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Comissió d’Economia, Pressupostos i Hisenda realitzada el dia 27 d’octubre de 2011.
Comença la reunió a les 10 hores i 41 minuts.
Presideix la diputada senyora Cristina Moreno Fernández.
Reunió número 3.

La senyora presidenta:

Buenos días a todos.
El día hoy ha sido un día malo con la lluvia y creo que ha habido problemas, pero poco a poco iremos incorporándonos todo el conjunto de la comisión.

En principio, tiene la palabra el secretario accidental para pasar lista.

(El secretari passa llista per tal de comprovar si hi ha quòrum)

La senyora presidenta:

Gracias, diputado.

El primer punto del orden del día es la lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.
¿Alguien tiene algo que decir al acta?
Pues, se da por aprobado el primer punto.

Informe especial sobre les competències de la Sindicatura de Comptes en la fiscalització de les entitats locals

La senyora presidenta:

Y el segundo punto es el informe especial sobre las competencias de la Sindicatura de Cuentas en la fiscalización de las entidades locales.
Tiene la palabra el señor síndic, que ha tenido el favor de traernos a todos los diputados una carpeta para que podamos seguir lo que nos va a presentar con el power.

Gracias, señor síndic.

El senyor síndic major de Comptes:

Muchas gracias, señora presidenta.

¡Hombre!
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(Sorolls i veus)

Bien, pues, muchas gracias, señora presidenta.
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La senyora presidenta:

Señor síndic, puede empezar ya, después de este mínimo mareo.
Le damos la palabra al síndic.
 Por favor, entre todos, un poco de silencio.

El senyor síndic major de Comptes:

Pues, de nuevo muchas gracias, señora presidenta.

Señores miembros de la mesa de esta comisión.

Señoras y señores diputados, hoy, dentro de la discreción y de la posición institucional que corresponde a esta sindicatura, como órgano comisionado y delegado de estas Cortes, y gracias a esta comparecencia acordada por sus señorías, es un día histórico, o por lo menos de gran importancia para el trabajo y prestigio de la institución que presido.
Y lo es porque se cierra un ciclo en el ejercicio de las competencias fiscalizadoras respecto de las entidades locales de nuestra comunitat.
Desde la ley de 1985, se completa hoy la competencia plena para la fiscalización y el ejercicio del control externo sobre los ayuntamientos, diputaciones y entidades mayoritariamente dependientes de los mismos del sector público local valenciano.

Por otra parte, y como es habitual en mí, y muchos de ustedes ya lo conocen, quiero destacar el carácter colegial y de trabajo en equipo de la institución que represento.
El que hoy tengo el honor de presentarles es el resultado de una actividad común de todos los integrantes de la sindicatura que se inició con la inclusión de este informe en el programa de actuación de 2009 y, tras su elaboración y tramitación, concluyó con su aprobación por unanimidad por el consell de la sindicatura el 5 de julio de 2010.

Pero es de razón también en este caso destacar que el resultado de este informe es el trabajo del equipo de entidades locales dirigido por el síndic Mira Perceval, que ha sabido llevar a cabo este informe, que supone el traslado a esta cámara de los resultados del ejercicio de la competencia completa obtenida en esta materia también como consecuencia de una decisión parlamentaria.
Al síndic, al equipo de él dependiente y a todas las personas que me han ayudado en esta presentación, muchas gracias.

En esta presentación también quiero destacar que es la primera vez que se plantea ante sus señorías un informe en este formato de Power Point.
Por sus características, las del informe, creo que es la forma más adecuada para esta presentación.
De la misma manera que siempre digo que el síndic solo habla a través de sus informes, hoy me van a permitir que haga una pequeña excepción en esta presentación, ya que dado el tiempo trascurrido desde que se aprobó el informe, 5 de julio de 2010, se puedan y deban actualizar algunos datos contenidos en el mismo.

Además, dada mi condición y origen administrativo de interventor de administración local, aportaré algún comentario adicional basado en la experiencia y con la única intención de mejorar la información que les quiero trasmitir.

Finalmente, aunque se ha completado lo que podríamos denominar el ejercicio de la competencia en el ciclo fiscalizador de las entidades locales, les formularé algunas consideraciones sobre las medidas a adoptar para conseguir la rendición completa de todas las cuentas de todos y cada uno de los entes que desde la sindicatura entendemos que constituyen el sector público local valenciano.

El informe que hoy les presento, que tienen a su disposición, creo, en papel, trata, pues, de recoger el proceso que se inicia precisamente con la ley que desarrollaba la creación de la Sindicatura de Cuentas en 1985.
Es precisamente esta ley, en desarrollo de la ley orgánica del Estatuto de autonomía, la Ley orgánica 5/1982, de 1 de julio, la Ley 6/1985 y su reglamento de régimen interior, la que pretendió dar con las competencias en materia local a la Sindicatura de Comptes para la fiscalización de los entes locales.
Pero esta competencia se consideré limitada a determinados aspectos y se ejerció siempre solo ante la petición de los ayuntamientos, que así la cursaban ante la sindicatura.

Ante esta situación, la propia sindicatura instó para que se adoptaran las medidas legales correspondiente para obtener la competencia plena en esta materia, al igual que disponían de la misma otros órganos externos, de control externo, autonómicos, y, por eso, esta cámara, en virtud de la modificación de la ley de la sindicatura, 11/2002, de 23 de diciembre, amplió las competencias de la sindicatura en dos grandes ámbitos.
En primer lugar, incluyó en el ámbito del sector público valenciano al sector público local constituido por sus entidades locales, organismos autónomos, empresas públicas dependientes y cuantas entidades estén participadas por aquellas.
E hizo una segunda cuestión también interesante, que fue fijar el plazo del 31 de octubre, insisto en esta cuestión, porque recuerdo que hoy estamos a 27, y fijó como fecha para la presentación de las cuentas en la sindicatura el 31 de octubre de cada año.
Esta norma fue ratificada y recogida por la Ley orgánica 1/2006, de 10 de abril, del Estatuto de autonomía de la Comunidad Valenciana, en su artículo 39.

¿Qué vengo hoy a contarles, pues?
Pues, que la sindicatura, desde su creación en 1985 tuvo siempre las competencias plenas para la revisión y control externo del sector público autonómico, constituido por La Generalitat, sus organismos autónomos, entidades dependientes, empresas públicas, etcétera, pero, de alguna manera, no se producía un equilibrio entre esta competencia plena respecto del sector autonómico, respecto del sector local, y, por eso precisamente se tramitó a la que me refería, incluyendo en el sector público a las entidades locales y sus organismos dependientes y empresas públicas, circunstancia esta, como decía anteriormente, que vino a recoger el Estatuto de autonomía en su artículo 39.

Antes de entrar en materia, sí que me gustaría destacar algo que, de hecho, es perfectamente contrastable: es la inmediatez de los informes de fiscalización.
Tanto en el área de La Generalitat como de las entidades locales, la sindicatura, desde el principio de sus orígenes, es el órgano de control externo que entrega los informes en un plazo más corto.
Veremos que estos plazos son diferentes según la naturaleza de los entes auditados respecto de las cuentas fiscalizadas.

¿Qué significa el ejercicio de una competencia plena en materia de informes de fiscalización?
Pues, significa hacer lo que ya estábamos haciendo, es decir, un informe sobre el examen de las cuentas de las entidades locales en términos generales, de tal manera que es un informe, aparte de general, de carácter anual, estadístico, revisor, analítico y público, que puntualmente se remite a estas Cortes desde su origen, luego lo veremos con más detalle.
Y respecto de las fiscalizaciones específicas, la competencia plena supone el ejercicio de esta competencia de oficio, es decir, no a instancia de los ayuntamientos, sino a instancia de la propia sindicatura, de manera que en sus programas de actuación está facultada desde el año 2003 a incluir, con el alcance que considere oportuno, la fiscalización de las entidades locales que constituyen el sector público local de la comunidad.

El ejercicio de esta competencia plena, desde nuestro punto de vista, en estos momentos adolece todavía de dos lagunas que sería conveniente.
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, y a las que luego me referiré, pero que sí dejo dichas aquí, para que queden claras.
En primer lugar, es la pretensión que tenemos de conseguir la rendición de todas las cuentas de todas las entidades.
Por tanto, nos faltaría para ello tener una capacidad sancionadora, extremo este que solamente tiene en estos momentos el tribunal de cuentas.
Una capacidad sancionadora debidamente regulada para aquellas corporaciones que no rindieran sus cuentas en los plazos que se diera.
Y, en segundo lugar, el ejercicio de esa facultad de limitar subvenciones por parte de la administración ante aquellas entidades que no rindieran sus cuentas en plazo o que las rindieran defectuosamente.
Más adelante me referiré a ello.

Entrando en el contenido del informe, el informe pretende.
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, tiene varios objetivos.
En primer lugar, explicarles a ustedes ese cambio de la normativa con la ampliación de las competencias de las entidades locales.
También mostramos la evolución y composición del sector público local, evaluamos las fiscalizaciones del sector público de acuerdo con los medios asignados a lo largo de este proceso, determinamos también las debilidades más relevantes que inciden en el sector público local y, finalmente, efectuamos una serie de recomendaciones que veremos más adelante.
Para ello, partimos del ámbito temporal del ejercicio 2003, que es, precisamente, aquel en que sus señorías, a través de la ley de acompañamiento de los presupuestos de aquel año, nos atribuyeron la competencia plena en esta materia.

¿Qué condicionantes o condicionamientos nos hemos con el informe, a priori?
En primer lugar, hay un inadecuado contenido y tramitación de la cuenta general de las entidades locales que deriva de la falta de clasificación del sector público local.
En segundo lugar, se produce un desfase en la regulación del control interno –más adelante me referiré a ello como interventor que soy de administración local–.
También faltan medidas coercitivas en caso de incumplimiento de la obligación de rendir cuentas o de prestar a la sindicatura la colaboración debida en tareas de fiscalización.
Se produce también un desfase en la tramitación legal de las cuentas, como veremos más adelante.
Y quedan fuera de la cuenta general, esto es muy importante, en el ámbito estatal, de acuerdo con el texto refundido de la ley de haciendas locales, las cuentas de las sociedades mercantiles no participadas íntegramente por la entidad y las cuentas de las fundaciones públicas.

Como decía, nos referimos aunque sea someramente a la composición y evolución del sector público local.
La trasparencia que tienen a su alcance prácticamente da dos datos significativos.
Uno, la estabilidad del número de municipios; y, dos, el crecimiento espectacular de las sociedades mercantiles públicas dependientes de los entes locales.
La clasificación de los municipios también es importante en función del número de habitantes.
Es la que es, y son: menos de 5.
385, de 5.
000 a 20.
093, y más de 20.
064.
¿Qué sería deseable?
Pues, en los momentos actuales, tal como veremos más adelante, lo deseable sería que aumentaran las mancomunidades y los consorcios y que no hubieran aumentado las empresas públicas.

Hablaba antes de las dificultades o los desfases en la tramitación de la cuenta general.
No voy a entrar en detalle con esta trasparencia, pero sí pone de manifiesto la razón por la cual cada año se produce un desfase entre el inicio de la tramitación de la cuenta general por parte de la entidad y el informe final de fiscalización que ponemos a su alcance, que siempre, necesariamente, se produce, como ustedes perfectamente conocen, con un desfase por lo menos, o medio, de dos años.
La propia tramitación interna de la cuenta, la propia publicación de la cuenta en un plazo un tanto extraño como son quince días y ocho más, la aprobación por el pleno en segunda instancia y la remesa a la sindicatura, tal como está establecido, como tienen en este cuadro, comporta ese retraso generalizado de dos años.

Esta presentación de las cuentas tiene su origen en el año 1988, cuando la sindicatura, de acuerdo con sus competencias, decide por un lado fiscalizar entero el sector público autonómico, desde la misma creación de la autonomía, y también lo hace respecto de las corporaciones locales.
Y elabora el primer informe de fiscalización referido al año 1985 de las corporaciones locales de la autonomía.

Es a partir de 2003, precisamente cuando obtenemos la competencia plena, cuando a través de un procedimiento propio y exclusivo de la sindicatura arbitra un trámite para la rendición de cuentas a través de Internet.
Y es a partir de 2007 cuando se establece un nuevo sistema de rendición de cuentas, que es el actualmente en vigor, a través, como veremos más adelante, de un convenio suscrito con el Tribunal de Cuentas, que supone la existencia de un formato normalizado de la cuenta general de las entidades locales, la rendición en acto único con efectos dobles, tanto ante el tribunal como ante la sindicatura.

Aquí me gustaría hacer un pequeño inciso.
Hoy día que se habla tanto de evitar duplicidades, yo creo que este es uno de los pasos más importantes que se han dado a los efectos de coordinar la actuación del Tribunal de Cuentas y la Sindicatura de Cuentas en este caso la nuestra, como veremos más adelante, a cuyo programa se han ido incorporando otros.
Esto quiere decir, pues, que con una sola rendición, pese a que las normas respectivas obligan tanto a rendir al tribunal como a nosotros mismos, a través de este procedimiento con un acto único la cuenta se da por rendida con remitirla a la Sindicatura de Cuentas.
Y, finalmente, conlleva la obligación de presentar cuentas exclusivamente a través de Internet.

Si enlazamos lo que decía anteriormente de la tramitación interna y externa con la presentación de las cuentas por parte del cuentadante, que es el presidente de la entidad, en este gráfico pretendo resumir una cuestión, que me parece esencial.
Y es que las relaciones entre las entidades locales y la rendición de la cuenta se producen siempre a través de la sindicatura, es decir, a través del órgano más cercano a la entidad que rinde sus cuentas, de manera que, como veremos más adelante, esa relación se produce de forma más rápida e incluso telemáticamente entre la sindicatura y los entes auditados, sin perjuicio, por supuesto, que el Tribunal de Cuentas conoce en todo momento estas incidencias y puede intervenir si lo considera conveniente.

Les pongo aquí la página web a través de la cual se pueden rendir las cuentas y los órganos de control externo que se sumaron a la primera remesa de entidades que suscribimos convenios con el Tribunal de Cuentas para arbitrar este procedimiento.
Empezamos siendo cinco y a lo largo del tiempo se ha demostrado que el procedimiento debía ser aceptado y se han ido incorporando prácticamente todos los órganos de control externo autonómicos del estado español.

En la transparencia siguiente tienen ustedes la presentación de las cuentas en 2009.
Aquí sí que quiero hacer un pequeño comentario respecto del esfuerzo que supone llegar a los porcentajes que ustedes tienen en el cuadro.
El conseguir que los ayuntamientos rindan sus cuentas hasta el 94% supone un esfuerzo de tiempo, yo creo que de paciencia y de insistencia, cosa que no ocurre, como pueden ver, en el propio cuadro respecto de las mancomunidades y consorcios en que el proceso de rendición quizá más dificultoso implica que el porcentaje no alcance al pretendido ideal, que sería el cien por cien.
En el cuadro siguiente tienen la evolución, precisamente en la rendición de cuentas.
Quizá haya que hacer un comentario en el sentido que en el momento actual puede haber bajado un poco la rendición de cuentas, precisamente, porque durante este último año se ha mejorado la plataforma y se ha adaptado a las nuevas exigencias.

En el documento que ustedes tienen está la presentación de las cuentas al día 24.
También tienen adicionalmente la rendición de cuentas a fecha de hoy, a fecha de esta mañana a las ocho y cuarto.
Antes decía que recordaba que estábamos a día 27 de octubre y que el plazo termina el día 31.
Lógicamente, en estos momentos se está produciendo la rendición de cuentas masivamente para que las cuentas queden rendidas en plazo.
Si establecen una pequeña comparación entre cómo estábamos en esta misma fecha el año pasado y cómo estamos esta, pues, prácticamente es evidente una mejora sustancial de tal manera que el año pasado, a fecha de hoy, habían rendido 121 entidades y hoy estamos en 266, con un crecimiento del 39,8%.
Consecuencia de ello son las cuentas no rendidas en este mismo período, es el 6% en el caso de los municipios, el 22% de las mancomunidades y el 27% de los consorcios.

Una pequeña comparación extraída de los propios datos del Tribunal de Cuentas respecto del resto de España: en la Comunidad Valenciana rinden cuentas el 95% de media, mientras que en el resto de España lo hacen el 64% de las entidades locales.
Respecto del número de habitantes, en la Comunidad Valenciana rinden sus cuentas, y por tanto se revisan, el 98% y en el resto de España el 72%.

No voy a entrar en la lista de los que no han presentado sus cuentas, porque este es un dato mantenido permanente en nuestra página web y que ustedes tienen a su alcance y estas son las cuentas no rendidas en 2009, tal como figuran en el informe de fiscalización que ya también obra en esta cámara.
He hecho una pequeña comparación, dado que últimamente está muy en boga los ayuntamientos que no presentaron su liquidación a tiempo en la administración del estado para el cálculo de las participaciones en los fondos del estado.
También tienen ustedes aquí la lista.
Una mera comparación hace coincidir prácticamente a lo que podríamos denominar morosos en una y otra lista.

Decía antes que las incidencias se resuelven precisamente entre la propia sindicatura y las entidades objeto de fiscalización.
Les traigo aquí una estadística que figura en el informe que ustedes pueden consultar, pero que yo destaco precisamente para demostrar un poco la bondad del sistema en cuanto a la inmediatez de trato con el ente fiscalizado, de manera que el 69% de las incidencias detectadas en una primera instancia a través de la plataforma se subsanan por los ayuntamientos con un mero requerimiento o una mera advertencia de los errores observados por parte de la sindicatura.
En esa primera fase, el 69%; en una segunda fase de las que quedan se resuelven el 53%, lo cual demuestra que el informe que cada año les traemos aquí contiene un mayor rigor y un mayor alcance en la revisión de estas cuentas.

Durante este tiempo también se ha llevado a cabo fiscalizaciones específicas que figuran en los cuadros que tienen ustedes a su disposición.
De las 265 fiscalizaciones específicas realizadas por la sindicatura hasta el primer trimestre de 2010, 236 corresponden a municipios.
Lo cual demuestra, evidentemente, que hay que seguir avanzando porque es preciso ampliar el alcance a las corporaciones locales que constituyen nuestro sector público local.
Y como objetivo tenemos el de fiscalizar todas las grandes corporaciones al menos una vez en cada legislatura.
En este sentido, hemos empezado a fiscalizar ya los municipios con una población superior a 50.
000 habitantes y las tres diputaciones.

En el gráfico siguiente pueden observar el número de informes aprobados desde el año 2003 hasta hoy.
En el mismo cuadro se les explican algunas cosas que hay que tener en cuenta.
Los informes no son siempre referidos a una sola entidad, hay casos que sí y hay casos que no.
Por ejemplo, en 2009, los trabajos recogidos en 7 informes afectan a 120 entidades y en 2010 los trabajos recogidos en 20 informes emitidos afectan a 122 entidades.
Sí que quería destacar, porque luego el informe hacía referencia a ello, que durante este tiempo se han intentado optimizar los recursos y medios personales de que disponemos, de manera que puedan destinarse a corporaciones locales un mayor número de personas, un mayor número de equipos, pero sobre todo utilizar los mecanismos informáticos que ha puesto a nuestro alcance la plataforma para obtener datos directamente sin necesidad de fiscalizaciones que, por supuesto, seguirán llevando a la práctica en el futuro.

Destaco en este cuadro los incumplimientos más significativos, pero voy a referirme solo a dos, precisamente a aquellos dos que denota la existencia de posibles desfases posteriores.
Uno es la presentación del presupuesto fuera del plazo.
En el 61% de los casos, los ayuntamientos presentan el presupuesto fuera del plazo establecido para que entre en vigor el 1 de enero del año siguiente.
Es evidente que este defecto empieza a producir los desfases posteriores.
Casi, casi, consecuencia de ello, el 75,8% presentan la cuenta general fuera del plazo establecido.
Ello quiere decir, y destacamos siempre en nuestros informes, lo esencial que supone iniciar el ciclo presupuestario en su momento, porque luego, evidentemente, se desarrolla todo el en plazo y en forma.

Decía con anterioridad que el informe concluye con una serie de conclusiones generales que me gustaría destacar.
Hemos intensificado las actuaciones en dos grandes ámbitos, en el examen de las cuentas generales, como decía se han rendido más del 90% y, también, en las fiscalizaciones específicas que en 2009 supusieron la fiscalización, aunque fuera parcial, de 120 entidades locales.
No obstante, consideramos que todavía es insuficiente este control y que, de hecho, como decía anteriormente, se va a aumentar.
Notamos a faltar unas competencias de carácter sancionador y el desfase que existe en la regulación de la hacienda local acerca de la cuenta general, tal como indicaba anteriormente.
Ello obliga a que la sindicatura incremente su presencia en los ámbitos institucionales relacionados con los entes locales, precisamente con las diputaciones, con la federación de municipios y provincias y con los colegios profesionales de funcionarios.
Hemos notado, y en esto quiero dejar claro, una necesidad a veces de colaboración de información, sobre todo en los pequeños municipios.
En este sentido, las diputaciones provinciales de las tres provincias han desempeñado un papel fundamental de ayuda y colaboración a los cuales hay que también reconocer ese mérito para conseguir esos porcentajes de rendición.

La mejora del convenio con el Tribunal de Cuentas, una vez conocido por las entidades locales, ha mejorado sustancialmente esta rendición.
Y también hemos empezado a hacer fiscalizaciones horizontales y específicas de lo que se denominan áreas de riesgo, de manera que, de la misma manera que ahora se fiscalizan anualmente un 5% aproximadamente de los recursos de las entidades locales, a lo largo de los próximos años lleguen a fiscalizarse anualmente el 40% de estos presupuestos.

Finalmente, a este respecto, preocupa, nos preocupa también, quizá a mí como interventor, la regulación de los reparos de legalidad.
En estos momentos existe una laguna legal acerca de los reparos formulados por los órganos internos de control, con los órganos de control interno, fundamentalmente por los interventores o secretarios e interventores, de manera que estamos ya ofreciendo la posibilidad de que se remitan a la sindicatura para por lo menos conocerlos nosotros también.

Las recomendaciones van dirigidas a tres ámbitos.
En primer lugar, a los órganos legislativos.
Resulta necesario definir y clarificar el sector público local, como veremos a continuación.
La regulación de la cuenta general debe integrar todas las cuentas de los entes públicos mayoritariamente participados por fondos públicos.
La sindicatura ha de ser dotada de medios personales, yo decía que hemos optimizado los teníamos, normativos y hemos aprovechado también nuestros procedimientos informáticos para aprovechar al máximo sus datos.

Estamos intentando la creación de un registro único de cuentas de las entidades que tienen que rendir.
Hay que revisar, evidentemente, el control interno, porque hay que ejercerlo con independencia funcional de quienes fiscalizan en el ámbito interno.
Pedíamos entonces la tramitación parlamentaria de informes que supusieran que implicaran a las entidades locales de nuestro entorno y hoy, precisamente, esta demanda se cumple, evidentemente, por su presencia y la mía aquí.

Respecto de las entidades locales se debe evitar la confluencia de funciones, de gestión y de control o fiscalización.
Verdaderamente este un reto importante, difícil de alcanzar, sobre todo en los pequeños municipios en que por su propia idiosincrasia el secretario es secretario–interventor.
Y, por tanto, implica la llevanza a cabo de funciones tanto de gestión como de control.
Pero, a la larga, habría que intentar separarlas lo máximo posible.

Habría que procurar fórmulas asociativas, también, para el sostenimiento de secretario o interventor común.

En las grandes corporaciones debe elaborarse el plan de control financiero y de auditorías, que deberían remitirnos, para nuestro conocimiento, a la Sindicatura de Comptes.

A la administración general le recomendábamos algunas cosas.
Alguna de ellas ya se ha cumplido, parcialmente, y era la limitación de las subvenciones a las entidades que no rindieran cuentas en el plazo correspondiente.

Es verdad que el artículo 199 de la ley de régimen local valenciano, establece esta posibilidad, pero como una facultad a incluir en las convocatorias de las subvenciones.
Pues bien, con los procedimientos y garantías suficientes –como ya se ha hecho en otros sitios– sería conveniente que, al final de un proceso de no rendición de cuentas, se pudiera limitar e incluso suprimir las subvenciones a las entidades que no rindieran en plazo.

En toda auditoría saben ustedes que hay algo que a veces tiene su importancia, que son los hechos posteriores.
Dado que el informe se aprobó en 2010, con posterioridad hemos realizado una serie de actuaciones que, como yo venía a explicarles cómo hemos ejecutado esa competencia que esta cámara nos dio, voy a hacer una mera enumeración de los hechos posteriores, que actualizan algunas conclusiones.

En primer lugar, estamos elaborando una instrucción para crear un censo y regulación de las entidades participadas, mayoritariamente, por las entidades; de manera que sepamos aquellas entidades que tienen la obligación de rendirnos cuentas de forma indubitada.

Hemos aprobado, también –se publicó antes de ayer en el boletín oficial–, una instrucción para la remisión telemática de los contratos celebrados por las entidades locales.
La Ley de contratos del sector público obliga a remitir a los órganos de control externo, o al Tribunal de Cuentas, determinada información en materia de contratos públicos.
Hemos arbitrado una instrucción para que, al mismo tiempo que se remiten las cuentas, pueda remitirse esta información a la sindicatura.

Hemos iniciado, como decía, la fiscalización de los ayuntamientos de más de 50.
000 habitantes y de las diputaciones provinciales.
En este año, fiscalizaremos cinco de ellos.
Y les iremos remitiendo los informes, a medida que se vayan aprobando.
A lo largo del próximo año fiscalizaremos las diputaciones y el resto de ayuntamientos.

Un primer avance de este informe sería este cuadro, al cual me voy a referir muy poco porque es bastante elocuente y evidente.
Recoge los quince ayuntamientos y las tres diputaciones; dos datos muy significativos, como son las obligaciones reconocidas en 2009 –es decir, aquellas obligaciones, aquellos gastos que serían objeto de fiscalización cuando la sindicatura proceda a su revisión– y también la liquidación de los ingresos que han de devolver, como consecuencia de la liquidación que ha practicado el estado, de la participación de los ayuntamientos en los impuestos del mismo.

También elaboramos –está también en fase avanzada– un informe sobre la composición del sector público local, partiendo de la información disponible, para que, al final, aquellas entidades cuya participación pública no está clara o existen diferencias en cuanto a su composición –tanto de la participación pública como de los importes aportados–, hay dudas sobre a quién tienen que rendir, estamos elaborando un informe, en fase de alegaciones –que también traeremos a esta cámara–, sobre aquellas entidades que, según nuestro criterio, tienen que rendir al Tribunal de Cuentas o a la sindicatura, en su caso.

El manual de fiscalización es algo que me gustaría hoy traer aquí como un salto cualitativo, en cuanto a la transparencia.
Somos el único órgano de control externo que tenemos publicado en nuestra web el manual de fiscalización.
En este caso, les he traído el manual de fiscalización, en la parte que afecta, lógicamente, a las corporaciones locales.
¿Qué quiere decir esto?
Cualquier ente auditado puede conocer, en cualquier momento, las instrucciones, directrices, criterios de la sindicatura, en cualquiera de las materias objeto de fiscalización.
Por tanto, de hecho, cualquier ente auditado no debe sorprenderse al recibir informes en los que cumplen ni más ni menos que esta función.

Termino con algunos datos del informe de la cuenta de 2009.
Datos presupuestarios que, por su elocuencia, no estaban incluidos, lógicamente, en el informe que estoy explicando.
Pero sí están en el informe, que ya obra en esta cámara, sobre la cuenta de 2009.
Simplemente, yo creo que es lo suficientemente elocuente para ver, sobre todo, la disminución en el 286% del remanente de tesorería, tanto en los ayuntamientos como en las diputaciones.

Y en el cuadro siguiente, una pequeña referencia, también muy resumida, del endeudamiento, que ha subido, ha venido subiendo en los últimos años –entre 2008 y 2009, un 15%; y en el año 2009 a 2010, un 5%, dada la restricción de los préstamos, por parte de las entidades bancarias.

Tienen a su disposición, también, en el informe, una serie de anexos que vienen a ratificarâ¦, pues lo que yo he querido transmitirles, con mayor o menor acierto, en el día de hoy.

Y quería terminar con una cuestión de futuro.
Yo he venido aquí, a dar cuenta de una competencia que estamos ejercitando, de acuerdo con las leyes.
Hay dos grandes aspectos, que creo que merecen destacar, que tienen que desarrollarse en el futuro, en virtud del desenvolupament estatutari, el artículo 39, cuando habla de que «la Sindicatura de Comptes és l’òrgan a què correspon el control extern econòmic i pressupostari de l’activitat financera de La Generalitat, dels ens locals compresos en el seu territori i de la resta del sector públic valencià, així com dels comptes que la justifiquen –ya no hay duda–.
Quant al procediment del nomenament dels seus membres, funcions, facultats i duració del mandat, caldrà ajustar–se al que dispose la llei de Les Corts que ho regule».
I, quant a la competència de règim local, l’article 49.
8 de la Llei de règim local, ja atribuïx esta competència de desenvolupament, que ha sigut utilitzada en la Llei 8/2010, de 23 de juny.

Y, con ello, termino lo que ha querido ser ni más ni menos que la dación de cuenta de la Sindicatura de Cuentas.
Hemos venido a dar cuenta a esta cámara de nuestra actividad desarrollada, desde que la misma puso a nuestro alcance las competencias plenas en materia de fiscalización de las entidades locales.

Quizá, con esos dos puntos, que han quedado un tanto en el aire, pudiéramos completarla plenamente.

De cualquier forma, quiero agradecerles su atención.
Y quiero agradecer, también, a todos los miembros de la sindicatura, el trabajo que permite que hoy venga yo, ni más ni menos, a explicar muchas de las cosas que han hecho otros.

Muchas gracias.

La senyora presidenta:

Muchas gracias al señor síndic por su acertada exposición y ajustada exposición.

A continuación, y según la Resolución de la Presidencia 2.
209, tienen la palabra los grupos parlamentarios por un máximo de diez minutos.

Señor Blanco.

El senyor Blanco Giner:

Gràcies, senyora presidenta.

Bé, benvingut, síndic major de Comptes.

El primer que vull exposar és el reconeixement a la vàlua del treball que es fa des de la sindicatura, un treball imprescindible per a la salut democràtica de les nostres institucions.
Creiem que s’ha de fer eixe control extern de la despesa pública de les nostres administracions i entitats.
I que tots els mitjans són pocs per a això.

Vosté, en l’informe presentat, recull en diverses ocasions la petició, o no sé si la queixa, de la insuficiència de mitjans materials i humans.
Una insuficiència de mitjans que vosté sap és coneguda per este diputat.
I li assegure que el nostre grup recolzarà eixa petició, en l’àmbit en què s’haja de plantejar.

I ara, entrant al motiu de la seua presència –i dient–li, en primer lloc, que jo tinc més preguntes que afirmacions, perquè esta és una matèria molt tècnica–, sí que m’agradaria saber un poc quines són les prioritats del treball de la Sindicatura de Comptes.

Em sembla molt bé que se vaja augmentant el grau de fiscalització de les entitats locals; que ens preguntem si això, en algun moment, potser s’estiga fent a costa de traure recursos de la fiscalització de la Generalitat valenciana i de les seues empreses.
Perquè entenem que la sindicatura, davant de tot, és, per excel·lència, l’òrgan de control extern de la Generalitat valenciana, del sector públic autonòmic.
I com que estem en les Corts Valencianes, institució que ha de controlar al govern –i motius, en sobren–, sí que ens agradaria que això no passara.
Perquè si amb els mateixos recursos materials i humans, clarament insuficients, tal com s’exposa en l’informe de la sindicatura, any rere any, s’incrementa la tasca de control a les entitats locals, que no siga –i ahí, doncs, hem estat mirant els plans d’actuació i tenim eixa preocupació– a costa d’eixe control que ja és, també, insuficient.

I vosté sap que nosaltres hem demanat que se complisca íntegrament la llei i que no sols se facen auditories de legalitat i financera sinó també, fins i tot, que se facen auditories operatives d’una bona part del sector públic –que, normalment, només seleccionen una entitat per a mesurar l’eficàcia i l’eficiència de la despesa pública–.
Entenem que és necessari, és imprescindible que eixe tipus d’auditories operatives s’estenguen a més àmbits del sector públic autonòmic.

Nosaltres vam demanar –i va ser rebutjat per l’oposició del Grup Popular– que s’auditara, de manera integral, la gestió de la dependència.
I, en eixe sentit, manifestem la nostra preocupació.

Pel que fa a les entitats locals –que és el que hui s’ha presentat ací–, també tenim una preocupació o unes preguntes sobre l’abast d’eixos controls.
Perquè, efectivament, se controla la presentació dels comptes generals de totes les entitats locals, i això està molt bé.
I se vol disciplinar a eixes entitats locals, perquè totes rendisquen eixos comptes.
És necessari, imprescindible; ho recolzem.
És com demanar–los a tots els ciutadans que tenen ingressos que facen la declaració de la renda.
Cal fer–ho.

Ara bé, si ens limitem a obligar la gent a fer la declaració de la renda, i després no entrem a vore què fica en la declaració de la renda i si això s’ajusta, efectivament, als ingressos reals, i si hi ha algun tipus de frau, i si hi ha algun tipus d’incoherència en la informació que, per altra banda, hisenda té dels bancs –i estic fent un paral·lelisme, i vosté m’entén–, hisenda no estaria complint amb la seua funció.

¿Fins a quin punt la Sindicatura de Comptes està fent–ho –segurament, en el grau que puga per la seua disponibilitat de recursos–, amb eixa funció d’entrar a fons en els comptes i no sols en la forma?

Perquè de les estadístiques que se’ns presenten, sembla que fiscalitzacions específiques –i fins i tot també podríem saber amb quin abast eixes fiscalitzacions específiques– se n’han fet als municipis, des de l’any 1986, una o dos vegades.
La major part dels municipis, una única vegada; des de l’any 1986.
Per tant, estem parlant de vint–i–cinc anys, més o menys.
Clar, això ens deixa preocupats.

I, després, a quins municipis?
Perquè per a nosaltres no és el mateix un municipi xicotet, de 300 habitants, que un gran municipi de 800.
000, com puga ser la ciutat de València o una diputació provincial o una entitat metropolitana amb una empresa pública –de la qual han desaparegut 17 milions d’euros–.
I voldríem saber la sindicatura si està fiscalitzant a fons eixe tipus d’administracions i entitats.

Entenem que és raonable fer incidència en l’obligació de presentar els comptes.
Jo he anat a buscar la relació de municipis que no van presentar eixe compte general en 2008 i 2009; coincidixen, més o menys, supose que són per problemes jo crec que ja estructurals, que caldria resoldre.
Però clar, Ademuz, l’Atzúvia, Aielo de Malferit, Aín, l’Alguenya, Andilla, Aras de los Olmos, Adzeneta del Maestrat, Ayora, Azuébar, Benafigos, Benejúzar, Benigembla, Benimeli, Beniparrell, Calles, Canet lo Roig, Castielfabib, Cocentaina, Culla, Domeño, Dos Aguas, el Ràfol d’Almúnia, Finestrat, Geldo, la Jana.
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Estem parlant de pobles xicotets, amb pocs recursos.
Vostés mateixa en l’informe diuen que els falten.
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(Remors) Bé, Finestrat no, la Vila Joiosa no, Sueca no i Torrent i Xirivella no.

I jo crec que ahí, segurament, sí que caldria ficar el focus.
En eixos pobles que sí que ja tenen el seu interventor, que tenen el seu secretari, que tenen la capacitat de complir, com a mínim, amb la formalitat d’aprovar el pressupost i liquidar el pressupost en temps i forma, per l’òrgan competent, i presentar els comptes a la sindicatura.
I la resta també.

Ara, i la Diputació de València?
I la Diputació d’Alacant?
I la Diputació de Castelló?
I les entitats metropolitanes?
I els grans ajuntaments?
Eixa és la nostra preocupació, perquè si els pocs mitjans se dediquen a ajuntaments menuts i a controls formals s’estaria desviant la prioritat que nosaltres entenem que s’ha de tindre.

Ens agrada que se diga que se vol incrementar la fiscalització sobre les entitats –diguem– de més població i, per tant, de més volum despesa.
Voldríem saber –i és una pregunta que formule– quin és el pla per als propers anys, ja que s’ha dit que, com a mínim, una vegada a la legislatura.
¿Quin és l’abast d’eixe control?
Si se van a mirar factures, no sols si se va a mirar si un ajuntament ha complit amb els tràmits formals, perquè és de suposar que un gran ajuntament té tècnics suficientment preparats per a complir amb la formalitat, sinó que volem saber com s’estan gastant els diners; perquè sí que ho sabem més o menys de La Generalitat i de les seues empreses, i sabem que s’estan pagant altíssims interessos, sabem que hi han impagaments a proveïdors, que hi han despeses sumptuàries imprescindibles i que hi han contractes milionaris adjudicats directament.
A nosaltres ens ha servit molt consultar els informes de la sindicatura, any rere any, per a fiscalitzar eixa tasca del govern i les seues empreses públiques.
Vosté sap que abans–d’ahir mateixa nosaltres estàvem denunciant públicament l’existència d’una contractació, a tots llums escandalosa, i la pista ens la va donar la Sindicatura de Comptes en l’any 2005.

Sobre els grans ajuntaments, les diputacions i les entitats metropolitanes, ¿tindrem algun dia documents semblants que a la societat puguen servir–li per a conéixer l’estat comptable, la manera de procedir en la gestió del pressupost, de la contractació, etcètera?
És per a nosaltres una preocupació important.

I, per últim –acabe amb una altra pregunta–, si podria detallar eixa proposta que la sindicatura assolisca competències sancionadores.
En principi, pot semblar raonable, però voldria saber de quina manera s’articularia això, com s’aplicaria i per a quina cosa serviria –vull dir–, perquè si acabem sancionat Adsubia, Aín, o Algueña per no presentar els comptes, no poden rebre subvencions, si això no servix perquè milloren la seua gestió i que presenten els comptes, a la millor no estem fent el que cal.

En eixe sentit, la proposta nosaltres no la rebutgem de plànol, volem escoltar–la, però voldríem saber amb detall com se formularia perquè, en principi, hem entés que hi han dos parts: una és la possibilitat de sancionar i l’altra és la possibilitat que siga un requisit per a la concessió d’ajudes i subvencions de La Generalitat.
Com són propostes que se formulen i se porten ací a les Corts valencianes, ens agradaria que, com a mínim, en el torn d’exposició oral següent se’ns explicara amb més detall.

I res més.
De nou, agrair–li la seua presència i el treball que fa a la seua institució.
Espere que ens trobem en més ocasions quan presente l’informe sobre els comptes generals de La Generalitat, de les seues memòries.
I dir–li que el seu treball és tan important que nosaltres intentarem, en la mesura de les nostres possibilitats, sent un grup xicotet, estar molt pendents del que puga dir la Sindicatura de Comptes.

Gràcies.

La senyora presidenta:

Moltes gràcies, senyor Blanco.

Senyora Mollà, té la paraula.

La senyora Mollà Herrera:

Gràcies, senyora presidenta.

Senyor Queralt, benvingut en un dia que és important –vosté ho ha ressaltat–, és un dia diferent al que normalment ens té acostumats a vindre, que és per a exposar–nos l’informe de fiscalització dels comptes de La Generalitat i dels seus organismes.
Avui, és un dia més per a il·lustrar–nos que, potser, per a aprofundir amb més concreció sobre la fiscalització de determinades entitats locals.
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I jo li ho agraïsc perquè, sincerament, que vinga vosté a explicar–nos quina és la tasca de la sindicatura i a posar en relleu –jo crec– dos conclusions, sobretot, o, almenys –i si m’equivoque, li agrairia que vosté me corregisca–, jo crec que ha volgut ressaltar en este informe, perquè ho ha ressaltat diverses vegades el tema que se puga d’alguna manera ampliar la capacitat, bé, ampliar no, crear capacitat sancionadora per part de la sindicatura.
No m’ha cridat l’atenció que vosté ho diga en diverses ocasions; el que sí que he d’extreure és que és una conclusió molt clara que vosté, avui, mos vol anunciar.
És a dir, la sindicatura reclama tindre capacitat sancionadora.
O això és el que jo, almenys, he entés.

I, per una altra part, jo crec que també s’ha deixat vore el que vosté ha explicat, aquesta ampliació de competències –l’ha il·lustrat via modificacions legislatives–, i crec que d’alguna manera ha volgut ressaltar que potser eixa ampliació de competències no ha anat acompanyada d’una ampliació de recursos humans i materials.
Amb la qual cosa, si bé és cert que ha posat en relleu la dificultat de determinades entitats locals en presentar a temps i en forma els seus comptes, crec que també en estos temps que s’allarguen –perquè no tenen vostés els suficients recursos– posa en relleu que deurien fer alguna cosa.

Jo crec que en estes dos coses, la conclusió que deuríem avui extreure tots els grups parlamentaris és que hem de fer alguna cosa.
I això se pot fer ací, o jo, almenys, entenc que se pot fer ací.
El dubte més gran que tinc és que tots vullgam fer alguna cosa, perquè no és la primera vegada –no sé si vosté ho sap– que se planteja que la sindicatura tinga capacitat sancionadora.
Se va presentar una reforma de la Llei de la Sindicatura de Comptes en l’anterior legislatura per part del meu grup parlamentari, on s’incloïa la capacitat sancionadora de la sindicatura.
És una llàstima que vam perdre eixa oportunitat perquè, ara, amb esta explicació, se veu més clar que mai que és la mateixa sindicatura la que creu que és necessari, perquè ajuda d’alguna manera a marcar les ratlles per on una entitat local, un organisme públic, algú que haja de gestionar els recursos públics, la gestió de la cosa pública, doncs, ha de marcar–se un camí del qual no pot eixir–se’n; en el moment que se n’ix la responsabilitat dels òrgans fiscalitzadors deuria, no solament dir–li que el camí està i és este, sinó que en els incompliments, si no recapaciten sobre esta mala actuació, doncs, d’alguna manera no solament haver de mostrar–li la capacitat voluntarista de tornar al camí bo, sinó imposar–lo.
I entenc que és bo, entenc que és bo.

Sí que m’agradaria que esta capacitat sancionadora.
.
.
, i li pregunte si pensa que ha d’emmarcar–se de forma general i no solament quedar–se en si no se presenten a temps els informes de les entitats locals o totes les irregularitats que vosté ha mencionat, però d’este informe que parla específicament de les entitats locals i els seus organismes, sinó que pot ampliar–se, és a dir, ¿pot ampliar–se la capacitat sancionadora a un organisme que depenga de La Generalitat?
¿A una conselleria?
¿Podem crear capacitat sancionadora molt més enllà que La Generalitat siga la que sancione d’alguna manera les entitats locals per no complir les normes?
¿Pot també la Sindicatura tindre capacitat sancionadora respecte a La Generalitat?
Jo crec que sí i en esta reforma que vam plantejar estava inclosa.
I sí que –torne a dir– és una llàstima que perguèrem esta oportunitat i més quan, ara, és molt evident que és un camí a seguir.

El tema de l’ampliació de competències, que ha anat acompanyat amb l’augment de mitjans materials i humans, voldria que se quedara clar.
¿Vosté pensa que amb esta ampliació de competències, amb tot el treball que desenvolupa o deuria desenvolupar plenament la sindicatura en estes competències, tenen vostés els mitjans materials i humans suficients?
Jo crec que en un sí o un no me quedaria satisfeta, perquè sabrem així quines mesures prendre, quines iniciatives plantejar ací i quins debat hem de seguir tots.

Al començament del seu informe parla que –i ho posa més en roig en estos fulls que ens ha donat– sobre la capacitat d’actuar d’ofici de la sindicatura.
I esta és una discussió que –jo crec– vosté i jo hem tingut alguna vegada.
Vosté ho ressalta com a una cosa positiva i, a més, diu que la sindicatura té capacitat d’actuar d’ofici, i m’agradaria saber fins a quin punt és aixina però més enllà de les entitats locals, perquè jo crec que la discussió que hem tingut alguna vegada és si, efectivament, els objectius i les capacitats que té la sindicatura de forma general la doten d’esta capacitat d’actuar d’ofici.
I jo sempre li he recordat que per al meu grup sí, per al meu grup la sindicatura pot actuar d’ofici per a reclamar qualsevol cosa, per a fiscalitzar qualsevol cosa concreta sense necessitat que siguen Les Corts les que li marquen quina és la fiscalització que volem.

I, per tant, m’agradaria saber fins a quin punt vostés desenvolupen esta capacitat d’actuar d’ofici perquè pense que si d’alguna manera ho han desenvolupat ha sigut per a, després, simplement, fer recomanacions, que són positives i és cert que no tenen capacitat sancionadora, però sí que tenen una cosa que també ha creat discussió quant a l’enteniment que la llei li marca a la sindicatura, i és que potser no tinguen capacitat sancionadora, però sí que tenen capacitat d’actuar d’òrgan de denúncia.

I, clar, jo, potser no tinga un enteniment complet del que fa la sindicatura, però pense que en tots els escàndols, en totes les irregularitats, algunes que a la gent els pot paréixer minúcies, però per a mi, per exemple, que se diga en un percentatge alt que hi haja.
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–i li ho vaig a recordar en la taula que té ací–, que hi haja «una relación de puestos de trabajo inexistente de un 27%» per a mi és un escàndol.
És a dir, eixa cosa que a la millor a algú li pot semblar una tonteria però que declaren un 27% de relació de llocs de treball que no existeixen per a mi és un escàndol.
Això és –ja dic– una anècdota.
Però, fins a quin punt s’ha plantejat la sindicatura, d’acord amb les seves capacitats i les seves competències, de ser òrgan de denúncia, de ser el que lidere les denúncies públiques i judicials de les irregularitats que no són simplement anècdotes, sinó que arriben a ser escàndols que traspassen, fins i tot, les fronteres territorials.
Vull dir, d’alguna manera estem senyalats com organismes tant de La Generalitat i, fins i tot, d’entitats locals, que no estan actuant conforme a la legalitat, conforme a l’ètica en la gestió pública, conforme a moltíssimes qüestions que –jo crec– ens han faltat.
I li demane que la sindicatura siga un òrgan que lidere perquè té competències per a liderar este tipus d’activitat de denúncia

Per a mi també és important que diga vosté que falten mesures coercitives, ho pose en relleu; a això li suma, a més, al que vosté reclama, que la sindicatura tinga capacitat sancionadora.
I aquí jo voldria preguntar–li una cosa: ¿vosté pensa que La Generalitat, que sí que té també capacitat sancionadora, està actuant conforme deuria fer–ho?
Si bé és cert que vosté diu que la sindicatura no en té, ¿pensa que La Generalitat, que sí que pot actuar amb capacitat sancionadora, ho està fent o està d’alguna manera mirant cap a altres costat davant les irregularitats que cometen les entitats locals i els seus organismes?

Després, m’agradaria que m’explicara per què pensa que les societats mercantils se queden fora d’aquesta fiscalització, per què pensa que La Generalitat no està actuant per a incloure les societats mercantils dintre de l’obligació d’estar fiscalitzades i què deuríem fer.
¿Deuríem ampliar d’alguna manera la normativa que incloguera açò?
¿És un reclam que vosté fa ací?

I, per últim –per acabar– jo, sincerament li agraïsc molt que vosté ens aclarisca totes les qüestions d’este informe perquè ens dóna d’alguna manera més llums per on s’ha de seguir la fiscalització que vostés han de desenvolupar.
Gràcies, de nou, i el tornarem a vore d’ací a no molt.

La senyora presidenta:heÂ«

Gràcies, senyora Mollà.

Senyor López.

El senyor López Milla:

Muchas gracias, presidenta.

En primer lugar, señor Vicente Queralt, agradecerle su presencia en esta comisión, así como su exposición muy clarificadora acerca de las competencias de la sindicatura en cuanto a la fiscalización de las entidades locales, y así como a su presentación de algunas de las deficiencias que usted ha detectado en ese proceso.

Quiero agradecerle igualmente sus propuestas de mejora, fruto de un trabajo desarrollado durante muchos meses, un exhaustivo y arduo trabajo –como ya nos ha indicado–, desarrollado con unos medios, probablemente, limitados, lo que acrecienta todavía más el valor del esfuerzo que ustedes en la sindicatura han realizado.

Compartimos, señor Vicente Queralt, su preocupación acerca de la necesidad de mejorar los procedimientos de fiscalización que lleva a cabo la Sindicatura de Cuentas.
Y también nos preocupa el hecho de que sea necesario buscar un adecuado equilibrio entre los medios de los que se dispone y los fines que se persiguen.

Nos preocupa el hecho de que la escasez de medios o de recursos pueda limitar de algún modo la consecución de los objetivos establecidos.
Por eso creemos que es importante priorizar los objetivos perseguidos y, en esa línea de priorización y establecimiento de prioridades, sí me gustaría saber cuál le parece a usted que en un contexto de escasez de recursos debería ser la priorización de esos objetivos en la medida en queâ¦, bueno, aunque creo que es necesario que desde las Cortes Valencianas nos planteemos la necesidad de dotar de medios adicionales a la Sindicatura de Cuentas, pues en la media en que los medios puedan ser limitados o escasos en relación a los objetivos, sí es importante conocer esa priorización.

Ciertamente, en tiempos como los actuales, que son muy difíciles para muchas personas, resulta necesario reforzar los mecanismos de control sobre la gestión y aumentar las exigencias en cuanto a transparencia y en cuanto a rendición de cuentas porque si esto es exigible siempre, por supuesto que sí, todavía debe ser más exigible en la actualidad cuando es necesario extremar la eficiencia en el gasto y cuando hace falta que los ciudadanos tengan claro que los recursos que se destinan a los servicios públicos se emplean con el máximo rigor y se emplean con la máxima transparencia.
Y la mejor manera de que los ciudadanos tengan esta impresión es que los hechos estén a la altura de ese objetivo.
Y nada mejor, en este sentido, que acrecentar las acciones de fiscalización y, en esta línea, y entrando en las consideraciones que usted realiza en el informe, en algunas de las consideraciones concretas, decirle que compartimos con usted la necesidad de acrecentar las fiscalizaciones específicas.
La verdad es que cifras inferiores al 5%, como las que se ponen de manifiesto en algunos años o el hecho de que durante años haya entidades que solo hayan sido fiscalizadas en una sola ocasión, ponen de manifiesto que este tipo de actuaciones son claramente insuficientes.

Nos parece bien, nos ha anunciado aquí el objetivo de incrementar las fiscalizaciones horizontales que pueden servir para un mayor conocimiento de las tareas que llevan a cabo.
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.
, de la gestión económica que llevan a cabo las entidades locales pero nos parece también que las cifras de fiscalización específica son muy bajas y, desde luego, entendemos que se deben acrecentar.

Coincidimos igualmente en la necesidad de adoptar las cambios normativos que sean precisos para definir y clasificar mejor el sector público local, del mismo modo que lo hace la ley general presupuestaria.
Y compartimos la idea de ampliar el ámbito de la cuenta general de las entidades locales para que pueda acoger las cuentas de todos los entes locales y, por supuesto, se reduzcan los plazos de formalización, aprobación y rendición de cuentas.

Nos ha comentado que quedan fuera de las cuentas generales de las entidades locales, las cuentas de las sociedades mercantiles no participadas íntegramente por las entidades y las cuentas de las fundaciones públicas locales.
A mí me gustaría saber si en este sentido y en el marco del proceso de análisis que nos ha comentado que están llevando a cabo del censo de estas sociedades mercantiles, nos puede aportar algún dato o nos pueda dar alguna indicación de la magnitud de entidades o del presupuesto de las entidades de las que estamos hablando.
Es decir, qué dimensiones tiene esa zona que ahora mismo queda fuera de lo que sería el ámbito de las cuentas generales de las entidades locales.

Y, así mismo, pensamos también que dentro del marco en que se definen las competencias y las responsabilidades de las entidades locales y de la Sindicatura de Cuentas, habría de concretarse algún mecanismo que suponga alguna consecuencia, incluso algún coste, no necesariamente económico, para la entidad que no colabore o que no rinda cuentas de la forma adecuada.
Digo que algún coste o alguna consecuencia no necesariamente económica porque no sé si puede existir alguna clase de conflicto entre el establecimiento de una sanción a la entidad que no cumpla, una sanción, como puede ser el hecho de no entregarle alguna subvención y la consecución de los objetivos de equilibrio presupuestario que creo que ahora mismo son prioritarios para las entidades que dependen de los recursos públicos.

Es necesario, como decía al principio, plantear los incentivos adecuados para que las entidades locales que en general cumplen mayoritariamente con las reglas establecidas en los mecanismos de fiscalización de los que disponemos actualmente puedan ser sometidas a un proceso que sea más estricto, más específico y más transparente.
No porque nosotros presupongamos que de esa fiscalización más específica vayan a surgir más incidencias.
No tiene por qué ser así, sino porque como le decía antes este ha de ser el camino para poner de manifiesto que la transparencia, que el control, que la fiscalización que se aplique en la gestión de los recursos públicos revelan a los ciudadanos que estos se utilizan con la máxima eficiencia, con la máxima austeridad y con el máximo aprovechamiento.

Y nada más.
Solo agradecerle su presencia aquí.

Muchas gracias.

La senyora presidenta:

Muchas gracias, señor López.

Señor Marí, tiene la palabra.

El senyor Marí Olano:

Muchas gracias, señora presidenta.

Yo, en primer lugar, me uno a las felicitaciones de quienes me han precedido en el uso de la palabra, del agradecimiento tanto a usted como a los otros dos miembros del consell de la sindicatura, como al personal de la sindicatura.
Y además acojo con una mezcla de satisfacción y prevención su uso del Power Point.
He visto que algo se le ha pegado del vicepresidente Camps al que se tiró ocho años fiscalizando.
Y, ya le digo, la cojo con satisfacción porque ha sido muy útil pero a la vez con una cierta prevención, porque lo de los Power Point puede ser letal, ¿no?

Yo estoy en gran parte de acuerdo con todo lo que se ha dicho por quienes me han precedido en el uso de la palabra, en gran parte.

Sí que quiero hacer una serie de matizaciones y de preguntas también.
En primer lugar, a mí me da la impresión de que a la hora de definir la tipología del sector público local para determinar si tienen que estar auditadas las cuentas, no tienen que estar auditadas, veíamos el caso de las sociedades mercantiles no participadas íntegramente por una entidad local pero sí participadas minoritariamente.
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.
, a mí me da la impresión de lo que necesitamos es una clarificación pero incluso a nivel de la ley de haciendas locales y a la legislación básica del régimen local.
Nosotros tenemos en materia de hacienda local, ninguna competencia, porque la hacienda local es competencia exclusiva del estado y, en materia de régimen local, competencia exclusivamente de desarrollo de las bases estatales.

Desde luego, sí que sería adecuado que hubiera una fiscalización de las sociedades mercantiles en las que participaran las entidades locales con un porcentaje, al menos, siempre poniendo una barrera mínima.
Lo que no tiene ningún sentido, si por razones de las que sean, una entidad local controla el 1% de una sociedad, pues porque ha recibido una donación o un legado o algo por el estilo, pues que te pongas a fiscalizarla, cuando igual es una sociedad, bueno, pues.
.
.
, son históricas por otro lado la participación de determinadas entidades locales en determinadas sociedades incluso cotizadas en el Ibex, ¿no?
, entonces, con unos mínimos, ¿no?
Lo que ocurre es que no hay una definición determinada.
Yo, por ejemplo, me planteo una sociedad que conozco bien por mi otra actividad profesional, que es Valencia Parque Central, que está participada si yo mal no recuerdo, el 25% por el Ayuntamiento de Valencia, 25% por La Generalitat i, el 50% por el estado.
Bueno, ¿quién fiscaliza, el Tribunal de Cuentas, fiscalizamos.
.
.
?
Porque un 25% es una participación interesante ya, una participación.
.
.
Entonces, todo esto se tendría que aclarar.
Y yo estoy de acuerdo con que se tendría que aclarar igual que inexcusablemente se tendrían que meter las fundaciones públicas locales dentro del sector público local a efectos de fiscalización.
Pero yo creo que esa labor de aclaración es más propia de la legislación estatal que de la local.
No quiero con esto escurrir, que parece que estoy escurriendo el bulto, entre otras cosas porque, probablemente quien tenga que promover la legislación de esa legislación estatal sea el propio Partido Popular dentro de un par de meses, pero yo creo que es una cuestión más de la legislación estatal que de la nuestra.

En segundo lugar, se ha hablado también respecto de la capacidad sancionadora.
Yo estoy de acuerdo con las prevenciones que ha expresado fundamentalmente el diputado Ignacio Blanco pero, además, hay una cuestión que a mí.
.
.
, que yo creo que no debemos de perder nunca de vista y que aquí, de vez en cuando, a mí me da la impresión de que se nos disipa.
Es decir, el Tribunal de Cuentas tiene una doble naturaleza, fiscalizadora y jurisdiccional.
Y su capacidad sancionadora está más bien unida a su naturaleza jurisdiccional.
La Sindicatura de Cuentas igual que los órganos de control externo de todas las comunidades autónomas no tienen funciones jurisdiccionales, no tienen naturaleza jurisdiccional.
Entonces, a mí, quizás esa competencia sancionadora se podía.
.
.
Yo también, es una cuestión que quizás se tendría que articular por base a la ley estatal porque igual lo competente sería la posibilidad de que por parte de los órganos de control externo de comunidades autónomas se iniciaran e instruyeran procedimientos sancionadores que luego fueran resueltos por el Tribunal de Cuentas en ejercicio de esa función sancionadora jurisdiccional.
Lo cual no es dotar tanto de facultades sancionadoras a los órganos de control externo a las comunidades autónomas como hacerlos partícipes de la potestad sancionadora del Tribunal de Cuentas.

Estoy hablando desde una perspectiva bastante jurídica y estoy hablando.
.
.
, improvisando, por decirlo así, pero son cuestiones que a cualquier jurista que conozca un poquitín el funcionamiento de los órganos de control externo pues se le plantean, ¿no?

Me alegro de que aquí, en la Comunidad Valenciana, rindan cuentas más las entidades locales en general que la media nacional.
No, no, no.
.
.
me congratulo de ello pero sobre todo lo veo como un acicate al resto de España para que se ponga a nivel nuestro sin perjuicio que nosotros tenemos que intentar llegar al cien por cien, evidentemente, que es la meta total, ¿no?

Y luego, sí que estoy de acuerdo con que hay que acrecentar las fiscalizaciones específicas –estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el representante del Grupo Socialista–.
Y luego, yo creo que un objetivo inexcusable es que todas las entidades locales con más de 50.
000 habitantes o con un presupuesto equivalente a 50.
000 habitantes, porque es evidente que una mancomunidad, un (inintel·ligible) .
.
.
metropolitana los puede superar, pero igual no los supera en presupuesto, con un presupuesto equivalente al presupuesto modelo de 50.
000 habitantes, todas ellas tendrían que ver fiscalizadas sus cuentas todos los años.
Es decir, no tiene ningún sentido que el Ayuntamiento de Valencia, por poner un ejemplo, no vea fiscalizadas sus cuentas todos los años y sí que lo vea la Comunidad Autónoma de la Rioja o de Cantabria, que tiene menos población.
Desde mi punto de vista no tiene ningún sentido.
Y creo que desde el punto de vista que coincidiremos todos.
Esto, como un desiderátum.
Yo estoy convencido de que esto, probablemente no se puede implantar para el año que viene, para las cuentas del 2011.
Pero creo que es un desiderátum alcanzar ya no en el medio, sino intentar alcanzarlo en el corto plazo.

Al final es importante para el habitante de cada municipio, que aunque él no se dé cuenta, pero es importante para el habitante de cada municipio, por muy pequeño que sea el municipio, que las cuentas de su municipio estén auditadas.
A un ciudadano de Segorbe, por poner mi pueblo, pues le va a dejar.
.
.
Vamos, no le reporta demasiada satisfacción que las cuentas del Ayuntamiento de Valencia sí que sean auditadas y las del de su pueblo no.
Él preferirá las de su pueblo por mucho más pequeño que sea.
Pero, en todo caso, yo creo que a nivel de intereses generales es importante que este límite, un poquitín escogido al azar, por números redondos de los 50.
000 habitantes, que todas las entidades locales con más de 50.
000 habitantes o su equivalente en términos de presupuesto de gasto, sean fiscalizadas todos los años.

Sé que eso requiere más medios no tanto materiales, porque la verdad es que la sindicatura se caracteriza.
.
.
, la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana se caracteriza por hacer un uso muy eficaz de las instrumenta informáticas de gestión y de los medios materiales como, sobre todo, de medios personales.
Lo sé.
Y sé a la vez, cosa que quizás no se haya puesto de relieve por mis compañeros que me han precedido en el uso de la palabra, que no es finales del ejercicio de 2011 el mejor momento para hablar de incrementos de personal cuyas retribuciones son pagadas con cargo a los presupuestos públicos, por decirlo de una manera determinada.

Y por eso digo que esto es un desiderátum, tanto lo de incrementar la fiscalización específica como los de asegurar una fiscalización anual de este tipo de cuentas de entidades de más de 50.
000 habitantes, al medio, corto–medio plazo, no para el año que viene, entre otras cosas porque los presupuestos del 2012 tienen las restricciones que tienen que, desde luego, el grupo parlamentario al que represento en este punto del orden del día comparte plenamente.

Por lo demás, a mí me gustaría también que, y es de nuevo una cuestión de legislación estatal, aunque también tiene parte de día a día, de la gestión de su casa, que hubiera una mayor coordinación con el Tribunal de Cuentas, porque lo importante es que las cuentas estén fiscalizadas, no que las fiscalice por un lado el Tribunal de Cuentas y, por otro lado, la Sindicatura de Cuentas.
Al final, eso sí que.
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yo creo que coincidiremos todos en que es una gestión absolutamente ineficaz, una asignación absolutamente ineficaz de los recursos públicos.
Y a mí me da la impresión de que de vez en cuando se producen fallos de coordinación que generan a la vez huecos que no deberían de existir y duplicidades que tampoco deberían de existir.

Y, bueno, esto es, más o menos, lo que quería comentar.

Muchas gracias.

La senyora presidenta:

Gracias, señor Marí.

Señor síndic, para aclarar las preguntas que le han hecho los diputados.

El senyor síndic major de Comptes:

Muchas gracias, señora presidenta.

Desde luego, me congratula haber venido.
Lo digo porque a veces uno, en este trabajo, pues se encuentra con la dificultad de encontrar respuesta a muchas de las cosas que se dicen.
Y cuando nos planteamos en el consejo de la sindicatura la posibilidad de hacer este informe, y no solamente de hacerlo, sino que se debatiera aquí, nos planteamos prácticamente casi todas las cuestiones que ustedes ahora me han planteado y que intentaré resumir y contestar.
Pero me alegra mucho más que me lo hayan planteado ustedes, que me lo hubieran planteado el consejo de la sindicatura que también conocen, conocen lógicamente más a fondo nuestro trabajo.

Todas las cuestiones que me plantean han sido muy tenidas en cuenta a la hora de hacer este informe.

Y por intentar contestar ordenadamente.
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En primer lugar, en el tema de los medios.
Es verdad que esto es una competencia exclusiva del consejo de la sindicatura.
El consejo de la sindicatura es quien dice y aprueba la relación de puestos de trabajo y los medios con los que dispone.
En este momento es difícil plantearse un crecimiento en el número de personas a trabajar allí, por la sencilla razón de que los equipos de auditoría compuestos por su actual composición han sido optimizados al máximo.
Es decir, hemos intentado ya que solamente un equipo se dedique a corporaciones locales y otros dos a corporaciones locales y a La Generalitat.
Por tanto, coordinando esto nos permite llegar donde llegamos.

Es verdad, y lo decía el portavoz del Partido Popular, que a un plazo más largo pues posiblemente resulte innecesario ampliar la plantilla de la sindicatura.
En este momento creo que para los objetivos que se marcan en el informe, estamos capacitados para llevarlos a cabo.

Bien es verdad, y paso a analizar otra cuestión, que los medios informáticos facilitan mucho en algunos aspectos la labor.
Por ejemplo, la rendición de cuentas telemática nos permite, como ustedes pueden comprobar en el informe que ya está en esta cámara, hacer un informe de la cuenta general de las entidades locales muchísimo más completo, con muchísimos más indicadores.
Y lo que es mucho más importante para un auditor, con la detección de reparos y de defectos determinados, que luego son los que nos llevan a realizar las fiscalizaciones específicas.

Me preguntaban: ¿qué criterio han seguido para seleccionar a estos 207 ayuntamientos?
Muy sencillo.
El primero, visitar, y lo hemos hecho, a todos aquellos que no han rendido cuentas en los últimos ejercicios.
Es verdad que se ha visitado, se ha hecho un informe y están los informes algunos en trámite de alegaciones y otros ya terminados, y esos informes no se ha revisado integralmente la actuación de un ayuntamiento en un año, pero sí lo que en el mundo de la auditoría pública se llama el «área de riesgo».
Yo lo he dicho aquí, y ustedes me lo han oído decir, sobre todo los que ya llevamos un tiempo en esta comisión: el auditor es una persona con una cierta suspicacia y perspicacia, ¿no?
Y las áreas de riesgo se detectan facilísimamente, se lo digo yo que llevo cuarenta y muchos años en esta materia, simplemente analizando una cuenta general.
¿Y cómo se analiza bien una cuenta general?
Pues disponiendo de aquellos elementos necesarios que denotan que esa cuenta general está rendida fuera de tiempo, no coinciden determinadas magnitudes, se producen desfases en la tramitación.
Todo esto es lo que luego nos sirve para llevar ese ayuntamiento –ahora les voy a decir cuáles son–, ese ayuntamiento a una revisión más profunda.

Por tanto, en este momento de dificultad económica, nosotros estamos en disposición de cumplir esos objetivos que nos hemos propuesto.

La capacidad sancionadora.
Sí que es verdad que yo he pedido aquí dos cuestiones: una es la capacidad sancionadora, y la pido con todas las prevenciones del mundo.
Es decir, es un peligro, efectivamente lo que decía el portavoz del Partido Socialista, que me podían preguntar, ¿qué culpa tiene un vecino si un alcalde no rinde para que le quiten las subvenciones?
Mire, eso me lo pregunto yo también.

Es evidente que esa capacidad no puede quedar en una mera enunciación de la capacidad.
Hay que regular específicamente un procedimiento, como lo han hecho en otras comunidades.
Hay que regular, precisamente la ley de régimen local valenciano lo prevé, pues ahora había que establecer un procedimiento, un procedimiento evidentemente garantista.
Había que establecer qué subvenciones se pueden quitar.
¿Cómo se va a quitar una subvención para una inversión que es necesaria?
¿Cómo se puede quitar una subvención para gasto corriente?
¡Ah!
Eso ya tendríamos que verlo.

Por tanto, en primer lugar, en cuanto a la capacidad sancionadora por la no rendición de cuentas resulta evidente establecer un procedimiento que me gustaría que consensuáramos todos, porque resulta evidente que es un procedimiento sancionador, con lo cual las garantías tienen que ser total y absolutamente legales, y es un procedimiento también económico, que supondrá la detracción del dinero.
Efectivamente, si desde el principio de estabilidad presupuestaria, que me parece que casi no la cumple nadie, encima empezáramos a quitar ingresos corrientes para financiar el gasto corriente sería un peligro.

Pero hay que hacerlo.
¿Por qué hay que hacerlo?
Mire, la experiencia lo demuestra.
En Cataluña, concretamente, estaban rindiendo el 40%.
Han establecido este procedimiento, hoy han rendido 60.
Y no queremos que rindan cuentas por la pura formalidad de decir que están las cuentas, sino por lo que les decía anteriormente.
Es decir, para que de esas cuentasâ¦, y de hecho se ha hecho, ¿cómo que no tenemos capacidad sancionadora?
De nuestros informes de corporaciones locales el Tribunal de Cuentas ha abierto varias diligencias precisamente porque en los informes se contienen determinados aspectos que, como el auditor ha seleccionado debidamente el área de riesgo, los han encontrado.

De manera que la capacidad sancionadora, si quieren lo digo con la boca pequeña, como tal capacidad, y digo con la boca grande, hay que establecer un procedimiento, no cabe ninguna duda.

El problema del sector público.
Es verdad, es la ley de haciendas locales del estado la que de alguna manera ha excluido las sociedades que no estén participadas mayoritariamente en las fundaciones.
Es una legislación estatal.
Ahora bien, si ustedes repasan con atención mi presentación, sí que verán que hemos establecido un sistema para poder detectar estas sociedades, o estas fundaciones o estas asociaciones para saber en qué porcentaje están participadas y poder pedirle –si me lo quieren permitir así–, poder exigirles al final que rindan cuentas a quien toque, efectivamente.

Hay casos, como decía el portavoz del Partido Popular, hay casos que es que ni ellos mismos a veces saben a quién tienen que rendir.
Bueno, pues vamos a hacer un registro, que también les traeremos aquí ese informe, del cual se deduce, según nuestro criterio, a quién tienen que rendir.
Me dirán, hombre, es que la ley dice mayoritariamenteâ¦ Bueno, nosotros establecemos un criterio de a quien tienen que rendir.
Luego ya veremos.
Tendríamos que coordinarnos, evidentemente, con el Tribunal de Cuentas que, por cierto, también se plantea las mismas cuestiones que nosotros.
El Tribunal de Cuentas también tiene dudas en determinadas entidades qué participación tienen unos y otros y a quién tienen que rendir.
Evidentemente, habría que en ese momento ponerse en contactoâ¦, bueno, coordinar el Tribunal de Cuentas.

Las fiscalizaciones horizontales y las fiscalizaciones específicas son necesarias y están dando un resultado total y absolutamente práctico.
Les voy a citar una sola, que precisamente se hizo en colaboración con el Tribunal de Cuentas.
Hay una fiscalización del patrimonio municipal del suelo, a veces me preguntan, ¿y no visteis nada de todo esto?
Bueno, hay un informe sobre patrimonio municipal del suelo de los grandes municipios, que está hecho en colaboración con el Tribunal de Cuentas y está en colgado en la web y está publicado, en el que, precisamente, como área de riesgo del patrimonio municipal del suelo, se concluyen una serie de circunstancias que ponen de manifiesto la utilidad de este tipo de informes.

Y de las horizontales o específicas de determinadas áreas, vuelvo a decir lo mismo, esas áreas no se seleccionan al azar, se seleccionan porque suponen una posibilidad de riesgo.

Sí que quiero entrar en las auditorías operativas y aquí entonar, en la parte que me corresponde, el mea culpa, ¿no?
Estamos preocupados por el problema de las auditorías operativas precisamente porque en general, en España, no hay esa formación necesaria para este tipo de auditorías.
¡No hay!
La intervención general ha hecho algún programa.
Nos hemos preocupado de obtener formación de nuestra gente.
Pero es difícil hacer auditorías operativas de eficiencia y eficacia, como dice la ley, que tengan una utilidad práctica, claro, porque la auditoría operativa muchas veces, en general, no basta con decir la eficiencia y eficacia de una entidad, sino a veces de comparar la eficacia y eficiencia de esa entidad con otra de otro sitio o con otra de otra comunidad.

En cuanto a qué vamos a hacer de forma inmediata con la gente que tenemos, con el personal que tenemos y con los medios que tenemos.
Pues están terminados prácticamente los informes de los ayuntamientos de Orihuela, Gandía, Torrent, Elda, Sant Vicent del Raspeig i Vila–real, como ayuntamientos de más de 50.
000 habitantes, cuyo informe lo tendrán ustedes aquí dentro de este año.
Ha sido ya indicado, está en fase de alegaciones.
Y en ese programa de actuación de mayores de 50.
000 habitantes, me ha parecido buena idea también, como presupuesto similar ya sería ampliar mucho, pero, bueno, habría que estudiarlo, ya están estos informes hechos.
¿Y cuáles quedan por hacer para el año que viene?
Pues Valencia, Alicante, Elx, Castellón, Torrevieja, Benidorm, Sagunt, Paterna, Alcoy y las diputaciones de Alicante, Castellón y Valencia.
Éstas otras que quedan se ejecutarán a lo largo del año que viene con el personal que tenemos.

Es verdad que el personal de que disponemos a lo largo del tiempo hemos ido obteniendo yo creo que un rendimiento sustancial.
Hay aquí algún portavoz que conoce muy bien aquella casa.
Y, ciertamente, ha habido dos actuaciones que yo creo que han sido esenciales para sacar un mayor rendimiento al trabajo auditor: uno, un proceso de funcionarización, que concluyó con la funcionarización de todo el personal, que permite al personal pues ostentar su condición de funcionario, ejercer sus funciones con independencia y objetividad; y dos, unos planes de formación muy importantes, con mucho dinero gastado ahí.

Estos planes de formación se han llevado a la práctica, y por tanto en este momento nos permite, con la gente que tenemos, conseguir los objetivos que nos habíamos propuesto y que les he transmitido.

En cuanto a la capacidad sancionadora y la capacidad jurisdiccional, no hay que confundir la capacidad sancionadora en materia de no rendición de cuentas, no es una capacidad jurisdiccional, es una capacidad puramente sancionadora, y sí que la ejercitamos nosotros en su fase inicial.
Es decir, a aquellos ayuntamientos que de forma reiterada no han rendido cuentas les iniciamos un expediente sancionador que, efectivamente, concluye el Tribunal de Cuentas.
¿Con sanción?
Sí, con una sanción, que les puedo decir de qué cuantía es, entre 60 y 900 euros.
Esa sanción la pone el tribunal, incluso, a título anecdótico, le diré que en alguna ocasión se ha recurrido al supremo y se han bajado bastante los 60 euros.

Entonces, ¿qué quiero transmitir con eso?
Pues que los procedimientos para conseguir la rendición de cuentas no solamente van por el aspecto sancionador; van por el aspecto fundamentalmente divulgativo, de convicción, de insistir, y luego de obtenerâ¦ Hay ayuntamientos.
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Les voy a dar unos datos, una estadística que hemos hecho de por qué no rinden cuentas los ayuntamientos.
Bueno, pues el 52% dice que no rinde cuentas porque ellos no tienen medios, pero de ese 52% la mayoría son pequeños municipios.
Pues alguien les tendrá que ayudar.
El 17% dice que no rinde cuentas porque la plataforma funciona mal.
También lo dicen.
Hemos hecho un avance enorme en inversión, ahí hemos invertido, y es caro.
Y la plataforma empieza a funcionar bien.
Y el resto, curiosamente, nos dice que es que no rinde cuentas porque no sabe cómo hacerlo a través de la plataforma.

Por tanto, es evidente que para conseguir esa mayor rendición lo que hay que hacer es una mayor divulgación, una mayor enseñanza, que se está consiguiendo.
Si se comparan las listas de ayuntamientos pequeños que no rindieron y los que rinden, pues se puede observar que eran muchos pequeños, pero empiezan a haber algunos grandes, y esos ya no rinden porque no saben, esos no rinden porque no rinden.
Y de esos, precisamente de esos, hemos iniciado procedimientos que terminarán en el Tribunal Cuentas con la sanción que corresponda.
Pero eso es una facultad que nosotros pedimos, no solo para iniciar el expediente, como hacemos ahora, sino que incluso para concluirlo.
¡Hombre!
También con todas las garantías procesales habidas y por haber.
Cualquier procedimiento sancionador es necesario que cuente con todas las garantías.

Repito, el hecho de que esté en la ley de régimen local valenciano esa posibilidad yo creo que implicaría un desarrollo mayor para garantizar que cualquier ayuntamiento, por las buenas, no se quedara sin las sanciones.

Recuerdo, a efectos fiscales, que cualquier contratista cuando va a una contrata se le exige que esté al corriente del pago de esos impuestos y de la seguridad social.
Pues qué menos que un ayuntamiento que tiene una subvención esté al corriente de sus obligaciones llamémosle en materia de rendición de cuentas.

Habría que señalar también que el hecho.
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, de los grandes ayuntamientos, que, evidentemente, ahí hemos tenido una cierta, no sé, carencia en los últimos años.
¡Hombre!
, allí tienen elementos de control interno, la intervención general, y luego elementos de control posterior.
Precisamente hace unos días se publicaba en la prensa el resultado del control posterior de auditoría llevado a cabo en el Ayuntamiento de Valencia, que también denota ya un cierto control.
A lo mejor resulta que lo que tendríamos que hacer nosotros es revisar esos informes de control posterior.
Pues ciertamente habría que planteárselo.
(Pausa)

Yo creo que, en resumidas cuentas, habría que pensar, en primer lugar, que en cuanto a los posibles grandes escándalos que dicen.
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, que se señalan en la prensa, los informes de auditoría –quiero recordar– son informes de auditoría, es decir, informes hechos sobre la base de una muestra suficiente, con el análisis exhaustivo de esa muestra como área de riesgo y sus conclusiones.

Pues bien, muchas de las cosas –no digo todas–, pero muchas de las cosas que a veces se magnifican porque sale en la prensa, están en los informes de fiscalización, con la muestra seleccionada.
A veces es evidente que no.
Pero las muestras que se seleccionan a veces dicen: « ¡Hombre!
, es que selecciona usted una muestra del 40% de la contratación en La Generalitat.
» Bien.
Pero es que esa muestra no es seleccionada por las buenas, es seleccionada por un técnico, por un auditor que entiende que es ahí donde pueden existir los problemas.

La sindicatura no necesita ninguna norma para obtener la información que quiera de las consellerias que quiera, de los organismos autónomos que quiera, ni de las empresas públicas que quiera, lo dice la ley.
Lo que ocurre es que la información la obtenemos porque nos la dan.
No necesariamente tenemos muchas veces que establecer ningún criterio sancionador.

Y concluyo –creo que he contestado de alguna manera a lo que me vienen preguntando–, concluyo con que nosotros, en principio, para cumplir los objetivos que están en el programa, estamos en condiciones de traerles.
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, en el programa de actuación que el año que viene tendrán.
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, bueno, que dentro de este año tendrán el del año que viene aquí, estamos en condiciones de llevarlos a cabo con la gente que tenemos.

Quizá haya que revisar, cosa que tendrá que hacer el consejo de la sindicatura, algún puesto de trabajo, pero en el momento actual de limitación tan grande que hemos tenido, del capítulo I, y no digo del capítulo II, yo creo que para conseguir lo que hoy he traído aquí, tenemos posibilidades de hacerlo.

Muchas gracias.

La senyora presidenta:

Muchas gracias, señor síndic.

Si hace falta alguna aclaración, un turno de cinco minutos cada diputado.
Tiene la palabra el señor Blanco.

El senyor Blanco Giner:

Bé.
En primer lloc, volia reconéixer–li a vosté el mèrit d’haver respost a les preguntes que li hem formulat.
És una rara avis en l’espècie dels compareixents, perquè estem acostumats a fer preguntes i els consellers i conselleres no solen entrar al tema.

Després, agrair–li també que m’haja donat alguna informació.
Eixe informe sobre el patrimoni municipal de sòl dels grans municipis, la veritat és que m’interessa.
Jo estic (veus) darrere del tema de les torres de Calatrava ahí en la Ciutat de les Ciències, que hi ha un problema de patrimoni municipal de sòl; precisament m’agradaria conéixer–lo per poder informar–me.

Després, me parlava dels equips, que n’hi ha un sencer i dos a temps parcial, dedicats a les entitats locals, si no m’equivoque, sobre set, que són els equips d’auditoria.
La meua pregunta era si s’estava d’alguna manera.
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l’èmfasi que se ficava en les entitats locals detraent recursos de la fiscalització del sector autonòmic.

I respecte els tipus de fiscalització, tots hem demanat fiscalitzacions específiques.
Perquè, clar, encara que vosté diga que de l’anàlisi del compte general un pot ja vore les àrees de risc, imagine que en els grans ajuntament sobretot i aquelles administracions que tenen bons tècnics, no passarà molt, no passarà molt sovint.
I, clar, el mateix informe que hui presenta diu que «la fiscalització del compte general és una fiscalització formal, que se limita a verificar el compliment dels terminis i la coherència del estats comptables».
Se’ns queda curt.

I en eixe sentit, també el fet que se prime, com a criteri per a ser seleccionat en les fiscalitzacions específiques, no haver retut comptes en els exercicis passats, pot tindre un sentit lògic, però, per altra banda, també pot fer que se fique el focus sobre eixos ajuntaments xicotets, que a la millor per falta de recursos, o de voluntat en algun cas, no han fet una qüestió que és merament formal.

A nosaltres ens preocupa molt, i tornem a insistir, els grans ajuntaments, les diputacions i les empreses públiques, que per tots és conegut que han tingut problemes en la gestió.
I per això li faria una pregunta, com vosté respon, una pregunta molt concreta, i és.
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Ha dit que en 2012 se farà la fiscalització de València, d’Alacant, d’Elx, de Castelló, de les tres diputacions.
Quan se’n van fer les últimes?
M’agradaria saber–ho.
Sobre cadascuna de les tres diputacions i cadascuna de les tres capitals de província.
Jo ja imagine la resposta, però m’agradaria que la formulara vosté, perquè aleshores estem en tràmit, sembla, de solucionar un problema que arrosseguem des de fa moltíssims anys.

I després una pregunta que no m’ha respost.
Amb quin abast se van a fer eixes fiscalitzacions?
(Veus) Perquè vosté diu que tenen mecanismes de control intern, i això ho coneguem, però la legislació és molt clara.
La legislació, no, la Constitució espanyola, l’Estatut d’autonomia.
Per això hi han institucions de control extern, i se’l dota d’eixe rang institucional tan important, perquè és bàsic.

I en eixe sentit, simplement acabar dient que sobre les auditories operatives, que també per a nosaltres seria una cosa molt important, ara pensem que la llei va a ser visionària.
Perquè si la mateixa llei de creació ja marcava l’obligació de fer unes auditories que vint–i–cinc anys després no estem en condicions de fer perquè no hi ha suficient formació, la veritat és que hem de felicitar (rient) els legisladors d’aquella època, però hem d’estar molt preocupats de no haver sigut capaços d’avançar per a fer complir una llei de l’any 1986, o 1985, millor dit.

Ja dic, agrairia les respostes igual que en la primera intervenció, no vull estendre’m més.
I manifestar la nostra preocupació per eixes grans administracions i eixes entitats metropolitanes.
Perquè d’Emarsa no li vaig a preguntar, perquè m’imagine que no s’ha auditat mai Emarsa.
També m’agradaria que responguera.

La senyora presidenta:

Gràcies, senyor Blanco.

Senyora Mollà.

La senyora Mollà Herrera:

Gràcies, senyora presidenta.

Senyor Queralt, jo tinc algunes reflexions i algunes preguntes.

Per començar, vosté ha parlat que el tribunal obri expedients sancionadors perquè té capacitat sancionadora, estan al voltant al 60 i 900 euros, una cosa prou.
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poc coercitiva, pense.

Però al marge d’això, sí que reclama altres tipus de mecanismes sancionadors ben legislats, i ha posat l’exemple de Catalunya.
Jo no sé si vosté sap que precisament la reforma legislativa que ha presentat el Grup parlamentari Compromís era la que va fer Catalunya.
Vull dir, jo li pregunte concretament: el model de capacitat sancionadora que té Catalunya, amb la seua reforma que féu, és assumible per la Generalitat valenciana?
És assumible?
Creu que seria una bona iniciativa per a dur endavant en estes Corts?
Ho dic perquè és que se’ns va votar que no.
I jo vull saber si la puc tornar a presentar i puc tindre l’aval que una instància com la de la Sindicatura de Comptes pense que eixa legislació és bona.
M’agradaria concreció, perquè moltes vegades mos perdem i mos perdem en coses que al final un sap que pot tindre raó, pot tindre.
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, però, clar, les paraules les utilitzen i les manipulen.
I jo voldria concreció.

En el tema de.
.
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, quan ha parlat del.
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, ha fet referència sobre que els escàndols precisament estan d’alguna manera indicats en els informes de la Sindicatura de Comptes, jo vull tornar a.
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yo quiero venderle mi libro, per a dir–ho més clar.
Té la Sindicatura de Comptes capacitat d’actuar d’ofici per a ser part denunciant en unes irregularitats que després resulta que són escàndols, i no solament en l’àmbit de La Generalitat, sinó que traspassen les nostres fronteres i ens situen en l’epicentre de la mala gestió dels fons públics, de la corrupció.
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, de totes estes coses, que jo no tinc per què dir si és real o no, sinó el que sí que sé és que anticorrupció o la fiscalia, jutjats, sí que pensen que deuen ser investigats.
Té capacitat d’actuar d’ofici com a denunciant?
I amb un sí o un no, jo ho sabria.
Una cosa és que ho faça o pensen vostés que és adequat o no fer–ho, no vaig a entrat.
Vullc saber, per a aclarir–me, si té capacitat d’actuar com a òrgan denunciant, perquè jo pense que sí.

I, per tant, està molt bé que els informes donen indicis de les coses que no se fan bé, i que resulta que quan nosaltres aleshores anem a allò que vostés diuen que és estrany, irregular o que potser no estiga ben fet, tingam de desenvolupar mecanismes propis de denúncia, de tal.
.
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Clar, després ens diuen: «És que l’oposició és la que fa.
.
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» Però no tenim un organisme veritablement que puga fer de.
.
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, que lidere eixe tipus de denúncia?
, perquè la capacitat sancionadora coercitiva no ha de ser a soles a les entitats locals, sinó és que si la sindicatura se queda supeditada a La Generalitat i solament li reclama capacitat sancionadora cap a les entitats locals, alguna cosa falla.
A mi m’agradaria que la sindicatura actuara molt per damunt i que mirara amb la mateixa perspectiva els òrgans dependents de La Generalitat o dels organismes i de les entitats locals.

Per tant, actuar d’ofici, què vol dir?
Jo, m’agradaria.
.
.

I després, una pregunta ja molt concreta.
L’elaboració d’un informe especial sobre la composició del sector públic local.
Perquè vostés diuen que sí que és de veritat que entren en un conflicte al no saber les entitats que deuen retre comptes, aquelles que diuen les entitats locals que no i que sí que ho pensen vostés.
Per a quan se calcula que estarà eixe informe en eixe inventari?
És una pregunta jo crec que molt concreta per a.
.
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, que no ve a dir res més que per a saber quan anem a tindre eixa informació, que segur que mos serà molt útil per a la nostra feina fiscalitzadora també.

Gràcies.

La senyora presidenta:

Gràcies, senyora Mollà.

Senyor López.
Senyor Olano.

Señor síndic, cuando quiera usted, ya para finalizar el punto.

El senyor síndic major de Comptes:

Muchas gracias, señora presidenta.

Vamos a ver.
Cuando seleccionamos un ayuntamiento para revisarlo, como consecuencia de que no rinde cuentas, es un elemento objetivo que se utiliza siempre, pero a veces se selecciona a los grandes también.
Ha habido ayuntamientos grandes que han sido revisados como consecuencia de la no rendición de cuentas y ha habido ayuntamientos grandes a los que se les ha instado un expediente sancionador por no rendir cuentas.
O sea, que no solamente se selecciona a los pequeños que no rinden cuenta, sino a todos aquellos que no rinden cuenta.

¿Cuándo se hizo el último control externo a la.
.
.
?
Pues mire, yo creo recordar que al Ayuntamiento de Valencia le hizo una fiscalización el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de Cuentas, por los años noventa, o una cosa así.
Ahora bien, insisto en que estos grandes ayuntamientos tienen este tipo de control interno.

Me pregunta el alcance que se va a llevar a cabo en estos grandes ayuntamientos.
Se lo voy a decir, está en el programa de actuación.
El alcance se inicia a través de un cuestionario en el que se hace un análisis de cómo tienen establecido el control interno en esos grandes ayuntamientos.
No olvidemos precisamente que esos grandes ayuntamientos deben tener, y de hecho tienen, un control interno adecuado a su presupuesto y adecuado a su volumen de trabajo.
Por tanto, empezamos por ahí.

A la vista de eso, detectaremos las áreas de riesgo y continuaremos esa labor a través de la revisión de esas áreas de riesgo que habremos obtenido como consecuencia de la revisión del control interno.
Y no hay que ser muy listo para saber, de un buen cuestionario en el que contestan, fehacientemente, claro, el alcalde y el interventor, junto con el secretario en la parte que le corresponde, qué áreas de esa gestión supone un riesgo y las revisaremos.
Pues mire, se lo voy a decir.
Será el remanente de tesorería, la contratación y el endeudamiento.
Ese va a ser el alcance fundamental.
Porque de las revisiones que estamos llevando a cabo, como estas que les he indicado, esas son las áreas que se van a revisar.

Sí que es verdad que en el año 1985 la ley hablaba de auditorías de eficiencia y eficacia, pero me pregunto: ¿cuántas administraciones públicas en España tienen establecida la contabilidad analítica?
Ninguna o casi ninguna.
Es decir, la operativa, la auditoría operativa sería el resultado de la revisión de una contabilidad analítica o de costes llevada en estos términos por las administraciones públicas.

Por tanto, me echo la culpa en la parte que me corresponde, pero no al cien por cien.

El sistema de Cataluña.
Yo no lo conozco a fondo, no lo sé.
Yo puedo decir que el sistema de Cataluña allí ha dado resultado, y creo que tiene las garantías necesarias para conseguir la finalidad que persigue.
No lo conozco a fondo, por tanto, no me puedo pronunciar.
Yo sé que en Cataluña había un gran problema en la rendición de cuentas y que el establecimiento de aquel sistema, que no conozco a fondo, como digo, ha dado un resultado total y absolutamente correcto a lo que se pretendía.

Informes de oficio.
Vamos a ver, vuelvo a insistir, usted y yo siempre tenemos unas visiones muy cerradas de cada tema.
Nosotros hacemos informes de fiscalización, nosotros somos un órgano de control externo, una fiscalización con técnicas de auditoría.
Nosotros no somos ni detectives ni policías, nosotros somos fiscalizadores de una gestión pública hecha con fondos públicos, y en esos términos están nuestros informes y los de todos los órganos de control externo en los mismos términos.

Es evidente que, si se detecta cualquier cosa, pues, como cualquier funcionario, como cualquier entidad pública, está obligado a denunciarlo.
Lo que no podemos siempre es estar calificando cada defecto que se encuentra.
Por tanto, el elemento fiscalizador es fundamental que se tenga en cuenta, es una fiscalización, en términos de auditoría, para decir si las cuentas reflejan la imagen fiel, tal como están redactadas, y si se ha detectado en determinados aspectos incumplimientos de la legalidad, y se dicen muchas cosas en los informes, a veces de mayor o menor gravedad, y a los mejor resulta que algunas son graves, pero por eso se remiten al tribunal de cuentas y es la función jurisdiccional del tribunal de cuentas, el que puede iniciar los procesos iniciar los procesos jurisdiccionales, que no nosotros.
Es verdad que el tribunal de cuentas ha iniciado procesos jurisdiccionales a la vista de informes nuestros, pero nuestra misión fundamental es la fiscalizadora, no la sancionadora.

El informe del sector público.
Pues, yo espero que esté aquí a primeros de año.
Estamos en estos momentos elaborando un informe, tenemos que dar audiencia a las entidades sobre las que tenemos dudas acerca de su composición, y cuando esté terminado, pues, yo calculo que, a primeros del año, habrán terminado todas estas fases.
Nuestros informes son eminentemente garantistas.

Yo quiero recordarles dos cosas, y termino, que me gusta siempre recalcar y no tengo ningún éxito en ello.
Uno es que los informes son unos informes conocidos por el ente auditado, se discuten, se habla, se comenta; y, dos, la posibilidad de que los entes auditados conozca las instrucciones: ¡eso solo se da aquí!
, de nuestro propio sistema fiscalizador.
¡Es que es fundamental!
saber cómo se calcula la estabilidad presupuestaria en un ayuntamiento, según nuestro criterio.
Entonces, esto, para mí, que es una muestra indudable de trasparencia y de buenas prácticas, pues, tiene que ser utilizado.
A veces no lo utilizan, porque no quieren, y se sorprenden de que cuando comentas un informe, te encuentras con cosas que dice, anda, si lo hubiera sabido, pues, lo hubiera hecho bien.
Bueno, pues, eso está publicado, todo el mundo tiene acceso a nuestro manual de fiscalización y conoce nuestras posturas.

Muchas gracias.

La senyora presidenta:

Pues, muchas gracias, señor síndic, por sus explicaciones exhaustivas y que nos van a servir para mucho.

Recuerdo a los grupos que a partir de ahora se abre un plazo de veinticuatro horas para presentar una propuesta de resolución, bien conjunta o bien individual, como los grupos quieran, veinticuatro horas para presentar una propuesta de resolución, que se debatirá en su día.

Finalizado este punto, suspendemos la comisión durante diez minutos, para despedir al síndic, y continuaremos con las propuestas de resolución.

(Se suspén la reunió durant uns minuts)

Proposició no de llei sobre el suport als treballadors de la Caixa d’Estalvis del Mediterrani i el manteniment de la seua obra social

La senyora presidenta:

El tercer punto del orden del día es la presa en consideración de la proposición no de llei sobre el suport als treballadors de la Caixa d’Estalvis del Mediterrani, CAM, i el manteniment de la seua obra social, presentada pel Grup Parlamentari Popular.

Té la paraula el senyor Costa per quinze minuts.

El senyor Costa Climent:

Señora presidenta.

Mi grupo parlamentario ha presentado una iniciativa, que ya ha sido debatida en la Comunidad Autónoma de Murcia, que como ustedes saben alcanzó su aprobación por unanimidad de todos los grupos parlamentarios y que lo que busca única y exclusivamente es el respaldo político y la defensa de los intereses de los trabajadores de la CAM y, además, la defensa de algo que para nosotros, yo creo que coincidiremos todos los grupos parlamentarios, es básico y fundamental en el desarrollo no solamente del propio objeto social de la caja de ahorros sino también en el desarrollo de una labor importantísima en nuestra comunidad, como es la obra social de la caja de ahorros.

Todos ustedes saben cuál ha sido el proceso por el cual la CAM está en esta situación, el propio consejo de administración pidió la intervención al Banco de España, fruto de no poder presentar en el plazo de diez días un plan de recapitalización que le permitiera elevar su capital del 3%, que marcaban los test europeos, al 5%.
Y a partir de ahí el objetivo, que está siendo fruto o base de la actuación de los nuevos administradores puestos por el Banco de España a través del FROB, son garantizar que la CAM pueda seguir operando con normalidad y que cumpla plenamente todas sus obligaciones frente a terceros, cuestión que obviamente es básica para la imagen de la propia entidad y la posterior venta que está intentando plantear y negociar el Banco de España.

Por lo tanto, nosotros entendemos que debería ser así, que la propia intervención tiene que ser en este caso concreto una garantía para la solvencia de la propia caja de ahorros y para la solvencia de la imagen corporativa y financiera de la CAM.
Ustedes saben que se produjo un ajuste de la red, un ajuste que tuvo la supresión de una serie de oficinas y también un ajuste de plantilla.
Un ajuste de plantilla, como ustedes saben, al ser la CAM una entidad financiera o una caja de ahorros que opera en distintos territorios, el responsable de aprobar ese acuerdo entre la empresa, en este caso la caja de ahorros, y los trabajadores es el propio Ministerio de Trabajo.
Y, por lo tanto, aquel acuerdo supuso, aquel ERE que formalizaron por acuerdo la CAM y los representantes de los trabajadores y que fue ratificado después por el Ministerio de Trabajo, supuso prejubilaciones, bajas incentivadas aproximadamente a 983 empleados de la caja.

Yo quiero reconocer y mi grupo quiere reconocer por una parte la labor y el apoyo de los clientes de la entidad, la reacción que han tenido a la situación que los clientes han mostrado en los últimos meses y, por otra parte, a la plantilla, que al final a los trabajadores de la propia entidad, a los directores de oficina, a los jefes de oficina, al conjunto de los empleados, porque al final han sido los que han dado las explicaciones a los propios clientes y por lo tanto han ayudado a mantener a la caja de ahorros emblemática en nuestra Comunidad Valenciana en la situación de imagen y de solvencia que en estos momentos está ofreciendo a sus clientes minoritarios y mayoritarios.
Por lo tanto, yo quiero poner patente en esta comisión, en nombre del Grupo Popular, el ejemplo de responsabilidad que los trabajadores de la CAM de las oficinas, sus directores, han realizado durante estos meses.

Obviamente la caja sigue existiendo como tal, aunque en esos momentos su única gestión es la de la obra social, aparte de ser el único accionista de un nuevo banco.
Y por lo tanto uno de nuestros esfuerzos tiene que servir el apoyo parlamentario, el apoyo político y el apoyo a la imagen de esa importante obra social que ha supuesto en los últimos años importantes beneficios para la Comunidad Valenciana.
De hecho en la propia exposición de motivos de la proposición no de ley enmarcamos algunos, como la casa museo modernista de Novelda, el colegio Sagrada Familia de Elda, los legados de Jorge Juan, de Gabriel Miró, de Óscar Esplá, el festival de cine de Elche.
En definitiva, iniciativas que han contado con el apoyo de la obra social en la CAM y que han tenido importantes beneficios sociales en nuestra comunidad.

Como ustedes saben también el FROB ha abierto una investigación sobre la gestión de los anteriores directivos y órganos de gobierno de la caja de ahorros; una gestión que obviamente, si tras la investigación resultara que algunas decisiones tomadas son sancionables, pues, obviamente quien tiene la responsabilidad, que es el Ministerio de Economía y Hacienda, a propuesta del Banco de España, pues tendrá que tomar las decisiones.
Mi grupo parlamentario, a petición de otros grupos parlamentarios, ha apoyado ya la creación de una comisión de investigación en las Cortes Valencianas que puede analizar cualquier situación de irregularidad al respecto.

Pero volviendo al tema básico que nos centra en esta proposición no de ley, yo quiero decir que, en primer lugar, tenemos como responsables políticos de esta comunidad intentar minimizar al máximo la incertidumbre que existe entre los 6.
000 trabajadores que después del ERE se está ciñendo y se está arrojando sobre su situación futura en la caja de ahorros.
Creemos que esa incertidumbre es una preocupación que además se extiende también a la propia obra social de la caja de ahorros.
Dicha obra social que, insisto, ha sido básica y fundamental para el crecimiento de nuestra comunidad en aspectos tan importantes como la cultura, pero fundamentalmente en materia de solidaridad; que solamente en el año 2010 participaron aproximadamente 4.
400.
000 personas en diversas actividades en nuestra comunidad dedicadas o puestas en marcha por la obra social; que este mismo año dispone de una aportación de 38 millones de euros para distribuir entre distintos proyectos en las comunidades autónomas en las que opera y que, además, creemos que su mantenimiento, tanto la eliminación de la incertidumbre para los trabajadores como la eliminación de la incertidumbre en la obra social que la caja hace, va a suponer también eliminación de la incertidumbre sobre la mala propaganda que, desde diversos puntos de esta comunidad, se está arrojando sobre la caja de ahorros; y que, obviamente, supone un perjuicio a la hora de la fijación del precio de venta de la propia caja de ahorros, ¿no?

Es muy importante tener un dato –que yo creo que todos ustedes saben y que también tendremos que analizar en un futuro aquí–: la Caja de Ahorros del Mediterráneo era la única caja española que cotizaba en la bolsa, a través de las denominadas cuotas participadas.
Cualquier empresa que cotiza en bolsa tiene que ser supervisada y revisada, obviamente, y auditada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Y tampoco parece ser que, con respecto a situaciones que pudieran afectar a la estabilidad de la propia caja de ahorros, la Comisión Nacional del Mercado de Valores haya dicho absolutamente nada.

Y, por lo tanto, creemos que es muy importante que en estas Cortes Valencianas, fruto de ese diálogo, de ese apoyo incondicional a los trabajadores y a la obra social, lleguemos al mismo acuerdo que la Región de Murcia ha planteado con esta misma iniciativa.

Por lo tanto, la propuesta de resolución es muy básica, pero muy clara y muy contundente.
Creemos que no es momento de perdernos en otros debates.
Ya hemos tenido debates sobre cuál tiene que ser la responsabilidad de estas Cortes, a la hora de investigar lo acontecido en la caja de ahorros.
Esta tarde mismo, viene el conseller de Economía, a petición propia, a hablar sobre lo que ha acontecido en la Caja de Ahorros del Mediterráneo.
Y por eso, nosotros lo que estamos pidiendo es algo que creo que contará con el consenso de todos los grupos parlamentarios, como es:

En primer lugar, mostrar la solidaridad y el apoyo a los trabajadores de la CAM.
Y exigir –como no puede ser de otra forma– que cualquier futura situación de regulación de empleo, que tenga que ser supervisada por el Ministerio de Trabajo, obviamente sea en su negociación con la representación legal de los trabajadores.

Y, en segundo lugar, como vengo reiterando a lo largo de mi exposición, apoyar el mantenimiento de la obra social de la CAM.
Creo que es fundamental y básico para muchos ayuntamientos y para el futuro desarrollo cultural y solidario de nuestra comunidad.
Obviamente muchas otras áreas se ven afectadas por esa obra social, pero yo marcaría estas dos como básicas; a parte de otras como el medio ambiente.
Son actuaciones que la obra social de la CAM sirve para potenciar, mejorar y, obviamente, abrir todavía más la gestión de esa caja de ahorros al conjunto de los municipios de la Comunidad Valenciana.

Nada más; y pedir, obviamente, el apoyo de los grupos parlamentarios a esta iniciativa que, en aras de la protección de los trabajadores, mi grupo parlamentario ha presentado y ha anunciado.

La senyora presidenta:

Muchas gracias, señor Costa.

A esta iniciativa se ha presentado una enmienda, por parte del Grupo Parlamentario Socialista.

Tiene la palabra el señor Toledo.

El senyor Toledo Lobo:

Gracias, señora presidenta.

Señor Costa, el pasado jueves, en el pleno, ya anunciamos que el Grupo Parlamentario Socialista presentaría una modificación a esta PNL.
Y anunciamos en qué sentido iba a ir la modificación.

También mostramos nuestro apoyo a los trabajadores y a la obra social de la CAM.
Y también desvelé, bueno, que algo que era público, y es que en la concentración, que fue convocada por el comité de empresa en Alicante, pues yo mismo y mi compañera Ana Barceló fuimos, en representación de los socialistas valencianos, a defender esas dos cuestiones.

Sin ninguna duda, en estos momentos, más que nunca, los trabajadores de la CAM nos necesitan, y la sociedad alicantina también, para dar un mensaje de tranquilidad; y no sólo de tranquilidad, de compromiso con el futuro de la obra social y de la CAM.
Y, por tanto, obvio decir que nuestro grupo va a apoyar esta moción en esos dos puntos.

Pero también quiero decir –y nos es oportuno decirlo– que esta PNL habla del futuro, del futuro de los trabajadores y del futuro de la obra social.
Y entendemos que no nos podemos quedar sólo en dar un apoyo que es más moral que otra cosa, sino que tenemos que pasar de la retórica a la acción.
Tenemos que ir más allá y actuar sobre una de las raíces del problema.
Yo creo que no se entiende que nos quedemos sólo en apoyos morales y que no actuemos sobre la raíz.

La CAM es una caja de ahorros –como Bancaja, como otras tantas que tenemos en la comunidad– y, por lo tanto, se veâ¦, su actividad se ve dentro de lo que es la Ley de cajas de ahorros valencianas.

La CAM seguirá siendo caja de ahorro –como Bancaja, como otras tantas– durante mucho tiempo.
Y esperamos que ojalá muchas de ellas perduren para siempre, porque es una de las singularidades del sistema financiero español que más ha aportado, no sólo a los impositores, sino a la sociedad en general.

Por tanto, la Ley de cajas de ahorros valencianas tiene que actualizarse a la nueva realidad que todas estas entidades financieras están viviendo: a la generación de los SIP y a todas estas cuestiones que hace unos años no existían.

El futuro de los trabajadores, el de la obra social, tienen mucho que ver con lo que permita hacer o no permita hacer la Ley de cajas de ahorro valenciana.
Por tanto, entendemos que es hora de enviar un mensaje, también de futuro, de actuar sobre una de esas raíces del problema que más escándalo social ha tenido, que más esperpéntica ha sido.

Y una parte de esa raíz está clara.
Desde que determinadas personas ocuparon las cajas, se produce un cambio radical que está en la base de todo esto.
Hasta entonces, la representación en las sociedades participadas por la CAM se hacía por el propio personal de la CAM; y las eventuales retribuciones, que pudieran percibir, se ingresaban en la CAM.
A partir de que estas determinadas personas –nombradas por el Partido Popular– ocupan las cajas son los consejeros los que van a esas sociedades participadas, y son los consejeros los que se quedan con las retribuciones.

Y quiero señalar eso porque, más allá de la legalidad o no legalidad de esta cuestión, hay algo que se pervierte y es el espíritu de la Ley de cajas de ahorros valencianas que, en su artículo 17, establece que el cargo de miembro de cualquiera de los órganos de gobierno tendrá carácter honorífico y gratuito.
Y, por lo tanto, se buscan subterfugios legales para que eso no sea así.
Se sustituye el honor por la desvergüenza, al actuar esos cargos.
Y se sustituye la gratuidad en el cargo por la avaricia y por la codicia.
Y es un elemento fundamental para entender todo lo que pasa a partir de ahí en la CAM.

Evidentemente, esas subidas de sueldos desmesuradas se trasladan también a la cúpula directiva, no se pueden quedar en el consejo de la CAM.
No es sostenible que los consejeros saqueen la caja y los altos directivos no se lleven parte del botín.
Y, evidentemente, se lo tienen que llevar.
Y llega hasta ahí.

Mire, Mariano Rajoy, el día 24, ya dijo que las indemnizaciones de la CAM las consideraba bochornosas.
Ayer vimos un informe, presentado por Comisiones Obreras, en el que se analizaba la evolución de las retribuciones de los altos directivos y los consejeros de la CAM.
Salarios de los directivos que se duplicaron, entre en 2004 y 2010; en siete años subieron un 94% –mientras, los beneficios de la CAM sólo subían un 3%–, el doble que la media del sector.
Pero es que, los consejeros, no multiplicaron por dos; multiplicaron por seis sus retribuciones.
Por lo tanto, es una situación muy escandalosa.
No hablo ya de Modesto Crespo, del propio presidente de la CAM, que, según los periódicos, cobraba 6.
000 euros al mes como consejero en la entidad, de la propia caja, del propio grupo, ya no externa.
Y, según los mismos periódicos, lo hacía sin asistir a las reuniones que realizaban, ¿no?

Bueno, eso es algo que tendremos ocasión de analizar y de estudiar en la comisión de investigación; y, por tanto, no es motivo de esto.
Sí que quisiera decir que cuanto antes empecemos en esa comisión, mejor; porque mañana ya hace una semana que la aprobamos.

Pero ya no sólo han sido los salarios.
Han sido las indemnizaciones –y no por ser despedidos, sino por ser recolocados dentro del propio grupo de la CAM; indemnizaciones millonarias– o los escandalosos planes de pensiones.
A esto le tenemos que poner un límite.

Y, en ese sentido, en el sentido de decir a los trabajadores: «No sólo estamos con vosotros, no sólo estamos con la obra social, sino queremos que esto no se vuelva a repetir», es en el sentido en el que hacemos nuestra enmienda de adición.
Enmienda de adición que tiene cuatro partes y que intenta restituir el espíritu que los consejeros, que los miembros de control de las cajas, no deberían de haber perdido.

Esta enmienda, como he dicho, tiene cuatro partes.
La primera es una pequeña modificación de algo ya existente en la propia ley, del artículo 22 –que es un matiz, simplemente, para significar que ahí creemos que hay que hilar un poco más fino; pero eso ya existe–, respecto a que las personas que han estado en los órganos de control no puedan estar contratadas o recibir retribuciones de la caja o de todo su entorno durante dos años.

Y luego hay tres que nos parecen fundamentales:

La primera, que los miembros de los órganos de gobierno de las cajas de ahorros no puedan percibir retribuciones ni indemnizaciones, simultáneamente, de la propia caja y de la entidad bancaria central, o de cualquiera de las cajas de ahorros que integren un sistema institucional de protección.
Fíjate que esta entidad nueva que ha salido es conveniente regularla.

Una segunda, en la que el importe global de las retribuciones de los miembros de los órganos de gobierno de las cajas, que hayan acordado su integración en un SIP, o el ejercicio indirecto de su actividad financiera no pueda ser superior al salario que los presupuestos de la Generalitat valenciana fijen para el presidente de La Generalitat.

Y la tercera, que los miembros de los órganos de gobierno no puedan percibir, de todas las formas posibles –está ahí muy bien hilvanado–, una compensación por ocasión de su cese.

Creemos que es fundamental dar este mensaje de que esto nunca puede volver a pasar.
Y esto sólo se puede hacer actuando sobre la Ley de cajas de ahorros valencianas.
Y en ese sentido van estas tres enmiendas de adición; que, si observamos lo que hoy nos traen los periódicos del presidente Fabra –que reconoce que los sueldos de la CAM le causan vergüenza, que reconoce sentir vergüenza de las indemnizaciones de la CAM, que reconoce avergonzar las indemnizaciones inaceptables en la CAM–, pues estamos seguros que podrá aceptar también el PP.
Porque, de otra manera, no se podría entender.

Es algo que es alarmante y que no puede sostenerse: que se estén beneficiando, se esté pervirtiendo el espíritu de creación de las cajas y se estén beneficiando las personas que están a su frente; mientras la caja se hunde, mientras hay un saqueo de la caja, mientras no tienen crédito las familias que necesitan algún tipo de moratoria para evitar los desahucios de las casas, mientras no tienen crédito las empresas –que necesitan un crédito para crear empleo–.
Y mientras todo eso pasa por valores, una cantidad bastante considerable, pues los directivos, los consejeros están enriqueciéndose.

Los empleados se merecen nuestro apoyo.
La obra social se merece nuestro apoyo.
Pero, como digo, se merecen algo más, algo más que una palmadita en la espalda, que un apoyo moral, que un mensaje de tranquilidad de que todos estamos con ellos.
Se merecen que actuemos sobre la Ley de cajas de ahorros valenciana para que esto, que tanto enerva a la sociedad valenciana, que tanto indigna a los trabajadores, que tan insoportable socialmente es, se vea subsanado.

Y, en ese sentido, proponemos esta adición a la PNL que presenta el Partido Popular.

Todos los que sintamos vergüenza de lo que ha pasado, como dice nuestro presidente Fabra, todos deberíamos de apoyar una medida de este calibre.

Muchas gracias.

La senyora presidenta:

Muchas gracias, señor Toledo.

Para la aceptación o no de la enmienda, tiene la palabra el señor Costa.

El senyor Costa Climent:

Muchas gracias, señora presidenta.

Yo creo que es usted poco oportuno, políticamente –luego le daré algún criterio técnico, ¿no?
–.
Pero creo, señor Toledo, que su grupo no ha acertado en dedicar, de esos diez minutos, un minuto y medio al origen de esta PNL, que es la realidad por la cual, mi grupo parlamentario, hoy está aquí; porque vamos a tener mucho tiempo, tanto nosotros como la Fiscalía Anticorrupción como los administradores del FROB, en entrar a hacer otro tipo de valoraciones.
Creo que su grupo parlamentario ha mostrado poca sensibilidad hacia los 6.
000 trabajadores de la CAM y hacia la obra social, que también genera empleo en esta comunidad.

Mire, yo no sé si usted se da cuenta dónde está.
Está en el parlamento valenciano.
El parlamento valenciano se dedica, a parte de a legislar, a hacer manifestaciones políticas; las cuales, nosotros que somos diputados, algunas veces yo coincidiré con usted y otras veces no, pero nosotros que somos diputados tenemos que darle plenamente su valor.
Y creo que usted hace un flaco favor a esta cámara y a su propia condición de diputado, diciendo que lo del apoyo moralâ¦ Oiga, que yo no le estoy dando una palmadita a nadie.
Estas Cortes van a hacer una proposición no de ley –como ha hecho miles– de apoyo a los trabajadores.
Es apoyo político.
Y eso tiene su valor.
No lo banalice.
No lo ridiculice.
A los trabajadores no creo que les guste que esa sea la posición.
Yo no estoy dando el pésame ni las felicitaciones a nadie.

Mi grupo parlamentario pide que se defina políticamente sobre una cuestión –que ha apoyado en otras comunidades autónomas– sin necesidad de evitar ninguna otra cuestión pero centrándose en la causa, que para nosotros es lo fundamental, lo fundamental es mantener los puestos de trabajo.
Por cierto, yo también quiero decirle que también entiendo que es fruto de su desconocimiento por no haber estado presente en estas Cortes, ¿no?
; la señora Mollà sí que lo ha estado y alguno de los miembros de mi grupo parlamentario sí.
Pero, es que nosotros todas las actualizaciones a través de convalidaciones de decreto que nos ha mandado el Gobierno de España las hemos hecho.
Y, precisamente, esos decretos, que han sido seis y de los cuales hemos convalidado ya en dos ocasiones dos –que eran los necesarios porque los otros los hacían directamente ellos, que después hablaremos de alguna modificación que ha hecho a la Lorca, a la ley estatal de cajas– se han convalidado y se han actualizado.

Eso quiere decir que aquí no estamos mirando hacia otro lado ni estamos tocando castañuelas ni tocando la gaita, estamos trabajando para que la ley de cajas valencianas se adecue a la realidad que quiere en estos momentos el gobierno socialista que sea la del sistema financiero español.

Por lo tanto, no me diga que no estamos adecuando nada y que nos alejamos de la realidad porque.
.
.
(Veus) Sí, usted ha dicho que actualizarse a la nueva realidad los SIP, pues, ya le dijo: lo actualizamos, lo convalidamos tal y como nos dijo el Gobierno de España, socialista por cierto.

Mire, usted es muy libre de presentar la enmienda que quiera, me parece bien, yo ya le he hecho mi valoración política sobre la oportunidad de esa enmienda.
La posición del Grupo Parlamentario Popular sobre indemnizaciones y salarios.
.
.
, bueno, cójase usted los diarios de hoy –que usted lo ha dicho y lo ha citado en su intervención– y sabrá cuál es; de hecho, nosotros hemos apoyado aquí una comisión de investigación.
Por eso, al hacer ciertas valoraciones y ciertas declaraciones cada uno, pues, bueno, es prisionero de sus palabras.
A mí no me verá decir cosas contrarias que luego no puedo mantener, y, sin embargo, claro, hay cierta hipocresía en sus palabras.
Yo no veo a su partido apoyar comisiones de investigación sobre las cajas de ahorro de las comunidades autónomas.
¡Le digo dos!
Y con unos escándalos que no voy a repetir aquí porque –vuelvo a insistir– el objetivo de esta iniciativa son los trabajadores, no son los escándalos que está investigando la fiscalía anticorrupción, pero, bueno, le pondré dos: Castilla–La Mancha y Andalucía.

Pero, le voy a decir otra cosa, es que usted no puede hablar como habla del conjunto de personas que forman parte de los órganos de gobierno de las cajas de ahorro y no decir ni pruna de que el antiguo alcalde de Toledo –y hoy número dos del Partido Socialista– se ha llevado una indemnización de 550.
000 euros y no han dicho ustedes nada, ¡ni aquí ni allí!
Claro, eso, señor Toledo, en su juego político valdrá todo, pero yo creo que usted, que viene de un mundo ajeno o independiente políticamente, como es el de las universidades, esas cuestiones las tiene que valorar.
Vayamos a su enmienda.
Vamos a ver.

Usted me dice que hace una propuesta de modificación de la ley valenciana que ya está recogida en la ley valenciana.
¡Oiga!
Ya no entraremos en la oportunidad de esto, que yo creo que si ustedes quieren presentar esto pueden hacer una PNL y presentarlo y no meter en un debate sobre los trabajadores y sobre la obra social algo que no tiene nada que ver.
Lo podría haber presentado, pero yo le diré: es que eso, lo que usted plantea en el primer apartado de su enmienda es el artículo 22 del texto refundido de la ley de cajas –ya no lo digo yo, lo ha dicho usted–.
Bueno, pues, entonces, vamos a ver, planteemos aquí, si usted quiere defender una enmienda, por lo menos que sea una enmienda que aporte algo.
(Se sent una veu que diu: «Es que aporta.
») No, no, no, no aporta ¡nada!
¡Está íntegramente recogido en su propuesta!
De todas formas, ahora tiene usted su turno de debate y podremos hablarlo.

Segunda cuestión.
Usted propone la prohibición de que los miembros de los órganos de gobierno de las cajas puedan simultanear el cobro de retribuciones de la propia caja por un lado o de otro.
Bien, ¡pero si eso es lo que dice el artículo 17 del texto refundido de la Ley de cajas!
¡Si es que ya lo dice!
Mire, ya no es una cuestión de oportunidad, es una cuestión de redundancia legislativa.
Oportunidad para presentar una enmienda sobre esto con esto.
.
.
ya le digo que es nefasta.

Fórmula para presentar una modificación, una modificación del texto refundido de la ley de cajas por una enmienda a una proposición no de ley que no habla de la Ley de cajas, ¡vamos!
, técnica legislativa.
.
.
, si usted coge el manual de no hacer cosas en las Cortes valencianas es la página 5, párrafo 4.
(Rient) Esto no se puede plantear así, plantee usted una proposición no de ley, ¡o una proposición de ley!
, ¡o una enmienda a la ley de acompañamiento!
Pero, ¿esto?
Y, además, ¡que la plantee!

Vamos a ver, yo, de verdad, no quiero ser excesivamente duro en mi planteamiento porque, luego, me acusan de faltar al respeto, pero es que, de verdad, esto es una castaña.
Primero, porque ya lo dice la ley, artículo 17 y artículo 22; segundo, porque nuestra posición política ya está marcada; tercero, porque la técnica legislativa para modificar una ley a través de una PNL de apoyo a los trabajadores de la CAM me parece una perversión plena el Reglamento de las Cortes Valencianas; y, cuarto, ¡hombre!
, porque su oportunidad –insisto–, sin quitarle todo el derecho del mundo, creo que no es la correcta.

Mire, vamos a tener tiempo.
.
.
, y, bueno, le voy a dar una más: coherencia política, coherencia.
Usted ya sé que viene de fuera del Partido Socialista o de lo que sea, pero está aquí dentro del Partido Socialista.
Debería ser más prudente y, obviamente, ser más coherente.
Y lo que dicen no es coherente.

Entonces, yo le vuelvo a insistir: redundante.
Usted quiere plantear esto, mire, una enmienda a la Ley de acompañamiento, o una proposición de ley o una proposición no de ley.
Pero, eso sí, intente plantear algo que no esté recogido en la ley de cajas, sería un detalle a efectos del debate parlamentario.

Yo le vuelvo a decir –volviendo a la realidad, que es el objeto de este debate–, mi grupo parlamentario pide al Grupo Parlamentario Socialista, primero, que aparte esto, y, segundo, que haga una manifestación política, no un apoyo moral, una manifestación política clara y contundente a favor de los trabajadores de la CAM y a favor de la obra social.

Muchísimas gracias.

La senyora presidenta:heÂ«

Gracias, señor Costa.

Para la réplica, tiene la palabra el señor Toledo.

El señor Toledo Lobo:

Señor Costa, yo, en ningún momento le he desacreditado ni he dicho nada en contra de usted.
Usted ha pasado una buena parte de su intervención haciéndolo conmigo.
Yo, ese tipo de dialéctica, ya le digo que no la comparto, que yo no he llegado a la política para eso, para más o menos subliminalmente, pues, tratar de ignorancia, de desconocimiento, de incoherencia, de no sé cuántas cosas, personalmente además, personalmente.
Yo no voy a responder nunca con esas armas, esas son las suyas y, usted, en eso es experto, yo no las quiero utilizar, yo, en eso, como Gandhi.

Mire, vamos a ver, si no hubiera sido legal presentar esto, no se hubiera presentado.
Por tanto, no me dé lecciones de técnica parlamentaria.
Si no hubiera sido legal, no se hubiera admitido.
Es legal.

Otra cuestión es la oportunidad.
Nosotros somos conscientes de que la fórmula más directa para presentarlo es una propia PNL aquí, en el pleno, o donde haga falta.
¡Y la haremos!
Si usted no la admite, la haremos.
Se lo anuncio que la haremos.
¡Por supuesto que sí!
¡Por supuesto que sí!
¿Eh?
Yo le doy las gracias por darme la libertad de presentar esta enmienda, pero la libertad la tengo y la legalidad de estas Cortes también para hacerlo, la tiene nuestro grupo parlamentario.
Por lo tanto, no nos perdone la vida, la tenemos perdonada gracias a Dios porque la norma nos lo permite.
¿Vale?

Mire, lo que le quiero manifestar es lo siguiente.
Nosotros entendemos que ese apoyo es necesario, no solo con las mociones; con nuestro calor humano.
Y no he minusvalorado ni he banalizado ese apoyo al decir que es moral.
¡Es moral!
¡Es de respaldo!
¡Es de dar confianza!
¡Que los políticos estamos con ello!
Y yo lo he recalcado.
Y lo que no he hecho es reiterar todo el discurso que usted ha hecho, evidentemente, ¡claro que no!
Pero, délo por reiterado, evidentemente.
Se lo dicho, y, por lo tanto, no voy a consumir mi tiempo reiterando lo que ya he dicho que compartimos.
Y le he anunciado desde el principio que lo apoyamos.

Por lo tanto, no genere ningún tipo de duda sobre eso, aunque también le he dicho que entiendo que se queda corto, que entiendo que hay motivos que están en la raíz de todo lo que ha pasado en la CAM, que nos permitieran actuar, pero que parece que ustedes no están dispuesto a actuar.

Mire, usted, yo no sé cómo van a justificar que ayer el presidente Fabra dice que se siente avergonzado, ¿eh?
, que los sueldos de la CAM le causan vergüenza, que siente vergüenza de las indemnizaciones de la CAM, que las indemnizaciones de la CAM le parecen inaceptables y le avergüenzan, y, hoy, no hacen un gesto de apoyo a que eso cese.
No lo entiendo.

Yo creo que ahí solo hay tres explicaciones: o el presidente Fabra ayer estaba con vergüenza, y, hoy, está sin vergüenza, la ha perdido esta noche respecto de esto; o el presidente Fabra nos engaña, dijo eso y no lo siente; o, lo que también es posible, es que el presidente Fabra dice una cosa y, ustedes, hacen otra, y que es muy posible porque últimamente lo estamos viendo respecto del trasvase del Ebro, respecto del corredor mediterráneo, que una parte del PP dice una cosa y otra, por la coherencia que usted habla, por la coherencia que usted habla ¡institucional!
, no personal, institucional.

Mire, usted, yo me siento muy coherente presentando esto, y, además, es algo que ya está aprobado en una Ley de cajas de ahorro.
Nosotros no tenemos que esperar, no tenemos que esperar.
No, no se ría, está aprobado en una Ley de cajas de ahorro ya, de una comunidad autónoma.
Por lo tanto, no tenemos por qué esperar a que el Gobierno de España legisle para nosotros adaptarlo.
¡Por supuesto que lo que legisle lo tendremos que adaptar!
¡Claro que sí!
Estamos obligados a ello, a lo mejor no nos gustaría en más de una ocasión, pero estamos obligados a ello.
Pero, no tenemos por qué ir por detrás.
Y otras comunidades autónomas ya nos marcan el camino.

Si hay un escándalo que avergüenza a nuestro presidente sobre las indemnizaciones millonarias, sobre las retribuciones millonarias, sobre los planes de pensiones millonarios y que, efectivamente, si no se pone un coto en la Ley de cajas de ahorro no hay más sitio donde ponerla –valenciana–, a nuestras cajas de ahorro, que espero –como he dicho– que tengamos durante muchísimos años, ¡ojalá, ojalá, siempre perduren la inmensa mayoría de ellas!
, pues, puede volverse a producir, puede volverse a producir.

Entonces, un mensaje de tranquilidad para los trabajadores, sin ninguna duda, que están indignados con esta situación, es decirles: no, no, y nosotros, además de estar con vosotros, además de apoyaros con esta moción, además vamos a actuar para que esto, que a todos nos escandaliza, que avergüenza hasta a nuestro presidente, que a Mariano Rajoy también le avergüenza, no vuelva a producirse, y vamos a hacer lo que ya han hecho en alguna comunidad autónoma, vamos a modificar algunos artículos de la Ley de cajas de ahorro valencianas para que no vuelva a producirse, en esa línea o en la que sea.
Que no lo admiten, pues, ustedes tendrán que justificar por qué, pero, yo, desde luego, le anuncio que nuestro grupo persistirá en esa enmienda durante el tiempo que haga falta, porque estamos convencidos de que, al igual que han tardo tres meses en dar algún mensaje sobre la CAM, y, al final, han tenido que entrar, al igual que eso, tendrán que hacerlo sobre esto, porque esto es algo socialmente insostenible.

Muchas gracias.

La senyora presidenta:heÂ«

Gracias, señor Toledo.

Señor Costa, tiene la palabra para réplica.

El senyor Costa Climent:

Bueno, ya sé que usted reitera mi discurso, que usted no tiene discurso sobre los trabajadores de la CAM y sobre la obra social y, por eso, tiene que repetir el mío o reiterarlo, porque perder tiempo no ha perdido en esta réplica, absolutamente nada, en hablar de los trabajadores ni de la obra social.

Mire, usted confunde legalidad con corrupción, y confunde que el reglamento lo permita a pervertir el reglamento.
Son dos cosas distintas que yo.
.
.
, perdone, ya no sé ni cómo hablarle, pero no es que se lo quiera explicar porque parece ser que cada vez que digo una cosa usted se lo toma como una ofensa personal y yo no, ni mucho menos.
Estoy intentando, dado su lógico desconocimiento de las técnicas parlamentarias, eso no es un agravio, es un hecho empírico, es la realidad, usted no lo conoce, pues, le estoy explicando cómo funciona.
Mire, sería muy fácil para mí decirle ahora que usted que se niega a utilizar un determinado lenguaje, acaba de decirle al presidente Fabra que nos ha mentido o que ha perdido la vergüenza.
Pues, ¡hombre!
, yo tampoco creo que ese sea el lenguaje más adecuado para hablar del presidente de La Generalitat.

Pero, bueno, mi intención, desde luego, no es perdonarle la vida, ni mucho menos, mi intención es ayudarle a que usted sea un parlamentario correcto en el ejercicio del propio reglamento.
Si a usted le molesta la ayuda de alguien, ¡hombre!
, viniendo de la docencia, no le debería molestar, porque, de hecho, una de las funciones de los docentes es echar una mano.
Y yo, bueno, si le puedo echar una mano, se la echo.

Mire, vuelvo a insistir en su enmienda.
Artículo 22, recoge las limitaciones de contratación de los miembros de los órganos de gobierno.
Pero le voy a decir más.
Es que el apartado b) y el apartado c) de su enmienda dice: «Proponer la retribución compartida.
» El primer párrafo.
Ya le he dicho que está en el artículo 17.
Pero es que el siguiente apartado dice: «Limitar la retribución compartida.
» O sea, si se prohíbe, no se puede limitar.
Oiga, esto no tiene sentido.

Mire, hagan las cosas bien, tómenselo como un consejo gratuito.
De parlamentario a parlamentario, plantéenlo bien.
Mire, ¿usted sabe quién es el único que ha propuesto que los órganos de gobierno de las cajas de ahorro pueden ser retribuidos?
No sé si decírselo porque me acusará de que estoy perdonándole la vida.
(Rient) Pero mire, en el 2010, el gobierno de Zapatero, a través de un decreto ley, modificó la LORCA.
Una de las partes que modificó fue la retribución, prohibida en nuestra ley, de los órganos de gobierno de las cajas de ahorro.
Y si usted se va a la LORCA, modificación del año 2010 –ahora entiendo lo de Toledo y muchas cosas; Toledo, no usted, la ciudad–.
.
.
(Veus) León.
Perdone que me confunda, que además.
.
.
Pues planteó una modificación donde eliminó la prohibición, la prohibición de que no pudieran cobrar retribuciones ni el consejo de administración, ni la comisión de control, ni los miembros de la asamblea, para que sí que lo pudieran hacer.
¿Sabe quién no ha aplicado ni ha adaptado la ley con esa modificación?
El gobierno valenciano.
El PSOE modifica la ley de cajas para que los miembros del consejo de administración puedan cobrar sueldos.
Nosotros evitamos esa modificación y no modificamos el texto legal.
¿Y usted viene a nosotros a decirnos y darnos lecciones sobre gestión?
Oiga, si alguien ha abierto las puertas en las cajas de ahorro para que los miembros de los consejos de administración, de la comisión de control, de la asamblea cobren, son ustedes, bueno, el Gobierno de España socialista, que creo que es al que ustedes representan aquí, aparte de los cinco millones de valencianos.

Por lo tanto, cuando yo hablo de coherencia, me estoy refiriendo a eso.
Sea usted sensato, sea usted razonable, políticamente hablando –perdone.
Y, desde luego, no lance usted debates al aire y acusaciones al aire, cuando, desde luego, no son ustedes los más indicados para darnos consejos.

Muchísimas gracias.

La senyora presidenta:

Gracias, señor Costa.

Para fijar posición, tiene la palabra el señor Blanco.

El senyor Blanco Giner:

Bé.
Jo no empraré tot el temps de què dispose perquè crec que no és necessari –esta comissió s’està fent llarga, tenim un ordre del dia molt extens.

Simplement anunciar que anem a recolzar la proposició no de llei, com no podia ser d’una altra manera, en coherència amb allò que fins i tot hem votat, perquè es va aprovar també en l’Assemblea Regional de Múrcia, el 14 de setembre, amb el vot a favor d’Izquierda Unida.

Però, al mateix temps, lamentar que s’haja volgut utilitzar açò per a fer un debat polític amb interessos partidistes.
I dic perquè nosaltres vam proposar als grups parlamentaris que aquesta proposició fóra objecte d’una declaració institucional.
Enteníem –i estic segur que va a ser aprovada per unanimitat– que el recolzament a l’obra social de la CAM i, sobretot, als treballadors i treballadores de la CAM no requeria d’un debat de confrontació partidista, sinó d’una declaració institucional solemne per part de Les Corts.

No ha sigut així.
El Partit Popular ha volgut portar–lo ací segurament per a traure un cert profit polític d’un tema que hauria de ser de consens, i tal vegada per la seua mala consciència, ja que té una responsabilitat importantíssima en la gestió desastrosa i també la falta d’un control efectiu que ha conduït la CAM a la seua intervenció.
Potser açò de hui siga un intent de rentar–se la cara quan no han fet res per a mantindre la CAM, ni la caixa ni l’obra social.

Recorde que tot açò –més enllà de la gestió que ja he comentat, el tema de la fusió freda i desterritorialització que es va intentar, i finalment ha acabat en una intervenció i subhasta futura– ve d’un pacte Montoro–Salgado, d’un pacte a nivell estatal entre el Partit Popular i el Partit Socialista.
I que l’obra social està condemnada a la seua desaparició o a la seua reducció per eixe procés de bancarització, de privatització, que han recolzat els dos grans partits.

El reial decret de capitalització de les entitats financeres ja permet deixar les iniciatives socials de les caixes al mínim si es considera que eixos diners són necessaris per a enfortir el capital del grup.
I en el cas de la CAM, què anem a dir en la situació en què es troba?

I per la part del personal que és altra de les preocupacions que entenc que compartim i que ja s’ha dit moltes vegades, la doble vara de mesurar– la prejubilació dels directius que han enfonsat la caixa a costa de 12,8 milions d’euros, mentres 6.
500 treballadors no tenen garantida la seua continuïtat.
Però si eixe personal es veu en perill de perdre el lloc de treball és precisament per eixa nefasta gestió d’uns directius, en bona mesura nomenats per les institucions públiques, entre elles estes Corts, dominades pel Partit Popular, i fins i tot per eixa reestructuració del sistema financer que s’ha fet amb uns interessos o, com a mínim, amb una perspectiva que no posava ni la protecció del treball ni tampoc la prestació del servei públic de finançament a l’economia productiva arrelat al territori, en primer lloc.

En definitiva, nosaltres som crítics amb la gestió que s’ha fet.
Estem d’acord amb la proposició que es planteja, però se’ns queda curta i hem exercit, lògicament, el nostre dret a presentar una proposició no de llei que ja està registrada.
I què demanem?
Doncs que la CAM, una vegada sanejada pel Banc d’Espanya, es transforme en banca pública, que passe a mans de La Generalitat perquè tingam un instrument financer públic autonòmic amb el qual dinamitzar l’economia; que es respecten i es mantinguen els llocs de treball que depenen directament de la caixa i de la seua obra social i que es continue apostant per l’obra social de la caixa i es mantinga el nivell d’inversió dels darrers anys.

Com que una xicoteta part de les nostres reivindicacions estan recollides en esta proposta, que, com dic, va ser aprovada per unanimitat en Múrcia, i espere que ho siga hui ací, nosaltres manifestem el nostre vot favorable amb totes les cauteles, totes les prevencions, totes les crítiques que tindrem ocasió d’exposar esta vesprada.
I espere que prompte, en una comissió d’investigació que es va aprovar.
.
.
, però que hauria de posar–se en marxa i no esperar al 20 de novembre.
Per favor, estes Corts han tindre un funcionament autònom, al marge de les conjuntures electorals.
I tenim dret a saber, volem saber.
.
.
, i eixa comissió ha de funcionar perquè es reta comptes de com s’ha gestionat eixa caixa tan important per als valencians i les valencianes.

La senyora presidenta:

Gràcies, senyor Blanco.

Para fijar posición, tiene la palabra la señora Mollà.

La senyora Mollà Herrera:

Gràcies, senyora presidenta.

Bé Molt breument.

El Grup Parlamentari Compromís donarà suport a aquesta proposició no de llei.

Si bé és cert que fins i tot s’ha fet menció que el que persegueix aquesta proposició no de llei és un recolzament polític, únicament i exclusivament un recolzament polític, una declaració de bones intencions respecte al que opinem els partits polítics del que deuria ser el manteniment dels llocs de treball de la CAM i de la seua activitat d’obra social en la nostra comunitat, nosaltres pensem que hui podem eixir de forma positiva a donar este recolzament polític.
Podríem haver fet molt més en aquesta proposició no de llei, també és cert.
També ens haguera agradat que s’haguera acceptat l’esmena.

Ens haguera agradat que el Partit Popular d’alguna manera visualitzara què farà amb les propostes que estan esperant per a arribar a les diferents comissions respecte no solament al que se parla de les retribucions o se parla sobre la possibilitat de convertir la CAM en una banca pública, sinó precisament sobre el manteniment de l’obra social, com és el cas de la proposta que tenim Compromís, perquè La Generalitat assumisca, en el cas que vaja en detriment l’obra social que té la CAM, assumisca esta obra social com a qüestió pròpia i la continue desenvolupant precisament pel benefici i la incidència que té en molts municipis del nostre territori.

Ens haguera agradat tot açò, però.
.
.
bé, no és la voluntat, en este cas hui del Partit Popular, ampliar el ventall de possibilitats que donava aquesta proposició no de llei, vol que se quede en un recolzament, com s’ha dit, estrictament polític.
I nosaltres no anem a perdre ni eludir la nostra responsabilitat i la nostra posició respecte a açò.
Recolzament polític, per a Compromís és un sí, tant als treballadors com a l’obra social.
I demà, demà, és a dir, quan avui fem este recolzament polític, a partir de demà començaran a arribar a esta comissió o al Ple de Les Corts propostes que vagen més enllà del recolzament polític.

I si bé és cert que hui anem a eixir tots felicitant–nos per unanimitat, supose –he de deduir–, ens agradaria, per part de Compromís ens agradaria que esta mateixa dinàmica, este mateix consens, este mateix saber fer bé respecte al que és important en el cas que ens ocupa, se visualitzara en les propostes, que no se queden simplement en el recolzament polític, sinó que parlen concretament de mesures urgents, a posar en marxa o d’assumpció de responsabilitats, ja siga en els sous –que estarem en eixe tema–, ja siga en reconvertir la CAM en una banca pública per a tindre una ferramenta pública al nostre territori o ja siga que La Generalitat, en el moment que veja que algun tipus d’obra social cau perquè se decidix per part de l’entitat CAM o aquella que assumisca el seu control, doncs que La Generalitat recolzarà i assumirà aquesta obra.
Perquè jo crec que tots hem coincidit ací en els beneficis que ha reportat als municipis del nostres territori aquesta obra social.

Quan es produïsquen, si és que se produïxen, els anuncis de l’acomiadament de treballadors, també haurem de dir alguna cosa sobre això i també haurem de dir qui i assenyalar qui és el que produïx aquests acomiadaments, perquè tots sabem que hi han responsables polítics, que espere que tots decidim demanar les seues dimissions i les seues responsabilitats.

Per tant, avui és un sí clar al recolzament polític, i demà, a partir de demà, els que volem estarem fent propostes per a solucionar els problemes que s’han derivat de la nefasta gestió d’aquesta entitat bancària.
Qui vullga, que se sume a aquells que volem fer açò.

Gràcies.

La senyora presidenta:

Gràcies, senyora diputada.

Si no hay palabras, pasamos a votación.
¿Votos a favor de la propuesta?
Unanimidad.
Queda aprobada la propuesta.

Proposició no de llei sobre la regulació per llei de totes les retribucions de personal abonades per La Generalitat

La senyora presidenta:

El siguiente punto del orden del día es la «presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la regulació per llei de totes les retribucions de personal abonades per La Generalitat, presentada pel Grup Parlamentari Socialista».
(S’interromp la gravació)

El senyor Rubio Martínez:

Gracias, señora presidenta.

Buenos días, señoras y señores diputados.

Muy brevemente.
No voy a consumir mucho en este primer turno.

Yo creo que la proposición no de ley que presenta el Grupo Socialista es clarísima.
Si la propia ley de gobierno valenciano define al president de La Generalitat como la persona que coordina las funciones de gobierno, ostenta la más alta representación de la Comunidad Valenciana y es evidente que en última instancia ocupa el vértice piramidal de la administración autonómica, parece consecuente que las retribuciones que cobra, en este caso, el president de La Generalitat, sean también las más altas de todo el entramado tanto de la administración como del sector público de la Generalitat valenciana.

Desde esa perspectiva, hemos presentado esta moción.
Es una moción que se limita a dos cuestiones claras: establecer el tope salarial por la parte alta, justo en el puesto del jefe del gobierno valenciano, del president de La Generalitat, y que mientras se promulga una ley, se contemple ya esta posibilidad en los presupuestos para el año 2012.

Todos somos conscientes y hemos visto y hemos vivido situaciones que no tienen absolutamente ninguna lógica, que haya responsables, directivos de empresas públicas valencianas, en situación además ésta prácticamente de bancarrota, cobrando muy por encima del propio president de la Generalitat valenciana, sin duda alguna no es una cuestión que se sustenta.

Señorías, se podrá decir también que se ha aprobado un decreto recientemente, se ha convalidado un decreto ley por parte del Ple de Les Corts, donde, entre otras cosas, se establece en su artículo 19, en el régimen económico, que a partir del segundo trimestre de 2012 el Consell, a través de la aprobación de un plan estratégico, también limitará el tema de las retribuciones de los directivos.

Pero esta propuesta que el Partido Socialista plantea, esta PNL, va mucho más allá.
No se trata sólo de los directivos.
Hay otros puestos dentro de la administración valenciana, dentro del propio sector público empresarial valenciano, dentro de las propias fundaciones de la Generalitat valenciana, que, no siendo directivos las personas que lo ocupan, tienen en algunos casos salarios que se parecen más a los crack de fútbol que a los funcionarios o personas que hacen su función dentro de la administración pública.

Por tanto, esto va más allá.
Ese decreto ley que se convalidó hace unos días no puede ser o no debe de convertirse en el dique para intentar parar de alguna manera, la PNL que aquí hemos presentado.

Miren, señorías, el 19 de julio de este año hicimos 50 preguntas a los correspondientes consellers para conocer cosas que deberían de ser razonablemente conocidas por la gente que tenga cierto interés en seguir cuestiones de función pública.
Preguntábamos exactamente cuál era, en cada una de las empresas y fundaciones de la Generalitat valenciana y los entes administrativos: cuál es el número de puestos de trabajo previstos en la misma, cuál ha sido la forma de provisión de cada uno; cuál es la clasificación de los puestos de trabajo, detallando la denominación, la categoría profesional y la retribución anual bruta; cuál es el número de directivos, detallando la denominación del puesto, su forma de provisión, función que desempeña, retribución anual bruta y si existen o no cláusulas especiales en sus correspondientes contratos de trabajo.

Estas preguntas han sido respondidas recientemente, concretamente la semana pasada, por los ilustres consellers.
Claro, la respuesta no deja de ser, desde mi punto de vista, ¿cómo diría?
Un brindis al sol, por utilizar una expresión acorde con la cámara.
Se nos ha dicho, eso sí, el dato que ya sabíamos, el número total de empleados que hay, por ejemplo, en la Agencia Valenciana de Turismo: 227, por poner un ejemplo.
O el Instituto Valenciano de Arte Moderno, que dice que hay 82 personas.
Pero no hay ningún sitio público donde podamos saber, de esas 227 personas de la Agencia Valenciana de Turismo, o de las 82 del Instituto Valenciano de Arte Moderno, exactamente cuántos directivos hay.
O en un segundo dato: ¿y qué cobran?
No ya los directivos, sino todos los empleados de estas fundaciones y de estas empresas.

Bueno, la contestación se limita a decirnos el número y a una contestación que he de felicitar públicamente a todos los gabinetes de los consellers porque ha habido un esfuerzo intelectual de primera magnitud, de primera magnitud.
Porque dice, en relación con las preguntas planteadas, ha de señalarse que la cuenta general del 2010, que puede consultar en la web portales.
gva.
es/c\_economia/web/ ig/docs/cuentageneral.
Una cosa que cualquiera entra y lo puede ver en la Conselleria de Hacienda, dice: «Se encuentra información sobre la distribución del personal por categorías de entidades, tanto de carácter administrativo como de carácter mercantil, industrial, financiero (inintel·ligible)â¦».
Sí, eso ya lo sabemos.
¡Si esto está aquí!
¡Ésta es la página web!
Pero ahí no pone un solo dato sobre las retribuciones del personal, excepto en alguna entidad que dice que hay algún directivo y que establece exactamente el importe que cobra, por ejemplo, el director del aeropuerto de Castellón.

Eso se preguntó en julio.
Esa contestación se ha producido ahora, en septiembre, el 1 de septiembre, nosotros registramos esta proposición no de ley, porque entendemos que se ajusta a lo que debe de ser una administración con un sentido claro y coherente en sus actuaciones.
Por tanto, pensamos que no hay que perder mucho tiempo, que esto se puede aprobar.

Y yo le adelanto, porque me imagino que me podrán contestar por eso, insisto otra vez, con el decreto ley que se convalidó recientemente.
Mire, en el decreto ley que se convalidó recientemente no incluye a todas las entidades o a todos los organismos, administrativos o de otro carácter, de la Generalitat valenciana, deja fuera una parte de ellos, y ahí incluye al sector empresarial y a las fundaciones, pero deja una parte menos.

El artículo 19 de ese decreto regula el personal que ocupa puestos de carácter directivo y habla del límite de las cuantías de retribuciones por el personal que ocupe puestos directivos, que será el establecido anualmente en las respectivas leyes de presupuestos de La Generalitat para los altos cargos de la administración de La Generalitat.

Muy bien.
Pero hay, insisto, otros, otras personas, otros hombres y otras mujeres al servicio de la administración que no están en esa situación.
Por ejemplo, y vamos a citar un ejemplo, la intendente del Palacio de las Artes, que todos sabemos el sueldo que cobra, ¿es un puesto directivo del catálogo de puestos de trabajo?
Como no existe catálogo de puestos de trabajo, no lo podemos hacer.

Por tanto, hay que, claramente, actuar con políticas de transparencia.
Nosotros pensamos que, sin duda alguna, esta propuesta tiene un efecto beneficioso, que los ciudadanos sepan exactamente lo que les cuesta, lo que cada una de las personas al servicio de su administración y cada uno de los directivos al servicio de empresas y fundaciones cobran de la Generalitat valenciana.

Señorías, yo creo que no vale la pena consumirles más tiempo, y creo que es una propuesta que debería de salir con el consenso de todos los grupos.

Muchas gracias.

La senyora presidenta:

Gracias, señor Rubio.

A esta propuesta hay presentada una enmienda del Grupo Parlamentario Esquerra Unida.
Tiene la palabra el señor Blanco.

El senyor Blanco Giner:

Gràcies.

L’esmena és molt curta, però vaig a aprofitar per a fer la meua intervenció.

Dir que el Grup d’Esquerra Unida està completament i absolutament d’acord amb la proposta, i fins i tot volem reivindicar la seua paternitat, no en una formulació concreta que se situa ací, però en la idea.

Va ser Cayo Lara, coordinador general de Izquierda Unida, qui, el 12 de desembre de l’any 2010, va proposar, en l’àmbit estatal òbviament, que cap càrrec públic cobrara més que el president del govern.
Ahí està l’hemeroteca.

I també és públic i notori que va ser Marga Sanz, coordinadora d’Esquerra Unida del País Valencià, qui va plantejar aquesta proposta referida a l’àmbit autonòmic i, per tant, al sou del president de La Generalitat, a Alberto Fabra, en la reunió que tingueren els diferents portaveus dels grups parlamentaris el passat 1 de setembre.
Per cert, el que sembla va dir Alberto Fabra és que estava d’acord.
Per tant, esperem que el grup que el recolza i del qual forma part siga coherent amb eixa afirmació del seu president i vote la proposició no de llei.

Per a nosaltres l’austeritat és un principi bàsic.
I de la mateixa manera que demanem salaris mínims per a garantir condicions de vida dignes als treballadors a tots els àmbits, també a l’administració, exigim, per altra banda, que ningú reba un salari per damunt del càrrec que ostenta major responsabilitat i també la major dignitat de les nostres institucions autonòmiques, com és el càrrec del molt honorable president de La Generalitat.

Però fins ara no ha sigut així.
Hem vist com han proliferat en els últims anys sous escandalosos, blindatges ocults i altres prebendes en societats i empreses públiques per a la Generalitat valenciana.

Per posar un exemple.
El director de l’aeroport sense avions, el de Castelló, cobra més que el president de la Generalitat valenciana.
No creguem que tinga ni la mateixa responsabilitat ni sobretot el mateix treball, i ni molt menys la mateixa dignitat en el càrrec que ocupa.

Això s’ha d’acabar.
I l’única matisació que nosaltres volíem fer a la proposta del Grup Socialista és que no cal una llei específica, entenem que és exagerat.
Estes Corts aprovaren, llei per la qual s’aprova que cap càrrec directiu públic cobre un sou superior al del president de La Generalitat.
Estant d’acord amb la proposta al cent per cent, entenem que caldria buscar en quines lleis, segurament la llei de funció pública, la llei de govern, les que foren, evidentment, en la llei de pressupostos de cada any cal fer eixa modificació perquè siga efectiva a nivell legislatiu.

Per tant, la nostra proposta d’esmena és simplement substituir on diu, «mentre es promulga la llei específica», per dir «mentre es tramita la modificació legislativa corresponent», que tampoc volem precisar perquè creiem que això és una tasca també tècnica que caldria fer per a complir aquesta proposició que anem a votar a favor i que esperem que siga també con l’anterior, aprovada per unanimitat dels grups d’esta cambra.

La senyora presidenta:

Gràcies, senyor Blanco.

Para aceptación de la enmienda tiene la palabra el señor Blanco.

El senyor Blanco Giner:

Sí, sin ningún problema, es una cuestión de técnica jurídica.
Nos parece correcta la enmienda y la aceptamos.

La senyora presidenta:

Muchas gracias por la rapidez.

Para fijar posición tiene la palabra por el Grupo Compromís, la señora Mollà.

La senyora Mollà Herrera:

Gràcies.

Com és evident, el Grup Parlamentari Compromís va a votar a favor d’aquesta proposició no de llei amb l’esmena que s’ha plantejat per part d’Esquerra Unida, perquè em sembla que és més adequada a l’hora d’emmarcar el que ha de ser el desenvolupament d’aquesta iniciativa.

Són moltes les vegades que s’ha denunciat per part del meu grup parlamentari que no se corresponia amb el que era ètic en la gestió pública, el que la màxima institució de La Generalitat tinguera per damunt d’ell, en les retribucions, a alts càrrecs de La Generalitat o d’organismes d’empreses públiques, que a més encara sembla més incoherent que fins i tot no desenvolupen ninguna tasca concreta i estiguen cobrant unes retribucions que són absolutament insults cap a la societat, cap a les institucions públiques també, i més en aquesta època de crisi cap al conjunt de valencians i valencianes.

I, per tant, que vullgam regular açò és una cosa fonamental.
Resulta d’alguna manera trist que hàgem d’arribar a esta situació d’estar demanant açò.
És a dir, el més curiós del tema és que trist resulta que a dia de hui estiguem reclamant que se regule una cosa que resulta de per si un insult a la institució, a la màxima institució dels valencians i valencianes, a les persones que han de gestionar la cosa pública i que han de respondre a uns objectius clars, i que no està sent així.
I, per tant, doncs ja siga d’esta manera tan trista, jo crec que avui hauríem de sumar–nos a un compromís unànime que açò se durà endavant, que a més se durà endavant sense ningun tipus d’excusa, que és el que se pretén fer en el decret que aprovàrem la setmana passada, cert és, i jo crec que tots vam ressaltar el positiu que una iniciativa per part del govern valencià vullguera d’alguna manera regular este tipus de retribucions.
També en aquell moment se li va tirar d’alguna manera en cara al govern valencià hagueren hagut d’arribar a esta situació penosa d’haver d’estar regulant açò, perquè ha hagut una irregularitat en la gestió al nostre entendre.

Però sí que és cert que este decret no se deixava clar dos coses:

Una.
La qüestió de.
.
.
, havien coses excepcionals, és a dir, en el decret no diu literalment que cap alt càrrec, cap directiu d’un organisme, empresa pública, haja de percebre menys retribució que fins i tot el president de La Generalitat.
No ho deia literalment.
Ho feia com a una norma genèrica, però incloïa excepcionalitats.

A mi em preocupa, i en aquell moment ho vaig voler dir, em preocupa eixes excepcionalitats, no les entendria.
I, per tant, tampoc entenc que en el decret s’haja posat açò, com a cosa que en algun moment donat hi haguera justificació perquè algun alt directiu estiguera cobrant més que el president de La Generalitat.
A mi em preocupa, perquè això vol dir, això és deixar la porta oberta que continue passant el que ha passat fins ara.
Perquè qui haurà d’avaluar aquestes excepcionalitats i aquestes justificacions?
Els mateixos que han estat fomentant que passara fins al moment.
Jo, per això, deixar la porta oberta a mi em preocupa.

No ha sigut literal.
I a més, a més, posaven uns límits temporals que per a nosaltres no corresponen a la greu situació de crisi política i econòmica que estem vivint.
Una qüestió que pot ser executada de forma urgent i immediata no té per què demorar–se i no té sentit que se demore sis mesos, que és el que planteja el govern valencià.

El que planteja el govern valencià és que estes retribucions se comencen a regular dintre de sis mesos i, per tant, tots aquells que estan a dia d’avui cobrant més retribució que el president de La Generalitat, aquells alts càrrecs que estan fins i tot cobrant sense tindre justificació ninguna el seu fet d’existir com a càrrec, doncs que puguen estar d’ací a sis mesos mantenint esta situació insostenible i, ja dic, que insulta clarament els ciutadans.

Amb esta proposta se pretén d’alguna manera equilibrar estos desequilibris del decret.
És molt més concreta i amb la modificació plantejada se millora.

I, per tant, nosaltres l’únic que podem fer des de Compromís és sumar–nos a açò, que no dubte que serà també un acord unànime d’aquesta comissió.

La senyora presidenta:

Gracias, señora Mollà.

Para fijar posición, por parte del Grupo Popular tiene la palabra el señor Ibáñez.

El senyor Ibáñez Bordonau:

Muchas gracias, señora presidenta.

Bien.
La verdad es que lo primero que podríamos señalar en este punto es que de alguna forma llueve sobre mojado.
Es como si no hubiéramos avanzado nada de una semana a esta parte.

Yo sé que el señor Rubio, con habilidad, ya ha señalado cuáles podían ser los argumentos esgrimidos en cuanto a la defensa de este punto por este grupo.
Y lo bien cierto es que de alguna forma, señor Rubio, lo que parece es que ustedes no han querido hacer un ejercicio, si me lo permite, de austeridad parlamentaria, porque entre la presentación de su proposición no de ley y el día de hoy, han pasado cosas que no se pueden obviar.
Y, lógicamente, han pasado cosas que afectan de una forma directa al fondo de este asunto.

La pasada semana, concretamente hoy hace una semana, fue argumentado, debatido y votado en el Pleno de las Cortes el Decreto 1/2011 al que usted hacía referencia.
Un decreto que dentro de su articulado, y como usted ha mencionado, en su artículo 19 contenía una serie de menciones sobre este tema.
Los diferentes grupos tuvieron ya posibilidad en ese momento de ahondar sobre el tema.
Y, por lo tanto, en esa austeridad parlamentaria a la que hacía referencia, no parece muy lógico que entremos al menudeo del articulado de un decreto que ya ha sido validado y votado en el seno del Pleno de las Cortes.

Pero, bien, aun así, lógicamente ustedes tienen toda la legitimidad del mundo para presentar aquellas propuestas que sean de su interés.
Y, por lo tanto, nosotros no vamos a decir que no a ninguna de sus propuestas en cuanto a la legitimidad de presentarlas.
Sí que no vamos a apoyar esta propuesta sencillamente porque entendemos que el Decreto 1/2011, de 30 de septiembre, aprobado y validado el jueves pasado en el Pleno de las Cortes, regula ya este tema.

Por lo tanto, esto es el debate del debate, es, como le he dicho, volver atrás.
Es como el día de la marmota, no avanzamos sino que nos quedamos ahí.
A mí esto me recuerda, sinceramente, a la posición que ustedes adoptaron con el tema del copago.
Les dijimos «no» al copago y ustedes volvieron a incidir.
Les volvemos a decir que no y ustedes volvieron a incidir.

Nosotros ya hemos fijado cuál es la posición sobre este tema, y la hemos fijado, además, por escrito.
Y además de fijarla por escrito, la hemos argumentado, la hemos debatido y la hemos votado.
Por lo tanto, poco más que señalar.

Sí que es cierto que dentro de toda su exposición de motivos, y concretamente en la parte de resolución, la tipología a la que usted se refiere es absolutamente amplia.
Por lo tanto, hay de todo.

En cuanto a los altos cargos, yo creo que no hay ninguna duda.
Está regulado, concretamente en este año, está regulado por la Ley 17/2010, en el artículo 25.
Ningún alto cargo puede tener una retribución que supere al president de La Generalitat.

Después hablaríamos del personal directivo del sector público valenciano.
Sector público que, por cierto, viene recogido en el artículo 5 del texto refundido de la ley de hacienda pública de La Generalitat, en el que concretamente hay que señalar que en los últimos años le ha sido de aplicación las mismas normas que los altos cargos en cuanto a sus retribuciones.
Y me refiero a que si no ha habido aumentos salariales para altos cargos, no lo ha habido para estos directivos.
Si ha habido disminución salarial en altos cargos, lo ha habido también en estos órganos directivos.

Y, por lo tanto, esa es la situación que existía hasta el jueves pasado.
El jueves pasado se valida el decreto y, como muy bien usted ha dicho, en su artículo 19 se regulan los límites de la cuantía a percibir por los órganos directivos del sector público empresarial y fundacional.
Estos límites vienen señalados por los establecidos para los altos cargos de la administración de La Generalitat.
Pero dice algo más, y valga esto también por el tema de la enmienda: toda esta retribución se verá contemplada en la ley de presupuestos de la Generalitat valenciana.

Por lo tanto, yo creo que de alguna forma.
.
.
yo entendería el seguir adelante con su proposición no de ley si no hubiese pasado nada, pero parece ciertamente ilógico que nos empecinemos en continuar con esta proposición no de ley existiendo un decreto ley debatido, argumentado y votado concretamente la semana pasada.

Pero, bien, aun así, parece como que ustedes quieren poner la venda antes de la herida.
El propio decreto ya dice que va a ser en la ley de presupuestos donde se van a regular estos límites.
Por lo tanto, no anticipemos muchos más acontecimientos.
No hará falta ni tan siquiera irse a la parte dispositiva de la enmienda que ha presentado el seño Blanco, porque ahí ya lo pone.
Es cierto que ustedes me podrán decir que después la disposición adicional, segunda creo que es, habla de lo de los seis meses, pero los seis meses para todo el articulado 19.
Sin embargo, el 19.
5 sí que marca cuál es el espacio temporal de aplicación de se precepto.

Por lo tanto, yo creo que estamos retomando un debate pasado, un debate que ya hay una resolución.
Y, por lo tanto, no hay nada más que decir sobre este tema en el que los diferentes grupos han tenido la oportunidad de fijar sus posiciones y sus argumentos, y se ha debatido y se ha votado.
Otra cosa es que no les guste el resultado de la votación, pero, bueno, esto es aritmética parlamentaria y, lógicamente, la mayoría siempre tiene la posibilidad de sacar o de negar diferentes puntos.

Un apunte más.
En cuanto a otra de las figuras que usted pone dentro de este saco de figuras a las que hay que contemplar en las retribuciones, habla usted también de cargos institucionales.
Sabe que en cuanto a los cargos institucionales, y entiendo yo que se refiere a otros que no son de la propia administración de la Generalitat valenciana, el Consell no tiene competencias para articular los mismos.
Y, por lo tanto, en ese sentido, ya es un tema simplemente de falta de competencia para poderlo regular.

Con respecto al resto de cuestiones que usted plantea en su proposición no de ley, le digo: consideramos, y este grupo considera, que está debidamente regulado.
Yo creo que hemos dado un paso cuantitativo y cualitativo importante con el Decreto 1/2011.
Y, por lo tanto, no vamos a respaldar la proposición no de ley.

A mí, sinceramente, me hubiese gustado que hubiera decaído, porque me parece que es abundar en algo que ya está.
Y no la vamos a apoyar precisamente porque consideramos que este decreto ya regula la posición que ustedes plantean.

Muchas gracias.

La senyora presidenta:

Gracias, señor Ibáñez.

Para réplica, tiene la palabra el señor Rubio.

El senyor Rubio Martínez:

Sí, señora presidenta.

Yo lamento la actitud del Partido Popular, la lamento, pero no me sorprende.

Mire, señor Ibáñez, si usted analiza el decreto ley, que no es cuestión ahora de entrar en él, en el objeto no figuran absolutamente todas las entidades que componen la Generalitat valenciana.
Hablamos exclusivamente de entidades de derecho público sujetas a ordenamiento jurídico privado y se habla también de las fundaciones de la Generalitat valenciana, pero no están todas.
Faltan las entidades de carácter administrativo, de carácter mercantil, de carácter industrial, financiero o análogo.

Por tanto, no está recogido en el decreto ley al que usted se agarra para no votar a favor esta proposición no de ley, no está recogido en ese decreto ley absolutamente todo el ámbito del sector público valenciano.

Por tanto, no es el primer argumento un argumento que se pueda sostener.
Lo siento, señor Ibáñez, pero las cosas son así.
Léase el objeto del Decreto Ley 1/2011.

Habla usted también de que se cumplen todas las normativas respecto a directivos y no directivos del sector público empresarial.
Mire, en la ley de presupuestos vigente, la de este año, el 2011, ¿eh?
, artículo 30: «Régimen retributivo del personal laboral del sector público valenciano.
.
», dice exactamente la reducción que tiene que haber.
Y la propia ley dice: «Esta reducción no será de aplicación al personal directivo recogido en el artículo 25.
4 de esta ley, ni al personal laboral de alta dirección y el no acogido a convenio colectivo y el resto de personal directivo no incluido en el citado artículo 25.
4.
»

Es decir, cuando en el año vigente, el 2011, todos nos hemos apretado el cinturón en la administración autonómica, absolutamente todos, resulta que el personal directivo (so d’un mòbil) del sector público no tuvo ningún tipo de repercusión su nivel salarial respecto al resto de los trabajadores y del resto de empleados públicos.
¿Por qué?
Porque sencillamente no se aplicó.
La propia ley que ustedes aprobaron los excluía.
Por tanto, segunda cuestión donde no nos parece tampoco acertado.
Y eso entronca con el punto cinco del Decreto 1/2011, cuando se habla de las excepcionalidades.
Si se empiezan a poner excepcionalidades, al final la situación deja mucho que desear.

También el propio decreto habla que las relaciones de puestos de trabajo hay un año para publicarlas, con lo cual desconocemos exactamente quiénes trabajan, dónde trabajan, qué cobran y qué hacen.
Por tanto, esa es otra cuestión.
Hasta dentro de un año no lo sabremos, hasta que se publique.
Es otro de los hechos que también nos llevaba a ver la necesidad de presentar esta proposición no de ley.

Miren, al final, las cosas son claras.
Ustedes no están de acuerdo con esto.
Bueno, allá ustedes.
Seguirá habiendo personas que trabajen en la Generalitat valenciana, bien sea en la propia administración, bien sea, en este caso, en el sector público, en el amplio concepto del sector público dependiente de la Generalitat valenciana, que tendrán retribuciones superiores al president de La Generalitat.
Y explíquenlo eso a los ciudadanos valencianos.

Y explíqueme usted a mí, en una situación como la que tenemos en este momento, los sueldos que hay, por ejemplo, determinados sueldos de.
.
.
, en este caso, del palacio de la ópera, o fundación, como ustedes quieran llamar, de las Artes y las Ciencias.
Explíquemelo.
O explíqueme por qué el directo del aeropuerto de Castellón cobra lo que cobra.
O explíqueme por qué la máxima autoridad, entre comillas, de FGV también tiene un salario muy superior al del president de la Generalitat valenciana.
Y explíqueme por qué en algunas entidades de la propia Generalitat valenciana hay gente con salarios mucho más altos que el president de la Generalitat valenciana.

Por tanto, nosotros seguimos con esta proposición.

No es un tema de austeridad parlamentaria.
La austeridad parlamentaria la podemos ver y reflejar en otras acciones.
Esto no tiene nada absolutamente que ver.
Ustedes, al impedir que esto salga adelante, siguen manteniendo los privilegios, en este caso, económicos de determinado personal.
Ustedes sabrán qué les deben.
Porque puedo garantizarle que de todos los que podemos hablar, sí mañana no estuvieran y hubiera otras personas ocupando esos puestos, la administración y esas sociedades seguirían funcionando exactamente igual, exactamente igual.

Y luego, la última medida.
Nadie ha explicado cómo se van a producir esos recortes para igualar de acuerdo con el decreto.

Por tanto, seguimos con la PNL adelante.
Creemos que no es incompatible con el decreto, sino que va mucho más allá.
El ámbito del decreto, insisto, no recoge todo el sector público empresarial valenciano.

Muchas gracias.

La senyora presidenta:

Gracias, señor Rubio.

Señor Ibáñez, tiene la palabra por cinco minutos.

El senyor Ibáñez Bordonau:

Muchas gracias.

Bien.
Señor Rubio, yo, sinceramente, entiendo su postura desde el punto de vista de que los acontecimientos han superado con mucho la proposición no de ley.
Usted, lógicamente, está colocado en un posicionamiento en el cual no quiere reconocer una realidad, y la realidad es que el Consell ha intentado regular este tema.
Para su sorpresa, seguramente.
(Veus) Sí.
Usted creía que este tema era (veus) un tema.
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.
Mire, esta PNL, para mí, es una PNL escaparate, ustedes ya han sacado todo el rédito que tenían que sacar de esto, ya lo han mostrado, ya lo han dicho, pero ustedes, cuando esto tiene una serie de consecuencias, no lo admiten ni lo reconocen.
.
.
En el momento en que los sueldos vuelvan a la posición en la que este decreto marque, me gustaría que con la misma honestidad con la que usted está presentando esto, salga y lo reconozca, porque cuando ha habido ya alguna equiparación, yo no les he oído, les oído cuando critican.
.
.
Si no regulamos, mal, y si lo hacemos, también.
Ese es simplemente su posicionamiento, y es en lo que se puede resumir todo.
A ustedes les ha pillado de sorpresa este decreto, ustedes no han querido retirar la PNL y usted tiene que buscar una fórmula para seguir adelante, lógicamente, porque, de alguna forma, pues, toda la campaña que alrededor de esto tenían montado, pues, parece que se les desmonta, (veus) y ustedes deben de estirar todavía más esto.

Yo creo que existe una voluntad firme y clara del Consell de regular los términos a los que usted se refiere en su PNL, pero, además de una firme y clara voluntad, está por escrito.
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.
Le gustará más o le gustará menos, pero también le tengo que decir una cosa: la oportunidad para hablar del decreto expiró hace una semana, ustedes tuvieron todas las posibilidades legislativas y legales del mundo para hablar del decreto, y hablaron.
.
.
Y que, al final, yo comprendo que la aritmética.
.
.
, y repito, la aritmética parlamentaria no les diera la razón, pero, bueno, la cosas son como son y no como les gustaría que fueran, pero lo bien cierto es que tanto el decreto como el propio conseller, en su comparecencia en el plenario del jueves pasado, dejó bien claro cuál era el verdadero espíritu de este, y, en el Diario de Sesiones, me va a permitir que le lea uno de los párrafos en los cuales el conseller señala clarísimamente qué es lo que pretende, y es el que dice que: «Y el quinto de los aspectos que regula el decreto ley es todo el régimen de recursos humanos, todo lo relativo a contrataciones, retribuciones, complementos de productividad, y en este ámbito quisiera hacer hincapié en dos aspectos.
El primero de ellos es que los entes del sector privado empresarial y fundacional no podrán tener a su servicio personal eventual, y al personal que ocupe puestos de carácter directivo le será aplicable, en términos generales, el régimen jurídico de los altos cargos del Consell, en particular, en cuanto a la declaración de bienes, derechos de actividad, régimen de incompatibilidades, sujeción a evaluación y retribución.
»

Yo creo que está somera y claramente detallado.
¿Que no le guste?
Bien.
¿Que no va a reconocer que el decreto va a regular algo que ustedes, con anterioridad, lógicamente, presentaron a través de esta PNL?
También.
Pero lo que no puede es confundir a la opinión pública.
Es decir, el Consell, el Grupo Parlamentario Popular quiere y va a regular este tipo de cuestiones.
Si ustedes quieren seguir haciendo una campaña en contra de esto, háganla, bajo su responsabilidad, pero, le digo, igual de honesta tiene que ser cuando ustedes critican que cuando ven una realidad.
Y si la realidad aparece en la ley de presupuestos, espero y quiero contar con usted para reconocer qué se ha hecho.

Muchas gracias.

La senyora presidenta:

Gracias, señor diputado.

A continuación pasamos a votar la proposición de ley.
¿Votos a favor?
7.
¿Votos en contra?
8.
Por 8 votos a favor y 7 votos en contra, se rechaza.
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(Veus) Perdón, 8 votos en contra y 7 votos a favor, se rechaza la proposición no de ley.

Dado la hora en que se ha realizado, el punto quinto del orden del día lo dejamos para la siguiente comisión, y continuaremos a las cuatro y media con el punto sexto, que es la comparecencia del conseller de economía.

(Se suspén la reunió a les 14 hores i 15 minuts)

(Es reprén la reunió a les 16 hores i 33 minuts)

Compareixença del conseller d’Economia, Indústria i Comerç per a informar sobre la situació de la CAM després de la intervenció del Banc d’Espanya

La senyora presidenta:

Vamos a comenzar con el siguiente punto del orden del día, que es la comparecencia del conseller de Economía, Industria y Comercio para informar sobre la situación de la CAM després de la intervenció del Banc d’Espanya, sol·licitada a petició pròpia.

Señor conseller, agradeciéndole su presencia en esta primera suya intervención en esta comisión, que esperemos que sea la primera de otras muchas, a partir ahora tiene ya la palabra.

El senyor conseller d’Economia, Indústria i Comerç:

Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías.

Comparezco, efectivamente, a petición propia ante esta comisión para exponerles cuál es la situación de la Caja de Ahorros del Mediterráneo tras la intervención llevada a cabo el pasado mes de julio por parte del Banco de España, así como para explicarles cuál ha sido el papel desempeñado por el Instituto Valenciano de Finanzas en este proceso.

El Instituto Valenciano de Finanzas fue creado por la ley de La Generalitat 7/1990, de 28 de diciembre, en su disposición adicional octava, como una entidad de derecho público sujeta a La Generalitat, con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada.
Su puesta en marcha efectiva tuvo lugar a finales de 1992, una vez que el Consell le atribuyó las correspondientes competencias y se le adscribieron los medios personales necesarios que de entrada consistieron en los funcionarios de La Generalitat adscritos a los servicios de entidades financieras y de endeudamiento y avales existentes en la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.

Como saben, en la actualidad, el Instituto Valenciano de Finanzas se encuentra adscrito en la Conselleria de Economía, Industria y Comercio, a través de la Dirección General de Economía.
Sus actividades se rigen por el ordenamiento jurídico privado, excepto las relacionadas con el ejercicio de las funciones relativas al control, inspección y disciplina de las entidades financieras que estén bajo la tutela administrativa de La Generalitat y con el ejercicio de las competencias asignadas a La Generalitat en materia de mercado de valores, las cuales se someten a las normas del derecho administrativo y a las demás normas que resulten de aplicación al desempeño de tales funciones.

El Instituto Valenciano de Finanzas tiene como finalidad actuar como principal instrumento de la política de crédito público del Consell, así como contribuir al ejercicio de las competencias de La Generalitat sobre el sistema financiero.
Podemos decir que el Instituto Valenciano de Finanzas es la agencia financiera de La Generalitat que instrumenta y ejecuta la política financiera y de crédito público del Consell, siendo sus cometidos básicos, en primer lugar, gestionar el endeudamiento tanto de La Generalitat como de sus entidades autónomas y empresas; en segundo lugar, prestar apoyo financiero para la promoción de actividades empresariales, en especial aquellas que incorporen un valor añadido significativo, que contengan innovación tecnológica, que sean generadoras de empleo o tengan la consideración de estratégicas por la generación de riqueza para la Comunitat Valenciana.
Finalmente, en tercer lugar, ejercer las funciones relativas al control, inspección y disciplina de las entidades financieras que están bajo la tutela administrativa de La Generalitat, entidades que se encuentran, efectivamente, sometidas al protectorado público en determinados aspectos que paso a detallarles.

Según la ley de la Generalitat Valenciana 1/1990, de 22 de febrero, sobre cajas de ahorros, se constituyó el (inintel·ligible) .
.
.
legislativo fundamental mediante el que La Generalitat desarrolló las competencias sobre cajas de ahorros asumidas en el Estatuto de autonomía.
En el preámbulo de dicha ley se explicita que las cajas de ahorros son entidades de carácter privado y ya en su articulado se definen como aquellas entidades de crédito de naturaleza fundacional y carácter social que sin ánimo de lucro orientan su actividad a la consecución de intereses generales.
Dicha definición encaja plenamente con las notas características y los rasgos definitorios que distintas instancias jurisdiccionales han venido asentando con respecto a las cajas de ahorros.

El hecho de que todas las cajas de ahorro estén sujetas al protectorado público en determinados aspectos no supone su conversión en entes públicos sino que pone de manifiesto la interacción estado–sociedad y las funciones que se atribuyen al estado en la búsqueda del interés público presente en toda fundación, dada la especial relevancia de las cajas de ahorro en el sistema financiero y sus implicaciones para el ahorro y la realización de actividades sociales.
Por tanto, las cajas de ahorros no son entes públicos sino personas jurídicas privadas.
Las cajas de ahorro no se integran en la organización de la administración pública y tampoco pertenecen al sector público empresarial, además de no existir relación de dependencia y ni siquiera de instrumentalidad.

Por todo ello, señorías, las consecuencias que derivan son evidentes.
Los miembros de los órganos de gobierno de las cajas de ahorro no tienen la consideración de cargos públicos y los actos y acuerdos de sus órganos no son más que actos de gestión de sus recursos financieros y como tales pertenecientes a la esfera del derecho privado, aún cuando hayan de perseguir intereses sociales.
Es decir, que sus decisiones no constituyen actos administrativos por no poder ser enmarcados dentro del concepto de funciones públicas, razón por la que tampoco son susceptibles de recurso ante la administración pública.

Por lo que respecta a la conformación del consejo de administración y comisión de control cabe señalar que periódicamente, cada tres años, se efectúa la renovación de la mitad de sus miembros, siendo la asamblea general la que acuerda el nombramiento de los vocales del consejo de administración y miembros de la comisión de control dentro de los porcentajes asignados y de entre los consejeros generales de cada grupo de representación.
La asamblea general está constituida por representantes de distintos grupos de procedencia y actualmente la representación pública está fijada en el 40% de los miembros de la asamblea, 50% con anterioridad a la modificación introducida por Decreto ley 4/2010.
También cabe apuntar que el presidente y los demás cargos son elegidos por los propios órganos de gobierno, es decir por el consejo de administración y por la comisión de control, de entre sus miembros.

Una vez definidas, señorías, y clarificadas tanto las funciones del Instituto Valenciano de Finanzas como la naturaleza jurídica de las cajas de ahorro y la configuración democrática de sus órganos de gobierno, paso a detallarle las competencias sobre el sector financiero asignadas a La Generalitat en el marco del denominado bloque de constitucionalidad, formado por la Constitución y el Estatuto de autonomía de la Comunidad Valenciana, y que se encuentran desarrolladas a través de la labor que realiza el Instituto Valenciano de Finanzas, brazo ejecutor, como les decía, de la política financiera de La Generalitat.

Tales competencias se corresponden con las funciones relativas al control, inspección y disciplina de las entidades financieras que están bajo la tutela administrativa de La Generalitat, funciones que, como les decía anteriormente, fueron atribuidas a dicho instituto mediante la ley de La Generalitat 7/1990, de 28 de diciembre, así como mediante el Decreto 132/1992, de 20 de julio, del gobierno valenciano.
Todas estas funciones tienen su fundamento jurídico especialmente en los artículos 49.
1.
34 y 50.
4 del Estatuto de autonomía de la Comunitat Valenciana y se han ido materializando en diversas normas legales que han desarrollado las competencias estatutarias de La Generalitat sobre las entidades financieras y las cajas de ahorro en particular.

Con respecto a las cajas de ahorro, el Instituto Valenciano de Finanzas desarrolla el ejercicio de las funciones de supervisión prudencial compartiendo algunas competencias administrativas con el Banco de España.
Sobre este particular cabe recordar que la jurisprudencia constitucional, así como otros pronunciamientos de diferentes instancias judiciales, han determinado que, en materia de solvencia y seguridad de las entidades de crédito, al Banco de España le corresponden en su integridad las funciones de inspección, disciplina y sanción, mientras que las funciones análogas de las comunidades autónomas cabe deducirlas por exclusión de las competencias básicas estatales.

Las actividades de carácter ordinario en que se concreta la función supervisora sobre las cajas de ahorros y que constituyen la labor cotidiana de esta área de actuación del Instituto Valenciano de Finanzas se pueden agrupar en tres grandes áreas: el análisis patrimonial, económico y financiero; la tramitación y resolución de expedientes y otras tareas administrativas y, finalmente, la elaboración de normas jurídicas.

En cuanto al análisis patrimonial, económico y financiero de la situación y evolución de las entidades, el Instituto Valenciano de Finanzas se elaboran informes sobre la situación y evolución de las diferentes entidades a partir del análisis de la documentación contable y estadístico financiera que estas remiten periódicamente, así como del análisis de los informes de auditoría externa de cuentas anuales y los resultados de las visitas de inspección realizadas por el Banco de España.
Asimismo, se mantienen puntualmente reuniones con la dirección de algunas de las entidades cuando se considera necesario al objeto de constatar directa y personalmente las conclusiones deducidas del análisis de su situación patrimonial, económica y financiera.
Precisamente, en relación con la función de inspección, es importante destacar que con la finalidad de evitar la duplicación de funciones con el Banco de España y asimismo reducir los gastos que comporta esta actuación no se realizan visitas de inspección a cajas de ahorros, puesto que estas entidades ya son inspeccionadas por el Banco de España y esta institución, el Banco de España, remite al Instituto Valenciano de Finanzas una copia de los requerimientos que se derivan de las inspecciones in situ que realiza el Banco de España a estas entidades.

Otra de las funciones que se llevan a cabo en el Instituto Valenciano de Finanzas, dentro del marco general de supervisión y control de las entidades financieras, es la tramitación y resolución de diferentes expedientes de autorización administrativa que, de acuerdo con la normativa de ordenación y disciplina financiera, son competencia de La Generalitat.
Las materias que son objeto de estos expediente de autorización son numerosas y algunas de gran relevancia, como la autorización de la creación, modificaciones estructurales, tales como fusión, creación, cesión global del activo y del pasivo, integración en SIP, ejercicio indirecto de la actividad financiera, transformación en fundaciones de carácter especial, disolución, etcétera.

Otra actividad relevante en que se materializa la política general del Consell en materia de supervisión de cajas de ahorros es la elaboración de normas jurídicas de distinto rango necesarias para el ejercicio de las competencias de La Generalitat.
En este sentido cabe recordar que la normativa más reciente publicada en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana han sido dos disposiciones relativas a las cajas de ahorros publicadas este mismo año.
En concreto, el Decreto ley 4/2010, de 30 de diciembre, por el que se modifica el texto refundido de la ley sobre cajas de ahorros, que fue publicado el 3 de enero de 2011 y convalidado por la diputación permanente de las Cortes Valencianas en la reunión celebrada el 27 de enero de 2011.
Y el Decreto 54/2011, de 20 de mayo, del Consell, publicado el 25 de mayo, por el que se modifica el Decreto 81/1990, sobre órganos de gobierno de las cajas de ahorro.
Dichas normas tienen su origen y causa en las disposiciones estatales que modificaron el pasado año la regulación de los órganos de gobierno y el régimen jurídico de las cajas de ahorro.

Otra actividad que también se realiza por el Instituto Valenciano de Finanzas es la supervisión de los procesos electorales para la elección y designación de los miembros de los órganos de gobierno, asamblea general, consejo de administración y comisión de control de las cajas de ahorro, que tienen lugar durante cuatro meses cada tres años.
El reparto de las competencias sobre el sistema financiero entre el estado y las comunidades autónomas es un asunto controvertido, de hecho numerosas sentencias del Tribunal Constitucional han ido precisando el alcance de las funciones relativas a la solvencia, control, inspección y sanción y justificando la intervención del Banco de España sobre la actuación de las cajas de ahorros cuando el asunto trasciende los intereses comunitarios e incide en la estabilidad y buen funcionamiento de la totalidad del sistema financiero o cuando se trata de una materia vinculada directamente a la política de solvención de las entidades de crédito.

En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha determinado que la ordenación y disciplina, así como la inspección y sanción de las entidades de crédito, incluso en la vertiente de ejecución, esto es la vigilancia del cumplimiento de las normas de ordenación y la adopción de medidas concretas al objeto de garantizar la solvencia y buen funcionamiento del sistema financiero y que han de ser atendidas por las referidas entidades cuando son requeridas por ello pertenece al estado, en la medida en que dichas facultades, inclusive las de naturaleza ejecutiva, deben reputarse como bases de la ordenación del crédito competencia exclusiva del estado, según lo dispuesto por el artículo 149.
1.
11 de la Constitución.

Las referencias legales que ayudan a interpretar algo mejor las competencias que corresponden a cada instancia podemos encontrarlas fundamentalmente en las siguientes leyes.
Según la Ley 13/1994, de autonomía del Banco de España, corresponde a este banco ejercer entre otras funciones la de promover el buen funcionamiento y la estabilidad del sistema financiero.
Asimismo se establece el deber del Banco de España de supervisar la solvencia, actuación y cumplimiento de la normativa específica de las entidades de crédito y de cualquiera otras entidades y mercados financieros, cuya supervisión le haya sido atribuida, sin perjuicio de la función de supervisión prudencial llevada a cabo por las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias y de la cooperación de estas con el banco en el ejercicio de tales competencias autonómicas de supervisión.

Por su parte, la Ley 26/1998, de disciplina e intervención de las entidades de crédito, establece que corresponde al Banco de España el control e inspección de las entidades de crédito, sin perjuicio de las competencias que tenga atribuidas las comunidades autónomas y de lo que resulte de los convenios entre el Banco de España y las comunidades autónomas.

Por último, la Ley 31/1985, de regulación de las normas básicas sobre los órganos rectores de las cajas de ahorro establece que el Ministerio de Economía y Hacienda y el Banco de España, dentro de sus respectivas competencias, ejercerán las funciones de disciplina, inspección y sanción de las cajas de ahorro, en las materias que son competencia del estado y, en especial, las relativas a las políticas monetarias, financieras y de solvencia y seguridad.

Señorías, una vez establecido el marco jurídico delimitador de competencias entre el Banco de España y el Instituto Valenciano de Finanzas, voy a referirme al proceso de integración–segregación de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, la intervención del Banco de España y el papel desempeñado, en este proceso, por el Instituto Valenciano de Finanzas.

El desarrollo del frustrado proceso de integración–segregación de la Caja de Ahorros del Mediterráneo se inició con la firma de un protocolo de intenciones para la integración en un Sistema Institucional de Protección –SIP–, entre CAM y Caja de Ahorros de Asturias, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Extremadura y Caja de Ahorros de Santander y Cantabria –las cajas partícipes–, ratificado por el consejo de administración de la caja, celebrado el 26 de mayo de 2010.
Como desarrollo de este protocolo, las cajas partícipes suscribieron un contrato de integración, con fecha 27 de julio de 2010.

La Asamblea General de CAM, en sesión de 24 de septiembre de 2010, aprobó la integración en el SIP, con el resto de cajas partícipes, en los términos estipulados en el citado contrato de integración.

En ejecución y desarrollo del contrato de integración, las cajas partícipes procedieron a la constitución del Banco Base –en la actualidad, Banco CAM, Sociedad Anónima– como entidad central del SIP, que fue autorizada por orden de la ministra de Economía y Hacienda, de 10 de diciembre de 2010, contando con los informes favorables emitidos por el Banco de España, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias y la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Dicha constitución se formalizó, mediante escritura pública, el 28 de diciembre de 2010.

Posteriormente, con fecha 23 de diciembre de 2010, se suscribió, por las cajas partícipes del SIP, un acuerdo de desarrollo del contrato de integración, que regulaba, entre otras cuestiones, el plan de aportaciones por las cajas a la entidad central del SIP y el ejercicio indirecto de la actividad financiera, a través de dicha entidad central.

El plan de aportaciones se concretaba en la aportación simultánea, por las cajas a la entidad central del SIP, de la totalidad de activos y pasivos afectos a su respectivo negocio financiero, a través de sendas operaciones de escisión parcial por segregación.

La Asamblea General de CAM, celebrada el 30 de marzo de 2011, aprobó la segregación de su negocio financiero a favor de Banco Base –en la actualidad, Banco CAM, Sociedad Anónima–, mediante el traspaso en bloque, por sucesión universal, del conjunto de elementos patrimoniales que integran dicho negocio, como una unidad económica autónoma, en los términos previstos en el proyecto de segregación, de fecha 3 de febrero de 2011, y en el informe de los administradores emitido al efecto.
Así mismo, dicha asamblea aprobó el ejercicio indirecto de la actividad financiera a través de dicho banco.

El citado proyecto de segregación fue depositado en los registros mercantiles de Madrid y Alicante, con fechas 8 y 9 de febrero de 2011, respectivamente.

Las asambleas generales del resto de cajas partícipes, en sendas sesiones celebradas el 30 de marzo de 2011, adoptaron la decisión de no autorizar las operaciones de segregación, de sus respectivos negocios financieros, a favor del Banco Base –en la actualidad, Banco CAM, Sociedad Anónima– ni, en consecuencia, el ejercicio indirecto de su actividad financiera a través de dicha entidad.

Como consecuencia de ello, el 6 de abril de 2011, el Banco Base –en la actualidad, Banco CAM, Sociedad Anónima– comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, como información relevante, el no cumplimiento de los presupuestos y condiciones necesarias para la puesta en marcha del SIP.
Y que, por tanto, los citados contratos de integración y acuerdo de desarrollo quedaban terminados y sin efectos, resultando el citado banco y las cajas partícipes liberadas de sus respectivas obligaciones conforme a los mismos.

Con esa misma fecha, se suscribió un contrato de liquidación de relaciones entre socios y compraventa de acciones de Banco Base Sociedad Anónima –en la actualidad, Banco CAM, Sociedad Anónima–, mediante el que CAM adquirió las participaciones en el capital de dicho banco, propiedad del resto de cajas, quedándose como accionista único.
Con fecha 12 de mayo de 2011, se llevó a público dicho contrato.

A partir de ese momento, la CAM acordó una nueva estrategia de capitalización, que tenía, como ejes básicos, el traspaso de la actividad financiera de CAM a un banco y la solicitud de apoyos financieros al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria –al FROB.

Dicha estrategia, que fue aprobada el 14 de abril de 2011 por el Banco de España, incorporaba una solicitud de ayudas al FROB, al amparo de lo previsto en el artículo 9 del Real decreto ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito.

Cabe recordar que dicho artículo 9 requiere la viabilidad de la entidad.
Es decir, que la entidad no presente debilidades en su situación económico–financiera que, en función del desarrollo de las condiciones de mercados, pudieran poner en peligro su viabilidad.

Concretamente, el Banco de España cuantificó el capital principal de CAM, a 31 de diciembre de 2010, en el 4,2%, lo que implicaba unas necesidades de unos 2.
800 millones de euros para cumplir con el 10% de capital principal requerido en el Real decreto ley 2/2011.
Dichos apoyos financieros fueron aprobados por la Comisión Rectora del FROB, el 15 de abril de 2011.

Por orden de la ministra de Economía y Hacienda, de 6 de mayo de 2011, se autorizó a Banco Base la modificación de sus estatutos sociales y su texto refundido, incluida su nueva denominación social –que pasó a ser Banco CAM, Sociedad Anónima– y el cambio de su domicilio social, desde Madrid a Alicante, según acuerdo de la junta general, del día 13 de abril de 2011.

La junta general del banco aprobó, el 12 de mayo de 2011, la segregación del negocio financiero de CAM, a su favor, en los términos establecidos en el proyecto de segregación, de fecha 3 de febrero de 2011.

Cabe recordar, en este punto, que el artículo 11 del Real decreto ley 9/2009, en redacción dada por el Real decreto ley 2/2011, establece que las cajas de ahorros pueden solicitar la actuación del FROB –prevista en el citado artículo 9–, si bien deben traspasar su actividad financiera a un banco.

Los anuncios de segregación fueron publicados en un diario de gran circulación, el 16 de mayo de 2011, y en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, el 17 de mayo de 2011, haciendo constar el derecho que asistía a los accionistas de Banco Base –en la actualidad, Banco CAM, Sociedad Anónima– y a los acreedores de las sociedades participantes en la segregación a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y los balances de segregación, así como a oponerse a ella, con los efectos legalmente previstos, durante el plazo de un mes, contado desde la fecha de publicación del último anuncio del acuerdo de segregación.

El Banco de España, el 2 de julio de 2011, informó favorablemente respecto a la operación mercantil de segregación de todo el negocio financiero de CAM a favor de Banco CAM, Sociedad Anónima, así como el ejercicio indirecto de su actividad financiera a través de dicho banco.

En la escritura de segregación de negocio financiero, otorgado por CAM a favor de Banco CAM, Sociedad Anónima, de 21 de junio de 2011, se hace constar que, una vez transcurrido el plazo de oposición de la segregación, según los comparecientes, no se ha producido oposición a la segregación por parte de ningún acreedor de las sociedades participantes ni por parte de ninguna otra persona a quien la ley atribuya el derecho de oposición, al amparo de lo previsto en el artículo 44 de la Ley de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles.

Así mismo, el informe sobre el mantenimiento de los derechos de los trabajadores en el proceso de segregación de CAM, emitido el 1 de junio de 2011 por la dirección de asesoría jurídica laboral de la caja, concluye que, en la segregación de ésta a favor del Banco CAM, Sociedad Anónima, el banco asume todas las relaciones laborales de la caja en sus mismas condiciones, sin que esto suponga consecuencias jurídicas, económicas y sociales para los trabajadores, manteniendo éstos, íntegramente, los derechos y condiciones que ostentaban con anterioridad a dicha segregación.

Con fecha 11 de julio de 2011, La Generalitat autorizó la operación de segregación a todo el negocio financiero de la CAM a favor del Banco CAM, Sociedad Anónima, así como al desarrollo futuro del ejercicio indirecto de su actividad financiera a través del citado banco, en los términos acordados por la Asamblea General de la CAM, celebrada el 30 de marzo de 2011.

Señorías, en cuanto a la situación económica, patrimonial y financiera de la CAM, cabe destacar que, hasta 2010 –hasta noviembre, en concreto, de 2010–, los estados financieros de la CAM presentaban una situación económica complicada, con importantes desequilibrios; pero con un coeficiente de solvencia, a junio de 2010, que cumplía, holgadamente, los mínimos requeridos legalmente.
Ni el Banco de España ni la firma de auditoría, que había revisado sus cuentas anuales durantes los últimos años, habían puesto ninguna objeción a los estados financieros.

A final de 2010, el Banco de España culmina una inspección, abierta durante más de dos años; y requiere a la CAM, que realiza un importante volumen de ajustes para sanear su balance.
Pero, al formar parte de un proceso de integración junto con otras tres cajas de ahorros mencionadas, el Banco de España permite que el saneamiento se realice contra reservas; lo que explica que la CAM diera resultados positivos, aún después de contabilizar unos ajustes, en sus cuentas, tan importantes.
Lógicamente, estos ajustes redujeron, sensiblemente, la solvencia de la CAM.

A partir de ese momento, el Banco de España monitorizó el reforzamiento de la solvencia de la caja.

Así, a primeros de marzo de 2011, el Banco de España calculaba unas necesidades de recursos propios del orden de 1.
447 millones de euros para el SIP del Banco Base –del que formaba parte la CAM–, para alcanzar el mínimo del 10% del capital principal, establecido en el Real decreto ley 2/2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento del sistema financiero español para aquellos grupos o entidades que no hubieran colocado títulos representativos de su capital social o derechos de votos a terceros por, al menos, el 20%; y que, además, presentara un porcentaje de financiación mayorista superior al 20%.

En todo caso, el FROB tenía el compromiso legal de suscribir los importes de capital necesarios en aquellas entidades que lo solicitaran, para complementar o sustituir el recurso al capital privado.

A final de marzo de 2011 se rompe el acuerdo de integración del SIP del Banco Base, al no aprobarse, por las asambleas de Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura, la segregación de su negocio bancario y su aportación al organismo central de dicho SIP.

A la vista de ello, el Banco de España requirió a las cuatro entidades –las citadas más la CAM– que comunicaran la estrategia que pensaban seguir.

Con fecha 14 de abril de 2011, el Banco de España aprobó las estrategias de las entidades para cumplir los requisitos de capital del Real decreto ley 2/2011.
Entre ellos, figuraba la de la CAM, que presentó, en solitario, una solicitud por importe de 2.
800 millones de euros, al amparo de lo previsto en el artículo 9 del Real decreto ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito.

Cabe recordar que dicho artículo 9 requiere la viabilidad de la entidad.
Es decir, que la entidad no presente debilidades en su situación económico–financiera que, en función del desarrollo de las condiciones de mercados, pudieran poner en peligro su viabilidad y determine la conveniencia de acometer un proceso de reestructuración.

Por su parte, CAM fue una de las entidades españoles que, sin contar con la inyección de capital comprometida por el FROB, quedó por debajo del umbral del 5% fijado como referencia en las pruebas de resistencia coordinadas por la autoridad bancaria europea; si bien, teniendo en cuenta las provisiones genéricas, no tenía necesidad de aumentar adicionalmente su capital, como consecuencia de estas pruebas.
Los resultados de dichas pruebas fueron publicados el 15 de julio de 2011.

No obstante todo lo anterior, el Banco de España, una vez evaluada la situación financiero–patrimonial de la CAM y constatado el hecho de que el plan presentado por CAM no incorporaba las medidas adecuadas para asegurar su viabilidad, acordó, el 21 de julio, requerir a la entidad para que presentara una solución definitiva a su situación.

El Banco de España puso de manifiesto una serie de debilidades, en la situación económico–financiera de la caja, que ponían en peligro su viabilidad.
Entre ellas, destacan: su comprometida situación de liquidez; elevado y creciente nivel de deterioro de sus activos; la reducción de los márgenes de la cuenta de pérdidas y ganancias; la ausencia de medidas suficientes en la reducción de la capacidad instalada, y la falta de confianza externa en su solvencia, tras la ruptura del SIP.

Así mismo, el Banco de España entendió que el plan de recapitalización presentado por CAM, basado en la mejora de una inadecuada estructura financiera y en la ampliación de sus costes y estructuras, contenía medidas de muy complicado logro en las circunstancias en que se encontraba la caja, con un ritmo de ajuste de muy difícil ejecución y claramente insuficientes para reconducir la situación.

A la vista de este requerimiento, los consejos de CAM y Banco CAM decidieron, ese mismo día, manifestar al Banco de España la imposibilidad de encontrar de inmediato una solución viable para el negocio financiero del grupo y solicitar el inicio de un proceso de reestructuración con la intervención del FROB, lo cual, conllevaba la sustitución de sus órganos de administración o dirección por otros designados por el FROB.

En consecuencia, el Banco de España, a solicitud del Consejo de Administración de la CAM y del Banco CAM, mediante resolución de 22 de julio de 2011, acordó, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 7 del Real decreto ley 9/2009, proceder a la reestructuración ordenada de CAM y Banco CAM, Sociedad Anónima, designando como administrador provisional al FROB.

Con esa misma fecha, el FROB designó a las personas físicas que, en su nombre, ejercen las funciones y facultades propias de esta condición de administrador provisional.

Este proceso de saneamiento y reestructuración está reglado en la reciente legislación sobre reestructuración financiera.
Y ha estado y está monitorizado, en todo momento, por el Banco de España –como no podía ser de otro modo–, dado que las funciones de inspección, disciplina y sanción, en materia de solvencia sobre las cajas de ahorro, corresponden, en su integridad, al Banco de España.

Por otro lado, según la última información disponible, concretamente la publicada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el pasado 21 de septiembre, relativa a la información financiera intermedia, a 30 de junio de 2011, y al informe de revisión limitado realizado por KPMG Auditores, Sociedad Limitada, se desprende una caída del volumen del negocio de la caja que tiene incidencia directa en la cuenta de pérdidas y ganancias, concretamente en el margen de intereses y margen bruto.
Los saneamientos registrados en la cuenta de pérdidas y ganancias han sido en concepto de pérdidas por deterioro de activos financieros, principalmente inversiones crediticias por valor de 1.
147 millones de euros, así como otras pérdidas por deterioro de activos, incluso activos adjudicados en pago de deuda por importe de 424 millones de euros y otras dotaciones por valor de 112 millones de euros, provisiones, en este caso, al fondo de pensiones.

Con todo ello, las pérdidas del ejercicio a 30 de junio de 2011 se elevan a 1.
136 millones de euros, según las cuentas suscritas por los administradores provisionales designados por el FROB.
Además, cabe señalar que, tras la valoración realizada por el FROB a la entrada en la capital el Banco CAM, Sociedad Anónima, por importe de 2.
800 millones de euros, el porcentaje de participación que ha correspondido al FROB es del cien por cien.
En estos momentos, la CAM se encuentra en pleno proceso de adjudicación competitiva.

Por último, señalar que el Instituto Valenciano de Finanzas ha ejercido las competencias y facultades que la ley de cajas le otorga, tanto en el caso de la CAM como en el resto de las cajas de ahorro valencianas.
Y para ser más concreto, durante los últimos meses, además de un seguimiento exhaustivo del proceso de integración y segregación llevado a cabo por la CAM, se han realizado dos actuaciones singulares:

De una parte, la autorización concedida a las modificaciones estatutarias requeridas por el proceso de integración y segregación en el que ha formado parte la CAM.
Lamentablemente, este proceso de integración fría con otras tres entidades se frustró al no aprobar éstas las operaciones de segregación de sus negocios financieros a favor del banco base, en la actualidad Banco CAM, Sociedad Anónima.

Y, en segundo lugar, el pasado mes de julio La Generalitat autorizó la segregación de todo el negocio financiero de la CAM a favor del Banco CAM, Sociedad Anónima, así como la realización del ejercicio indirecto de la actividad financiera a través de dicho banco.
Ésta última decisión obedeció a la estrategia de capitalización adoptada por la Cajas de Ahorro del Mediterráneo que incluía una solicitud de ayudas al FROB por importe de dos mil ochocientos millones de euros y el traspaso de su actividad financiera a Banco CAM.
Una estrategia, señorías, que obtuvo la aprobación del Banco de España.
De hecho, el procedimiento utilizado estaba reservado a las entidades consideradas viables.

Al igual que en otras ocasiones anteriores, quiero insistir en que desde el primer instante en que tomé posesión como conseller de Economía, Industria y Comercio he mantenido diversas reuniones tanto con responsables de la entidad como del propio Banco de España y del FROB, con la finalidad de coadyuvar a encontrar una solución definitiva a la difícil situación en que se encontraba la entidad y que, finalmente, no ha podido lograrse.

En cualquier caso, la actuación del Banco de España, con la aprobación de la inyección de capital de dos mil ochocientos millones de euros y las líneas de crédito abiertas para asegurar la liquidez del Banco CAM, ha logrado estabilizar la entidad y, una vez adjudicada a un grupo financiero inversor de probada solvencia y capacidad financiera, se espera que vuelva a fluir con normalidad el crédito para nuestras empresas y familias tan necesario para la recuperación económica.

Muchas gracias.

La senyora presidenta:heÂ«

Muchas gracias, señor conseller.

A continuación, los grupos parlamentarios podrán tomar la palabra para formular preguntas o hacer observaciones.

Tiene la palabra el señor Blanco.

El senyor Blanco Giner:

Bé, senyor conseller.

La veritat és que he quedat exhaust d’intentar seguir–lo en la seua exposició, molt completa, però a mi m’agradaria que se centrara en algunes qüestions que són bàsiques i que són preguntes que jo li vaig a formular, ¿no?
Li les vaig a formular a vosté, no al Banc d’Espanya, ho dic perquè, en bona mesura, la intervenció que vosté porta preparada és allò d’excusatio non petita, acusatio manifesta.
Ve a dir–nos que les competències bàsicament són del Banc d’Espanya, que qui ha fallat és el Banc d’Espanya, qui en 2010 dia que se complia el coeficient de solvència era el Banc d’Espanya, fins i tot les sentències del Tribunal Constitucional diuen que és el Banc d’Espanya.
És la primera vegada que un responsable autonòmic està defensant les interpretacions centralistes respecte a la distribució de competències.
És normal que vullguen llevar–se de damunt el mort de la CAM.

Jo sé que el govern de La Generalitat –i el grup que el sustenta– té una visió completament diferent, diametralment oposada a aquella que té Esquerra Unida sobre el paper que han jugar les entitats financeres que –com vosté dia– són entitats privades, però de caràcter social i sense ànim de lucre.
Per a nosaltres han de ser l’embrió d’una banca pública necessària, i en estos temps de crisi se veu amb més claredat perquè fa falta crèdit, fa falta suportar l’economia productiva, fins i tot a les famílies, i les administracions no tenen eines per a desenvolupar eixes polítiques, i el partit que sustenta el govern i el govern entén que no, i, de fet, hi ha un pacte entre PP i PSOE per a reestructurar tot el sistema financer i, en el fons, privatitzar les caixes d’estalvis, que ja eren privades però que deixen de ser eixes entitats socials per a ser propietat del Banc de Santander o del BBVA.
Ara bé, sí que han fet ús d’eixes entitats privades durant molts anys per a finançar projectes de La Generalitat o la mateixa Generalitat, i ahí estan les dades, ¿no?
Jo estava mirant reculls de premsa, fins i tot destacava que en anys preelectorals com el 2006 i el 2009 eren 1.
261 milions els que havia la CAM donat a la Generalitat valenciana com a préstecs o com a compra de deute públic.
Fins i tot, a penes la setmana passada –o esta mateixa setmana– ens vam assabentar que la CAM estava adquirint dos milions d’euros en pagarés.
M’agradaria que també explicara eixa situació.

Per tant, sí que han utilitzat políticament eixes entitats privades, eixes entitats privades que, a més a més, han tingut relació amb projectes faraònics, ruïnosos econòmicament i socialment completament improductius, i el cas més senyer és Terra Mítica.
Eixes entitats privades que, fins i tot, estan relacionades en personatges foscos, com és el cas del senyor Ortiz, el pla Rabasa, el cas Brugal.
Eixes entitats financeres privades, però que tenien uns directius nomenats i tutelats políticament pel Consell de La Generalitat, el seu president o expresident.
Per tant, alguna cosa han de dir.

I jo les preguntes que faria són: primer, que ens conte què ha passat, però no en una enumeració tant ràpida de les diferents accions que s’han pres per part d’altres instàncies en els últims dos anys, sinó què ha passat perquè arribem a eixa situació.
Perquè fa poc estàvem presumint que la CAM era la quarta caixa d’Espanya, i ara no tenim CAM, no tenim caixa.
Sí, tenim el Banco CAM que va ser, després, subhastat segurament al millor postor o l’únic postor, no sé si regalat, o, fins i tot, li pagaran a qui se la quede, ¿no?
¿Per què de la quarta caixa d’Espanya s’ha arribat a la situació actual?
Alguna cosa haurà de vore la política financera exercint les competències pròpies de supervisió o la influència política que se puga tindre des del Consell que ha exercit el Partit Popular.

¿Què ha fet la Generalitat valenciana perquè açò no ocorreguera?
I, sobretot –i el que més ens interessa–, ¿què va a passar amb la CAM?
¿Què va a fer la Generalitat valenciana, què va a fer el Consell, què va a fer la conselleria que vosté presidix, l’Institut Valencià de Finances, que vosté presidix, ara,ambla situació de la CAM?
¿Què va a fer per la pròpia entitat?
Entenc que l’han donat per perduda i que nosaltres reivindiquem, una i altra vegada que, ja que està nacionalitzada perquè s’han injectat fons públics, se reclame l’assumpció per part de La Generalitat d’eixe instrument per a gestionar–lo bé, lògicament.
¿Què va a fer pels treballadors i, sobretot, què va a fer també per la pròpia Generalitat?
Si estaven depenent d’alguna manera d’eixos balons d’oxigen que les caixes els estaven donant en forma de compra de deute, en forma de préstecs, en forma de pagarés, ara què?
Estem pitjor, ¿no?
I, per últim, ¿què va a fer contra els directius i els gestors de la CAM?
Perquè s’han desvinculat molt ràpid vostés de Modesto Crespo, de Roberto López Abad, de la gent que ha estat gestionant eixa caixa i que estaven en clara sintonia –si no, anomenada directament– per les instàncies polítiques governades pel Partit Popular.
¿Què va a fer?

Nosaltres demanem explicacions al govern i demanem responsabilitats, fins i tot, penals –crec que caldria– a estes persones que han conduït la CAM a la ruïna.

La senyora presidenta:heÂ«

Gràcies, senyor Blanco.

Señora Mollà, tiene la palabra.

La senyora Mollà Herrera:

Gràcies, senyora presidenta.

Senyor conseller, jo no sé si avui en esta compareixença anem a treure alguna cosa més del que és un resum sobre uns fets que s’han anat seguint, dia rere dia, per tots els mitjans de comunicació i, per tant, tota la societat que vullga només ha d’acudir a hemeroteques, sinó és que han estat assabentats –ja dic– en este dia a dia del que ha succeït en tota la tragicomèdia de les caixes ací, a la Comunitat Valenciana, i específicament el que parlem hui, que és la CAM.

Perquè em crida l’atenció la seua petició de compareixença a petició pròpia, que parla d’exposar la situació de la CAM després de la intervenció del Banc d’Espanya.
Però vosté ha començat la intervenció amb una cosa que no és curiosa, sinó que és prou significativa, i és explicar amb pèls i senyals quines són les funcions objectives i competències que té l’Institut Valencià de Finances en la part genèrica, no en la CAM, sinó en la part genèrica de control de les entitats financeres, i tot per a, després, voler dir que tot el control, la supervisió, la inspecció, etcètera, no era l’Institut Valencià de Finances qui devia fer–la.
Ha sigut tot l’inici de la seua intervenció.
Però, després, quan ja ha començat a parlar de la CAM, el que ha parlat és del passat de la CAM, de tota la història que va començar amb les possibles fusions que vostés van negar per sistema, perquè se li va demanar moltíssimes vegades a l’exconseller que parlara sobre què estava passant en el tema de les fusions i mai va voler donar explicacions clares.
Aleshores, nosaltres també hem viscut tot això que vosté ha relatat, fins el punt que quan arriba a parlar del present i del futur és –ja en la part final– per a dir que vostés esperen que la situació millore, venen a dir això.

I això és el que anem a treure avui de la compareixença perquè és pegar–nos contra una paret, i és pegar–nos contra una paret perquè o no mos estem entenem o nosaltres volíem alguna cosa més del que s’ha fet i vostés no.
Perquè vosté diu que sí que té assignat en l’Institut Valencià de Finances el control, la inspecció i la disciplina, per la Llei 7/1990, però després ha fet menció sobre com s’ha desenvolupat l’objectiu de la inspecció i ha dit clarament que «no se realizan inspecciones a las cajas de ahorro porque ya lo hace el Banco de España.
» I jo me pregunte: ¿és incompatible?
És a dir, ¿l’Institut Valencià de Finances no pot desenvolupar inspeccions perquè suposadament les fa el Banc d’Espanya?
Ho dic perquè, si després vostés diuen que el Banc d’Espanya ha sigut incapaç i que té totes les responsabilitats, la capacitat d’inspecció ¿què era, més testimonial que una altra cosa?
És a dir, ¿rebre uns informes suposadament d’unes inspeccions i dir si estaven ben fets o no?
Vull dir, ¿mai se va voler fer una inspecció completa?
¿Fins a quin punt desenvolupaven el control, la inspecció i la disciplina?
¿Fins a quin punt?
Ens agradaria saber–lo.

Hi ha coses que són contradictòries totalment.
Ahir, el president de La Generalitat deia que sentia vergonya de les indemnitzacions de la CAM però, després, els membres del consell d’administració de la CAM diuen públicament –i aixina ho hem entés tots llegint simplement quines són les competències assignades a l’Institut Valencià de Finances–, que qui devia firmar eixe tipus d’indemnitzacions, retribucions, etcètera, era el mateix Institut Valencià de Finances, qui hauria donar via lliure i autoritzar eixe tipus de retribucions, eixe tipus d’indemnitzacions, etcètera.
És a dir, ¿el govern valencià, que és de qui depén l’Institut Valencià de Finances, havia d’autoritzar estes retribucions, indemnitzacions, etcètera, però el mateix president sent vergonya?
Vull dir, ¿sentirà vergonya, aleshores, que l’Institut Valencià de Finances haja donat via lliure a este tipus de retribucions i a este tipus d’indemnitzacions?

Altra qüestió de què no han parlat és el que els unix vostés a la CAM.
S’ha fet menció, no ho vaig a repetir, perquè jo també podria dir que crec que la CAM actuava al servei dels interessos propis del Partit Popular, però anem a donar–li la volta: ¿què li deu encara La Generalitat a la CAM?
¿Què li deu?
Vull dir, ¿fins a quin punt La Generalitat podrà assumir els deutes adquirits o podrà pagar, fer front a tots els compromisos que en un moment donat han sigut salvaguardats per l’entitat financera CAM, ¿val?
–perquè estem parlant de la CAM– o d’altres entitats financeres?
Respecte a la CAM, ¿La Generalitat pot fer front als compromisos que té adquirits en esta entitat bancàriaÂ ?

I, per acabar, voldríem que –ens agradaria–, que açò és una comissió on se suposa que deuríem fer una visió més política del que ha passat perquè, en definitiva, els ciutadans el que volen són respostes no tan tecnicistes, sinó més concretes, sobre per què açò se’ls ha passat a tots desapercebut.
I jo crec que era el fonamental avui, el perquè vostés pensen que açò se’ns ha passat –i vaig a posar el plural per ser educada–, se’ns ha anat de les mans, ¿no?

Pense que eixe era el sentir i m’agradaria que vosté explicara per què pensa que açò, més enllà dels tecnicismes i més entrant en la política.

La senyora presidenta:

Gràcies, senyora Mollà.

Té la paraula el senyor Toledo.

El senyor Toledo Lobo:

Gracias.

Gracias, presidenta.

Señor conseller, a mí me ha defraudado la intervención.
Me ha defraudado porque esperaba que diera las claves de las causas que han originado la situación esperpéntica que vive la CAM.
Las claves de por qué unos consejeros, nombrados indirectamente, a través del PP, por diversas vías, han actuado como han actuado.
Las claves de por qué nadie les ha pedido ningún tipo de explicaciones ni de responsabilidades.
Las claves de por qué los altos directivos, nombrados por las personas que ha nombrado el PP, han actuado así.
De eso no nos ha dicho nada.

Ha hecho un relato cronológico, un resumen de grandes cosas que han salido en los medios de comunicación y no relacionadas, precisamente, con las causas.
Y yo no esperaba eso, quiero decir.

Y cuando ha insistido tanto en el carácter privado de las cajas, pues veo que cualquier día alguien nos dice –no usted, porque es usted una persona seria–, pero alguien nos dice que la CAM era la caja de Amorós y Modesto, y por eso las iniciales; y que les preguntemos a ellos.
Es decir, desde luego, usted no lo dirá, seguro.
Mire, lo digo en tono irónico.

Pero sí que nos ha dicho algo, en esta intervención.
A mí me ha dejado claro que el Instituto Valenciano de Finanzas ha hecho una dejación de funciones.
Cuando dice que no se realizan inspecciones a cajas de ahorros, porque ya las hace el Banco de España y nos envía los informes, ha hecho una dejación.

Mire, el artículo 28 del Instituto Valenciano de Finanzas, del reglamento, dice: «Actuación inspectora: las actas extendidas por los servicios de inspección de entidades financieras del instituto –tiene servicio de inspección de actividades de entidades financieras el instituto; y continúa– tendrán naturaleza de documentos públicosâ¦» y tal.
Quiere decir que ese servicio de inspección no ha hecho ni una sola acta de inspección.
Ha tenido dejación de funciones.
Y no me sirve el que ya las hace el Banco de España y nos lo envíe.

Mire, por ejemplo, le pondré un ejemplo, las universidades –que sí que las conozco muy bien, como usted sabe– todos los años tienen dos auditorías: una de la intervención general de La Generalitat y, otra, de la Sindicatura de Cuentas.
La misma, la misma administración de La Generalitat envía dos.
Y yo encantado, ¿eh?
, yo encantado como rector de que nos envíe dos.

Por supuesto que también podría tener dos.
Son las competencias.
Tiene un servicio de inspección, si no lo ha hecho, ha hecho dejación de funciones.
Y eso ya me parece, de entrada, suficientemente grave.

Pero luego no ha contestado tampoco a la pregunta que ya sabe que le he hecho dos veces en el pleno; ya sabe que se la hecho dos veces; y sabe también que se la voy a seguir haciendo.
Artículo 35 de la ley de cajas: «Los vocales de los consejos de administración, así como sus cónyuges, ascendientes o descendientes y sociedades –que bla, bla, bla; diceâ¦ po, po, po–, no podrán obtener créditos, avales ni garantías de las cajas de ahorros respectivas sin que exista acuerdo del consejo de administración de la caja y la autorización del Instituto Valenciano de Finanzas».
Entonces, yo le he dicho –y es muy fácil contestar sí o no–, en todos esos créditos y avales que han tenido los miembros de los consejos de administración de la CAM, en todos esos, ¿han tenido esta autorización que tiene que emitir, necesariamente, el Instituto Valenciano de Finanzas?
Pero es que, hasta ahora, no me ha contestado.
Diga «sí» o «no».
Y, si es que sí, pues que las conozcamos; y si es que no, que las conozcamos.

Yo le he dicho que, también, claro, entiendo que no lo diga.
Porque, que sí, es reconocer que el Instituto Valenciano de Finanzas ha dado el visto bueno a esos créditos blandos tan escandalosos; y decir que no es reconocer que no ha actuado como la ley le hace actuar.

Por tanto, yo sí que le diría que conteste.
Y que, si es que sí, queremos ver esas autorizaciones.

Y seguimos sin saber todas las causas.
Pero eso no me preocupa tanto porque, como va a haber una comisión de investigación, ya tendremos ocasión de hacerla.
Sólo digo que ha pasado una semana desde que la hemos creado, y que la pongamos en marcha, a quien le corresponda; porque ya ha pasado una semana.
Y, evidentemente, ahí tendremos que analizar todas las causas y si efectivamente ha habido falsedad en las cuentas de la CAM o no.
¿Qué implicación ha tenido en los pelotazos urbanísticos que se conocen?
La implicación en los negocios ruinosos, a los que La Generalitat la ha impulsado.
Analizar las escandalosas indemnizaciones y prebendas –hoy decía el president que sentía vergüenza de eso; pero hoy mismo, aquí, el PP ha rechazado una modificación a una PNL que permitía poner límite a esas cuestiones y que no hubieran indemnizaciones escandalosas.

Bueno, en definitiva, yo creo que estamos ante el inicio de una larga historia.
Seguimos sin saber, prácticamente, todo lo que nos interesa.
Seguimos sin saber las causas de la vergüenza y del esperpento.
Y, afortunadamente, estamos con la tranquilidad de que, en este momento, la CAM está en buenas manos; el Banco de España garantiza su solvencia –todos garantizamos su solvencia– y que, en el futuro, también lo estará.
Y, por lo tanto, un mensaje de tranquilidad a los impositores.
Y esperemos que a todos los que deberán tener crédito en el futuro de esta cajaâ¦, que ahora, el crédito, se reservan condiciones preferentes para determinados privilegiados, no sabemos si con la autorización o no del Instituto Valenciano de Finanzas.

Muchas gracias.

La senyora presidenta:

Moltes gràcies, senyor Toledo.

Té la paraula el senyor Costa.

El senyor Costa Climent:

Muchas gracias, señora presidenta.

Señor conseller.

Obviamente, a nosotros no nos ha defraudado su comparecencia.
Entre otras cosas porque ha hecho, exactamente, lo que usted dijo que venía a hacer, que es explicar cuáles han sido los acontecimientos que se han producido para que la CAM llegue a la situación de intervención, que está en estos momentos y que está ocurriendo en este momento.

Ahora, yo no sé si lo que la oposición está esperando es que usted diga aquí: «El gobierno valenciano es el culpable de lo que ha pasado en la CAM.
» Pues hombre, entiendo que si eso es lo que espera la oposición, estén defraudados; más que defraudados, deben estar llorando por las esquinas.

Porque, cuando usted explica cuáles son las funciones del Instituto Valenciano de Finanzas, no es que esté inventándose absolutamente nada.
Y cuando usted dice quién tiene la facultad de inspección en las cajas de ahorroâ¦ Que quiero hacer una pequeña corrección –porque su comparecencia ha sido muy intensa, pero, desde luego, lo ha dicho en reiteradas ocasiones, ¿no?
–: el servicio de inspección del Instituto Valenciano de Finanzas no se ha quedado parado con el sistema financiero valenciano.
De hecho, donde mantiene competencias exclusivas, por acuerdo, para no duplicar inspecciones, es con las cooperativas con sección de crédito.

Yo quiero decirle también una cosa.
Parece que aquí se ha puesto de ejemploâ¦ Y me alegro que se haya puesto de ejemplo, porque esto será recordado en sucesivos debatesâ¦ Que, bueno, como el Instituto Valenciano de Finanzas no realiza su función inspectora, que la está realizando ya el Banco de España que, en teoría, es quien salva a la CAM, que estemos todos tranquilos que ha llegado aquí el Banco de España y que ya no pasa nada más.
Por cierto, el Banco de España, dirigido por una persona que ha dicho que la CAM –públicamente– es lo peor de lo peor; gran ayuda para la solvencia y la imagen de la CAM.

Dice: «No, es que yo he recibido dos auditorías: una de la intervención propia, obviamente; y otra de la Sindicatura de Cuentas».
Bueno, pues, mire, aquí hay determinados organismos de la administración pública valenciana que reciben la de la intervención general de la administración autonómica, la de la Sindicatura de Cuentas y una auditoria externa.
Y, aún así, ustedes dicen –no digo que es lo peor de lo peor–, pero que esas auditorías no sirven absolutamente para nada porque no reflejan la realidad.

Y las cajas de ahorro, en este caso, concretamente la CAM, no solamente recibe auditorías externas y, por lo tanto, una inspección técnica clara que se revierte al instituto de finanzas, sino las del propio Banco de España.
Pero una más, que tampoco sé qué es lo que ha ocurrido con ella.
Bueno, el Banco de España estuvo dos años inspeccionando la CAM y no dijo: «¡Ay!
, esta boca es mía», aquel que nos va a salvar de la situación a todos los impositores de la Caja de Ahorros del Mediterráneo.
Es que ha sido la primera caja de ahorros que ha estado cotizando en bolsa a través de las cuotas participadas.
¿Qué ha dicho la Comisión Nacional del Mercado de Valores, dirigida por un alto cargo socialista, sobre cuáles eran las funciones de inspección y supervisión de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, como cualquier empresa que está cotizando en bolsa?

Por lo tanto, aquí no se trata de buscar culpables.
Oiga, ustedes o es lo mío o lo suyo no vale.
No, no.
Aquí lo que se ha hecho es una radiografía clarísima de cómo está segmentada la función dentro de la administración y, en este caso, la actuación inspectora.
Que ustedes pongan, por eso, en tela de juicio la labor que el gobierno valenciano está haciendoâ¦

Yo creo que la actuación del gobierno valenciano, en primer lugar, ha sido respetuosa con la actual legislación vigente.
Si ustedes llevan durante años diciendo: «No manipulen las cajas de ahorros», ahora dicen: «No, no, ustedes tenían que haber controlado y manipulado las cajas de ahorro».
No, no, no, no.
Respeto escrupuloso a las decisiones de los órganos de gobierno de todas las entidades financieras de la Comunidad Valenciana.

En segundo lugar, el ejercicio de transparencia que ha hecho este gobierno.
Oiga, es que el conseller, mientras ustedes todavía estaban mirando hacia el cielo diciendo: «¿Qué ha pasado?
, un consejo de administración –donde, por cierto, hay algún antiguo representante del gobierno socialista del señor Lerma; y, además, propuesto por el Partido Socialista, en los anteriores consejos–â¦»; pues este conseller estaba solicitando esta comparecencia.
Es que, mi grupo parlamentario ha aceptado cosas que no han hecho ustedes: una comisión de investigación de este parlamento; que ustedes la han rechazado en otros parlamentos autonómicos.
Es que, hoy mismo, hemos dado un ejemplo de unanimidad.

Y, hombre, no me salga con su propuesta, que es una propuesta que está recogida en el artículo 22 y en el 17 de la ley del texto refundido de la Ley de cajas de ahorros.
No me vuelva a salir por ese debate.

Por lo tanto, señor conseller, yo quiero agradecerle, en nombre de mi grupo parlamentario, su comparecencia.
Y, desde luego, animarle a que no haga mucho énfasis en cuál es la labor de la oposición en este caso concreto, que, por lo visto, es de una gran irresponsabilidad.

Muchísimas gracias.

La senyora presidenta:

Gràcies, senyor Costa.

Senyor conseller, té vosté la paraula.

El senyor conseller d’Economia, Indústria i Comerç:

Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías.

Señor Blanco, mi intervención no es defensiva; es, meramente, explicativa.
Y tampoco pretende ser, en absoluto, ofensiva con el Banco de España, con quien, entre otras cosas, mantenemos una relación fluida; mantenemos una relación fluida por el bien de los ciudadanos, que son los que nos ocupan.

Señora Mollà, no se trata de tecnicismos.
Se trata de rigor.
No hay nada peor, en todo este proceso, que la cantidad de ruido que se está generando en torno al mismo, que lo único que está haciendo es dificultar el proceso de adjudicación y el dificultar un proceso libre –vuelvo a repetir– de ruido, que solo va en contra de los ciudadanos, especialmente alicantinos, que puedan acabar teniendo una entidad comprometida con el territorio, que haga fluir el crédito, especialmente al tejido empresarial, para toda la sociedad alicantina.

Y, señor Toledo, bueno, gracias por decirme que soy una persona seria.
Usted también.
Decirle que el Instituto Valenciano de Finanzas no ha hecho dejación de sus funciones, como trataré, a partir de ahora, de explicarles.

De hecho, antes de pasar un poco a contestar cada una de sus intervenciones –en la mayoría de lo posible, todas–, yo lo que quisiera es empezar resaltando el trabajo realizado por los 56 empleados del Instituto Valenciano de Finanzas, con su actual director a la cabeza.

Tal y como les he explicado en mi intervención, el Instituto Valenciano de Finanzas tiene tres tipos de funciones: la de control, inspección y disciplina de las entidades financieras; gestión del endeudamiento; y, también, financiar proyectos de inversión.

Permítanme que les dé sólo algunos datos –sé que no es el objeto de esta comisión, pero, muy brevemente–.
Decirles que el Instituto Valenciano de Finanzas ha otorgado, desde 2007, 184 préstamos a largo plazo, lo que ha permitido la creación de 3.
417 puestos de trabajo y mantener casi 40.
000.
También, desde 2008, el Instituto Valenciano de Finanzas ha destinado 400 millones de euros para la financiación de más de 2.
860 pequeñas y medianas empresas de la Comunidad Valenciana.

Bien, hecha esta salvedad y este agradecimiento a los empleados y al director del Instituto Valenciano de Finanzas, quisiera resaltar que el Consell es el primer interesado en saber y en aclarar todas las circunstancias en las que se han producido los hechos a que hacen referencia sus señorías –me refiero a las retribuciones de los directivos; a las indemnizaciones millonarias; a los créditos, supuestos, como vamos a demostrar que no son así, créditos preferentes–; y el primer interesado en conocer las motivaciones que han llevado a la intervención del Banco de España.
Y prueba de ello son las nueve iniciativas parlamentarias, que llevamos ya contabilizadas, sobre la CAM, incluida esta comparecencia: preguntas escritas, solicitudes de documentación, preguntas orales, proposiciones no de ley, comparecencias y hasta una comisión de investigación –porque les recuerdo, como todos ustedes saben, que, el pasado 20 de octubre, el pleno de Las Cortes, por unanimidad, aprobó esta comisión de investigación.

Pero, como les decía, al Consell le preocupa establecer todas las dudas relativas a lo que ha ocurrido con la CAM.
Pero, sobre todo, nos ocupa y nos preocupa la solidez del nuevo proyecto.
Y nos ocupa y nos preocupa, como hemos venido diciendo, el compromiso territorial de la nueva entidad financiera y el que haga fluir el crédito, tan necesario en estos momentos.

Y en ningún caso se están rehuyendo las obligaciones del Instituto Valenciano de Finanzas cuando otorgamos al Banco de España –con quien, vuelvo a repetir, queremos y mantenemos una relación fluida y amistosa– la mayor parte de la responsabilidad en materia de inspección, en materia de disciplina y en materia de sanción.

De hecho, permítanme que les lea: «La Generalitat valenciana reguló por ley a las cajas de ahorro por primera vez mediante la Ley –como les decía– 1/1990, de 22 de febrero, sobre cajas de ahorro.
» En el capítulo 3, del título III de dicha ley, se regularon medidas cautelares, efectivamente de intervención o sustitución provisional de los órganos de gobierno de las cajas en situaciones de excepcional gravedad; de forma idéntica a lo establecido en el título III de la Ley 26/1988, de 29 de julio, de disciplina e intervención de las entidades de crédito, pero salvando las facultades del Banco de España.

Ésta fue una práctica habitual de la técnica legislativa que se situó en su momento, es decir, asignar a la comunidad autónoma la función o facultad atribuida al Banco de España, salvando o no las facultades de esta entidad supervisora.

Con posterioridad, numerosas sentencias del Tribunal Constitucional –y esto no es centralismo, esto es legalismo, esto es legalidad–, vendrán a consolidar el criterio de que la materia relativa a la solvencia de las cajas era una competencia del estado, ejercitada a través del Banco de España.

Más recientemente, en el año 2005, y ya en el plano ejecutivo, el Banco de España interpuso contencioso administrativo contra un requerimiento formulado por el Departamento de Hacienda y Administración Pública de la Consejería de Hacienda y Finanzas del País Vasco, a una caja de ahorros domiciliada en ese territorio, que fue estimada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en sentencia número 354/2007, de 17 de mayo, de la sala de contencioso administrativo, sección segunda.

Dicha sentencia fue recurrida en casación por el gobierno vasco ante el Tribunal Supremo, cuya sala de contencioso administrativo, sección 3Âª, en sentencia de 4 de mayo de 2010, determinó que en materia de solvencia y seguridad en las cajas de ahorro, al Banco de España le corresponde en su integridad las funciones de inspección, disciplina y sanción.
Y esto no son tecnicismos, esto es rigor.

Más en concreto, en el plano de las actuaciones de ejecución de las normas de ordenación y disciplina, cuya aprobación corresponde de forma indiscutible al estado, sea el gobierno del Banco de España, según la naturaleza de tales disposiciones, esto es lo que supone cualquier decisión sobre el cumplimiento de las referidas normas de ordenación y disciplina, así como la aprobación de instrucciones de actuación mediante los correspondientes requerimientos que corresponden, sin duda, al Banco de España.

Este reciente criterio jurisdiccional inviabiliza por inseguridad jurídica el ejercicio de las medidas cautelares establecidas en la ley valenciana sobre cajas de ahorros.
Además, la adopción de estas medidas, que sólo pueden aplicarse en caso de excepcional gravedad de la situación de la caja de ahorros, requiere de unos ingentes recursos financieros que permitan dar seguridad a sus depositantes y acreedores.
Recursos financieros que obvio es que sólo actualmente están al alcance del estado.

Sin ellos, tales medidas podrían provocar la falta de confianza, la retirada masiva de los fondos, con consecuencias mucho más dañinas para las entidades y, por extensión, para el sistema financiero.

En conclusión, si bien cabía pensar en la constitucionalidad de las medidas cautelares sobre la base del respeto a las bases y la ordenación de la actividad económica general y la política monetaria del estado, y dejando a salvo las facultades del Banco de España, en la práctica, tanto por razones de carácter ejecutivo como por la inseguridad jurídica que pueda rodear a un proceso excepcional de intervención administrativa, desaconseja la utilización de tales medidas con los riesgos y efectos colaterales que pudieran derivarse al quebrarse la confianza de los clientes acreedores e inversores de la entidad intervenida.

Por otra parte, señorías, en todo momento se ha respetado las decisiones de los órganos de administración y dirección de las Caja de Ahorros del Mediterráneo para iniciar procesos de integración con otras entidades.
Debo insistir en este sentido en que no se ha interferido en ningún momento en la gestión y administración de la caja, puesto que éstas son funciones que corresponden, con carácter exclusivo y excluyente, a los órganos de gobierno de las cajas y que nada tienen que ver con la tutela administrativa que desde la administración se realiza.

Por lo tanto, ni ingerencia ni intervención en la toma de decisiones de las entidades.
La intervención de la administración se limita a comprobar la regularidad y legalidad de las actuaciones de las cajas, pero no es quien impulsa, promueve o propone acuerdos.

De hecho, uno de los principios inspiradores de la regulación básica del estado sobre los órganos de gobierno de las cajas de ahorros, contenida básicamente en la Lorca, fue la configuración democrática de tales órganos a partir de la representación de los intereses sociales y colectivos existentes en el ámbito de actuación de cada caja, otorgando un cierto margen de discrecionalidad para que los legisladores autonómicos concretaran los grupos de representación y los porcentajes de participación correspondiente para determinar la composición de los órganos de gobierno.

Actualmente, tales intereses sociales y colectivos tienen su representación en la legislación valenciana a través de los siguientes grupos: impositores, un 38%; Generalitat Valenciana, un 25; corporaciones municipales, un 15%; empleados, un 12; entidad fundadora en su caso, un 5%, y otras entidades representativas, otro 5%.

El grupo de representación denominado Generalitat Valenciana fue introducido por Ley 4/1997, de 16 de junio, al considerar razonable que el modelo participativo de configuración democrática de los órganos de gobierno de las cajas de ahorro, entidades profundamente arraigadas en el entorno social en el que operan y de proyección eminentemente regional, tuviera una participación significativa la propia Generalitat.

La ley preveía que los consejeros generales representantes de la Generalitat valenciana fueran nombrados por las Cortes Valencianas, como máximo representante del pueblo valenciano, entre personas de reconocido prestigio, competencia y experiencia en el área de la economía y de las finanzas.

Por lo tanto, al no establecerse ninguna regla concreta para la elección, tales nombramientos deberían hacerse por las Cortes Valencianas, de acuerdo con sus normas internas de funcionamiento, cuyo reglamento establece con carácter general el criterio de la mayoría simple de votos para alcanzar acuerdos en el pleno.

Paralelamente a este cambio, en la misma Ley 4/1987, se endurecieron las causas de incompatibilidad para ser miembro del consejo de administración y de la comisión de control, excluyéndose a los cargos electos a las corporaciones locales y a los miembros de las Cortes Generales, Cortes Valencianas o de cualquier otro parlamento regional, además de los altos cargos de las administraciones públicas.

Cabe destacar que estas incompatibilidades se han recogido recientemente precisamente en la normativa básica del estado, muchos años después de que lo hiciera el legislador autonómico valenciano.

Respecto a los últimos procesos electorales, a los que ha hecho referencia el señor Toledo, debo decirles que en el consejo de administración de la CAM en este momento figuran dos personas a propuesta del propio Partido Socialista: una, de impositores, en el proceso electoral finalizado en 2007, y otra, por el grupo de corporaciones municipales, que accedió en el proceso de 2010.
Estas dos personas están en la comisión ejecutiva, y una de ellas es el secretario de la comisión de retribuciones.

Por lo que respecta a la comisión de control y a las críticas de sus señorías sobre la existencia de miembros de La Generalitat en la misma, debo insistirles en una idea, y es que los miembros de los órganos de gobierno tienen el mandato legal de ejercer sus funciones en beneficio exclusivo de los intereses de las cajas de ahorro a las que pertenezcan, y que además las deliberaciones del consejo de administración y de la comisión de control, así como los acuerdos adoptados, tienen el carácter legalmente asignado de «secreto».

Bien, entre las misiones que se asigna legalmente a la comisión de control está la de proponer la suspensión de la eficacia en los acuerdos del consejo de administración cuando entienda que vulneran las disposiciones vigentes o afecten injustamente la situación patrimonial de la caja.
Estas propuestas deben elevarse, efectivamente, al Instituto Valenciano de Finanzas y al Ministerio de Economía y Hacienda, los cuales resolverán según sus competencias.

Pues bien, debo decirles que no consta el Instituto Valenciano de Finanzas ninguna propuesta de la comisión de control en tal sentido acerca de las retribuciones de los directivos.
Aunque, por supuesto, y a este respecto, defenderemos al máximo que se cumpla la legalidad.

Por lo que respecta a la persona, al miembro designado por el conseller en la reunión de la comisión de control, debo decirles que, tal y como consta en el artículo 3, del artículo 31 del texto refundido de la ley de cajas, textualmente, «en los procesos electorales podrá formar parte de la comisión de control, constituida al efecto en comisión electoral, un representante designado por el conseller competente en materia de economía; en su caso, asistirá a reuniones con voz y sin voto, y deberá guardar secreto sobre lo tratado, a excepción hecha de su deber de informar ante Instituto Valenciano de Finanzas».
Asimismo, el apartado (inintel·ligible) â¦ del artículo 12 del Decreto 81/1990, refleja que «el conseller competente en materia de economía podrá nombrar un representante de la Generalitat valenciana para formar parte de la comisión electoral mientras dure el proceso de renovación parcial de los miembros de los órganos de gobierno».
Es decir, el miembro designado por la Conselleria de Economía solo acude a las reuniones de la comisión de control en sus funciones de comisión electoral, mientras dura el proceso de elección y designación de los miembros de los órganos de gobierno, es decir, cuatro meses aproximadamente cada tres años, y con el fin exclusivo de supervisar y asesorar en el desarrollo del proceso electoral.

Por otra parte, y respecto a las críticas numerosas, basadas en la supuesta utilización de la CAM por parte de La Generalitat, les daré alguna información relevante.

Con respecto a grandes proyectos, la CAM únicamente ha participado en el accionariado de Terra Mítica, proyecto en el que La Generalitat también es accionista y en el que han participado también otras entidades financieras, como puede ser Bancaja.

Vuelvo a repetir que, en cualquier caso, la decisión o no de participar en este único gran proyecto, igual que el resto de operaciones, depende única y exclusivamente del consejo de administración.

Por otra parte, es absolutamente falso que el agujero financiero de la CAM se lleve los proyectos y apoyos prestados a La Generalitat, tal como se puede comprobar con las cifras en la mano.

La Generalitat, efectivamente, tiene contratadas en la actualidad dos operaciones de pagarés –ahora les daré datos, por favor–, dos operaciones de pagarés con la Caja de Ahorros del Mediterráneo, y en ninguno de ellos se han estipulado intereses inferiores a los del mercado.
Por lo tanto, estamos con la CAM contratando pagarés, de la misma que hacemos con otras muchas instituciones financieras, cajas de ahorro, o antiguas cajas de ahorro, y entidades financieras privadas.
De hecho, algo bastante significativo, efectivamente el último pagaré no es de 2 millones de euros, sino de 200 millones de euros, ha sido renovado por los propios administradores del FROB.

Y bueno, también destacar que la CAM es una de las siete entidades financieras con las que colaboramos a través de la tesorería de La Generalitat para prestación de servicios financieros al Consell y a su sector público.
Y de este convenio se desprenden derechos, obligaciones y márgenes muy similares al del conjunto de las otras siete entidades financieras.
De hecho, los de la CAM son ligeramente superiores a la media de todas las entidades.

Por otra parte, eso no (inintel·ligible) â¦ la evolución del riesgo de la CAM, desde el 2005 se ve como claramente ha evolucionado a la baja y como, del conjunto de las empresas públicas de La Generalitat, la financiación o el total de deuda del sector público asignado a la CAM le corresponde un 0,58%.

Por lo que respecta a la autorización por parte del Instituto Valenciano de Finanzas de créditos en condiciones ventajosas a altos directivos de la entidad.
Bien, en este sentido, de nuevo, refiriéndonos a la legislación, lo que dice la ley sobre cajas de ahorro, en los artículos 35, 41 y 44.
2 es, establece la obligatoriedad de obtener, efectivamente, autorización administrativa del Instituto Valenciano de Finanzas en los supuestos en que estas entidades efectúen operaciones de riesgo dinerario o de firma, así como de transmisiones de cualquier bien o valor con los miembros del consejo de administración de la comisión de control y el director general o con personas físicas o jurídicas a ellos vinculadas.

Esta limitación no es de aplicación a los créditos, avales o garantías cuya finalidad sea la adquisición de viviendas por aportación por el titular de la garantía real suficiente, ni para la concesión a los representantes de los empleados de créditos acogidos a convenios laborales; si bien, en este caso, se debe contar con el informe previo de la comisión de control.

Esta autorización administrativa tiene su origen en una normativa básica del estado.
Por lo tanto, la solución del Instituto Valenciano de Finanzas consiste en autorizar, en su caso, las operaciones de crédito que la caja le propone, siempre que cuenten con el informe técnico favorable y el acuerdo del consejo de administración.

Por lo tanto, el Instituto Valenciano de Finanzas no propone ni analiza el riesgo de la población, así como tampoco concede la operación.
Son los órganos internos de la caja, en primer lugar, el departamento técnico y, posteriormente, el órgano de administración, los que analizan tales funciones.

De este modo, la responsabilidad de la concesión de la operación es plena y exclusiva del consejo de administración, y así se le advierte expresamente a ese órgano de gobierno en la correspondiente resolución.

La autorización del Instituto Valenciano de Finanzas no implica pronunciamiento alguno sobre la solvencia de la firma acreditada, así como sobre su capacidad de generación de recursos para atender puntualmente las obligaciones de pago contraídas por la CAM.

Con la creación del Instituto Valenciano de Finanzas y la aprobación del consejo de administración se da transparencia a estas operaciones y se previene del posible conflicto de intereses que pudiera darse con cualquier miembro del órgano de gobierno.

Así, en cuanto a las informaciones sobre las operaciones de crédito concedidas a los altos cargos de las cajas valencianas en los últimos años, cabe señalar que los informes anuales del gobierno corporativo de cada caja, que figuran en sus respectivas web, contienen la relación de estas operaciones y sus condiciones de plazo y de tipo de interés.
En particular, se observa que algunas operaciones, efectivamente, incluidas en estos informes, de una de las cajas, han figurado con un tipo de interés cero.

Tales operaciones, que han sido recogidas en diversos medios de comunicación, ascienden a un número de siete en los últimos cinco años, siete operaciones de estas características en los últimos cinco años.

Al respecto, cabe señalar que la mayoría de estas operaciones consisten en préstamos o anticipos concedidos a consejeros de la caja en representación del grupo de personal, con cantidades muy pequeñas, 25.
000 euros, 27.
000 euros, 6.
000 euros, 2.
000 euros, y que no requieren legalmente de la autorización administrativa del Instituto Valenciano de Finanzas por estar expresamente exentas en la normativa básica del estado.

Se trata de operaciones acogidas a convenios laborales, dada la condición de empleados de estos consejeros.
Su finalidad puede ser, en el caso, de anticipos, la atención de necesidades urgentes de los empleados que estén justificadas, como intervenciones quirúrgicas, gastos médicos en general, gastos por contraer matrimonio, reforma de viviendas para facilitar el acceso de familiares discapacitados, traslado forzoso de vivienda, siniestros, etcétera.
Y en el caso de préstamos, para la adquisición de viviendas que se hayan destinado (inintel·ligible).
.
.
entidad o para la adquisición de equipos informáticos.

Otra operación, de las siete que estamos mencionando en esos cinco años, que aparece relacionada erróneamente en el informe anual de gobierno corporativo en 2008 con tipo de interés cero, y como descuento nacional, en realidad se trata de dos líneas de avales, que, como todas sus señorías saben, no tienen tipo de interés debido a la naturaleza de la operación y que sí conllevan cargos por comisiones de riesgo, en concreto, 0,8% anual, y de apertura, 0,2% anual.

Asimismo, y de acuerdo con los antecedentes obrantes en el Instituto Valenciano de Finanzas, se han observado otros dos errores en la información recogida en el informe anual de gobierno corporativo del año 2008 de la CAM.

Por un lado, el asignar una operación de descuento nacional un tipo de interés cero por ciento, cuando en realidad el tipo de interés que consta en el expediente de la autorización administrativa es del euríbor más un diferencial del 0,85%, según el acuerdo de consejo de administración de la caja.

Por otro, finalmente, al indicar que una operación de descuento tenía un tipo de interés del cero por ciento, cuando en realidad se trataba de una operación denominada «cuaderno 19», que tampoco lleva tipo de interés, sino que tiene asignadas comisiones por presentación de recibos y de devolución y que no implican riesgo puesto que no existe financiación.

Estas –vuelvo a repetir– son las siete operaciones registradas en esos cinco años.

En definitiva, el Instituto Valenciano de Finanzas nunca ha autorizado operaciones de crédito o préstamo concedidas por las cajas de ahorro a favor de los altos cargos a tipo de interés cero.
Eso no obsta para que se hayan podido autorizar otras operaciones de garantías o de servicios que, por su propia naturaleza, no tienen tipo de interés explícito sino comisiones, tales como líneas de aval o de gestión de recibos domiciliados.

Asimismo, cabe insistir que las operaciones concedidas por las cajas de ahorro a los representantes de los empleados, al amparo de convenios laborales, con condiciones favorables, es cierto, es práctica habitual en el sector financiero y no se encuentran sujetas a la autorización administrativa del Instituto Valenciano de Finanzas.

Señorías, creo que les he aportado suficientes argumentos que prueban que el Consell y el Instituto Valenciano de Finanzas han actuado en todo momento al dictado de lo que recoge el texto refundido de la Ley de cajas de ahorros, aprobado por el decreto legislativo 1/1996, de 23 de julio, del Consell de La Generalitat.

Muchas gracias.

La senyora presidenta:

Gràcies, senyor conseller.

Hay un nuevo turno, si lo desean los diputados.

Tiene la palabra el señor Blanco por cinco minutos.

El senyor Blanco Giner:

Senyor conseller, de nou molt exhaustiva la seua intervenció, però jo torne a plantejar–li qüestions d’apocament polític.
Quina és l’opció de futur que defensa el Consell per a la CAM?
Entenc que pel que vosté diu o no diu, és directament la seua venda a un banc.
I anem a perdre.
.
.
, perquè ja hem perdut Bancaixa i perdrem la CAM, que si únicament la tenim a l’abast és precisament per la fallida d’integració en el SIP, i vostés tan frescos, perquè no han fet res.

Perquè a Catalunya o al País Basc encara tenen caixes d’estalvi, s’han preocupat de mantindre–les.
Fins i tot a Galícia han projectat fusions entre caixes pròpies.
Jo no sé si és que allí es pot fer i ací no o que directament vostés han defugit la seua responsabilitat.
M’agradaria saber–ho.

Este matí hem votat una proposició no de llei, que també s’havia aprovat en el parlament de Múrcia, en favor del manteniment de l’obra social i en defensa dels treballadors i de les treballadores de la CAM.
Però l’obra social es perdrà irremeiablement, per molt que votem ací, si es perd la caixa d’estalvis, perquè un banc no té per què dedicar–li un percentatge dels seus beneficis a l’obra social.
I no ho va a fer el Banc Santander ni el BBVA.

Per tant, eixa és una de les preguntes que jo crec que deuria respondre, perquè vosté té la responsabilitat, com a conseller d’economia en estos moments.
Jo no li puc a vosté tirar personalment cap culpa sobre el que es va produir en els últims anys, hauria d’estar ací el seu antecessor.
Vosté acaba d’arribar i està donant explicacions del passat, que no li pertoquen personal, però les de futur sí.
Quina és eixa opció?

Respecte a les explicacions del passat.
És curiós, supose que forma part del joc polític.
El Partit Popular quan passa el que passa en Caja Castilla–La Mancha, carrega contra el govern autonòmic de Barreda, president socialista, i Cospedal trau tot el profit polític que pot i tot és culpa del govern autonòmic.
I resulta que quan passa en la CAM, de repent, la culpa és solament del Banc d’Espanya.
Estem convençuts en Esquerra Unida que el Banc d’Espanya té una responsabilitat grandíssima.
Fins i tot li puc admetre que tal vegada superior que l’Institut Valencià de Finances, quant a la supervisió i el control i la inspecció.
Però és que no és a soles ahí on residix la responsabilitat, també en una tutela que tal vegada no siga ni legal, és que és real, perquè és una tutela política.

Vosté ha respost alguna cosa malament, perquè ha dit que no és veritat que el problema de la CAM vinga derivat de les inversions en projectes promoguts per La Generalitat o en els préstecs sobre la compra de deute de La Generalitat.
És que ningú ha dit això ací, ningú.
Jo he utilitzat eixos arguments per a dir que hi havia una connexió política i que, per tant, el Consell no podia dir que no tenia res a vore amb el que havia passat en la CAM, perquè el Consell ha afavorit que la CAM invertira en determinats projectes.
I fins i tot en el que sí que ha invertit la CAM i ha conduït la caixa a la situació tan terrible de ser intervinguda i de fer fallida pràcticament és en tot el negoci immobiliari.
I això també ha estat alenat per un Consell que va apostar per eixe model econòmic.

Però, ja dic, nosaltres no estàvem dient que fóra Terra Mítica la causant de la situació.
Ara, vosté me diu que allò de Terra Mítica va ser una decisió dels òrgans de direcció de la CAM completament autònoma de qualsevol influència política perquè també va intervindre una altra entitat com Bancaixa?
Clar, quina casualitat Bancaixa i la CAM en Terra Mítica, i no va tindre Zaplana res a vore, veritat?
És que no ens xuplem el dit.
I és que ací hi ha hagut una determinada orientació, que a través dels instruments de supervisió, de tutela legal o els informals, d’influència política, el govern del Partit Popular en els últims anys en La Generalitat ha utilitzat i que han fracassat.
I ara ho hauran de pagar tots els valencians i valencianes, especialment, com dia vosté, els alacantins i alacantines, i segurament també La Generalitat, que se queda sense eixe instrument per a finançar–se i, el que és més greu, des del nostre punt de vista, per a finançar l’economia productiva del nostre país.

En eixe sentit, de veres que li demanaria que responguera a eixa pregunta sobre opcions de futur.

I, per últim, dir–li: ha presumit vosté d’iniciatives parlamentàries, no li tocaria, vosté és membre del govern, de l’executiu.
I dir que si han fet proposicions no de llei, compareixences, això sí, preguntes.
.
.
Les preguntes les formulen els grups.
El que sí que li he de dir és que hi ha una comissió d’investigació de la qual ara vostés trauen pit, però que van estar dubtant fins a l’últim dia si aprovar–la o no.
Comissió d’investigació proposada pel meu grup, per Esquerra Unida, i que encara no s’ha posat en marxa ni tenim notícia.
Així que esperem poder tindre eixa comissió funcionant prompte i que vinguen tots, el del Banc d’Espanya, l’actual, MAFO, però l’anterior, Jaime Caruana, i l’Institut Valencià de Finances, i vosté una altra vegada, i els òrgans de control.
.
.

La senyora presidenta:

Señor diputado, vaya terminando, por favor.

El senyor Blanco Giner:

.
.
.
i tota la gent que ens podrà aclarir més del que hui en torns tan breus per part nostra, i més jo espere per part seua, hem pogut parlar.

Moltes gràcies.

La senyora presidenta:

Gràcies, senyor Blanco.

Senyora Mollà, té la paraula.

La senyora Mollà Herrera:

Gràcies, senyora presidenta.

Senyor Verdeguer, la veritat és que la primera intervenció ha sorprés perquè vosté ja de començament estava excusant l’Institut Valencià de Finances.
I aquesta segona intervenció el que sorprén és que vosté portara la rèplica tan summament preparada, atenent–se a moltíssimes de les qüestions que li hem plantejat.

A mi, sap per què me crida l’atenció?
Me crida l’atenció perquè el que dóna.
.
.
, se visualitza és que vosté sabia quines són les incògnites no solament que tenim l’oposició, sinó que tenen els mitjans de comunicació i gran part de la societat, (veus) però vosté en la primera intervenció no volia dir.
I, efectivament, ha hagut d’esperar que nosaltres li preguntàrem certes coses per a tindre preparada la resposta política del Partit Popular per no dir clarament que també és culpa d’este govern autonòmic la situació de la CAM.
Això és el que ha cridat l’atenció.

I, efectivament, probablement d’ací era d’on hauríem haver partit en la primera intervenció i en moltes de les qüestions que a mi m’agradaria que vosté aclarira.

Perquè ha sigut molt clar quan ha dit que «los supuestos créditos preferentes.
.
.
» –ho ha qualificat així–, i ha dit que «ahora demostraremos que no es así.
» Em crida l’atenció que vosté, conseller d’economia, que al principi, en la primera intervenció, ha vullgut dir com que.
.
.
, bé, «la CAM no es ni cosa mía».
.
.
El primer que ha dit en esta intervenció és: «Y os voy a demostrar que los créditos preferentes son supuestos y no son así.
»

Com si vosté ara volguera, en la segona intervenció, abanderar la defensa de coses que han eixit a la llum, moltes d’elles justificades i altres no, algunes que probablement hagen sigut fruit errades i altres no, i altres de la poca vergonya de molts que han estat dirigint aquesta entitat financera.
.
.
I, per tant, per a mi em sembla perillós que vosté intente fer eixe paper.

Vostés s’entesten en dir que el ministeri, el Banc d’Espanya, el FROB, etcètera, tenen les màximes responsabilitats en este tema.
I aleshores, jo li pregunte una cosa molt concreta.
Si això és aixina, a vosté li semblaria bé que avui en esta comissió aprovàrem que vingueren els administradors del FROB a dir–nos què han vist en la seua investigació que han fet de la gestió de la CAM?
Vull dir, si ells, si estos organismes són els encarregats i els que tenien les competències, els que tenen les ferramentes, els que tenen la legalitat, els que.
.
.
, són els que tenen la veu?
Jo li pregunte concretament, i m’agradaria que fóra un sí o un no.
Al conseller d’economia li pareixeria bé que avui es votara a favor que els administradors del FROB vingueren a aquesta cambra a donar explicacions sobre el que han investigat de la gestió de la CAM i donar respostes de per què no han assumit les seues competències i han desenvolupat la tasca legal que tenien referida?
Li sembla bé, sí o no?
Jo vullc eixa contestació.

Quan parla de la incapacitat de prendre mesures cautelars, perquè totes les sentències a què ha fet referència impossibiliten els exercicis de les mesures cautelars que té La Generalitat, ho ha referit a quan nosaltres li hem demanat explicacions sobre la falta d’inspecció.
Però vosté mateix diu que les sentències parlen que la solvència i la seguretat són competència del Banc d’Espanya, però no excusa, no excusa el que vosté afirme que l’Institut Valencià de Finances no ha fet cap inspecció.
No té per què ser de solvència i de seguretat, pot inspeccionar moltes altres coses.
O no?
No concretament saber si la solvència i la seguretat d’estes caixes poden dur a terme mesures cautelars que després seran revocades per un jutjat, perquè les competències eren del ministeri.
Per què vosté afirma que l’Institut Valencià de Finances no té d’inspeccionar i que només que té d’atendre’s a les inspeccions que faça el Banc d’Espanya?
Concretament vullc saber açò.

El tema de.
.
.
M’agradaria que ho repetira, perquè no sé si m’ha quedat clar.
El tema de les firmes i les autoritzacions que deuria fer l’Institut Valencià de Finances –no sé si li han passat alguna nota–, l’Institut Valencià de Finances respecte a les retribucions i a les indemnitzacions, vosté ha dit clarament crec que «no consta ninguna propuesta de la comisión de control», referint–se a les retribucions i les indemnitzacions escandaloses que han eixit a la llum.
Se referia a açò?

Perquès després ha postil·lat una cosa i ha dit: «Pero vigilaremos la legalidad.
» Què vol dir açò?
Com van a vigilar la legalitat que no haja arribat a l’Institut Valencià de Finances cap tipus de proposta de la comissió de control, respecte, jo he entés, a les retribucions i les indemnitzacions dels càrrecs?

I per a fer una reflexió política, vosté ha vullgut dirigir l’atenció sobre les responsabilitats d’estos consellers als consellers anomenats per part del Partit Socialista.
Jo li pregunte: a vosté els consellers nomenats per part del Partit Popular li sembla que és vergonyós que hagen fet, que s’hagen aprofitat del seu càrrec per a obtindre retribucions milionàries i indemnitzacions milionàries?
Els càrrecs que han sigut nomenats per Partit Popular, té alguna valoració política?
Ja hem escoltat la del senyor Fabra, li fa vergonya.

Al senyor conseller d’Economia què li produïx que estos senyors, anomenats pel Partit Popular, hagen contribuït a una mala gestió de la CAM i a més situar–la en l’epicentre de l’escàndol públic?

Gràcies.

La senyora presidenta:

Gràcies, senyora Mollà.

Senyor Toledo, té la paraula.

El senyor Toledo Lobo:

Gracias.

Bueno, a medida que va hablando, algo nos va informando, señor Verdeguer, algo nos va informando, ¿eh?
Y cada vez a mí me queda más claro el déficit de control y el papel que no ha jugado el Instituto Valenciano de Finanzas, o que ha jugado mal.

De todas maneras, yo, como los que me han precedido en la palabra, compañeros de Compromís y de Esquerra Unida, estoy interesado en que la comisión de investigación llegue hasta el final.
O sea, que tenemos que saber el papel que cada uno ha jugado, tenemos que aprender de todo lo que ha fallado para que no vuelva a pasar.
Pero, además de eso, tenemos que hacer que nada quede impune, que nada quede impune.

Mire, ha dicho algo que me ha llamado la atención, poco más o menos que en Terra Mítica ha dicho que, claro, que invirtió la CAM porque su consejo quiso.
Por supuesto, claro, no iba a ser contra su voluntad.
Pero que, es queâ¦, poco menos que ha dejado entender que no tenía nada que ver el gobierno valenciano.
Las hemerotecas están llenas, sobre todo en la provincia de Alicante, de las presiones, de las sugerencias, de todas las batallas que hubo para que la CAM se involucrara en ese consejo.
Léalas, léalas, porque no creo que la prensa nos engañara, de todo signo además, eh.
No creo.

Y hay muchas cosas más.
Mire, vamos a ir recomponiendo –esto no ha hecho más que empezar–, vamos a ir recomponiendo la situación.
Nosotros hemos presentado un centenar de preguntas aproximadamente para conocer exactamente todas las operaciones que todo el sector público de La Generalitat, no sólo La Generalitat, todo el sector público tiene con la CAM, que lo desconocemos, con todas las modalidades que hay posibles, eh?
Incluyendo avales, incluyendo operaciones, avance de tesorería, en fin, muchísimas cuestiones que técnicamente hay.
Y los queremos conocer porque nos interesa, evidentemente.

Porque no puede obviar, no puede obviar que las cajas de ahorros valencianas, quien manda en las cajas de ahorro son los consejeros que nombra el gobierno, directa o indirectamente, sobre todo desde que decidieron ocupar las cajas.
Aún quedan dos consejeros de alguna manera relacionados con el PSOE en la caja (inintel·ligible) .
.
.
aún.
No ha llegado el momento de recambiarlos, porque sino ya no hubieran quedado, efectivamente, ¡eh!
En otras cajas ya los han eliminado.
Pero quien pone, quien marca el ritmo, quien nombra a los directivos de la CAM, los altos directivos de la CAM, son estos consejeros, el núcleo duro.
«El presidente lo eligen todos.
» Lo elige este núcleo directísimamente.
Contra este núcleo nadie puede hacer nada, por supuesto.

Por lo tanto, ahí hay muchoâ¦, mucho que decir, mucho que analizar.

Ha dicho algo tambiénâ¦ Bueno, ya me ha quedado claro que efectivamente había una dejación de funciones.
La función de inspección la tiene, y si no la ha querido ejercer es porque no ha querido, porque no ha querido, pura y simplemente.
Y eso, ya digo, de que por si me parece grave ¿eh?

También ha dicho, respecto de los préstamos, todos los préstamos, no sólo los blandos, yo no he dicho «interés cero» en ningún momento ¿eh?
, no sólo los blandos.
Todos los préstamos, según el artículo 35 de la Ley de cajas de ahorros valencianas, todos los préstamos, todos los de vivienda, tienen que tener la autorización del Instituto Valenciano de Finanzas, todos.
Y usted, me ha parecido entender, no sé si lo he entendido bien, que ha dicho que es que «los autorizamos todos».
¡Es que los autorizamos todos!
Entonces, ¿para qué está la autorización del Instituto Valenciano de Finanzas si los autorizan todos?
Algo tendrán que ver respecto de las condiciones en las que se hacen préstamos, respecto de algún tipo de condiciones, sino no estaría la preceptiva autorización, digo yo.
O sea, un poco elâ¦, esto de escurrir el bulto me parece muy mala táctica.

Mire, ha traído la réplica escrita, lo cualâ¦, quiero decir, usted, antes de entrar, ya sabía lo que iba a decir, y lo ha dicho, y me parece estupendo, eh.
Pero nos ha dejado interrogantes.
Y yo, como digo, creo que hoy empieza el camino.
Con la puesta en marcha de la comisión, cuando empiece a funcionar, empezará el camino de saber qué es lo que ha pasado en la CAM, quiénes son los actores de este desaguisado y, sobre todo, qué es lo que va a pasar con ellos, qué piensan hacer con los sueldos escandalosos colocados, con las indemnizaciones y con todas estas cuestiones, que yo creo que a todo el mundo nos dejan perplejos.

Esta mañana ya han votado en contra de que se limite el sueldo máximo del president de La Generalitat y que a que se prohíban las indemnizaciones por cese.
Pero lo volveremos a plantear, lo volveremos a plantear.
Porque, como digo, nuestra intención es que nada quede impune y que además no se vuelva a repetir.

Mire, las cajas, lo dije y lo repito, las cajas de ahorros valencianas eran un elemento fundamental para nuestro futuro, eran el socio estratégico financiero para que se pudieran desarrollar grandes proyectos empresariales en esta comunidad.
En otras comunidades siguen teniendo sus socios.
Nosotros nos hemos quedado sin ellos.
Y en eso tienen mucho que ver quienes han nombrado los consejeros de esas cajas y los altos directivos que han sido nombrados por estos consejeros.

Yo lo que quiero, nuestra intención como grupo parlamentario, es que todo quede con luz y taquígrafos, que no se dé una versión edulcorada, parcial de esa historia, que la historia quede en su justa medida.
Y, desde luego, como digo, que nada quede impune.

La senyora presidenta:

Gracias, señor Toledo.

Señor conseller, para cerrar usted por cinco minutos.

El senyor conseller d’Economia, Indústria i Comerç:

Sí, muchas gracias.

Señor Toledo, le doy toda la razón.
Sabía lo que iba a decir básicamente porque sabía lo que me iban a decir ustedes.
Porque llevanâ¦, y aquí tengo un dossier con 25–30 páginas de todo tipo de informaciones relativas a la Caja de Ahorros del Mediterráneo, que en su momento analizaremos el rigor de las mismas.

Como les he dicho desde el principio de mis sucesivas comparecencias con respecto a la CAM, yo creo que tenemos que hacer todos un ejercicio de rigor y un ejercicio de tener muy en cuenta, de tener muy presente, que cualquier ruido –vuelvo a decir– que generemos va en contra de lo que el señor Blanco decía, del futuro.
Y me alegro, efectivamente, de que hablemos del futuro.
Aunque luego eso no ha pasado al pasado, pero bueno, hablaremos de todo.
En esa comisión de investigación en la que, efectivamente, estamos absolutamente de acuerdo con todos ustedes.
O sea, queremos investigar qué es lo que ha pasado, queremos saber esas indemnizaciones, esas retribuciones, esas pensiones, esas prejubilaciones si realmente son conformes a ley o no lo son.
Y en todo ello entraremos.

Por lo tanto, nos remitimos a esa comisión de investigación a la que vendrá todo el mundo que legalmente pueda venir y que vaya a aportar información sobre el proceso de la CAM en el momento adecuado.
Porque vuelvo a repetir, señorías, que el ruido es muy mal compañero en todo este proceso.

En segundo lugar, yo no he echado la culpa a nadie, yo no he echado la culpa a nadie.
Hemos hablado de responsabilidades y, en todo caso, la culpa es una culpa de un modelo de negocio, que analizaremos, un modelo de negocio no sostenible, como ha pasado en Castilla–La Mancha, en Cataluña, en Galicia, en Andalucía.
Es decir, no es un modelo único.
Entonces, analizaremos ese modelo sobre exposición a determinado tipo de activos.
Y, vuelvo a repetir, yo no he echado la culpa específicamente a nadie.

Me han hablado del Banco de España y del FROB.
Mire, nosotros con el Banco de España y con el FROB tenemos una relación tremendamente fluida.
Con los altos cargos del Banco de España nos hemos reunido muchas veces para tratar de dar una solución a esta entidad en su momento.

Nosotros con los administradores del FROB tenemos una relación permanente, y yo personalmente me he reunido con ellos con bastante frecuencia.
Y en ese sentido quería manifestar clara y rotundamente que apoyamos, y apoyaremos, como les hemos transmitido a los administradores del FROB, que son los competentes ahora, cualquier medida impulsada por los administradores para garantizar la legalidad de indemnizaciones y prejubilaciones que se hayan otorgado.

Me hablan de futuro, me hablan de la obra social.
Vuelvo a repetir que nosotros hemos manifestado desde el principio nuestra preocupación por la obra social.
Y de hecho, tras la reunión con los administradores del FROB, que hemos mantenido esta misma semana, les puedo garantizar que va a haber recursos suficientes para la obra social durante al menos los próximos tres años, ¿eh?
De hecho, si eliminamos partidas vinculadas al negocio financiero y se reorienta hacia actividades netamente sociales, vamos a ser capaces de tener obra social durante muchos más años, tal como hemos defendido desde el principio.

Y, por último, mirando al futuro, porque esa sigue siendo mi máxima.
Nos gustaría ofrecerles, desde el punto de vista de la representatividad, una propuesta que entendemos mejora esa representatividad de los grupos políticos en los órganos de gobierno de las cajas.

En este sentido les querríamos ofrecer a todos los grupos que en el esquema legal de representación actual la cuota de grupos Generalitat y de corporaciones se determine legalmente, que los representantes que les siguen atiendan a criterios de proporcionalidad en relación a la importancia numérica de los grupos políticos que integren dichas instituciones, garantizando esta representación.
Es decir, abrimos la posibilidad de que proporcionalmente todos los grupos se incorporen a los órganos de gestión de las cámaras.
Y les anuncio que voy a proponer una modificación de la ley sobre cajas de ahorros en este sentido.

Muchas gracias.
(Veus)

La senyora presidenta:

Muy bien.
Muchas gracias, señor conseller.

Acabamos de ver que esta comisión tendrá más trabajo, porque tendrá que hacer una nueva ley.

Preguntes

La senyora presidenta:

Bueno, no despedimos al conseller porque hayâ¦, pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la pregunta número 19, al conseller de Economía, Industria y Comercio, sobre la encuesta anual de estructura salarial, formulada por el diputado Julián López Milla.

Tiene la palabra.

El senyor López Milla:

Sí, muchas gracias, señora presidenta.

Señor conseller, cambiamos drásticamente de tercio.

Quería preguntarle: ¿a qué factores atribuye que, de acuerdo con la última encuesta salarial, encuesta anual de estructura salarial del INE, la ganancia media anual de un trabajador valenciano es el 9% inferior a la media de España, y la ganancia por horas de un trabajador valenciano sea un 9,5 inferior a la media de España?

Gracias.

La senyora presidenta:

Gracias, señor diputado.

Señor conseller, tiene la palabra.

El senyor conseller d’Economia, Indústria i Comerç:

Sí, señora presidenta.

Señoría, efectivamente la última encuesta anual de estructura salarial, referida al año 2009, que es el último año disponible, estima para la Comunitat Valenciana y para otras once comunidades autónomas una ganancia media anual por trabajador inferior a la media de España.

Yo, si me lo permite, señoría, entiendo, y usted es una persona con buenos conocimientos de economía, que un dato no debe analizarse desde un punto de vista anclado, sino que debiera analizarse desde un punto de vista de tendencia, de evolución a largo y medio plazo.

En este sentido, si nos remontamos a 1995, que es la fecha en la que se inicio la encuesta de estructura salarial, nos encontramos con que en esa fecha, a mediados de los años noventa, la ganancia media anual de un trabajador valenciano era un 17% inferior a la media española.
¿Qué es lo que pone de manifiesto?
Bueno, lo que pone de manifiesto es que en el período 1995/2009, que es el último dato disponible, vuelvo a repetir, la diferencia salarial entre la Comunitat Valenciana y la media de España se ha reducido a casi la mitad, se ha reducido un 46% al caer en ocho puntos porcentuales.

2009, último dato disponible, en la que diferencia es algo inferior al 9%.
Esto indica que los niveles salariales en ese ejercicio, vuelvo a repetir, último año del que tenemos datos disponibles, fue superior, crecieron más en la Comunitat Valenciana que en el conjunto de España, en concreto en la Comunitat Valenciana crecieron un 2,78%, mientras que en el conjunto de España crecieron un 2,13%.

Entendemos que esta mejora de la tendencia para mi ha sido fundamental el que la Comunitat Valenciana en ese período haya crecido a una tasa media anual por encima de la tasa media anual de crecimiento española, en concreto ha crecido en la comunitat un 2,82%, mientras que el conjunto de España ha crecido una décima menos.

Obviamente, en cualquier caso, somos totalmente conscientes que debemos seguir trabajando nuestro modelo económico para adaptarlo, mejorar nuestros niveles de productividad, que eso se traslade a los trabajadores y que eso se traslade, por lo tanto, a unos mayores niveles de desarrollo y unas mayores ganancias salariales per cápita.

La senyora presidenta:

Gracias, señor conseller.

Señor diputado, tiene la palabra.

El senyor López Milla:

Sí, gracias, señor conseller.

Creo.
.
.
, es más, de sus palabras creo que podemos coincidir en que en gran medida, tanto la renta per cápita como los salarios de los trabajadores dependen en gran medida y son, en última instancia, el reflejo de la estructura productiva que se va consolidando en una economía y que se va asentando a lo largo del tiempo.

Y creo que es verdad que, aunque la dura realidad de nuestra comunidad, que nos muestra un tasa de paro superior a la media de España o nos muestra una destrucción de empleo también superior a la media de España desde el año 2008, que fue cuando se inició el proceso de destrucción de empleo, nos pone de manifiesto este problema como problema fundamental de nuestra realidad económica.

Si miramos más hacia atrás, si miramos más lejos en el tiempo, nos podemos dar cuenta como nuestra comunidad, como la Comunidad Valenciana, ha ido perdiendo posiciones en renta per cápita respecto a la media de España, y lo ha hecho, tanto en los años de crisis como en los años de expansión, lo ha hecho incluso tanto con gobiernos popular en el palacio de la Moncloa como con gobiernos socialistas.

Mire, por ejemplo, la de renta per cápita de la Comunidad Valenciana era 551 euros inferior a la media española en el año 2000; 1.
328 euros inferior a la media española en el año 2004; 2600 euros inferior a la media española en el año 2010.
O, por ejemplo, la renta per cápita de la Comunidad Valenciana representada en el año 2000 el 96,5% de la media española; el 93,3% en el año 2004; y, en el año 2010, el 88,7%.

Haciendo un gráfico –que lo tengo por ahí, pero, bueno, por cuestión de tiempo no lo voy a enseñar para no desperdiciarlo– se puede comprobar como, entre en el año 2000 y en el año 2010, la Comunidad Valenciana está entre las tres comunidades que más posiciones han perdido respecto a la media de la renta per cápita de España, 7,7 puntos respecto a la media.
Solo Canarias y Baleares han tenido un comportamiento peor.

¿Por qué le doy estos datos?
Bueno, pues, se los doy porque creo que las cifras de la encuesta de estructura salarial del INE y las cifras de la encuesta anual de coste laboral –también del INE, que se publicaron después de que le hiciese la pregunta y por eso no hay referencia a esa encuesta– se enmarcan un poco en este contexto, se enmarcan en un contexto en el que observamos el reflejo de unas pautas que se han ido consolidando en la economía valenciana a través de los años y que se han consolidado con independencia del color del gobierno central; ha dado igual que fuese un gobierno socialista o popular, ya que se ha perdido peso en renta per cápita, y, también, con independencia de la fase cíclica en que se encontraba la economía, porque también la Comunidad Valenciana perdía renta per cápita en relación a la media en los años de expansión.

Probablemente, por ese modelo económico excesivamente cortoplacista, excesivamente basado en la utilización de mano de obra poco cualificada, dio prioridad al crecimiento a costa de lo que fuera sin prestar suficiente atención al modo en que se conseguía ese crecimiento, un modelo económico que, quizás, estaba construido sobre cimientos de barro, que otorgó poco protagonismo a la inversión en I+D, a la innovación, a la cualificación de la mano de obra y a la formación de los trabajadores.

La pasada semana, en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo tuvimos la ocasión de debatir sobre esta cuestión.
Allí expuse –y hoy le reitero aquí– la necesidad de dar un fuerte impulso a la inversión en I+D, que se encuentra todavía por debajo de la media de España en la Comunidad Valenciana.
El peso de nuestra inversión en I+D, en comparación con el resto de España, fue creciendo –es verdad– hasta alcanzar en el año 2005 un peso del 8,5%, pero siempre estuvo por debajo del peso que la Comunidad Valenciana tiene en el PIB de España y del peso que tiene en la población española.
Y desde el año 2005 se ha vuelto a reducir; el último dato –que es del 2009– es del 7,7%.

Al final, señor Verdeguer, la Comunidad Valenciana ha acumulado un déficit de inversión en I+D entre el año 2001 y el año 2009 de casi 1.
900 millones de euros.
O, por ejemplo, en el año 2009, el porcentaje de empleo en sectores innovadores estaba en la Comunidad Valenciana en el 0,97%, por debajo de la media de España que era el 1,17, y muy alejada de las cifras de Cataluña, 1,05; País Vasco, 1,85; Madrid, 1,09.
O, por ejemplo, el peso de la inversión privada en I+D, también siempre por debajo de la media de España, en gran medida como consecuencia de una política que parece no haber sido capaz de generar un entorno favorable para la innovación y para la inversión en actividades innovadoras.

Por eso, le pido, señor conseller, que abra un nuevo tiempo que suponga un punto de inflexión en esa evolución.
Le invito a que reconozca los errores del pasado, que identifique las causas que nos han llevado a esta situación de desventaja y le invito a que defina nuevas prioridades.
Le pido que avancemos por el camino de la ciencia, de la innovación, de la cualificación de los trabajadores y de la productividad para que podamos mirar más lejos, para que podamos marcarnos objetivos más ambiciosos y para que podamos, en definitiva, desarrollar un nuevo modelo productivo que nos permita reducir tanto la diferencia en esa brecha salarial –a la que me refería en la pregunta– como la diferencia en cuanto a la renta per cápita entre España y la Comunidad Valenciana que ha ido creciendo durante los últimos años.

Gracias.

La senyora presidenta:heÂ«

Gracias, señor diputado.

Señor conseller.

El senyor conseller d’Economia, Indústria i Comerç:

Gracias, señoría, sobre todo por su tono y por su contenido.
Se lo agradezco infinitamente.
Bien, vamos a ver.

Yo creo que –como comentaba en mi contestación inicial– la reducción de esa brecha salarial es por sí misma bastante significativa, es decir, estamos hablando –vuelvo a repetir– que en apenas quince años, desde mediados de los años noventa hasta la actualidad, la brecha salarial se ha reducido en casi un 50%.
Lo cual, desde el punto de vista de un análisis tendencial creo que es un dato, como mínimo, positivo y esperanzador.
En ese período, el PIB per cápita español respecto al PIB per cápita de la media de la Unión Europea no se ha reducido, o sea, en los últimos diez años prácticamente estamos en los mismos indicadores que estábamos hace diez años, es decir, no hemos convergido nada.
Converger en términos reales es costoso, lleva tiempo, y es eso lo que, precisamente, constituye para nosotros y era nuestro objetivo, porque entendemos que sin esa convergencia real los niveles de desarrollo económico y social de la ciudadanía serán claramente insuficientes.

¿Qué es lo que nos estamos marcando como objetivos?
Una variable que es la variable clave en todo este modelo, que es la variable productividad.
Sin incrementos en la productividad no seremos competitivos, especialmente en un mundo globalizado, en un mundo abierto, en el que queremos participar más porque entendemos que en esa productividad solo será posible conseguir ganancias cuando seamos capaces de internacionalizarnos más y cuando seamos capaces de innovar más.

Es cierto que –usted daba datos de I+D+I– estamos por debajo de la media.
Pero, de nuevo, si hacemos un análisis tendencial observamos cómo hemos convergido sustancialmente con la media española.
Hablo de memoria, pero hace aproximadamente diez años la diferencia entre el I+D+I a nivel nacional y el I+D+I en la Comunidad Valenciana era de 0,5 respecto a 0,88 –hablo de memoria, puedo equivocarme en alguna décima–.
En estos momentos, estamos en 1,10 respecto a 1,38, somos, de las grandes regiones, la que más ha crecido en I+D+I, en investigación más desarrollo e innovación, en todos los sentidos básicos: investigación más desarrollo básico y en innovación, no solo tecnológica, sino en innovación de gestión.

Por supuesto que somos conscientes de que tenemos que hacer un esfuerzo a la hora de mejorar nuestros niveles de productividad.
En ese sentido estamos tratando de apostar por un perfil de especialización distinto en el que la internacionalización –vuelvo a repetir– desempeña un papel muy importante y en el que una de nuestras grandes carencias, que es el tamaño medio de nuestras pequeñas y medianas empresas, constituya un eje absolutamente básico de nuestra estrategia de política industrial, como es a través de todas las medidas de cooperación y de redimensionamiento empresarial.

En cualquier caso, será un placer para mí poder ampliar este debate con su señoría.

Muchas gracias.

La senyora presidenta:heÂ«

Gracias, señor conseller.

Suspendemos durante unos minutos para despedir al conseller y continuamos.

(Se suspén la reunió durant uns minuts)

La senyora presidenta:heÂ«

Bueno, antes de continuar con el punto del orden del día, y a efectos de que conste en el Diario de Sesiones puesto que el reglamento de la cámara contempla que las peticiones para asistir a la comisión deben presentarse con 48 horas, que quede constancia que en la mañana de hoy ha habido una entrada de una petición de la señora Henar Molinero Sáenz y que esta presidenta no tienen ningún problema en que asista, para que quede constancia en el Diario de Sesiones.

Pasado esto, pasamos a la pregunta número 38 al conseller de Economía, Industria y Comercio sobre las goteras aparecidas en el Ágora, formuladas por el diputado Juan Ignacio Blanco Giner, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
(Veus) Perdón, Jesús Ignacio Blanco Giner, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida.

Señor.
.
.

El senyor Blanco Giner:

Santiago Calatrava va dir en el seu dia que l’Àgora era al Palau de les Arts el que el baptisteri a la catedral de Florència.
Són setanta metres d’altura, quasi cinc mil metres quadrats de superfície, però encara no tenim molt clar per a què serveix l’Àgora.
Una bona pregunta esta, la resposta de la qual va construint–se a base de celebrar esdeveniments allà on podrien fer–se en altre recinte.
S’ha fet el Màster 500 de Tenis, per al qual es va haver de posar vàters portàtils; el València Fashion Week; i part de la Campus Party.
I en dos d’eixos esdeveniments van haver–hi problemes de goteres, tant en l’open de tenis com en la Campus Party; va ploure, es va haver de cobrir el sostre amb grans plàstics per a evitar que l’aigua es colara pels mateixos forats, que són objecte d’aquesta pregunta: ¿a què són degudes les goteres que van aparéixer en l’Àgora de la Ciutat de les Arts i de les Ciències?
¿Hi ha garanties que no se torne a repetir eixa situació?
I, sobretot, ¿a qui pertoca la responsabilitat de les reparacions?

La senyora presidenta:heÂ«

Para contestar a la pregunta tenemos aquí al secretario autonómico.

Señor Lobón, tiene usted la palabra.

El senyor secretari autonòmic de Turisme i Projectes Estratègics:

Gracias, señora presidenta.

Bien, respecto a la pregunta que hace el señor diputado, decir que, sobre todo, en el mes de julio, en la celebración de la XV Edición de la Campus Party se produzco un fenómeno meteorológico importante de fuertes lluvias acompañadas de granizo y viento que dieron lugar a algunas filtraciones en el edificio del Ágora.
Estas filtraciones pudieron resultar molestas pero, en ningún momento, afectaron al normal funcionamiento de este encuentro y esta actividad que se desarrolló de acuerdo con su programación y llevándose a cabo todas las actividades previstas con gran éxito y sin ninguna queja.

La senyora presidenta:heÂ«

Gracias, señor Lobón.

Señor Blanco, cuando quiera.

El senyor Blanco Gil:

Bé, fenòmens meteorològics que són corrents a la nostra ciutat.
Les pluges intenses, tempestuoses, les gotes fredes, jo crec que havien d’haver estat previstes.

El cas és que sabem que no està acabat l’Àgora, que falta un remat final, que hauria de fer–se amb lames mòbils que coronarien una estructura per a regular la llum solar, però que de moment ja ha costat noranta milions d’euros, el doble del que es va pressupostar quan es va adjudicar el projecte inicial i que ha tingut eixos problemes, problemes que no són únics en els edificis de la Ciutat de les Arts i les Ciències i en les construccions de Santiago Calatrava.
En el Palau de les Arts vam tindre també ocasió de patir en 2007 unes inundacions pràcticament ferotges –jo tinc ací la fotografia d’aquell moment–, i és que l’aigua corria per les escales i per l’interior del palau.

Per tant, açò ens preocupa perquè és una inversió multimilionària feta amb fons públics, difícil, fins i tot, de sostindre econòmicament, perquè som coneixedors que només el manteniment d’eixes instal·lacions ja és deficitari, sense comptar els que diuen més de mil milions d’euros invertits en el complex de la Ciutat de les Arts i les Ciències, però ens preocupa especialment si damunt, després, no es poden utilitzar per als usos previstos, que tampoc sabem molt bé en el cas de l’Àgora quins són els usos previstos.
Fins i tot, per a la Copa Davis, per a la qual es presentava la ciutat de València –amb el rebombori que s’ha alçat després perquè s’ha triat per part de la Federació Espanyola de Tennis una altra ubicació–, es plantejaven altres espais com el Velòdrom Lluís Puig o Fira València perquè, realment, l’Àgora no pot acollir el mínim de 12.
000 espectadors que estava previst.
És a dir, és un espai per a grans esdeveniments que no reunix les condicions mínimes que se demanen per als grans esdeveniments; i caríssim; i inutilitzat; i, damunt, amb eixes goteres.

I torne al tema.
De qui és la responsabilitat?
No me diga vosté, únicament, que va ploure molt –això ja ho sabem– i que se va poder fer la Campus Party –que també ho sabem, perquè llegírem la premsa–; sinó, de qui és la responsabilitat?
I ho pregunte perquè, en funció de la resposta, caldrà emprendre actuacions.

Si la responsabilitat és del disseny arquitectònic o de l’execució de l’obra, caldrà exigir responsabilitats bé a l’arquitecte, bé a les empreses constructores.
I esperem que La Generalitat no es quede passiva, acceptant el fet ineluctable de les condicions atmosfèriques i les goteres –que, per cert, supose que hauran tingut un cost en reparacions–.
I si, pel contrari, la responsabilitat és per una precipitada utilització de l’edifici, abans que estiga conclòs, aleshores parlem de responsabilitats polítiques.

Per tant, li pregue –perquè açò és una pregunta– que em responga: quant ha costat reparar els desperfectes per les goteres?
¿Per què s’han produït eixes goteres –no sols perquè ploga molt, perquè se suposa que l’edifici, i més si ha costat 90 milions d’euros, ha d’estar preparat per a aguantar això i més?
I, ¿de qui ha sigut l’errada; si política per utilitzar l’edifici sense estar preparat, si de disseny arquitectònic per part de Santiago Calatrava –i no serà perquè no cobra– o de les empreses constructores?

I, a continuació, després de donar–me la resposta, per favor, demà mateixa se fiquen vostés o a buscar alguna dimissió o a demanar la reparació i la indemnització per part dels responsables d’aquesta situació.

Perquè la pregunta sobre per a què servix l’Àgora imagine que serà més difícil de contestar.

Gràcies.

La senyora presidenta:

Gràcies, señor diputado.

Señor Lobón.

El senyor secretari autonòmic de Turisme i Projectes Estratègics:

Yo al señor diputado le he escuchado con gran atención.
Y la verdad es que, supongo que por mis carencias, no he acabado de entenderle mucho, exactamente, cuáles son algunas de sus afirmaciones.

Porque el señor diputado, por un lado, nos dice que no sabe para qué sirve; y ahora quiere que sirva para todo, incluida la Copa Davis; y, cuando hay 16.
000â¦.
Y no me ha pedido que metamos el Mestalla dentro del Ágora, pero poco le ha faltado al señor diputado.

Bien, decirle que el Ágora es un icono de esta ciudad de Valencia.
Un icono que es importante y que es necesario.
Y no sólo es importante y necesario, sino que el gobierno central lo usa en exposiciones, como decían los periódicos hace unos días, en exposiciones en las cuales se habla de la nueva arquitectura y de los nuevos iconos y de los nuevos edificios importantes que existen en toda España, entre los cuales está el Ágora de Valencia.

Por lo tanto, señor diputado –y no vea ningún tipo de agresividad en mis palabras–, lo que el Ágora sirve para lo que está hecho, que son para eventos de una determinada capacidad y de una determinada forma o estructura.
Por lo tanto, ni va a servir para todo ni no sirve para nada, que son las dos cosas que me ha parecido entender en sus palabras.

El Ágora, como lugar de encuentro –de ahí viene toda su funcionalidad, presentada por el arquitecto Santiago Calatrava; y, además, presentada con esa lógica de un lugar de encuentro, de un lugar donde se pudieran hacer, realizar, eventos y realizar actividades–, tiene su función y tiene su lógica, que usted podrá o no podrá entender, pero que está clara y está expuesta.

Yo no creo que haya, en una obra como las singulares, como la de Santiago Calatrava, ni ningún tipo de responsabilidad por ejecuciónâ¦ Ni en una obra, en la cual, en un momento dado, pueda haber, en sus primeros días, pequeños incidentes como que se cuele un poco de agua, se tengan que pedir responsabilidades; entre otras cosas, porque las empresas constructoras todavía no han entregado la obra, no está todavía hecha el acta de recepción.
Y, por lo tanto, lo que está claro es que esas empresas constructoras tienen que poner todas las medidas y todas las actividades necesarias para que la obra esté en la suficiente necesidad de uso.
Cosa que, además, como todo el mundo sabe, tendrá que la asistencia técnica y la dirección técnica que certificar.
La dirección técnica se responsabiliza de la situación del Ágora; y, evidentemente, también se responsabiliza de la ejecución de la obra y de la situación y de la forma en la cual está realizada.

Por lo tanto, decirle que el Ágora, en este momento, es un edificio del cual los valencianos deberíamos sentirnos muy orgullosos, del que el Gobierno de España presume –no parece que todos lo hagamosâ¦, se haga en el mismo sentido y en la misma forma–.
Y lo que está también, para mí, evidente es que, en circunstancias especiales, en lugares y en momentos en los cuales pueda haber alguna climatología especialmente adversa, pues puede haber algún tipo de problema o problema puntual que se arreglará y se solucionará de la mejor manera posible.

En todo caso, yo creo que no voy a repetirle aquí todas las argumentaciones sobre el valor inducido en el turismo de la ciudad de Valencia.
No le voy a decir los visitantes que tiene la Ciudad de las Artes y las Ciencias.
No le voy a decir las veces que la Ciudad de las Artes y las Ciencias es nombrada en periódicos, diarios o por periodistas de todos los medios.
No le voy a decir, tampoco, que la marca Ciudad de las Artes y las Ciencias y la marca Oceanográfico son marcas conocidas y ya famosas en toda España y en todo el mundo.

Sólo le voy a decir que la ambición de hacer algo que, desde luego, sea fundamental e importante para nuestra comunidad y para la ciudad de Valencia nos ha llevado a hacer esa obra, que es una obra emblemática, de un arquitecto que, evidentemente, como Santiago Calatrava, hace obras que son muy complicadas de hacer, pero que merecen la pena.

La senyora presidenta:

Muchas gracias, señor Lobón.

Suspendemos un minuto, para despedir al señor Lobón, y continuamos con los dos puntos que nos quedan.

(Se suspén la comissió durant uns minuts)

Pronunciaments de la comissió sobre la compareixença dels administradors de la CAM perquè expliquen quina és la situació de la CAM, i del director de l’Institut Valencià de Finances perquè explique la política de La Generalitat en relació amb les caixes d’estalvi valencianes

La senyora presidenta:

Bueno, los puntos 8 y 9, por acuerdo de los portavoces, se van a debatir de forma conjunta.

Y, por tanto, y para defensa de los dos puntos, toma la palabra, en principio, el Grup Parlamentari Compromís, por seguir el registro del orden de entrada y el orden previsto, básicamente.

La senyora Mollà Herrera:

Bé, gràcies, senyora presidenta.

El Grup Parlamentari Compromís va presentar, en juliol –este juliol–, el 27 de juliol de 2011, una petició de compareixença dels administradors de la CAM nomenats pel FROB, després de la intervenció del Banc d’Espanya.
El 27 de juliol, vull recordar.

El dia 28 de juliol és quan el conseller Verdeguer, el senyor Verdeguer, fa una petició de compareixença pròpia, per tal d’explicar la situació de la CAM, posterior a la seua intervenció al Banc d’Espanya.

Avui hem pogut estar amb el conseller i compartir les seues reflexions al respecte de la situació de la CAM.

Però sí que ens agradaria, tenint en compte que hi ha uns administradors nomenats pel FROB, tenint en compte que s’han fet declaracions públiques, per part del govern valencià, sobre les responsabilitats que ha tingut el Banc d’Espanya a l’hora de supervisar, analitzar, fiscalitzar, inspeccionar la gestió de la CAM, doncs creiem que estos mateixos administradors –que estan nomenats per organismes als quals el govern valencià fa responsable de la falta de supervisió–, que vinguen ací, a explicar–nos.
Ells que han pogut tindre accés a tota la documentació sobre totes les gestions que s’han fet, ja siguen les pròpies dels consellers i dels directius de la CAM, ja siguen les d’objecte de l’entitat financera en les seves especulacions urbanístiques, en les seves apostes per inversions que clarament eren inviables, però que, encara així, com que anaven avalades pel govern valencià, doncs era más de lo mismo.
.
.
Doncs, totes estes qüestions, ells que han pogut tindre accés a la documentació, ens agradaria que foren qui, d’alguna manera, donaren el seu posicionament, les seves explicacions al respecte.

Hem vist el que diu el govern.
Veiem, dia rere dia, el que diem els membres del parlament.
I ens falta, al marge de les declaracions públiques que s’han fet en els mitjans de comunicació, per part del governador del Banc d’Espanya, ens falta una part important.
I és la part que competix, per un costat, al Banc d’Espanya o al FROB, en este cas, que és l’encarregat d’estar administrant ara la CAM; i, la segona part, d’esta petició de compareixença que s’ha unit, per part de l’Institut Valencià de Finances.

Jo crec que, almenys, esta té sentit –dintre del que és una cosa unànime dels qui estem ací–, i és que el Banc d’Espanya no ha fet el que havia de fer.
Això crec que tots estem d’acord.
El Banc d’Espanya ha fallat.
El Banc d’Espanya no ha fet la supervisió i la inspecció que tocava.
La segona part és la que jo crec que tots –esta part d’ací– estem d’acord en que l’Institut Valencià de Finances era responsable també.
Però entra en conflicte en el que pensa el govern.

Però que no donem via lliure a una petició de compareixença, precisament a uns administradors del FROB –que, precisament, és un organisme dependent del Banc d’Espanya, que té la responsabilitat de donar explicacions, perquè així ho creiem tots–, per a mi seria una oportunitat perduda.

El conseller ha dit que en esta comissió d’investigació, que vam votar de forma unànime, vindrà «todo el mundo que, legalmente, pueda venir».
Legalment pot vindre tot el món, que ningú gose dir el contrari.
El Reglament de Les Corts no prohibix que puga vindre qualsevol que este parlament decidisca que se’l pot convidar a vindre.
Una altra cosa és que feta una invitació, com que legalment no se’l pot obligar, sinó que se li pot demanar, doncs que no vullguen vindre.
Però, què tenim a perdre?
Jo crec que no tenim a perdre absolutament res; que és interessant; que donaria, encara més, una passa endavant, respecte al que fa una setmana vam decidir tots els grups parlamentaris i era que era necessari que en estes Corts s’investigara la gestió que ha fet la CAM.
I, per tant, crec que estos administradors són un component important d’esta investigació que tots hem decidit que s’ha de fer.

No tindria per què explicar –perquè portem un dia d’explicacions–, el perquè és necessari investigar la CAM; el perquè pensem que no s’han fet les coses en base a la legalitat, en base a l’ètica, en base a l’adequació.
Hi ha hagut de tot.
No caldria que se donaren més explicacions.
Fins i tot, no caldria que jo explicara l’oportunitat que representa que vinguen estos senyors.
Jo crec que tots qui aquí pensem que cal ajudar la tasca fiscalitzadora que tenim encarregada els membres, els diputats d’esta cambra.
.
.
Tenim, per obligació d’esta mateixa institució, l’obligació de desenrotllar una tasca fiscalitzadora.
Doncs, si el meu grup parlamentari considera que ara, per a fer bé esta tasca fiscalitzadora, ha de reclamar–se la compareixença d’estos senyors, crec que, només que per això, ja val la pena demanar que vinguen.

I com que, no sé si tindré oportunitat d’opinar, al respecte, a la següent petició de compareixença, he de dir i anunciar que per a Compromís també és necessari pel mateix; perquè creiem que si, en este cas, el Grup Parlamentari d’Esquerra Unida creu que per a la seua tasca fiscalitzadora és important que vinga el representant de l’Institut Valencià de Finances, que així siga.
No me calen més argumentacions que la mateixa petició.
Si, a més, li he d’afegir que el Grup Parlamentari Compromís considera que l’Institut Valencià de Finances era una entitat el suficientment capacitada per a desenvolupar també una tasca fiscalitzadora i de supervisió de la CAM, i no ho ha fet, encara en més motiu.
I perquè jo crec que també, en la compareixença que avui hem pogut viure, per part del conseller d’Economia, sembla ser que hi han hagut moltes coses que a l’Institut Valencià de Finances –ja siga per incompetència o ja siga per engany– no se li ha proporcionat informació que havien d’haver tingut.

I, per tant, a mi me pareix que les dos compareixences deurien votar–se, avui, de forma unànime per tots els grup.
I reclame que així ho siga.
I me sume a la petició que fa, en este cas, Esquerra Unida.

Res més.

La senyora presidenta:

Gràcies, senyora Mollà.

Señor Blanco, tiene la palabra.

El senyor Blanco Giner:

Sí, nosaltres demanem la compareixença, en aquesta comissió, del director de l’Institut Valencià de Finances, Jorge Vela, perquè explique, en el marc de les seues competències, la política de La Generalitat en relació amb les caixes d’estalvis valencianes, i, en particular, a la Caixa d’Estalvis del Mediterrani, la CAM, i, en concret, referint–me a polítiques com autoritzar crèdits milionaris al 0% d’interés a directius de la caixa, si no al 0%, al 2,5.
.
.
, a condicions preferencials.

Han havut notícies en premsa que han escandalitzat totes les persones, fins i tot el president Alberto Fabra diu estar escandalitzat per les jubilacions, imagine que també ho estarà pel fet –llisc– del que és l’obertura de l’edició valenciana del diari de més difusió, del 26 de juliol de 2011: «La CAM prestó en seis años 121 millones a sus consejeros.
» Bé, si no és així, doncs, estaria bé que ho aclarira Jorge Vela, perquè me fa un gest el portaveu del Grup Popular, tal vegada ell sap que no són 121 milions; però 121 milions a no sé quants consellers n’hi hauran –jo en estos moments no ho controle– són molts milions, i no crec que fóra per a comprar–se pisos, seria per a fer negoci, per a fer negoci amb un tipus d’interés i amb unes condicions preferencials, que sí, ha explicat el conseller que són autoritzats sempre perquè és la pràctica habitual, ¿no?
–això he sentit jo–, que se solen autoritzar sempre.
Bé, doncs, estaria bé que vinguera qui autoritzava eixos crèdits, que és el director de l’Institut Valencià de Finances, sobre les competències del qual hi ha hagut una controvèrsia, un debat, una discussió, fins i tot s’han citat sentències del Tribunal Constitucional, però el fet és que competències en té l’Institut Valencià de Finances, i les ha exercit d’una manera que nosaltres entenem que és insuficient per a garantir la protecció dels interessos dels valencians i les valencianes i la defensa de la viabilitat de les caixes d’estalvis.

Per tant, com que ací jo crec que tots els grups han dit que estan disposats a arribar fins als fons de l’assumpte –el mateix conseller d’economia també ho ha dit– i que no tenen cap problema, no sé molt bé si és necessari fer una defensa molt extensa d’aquesta petició.
Entenc que serà aprovada, igual que l’altra que es fa, respecte a les administracions nomenats pel FROB, que, evidentment, també podran dir–nos moltes coses sobre quina és la situació de la CAM, una situació que preocupa a la societat valenciana i que ha de ser informada Les Corts, evidentment, sobre el què ha passat, sobre el que està passant i sobre el que pot passar.

Així que, esperem el vot favorable de la resta de grups i que pugam tindre estes compareixences en esta comissió, així com –reitere una vegada més– la voluntat d’Esquerra Unida, del Grup d’Esquerra Unida, que la comissió d’investigació –que va ser aprovada en l’últim ple– es pose a funcionar sense dilacions i sense que una convocatòria electoral, que res té a veure amb les funcions de les Corts Valencianes, ho impedisca.

Gràcies.

La senyora presidenta:heÂ«

Gràcies, senyor Blanco.

¿Para turno en contra?
Pues, tiene la palabra el señor Ballester.

El senyor Ballester Costa:

Buenas tardes, señoras y señores diputados.
Vamos a ver.

Nuestro voto va a ser desfavorable a la creación de estas dos comisiones.
.
.
(Veus) Perdón, perdón, perdón, a la petición de comparecencia, es que ya a estas horas de la tarde y después de lo oído y de lo escuchado aquí, ya empieza uno a desvariar un poco.

Les decía que nuestro voto no será sí a la solicitud de la comparecencia puesto que creemos, una vez más, que están injustificadas, están injustificadas porque –como bien ha dicho la diputada de Compromís– nosotros podríamos solicitar, pero no hay ninguna obligación de que esos inspectores del FROB o esos administradores del FROB, del Banco de España, tengan obligación de venir a esta comisión.
Sí tendrán obligación, tendrá carácter jurídico y tendrá fuerza jurídica cuando lo solicitemos desde la comisión de investigación, que días pasados se ha aprobado sobre el tema de la CAM.
La posición de mi grupo sobre la CAM creo que ha quedado clara, neta y esto de luz y taquígrafos a costa de todos y de todo.
Y espero que, bueno, que en esa comisión ustedes pidan la solicitud de la asistencia a los señores del FROB.

Al igual que tampoco entendemos la última solicitud de comparecencia de los señores del Instituto Valenciano de Finanzas, puesto que aquí se acaba de marchar –creo– después de dar unas explicaciones someras, rigurosas, técnicamente irreprochables, el jefe del Instituto Valenciano de Finanzas, el conseller de economía, el señor Verdeguer.
No sé qué es lo que quieren más, no sé quieren dar ustedes más vueltas que el tío de los caballitos en realidad, o qué es lo quieren hacer con esto.
No sé hasta dónde quieren llegar y mover, o hacer el paripé, o agitar el cóctel éste.
No lo sé.
Pero, creo que es innecesario, o creemos –mejor dicho– que es innecesario y que hay posibilidades claras y nítidas de hacer las cosas con rigor, sin sospechas, sin dejar siempre esa semillita que suelen dejar ustedes, puesto que, a diferencia de otras comunidades, aquí intentamos hacer las cosas con luz y con taquígrafos.

Muchas gracias.

La senyora presidenta:heÂ«

Gracias, señor diputado.

Para réplica, tiene la palabra la señora Mollà.

La senyora Mollà Herrera:

Bé, resultat del tot increïble que li posen vostés entrebancs a demanar, a sol·licitar la compareixença tant a administradors del FROB com al president de l’Institut Valencià de Finances.
En un cas és obligat que vinga, en el que cas que se li reclame l’assistència, i, en l’altre, crec que ha quedat molt clar que el que se fa és una petició i que respon al voluntarisme, ¡clar està!
, d’estos senyors que vullguen vindre a esta cambra.
I deixant–los a ells decidir si volen rendir comptes d’una investigació que ens ha constat 2.
800 milions d’euros a tots.
I jo he pagat que estos senyors estiguen ara mateix al front de la CAM.

I jo crec que ja cal posar una miqueta de seny perquè, miren, jo estic un poc cansada que vinguen vostés a dir–nos que és que cal controlar les declaracions públiques perquè no se se’ls lleve la confiança a la CAM i no puguen tindre dificultats dintre dels mercats i dintre de les entitats financeres, etcètera, etcètera, estic farta que vostés diguen que tot el que ix en els mitjans de comunicació no respon a la realitat, estic falta de sentir–los a vostés dir que vostés no tenen culpa absolutament de res i que tota la culpa la tenen aquells que haurien d’haver fiscalitzat des de Madrid, el Banc d’Espanya, i quan se sol·licita una cosa que ve en la línia de demanar explicacions a aquells que ara mateix estan dirigint l’entitat financera CAM, que estan veient tota la documentació, que poden aclarir–nos totes estes coses que vostés diuen que els mitjans de comunicació s’estan equivocant i que estan servint per a escandalitzar, perquè perguen la confiança en tots nosaltres i en tot el sistema els ciutadans i ciutadanes.
Eixa és la confiança que cal recuperar.
No ens deuria preocupar més el que perguen confiança en nosaltres un sistema que ja de per sí és molt proteccionista entre els mercats i que, efectivament, el que fa és dir que: «¡compte amb la confiança que vos anem a estrènyer el cinturó!
» I molts ciutadans i ciutadanes ja estan farts perquè han perdut absolutament tota la confiança, no solament en les entitats financeres que, lògicament, haurien de perdre–la després de tots els escàndols que estan sortint a la llum, sinó amb nosaltres mateixos.

Jo crec que avui és hora que recuperem la confiança dels ciutadans i ciutadanes.
I encara que a vostés els parega açò la tonteria més gran del món, no ho és, no ho és.
Perquè, miren, va directament en detriment de la meua capacitat i obligació que tinc de fiscalitzar la gestió de la cosa pública, i quan m’ha costat 2.
800 milions d’euros, senyors i senyores –igual que a vostés–, açò ja entra en la gestió de la cosa pública; va en detriment de resoldre les incògnites dels ciutadans i ciutadanes; va en detriment d’aclarir tot el que està eixint en els mitjans de comunicació; i va en detriment de la confiança que ja està molt perduda per part dels ciutadans i ciutadanes en tot, en tot el sistema, sistema polític, sistema financer, sistema democràtic.
I no se li demana una altra cosa que fer una simple petició a estos senyors perquè vinguen a esta cambra, no se’ls demana res més que açò.
Ací ningú ha posat ninguna qüestió en entredit, que estos senyors vinguen ací, que expliquen quina és la situació de la CAM i que vinguen a parlar de les possibles solucions que ells pensen que cal adoptar, simplement.
No hi ha absolutament res més.

I si vostés, ara, mos vénen a nosaltres amb l’excusa que és que la comissió d’investigació.
.
.
, ara ja sé per què vostés han votat la comissió d’investigació, per a, efectivament, posar entrebancs a totes i cadascuna de les iniciatives que hem posat damunt la taula els membres de l’oposició.
Este matí no se podia votar el tema de les retribucions perquè és que, clar, no tocava, perquè era una declaració que no hi havia que embrutar–la i tal.
Ara, resulta que se poden estes compareixences perquè és que en la comissió d’investigació se faran, però una comissió d’investigació que no aplega, que encara no aplega.

I, miren, jo he vist caure ací investigacions, comissions.
¡Sí, senyor!
Ací jo he vist caure.
.
.
La de canvi climàtic, ¿que no va caure?
Perquè el Partit Popular no va voler posar–la en marxa.
(Veus) I van haver de presentar de nou, de nou, la iniciativa perquè se creara, de nou, la comissió d’estudi del canvi climàtic.
Jo he vist caure una comissió d’estudi.
I no m’estranyaria que vostés a partir del 20 de novembre facen caure la comissió d’investigació de la CAM.
Si no la posen en marxa immediatament o si no ens donen oportunitat que vinguen estos senyors, ja sé per què l’han votat, i és perquè a partir del 20 de novembre, en eixa ostentació de voler passar el corró absolutament a tot, ho passaran a totes estes qüestions que –ja dic– és per a retornar la confiança dels ciutadans en la cosa pública.
I jo crec que mos coste 2.
800 milions d’euros ja entra a formar part de la cosa pública.

Gràcies.

La senyora presidenta:heÂ«

Gracias, señores diputados.

Señores diputados, estamos acabando, y yo les pido un poco de tranquilidad que ya acabamos.

Señor Blanco, tiene la palabra.
(Veus)

Vamos a acabar con tranquilidad.

Señor Blanco, tiene la palabra.

El senyor Blanco Gil:

Anem a veure.

Nosaltres, en este cas, som els proponents del pronunciament, ¿no?
, però els disposadors –perquè u proposa i altre disposa–, els disposadors són la majoria de diputats d’esta comissió que pertanyen al Grup Popular.
I han anunciat que no, i ja sabem que és que no.

Ara bé, les raons per les quals el seu portaveu ha dit que no van a aprovar estes dos compareixences, per una banda, no les compartim, i, per altra banda, hi han hagut algunes diferències.
A mi m’agradaria saber si és que quan li ha dit la portaveu de Compromís que els representants, els administradors de la CAM, nomenats pel FROB, no han de vindre ara, sinó que han de vindre en la comissió d’investigació, però després no m’ha dit el mateix a mi respecte a la petició de compareixença del director de l’Institut Valencià de Finances, vol dir que vosté no ho recolza –i el seu grup no recolza– que el director de l’Institut Valencià de Finances comparega davant la comissió d’investigació.
Jo entenc que el més raonable és que tot el món que té alguna responsabilitat de gestió, de control, de supervisió, d’impuls polític, ha de vindre a eixa comissió d’investigació.
(Veus) Sí, sí, més gent, ¡clar que sí!
I esperem que vinguen.

Esperem, primer, que se constituïsca la comissió d’investigació i que ho faça ràpid, i tenim dubtes.
.
.
Vostés han tingut dubtes sobre si votar a favor o en contra de la comissió d’investigació, fins i tot n’hi ha pronunciaments públics dels seus dirigents en el sentit contrari; en algun moment anunciaren que s’anaven a oposar, després s’ho repensaren.
I, finalment, u sí que arriba la conclusió que, tal vegada, volen marejar–nos o volen tapar este tema.
Saben que quan més es parle de la CAM, per moltes excuses que vostés fiquen, per molt que guanyen votacions en una majoria parlamentària, per molt que vullguen pensar que han fet unes explicacions meravelloses, quan es parla de la CAM la societat valenciana sap que la CAM és un marró del seu partit, que la CAM l’han gestionat persones posades pel seu partit, que la CAM ha estat sotmesa als criteris polítics del seu partit, i que la CAM ha acabat com ha acabat.

I, per tant, u arriba a la conclusió que vostés han votat a favor de la comissió d’investigació per a deixar–la morir de moment i ja vorem si algun dia ressuscita.
Si vullgueren de veres aclarir tots estos termes, utilitzarien eixa majoria parlamentària que tenen en tots els òrgans de govern d’aquesta cambra perquè es constituira la comissió d’investigació, perquè començaren a plantejar–se les compareixences sense cap tipus de limitació, totes aquelles que foren pertinents.
Però, la comissió d’investigació, en estos moments, simplement és el parallamps del Partit Popular per a les qüestions que han de vore amb la CAM.
Sembla que, com ja han votat a favor, ja han fet vostés eixa demostració que estan disposats a tots.
I això no és de veres.

Per tant, com diuen al meu poble: «el que va davant, va davant.
» I va davant una petició de compareixença que està registrada fa moltes setmanes, una petició de compareixença que és de tot punt necessària i pertinent, de la mateixa manera que la que ha formulat el Grup Compromís.

I en eixe sentit, la negativa del Grup Popular únicament l’entenem en clau d’obstaculitzar que es parle del que ha passat en la CAM, obstaculitzar que pugam esbrinar quin ha sigut el paper que han jugat les institucions dependents de la Generalitat valenciana, i concretament l’Institut Valencià de Finances.

Ara, cadascú es fa responsable dels seus actes, i esperem que açò no es torne a repetir, com dia, en eixa comissió d’investigació.
Que, per cert, m’agradaria, si hi ha un torn de rèplica per al·lusions o per reglament, que se’ns diguera, per part de qui controla la majoria de la cambra, quan anem a ser convocats, anomenar els nostres representants i començar a treballar.

La senyora presidenta:

Gracias, señor diputado.
No hay más turnos para eso ahora mismo.
Pero sí hay un turno de réplica para el señor Ballester.

El senyor Ballester Costa:

Muchas gracias, presidenta.

Debe ser, bueno, por la poca experiencia que tiene el señor diputado en estas lides, que no sabe que hasta que no se publican los compromisos de constituir una comisión, la verdad es que no se puede crear.
Y estamos en ese espacio de tiempo.

De todas formas, la bola de cristal suya y la de la diputada, vayan tirándola porque no vale para nada.
Lo de la suspicacia de que a ella sí y a usted no, pues son suspicacias de joven, que eso le adorna de alguna forma.
(Veus) Con lo cual, yo vuelvo a repetirles lo que he dicho antes.

Tenemos una comisión de investigación que hemos aprobado todos recientemente.
Una comisión de investigación que si lo que pretende la diputada es que estas Cortes pierdan y hagan el ridículo o tengan la posibilidad de hacer el ridículo solicitando que vengan unos inspectores sin ningún tipo de fuerza jurídica y ningún tipo de compromiso, nosotros queremos preservar, queremos preservar la fuerza de la institución.
Las Cortes Valencianas no son para hacer el ridículo, por muchas vueltas que le den ustedes al tío de los caballitos.
Aquí estaremos nosotros siempre (veus) intentando poner cordura y sensatez donde se quiere poner premura e insensatez.
Eso lo digo fuerte y claro para que se escuche.

Cuando llegue el día, ustedes solicitarán esa comisión de investigación que tanto dudan, que la hemos quitado, que la vamos a quitar, la bola de cristal.
.
.
(Veus) Ponen ustedes aquí en jaque.
.
.
–la prensa creo que se ha ido en su gran mayoría–, pero si no, sería muy bonito que hicieran un estudio, porque lo de Rappel, comparado con ustedes dos, es una broma, una auténtica broma.

Miren ustedes, va a haber comisión de investigación, porque hay voluntad de este grupo de saber qué es lo que ha pasado con la CAM, de saber cómo se han financiado.
.
.
, cómo han sido las financiaciones en la CAM.
Porque queremos saber, entre otras, si el señor miembro de la comisión de retribuciones –que a ver si le suena el nombre, señor Navarro, de nombre Jesús, de Novelda, Partido Socialista–, (veus) queremos saber si ese señor, que era el encargado de la comisión de retribuciones, (veus) tiene algo que ver en las cifras esas (veus) que nos avergüenzan a todos, (veus) en las cifras esas que nos avergüenzan a todos.
Y como queremos saberlo, y si la señora diputada es tan educada, como yo lo fui en su intervención y me deja terminar, queremos saber.
.
.
(Veus) ¿Sigo ya?

La senyora presidenta:

Señores diputados, vamos a terminar, que estamos acabando.

El senyor Ballester Costa:

Exacto.
Queremos saber todas y cada una de esas situaciones.
Y eso, el mejor sitio, como le vuelvo a repetir.
.
.
Si se acaba de ir el jefe del Instituto Valenciana de Finanzas.
¿Qué le llamamos mañana otra vez a los mismos?
¿Qué quiere, que nos vuelva a repetir lo que yo creo que usted no ha sido capaz?
, porque cuando ha empezado su primera intervención ha dicho: «¡Qué denso, qué técnico y qué riguroso!
» (Veus) Pues no lo sé.
Habrá dicho denso y técnico.
(Rialles) Porque usted ahora lo negará, como negará si yo le digo que lleva barba, que usted la lleva ahora mismo.
(Veus) Da igual.

La senyora presidenta:

Señores diputados, terminamos, por favor.

El senyor Ballester Costa:

Voy a terminar porque si no.
.
.

Miren ustedes, tranquilidad, tranquilidad, rigor, respeto al organismo en que estamos, respeto a las Cortes Valencianas, respeto a la institución y, sobre todo, no hagan de Rappel.
Hacer política leyendo titulares de periódico es muy complicado.
Hay que tener un poquito de rigor y un poquito de seny y, sobre todo, aprender el funcionamiento de la cámara y luego intentar trabajarlo.
Sí, regáleselo a él, que le hará más falta que a mí.
(Veus i rialles)

La senyora presidenta:

Gracias, señor diputado.

Para fijar posición, tiene la palabra el señor Toledo por cinco minutos.

El senyor Toledo Lobo:

Gracias, presidenta.

Bueno, yo, como el señor Maluenda ha puesto una nota de humor, que a estas horas nos viene bien, yo también quisiera poner otra.
Invitar al señor Ballester a que se desdiga de lo que ha dicho, porque ha dicho que la comparecencia de.
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, las explicaciones que ha dado el conseller han sido someras.
Y someras.
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Claro, yo recordaba lo que era, pero por si acaso, lo he comprobado.
Someras, según el diccionario de la Real Academia Española, son ligeras, superficiales, hechas con poca meditación y profundidad.
(Rialles) Y yo creo que no ha querido decir eso, creo que no ha querido decir eso.
Pero, bueno, es una nota de humor, es una nota de humor.

Mire, yo (veus) creo que las comparecencias que han pedido tanto Compromís.
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La senyora presidenta:

Señores diputados, ¡por favor!
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El senyor Toledo Lobo:

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como Esquerra Unida son pertinentes.
Y nosotros, desde luego, las apoyamos.
Creemos que no hay ninguna incompatibilidad con que vengan a comparecer aquí y vengan después a la comisión, no la hay, porque a lo mejor no somos ni las mismas personas las que estamos.
Por lo tanto, (veus) por lo tanto, como no hay ninguna incompatibilidad.
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La senyora presienta:

Señores diputados, por favor.

El senyor Toledo Lobo:

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empecemos, empecemos cuanto antes.
Entre otras cosas, porque yo dije en el pleno que uno de los requisitos que estimaba que tenía que cumplir esta comisión es que empezara cuanto antes a actuar.
Y me ha parecido, me ha parecido entender, por la somera explicación, en términos.
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, en palabras del señor Ballester, que ha dado el conseller.
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Yo no la considero somera, ¿eh?
, también se lo digo, no la considero somera, porque creo que no está hecha con poca meditación, ha tenido tres meses para hacerla.

Bueno, pues en esa me ha parecido entender que empezará sus actuaciones.
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No se ha querido decir que cuando acabe el proceso de la CAM.
Bueno, pues no sé si nos llegará antes el juicio final, alargando, alargando.
No sé exactamente cuándo ha querido decir.
Yo creo que tiene que empezar cuanto antes, se lo digo ya ahora en serio.
Era una broma y la intención de arrancar una sonrisa, que a estas horas buena falta nos hace.

Yo creo que tiene que empezar cuanto antes y que mientras empieza, no está demás que nos tomemos en serio nuestro trabajo y que vengan a comparecer.
Y, bueno, nosotros, desde luego, si no se acepta, las vamos a pedir también en la comisión de investigación, estas y muchas otras más.
(Veas) Y estamos tan interesados como usted en que venga ese consejero y todos los demás, y que vengan también y saber lo que ha pasado con absolutamente todos, no le quepa ninguna duda, con todos.
(Veus) Tan interesados como usted, yo creo que no, muchísimo más.
(Veus) No estamos someramente interesados.
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La senyora presidenta:

¡Señor Maluenda, por favor!

El senyor Toledo Lobo:

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profundamente interesados.

Gracias.
Y disculpe, que no pretendía molestar a nadie y.
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(Veus)

La senyora presidenta:

Gracias, señor Toledo.

Señores diputados, vamos a terminar y vamos a irnos.
Vamos a pasar a votación, yo creo que podemos.
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, por separado las dos.
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En primer lugar, votamos, votamos la.
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En primer lugar, votamos el pronunciamiento de la comisión sobre la comparecencia de los administradores de la CAM, nombrados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, después de que el Banco de España haya intervenido esta entidad, para que expliquen cuál es la situación de la CAM y las soluciones que se pueden adoptar, solicitada por el Grupo Parlamentario Compromís.
¿Votos a favor de este pronunciamiento?
(S’interromp la gravació) ¿Votos en contra del pronunciamiento?
8 votos.
Se rechaza este pronunciamiento.

En segundo lugar, votamos a favor del pronunciamiento de la comisión sobre la comparecencia del director del Instituto Valenciano de Finanzas, Jorge Vela, para que explique, en el marco de sus competencias, la política de La Generalitat en relación a les caixes d’estalvi valencianes i, en particular, a la Caja de Ahorros del Mediterráneo, CAM, políticas como autorizar créditos millonarios al cero por cien de interés a directivos de la caja, que finalmente ha conducido a una situación de insolvencia que ha motivado la intervención de CAM por parte del Banco de España, solicitada por el Grupo Parlamentario Esquerra Unida.
¿Votos a favor de este pronunciamiento?
7.
¿Votos en contra?
8.
Se rechaza esta comparecencia.

Pues señores diputados, ya hemos terminado la comisión, buenas.
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(S’interromp la gravació)

(S’alça la reunió a les 19 hores i 14 minuts)