Coordinaci%C3%B3%2020211129HTML.html





Comissió de la Comissió de Coordinació, Organització i Règim de les Institucions de la Generalitat realitzada el dia 29 de novembre de 2021.
Comença la reunió a les 11 hores i 16 minuts.
Presideix el diputat senyor José Muñoz Lladró.
Reunió número 9.

El senyor president:

Comenzamos la Comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las Instituciones de la Generalitat.

Hoy, tenemos la comparecencia de la fiscal superior de la Comunitat Valenciana, a la cual agradecemos su presencia en la cámara.

Y empezamos pasando el listado de asistentes.
Empezará el secretario.

(El senyor secretari passa llista per tal de comprovar si hi ha quòrum)

El senyor president:

Gràcies.

Bueno, como veis, en el orden del día, lo primero, como es habitual, es la lectura y aprobación del acta anterior.
Tenéis en vuestras carpetas el acta de la sesión anterior de la comisión.
Si no hay ningún problema, la aprobamos por asentimiento.
Muchas gracias.

Compareixença de la fiscal superior de la Comunitat Valenciana, senyora Teresa Gisbert Jordà, per a presentar la Memòria de la Fiscalia de la Comunitat Valenciana corresponent a l'any estadístic 2020 (RE número 43.
187, BOCV número 203)

El senyor president:

Y el segundo punto del orden del día es la comparecencia de la fiscal superior de la Comunitat Valenciana, la excelentísima señora Teresa Gisbert Jordá, para presentar la Memoria de la Fiscalía de la Comunitat Valenciana correspondiente al año estadístico 2020.

A la hora de ordenar el debate, les comento los tiempos.
Habrá una intervención inicial de la fiscal superior de la Comunitat Valenciana sin límite de tiempo; a partir de aquí, en el propio reglamento aparece un receso de 45 minutos, que yo entiendo que no será necesario puesto que todos los diputados y diputadas tienen su intervención y, además, con las aportaciones que se hagan por parte de la fiscal; a partir de ahí, hay una intervención de los grupos parlamentarios de menor a mayor para formular preguntas o hacer observaciones al informe de la excelentísima fiscal por un tiempo máximo de seis minutos; contestará la fiscal; y a partir de ahí, si hay algún tipo de necesidad, de aclaración, o pregunta adicional, por parte de los grupos parlamentarios, se procederá de la misma manera que hemos hecho anteriormente, es decir, de menor a mayor representatividad de los grupos parlamentarios.

Por tanto, y sin más demora, tiene la palabra la fiscal superior por un tiempo ilimitado.

Gracias.

La senyora fiscal superior de la Comunitat Valenciana:

Ilustre presidente de la comisión, don José Enrique Muñoz.

Vicepresidenta, doña Carmen Peris.

Secretario, don Jesús Pla.

Y la señora letrada, Catalina Escuín.

Ilustrísimos señoras y señores diputadas y diputados.

En primer lugar, he de señalar que para mí, como fiscal superior, es un gran honor acudir hoy de nuevo a esta casa común, que son las Cortes, o les Corts, para presentarles la memoria de la Fiscalía Superior de la Comunitat Valenciana relativa al año 2020, pues presentarla aquí ante ustedes supone presentarla ante los valencianos, que es a quien nosotros, porque ustedes los representan, y a quien nosotros como funcionarios públicos servimos.

Esta memoria hace referencia no solamente a los asuntos propios de la fiscalía superior, sino que pretende resumir o compendiar la actividad del Ministerio Fiscal en todo el territorio de la Comunidad Valenciana, y por tanto incluye todas las fiscalías provinciales y las fiscalías de área.

Yo creo que la memoria para ustedes es como una especie de herramienta para que pueda hacer -que es mi intención- un diagnóstico de la situación, para informarles de la actividad que desarrollan las fiscalías, y de las necesidades de medios personales y materiales que necesitamos para cumplir adecuadamente nuestras funciones.

Pero, permítanme que este año sea un poco diferente esta presentación, pues 2020 vino marcado por la pandemia mundial de la COVID-19, que tan severamente ha afectado a nuestras vidas y desde los primeros meses del 2020.
Este año ha sido muy especial y difícil, y por ello quiero empezar esta intervención recordando, en primer lugar, a todas las víctimas de la crisis, destacar los valores humanos de todos los que se pusieron al servicio de la sociedad, al personal sanitario por su esfuerzo infinito, al Ejército por su dedicación y su importante colaboración durante la pandemia, al igual que a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado que garantizaron nuestra salud y seguridad en una situación difícil e inusitada, velando por el cumplimiento de las medidas sanitarias.
El esfuerzo común ha sido imprescindible para hacer frente a este tremendo desafío para la humanidad, no solo en lo sanitario, también en lo social, en lo económico, y que ha afectado de una manera muy importante también a la administración de justicia.

Desde el principio, quienes participamos en la labor de la administración de justicia nos encontramos ante una situación inédita que exigía soluciones urgentes y eficaces.
Y he de señalar que el Ministerio Fiscal, al que tengo el orgullo de representar en la Comunidad Valenciana, las mujeres y hombres que lo componen han demostrado una enorme generosidad y profesionalidad; generosidad, quédense con esta palabra porque se va a repetir mucho a lo largo de esta presentación inicial porque desde el primer momento cumplimos con nuestras funciones, pese a las dificultades, intentando garantizar nuestra obligación, los derechos de la ciudadanía, y especialmente de los más vulnerables.
Por ello, pongo de relieve y agradezco públicamente ante ustedes el magnífico trabajo de todas y todos los fiscales del territorio de la Comunidad Valenciana, su dedicación, profesionalidad y disponibilidad y generosidad en circunstancias tan difíciles y desconocidas que han permitido seguir prestando el mejor servicio posible a los ciudadanos, pese a las restricciones y dificultades impuestas por la situación.

He de reconocer, sinceramente, que para mí también supuso un reto, supuso un reto muy importante.
Tengo que decir que yo creo que pocas veces he trabajado a más en mi vida que durante ese período, pero siempre conté con el apoyo del teniente fiscal de la Fiscalía Superior y de todos los fiscales jefes provinciales y de área.
Juntos desarrollamos una necesaria e importante labor de unificación de criterios de actuación, algo fundamental en la estructura y forma de actuación del Ministerio Fiscal, establecimiento de ratios presenciales de fiscales y funcionarios, formas de trabajo, combinando pues la protección de unos y otros con el ineludible cumplimiento de nuestras funciones, y a su vez, cada uno de los fiscales jefes provinciales y de área -hoy tenemos aquí, aparte del teniente fiscal al que acabo de agradecer su ayuda, a los fiscales jefes de Alicante, Valencia y Castellón- estuvieron pendientes todo el tiempo de los problemas de sus respectivos territorios; por eso, hoy también es necesario reconocer su esfuerzo y dedicación, y ello con el apoyo constante de la Fiscalía General del Estado, que he de reconocer públicamente que fue la que más rápido actuó.
Muy tempranamente, ya el 10 de marzo, el 10 de marzo de 2020 dictó el primer decreto con las primeras medidas urgentes y extraordinarias con las que nosotros teníamos que hacer frente a la situación.

Desde entonces y hasta el 3 de junio, la Fiscalía General dictó 11 decretos con el objetivo de regular y dar soporte a la plantilla para la definición de los servicios esenciales, la utilización de videoconferencias, medios tecnológicos, las medidas de seguridad y la unificación de criterios.
Por ello, también quiero agradecer su trabajo a las funcionarias y los funcionarios de las fiscalías, que han sido esenciales para que nosotros pudiéramos cumplir nuestras funciones.
También aquí su dedicación, profesionalidad y generosidad, de nuevo, han sido fundamentales y han contribuido con su esfuerzo a que nosotros pudiéramos cumplir.

Pero, también es de justicia reconocer y agradecer el esfuerzo conjunto de todos los operadores jurídicos: fiscales, magistrados, jueces, letrados de la administración de justicia, letrados, abogados, procuradores, graduados sociales, médicos forenses, y todos los funcionarios de la administración de justicia, enfrentados todos a una situación nueva.
Pero, de nuevo, con colaboración mutua y generosidad conseguimos intentar garantizar de la mejor forma posible continuar con el trabajo; el mejor ejemplo han sido las comisiones mixtas autonómicas y las comisiones provinciales de seguimiento, que fueron fundamentales para los criterios de actuación conjunta en todo el territorio de la Comunidad Valenciana a nivel judicial y a nivel de la fiscalía.
De nuevo, generosidad y actuación conjunta, que yo creo que es lo que mejor ha definido esta época.

En todo ello ha tenido mucho que ver la conselleria de justicia.
Por eso, en este inicio de agradecimientos, yo quiero reconocerle y agradecerle especialmente a la consellera Gabriela Bravo su gran implicación, su preocupación constante para garantizar la salud de todos, su esfuerzo continuo para facilitarnos los medios necesarios para poder seguir ejerciendo, a pesar de la pandemia, el esfuerzo desplegado durante la crisis para facilitarnos medidas de seguridad para la salud y las herramientas informáticas necesarias y precisas para el teletrabajo, la actividad online y las videoconferencias.

Y porque me parece que es de justicia, también quiero agradecer a la directora general de Justicia, Àngels Bixquert, su total disponibilidad para resolver los problemas de diversa índole que se fueron produciendo.
Tengo que decirles que había mañanas que a las siete y cuarto ya estábamos hablando, entre medio los jefes, la Fiscalía General, a las ocho videoconferencia, la presidenta del TSJ, la comisión, y las once de la noche seguíamos todavía hablando por teléfono.
Bien.

Por todo ello, me parecía de justicia agradecer a todos los que he nombrado su esfuerzo porque ese trabajo conjunto y su generosidad han permitido afrontar de la mejor manera posible una situación inédita y desconocida.

Y ahora nos centramos en la memoria de la Fiscalía Superior.

Respecto de las necesidades personales y materiales.
Bueno, es evidente que respecto de la materia de funcionarios hay que seguir reclamando la creación de las plazas de gestor en todas las fiscalías de área.
Solamente en este momento disponemos de un gestor en la Fiscalía de Elche, de la Fiscalía de Elche-Orihuela, pero no en Orihuela ni en el resto de las fiscalías de área.
La figura de gestor es fundamental si queremos realmente -y nos lo creemos- implantar la oficina fiscal.
Bueno, es una reivindicación de tiempo que hay que seguir haciendo.

Respecto de las sedes e instalaciones.
Bueno, pues ellos están aquí presentes, las sedes de las grandes fiscalías de Alicante, Valencia y Castellón son adecuadas, en su mayoría han mejorado, son edificios nuevos y están bien preparados, pero las mayores deficiencias están en las fiscalías de área.
En general, sería necesario ampliar las dependencias ante el aumento de plantillas de fiscales que no va al nivel de rapidez que quisiéramos, pero eso no depende de ustedes, depende de Madrid, pero también de funcionarios, que eso sí que depende de aquí, que son titulares y de refuerzo.
Tengan en cuenta que la mayoría de los despachos de los fiscales son compartidos por dos y a veces tres fiscales, muchos de ellos interiores y sin luz natural.
En muchos de ellos es necesario una sala adecuada para atender especialmente a las víctimas y a los profesionales que acuden a la fiscalía, porque recibir a una víctima en un despacho, si tienes la suerte de que es individual, aún, pero en un despacho compartido, y si la víctima viene con su letrado y ya son dos personas, pues, es un poco difícil; la intimidad se resiente, y para una víctima y para un profesional eso es muy importante.

Algo que les parecerá baladí pero para nosotros no lo es: los archivos.
En general, las fiscalías de área tienen o un cuartucho de nada para archivo, o estanterías que ponen donde pueden para archivo, o están en los pasillos, o hay que bajarlo al archivo de abajo, al archivo del sótano.
Tanto en materia penal como especialmente en materia civil, tener los expedientes a mano -porque están vivos y siguen vivos- es fundamental, y es una falta de operatividad tener que bajar cada vez al sótano.
Y otra cosa que puede parecer baladí, pero teniendo en cuenta que los fiscales se desplazan a muchísimos partidos judiciales, es la falta de plazas de aparcamiento reservadas.

Respecto de la fiscalía de área de Alzira, que es un poco la reina entre las fiscalías de área porque está en un edificio independiente, cercano a los juzgados, que yo espero que tenga solución porque se habla de un futuro edificio nuevo judicial en Alzira, pero hay un problema que a mí me preocupa y es que no cuenta con…, solamente tiene una salida, la puerta principal, no tiene una salida de emergencia.
Y aunque el Invassat hace constar que la normativa de incendios no obliga a ello, sí que sería conveniente como medida preventiva, y hasta que se produzca ese nuevo edificio, estudiar la viabilidad de disponer de una salida alternativa por motivos de seguridad.
Me es grato también comentar que en la última memoria planteábamos que había un despacho de una fiscal en la fiscalía de Alzira, que además da a la calle, que es una pared de cristal, que tenía una raja enorme, perdonen que descienda al detalle, pero, por fin, de las pocas cosas buenas de la pandemia es que hemos conseguido arreglar determinadas cosas y ordenadores, como luego les contaré, no todo ha sido negativo.

En los medios tecnológicos.
Bueno, pues ha habido una continua mejora de los medios informáticos que nos ha puesto a disposición la conselleria de justicia, se ha dotado de ordenadores portátiles con acceso a todos los servidores, la aplicación informática, en fin.
Al principio de la pandemia no todos los fiscales de la Comunidad Valenciana tenían ordenador portátil, tenemos el fijo del despacho pero no teníamos portátil.
Como primera medida se les habilitó certificados VPN para que pudieran instalarlos en los ordenadores personales en su casa y así poder trabajar desde allí.
Actualmente ese tema está solucionado, todos los fiscales tienen ordenador portátil, y la verdad es que ha sido importantísimo para el teletrabajo, para la celebración de vistas por videoconferencia, porque todos los portátiles tienen cámara, con lo cual está muy bien.

Otro problema es que persiste la incompatibilidad, y esto ya es como un clásico entre el programa Cicerone, que es el sistema de gestión procesal de los juzgados, y el Fortuny de la fiscalía, que viene del ministerio.
Están avanzando y hace poco tuvimos, la semana pasada, no tan tarde como la semana pasada, una reunión para valorar la posibilidad del Visor Horus, que el Visor Horus nos permitiría acceder a los documentos que se encuentran consolidados en Cicerone.
Esto es importante, consolidado, es decir, definitivos y firmados.
Pues todavía no existe, y eso es otra reclamación, un expediente digital propiamente dicho y un expediente judicial electrónico, por lo que solamente se puede acudir a ellos.
Y luego, por otro lado, aunque podamos acudir a Cicerone, a los documentos que existen en este momento, que ya insisto que no son ni la totalidad del procedimiento ni están foliados muchas veces, etcétera, hay otro problema, que es un problema que yo se lo cuento por si alguien desde aquí puede hacer algo, porque llevamos años y depende del Consejo General del Poder Judicial.
En ese momento cada fiscal despacha un lote de trabajo de unos juzgados o un juzgado correspondiente y accede con su clave al Cicerone de ese juzgado.
Pero, a diferencia de los jueces, los fiscales somos todos especialistas, y el fiscal que es especialista en una materia lleva los asuntos de esa especialidad, independientemente de su lote de trabajo.
Con lo cual, yo puedo llevar Instrucción 8 y tener asuntos de la especialidad de criminalidad informática en el 10, en el 5, en el 20 o en el 25.
Y, sin embargo, no puedo acceder a ese Cicerone.
Evidentemente no somos tontos, que si hablas con el compañero o la compañera que lo lleva, pero no es un acceso directo.

Por parte de TIC, de la conselleria, en el tema de informática no hay ningún problema, es simplemente que se trasladó por parte del TSJ al Consejo y, bueno, el Consejo, ésta es la hora, pero hace ya dos años que no ha contestado.
Para nosotros sería algo fundamental.

Ahora datos estadísticos.
Voy a intentar ser breve y centrarme en cosas importantes, primero, por no cansar con las cifras que se nos van y, por otro, porque realmente ha habido una disminución, como ustedes se imaginaran, lógica en todo tipo de datos.

Empezamos por la Fiscalía Superior, en el orden penal.
La Sala de lo Civil y Penal incoó en el año 2020 330 procedimientos penales.
Aquí fue al revés, aumentamos, frente a los 299 del año anterior.
Un aumento del 10,37 %, de los cuales 67 fueron contra aforados, frente a los 81 del año anterior; de ellos, 54 eran contra jueces y fiscales y 13 contra otros aforados.
Aquí es donde hubo el aumento entre magistrados, fiscales y otros aforados, entre ellos el gobierno valenciano y la conselleria de sanidad.

A ver, el año 2020, en lo que afecta a la pandemia, se incoaron ante el Tribunal Superior de Justicia, primero se presentaron dos denuncias:

Una presentada por un particular, por delito de prevaricación, homicidio, lesiones contra el president, la delegada del Gobierno, el subdelegado, el alcalde, la concejal delegada de Cultura Festiva, etcétera, por la falta de medidas preventivas derivadas de la autorización y/o no suspensión de actividades de numerosa concurrencia: celebración del 8 de marzo, Día de la Mujer, y celebración de actividades falleras.

La segunda presentada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, contra todas aquellas personas que, por su condición de autoridad y responsables de la conselleria de sanidad o de cualquier otra instancia pudieran resultar criminalmente responsables.
No obstante, y a pesar de que el escrito de denuncia era muy genérico, sí que, y no citaba de manera expresa a una persona aforada, entendimos que realmente se estaba denunciando a la conselleria de sanidad, y su titular evidentemente es aforada.
Esta denuncia se presentó por delito contra los trabajadores al considerar que no se habían suministrado a los trabajadores el material de protección necesario.

Asimismo, se presentaron cuatro querellas, fundamentalmente contra el president de Generalitat, la consellera de sanitat y otros altos cargos de la conselleria y el alcalde de Valencia, por abandono del servicio público, delito contra los derechos de los trabajadores, denegación de auxilio, homicidio, lesiones por imprudencia, contra la integridad moral y prevaricación.

La Fiscalía Superior lo primero que hizo fue interesar la acumulación de tanto, por un lado, las dos denuncias, como, por otro lado, de las dos querellas, porque realmente los hechos eran idénticos, en lo objetivo y en lo subjetivo, a lo que accedió la Sala de lo Civil y Penal del TSJ.
Y, posteriormente, la Fiscalía Superior informó interesando el archivo de todas las denuncias y querellas por los motivos que están extractados en la memoria, pero que fundamentalmente aluden a la imposibilidad de atribuir responsabilidad criminal, personal y directa a los querellados, con base a criterios formales y objetivos.
En el delito de homicidio por la imposibilidad, lo mismo, de atribuir a los querellados resultados lesivos como consecuencia de la pandemia, con base sobre todo en una sentencia del Supremo que dice que en los delitos de omisión sólo se debe requerir una causalidad hipotética, es decir, la comprobación de si la realización de la acción omitida hubiera evitado la producción del resultado con una probabilidad rayana en la seguridad; y, claro, esto no se producía.
En los de prevaricación porque no concurría ninguno de los elementos típicos de la misma.
Y, en general, porque no había un motivo objetivo para poderlo imputar, hechos concretos, con resultados concretos, con víctimas concretas a personas determinadas.

El Tribunal Superior de Justicia, mediante diversos autos, resolvió, de conformidad con el fiscal, el archivo de las denuncias y las querellas en los términos esencialmente idénticos a los dictámenes planteados por el fiscal.

También se presentó una exposición razonada.
Me explicó, cuando un juzgado de instrucción tiene una denuncia que se supone que puede afectar a un aforado caben varias posibilidades: la lógica y legalmente correcta es que inicie la investigación y, en cuanto aparezcan indicios racionales de la posible imputación de un aforado, los reenvíe al TSJ, pero a veces es más fácil enviarlo directamente.
Entonces, se envía una exposición razonada, que la fiscalía consideró que no estaba justificada, planteó al TSJ que se devolviera, se devolvió para que se continuaran practicando las diligencias y si, una vez practicadas evidentemente había indicios racionales contra una persona aforada, se reenviará.
No se llegó a reenviar y de hecho en este momento están ya sobreseídas y archivadas.

Hubo dos denuncias más contra la conselleria de sanidad, que también fueron archivadas, otros rollos penales.
Y, bueno, la mayor parte de los otros procedimientos contra aforados consisten en denuncias contra jueces, y magistrados y fiscales, aunque en menor incidencia.
54 procedimientos frente a los 77 el año anterior, normalmente por prevaricación judicial y por el simple hecho, como ocurre siempre, de que la resolución judicial no le gusta o no está de acuerdo con las pretensiones de la persona.

En las diligencias de investigación penal la Fiscalía Superior durante el año 2020 ha incoado 35 diligencias, 5 más que el año anterior, fundamentalmente: 11 por prevaricación judicial, otras 5 por prevaricación administrativa, falsificación de documentos, etcétera, de ellas, 26 fueron archivadas, ninguna se remitió porque no se consideró que hubiera indicios ni por denuncia ni por querella en los juzgados, 8 se remitieron a la fiscalía provincial donde era competente, porque era la competente y no se trataba de personas aforadas.
Todas ellas, como digo, archivadas.
Como es preceptivo, en caso de archivo siempre se notifica a la persona denunciante su derecho a volver a presentar esa misma denuncia o querella en el órgano judicial correspondiente.

En el orden civil tengo que decir que hubo una demanda de reconocimiento y exequáturÂ de laudo arbitral.

Y en el orden contencioso, hombre, aquí sí que las especiales circunstancias de la situación de la pandemia de la COVID han tenido su reflejo.
A pesar de los tres meses de actividad mínima, regulando el orden contencioso-administrativo en la actividad de los actos administrativos, no es de extrañar que aumentara el número de recursos contencioso-administrativos.
Durante el año 2020 en los procedimientos del orden contencioso-administrativo, estoy hablando de momento de la Fiscalía Superior, hubo 177 informes de competencia, lo que supone un gran aumento respecto a los 26 de 2019.
Igual ocurrió en materia de derechos fundamentales, que pasaron de ser 12 en 2019 a 72 en 2020.
Si bien es cierto que se observa la misma iniciativa de otros años, es decir, que se plantea como derechos fundamentales algo que son de legalidad ordinaria, pero porque se tramitan mucho más rápido.

En las fiscalías provinciales y de área.
Y ahora ya nos centramos.
Evolución de procedimientos penales.
Para este análisis de la evolución se ha tenido en cuenta los procedimientos de cada fiscalía provincial, incluyendo en ellos el territorio de toda su provincia, lo que supone incluir todas las fiscalías de área y las secciones territoriales.
Estamos hablando del global, salvo la Fiscalía Superior, del global de las competencias de las demás fiscalías.
Ha habido un descenso evidente en todos los procedimientos, previas, diligencias, urgentes, delitos leves, sumarios.
Evidentemente, la situación de confinamiento domiciliario, derivado de la alarma sanitaria, ha sido un factor diferencial en el ejercicio 2020, provocando una disminución de procedimientos judiciales.
Se debió, y sobre todo en especial al período entre los meses de marzo a junio de 2020, en los que el estado de alarma desplegó sus efectos más restrictivos y en los que se produjo casi una absoluta paralización de la actividad jurisdiccional, salvo lo que se consideraron asuntos y servicios esenciales que se mantuvieron siempre y en todo caso.

No les voy a cansar, pero les digo que desde previas, urgentes, abreviados, delitos leves, sumarios, juicios de jurado, han disminuido los escritos de calificación del fiscal también, así como la celebración de juicios de intervención del fiscal.

Respecto de los delitos contra la libertad sexual.
En la provincia de Alicante, en general, se ha producido un descenso, ya que en 2019 se habían incoado 686 diligencias previas, mientras que en 2020 han sido 596.
Si bien las agresiones sexuales descienden, pasando de 192 a 157, aumentan los supuestos de violación que han pasado de 3 a 5.
En la Fiscalía Provincial de Castellón respecto a los delitos contra la libertad sexual han aumentado las agresiones sexuales y abusos a menores de 16 años.
En la de Valencia en general han disminuido casi un 20 % las agresiones sexuales, pero se mantiene casi el mismo número de violaciones: en 2019, cuatro, y en 2020, seis.
También disminuyen los delitos de abuso sexual, pero han aumentado los delitos de prostitución de personas menores de edad o incapaz y, sin embargo, han disminuido los de prostitución de persona mayor de edad.

Violencia de género.
Durante 2020, seis mujeres han sido asesinadas por violencia de género: cuatro en Valencia, una en Alicante y una en Castellón.
El estado de alarma ha incidido negativamente, y esto hay que reconocerlo, en las víctimas de violencia de género, que han estado sometidas a mayor presión y control por su pareja, como consecuencia del confinamiento decretado, y que supuso también una mayor incidencia en la violencia sobre los hijos al estar todos conviviendo en el domicilio familiar.

Durante el período de marzo a mayo disminuyeron notablemente las denuncias.
Evidentemente había que haber un desplazamiento, pero aumentaron considerablemente las llamadas al 016 y al Centro Mujer 24 Horas.

Herramientas que hemos tenido durante este período, que yo creo que es fundamental reconocer:

Las Unidades de Valoración Forense Integral.
Es de justicia reconocer la labor que han desarrollado, la importancia de sus informes, que son estudios integrales y multidisciplinares que requieren diversas actuaciones por parte de los profesionales que lo componen, médicos forenses, psicólogos y trabajadores sociales, y estas valoraciones se hacen a petición del juzgado o de la fiscalía.

Las oficinas de atención a la víctima.
Una buena noticia es que en 2020 se ha completado la red de oficinas de atención a la víctima del delito en la provincia de Alicante, con oficinas en Alicante, Alcoi, Benidorm, Denia, Elda, Elche, Orihuela, Torrevieja, Ibi, Villena, San Vicente del Raspeig, la Vila Joiosa y Novelda.
Hacen una importantísima labor, y también la oficina de denuncias.

Es importante la labor que la policía autonómica realiza en las oficinas de denuncia de la Ciudad de la Justicia de Valencia.
Además, es muy importante que, gracias al convenio de la Conselleria de Justicia con el Colegio de Abogados, las mujeres que acuden a esta oficina de denuncias pueden solicitar que en ese mismo momento les atienda un abogado.
Y he de decir que el cien por cien de las mujeres que denuncian lo hacen asistidas del letrado.
No saben la importancia que eso tiene para las mujeres y que tiene también para nosotros, porque está mucho más encaminado y luego podemos intervenir muchísimo mejor.

De nuevo, para mí es un tema militante y hasta que no consigamos más no pararé, es el artículo 416 de la Ley de enjuiciamiento criminal.
Se mantiene la misma problemática derivada de la aplicación de la dispensa de la obligación de declarar, que, como todos los años, se erige en unos motivos más habituales de los autos de sobreseimiento y las sentencias absolutorias.
Y, por tanto, uno de los problemas más graves que nos encontramos los que tenemos que sostener la tesis acusatoria, bien como fiscal o bien como acusación particular.

Es verdad que el 10 de julio de 2020 el Tribunal Supremo, el pleno, hizo una interpretación que sucintamente establece que cuando la denunciante se ha personado en el proceso como acusación particular después no pueda hacer uso de la dispensa y tiene que declarar.
La verdad es que ha pasado poco tiempo como para poder valorar la incidencia que esta interpretación del pleno del Tribunal Supremo tiene.
Pero es que yo creo que ya no se trata de interpretaciones del pleno del supremo, es que, en una sociedad como la que tenemos actualmente, moderna, no tiene ningún sentido este artículo.

En siniestralidad laboral también, gracias a la situación, han disminuido los accidentes laborales debido, fundamentalmente, al cese de la actividad laboral.
En Alicante, se ha producido un fallecimiento por accidente laboral, frente a los tres del año anterior; ninguno en Castellón, frente a los cuatro del año anterior; y, en Valencia, nueve, frente a los doce de 2019.

Bien, orden civil en las fiscalías provinciales y de área.
En 2020, una de las cuestiones más importantes que me gustaría resaltar es la magnífica -y se me llena la boca, porque es así- labor tuitiva que, durante toda la pandemia, han llevado a cabo todos los fiscales de las secciones civiles de todas las fiscalías y el enorme esfuerzo realizado en tan difíciles circunstancias para cumplir con sus cometidos.
Su intervención, en relación con las residencias de mayores, ha sido fundamental para su adecuada protección.
Han estado en permanente contacto diario con todas las residencias -y lo que digo no es una exageración- para tener información directa y actualizada y así conocer los problemas diarios planteados en esta situación nueva y adoptar las medidas necesarias para su protección, si correspondía a nosotros, o, en su caso, interesar la adopción de la medida de quien correspondiera.

Es de señalar el agradecimiento que han mostrado las direcciones de las residencias por el trabajo y apoyo constante a la fiscalía.
Desde el primer momento, entendieron que los fiscales o las fiscales de civil no llamaban para reñir, para averiguar, para inspeccionar; llamaban, estrictamente, para conocer y ayudar y eso lo han entendido.

Pero, y yo insisto, hoy es un día de agradecimientos, quiero especialmente reconocer y reseñar la importantísima labor llevada a cabo por la fiscal decana autonómica de civil y de protección de personas con discapacidad de la Comunidad Valenciana, doña Ana Lanuza García, que, en contacto permanente y diario conmigo, coordinó con mi delegación el seguimiento de las actuaciones de todos los fiscales de civil de toda la Comunidad Valenciana, en relación a la afección de los residentes de los centros y a defensa de sus derechos.
Ella ha estado en permanente contacto con todos los fiscales delegados de civil de la comunidad, coordinando sus actuaciones, resolviendo dudas, fijando criterios muy importantes.
Y, además, ha tenido una labor que, conociéndola, si ustedes no la conocen, que es tímida, pero lo ha hecho y muy bien y para mí era importante, ha respondido siempre a los requerimientos de los medios de comunicación.
En ese momento, que alguien que tenía de primera mano la información y era información veraz y contrastada de lo que estaba ocurriendo, la llamaban constantemente, y la verdad es que yo creo que esa comunicación de información veraz también, en muchos momentos, ayudaba a tranquilizar a la… y, sobre todo, a que se conociera la realidad que había.

Desde la declaración del estado de alarma, por indicación mía, de esta fiscal superior y de conformidad con lo señalado con la Fiscalía General del Estado, se ha hecho un seguimiento diario.
O sea, yo, cada día, tenía que enviar a la fiscalía general como tres o cuatro informes: unos los lunes, otros los martes, otros los miércoles, otros los jueves…, información de todos los atestados, de todas las situaciones, el seguimiento permanente de las residencias; que, cuando la cosa empezó a bajar, pues, empezaron a ser semanales, lo que se agradeció mucho.

Las circunstancias eran difíciles, sobre todo estamos hablando de todas, pero ahora estoy refiriéndome a la sección civil.
Tengan en cuenta que muchas veces se teletrabajaba en casa -no se podía acceder a la fiscalía-, a través del ordenador y del teléfono.
Y, bueno, se creó algo tan sencillo como un grupo de Whatsapp y no saben ustedes lo que dio de sí, porque integró a todos los fiscales encargados del despacho civil de toda la comunidad; estaban constantemente dándose información y recopilando entre ellos las soluciones que iban dando.
De esa información que se hizo se constató la precariedad inicial, y esto hay que decirlo, de los medios materiales y de personal con que se tenía que actuar en las residencias, cuando además este virus se cebó en las personas mayores y más vulnerables.

De todas maneras, se ha mantenido también comunicación continua con todos los centros residenciales, sean o no de mayores, que han requerido nuestra intervención, con la dirección territorial de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y con la conselleria de sanidad, puesto que muy pronto, gracias a una intervención que tuvimos, comenzó a remitirnos, a través mío, a todas las fiscalías los datos sobre contagios y fallecimientos, que fue una ayuda importantísima para el seguimiento diario de las residencias.

Por ello, desde el principio de la pandemia, la fiscal decana y yo tomamos una decisión, que era abrir diligencias preprocesales civiles en todas las residencias donde se hubieran producido diez o más fallecimientos, con el fin de confirmar la posible vulneración de derechos fundamentales de las personas ingresadas con discapacidad o no.
Estas diligencias se hacen al amparo del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que permite incoarlas para facilitar el ejercicio de las funciones, aparte de las diligencias de investigación penal, de los temas penales.
La registramos de manera distinta de las diligencias preprocesales de incapacidad, que se siguieron manteniendo y se siguieron actualizando, porque queríamos distinguir, porque aquí se trataba de afectar a derechos fundamentales de la persona, independientemente que tuvieran la capacidad modificada o no.

Estas diligencias han sido vitales para el control y seguimiento de las residencias y permitieron un seguimiento prácticamente diario de los problemas que se planteaban.
En Alicante se abrieron diez preprocesales civiles -estoy hablando exclusivamente de las residencias- en las que se requería también la información; algunas fueron archivadas, después de la primera ola, controlado del brote, el primer brote, y otras, cuando se daban situaciones especialmente preocupantes, siguieron abiertas para controlar la evolución.
En Castelló, se abrieron diez diligencias preprocesales civiles.
Y en Valencia dieciocho.

De todas maneras, se mantuvo… La gente no podía venir físicamente a la ciudad de la justicia, pero cualquier intervención de cualquier residencia, cualquier familiar o cualquier duda, ya fuera por teléfono, por Whatsapp o por correo electrónico, se atendió.

Respecto de las preprocesales civiles, estás sí, para las personas con discapacidad, continuaron.
En Valencia, se abrieron 1.
328; en Alicante, 1.
125; y en Castellón, 412.
En la mayoría de ellas, el retraso viene determinado por algo que nos preocupa mucho, que es la tardanza en la elaboración de los informes del médico forense sobre la presunta falta de capacidad de la persona, que no es porque el forense o las forenses no hagan su trabajo, es porque las personas a las que nos estamos planteando modificar la capacidad jamás acuden, pero no hay manera, no acuden nunca, no acuden ni aunque las cite la fiscalía ni el juzgado ni el Instituto de Medicina Legal.

Nosotros nos estamos planteando la conveniencia de la adscripción a la fiscalía de policía especializada en detección de abusos y desprotección de personas con discapacidad, algo similar al Grume o al Emume, en otras materias, que suponga esa policía especializada no solamente para detectar e investigar los abusos, sino también para un acompañamiento al médico forense.
Porque esa es la única forma de que avancemos, conseguir que la persona acuda al médico forense.

Respecto de la tutela penal de la igualdad y contra la discriminación, delitos de odio.
Bueno, todo el mundo sabemos la enorme importancia que está adquiriendo esta materia, tanto por su relevancia, en relación con los derechos humanos, como por su trascendencia mediática.
Es una materia donde el papel del ministerio fiscal, no solo en el ejercicio de la acción penal, que también, sino en la defensa de las personas más vulnerables, se hace especialmente patente.
La sociedad cada vez demanda una respuesta efectiva y eficaz contra los delitos de odio y la fiscalía, como órgano especializado, debe estar a la altura, especialmente para proteger a las personas más vulnerables, y la mayoría de las veces las víctimas de los delitos de odio lo son.
En 2020, se incoaron en Valencia 27 diligencias de investigación penal; en Alicante, 7; y, en Castellón, ninguna.

Me preocupa y nos preocupa mucho la situación de infradenuncia.
Es decir, solamente conocemos entre un 3 % y un 10 % de los delitos de odio que se cometen, quedando los demás silentes, no existen.
Para que se hagan ustedes una idea con la comparación, en violencia de género, donde siempre hemos dicho que es fundamental la denuncia y evitar que no se denuncien, normalmente se denuncian entre el 20 % y el 30 % de los casos; en delitos de odio hablamos de entre un 3 % y un 10 %.
Yo creo que falta también mucha información.
Hay que potenciar campañas que hagan conocer la labor de las instituciones en general, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, de la actuación de las fiscalías en los delitos de odio y animar a que denuncien no solamente las personas que lo sufren, sino, como nos pasa también con la violencia de género, aquellos que lo conocen y no hacen nada.

Menores -ya voy acabando, no se preocupen-.
En reforma, bueno, pues, lo mismo.
Ha habido un descenso de los procedimientos, fundamentalmente porque los menores estaban en casa, cosa que muchos padres de adolescentes han agradecido no saben ustedes cómo, otros no tanto, hay que decirlo.
En la fiscalía provincial de Alicante se han incoado 1.
499 preliminares, casi la mitad que el año anterior, y 999 expedientes de reforma, menos de la mitad del año anterior.
En Castellón, son cifras, 920 diligencias preliminares y 320 expedientes, ligeramente inferiores a las del año anterior.
Y en Valencia, el volumen ha disminuido de forma considerable, muy considerable, lo que supone, principalmente, por las circunstancias de la pandemia.
El hecho, como he dicho antes, de que no pudieran salir de casa los menores o deambular por la calle ha supuesto una rebaja de las actuaciones delictivas, que se ha notado en el número de detenidos, que ha descendido notablemente, y en el número de medidas cautelares, que son, prácticamente, el 40 % del año anterior.

Sin embargo -por eso decía que algunos padres de adolescentes estaban muy contentos de que los hijos estuvieran en casa, pero otros no-, tendencia a la baja que no se ha dado en los delitos de violencia intrafamiliar, que han aumentado.
En el año 2019, fueron un 10,7 % de los registrados totales de delitos y este año suponen casi el 14 %.
Bueno, era lógico, puesto que la convivencia diaria, cuando hay una base de problema familiar, pues, se recrudece.

A este punto, me gustaría poner de relieve que en el año 2020 la entidad pública ha creado el proyecto Creciendo.
Es un proyecto de titularidad pública y gestionado por la Fundación Amigó -una fundación que no hace falta que les nombre la importancia que tiene y el magnífico trabajo que hace con menores, desde hace años, en la Comunidad Valenciana-, con una propuesta de intervención socioeducativa dirigida a lograr la no reincidencia de los adolescentes menores de catorce años, esos con los que no se puede intervenir, mediante la comprensión de estos hechos, la prevención, conductas de riesgo, herramientas, disminución de factores, etcétera.

Se han incoado también expedientes de protección, menores, pero que no les voy a cansar con las estadísticas.
Sí señalar, en materia de protección de menores, que se han incoado varios procedimientos del artículo 158 del Código civil, en los que los progenitores solicitaban autorización judicial para no llevar a los niños al colegio.
La fiscalía se opuso, habida cuenta de que en ningún caso se acreditaban causas distintas al temor de los padres al contagio.
No obstante, las resoluciones judiciales no han acogido la pretensión, bien porque la han denegado, evidentemente, de acuerdo con la fiscalía, o simplemente porque han considerado que no eran competentes y discutían que era una cuestión más de civil, que debía ser una cuestión contencioso administrativa.

En los delitos económicos, en general, en la fiscalía de Alicante, se han incoado cuatro diligencias de investigación penal por delitos contra la hacienda pública, casi la mitad que el año anterior; dos más por delitos de insolvencia punibles, en los que la perjudicada era la hacienda pública.
También se han incoado doce diligencias de investigación penal por denuncias de la seguridad social y nueve por denuncias por la inspección de trabajo, que han aumentado las denuncias.
También han aumentado las querellas contra personas jurídicas, que han sido doce, dos más que el año anterior.
En Castellón también se han incoado siete diligencias de investigación penal y en Valencia, cuarenta y seis, y hay hoy una más que el año anterior; hay que añadir siete en la Fiscalía de Alzira.
De las 19, 10 se iniciaron por denuncia remitida por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social y 19 por la agencia estatal de la Agencia Tributaria.
Ambos han incrementado su labor de denuncia.

En el orden contencioso administrativo, en Alicante han tenido en total 318 asuntos, una disminución generalizada por la situación pandémica, pero que se ha compensado con el volumen de informes, dado que el fiscal ha tenido que informar en cuanto a la ratificación de medidas sanitarias acordadas por la administración sanitaria.
Esta mención es especialmente importante en la ratificación, que ha supuesto mucho trabajo, de medidas sanitarias, que solicitaba la abogacía de la Generalitat y que la dirección general de salud pública ha dictado resolución, adoptando medidas de aislamiento de súbditos extranjeros o personas que venían en patera, contagiadas, en hospitales generales.
En la Fiscalía de Castellón se tramitaron 29 dictámenes de competencia, 13 de derechos fundamentales.
Se instaron solo tres procedimientos de autorización sanitaria para ratificar las medidas de aislamiento obligatorio de personas.
Y, en la de Valencia, se ha solicitado mayoritariamente la autorización del aislamiento obligatorio en su vivienda habitual de personas afectadas o bien en los hospitales, porque se entiende que se hace exclusivamente por su propio beneficio y protección de la salud.

Y con esto, ya no quiero cansarles mucho más, yo creo que les ha dado un poco una visión de lo más general.
Y concluir, pues, como he empezado diciendo, que en la administración de justicia -y aquí tengo una compañera abogada y hay más aquí-, todos, todos hemos trabajado en equipo.
Y me quedo con esas dos palabras: generosidad de todos y equipo.
Y creo que eso ha hecho que todos y cada uno pudiéramos cumplir mejor con nuestra labor y proteger adecuadamente, en la medida de lo posible, a la ciudadanía.

Muchas gracias.

El senyor president:

Muchas gracias por su trabajo y también por su intervención.

A continuación, pasamos a la intervención de los grupos parlamentarios.
Empezaría el Grupo Parlamentario Unides Podem por un tiempo máximo de seis minutos, entiendo que la señora Blanes.
(Veus)

La senyora Blanes León:

Moltes gràcies.

El senyor president:

¡Ay!
No adscrits?
¡Ah!
Sí, pues empezaría entonces… Perdonen, empezaría entonces el diputado no adscrito señor Vicente Fernández García.

El senyor Fernández García:

Gracias, señor presidente.
Con su venia.

Sumarme a lo que ha señalado antes el presidente, agradecer su presencia aquí.
Bienvenida a la casa común de todos los valencianos, igual que al resto de la cúpula de la Fiscalía de la Comunidad Valenciana.

Mire, yo no voy a consumir mucho el tiempo.
Voy a suscitar algunas cuestiones.

La primera de ellas es que me gustaría saber la opinión de la fiscalía con respecto a que en estos presupuestos nuevamente no se está introduciendo la figura de los criminólogos en las unidades de valoración forense integral y en las oficinas de asistencia a víctimas de delito.

Yo querría conocer la opinión de la fiscalía si sería o no sería interesante que los criminólogos se sumaran a la atención de las víctimas.
Las víctimas están bien atendidas por psicólogos, por juristas.
Nos parece adecuado.
Pero creemos que en la lucha de todos contra la violencia de género y contra todos los delitos quizá sería bueno que los criminólogos se sumaran, que se hicieran perfiles criminalísticos de los maltratadores y que quizá esto ayudaría a salvar vidas.

Y lo digo porque yo, como diputado antes en mi grupo y, ahora, no adscrito, he estado en comisión de justicia durante tres años ya o dos años, los dos años anteriores, he presentado enmiendas en ese sentido porque nos han parecido muy interesantes, pero desgraciadamente no han sido atendidas por el gobierno.
Quería oír la opinión de la fiscalía en ese sentido.

Y lo segundo o segundo bloque de cuestiones que quería yo plantear.
Yo me he leído atentamente el informe, la memoria de la fiscalía, la he comparado también con la memoria del TSJ de la Comunidad Valenciana -conozco la de los años anteriores- y yo tengo que ser más crítico… -es mi deber y es mi obligación y creo que debo hacerlo así- más crítico con la labor del gobierno y con la labor de la señora Bravo, fiscal, por cierto, de profesión.
Mi profesión es abogado, quizá por eso sea más crítico en lo que voy a decir.

Como usted sabe, en el 2018 se adelantó un plan con todo tipo de publicidad, que era la nueva cara de la justicia, que iba a suponer una inversión de 200 millones de euros en los juzgados.
Por fin parecía que la justicia iba a dejar de ser el pariente pobre de la administración.
Sin embargo, a fecha de hoy, incluso antes de la pandemia, solo se ejecutaron en los dos primeros años un 2 % antes de la pandemia -durante la pandemia, ahora, pues no lo he calculado-, pero la inversión va con muchos años de retraso -se lanzó un proyecto muy ambicioso-, no llegamos al 8 % del gasto comprometido ni ejecutado.

Y, en este sentido, usted nos ha dicho que hay oficinas de la fiscalía que incluso no tenían… -me ha parecido entender- no tenían salida de emergencia.
Pero es que esta situación se repite en demasiadas ocasiones en nuestros juzgados.
Por ejemplo, los dos años anteriores y este en la memoria del TSJ de la Comunidad Valenciana se recogía que, por ejemplo, en los juzgados de familia de Alicante, los 200, está el personal hacinado en un sótano sin ventilación y sin salidas de emergencia.

También ocurre lo mismo, que incluso tienen la salida bloqueada en los juzgados la calle Pardo Gimeno, 43, de Alicante, o en los de Catedrático Soler, también de Alicante.

En este sentido, y no me lo interprete como una actuación crítica hacia la fiscalía, pero en este sentido ¿no le parece a la fiscalía que se vulnere la seguridad y que se vulnere la prevención en oficinas judiciales, en templos de justicia donde damos justicia a los ciudadanos que pongamos en riesgo a funcionarios, a profesionales y a los usuarios de la justicia?
¿No cree que tendríamos que tener todos los agentes, empezando por los abogados, también por la fiscalía, una cierta actitud más rebelde?
O quizá yo no digo de imputación delictiva, pero pensemos qué pasaría en una discoteca si se abriera por un industrial, por un señor, por un comerciante en un sótano y no tuviera salida de emergencia o estuviera bloqueada.
Probablemente habría una actuación de fiscalía o cuanto menos de la Administración.
¿No creemos que debemos ser un poco más rigurosos en ese sentido con la Administración?

Y la otra gran cuestión que quería plantear a la fiscalía, que es algo que a mí me ha preocupado desde el inicio de la pandemia.
Vamos a ver, los registros civiles ya detectaron en la pandemia que había un exceso de mortalidad, sobre todo al comienzo de la pandemia, de gente que no pudo ser diagnosticada por COVID y que ha fallecido sin ese reconocimiento.

No se nos puede escapar a todos que si estamos ahora reivindicando la memoria histórica y estamos intentando repartir justicia a muertos, asesinados de hace 80 años quizá tendríamos ahora que hacer un esfuerzo de las instituciones, y en este sentido le quiero preguntar, si la fiscalía va a hacer algo para el reconocimiento de todas las víctimas con sospechas de COVID.

Sabemos que hay un montón de gente que falleció con pulmonías bilaterales, con neumonías bilaterales, pero que, como no tenían ese diagnóstico y los forenses no podían inicialmente hacer las pertinentes autopsias, nunca fueron reconocidas como tal.
Creo que la memoria de todos estos españoles, de todos estos ciudadanos que fallecieron, de sus familias exigiría un reconocimiento por nuestra parte.
Yo quiero saber si la fiscalía tiene pensado algo al respecto.

Gracias.

El senyor president:

Gracias, señor Fernández.

A continuación, por un tiempo máximo de seis minutos, la señora Estefania Blanes, del Grupo Parlamentario Unides Podem.

La senyora Blanes León:

Moltes gràcies, president.

Moltíssimes gràcies, senyora Jordá, fiscal superior.

Jo, repassant un poc la memòria, sí que m'agradaria centrar-me, perquè al final les dades que ha dit de tot el que són les àrees de gestió jo crec que les tenim molt clares a la memòria, i no sé si cal incidir molt més.
Però sí que a mi em crida l'atenció una -està clar que mantenim eixa reivindicació d'eixa falta de personal-, és saber si hi ha perspectiva, si ja hi ha eixe…, bé, en un futur més o menys proper de revertir aquesta situació, si tenen constància d'açò.

Després també es parla d'unes infraestructures insuficients.
Evidentment, quan s'amplien els serveis, quan s'amplia el dotar a determinades zones d'eixos serveis jo crec que al final és cert que el que fa és que eixes infraestructures es queden xicotetes.
I jo crec que això cal fer una planificació conforme ve des de la conselleria de justícia, eixe pla d'infraestructures que s'ha d'implementar el més prompte possible.
Però que tal vegada açò de hui per a demà no és sempre senzill.

El que sí que ens ha cridat l'atenció és que hi ha coses que pareixen molt senzilles i que tal vegada pareixeria inclús absurdes posar-les en un informe, però que això denota que coses menors que tenen una solució molt fàcil tampoc s'està posant solució i no sé si per la situació territorial, i permeta'm que li ho argumente un poc.
Em referisc a quan es parla en la secció territorial de Torrevella, per exemple, que no tenen clau en la zona d'arxiu i que això posa en perill la custòdia dels expedients.
Una cosa tan simple de solucionar ens resulta cridaner.
O que no tinguen una màquina destructora de paper.
A mi…, no sé, em pareix inclús vergonyós per a l'administració o per a…, com a autocrítica que tingam que plasmar açò en una memòria, quan la solució podria ser tan senzilla.

I després, el tema, per exemple, d'Oriola en el tema de la falta de persianes per a tindre unes condicions laborals dignes, no?
, els treballadors i treballadores.
I li ho dic perquè després quan es fa menció a altres fiscalies, com siga la provincial de València o la fiscalia de l'àrea d'Alzira, es parla de ressaltar l'esforç de la conselleria.
I li ho dic per…, ¿no queden de vegades massa lluny de la centralitat de València algunes seus i caldria posar un focus més en aquestes zones perquè tots els valencians i valencianes tingam els mateixos drets?

I després parlava precisament d'eixos arxius, que tal vegada se li done menys importància i sobretot per la falta d'espai, doncs pareix ser que si els fiscals han de compartir espai, com no els papers?
Pareix que siguen…, en un grau secundari.
Però sempre es parla d'eixe expedient digital, del paper zero o de tendir a eixe paper zero.
¿Com de lluny estem per aconseguir açò i quins són els mecanismes que s'estan implementant perquè d'una vegada per totes eliminem al màxim tot el que siga els expedients en paper i que siga molt més àgil i sobretot també per a l'accés, etcètera?

Després, vosté ha parlat d'alguns dels temes que s'han portat endavant.
A mi sí que m'agradaria ressaltar algun, perquè ha parlat que s'han incrementat, i molt, d'eixos dotze fins a uns huitanta en temes de drets fonamentals.
No sé si ha comentat si eixos han sigut arxivats, en quina situació es troben aquestos expedients.

O la baixada dels delictes contra la llibertat sexual.
A mi em crida l'atenció, perquè em xoca molt que baixen els delictes, quan estem contínuament veient eixes actuacions que pareix ser que s'incrementen les agressions.
Pot ser que falte un poc d'eixa cultura i eixa pedagogia perquè s'arribe a denunciar, igual que ha comentat en el tema de violència domèstica, que crec que està…, bé, és un pas important que les víctimes que denuncien ja tinguen eixe cent per cent que tinguen un lletrat, però encara estem molt lluny que es denuncie tot allò que ocorre quan diu que estem al voltant del 20 %.

I ahí ja enllace amb el tema dels delictes d'odi.
Uns delictes d'odi que estem…, malauradament, veiem notícies contínues que hi ha un increment molt important i que encara pot ser perquè, com deia, les persones que els patixen solen ser les més vulnerables i les que tenen menys recursos o menys facilitats per a l'accés, i que no saben quins són els mecanismes que han d'utilitzar per a la denúncia.
Per tant, eixes campanyes de denúncia que vosté comentava no sé si jo crec que deurien marcar-se com una prioritat, perquè, evidentment, 27 delictes a València, 7 a Alacant i 0 a Castelló jo crec que no són una realitat del que ocorre.

I simplement, pel que he escoltat un poc per ací, em sembla que no és just per a ningú i, evidentment, és de vergonya haver de comparar víctimes COVID amb víctimes de memòria democràtica.
Jo crec que cal respectar cada una de les seues causes.
Les víctimes de la COVID han sigut reconegudes i crec que s'ha de continuar treballant per a això.
Però jo crec que mesclar aquestos temes no beneficia ni a la llibertat ni a la democràcia.

Gràcies.

El senyor president:

Gràcies, senyora Blanes.

A continuación, por un tiempo máximo de seis minutos, tiene la palabra el señor José María Llanos, del Grupo Parlamentario Comunidad Valenciana.

El senyor Llanos Pitarch:

Gracias, señor presidente.

Señora Gisbert, señora fiscal, agradezco mucho su comparecencia en estas Cortes en el día de hoy y, además, presentando una memoria de un año especial, un año complicado, un año muy difícil.

Si tuviéramos que entrar uno a uno en cada apartado de lo que es la memoria, no acabaríamos.
Pero, por otra parte, tampoco creo que nuestra función sea hacer objeciones a esa memoria o a su comparecencia.
Como sí podríamos, y debemos hacer, respecto de los responsables de lo que es Administración de justicia, como son la consellera, la secretaría autonómica, dirección de justicia, etcétera.

Y ello, además, teniendo en cuenta que creemos profundamente en la independencia judicial y, por tanto, también absolutamente de la fiscalía.
Incluso es usted misma la que nos está diciendo a nosotros algunas cuestiones sobre infraestructuras sobre… fallos.
Nos ha hablado de los archivos.
Quienes hemos trabajado durante bastantes años dentro de una sección, por ejemplo, de una audiencia, pues sabemos que en los noventa, que yo estaba, y primeros dos mil, cómo se almacenaban o cómo se amontonaban los expedientes en pasillos… En fin, ¿para qué hacer más imágenes gráficas?
Y eso es realmente preocupante, absolutamente preocupante.

Pero es que eso pasaba hace 20 años, hace 15 y aún sigue pasando.
Y eso, desde luego, no lo podemos consentir absolutamente nadie.
Por tanto, realmente me parece algo muy, muy, muy preocupante, sobre todo por los ciudadanos que son los que tienen derecho a su privacidad y, desde luego, a que los expedientes no se acumulen como se acumulaban -y parece que se siguen acumulando-, unos encima de otros y, a veces, sin atender a los que tienen mayor prioridad respecto de otros, o deberían tener mayor prioridad, o incluso temporal.
De ahí las dilaciones indebidas que sigue habiendo en nuestra justicia.

Me preocupa también que no se haya puesto en marcha todavía el Visor Horus, que se supone que va a hacer confluir lo que es el programa Cicerone y el Fortuny, de alguna manera para que puedan tener ese acceso.
Evidentemente, no tiene sentido…, que está muy bien la protección de datos y está muy bien la privacidad, pero que fiscalía, porque esté adscrita a un juzgado no pueda por su especialidad, no pueda atender a los casos que responden a su especialidad en otros juzgados en los que no está adscrito, evidentemente no tendría mucho sentido, y en lo que pueda depender de nuestro grupo parlamentario, pues, no sé si con el nuevo Consejo General del Poder Judicial tendremos menos influencia que hasta ahora, incluso, pero, bueno, lo intentaríamos para que espabilen, porque me parece realmente fundamental.

Me preocupa mucho que se hayan incrementado los delitos de prostitución de menores o incapaces en Valencia, al menos, nos está diciendo, habría que estudiar por qué.

Claro, luego hay otras cuestiones que me sorprenden, sinceramente, porque cuando usted hablaba, y lo pone en el informe, pero la memoria, que usted lo ha dicho ahora en su exposición, que han descendido en el confinamiento los delitos, la violencia de género, ¿no?
, y dice que por el confinamiento.
Bueno, eso es una presunción, entiendo yo, es una presunción que sea por el confinamiento.
Porque, luego, por otra parte, nos dice que los delitos laborales han descendido por el confinamiento, eso sí es objetivo; si no íbamos a trabajar, evidentemente no podía haber.
Pero, claro, hacer presunciones…, a veces se crea un ambiente de prejuicio, ¿verdad?
, que a mí me parece realmente, sinceramente se lo digo, me parece realmente peligroso.

Luego, en la memoria hablaba -y aquí lo ha dicho también-; hablaba de la sentencia del Tribunal Supremo, de 10 de julio de 2020, bueno que ya, mejor dicho, no consentía la dispensa del artículo 416 cuando hay una acusación particular por parte de la supuesta víctima, como definitivamente si así se acredita.
Y nos dice: «Todavía hoy no podemos dar respuesta a la incidencia que tiene esta nueva interpretación del artículo 416», y lo ha dicho también en su exposición.
Pero es que, tres páginas después, dice: «La mayoría de sentencias absolutorias han sido por la presunción de inocencia del investigado, en virtud del artículo 24 -evidentemente de la Constitución-, y no por la dispensa de declarar del artículo 416 de la Lecrim, que solo han sido cuarenta y nueve».
Bueno, entonces sí que han sacado ahí unos resultados y me parece un poco contradictorio una cosa con la otra.

Luego, también, volvemos un poco al lenguaje, dice: «Por la presunción de inocencia», bueno, o a lo mejor algunos eran inocentes y nada más, no por la presunción de inocencia del artículo 24, si no es que a lo mejor eran inocentes algunos, entiendo yo, ¿no?
A veces…, claro.

Luego nos habla de sentencias sin conformidad 300, con conformidad 700, hablo de Valencia, 744 y absolutorias 231, y dicen: retirada de acusación por parte de fiscalía, una.
¡Hombre!
, pues, mucho éxito no, porque si absolutorias son 231 y solo se retiró por parte de fiscalía una, pues, bueno, en fin, a mí me sorprende bastante el papel en este caso concreto de fiscalía.

Y, en fin, tenía algunas observaciones más, pero como ya he cumplido mi tiempo y lo he sobrepasado, discúlpeme presidente, agradecerle su comparecencia y simplemente decirle que me sorprende que en el último informe que emitieron a nuestra solicitud de medidas cautelares, respecto de mi grupo parlamentario, respecto de las restricciones que se aplicaron en la Comunidad Valenciana, no hubiera absolutamente ninguna motivación, podríamos esperar un poquito más respecto de su informe.

Nada más.

Muchas gracias.

El senyor president:

Gracias, señor Llanos.

A continuación, por un tiempo máximo de seis minutos, la señora Mamen Peris, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

La senyora Peris Navarro:

Buenos días.

Miren, yo empiezo muy directo: sin fiscalía, de verdad, es que no tendríamos justicia, y yo creo que en esta pandemia se ha puesto en evidencia.

La palabra que lo cambió todo, COVID-19, y nos llevó también a la justicia, y un estado de alarma, y cuando estudias Derecho jamás piensas que el estado de alarma se iba a aplicar, y paralizamos los juicios, y después habría que volver a poner en marcha de nuevo la gran maquinaria de la justicia, que a veces no es fácil, cuando estás dentro es cuando la conoces, y teníamos retos realmente impensables.

Mi primera palabra es gracias, gracias hoy aquí, que estarán los representantes de la fiscalía, gracias por la dedicación, al igual que el personal adscrito a las fiscalías.
Pero, sobre todo quiero poner en valor dos hechos, uno se ha dicho ya: las residencias de mayores.
Realmente esto, pues, yo creo que se vio todo desbordado.
Ha sido fundamental, y lo tengo que decir, el trabajo y el apoyo que se ha hecho desde la fiscalía a las residencias, y esto no lo dice aquí una política representante, es que reuniéndote con el sector, reuniéndote con la patronal, ponía en valor que siempre ha estado a disposición el teléfono de la fiscalía para todas las dudas que surgían.

Igual que yo también tengo que decir que en agosto del 2020, dar las gracias al fiscal jefe de la provincia de Valencia, a don José Francisco Ortiz Navarro, por su valiente decreto del desalojo exprés con el tema de la ocupación ilegal, que le quitaba el sueño a muchos valencianos y, de verdad, pues, bueno, saben que yo siempre he defendido que la ocupación ilegal no es un derecho, es un abuso del derecho, que además estaba generando problemas de convivencia y creo que fue valiente, y poner en valor también esa actuación de la fiscalía.

Miren, yo creo que en un momento de la pandemia lo que hicimos también para nosotros es el reto que comentaba la fiscal jefe, que también lo tuvimos los políticos, es decir, todo era nuevo, yo creo que era apartar ideología, arrimar el hombro y hacer propuestas, y eso es lo que nosotros también hicimos.

Como tengo que entrar en la memoria, yo lo primero que diría es que yo no quiero más señalamientos para el 2024, como no lo quiere ningún valenciano, ni alicantino, ni castellonense, querríamos una justicia ágil, una justicia sin demora.
Pero para eso, no nos engañemos, hacen falta jueces, fiscales, personal de la administración, letrados de la administración, y para eso también haría falta una reforma profunda de la justicia y que en los partidos judiciales no continuáramos teniendo Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, porque ahí ya partimos de un colapso, y por lo tanto esa reforma hasta que no se afronte, pues, la vamos a tener ahí.

Claro, volver a leer en el informe de la memoria que en Torrevieja hace falta un archivo, que no disponen de máquina destructora de papel, la falta de seguridad de acceso a esa fiscalía, que en Orihuela continúan sin persianas y hay días de 26 grados trabajando, pues ¡claro que nos molesta!
, como mejorar las instalaciones de la Fiscalía de Benidorm-Dénia, que no hay espacio destinado a la Fiscalía de Villajoyosa, después lo de la salida alternativa -que ya han comentado- de Alzira, después en la sede de Elche un despacho del Juzgado de Violencia sobre la Mujer para los fiscales por el tema de la intimidad.
De verdad, yo les puedo asegurar que lo he hecho todo a través de preguntas parlamentarias y proposiciones no de ley, y lo he puesto todo esto, estamos en ello.

Bueno, nosotros estamos en fase de enmiendas ahora, en este parlamento, volveremos a insistir, de esto no vamos a parar nuestra actividad, ¿no?
, de decir: hay que ir protestando de estas cosas porque, me van a permitir, pero no es de altura, igual que la referencia que se hace a los 60 euros de presupuesto de material de la oficina de fiscalía, pues me parece tan ínfimo… Y de verdad que sí que se han de decir estas cosas para que podamos saber en qué situación estamos.
Esta memoria es ese diagnóstico que tenemos que decir: hay que darle solución ya a estas cosas.
Pero igual que instalar un fax a la impresora inexistente en la fiscalía de guardia de Valencia… Es que son cosas que no me vale con que me diga: me han puesto el BTM, me han puesto un ordenador portátil, o incluso en algunas memorias acuérdense que hablaban de que hacían falta teléfonos.
Es que hemos de aspirar, que está muy bien, pero hemos de aspirar a algo más.

Mire, en pleno siglo XXI que tengamos que trabajar en las memorias de fiscalía donde aparezcan cosas como: lentitud de los sistemas informáticos, que firmar manualmente es veinte veces más rápido que firmar con el portafirmas, que falte el acceso a (inintel·ligible) …, contar con la versión de Microsoft Fix It actualizada, malas coberturas, correos con escasa capacidad… La verdad es que en materia de tecnología continuamos suspendiendo, y creo que ahora tenemos una oportunidad única con los fondos europeos para, de verdad, de una vez por todas, que esto ya no vuelve a aparecer en ninguna de las memorias.
Y ya no quiero hablar de las compatibilidades o del uso en exclusiva de la aplicación Fortuny en control de presos preventivos y comparecencias en prisión, como le ponía la fiscal provincial de Castellón.

Miren, en el estado de alarma yo sí que digo que me llaman la atención dos datos respecto de la violencia de género.
Efectivamente, las llamadas a los teléfonos que se habilitaron, donde al final lo que ha aflorado no ha sido una violencia tanto física pero sí psicológica, y es una realidad que estamos viendo.
También un dato importante: el impago de las pensiones.
Es curioso que ha descendido en Valencia, pero en cambio en Alicante y en Castellón subían.
Serían datos para analizar respecto del impacto económico de esta pandemia.

La residencia de mayores que a mí me quita el sueño, yo ya estoy pensando en una sexta ola y hacia dónde vamos a ir, es decir, saquemos lo positivo.
Yo creo que ustedes apuntan a algo fundamental, que es el futuro cuando hablas con los profesionales de sanidad: las unidades de hospitalización a domicilio, que es mucho más beneficioso, que se desorientan las personas mayores menos, que están más cercanos a las familias, que no sacarlos de su entorno.
Ese es el futuro, sobre todo para pacientes oncológicos, pediátricos o pluripatológicos.
Miren, yo creo que sería una de las maneras de trabajo en equipo, fundamentalmente de lo que hablábamos antes.

Después, destacar que no pueden sustituir los servicios de inspección de los centros de la conselleria…

El senyor president:

Señora Peris, cuando pueda, vaya acabando.

La senyora Peris Navarro:

Ya lo sé, presidente, es que con seis minutos, con tanto que hay… Después, si hacemos una…

Simplemente, lanzaría a la fiscal jefe una pregunta: ustedes proponen la creación de un servicio no tanto de inspección, sino de supervisión y visitas a residencias, compuestos por fiscales de competencia exclusiva y con la debida formación.
¿Ha habido algún avance en esto?

Después, si el presidente nos da más, continuaremos.

Gracias, presidente.

El senyor president:

Gracias, señora Peris.

A continuació, té la paraula per un temps màxim de sis minuts, la diputada del Grup Parlamentari Compromís, la senyora Nathalie Torres.

La senyora Torres Garcia:

Gràcies, president.

Excel·lentíssima senyora Gisbert, gràcies per comparèixer a les Corts, que és sinònim de comparèixer davant de la ciutadania valenciana en el seu conjunt.

Hem llegit i escoltat amb interés la situació de la fiscalia pel que fa al personal, als llocs de treball i als mitjans necessaris per a treballar en les millors condicions possibles, i esperem que el pressupost de la Generalitat per a 2022 puga corregir part d'eixes necessitats, com per exemple les citades en els mitjans tecnològics amb conseqüències que van més enllà de la lentitud dels sistemes informàtics, que també cal millorar.

Parla de la incompatibilitat entre si Cicerone i Fortuny amb la dificultat derivada per a registrar delictes comesos, per exemple en les xarxes socials, per a la seua adequada classificació penal.
Estem parlant de conductes que van en contra de la dignitat de la persona per motius diversos, que vosté coneix de sobres, i estem parlant també d'amenaces i de coaccions a persones, a famílies, a altres col·lectius, que vosté també coneix molt bé.
L'insuficient funcionament de Fortuny, la falta de mitjans tecnològics i la negativa, com ressenya vosté en la memòria d'alguns òrgans judicials a admetre proves informàtiques si no van acompanyades d'informes tècnics que les expliquen, tenen conseqüències del tot indesitjables com les dificultats amb què entropessa el mateix investigador i la sensació d'impunitat que pot sentir la víctima d'un delicte d'estes característiques.

El problema de la prova informàtica, com explica vosté, està en la identificació de l'autor del delicte perquè l'investigador està a expenses de la voluntat de les empreses administradores de les xarxes socials d'aportar o no dades fonamentals.
Esta obtenció de dades imprescindibles es convertix en un escull insalvable en el cas dels operadors estrangers que no estan sotmesos ni a les lleis ni a la jurisprudència espanyoles, amb el consegüent arxiu de diligències i la impossibilitat de continuar investigant.

A mi m'ha fet l'efecte, llegint esta part de les seues memòries, de percebre una certa desolació en la descripció d'estos casos que vosté explica, i per això li pregunte: no hi ha manera de resoldre una situació que està deixant persones desemparades, sobretot i especialment, com vosté indica, les persones menors d'edat.

Pel que fa a la falta de personal, esta necessitat es concreta en més places dels cossos de gestió i tramitació processal, així com d'auxili judicial.
També deixa constància de la demanda d'especialitzar alguns jutjats de primera instància en família o discapacitat.
La veritat és que en l'edifici que constituïx l'administració de justícia, la primera instància és la porta d'accés de la ciutadania a la justícia.

En el cas concret de les discapacitats, com vosté sap molt bé, el passat 3 de setembre va entrar en vigor la Llei 8/2021, de reforma de la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seua capacitat jurídica.
Amb esta incorporació de la Convenció internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat es modifiquen els codis penal, civil i de comerç, així com les lleis d'enjudiciament civil, del notariat, hipotecària, de la jurisdicció voluntària i del registre civil.
Estem parlant d'una reforma legislativa de gran calat, que els mateixos professionals del tercer sector d'acció social consideren complexa i per a l'aplicació de la qual necessitaran formació específica i exhaustiva de tots els perfils professionals a qui compet.
Apunten també els educadors socials, que celebren la llei, el procés per a modificar les sentències d'incapacitat jurídica anterior a la llei com un problema més per a implementar-la.
En este sentit, la disposició transitòria cinquena, sobre revisió de les mesures ja acordades, fixa un termini d'un any per a revisar les anteriors a la llei, però en els casos en què no hi haja una sol·licitud expressa, serà l'autoritat judicial o el ministeri fiscal els encarregats de fer eixa revisió en el termini de tres anys.

Vistes les seues pròpies peticions de personal, la pregunta que li vull plantejar és si la fiscalia ha realitzat alguna previsió al respecte i té pensat com abordar esta qüestió no exempta de complexitat.

I acabe donant-li les gràcies per la seua generositat, com vosté ha explicat també, i pel seu treball, més important encara si tenim en compte les circumstàncies tan especials en què l'han dut a terme en estos quasi dos últims anys.

Moltíssimes gràcies, president.

El senyor president:

Gràcies, senyora Torres.

Tiene la palabra, por un máximo de seis minutos, el señor José Císcar, del Grupo Parlamentario Popular.

El senyor Císcar Bolufer:

Muchas gracias, señor presidente.

Señora Gisbert, yo me sumo a los agradecimientos a todos ustedes, que ya han hecho anteriormente mis compañeros.

En alguna ocasión anterior ya hemos apuntado que sus memorias nos son muy útiles porque nos aportan muchos datos, mucha información, que nosotros luego podemos utilizar, nos orientan a la hora de plantear iniciativas parlamentarias en los más diversos temas.
Por eso nuestro agradecimiento.

Y si útiles e interesantes son todas las memorias, lógicamente la que hace referencia al año 2020, por cuestiones obvias, pues todavía son más más interesantes.

Sabemos que las consecuencias que la pandemia ha tenido en distintos ámbitos, en el sanitario, en el social, en el económico, pues ha tenido un impacto en la administración de Justicia.
Lo comentaba mi compañera, la señora Peris, y es verdad.
Sabemos que en los órdenes civil y social ya se está señalando para el año 2024.
Claro, eso significa que personas, ciudadanos, que quieren ver reconocidos sus derechos básicos porque tienen necesidad de ello, pues si nadie lo remedia tendrán que esperar a 2024 para que esos derechos les sean reconocidos.
Empresas cuya supervivencia puede depender de cobrar o no cobrar de un deudor, pues también esperar a 2024, igual cuando llega la resolución ya han tenido que bajar la persiana.

Yo sé que no es fácil, y de esto se ha hablado y se ha dicho mucho, pero yo, aprovechando que está usted aquí, yo se lo tengo que plantear.

Desde su punto de vista, sin duda autorizado: qué medidas deberían de tomarse con carácter urgente, ya sean competencia del ministerio, del consejo general, de la conselleria de justicia, para que el atasco no se convierta en colapso, para que no nos tengamos que enterar dentro de poco tiempo que los señalamientos son ya para el año 2025.
Entiendo que la pregunta no es fácil, pero su opinión importa y mucho.

Se ha hecho referencia también prácticamente por todos los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra sobre las deficiencias impropias del año en que estamos, 2021, en las sedes de instalaciones de los despachos de la fiscalía.
Bueno, yo ahí les quiero decir, y ya lo hemos hecho con anterioridad en alguna ocasión y lo vamos a volver a repetir.
Desde mi grupo parlamentario, ahora que estamos en tramitación de presupuestos, vamos a presentar unas enmiendas para que la fiscalía tenga una partida específica de dónde resolver todos estas cuestiones.
Lo que pasa es que luego eso ya no depende de nosotros, depende de que los grupos que dan soporte al Gobierno valenciano las apoyen.
Y sería creo que la manera más efectiva de que todas esas necesidades quedasen satisfechas, porque quienes hemos tenido responsabilidades de gestión sabemos que se nos dice: bueno, pero es que esto está en unas partidas genéricas.
Pero quienes hemos tenido responsabilidades de gestión sabemos que cuando las partidas tienen nombre y apellidos se ejecutan con mucha mayor facilidad.
Las partidas genéricas son auténticos cajones desastre que no permiten muchas veces llegar a todas las necesidades.
Por eso, mañana mismo vamos a registrar todas las enmiendas.
Y entre esas enmiendas se encuentran algunas por importe de 600.
000 euros, que esperemos que esta vez sean aprobadas los grupos de la oposición.

Mire, leyendo la memoria, vemos que se hace referencia a una cuestión, sin duda muy interesante, en que, lógicamente, tras la declaración del estado de alarma y el confinamiento se estableció una coordinación, una unificación de criterios respecto de los posibles delitos de desobediencia a las órdenes de confinamiento durante el estado de alarma.
Como era de esperar, se produjeron vulneraciones del confinamiento y eso dio lugar a causas por desobediencia que, con el transcurrir de los meses, ya ha habido sentencias condenatorias.
Pero, claro, luego llega el mes de julio y nos encontramos con la sentencia del Tribunal Constitucional que declara parcialmente inconstitucional el Decreto de alarma 463/2020, y entre los preceptos que declara inconstitucionales están los que hacen referencia a la libre circulación de las personas.
Como ustedes saben mucho mejor que yo, la Constitución, en el artículo 25, lo que nos dice es que se prohíbe la sanción penal por aquellos hechos que en el momento de su comisión no fueran delito o falta.
En ese sentido yo le quería preguntar: hay prevista alguna actuación por parte de la fiscalía para la revisión de todas esas sentencias que condenaron por desobediencia.

Otra cuestión que les quería plantear, que para nosotros también puede ser muy interesante -bueno, tengo muchas cuestiones, lo que no tengo es tiempo- es la siguiente, tiene que ver con la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Viendo la memoria, y además lo ha citado usted, la Fiscalía Provincial de Alicante hacía referencia a actuaciones contra personas jurídicas en delitos contra la hacienda pública, viendo la memoria, vemos muchos tipos de delitos que se analizan, pues por ejemplo la prostitución o delitos contra el medio ambiente, donde también puede haber responsabilidad penal de las personas jurídicas.
El famoso artículo 31.
bis del Código penal, sobre la falta de control de las empresas por lo que hacen sus empleados, su personal o sus órganos de administración.
Yo creo, y esto es una sugerencia, que sería muy interesante que en las futuras memorias pudiésemos tener en todos los grupos o todos los tipos de delitos más información sobre las personas jurídicas que cometen esos delitos.
¿Por qué lo digo?
Porque también a nosotros nos aportaría información muy importante a la hora de poder desarrollar políticas y a la hora de poder plantear iniciativas en ese sentido.

Y, si el señor presidente me lo permite, muy rápidamente,…

El senyor president:

Vaya acabando, por favor.

El senyor Císcar Bolufer:

…en relación al tema de las nuevas tecnologías, la Fiscalía Provincial de Valencia hace algunas referencias donde habla de falta de formación y preparación específica de los fiscales en materia de nuevas tecnologías.
Entonces, yo le quiero preguntar: ¿sería interesante que la conselleria de justicia realizara formación, no sólo a los fiscales, también a jueces y también a personal, al servicio de administración de justicia en materia de nuevas tecnologías?

Muchas gracias.

El senyor president:

Gracias, señor Císcar.

A continuación, tiene la palabra, por seis minutos, la representante del Grupo Parlamentario Socialista, la señora Rosa Peris.

La senyora Peris Cervera:

Gracias, señor presidente.

Señora fiscal superior, Teresa Gisbert, bienvenida a esta comisión.

Nosotros nos sumamos, por supuesto, al agradecimiento del informe, a las explicaciones que nos han dado y también compartimos lo que usted ha empezado a hablar.
Es cierto que este informe es un informe excepcional, en un año excepcional, como es el 2020, donde la pandemia nos cambió la vida absolutamente a todas las personas.

Comparto su visión de generosidad y profesionalidad en el ámbito de la fiscalía, pero en general de todos los empleados públicos en la administración de la Comunidad Valenciana, que en términos generales ha sido ejemplar, y así lo tenemos que reconocer.

Usted ha hablado en esta etapa tan compleja y tan difícil, donde nada estaba escrito y todo había que ir haciéndolo a marchas forzadas, ha hablado de la voluntad de la fiscalía de garantizar los derechos especialmente de las personas más vulnerables.

Yo no me voy a centrar en el tema de la plantilla.
Evidentemente, la fiscalía siempre reclama más plantilla, y justa es su reivindicación.
Con el tema de las sedes es evidente el cambio que se ha experimentado, no lo dice esta portavoz, lo dice el propio informe.
Y nada que decir con el tema de los medios tecnológicos a disposición de la fiscalía, que va de la noche al día el cambio que se ha producido en los últimos años.

Pero en relación a esas personas especialmente vulnerables, en un momento tan complicado, mire, usted ha hablado de la libertad sexual, de los delitos contra la libertad sexual.
Nos preocupa enormemente porque todos los informes están hablando de que la mitad de esas agresiones sexuales o de delitos contra la libertad sexual, la mitad de las víctimas son menores de edad, la mayoría niñas o jóvenes.
Y, por lo tanto, tenemos un problema gravísimo desde el punto de vista de la libertad sexual, especialmente en el ámbito de los y las menores.

Con el tema de la violencia de género, aunque algunos no se lo crean, aquí lo dijo la fiscal Rosa Guiral, que vino cuando estábamos elaborando el documento de reconstrucción de la Comunidad Valenciana, y lo dicen muchísimos informes, y además lo dice el sentido común, que cuando la víctima se ve obligada a convivir con su agresor durante 24 horas porque estás encerrado en el mismo espacio, por lo tanto, la situación de dolor y de sufrimiento para esas víctimas es mucho mayor.
Yo creo que no hace falta un estudio de Harvard, sino simplemente tener un poquito de sentido común.

Porque es que además también ha ocurrido lo mismo con los delitos de violencia doméstica, aquellos que se han producido en el ámbito de las familias.
Por lo tanto, ese espacio de convivencia, cuando las relaciones en esa familia son relaciones complicadas, o bien de los padres con los hijos, que también, o con las personas mayores, y había situaciones de violencia previa, el confinamiento ha gravado esas situaciones.
Y lo dice, por ejemplo, la asociación ANAR, del número de llamadas de niños y niñas a su teléfono en la época del confinamiento, porque allá donde hay criaturas que sufren violencia por parte de sus padres, tutores o su entorno familiar, y no podían salir de casa, era a través de este teléfono donde muchas criaturas pedían auxilio.
Por lo tanto, donde hay un conflicto, obligar a las personas a convivir 24 horas se incrementa el conflicto, también en el caso de las mujeres víctimas de violencia de género.

Yo creo que, creo no, en su informe habla, tanto de las oficinas de atención a las víctimas del delito, los gabinetes psicosociales, el incremento en las unidades de valoración forense o la oficina de denuncia, que yo también comparto que ha sido un gran acierto, aunque ha tenido sus más y sus menos.
Y, de hecho, estaría bien, y esa es la voluntad de la conselleria, de replicarlo también en Castellón y en Alicante, no solo por un dato que usted daba y es que todos los casos de violencia de género tramitados en la oficina de denuncia han estado con asistencia letrada, sino un dato importante que tenemos es que el porcentaje de sostenimiento de esa denuncia, de mantener esa denuncia hasta el juicio, es mucho mayor cuando esas denuncias han sido registradas, en este caso, en la oficina de denuncia que en cualquier otro, sea en la Guardia Civil o sea en los juzgados.
Por lo tanto, es una buena herramienta.

Sobre mayores.
Mire, usted hablaba de los mayores solos y de verdad que tenemos un problema.
Y yo me anoto la propuesta que ustedes hacen en el informe de la necesidad de elaborar un protocolo de atención de emergencia para que, en situaciones no como la COVID, sino cualquiera otra, tengamos mecanismos para proteger y atender especialmente a las personas mayores, personas dependientes que viven solas.
Yo creo que algunos instrumentos, como los de la diputación de Valencia de hace muchos años, la de «Menjar a casa», o la teleasistencia, son mecanismos que permiten estar en contacto con esas personas mayores, pero seguro que tendremos que seguir avanzando en muchísimos otros.

Y solo dos cosas, presidente.
Uno, en la página 124, en relación a los menores extranjeros no acompañados, que hay un problema a la hora de poder tramitar los permisos de residencia, ustedes comentan o establecen que ha habido problemas de coordinación con la administración de la Generalitat para agilizar y favorecer esos procedimientos.
Me gustaría, si me pudiera avanzar algo más.

Y, por último, cumplimiento de penas TBC, los trabajos en beneficio de la comunidad.
Son la mayoría de las penas en violencia de género y en accidentes de tráfico.
¿Qué ha supuesto el 2020 y la COVID en el cumplimiento de estas penas?

Muchísimas gracias, presidente.

El senyor president:

Gracias, señora Peris.

A continuación, tiene la palabra la fiscal superior, por tiempo ilimitado, para a contestar la pregunta y aclarar las cuestiones que crea oportunas.

La senyora fiscal superior de la Comunitat Valenciana:

Muy bien.

Pues, voy a empezar, de entrada, por el señor Fernández García.

A ver, a mí la criminología me parece una ciencia importantísima.
Yo creo que ampliar todos los estudios, ya no solamente la oficina de valoración integral, incluso… y ahora le explicaré en más cosas, la introducción de un criminólogo a mí me parece que es… O sea, el negarnos a eso es negar a tener una mayor información y una información específica y distinta de la que dan los otros profesionales.
Una cosa son los profesionales de la criminología y otra cosa los otros profesionales.

Yo sí que creo que… Yo creo que el problema que hay es que, primero, hemos de tener esas…, dotar adecuadamente esos equipos, con lo que supone que de momento es el perfil profesional de quienes lo conforman, y que el siguiente paso tiene que ser y tiene que pasar por ahí.
Porque, además, no solamente es un tema de violencia de género, es que es un tema que afecta a cualquier tipo de violencia, que afecta a los menores, o sea, el equipo técnico de la fiscalía y juzgados de menores no tiene un criminólogo y también es importante; que afecta a los juzgados de ejecutorias y la forma de ejecutar una pena tendrá mucho que ver también con el pronóstico de reincidencia o no que haya; afecta para un indulto, ¿por qué no se tiene en cuenta, a la hora de un indulto, un informe criminológico sobre la capacidad, los factores de riesgo que existen para que esa persona vuelva a delinquir?
A mí no me ha de convencer, creo que se me nota.
Entonces, por supuesto que, cuanta más formación y más personas con formaciones específicas tengamos, tendremos mayor información y acertaremos más, tanto en la protección como en evitar.
Menores, ejecutorias, violencia doméstica, violencia de género.
A mí no me tiene que convencer.

Me dice usted que es que usted es más crítico con la labor del gobierno y de Gabriela -me refiero a la consellera-.
Yo creo que se ha notado que yo he distinguido dos bloques en mi intervención.
El primero era el turno de agradecimientos y lo he hecho de corazón; y, luego, ya llega el turno de la memoria, donde he criticado lo que tengo que criticar y creo que es evidente que hay muchas cosas.
Entonces, yo separaría una cosa de la otra.
El que yo diga que se ha hecho bien una labor en un momento determinado, donde había mucho… y se hicieron cosas rápidas, rápidas y en el momento, no quita para que luego yo pueda opinar y dejar constancia de que no todo es así y de que hay deficiencias estructurales y cosas que vienen para atrás.
Pero una cosa…, el que yo haya hecho ese reconocimiento, no significa que no sea capaz de criticar y hacer constar, como se hace en la memoria, y es poner aquí lo que no comparto.

La Fiscalía de Alzira, dice usted que si eso vulnera la legalidad.
A ver, la Fiscalía de Alzira, el Invassat, porque esto se ha hablado y han venido de inspección, el Invassat dice que no hace falta y, legalmente, no es ilegal.
Otra cosa es que estaríamos más tranquilos con una salida.
Ahora usted me pregunta: y por qué no lo hacen.
Pues, porque la reforma es muy difícil y porque, posiblemente, en poco tiempo, esa fiscalía desaparezca y se integre en el nuevo edificio.
Entonces, yo a veces entiendo que es más práctico esperar, si ese nuevo edificio no tarda cinco años, evidentemente, ¿vale?

Lo expuesto de los registros civiles y los fallecidos.
A ver, yo creo que es verdad que, en su momento, al principio, pues, como usted ha dicho, las personas que tenían una pulmonía bilateral a lo mejor no quedó constancia, porque no pudo ser así, de que la causa definitiva de la muerte era debida a la COVID.
La causa técnica era evidente que era esa pulmonía, pero que esa pulmonía no había nacido por una infección cualquiera, sino que era la infección de COVID.

¿Que los familiares tengan conocimiento de eso?
Pues, lo entiendo perfectamente.
¿Que eso sea cuestión de la fiscalía?
No lo es.
Nosotros tendríamos que investigar si alguien nos dijera que esas personas han fallecido porque no se les ha atendido adecuadamente, no se les ha suministrado y tal.
En lo demás, es una labor más bien administrativa que de la fiscalía.
Que yo, insisto, entiendo perfectamente que los familiares tengan todo el derecho, pero, en aquel momento, lo que había que hacer era…, era una situación muy… Y, además, entonces tampoco se tenían los conocimientos científicos que luego han ido viniendo.
Pero ya le digo que, poniéndome en el lugar de las víctimas y lamentándolo, no es una cuestión que le corresponde a la fiscalía.

La señora Blanes.
A ver, respecto de la falta de personal, si hay perspectiva de mejorarlo, pues, sí que hay perspectiva de mejorarlo porque hay que decir que normalmente lo que se hace es aumentar los refuerzos.
Nosotros ya quisiéramos que esos refuerzos, pasado un tiempo, que son estructurales, se conviertan en personas titulares.
Poco a poco, seguimos reclamando.
Pero es que a mí lo que más me preocupa, y por eso he planteado el tema de los gestores, es que ya no es un funcionario o una funcionaria más; el tema del gestor es un cargo muy específico y para organizar una oficina fiscal es como el jefe de personal, que ahora lo hacen todos los propios decanos coordinadores de cada sección o de cada fiscalía o los jefes.
Entonces, en ese caso, es un tema muy concreto.
Que más funcionarios, pues, por supuesto; pero a mí me importaba hacer el cargo de gestor.

Que las infraestructuras.
A ver, Torrevieja.
Yo creo que no se… o yo lo he expresado mal.
Torrevieja tiene dos problemas: uno, que está dentro del edificio de los juzgados, con lo cual, tú vas por un pasillo, sales de un despacho y, de golpe, te ves un mostrador, saltas el mostrador y ya estás es una fiscalía, por eso no tiene llaves.
No, yo no me refería al archivo.
El archivo es una habitación chiquitina, que no nos cabe nada y que ahí está y se van bajando cosas al sótano, si consigues que algún juzgado no te haya cogido tu balda y la tenga ocupada.
Entonces, el tema de Torrevieja es, sobre todo, porque no hay una forma de cerrarlo.
Es verdad que está dentro del edificio y luego el edificio se cierra, eso es cierto, la llave está en la entrada del edificio; pero, hombre, sí que queda muy desangelado que tú vayas por un pasillo, pases el baño, pases…, ¡pam!
, el mostrador y la fiscalía.
Bueno, pues, eso ya lo estamos exigiendo, lo estamos reclamando.

Y, hombre, sí que es verdad que yo creo que a veces es verdad que es más difícil, y así contesto también a…, lo de la capital es mucho más lucidor, evidentemente; en las zonas más alejadas también hay menor conocimiento.
Luego, hay cosas que no dependen tanto de que tú llames a la directora general, sino, simplemente, del de mantenimiento o la de mantenimiento, que no es lo mismo en una ciudad como Valencia o Alicante que el de mantenimiento de un sitio que, además, tiene ocho mil juzgados para mantener, para conseguirte esas cortinas… Pero, bueno, ahí estamos reclamando.

El expediente digital.
Pues, no, no.
El expediente digital… Hombre, que se le espera es evidente, pero no existe en este momento ni expediente electrónico, no nos engañemos.
Lo que hay es algunos documentos que se cuelgan en Cicerone, pero ahí… O sea, tú, cuando llega el momento, tienes que irte al papel y coger el procedimiento y estudiártelo y verlo, porque no tienes ninguna garantía de que lo que en ese momento está Cicerone sea todo o que te falte una pericial importante.
Con lo cual, hoy, de momento, no.

Luego, los delitos contra la libertad sexual.
Bueno, pues, es que hay algún tipo de delito que unos han subido y otros han bajado.

Y, luego, lo de las campañas de delitos de odio.
A ver, yo es que creo que las campañas de delito de odio son fundamentales, pero ya, primero, porque hay un gran desconocimiento.
Eso nos pasaba mucho al principio con violencia de género, que decíamos: hay ocho mil instituciones que intervienen, que tienen medidas, que hay sitios donde acudir, pero están como deslavazados y nadie tiene como un compendio -que ahora ya existe- de todas las medidas a las que una mujer que está en situación de violencia de género pueda acudir, de todo tipo, desde una casa, a ayudas económicas, a ayudas sociales, donde denunciar, todo eso.
Bueno, pues, eso, que nos ha costado un poco con violencia de género, esperemos que no nos cueste tanto con los delitos de odio.

Hace poco tuvimos una reunión todas las instituciones con respecto a este tema.
Y, bueno, pues, por ejemplo, hoy puedo decir que la policía está en contacto, prácticamente a diario, con la sección de delitos de odio de Valencia, porque lo que hacen es intercambiar información, unir, buscar temas; pero a la gente hay que contarle que puede ir perfectamente a cualquier comisaría, que nadie le va a mirar… Es que estamos repitiendo un poco lo que pasaba al principio con la violencia.
Que pueden acudir, que hay gente preparada, que pueden acudir a la fiscalía, que pueden denunciar, que deben de denunciar, que existen ayudas.
Yo creo que esa es la campaña que falta, concienciar, pero, a la vez, decirles: es que estamos aquí y es que sí que hay medios, que los hay, pero se desconocen.

A ver, un poco lo que le he dicho antes, señor Llanos.
Una cosa es felicitar a la consellera, a la directora general, y otra cosa es no tener criterio crítico.
El visor Horus no va a hacer confluir Cicerone y Fortuny, no tiene nada que ver.
El visor Horus es una forma de que la fiscalía pueda acceder a ver, a mirar el Cicerone, pero no los une, no los puede unir porque, además, son incompatibles.
Y, entonces, lo que eso nos permite es, en un momento determinado, pues, vamos a hacer la prueba de intentar, pues, eso, hay documentos que ya están firmados, que están en el Cicerone y que el fiscal los puede ver directamente y, de todo lo que ve, pues, a lo mejor se imprime el 3 % que es lo que le interesa y el resto sabe que está ahí y lo puede guardar.
Pero eso no significa que tenga el procedimiento, ni lo que hay en el visor Horus ni en el Cicerone es el procedimiento; son resoluciones consolidadas y firmadas.
Pero, cuando llega el momento, es el secretario judicial, el letrado de la administración de justicia es quien vigila, de quien depende la seguridad de los expedientes en papel y foliados, y tú… hay una notificación por Lexnet y se imprime y se imprime, o sea que…, aunque luego en Lexnet sí que queda grabada la fecha en que se ha hecho, pero… O sea, que de expediente digital, de momento, nada.

Luego, yo no he dicho que la violencia de género haya disminuido por la pandemia y porque tal, no.
Yo lo que he dicho es que, en el caso de la violencia intrafamiliar de menores a los padres, sí que el hecho de estar en casa -igual no me he expresado bien-, el hecho de estar en casa…, lo estábamos comentando, igual que para las mujeres ha supuesto muchísima más, y lo comentaba también la señora Peris, mucha más violencia psicológica que física, incluso siendo víctimas también los niños, el hecho de los niños con problemas en la familia que han estado en casa evidentemente ha aumentado.
A eso me refería, al confinamiento; pero yo no me refería a lo otro.

Y, luego, la mayoría de las absoluciones.
Bueno, las absoluciones pueden ser porque ha quedado acreditado que la persona denunciada es inocente o porque no ha quedado acreditado que la persona que denuncia haya podido acreditar los hechos.
Y ahí es donde tiene muchísima importancia la dispensa del 416.

No me quiero alargar mucho.
(Soroll de papers) Bueno, yo le agradezco sus palabras en cuanto a la utilidad de la memoria, señor Císcar, porque esa es nuestra intención y no sabe usted la faena que lleva, pero, empezando desde cada uno de cada fiscalía y luego ya, cuando yo tengo que recopilarlo todo, ya ni le cuento, pero bueno.
Pero lo agradezco, porque es nuestra intención.

Lo de vistas civiles y sociales para 2024.
Pues, me parece fatal.
Me parece…, porque además estamos hablando… Siempre se habla del derecho penal, pero una vista social, lo que supone para la persona que tarde todo ese tiempo en tener una respuesta o incluso en temas civiles que también afectan a la vida diaria -porque no todo es el penal, afectan a la vida diaria-, me parece muy mal.

¿Qué medidas urgentes?
Yo, desde luego…, una reforma de la Lecrim es urgente.
El problema que yo veo es que con la reforma de la Lecrim que se está planteando todo el tema de la dirección de la investigación por el fiscal, pues esto posiblemente yo no sé si cuando me jubile esto estará todavía o no, pero sí que hace falta una urgente… O sea, no puede ser que todo sea en papel, no puede ser que no haya casi nada de oralidad, no pueden ser los plazos, no puede ser sobre todo que quepan 8.
000 recursos y que nunca se…, se retrase todo.
Eso me parece.

Y luego, más funcionarios, por supuesto.
Porque sin ellos los demás no hacemos nada, pero, más jueces y fiscales.

Y yo les llamo la atención por algo que me parece una absoluta contradicción.
Además, no sé por qué ha salido…, yo lo conozco por otras razones, pero ha salido hace poco en la prensa.
Ahora una promoción de jueces se ha colocado.
Se han ido todos a Cataluña porque ahí era el único sitio donde nadie quiere ir y donde había plazas, pero hay un montón de jueces recién acabada la oposición, y fiscales, en expectativa de destino.

Eso, aparte de que es una vulneración y no tiene sentido, es una pura contradicción.
Si yo necesito más jueces y fiscales, necesito más juzgados y más plazas de fiscalía.
Y eso sí que es Madrid.
No es aquí, pero ustedes también pueden intervenir.

Entonces, me parece que yo tenga una promoción que ha acabado de fiscales y una promoción que ha acabado de jueces que no tienen plaza porque no hay ningún juzgado libre, más que los que quedaban en Cataluña y se los han llevado.
Y de fiscales, bueno, la número 1, que además es de aquí de Valencia, que se fue a Canarias, pero los demás, el 70 % de la promoción están a la expectativa de destino, que te vas a un lugar donde ayudas, pero, claro, eso no es, eso no es.
Y, además, es ayuda hasta que…, ahora ha habido un concurso, han concursado todos y esa ayuda ha desaparecido.
Eso no es algo que se mantenga.
Es una forma de hacer prácticas, pero eso no es, porque ellos ya han hecho sus prácticas y ellos ya tienen que tener plaza en propiedad.
Y no hay.
Entonces, yo creo que habría que combinar una cosa con la otra.

La partida específica de los presupuestos.
Esto yo creo que la primera vez que viene ya lo hablamos en su momento, y aún seguimos.
Totalmente, de acuerdo.
Porque, además, a la hora de valorar, estamos perdidos en el magma de los juzgados, de la justicia y de tal, y lo que es para la fiscalía no existe, determinado, concreto, cantidades.
Pero es que además esto no pasa aquí.
Esto pasa en Madrid.
O sea, a los presupuestos de la Fiscalía General del Estado le pasa exactamente lo mismo.

Esto ¿por qué pasa?
Por algo que no paramos de repetir, que es la autonomía presupuestaria del Ministerio Fiscal.
No podemos ni debemos depender del Ministerio de Justicia.
Pero autonomía presupuestaria, incluso autonomía disciplinaria, una autonomía que es lo que realmente le hace falta, autonomía en materia de decidir qué cursos de formación son necesarios, cuándo se hacen, a qué van dirigidos… en el centro de estudios jurídicos, que es donde… Pero esa autonomía presupuestaria nos hace falta desde la fiscalía general hasta Alzira.
Y eso es fundamental, porque así sabremos y podremos reclamar y veremos en qué se ha gastado y qué cantidad nos han dado en comparación, porque la única forma de poder comparar y criticar es conocer.
O sea que ahí, totalmente de acuerdo.

Y, luego, efectivamente el delito de desobediencia.
Evidentemente, la sentencia que declara inconstitucional ha supuesto un cambio fundamental.
La fiscalía ha actuado.
Tengo que decir que la única consulta que se ha hecho, y la primera, porque no se han hecho más, se hizo desde el fiscal coordinador…, -perdón- el fiscal de área de Elche: elevó una consulta a la fiscalía general, la fiscalía general nos dio la razón y en este momento no solamente se revisa, sino que…, porque, claro, los que ya han ejecutado y ya es sentencia firme y cumplida ya no se puede modificar.
Pero se están retirando muchos escritos de acusación en los juicios por parte del Ministerio Fiscal.
Porque, claro, no puedes acusar a alguien de un delito que no era delito -ahora que lo sabemos- cuando se cometió.
Y que además tiene mucho que ver porque son gente que además en su momento no valoró lo que suponía la desobediencia, pero ahora quiere ser guardia civil, por ejemplo.
Y, entonces, claro, esos antecedentes como que no… ¿verdad?
Entonces, sí; sí que hay previsión y, es más, nos adelantamos, se adelantó el fiscal jefe José Antonio Artieda de Elche, se presentó la consulta, nos dieron la razón y se está actuando así en todo el territorio de la comunidad.

¿Y más formación en materia de nuevas tecnologías?
Mire, le tengo que decir que con lo que hemos vivido estos meses nos hemos autoformado a una velocidad increíble.
Hemos aprendido de esas videoconferencias que empezabas y no sabías si estabas en un avión, luego era el mar, luego te veo, pero no te oigo, y te oigo, pero no te veo.
Hemos tenido que aprender muchísimo.

Y, hombre, en materia de formación, sí.
Por ejemplo, ahora vamos a hacer ya -está previsto- proyectos pilotos de Visor Horus, que se van a hacer en Castellón, se van a hacer en Gandía, se van a hacer en juzgados de primera instancia y tal.
Y para eso va a haber formación para los fiscales y para los funcionarios.
Cuando se implanta una herramienta nueva hay que decir que sí que se da.
Pero de verdad que lo que llevamos nosotros solos en todo este tiempo hemos aprendido muchísimo.

Yo, la oficina de denuncias, creo que lo he dicho antes, y me parece importante, y comparto totalmente, Rosa, señora Peris, lo de que… «¿por qué llegan las denuncias que se presentan en la oficina de denuncias…, llegan mucho más a la…, hasta el final se mantienen?
» Por el asesoramiento del letrado desde el primer momento.
Es que es fundamental.
Las fuerzas y cuerpos de seguridad lo hacen muy bien, trabajan muchísimo, pero ese asesoramiento hace que esa primera decisión se tome de una manera mucho más consciente de lo que va a pasar después.

Entonces, no puedes decir: «Denuncia, denuncia».
Y no explicar: «pero, a continuación, tendrás que… y pasará esto, irás allí y no sé qué».
Entonces, ese asesoramiento de los letrados o las letradas desde el primer momento me parece una maravilla, y esto es lo que lo demuestra.

Los MENA.
A ver, en el tema de los MENA es que lo que no puede ser es que, aparte de que son MENA y cumplen 18 años, no tengan la documentación y que pasen dos años y no tengan la documentación.
Entonces, eso es un tema que nos ha preocupado y que hemos reclamado muchísimo, porque eso afecta totalmente a sus derechos.
Y porque además pasa como cualquier extranjero mayor de edad que entre: residencia, trabajo; trabajo, residencia, papeles.
Pero si encima lo tenemos tutelado desde hace año y medio, o dos años o diez años, no puede ser.
Y ese es un problema que existe y a eso hay que ponerle solución porque afecta a los derechos.

En cuanto a lo que me dicen de los trabajos en beneficio de la comunidad.
Hombre, se han hecho valoraciones.
Lo que se ha intentado es cambiar.
Como en la época en que no se podía hacer los trabajos en beneficio de la comunidad por el estado de alarma eso se ha tenido en cuenta por los juzgados de vigilancia en todos los tipos, tanto en violencia de género como en cualquier otro tema que se haya hecho.
Se ha valorado y en algunos casos se ha compensado con otro tipo de medidas o se ha dado por…, con el hecho de que alguien estuviera pendiente y a disposición de…, por ejemplo, por si era llamado o pudiera salir, se ha tenido en cuenta, se ha hecho una valoración.

Y yo creo que con esto no me dejo alguna…

El senyor president:

Muchísimas gracias por su intervención.

Yo creo que los grupos ya no quieren solicitar más la palabra.
Por tanto, daríamos por concluida la comparecencia, agradeciéndole el trabajo que realizan desde la fiscalía y, evidentemente, también que haya venido a comparecer y explicarnos la memoria del año 2020.

La senyora fiscal superior de la Comunitat Valenciana:

Un honor y un placer.
Gracias.

El senyor president:

Muchas gracias.

Se levanta la sesión.

(S'alça la reunió a les 13 hores i 10 minuts)