de mesures, que estan ordenades ahí.
En primer lloc, el fet de dotar els parcs naturals, que a més…, sobretot aquells que tenen una interfície urbanoforestal més gran, de serveis de vigilància, prevenció i gestió i una brigada d'emergència.

El cas del Montgó ha segut un cas especialment important, perquè la desaparició de…, en este cas, dels voluntaris que podien tindre accés a ells, ha demostrat que, probablement, això haja provocat que l'incendi cresquera de la forma que va créixer.
Un parc com el Montgó, o altres parcs, que -insistisc- tenen…, són molt xicotets i estan, diguérem, pràcticament rodejats de zones urbanes, com podria, per exemple, les Salines de Torrevieja.
Són parcs que necessiten tindre serveis de prevenció i extinció que puguen actuar de forma molt ràpida, perquè el risc que tenen de crema molt més elevat.

Per tant, això implica també un augment pressupostari per a poder atendre eixes qüestions.
Com a mínim, caldria revertir les retallades de personal i mitjans que es va produir des de 2010, ampliant el màxim…, el període màxim de risc d'incendis perquè en eixe període es puguen establir mesures de risc especial en el tema de cremes de rostolls.
O, per exemple, les que s'obtenen…, les cremes que es produïxen per a obtindre pastures.

Temes com el que té a vore amb la penetració de vehicles que no siguen per a la imprescindible tasca de gestió o de vigilància en el parc.

I, per suposat, també en fer programes de sensibilització sobre…, no ja sobre els visitants, sinó també sobre, especialment, la població rural i els productors agrícoles i ramaders, que se sensibilitzen sobre els valors que aporta el bosc i la necessitat de protegir-lo.

Fer plans d'autoprotecció i de prevenció específics amb protocols d'intervenció per al tema…, per a les qüestions dels parcs naturals.
Sobretot també intensificar les tasques de recerca per a entendre com es produïxen els focs i també determinar l'autoria, no a soles per a evitar la impunitat, que això també es produïx en molts casos, sinó sobretot per una qüestió d'eficàcia preventiva.
És a dir, si coneixem les causes, podrem establir les mesures adequades per a poder evitar eixos problemes en el futur.

I després, dos qüestions que són elements claus.
La primera, revertir les mesures normatives que permeten, encara a hores de hui, la requalificació del sòl després d'un incendi, amb la excusa, o la raó -ja no sé com determinar-la-, del tema de l'abocador…, d'un abocador en concret, es va fer una mesura per a…, que deixava una porta oberta per a la requalificació de zones cremades per causes d'interés general.
No ha de tindre cap tipus d'excepció el tema forestal per a poder fer això, perquè si no, immediatament entren les raons de profit o de lucre que poden provocar un incendi.

I el segon element, que és prou més evident, però que també és una qüestió que està produint-se cada vegada més, i és que l'extracció de biomassa forestals després d'un incendi hauria de ser terminantment prohibida.
I en tot cas, si s'ha d'actuar preventivament per a evitar plagues o alguna cosa d'estes, que es faça de forma molt selectiva i, si és possible, a través de la destrucció de la biomassa in situ i aprofitar-la per a qüestions de regeneració del mateix sòl de la zona i no en absolut per a endur-se la fusta i poder fer negoci amb ella, perquè això és una crida per a la reproducció dels incendis forestals.

Això és tot.
Gràcies.

El senyor president:

Gràcies, senyor Torró.

Senyor Ponce.

El senyor Ponce Guardiola:

Gracias, señor presidente.

Vaya por delante el apoyo de Compromís a la propuesta de resolución de la PNL de Esquerra Unida, porque además es muy completa y hace un poco referencia prácticamente a todas las deficiencias que tienen nuestros espacios naturales protegidos y nuestros terrenos forestales.

Yo haré hincapié en algunos de los aspectos que ha mencionado el señor Torró, puesto que…, bueno, esta propuesta es una más de otras muchas que hemos presentado para intentar paliar la desprotección que tienen nuestros espacios forestales y nuestros espacios naturales en concreto.

En el primer aspecto, se pide dotar de servicios de vigilancia, prevención y gestión al propio parque y una brigada de emergencia.
Es algo que es de cajón.
Además, hace hincapié en que se trata de un parque con mucha interfaz urbano-forestal, donde es muy…, donde es fundamental la intervención inmediata, puesto que en el momento empieza el incendio y coge una mínima envergadura, pasa lo que pasó aquí, o lo que pasó en Calicanto o en tantas otras zonas donde los servicios de emergencia tienen que dedicarse a evacuar a las personas y no a apagar el fuego, que es a lo que tendrían que dedicarse.

Es obvio que hay una deficiencia en este sentido, tanto en el tema de las brigadas de emergencia, para actuar concretamente en parques naturales, como en los servicios de vigilancia, prevención y gestión.
Habría que hacerla más extensa y asegurar que los servicios de vigilancia estuvieran durante todo el año, cosa que nuestros montes hay cuatro meses al año que no tienen servicio de vigilancia forestal y están absolutamente desprotegidos.

En el mismo sentido, el segundo punto, también hace hincapié en la necesidad de aumentar significativamente los presupuestos de prevención de incendios, pero de verdadera prevención de incendios, la que incide en las causas que, en ese sentido, el punto siete también hace referencia a que en muchos casos se desconocen las causas de los incendios, porque hay una deficiente investigación después de los mismos y, por tanto, no se conoce con exactitud cuáles son los orígenes y, por tanto, es difícil incidir adecuadamente en una correcta prevención de incendios, que es únicamente evitar las causas.

Luego, la destrucción de masas forestales con el objetivo de intentar parar un incendio cuando se produzca no se puede llamar prevención de incendios sino otro tema.
Pero, bueno, aquí no hablaremos de ello, que no es lo que nos ocupa en la PNL.

Aumentar el período máximo de riesgo de incendios es también fundamental.
De hecho la propia administración ya lo ha hecho en algunas circunstancias, incluso al mes de mayo, puesto que las circunstancias cambiantes del clima, y nuestro clima que ya es extremo de por sí y con sequías muy intensas, justifica sobradamente esta medida, incluso dejar abierto ese período a que cada año se vaya haciendo mayor o menor en función de las necesidades, de la sequedad del terreno, el número de lluvia, las previsiones climatológicas, etcétera.

La prohibición en zonas forestales de quema de rastrojos, esto debería ser algo generalizado y debería de ir acompañado de la previsión de que esa biomasa forestal, que esa sí que es residual y para esa sí que hay ayudas para su gestión correcta, fuera extraída de los montes y pudiera ser usada como biomasa forestal.
No la tremenda perversión que supone lo que se propone prohibir en el punto nuevo, que es la extracción de madera quemada de los terrenos forestales, algo que está absolutamente desaconsejado desde todas las instancias técnicas y científicas y que la administración valenciana impunemente se dedica a saquear, a expoliar nuestros montes a los pocos meses de haberse producido el incendio.

Hay consenso respecto a que no hay que actuar en un monte quemado en al menos dos años.
Y la administración valenciana lo que hace es saquear y expoliar el monte valenciano a los pocos meses de haberse producido los incendios y, de alguna forma, favorecer la existencia de nuevos incendios, como muy bien ha explicado el señor Torró.

Los programas de sensibilización y de formación son fundamentales.
Yo quiero destacar un dato que salió de la comparecencia del conseller entonces de gobernación en 2013 que hacía referencia a los incendios de 2012.
La única diferencia en 2013 respecto a 2012 en el número de incendios era que los incendios por negligencia habían bajado a la mitad.
Y eso era fruto de la sensibilización de la sociedad valenciana, después de veinte años en los que no había habido grandes incendios y un último año en el que había sido la situación catastrófica.

La sensibilización es fundamental y la formación también, pero el Partido Popular ha reducido a la tercera parte los técnicos dedicados a estas funciones en los espacios naturales protegidos.
Ese es el interés que tiene el Partido Popular en la sensibilización, en la formación, en que la sociedad valenciana esté cada vez más concienciada de estos problemas tan graves, que para el Partido Popular no es un problema grave sino parece ser una oportunidad de negocio de algunos de sus afines.

Dotar la interfaz forestal de planes de prevención y autoprotección de los incendios forestales es una obligación de la ley forestal desde hace veinte años que ha incumplido sistemáticamente la administración valenciana.
No ha favorecido para nada que los municipios tengan sus planes de prevención de incendios aprobados; que las urbanizaciones, que tienen la obligación de tenerlos, tengan sus planes de autoprotección aprobados y de prevención de incendios.
Y eso ha sido, en consecuencia, únicamente, una dejadez de quien ha estado gobernando durante veinte años, que ha incumplido sistemáticamente la ley.

El endurecimiento legal de las sanciones después de los incendios, pues no estaría de más, como medida coercitiva.
Y, desde luego, intensificar las labores de investigación después de los incendios porque, como estábamos comentando antes, si no conocemos las causas difícilmente vamos a encontrar a los causantes, por un lado, y vamos a poder incidir en esas causas para intentar eliminarlas.

De la misma forma que revertir la posibilidad de recalificar terrenos forestales porque, en base al interés general, miedo me da qué cosas pueda hacer el Partido Popular.
Entonces, es algo que no tendría por qué existir, no tendría por qué haberse hecho esa modificación, era una forma de intentar hacer lo que era ilegal, en aquel momento la ampliación del vertedero de Dos Aguas, en vez de incidir en una buena política de residuos, que también ha sido absolutamente abandonada por este gobierno durante veinte años, se dedica a ampliar vertederos en lugares donde no se podía hacer.
Ese es el interés ambiental de los gobiernos del Partido Popular.

Y, por último, fundamental, y ya lo he comentado pero hay que incidir en ello, que nadie saque provecho de un incendio forestal que de alguna forma si hay provecho luego va a ser motivo por el que se pueda producir nuevos incendios forestales.
Y, esperemos me equivoque, pero, bueno, las cosas cambian en pocos meses y yo creo que esto se podrá revertir el que en caso de futuros incendios alguien siga lucrándose y extrayendo, además de forma absolutamente insostenible y sin ningún tipo de cuidado sobre el ecosistema forestal, absolutamente toda la madera quemada generando erosión, alterando el suelo e impidiendo una regeneración de las montañas.
Pero al Partido Popular esto no le interesa, porque ya vemos el interés y la sensibilización de nuestros compañeros en estos temas fruto de nuestros comentarios y de nuestras argumentaciones.

Nada más y muchas gracias.

El senyor president:

Moltes gràcies.

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula la senyora Rosa de Falastín.

La senyora Mustafá Ávila:

Gràcies, senyor president.

Vaja per davant el nostre suport a esta PNL.

Si realment ens importa la nostra terra, el nostre patrimoni natural, és la nostra obligació defensar-lo amb accions efectives.
Els nostres boscos haurien d'estar considerats intocables.
No és creïble un govern que permet la requalificació de sòl cremat i que eixe mateix govern estiga preocupat pel patrimoni.
No es pot deixar cap porta oberta a la possibilitat de fer negoci amb la desgràcia que suposa un incendi, ni amb el propi sòl, ni amb la fusta cremada.
És de sentit comú, també com han dit els companys, dotar d'un major nombre d'efectius de prevenció i de vigilància aquelles zones més vulnerables del nostre país.

Miren, senyories, és evident que els protocols d'emergència de La Generalitat no són eficients.
I l'exemple més clar l'hem tingut este estiu, com ha dit el senyor Torró, a l'incendi del Montgó.

Des de la comarca de la Marina Alta veiem amb impotència com es cremava la nostra muntanya i com la descoordinació en les tasques d'extinció per part de La Generalitat deixaven que les flames es menjaren el Montgó sense que cap hidroavió de gran capacitat arribara aquella vesprada.

També veiem com una vegada més el govern valencià feia cas omís d'allò que demanava la ciutadania, perquè és que dos anys abans els ajuntaments de Dénia i de Xàbia havien demanat des de la unanimitat als seus plenaris major protecció i serveis d'extinció a peu de muntanya entre altres mesures.

Està clar que era més important dur a terme les polítiques de retallades que protegir la nostra massa forestal.
Vostés han decidit malbaratar els diners dels valencians i de les valencianes en esdeveniments megalòmans i projectes impossibles i deixar a banda, completament a la seua sort, allò que forma part d'allò nostre, dels valencians i de les valencianes, el nostre territori.

No els sembla que les nostres muntanyes són també una senya d'identitat?
Miren, no perden l'oportunitat de demostrar que realment els interessen aquelles coses que són de totes i tots els valencians.
Estalvien-se les demostracions grandiloqüents suposadament patriòtiques i defensen amb mesures reals, és a dir, dotades pressupostàriament, el nostre patrimoni natural.

Prenguen mesures per a que el patrimoni col·lectiu siga realment de totes les persones; mesures com iniciar els tràmits per a recuperar els terrenys de les antigues colònies del Montgó.
Les colònies del Montgó són aquelles parcel·les que es van cedir, a principis del segle XX, per a treballar-les a famílies necessitades i que han esdevingut objecte de desig de constructors i d'interessos urbanístics, usos que casen ben poc amb la protecció forestal de la zona i molt menys amb l'ajuda de caràcter social.

Senyories, entrem plenament en les qüestions importants, no ens quedem només en la superficialitat.
El títol de parc natural, per exemple, sense una protecció específica no té massa trellat.
Les campanyes estes que fan últimament d'amor a les muntanyes buides de contingut pensem que no són més que una pèrdua de temps i de recursos.

Senyories del Partit Popular, facen més gestió i menys propaganda.
El passat estiu el més danyat va ser el Montgó, però demà podria ser la Calderona, la serra d'Espadà o la Mariola, la Font Roja o la serra d'Irta.
Per això, com ja els he dit abans, demostren la seua estima a la nostra terra amb alguna cosa més que paraules i donen suport hui a esta iniciativa que des del Grup Socialista pensem que des de la sensibilització i prevenció es pot minimitzar els efectes devastadors dels incendis.

El senyor president:

Moltes gràcies, senyora diputada.

Senyora Elisa Díaz, pel Grup Parlamentari Popular, té la paraula.

La senyora Díaz González:

Gracias, presidente.

Ustedes saben muy bien cómo están organizados los medios de extinción y prevención en la Comunidad Valenciana.
No existen medios de extinción de incendios forestales de la conselleria en municipios concretos, en parques naturales concretos, en ámbitos territoriales concretos.
Y esto es así precisamente para no limitar su actuación a las zonas limítrofes, a su base o punto de reunión.
Es con un objetivo muy claro: el desarrollar su actuación en entornos amplios que puedan actuar en cualquier punto del territorio de la Comunidad Valenciana, garantizando que los recursos de extinción sean lo más polivalentes posible.
Por tanto, decirle que su proposición no de ley la vamos a rechazar en este punto.
Ya le he explicado por qué.

También le diría que el Plan especial frente al riesgo de incendios forestales de la Comunidad Valenciana ya contempla que el despacho autonómico de medios que se efectúa ante cualquier incendio forestal se amplíe con un medio aéreo adicional, en el caso de que afecte a zonas con riesgo poblacional o continúe a zonas con interfaz urbano-forestal.
Decirle que se adoptan medidas especiales, como cuando en el incendio del pasado 2 de mayo en Denia hubo un dispositivo de dos unidades diarias de vigilancia.
Con lo cual no es sólo lo que hay sino que se adoptan medidas especiales cuando así se requiere.

En cuanto al presupuesto, yo estoy un poco alucinada con lo que dicen, porque incluso en estos presupuestos y en los anteriores los grupos de la oposición han llegado a presentar enmiendas en las que pedían que se bajara lo presupuestado en las partidas de personal para prevención y extinción de incendios.
Sin embargo, claro, ahora piden más, que por pedir que no quede.

Pero, miren, la Comunidad Valenciana posee el porcentaje de inversión en prevención y extinción de incendios por hectárea forestal más alto de España.
Y ustedes gobiernan en otras comunidades autónomas.
Bueno, pues, apúntense esto, porque dicen que aquí cambiará, si ustedes gobiernan, pero donde gobiernan resulta que lo que ustedes invierten en hectárea forestal es bastante menos.

Bueno, señorías, no sólo no se ha efectuado ningún recorte en los medios personales y materiales destinados a la prevención y extinción de incendios sino que, además, en la campaña de prevención y extinción de incendios forestales de 2014 se ha contado con 10 brigadas de emergencia y un medio aéreo más que el año anterior.

Respecto a la ampliación del riesgo de incendios, oiga, en la Comunidad Valenciana la conselleria actúa conforme a tener en cuenta todo el año de manera anual el riesgo de incendios forestales.
Porque, precisamente, en su PNL cuenta cómo tenemos nuestra comunidad, cómo es el territorio de nuestra Comunidad Valenciana.
Y por eso mismo se entiende que durante todo el año hay riesgo y así se actúa.

Respecto a las quemas, el artículo 146 lo deja claro que se prohíben las quemas en un período del 1 de julio al 30 de septiembre.
Sin embargo, aquí ya se ha dicho que esos plazos pueden verse aumentados.

Por lo tanto, no ha lugar lo que usted dice, porque si ya hay medios que conforme a las circunstancias lo requieran se pueden ampliar esos plazos, como ha ocurrido en 2014, que hubo una ampliación, conforme a dos resoluciones desde el 15 de mayo al 15 de octubre, 5 meses para prohibir esa quema, pues se hace y ya está, no hace falta el ampliarlo como ustedes piden.

En cuanto a la circulación de vehículos también saben, supongo que sabrán, qué es lo que dice el decreto en cuestión, el Decreto 8/2008.
Bueno, pues la circulación de vehículos de motor por pistas forestales situadas fuera de la red de carreteras queda limitada a las servidumbres de paso a que hubiera lugar la gestión agroforestal y las labores de vigilancia y extinción de las administraciones públicas.

Respecto a los cursos que pueda dar esa…, al final, lo que La Generalitat hace por concienciar a la ciudadanía.
Bueno, pues, en los últimos años La Generalitat ha llevado a cabo un gran impulso a las actuaciones de sensibilización, buenas prácticas y conciliación de intereses en materia de incendios forestales.
De hecho, ustedes mismos han reconocido -que aquí, luego, no lo reconocen-, en cuanto al impulso que sí que ha llevado la conselleria, que la negligencia ha bajado a la mitad.
Bueno, pues, a lo mejor la conselleria tiene algo que ver, (remors) a lo mejor la conselleria tiene algo que ver.

Miren, les puedo citar el Manual de buenas prácticas de prevención de incendios forestales y la guía didáctica de prevención de incendios para el alumnado y el profesorado, que se ha destinado a formar en la edad escolar, que es importantísimo.

Y, luego, pues, las unidades de prevención, esas acciones que hacen de formación y divulgación in situ, en el terreno, pues, le diré que en 2014 son 153.
198 personas las que han participado, pero es que son personas que van allí, in situ, en el terreno, y son formadas por las unidades de prevención.

Yo… De verdad, que ustedes no reconozcan esto, es preocupante.

Respecto a la preocupación que tiene la conselleria en prevención y autoprotección de esa interfaz urbano-forestal, pues, claro que la tiene, claro que la tiene y, además, lo ha estado demostrando durante muchos años.
Recientemente, pues, la Guía metodológica de actuaciones de prevención, defensa y autoprotección de la interfaz urbano-forestal; o también el contenido de los planes de autoprotección, que va a revisarse en los próximos meses; o que, entre la conselleria y el instituto cartográfico, se haya realizado un inventario con la identificación de todas las urbanizaciones y núcleos habitados, situados en la interfaz urbano-forestal.
Pues, sí, la preocupación de la conselleria en este ámbito es evidente y así se está demostrando.

Respecto a la investigación, señorías, las causas conocidas superan el 90%.
Y ese 90% de las causas que se conocen y que se consolida en ese más del 90% es por la labor que se lleva a cabo por las unidades que, al efecto, trabajan para ello.
Si ustedes no conocen ese dato, pues, a lo mejor, deberían de conocerlo antes de venir aquí a interponer nada.

Bueno, la recalificación, creo que también lo saben, en muchísimas ocasiones han solicitado la derogación del artículo 59.
4 de la Ley forestal de la Comunidad Valenciana.
Bueno, decirles que el gobierno no recurrió este artículo ante el Tribunal Constitucional; que, en relación al mismo, se constituyó una comisión bilateral -estado y Generalitat- en la que se acordó que La Generalitat se comprometiera a adoptar la Ley forestal de la Comunidad Valenciana…

El senyor president:

Senyoria, per favor.

La senyora Díaz González:

…futuras modificaciones de la ley básica -sí, acabo ya.

Y, bueno, decirle que, ante todo, se ha acordado que, con anterioridad a la firma del acuerdo, haya un interés general, que yo sé que ustedes no saben o no le quieren dar la importancia que esto tiene.
Pero, bueno, en la ley de montes ya se contempla también…

El senyor president:

Senyora Díaz, li pregue que acabe.

La senyora Díaz González:

…esta posibilidad de que, a través de un interés general, sí que haya esa recalificación.
Pero la recalificación está prohibida, ¿de acuerdo?
, la recalificación está prohibida.

Nada más.

El senyor president:

Gràcies, senyora Díaz.

Senyor Torró.

El senyor Torró Gil:

A vore, són uns especialistes vostés en dir una cosa i la contrària en la mateixa frase, val?
Diu: Â«Se puede recalificar por interés general, pero la recalificación está prohibida.
Â» Doncs, o està prohibida o no està prohibida, vull dir, perquè les dos coses al mateix temps.
.
.
Vull dir, en el moment en què es pot requalificar per interés general, és evident que hi ha una excepció a la regla, que és el que nosaltres demanem que es lleve perquè eixa excepció a la regla obri la porta perquè puguen haver-hi incendis per ànims d'esperar que algun dia es puga requalificar un terreny perquè perda el seu valor.
I és així, senyora Díaz.
No em faça eixos extrems, perquè és una cosa molt evident, val?

Clar, vosté.
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Comencem pel principi.
Quan ací demanem una brigada d'emergències situada al parc mateix, no volem dir que eixa brigada d'emergències estiga allí, tocant-se el nas, quan hi ha un incendi en un altre lloc, val?
Senzillament, volem dir que hi haja una brigada vinculada al parc.
¿Que pot actuar en qualsevol altre lloc?
Evidentment, no van a quedar-se allí.
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Si estan en el Montgó i està cremant-se la Mariola, i en Montgó no passa res, no van a quedar-se allí!
Però el més lògic és que estiguen.
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, és que els parcs naturals tinguen la consideració de tals i que tinguen els seus mecanismes propis per a poder atendre els seus valors, i un d'ells, lògicament, és tractar d'evitar que eixos parcs es cremen, que no perden la cinquena part de la seua superfície, cremada, com va passar en el cas del Montgó.
I una forma molt fàcil és situant una brigada en eixe parc per a poder atendre les necessitats d'eixe parc.
No vol dir que estiga allí només i que només faça això, però que estiga allí, lògicament.
Això seria una cosa raonable, com el fet de tindre més mesures.

Jo no sé com són capaços de reiterar, una i una altra vegada, una mentira tan gran com que no s'han retallat les brigades.
Si vostés mateixa diuen que l'any passat es va augmentar, és la prova més evident que en 2010 s'havia retallat.
¡Ah!
, no, no.
De 2010 a 2011 es retallen els mitjans d'extinció d'incendis.
I en 2014 es recupera una part d'eixos, durant un període més reduït del que hi havia.
Eixa és la realitat, per moltes voltes que vostés li peguen.

Vostés insistixen que mosatros hem baixat el pressupost a base d'esmenes.
Gràcies a eixes esmenes vam descobrir de quina partida del pressupost estaven tots els diners destinats a prevenció i extinció d'incendis, perquè no apareix, en eixe nom, en ninguna part del pressupost i no d'abans, d'ara també.

Clar, davant de tot això.
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I a mi m'agradaria saber què pensa, per exemple, sobre el tema de la biomassa forestal que és, probablement, el punt més important de tot el que hi ha ací perquè és, diguérem, la part més nova -la resta de coses, d'una manera o d'una altra, estan ahí, val?

Bé, i no em parle de la interfície urbanoforestal, que és una cosa que va descobrir el senyor Castellano, després de l'incendi de 2012, eh?

El senyor president:

Gràcies, senyor Torró.

Ja, per a concloure el debat, té la paraula la senyora Elisa Díaz.

La senyora Díaz González:

Gracias.

Mire, es que, como era el punto 9, no he llegado hasta ahí.
Pero, ¡vamos!
, se lo comento.

Respecto al apeo de árboles quemados, que está contemplado en el Patfor, decirle que, bueno, se contempla la mejor… Hay que estar al caso concreto y valorar la conveniencia o no de aplicar el protocolo general de restauración ambiental.
Y, si ese no es el adecuado, es otro.

Pero, además, le digo, por ejemplo, en el caso del Montgó, el apeo no tiene por qué implicar el sacar madera quemada del bosque.
En este caso, de hecho, se tritura y se esparce por el mismo territorio, ¿de acuerdo?
Entones, a ustedes puede que les guste más o puede que les guste menos, pero eso no son los políticos los que, al final, deciden que se haga así, sino que los técnicos son los que dicen que esa es la mejor manera, ¿de acuerdo?

Luego, por otra parte, mire, le voy a leer un pequeño apartado del artículo 50.
1 del proyecto de ley de montes, para que vea, al final, qué es lo que significa interés general y qué es lo que significa recalificar en cualquier caso, y luego, además, que tengan en cuenta también…

Bueno, y en cuanto a lo que dice el Patfor y a la forma de restaurar, por favor, sean consecuentes también con lo que dicen.
Porque aquí dicen una cosa, pero, donde gobiernan, en pequeños ayuntamientos en los que ha habido incendios, sí que han estado de acuerdo en llevar a cabo esas restauraciones, conforme la conselleria, en este caso de medio ambiente, iba a hacer; y han firmado convenios con la conselleria de medio ambiente.
Por lo tanto, ustedes no hacen más que aquí soltar demagogias, mentiras, y, donde gobiernan, hacer exactamente lo contrario a lo que aquí están diciendo.

Respecto a la ley de montes, dice: Â«Con carácter excepcional, las comunidades autónomas podrán acordar cambio de uso forestal cuando concurran razones imperiosas de interés público y de primer orden, que deberán ser apreciadas mediante ley, siempre que se adopten las medidas compensatorias necesarias que permitan recuperar una superficie forestal equivalente a la quemada.
Tales medidas compensatorias deberán identificarse con anterioridad al cambio de uso.
En ningún caso procederá apreciar esa excepción respecto de montes catalogados.
Â» Por tanto, no deberían de qué preocuparse.

Y le vuelvo a decir, le vuelvo a decir y a insistir, la Comunidad Valenciana es la que más invierte por hectárea forestal de toda España.

Nada más.

El senyor president:

Senyories, finalitzat el debat, anem a procedir a la votació de la PNL sobre la dotació dels parcs naturals en servicis de vigilància, prevenció i gestió.
Vots a favor de la PNL?
6 vots a favor.
Vots en contra?
8 vots en contra.
Queda rebutjada.

I, per tant, una volta finalitzat l'ordre del dia, senyories, s'alça la sessió.

(S'alça la reunió a les 14 hores i 36 minuts)