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Comissió d'investigació per a l'estudi del procés d'adjudicació de les places de residències d'accessibilitat per a les persones dependents, en concret als centres del grup Savia realitzada el dia 1 de març de 2016.
Comença la reunió a les 11 hores i 32 minuts.
Presideix el diputat senyor Juan Ignacio Subías Ruiz de Villa.
Reunió número 3.

El senyor president:

Buenos días, señoras y señores diputados.
Vamos a dar comienzo a la sesión y para lo primero vamos a pasar lista.

Señor secretario.
(S'interromp la gravació)

(El secretari passa llista per tal de comprovar si hi ha quòrum)

Bien, a todas sus señorías les habrá llegado el acta de la sesión anterior.
Si no tienen ningún inconveniente, se aprueba.
Muy bien, muchas gracias.

Compareixences de les persones incloses en el pla de treball aprovat per la comissió per a l'estudi del procés d'adjudicació de les places de residències d'accessibilitat per a les persones dependents, en concret als centres del grup Savia

El senyor president:

Antes de que pase el primer compareciente quería hacerles algunas consideraciones.
En primer lugar, saben que en la sesión de hoy, por motivos de todos ustedes conocidos, hay dos comparecientes que no van a acudir.
Uno por motivo de salud.
Lo hemos analizado en la mesa y demás y cualquiera de ustedes que quiera puede tener acceso individual al parte médico que justifica más que de sobra que no pueda acudir este compareciente.
Y, en segundo lugar, hay otro compareciente que tampoco vendrá como consecuencia de que la mesa ha recibido una notificación firmada por todos los grupos en la que solicitaban su no comparecencia.
Luego, por lo tanto, hoy comparecerán tres.

Asimismo, recordarles que el funcionamiento de la comisión va a ser de acuerdo con el plan de trabajo que todos ustedes aprobaron, ¿se acuerdan?
Tres minutos de intervención de los grupos de menor a mayor.
En la primera intervención el compareciente tiene tiempo libre para contestar; yo ya he estado hablando con él y ya le he dicho que, en fin, que sea lo más explícito posible.
Y en la segunda comparecencia, tres minutos igualmente de repreguntas y el compareciente tendrá cinco minutos por cada grupo para poder contestar.
¿De acuerdo?

Asimismo, quisiera recordarles que sería conveniente que durante el día de hoy o mañana, a más tardar, hicieran llegar a esta mesa los siguientes -para el día 2 de mayo ya tenemos los comparecientes realizados-, pero para la siguiente sería conveniente que nos lo hicieran llegar, dado que saben ustedes que hay que avisarles con un mínimo de quince días de antelación.

Muy bien, pues muchas gracias a todos y vamos a pasar ya al primer compareciente.
(S'interromp la gravació)

Compareixença del senyor Marcos Penadés Bellot, expresident d'Aecas

El senyor president:

Bien, como todos ustedes saben, el primer compareciente es don Marcos Penadés Bellot, al cual le voy a leer una serie de… En primer lugar, le informo, don Marcos, que comparece usted en esta comisión de investigación a través de la que el parlamento ejercita su función de control político.
Debo indicarle, además, que la información que ofrezca a esta comisión debe de ser veraz, conminándole a que debe de ajustar su declaración a esa premisa, por estar penalizado el falso testimonio en el artículo 502 del Código penal.
Finalmente, debe de saber también que la mesa de la comisión y concretamente esta presidencia garantizará el respeto a su derecho a la intimidad y al honor, al secreto profesional, a la cláusula de conciencia y los demás derechos que la Constitución le reconoce.

Muchas gracias y tiene la palabra, por el grupo Podemos-Podem, don César Jiménez, por un tiempo de tres minutos aproximadamente.

Muchas gracias.

El senyor Jiménez Doménech:

Molt bé.
Gràcies, senyor president.

Benvingut, senyor Penadés.

Comencem avui amb vosté una sèrie de compareixences fetes expressament per a trobar llum en una gestió al nostre judici defectuosa de tot el sistema de concessions de residències geriàtriques.

El primer que ens agradaria saber de vosté, de la seua boca, és si ens pot fer una explicació de com era este concurs d'accessibilitat d'estes 9.
000 places que Â«están en el candeleroÂ».

També m'agradaria preguntar-li què els porta a constituir l'associació que vosté presideix.
Se constitueix en 2011, quan les empreses ja portaven una sèrie d'anys operant.
I per què tardaren tants anys en agrupar-se per a defensar els seus interessos.
Li pregunte també si no se sentien suficientment defensats o representats per alguna de les associacions que ja existia en el sector.

I també que hem pogut constatar que en Aecas conflueixen moltes empreses que venien del sector de la construcció.
A què creu vosté que se deu esta concentració?

També m'agradaria preguntar-li si les empreses que conformen Aecas avui li consta que estaven associades anteriorment a una altra associació, abans que se constituïra Aecas.
I açò, el meu dubte és perquè veig que en Aecas hi ha moltes associacions de nova creació, i, per tant, no sé si n'hi havien moltes ja en experiència en el sector.

Una altra pregunta és quina era la composició de la junta directiva en el moment de la seua creació i quins criteris se van fer servir per elegir-la.
Com se prenien les decisions dins d'Aecas i si totes les empreses membre d'Aecas tenien les mateixes condicions de vot i veu.
També si li consta que les empreses membre d'Aecas complien i complixen avui dia amb les condicions que recullen els plecs de l'accessibilitat.

I, per últim, encara que Aecas se va constituir posteriorment, li consta que alguna empresa anteriorment a la constitució d'Aecas ja no complira amb els plecs, o per exemple no complira amb els terminis de presentació de projectes, o disponibilitat de terrenys, o els terminis d'inici de les activitats que estipulaven els mateixos plecs.
Si li consta que hi haguera algun tipus de malestar entre els membres de l'associació pels incompliments d'estos terminis per alguna de les empreses.
I, ja per últim, si se va abordar en algun moment en el si de la junta directiva d'Aecas estos incompliments, si se van tractar.

Moltes gràcies.

El senyor president:

Muchas gracias, señor Jiménez.

Tiene la palabra el señor Penadés.

El senyor Penadés Bellot:

A ver si consigo… La asociación Aecas se constituye en el año 2011 y yo creo que todavía está en vigor; le digo Â«creoÂ» porque yo, durante estos cinco o seis años, yo fui presidente en dos de ellos, yo fui presidente del 2012 al 2014 aproximadamente.

El origen de esta asociación viene porque alguna de las empresas de accesibilidad estaban en Aerte, en la asociación de Aerte, que es la otra asociación patronal empresarial, y llega un momento dado en que algunas empresas que ya estaban y otros que estábamos a punto de entrar entendemos que no nos representaban, y entonces nos constituimos en una asociación con la idea de defender los intereses de aquello que nos identifica, que es precisamente el contrato administrativo especial de accesibilidad, y por eso nos constituimos en el año 2011.
De hecho, todas estas empresas, que somos…, en la asociación hay nueve empresas…, estaban prácticamente todas las empresas de accesibilidad social, y, vamos, se hizo para defender los derechos de cada una de las empresas que formaban parte de la asociación.

Eh…, es que perdone, pero es que me ha hecho tantas preguntas que… (Algú diu: Â«¿Cómo funcionaba…?
Â») Cómo funcionaba… La finalidad de esto es defender los intereses y luego tener una legitimación frente a la conselleria y otros organismos para actuar también judicialmente.
Es mucho más sencillo también actuar desde asociación que no desde cada uno de los distintos integrantes, y principalmente fue esta la finalidad.

¿Cómo funcionaba?
Efectivamente, había una junta directiva que estaba formada por cinco miembros, pero aun así prácticamente todas las celebraciones, todas las reuniones las hacíamos todos; todos porque éramos pocos, o sea, éramos cinco y la asociación ocho, quiero decir, que prácticamente se tomaban de común acuerdo todas las decisiones.
Y, bueno, pues principalmente lo que hacíamos era intentar que nos recibiera la administración, para plantearle los temas nuestros, que eran temas de interpretación jurídica de algunas partes del pliego, y luego en algunas otras ocasiones también se demoró mucho el plazo en el cobro de las prestaciones.
Y esa era la finalidad principal.

Y, bueno, el concurso…, el origen del concurso es una licitación pública que se produce en el año 2001.
Posteriormente se produce una adjudicación pública también, y las empresas empiezan a construir.
Previamente a construir se hace una consulta por parte de varias empresas, porque para obtener financiación los bancos exigen…, más que exigen, hay una incertidumbre en cuanto a una interpretación de una cláusula, una cláusula que existe ya, o sea, preexiste en el propio momento de la licitación pública.
Esa cláusula era la cláusula de exclusividad.

Esa cláusula de exclusividad lo que otorgaba es una exclusividad en la gestión de nuevas plazas públicas, siempre que no fueran de titularidad de la Generalitat valenciana, absteniéndose -así lo decía literalmente- absteniéndose la Generalitat valenciana de subvencionar otras plazas nuevas.
Se hizo una consulta, y en la consulta, entre otras cosas -porque había como ocho o nueve puntos-, se contesta el alcance de esta cláusula de exclusividad.

Posteriormente entra en vigor la ley de dependencia, y la ley de dependencia lo que se hace -o entiendo yo que se hace- con la orden del 5 de diciembre del 2007 es adaptarse a esa ley de dependencia, mediante una concesión; mediante una concesión se otorga la naturaleza jurídica de concesión administrativa a ese contrato.
Y lo que se hace está en los mismos términos y límites que están previstos en el pliego, en la cláusula de ese contrato.

Del mismo modo, en parte de esa disposición transitoria lo que se hace es que se da un plazo de un año para materializar esa cláusula de exclusividad.
Eso fue en el año 2007.
Dentro de ese año que transcurre, que es el año 2008, se firma un acuerdo con la conselleria y se produce la materialización de parte de esa cláusula de exclusividad.
Nosotros, todas las empresas, entendemos que a lo largo de 2007, 2008 y 2009 se pone en práctica, es así, y en el año 2010 no se produce esa materialización, con lo cual presentamos un recurso administrativo; por silencio administrativo -no contesta la administración- y planteamos un contencioso administrativo que hace poco recayó sentencia, y se ha recurrido al supremo por parte de las empresas.
Y esa es un poco toda la actuación nuestra.

El senyor president:

Muchas gracias, señor Penadés.

Tiene ahora la palabra, por el Grupo Ciudadanos, don David de Miguel.

El senyor De Miguel Martínez:

Gracias, presidente.

Buenos días, señor Penadés.
Gracias por venir.

Usted ha dicho que se constituyó…, decidieron constituir Aecas porque las nuevas empresas que la forma tenían unas particularidades y seguramente por eso no se sentían suficientemente representadas por Aerte, que es donde estaban antes, o por quien fuera.
Entonces, usted ha dicho también que en la defensa de esos intereses estaba también la legitimación frente a los organismos públicos, y la comodidad, digamos -y es verdad-, de si tienen que actuar, actuar todos coordinadamente y no las empresas por separado.

Entonces, ustedes, como Aecas, entiendo que en la defensa de esos intereses se reunieron con la conselleria, se reunieron con -pregunto, ¿eh?
-… ¿Se reunieron con la conselleria?
¿Se reunieron con otras administraciones?
¿Con ayuntamientos?
Si así fue, nos gustaría que nos dijera con quiénes se reunían en la conselleria, con qué órganos o con qué personas, a través de qué medios se reunían o contactaban, y también -como usted mismo ha dicho en respuesta a mi compañero, uno de los motivos de esa interlocución con la conselleria era la interpretación jurídica y la reclamación del cobro de las prestaciones- sí que nos gustaría que nos dijera también si esas reclamaciones fueron atendidas, e insisto, por quién o por qué órgano, que entiendo que no, porque luego, evidentemente, tuvieron que acudir a los tribunales.
Pero sí que nos gustaría igualmente que nos dijera, si se habían reunido, con quién, y aparte de esos temas, si trataban algunos otros temas.

Y también le quería preguntar si usted conoce -supongo que conocerá, aunque sea de oídas- unas conversaciones telefónicas de la UDEF, que aparecieron luego en prensa, en las que se hablaba de un informe de Uría Menéndez, que iba a pagar la patronal esa.
Entonces, le pregunto si usted tiene idea de qué patronal -porque Aecas no podía ser porque Aecas se constituyó después-, pero si tiene alguna idea sobre qué patronal podía ser, y si conoce la existencia de dicho informe, si lo ha podido leer o si después se le pasó a Aecas o a alguna empresa ese informe y si nos puede aclarar el contenido del mismo, en caso de que lo conozca.

Gracias.
(S'interromp la gravació)

El senyor Penadés Bellot:

Gracias.

Nosotros, el proceder habitual nuestro de Aecas, nos reuníamos y se acordaba prácticamente siempre por unanimidad el solicitar reuniones.
Normalmente…, hemos solicitado con todos, quiero decir, hemos solicitado con los consellers, que en muchos casos, en muchas ocasiones no tenía delegado, o el secretario autonómico o subsecretario o hasta incluso, si era un tema procedimental, o hasta incluso el director general.
Pero tanto de bienestar social como de hacienda, quiero decirle, llegó un momento que, como no cobrábamos, ya hasta incluso…, creo que hasta el vicepresidente en una ocasión nos recibió, quiero decir, llegó un momento en que solicitamos reuniones a todos los que pudiésemos porque estábamos muy desesperados; entendíamos que no cobrábamos y aquello…, la situación fue crítica.
Lo hacíamos siempre con registro de entrada, vamos, con total normalidad, y nos atendían, vamos, pues en función de sus agendas, o sea, que con total normalidad.
Tenga en cuenta que al final nosotros…, hombre, eran 6.
500 plazas, o sea, el concurso era para 9.
000, pero solo se construyeron 6.
500, y, bueno, entre todos tenemos 4.
000 trabajadores, quiero decir…, de hecho, nos atendían, pero, ojo, tanto el sistema político como los sindicatos; de hecho, hemos ido con los sindicatos, tanto comisiones…, y nos hemos manifestado juntos, o sea, que lo hacíamos con total normalidad, por registro de entrada y sin más, vamos, yo entiendo con total normalidad.

En cuanto al informe de Uría que usted me comenta, yo no lo conozco, pero sí que es un informe que yo creo que fue Aerte -no fuimos nosotros- los que solicitaron ese informe.
Nosotros hemos solicitado varios informes, nosotros estábamos con Garrigues, luego posteriormente hemos estado con Cuatrecasas, luego con Garrigues, solicitamos informes a José María Baño, que era catedrático de administrativo, sobre la interpretación esta y sobre el alcance de la interpretación.
O sea, el tema de la interpretación jurídica no es sencillo, es un tema muy jurídico y muy técnico, y entonces hay distintas visiones, pero efectivamente nosotros solicitamos informes prácticamente a todos los despachos, y nunca ha estado claro, ni en un sentido ni en otro, nosotros entendíamos una cosa, la administración otra, o sea, que siempre ha sido muy… no ha sido claro, vamos.

El senyor president:

Muchas gracias.

Ahora tiene la palabra doña Mónica Álvaro, por el grupo Compromís.

La senyora Álvaro Cerezo:

Molt bon dia.

En relació al que fou la revisió i actualització del preu-plaça, quins contactes varen mantenir amb conselleria per eixe tema en concret, el que estem parlant de la revisió i actualització abans d'interposar la demanda?
Vosté ha dit que la seua associació se constituïx justament per reivindicar davant de conselleria, associar-se, davant de conselleria actuar jurídicament tot i que ja s'havien interposat demandes.
Eixa seria una primera qüestió.

En vista a les posteriors sentències i la resta de documentació, considera vosté que, en general, Savia haja pogut tindre un tracte de favor per part de conselleria?

I, per últim, en matèria de compliments de terminis, millores i ubicacions que apareixeren després, de condicions, Savia en concret ha complit amb l'estipulat pels plecs?

Moltes gràcies.

El senyor president:

Muchas gracias… (S'interromp la gravació)

El senyor Penadés Bellot:

Gracias.

En cuanto a la revisión de precios, a ver, la revisión de precios yo creo que nunca ha sido objeto de debate de la asociación; ha sido objeto de debate de las distintas empresas, pero no como dentro de la asociación, sino que cada una de las empresas ha actuado de forma distinta.
Yo le puedo hablar de mi empresa.
Nosotros solicitamos el incremento del precio después de una sentencia, porque el tribunal de la Comunidad Valenciana consideraba que el criterio para aplicar el IPC tenía que ser uno y la conselleria estaba aplicando otro.
Nosotros lo que hicimos es instar a la conselleria a que de oficio nos aplicara ese nuevo criterio.

Por lo que dice usted del trato preferente, yo entiendo que no.
Yo le hablo de mi sociedad; no ha sido un trato preferente, porque le puedo decir que tuvimos que ir al contencioso a la revisión de precios siempre; vamos, de hecho, fueron cuatro o cinco contenciosos, que la sala lo que hizo fue confirmar los distintos criterios.

¿Por qué se constituye la asociación después de haber iniciado los procedimientos judiciales?
Precisamente para que fuese más fácil el ser una persona y no varias.
Tenga en cuenta que nosotros -recuerdo- fuimos a Cuatrecasas, por ejemplo, que era el abogado nuestro, y tenía que hacer once facturas.
En lugar de eso, era un tema de ser prácticos.
Y además de eso, indudablemente, en el momento de publicar las distintas órdenes de la conselleria, normalmente dan audiencia previa con ese borrador de orden a las distintas asociaciones, con lo cual estábamos hasta incluso frente a los sindicatos.
Era…, entendíamos que nosotros, a diferencia de Aerte, la relación con los sindicatos siempre ha sido muy buena, y hasta incluso en ese sentido entendíamos que también era bueno el diferenciarnos.
Pero yo entiendo que trato de favor no hemos tenido nunca, porque ya le digo que los…, vamos, creo que ni de favor ni desfavorable, creo que ha sido un trato normal: siempre ha habido unas interpretaciones jurídicas que hemos tenido que llegar a los tribunales, y en el momento de los pagos nos han tenido como otro más.

No, yo creo que nunca ha sido favorable.

El senyor president:

Gracias.

Tiene ahora la palabra la señora Concha Andrés, por el grupo PSPV-PSOE.

La senyora Andrés Sanchis:

Gracias, presidente.

Muchas gracias, señor Penadés, por comparecer hoy aquí.

Por resumir, con el programa de accesibilidad del año 2001, ustedes obtienen inicialmente la exclusividad de un tercio de las plazas, alrededor de dos mil doscientas plazas.
También durante el período del 2007 consiguen ustedes por el reequilibrio, el llamado reequilibrio económico, un incremento de 1.
600 euros al año por plaza; aproximadamente suponía en aquel momento 3,2 millones de euros a repartir de más para las empresas adjudicatarias.
Y también durante el período, a partir del 2007, ustedes tenían aproximadamente dos mil doscientas plazas por el sistema de bonos residencia, o sea, prácticamente lo que podríamos llamar un 2/3.

Posteriormente, tras los acuerdos que ustedes firman en febrero y octubre de 2008 con el conseller Cotino, consiguen ese Â«compromisoÂ», entre comillas, de que la conselleria tenga que asumir la financiación del cien por cien de las plazas de accesibilidad, por un procedimiento negociado y sin publicidad y, además, a un precio distinto, a 56 euros inicialmente, que después va incrementándose.

¿Piensa usted que es razonable que en una misma residencia haya plazas a distintos precios y que además no se cumpliera con los términos de ese contrato en este momento, con lo que se refiere a este acuerdo firmado con el conseller Cotino y a este procedimiento negociado, en el que se incrementó el precio de acuerdo con lo establecido en el contrato?

Por otra parte, quiero hacerle referencia a una resolución: la Resolución 26 del 2012 del secretario autonómico, el señor Joaquín Martínez, en respuesta a esas reclamaciones que usted ha apuntado que se formularon por las empresas asociadas en Aecas en el 2010 y en el 2011, en el que ustedes exigían, por una parte, un reconocimiento expreso de la absoluta preferencia en la cobertura del cien por cien de las plazas; además, instaban a un expediente de responsabilidad patrimonial por lo que ustedes denominaban perjuicios graves económicos.

En esa resolución, según manifiesta el propio señor Joaquín Martínez, indica que los índices de ocupación de las residencias de Aecas en ese momento tenían una media de ocupación del 90% y algunas alcanzaban el 98%.
Además, tenían un precio por plaza superior al resto de las residencias privadas o sin ánimo de lucro del sector, que tenían un índice de ocupación, en ese momento, del 50% aproximadamente.
¿Piensa usted que las residencias de Aecas estaban sufriendo ese perjuicio económico?
¿Cree que los centros de accesibilidad tenían prácticamente el monopolio del sector en cuanto a la adjudicación de plazas por parte de la conselleria?
¿Considera que hubo trato preferente en esta adjudicación de plazas?

Como ustedes decían que tenían ese grave perjuicio económico, ¿podría decirnos usted, como presidente de Aecas, cuál era la media del índice EBITDA, que parece ser que es el que marca la media de los beneficios que pueda haber en las empresas, en este caso, de sus asociadas?
Y lo que es más grave, o así nos lo parece a nosotros, en esas mismas reclamaciones a las que usted ha hecho referencia y a las que yo me refiero ahora, ustedes solicitaban la nulidad de todas las subvenciones otorgadas a aquellas personas que no habían sido destinadas a sus centros.
Eso suponía eliminarles las ayudas a estas personas mayores que eran atendidas en nuestras residencias.
¿Cree usted que eso es ético?
¿Cree usted que, como representante de Aecas, se debía mantener la libertad del derecho a elección de centros y no reclamar un grave perjuicio para los usuarios?

Muchas gracias.

El senyor president:

Gracias, señora Andrés.

El senyor Penadés Bellot:

El escrito al que hace usted referencia no sé si del director general o secretario autonómico, el que ha comentado…

La senyora Andrés Sanchis:

Joaquín Martínez.

El senyor Penadés Bellot:

…-sí, Joaquín Martínez- ese escrito es del año 2012.
Nosotros…, la primera reclamación contenciosa contra el silencio administrativo reclamando…, el cuerpo de las peticiones nuestras es del año 2010.
Prácticamente cuando estaba a punto de celebrarse la vista, el secretario autonómico emitió ese informe, y ese informe, a mi entender, lo que hace es defender su postura jurídica de los distintos términos del contrato de accesibilidad.

El contrato de accesibilidad…, nosotros hemos entendido siempre que la conselleria licita un concurso público de 9.
000 plazas con la obligación de poner a disposición de la conselleria hasta un tercio de las plazas más una serie de derechos y obligaciones.
Eso es lo que entendemos nosotros.
Dentro de esos derechos y obligaciones, por nuestra parte la obligación era cumplir las ratios, cumplir todos los requisitos arquitectónicos, cumplir la construcción del centro.
Eso sería un poco las obligaciones nuestras.
Mientras que en los derechos que nos otorgaba ese pliego estaba la exclusividad en la gestión de esas nuevas plazas.
¿Por qué le digo esto?
Porque por parte de conselleria no había -y así constaba expresamente- ninguna obligación de llenar ese primer tercio de las plazas, con lo cual, no había relación sinalagmática, o sea, si no hubiese habido -así lo hemos entendido siempre- esa obligación por parte de la conselleria de ir llenando esas nuevas plazas, no tenía ninguna obligación por parte de la conselleria y, de hecho, tanto es así que por eso se hizo esa consulta.

Respecto al reequilibrio económico, el reequilibro económico surge porque hay una nueva orden en el año 2005 y lo que hace es modificar las ratios de personal, modifica las obligaciones por parte de todos los contratistas, y entonces ahí nosotros entendemos que en ese reequilibrio económico se está incumpliendo por parte de la administración lo que había sido la línea de partida.
Y lo que hicimos fue instar un expediente de reequilibrio económico, se contrató una consultora externa y esa consultora…, se lo digo porque la consultora esa externa, que era una auditoría de estas de renombre…, la conclusión era que se tenía que subir hasta 54 euros, creo que nos lo subieron hasta 39, o algo así; quiero decir, nuestra pretensión era que se hubiese aplicado lo que decía ese informe y se aplicó muchísimo, muchísimo, muchísimo menos.

Respecto al tema del bono y el tema de la accesibilidad, desde el origen, siempre ha coexistido tanto el bono como la accesibilidad, desde el año 2001.
Esto coexiste hasta que llega la ley de dependencia, que la ley de dependencia lo que hace es primar la asistencia en residencias, sobre todo crea la red pública, y entiende red pública, las de titularidad pública y las concertadas.
Por eso, claro, se conciertan las plazas, entre otras cosas porque el estado financiaba un tercio de esas plazas por ser concertadas.

A mí, lo que me gustaría comentarles a todos ustedes es que a lo largo de estos dieciséis años todas las actuaciones, todas las contrataciones siempre han sido con informes favorables de todos los órganos de abogacía, de intervención, vamos, que en eso…, se lo digo porque yo entiendo que no ha habido nunca un trato de preferencia respecto a las empresas de accesibilidad.

Y me preguntaba el acuerdo del año 2008.
El acuerdo de 2008 lo que viene es a aplicar la disposición transitoria esta cuarta que lo que recogía es…, se daba un plazo de un año para materializar la cláusula de exclusividad, pero ya le digo que no es un tema nuevo que surge en el año 2007 y 2008.
La cláusula esa de exclusividad estaba desde el momento de la licitación pública, el mismo día que se publicó el pliego para la licitación eso ya estaba.

Y los informes jurídicos, ya le digo, siempre ha habido interpretaciones en los dos sentidos y nosotros defendemos la cláusula de exclusividad con un alcance distinto al de La Generalitat, pero porque es que, si no, no tiene sentido ese contrato.
O sea, sacar un tercio de licitación pública -que lo que están haciendo las empresas es invertir sin que te garanticen la ocupación-, claro, no tiene sentido, salvo que te den una expectativa de que todas las plazas que se vayan a generar, que había un estudio… Todo esto parte de un estudio previo en el que se llega a la conclusión de que la Comunidad Valenciana tiene poquísimas plazas y lo que hay que hacer es suplir de algún modo, y lo que se hace es sacar ese concurso para suplir esas pocas plazas.
Y, por eso, el concurso ese hay que entenderlo como un incremento de 6.
500 plazas que a la administración no le cuesta nada, lo único que le cuesta es pagar cuando el servicio se presta, con lo cual…, vamos, esto se ha realizado prácticamente en todas las comunidades autónomas de España.

El senyor president:

Muchas gracias.

Tiene ahora la palabra la señora Catalá, en nombre… ah, perdón.
Entonces… Sí, sí, sí.
Bernal, la señora Bernal, perdón.

La senyora Bernal Talavera:

Bueno, bueno.
Muchas gracias, presidente.

Buenos días, señor Penadés.

Primero queríamos darle las gracias por comparecer en esta comisión y el grupo Popular le quiere hacer varias preguntas y nos gustaría, si las sabe, pues que conteste a todas.
Algunas seguramente las hayan hecho mis compañeros y otras, bueno, pues las volveré a reiterar por si en alguna no ha contestado…, son muchas preguntas y entiendo que no siempre va a contestar a todas.

En el año 2001 se publica el pliego de cláusulas administrativas, el contrato administrativo especial de atención residencial a personas mayores dependientes de la Comunidad Valenciana, mediante un procedimiento abierto y de libre concurrencia.
¿Nos podría decir cuántas empresas se presentaron al contrato administrativo especial de atención residencial a personas mayores dependientes en el año 2001 y cuántas quedaron al final, cuántas resultaron adjudicatarias?
Me gustaría también que me dijera los nombres de las empresas que fueron adjudicatarias, en este contrato de libre concurrencia, y si usted piensa que hubo alguna restricción para que alguna empresa no se presentara.

También me gustaría que pudiera decir cuánto dinero les supuso a las empresas adjudicatarias de accesibilidad la construcción de estas residencias, cuál fue la inversión de cada una de las empresas o de las UTE que fueron adjudicatarias.
En el pliego que se publica en el año 2001, ¿qué requisitos se les exigía a las empresas que se presentaron para ser adjudicatarias?

Desde que ustedes son adjudicatarias y construyen las residencias y las abren, ¿cuál ha sido el rendimiento económico de esta inversión?
¿Han tenido pérdidas?

En el año 2006 se aprueba la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, del presidente Zapatero.
Desde su punto de vista, ¿cree que a raíz de la aprobación y la ejecución de la ley por parte del estado y de las comunidades autónomas fue determinante el aumento de un tercio de las plazas que La Generalitat tenía concertadas con las residencias de accesibilidad?
Es decir, ¿usted cree que la ley de dependencia de 2008 hizo que la Generalitat tuviera que aumentar el número de plazas en residencias de accesibilidad?

En 2008 se produce una revisión de precios para las residencias de accesibilidad.
¿Por qué se hizo esta revisión de precios?
¿Tuvieron ustedes que justificar en algún momento algún servicio que prestan o prestaban?
Por lo que yo sé, al entrar en vigor la ley de dependencia, ustedes en las residencias disponían de servicios como la enfermería veinticuatro horas, y, por ello, La Generalitat hizo esta revisión de precios, siempre que ustedes dispusieran de los servicios que se requerían para esta revisión.
También me gustaría que me dijera si el incremento del precio por plaza del tercio se debió a la ejecución de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Si nos podría decir también si las empresas constructoras que se presentaron al concurso de libre concurrencia iban acompañadas por una empresa especializada en atención a mayores.
Y, por último, si la inspección de la Conselleria de Bienestar Social, en el caso de su empresa…, visitaba frecuentemente, o bueno, hacía las inspecciones que tocan, a su residencia, a su empresa, qué les exigían, y si estas exigencias las subsanaban.

Muchas gracias.

El senyor president:

Muchas gracias.

El senyor Penadés Bellot:

Si quiere empezamos por el final.
Inspecciones nosotros hemos tenido…, yo le puedo decir que 34.
No sé cuál es la media, lo desconozco, pero nosotros en Solimar hemos tenido 34.
Y, desde luego, siempre hemos subsanado lo que…, normalmente la inspección lo que pide suelen ser cosas razonables y nosotros siempre atendemos a la inspección y siempre cumplimos.

Si quiere…, el incremento del precio de la sentencia que se produce…, los incrementos de precio que -yo le hablo de Solimar y hemos sido todos igual- los incrementos de precio que se han producido a lo largo de estos años ha sido después de una sentencia firme, yendo al contencioso.
¿Por qué?
Porque la conselleria siempre desde el origen ha entendido que el incremento del IPC se tenía que tomar de una fecha a una fecha, y tanto las empresas como el criterio de la sala ha sido distinto.
Nosotros entendíamos que el IPC se iniciaba desde el momento de finalizar el plazo de presentación de oferta, mientras que La Generalitat decidía o entendía que era cuando adjudicaban.
Esos seis o siete meses prácticamente es un IPC de medio año, con lo cual era mucho dinero, pero yo creo que todas las empresas, el incremento de IPC…, vamos, yo lo reclamé y siempre es previo al contencioso administrativo ese acto administrativo de solicitarlo, y siempre nos lo denegaron, por lo menos en nuestro caso, y fuimos al contencioso.

Cuánto ha invertido cada empresa, yo no lo sé.
Yo le puedo decir que para nosotros en los escritos que presentábamos eran alrededor de trescientos millones, o sea, la inversión de todos los centros…, en un primer momento estaba previsto 9.
000 plazas y una construcción de 72 centros, y finalmente creo que la adjudicación fue de 6.
500 plazas, y los centros fueron 47.
Y lo que sí que le puedo decir es que la plantilla de todos era de alrededor de cuatro mil trabajadores.

Cuántas empresas, no lo sé.
Lo que sí que le puedo decir es que éramos nueve empresas las que teníamos la adjudicación; y restricciones, yo creo que no hubo ninguna restricción.
Y, de hecho, el informe del José María Baño lo que viene a decir es: ¿cabe el procedimiento de negociado sin publicidad con la ley de emprendedores?
Y dice que sí; dice que sí, porque si previamente en la licitación pública del año 2000 ya estaba prevista esa restricción o ese derecho de exclusividad, como la ley de emprendedores no hay ninguna disposición que anule ese requisito, él entendía que…, vamos, que era posible el alcance de esa cláusula de exclusividad.

Y en cuanto a las pérdidas, todas las empresas han tenido numerosísimas pérdidas.
Yo le puedo hablar de la mía.
Nosotros hemos llegado a tener pérdidas de catorce millones de euros.
Quiero decir, el tema del reequilibrio económico ha sido un desastre, y, de hecho…, ¿por qué ha sido un desastre?
Porque a lo largo de este tiempo se ha ido coexistiendo con los dos sistemas, tanto de accesibilidad como de bono; han ido los dos a la vez, han ido los dos conjuntamente.
No es que nos han enviado a nosotros solo y a los otros nada, no: se ha ido conjuntamente con los dos, con las dos vías que tenía la administración para actuar.
Entendemos nosotros que la ley de dependencia siempre lo que estaba haciendo es primar la prestación del servicio residencial, no el dar el dinero a la gente.

Y la ley de dependencia, si fue determinante para el incremento de plazas…, yo creo que sí.
Porque yo creo que lo exigía.

El senyor president:

Muchas gracias, señor Penadés.

Tiene ahora la palabra el senyor Jiménez para preguntar, por tres minutos.

El senyor Jiménez Doménech:

Gràcies, senyor president.

Com que en la meua primera intervenció no ha pres nota, algunes de les preguntes que han fet les tornaré a fer.

Una d'elles, és que volíem la seua valoració, la seua precisió en aquesta concentració d'empreses en Aecas que provenien del sector de la construcció; si creu que esta concentració és casual o si té algun motiu de fons.

En el cas de les decisions que se prenien en la junta directiva d'Aecas, ha dit que eren poca gent i que se prenien pràcticament per consens.
N'hi ha actes d'estes reunions on se diga qui composava les reunions i com eren preses les decisions?

I una altra qüestió és: li he preguntat abans si té constància que dintre d'Aecas…, empreses que estigueren dintre d'Aecas, bé si ja estan en Aecas o amb anterioritat, tenien dificultats per a complir amb els requisits que els imposaven els plecs de condicions, com per exemple els terminis de presentació de projectes, o la posada a disposició dels terrenys, o els terminis d'inici de l'activitat que estipulaven els plecs.
I si li consta que hi haguera algun tipus de malestar dintre dels membres de l'associació, d'alguns membres per l'incompliment de altres membres.
Se va abordar en algun moment, en la junta directiva, en alguna reunió de la junta directiva este conflicte, esta situació?

I ja, bé, a una pregunta de la companya del Grup Socialista, on li demanava una valoració sobre si considerava ètic que se demanara la nul·litat de les places assignades amb anterioritat, vosté ha respost que les seues empreses volien garanties que la inversió fóra rendible.
Considera que amb eixa petició estava perjudicant altres empreses i per tant que la seua activitat se vera perjudicada per la seua demanda?

Moltes gràcies.

El senyor president:

Gracias.
Tiene ahora cinco minutos.

El senyor Penadés Bellot:

Si quiere empiezo por el final, porque, si no…

La solicitud de nulidad de las plazas asignadas…, a ver, esto era una solicitud dentro de un procedimiento judicial, una petición con razonamientos jurídicos.
Nosotros lo que estamos defendiendo es la prestación de un servicio dentro de la red pública, de un servicio residencial.
¿Por qué?
Porque entendemos que la ley de dependencia lo que prevé, lo que prima es la prestación residencial, no el dar dinero a la gente para que elija.
Yo…, desde mi punto de vista, no es un tema ético o no, es un tema jurídico simplemente, un tema de defensa jurídica.

Si levantábamos actas o no.
Había veces que sí y había veces que no.
¿Por qué le digo esto?
Porque normalmente para actuar judicialmente hacen falta actas de representación de toda la junta directiva para elevar ante notario los poderes procesales para interponer una demanda.
En esos casos sí que las hacíamos; había otros casos en que nosotros no levantábamos acta.

Respecto de la concentración de construcción, si es casual, no lo sé.
No sé si es casual o no es casual el que haya empresas constructoras aquí o no; vamos, lo hacían como inversiones, imagino.

Respecto de si había dificultades para cumplir los requisitos o no, nosotros nunca tratamos temas internos de otras empresas, si tenían dificultades, si no tenían dificultades; normalmente no hablábamos de las interioridades de cada empresa, hablábamos de temas de estrategia, pues pagar no nos pagaban a nadie, de solicitar reuniones con los responsables de la administración para que nos escucharan, pero normalmente no hablábamos de temas internos de las distintas…

Y malestar de incumplimientos de otros, ya le digo que no solíamos comentar temas de otras empresas; hablábamos de temas…, pues eso, de los contenciosos que teníamos, pero normalmente no se solía hablar de temas internos de otras empresas.

El senyor president:

Muchas gracias.
Tiene ahora la palabra el señor De Miguel.

Gracias.

El senyor De Miguel Martínez:

A ver, abundando de nuevo en lo que preguntaba mi compañero.
Si no le consta que hubiera ningún incumplimiento por ninguna empresa, cuando sabemos que sí que hubo incumplimientos, sobre todo en los plazos.
O sea, todas las empresas cumplieron, o casi todas, menos una.
Entonces, ya que eran pocos miembros en la asociación, que eran nueve miembros, entiendo que había un clima de confianza para tratar las cosas; entonces, si no había malestar, fenomenal, pero es que a mí se me hace un poco extraño que, cuando al resto de las empresas les costaba cobrar o reclamar judicialmente más que a otra empresa, ese tipo de trato desigual no se tratara y que les pareciera fenomenal; del mismo modo que si ustedes se reunían con el conseller, el vicepresidente, director general, secretarios autónomos, yo pregunto, ¿no planteaban ese tema?
En plan, Â«¿por qué a nosotros nos recurrís las sentencias y a otras empresas no?
Â».

Es decir, sí que nos gustaría que nos aclarara si era, digamos, consentida esa desigualdad de trato que consideramos ya está constatado que hubo respecto de una empresa concreta al resto de empresas que sí cumplían perfectamente con los pliego, como podría ser la suya.
Entonces sí que me gustaría que nos trasladara…, si esta asociación Aecas se creó para defender los intereses de todas, sin embargo, los intereses de todas no estaban siendo igualmente tratados o gestionados por la conselleria, pues sí que…, no sé…, me gustaría que me dijera si cumplían con los fines de la asociación que era defender los intereses de todas, porque, ya le digo, lo que está constatado y se acabará constatando es que no recibieron un trato igual por parte de la administración y, por tanto, me sorprende un poco ese consentimiento a que uno de sus asociados tuviera un trato de favor distinto de las demás.

El senyor president:

Muchas gracias.
Por cinco minutos.

El senyor Penadés Bellot:

En las reuniones que teníamos en Aecas no tratábamos temas individuales de cada una de las empresas, y malestar no había; quiero decir, todos teníamos nuestros centros, nuestros trabajadores, nuestros problemas, pero normalmente, cuando quedábamos, era en los despachos de los abogados para ver los temas sobre todo procedimentales, que fueron complicadísimos y se alargaron en el tiempo; pero ahí no tratábamos incumplimientos de nadie, ahí no se hablaba de temas particulares de cada una de las empresas: se hablaba de la asociación, de cómo estaba el procedimiento, de si se habían presentado pruebas, si se había personado una asociación…

Quiero decir, se hablaba del tema judicial, no se hablaba de cada uno de los que estábamos allí.
Vamos, y a mí no me consta que hayan…, vamos…, el tiempo que yo estuve allí de presidente, por lo menos, allí nunca se trató de forma preferente a nadie.
Íbamos todos de la mano, vamos.
Y, de hecho, es que las reuniones las teníamos todos.
Yo… desde que yo estuve hasta que estuve, nosotros, es que…, es más, íbamos la junta directiva y quedaban tres o cuatro empresas más y normalmente acudían todos, y las reuniones con los responsables las hemos tenido todos y las hemos pedido todos, vamos que…

El senyor president:

Muchas gracias.

Tiene la palabra la señora Mónica Álvaro.

La senyora Álvaro Cerezo:

Com qualifica vosté que Â«se dictase la resolución del procedimiento del restablecimiento económico en el contacto de creación y puesto de exposición de la conselleria de BenestarÂ», per la qual es revisen els preus a l'alça, en data 27 de març del 2007, quan ja s'havia dictat sentència i a solament tres dies de que es notificara eixa sentència, la sentència 417, a la conselleria?
És a dir, creu vosté que la decisió política ja s'havia pres, donat que va haver-hi una revisió de preu abans que se notificara formalment la sentència?

Per altra banda, abans jo li havia preguntat si creu que Savia, associada de vosté, va rebre tracte de favor per part de la conselleria.
Vosté m'ha contestat que la seua empresa no va rebre eixe tracte de favor per part de la seua conselleria, però jo li pregunte novament, com a president en una associació en què està Savia, si Savia va rebre tracte de favor de la conselleria.

I jo també li insistiria, com el meu company, en els temes dels incompliments en els plecs de condicions que se van incomplir reiteradament: estem parlant d'ubicació en municipis, estem parlant de concursos que van quedar deserts i que s'adjudicaren a Savia directament, estem parlant de millores en personal que mai se van executar, i si això se va tractar en algun moment en el si de la seua associació.

Per altra banda, quan li ha preguntat per les reunions amb càrrecs, vosté no ha mencionat ningú, però diu que té tot el registre d'entrada, i sí que m'agradaria que facilitara -ja li ho demanaré formalment- a esta comissió els registres d'entrada als que vostés (inintel·ligible) …, en el qual supose que ja concretarem noms i persones i càrrecs amb els quals vostés se reunien formalment.

Gràcies.

El senyor president:

Muchas gracias, señora Álvaro.

El senyor Penadés Bellot:

La sentencia a la que hace usted referencia no sé cuál es exactamente.
Yo sé que hubo una revisión de precios cuando entró en vigor la nueva orden del año 2005, la de diciembre de 2005, porque se incrementó el personal que tenía que haber en las residencias.

Las posteriores revisiones de precios siempre -yo le hablo desde nuestra empresa- en Solimar siempre han sido por sentencia judicial, porque siempre la negaron…, es más, hasta incluso después de haber varias -porque fuimos varias empresas las que recurrimos judicialmente- después de haber varias sentencias, que el criterio de la sala era clarísimo sobre cómo aplicar ese incremento de precio, siempre expresamente era denegado y siempre recurríamos.
Se lo digo porque, no sé a cuál se refería usted, pero normalmente se procedía así.

La senyora Álvaro Cerezo:

(Inoïble) … la Resolució del 27 de març del 2007 de restablecimiento económico.

El senyor Penadés Bellot:

No lo sé, no lo sé, no lo sé.

Respecto al tema de Savia, del incumplimiento o el trato de favor, nosotros -yo vuelvo a insistir-, en los temas de la asociación, nunca tratábamos los temas particulares de nadie y, que yo sepa, las reuniones las teníamos todos, o sea, todos con los responsables.
Yo creo que un trato de favor no ha tenido ninguna de las empresas nuestras.
Y, de hecho, hemos ido todos conjuntamente; la legitimación activa ha sido la misma por parte de todos, hemos recurrido conjuntamente, quiero decir que…, y las reuniones las hemos tenido todos y las hemos solicitado todos.

El senyor president:

Muchas gracias.

Señora Andrés, tiene la palabra.

La senyora Andrés Sanchis:

Gracias.

Me gustaría, por favor, que me confirmara si esas afirmaciones que hace en su escrito, en la resolución, como le he comentado, del año 2012, el secretario autonómico de que el índice de ocupación de las plazas de sus residencias, de las que usted representa, era de un 90% y llegaba hasta incluso a un 98%, si es cierto.
Y si tienen ustedes base documental que justifique ese perjuicio económico que decían que estaba operando en las empresas del sector.
Según los datos que nosotros manejamos estamos hablando, como le he dicho, de un índice de alrededor del 25% de EBITDA.

También quisiera que, por favor, me dijera…, usted ha dicho que las obligaciones de las empresas adjudicatarias eran el cumplimiento de los requisitos del pliego.
.
.
Más allá de lo que han comentado los compañeros que me han precedido, ha hecho usted mención a lo que era el cumplimiento de la plantilla de personal, que parece ser que justificó ese incremento de precio a 56 euros, por cierto, distinto al del primer tercio; tampoco me ha contestado usted por qué esa diferencia de precio.

Mire, el señor Martínez afirmaba, Â«consta acreditado el incumplimiento por parte de un gran número de centros de accesibilidad de las obligaciones contraídas en el contrato, especialmente en lo referente a personal y mejorasÂ».
Esto que dice el señor Martínez yo se lo voy a confirmar simplemente con un acta de inspección.
Hay muchísimas, pero yo le voy a decir una.
En un centro en particular y con lo que respecta a personal decía: Â«Faltan 15 horas a la semana de médico, 15 horas a la semana de psicólogo, 7 de fisioterapeuta, 13 de Tasoc, 14 de asistentes sociales, hay 18 auxiliares y debería haber 30.
Además, tampoco está la supervisora del centro de día; incumplen el 25% en cuanto a las habitaciones individuales, que las han convertido en dobles.
Hacen caso omiso a los requerimientos de la inspección, mantienen personal sin titulación, en algunos casos, de doce ATS, solamente siete tenían titulaciónÂ».
¿Piensa que eso es cumplir con las obligaciones del pliego?

Por otra parte, también usted ha mencionado que tenían, con respecto a las cláusulas de exclusividad, varios informes elaborados por Cuatrecases -creo que ha mencionado-, también Garrigues y Baño, por favor, ¿sería posible que facilitara estos informes a esta comisión, si no tiene inconveniente?

Y también quisiera preguntarle a usted si, por parte de las residencias Savia, que en el 80% de su puesta en marcha incumplieron los plazos, de acuerdo con el cumplimiento que usted ha referido del pliego de condiciones, si le parece razonable que solicitara ese incremento de precios, que ganó por sentencia; pero, ¿qué opinión tiene usted de que la conselleria no recurriera esa sentencia?
¿Considera que en materia de actualización de precios Savia se benefició de un trato favorable por parte de la conselleria?
Ya me ha dicho que no se generó ningún tipo de malestar en Aecas.

A continuación, por este mismo camino continuaron otras empresas también de accesibilidad y esto, ¿podríamos decir que supuso unos beneficios extraordinarios de más de diez millones de euros, esta cifra podríamos afirmarla?

Y, por último, tras las grabaciones de la UDEF, y después de todo lo que ha sabido, muchos pensamos que hubo un presunto negocio planificado y ejecutado con los centros de atención a las personas mayores, en los que tenemos dudas de que se garantizara la calidad de la atención.
En algunos casos, cierta connivencia o presunta connivencia entre algunas empresas y responsables políticos del PP; en algún caso el sobrino pedía y el tío concedía.
¿Qué piensa usted de estas grabaciones de la UDEF?
¿Las ha visto en los medios de comunicación?

El senyor president:

Gracias, señora Andrés.

Cinco minutos.

El senyor Penadés Bellot:

La contestación de Joaquín Martínez, del tema de la ocupación.
Yo le hablo de Solimar…, nunca, nunca hemos tenido esas ocupaciones tan altas, y menos en esa época.
Yo entiendo que Joaquín Martínez hace un alegato jurídico de lo que él entiende que…, un razonamiento jurídico por el cual no tiene que conceder lo que nosotros le solicitamos, pero la ocupación…, a mí me parece en ese escrito que es un juicio de valor; nosotros nunca hemos tenido esas ocupaciones tan altas.

En cuanto al incumplimiento del pliego de personal, no sé qué residencia es, pero yo le puedo hablar de las nuestras, y siempre con la inspección ha habido algún matiz de interpretación -si un señor era prestación directa, indirecta- pero no con esas cantidades tan elevadas de personal.
Y, desde luego, yo considero que todas las empresas -o, por lo menos, yo le hablo de la mía- cumplimos con los pliegos y con las obligaciones dimanantes del contrato de accesibilidad.

Los informes…, hay varios informes, pero es que hay varios informes hasta de la propia Generalitat.
A lo largo de estos dieciséis años, ha habido momentos en que la asesoría jurídica de La Generalitat ha defendido esa cláusula de exclusividad y esa aplicación de la cláusula de exclusividad.
Tan es así que el órgano, el Consell Jurídic Consultiu, en su informe, lo que hace es defender esa cláusula de exclusividad, porque entiende que ese alcance es posible, porque ya existía desde el principio, desde el origen, desde la propia licitación.
Nosotros…, el informe este de José María Baño, en la propia demanda, que la hace Cuatrecasas con un exmagistrado, defiende esa cláusula de exclusividad.
Yo les puedo hacer traer los informes que consideren oportuno.

Y en cuanto a los incrementos de precio, nosotros siempre hemos reclamado judicialmente el incremento de precios, y siempre el tema de la sala…, hubo un momento que consideró oportuno no aplicarlo de ese modo, y luego posteriormente la sala en pleno de la sala del TSJ se reunió y dijo que el criterio tenía que ser ese y así se aplicó, y nosotros reclamamos.

Y en cuanto a ese incremento de precios, ¿es un beneficio extraordinario?
Yo entiendo que no.
Yo entiendo que si tienes una sentencia firme del TSJ y te está reconociendo un derecho, pues es lo que nos correspondía desde el origen, vamos, entiendo yo.

El senyor president:

Muchas gracias.

La señora Bernal tiene la palabra.

La senyora Bernal Talavera:

Voy a hacerle alguna pregunta que no me ha contestado y me gustaría que me contestara.

La primera es: ¿qué requisitos se les exigían a las empresas que se presentaron para poder ser adjudicatarias en aquel pliego de 2001?

Y si nos podría confirmar si las empresas constructoras que se presentaron al concurso iban acompañadas por una empresa especializada en atención a mayores.
Si es así, si me lo confirma, ¿me podría decir qué empresas de servicio acompañaban al grupo Savia?

Y, por último, por la información que yo tengo, ¿hubo incidencias con más empresas o solo con Savia?
, a nivel…, en tribunales, recursos y sentencias.

El senyor president:

Muchas gracias, señora Bernal.

Tiene la palabra.

El senyor Penadés Bellot:

Los requisitos que tenían que tener las empresas entiendo que eran los requisitos que se le exige normalmente a cualquier contratista con la administración: estar al corriente del pago, tener una serie…, bueno, el pliego reconocía una serie de circunstancias subjetivas de las empresas, y luego la oferta que hacía, la oferta económica, los emplazamientos… Uno de los…, que eso lo hemos defendido siempre, una de las apreciaciones por parte de la administración para dar más puntos o menos puntos era la dispersión de las residencias en distintos municipios de interior, porque, si no, era muy complicado que se hubieran podido construir residencias en municipios de interior.

Normalmente, las empresas, en mi caso, las empresas constructoras iban acompañadas siempre de una empresa especialista en materia geriátrica.
Y en cuanto a incidencias con más empresas, a ver, a lo largo…, incidencias es que no sé a qué se refiere.
Todas las empresas, en un momento dado, con el tema de los precios, por ejemplo, acudieron a los tribunales porque creían que era un derecho que tenían que ejercer y lo ejercieron, y luego creamos la asociación para los temas estos de la interpretación del segundo tercio.
Pero, vamos, incidencias…, cada uno…, yo desconozco si Savia, La Saleta, Novaire…, desconozco las interioridades de cada una de las empresas.
Cuando nos juntábamos todos era para temas que eran comunes para todos, que eran los temas judiciales que llevábamos abiertos con los contenciosos.
(Remors)

La senyora Bernal Talavera:

¿Qué empresa acompañaba a Savia de servicios geriátricos?
(S'interromp la gravació)

El senyor president:

Bien, muchas gracias a todas sus señorías y al señor Penadés por su comparecencia.

Recordarle únicamente que las diversas solicitudes que se le han hecho y que usted se ha ofrecido a entregarlas, le agradeceríamos que las remitiera a la mesa de la comisión.
¿De acuerdo?

El senyor Penadés Bellot:

Muy bien.

El senyor president:

Muy bien, pues muchas gracias a todos y a… (S'interromp la gravació)

Es a la una.
Si estuviera la compareciente y todos están de acuerdo, iniciaremos antes; si no estuviera, no queda más remedio que esperar hasta la una, evidentemente.

Muchas gracias.

(Se suspén la reunió durant uns minuts)

 Compareixença del senyor José María Moreno Peñas, president d'Aerte

El senyor president:

Señores diputados.

En primer lugar, quisiera agradecer, en nombre de todos, al señor Moreno el haber accedido a que pudiéramos comenzar antes, en lugar de empezar a la una, tal y como estaba previsto.

A continuación, por lo tanto, ya voy a pasar la palabra al señor César Jiménez, del Grupo Podemos, para que realice la pregunta por un tiempo máximo de tres minutos.

El senyor Jiménez Doménech:

Gràcies, senyor president…

El senyor president:

Discúlpenme, que se me ha pasado un momento procesal.

Quiero informarle al compareciente de que en esta comisión de investigación a través de la que el parlamento ejercita su función de control político…, que debo indicarle, además, que la información que ofrezca a esta comisión debe de ser veraz, conminándole a que debe de ajustar su declaración a esta premisa, por estar penalizado el falso testimonio en el artículo 502 del Código penal.
Finalmente, debe saber también que la mesa de la comisión y concretamente esta presidencia garantizará el respeto a su derecho a la intimidad y al honor, al secreto profesional y la cláusula de conciencia y los demás derechos que la Constitución le reconoce.

El señor Jiménez.

El senyor Jiménez Doménech:

Ara sí.
Gràcies, senyor president i gràcies, senyor Moreno, per vindre a esta comissió.

La primera pregunta és si pot explicar-nos breument en què consistix el concurs d'accessibilitat de les 9.
000 places.
Breument o amb tot el detall que vosté vullga.
Després, al nostre parer, el modelo Cotino va provocar el tancament de residències del sector de la tercera edat, com a conseqüència, segons declaració de diversos…

El senyor Moreno Peñas:

No soy valenciano y el valenciano, aunque llevo muchos años aquí -he vivido en Orihuela en Alicante-… y el valenciano, aunque muchas cosas las entiendo, por si algo se me escapa…, yo le rogaría, simplemente porque no…, creo que lo voy a entender…, pero por si acaso hay algo, yo le pediría…

El senyor Jiménez Doménech:

Bé, jo li pregue també…, yo le ruego también la misma consideración porque a veces me cambiaré al valenciano.

El senyor Moreno Peñas:

Sí, sí, sí; no hay problema, no hay problema.
Es por si no entiendo algo y me lío.

El senyor Jiménez Doménech:

Muy bien.
Bueno, pues, como le decía…, la primera pregunta la habrá entendido.

El senyor Moreno Peñas:

Sí, sí.
Perfectamente.

El senyor Jiménez Doménech:

La segunda es si el modelo Cotino, a su parecer, provocó el cierre de residencias del sector de la tercera edad, tal como reflejan las opiniones de algunos portavoces de Aerte, que decían que se cerraron más de veinte centros y que se destruyeron 1.
200 plazas, por tanto, y, a consecuencia de ello, 600 puestos de trabajo.

Cuando se acordó el segundo tercio para las residencias de accesibilidad, ¿existían plazas vacantes en las residencias de Aerte o existían plazas públicas de la Generalitat valenciana o de empresas municipales o del resto del sector?
Parece ser que, según lo que dicen los medios, sí, existían alrededor de cuatro mil plazas.

¿Se negaba de forma reiterada el derecho de elección de centro de los usuarios?
¿Se resolvían los expedientes por orden de antigüedad?
¿Las empresas que participaron en el contrato especial cumplieron los plazos y obligaciones del pliego, las que venían contempladas en los pliegos?
Y, de haber sido los plazos distintos y las condiciones del pliego que después hemos conocido que se incumplieron, ¿cree usted que otras empresas, aparte de las asociadas en Aecas, hubieran participado en el modelo Cotino?
¿Tiene constancia de que se incumpliera incluso en algunos casos la localización donde debían construirse las residencias?

Muchas gracias.

El senyor president:

Muchas gracias.

Tiene usted la palabra.

El senyor Moreno Peñas:

Bien, muchas gracias por haberme invitado a esta comisión.

La verdad es que desde Aerte teníamos muchas ganas de, por fin, poder venir a un sitio donde se nos escuche y poder transmitir todo lo que llevamos, como patronal de la dependencia, sufriendo -creo que es poco, si utilizo la palabra sufrir- durante todos estos años.
Estamos hablando de que esto empezó en 2001; estamos en el año 2016, y yo creo que si alguien ha estado denunciando todos estos hechos hemos sido Aerte y, por fin, me es muy grato poder venir a explicar lo que hemos sentido y lo que ha pasado durante este período.

Yo, si me permite, como primera intervención voy a hacer su primera pregunta, el concurso de accesibilidad social, ¿en qué consistía?
Es el único punto…, creo que me voy a alargar un poquito más.
Voy a intentar que sea breve, y le voy a contestar ya a muchas de las preguntas que me está haciendo.

El concurso de accesibilidad social fue un concurso… Salió en el año 2001, por el entonces conseller Blasco, que consistía en la construcción de 9.
000 plazas residenciales de tercera edad de nueva creación, (so d'un telèfon mòbil) es decir, no se podían incorporar al concurso centros que ya estuvieran funcionando, sino que tenían que ser centros de nueva creación.
Era un concurso con unas características muy especiales…, tenía unas características muy especiales este concurso.

No salieron todos los que estábamos en este sector, y seguimos estando gracias a Dios.
Nos llamó mucho la atención, porque era un concurso en el cual tenías que presentar en un mes, en treinta días de plazo…, justificar la propiedad de un terreno, la propiedad, ya sea un alquiler o ya sea…, pero que el terreno era tuyo, y además un proyecto de obra, en treinta días.
Eso es realmente complicado.
Las empresas privadas que entiendo que se presentaron fue porque estaban construyendo plazas.
Este modelo era para 9.
000 plazas y poner a disposición de la administración hasta un tercio.
Hasta un tercio.
Lo dice claramente tanto el enunciado como en el pliego de interior.
Hasta un tercio de las plazas para ser concertadas.
Era el máximo que se ponía a disposición de la administración.

Tenía tres pilares fundamentales este concurso.
Uno de ellos es el poner a disposición de la administración un tercio.
Otro de ellos era el precio, el precio era 38 euros al día por plaza.
Y el tercero es el plazo de ejecución; en tres años tenían que estar los centros no ya acabados y construidos, sino funcionando.
O sea, lo que dice el pliego es que en tres años tenían que estar funcionando, y además es que es una cláusula de extinción de contrato la no puesta en funcionamiento del centro en el plazo requerido.
Estos eran los tres pilares… (Algú diu: Â«Acuérdate de las zonas.
Â») Sí.
Además había diez zonas.
La Comunidad Valenciana se dividió en diez zonas, y había diez zonas en las cuales había que construir los centros; venían el número de plazas dividido por cada zona.

Estas condiciones, que eran los pilares que entendemos del concurso…, en aquel momento las condiciones del concurso eran pésimas, malas; 38 euros al día para la construcción de un centro en aquel momento; el precio del bono era superior, y era limitado para los servicios que se exigían.
Claro, 38 euros al día, con tres años de ejecución de un contra…, o sea, en tres años había que tener el centro construido y funcionando, con unas características que pedían en el pliego.
Además, la administración a lo único a lo que se comprometía era a que se le pusiera a su disposición un tercio de las plazas, pero no se comprometía a nada, no se comprometía ni a llenarlas, ni a pagar estancias vacantes.
Lo único a lo que se comprometía el licitador era a poner a disposición hasta un tercio de las plazas.

La administración no se comprometía en este concurso ni a pagar estancias vacantes ni siquiera a llenar las plazas: si no hay presupuesto, no llenaba las plazas.
Entonces, claro, el concurso…, la mayoría de las empresas privadas que había en el sector no concursaron, y, si concursó alguna -insisto: unas porque no podían y otras porque eran unas condiciones nefastas- era porque estaba teniendo un centro y por lo que fuera les interesó, pero, si no, era, desde luego, en todo punto inviable en treinta días hacer un proyecto un arquitecto y tener los terrenos preparados en treinta días.

Ese es el concurso en el 2001.
En el 2001 la sorpresa sigue para los que estábamos expectantes atendiendo a todo esto y es cuando se produce la adjudicación.
Entonces nos llevamos la sorpresa de que, de 70 centros, prácticamente el 80% se le da a dos grupos grandes constructores que no tienen ninguna experiencia en el sector, concretamente a Gerocentros del Mediterráneo, que estaba formado por, aproximadamente, ocho o diez constructoras de la Comunidad Valenciana, se le dan 29 centros, sin ninguna experiencia, de los cuales llegaron a construir 29.
Su nombre comercial fue Savia.

Y al otro grupo grande, que era Sacova, filial de OHL, que todos conocemos, con la marca comercial Novaire, le dieron 19 centros, de los cuales acabó construyendo 11.
Bueno, y dejo una pregunta.
Había que presentar unas fianzas.
Nadie hemos sabido si esas fianzas…, ¿qué pasó con todos los centros que no se construyeron?
Yo sí quiero decir que todo esto, todo lo que voy a intentar ir diciendo, muchas de las cosas, las hemos ido averiguando a lo largo de los años; es decir, claro, esto, en cada momento temporal del tiempo, nos íbamos enterando de lo que podíamos.
Pero sí, ya digo, de 70 centros, 29 se dieron a una entidad y 19 a otra.

A partir de aquí, ya estamos en 2001, se han adjudicado los centros.
Empieza a pasar el tiempo, se van construyendo los centros.
Pocos.
2001, 2002, 2003.
El plazo de ejecución de los tres años acaba en 2004, y en ese momento, vamos a ver, vamos a la administración y decimos que el plazo ha acabado, que, lógicamente, los centros que no estén ya funcionando pues deben de salir, y si cree que necesitan las plazas, porque se estaba construyendo en aquel momento en la Comunidad Valenciana más de 6.
000 plazas…, el sector privado construyendo, con lo cual eso no se había previsto, no quiso o no se tuvo en cuenta…

Se sacaron 9.
000 plazas que sí que es verdad que hacían falta, pero no se tuvieron en cuenta 6.
000 que se estaban construyendo.
En el 2004 ya, evidentemente, había muchos más centros abiertos.
Aerte nos dirigimos a la administración para decir que ese concurso ha acabado, el plazo ha acabado.
Son los tres años, el plazo ha acabado; pues bien, los centros que no estén funcionando no deben seguir en este programa.
La administración dice que no, que por interés general -que es lo que siempre pasa-, por interés general se renuevan.
Entonces decimos: Â«Bien, si por interés general se renuevan aquellos centros que estén en construcción -que lógicamente tengan la estructura ya hecha, o en un nivel avanzado de construcción-, perfecto, no tenemos nada que decir.
Pero los centros que no hayan empezado, los centros que no tengan ni una sola piedra puesta, ¿cómo van ustedes a renovar, si no han empezado a construir?
Â».
Pues sí se renovaban: se renovaban en 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Hasta 2008 se siguieron poniendo en marcha centros en este programa, cuando había acabado en el 2004.
La mayoría de los centros entre 2007, ¿eh?
No hablo de 2004, 2005, no: la mayoría a partir de 2007.

Esto pasa así.
Llega el año 2007, concretamente el grupo Savia…, hay una cláusula en el pliego en la que dice que se renovará el precio a partir de 2004, que es cuando se pondrá en marcha el concurso.
Dice que no, que le corresponde desde el principio, desde el inicio la renovación de precio.
Demanda a la administración y lo gana.
Y la administración, inexplicablemente, no recurre.
No lo recurre.
Esa sentencia que pierde y que gana este grupo de empresas no se recurre.
Y la sentencia se hace firme.
Entonces, este grupo tiene un precio mayor, porque no se le empieza a renovar el IPC desde el 2004, sino anteriormente.

Esto en 2007.
Aquí es cuando sale -esto es muy importante- en ese juicio, en esa demanda, aparece, nosotros nos enteramos de que hay un informe por ahí de una interpretación de las cláusulas del contrato por el señor Blasco, que aparece en esa demanda, donde interpreta varias cláusulas del contrato.
A eso ahora intentaré hacer referencia, porque ese único documento es en el que se basa todo para luego llegar a concertarles hasta el 100% de las plazas.
Pero, bueno, ahora volveré a él.
El hecho está en que en 2007 se les aumenta el precio, pero, además, inexplicablemente, también dicen que pierden dinero todas las empresas de este programa y por desequilibrio económico la administración le sube un 8% el precio.

Entonces, claro, el resto del sector vamos asistiendo, nos vamos enterando de cosas… Decimos: Â«Pero, hombre, si los concursos son a riesgo y ventura del que participa; si usted pierde dinero, oiga, pues haberlo pensado, como tantos otros.
Â» Pero, claro, si resulta que ahora estamos en el 2007, hay unas condiciones de un concurso que a muchas empresas de esta comunidad no les ha interesado, no han querido concursar, pero, claro, porque hay tres años para construir unos centros, que ahora los tres años son ocho; y, hombre, hay un precio, y ahora ese precio se sube un 8%, hombre, pues a lo mejor muchas empresas sí que hubieran concursado.
Claro que hubieran concursado.
¡Qué duda cabe!
Las condiciones se han modificado.
Se han modificado los pilares de un concurso.
No se ha interpretado nada; se ha modificado.
Cuando yo subo un precio lo modifico.
Cuando yo doy tres años para construir y lo convierto en ocho, lo modifico.
Qué duda cabe.

Pues nos encontramos ya en el 2007 que, además, se sube el precio, y se continúa abriendo los centros.
A partir de ahí cambia la conselleria, llega el señor Cotino, como conseller de Bienestar Social, algo que tampoco hemos entendido mucho.
Bueno, no mucho: nada.
El que un conseller cuya familia tenga intereses directos en un sector sea el conseller cuando su familia es la empresa que tiene veintinueve centros -le habían dado en un concurso- y el tío, sobrino, no sé, es familiar, es el conseller…, hombre, difícil de entender por el resto del sector, que desde el año 2005 en adelante estamos viendo cómo se está beneficiando a un sector y perjudicando al resto con cada acto que hace la administración.

Entonces, nos presentamos en 2008, se publica una orden -en base a ese informe al que ahora voy a ir-, se publica una orden en la que dice -eso ya estaba el señor Cotino de conseller- que a estas empresas, solo a estas empresas, se les podrá concertar hasta el 100% de las plazas, pero solo a estas empresas, que se supone que había un concurso que decía que pondrán a disposición de la administración para concertar hasta un tercio, pero lo hace únicamente esa orden en base a una interpretación del conseller Blasco, que interpreta las cláusulas…, dentro de las cláusulas del pliego administrativo dice… Perdón, voy a beber un poquito de agua porque si no… (Rient) Voy a… (Algú diu: Â«Es esto.
Â») -ya, pero eso viene después-.
Dice que la administración se abstendrá de concertar o subvencionar cualquier plaza mientras las empresas de accesibilidad tengan plaza libre.
Pero, hombre, es evidente: en el primer tercio.
Vamos a ver, si yo voy a un concurso, concurso con un tercio, de ciento veinte plazas de un centro, cuarenta las pongo a disposición de la administración, la administración no se compromete ni a pagarme estancias vacantes ni a llenarlas, hombre, si yo tengo de esas cuarenta plazas veinticinco vacías, usted no puede sacar otro concurso y dar plazas nuevas a otros señores mientras yo tengo veinticinco plazas vacías.
 ¡Qué duda cabe!
Vamos, es de sentido común.
Lo que dice el pliego.

Ahora, la interpretación del señor Blasco de repente dice que no, que eso se refiere al 100% de las plazas, que mientras que ellos más o menos -interpreta- tengan una plaza libre, no se podrá subvencionar.
Eso no lo dice el pliego en ningún lado; en ningún lado lo dice.
Y esa interpretación es una modificación del pliego, como además reconoce en la sentencia -que esa sí que la voy a sacar si la tenemos aquí-.
Sí, sí, la tenemos ahí.
Vamos a sacar el documento 18.
Documento 18.

Para retroceder un poco, a ver si consigo hacerme entender -porque yo sé que esto es complicado: son muchos años en cinco minutos-.
Cuando piden la revisión del precio, de que el IPC no se cuente desde 2004, sino desde 2001, es cuando aparece este informe, entonces… (Veus) Sí.
En esa sentencia firme…, bueno lo que dice es…, -la tienes que encontrar.
Bueno, ahora la encontraremos-.
Lo que dice esa sentencia firme -ahora si no se la encontraremos seguro- es que ese informe, esa interpretación del señor Blasco no ha pasado por ninguno de los cauces legales que tiene… Exactamente, exactamente.
(Soroll de papers) Una sentencia firme del año 2007 -estamos hablando del año 2007- del Tribunal Superior de Justicia, cuando, para justificar esa revisión de precios desde el 2001 en vez de desde el 2004, presentan esa interpretación del señor Blasco, es cuando aparece ese documento que nunca ha aparecido en todos los años anteriores.

Y si se supone que estos señores tenían este documento, ¿por qué no salió antes?
O si este documento… Hago otra pregunta: si se hubiera hecho en su momento, ¿por qué no se hizo bien?
No sé, yo entiendo que, si en su momento se hubiera hecho esa interpretación, se hubiera hecho correctamente.
Pues lo que dice, en cualquier caso, el documento suscrito por el conseller no va precedido de informe de la asesoría jurídica, ni da audiencia al contratista, ni pide informe al Consejo Jurídico Consultivo.
Dice: Â«En suma, con independencia del mayor o menor acierto jurídico del documento solo suscrito por el conseller, la omisión de los indicados trámites priva a dichas clarificaciones de la fuerza ejecutiva que afirma la administración.
Â» Es decir, en 2007 el único documento que los centros de accesibilidad o en este caso el señor Cotino para concertarles el 100% de las plazas tiene es esa interpretación del señor Blasco en el 2007, y hay una sentencia donde dice que ese documento carece de cualquier carácter ejecutivo, que no ha precedido los trámites legales que tiene que tener y que, por tanto, no le da ninguna validez.
Pues, aun así, en el 2008 se firma un acuerdo solo con las empresas de accesibilidad, donde se les concierta el segundo tercio en 2008 y el tercer tercio entre 2009 y 2010; por cierto, a 58 y a 60 euros, a un precio muy superior al del primer tercio.

Esto…, para confirmar que este documento no se tenía… Este documento es la base; la interpretación del conseller Blasco sobre las cláusulas es la base que nos ha llevado aquí hoy, la base que se supone que tienen los centros de accesibilidad para llegar adonde estamos hoy.
En el año 2006, Aerte, la presidenta de Aerte que había en ese momento, preocupada porque ya se estaban abriendo varios centros de accesibilidad…, convivía con el bono residencia, que era la plaza que siempre ha habido en esta comunidad y que tenían el resto de centros privados, manda un escrito al entonces director general donde le pregunta por la situación del bono, que qué repercusión va a tener la plaza de accesibilidad que van abriendo con el bono, y está preocupada por la supervivencia del bono.

Pues bien, en el año 2006 el director general -luego fue secretario autonómico- le contesta -que aquí tenemos el escrito; este escrito sí está con registro de salida y como tiene que ser-, le contesta que no hay ningún problema, que de las 9.
000 plazas que se iban a construir en principio solamente se construyeron 6.
500; de los centros que se iban a construir solamente son 52, y de las 3.
000 plazas de accesibilidad social que iban a quedar a disposición de la administración, solamente tendrán consideración de plaza de accesibilidad social 2.
200.
2.
200.
Esto en el 2006, ¿eh?

Entonces le dice, además, que no hay ningún problema con el bono, que va a seguir existiendo el bono residencia y que además ha creado dos programas nuevos con el bono, que son el bono respiro y el bono centro de día, y que por la salud del bono residencia no tenemos ninguna preocupación, porque va a seguir aumentando.
Entonces, hombre, si hubiera en el 2006 una interpretación del conseller donde dice que no… Porque esta interpretación lo que viene a decir es que no se puede dar ninguna plaza a nadie, nada más que a ellos, mientras tengan una plaza libre.

Es decir, estos señores, con sus 52 centros, mientras tengan una plaza libre…, lo que viene a decir es que la conselleria se tiene que abstener de subvencionar ninguna plaza a nadie, pero ni siquiera a ayuntamiento, ni siquiera -qué duda cabe- a empresas privadas, ni siquiera bono residencias, prestaciones económicas vinculadas al servicio.
Nada.
Mientras tengan una plaza libre no pueden dar ningún tipo de subvención.
Eso es lo que viene a decir ese informe, y es lo que luego demandan las empresas de accesibilidad.

Pues este señor en 2006 está diciendo (inoïble) … Lo ha firmado el director general de servicios sociales, Joaquín Martínez, que luego fue secretario autonómico, pero en 2006 era director general.
Entonces, si existiera esa interpretación, el director general sabría que no puede dar este documento, donde está generando nuevos bonos residencia.
No tendría ningún sentido.

Estamos en el 2008…, -el papelito-…, nos encontramos en el 2008 -había comentado que en el 2008 se concierta el segundo tercio, en el 2009 y 2010 se concierta el tercer tercio a 58 y 60 euros, un precio muy superior del que había en ese momento-.
A partir de ahí, Cotino sale de conseller, viene el señor Cabré, y hay una crisis económica, con lo cual tienen imposibilidad de llenar el tercer tercio, como habían firmado en un acuerdo de intenciones, o un acuerdo de protocolo de colaboración, o lo que fuera, lo que se había firmado entre conselleria y estas empresas.

El segundo tercio ya estaba lleno, retirando a muchos usuarios, a muchos dependientes, de los centros privados -porque tenían PVS, pero, al no recibir ayuda, al final el usuario, el dependiente, lógicamente, aconsejado por las trabajadoras sociales de los equipos base, lo que hace es pedir una plaza concertada para que le den la ayuda, porque en tres años no concedían ninguna PVS, pero, sin embargo, sí concedían las plazas concertadas.
Al final, los dependientes pedían una plaza concertada y se vaciaban los centros privados.
No entraba nadie con subvención, porque no había ninguna ayuda, nada más que para ellos, y, además, los que había que acababan pidiendo plaza pública, porque era la única forma de conseguir una ayuda que tenían.

Como el tercer tercio no se cumple -pero no se cumple porque no hay dinero, no hay presupuesto económico- estas empresas, no conformes con que de 70 centros el 80% se resuelva a favor de ellos, con que se les suba el precio un 8%, con que se les suba el IPC, con que de tres años se les dé ocho años para construir, con que de un tercio tengan dos tercios-era poco; parece ser que era poco-, entonces, como el tercer tercio no se ocupa, demandan a la administración.
Estamos hablando de 2009 y 2010.
Demandan a la administración por incumplimiento de acuerdo o lo que fuera.

En aquel momento en Aerte, cuando nos personamos en esos contenciosos, como no responde la administración, presentan una segunda demanda por responsabilidad patrimonial, y en ese momento se produce una resolución del entonces secretario autonómico Joaquín Martínez -que ya no era director general, era secretario autonómico-, que es demoledora para ellos, donde les dice que no tienen ningún derecho de exclusividad, que es lo que ellos dicen: ellos defienden siempre que tienen derecho de exclusividad sobre el resto, primero ellos el 100% de las plazas y luego el resto.
Esa resolución sí que es una resolución y les viene a contestar a las demandas y les dice que no tienen ningún derecho de exclusividad, que si alguien se ha favorecido durante todos estos años han sido ellos y viene lógicamente a decir que no tiene ninguna obligación de llenar ese tercer tercio.

A partir de ahí viene una tercera demanda, que es en contra de esta resolución, y se producen hasta.
.
.
, un montón de demandas que se han ido produciendo, donde Aerte siempre hemos estado personados a favor de la administración, por decirlo de alguna forma, en contra de que se les diera el tercer tercio.

Entre medias de todo esto parece ser que ha habido intentos de acuerdo, donde decían: Â«Bien, renunciamos al tercer tercio a cambio de que nos consoliden el segundo y, además, a cambio de que nos renueven diez años más, y ya nos den la prórroga y además a cambio…Â».
Y Aerte siempre ha dicho: Â«No, no, no; no hay ningún acuerdo, si al final ganan los tribunales tienen derecho de exclusividad, tendrán derecho a tres tercios, a dos no pueden tener derecho: o a uno o a tres.
Â» Nosotros defendíamos a uno, ellos defendían a tres.
Pero al segundo tercio no tienen derecho bajo ningún concepto porque no se ha licitado, no ha salido a concurso.
Es lo que nosotros hemos defendido siempre.

A partir de ahí, no se les da el tercer tercio, pero el segundo tercio lo tienen y se les van reponiendo las plazas.
2011, 2012, 2013.
Ya casi estoy al final.
Estamos (rient) en diciembre de 2013.
Y se publica la ley de emprendedores.
Esta ley de emprendedores lo que viene a decir es que no se les puede seguir contratando anualmente, ese contrato que se hacía unilateralmente entre la conselleria y las empresas, donde anualmente les iban, renovando no, dando forma legal a ese segundo tercio, por decirlo de alguna forma.

La ley de emprendedores va en contra y tendrán que buscar otro sistema, sacarlo a concurso público, a acuerdo marco, lo que sea, pero no pueden seguir así.
Entonces, bien, en Aerte volvemos a insistir en que tiene que acabar ese segundo tercio.
Porque por interés general se va renovando, se va renovando.
Estamos en el 2014, ya ha salido la ley de emprendedores y Aerte volvemos a decir que bien, que si por interés general esos dependientes deben estar en los centros, no vamos a hacer lo que nos han hecho a todos los centros privados, que ha sido llevarnos a los dependientes de los centros a sus centros, porque no tenían forma de conseguir una ayuda.
Nosotros decimos que lo que no podemos hacer es llevar a los dependientes de un lado a otro, los que hay, que se queden.
Evidentemente, que se queden; no vamos a decir ahora que vuelvan.
Los que quieran, sí; si alguno quiere volver, por supuesto.
Pero los que hay, que se queden.
Pero ni una plaza nueva más; no renueven ni una plaza nueva más: pues se seguía renovando plazas.
Plaza vacante, plaza nueva.
Hablamos del segundo tercio, no del primero.

Aerte manda un escrito a las direcciones territoriales porque eran los que firmaban las plazas, donde les mandamos copia, que no tenían ni idea, del informe -hay un informe de la abogacía donde dice que eso no tiene ningún sentido y que es totalmente irregular… (Algú diu: Â«Acuérdate de esto.
Â») Sí, el informe…, y de la Junta Superior de Contratación posterior donde dicen que ese contrato que se está haciendo anualmente no tiene ningún sentido y que tiene que desaparecer-.
Les mandamos esto a los directores territoriales, diciéndoles que están firmando plazas nuevas, que bajo qué soporte -porque ya no hay contrato; en el 2014 ya no hay contrato, pero se siguen renovando las plazas; se paga por enriquecimiento injusto, sin soporte jurídico, pero se siguen resolviendo plazas nuevas-… Entonces nosotros estamos diciendo que no puede ser.

Vamos a las direcciones territoriales, les mandamos el escrito y parece ser que se niegan.
Nos llama, nos cita el secretario autonómico, muy indignado: que cómo mandamos ese escrito, que se están negando los directores territoriales a firmar nuevas plazas.
Nosotros volvemos a decir que en base a qué soporte legal lo están haciendo.
Vuelven a decir interés general: interés general, interés general.
Decimos: bien, si es por interés general, ¿por qué no se resuelve en todos los centros de la comunidad, en todos los centros acreditados?
Si usted tiene que dar una plaza -ya no hablamos del primer tercio-, si tiene que dar una plaza por interés general, póngale a disposición de esa persona dependiente todos los centros acreditados de la comunidad.
El mismo soporte legal tendrá -estamos hablando de 2014- que dárselo en un centro de accesibilidad en el segundo tercio, que no tiene ningún soporte legal, o dárselo en un centro privado al que el dependiente quiere ir, en su casa, al lado de su hija o donde a él le dé la gana, pero respete la libre elección del usuario y que el usuario decida.
Pues se siguen reponiendo plazas en el segundo tercio, se siguen sin conceder PVS todo el año 2014.

Llega el año 2015 -y estoy acabando-, elecciones, cambia el grupo, y estamos convencidos de que va a durar un mes el segundo tercio.
Va a durar un mes.
Pues no duró un mes, dura prácticamente un año.
Y se siguen reponiendo también.
Con el nuevo equipo se siguen reponiendo de forma inexplicable las plazas del segundo tercio.

Nosotros seguimos diciendo que si es por interés general…, y que por supuesto que el dependiente tiene derecho a que se le dé una plaza si así lo quiere, pero que pongan a disposición todos los centros acreditados de la Comunidad Valenciana, no solo los de accesibilidad, que no tiene ningún soporte legal.
Pues tampoco se nos escucha.
Tampoco se nos escucha.
Hasta que en febrero sale la sentencia, por fin -estamos hablando de 2008 y estamos ya en 2016- sale la sentencia donde nos da la razón, dice que no tienen ningún tipo de exclusividad, que tienen que sacar algún tipo de concurso o acuerdo marco, pero que ese segundo tercio es insostenible.

A partir de ahí, volvemos a hablar con la administración.
Sí que ya no se van a reponer las plazas del segundo tercio, pero sí las del primero.
Pero, vamos a ver, si el segundo tercio es irregular y ya está claro, si esas personas no pueden estar ahí, pero por interés del dependiente, por supuesto, no vamos a llevarlos ahora a otro tipo de centros, lo que debe hacer la administración es que esa situación se mantenga el menor tiempo posible, el menor tiempo posible con el bien de los dependientes.
Si hay un primer tercio y tiene una plaza vacante, que se sustituya con una plaza del segundo.

El dependiente no se entera, es un proceso administrativo, simplemente.
En el mismo centro, como tengo ciento veinte plazas, cuarenta el primer tercio, cuarenta el segundo, si se produce una vacante en el primer tercio, oiga, cúbrala con el segundo, no lleve una plaza nueva a ese primer tercio, y cúbrala con el segundo y tardará la mitad de tiempo y el segundo tercio desaparecerá y ya veremos qué hacemos, pero desaparecerá en la mitad de tiempo, que es algo regular, pero no dé usted plazas nuevas en el primero.
Tampoco parece ser que se nos escuche.
Parecer ser.
No sé al final qué va a salir, pero la intención es seguir renovando el primer tercio -tampoco lo entendemos; tampoco lo entendemos, porque perfectamente se puede reponer con el segundo tercio dentro del mismo centro y el dependiente no se va a enterar, no se va a enterar absolutamente-.
Y es como estamos a día de hoy.
Creo que he respondido muchos años en poco tiempo, no sé si…, he intentado ser lo más didáctico que soy capaz, y he respondido a muchas de sus preguntas, voy a ver si me queda alguna… (Remors)

Sí, el cierre de centros.
Perdona, quería ser muy breve.
En cuanto al cierre de centros, lo hemos dicho, se han cerrado muchos centros durante este tiempo.
Muchas empresas privadas han sobrevivido; aunque no hayan cerrado, desde luego lo han pasado y lo están pasando muy mal.

Por ejemplo, le voy a poner ejemplos de empresas grandes, medianas y pequeñas: en Santa Pola, Ballesol también ha cerrado un centro, Sanitas, Muchamiel… En Santa Pola, por ejemplo, dentro de las plazas -que me hablaba también de ello como pregunta- había diez zonas, pero dentro de las zonas se ha hecho lo que se ha querido.
Aquí había una adjudicación que se le ha dado a una empresa para hacer un centro en tal sitio y se ha hecho donde le ha dado la gana.
No sé por qué también; por interés general será.

Por ejemplo, en El Puig hay dos centros de accesibilidad en el mismo pueblo; uno en mitad del campo, que parece ser que se hizo una rotonda para poder acceder al centro, y una carretera, pero bueno… Todo esto son…, si había un pliego y una resolución en donde se dice dónde tienen que estar los centros, ¿por qué se han hecho donde se ha dado la gana?
Pero, por ejemplo, el centro de Santa Pola…, me consta que tenía más plazas de las que tenía que tener; un centro privado que hay en Santa Pola, cerró.
Ya le digo, Ballesol, Sanitas.
Muchos.
Pongo a disposición toda la documentación que tiene Aerte para mandársela después, porque claro, no podemos tener aquí todo.
Pero centros que se han cerrado, hay muchos claro que sí… (Remors)

Plazas vacantes existían y existen, en aquel momento 4.
000 y ahora más de cuatro mil.
En el sector privado cuando se les concertó el segundo tercio, que es la pregunta que me ha hecho, había más de cuatro mil plazas -y creo que hay, seguro que tiene que haber notas de prensa, porque lo hemos dicho por activa y por pasiva cada vez que hemos tenido ocasión-, más de cuatro mil plazas privadas vacías en la Comunidad Valenciana.
Porque, insisto, mientras se generaba el programa de accesibilidad general, en la Comunidad Valenciana entre el año 2001 y 2004 se estaban construyendo 6.
000 plazas privadas.
(Algú diu: Â«¿Es municipales sinónimo de privadas?
Luego, si se negaba la forma de elección a los usuarios.
Â»)

Se negaba la forma de elección a los usuarios, por supuesto.
Es decir, un usuario, por ley -además hay una sentencia que lo avala-, tiene derecho a decidir dónde quiere que se le atienda, con lo cual puede pedir una plaza concertada solamente en los centros concertados; lógicamente eran ellos nada más, en el resto de la comunidad no había ningún centro concertado, o una PVS, que era el tipo de prestación, la ayuda que le daba la administración para poder ir a un centro privado.
(Algú diu: Â«Dígale que eso está en el artículo 12.
3 del Decreto 184/2011 y en el 7…Â»)

Bueno, apúntamelo y ahora digo el artículo y eso, pero eso no tiene mucho sentido.

Perdona, ¿dónde estábamos?

El senyor president:

Que si se respetaban la orden y la antigüedad.

El senyor Moreno Peñas:

Sí.
Entonces, aunque los residentes, los dependientes pedían PVS porque estaban en un centro al lado de su hijo, donde querían estar, donde estaban ellos pasaban años y no se le daba la plaza, acababan muchas personas fallecidas sin haber tenido la ayuda, y al final, cuando iban a preguntar a la trabajadora social de los equipos base, Â«¿qué pasa con mi expediente?
Â», les decían las trabajadoras sociales, Â«oiga, no pidas PVS porque no te la dan, pide una plaza privada porque te la dan en un año y aquí están sin resolver expedientes tres añosÂ», con lo cual al final el dependiente pedía la PVS.

Claro, la administración decía: Â«No, es lo que han pedido.
Â» No, no es lo que han pedido.
O sea, es lo que han pedido, pero no lo han pedido voluntariamente, lo han pedido porque no tenían otra elección.
Es decir, Â«yo quiero estar aquí y quiero que me den la PVS, pero, como no me la da, pues al final, después de ya no tener más salida, tengo que pedir una plaza concertada.
Y cuando me la dan me tengo que ir a un centro donde me dicen, pero yo quiero estar aquí, pero no puedo decir nada, porque me llevan al centro de no sé dónde, que es un centro con plazas concertadas que es donde tengo que irÂ».

Eso no es respetar la libre elección del usuario: Â«Primero me mandan donde quieren, y ¿yo lo he pedido?
No, yo no lo he pedido; o sea, lo pido, pero lo pido porque no tengo más remedio.
Â» Eso es lo que ha pasado en el 90% de los casos en los que se han ido de centros privados a centros de accesibilidad.

Orden de antigüedad…, si se respetaba, es evidente que no, porque no daban ninguna PVS, no se resolvían, mientras que las plazas concertadas se resolvían.
Entonces, había normalmente menos de un año para dar una plaza concertada, mientras que las PVS no se concedían.
En aquel momento, estamos hablando de 2011 o 2012 -y ahora, ¿eh?
, y ahora-, puede haber expedientes de hace tres o cuatro años de una PVS que está sin resolver, sin resolver, aunque la ley de dependencia habla de seis meses y, sin embargo, una solicitud de plazas concertadas que se han dado en un año, perfectamente.
Entonces, no se respeta.
Por supuesto que no.
(Algú diu: Â«Si se han cumplido los plazos y condiciones del concurso.
Â»)

Los plazos y condiciones del concurso…, creo que ya lo he contestado: estuvimos hasta el 2008.
(Algú diu: Â«Y si otras empresas hubiera participado…Â»)

Y si otras empresas hubieran participado, ya lo he dicho también: es evidente que claro que hubieran participado muchas más empresas si las condiciones hubieran sido las actuales, no las que salieron en el pliego.
(Algú diu: Â«Si hay incumplimientos en cuento a la localización de los centros.
Â»)

Incumplimientos en cuanto a localización, también muchos.
Tengo un documento -y sácamelo; el de los colorines-, porque ese es muy significativo.
(Veus) Sí.
Este es el documento de la adjudicación.
Esto lo he traído.
En rojo son los centros que no se han construido que se adjudicaron.
En rojo son los centros que no se han construido.
Y ahora en amarillo los que se han construido fuera de…, no se sabe…, o sea, sí se sabe dónde, pero no estaba en el pliego, se han construido en otros sitios, en otros sitios porque ha parecido bien.
Entonces, por supuesto que se ha incumplido.
Se han incumplido todos los pilares del centro, pero de forma reiterada.
Creo que me he excedido… (Algú diu: Â«Sí lo has respondido a todo.
Â») Sí, muy bien.
Perdón si me he excedido un poco, pero yo creo…, ahora voy a intentar ser más breve.
(S'interromp la gravació)

El senyor president:

Muchas gracias.

Tiene la palabra el señor David de Miguel en nombre del Grupo Ciudadanos.

El senyor De Miguel Martínez:

Gracias, presidente.

Buenos días, señor Moreno.
Gracias por venir y por hacer el esfuerzo de resumir quince años en unos minutos.

Mis preguntas van a ser más concretas.

Ya nos ha quedado claro que, tal y como usted ha explicado, todo este programa ha generado una desigualdad desde el inicio, vamos, con el planteamiento de los pliegos y las condiciones y cómo se planteó todo.
Pero, yendo a temas concretos, ¿las empresas miembro de Aerte, por ejemplo, han cobrado en los mismos plazos o con las mismas condiciones que las empresas de accesibilidad?
¿Se les ha dejado fuera de los sucesivos planes de pagos a proveedores que ha habido en los últimos años?
¿Se incluían en estos planes, o si le consta si se incluía en estos planes de pago a proveedores a las residencias de accesibilidad?

Por otra parte, el 31 de octubre de 2008, tanto ustedes como Lares y las residencias municipales firmaron con el conseller un acuerdo por el que el Consell se comprometía a mantener la financiación de las plazas con bonos residencia.
¿Se cumplió?
(Rient)

¿Tiene usted el conocimiento o le consta si alguna residencia de accesibilidad se haya construido en suelo público mediante la cesión gratuita del suelo durante cincuenta años?
¿Considera que es algo habitual?
Quiero decir, ¿le consta que hay empresas miembro de Aerte que hayan tenido también estas facilidades?
Y en estos casos, si considera, si tiene conocimiento de que así ha sido, que alguna residencia de accesibilidad ha tenido esta cesión gratuita de terreno, ¿considera que supone un beneficio económico añadido, para estas empresas que fueron favorecidas con la cesión?
¿Le consta incluso que haya habido cesiones de (inintel·ligible) … de suelo de la Generalitat valenciana, o sea, no solo de municipios, sino de la propia Generalitat?

Entonces, con todo esto, ¿usted considera que ha habido trato de favor -yo entiendo que sí ya (rient) por la intervención que ha hecho- que ha habido un trato de favor a esas empresas?
Pero, ciñéndonos a lo que es el suelo, la cesión del suelo, si considera que este factor -es decir, en los años en los que estamos hablando, que era de 2001 hacia acá, el precio del suelo estaba por las nubes-, si esa cesión de suelo gratuitamente debería haberse tenido en cuenta, por ejemplo, a la hora de determinar el coste de las plazas, porque suponía una ventaja competitiva respecto a cualquier otra empresa.

Y por ahora estas son las preguntas.
Gracias.

El senyor president:

Muchas gracias, señor De Miguel.

Tiene la palabra el señor Moreno.

El senyor Moreno Peñas:

Muchas gracias.

Respecto a si hemos cobrado en los mismos plazos, no, no ha sido así.
De hecho, en los primeros pagos -era el FLA, luego pagos a proveedores- las únicas entidades que entraban dentro de esos pagos eran los centros de accesibilidad.
Nos hemos quedado fuera reiteradamente con el bono residencia, con las PVS y en multitud de ocasiones… (Algú diu: Â«Y con las gestiones integrales.
Â») Exacto, sí.
En multitud de ocasiones cobrábamos pero bastante después, pero también con las gestiones integrales.

Es decir, gestiones integrales son los centros propiedad de la administración que gestiona la empresa privada mediante un concurso público.
No son este tipo de centros, son centros propiedad de la administración.
También las gestiones integrales han cobrado bastante más tarde.
Luego es verdad que hubo un momento ya de la crisis tan galopante que no cobraba nadie, que no cobraban ni accesibilidad, ni no accesibilidad.
Pero en la mayoría de los casos cuando se pagaba se atendía antes a estas empresas, eso es evidente.

Lo de bono residencia que me ha preguntado era sobre el documento de 2006 del…

El senyor De Miguel Martínez:

No, del 31 de octubre de 2008 nos ha planteado.
Ese es el documento Cotino, ahí no se habla para nada de bono.

El senyor Moreno Peñas:

Yo creo que es el de 2006.

El senyor De Miguel Martínez:

Se referirá a la carta de 2006.

El senyor Moreno Peñas:

Sí, sácala, sácala.
(Algú diu: Â«Por supuesto.
Â») (Soroll de papers)

El documento cinco, a ver espérate… (Inoïble.
Soroll de papers)

En este documento que es el que he señalado antes es donde el director general contesta una carta de la presidenta de Aerte, donde está preocupada por el bono residencia, por el futuro del bono residencia.
Aquí le dice evidentemente que sí, que no nos preocupemos, que el bono residencia va a continuar, con lo cual está claro que no tenía ningún conocimiento de esta interpretación, pero igual está claro que no se ha cumplido; es decir, a partir de aquí ni aumentó el bono residencia, -además, de hecho es un programa que está a extinguir, solamente son desde hace ya muchos años los pocos usuarios que quedan del 2008-2009, porque ya se extinguió este programa-.
Y ahora se dan prestaciones económicas vinculadas al servicio, que es lo que viene a sustituir el bono residencia, que no se resuelven.
Entonces, es evidente que no, que esto no se ha cumplido.

La cesión gratuita del suelo ahí es un poco más complicada, porque sí nos consta, pero ahí yo le no puedo demostrar, no tengo datos como tal que le pueda demostrar.
Sí nos consta que eran empresas constructoras que tenían muchos terrenos dotacionales, pero poco más; yo aquí prefiero insistir menos.
Evidentemente, el que no ha comprado el suelo, pues claro, tiene ventajas competitivas sobre el resto.
Si a mí el suelo me lo han regalado, por decirlo de alguna forma…, pero, bueno, el problema no era ya las ventajas competitivas por el suelo, creo yo; es por un programa donde solamente han podido acceder unos pocos y donde los que están en ese programa han tenido un carro y una velocidad por estar en ese programa, y los que no han estado en ese programa se han dejado a un lado totalmente durante muchos años.

Creo que he contestado.
Muchas gracias.

El senyor president:

Muy bien, muchas gracias.

Tiene la palabra ahora la señora Mónica Álvaro en nombre del grupo Compromís

La senyora Álvaro Cerezo:

Muchísimas gracias.

En las conversaciones grabadas por la UDEF, en el caso Brugal, hay una conversación entre el señor Ortiz y el señor Alario, ambos del grupo Savia, como usted ya conoce, en el que manifiestan su empeño en que las residencias deben estar llenas, y hacen referencia a un informe encargado a Uría Menéndez, a Uría y Asociados, que serviría para lograr ese objetivo.
¿Lo pagó Aerte?
Porque le hemos preguntado anteriormente al presidente de Aecas y nos ha indicado que seguramente ese informe lo pagarían ustedes, y así se cita en las conversaciones telefónicas: Â«Lo pagará la patronal esa.
Â» Tal cual.
¿A petición de quién se realiza ese informe?
¿Se remitió a la conselleria dicho informe?
¿A qué órgano?
¿Con qué cargo?
 Y si todavía lo tienen, ¿sería posible que se adjuntara a esa documentación que ya le tomamos la palabra de que le vamos a solicitar?

Aparte, después de las grabaciones aparecidas en los medios de comunicación, ¿piensan ustedes, desde su asociación, que hubo interés en beneficiar a las residencias de accesibilidad, en especial a las del grupo vinculado a la familia del exconseller Cotino y algunos constructores?

Después, usted ha mencionado que durante el breve periodo del conseller Cabré se dictó la resolución del secretario autonómico, el señor Martínez, donde se deniega la exclusividad.
Pero el señor Cabré acabará su breve mandato adjudicando 2.
000 plazas más a las residencias de accesibilidad.
¿Usted cree que ese acuerdo fue fruto de las conversaciones mantenidas entre empresas de accesibilidad y el gobierno del señor Fabra, que no hay documentación (inintel·ligible) .
.
.
?
¿Usted cree que sí?

De momento, eso es todo.

El senyor president:

Muchas gracias.

Tiene la palabra.

El senyor Moreno Peñas:

(Inoïble) … si no me dejo nada.
Las conversaciones que todos hemos oído entre el señor Ortiz y el señor Alario hablan de un informe del cuidador no profesional.
Es cierto que en aquel momento en Aerte los dos presidentes anteriores eran empresarios que tenían empresas de accesibilidad; los presidentes de Aerte anteriores a mí tenían empresas de accesibilidad.
En aquel momento, el informe que se pidió fue respecto al cuidador no profesional.

Es decir, para situarnos, la ley de dependencia marca…, es una ley para atender a servicios profesionales y marca que los cuidadores, el cuidador informal, el cuidador no profesional, la CNP -como de tantas formas se llama- son con carácter residual; es decir, la ley sale y nace para atender a servicios profesionales para personas dependientes que lo necesitan.
Con lo cual, la resolución de una CNP, de un cuidador no profesional, solo debe recaer con carácter residual.
A partir de ahí, al principio prácticamente el 70% de las ayudas que se dan son para el CNP.
Lo que Aerte pide es un informe para clarificar lo que dice la ley y si lo que dice la ley se está cumpliendo, dando tantas ayudas a cuidadores no profesionales.
Ese informe lo pagó Aerte; ese informe fue a petición del anterior presidente de Aerte.
Luego este señor -yo lo he oído- se vanagloriaba de que había sido gracias a él el que Aerte hubiera pedido y pagado ese informe.
Y con ese informe, Aerte lo que quería era clarificar si realmente la figura del cuidador no profesional estaba…, si lo que decía la ley era lo que estaba haciendo la administración; eso era lo que quería hacer.

Aerte sí que lo pagó, pero luego, no porque el señor Alario, que no pertenecía a Aerte, lo pidiera.
Esto se nombró en una junta directiva, y tenemos las actas, además, y este es un informe del cuidador no profesional que se lo facilitaremos.
Claro, ¿por qué dicen ellos que les va a beneficiar?
Porque ellos en aquel momento lo que dicen es: Â«Nosotros estamos los primeros; mientras nosotros tengamos una plaza libre, no hay ninguna plaza para nadie.
¿Cuál es nuestro peligro?
Â».
Pues que haya cuidador no profesional y que todas las ayudas se vayan a cuidadores no profesionales; si no ingresan residentes en nuestros centros, pues no llenaremos las plazas.

Entonces, en aquel momento él, en esta conversación -yo es lo único que sé- se vanagloria de que gracias a él se ha pedido un informe; el informe lo ha pedido Aerte.
Y nada más.
Nada más.
Simplemente es lo que dice el informe sobre el cuidador no profesional.
Pero, claro, él el peligro que tiene es que se den…, él en aquel momento -estamos hablando en el año 2007, 2008, 2009…, no sé da cuándo eran las conversaciones- no quiere que se den cuidadores no profesionales porque entonces no habrá gente para sus plazas, y dice: Â«Los demás vienen después, que no me preocupan; que me llenen a mí mis plazas y ya veremos qué pasa con los demás.
Â» Entonces este informe, ya digo, se lo haremos llegar sin ningún problema.

¿Piensan que ha habido interés en beneficiar a estas empresas?
Hombre, yo creo ya que con lo que he dicho poco me queda por añadir.
Y aquí evidentemente había unas empresas que era un grupo y el resto estaba en ese mismo programa.
Qué duda cabe de que cualquier empresa que esté en ese programa, oye, si le suben el precio, ¿cómo va a decir que no?
Nadie va a decir que no; si le conciertan en vez de un tercio, dos y puede ser que le conciertan tres, oye, pues bienvenido.
Pues, claro, todas se han subido al carro, como es lógico, para el resto de las empresas, quiero decir.
Pero, claro, la idea no era -entiendo yo- beneficiar al resto de las empresas, pero no se podía hacer solamente beneficiando a uno; eso o se lanzaba un programa o no se lanzaba nada, no se podía beneficiar una parte del programa.

Cabré habla de la resolución de Ximo…, aquí (algú diu: Â«Que sí, que está la resolución de 26 de febrero donde (inintel·ligible) … cualquier derecho sobre el embargo.
El mismo conseller…Â»).
Sí, exactamente.
Primero…, sí.
Primero con la resolución del secretario autonómico ahí es donde les dice -porque llega la segunda demanda- que no tienen derecho de exclusividad y que no tiene ninguna obligación de llenarles el tercer tercio y que además no lo iba a hacer.
Pero, a partir de entonces, claro, unos meses después, el segundo tercio, no el tercero, se vuelve a llenar.
No 2.
000 plazas, las 2.
000 plazas ya las tenían con el señor Cotino de conseller… No, no, el tercer tercio nunca lo han tenido.

O sea, el primer tercio estaba ya con el concurso.
Son 2.
000 plazas más o menos -como eran seis mil y pico, vamos a hablar de dos mil: dos mil un tercio, dos mil otro tercio y dos mil otro tercio.
El primer tercio fue con el concurso de 2001 a 2004, todas adjudicatarias ya tenían un tercio, con todas las Â«irregularidadesÂ», entre comillas, que hemos dicho de plazos, de precios… pero eso estaba ahí.
El problema fue el segundo tercio y luego el tercero, que se firmó un acuerdo, pero ese tercer tercio nunca se llegó a llenar; nunca.
Y por eso vinieron los contenciosos.
A partir de ahí lo que hizo fue durante un tiempo no reponer ese segundo tercio.
Pero, claro, ahí se llegó a algún tipo de acuerdo, porque ese segundo tercio se volvió a poner en marcha y las 2.
000 plazas del segundo tercio se volvieron a llenar.
En el 2012 -creo que estamos hablando-, entre el 2011 y el 2012 y ya hasta el 2014 con la ley de emprendedores han estado esas 2.
000 plazas llenas siempre.
Pero no, el tercer tercio nunca se les ha dado, por eso siguen las demandas encima de la mesa.
Si hubieran tenido el tercer tercio hubieran visto cumplidas todas sus expectativas.
(Algú parla amb el micròfon desconnectat)

El senyor president:

Le rogaría que asesorara pero que no interviniera.

El senyor Moreno Peñas:

Bueno, lo que me está asesorando es que (rialles) la exclusividad, que es lo que ellos dicen que tienen sobre el resto, para poder concertar las plazas y el resto no, solamente a ellos, ya en dos sentencias más en no sé…, ha salido ya demostrado que no tenían ningún derecho a esa exclusividad, se interpretara como se interpretara, porque esa interpretación de ese contrato dicho en las sentencias ha sido una modificación de las cláusulas del contrato, no una interpretación, una modificación, y encima de forma extemporánea, seguro.

Creo que ya…, no sé si le he contestado… (S'interromp la gravació)

El senyor president:

Tiene la palabra la señora Andrés por el Grupo Socialista.

La senyora Andrés Sanchis:

Muchas gracias.
Y gracias por estar aquí, señor Moreno.

Anteriormente he preguntado por esa resolución del secretario autonómico, del señor Martínez, en la que se hacía referencia a que las residencias de accesibilidad tenían un nivel de cobertura de las plazas de un 90% de media, mientras que el resto del sector estaba en un 50%, y que además el coste de las plazas era distinto (algú tus) al que sale, hasta incluso se daba la circunstancia de que habían plazas con tres precios distintos, o sea, los usuarios recibían las mismas atenciones, pero algunos tenían plaza de accesibilidad, de bono residencia y plazas privadas, en el caso de accesibilidad.
Me gustaría que me contestara si usted tiene conocimiento de que eso fuera así, por la información que ustedes manejaban en el momento.

También quisiera que me aclarara -porque lo he preguntado y no me ha sido respondido- si efectivamente ese segundo presunto tercio hasta el año 2007…, las residencias de accesibilidad -de las información que ustedes manejan- ya lo tenían con el bono residencia esas residencias, tenían más de dos mil plazas ocupadas con el bono residencia.

También quisiera preguntarle: hay un anuncio de una reunión en el año 2014.
El señor Escolano, secretario autonómico en ese momento, anuncia que las 3.
000 plazas, entre las que se incluían las 2.
158 del segundo tercio, serían distribuidas de forma equitativa y respetando la libertad de elección del centro; aproximadamente se hablaba de entre 15 y 40 plazas (algú tus) por centro durante dos años y con posible prórroga a otros dos.
¿Se cumplió ese compromiso?
¿Piensa usted que en ese compromiso se estaba reconociendo de forma presunta la ilegalidad en la adjudicación de ese segundo tercio, por ese procedimiento negociado y sin publicidad?
¿Tiene usted noticias de que se dieran instrucciones o incluso se presionara a trabajadores sociales, alcaldes, directores territoriales, para que se derivara a personas dependientes a las residencias de accesibilidad o para que se resolvieran solo esos expedientes o con preferencia?

Y quiero hacerle referencia a unas grabaciones aparecidas en los medios de comunicación de la UDEF relacionadas con este tema, que no sé si usted habrá visto.
Es una conversación entre Enrique Ortiz y Arturo Alario, ambos representantes…, o estaban dentro de las empresas (inintel·ligible) … Este último confirma que sus centros están -leo textualmente- Â«encima de los ayuntamientos, de los trabajadores sociales, de los ayuntamientos y de los alcaldesÂ».

Ortiz decía: Â«Vamos a hacer que Pepe se ponga en huelga de hambre.
Le voy a llamar todos los días hasta agobiarlo.
Hace falta presión de otro tipo, yo eso también lo sé.
Â» Alario llega a describir: Â«Pero, vamos a ver, si estoy enviando al director de relaciones con los ayuntamientos y con las instituciones todos los días a las territoriales, que son los que nos envían los expedientes por la mañana, a primera hora y a última hora.
Â»

El gerente de Savia confirma que en las territoriales de bienestar social es -literalmente- Â«donde recogemos los expedientes para decir: «oiga, siete a Xirivella, dos para no sé qué, tres para Picassent«.
Eso es la territorial, ¿sabes?
Â».
Esta situación ha provocado, por lo tanto, que pueda intuirse que muchas personas fueran llevadas a determinados centros de accesibilidad teledirigidos en cierta manera.
Además, también advierte que hay que tener cuidado, y el señor Ortiz le dice: Â«Hay que hacerlo llenando a la vez las plazas de todas las empresas con el mismo modelo de accesibilidad, porque, si no, cantaría.
Â» Y también dice: Â«Admite que habría sido de un tremendo descaro llenar solo sus centros y dejar fuera las residencias que también firmaron el concierto de accesibilidad.
Nosotros, teóricamente, los de accesibilidad, somos los que nos tenemos que llevar primero las plazas, por aquello que conseguimos.
Â» Esas manifestaciones, ¿piensa usted que se estaba actuando legalmente en la adjudicación de las plazas, después de escuchar esto?
¿Piensa usted que es un comportamiento propio de una administración pública condicionar a las familias para el ejercicio de un derecho?

El senyor president:

Señora Andrés, vaya finalizando, por favor.

La senyora Andrés Sanchis:

¿Piensa que tenían acceso a información privilegiada protegida por la (algú tus) ley de protección de datos?

Gracias.

El senyor Moreno Peñas:

Me ha hecho muchas preguntas de si pienso y eso… (Rient) Voy a intentar responderle.

Los centros estaban, la mayoría, muchos por encima del 90% de ocupación.
Cuando sale el programa pueden convivir, no hay nada que les impida que convivan el primer tercio en el primer momento y luego el segundo con el resto de programas.
Es decir, el sector no puede tener plazas concertadas, solamente podíamos tener bonos residencia en principio y luego PVS, pero los centro de accesibilidad sí podían tener un tercio de accesibilidad, luego dos tercios, y el tercer tercio que les quedaba…, podían tener bono residencia, podían tener PVS, podían tener plaza privada, podían tener.
.
.

Entonces, claro que su ocupación era alta, entre los bono residencia que tenían al principio, las PVS que se les daban, más los residentes privados, y cada uno a un precio, que también le respondo a la segunda pregunta: el primer tercio a un precio, el segundo tercio a otro precio diferente más elevado; bono residencia a un precio, si tenía PVS a otro precio y plaza privada a otro precio.
Claro que en un centro podían existir, no tres, cinco precios diferentes o más, por la misma atención, eso sí; por la misma atención.

Escolano, el secretario autonómico, ya inició de oficio, porque así se lo recomendó el informe que pidió a la abogacía y luego a la junta de contratación, que tenía que acabar con ese segundo tercio, e inició de oficio la nulidad de todos los actos desde el 2005 en adelante, y, de hecho, mandó un escrito a todos los centros de accesibilidad diciendo que iba a declarar nulos todos los actos.

A partir de ahí, tuvo reuniones ya con el sector, donde iba a convocar un concurso nuevo de plazas, de 3.
000 plazas en aquel momento, donde iba a sacar todas las del segundo tercio; es decir, los centros de accesibilidad se quedaban con el primer tercio y eliminaba el segundo, y sacaba un concurso de 3.
000 plazas -el segundo eran 2.
200, más o menos- pues sacaba un concurso nuevo de 3.
000 plazas.
Y hubo reuniones y hubo un pliego ya preparado por parte de la administración, unas condiciones más o menos establecidas, un precio; nosotros…, ya se habló incluso de qué precio había; de un máximo de 40 plazas por centro.
O sea, ya había condiciones establecidas para ese concurso.

Pero hubo que pedir un informe al Consejo Jurídico Consultivo, y el Consejo Jurídico Consultivo lo que dijo fue que no procedía declarar la nulidad de los actos, pero no porque fueran o no fueran nulos, sino simplemente porque las dos órdenes a las que se hacía referencia se habían derogado, lo cual no es cierto.

Si las órdenes a las que se estaba haciendo referencia para ir prorrogando el convenio era la de 2007, que dice que se ha derogado porque lo iban renovando año a año ese contrato… Es decir, en el 2007 sale una orden donde dice que se les puede concertar el segundo tercio.
2007, 2010.
-Bueno, el año no me haga caso ahora mismo-.
Sale una orden donde dice que se les puede concertar el segundo tercio y luego el tercero.
En base a esa orden cada año van haciendo un contrato.

Cuando llega el Consejo Jurídico Consultivo dice: Â«Oiga, esa orden no procede declarar la nulidad porque se ha derogado.
Â» Â«Oiga, ¿cómo que se ha derogado?
Si el contrato que hay hoy en vigor está en vigor por esa orden.
Â» Entonces, el Consejo Jurídico Consultivo dijo que no procedía la nulidad de los actos, con lo cual paró otra vez, otra vez fue para atrás y otra vez en el punto de salida estuvimos.
Pero claro que si hizo eso el último equipo -que la verdad es que el último equipo de la Conselleria de Bienestar Social del anterior gobierno fueron los que parece que sí que quisieron acabar con esto, pero no sé si por el tiempo o por el consejo jurídico o por no sé qué trabas, pues no se pudo llevar a cabo, y, de hecho no se resolvió y siguió… Entonces, claro, si iba a acabar con ellos es porque estaría convencido de que no era muy regular, por lo menos.

Alcaldes.
Me ha preguntado de alcaldes.
Aquí tiene un escrito de entrada que dirige Aerte al alcalde de Tavernes, así como a otros municipios -esta la he traído, porque…, esto salió en prensa-, donde decimos: Â«Por medio del presente escrito venimos a comunicar la queja recibida de un centro asociado con respecto a la actuación que desde la Concejalía de Servicios Sociales de este ayuntamiento se está llevando a cabo, provocando derivaciones de personas dependientes de unos centros privados a otros concertados -esto se hacía continuamente- al informar a los peticionarios que hay una mayor facilidad para la obtención de ayuda residencial a la dependencia ingresando como clientes privados en estos últimos -y muchas veces ingresaban incluso como clientes privados antes de que les dieran la ayuda.
Â» Esto es una carta que se dirige al alcalde de Tavernes.

Â«Que dicho proceder crea falsas expectativas a los peticionarios de ayudas, puesto que no existe normativa legal que dé preferencia a las personas ingresadas como clientes privados en una residencia concertada.
Que, además, con dicha información no se respeta la libertad de elección del centro por el usuario que la normativa valenciana reconoce, puesto que se está redirigiendo hacia un determinado tipo de centro.
Â»

Y acabo: Â«Legalmente, ningún centro privado, sea concertado o no, puede facilitar o garantizar la concesión de dicha ayuda, y mucho menos en un determinado plazo.
Que esta patronal espera que esas actuaciones se corrijan desde ese ayuntamiento, antes de iniciar las acciones legales oportunas, puesto que no solo se perjudica a los usuarios, sino también a los centros no concertados, beneficiando injustamente a los privados concertados.
Que estos hechos ya han sido puesto en conocimiento de la Conselleria de Bienestar Social, con la finalidad de que adopte…Â».

Esto es uno de los escritos, pero esto era continuo, esto ha sido continuo durante todos estos años.
Entonces, claro que se ha comunicado, como este escrito lo prueba.

Y lo de la conversación de la última pregunta.
Esa conversación la verdad es que sí que nos dejó impactados a muchos.
Claro, yo no tenía conocimiento de que los trabajadores de la empresa iban a conselleria todos los días, pero parece ser que lo dice él.
Así dice, que está presionando continuamente a la administración para que le deriven a él a los residentes.
Yo no sé si esto…, pero era lo que pasaba, era lo que pasaba: los residentes solamente ingresaban en sus centros, nada más, y salían de los centros privados para los centros concertados de accesibilidad.
Y esto era lo que ocurría y lo que ha ocurrido durante todos estos años, y lo que ha seguido ocurriendo hasta el momento actual, porque la gente que hoy -estoy hablando de hoy, ya no estoy hablando de 2008 ni de 2009- que ha pedido una prestación económica vinculada al servicio no se le concede porque no hay presupuesto.
Y solamente se conceden las plazas concertadas.
Es verdad que desde febrero ya no.
Pero hasta febrero sí.
Y ahora estamos en un impasse que ni se dan PVS ni se repone el segundo tercio, pero sí el primero, que yo espero que esto cambie.

Creo que le he respondido a…

Gracias.

El senyor president:

Muchas gracias.

Tiene la palabra, en nombre del Grupo Popular, la ilustre diputada la señora María José Ferrer.

La senyora Ferrer San Segundo:

Buenos días y agradezco su presencia aquí y la de su asesor, que le ha asesorado mucho durante su (rient) intervención.

En primer lugar, vamos a ver, tres minutos, tengo muy poco tiempo.
Voy a intentar centrarme.
Agradezco que al final haya aclarado algo, porque en toda la intervención se estaba hablando de Aerte versus accesibilidad y usted ha aclarado perfectamente que hay personas de Aerte que accedieron a ese concurso; concretamente la que era presidenta de Aerte, Ana García, en el momento del concurso accedió y fue adjudicataria de ese concurso -le digo que lo confirme-, y también el posterior presidente, Alberto Jiménez.

En segundo lugar, ha dicho que se pedía tener la propiedad en el momento de acceder al concurso.
Yo creo que ahí tiene un problema de precisión y de memoria, porque la cláusula 18.
9 del pliego da un plazo de seis meses para adquirir esas propiedades e incluso para pactarlo con los ayuntamientos.
Creo que quería hacerle esa precisión y que lo aclarara.

En tercer lugar, preguntarle si fue un concurso libre, que tenía importantes cargas, porque suponía construir a riesgo y ventura a las empresas adjudicatarias, y que no hubo ningún tipo de reclamaciones, ni por Aerte -cuya presidenta, de hecho, participó- ni por nadie, y que respondía a unas necesidades del sector que estaban del 1,5% para pasar al 3,5%: pasamos de 8.
000 camas a 25.
000.

Segundo grupo de preguntas.
¿Qué es Gerocentros?
Porque aquí se habla solo de UTE, de Cotino, pero Gerocentros es una UTE que tiene tres patas, y dentro de esas patas una es la pata donde está Sedesa.
En esa pata Sedesa tiene -hay doce empresas; digo que lo confirme- y Sedesa tiene el 8,33%, y, de ese grupo, el señor Cotino tendría el 9%, que hablaríamos de un 0,75%.

Y una segunda pregunta: ¿se exigía al concurso que hubiera una empresa especialista en gestión sociosanitaria?
¿Esa empresa del grupo -que luego fue Savia, o que se ha llamado Savia- es Gesma, que es una empresa vinculada al Partido Socialista, hasta el punto de que su director general ha sido Emèrit Bono, hijo también del conseller y diputado del PSOE, y su director de estrategia es Joan Ignasi Pla?

Tercero: ¿la subida del precio se debe no a voluntad de la administración, sino a sentencias judiciales, quiero decir que fue en contra?

Luego hablar de las consecuencias de la ley de dependencia.
Es verdad que obligó a la asistencia de enfermería veinticuatro horas.
Y es verdad que la diferencia es que hasta el 2006 (so per interferencia d'un mòbil) no se sabía que los bono residencia iban a desaparecer luego por prestaciones vinculadas al servicio, y que la diferencia para los recursos públicos era de pagarlo todo a la Generalitat valenciana a tener una aportación del estado.
Es decir, la diferencia entre las plazas era entre 250 y 507 euros.

Y finalmente, en cuanto al tema de Aerte, ustedes, es verdad, en su recurso, recurso que presentan firmado por María José Mira, que era la anterior presidenta de (inintel·ligible) …, 2015, aseguran que -entre otras cosas- se han personado Â«en defensa de la línea de actuación de La Generalitat, actuando conjuntamente con La GeneralitatÂ».
Quiero decir, que aquí parece que haya Generalitat-grupo UTE Gerocentros, cuando ustedes han estado con La Generalitat luchando en los recursos que La Generalitat ha realizado contra ese grupo de Gerocentros.
Y finalmente decir que la Conselleria de Bienestar Social no era la que autorizaba los pagos, que ustedes a veces recibieron pagos antes que accesibilidad -insisto en que ustedes también eran accesibilidad- y que era la conselleria de hacienda la que realizaba esos pagos.

En la segunda intervención, por no pasarme, le haré alguna otra pregunta, alguna cosa más.
(Algú diu: Â«Si me olvido de alguna…Â»)

El senyor president:

Muchas gracias.

El senyor Moreno Peñas:

Creo que ha empezado preguntándome si Ana García, que fue presidenta de Aerte, y Alberto Jiménez se presentaron al programa.
Sí, los dos presidentes anteriores a mí se presentaron y fueron adjudicatarios de varios centros.

Daban seis meses para adquirir las propiedades, pero creo recordar -puedo estar equivocado- que en el momento de presentarlo ya tenías que presentar un justificante de propiedad, aunque luego lo compraras al mes siguiente.
Pero, bueno, puedo estar equivocado.

Claro, los centros se construían a riesgo y ventura del que participaba, pero el problema no era -que yo veo bajo mi punto de vista- el concurso o los que se presentaron al concurso… Si yo he empezado diciendo que las bases del concursos eran malas, eran nefastas, eran fatales, el precio, los plazos, todo.
El problema fue lo que pasó después, lo que yo entiendo que pasó después.
Esos fueron los problemas.

En cuanto a Sedesa, si tenía un tanto por ciento, no sé exactamente qué tanto por ciento, sé que eran ocho o diez empresas constructoras las que se presentaron como Gerocentros del Mediterráneo, pero sé que por el camino se han quedado todas, y quedó Sedesa y Ortiz y, al final, Sedesa vendió su parte, claro, a un precio… No es lo mismo tener un grupo de centros con un nivel de ocupación de un 10% a tener una ocupación de 100% con una exclusividad sobre el resto del sector.
Claro, el precio no es el mismo, evidentemente.
Pero al final sé que se quedó Sedesa y Ortiz y hoy en la actualidad creo que está con Pozo y…, bueno, que hoy ya no está Sedesa en el accionariado.

Claro que Aerte se personaba a favor de la administración.
Aquí había dos partes.
O sea, en toda esta historia hay dos partes.
Una hasta el señor Cotino, donde en Aerte nos movíamos poco, poco por no decir nada.
Primero porque los presidentes eran de accesibilidad, y segundo, pues, qué duda cabe, hay un conseller vicepresidente…, es complicado.

A partir ya de que empezamos a personarnos en las demandas, empezamos a ver documentación, el señor Cotino ya no está, está Cabré, entendemos que es otra administración.
Que sí que es verdad que se niega a llenar el tercer tercio.
A partir de ahí es donde vienen todos los problemas con la administración y donde nosotros nos ponemos a su lado, a favor de que no se les dé el tercer tercio.
Hubiera sido la muerte del sector, totalmente.
Si ese tercer tercio se hubiera llevado a cabo, hoy estaría el sector totalmente dilapidado y quedarían cuatro empresas en la Comunidad Valenciana; cuatro o diez, las empresas de accesibilidad, no quedaría ninguna más.
Sin ninguna duda.
Si ese tercer tercio se hubiera llevado a cabo.
Pero sin ninguna duda.

Sí, las veinticuatro horas de enfermería, hombre, no conozco ningún centro de cien plazas o más…, de sesenta plazas, ya no me pongo en cien plazas -los centros la mayoría estaban entre ciento veinte y ciento cuarenta plazas- que no tenga veinticuatro horas de enfermería.
Qué mínimo dar un servicio de atención a los dependientes.
Un centro muy pequeñito a lo mejor de veinte o treinta plazas no puede tener veinticuatro horas de enfermería, pero, hombre, a partir de cincuenta o sesenta plazas y con centros de ciento cuarenta plazas es que es desde mi punto de vista una aberración no tener enfermería veinticuatro horas.

El precio… Sí, lo que estaba diciendo del precio, una sentencia judicial por la cual se aumentó el precio, evidentemente.
Pero no fue recurrida por la administración.
Eso es lo que nosotros decimos: no fue recurrida por la administración esa sentencia.

Y no sé qué me queda.

La senyora Ferrer San Segundo:

Gesmed, Gesmed, Gesmed…

El senyor Moreno Peñas:

Gesmed.
Me preguntaba de Gesmed.
Gesmed era del Partido Socialista.
Era la empresa gestora, que creo que también se quedó por el camino.
Sí participó con Gerocentros en el concurso, como empresa gestora, pero no sé si llegó siquiera a iniciar, no sé el momento en que se salió -yo no estoy aquí ni para defender a Gesmed ni a nadie-; yo creo recordar que se salió de ese grupo, de Gerocentros, pero no sé el momento, o sea, no sé la fecha.
Lo ignoro.
(Veus).
No se salió… Bueno, luego… (Rialles) Lo de Gesmed… (Remors)

El senyor president:

Sí, dígame.
(Algú parla amb el micròfon desconnectat)

La senyora Ferrer San Segundo:

Vinculada.

El senyor Moreno Peñas:

Vinculada al Partido Socialista.

La senyora Ferrer San Segundo:

El compareciente ha dicho eso (veus), como ha dicho otras imprecisiones también… (Remors)

El senyor Moreno Peñas:

Sí, no.
Estoy de acuerdo.
(Remors)

La senyora Andrés Sanchis:

Me estaba dirigiendo a usted, simplemente si es posible que se incluya en acta que según la información de que disponemos el Partido Socialista no tiene ningún tipo de empresa…

El senyor president:

Bueno, se recoge su intervención.

Tiene la palabra el señor César Jiménez.

El senyor Jiménez Doménech:

Sí, gràcies, senyor president.
(Veus)

Muchas gracias por en su primera intervención llegar tan al detalle.
Yo he hecho la misma pregunta a usted que al compareciente anterior, y, aparte de que no ha dado tantos detalles, parece que haya preguntado por dos sectores diferentes.
La narración de cómo se concedían las 9.
000 plazas ha sido totalmente diferente.
Estoy convencido de que el resto de miembros de grupos parlamentarios están asistiendo a la vez a estas revelaciones.
(Algú diu: Â«¿De qué?
¿Qué revelaciones?
Â»)

El compareciente anterior ha dicho que Aecas se crea por no sentirse representada por Aerte, ¿en qué creen ustedes o cree usted que no se podían ver representadas?
Si le parece un argumento de peso, si cree que hay otros argumentos detrás.

Hemos también detectado -y aquí se ha hablado ampliamente sobre ello- que en Aecas confluyeron bastantes empresas que venían de la construcción, y estas en el pliego de condiciones decía que debían de venir acompañadas de empresas expertas en la gestión de residencias de atención a la tercera edad.
¿Era cierto?
¿Se llegó en todos los casos a ir acompañado de empresas que tuvieran cierta experiencia, cierta trayectoria?
Y si no fue así, si nos lo puede aclarar.

Y, por último, usted en la intervención anterior a mis preguntas ha dicho que se denegaban sistemáticamente o no se concedían las PVS.
¿Cree usted que estas no concesiones de la PVS venían de órdenes directas de la conselleria, es decir, órdenes directas y explícitas de que no se concedieran PVS?
¿Hubo esas órdenes?
¿Se difundió por algún medio?

Muchas gracias.

El senyor president:

Gracias, señor Jiménez.
Cinco minutos más.

El senyor Moreno Peñas:

La primera pregunta: ¿Por qué Aecas se constituyó porque dicen que no estaban representados por Aerte?

Aerte en aquel momento y hoy todavía en alguna empresa de accesibilidad, había un presidente que tenía centros de accesibilidad, e intentábamos mantener el equilibrio.
Es decir, en Aerte nos manteníamos neutrales con toda esta guerra que en aquel momento era de las empresas de accesibilidad con la administración para que les llenara el segundo tercio y luego el tercero.
Aerte hubo un tiempo en que estuvimos manteniéndonos neutrales.
Y llegó un momento en que varias empresas de accesibilidad nos pidieron a Aerte, a la patronal, que defendiéramos su contrato.

Entonces, claro, a lo cual, evidentemente, nos negamos.
La junta directiva, aunque su presidente era de accesibilidad, nos negamos a defender ese contrato ante la administración, ese contrato o acuerdo o lo que fuera, donde decían que se les llenara el segundo tercio y luego el tercero.
Nos pedían que, como Aerte, fuéramos a la administración a defender ese contrato.
Lógicamente en Aerte nos negamos.
Dijimos que no íbamos a defender ese contrato bajo ningún concepto, por lo cual hubo miembros en aquel momento que sintieron que no les defendía Aerte, se salieron y luego se creó Aecas.

Trayectoria en la experiencia… (Algú diu: Â«Sí, las empresas tenían que ir acompañadas.
Â») Ah, sí.
Las empresas, si tenían que venir acompañadas.
Sí, venía en el pliego.
Iba acompañada de Gesmed; no sé lo que pasó, era una UTE, según parecer ser.
Pero, bueno, ahí la verdad es que yo también tengo ya los datos…, fue al principio, creo recordar que Gesmed se salió, se fue, por lo que fuera, se quedaron unas empresas, luego se fueron saliendo empresas; entonces, ahí yo ya sinceramente me pierdo con lo que pasó con la UTE que había de diez empresas, que al final se quedaron dos.
Creo que Savia, como marca comercial, se constituyó después, creo que en el momento de la adjudicación no existía, pero creo -aquí está diciendo si piensa- es lo que creo.

No tengo constancia de cuándo se constituyó Savia, si fue después como empresa gestora, o si tenía experiencia o no.
Entonces, yo creo que se constituyó, con lo cual, si se constituyó después, experiencia no tendría.
Pero aquí ya es lo que pienso.

Si se concedían PVS, había órdenes directas de la conselleria…, lo que no había era dinero para darlas.
Es decir, si no hay dinero para darlas no se pueden dar.
Si en el presupuesto hay una línea presupuestaria para dar plazas concertadas y no hay línea presupuestaria para dar PVS, no se dan PVS, no hay que dar ninguna orden.

El senyor president:

Gracias.

Tiene ahora la palabra el señor David de Miguel.

El senyor De Miguel Martínez:

Gracias, presidente.

A mí me gustaría que, tal y como me ha comentado antes, que sí que es verdad que no entraban dentro del plan, no entraban dentro del pago a proveedores y aparte cobraban tarde y mal…, ¿qué medidas tomaron desde Aerte?
Si contactaron con la conselleria, sobre todo con quién y si lo hicieron por escrito, ¿qué respuesta les daban desde conselleria?
Porque supongo que ustedes dirán: Â«¿A estos por qué sí que los habéis metido en el FLA, y a nosotros no?
Tenemos el mismo derecho, al final somos proveedores igualmente.
Â» Entonces, si hay documentación, alguna respuesta que les dieran, y que me digan también cuál era la respuesta de la conselleria ante las quejas que ustedes como patronal planteaban.

Y también me gustaría que dentro de toda la documentación que ha dicho que va a poner a nuestra disposición nos pasara el cuadro de la localización de las residencias, dónde se tendrían que haber puesto y dónde no, que estaban en rojo.
Y ya está.

El senyor president:

Muchas gracias.

Tiene la palabra.

El senyor Moreno Peñas:

Sí, el cuadro se lo facilitaremos sin ningún problema.
Dejar claro que en Aerte hemos luchado hasta la saciedad, nos hemos puesto de acuerdo con sindicatos, nos hemos puesto de acuerdo con todo el mundo para pelear e intentar poder…, muchos centros dejaron de pagar las nóminas, no podían pagar las nóminas durante aquella época, y creo que es público, en muchas notas de prensa estará.
Hemos hecho todo lo que estaba a nuestro alcance.
Claro que nos hemos reunido con la administración.
Continuamente.

Hemos forzado con notas de prensa cada vez más duras de por qué no se nos pagaba, que no se podía estar manteniendo a los dependientes sin pagar facturas de más de un año, muchas veces.
Cuando llegaba el FLA, pues parece ser que por normativa, no sé si de Madrid o de…, pero se nos dejaba fuera del FLA, porque el bono residencia…, luego sí pudo entrar, pero en los primeros FLA no llegaba.
Según decía la administración, porque no cabía dentro del FLA.
Entonces, se pagaban las plazas de accesibilidad, pero las plazas del bono, no.
Entonces esto era lo que sucedía.
Nosotros claro que lo hemos reclamado.
Continuamente.
Hubo un tiempo que no hacíamos otra cosa, porque era cuestión ya de supervivencia, ya no las plazas, que no tenía ni las plazas vacías, sino que es que además ya ni cobrábamos.
Entonces, claro, fueron años duros, muy duros, claro que sí.

El senyor president:

Gracias.

Tiene ahora la palabra la señora Mónica Álvaro.

La senyora Álvaro Cerezo:

Moltes gràcies.

El presidente de Aecas ha dicho anteriormente que en el pliego inicial ya se comprometía la exclusividad de las plazas de accesibilidad social.
Usted eso no lo respalda, por lo que hemos podido entender, y cree que la exclusividad parte de la extraña -perdone que la cite así- interpretación del conseller Blasco sin informe jurídico por parte de esta casa.
¿Cree usted que había intereses claros y compromisos, al margen de lo firmado inicialmente, para contentar a las empresas de accesibilidad social sobre otros intereses?

Respecto al segundo tercio, como se ha dicho, existía informe favorable del Consell Jurídic Consultiu, con algún voto particular en contra, según nos consta, que también se ha mencionado antes por el anterior ponente como la refrenda para esa exclusividad.
Pero, como usted apunta, también existían informes de la abogacía de La Generalitat contrarios a dicha exclusividad, de los cuales usted, según he entendido, dieron traslado y advirtieron por carta a las direcciones territoriales, carta a la cual también solicitaríamos copia.
¿Sabe usted -pregunto- si algún ponente del dictamen del Consell Jurídic Consultiu trabajó o tuvo alguna relación laboral en el bufete de abogados que defendió a las empresas de accesibilidad?

Y ya, por último, ¿tiene constancia de si se introdujeron en el modelo Cotino residencias que no estaban en la adjudicación inicial, como parece ser ocurrió en Castellón o Alacuás?
¿Existieron más casos?

Gracias.

El senyor president:

Muchas gracias.

Tiene la palabra.

El senyor Moreno Peñas:

Sí, la exclusividad, que es la primera pregunta que me hace, yo, desde luego, por mucho que leo el informe del Consejo Jurídico Consultivo, no entiendo que le dé la exclusividad por ningún lado.
O sea, lo que dice el informe es que no procede la nulidad de los actos y que tiene que buscar otra forma de concertar.

Por mucho que miremos el pliego, el pliego de lo que habla es del régimen jurídico, Â«…debiendo los adjudicatarios poner a disposición de la Conselleria de Bienestar Social hasta un tercio de las plazas creadasÂ».
En el objeto del contrato: Â«Crear el número de plazas residenciales que les hubieran sido adjudicadas, de las cuales un porcentaje de un tercio estarán a disposición de la Conselleria de Bienestar Social.
Â» Es que por más que se mira siempre hacemos referencia hasta a un tercio.

Pero luego hay una cláusula dentro, obligaciones con respecto a la Conselleria de Bienestar Social, donde, más o menos, lo que dice: Â«Proporcionar al conjunto de adjudicatarios de las respectivas zonas la exclusividad en la gestión de nuevas plazas residenciales para personas mayores dependientes en la correspondiente demarcación, absteniéndose de subvencionar la atención residencial a nuevas personas mayores con dichas características de centros ajenos.
Â»

Pero está clarísimo -creo que lo he dicho al principio-, cualquier persona que lea este contrato…, estamos hablando de lo que yo estoy concertando con usted.
Yo estoy contratando con usted 40 plazas de 120.
Y si estoy contratando cuarenta plazas de 120, podré hacer referencia a 40 plazas, no a algo que no estoy contratando.
Y si me voy a ochenta plazas estoy yéndome de las bases de este contrato, por mucho que se interprete.
Ahora, la interpretación del señor Blasco sí que hablaba ahora del 100%, por eso nosotros siempre hemos defendido, y nos han dado la razón los tribunales, que eso es una auténtica modificación del contrato, no una interpretación, igual que el aumento de precio, igual que lo que ha ido pasando después.
Pero, sobre todo, eso, esa es la clave de todo esto, que se modifica el contrato, no se interpreta.

En ningún sitio habla de que hay exclusividad sobre el total de las plazas, sobre las primeras plazas y en la zona donde estoy y antes de sacar un nuevo concurso de accesibilidad, eso es lo que dice el pliego y lo dice claramente.
Si la administración va a sacar un nuevo concurso de accesibilidad social, tendrán preferencia las empresas de este concurso en esas zonas y con estas plazas.
Eso es lo que dice, pero, además, es que es de sentido común.
(Veus)

No, pero no hablaba así.
Sí, me preguntaba sobre un ponente.
Una pregunta un poco delicada, pero sí, parece ser que el señor Fliquete trabajaba en un bufete de abogados que ha defendido accesibilidad -era el número dos de dicho departamento, hasta finales de 2011- cuando los tres procesos contra bienestar social ya estaban en marcha.
Y este señor fue posteriormente el ponente del informe del Consejo Jurídico Consultivo.
Eso creo que es así, es lo que a mí me consta.
Fue el ponente del informe del Consejo Jurídico Consultivo.
Este señor trabajaba en el mismo bufete de abogados que defendía accesibilidad.
Y no sé si me dejo algo.
(Algú diu: Â«Sí, que si luego se incorporaron las adjudicaciones…Â»)

Sí, he empezado diciendo que había…, se resolvieron las plazas con unas demarcaciones concretas en unas poblaciones concretas, pero que luego no ha sido así.
Le facilitaremos…, eso ha pasado en muchas ocasiones, no solo en estas.
Entonces, se resolvieron las plazas en unas poblaciones concretas y luego se han construido en otras.
Parece ser que dentro de la zona, pero no se respetó la resolución de adjudicación.
Por ejemplo, le he puesto el ejemplo de El Puig, donde hay dos centros de accesibilidad social, mientras que solamente se adjudicó uno y en ese pueblo hay dos centros.
O sea, se ha cambiado.

El senyor president:

Tiene la palabra la señora Andrés.

La senyora Andrés Sanchis:

Gracias.

Yo quisiera insistirle en una pregunta que no me ha quedado muy clara.
¿Piensa usted que tenían acceso, por esas conversaciones que hemos visto y (algú tus) hasta incluso por esa carta que usted ha mencionado, piensan que las empresas de accesibilidad podían tener acceso a información privilegiada de datos confidenciales de la familia, que se podían poner incluso en contacto con ellos, para respaldar un poco esas manifestaciones, esas conversaciones en las que decían que sus centros estaban en contacto, si han tenido algún tipo de denuncia, de familiares, o de los usuarios que les hicieran llegar su malestar porque les habían llamado a ese particular?

Por otra parte, también ustedes solicitaron hasta el aburrimiento -en muchas declaraciones lo hemos visto- que se informara a las personas del estado de su expediente, porque parece ser que pedían información, hasta incluso llegaron a mencionar que había ocasiones que habían paralizadas solicitudes desde el año 2011 -he visto en algún medio de comunicación-.
¿Consiguieron ustedes que estas personas tuvieran ese derecho a que se les informara a sus familias del estado del expediente de esa tramitación, que en cualquier caso debería haberse tramitado en seis meses y podía alargarse hasta tres años o más?

¿Informaron de estas presuntas irregularidades a la conselleria?
De ser así, ¿nos podría indicar usted a qué órgano o a qué cargo?

Y si la vía que ustedes utilizaban para todo este tipo de comunicación con la conselleria siempre era el registro de entrada de la conselleria o había alguna otra vía de comunicación.

Usted también se ha referido…, ha estado defendiendo un modelo llamado el acuerdo marco.
Me gustaría que muy brevemente nos explicara en qué consiste.

Y luego también preguntarle: el contrato de quince años era para quince años, después con el segundo tercio parece ser que esos quince años empiezan a contar a partir del 2008; ahí hay un vacío que en algún momento se tendrá que interpretar.
Pero lo que sí que está claro es que el contrato preveía la posibilidad de dos prórrogas por diez años más.
¿Le parecería a usted equitativo que este contrato se prorrogara esos diez años?

Y por último comentarle: ha hecho referencia también a alguna sentencia, usted ha comentado inicialmente, en la que se hizo una revisión de precios por la aplicación del IPC, porque el grupo Savia lo que planteaba es que la revisión se realizara desde el momento de formalización de las ofertas correspondientes.
Eso reportó una cantidad de negocio, unos beneficios muy importantes para las empresas; primero fue Savia y después continuaron otras empresas de accesibilidad.
¿Tienen ustedes datos, como entidad, como asociación, de si podríamos estar hablando de un desfase de una cantidad superior a los diez millones de euros, por esas sentencias de revisión de precios, que inicialmente no se recurrió por parte de la Generalitat valenciana?

Gracias.

El senyor president:

Muchas gracias, señora Andrés.

El senyor Moreno Peñas:

Cuantitativamente ignoro la repercusión, la verdad, pero en la documentación estará, si pasa los diez millones de euros, por empezar por el final.
Sí se solicitó la revisión de precios, algunas empresas, otras lo perdieron en los tribunales también, de las mismas de accesibilidad, no todas lo consiguieron, y parece ser que si los tribunales le han dado la razón, yo ya no discuto si tienen derecho o no; si le han dado la razón será que sí.
Yo lo único que digo es que la administración en aquel momento no recurrió esa sentencia, es lo que sí que es un hecho.

Los quince años, por ir de abajo a arriba, nosotros entendemos, y así lo hemos manifestado a la administración, que si el concurso inicia en el 2001 y son tres años más quince, deberían de ser tres años hasta el 2004 y luego quince años.
Si hay algún centro que ha abierto sus centros en el 2007 o en el 2008 y además se le ha permitido, no tiene por qué acabar quince años después.
Nosotros entendemos que si el concurso era 2001, tres años más quince, debería ser tres años más quince, 2004 más quince años: en 2019 debe acabar este concurso.
Es lo que nosotros entendemos y defendemos, y así lo transmitimos.
Se nos hará caso o no, seguramente no, como tantas veces, pero, desde luego, nosotros es lo que pretendemos.
Y, desde luego, después de lo que ha pasado que tengan posibilidad de dos prórrogas, yo creo que esto se debería dejar, entiendo, desde mi punto de vista, zanjado para bien o para mal en esta legislatura lo que tenga que pasar.
Pero, desde luego, nuestro punto de vista es que sea 2004 más quince años.

El acuerdo marco me ha dicho que lo explique brevemente.
En Aerte también llevamos diciendo años por activa y por pasiva que lo que entendemos que es justo y lo que debería de hacer la administración es sacar un acuerdo marco y que sea el dependiente el que decida a qué centro quiere ir, que se respete la libre elección del usuario, que se pongan unos criterios de calidad mínimos donde todas las empresas del sector de esta comunidad que tengan unos mínimos de calidad, como es lógico, que debe marcar la administración, puedan poner a disposición de la administración las plazas que quieran, y la administración concertar, pero no 3.
000, concertar 15.
000, si tiene 15.
000 plazas.
Y solamente dar las resoluciones que tenga que dar; si tiene presupuesto para 2.
000, dar 2.
000, y que sea el dependiente el que elija a dónde quiere ir.

Ese acuerdo ya se ha puesto en marcha en otras comunidades.
Le hemos presentado por activa y por pasiva esos documentos a la administración, al anterior equipo y a este también.
¿Pueden ser mejorables esos acuerdos marco?
Seguramente.
Pero lo que está claro es que no depende de un órgano, que ya estamos desde Aerte no muy contentos con todo lo que ha pasado para que decida quiénes son los que van a tener 3.
000 plazas y quiénes no.

¿Por qué no lo decide el dependiente?
Pero si eso es lo que va a aumentar la calidad en los centros y si yo dependo de que según trabaje un centro venga el dependiente o no, porque si estoy trabajando mal no va a venir y si estoy trabajando bien vendrá, ya me ocuparé de que aumente la calidad en mi centro.
Ahora, si yo tengo un usuario cautivo que la administración me lo manda porque gané un concurso hace tres años, hombre, no tiene sentido.
Sea la mesa de quien sea, y sea el equipo que gobierne el que sea.

Nosotros entendemos que deben ponerse a disposición de la administración todas las empresas acreditadas y con unos mínimos de calidad -insisto, siempre- y que la administración se dedique a inspeccionar y a que se cumpla todo lo que se tiene que cumplir.
Y, a partir de ahí, que se concierten todas las plazas que se pongan a disposición, el sector privado que sea capaz, y que el dependiente elija dónde quiere ir.
No sabemos dónde esta…, si la administración pone precio.
El dependiente es como el bono residencia, solo va a decidir Â«dónde quiero ir, nada más, pero lo decido yo, como dependiente, con mi familia, con mi hijo, al lado de mi hijo, para que mi hijo venga a verme todos los días, al lado de donde yo vivo, donde yo quiero.
¿Pero por qué no puedo elegirlo yo, si es donde voy a vivir?
Â».

Y a partir de ahí, que la administración dé ese soporte.
No paga estancias vacantes, pero si solamente voy a pagar las resoluciones que tengo.
Si ahora puedo dar 2.
000 y dentro de dos años puedo dar 1.
000 más no tengo que sacar nuevo concurso, simplemente doy 1.
000 resoluciones nuevas, para que los señores, los dependientes, vayan al centro al que tengan que ir.
Si no entendemos qué problema hay.
Pues parece que hay todos los problemas del mundo, porque están insistiendo tanto el anterior equipo, que quiso sacar un acuerdo marco concurso, aunque nosotros insistíamos en acuerdo marco no nos iban a hacer caso y así nos lo dijeron, como este nuevo equipo, que creemos que tampoco nos van a hacer caso.
Y no entendemos por qué.

Seguimos sin entender por qué.
Por qué no se puede sacar un acuerdo marco y que el dependiente decida dónde quiere ir.
Eso es lo más justo -entendemos- para todos, y que no sea la administración quien decida quién sigue y quién no.
Pero es que, además, si yo saco un concurso de 3.
000 plazas, cuando ese concurso acabe dentro de cuatro años, ¿qué pasa con esas plazas?
Si esa empresa en que hoy tengo 100 plazas en mi centro no concurso o no me lo dan, ¿qué pasa con esos residentes?
Estamos como ahora con ese segundo tercio, que se queda ahí de forma ilegal.
¿O se van a llevar a esos residentes a otro centro?
Pero si no hay problema: que concierten todas las plazas que quieran; si será el residente donde vaya…, y además eso arreglaría ese segundo tercio, arreglaría el problema del segundo tercio, porque ese segundo tercio que ahora es irregular pasa a formar parte plazas concertadas de la administración, que habría 7.
000 más si quiere el sector que las haya.
Y una vez que se produzca una vacante, la siguiente resolución que yo dé, que vaya donde quiera.
Si quiere ir a ese centro que vaya, pero si quiere ir a otro centro que vaya a otro centro.
Y poco a poco esas 2.
000 plazas será el sector y serán los dependientes los que decidan si quieren ir a ese segundo tercio o quieren ir al resto del sector.
Eso es lo que Aerte llevamos defendiendo -no sé lo que me queda, poco tiempo- muchos años.

Me queda poquito aquí.
Me he liado.
(Veus) Sí, se informaban.
Sí, Aerte ha querido continuamente que se informe a las personas del estado de su expediente, que sea claro, que se publique en internet, que se pueda consultar cada uno como va mi expediente, a quién le han dado la plaza, qué número tengo; Â«Oiga, si tengo el número 2.
037 y van por el 2001, ya sé que me quedan treinta y seis delante de mí.
Â» Eso en Aerte lo llevamos reclamando años también, pero debe de ser muy complicado, porque no se hace, y hay personas que reclaman su expediente, no sé si algunos habrán conseguido verlo.
Pero, desde luego, un orden, donde mi expediente es el número tal y van por el número tal, eso no pasa, no ha pasado.
Todavía no pasa, pero esperemos que en un futuro llegue a pasar.
No sé si se me ha acabado el tiempo.

El senyor president:

Sí, señor Moreno, tiene que ir acabando ya.

El senyor Moreno Peñas:

Si han tenido acceso a… (Veus) Sí, me está hablando cuando iba el señor, por las conversaciones, al centro, si tenían información privilegiada… Hombre, claro, lo que yo pienso es complicado decirlo, lo que yo pienso…, yo creo que ya he dicho mucho.
Eso es muy complicado de demostrar, si han tenido información privilegiada o no.

Los hechos están ahí, que es a lo que yo me remito, y los hechos están en que un sector se ha machacado totalmente a favor de otro por decisiones que ha habido; eso es un hecho.
Ya luego si ha habido información o no ha habido información, si se han derivado o se han ido solos.
El hecho es que como no había dinero para un programa, ha habido dinero para otro, y es donde los dependientes han ido, donde les daban la plaza; de eso no hay duda.

El senyor president:

Gracias, señor Moreno.
Tiene la palabra la señora Ferrer.

La senyora Ferrer San Segundo:

Muchísimas gracias.

En primer lugar, decir que si al presidente tiene que constarle en acta todas las imprecisiones en que pueda incurrir cualquier compareciente, no acabaríamos, porque ya hemos designado algunas, incluso relativas al propio pliego de condiciones, y otras, como atribuir esa UTE al señor Cotino, cuando ya hemos dicho que la participación en la UTE es del 0,75%.

A mí lo que me sorprende es que dice que hay que basarse en hechos, y la falta de memoria justamente respecto a -le preguntamos- respecto a Gesmed.
Así que le vuelvo a preguntar: ¿Gesmed tenía el 20% de esa UTE, de esa UTE que se ha dado en llamar Grupo Savia?

¿El señor Cotino estaba en una de las tres patas de esa UTE, esa que no era el…, y de esa parte había doce empresas, y de esas empresas él tenía una parte, con lo cual la parte que le constituía es el 0,75%?
Porque aquí lo que estamos viendo es que estamos montando una -bueno, ya veremos lo que dice la comisión- pero una enorme bola de niebla, pero, sin embargo, por lo que sabemos ahora, la participación de personas vinculadas al Partido Socialista en la UTE inicial es superior a la participación de personas vinculadas al Partido Popular.
Y yo creo que de eso debe dejar constancia y contestarnos.
Y si no lo sabe ahora, como dice que usted quiere hablar de hechos, le rogamos lo aclare a esta comisión cuando tenga esos datos.

Luego habla usted de lo que pasó después.
Lo que pasó después fueron dos cosas.
Uno, las sentencias.
¿Pudo cualquiera interponer esos procedimientos?
De hecho, ¿lo hicieron grupos que no corresponden a lo que se llama grupo Savia?
¿Eso es así?
¿Se pudo hacer?
Sí, porque estamos hablando de si eso supuso una pérdida o no a lo que son resoluciones judiciales.
Quiero que usted me conteste a esto.

Y, en segundo lugar, es cierto que la ley de dependencia, que tuvo algunas cuestiones magníficas para la sociedad, penalizó lo que usted llama bono residencia hasta el punto de que lo extinguió y dejó las prestaciones vinculadas al servicio como algo subsidiario, que, además, suponía mayor carga para los recursos públicos valencianos.
Es decir, que el bono residencia -luego, prestaciones vinculadas al servicio- habían de correr íntegramente por parte de La Generalitat, y suponía menos ingresos de los fondos que aportaría el estado que lo que es el sistema de concierto, con lo cual lo que se estaba haciendo es una gestión más eficaz de los recursos públicos, aunque entiendo que eso pudiera no gustar a alguna de las empresas.

Es cierto que ustedes, en todo caso, recibieron, firmaron convenios el 31 de octubre de 2008, porque, además, ustedes, algunas de sus empresas también, como digo, estaban en accesibilidad, incluso estuvieron hasta muy recientemente; cuando era presidenta doña María José Mira, estuvieron a punto de firmar otro convenio para proteger de alguna manera esa situación que había venido a perjudicar o agravar o a penalizar la ley de dependencia del año 2006.

Y, finalmente, interpretaciones que hace respecto del Consejo Jurídico Consultivo.
Bueno, no se refiere solo el informe -yo lo he leído detenidamente también- al año 2007, sino que él habla de una interpretación jurídica, como pasa en los tribunales -y por eso la sentencia está recurrida- y de equilibrio de prestaciones y alcance de la interpretación jurídica.
El voto particular también fue el único voto particular emitido por una persona vinculada al Partido Socialista, como también debe saber usted.

Y, finalmente, ¿hay algo de verdad?
Que es que no entiendo.
Aerte está al principio y no impugna, porque incluso su presidenta y su posterior presidente…, y no impugna nada con relación al concurso.
Está con posterioridad, cuando el secretario autonómico en el año 2012 hace una serie de restricciones con relación al concurso.
Está en los procedimientos judiciales al lado de La Generalitat y en contra de los procedimientos judiciales que interpone Aecas.
¿En qué momento se rompió el amor?
Perdone que se lo diga así.
¿En qué momento de todo el proceso resulta que Aerte tiene una posición contraria a la de La Generalitat?
Porque yo, de verdad, en este momento todavía no lo sé y me gustaría que me lo aclarara.

Muchas gracias.

El senyor president:

Gracias, señora Ferrer.
Tiene la palabra.

El senyor Moreno Peñas:

Bien, vamos a ver, ¿el convenio del 31 de octubre de 2008 lo firmó Aerte?
No, lo firmaron algunas empresas pertenecientes a Aerte que pertenecían a accesibilidad, como es lógico para ellas, pero no Aerte.
Ese convenio donde les daban el segundo tercio y posteriormente el tercero en el 2009 no lo firmó Aerte, lo firmaron algunas empresas que pertenecían a Aerte.

Respecto a si Gesmed tiene el 20%, es que no lo sé.
Pero no lo dudo.
Si es un hecho, o sea, si lo que tenga estará ahí publicado, entonces, yo no lo dudo ni pongo en duda…, lo que pasa es que no lo sé, no es que no lo quiera decir.
Si seguro que si usted dice que tenía un 20% tendría un 20%, y si dice que hay doce empresas, que yo he dicho que había ocho o diez, seguramente serán doce, porque no lo sé ahora mismo si habían doce empresas en Gerocentros del Mediterráneo al principio o no.
Yo lo que sí que sé es que al final quedaron dos, eso es verdad, de los del principio, al final quedaron dos empresas, eso sí que es verdad.
Entonces, la participación de Sedesa en el principio no era la del final.

Vamos a ver, me habla de qué hace Aerte en todo esto o cuándo se rompió el amor.
Al principio sale un concurso donde yo he dicho que ese concurso era malo.
Aerte ahí, se van concediendo, se van ampliando plazos, Aerte tiene una presidenta primero que era de accesibilidad y Aerte se mantiene al margen.
Después se modifican las condiciones, salen bono residencia.
Aerte, en principio, los centros, no tenía mayor problema.
Asistía expectante, simplemente, como invitado a lo que estaba pasando ahí.
Aerte como tal -algunos miembros de Aerte tenían accesibilidad- con lo cual Aerte decidió -porque hemos discutido mucho y las asambleas han sido buenas asambleas- decidió mantenerse al margen en su momento, mantenerse al margen de todo esto.

Cuando ya las empresas de accesibilidad nos dicen que participemos y que ayudemos a que el contrato lo cumplan las administraciones, es cuando lógicamente decimos que no.
A partir de que ya nos personamos y cuando vemos todo lo que está pasando aquí, cuando vemos que se le va a concertar dos tercios y tres -porque esto es un proceso de años; no pasó en el 2001; es un proceso de años- es cuando Aerte nos personamos y empezamos a ver que los centros de accesibilidad lo que quieren es tener un monopolio de la Comunidad Valenciana, que se muera el resto del sector y que no se dé una sola plaza a nadie, absolutamente a nadie, mientras ellos tengan una plaza libre.
Todo eso a nosotros no viene nadie y nos dice esto es así, sino que nosotros lo vemos cuando nos personamos y cuando estamos viendo lo que pasa.

Cuando el señor Cotino firma un contrato con estas empresas nosotros nos enteramos de que va a firmar un contrato, nos enteramos de ese contrato, y a partir de ahí vienen todos los hechos que han sucedido.
Esto no pasa de la noche a la mañana.
Y llega el momento en que Aerte nos damos cuenta de lo que está pasando.
Y aun así hoy mantiene empresas de accesibilidad; alguna empresa de accesibilidad está en Aerte.
Que está de acuerdo en que se hubieran mantenido todos los programas, en que se hubiera dado prestaciones, en que un programa no hubiera matado a otro, en que no hubiera una exclusividad de unos a costa de matar al resto.
En esto están de acuerdo algunas empresas de accesibilidad.
Pero no ha sido así lo que ha pasado.

Lo que ha pasado es todo lo contrario: es que un programa iba a matar al resto del sector, y había algunas empresas que lo único que querían era que se les concertara el 100% de sus plazas y que no se diera ni una plaza subvencionada a nadie, mientras que ellos tuvieran una plaza libre, lo cual, claro, eso era la muerte de un sector, que a partir de ese momento, claro, Aerte reaccionó, reaccionó como tal, y a partir de ahí es cuando -no sé si ese momento fue el antes y el después o cuando se rompió el amor- pero es cuando, desde luego, Aerte ya reaccionó y fue en contra de todo eso.

No sé qué me queda, no sé qué me queda.
(Veus)

Sí, que por qué Aerte comparece a favor de la administración…

La senyora Ferrer San Segundo:

No, por qué no.

El senyor Moreno Peñas:

Claro, y por qué no después.
No después, no.
Aerte siempre ha ido a favor de la administración y las sentencias que están saliendo ahora…, en febrero, en la que ha salido en febrero está Aerte a favor de la administración, diciendo que no tienen derecho al tercer tercio.

Es que la administración se niega a darles el tercer tercio, pero si les firma el segundo, y sí hay una sentencia que si la hubieran ganado hubieran tenido que darles el tercero.
Pero, digo, como han perdido el tercero, han perdido también el segundo, y como han perdido el segundo, quiere decir que desde el 2008 no tenían por qué haberle dado ese segundo tercio, y prácticamente llevar a un sector a la desaparición por unas decisiones unilaterales que han tenido en una conselleria, unos consellers; y concertar un segundo tercio a unas empresas de forma irregular, por decirlo alguna forma.
Y eso es lo que ha salido hoy.
Y a partir de que la administración decide no dar el tercer tercio es cuando Aerte se pone a su lado.
Si la administración hubiera decidido dar el tercer tercio, claro que Aerte no hubiera estado al lado de la administración, hubiera estado en contra.

No sé si me queda algo.

La senyora Ferrer San Segundo:

Sí, la penalización de la ley de dependencia al bono residencia.

El senyor Moreno Peñas:

Sí.
No, la ley de dependencia no penaliza.
No penaliza la prestación vinculada al servicio.
La prestación vinculada al servicio es más económica para la administración que la plaza concertada.
En la plaza concertada, el usuario, el dependiente paga una parte de su pensión y el resto de la plaza la paga la administración.
Si la plaza son 1.
600 euros que está ahora, un dependiente que cobre 600 o 800 euros, pagará 500 o 600 euros y 1.
000 euros pagará la administración.
Mientras que en la prestación económica del servicio, la administración le da una ayuda al dependiente, que como máximo creo que son 700 euros, como máximo, o 500 o 600, y el resto lo tiene que pagar el dependiente o su familia…

La senyora Ferrer San Segundo:

Hablo del coste para la administración autonómica valenciana…

El senyor Moreno Peñas:

El coste para las administraciones…

La senyora Ferrer San Segundo:

…que no es lo mismo (inintel·ligible) …

El senyor Moreno Peñas:

El coste para las administraciones.
Sí, vale, pero el coste para las administraciones es mayor.
No entro, para mí es lo mismo si es la valenciana o Madrid.
El coste para la administración es mayor si doy una plaza concertada que si doy una PVS, y, sin embargo, no se ha dado ni una PVS durante muchísimos años, no se han concedido.
Y el coste es para el conjunto de las administraciones.

El senyor president:

Muchas gracias, señores y señoras diputados.
Muchas gracias por su comparecencia, don José María Moreno, en nombre de todos.
Y, ¿tiene algo que decir?

La senyora Catalá Verdet:

Sí, gracias, presidente.

Desde el Grupo Popular quisiéramos hacer constar en acta que hemos asistido a la comparecencia don José María Moreno Peñas con la asistencia de su asesor, y es una cuestión que reconoce el reglamento de las Cortes…

El senyor president:

Efectivamente.

La senyora Catalá Verdet:

Sin embargo, por lo menos el Grupo Popular no estaba informado de este asunto, y no constaba en la carpeta de incidencias esta circunstancia.
Es una circunstancia reglamentaria, pero sí quisiéramos que constara en acta que, dado que don José María lo notificó a estas Cortes el 6 de abril, que iba asistir con la asistencia del letrado…

El senyor president:

Efectivamente.

La senyora Catalá Verdet:

…se les podía haber comunicado a los grupos parlamentarios, o al menos que constara en la carpeta de las incidencias.

El senyor president:

Bien, podrá ser un error.
(Protestes)

La senyora Catalá Verdet:

En la del Grupo Popular, no.

El senyor president:

Bien, podrá ser un error, pero se ha comunicado, ¿eh?

La senyora Catalá Verdet:

Al Grupo Popular, no; al Grupo Popular, no.
(Remors) No se le ha comunicado.

El senyor president:

Lamentamos que no se haya producido porque pensábamos que sí que se había comunicado.
(Veus) Bien, puede ser.
Lo asumimos, si no ha sido así, por lo tanto, rectificaremos en otras ocasiones.

Se reanuda la comisión a las cuatro y media.

(Se suspén la reunió a les 14 hores i 27 minuts)

(Es reprén la reunió a les 16 hores i 33 minuts)

El senyor president:

Señores diputados, vamos a continuar con la comisión, como habíamos anunciado anteriormente.
Y va a comparecer en estos momentos doña Sandra Casas Molina, que ya la tenemos sentada aquí, a mi derecha geográfica.

Compareixença de la senyora Sandra Casas Molina, secretària autonòmica de Serveis Socials i Autonomia Personal

El senyor president:

Bien, antes de nada, decirle que le informo que comparece, doña Sandra, en esta comisión de investigación a través de la que el parlamento ejercita su función de control político.
Debo indicarle, además, que la información que ofrezca a esta comisión debe ajustarse, su declaración, a una premisa de veracidad, por estar penalizado el falso testimonio en el artículo 502 del Código penal.
Finalmente, debe también saber que la mesa de la comisión y concretamente esta presidencia garantizará el respeto a su derecho a la intimidad y al honor, al secreto profesional, a la cláusula de conciencia y los demás derechos que la Constitución le reconoce.
(S'interromp la gravació)

En primer lugar, don César Jiménez, en representación de Podemos-Podem.

Muchas gracias.

(Algú diu: Â«Antes de empezar, como no ha comentado lo de la lista, yo vengo en sustitución de Blanca Garrigues.
Â»)

Vale, es que como es continuación… (Algú diu: Â«Ah, vale, vale.
Â») (Veus)

El senyor Jiménez Doménech:

Gràcies, president.

Gràcies, senyora Casas, per tornar a acudir a la seua casa.
Anem a les preguntes.

Si ho coneix, considera que la mapificació i procediment efectuat en 2001, mitjançant el concurs aquell del contracte administratiu especial consistent en la creació de 9.
000 noves places residencials era el correcte per a tallar un suposat dèficit de places de residències en la Comunitat Valenciana?
Ho diem perquè estem parlant d'un procediment mitjançant, en el termini màxim de trenta dies, en el qual en trenta dies les empreses havien d'aportar en el sobre B del projecte, els projectes bàsics de construcció en un municipi dels que apareixen en el mapa de conselleria, en la mapificació d'aqueix moment.
És a dir, disposar d'un solar apte en un dels municipis seleccionats per conselleria i un projecte bàsic d'obres que no solament complira amb els requisits de les normes bàsiques d'edificació, sinó, a més a més, amb el que estipulaven els plecs de condicions de la conselleria, que eren completament nous, s'havien d'adaptar a una novetat i no corresponien per tant a cap normativa urbanística específica coneguda.

D'estes 9.
000 places, d'elles un terç havien d'estar a disposició pública i implicava la creació de macrocentres de fins a cent quaranta residents.
A més a més en eixos procediments i en l'obertura de sobres donava la casualitat que gairebé el 100% de les adjudicacions que es feren van recaure en només deu empreses, totes i cadascuna d'elles coincidien amb el preu màxim estipulat al plec de condicions, i si no ho feien, si no coincidien exactament, la rebaixa era insignificant.

Nosaltres valorem i li pregunte si compartix esta valoració: com considera el fet que totes les residències s'adjudicaren al preu màxim previst al plec o amb una rebaixa molt petita?
Creu que açò és un procediment normal, és habitual en l'administració pública?

I ja per acabar, davant dels incompliments continuats de terminis, plecs, millores, especialment les relatives al personal, que han sigut constantment obviades, i, fins i tot, en algunes adjudicatàries no se va executar el projecte tal qual se va presentar a La Generalitat, com considera vosté que no se prengueren mesures legals i fins i tot que no s'executaren els avals?
Creu vosté que d'eixa no execució dels avals i de la no presentació de mesures legals se podria derivar alguna responsabilitat legal o administrativa?

Moltes gràcies.

El senyor president:

Muchas gracias, señor Jiménez.

Señora Casas.

La senyora secretària autonòmica de Serveis Socials i Autonomia Personal:

Vamos a ver, si era el mapa gerontológico el correspondiente.
.
.
Bueno, yo, en primer lugar, soy secretaria autonómica desde hace ocho meses y no puedo responder a muchas preguntas del año 2001, pero sí que tengo conocimiento, como todos hemos tenido, a lo largo de todo este procedimientos, muchas de ellas a través de prensa, otras a través de -como sabéis yo era abogada de las plataformas en defensa de la ley de dependencia, abogada especialista en el tema de dependencia- y de otras cosas tengo conocimiento también a través de estos.
Pero lo que viene a ser el procedimiento administrativo, cuestiones técnicas del procedimiento, no voy a poder entrar a lo mejor a contestar, pero sí poner a disposición de esta comisión cualquier información que se necesite, y de aquello que yo no pueda contestar de viva voz en este momento, haremos llegar toda la información que se precise, que requiráis.

Entonces, respecto al mapa gerontológico si era el acertado en ese momento, lo desconozco.
Comentabas también el tema de las cuantías económicas que solicitaban por el precio…, que no había diferencia en el precio entre el que solicitaba y el que adjudicaba.
Yo ahí la única cuestión que puedo manifestar o poner de relieve es que resulta en tanto en cuanto curioso al menos que en este caso, en esta licitación, en este concurso público no se separaran de ese precio de licitación que se publica, y, sin embargo, lo que nosotros nos hemos encontrado, el nuevo gobierno, al llegar a la administración es todo lo contrario.

El Partido Popular dejó unas licitaciones…, publicó unas licitaciones que posteriormente la adjudicación se ha hecho al entrar este nuevo gobierno, y justamente ahí, en esos pliegos, lo que hacía el Partido Popular era convertir al final las licitaciones en prácticamente subastas, porque lo que primaban era la reducción de precio.
Entonces, a mí me resulta…, puedo hablar de esa experiencia en particular, que en este concurso público no se separaban del precio de licitación y, sin embargo, en las gestiones integrales que nos hemos encontrado con esos pliegos de licitación, al revés: lo que primaban era que la empresa que más bajaba más se lo quedaba.
Entonces, en ese sentido, la contraposición es cuanto menos característica.

Luego, en cuanto a que se cumplían o no se cumplían los pliegos, etcétera, yo creo que de todos es sabido y, de hecho, había una asociación de usuarios y familiares de usuarios de la residencia de Savia que interpuso ciento cincuenta mil millones de quejas -evidentemente es una exageración lo que estoy diciendo, porque no la hemos contado- pero, de hecho, incluso algunas llegaron hasta el juzgado, que no se cumplía las ratios de personal, que no se cumplían los horarios, había denuncias de que se levantaba a las personas mayores a las cinco para poder llegar a la hora del desayuno, que era a las ocho, porque con diez auxiliares no podías levantar a cien personas.

Entonces, todo este tipo de denuncias…, al final yo lo que he solicitado, que lo dejo a la disposición de la mesa, es un informe sobre las actuaciones llevadas a cabo por el servicio de inspección en el grupo Savia desde el año 2004 hasta el año 2015, y ahí, pues, bueno, es característico que, a pesar de todas esas denuncias que existían, pues, bueno, nos encontramos con cuestiones que en la actividad inspectora parecen requerimientos, pero luego, por ejemplo, sin embargo, no llega a instruirse procedimiento sancionador, no llega a haber un archivo.
Entonces, es cierto que no se cumplen las condiciones de esos pliegos; sin embargo, no se rescinde el contrato.

No sé si he contestado a todas las preguntas, pero…

El senyor president:

Muchas gracias, señora Casas.

Tiene la palabra el señor David de Miguel, en nombre del grupo Ciudadanos.

El senyor De Miguel Martínez:

Gracias, presidente.

Y bienvenida, secretaria autonómica.

A pesar de que lleve ocho meses en el cargo, yo también voy a retroceder unos cuantos años en el tiempo.

En 2001, en septiembre, es cuando aparece la famosa interpretación de cláusulas administrativas por parte del conseller Blasco, que era el documento en el que se basaban las empresas adjudicatarias para defender la preferencia y exclusividad en la financiación de las plazas de las residencias sobre el resto de entidades y sobre el resto de modalidades, por ejemplo, la del bono.
Algunas fuentes apuntan a que nunca hubo un informe jurídico previo, y, finalmente, en la resolución del 26 de febrero de 2012, la condición de exclusividad queda firme, adquiere firmeza y da paso a un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia, por las empresas de accesibilidad social.
Entonces, ¿usted cree que a pesar de todos los incumplimientos que se hicieron, que estamos ya comentando, la conselleria actuó conforme a la ley al potenciar y favorecer la exclusividad del sistema de accesibilidad social a unas empresas sobre otras?

Y, por otra parte, a pesar de que el pliego establecía una revisión máxima anual basada en el IPC, en 2007 se introdujo el reestablecimiento del equilibrio económico, de fecha 26 de marzo de 2007, a través del cual se revisan los precios al alza sobre el aumento del IPC pactado, y se hace a pesar de que, como ya he dicho antes, las adjudicatarias habían incumplido continuamente algunas condiciones del contrato.
Y en pocos días, con pocos días de diferencia, llega una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que no fue recurrida por La Generalitat; que esta sentencia aumentaba todavía más los precios y, sin embargo, no fue recurrida.
Entonces, no se recurrió la sentencia que afectaba o beneficiaba a Savia y a Sacova y, sin embargo, sí que se hizo con Gerocleop.
Entonces, ¿usted cree que La Generalitat hizo bien no recurriendo esta sentencia, por la cual no recurriéndola se favorecía a una empresa sobre las otras?

El senyor president:

Muchas gracias, señor De Miguel.

Tiene la palabra la señora Casas.

La senyora secretària autonòmica de Serveis Socials i Autonomia Personal:

Vale, vamos a ver.
Respecto al acuerdo o la resolución que hace el señor Blasco, ahí la sentencia es bastante clara.
Ya no es que entienda yo que si es nulo o no era nulo, sino que hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que deja bien claro que la licitación que surge era…, el concurso era por un tercio de las plazas y en ningún momento se hablaba del segundo y tercer tercio; esto es después que el señor Blasco aparece y dicta esta resolución, en la que hace una interpretación propia y dice que este concurso se amplía hasta el segundo y hasta el tercer tercio.

No hay informe… Hay una cosa que para mí es fundamental: que cuando tú haces una modificación de algún tipo de contrato administrativo…, y con lo que se encuentra el nuevo gobierno es con que todo son trabas, obstáculos, trámites, para poder poner en marcha políticas para favorecer a las personas, y si no cumples esos trámites no puedes sacar adelante esas políticas.
Lo que no entendemos es que el señor Blasco para hacer una interpretación o una modificación de un contrato, de un contrato de millones de euros, él con su puño y letra haga una interpretación de un concurso público y decida que ese segundo y ese tercer tercio, que no formaban parte del contrato, se reparta.

Y ahí no hay un informe jurídico que es preceptivo, no hay un informe de la abogacía, ni hay un informe de intervención, no aparece en el expediente de contratación, con lo cual ahí yo creo que cada cual ya que interprete o saque sus propios juicios de valor, pero creo que con eso ya deja mucho que decir.
Entonces, me preguntaba si pensaba que era nulo o no era nulo el acuerdo o…

El senyor De Miguel Martínez:

Si había actuado conforme a la ley.
(Algú tus)

La senyora secretària autonòmica de Serveis Socials i Autonomia Personal:

Vale, pues no ha actuado conforme a la ley.
La exposición era que no es que lo piense yo, sino que es que…, nosotros…, hasta que ha salido esa sentencia, mi opinión era que no era acorde a ley, evidentemente.
Cuando entramos en el gobierno me reúno con varios de los empresarios afectados de Aerte y cuentan -como contarán aquí y ustedes podrán preguntar- que entienden que no ha sido legal esa contratación y tal y cual.
Y luego es en febrero cuando sale la sentencia del Tribunal Superior de Justicia y obviamente no, no ha sido legal, y prescinde de todos los informes necesarios para modificar un contrato.

Y respecto a la revisión de precios, que fue recurrida, que por qué la abogacía no recurría esa revisión de precios, pues habrá que preguntárselo al conseller en aquel momento que por qué no se recurrió esa revisión de precios.
Pero quien ordena…, también es curioso porque lo que nos encontramos es que la abogacía recurre todas las sentencias del copago de los discapacitados, de diversidad funcional, dependencia…, bueno, recurren todo, y estamos hablando de recursos contencioso administrativos de una cuantía del copago de una persona con diversidad funcional, que pueden ser un global de…, no sé, cuantías irrisorias, no voy a cuantificar…, pero que pueden ser tres mil, cuatro mil euros.
Y está recurriendo esas resoluciones y curioso es que no recurra una resolución que implica millones de euros.
De hecho, la ley de la abogacía…, creo que quien ordena si se recurre o no es el conseller.
Habrá que preguntárselo a él por qué no recurrió esta sentencia la abogacía.

El senyor president:

Muchas gracias.

En nombre del Grupo Compromís, tiene la palabra doña Mónica Álvaro.

La senyora Álvaro Cerezo:

Moltes gràcies, senyor president.

Moltes gràcies, senyora secretària autonòmica, per assistir hui ací.
Seguirem remuntant-mos.

I ara jo li pregunte per l'Ordre del 5 de desembre del 2007 del conseller Cotino, per la qual es regulen els requisits i condicions d'accés a les ajudes econòmiques del programa d'atenció a persones i famílies en l'àmbit de l'autonomia personal i de la seua dependència, que introdueix, a més de la exclusivitat, que ja s'havia introduït en part en eixa interpretació que fa el conseller Blasco, el concert fins al 100% de les places construïdes en els esmentats centres, i la forma escollida no és altra que la de concurs restringit sense publicitat i exclusiu per a aquelles empreses adjudicatàries del programa.

Considera vosté que el concert en aquelles empreses no públiques era necessari en eixe moment?
Creu vosté que l'esperit d'esta ordre era el de millorar el sistema d'atenció a les persones majors?
En el moment de la modificació per aquesta ordre de la clàusula del concert fins al 100%, coneix vosté si hi havien places vacants o susceptibles de ser ampliades en centres públics de La Generalitat?
Creu vosté que altres models de prestació, com ara el bo o el servei vinculat a la prestació individual, es van veure afectats per aquesta concertació al 100% de les places en residències?
Per últim, la contractació, per mitjà d'esta Ordre del 5 de desembre de 2007 y subsegüents, va donar lloc a l'obertura d'un segon terç, como ja hem dit abans, en unes condicions privilegiades per a certes empreses, i en especial per a l'empresa del nebot del conseller Cotino.
I, segons es denuncia, va donar acreditació definitiva a estes empreses a ser reconegudes directament com a SAAD -sistema d'ajuda a la dependència- sense que tingueren que complir cap requisit futur per a seguir treballant i contactant amb diners públics.
Creu vosté que això va afectar a la resta d'empreses del sector, a més d'aquelles que ja estaven adherides al sistema?

Moltes gràcies.

El senyor president:

Muchas gracias.
Tiene la palabra.

La senyora secretària autonòmica de Serveis Socials i Autonomia personal:

Son muchas preguntas.
Voy a intentar acordarme de todas.

Vamos a ver.
En cuanto a si era necesario el concurso en aquella época, técnicamente lo desconozco, pero me imagino que probablemente sí, porque durante veinte años el Partido Popular no ha creado red pública de atención a las personas mayores.
Entonces, hoy nos encontramos con que seguimos sin tener red pública y obviamente algún concurso sería necesario.
Hasta cuántas plazas y en qué medida, pues tampoco lo conozco.
Si había plazas públicas en aquella época, tampoco lo conozco, pero sé que hoy, cuando hemos llegado nosotros, había 500 plazas públicas municipales para personas mayores.
Entonces, estas 500 plazas evidentemente no han salido de debajo de las piedras cuando nosotros hemos llegado, esas plazas públicas existirían en su momento también, y quién sabe si incluso más.
Pero, obviamente, si se hace un concurso es porque el sistema público no existe, y que existan otras plazas públicas, no de la Generalitat valenciana, sino de las municipales, todo, a mi entender, apunta a que sí.
Obviamente, lo que he comentado antes: de toda esta información que hoy se pide aquí haremos el correspondiente informe y lo trasladaremos a la comisión para su estudio.

Si se han visto alterados otros tipos de sistemas, como el sistema bono, las prestaciones vinculadas al servicio, aquí se ha visto alterado todo, no solo los bonos, las prestaciones vinculadas al servicio: aquí lo que se ha visto pura y exclusivamente afectado es la vida de las personas.
Porque lo que hace esta Orden del 5 de diciembre de 2007 al final es coger el acuerdo del señor Blasco, que se había sacado de la manga, coger y cubrirlo de normativa, que es una cosa que el Partido Popular siempre se cree que mete las cosas en una norma y se cree que son legales, pero no lo son.
Entonces, esa orden que hicieron para coger y trasvasar ese acuerdo de Blasco también ha sido declarada nula.

Como decía, no solo se ha afectado a las prestaciones vinculadas y a los bonos, sino que aquí la estrategia que venía a seguirse es: hay un registro de entrada público, donde las personas presentan su solicitud dentro del sistema de atención a la dependencia, y la mayoría de solicitudes son o prestaciones para cuidados en el entorno familiar o…, sí, prácticamente eso, porque el Partido Popular creo que es lo poco que desarrolló de la ley, eso y accesibilidad.

Entonces, lo que la gente solicitaba era la prestación en el entorno familiar, porque nadie quiere irse a vivir a una residencia.
Obviamente, las directivas europeas, la lógica, el sentido común dice que todos queremos vivir en nuestro entorno familiar para relacionarnos con nuestra comunidad, y luego, en aquellos casos en los que no haya un apoyo familiar, no haya una red pública, no tengas esos apoyos o por tus circunstancias médicas, tendrás que acudir a una residencia.

Entonces, aquí qué es lo que se hizo.
Aquí se vio la ley de dependencia como un filón, como una manera de poder extraer fondos del estado, con lo cual, en lugar de seguir el riguroso orden de registro de entrada de las solicitudes, lo que se hizo fue externalizar -es que, claro, aquí hay mucho que contar-.
Lo que se hizo fue crear una empresa, Avapsa -Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales-, esta Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales, que, antes de publicarse la ley, cuando estaban en debate parlamentario, se fueron al notario del Partido Popular y creó esta empresa.
Esta empresa es a través de la que se externalizó el sistema de atención a la dependencia, y se gestionaba y se tramitaba a partir de esta empresa, donde los procesos de contratación también han sido recurridos en el Tribunal Superior de Justicia e incumplen los principios de mérito, capacidad y concurrencia competitiva.
Y esta empresa es el instrumento a través del que se gestiona y se tramita todo esto.
En lugar de resolver las solicitudes en función de ese registro de entrada, lo que se hizo fue ir y valorar en masa a las residencias.
Entonces, lo primero que se resolvía, evidentemente, eran los servicios residenciales.

Al final, ¿por qué se ven perjudicadas también las prestaciones vinculadas al servicio o la persona en sí?
Porque, cuando la persona llegaba y pedía la prestación para estar atendida en su entorno, no le resolvían.
Pasaban seis meses un año y, claro, la situación de las personas mayores va en deterioro.
Entonces, cuando la familia o la persona ya no podía permanecer más en su entorno porque no tenía ningún tipo de prestación, ni tenía ningún tipo de apoyo para permanecer en su entorno, la familia se veía obligada a ingresar a la persona en un servicio residencial.
Entonces, el servicio residencial al que acudían era al servicio municipal que tienes en tu municipio, que, en su caso, era privado.
Entonces, para eso estaba la prestación vinculada al servicio, para que a aquellas personas que, en lugar de optar por una residencia pública, optaban por una residencia privada se les pagara esta prestación vinculada al servicio.

Entonces, es una manera de, si tú no resuelves las prestaciones vinculadas al servicio, la persona mayor consume todo su fondo ahorrado y cuando ya no tiene más ahorros te está pidiendo una plaza pública, cuando esa persona lo que quiere es quedarse en esa residencia privada, porque está a cinco minutos de su casa, viene su marido a verla, viene su hijo y viene tal.
Es una manera de pervertir el sistema.
Entonces, yo no resuelvo, tengo paralizadas todas las solicitudes de cuidador, de prestaciones vinculadas para otras residencias que están cercanas a mi entorno, etcétera, y al final, por necesidad, las personas acuden a estas residencias, Savia o todas las del conjunto que estaban dentro de la accesibilidad.

Ahí ya tampoco es que solo lo diga yo, sino que hay unas escuchas telefónicas del caso Brugal, donde el sobrino del señor Cotino decía, Â«no te preocupes que el meu tio (inintel·ligible) … las residenciasÂ» Que no se van a resolver: Â«Las prestaciones de cuidadores, eso no se va a resolver.
No te preocupes que nos van a dar las residencias.
Â»

Y así fue.
Y así tenemos a 45.
000 personas en lista de espera.
De aquellos barros estos lodos, que viene a decirse.
De toda esa trama y esa perversión del sistema de atención a la dependencia, nos encontramos hoy en el punto de partida en el que nos encontramos.
Y luego respecto al tema de la acreditación de los SAAD, ahí no puedo…, no tengo la información ahora en este momento, pero solicitaremos todo el procedimiento de acreditación de empresas y lo aportaremos a la comisión.

El senyor president:

Muchas gracias.

Ahora tiene la palabra la señora Concha Andrés, en representación del Grupo Socialista.

La senyora Andrés Sanchis:

Gracias, presidente.

Muchas gracias, señora secretaria autonómica, por venir esta tarde aquí.

Yo quisiera continuar un poco con lo que estaba diciendo usted.
¿Se han localizado instrucciones o circulares dentro de la conselleria, en las que se daban indicaciones al personal de las territoriales o al personal de las direcciones generales, para que se priorizara la resolución de esos expedientes para las residencias de accesibilidad y no el resto de prestaciones, como podría ser para recibir una ayuda para ser cuidado en su entorno familiar, o para recibir una ayuda para una residencia privada?
Me gustaría saber cómo se trasladaban todas esas instrucciones para que eso que verdaderamente ocurría, porque sabemos que había una paralización de muchas de esas prestaciones, se hiciera efectivamente; si se ha localizado algún tipo de instrucciones, o hasta incluso dirigidas a los ayuntamientos.

Otra de las cuestiones que quisiera preguntarle es: tanto el conseller Cabré, como la consellera Sánchez Zaplana dijeron, basándose en informes de la abogacía de La Generalitat, que se iba a establecer ya una línea roja en la contratación de más plazas de accesibilidad, antes de la contratación del segundo tercio.
No obstante, en el año 2013 se firma una resolución del subsecretario con la adjudicación de nuevas plazas mediante el procedimiento negociado y sin publicidad en la que se invita única y exclusivamente a las empresas del grupo Savia.

En ese período de tiempo, tenemos constancia, además, de que se redujeron de una manera importante las plazas de residencias públicas.
Y, por ejemplo, sabemos que se redujeron 70 plazas en Torrevieja, 110 plazas en Carlet, unas ochenta plazas aproximadamente en la residencia de Alacant, anteriormente llamada Juan XXIII, en la Florida 50.
Aproximadamente, unas cuatrocientas sesenta plazas públicas hemos visto, que viene a coincidir con esas 500 que usted estaba diciendo.
Y también, en aquellas residencias que estaban con gestión integral -es decir, eran residencias públicas pero gestionadas por empresas privadas con o sin ánimos de lucro- también habían multitud de plazas vacantes.
Aproximadamente estaríamos hablando de más de doscientas veinticinco plazas vacantes.

En este caso, esas plazas vacantes se pagaban al 80%.
Es decir, pensamos que se derivaban los usuarios a una residencia de accesibilidad, estando vacante la plaza pública o de gestión integral, que, por lo tanto, de acuerdo con la ley, era de cobertura prioritaria, pero se pagaba el 80%, con lo cual se estaba pagando el 100% del coste de accesibilidad y el 80% por una plaza vacía.
¿Cree usted que eso es una forma adecuada de gestionar los recursos públicos?
¿Cree usted que eso es un modelo que se tiene que revisar y atajar cuanto antes?

Otra de las cuestiones que quisiera también preguntarle es si cree usted que el modelo Cotino ha contribuido a un drama, ha perjudicado a muchas familias y muchos usuarios que en un momento determinado necesitaban una atención inmediata, de acuerdo con el derecho subjetivo que tenían reconocido por la ley de la dependencia especialmente en los últimos años, a partir del año 2008.

Quisiera preguntarle si ha tenido algún tipo de reuniones, ha mantenido algún tipo de relación con las empresas relacionadas con el grupo Savia.
¿Por qué motivo?
¿Qué reivindicaciones son las que hacen?
¿Y qué opinión le merece el trato y la política de empresa de ese grupo empresarial con respecto a los usuarios a la vista de las numerosas denuncias, como nos ha informado que hay de familiares y residentes, y de las muchas actas de inspección?

Gracias.

El senyor president:

Muchas gracias, señora Andrés.

Señora Casas.

La senyora secretària autonòmica de Serveis Socials i Autonomia Personal:

Vamos a ver, respecto a si el modelo de gestión es el correcto, que existiendo plazas públicas se deriven a la privada, obviamente yo creo que todos sabemos que no.
O sea, es el ejemplo de la mala gestión.
Y el invertir el dinero de los ciudadanos, porque al final el dinero es nuestro, el que todos pagamos con nuestros impuestos para dar los servicios que queremos tener.
Entonces, cualquier gestor sabe que un ciudadano no quiere que su dinero se invierta en una empresa privada cuando existe un servicio público.
O sea, es el antimodelo de gestión pública.
De hecho, lo que hemos hecho el nuevo gobierno es, una vez se ha disipado el caos y el galimatías jurídico que había dejado el antiguo gobierno y esperando a la luz de esa sentencia que al final ratifica que es ilegal y es nulo todo el procedimiento de adjudicación, lo primero que se ha hecho es: ¿dónde hay plazas públicas?
, ¿qué municipios tienen plazas públicas?
Es que no es de…, nadie puede negar que lo primero que tiene que hacer una administración pública es averiguar qué plazas públicas existen para, después, en su caso, si no cubres la demanda, abrir un concurso público abierto y transparente, nada de procedimientos negociados sin publicidad, que ya solo la palabra da miedo.

Si hemos encontrado instrucciones…, a las direcciones territoriales, hasta la fecha, no.
Hemos encontrado una instrucción que dice que -que ya evidentemente la hemos retirado atrás-, una instrucción que dice que el que no paga no se puede trasladar de residencia.
Es decir, que si tienes una deuda porque ese mes has tenido que pagarte la dentadura postiza y le has dejado a deber cien euros a la residencia, pero, sin embargo, queda una vacante a cinco kilómetros de tu casa, porque a ti te mandaron a cien, pues hay una instrucción que dice que mientras no pagues todo el dinero que debes, aunque te hayas tenido que pagar la prótesis dental, te quedarás a cien kilómetros de tu casa, en lugar de a cinco para que vaya a verte tu mujer.
Esa instrucción secuestra personas mayores -yo la llamo la instrucción Â«secuestra personas mayoresÂ»- esa instrucción ya la hemos retirado.

Respecto a instrucciones sobre si se adjudicaban unas plazas u otras antes, ahí la dirección territorial no es quien tiene las competencias, porque es lo que comentaba antes: que todo esto se hizo pensado y muy bien pensado, y se hizo a través de un ente, de una empresa, que es la que digo que se constituyó en el notario, y toda esa gestión y esa tramitación, esa resolución PIA, del Programa individual de atención, lo hacen a través de esta empresa.
De momento, no hemos encontrado instrucciones en ese sentido, pero tengo que decir que por parte de la conselleria también estamos en fase de investigación, porque primero hemos tenido que sacar a flote a las personas antes de poder crear una gran investigación, contando con que tampoco existe personal porque se han defenestrado los servicios públicos durante estos veinte años a cargo del Partido Popular.
Entonces, nos encontramos más en intentar solucionar la vida de las personas que hoy lo están pasando mal.
Pero que estamos todavía en ese proceso de intentar tirar del hilo e ir sacando un poquito más, un poquito más, que creo que nos va a llevar años incluso, porque creo que aquí han pasado muchas, muchas cosas y muchas irregularidades, tal y como estamos viendo hoy aquí.

Si ha influido en el drama de muchas personas, pues sí.
Muchas no, muchísimas.
De hecho, 36.
000 personas han muerto sin ayudas a la dependencia.
36.
000 hay muertas, y hay otras 45.
000 que están vivas y no las podemos atender.
Claro que ha afectado ese drama, porque, como he expuesto antes, ha sido la perversión del sistema de atención a la dependencia, de no resolver las solicitudes conforme iban presentándose, sino valorar y resolver en masa los usuarios de las residencias, que ya estaban recibiendo el servicio.

Y es un drama que venga una persona y te cuente que a su madre la han acostado vestida, que ha ido esta mañana y se la ha encontrado vestida; es un drama que te digan que se han equivocado con la medicación y que se la han llevado al hospital; es un drama que los levanten a las cinco para que estén sentados en una silla; es un drama que a una persona que no puede mover los brazos le pongan la comida delante y esperen a que coma y, como no tienen personal para repartir la comida, se acaba la hora de la comida y se la llevan sin comer.
Es un drama, y muy gordo; o sea, muy muy gordo.

Y espero que, bueno, ya no es una cuestión económica, que la comisión de investigación…, y todo esto se derive a la fiscalía y se haga la correspondiente instrucción en su caso para que se devuelva el dinero por el cual se hayan enriquecido injustamente, sino que aquí hay un drama mayor, que es el de la dignidad, el drama de las personas, porque a esas personas nadie va a ir a devolverles su dignidad; nadie va a ir a dejarlas dormir tres horas más que le correspondía dormir antes de desayunar; nadie va a ir a volver a darle el pollo al horno que le correspondía comer a las 14:00 horas; nadie va a devolver la vida a esas 36.
000 personas que se han muerto, dándoles la atención que merecían, a esas 45.
000 que están esperando.
Es un auténtico auténtico drama, sí.

El senyor president:

Muchas gracias.

En nombre del Partido Popular, del Grupo Popular, tiene la palabra doña María José Catalá.

La senyora Catalá Verdet:

Muchas gracias.

Bueno, empezando por el final, a mí me gustaría saber, señora secretaria autonómica, si podría usted -ya que nos ha comentado que ha solicitado un informe sobre los servicios de inspección en los últimos años en la aplicación del plan de accesibilidad-, si podría usted identificar a los responsables de la inspección de los últimos quince años, ya que, en cuanto al tema de la inspección, entiendo por sus palabras que es una cuestión que ha podido estudiar.
Sobre todo, esto último que ha dicho, estas incidencias que le han puesto de manifiesto ciudadanos, si usted ha tomado medidas al respecto; es decir, sobre esas personas que se acostaron con la misma ropa, se levantaron con esa ropa si usted ha tomado medidas al respecto, ¿qué medidas ha tomado?

Me gustaría saber también, señora secretaria autonómica, si, respecto al argumento que se ha utilizado en esta comisión en cuanto al recurso de sentencias de revisión de precios, si usted habitualmente en el transcurso de su gestión le da alguna indicación a la abogacía de La Generalitat sobre lo que se debe o no recurrir, y, es más, si su consellera y a la vez vicepresidenta da instrucciones a la abogacía de La Generalitat sobre los posibles recursos que tengan que interponerse.

También ha dicho que hasta que se publicó la sentencia, la reciente sentencia de este año, usted pensaba que no era acorde a la ley el procedimiento.
Y lo que me gustaría saber, sobre todo también después de escucharla a usted y después de escuchar al representante de Aerte esta mañana, es qué piensan hacer con la reclamación de este grupo, de Aerte, de la patronal, que pide que se cubran las plazas vacantes del primer tercio con plazas ocupadas del segundo tercio, para que vaya desapareciendo ese segundo tercio, y no con personas nuevas, con nuevas personas; que la reposición del primer tercio sea con personas del segundo, de forma que el segundo vaya desapareciendo.
Porque hasta la fecha, en los últimos ocho meses, ustedes han seguido reponiendo las vacantes del primer tercio con personas nuevas y no con personas del segundo tercio; por lo tanto, digamos que no han propiciado ustedes la desaparición del segundo tercio, y esto contrasta con su opinión sobre que el procedimiento no era del todo legal.

También me llama poderosamente la atención su argumento, diciendo que los últimos años han pasado cosas irregulares.
Y esto también contrasta con su primer alegato en esta comisión; y es que usted dice eso, pero al mismo tiempo nos ha dicho en su primera intervención que no podía hablar del pasado, puesto que usted lleva ocho meses y hay cuestiones que no conoce, y, por tanto, qué cosas irregulares.
Es decir, ¿por qué nos dice que han pasado cosas irregulares, cuando nos dice que no puede darnos información sobre cuestiones de los últimos quince años?
Es en base a una opinión, me imagino; pero, si es así, me gustaría que usted lo detallara.

También me gustaría saber…, también se ha puesto de manifiesto esta mañana que actualmente, desde la sentencia, no se dan prestaciones vinculadas del servicio y no se reponen plazas.
¿Por qué?
Eso lo ha dicho el representante de la patronal Aerte, que en este momento ni se dan prestaciones vinculadas al servicio ni se reponen las plazas.
Si usted se manifiesta en contra de esta…, bueno, es lo que nos ha dicho esta mañana el representante de la patronal y, por lo tanto, era una de las preguntas que quería hacerle, cuál era su opinión sobre esta afirmación.

Y la verdad es que creo que usted venía más preparada para contestar a una cuestión mucho más actual, que es la adjudicación reciente de una serie de licitaciones, de contratos, de gestión integral de servicios para personas mayores.
Decirle que…, usted ha querido hacer referencia al principio diciendo que esto más que un pliego era una subasta, que el pliego lo preparó el Partido Popular, y, como usted ya se arremanga para hablar de este asunto (rialles), porque la veo con ganas, le pregunto, le pregunto, ¿hay un informe del sub…?

La senyora secretària autonòmica de Serveis Socials i Autonomia Personal:

Es que tengo calor, ¿eh?

La senyora Catalá Verdet:

Bueno, pues seguro que los servicios técnicos de la cámara hacen lo posible para que usted esté lo más cómoda posible.

¿Hay un informe del subdirector general de Envejecimiento Activo y Autonomía Personal sobre estas licitaciones que desmonta los argumentos planteados por las empresas sobre las bajas temerarias?
Porque tenemos conocimiento de que ustedes han adjudicado (algú tus) bajas temerarias y a empresas también del mal llamado modelo Cotino.

Y en cuanto a esa adjudicación, en cuanto a los órganos de contratación, ¿es cierto que a la mesa de contratación del 4 de noviembre de 2015, acudieron tres personas, la presidenta, que no sabemos si es titular o suplente, la representación de la abogacía y la de la intervención delegada, cuando la mesa se constituye por un suplente, un vocal de suplente, un vocal de área jurídica con tres suplentes y un vocal en la intervención delegada con cuatro suplentes?
¿Cuál es el motivo para que solo acudan tres personas a esa mesa?
Y, sobre todo, ¿cuál es el motivo para que alguna de esas personas quisiera abstenerse en la votación y finalmente no pudiera abstenerse y tuviera que pronunciarse?

Muchísimas gracias.

El senyor president:

Gracias, señora Catalá.

Señora Casas.

La senyora secretària autonòmica de Serveis Socials i Autonomia Personal:

Vamos a ver, resulta curioso que me diga que quiénes eran los responsables del servicio de inspección durante los últimos diez años.
Evidentemente, ustedes.

La senyora Catalá Verdet:

No, no, las personas.

La senyora secretària autonòmica de Serveis Socials i Autonomia Personal:

El máximo responsable de los servicios de inspección de la Conselleria de Bienestar Social era el antiguo gobierno, Partido Popular… (Remors)

Estoy hablando, por favor.
Yo no la he interrumpido en su turno de palabra.

El senyor president:

Yo moderaré.
Sí, sí.
Siga, siga, siga.
Siga, siga, siga.

La senyora secretària autonòmica de Serveis Socials i Autonomia Personal:

Como he dicho antes, el informe está aquí y lo dejaré en la comisión de investigación para que se lo estudien y vean lo que ustedes durante los últimos diez años…, es que parece que haya sido otro, entonces, claro, a mí me hace gracia que usted me pregunte que quiénes eran los responsables del servicio de inspección, porque los responsables del servicio de inspección eran ustedes; eran ustedes, eran ustedes que eran los que han tenido el gobierno durante estos veinte años.

¿Qué es lo que sucedía?
Bueno, ahí lo que nosotros hemos encontrado es que hay siete inspectores.
.
.
, durante veinte años poco han podido hacer y, al final, debilitando los servicios públicos es una manera de no destapar qué es lo que hay en esas empresas privadas.

¿Qué medidas de inspección hemos tomado desde que hemos entrado en el gobierno?
Pues se han hecho unos protocolos para coordinar otros servicios de inspección de otras consellerias, ya que el señor Montoro, al que ustedes bien conocen, no nos permite ampliar el capítulo I de personal, que si pretende que gestionemos el país sin personas, pues la verdad es que resulta bastante, bastante complicado.
En esa tesitura en la que nos encontramos -que el señor Montoro no permite ampliar personal- se han intentado y se han hecho esfuerzos y se han coordinado -como decía- y se han hecho esos protocolos de coordinación con otros servicios de inspección de otras consellerias, en tanto higiene, salud y seguridad en el trabajo.

Increparme o decir que no se resuelven prestaciones vinculadas al servicio y que lo ha dicho el señor de Aerte…, yo no conozco la literalidad de las declaraciones de Aerte y no tengo por qué conocerlas, pero sí que conocerá usted que durante el año -si no recuerdo mal- 2013 no se resolvió ningún expediente de la dependencia, y que usted me venga a mí a decir si se resuelven o no se resuelven expedientes me parece que es bastante lamentable.
1.
800 expedientes se resuelven durante el mes, y en esos 1.
800 expedientes que se resuelven cada mes no es que se resuelven unas prestaciones o se resuelven otras, se resuelven las que piden las personas.
Y las prestaciones vinculadas al servicio están dentro de ese catálogo de servicios que sí que resolvemos.
Y que no priorizamos plazas del señor Cotino a las prestaciones vinculadas del servicio.
De eso podemos estar orgullosos; me parece que otros no tanto.

A ver qué pregunta ha hecho usted más.
Desde que salió la sentencia, desde el día siguiente a conocer el fallo de la sentencia se envía la instrucción a las direcciones territoriales para que no ingrese ninguna persona más dentro de las residencias del señor Cotino.
Obviamente, si yo hubiera hecho algo en contra, no podría haberlo hecho porque estábamos esperando a esa sentencia judicial que dirimiera este asunto.
Que querían darle formato legal, pero no les ha salido bien.
Ya veremos dónde acaba todo esto, porque la gente se merece que acabe donde tiene que acabar, no aquí.

Respecto a las gestiones integrales, me resulta también curioso que me hable de las gestiones integrales, de las cuales ustedes antes de salir del gobierno bien dejaron atadas y bien atadas, como en muchas otras cosas, porque, como se ve que sabían que iban a perder las elecciones (algú diu: Â«¿Qué tiene que ver?
Â»), han muerto matando, que se suele decir.
Y esas licitaciones y esos concursos públicos…, fueron ustedes los que sacaron esa licitación con unos requisitos en los pliegos, en los que vale lo mismo la calidad del servicio que cuánto rebajes el precio para prestar ese servicio.

Evidentemente, si lo que hacía el Partido Popular es primar el 50% el precio del servicio, pues al final se ha convertido en que todos bajan el precio del servicio hasta puntos que llamamos o que todos conocemos como la baja temeraria.
De hecho, hemos intentado salvar y que no fueran adjudicadas a…, cuando se reducía el precio del servicio, hay informe de la Dirección General de Servicios Sociales, donde se dice que con esa cuantía que ofrece la empresa no se pueden cubrir los gastos derivados de la manutención de una persona mayor; sin embargo, la abogacía e intervención entienden que sí.

Entiendo que usted tiene que preguntar por algo que no sea el señor Cotino, porque es que, si no, no tiene razón de ser que me esté preguntando esta serie de cosas, porque esto no tiene que ver con los contratos de accesibilidad, sí que tiene que ver con la política de su partido político, y es lo que ustedes han dejado a la ciudadanía antes de irse.

El senyor president:

Muchas gracias, señora Casas.

Ahora, como segundo turno, tiene la palabra, en primer lugar, don César Jiménez, del Grup Podemos-Podem.

El senyor Jiménez Doménech:

Sí, jo seré breu, perquè moltes de les qüestions ja han estat aclarides en el primer torn.
Sí que demanaria també als serveis de la cambra que feren alguna cosa per la calor, i a la gent que se sufoca que rebaixe el seu grau de sufocació, que jo també tinc calor.

Tornant al concurs este de les 9.
000 places, li he preguntat per les seues percepcions sobre què li pareixia este concurs, i com valora vosté que este reduït nombre de empreses que van resultar adjudicatàries d'este concurs vingueren de l'àmbit de la construcció, empreses de la construcció, com valora eixa coincidència.
I li vull fer una altra pregunta: si vosté considera que per a crear 9.
000 places residencials haurien existit millors mètodes que fer este concurs tal com se va configurar.

Una altra qüestió, referent als preus, ja hem dit i estem d'acord en el fet que resulta sospitós, però li vull preguntar si en estos vuit mesos de treball en la conselleria han trobat -crec que ha dit que no, però si m'ho aclarix- si han trobat constatació, més enllà de la sospita, constatació de que poguera haver-hi acords tàcits entre les empreses abans de presentar-se al concurs.

Sobre la no-execució dels avals que li he preguntat abans, com és que si hi ha incompliment dels plecs de condicions, com és que no se van demanar en el seu moment?
Creu vosté que a banda d'eixes responsabilitats que no se van demanar, creu vosté, té la intuïció que hi haguera alguna relació entre estes empreses a les quals no es va demanar l'execució de l'aval en persones ben situades en la conselleria?

I, per acabar…, no, per acabar, no.
Ja he acabat.

Moltes gràcies.

El senyor president:

Gracias, señor Jiménez.

Tiene la palabra.

La senyora secretària autonòmica de Serveis Socials i Autonomia Personal:

Respecto al modelo de macrorresidencias, vamos a ver, las directivas europeas lo que nos vienen a decir sobre este modelo de macrorresidencias, las directivas europeas lo que vienen a decir es que no tienen que construirse residencias de más de cien personas, o sea que no es el modelo al que hay que tender, y es lo que hablaba antes de la permanencia en el entorno familiar y poner una red de apoyos que permita vivir en comunidad, y no en macrorresidencias apartadas a las afueras de los pueblos.
Yo creo que a nadie le gustaría vivir eso.

Es curioso, vamos, es muy curioso que sean empresas constructoras las que se dedican a los servicios de atención a los mayores.
A mí me resulta muy curioso, cuanto menos curioso que una empresa constructora se dedique a prestar servicios cuando no tienen ningún tipo de solvencia en esta prestación de servicios.
Más allá de eso no puedo emitir ningún juicio de valor en ese sentido.
Y obviamente que no se exigieran los avales, cuando hay unos procedimientos administrativos que están estipulados y deben cumplirse…, cuando uno se aleja de ese procedimiento administrativo o no cumple con los requisitos exigidos, pues obviamente algo no está funcionando bien, porque la ley está para cumplirla.

El senyor president:

Muchas gracias.

Tiene la palabra el señor David de Miguel.

El senyor De Miguel Martínez:

Gracias, presidente.
Yo voy a ser más breve todavía.

Insistiendo sobre el tema de los no recursos de las sentencias por la actualización de los precios.
Si tenemos en cuenta…, o sea, dado que eso es consecuencia -ahora es usted la secretaria autonómica-…, y, por tanto, dado que la inacción, digamos de La Generalitat, al no recurrir estas sentencias, teniendo en cuenta el número de plazas y los años transcurridos, o sea, el número de plazas del grupo Savia y los años que pasaron, ¿tienen cifrado el beneficio económico que podríamos considerar anormal que tuvo la empresa por esta inacción de La Generalitat?

E insisto -creo que ya más o menos intuyo (rient) cuál va a ser su respuesta-, pero, puesto que reconoce que no era la forma habitual de obrar el que sí que se recurrieran unas sentencias y otras no, el motivo por el que concretamente unas sentencias no se recurrieron y otras sí; en el tema de actualización de precios, me refiero.

El senyor president:

Muchas gracias.

Señora Casas.

La senyora secretària autonòmica de Serveis Socials i Autonomia Personal:

No, pueden realizarse esos cálculos para aportarlos a la comisión, en cuanto a la cuantía económica de la revisión de precios, y lo haremos llegar.
Yo desconozco de cuántos millones de euros estamos hablando.

Y por qué se recurrieron unas y otras sí y otras no, es lo que comento que debe preguntarse al conseller en su momento, que es quien tiene que decir si se recurre o no se recurre.
Nosotros sí que hemos tenido que decir que no se recurra, hemos tenido que decir que se retirara el recurso que ustedes habían interpuesto en el tema de la renta garantizada de ciudadanía, o hemos tenido que decir que se retirara el recurso que ustedes habían puesto al decreto que hace pagar a todas las personas con diversidad funcional.
Entonces, deberá preguntarse…, desconozco por qué se recurrieron unas sí y otras no, pero, de nuevo, resulta curioso que aquellas que llevan aparejadas millones de euros a favor de determinadas empresas no fueran recurridas.

El senyor president:

Muchas gracias.

Tiene la palabra ahora la señora Mónica Álvaro.

La senyora Álvaro Cerezo:

Moltes gràcies.

En data 20 de setembre de 2010 la consellera Angélica Such contesta el següent respecte a una pregunta de Compromís:

Â«Amb carácter general i des dels seus inicis la inspecció de serveis socials ha estat una inspecció orientadora més que sancionadora.
Pel que fa al nombre d'expedients sancionadors oberts a les residències geriàtriques esmentades del grup Savia, concretament, i en els anys que fa referència a la pregunta han estat: any 2007, dos expedients; any 2008, quatre expedients; any 2009, cinc expedients; any 2010, dos expedients.
Tretze expedients en quatre anys, i deguts la majoria a temes de seguretat entenem que greusÂ».
Això ho contesta la consellera de Benestar Social, Angélica Such, en l'any 2010.

De la mateixa manera també -és el que parlàvem abans- sobre la no interposició de recurs de cassació contra els centres residencials Savia sobre aquella sentència correspon informar a la diputada que no es va considerar oportuna la interposició de recurs per part d'aquesta conselleria.

Així que jo li pregunte a vosté: després de tot el que s'ha explicat ací, de la descripció que vosté ens ha facilitat, com ara que políticament es decidia per part de la conselleria no recórrer una sentència o fer una interpretació per part d'un conseller d'unes clàusules administratives sense informe jurídic preceptiu, la creació d'una empresa, Avapsa, per a malgestionar la dependència, etcètera, creu vosté que la Conselleria de Benestar Social del seu dia és la responsable directa del retard en l'aplicació de la llei de dependència en el país valencià?

Moltes gràcies.

El senyor president:

Muchas gracias, señora Álvaro.

Señora Casas.

La senyora secretària autonòmica de Serveis Socials i Autonomia Personal:

Rotundamente sí.
La falta de aplicación del sistema de atención a la dependencia y promoción de la autonomía en esta comunidad autónoma, en la cual sacamos un 0,1 en la aplicación de la ley, en el Observatorio de la Dependencia, es consecuencia directa de los antiguos gestores.

El senyor president:

Muchas gracias.

Señora Andrés, tiene usted la palabra.

La senyora Andrés Sanchis:

Gracias.

Yo quisiera insistir un poco en aquello que usted ha remarcado, que probablemente es lo más importante, y es que estas residencias, dirigidas por empresas constructoras, debían de garantizar la calidad en la atención a los usuarios, a personas dependientes, que en la mayoría de los casos no pueden defenderse por sí mismas.

Entonces, a la vista de todo lo que ha aparecido en las actas de inspección, que supongo que estará mucho más completo con ese informe, yo sí que he detectado algunas cuestiones, como por ejemplo que se contrataban en estas empresas de accesibilidad a personas que no tenían la titulación adecuada, por ejemplo no eran enfermeros o no eran ATS; que en vez de tener treinta auxiliares de clínica, de acuerdo con la plantilla de personal, solamente había dieciocho, o sea, un poco más de la plantilla; que incumplían también que las habitaciones fueran individuales, las estaban ocupando como dobles; que tenían en mal estado el mobiliario; que no tenían un programa de terapia ocupacional; hasta incluso consta que, cuando había periodos de vacaciones largos, todo el equipo técnico estaba de vacaciones y no era sustituido, con lo cual los residentes no recibían terapia y existían apercibimientos por parte de la inspección o del departamento correspondiente de la conselleria.
Y también me ha sorprendido ver que en algunas residencias la inspección detecta que había mobiliario del servicio valenciano de salud: camas, sábanas y toallas.

Señora secretaria autonómica, a mí me gustaría preguntarle si es posible que usted realice algún tipo de investigación en la conselleria para saber si hubo algún expediente de compraventa -porque estamos hablando de empresas privadas- para que pudieran disponer de ese material; si, por el contrario, hubo algún tipo de cesión gratuita y quién adoptó ese tipo de decisiones, y, por supuesto, también, en el caso de que se haya incumplido el pliego de forma que afecte gravemente a la asistencia y a la calidad de atención a las personas, si es posible que se pudieran iniciar expedientes de reversión, porque estas empresas están cobrando por un coste plaza para garantizar una plantilla de personal y una atención.
Si están vulnerando ese tipo de servicios de una manera tan flagrante como consta en las actas de inspección, y además reiterando la inspección que son múltiples los incumplimientos que se realizan, yo, desde esta comisión, le pediría, si es posible, si usted estaría dispuesta a iniciar un expediente para que devuelvan aquel dinero que no les corresponde haber cobrado por esas plazas.

De otra manera, también me gustaría saber si de todos esos expedientes iniciados -son muchas las denuncias-…, de todos esos expedientes iniciados me ha sorprendido que en algunas ocasiones había propuestas de 3.
000 euros, muy bajas me parecían, pero era una propuesta.
Normalmente siempre era lo más bajo, pero lo que no sabemos es en cuánto dinero se resolvió y si se llegaron a cobrar.

También le pediría, señora secretaria autonómica, si es posible averiguar en esos expedientes sancionadores quién tenía la competencia para su tramitación y resolución y quién tenía la competencia para garantizar que fueran cobradas las sanciones correspondientes, en cualquier caso concordantes con la intensidad de los incumplimientos que se estaban produciendo por estas residencias.
Además de levantar a los ancianos a las 5:00 para poderlos empezar a asear, cosa que humanitariamente tiene bastante que cuestionar, yo creo que en algunos casos estamos hablando además de una falta de atención reiterada a las personas con dependencia.

Muchas gracias.

El senyor president:

Sí, muchas gracias, señora Andrés.

Señora Casas.

La senyora secretària autonòmica de Serveis Socials i Autonomia Personal:

Sí, recojo el testigo y el compromiso.
De hecho, el informe que se solicita al servicio de inspección va en ese línea y en esa hoja de ruta que apuntaba antes, que, por parte de la conselleria, estamos haciendo las gestiones dentro de los medios escasos de los que disponen, porque una de las cosas con las que nos hemos encontrado es que parece la administración de la época medieval, no la administración del siglo en el que nos encontramos, donde las bases de datos son un Excel; durante veinte años del Partido Popular parece ser que las bases de datos no existían.
Y con esos pocos medios rudimentarios de los que disponemos y que nos gustaría que fueran más, el compromiso…, y ya está iniciada esa andadura de descubrir todo ese servicio de inspección: por qué había casos en los que sí que había una propuesta de sanción y la dirección general competente no tramitó esa sanción.
Nos hemos encontrado unos casos en los que eso sucedía: el servicio de inspección es quien hace esa inspección, ese apercibimiento, ese requerimiento y esa propuesta de sanción que da traslado a la dirección general competente en la materia para que inicie ese procedimiento sancionador y que misteriosamente esa dirección general no incoó ese procedimiento sancionador.
Y a nosotros también nos llama la atención que luego los procedimientos que sí que fueron incoados, que han sido los mínimos -como apuntaba la señora diputada-, se trata de sanciones mínimas en comparación con el drama humano que se vive en las residencias.
Entonces, recojo el compromiso y aportaremos a la comisión toda esa documentación una vez tengamos todo recopilado.

El senyor president:

Muchas gracias.

Tiene ahora la palabra la señora Catalá.

La senyora Catalá Verdet:

Gracias, señor presidente.

Bien, hay algunas cuestiones que me gustaría que me contestara.
Las he planteado en mi primera intervención y, bueno, me gustaría que me las pudiera resolver, porque además forman parte de la gestión actual de su conselleria, su cartera.
Por tanto, decirle: ¿qué piensan ustedes hacer con la reclamación de Aerte respecto a que se cubran las plazas vacantes del primer tercio con plazas ocupadas del segundo tercio, y no con personas nuevas?
O sea, ¿van a poner ustedes en marcha esta medida que ellos les solicitan, con el fin de hacer desaparecer el segundo tercio?
¿No van a hacerlo?
Yo creo que es una cuestión que fácilmente me podría usted contestar, puesto que es actual y forma parte de su gestión.

Comentaba usted que los responsables de la inspección de los últimos años es el conseller, el secretario autonómico, el director general, las personas que se encargan de la gestión política, y que también ustedes han intentado en la adjudicación de esos seis centros, estos últimos seis centros, que no se adjudicara, puesto que había una baja temeraria y se adjudicaba un precio por plaza, casi un 17% más bajo que lo que adjudicó el Partido Popular, pero que la abogacía y la intervención tenían un criterio y que ustedes no habían podido hacer nada.

Me sorprende poderosamente que, cuando se trata del Partido Popular, usted entienda que tanto la inspección como la abogacía que no plantea un recurso contra la revisión de precios…, eso hay que preguntárselo al conseller o al secretario autonómico, pero, en cambio, en esta adjudicación que han hecho ustedes, ustedes -que dicen que no querían, pero que la abogacía y la intervención tenían un criterio contrario- no hayan podido hacer nada.
Por el mismo criterio, yo podría decirle a usted ahora: ¿por qué no han podido hacer nada?
Si usted considera que en la época del Partido Popular tanto la inspección, como la abogacía, como la intervención, como su gestión, sus recursos se tenía que preguntar al conseller, usted que ahora es secretaria autonómica, me gustaría decirle: ¿por qué no han podido hacer nada?

Es decir, insisto en la pregunta: (veus) teniendo un informe del subdirector general de Envejecimiento Activo y Autonomía Personal para todas las licitaciones consultadas, que desmonta de manera objetiva los argumentos planteados por la empresa adjudicataria, y que dice claramente que hay una baja temeraria, ¿por qué ustedes no han podido hacer nada y han adjudicado esas plazas a residencias del mal llamado Â«modelo CotinoÂ», que ustedes denostan, de forma reiterada?
¿Por qué no acudieron todos los miembros de la mesa de contratación?
¿Por qué uno de los miembros quiso abstenerse y no pudo abstenerse?
¿Por qué, señora Casas, con ustedes ahora se está aplicando en una residencia un precio de 7,47 euros, es decir, como le he dicho anteriormente, un 17% más bajo que el anterior?
Y si usted cree que con un coste unitario de 7,47 euros se puede alimentar a una persona (veus) cuando el último precio aplicado por el Partido Popular es 9,02.
Y ustedes han adjudicado esto.
Y son ustedes los responsables.

Y, por tanto, apelando a lo que nos ha solicitado usted, que es que no le preguntemos por el pasado, pese a que usted sí que ha entrado a valorarlo, le diré: actualmente -preguntas concretas- ¿van ustedes a cubrir plazas del primer tercio con plazas del segundo tercio y no con personas nuevas?
Segunda pregunta: ¿por qué cree usted que la abogacía y la intervención funcionan de manera diferente con el PP y con ustedes?
¿Por qué ustedes no se sienten responsables y con el PP sí que son los responsables los gestores políticos?
Y tercero: ¿por qué ustedes ahora han adjudicado unas plazas a residencias del modelo Cotino con un 17% de precio más bajo que las adjudicaciones del Partido Popular, con 7,45 euros al día por persona, y dice usted que no han podido hacer nada?
¿Ustedes no venían a rescatar a las personas?
¿Por qué no han rescatado a estas personas, señora Casas?

Muchas gracias.

El senyor president:

Gracias.

Señora Casas.

La senyora secretària autonòmica de Serveis Socials i Autonomia Personal:

Vamos a ver, venir a hablar de Cotino y hablar de gladiolos, por decirle a usted algo…, Vamos a ver, ¿qué tiene que ver lo que usted me está diciendo con el tema de Cotino?
Obviamente, tendrá que hablar usted de algo porque no quiere entrar al tema, al que nos ocupa.

El tema de la mesa de contratación, confundir usted…, que diga.
.
.
, o sea, ¿sabe que a una mesa de contratación usted no le puede decir lo que uno tiene que votar?
¿Eso lo sabe?
O es que a lo mejor usted está acostumbrada a decirles a los miembros de una mesa de contratación lo que tienen que votar, ¿no?
(Veus) A lo mejor.
Yo no tengo constancia, ni debo de tener, y ahora Aerte resulta… Gracias, gracias.
De aquí a ahí no leo, pero no me hace falta.

¿Qué tiene que ver lo que usted está diciendo con la comisión de investigación en la que nos encontramos?
Es un insulto.
Es un insulto.
Es un insulto hacia lo que quieren saber las personas.
Que la mesa de contratación esté formada por la abogacía y por la intervención…, -repito-, como usted sabrá, no se puede decir a un funcionario público qué es lo que tiene que votar.
Como usted se ve que no lo ha entendido antes, esas licitaciones son las que ustedes -antes de perder las elecciones dejaron y publicaron para que quien viniera detrás, que sabían que ustedes no iban a ser- tuviera que verse en esta desdicha; en esta desdicha que al final la desdicha es de las personas, las personas que sufren los pliegos que ustedes publicaron, donde lo que priman es que se baje el precio, que se baje el precio hasta cuantías que no garanticen el servicio.
Lo que ha hecho esta conselleria es emitir un informe justificando que con ese precio no se pueden ofrecer los servicios con una calidad determinada; y eso es lo que ha intentado esta conselleria, no poner una pistola a nadie para que vote o deje de votar lo que no toca.
Son mesas de contratación donde son funcionarios públicos los que votan.

Respecto a qué es lo que vamos a hacer, vamos a emitir un concurso público abierto, que son unas 3.
300 plazas, después de haber hablado, como he dicho antes, con los ayuntamientos, que es lo primero que hay que hacer.
Cuando uno va a sacar un concurso primero tiene que mirar a ver qué hay en lo público, cosa que ustedes no hicieron, y después ya ofertar a una empresa privada.
Pero no a lo privado, lo privado, lo privado, amigos del señor Cotino; eso no se hace; gestión pública, dinero de todos, no de unos pocos.

Para evitar esas gestiones integrales que ustedes blindaron con esos pliegos, donde lo que prima es bajar el dinero, lo que nosotros hemos hecho es modificar esos pliegos e introducir cláusulas sociales, que seguro que usted tampoco sabe lo que son las cláusulas sociales.
Sí, no se ría, no se ría, que seguro que no lo sabe.
Esas cláusulas sociales que lo que fomenten sea la calidad del servicio y no el dinero, y esas bajas temerarias que lo que ustedes hicieron fue convertir en subastas públicas.

Y hasta aquí, porque si no… (S'interromp la gravació)

El senyor president:

Muy bien, muchas gracias, señora Casas.

En primer lugar, antes de levantar, dar las gracias a doña Sandra Casas, secretaria autonómica de Servicios Sociales y Autonomía Personal, por su comparecencia ante esta comisión.

Y recordarles a todos que la próxima comisión será el día 2 de mayo, ¿de acuerdo?
Muy bien.
Pues muchas gracias.
Se levanta la sesión.

(S'alça la reunió a les 17 hores i 42 minuts)