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Comissió especial d'estudi sobre la possibilitat d'una àmplia reforma de l'Estatut d'autonomia de la Comunitat Valenciana realitzada el dia 27 de juny de 2018.
Comença la reunió a les 10 hores i 8 minuts.
Presideix la diputada senyora Rosa Peris Cervera.
Reunió número 14.

La senyora presidenta:

Señorías, comenzamos la sesión y le pedimos a la señora Catalá que compruebe el quórum de la mesa.
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, de la comisión.

(La secretària passa llista per tal de comprovar si hi ha quòrum)

Gracias, María José.

Compareixences de les persones incloses en el pla de treball aprovat per la Comissió especial d'estudi sobre la possibilitat d'una àmplia reforma de l'Estatut d'autonomia de la Comunitat Valenciana

La senyora presidenta:

Empezamos las comparecencias previstas para hoy con la señora María José Añón Roig.

Compareixença de la senyora María José Añón Roig, catedràtica de Filosofia del Dret de la Universitat de València

La senyora presidenta:

Ella és catedràtica de Filosofia del Dret en la Facultat de Dret de la Universitat de València.
És llicenciada i doctora en Dret per la Universitat de València.
Té un currículum ample, extens, del qual ella em diu que Â«soles destaque he sigut directora de l'institut de drets humans, del 2005 al 2010, en la mateixa universitatÂ».

Senyora Añón, benvinguda a esta comissió.

Coneix la dinàmica.
Té una primera intervenció de deu minuts i moltíssimes gràcies per haver acceptat la invitació.

La senyora Añón Roig:

Muy buenos días a todas y todos.

Muchas gracias.

En primer lugar, quiero agradecer la invitación de los partidos que me han propuesto a comparecer en esta comisión y, también, me siento reconocida en estar aquí y, también, me interesa especialmente un proceso institucional como puede ser el modificación del Estatut de autonomía de la comunitat.

Pero yo voy a centrar mi intervención únicamente en un aspecto que es el más relacionado con los derechos estatutarios.
No solo por la limitación de tiempo, sino porque creo que modestamente es en lo único que puedo aportar algunas ideas.

También me gustaría comenzar diciendo que valoro enormemente o de forma muy positiva que los estatutos de autonomía y, en concreto, el Estatuto de autonomía de la Comunidad Valenciana incorporara derechos y principios en la reforma de 2006 y creo que me voy a centrar, digamos, mi argumentación fundamental va a fijarse precisamente en qué medida el poder autonómico es un ámbito de poder especialmente idóneo para profundizar en los derechos y, en especial, en los derechos sociales.
Creo que este es el punto, digamos, o la tesis un poco que voy a tratar de presentar.

Y, fundamentalmente, creo que por dos razones básicas, que no voy a exponer las voy a dar por sentadas, la primera es por.
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, en qué medida esto supone una defensa y una vigorización, vamos a decirlo así, del principio democrático.
Es decir, de la vinculación entre el poder autonómico, la autonomía y la democracia vinculada también a un núcleo de derechos que identifican ese poder autonómico.

En segundo lugar, porque.
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, el segundo argumento básico que me parece es la relación entre estado autonómico y estado del bienestar.
No creo que se pueda hablar de uno sin el otro.

El estado de bienestar tiene un sentido muy especial o muy idóneo a partir de un enfoque del nivel de este ámbito que nosotros llamamos el poder autonómico, el más cercano al ciudadano, el más cercano a la preocupación por la calidad de vida y por el bienestar y cómo se interpreta la responsabilidad por el bienestar de la ciudadanía.

Entonces, estos dos argumentos me parecen centrales para defender esta tesis.
Es positivo y es muy adecuado que los estados.
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, perdón, que el Estatuto de autonomía reconozca derechos.

Con esto ya.
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, no vamos a entrar aquí, pero doy por superada toda la discusión que hubo en el contexto de los constitucionalistas españoles en la segunda generación de los estatutos de autonomía por la incorporación de estos derechos, que en ese sentido entiendo que el poder autonómico no es un riesgo ni un conflicto para los derechos, sino, al contrario, una posibilidad, una oportunidad de profundizar en ellos.
Esta sería mi tesis.

Además, me parece que.
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Y, ¿cómo se puede hacer esto?
, sería la cuestión.
¿Cómo podemos profundizar en los derechos?
Pues fundamentalmente asumiendo que los derechos hoy.
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, los derechos, vamos a llamarlos en nuestro caso institucionales -ya sabemos que no son derechos fundamentales, no son derechos constitucionales-, son derechos para la ciudadanía de la comunidad autónoma, pero establecen obligaciones, vínculos y límites.
La función de los derechos es siempre la misma: establecer vínculos y límites al poder y reconocer derechos a las personas.

Esta idea de establecer vínculos y límites es la fundamental en mi opinión.
Y esto significa que los derechos pueden ser vistos como unos derechos, vamos a llamarlo así, multinivel y unos derechos que protegen tanto.
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, obtienen tanto una dimensión objetiva como subjetiva.
Y en las dos dimensiones hay que trabajar.
No se trata de trabajar solo para reconocer espacios de protección subjetiva de las personas, sino, sobre todo, para establecer también obligaciones y responsabilidades que asumen los poderes públicos, que sería la vertiente objetiva de los derechos.
Esta segunda yo considero que es tan importante como la primera.

Entonces, ¿qué propondría yo?
Yo propondría que para desarrollar con mayor profundidad los derechos podemos fijarnos en los.
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, vamos a decirlo así, en los estándares o hacer una lectura, una reconstrucción, vamos a decir, de la concepción de los derechos a partir del ajuste de los derechos con el marco normativo, el armazón, la arquitectura que nos proporcionan los derechos humanos.

En este sentido, creo que.
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, o entiendo que el estatuto.
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¡Uy!
, me quedan cuatro minutos.
Voy a ser muy.
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, voy a tratar de resumir mucho.
En este sentido, creo que los derechos estatutarios, los derechos que en este momento ya se encuentran en el Estatuto de autonomía, pues se ajustan bien a algunos parámetros que nos proporcionan los derechos humanos, como son básicamente comprender que los derechos constituyen un conjunto unitario, que no hay diferencias jerárquicas ni de importancia -vamos a decirlo así- entre los derechos que constituyen un conjunto unitario y que todos son de alguna manera interdependientes.
Quiere decir, algunos para alcanzarse necesitan el concurso de otros y, en todo caso, ninguno puede realizarse a expensas de eliminar o vaciar de contenido un derecho.

Pero además nos proporcionan yo diría tres líneas o tres vías de actuación.

La primera es considerar que es una.
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, es razonable tratar de presentar los derechos determinando el contenido de los derechos.

Determinar el contenido de los derechos puede hacerse básicamente a partir de dos vías.
Una es la de identificar lo que son los atributos o los elementos fundamentales de los derechos.
Con el armazón de los derechos humanos podemos decir que estos principios básicamente son idoneidad, accesibilidad, disponibilidad, adaptabilidad y calidad, y estos principios nos sirven para identificar los elementos esenciales de los derechos, especialmente de los derechos sociales.
En segundo lugar, la determinación de las obligaciones.
Determinar cuáles son las obligaciones que comporta cada derecho.

Si adoptamos estas dos perspectivas, el conjunto de derechos que aparece en los artículos básicamente del 8 al 18 o al 19 podría sistematizarse yo entiendo de una forma más clara, siguiendo algunos criterios sistemáticos que ahora no tienen, sino que aparecen, primero, algunos derechos en relación con la administración y las distintas administraciones -por ejemplo, el acceso a la justicia está dentro de los derechos de la administración-; luego, hay una serie de derechos sociales, pero que no están sistematizados y, luego, algunos derechos de carácter político, fundamentalmente el derecho de participación.

Todo esto se podría pensar de una forma más sistemática, pero, de alguna forma, lo que me parece positivo del Estatuto, lo que no habría que romper es esta idea de que en realidad todos los derechos tienen un mismo valor, ¿no?
, un mismo valor y son interdependientes.
Yo creo que esta idea hay que profundizarla.
No hay unos derechos más importantes que otros.

Para determinar las obligaciones, también el armazón de los derechos humanos nos proporciona dos esquemas muy claros: uno, el de las obligaciones que se llaman inmediatas y, otro, el de las obligaciones a más largo plazo.

Entre las obligaciones inmediatas.
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, no me da tiempo ahora a desarrollarlas, pero podemos verlo luego brevemente.
Y las obligaciones a más largo plazo comportan tres tipos de obligaciones: la obligación de respetar, la obligación de proteger y la obligación de realizar o garantizar.

Y estas tres obligaciones, según Naciones Unidas, son fundamentales para.
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, es preciso, podemos decir, determinar cada derecho en función de todos estos tres tipos de obligaciones.

En ese sentido, yo creo que en el Estatuto de autonomía, que se reconoce solo la obligación de respetar y la de proteger, porque aparentemente parecen ser las más sencillas de realizar.
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, sin embargo, creo que sería un avance importante si ajustáramos el precepto a las normas de derechos humanos y se reconociera también esta tercera obligación, la de realizar o garantizar.
Algo que, por otra parte, se hace a través de la legislación, a través de las políticas públicas, es decir, no es que no se hace.

Por ejemplo, podríamos decir: hay una obligación, de acuerdo con Naciones Unidas, que es la obligación de no regresividad.
Una vez se alcanza un determinado estatus para un derecho con un determinado alcance y un determinado reconocimiento de sus titulares no se puede hacer reformas regresivas.
Esto estaría prohibido, de acuerdo con los principios de Naciones Unidas.

Esta obligación es fácil, porque es una obligación de no hacer.
Es una obligación de respetar y de no hacer.
Sin embargo, es una obligación que en muchos casos.
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, una prohibición que se ha incumplido en muchos casos cada vez que se han hecho legislaciones que lo que han hecho es retroceder o bien en la titularidad o bien en el contenido de los derechos.

Y en tercer lugar.
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, por lo que respecta a las obligaciones, en tercer lugar estarían las garantías.

Podemos decir que las garantías nos permiten reconstruir casi la teoría de los derechos.
Y las garantías se desenvuelven en dos planos: las garantías que afectan a los sujetos obligados, determinando quienes son titulares de esos deberes o de esas obligaciones y las garantías que están más relacionadas, podemos decir, con las distintas esferas o niveles de responsabilidad con respecto a los derechos.

En relación con los titulares, las garantías de los derechos fundamentales son de carácter político.
La garantía más importante es la del legislador y la garantía más importante es el desarrollo a través de leyes de las normas -sí, ¿me dejáis un minuto?
-.
Pero junto a este desarrollo.
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, esto significa, cada vez que decimos: es que los derechos son de desarrollo legal -que no son constitución, son de desarrollo legal-, estamos queriendo decir: es que el legislador puede con ellos hacer lo que desee.
Y no es esto, primero, porque los derechos tienen un contenido esencial que, en todo caso, obligan al legislador; segundo, porque el legislador.
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, o sea, puede moverse, pero dentro de unos parámetros.
Por ejemplo, considerar que le vincule esta prohibición de regresividad en materia de derechos fundamentales.

Pero, además, en este sentido, a veces insistimos demasiado: que haya garantías judiciales para los derechos.
Pero es que los derechos, sobre todo los derechos sociales, su garantía fundamental es la de la legalidad.
Es la de legislar con carácter general para todos los que tienen derecho a acceder a algo.
La respuesta judicial ha de ser ex post y solo nos va a dar una respuesta para un caso de violación de una situación concreta, pero no nos va a dar una respuesta global.

Por tanto, las garantías judiciales son importantes, pero no tanto como las garantías legales, vamos a decir, tanto formales como materiales.

Y en este sentido, yo aquí apuntaría -y con esto termino- que quizá lo fundamental sería desarrollar garantías de carácter político o semipolítico a través de órganos independientes de control del cumplimiento de la legalidad en materia de derechos fundamentales o del cumplimiento de la legalidad en materia de derechos fundamentales o del cumplimiento de los derechos fundamentales.

Por ejemplo, en el Estatuto de autonomía no están las garantías de los derechos, pero hay algo apuntado en la carta de derechos sociales de la Comunidad Valenciana.
Bien, sería desarrollar esto.
¿En qué sentido?
Desarrollarlo en el sentido de decir: bueno, pues una garantía es que los derechos vinculan a los poderes públicos, establecen obligaciones y que intervienen una serie de órganos que pueden supervisar el cumplimiento y la interpretación de la legalidad.
Por ejemplo, el Consejo Jurídico Consultivo, el Consejo Económico y Social, por supuesto el Síndic de Greuges, por supuesto, también puede haber otro tipo de órganos.
Por ejemplo, y con esto… Bueno, ¿lo puedo dejar para luego explicar una cosa?
Vale.

Pues ahora, el último elemento sobre el que yo quisiera llamar la atención -y con esto termino- sería también repensar si convendría o no incorporar un artículo que fuera sobre principios rectores, introduciendo en estos principios todo lo que serían principios transversales a todos los derechos, como, por ejemplo, principio de no discriminación, como por ejemplo la perspectiva de género, como… Y aquí nos podríamos atrever incluso a incorporar como principios el de prohibición de regresividad en materia de derechos, en este sentido cumpliendo normas, vinculándonos a normas de carácter internacional.

Y, bueno, voy a terminar aquí.
Me he excedido demasiado en mi intervención, pero muchas gracias.

La senyora presidenta:

Gracias, señora Añón, por su intervención.

Ahora daremos paso a los grupos.

En primer lugar, por parte de Ciudadanos, el señor Subiela por cuatro minutos.

El senyor Subiela Chico:

Sí.
Gracias, presidenta.

Buenos días, señora Añón.

Mire, usted ha centrado toda su intervención en los derechos estatutarios y me he centrado yo también en las preguntas en este tema.

Usted de hecho los ha vinculado con el mantenimiento del estado de bienestar.
Incluso yo le pregunto…, me gustaría preguntarle si usted cree que es necesaria una reforma urgente del Estatuto de autonomía para asegurar el estado del bienestar.
Me explico.
¿Usted cree que no se profundizó suficiente en el Estatut de 2006 en el tema de derechos estatutarios?
¿Cree que solamente esa parte motivaría una necesidad de una reforma del Estatut?

Lo digo porque, claro, tenemos una reforma del Estatut pendiente de aprobar en el Congreso de los Diputados, que no sé si es una oportunidad perdida o usted cree que esa pequeña reforma que se aprobó y se llevó allí, que habla solamente de mejorar la inversión del estado en la Comunidad Valenciana, ¿es suficiente, es una oportunidad perdida, como le he dicho antes?
¿O esa mejora de inversión repercutirá en una mejora de derechos?

Más que nada porque luego usted ha hablado de respetar, proteger y realizar o garantizar.
¿Hace falta cambiar el Estatut para garantizar o realmente lo que hace falta es un cambio de políticas de los ejecutivos autonómicos?
¿Me explico?

Yo creo que los derechos…, o aquí por lo menos se ha discutido en esta legislatura muchas veces que los derechos están en peligro porque falta financiación y sin financiación no podemos aplicar las políticas que se utilizan.
Entonces… Pero la financiación no tengo yo claro que la podamos solucionar con el Estatut.
Creo que son las políticas, y ya no de este gobierno autonómico, sino del gobierno central, el que está impidiendo que mejore la financiación de esta comunidad.

Entonces, al final la pregunta se reduce a eso: ¿si se reforma el Estatut se puede aprovechar para reformar esto o este tema es suficientemente importante como para motivar una reforma del Estatut?
¿Por qué cree que es necesario en esta comunidad?

Gracias.

La senyora presidenta:

Gracias, señor Subiela.

Por parte de Podemos-Podem, la señora Cabedo, por cuatro minutos.

La senyora Cabedo Laborda:

Gràcies, senyora presidenta.

Benvinguda, senyora Añón, i gràcies per la seua compareixença.

La veritat és que m'ha paregut interessantíssima i li l'agraïsc.
Per tant, si té alguna cosa elaborada per escrit, jo, i crec que la resta també, li agrairíem si ens ho pot fer arribar.

Li vaig a fer algunes preguntes sobre algunes qüestions que m'anaven venint a la ment mentre l'escoltava.

En primer lloc, vosté ha parlat com els estats autonòmics diguem que són no sé si dir millor per a construir eixe estat de benestar perquè estan més propers de la ciutadania.
Volia preguntar-li si tot el títol que està vinculat a l'administració local si vosté creu que se podria confeccionar d'una altra manera o afegir-li alguna cosa, perquè inclús dins del que és l'autonòmic eixa descentralització en els municipis que encara estan més a prop de la ciutadania encara puguen aprofundir més en aquestes qüestions.

Després vosté ens ha relacionat i ha parlat molt de com confeccionar els drets socials de l'Estatut baix eixa arquitectura dels drets humans.

Va n'hi haure un anterior compareixent que ens va dir indicar com la vinculació del compliment d'eixos drets socials respecte als poders públics en les comunitats autònomes a vegades era més difícil perquè no se consideraven drets fonamentals.
I ell ens parlava que en el marc estatutari hauríem d'aprofundir, apel·lar a declaracions de drets humans o a drets fonamentals d'una forma més explícita, perquè seria una forma de vincular més al legislador.
No sé si vosté coincidix en eixa perspectiva o no.
M'agradaria si poguera parlar-nos sobre açò.

Després vosté ha mencionat el dret de participació.
I m'agradaria si poguera indicar-nos com desenvolupar millor eixe dret de participació o de quina forma creu que l'Estatut el podria incloure en el propi text, quant a determinació d'obligacions, per exemple, que vosté ha parlat.
Ha parlat de contingut, d'obligacions i de garanties.
Quant al dret de participació, ¿com creu vosté que se podria configurar açò?

I després, per últim, per a nosaltres ha sigut molt important abordar eixa problemàtica d'eixa voluntat política de després desenvolupar eixos drets socials, perquè si no se desenvolupen moltes vegades acaben amb una desafectació per part de la ciutadania d'eixe propi text estatutari, o constitucional o com li vulguem anomenar.

Per tant, l'última pregunta seria: ¿eixos òrgans que haurien d'haver com a garantistes del desenvolupament d'eixos drets, creu que s'han de crear nous òrgans o els òrgans que ja estan s'han de confeccionar d'una altra manera?
Un anterior compareixent mos parlava que el defensor o defensora del poble s'havia de fer una altra.
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, bé, s'havia d'aprofundir en eixa figura.
¿Vosté ha aprofundiria en les figures que hi ha o ja crearia unes altres?

Gràcies.

La senyora presidenta:

Gràcies, senyora Cabedo.

Per part de Compromís, la senyora Navarro per quatre minuts.

La senyora Navarro Casillas:

Moltes gràcies, senyora presidenta.

Moltíssimes gràcies per la seua intervenció.

A mi també m'ha agradat moltíssim.
Jo crec que és molt il·lustrativa.
I ha ficat damunt la taula un problema que té el nostre Estatut, perquè el nostre Estatut quant a drets és molt, molt rácano, no va assolir els nous drets que estaven damunt la taula i que sí que estan dintre de l'estatut català, de l'estatut andalús, que després molts anaren reproduint-se.
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, perquè tots els estatuts es van reformar, la segona ona de reformes va ser.
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, el primer va ser el valencià, el català, l'andalús, vingueren tots seguits, i nosaltres fórem els primers i els pitjors perquè ens quedàrem molt enrere del que va vindre després.

En Catalunya, per exemple, tingueren un llarg debat respecte a esta matèria, perquè una de les claus en la negociació era com arreplegar els nous drets que estaven damunt la taula en tot el món, els nous drets socials, els nous drets.
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, per exemple, el dret a una mort digna, els drets quant a no discriminació per raó d'orientació sexual, els nous models de família.
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Tot això que en el nostre estatut no està.

Aleshores, en Catalunya quan tingueren eixe debat es plantejaren precisament com modificar l'organisme que ha de controlar el compliment d'estos drets perquè fóra més garantista, cosa que és prou complexa perquè, efectivament, el més garantista que hi ha és una llei que desenvolupe estos drets, efectivament.
Però, clar, a la gent també li agrada quan mira.
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tenim este debat sempre, ¿no?
, de mirar la Constitució i dir: Â«i el dret al treball, i el dret a la vivenda, però jo tinc eixe dret, per què no es garanteix, no?
Â»

Bé, la qüestió és que si s'arrepleguen nous drets has de tindre garanties, has d'establir mecanismes, és complex, com ho fem.
En el cas de l'estatut català, per exemple, hi ha un llistat de drets que directament es pot anar al Tribunal Superior de Justícia, ho diu.
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, estableix la tutela judicial, que efectivament al final això és per a casos concrets, però no dóna una solució global.

Aleshores, si ara hem de modificar l'Estatut, efectivament, hem de vore què ha funcionat i què no ha funcionat dels estatuts que anaren més enllà i aprofitar eixa experiència per a ser més garantistes, sabent, efectivament, això que evidentment per llei és la millor manera de garantir, però també hem de ficar aleshores l'obligació de fer eixes lleis.
Clar, perquè moltes vegades.
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, inclús passa en la Constitució, que hi ha drets que no han tingut el seu desenvolupament legislatiu i aleshores no estan ben protegits.
Clar, quan després el poder legislatiu mira cap a un altre costat, ¿què passa?

O siga, ¿la Sindicatura de Greuges és suficientment útil per a garantir els drets que ha de protegir hui per hui?
Jo crec que evidentment no, evidentment no, perquè això, doncs enviar una carta, faça vosté açò, que li contesta, fa un informe, sí, uns titulars i poc més.

Aleshores, efectivament és un moment molt interessant ara per a aprofitar tota eixa experiència i vore com podem anar més enllà.
Aleshores, jo crec que ha ficat damunt la taula una de les claus d'esta reforma estatutària.

Moltes gràcies.

La senyora presidenta:

Gràcies, senyora Navarro.

Per part del Partit Socialista, tindrà la paraula el senyor Mata.

El senyor Mata Gómez:

Sí.
Buenos días.

Señora Añón, me ha parecido superinteresante su valoración sobre el tema de los derechos y la aplicabilidad o no.
Quisiera poner sobre la mesa un par de reflexiones.

La incorporación de nuevos derechos al Estatuto tampoco garantiza su aplicación directa.
Es decir, mientras haya el contenido constitucional y reconocimiento de los tratados internacionales todos aquellos que están en tratados internacionales suscritos por España son de aplicación directa y susceptibles de amparo, así como la carta de derechos fundamentales de la Constitución española, pero no así los estatutarios.
Quiero decir, podíamos adornar y hablar de nuevos derechos, pero jamás serían de aplicación directa, al menos, en el ámbito constitucional.

Otra cosa es que luego nuestras leyes sí que garanticen nuevos derechos estando o no en el Estatuto.
Por lo tanto, si sería una cuestión fundamental o imprescindible elaborar una nueva carta de derechos, por ejemplo, el derecho a huir de la pobreza, y de la marginación y de la miseria, y eso abriría la puerta a que cualquier movimiento migratorio fuera reconocido.
Si eso es posible o no.
O, por el contrario, lo que hay que hacer es aprovechar lo que hay y estirar la aplicabilidad de los derechos pseudo constitucionales en el ámbito legislativo.

Pero lo más importante que me ha parecido es que cuando usted ha hablado del estado del bienestar vinculado al proceso autonómico.
Yo creo que ese es el auténtico nudo gordiano de la cuestión, porque las tres patas del estado de bienestar son competencia exclusiva de las comunidades autónomas: sanidad, educación y bienestar social.
Y la cuarta, que son las pensiones, ya veremos cómo evolucionan después de los movimientos que hay en el País Vasco y en otras comunidades.

Por tanto, esas patas sí que deberían tener un sustento pseudo constitucional a través de los estatutos que las blindará o blindara la igualdad del conjunto de las españolas y españoles.

Por lo tanto, la pregunta es: ¿Qué relación habría entre financiación autonómica y ejercicio del estado de bienestar?

¿Y qué posibilidad tenemos en mecanismos estatutarios de reforma del Estatuto para poder blindar las aportaciones del estado central para poder ejercer en condiciones de igualdad las competencias vinculadas al estado de bienestar?

Muchas gracias.

La senyora presidenta:

Gracias, señor Mata.

Ahora, señora Añón, dispone de cinco minutos para contestar.

La senyora Añón Roig:

Bueno, muchísimas gracias… (Veus)

¡Ah, claro!
Falta un partido, ¿no?

La senyora presidenta:

Perdón.

Señor Santamaría, dispone usted de cuatro minutos con generosidad.

El senyor Santamaría Ruiz:

Gracias, presidenta.

A mí me sucedió también ayer en la comisión, y es normal que tengamos estos lapsus.

Bueno, profesora Añón, muchas gracias, en nombre del Grupo Parlamentario Popular.
Quiero decirle que yo también he disfrutado de su intervención, porque cuando se habla de una reforma estatutaria una de las partes fundamentales, pues, bueno, es el tema competencial; otra también es el ámbito institucional y la tercera probablemente sea la de los derechos.

Ha coincidido usted, además, con una intervención del profesor Javier Pérez Royo, que estuvo la semana pasada, en la que justificó precisamente la razón de ser de las autonomías y de sus marcos normativos en que son los verdaderos prestatario del estado o los hacedores de ese estado social y democrático de derecho.
La verdad es que coincido plenamente.

Yo quería hacerle alguna pregunta.
Estamos ahora hemos hablado mucho de derechos, de…, en fin, de muchas cosas, pero no le he oído a ningún compareciente hablar de deberes.
Yo entiendo que somos una sociedad de derechos… (Veus) Sí, pero son obligaciones referidas a las administraciones públicas para ejecutar los derechos ciudadanos que se consagran en los textos.
Quiero decir, que lo de los deberes de los ciudadanos, la verdad es que no he oído a nadie y quería ver si usted hace una aportación.
Yo sé que no es un tema muy mayoritario ni…, pero, por lo menos, sí que quería saber una reflexión.

Yo, trascendiendo más allá a la negativa actual del gobierno actual, de abordar el proceso de reforma de la financiación autonómica, sí que creo…, no sé si voy a decir bien las cifras, pero en Europa creo que es el 12 o el 14% de la población mundial, el 25 o el 26 del producto interior bruto mundial y el 55% del gasto social mundial.

Eso significa que más allá de que tengamos un sistema de financiación que puede cubrir un nivel equis de servicios sociales, de ese estado del bienestar, que yo entiendo que es el mejor legado que podemos dejar a nuestros hijos, y el hecho diferencial del modelo de convivencia europeo frente a otros modelos, pues sí que le quisiera preguntar que, claro, esos derechos y sus costes crecen siempre exponencialmente.
Los tratamientos médicos cada vez son más caros, el coste de la sanidad también, pero, sin embargo, los recursos no suelen crecer de modo exponencial.

Y, por tanto, la pregunta que le hago como jurista es si en las teorías que ustedes proponen, o desde el punto de vista jurídico, cuáles son los mecanismos que se proponen para atemperar aquellos momentos en que los ingresos no están a la altura de las necesidades, porque, desgraciadamente, los presupuestos, a pesar de que lo decía la vicepresidenta, que decía que estaban por encima de las…, que las personas están por encima de los presupuestos, la realidad es que los tratamientos médicos valen lo que valen, más allá de los derechos que regulemos en una ley.

Porque otra cosa que me ha llamado la atención es que se habla de que la ley garantiza… o es el mejor garante de esos determinados derechos.
Yo creo que existe un.
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algo que aún lo garantiza más, que es efectivamente que se cumplan esos derechos, porque, evidentemente, como decía la compañera Isaura Navarro, pues muchos de estos derechos la ciudadanía no distingue entre los principios informadores de la actividad económica de los derechos y, evidentemente, se produce ahí una confusión.

Es decir, cómo articular la ejecución práctica… Porque, claro, si usted como dice, todos los iguales, es decir, ningún derecho tienen más valor que otro… Es decir, cuando se producen recortes presupuestarios, crisis económicas o situaciones propias de otros tiempos, pero que también pueden suceder, cómo hacemos que eso que parece que es una obligación legal de las administraciones sea compatible con los ingresos.

Yo he entendido, y lo comparto, que de alguna manera lo que usted propone es, bueno, que los derechos que se regulen en el ámbito estatutario lo que hacen es perfilar el contenido que deben de ejecutar las administraciones públicas, por resumirlo.

Claro, en ese sentido, vuelve la misma pregunta, es decir, cuáles son los mecanismos de garantía que, efectivamente, eso se produzca así.
Porque estamos ante básicamente… o difícil de diferenciar con los principios del capítulo VII de la Constitución, de los principios informadores de la actividad económica.

Por tanto, podemos obligar a que se haga un plan de la discapacidad, como apuntaba el otro día un compareciente, pero me sigue faltando la respuesta hacia cómo articular relación entre ingresos y garantía de derechos, porque los ingresos no son estables.

La senyora presidenta:

Gracias.

Señora Añón, dispone usted ahora de cinco minutos.

La senyora Añón Roig:

Bueno, pues son muchas cuestiones y muy importantes como para que yo en cinco minutos pueda responder, pero me gustaría señalar dos cosas de… dos cosas, digamos, de carácter general y luego algunas precisiones.

Primero, algo que no me ha dado tiempo a explicar, pero, bueno, no sé si ustedes saben que España, el estado español, se sometió a examen ante el comité de derechos sociales de Naciones Unidas en el mes de marzo.
Presentó el informe justo…, el informe correspondiente a la realización de los derechos sociales en España de 2012 a 2016.
Y el comité, después de examinar al estado español, ha publicado ya las conclusiones de ese informe.

Entre esas conclusiones, por ejemplo, el comité dice que considera que es una…, le preocupa que, digamos, el estado español, que es un estado autonómico, y en el que la distribución… la distribución del poder es autonómico o cuasi federal, le preocupa que, desde el punto de vista central y desde el punto de vista del Tribunal Constitucional, no se admita que se pueda, digamos, reconocer derechos de mayor alcance por parte de las comunidades autónomas de lo que reconoce el estado.
Y entonces, el comité no ve ningún impedimento a que esto fuera así, pero…, y no comprende exactamente esta limitación.
Esta sería…

En todo caso, este ámbito competencial serían unos derechos…, o sea, hablaríamos de derechos en términos…, digamos, tendríamos como parámetros los derechos humanos, tendríamos como parámetros los derechos constitucionales y nos desenvolveríamos en el marco del derecho estatutario autonómico.

Entonces, en ese sentido, sí que creo que habría que respetar el marco constitucional y no podríamos ir más allá, a pesar de lo que dice el comité.

Por otro lado, el comité, por ejemplo, establece que una de las formas básicas de garantizar derechos, y con esto respondo de alguna manera, es a través de establecer órganos, órganos especializados en, vamos a decir, la supervisión del cumplimiento de las normas, de la legislación, la supervisión del cumplimiento, y también como órganos de asesoramiento.

Por ejemplo, el propio comité le dice al estado español que le convendría crear un alto comisionado, o una figura similar, un órgano para que vigilara y supervisara si las recomendaciones que ha hecho al comité de derechos sociales se cumplen o no se cumplen.

Entonces, si no hay ningún órgano que se encargue de la supervisión, del examen del seguimiento de la legislación para ver cómo se cumple y qué efectos tiene, pues realmente ahí tenemos como un gap.
Entonces, es importante que existan estos órganos y es muy importante que estos órganos sean independientes.

Por ejemplo, España tiene… los organismos que tenemos, por ejemplo, en materia de igualdad son importantes, pero el consejo sobre no discriminación racial español ha sido muy criticado por el consejo europeo de discriminación racional, porque no es un órgano independiente.
Entonces, la función que tiene que hacer de asesoramiento, de seguimiento y de vigilancia del cumplimiento de esas normas o de los casos de discriminación racional, pues no se hace de la misma forma.

Y el tercer elemento, las garantías.
Podemos decir que las garantías en el ámbito estatutario están supeditadas a dos principios.
Uno es el de la suficiencia presupuestaria.
El segundo principio es lo que llamaríamos un principio de subsidiariedad, que dice que había que interpretar en el sentido de decir que la competencia material cuanto más cercana esté al titular y al sujeto sobre el que recae, debería prevalecer o ser de carácter prioritario respecto a las competencias más, materialmente, más alejadas.
Y en ese sentido, la autonomía tendría esta competencia.

Bien.
Esto de carácter federal.
Ahora, ¿considero que tiene que haber una… considero que tiene que haber una reforma urgente del catálogo de derechos?
Creo que más que urgente, habría que hacer una reforma bien pensada, bien estructurada.
Es decir, es verdad que hay muchos autores que dicen: Â«Ampliar derechos por ampliar…Â» Vamos a pensar bien, o sea, vamos a pensar bien qué derechos están vinculados, vinculados a las dimensiones fundamentales de la existencia, a la dignidad humana, a la libertad.
No tenemos por qué olvidar los derechos de libertad o dar por supuesto que se garantizan solo con acciones de respeto de los poderes públicos.
No.
Entonces, tenemos que pensar bien yo creo el catálogo de derechos.

Tendríamos que hacer una evaluación de los estatutos que tienen catálogos de derechos cómo los han… O sea, hacer un análisis de la efectividad de esos catálogos, cómo ha sido esa efectividad y en qué términos.
Si se ha evaluado, cuáles han sido los resultados de esa evaluación, y a partir de ahí, yo creo que esto necesita un análisis más… Pero yo me inclino por una reforma no necesariamente urgente, pero sí en profundidad.

Luego, respecto a la falta de financiación…, a ver, respecto a la cuestión de la financiación.
Vamos a ver.
La Constitución española tiene diversas disposiciones que nos hablan de suficiencia financiera para las comunidades autónomas, sobre el artículo 156, cuando se dice que nos apliquen el 156 a la Comunidad Valenciana y tendremos suficiencia… Es que también el artículo 158 lo que dice es que para los servicios fundamentales, que se entiende sanidad, educación y servicios sociales, para los servicios fundamentales tiene que haber…, o sea, los presupuestos generales del estado deben garantizar que las comunidades autónomas pueden hacer frente a esos servicios fundamentales y, además, lo han de hacer teniendo en cuenta un mínimo, por debajo del cual no se puede bajar.

Y este es un precepto…, yo les invitaría… yo les recomendaría que invitaran al profesor Carmelo Lozano, que es catedrático de Derecho Financiero, porque ha estudiado este tema en profundidad y les puede dar una interpretación muy adecuada a este procedimiento y de las posibilidades que tiene este precepto.

Pero, evidentemente, ahí hay una dificultad y la suficiencia financiera, por supuesto, lo es.

Bien.
Luego, ¿qué tipo de organismos?
¿Habría que modificar la sindicatura de Greuges?
Seguramente habría que atribuirle algunas funciones más de carácter, digamos, de respuesta ante las vulneraciones de derechos, pero yo, como digo, yo pondría el acento más en algún tipo de órganos que vengan a supervisar el cumplimiento de la legalidad.
O sea, que… (veus) sí, ya.
¡Ay!
, no me queda tiempo, ¿no?
¿Me queda esto?

La senyora presidenta:

No.
Eso ya es sobrepasado.
(Rialles)

La senyora Añón Roig:

¡Ay!
, la señora Cabedo que no le he podido contestar.
Pero, bueno, he explicado algo, en parte, al hablar de los derechos estatutarios.
Luego, he hablado también algo de la financiación, aunque no me ha dado… Y estoy completamente de acuerdo con la apreciación… con las consideraciones que ha hecho el señor Mata.

Y en cuanto a lo que se ha comentado del señor Santamaría, yo diría que las obligaciones inmediatas que tienen los poderes públicos, tanto estatales como a otros niveles, las obligaciones inmediatas consisten en relación con los derechos, la primera es tomar medi… adoptar medidas.
Lo que no se puede es no hacer nada.
La inacción es una vulneración de derechos.
Por tanto, adoptar medidas.

Y la norma internacional dice: adoptar medidas, las que correspondan, legislativas, administrativas, judiciales, de políticas públicas, etcétera, y hasta el máximo de los recursos disponibles.
Es decir, que hay que demostrar que se está utilizando hasta el máximo de los recursos disponibles.

Y si hubiera una situación de crisis, habría que garantizar, por lo menos, el mínimo esencial de cada derecho a los ciudadanos.
Eso es un compromiso internacional.
Lo que pasa es que a lo mejor lo desconocemos o a lo mejor no lo tenemos en cuenta.

Y respecto a los deberes, cuando está refiriéndose a los deberes de la ciudadanía, no a los deberes con respecto a los derechos, yo diría que los deberes tienen sentido en relación con los derechos, es decir, y se imponen deberes para que los derechos se cumplan y se realicen y no al revés.
Quiero decir, no solo existen derechos porque se haya…, los derechos existen con independencia de que existan o no los deberes y las obligaciones, ahora hablo de todas.
Los derechos existen.
Otra cosa es que puede que no estén predispuestas o prediseñadas estas obligaciones.
Pero los deberes no dependen…, o sea, los deberes, por tanto, están en relación con los derechos.
No sé si me explico bien.
Tenemos derechos con independencia de que esos deberes estén prediseñados, pero los deberes solo existen en el marco de la regulación de los derechos.
Esta sería un poco…

Bueno, siento no poder responder con detenimiento, pero es que no tengo tiempo suficiente.

Gracias.

La senyora presidenta:

Gracias, señora Añón.

En cualquier caso, estaríamos encantados y encantadas en la comisión, si tiene alguna aportación o algún documento que hacerlo para la reflexión de sus señorías sobre la reforma del texto de nuestro Estatut.

Suspendemos un minuto.
Quiere decirles el letrado que nadie se mueva de sus asientos.
(Se sent una veu que diu: Â«Un minuto parlamentario.
Â») Un minuto parlamentario.
(Rialles)

(Se suspén la comissió durant uns minuts)

Compareixença del senyor Vicente Garrido Mayol, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de València

La senyora presidenta:

Senyories, reprenem la sessió.

Ara tenim el gust i el plaer de comptar amb el senyor Vicente Garrido Mayol.
Ell és catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de València, ha sigut secretari general de la Fundació Professor Manuel Broseta i director de la càtedra de Dret Autonòmic Valencià, membre de la comissió de codificació del Dret Civil Valencià, autor de diversos llibres i centenars d'articles sobre Dret Públic i, en l'any 2003, va ser nomenat president del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, càrrec que ha ostentat fins a octubre de l'any 2016.

Señor Garrido, bienvenido a la comisión.
Dispondrá de diez minutos.

El senyor Garrido Mayol:

Muchas gracias, presidenta.

Pues, lo primero que quiero hacer es expresar mi satisfacción por estar aquí, en las Cortes Valencianas, y decir que es la tercera vez que tengo el honor de comparecer ante una comisión, llamado como experto.
La primera fue el 12 de enero de 2005, también para una comisión de reforma del Estatuto, que cristalizó en la reforma de 2006; y la segunda, el 15 de diciembre de 2015, para la posible reforma del régimen electoral.

Bien, pues, en la primera de las comparecencias citadas, expresé que, en mi opinión -era para reformar el Estatuto-, solo se debía reformar lo necesario, cosa que no se hizo, pues, como es sabido, se hizo un estatuto nuevo, aunque la gran parte de los artículos fueron reproducción del primigenio de 1982.
Pero aquella opinión la reitero yo, la reitero hoy.

Creo que el Estatuto de autonomía ha servido y sirve como norma de autogobierno del pueblo valenciano, lo que, evidentemente, no impide que pueda reformarse, mejorarse y perfeccionarse, tanto técnicamente como en aquello que pueda favorecer a nuestro autogobierno.
Pero creo que no hay que empeñarse en iniciar una ardua tarea de investigación sobre qué reformar, cuanto más mejor, ni tampoco tratar de plasmar en el Estatuto, pues, lo que sería más bien un programa de gobierno o aquello cuya regulación sea más propia de una ley o de un reglamento -porque tenemos que saber qué es un estatuto y qué no es un estatuto, lo mismo qué es una constitución y qué no es una constitución- o tratar de solucionar, por medio de reformas estatutarias, problemas que hay en el estado autonómico, como el efecto expansivo de la legislación básica estatal o del concepto de interés general, que tantas veces se utiliza por el estado para reclamar competencias que, en realidad, lo son de las comunidades autónomas.

Bien, me resulta -lo tengo que decir, con todo respeto- sorprendente la denominación de esta comisión especial para una reforma amplia del Estatuto.
Empezaré diciendo que no considero ni conveniente ni oportuna ni necesaria una reforma amplia del Estatuto de autonomía.

Y ya, no obstante, pues, voy a exponer algunas ideas sobre lo que podría ser objeto de reforma, teniendo en cuenta los temas sobre los que se suele discutir y los que me llegan a mí, pues, a través de los medios informativos que están sobre el tapete.
Y, bien, y voy a exponer algunas ideas porque, en esta ocasión -no como en 2005-, pues, no se nos ha sometido un cuestionario previo al que responder.

Bien, y empiezo por el título segundo, la posible inclusión de nuevos derechos, porque sé que de esto se está hablando.
El sistema que utiliza el vigente Estatuto es técnicamente malo, muy malo.
Por una parte, se proclama, impropiamente, una obviedad, que es que los valencianos somos titulares, los valencianos y las valencianas -por cierto, que en algunos artículo se habla de los valencianos y las valencianas y en otros solo de los valencianos, lo cual, técnicamente, pues, está mal hecho, claro-… Bien, pues, por una parte, se proclama, impropiamente, que los valencianos somos titulares de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución y reconocidos en los tratados internacionales de los que España es parte.
Pues, menos mal que el Estatuto lo dice así.
¿Qué pasa, que, si no, no tendríamos esos derechos?

Y, por otra parte, pues, la sistemática que utiliza es errónea, a mi juicio, porque se pueden encontrar derechos sociales tan típicos como los laborales, que se contienen en el artículo 80, en el título dedicado a la economía o la hacienda, o los referidos a educación, en el artículo 53, o a la atención sanitaria en los 54, 55.
O sea, fuera del título segundo hay derechos reconocidos, lo cual, pues, es, sistemáticamente, desde el punto de vista sistemático, un error.

Yo creo que los derechos fundamentales y libertades públicas deben de estar en la Constitución.
Los estatutos, pese a que el Tribunal Constitucional dijo que sí que se podía contener el reconocimiento de una serie de derechos, pero siempre que esos derechos luego fueran desarrollados legislativamente, pues, yo creo que, más allá de lo que se consideran derechos básicos, derechos políticos, el Estatuto no tiene por qué entrar porque, de alguna manera, se está blindando, negativamente, una serie de derechos que, dado los tiempos en los que vivimos, estamos viendo cómo, de una forma vertiginosa, pues, van apareciendo nuevos derecho que parece que, si no están en el Estatuto, pues no tengan la importancia que deben tener.

Bien.
Se plantea el problema también de qué derecho reconocer.
Por qué el derecho al testamento vital y no el de prevención de riesgos laborales.
Por qué el derecho de consentimiento informado, y no el de alfabetización digital.
Por qué el derecho al medio ambiente y no el de reconocer determinados derechos sociales.

Yo creo que debe haber una buena carta de derechos sociales, que puede ser modificada sin los trámites siempre engorrosos de la reforma de un estatuto, nada más y nada menos que, como ustedes saben, para reformar el estatuto, más allá de lo que sea una ampliación del derecho competencial, pues hace falta un referéndum.

Por cierto, este es un artículo, el 81, que yo modificaría, para suprimir la necesidad de referéndum para cualquier reforma del estatuto.
Tenemos una colgando en Madrid, en el Congreso de los Diputados, que está por ahí, desde hace varios años.
Y claro, si es que si esto se lleva adelante, se tiene que someter a referéndum.

Y díganme ustedes si el pueblo valenciano sabe de qué va esto de las inversiones regionalizables del estado, que tiene que invertir el estado en la Comunidad Valenciana, con arreglo a su población, etcétera, etcétera.
O sea, someter a referéndum estas cosas creo que no procede.
Otras cosas son las cosas esenciales que por supuesto sí que deben ser sometidas a referéndum.

Bien, la segunda cuestión que quiero plantear es la competencia en materia de derecho civil.
A mí me ha preocupado mucho este tema.
Como se me ha anunciado, formo parte de la comisión de derecho civil Valenciano, o he formado parte, porque creo que se iba a modificar en estos días.

Y yo creo que está mal resuelto en el Estatuto el tema de… Porque se dice que tenemos competencia exclusiva en materia de derecho civil foral valenciano.
Conservación, modificación y desarrollo del derecho civil foral valenciano.
A mí esto siempre me ha parecido muy estrambótico, lo del derecho foral.
Pero bueno.
Quiso plasmarlo en el Estatuto y ahí quedó.

Bueno, ya sabemos que se han producido leyes que han sido declaradas por el Tribunal Constitucional, con gran polémica por parte de algunas personas.
Yo coincido totalmente con el Tribunal Constitucional, y lo venía diciendo hace mucho tiempo.

No por no ser partidario de que la Comunidad Valenciana tenga esa competencia en materia de derecho civil, sino porque el ordenamiento jurídico constitucional es el que es y no el que nos gustaría que fuera.

Entonces, lo ideal, sí, sería en una futura reforma de la Constitución que eso se retocara para que una comunidad autónoma como la nuestra, que tuvo en el pasado competencias en materia de derecho civil, es la única que en estos momentos no la tiene.
Y por lo tanto, yo creo que la deberíamos de tener.

Pero para ello de momento, ¿qué es lo que podría hacer?
Lo he aconsejado muchas veces: acudir al artículo 152 de la Constitución.
Pedir al estado que nos transfiera la competencia en materia de derecho civil en aquello que no resulte de la competencia exclusiva del estado.
De esta manera, podríamos tener esa competencia.

Y desde luego, deberíamos de suprimir algunos artículos del Estatuto, insisto, en el supuesto de que se llevara a cabo una reforma, como el 7, que dice que el desarrollo legislativo de las competencias… Procurará la recuperación de los contenidos correspondientes a los fueros… Bueno, una cosa tremenda.

Y la disposición transitoria tercera, que dice que la competencia exclusiva en derecho civil foral se ejercerá por La Generalitat en los términos establecidos en este estatuto, a partir de la normativa foral del histórico Reino de Valencia.
Es que a mí esto me sorprendió mucho, pero ahí está.

Voy a ir muy rápido, porque no me he dado cuenta, y solo me quedan dos minutos.
Bueno, pues casi telegráficamente.
Yo creo que en una hipotética reforma del Estatuto debería de haber un reconocimiento expreso a una institución que tenemos, que es el Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia.

Solamente hay un artículo, el 36 tercera, dentro de la administración de justicia, que dice que es competencia de La Generalitat coadyuvar en la organización de los tribunales consuetudinarios y tradicionales, en especial el Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia.

Hombre, yo creo que merecería un artículo específico dedicado a resaltar esta institución milenaria del pueblo valenciano, que ha sido objeto de estudio por gente más allá, por supuesto, de nuestras fronteras.

Prerrogativas parlamentarias.
Soy partidario de ellas, de la inmunidad, de la inviolabilidad y del aforamiento.
Se dice como argumento que es que esto rompe el principio de igualdad.
Es que no somos iguales.
Es que no somos iguales.
Yo no soy igual que ustedes.
Ustedes son diputados, son representantes del pueblo valenciano, y yo no lo soy.

Por lo tanto, yo quiero que ustedes gocen de esas prerrogativas, que no son privilegios, porque a fin de cuentas lo que están haciendo es garantizar su libertad y garantizar la composición de la cámara parlamentaria.
Y más aún, hay argumentos de tipo práctico.
Visto lo visto, más que nunca es necesario el aforamiento.

¿Por qué?
Porque no todos los jueces ni todos los fiscales ni toda la policía tienen el grado de sensatez que deben tener, desgraciadamente esto es así.
Y, si ustedes no estuvieran aforados, posiblemente más de un coche policía hubiera venido aquí a detener a alguno de ustedes.
Así de claro lo digo.

Por lo tanto, soy partidario, y lo explico a mis alumnos en clase.
Hay muchísimos aforamientos que sobran, en eso estamos de acuerdo.
Muchísimos, de 115.
000 que hay en España, pues sobran muchos.
Pero precisamente los diputados, los senadores y los diputados autonómicos y los miembros de los gobiernos deben de estar protegidos por esas prerrogativas parlamentarias.

Reducción del número de diputados de las Cortes Valencianas, bueno, pues yo me remito a los dictámenes que emitió el Consell Jurídic Consultiu en noviembre del 2013, y en el año 2014.
Porque esto se nos planteó estando yo allí de presidente y fui ponente de estos dictámenes.

Yo creo que el número de diputados es proporcionado a la población.
No es exageradamente alto ni exageradamente bajo.
Por lo tanto, ¿se puede reducir?
Pues sí, como todo, se puede reducir.
Pero tampoco considero que sea absolutamente necesario.

Me dejaré para luego el sistema electoral.
Sí, una idea, el reconocimiento de iniciativa legislativa a los municipios.
Yo creo que los municipios han desempeñado un papel muy importante tanto históricamente, en la época foral, como en el proceso de conformación de nuestra comunidad autónoma, porque eran los que gozaban de iniciativa autonómica, e impulsaron el proceso autonómico.

Entonces, yo creo que también se les debería de reconocer iniciativa legislativa, no individualmente sino en los términos establecidos en la ley, con una serie de requisitos o un conjunto de municipios, etcétera, etcétera.
Pero veo que sería interesante esta idea.

En cuanto a las instituciones de La Generalitat, bueno, pues en la última reforma se reconocieron dos, que ya estaban funcionando, la Academia Valenciana de la Lengua y el Consell Jurídic Consultiu.
Y yo desde luego no añadiría más instituciones.
En todo caso, las reduciría.

Porque oigo por ahí que organismos que pululan por ahí, que están funcionando, tienen la aspiración de ser institución de La Generalitat.
Pues yo desde luego no lo haría y en todo caso simplificaría.
Sugiero una fusión del Consell Valencià de Cultura y de la Academia Valenciana de la Lengua, en un consejo de lengua y cultura.

Y luego, siempre me he planteado la utilidad del CES, del Comité Económico y Social, e incluso del Síndic de Greuges.
No es porque esté el Defensor del Pueblo, es que también me he planteado muchas veces la posible utilidad del Defensor del Pueblo.
Son instituciones que no son las propias de nuestro sistema.

En cuanto a la posible ampliación del techo competencial, bueno, pues yo creo que hay que tener en cuenta que para conseguir determinadas competencias no es preciso reformar el Estatuto sino alguna ley estatal.
O lograr un cambio de actitud por parte del estado.

Por ejemplo, para que La Generalitat pueda asumir la gestión en puertos y aeropuertos de interés general es suficiente con que el estado no se reserve su gestión directa.
Y lo mismo cabe hablar, por poner un ejemplo, de los museos, archivos y bibliotecas de titularidad estatal.
Creo que nuestro estatuto tiene el máximo techo competencial.

Hay algunas competencias que tienen otras comunidades autónomas, como por ejemplo la gestión de instituciones penitenciarias, que nosotros los valencianos no la tenemos porque no quisimos.
Y tenemos otra competencia, que es la de tráfico y seguridad vial, que ocurre lo mismo.
Los catalanes, Cataluña la tiene, pero nosotros no quisimos tenerla.
Por lo tanto, aquí rige el principio dispositivo.

Y luego sí que veo interesante una… ¿Esto quiere decir que me he pasado tres minutos?
Bueno, pues… Acabo enseguida.
La señora presidenta será complaciente conmigo, porque la verdad es que pensaba que me iba a durar menos lo que tenía pensado.

Una posible descentralización hacia la administración local.
Esto lo veo muy interesante.
Una segunda descentralización.
Está prevista en el artículo 64 del Estatuto.
Esto es desarrollo del Estatuto, más que reforma.

Dice que mediante ley de Cortes se procederá a la descentralización a favor de ayuntamientos, de competencias que sean susceptibles de ello, atendiendo a la capacidad de gestión de ellos y siempre acompañada de recursos económicos suficientes para que sea efectiva.
Principio de subsidiariedad.

Yo creo que somos conscientes todos de que no todos los ayuntamientos están en la misma posición de recibir competencias.
Pero sí creo que algunas, sobre todo algunos ayuntamientos sí que las podrían recibir.
Una descentralización de La Generalitat hacia los ayuntamientos.

E inversamente, hago una referencia al papel que han de desempeñar las diputaciones provinciales.
Siempre digo, yo soy antiprovincianista y antidiputación, y siempre me sabe mal porque no tengo nada contra los presidentes de las diputaciones, con los cuales he tenido siempre relaciones cordiales.

Pero creo que, si se optó en España por un sistema autonómico, debe haber tres niveles de administración: el estado, las comunidades autónomas y los municipios.
Me sobra el provincial, que además desde un punto de vista político, rompe un poco con la cohesión que debe de haber en el seno de una comunidad autónoma, y evitar estos provincianismos que tanto daño hacen a la identidad de los valencianos como pueblo.

Bien.
Dicho esto, creo que sin dudar de las magníficas funciones y de la utilidad que especialmente para los pequeños municipios desempeñan las diputaciones provinciales, creo que hay que ir superándolo.

Y el Estatuto brinda una posibilidad para ir superando la potencia y la organización provincial, que es el artículo 66.
2, que prevé la transferencia o delegación de la ejecución de determinadas competencias a favor de las diputaciones provinciales.
Esto no.

Yo creo que es preferible la coordinación de funciones que sean de interés general para la comunidad.
Lo que se ha de llevar a cabo, eso sí, mediante una ley de Cortes, aprobada por mayoría absoluta, y no por decreto, como se hizo hace un par de años, que fueron declarados ilegales por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Bien.
Se me ha quedado en el tintero hablar un poco del tema electoral, que ustedes quieren en fase de preguntas.
Pues estoy sometido a lo que me pregunten.

Muchas gracias.

La senyora presidenta:

Muchísimas gracias por su intervención.

Daremos paso ahora a los grupos políticos.

En primer lugar, por parte del Grupo de Ciudadanos, el señor Subiela, por cuatro minutos.

El senyor Subiela Chico:

Sí, gracias, presidenta.

Buenos días, señor Garrido.

De verdad que creo que su intervención es un resumen de lo que es esta comisión.
Porque lo primero que coincido con usted es que el título es realmente sorprendente.

Más que nada, porque se puso un título… No sé exactamente quién se lo inventó, pero desde luego yo creo que aquí no había ningún interés en cambiar desde el principio, no había ningún interés en reformar el Estatut de autonomía.

De hecho, la única parte que había algo de interés en cambiarlo, y era mi grupo parlamentario, era la parte de la que usted no ha hablado, que esperaré en la próxima intervención, a ver si puede hablar, que es la parte del sistema electoral.

Por lo demás, coincido con su pensamiento.
Me da la sensación que el Estatut que tenemos sí que se puede todavía desarrollar más y sí que se puede aprovechar y que no urge, desestimando ya la reforma de la parte electoral, creo que no es urgente la reforma del resto de partes.

Lo que sí que podría ser urgente o necesario sería un estudio y un planteamiento por lo menos serio o por lo menos con intención de tener preparada una reforma, cuando fuera necesaria, del Estatut.

Porque, como usted bien ha dicho, tenemos todavía una pendiente en el Congreso de los Diputados, que nos obligará en el momento en que se apruebe, si alguna vez se apruebe, a hacer un referéndum.

No sé yo cómo se podrían tomar los valencianos y valencianas que en dos años hiciéramos dos referéndums para cambiar un Estatut, que será hasta complicado explicar por qué lo cambiamos y qué cosas estamos cambiando.
Porque este tipo de normas es complicado de explicarlo a la ciudadanía.

Por lo tanto, ya le digo, creo que su intervención es un resumen de esta comisión.
No tengo ninguna pregunta para usted.
No.
Realmente, es que estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho.
Y si tengo alguna pregunta o me gustaría es sobre lo que le falta por hablar, que es el tema electoral, que me gustaría saber su opinión sobre…

Bueno, ya ha dicho una, que es el tema de no reducir o de no eliminar los aforamientos, que sí que es cierto que es una de las banderas que lleva mi partido de si eliminarlo.
Por lo tanto, es una de las cosas en que no estaremos de acuerdo usted y yo, o mi partido y usted, pero bueno, sí que quiero saber su opinión sobre el resto de temas electorales que lleva el Estatut.

Gracias.

La senyora presidenta:

Muchísimas gracias, señor Subiela.

Por parte del Grup de Podemos-Podem.

La senyora Cabedo Laborda:

Gràcies, senyora presidenta.

Gràcies, senyor Garrido per acompanyar-nos avui.

Vosté ha iniciat la seua compareixença dient que havíem de diferenciar entre el que era un estatut i una llei o un reglament.
Jo li volia preguntar el que normalment els pregunte a tots els compareixents que és, ¿de quina forma solucionem el fet que després n'hi hagen majories que no tenen la voluntat política de desenvolupar el contingut dels estatus, de tal forma que al final tenim una ciutadania que es pot sentir desafectada d'eixe marc estatutari o, en el cas de la Constitució, doncs, constitucional?
¿Com solucionem això?

Potser no tinga solució en el sentit que al final eixes majories també és el que ha votat la gent.
Però de vegades és el que ha votat la gent dient ells en campanya electoral que anàvem a fer coses que després no fan.
Per tant, quines són les garanties perquè l'Estatut es desenvolupe?

Especialment si després vosté, també, per exemple, ha dit que n'hi ha institucions com la Sindicatura de Greuges que no les veu necessàries.
Per tant, si ni tan sols tenim eixos organismes, aleshores com ho fem, això?

Després, vosté també ha parlat sobre que no creu que siga necessari que n'hi haja un referèndum per a modificar l'Estatut i ha dit: Â«Això no ha de vore sobre que n'hi hagen referèndums sobre altres qüestions.
Â» Jo li voldria preguntar si vosté té algun criteri sobre quines qüestions han d'anar a referèndum i quines qüestions no han d'anar a referèndum.

I, per últim, he entès que vosté modificaria l'article 66.
2 que parla un poquet sobre les diputacions.
Han hagut altres compareixents que ens han indicat que directament eliminarien qualsevol referència a les diputacions per a després tindre major flexibilitat el legislador.
Que n'hi haurà alguns que sí que voldran mantindre les diputacions, altres no.
Aleshores, vosté seria partidari de modificar-lo o directament eliminar eixes referències a les diputacions?

Gràcies.

La senyora presidenta:

Gràcies, senyora Cabedo.

Per part del Grup Compromís té la paraula la senyora Navarro per quatre minuts.

La senyora Navarro Casillas:

Moltes gràcies, senyora presidenta.

Bé, moltíssimes gràcies per la seua anàlisi.

La veritat és que jo ja el trobava a faltar en esta comissió, perquè efectivament és vosté un fixe i s'agraïx molt a més com ha fet una exposició totalment sistemàtica, anant punt per punt.
Es nota l'experiència en este tipus de compareixences.

Bé.
Jo crec que, respecte al nom de la comissió, el que es tracta és de diferenciar bé la proposta que n'hi ha ara mateix damunt la Mesa del Congrés dels Diputats que no és una modificació, una reforma ampla de l'Estatut.
I ací sí que estem parlant de tot el contingut de l'Estatut, és evident.

Si després es fa més ampla o no ja és una altra qüestió.
Per això estem tenint moltes compareixences, les que hem tingut i les que vindran precisament per a vore fins on arribem.
O siga, que ningú patisca pel nom.
(Rient)

Quant a com està arreplegats els drets, jo també considere que és un desastre total, total.
I a més és una llàstima perquè, ja ho he dit abans, en el 2006 era el moment de reforma, moltes comunitats autònomes es ficaren a reformar els seus estatuts.
Una de les modificacions era, precisament, la sistematització dels drets socials i com s'arreplegaven.
I es va fer molt bé en altres estatuts i en el nostre és una cosa rara, és una cosa molt estranya.

Perquè a més no saps mai si han acabat ja, després torna, apareixen altres.
I tampoc se sap com estan protegits.
És una.
.
.
què són drets, principis, és una cosa estranya.
I és una llàstima -com dia- perquè, clar, si es fa una reforma també es fa una reforma per a avançar.
I després, efectivament, molt articles eres copiats de l'anterior, no estaven.
.
.
Esta reforma, des del meu punt de vista -ja ho vaig dir en el seu dia, en el 2006 al Congrés dels Diputats- no està ben resolta.

Es fica, efectivament, el Dret Civil perquè després siga el Constitucional qui, una vegada darrere altra, ens diu que no, que on anem, que no tenim competències en esta matèria encara que ho diga l'Estatut.
I nosaltres el que hem fet, hem impulsat i hem arreplegat la signatura de quasi tots els grups parlamentaris, d'una petició de reforma de la Constitució sobre este punt específic per a solucionar el problema d'haver arreplegat una competència que tenen altres comunitats autònomes per una circumstància totalment conjuntural, segons la interpretació del Constitucional.

És això de que Â«en el moment d'aprovació de la Constitució, qui havia recuperat d'alguna manera.
.
.
Â» Clar, sincerament, jo no crec que hui per hui les anàlisis de qui té competències o no s'hagen de fer en funció d'aquell moment històric.
Sinó que més bé com s'hauria de fer és en funció de si la comunitat autònoma vol o no vol tindre eixa competència.

Perquè una vegada que sí que s'ha donat eixa competència a altres comunitats autònomes, per què jo, si també la vull, no la puc tindre?
Jo crec que eixe és el nou debat que s'ha de vore damunt la taula.
Que és dir, anem a vore, per què hem de mantindre eixes diferències entre comunitats autònomes si estem parlant de competències que moltes ja les estan gaudint sense cap problema?

Efectivament, estic d'acord que haver ficat esta clàusula que qualsevol reforma de l'Estatut ha de passar per un referèndum és absurd.
De fet a la Constitució sí que es diferencia i això jo crec que hem de ser més dinàmics, no?
, i no limitar-nos d'eixa manera.
Efectivament, a més, amb el cost econòmic que suposa, que també s'ha de valorar.
Una comunitat que no està per a grans despeses.

Quant a afegir més institucions o reduir-les, és un debat molt interessant, perquè també en el moment en què un aborda una reforma de l'Estatut, també ha de mirar a totes eixes institucions estatutàries i decidir si la tasca que es fa, si es pot refondre, si s'ha d'ampliar o no.
És una qüestió que hem d'abordar.

I quant a la sindicatura de Greuges, vore, jo, no tant com eliminar-la sinó més bé fer-la més garantista.
Que la institució siga més útil per a la ciutadania quant a la protecció de drets.
Perquè jo dic, es dóna una circumstància molt curiosa i és que la gent li té molta fe a la sindicatura de Greuges i al Defensor del Poble.
És una cosa fantàstica.

I vénen.
.
.
Jo, com a advocada, vénen i diuen: Â«No, de totes formes jo açò ja li ho he dit al Síndic de Greuges.
Â» I tu dius: Â«Ah!
Aleshores, ja està.
Â» (Rient) Aleshores ja ho hem resolt.
Evidentment, no és així, no és així.
Però hauríem de plantejar-nos com fem perquè estes institucions siguen més valuoses encara, tal i com pensa la gent que ho són.
Aleshores, tenim molt de treball per davant per fer.

Moltes gràcies.

La senyora presidenta:

Gràcies, senyora Navarro.

Per part del Grup Socialista té la paraula el senyor Mata.

El senyor Mata Gómez:

Gracias, presidenta.

Gracias, señor Garrido.

Profesor Garrido, ya, como yo he asistido a las tres (rialles) a las que ha venido usted y le he leído muchas veces, pues bueno, tengo mi criterio y estoy absolutamente de acuerdo en el tema de los aforamientos.
No se puede frivolizar con esa cosa, es verdad.
Alguien sonríe que ni todos los jueces ni todos los fiscales son iguales, ni todos los asuntos son iguales.

E insisto en que eso fue una garantía de la democracia y de quienes representaban al pueblo para evitar que algún juez de instrucción pueda detener a alguien y le impida participar en votaciones importantes.
Y si eso ocurre, que sea un procedimiento reflexivo, tomado por más gente y con determinadas garantías.

En el tema de la diputación también estoy de acuerdo, porque se tiende a confundir las funciones de la diputación -que son muy interesantes para los municipios pequeños, la labor de asesoramiento, de planes especiales de cuantidades bajas- con quién debe hacerlo.
Eso podría hacerlo perfectamente una secretaría autonómica o dos direcciones generales y probablemente, pues, no tendríamos una cuarta administración que parece que hoy cada día es más irrelevante y que fue un anacronismo y que tiene poco que ver con el estado autonómico.

Pero yo no me quiero limitar únicamente al tema de la financiación y su vínculo con la arquitectura institucional, el Estatuto y la Constitución.
Una vez -no se sabe muy bien por qué, porque eso no lo pensaba ni el constituyente ni nadie- que las comunidades autónomas tienen competencias exclusivas en educación y sanidad y además de bienestar social, ¿qué podemos hacer en nuestro Estatuto, en lo que nos compete, y qué sería deseable en la Constitución Española que garantizara que hubiera, al menos, unas ratios de igualdad en la asunción de competencias financieras para poder llevar a cabo esas competencias que formaban parte de tres de las cuatro patas del estado de bienestar?

Quitando las pensiones, todo lo demás está ahí y además es un mecanismo igualitario.
Yo tengo mis dudas de cómo lo podemos hacer solos en nuestro Estatuto, por cualquier cláusula abierta, acabarlo vinculando al legislador nacional, integrando y diciendo: Â«Pues yo seré igual que los demás.
Â» Pues bien, pues sí.
Que escapa de los meros principios políticos.

Pero también, ¿qué tiene que pasar en el estado español que al final mantiene una tarta en la que el estado central mantiene sus competencias y su financiación y va delegando competencias en las comunidades autónomas y acaba dejando que las comunidades se peleen por su trocito de tarta entre ellas?

Con criterios que son muchas veces contradictorios, porque no todos los territorios son iguales, no totas las poblaciones, todas las comunidades tienen el mismo nivel de envejecimiento, ni todas tienen el mismo nivel de desempleo, ni todas tienen el mismo nivel de financiación, ni todas tienen la misma posibilidad de tener recursos propios a través de impuestos cedidos, etcétera, etcétera, etcétera.

Yo creo que es un tema de muy difícil solución y ver qué tipo de cláusulas podríamos incorporar al Estatuto que de alguna manera facilitarán ese tránsito a un estado federal real en el que las competencias fueran las que son y estuvieran dotadas económicamente.

Muchas gracias.

La senyora presidenta:

Gracias, señor Manolo Mata.

Por parte del Grupo del Partido Popular tiene la palabra el señor Santamaría.

El senyor Santamaría Ruíz:

Bueno, en primer lugar darle las gracias en nombre del Grupo Parlamentario Popular por su intervención, que me atrevería a calificar de brillante, independientemente que podamos discrepar en algunas cuestiones, pero que creo que la sistemática de su exposición, la profundidad de las reflexiones y, sobre todo, la visión de conjunto que aporta a mí me ha parecido digna de resaltar y así quiero que conste en acta por parte de mi grupo o del Grupo Parlamentario Popular.

Coincidimos con usted en lo que significaría abordar una reforma limitada de lo que es el ámbito…, o de nuestro Estatuto.
Siempre que hemos hablado en esta comisión de competencias, siempre se habla a más.
Y es verdad que en el ámbito del autogobierno es difícil dar pasos hacia atrás, pero jamás ningún ponente ha planteado la posibilidad de hablar de competencias hacia menos.

Es decir, ¿hay alguna competencia que tendría sentido no desarrollarla, no incrementarla, sino reducir o incluso devolver o limitar dicha competencia?
Lo digo porque yo he pasado por la conselleria de justicia, evidentemente el autogobierno es un camino que no tiene hacia atrás, pero yo muchas veces me he preguntado qué sentido tiene que la justicia esté en el ámbito autonómico, sobre todo en la extensión en la que está, en la que no aportas absolutamente nada o tienes muy limitada la capacidad de decisión.

Pero, bueno, independientemente de esa reflexión con respecto a la justicia, si hay algún ámbito que considera donde se pueda plantear una alternativa que no siempre sea incrementar lista en el ámbito competencial.

Con respecto a lo que son las diputaciones, quisiera hacerle una pregunta.
Yo soy un firme partidario de la reforma de las competencias de las diputaciones, que creo que prestan un papel importante a los municipios pero que, a lo mejor, yo no entiendo demasiado por qué tienen que tener competencias en materia de cultura cuando están bien distribuidas o bien a nivel estatal, en lo que se refiera a su ámbito competencial, o bien a nivel autonómico o vinculados a los ayuntamientos.
Dice el dicho que para comerte una ballena no hace falta darle un bocado, que es imposible, sino que hay que darle pequeños bocaditos.

Y el temor que tiene el Grupo Parlamentario Popular es que a todo aquello que representa parte de una tradición española o que nos vincula con ese concepto de la unidad nacional de España, pues se le van dando bocaditos, bocaditos en distintos ámbitos -en el de las tradiciones, en el de la materia de la financiación, en determinadas circunstancias-, y uno, a mí me da la sensación que las diputaciones tienen una parte de eso.

No sé si es necesario reformarlas porque aquí las alternativas que plantean los grupos parlamentarios no es suprimir un cuarto nivel -que hasta podría ser una lógica- sino es quedar entre quintos y sextos niveles y séptimos niveles con las mancomunidades, comarcas, etcétera, etcétera, etcétera.

Más aún, un hecho que llega a complicar… Recuerdo cuando preparaba las oposiciones que se analizan los distintos criterios territoriales que utilizan las diferentes administraciones públicas para prestar servicios y es un auténtico galimatías.
El estado utiliza como ámbito territorial el estado, la comunidad autónoma, la comunidad autónoma.
Pero las confederaciones hidrográficas utilizan ámbitos diferentes, la administración militar utiliza absolutamente diferentes.

Es decir, todo eso, ¿cómo es posible hacer compatible esa unidad prestacional de servicios o regular dos o tres o en fin…?
¿Cómo hacer eso compatible con una visión nacional y que no se vaya comiendo bocadito a bocadito lo que es ese concepto para el Partido Popular tan importante que es el de la unidad nacional, la del mantenimiento de la soberanía nacional?

Y por supuesto, también y desde luego lo propio y específico de la Comunidad Valenciana.
Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el Tribunal de las Aguas, las prerrogativas parlamentarias creo que son un logro del siglo…, en fin, de la evolución del constitucionalismo a lo largo de los siglos.

Y, por tanto, quizá en el aforamiento, en ese sentido mi partido sí que ha tenido una posición pero otros atributos como la inviolabilidad de las declaraciones me parecen absolutamente imprescindibles para el ejercicio de nuestra labor.

Y, por último, y con respecto al derecho civil valenciano, me gustaría que profundizara en la vía del 150.
2 porque la Asociación de Juristas Valencianos está muy, muy, muy centrada en conseguir una reforma puntual de la Constitución pues prácticamente para incluir este término.

Y, también, que me hiciera una valoración de qué instituciones del derecho civil valenciano son trasladables, o si estamos hablando de tener una competencia genérica que nos permita desarrollar la legislación civil en paralelo a lo que es la normativa civil del estado.

Y yo creo que con eso, si usted es capaz de contestarnos en cuatro o cinco minutos pues será merecedor de algún premio o mención honorífica, o lo que sea.

Muchas gracias.
Reitero el agradecimiento de mi grupo.

La senyora presidenta:

Gracias, señor Santamaría.

Ahora, sí, señor Garrido, por cinco minutos, vamos a ver si puede contestar a todos.

El senyor Garrido Mayol:

Vamos a intentarlo.

Bueno, voy a empezar por este final, por la cuestión del Derecho Civil Valenciano.

Efectivamente, sé que la Asociación de Juristas Valencianos va a celebrar, se convoca (inintel·ligible) …, el viernes un acto al que yo también he sido convocado, y yo discrepo de la estrategia de esta Asociación de Juristas Valencianos.
He dicho desde el principio que soy partidario de que la Comunidad Valenciana tenga competencia en materia de Derecho Civil, y la diputada Isaura Navarro ha hecho también referencia a esto.

La reforma de la Constitución.
Mire, reformar la Constitución para que los valencianos tengamos esa competencia, vamos a olvidarnos.
Es muy difícil, por no decir imposible.
Otra cosa es que en un proceso de reforma de la Constitución se tenga en cuenta y consigamos que se modifique ese artículo, el 149.
1.
8 para que los valencianos podamos tener… A mí me gustaba mucho el sistema de la Constitución de la Segunda República, porque la Constitución de la Segunda República reconocía competencia en materia de Derecho Civil a todas las regiones, excepto en unas cuestiones, en unas materias que se reservaba el estado, las bases de las obligaciones contractuales, las formas de matrimonio, etcétera, bueno, eso es del estado.
Pues me hubiera gustado que esta Constitución lo hubiera hecho así pero no lo hizo.

Entonces, la pretensión de Â«vamos ahora a presionar para que se modifique la ConstituciónÂ», no lo vamos a conseguir, no es más fácil presionar para que el estado nos transfiera esa competencia al amparo del artículo 152.

El artículo 152 dice que el estado en materias de competencia de titularidad estatal puede transferir o delegar en las comunidades autónomas facultades correspondientes a esas competencias por medio de una ley orgánica, es por medio de una ley orgánica.
Una ley orgánica es mayoría absoluta del Congreso de los Diputados.

Yo creo que esto hablando con los grupos parlamentarios, sus grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, yo creo que se conseguiría, es mucho más fácil.
Y además el argumento es clarísimo: somos la única comunidad que en el pasado tuvimos Derecho Civil y ahora no lo tenemos.
Bien, entonces, esto como no puede ser la solución de la Segunda República, yo me iría a esa.

El tema de las diputaciones.
El tema de las diputaciones estoy de acuerdo que, ¡hombre!
, tienen una tradición relativamente asentada, sí, son de 1833.
Pero es que, claro -digamos-, la sustancia de la autonomía es de muchísimos siglos, de muchísimos siglos.
Y en 1833 pues la moda recentralizadora francesa, ¿qué es lo que se hizo?
Pues trocear todo nuestro territorio, el nuestro, el Reino de Valencia, pues se troceó en tres o cuatro provincias, al principio se pretendían cuatro, finalmente fueron tres, es una división artificial.

Es verdad que se ha consolidado.
¡Claro!
, se ha consolidado en los últimos 180 años, pero yo haría marcha atrás.
Reconozco que cumplen su papel, pero las funciones que ejercen las diputaciones provinciales las podría ejercer perfectamente algunas los ayuntamientos y otras La Generalitat.
Con una conselleria más potente de administración territorial pues yo creo que se podría prescindir de esas instituciones que a mi juicio -ya lo he explicado y no voy a insistir en ello- distorsionan un poco la organización del estado.

En cuanto a devolver competencia a justicia, mire, yo no soy partidario de la devolución de competencias.
Se habla mucho de que las comunidades tienen que devolver la competencia o que el estado tiene que recuperar la competencia en materia de educación.
¿Por qué?
Esto lo dicen quienes no les gusta cómo se gestiona la educación desde una determinada comunidad autónoma.
Bueno, pero es que a lo mejor no les gustaría cómo se gestiona desde el estado.
No seamos… Vamos a ver, el estado tiene la competencia en materia de legislación básica en materia de educación, pero las comunidades autónomas lo desarrollan.
A unos nos gusta más, a otros nos gusta menos como lo hace este gobierno, el otro, o el de más allá, pero no veo razón para devolver esas competencias.

En concreto, la de justicia, bueno, pues cumple su misión porque a los valencianos y al gobierno les interesa que la administración de justicia funcione bien.
Y para funcionar bien sí hacen falta dos cosas: primero, la competencia de jueces y tribunales; y, segundo, los medios materiales y personales.
Y esa segunda parte de los medios materiales y personales es competencia nuestra.
La primera no, la primera desde luego no, no podemos hacer nada con los jueces, ni magistrados, ni fiscales, porque son cuerpos nacionales que no los escogemos nosotros.

Y en materia de sanidad…, el problema muchas veces, y esto lo digo con la financiación -a lo que hacía referencia el diputado Mata-… Vamos a ver, se nos han transferido competencias y no se nos han transferido los medios financieros adecuados para atender a esas competencias.
En Madrid, en el Paseo de la Castellana, siempre lo pongo de ejemplo, un ejemplo muy exagerado, llego y me veo Â«ministerio de sanidadÂ», un edificio enorme, y yo digo: Â«¡hombre!
, aquí deberían de poner ministerio de sanidad de Ceuta y MelillaÂ», porque la competencia en materia de sanidad está transferida a las comunidades autónomas.

Y ¿por qué el estado no ha adelgazado en consonancia el proceso de transferencia de competencias?
Es que tenía que haber adelgazado y no ha adelgazado.
Y ¿saben ustedes por qué no ha adelgazado?
Porque tenemos unos enemigos muy potentes las comunidades autónomas en Madrid, que son los altos funcionarios públicos, los altos funcionarios de los ministerios que se resisten a soltar una competencia.

Romay Beccaría -hasta hace poco tiempo, no, sigue siéndolo, presidente del consejo de estado-, me contaba que el fue conselleiro de sanidad en Galicia y que recibió las competencias en materia de sanidad.
Dice: Â«Me daban las ambulancias más viejas, el estado se quedaba las más nuevas; me daban las camillas… Bueno, tú no sabes la revolución que fue en los hospitales gallegos que nos dejaban el material usado y viejo y el estado, que aún conservaba la competencia en relación con otras comunidades autónomas, se quedaba lo nuevo, ¿eh?
, pero me daban un dinero como si lo que me transferían fuera lo nuevo.
Â» Bueno, pues ese es un problema que sufrimos todas las comunidades autónomas.

La financiación, ¿cómo se puede hacer desde el estatuto?
, ¿qué se puede hacer desde el estatuto para tener una financiación adecuada?
Muy difícil, ¿eh?
, porque esto es competencia exclusiva del estado, la Constitución dice que es la LOFCA, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, la que de alguna manera marca la pauta y el consejo de política fiscal y financiera.

Entonces, desde las comunidades autónomas lo único que se puede hacer es presionar, que es lo que se está haciendo desde esta comunidad autónoma, presionar y exigir que haya ya un nuevo sistema de financiación que a todas luces nos perjudica especialmente a los valencianos y creo que a los murcianos, somos los más perjudicados, y que se establezcan unos criterios de igualdad, sobre todo el poblacional.
Sí que es verdad que hay otros criterios como la dispersión geográfica o el envejecimiento de la población que se tienen que tener en cuenta pero, sobre todo, en la Comunidad Valenciana se tiene que tener en cuenta la población y luego que, además, somos comunidad receptora de turismo, de inmigrantes, y todo esto se tiene que tener en cuenta porque, si no, nos asfixia este sistema de financiación que tenemos.

Voy viendo algunos temas que tengo por aquí, bueno, lo de la reforma amplia lo he entendido perfectamente, yo he querido destacar mi sorpresa porque ya sé que no se trata de perseguir una reforma amplia sino de tratar muchos pues temas que podrían ser objeto de reforma.

En cuanto al Síndic de Greuges, bueno, pues, me alegro de que haya que gente que confíe en él pero yo pues pensando en la simplificación de instituciones dudo mucho, realmente la utilidad efectiva es escasa porque no tiene posibilidad de imponer sus decisiones a las administraciones que controla, ¿no?
, entonces, un ayuntamiento lo declara hostil pero el ayuntamiento se fuma un puro con la declaración hostil por parte del Síndic de Greuges.

¿Qué más cosas tengo por aquí?
En la pregunta que me ha hecho la señora Cabedo, que hay veces que no se desarrolla el estatuto y qué soluciones tenemos.
Bueno, vamos a ver, el estatuto tiene una serie de preceptos que para su aplicación son necesarios que se desarrollen, sobre todo en materia de derechos.
El estatuto te puede decir que los ciudadanos tienen derecho a una renta de ciudadanía pero ahora falta una ley que desarrolle y concrete cuál es la renta de ciudadanía que exige el estatuto, y posiblemente pues cada partido, cada gobierno desarrolle ese precepto estatutario de una manera diferente, bueno, pues, esto ya entra dentro de lo que son las opciones de política legislativa.

En cuanto al referéndum, qué criterios se sigue porque yo he dicho que suprimiría, suprimiría no, modificaría el artículo 81 para suprimir el referéndum, en todo caso excepto para la ampliación competencial.
Pues, bueno, yo, sin haberme parado a pensarlo pero el título I y el título II, el II son los derechos y eso yo lo dejaría más abierto, pero el título I, el título III, que son las instituciones de La Generalitat, y el título X, que es la reforma del estatuto pues posiblemente son los tres títulos que yo blindaría de alguna manera para someterlos a referéndum y establecería un procedimiento más complejo de reforma.
Los demás títulos pues creo que se pueden reformar sin necesidad de tener que someter a referéndum, ya no solo la ampliación competencial sino los demás temas.

En cuanto al tema electoral que me ha preguntado el señor Subiela, vamos a ver, el margen de actuación no es muy amplio porque la Constitución predetermina de alguna manera cuál es el sistema electoral que se tiene que seguir en las comunidades autónomas.
¿Tenemos algún margen de actuación?
Pues la fijación de las circunscripciones; el número de escaños; la fórmula electoral dentro del sistema proporcional, la fórmula, ¿eh?
, regla d'Hondt o cualquier otra pero dentro del sistema profesional; las listas abiertas y desbloqueadas, que se puede conseguir esto; la barrera electoral (veus) -me paso-, la barrera electoral ya se ha quitado del estatuto, está en la ley electoral y por lo tanto…

Pero, bueno, el margen realmente, en el consejo hicimos algunos dictámenes sobre la posibilidad de que un tercio de los diputados eligieran en distritos uninominales, bueno, se puede explorar pero, realmente, si nos vamos a distritos uninominales el sistema se convierte en parcialmente mayoritario.
Es verdad que (veus), ¿eh?
, ¿perdón?
Es que… (Se sent una veu que diu: Â«Nada, nada.
Â») ¡Ah!
, bueno, bueno, entonces he acabado ya, ¿no?

La senyora presidenta:

Termine cuando…

El senyor Garrido Mayol:

Nada, pues esto, que viendo la doctrina del Tribunal Constitucional con respecto a lo que es la proporcionalidad, sí que es verdad que cuando se habla de representación proporcional no se tiene que perseguir una representación absolutamente matemática en proporción a los votos pero sí sensiblemente ajustada.
Esto lo dice el Tribunal Constitucional porque esto de la representación interterritorial es un criterio orientador o tendencial.

Bueno, ha habido exploraciones al respecto pero, si quiere, un día pues ya le comento más cosas.

Muchas gracias.

La senyora presidenta:

Muchísimas gracias.

Señor Garrido, somos conscientes de la dificultad que es condensar en tan poco tiempo temas tan complejos, pero le agradecemos sus aportaciones como al resto de comparecientes y, si tiene a bien, y así lo desea, hacernos aportar la documentación o las reflexiones se lo agradeceríamos.

I parem la comissió cinc minutets abans de rebre al següent compareixent.

(Se suspén la reunió durant uns minuts)

Compareixença de la senyora Silvia Soriano Moreno, professora de Dret Constitucional de la Universitat d'Extremadura

La senyora presidenta:

Reprenem les compareixences.

Ara comptarem amb Silvia Soriano Moreno.

Bienvenida, señora Soriano.

Ella es profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Extremadura, doctora en Derecho en la Universidad de Extremadura, licenciada en Derecho por la Universidad de Alicante y licencia en Ciencias Políticas por la Universidad Miguel Hernández de Elche.

Sus líneas de investigación se centran en el marco de los derechos, especialmente de los derechos sociales, en el modelo territorial del estado y estudios de memoria histórica y cuestiones de género.

Señora Soriano, bienvenida a esta comisión.
Dispondrá usted, en una primera comparecencia, de diez minutos; luego, intervendrán los grupos y dispondrá de cinco para contestar.

La senyora Soriano Moreno:

Muchas gracias.

Gracias por la invitación a la comisión.

No se me había pedido ningún concreto sobre el que tratar y, como mi línea de investigación es en torno a los derechos en los estatutos de autonomía, me ha parecido que es conveniente y que, además, en cualquier comisión que se aborde una reforma de un estatuto creo que es importante tratar el tema de los derechos en los estatutos.

Tenía intención también de hablar un poquito de la perspectiva de género en el texto de los estatutos también, que creo que es una cuestión interesante a tener en cuenta.
Lo que no sé es que si con los tiempos tan breves va a haber ocasión.

Como saben, en los estatutos que se reformaron entre 2006 y 2011 se incluyeron derechos estatutarios.
Hay algunas comunidades autónomas que incluyeron en sus estatutos declaraciones de derechos como hasta entonces no se había visto.
Fue un contenido muy numeroso.

Ahora hablaremos un poco de qué dijo el Tribunal Constitucional respecto de estas declaraciones de derechos, pero yo lo traía aquí porque en el marco de la investigación que yo he venido haciendo no lo he tratado simplemente como una cuestión de enunciación, sino de valor y de eficacia de estos derechos.

Valor en cuanto a la fuente en las que están recogidas, teniendo en cuenta que es un estatuto de autonomía que es norma de cabecera de un ordenamiento jurídico autonómico y, por tanto, condición de validez del resto del ordenamiento jurídico de la comunidad autónoma, y de eficacia en tanto en cuanto sean de obligado cumplimiento para los poderes públicos y demás.

Dentro de las tipologías que se encontraron en estos estatutos reformados, hay de diversos tipos en función de si se reconoce un listado explícito de derechos o algún poco más efímero de alguna manera y de las garantías que recogen o de la ausencia de ellas.

El caso, por ejemplo, del Estatuto valenciano actual recoge algunos derechos, pero no recoge concretamente garantías.
Entonces, hay otros estatutos, como pueda ser el de Cataluña o el de Andalucía o el de Castilla y León incluso, que sí recogen determinadas garantías.

Además, encontramos diversas tipologías de declaraciones estatutarias de derechos en virtud con su relación con otras esferas normativas.
Hay algunos derechos que simplemente son complemento de los constitucionales, hay algunos que son un modelo propio y hay otros que simplemente son una mera repetición de aquello que ya está recogido en la Constitución y en el ámbito internacional.

Tengo aquí algunas gráficas que he preparado respecto de derechos que recogen en los estatutos de autonomía y que son o bien complemento o bien prácticamente una copia de los ya tenemos en la Constitución respecto de derechos sociales que igual son los más interesantes.
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Bueno, como saben, los derechos sociales en la Constitución están recogidos como principios, con lo cual no son jurídicamente vinculantes en tanto en cuanto no se desarrollen por medio de una ley por parte del legislador.
Claro, el hecho de que los estatutos de autonomía reconocieran como derechos estos principios de la Constitución, habría una serie de posibilidades en su momento que fueron muy interesantes en cuanto a, precisamente, como decía, el valor y la eficacia de estos principios.
Aquí los tengo, como vamos un poco mal de tiempo.
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Y, luego, también tengo otra gráfica que les puede ser interesante respecto de aquellos derechos que se han incorporado del ámbito internacional, que ya vienen recogidas.
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, concretamente aquí tengo los de la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea, pero también hay algunos reconocidos en el Convenio europeo de derechos humanos, etcétera.
Incluso algunos reconocidos por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional como la protección de datos, etcétera.

Respecto de la tipología de los derechos que se recogieron en ese momento de reforma de los estatutos, tenemos, sobre todo, como decía, derechos de contenido social, y de ahí la importancia de que estos derechos de contenido social.
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, aquí tienen también un esquema sobre los tipos de derechos que vienen recogidos en cada tipo de estatuto, el hecho de que se recogieran estos derechos, que eran principios, la importancia que tiene.

Claro, han pasado más de diez años de esto, con lo cual, ¿por qué esto es interesante y por qué creo que es interesante a la hora de abordar la reforma de un estatuto?
Por una parte, porque hay que ver la actuación del Tribunal Constitucional de qué manera afectó a estas declaraciones de derechos.
Por otra parte, hay que ver cuál es la situación actual de estos derechos con este tiempo que ha pasado, es decir, qué ha pasado efectivamente con estas declaraciones que en su momento dieron mucho que hablar, qué ha sido de ellas y, luego, también tengamos en cuenta que esto no es un objeto estático de estudio, sino que es una evolución, que además evoluciona en el marco en el que se asienta.

Esto a lo mejor es un poco teórico, pero, bueno, en el caso español estamos ante un estado social autonómico, porque son las comunidades autónomas las que mayoritariamente tienen las competencias de contenido social y ese estado social autonómico ha ido evolucionando durante estos años, tanto en su fase social como en su fase autonómica, sobre todo lo autonómico por todos conocido últimamente.

¿Qué dijeron las sentencias del Tribunal Constitucional?
Como sabrán, el Tribunal Constitucional se encargó de esta cuestión en la Sentencia 247/2007 sobre el Estatuto valenciano precisamente y la 31/2010 sobre el Estatuto de Cataluña.

El Tribunal Constitucional dice que los derechos son contenido estatutario posible.
Es decir, el 147 de la Constitución, que nos dice qué contenido tienen los estatutos, no son númerus clausus, con lo cual es posible que se incluyan derechos, que esto era un debate doctrinal previo.
Cuando se empezaron a incorporar derechos en los estatutos, la doctrina se encontró dividida y entró en este debate en torno a si se podía o no se podía.
El Tribunal Constitucional ha dicho que sí.

¿Cuál es el problema de la resolución que hizo el Tribunal Constitucional respecto de los derechos?
Que distingue, no se entiende muy bien por qué, el ámbito institucional del estatuto y el ámbito competencial.
Y lo que viene a decir finalmente es que el ámbito institucional sí puede recoger verdaderos derechos subjetivos, que, de hecho, ya se venían recogiendo, ¿vale?
, y, de hecho, la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional venía reconociendo que las comunidades autónomas podían establecer derechos del ámbito institucional, por ejemplo, la inviolabilidad de los diputados y diputadas de las asambleas legislativas, la cooficialidad lingüística, etcétera, pero lo que viene a decir es que del ámbito competencial, aunque se enuncien como derechos, no son verdaderos derechos, sino que son mandatos al legislador y a los poderes públicos.

Por lo tanto, el requisito de la eficacia para esos derechos sigue siendo el desarrollo legislativo, con lo cual esta ventana de oportunidad que parecía abrirse respecto de los principios de contenido social de la Constitución al incluirse los derechos en los estatutos de autonomía, el Tribunal Constitucional, de alguna manera, la cierra porque lo que dice es que son mandatos al legislador y que lo que tiene que hacer para que esos derechos sean eficaces es legislar al respecto.

Aquí les he traído el párrafo de la sentencia del Estatuto valenciano que más o menos resume lo que les vengo a decir: en el ámbito de lo dispuesto por el artículo 147.
2.
d de la Constitución, los estatutos de autonomía no pueden establecer por sí mismos derechos subjetivos en sentido estricto, sino directrices, objetivos o mandatos a los poderes públicos autonómicos.
Por ello cualquiera que sea la literalidad con la que se expresen sus estatutos, es decir, aunque los estatutos digan que son derechos, tales prescripciones estatutarias han de entenderse, en puridad, como mandatos a los poderes públicos autonómicos.

Esta posición del tribunal fue muy criticada por la doctrina, sobre todo porque la argumentación parece que no sigue una línea argumental clara a lo largo de la sentencia.
El tribunal permite que el Estatuto tenga un contenido del que después dice que no es lo que se pretendía que fuera, porque.
.
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, es decir, el legislador estatutario los enuncia como derechos con la intención de que sean derechos y, después, se dice que son cosa distinta a lo que dicen ser.

Además, parte de la doctrina también ha criticado que esta posición del tribunal le convierte en algo más de lo que su función viene a ser, que es la de legislador negativo o la de interpretador conforme, y hace una interpretación que está más cerca de ser un legislador positivo -es decir, diciendo qué es lo que dice la literalidad del texto- y, luego, al final, al decir que es el legislador ordinario el que efectivamente tiene que reconocer los derechos, está permitiendo al legislador ordinario hacer algo que le impide al legislador estatutario, que efectivamente es una norma de rango superior, con lo cual esto ha sido muy criticado.

Para hacer una comparación, el proceso de reforma de estatuto fue paralelo a la reforma de los estatutos italianos y hubo un proceso parecido, en los estatutos italianos también se recogieron derechos y la corte constitucional italiana lo que vino a decir era que no entraba en la constitucionalidad de esos derechos porque entendía que no eran contenido jurídico, sino político intencional, es decir.
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De todas formas, la corte constitucional italiana también viene a hacer una interpretación muy extraña de lo que dice el texto, porque, evidentemente, si está en una norma jurídica, contenido jurídico tiene que tener, pero es distinta a la que hace nuestro Tribunal Constitucional, que dice: efectivamente, sí, los estatutos pueden contener derechos, pero no son derechos, son otra cosa.
Con lo cual la problemática que se abre ante esta interpretación del tribunal es interesante.

Por eso decía que ver lo que ha ido pasando en estos años desde que el tribunal se pronuncia es importante de cara a ver las posibilidades que se abren.

Los efectos que han tenido las sentencias, si lo vemos desde el punto de vista legislativo.
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-se me acaba el tiempo.
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, sí- desde el punto de vista legislativo y desde el punto de vista de estatutos posteriores, son que, por ejemplo, el Estatuto de Extremadura, que fue el último en reformarse en este periodo, en el año 2011, ya no recoge derechos y, precisamente, si vamos a los debates parlamentarios en torno a la reforma del estatuto, lo que hacen es hacerse eco precisamente de estas sentencias del Tribunal Constitucional y decir que si al final son principios, pues que no tiene sentido tener una declaración de derechos.

La Lorafna, la reforma de Navarra, tampoco lo incluye.
Sin embargo, ahora mismo en el congreso hay una propuesta de reforma del Estatuto canario que sí recoge derechos.
Ahora, años después, vemos cómo otro estatuto sí que incorpora una tabla de derechos.

Si vamos a la legislación de desarrollo de los derechos.
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, que esto en una cuestión interesante.
¿Por qué?
Porque el Tribunal Constitucional nos dice: los derechos son derechos en tanto en cuanto el legislador ordinario diga que lo son.
¿Cómo?
Mediante una ley de desarrollo.

Yo he tenido ocasión de hacer.
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, esto no está del todo actualizado, está actualizado al año pasado, pero para que se hagan una idea, leyes relacionadas con los derechos enunciados en los estatutos de autonomía.
Esto es para vean.
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, es una cuestión más cuantitativa que otra cosa.
Esto son las comunidades autónomas que reformaron sus estatutos y la legislación de desarrollo al respecto, y es interesante compararla con las comunidades autónomas que no legislaron, que no modificaron sus estatutos y que no incluyeron derechos, y ver también en los mismos ámbitos la cantidad de legislación que tienen al respecto.

Con lo cual, ¿cuál ha sido el efecto de esta posición del Tribunal Constitucional?
En que efectivamente los derechos que se contenían en los estatutos de autonomía no hayan supuesto una mejora en lo que a derechos subjetivos de la ciudadanía se refiere, siempre que el legislador ordinario no lo regule así.

De todas formas, yo, lo que comentaba al principio, esto creo que es un.
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, a modo de introducción, de ver cuál fue la situación y qué ha pasado durante este tiempo, pero yo plantearía este debate más en términos de valor y eficacia posible de estos derechos, más allá de lo que acabamos de comentar.

Si lo analizamos desde el punto de vista de la competencia, es decir, ¿tienen las comunidades autónomas competencia para regular derechos?
Efectivamente, en el ámbito de sus competencias propias, la comunidad autónoma puede regular las relaciones de los poderes públicos con su propia ciudadanía y con lo cual puede establecer derechos.

Además, si establece derechos, cuanto mayor rango tengan esos derechos dentro del ordenamiento jurídico autonómico más positivo será respecto del cumplimiento de estos derechos.

Desde el punto de vista de la igualdad con el resto del estado, si atendemos a la igualdad que se entiende del estado social, la igualdad del estado social lo que nos viene a decir.
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, la teoría constitucional del estado social es que se trata de manera igual a las situaciones iguales, pero de manera diferente a las situaciones diferentes.

Evidentemente, una situación de.
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, una distribución territorial del poder como nuestro marco autonómico genera situaciones materiales diferentes entre los distintos territorios y, por tanto, situaciones materiales diferentes de la ciudadanía, con lo cual, en principio, no hay problema en que haya reconocimientos de derechos en el mismo territorio de las comunidades autónomas.

Y, además, las cláusulas de homogeneidad que establece la propia constitución mediante estos artículos no impiden que las comunidades autónomas puedan reconocer derechos en el marco legislativo y puedan incluso ampliar el ámbito subjetivo de determinados derechos.

Es decir, el artículo 139 en realidad es un principio general de organización territorial, que lo que dice el Tribunal Constitucional es un límite de proyección interna.
El artículo 81 no es una cuestión competencial, pero la ley orgánica, evidentemente, hace que solo pueda ser regulada por el estado, pero no todo el ámbito que se pueda regular de un derecho tiene que serlo por ley orgánica, sino que el ejercicio puede serlo por ley ordinaria.
Y el 149.
1.
1 se ha interpretado como el establecimiento de unas condiciones materiales mínimas en todo el Estado para la garantía de los derechos -voy terminando ya.

Respecto de la fuente, bueno, entendemos que si el Estatuto además tiene una función constitucional muy importante, que la propia Constitución y la propia historia le reconoce, no hay mejor norma para reconocer derechos que el propio estatuto, entonces frente a la cuestión de la idoneidad de la inclusión de derechos en el Estatuto de autonomía, bueno, simplemente, en mi opinión, ¿no?
, y después del trabajo éste que se ha venido haciendo, es que si los derechos estatutarios son parte del Estatuto de autonomía evidentemente tienen un valor dentro del ordenamiento jurídico que hay que reconocer, en tanto en cuanto son condición de validez para el resto del ordenamiento.
La propia ley orgánica del Tribunal Constitucional habla del bloque de la constitucionalidad donde incluye los estatutos, si los derechos son contenido válido de los estatutos tienen que ser condición de validez para el resto de normas.

Es importante también la voluntad política de desarrollo de los derechos y del efectivo ejercicio de estos.
Incluirlos en el estatuto permite un blindaje de mínimos en un rango más elevado que el de la ley ordinaria.
Siempre cabe un posible cambio de posición del Tribunal Constitucional que no es nada extraño, porque últimamente estamos viendo cambios de posición en el Tribunal Constitucional respecto de doctrinas que ya estaban asentadas y que ahora parece que estamos en un momento de regresión.
Y, bueno, al final es una opción política otorgar a la ciudadanía un territorio, un rango y unos derechos subjetivos en su relación con los propios poderes públicos, que yo creo que es recomendable.

Tenía lo otro que comentar, pero ya no me da tiempo.

La senyora presidenta:

Muchísimas gracias por su exposición.

Ara des dels diferents grups polítics.
En primer lloc, el senyor Subiela, per part de Ciudadanos.

El senyor Subiela Chico:

Sí.
Gracias, presidenta.

Buenas tardes, señora Soriano.

Me han ido surgiendo preguntas conforme iba usted interviniendo que me las ha ido respondiendo usted.
Por lo tanto, casi me ha dejado sin intervención.

Pero, mire, simplemente quería preguntarle qué beneficios al final tiene o puede tener el ciudadano de que los derechos estén incluidos en el Estatut o estén recogidos en la legislación ordinaria.
Porque usted sí que ha hablado al final de tener un blindaje de mínimos.
Pero realmente cree que es necesario ese blindaje en el Estatut, no cree que sea un blindaje suficiente tenerlos recogidos en la legislación ordinaria.
No veo claro el beneficio final del ciudadano.

Sobre todo porque, además, y le pregunto, no cree usted… Porque los derechos es algo que también va evolucionando con la sociedad.
Ahora mismo somos conscientes de que tenemos o queremos unos derechos que hace quince años sin ir más lejos seguramente ni nos lo planteábamos, no estaban aceptados como derechos.

Incluirlos en el Estatut como derechos no ralentizaría su evolución o no los encorsetaría demasiado para… No sería más fácil una legislación ordinaria para su adaptación a la evolución de la sociedad que tenerlos en un estatut que ya vemos lo que nos cuesta y nos cuesta reformarlo, con las garantías de reforma que tienen en todos los sitios.

Y básicamente es esa la duda que tengo, ¿no?
, porque entiendo que usted ha venido a hablar aquí de la parte de los derechos y no vamos a preguntarle sobre otras partes que hemos tenido dudas sobre la reforma del Estatut.
¿Sabe por qué?
Porque tienes interés en que estén recogidos en el Estatut cuando vemos eso, que se queda desfasado y es muy difícil adaptarlo después a esa evolución y sería mucho más sencilla una legislación ordinaria.

Gracias.

La senyora presidenta:

Gràcies, senyor Subiela.

Por parte de Podem-Podemos, la señora Cabedo.

La senyora Cabedo Laborda:

Gràcies, senyora presidenta.

Gràcies, senyora Soriano, per estar avui ací, a més un perfil que a vegades no veiem en estes institucions, com és d'una dona jove experta en estos assumptes, i vosté crec que és un exemple que efectivament existixen.
Per tant, doble agraïment per la seua presència avui ací.

La veritat és que jo mentre l'anava escoltant m'anava preocupant per eixes interpretacions que vosté ha anat explicant que ha fet el Tribunal Constitucional, però després ha arribat a una conclusió amb la qual jo personalment estic conforme i, per tant, m'ha respost a les preguntes que jo venia tenint.

Però aleshores li preguntaré, per aprofundir encara més en les garanties que podem tindre en els nostres estatuts front a una falta de voluntat política del legislador de desenrotllar eixos drets socials que mos venen en els estatuts, quines altres garanties podem tindre com, per exemple, si vosté considera que han d'haver òrgans independents que facen, bé, que si no hi ha inclús eixe desenvolupament legislatiu, com el ciutadà i la ciutadana podem anar a eixos drets socials que estan en els estatuts?
O necessàriament hauria d'haver, des del seu punt de vista, eixe desenvolupament legislatiu perquè la ciutadania a través d'eixos òrgans independents puga demanar l'acompliment i la garantia d'eixos drets socials?

Després, veient també un poquet el seu currículum, he vist que vosté ha treballat sobre les recomanacions per a la prevenció de la corrupció en Espanya.
No sé si vosté ens pot parlar sobre la necessitat o no d'inclús un text estatutari que hi hagen mecanismes per a previndre i actuar en els casos de corrupció.
Per exemple, ara mosatros ací, en territori valencià, tenim una agència d'anticorrupció, no sé si açò seria necessari que ho ficàrem en un estatut o no.

I després, com sé que li queda molt poc de temps, bé, també volia aprofitar que vosté en ser integrant de la Xarxa feminista de dret constitucional, si ens poguera parlar, encara que siga breument, sobre com integrar la perspectiva de gènere en un estatut d'autonomia o, com a mínim, si me poguera parlar si integrant la perspectiva de gènere se pot fer únicament i exclusivament, per exemple introduint el dret a una vida lliure de violències masclistes, que a dia d'avui no està en l'Estatut d'autonomia, o si per contra se pot introduir tota una mirada perspectiva al llarg de tot el text estatutari.

I, bé, me quede ací perquè sé de les seues limitacions temporals.
Gràcies.

La senyora presidenta:

Gràcies, senyora Cabedo.

Per part de Compromís, el senyor Ferri.

El senyor Ferri Fayos:

Moltes gràcies, presidenta.

Bienvenida, señora Soriano, no sé si, usted es de Extremadura, ¿no sé si entiende el valenciano o no?

La senyora Soriano Moreno:

Sí.
Sóc d'Elx.

El senyor Ferri Fayos:

Ah!
És d'Elx?

La senyora Soriano Moreno:

Sí.

El senyor Ferri Fayos:

¡Ah!
Val.
Havia entés que era d'Extremadura.
Aleshores li faré.
.
.
Ah!
Val, val.
Aleshores, perfecte.

La veritat és que per a preparar-me esta compareixença em vaig llegir alguns dels seus articles acadèmics i vosté considera interessant precisament el contrari del que molts han expressat en esta comissió, que és que ens esperem a la reforma de la Constitució per a reformar l'Estatut d'autonomia.

I vosté, per exemple, diu que reformant els estatuts d'autonomia podem d'alguna manera incidir en el que hauria de ser una possible reforma de la Constitució i canviar tot el que seria el bloc de constitucionalita, i marcaria algunes de les coses que podríem anar introduint en eixa possible reforma de la Constitució, que a hores d'ara no sembla molt possible, però, en canvi, sí que podríem tindre una reforma de l'Estatut, si així ho acordarem en estes Corts.

Aleshores, partint d'eixa reflexió i del que vosté ens ha explicat, que em sembla molt interessant i sobretot la seua investigació, des de Compromís sí que voldríem saber:

Quins aspectes concrets, encara que vosté ja n'ha dit uns quants, haurien de reformar per a transformar eixe bloc de constitucionalitat davant l'ambigüitat de la Constitució espanyola en moltes qüestions.
I també en el sentit del model territorial.
No sé si vosté ahí podria afegir-nos alguna qüestió.

I, en segon lloc, com podem fer, com podem traslladar eixa vocació transformadora als estatuts d'autonomia, i ja que, com vosté ha dit, l'actual Tribunal Constitucional està totalment en una doctrina molt diferent a la que tenia en els anys vuitanta.
En els anys vuitanta tenia una doctrina descentralitzadora i ara està en una doctrina totalment recentralitzadora de l'estat.
Per tant, de quina manera podíem fer-ho per a sortejar eixa doctrina que està seguint últimament el Tribunal Constitucional.

Res més i moltes gràcies.

La senyora presidenta:

Gràcies, senyor Ferri.

Té la paraula, per part del Grup Socialista, el senyor Mata.

El senyor Mata Gómez:

Gracias, profesora Soriano.
Ha sido muy ilustrativa su intervención y, vamos, la comparto básicamente.

La pregunta clave es esa: cómo es posible que después de tantos años la recentralización que provoca la doctrina constitucional alcanza niveles preocupantes.
Ya pasó en la sentencia 31/2010 que ha tenido consecuencias desastrosas para el estado español y es algo… porque al final el bloque constitucional con requisitos muy estrictos, de determinadas mayorías para aprobar un estatuto por ley orgánica y que además requiere en muchas ocasiones el refrendo de…, de…, o el catalán, pues que luego haya una lectura regresiva, bueno, nos sitúa en una situación altamente preocupante.

Y también comparto su opinión sobre que la mejora que supone la incorporación de nuevos derechos, aunque no sean de aplicación directa, pues sí que condicionan todo un acervo legislativo que al final donde se aplican las leyes es en los tribunales, pues tiene consecuencias.

Pero sí me gustaría saber su opinión respecto a dos cuestiones que a nosotros nos preocupan aquí mucho, y siempre que oímos a algún profesor de constitucional nos gusta preguntarles: ¿qué opinan ustedes de los aforamientos y qué posibilidades le ve a que vía reforma constitucional, vía reforma estatutaria, podamos blindar de alguna manera los ingresos requeridos para poder ejecutar las políticas vinculadas a sanidad, educación y bienestar social que nos atribuye la Constitución, nuestro Estatuto y las leyes comunes?
Y esa fórmula es la preocupante, porque si no, estamos en una disparidad.
O sea, esta comunidad está infrafinanciada y, por tanto, rompe el principio de igualdad que también está constitucionalmente, a menos ingresos, menos gasto puede haber en educación, en sanidad y en servicios sociales.

Nada más.
Muchas gracias.

La senyora presidenta:

Moltíssimes gràcies, senyor Mata.

Té la paraula, per part del Grup Popular, el senyor Santamaría.

El senyor Santamaría Ruiz:

Bueno, muchas gracias, en nombre del Grupo Parlamentario Popular a la profesora Soriano, porque, vamos, a pesar de ser de Elche, me imagino que ha hecho un esfuerzo adicional viniendo de Extremadura a participar en estas sesiones que quedan breves para los comparecientes.

Ha coincidido su intervención con buena parte de las intervenciones que estamos viendo en el día de hoy y también con alguna otra intervención de los comparecientes en alguna otra sesión de esta comisión.

En realidad estamos asistiendo a un debate doctrinal sobre el mayor o menor alcance que puedan tener los derechos que tengan reflejo en el Estatuto de autonomía de la Comunidad Valenciana frente a esa jurisprudencia constitucional de la regulación de los derechos en el ámbito de la Constitución española.

Es muy interesante los debates doctrinales, sobre todo los que venimos del mundo más o menos del derecho.
Pero en realidad a mí lo que me preocupa es cómo hacemos realidad la configuración o cómo hacemos verdaderamente eficaces la configuración de los derechos dentro de ese marco; debatir si es mejor para superar el marco restrictivo o no restrictivo del Tribunal Constitucional, pues me temo que el Tribunal Constitucional está formado por magistrados especialistas en derecho constitucional y por otra serie de juristas, y hasta que no cambie pues me imagino que es hablar de algo que no tiene demasiado sentido.

Pero lo que sí que me preocupa, o preocupa a mi grupo, es la configuración del texto autonómico como un texto de reconocimiento de derechos que luego, en tanto y en cuanto la medida no se lleven a la aplicación práctica porque se trata únicamente, como los del título VII de la Constitución, de principios informadores, que pueden introducir garantías y obligaciones a las administraciones públicas, pero también garantías, pero veamos a ver cuáles son esos mecanismos de garantías.

Antes el anterior compareciente decía que la regulación de un derecho social pues tiene un contenido mínimo y yo preguntaba: cómo ajustamos… o qué mecanismos estatutarios hay para ajustar esa regulación de los derechos a un hecho que es evidente, que es que los recursos económicos son limitados, que las necesidades que llevan aparejadas la satisfacción de los derechos sociales son elevadas y que crecen, unas de manera exponencial y las otras de manera aritmética, es decir, qué mecanismos para hacerlo práctico.

Antes me han contestado que con un contenido mínimo y una determinación de prioridades podríamos salvaguardar los derechos sociales.
Pero dentro del marco de lo que es un estatuto hay muchas más cosas además de derechos sociales, están las propias instituciones, es decir, otra serie de elementos que no hacen tanto sencillo eso de, bueno, fijemos las prioridades o centrémoslas en este ámbito.

Y eso es lo que yo echo a faltar en toda esta cuestión.
Podemos regular, efectivamente, como dice la compañera, y yo creo que estaríamos todos de acuerdo, el derecho de la mujer a no sufrir ningún tipo de violencia, o incluso el derecho de ningún valenciano o valenciana a no ser víctima de ningún tipo de discriminación ni de violencia.

Pero lo cierto es que hasta que alcancemos esa meta, se producen fenómenos de violencia de un tipo o de otro, discriminaciones, desgraciadamente.

Entonces, cómo hacemos para que en el ámbito de los derechos, en una norma de rango estatutario, esto no sea la carta a los Reyes Magos, sino que, efectivamente, haya mecanismos para poderlos hacer efectivos, algunos de garantías de actuación de la administración, pero en el último término, necesariamente vinculados a la existencia de recursos.
Y cuando bajan los recursos, qué sucede, qué le sucede a una administración que no, por ejemplo, ejecuta a medidas en apoyo a la discapacidad o con un contenido…?
¿Qué sucede?

Esas son preguntas que en el día de hoy se han formulado varias veces y yo no le encuentro respuesta.
A ver si pudiera usted alumbrar algo de luz a esta cuestión.

La senyora presidenta:

Gracias, señora Santamaría.

Señora Soriano, por tiempo de… (Veus) ¿Te he dicho señora también?
(Veus i rialles) Hoy no es mi día.
(Rient) Discúlpeme, señor Santamaría.
(Veus) No hay una especial animadversión… (Veus)

Bueno, vamos a darle ahora cinco minutos para contestar a la señora… a la señora Soriano.
Cuando quiera.

La senyora Soriano Moreno:

¿Cinco minutos para todo?
(Rialles)

La senyora presidenta:

Con generosidad.

La senyora Soriano Moreno:

A ver.
Bueno, voy a empezar por orden y hasta dónde me dejen.

Vale.
Empiezo por sus preguntas.
Respecto de los beneficios para la ciudadanía y sobre el encorsetamiento, esto es un debate doctrinal que también se tuvo cuando se incluyeron derechos al principio.
Y aparte de la doctrina, que decía que era una limitación del principio legislativo, en tanto en cuanto se le… como de alguna manera, se le retiraba una potestad al legislador ordinario de algo que podía hacer.

Yo creo que…, es decir, estamos hablando de derechos, no estamos hablando de cualquier cosa.
Entonces, blindar de alguna manera un contenido mínimo de los derechos siempre va a ser positivo para la ciudadanía.
¿Es difícil reformar un estatuto?
Por supuesto.
Pero mucho más difícil es reformar una constitución.

¿El tener un listado de derechos excluye el reconocimiento de nuevos?
Ni muchísimos menos.
Y de hecho, lo estamos viendo.
Tenemos una tabla de derechos en la Constitución de 1978 que no ha impedido reconocer otros derechos por vía jurisprudencial, por vía legislativa, por vía de interpretación.

Es decir, ¿la igualdad del artículo 14 solo incluye los supuestos de igualdad que dice el artículo 14?
No.
Incluye unos supuestos mucho más amplio.
Entonces, por vía de la interpretación siempre se puede ampliar eso.
Y, en cualquier caso, siempre va a ser más sencillo reformar un estatuto que reformar la constitución.

Beneficios para la ciudadanía.
Yo creo que reconocerle a la ciudadanía, desde la norma de cabecera del ordenamiento jurídico, unos mínimos de posición subjetiva… Yo también intento responderle un poco a una de las preguntas que me hacía él -no recuerdo su nombre, perdón-…, es decir, respecto de la posición que la ciudadanía tiene con sus propios poderes públicos.
Y a lo mejor esto de los debates teóricos y no sé qué puede ser un poco rollo, pero creo que es importante.
Es decir, la importancia que tiene el tener una carta de derechos determinada a nivel teórico también es importante.

Evidentemente con la posición del Tribunal Constitucional esto impide que yo, si me veo vulnerado mi derecho a la vivienda, me pueda ir a un tribunal y decir: Â«Oiga, es que se me está vulnerando mi derecho a la viviendaÂ», porque ya el Tribunal Constitucional ha dicho que si no hay una ley de desarrollo esto no tiene más recorrido.

Pero sí que es cierto que a la hora de que los poderes públicos y que el legislador regule ese derecho a la vivienda, habrá unos mínimos que tenga que cumplir, porque si no, estará incumpliendo el propio estatuto, que es la norma de cabecera que da sentido al resto del ordenamiento.

Entonces, ahora mismo, con la solución que dio el Tribunal Constitucional, de cuáles son las garantías de esos derechos, que de alguna manera blinda unos mínimos respecto del legislador.
Yo creo que eso es importante, respecto de la posición que la ciudadanía tiene con los poderes públicos.
Y creo que también como opción política para los representantes públicos es importante poder decir: bueno, hemos otorgado a la ciudadanía una posición de relación con nosotros mismos, que les sitúa en un plano, el de garantía de ciertas posiciones subjetivas, que sin esto a lo mejor no tendrían.

Evidentemente, la solución del tribunal limita mucho la amplitud de los derechos y la eficacia efectiva que pudieran llegar a desplegar, pero no olvidemos que forman parte de un texto estatutario y que son contenido legítimo de ese estatuto.
Y eso no lo puede perder de vista el legislador y no lo pueden perder de vista los tribunales.

Cuestión distinta es que, efectivamente, se aplique, porque, bueno, también estamos viendo que tenemos una carta de derechos sociales que viene del consejo de Europa que los tribunales no están aplicando.
Bueno, al final, siempre hay fallas en el sistema.
Y, bueno, a lo mejor también el tiempo y el ejercicio de los propios derechos hace que esto vaya evolucionando.
Voy a seguir porque me quedo sin…, perdón, me quedo sin tiempo.

También con eso te he respondido un poquillo a usted también, cómo la ciudadanía puede acceder a esos derechos.
Ahora mismo no tiene mecanismos para que, efectivamente, se cumplan esos derechos más allá de poder argumentar que una determinada ley no está cumpliendo con el texto del estatuto, que es la norma de validez de la legislación autonómica.

Entonces, ahora mismo la… el nivel de garantía que tienen los derechos con esta solución básicamente es este.
Esto no impide, como hemos dicho, como he comentando antes, que el tribunal pueda llegar a cambiar su doctrina y no impide que la voluntad política de los poderes públicos autonómicos garantice la eficacia efectiva y el cumplimiento efectivo de estos derechos.

Respecto de las recomendaciones para el tema de la prospectiva de género, como comentaba, era otra de las cosas que tenía para hacer, pero no he podido.
Evidentemente no es una cuestión solo de reconocimiento de derechos, que también… Es decir, es muy interesante hablar de una vida libre de violencia de género, de hablar de derechos sexuales, introducir los cuidados en la norma de cabecera.
Es decir, todo esto es importante.

Pero sobre todo es importante transversalizar la cuestión.
Muchas veces lo que decimos… Lo que pasa es que esto es una cuestión que debería abordarse más desde un rango constitucional, que el estatutario lo tiene un poco más limitado, en tanto en cuanto lo que se reivindica es que las mujeres seamos efectivamente sujetos de derecho, que es lo que no hemos sido a lo largo de la historia y a lo largo de los distintos tipos de constitucionalismos.
Siempre se nos ha dejado fuera.

Entonces, la igualdad y el concepto de igualdad que tenemos no nos hace iguales, sino que nos hace hombres.
Con lo cual, introducir a las mujeres como sujeto dentro de los textos constitucionales o estatutarios va a permitir que ese desarrollo de la igualdad avance un poco más que el simple reconocimiento de cuestiones puntuales.

Lo del tema de la reforma constitucional por vía de los estatutos.
Esto es algo muy discutido por la doctrina.
Ha habido parte de la doctrina que habla de la reforma por vías espurias de la Constitución, que es lo del tema de poder reformar los estatutos.
Al final, el estatuto cumple una función constitucional muy importante.
¿Por qué?
Porque de alguna manera rellena huecos.
La Constitución no termina de fijar un marco autonómico y el legislador, el constituyente en su momento va dejando a la actividad posterior que eso se vaya rellenando.
Con lo cual, el estatuto de autonomía no es una ley orgánica ordinaria, no es cualquier tipo de ley.
Es decir, es una ley que complementa la Constitución.

¿Cambiar los estatutos cambia de alguna manera la constitución material que se llama, no la formal?
Es decir, el texto de la Constitución no cambia, pero la constitución material sí puede cambiar.
Entonces, evidentemente, hay ciertas cosas que no se pueden tocar, pero hay otras cosas que sí.
Y yo creo que es interesante utilizar la herramienta de los estatutos, que, como decía, es algo que es más sencillo de reformar que una constitución para mejorar.

Claro, frente a la ambigüedad constitucional del ámbito territorial no se puede hacer mucho, porque lo que dice la Constitución no se puede camíbar desde un estatuto.
Lo que se puede es adaptar a determinadas realidades.

El problema de la situación actual, y retomo un poco lo que comentaba él, es que después de la sentencia 31/2010, claro, el marco autonómico se ha construido con base a acuerdos políticos.
La sentencia del Constitucional del estatuto de Cataluña rompe de alguna manera esta dinámica histórica de que los acuerdos políticos eran los que habían dado forma al estado autonómico.
Con lo cual, claro, nos encontramos ahora mismo en un situación de difícil solución, porque esto siempre ha avanzado con acuerdos políticos.
Y ahora resulta que lo que nos dicen es: Â«No, esto se acordó políticamente y ahora ya no vale.
Â» Por eso mismo también se ha reformado la ley del Tribunal Constitucional, para que el tribunal pueda analizar el estatuto antes del referéndum y que no vuelva a pasar lo mismo.

Respecto de los aforamientos, que qué opinaba.
Muy rápido.
Yo creo que es un tema que a nivel de… a nivel electoral y a nivel populista llama mucho la atención, pero creo que hay que tomar con cuidado.
ES decir, a lo mejor hay un número excesivo de aforamientos, pero creo que no solo es una cuestión… Yo no creo hasta qué punto protege al propio aforado, sino también de alguna al propio órgano judicial que se encarga de las distintas causas.

Con lo cual, yo creo que es algo que hay que analizar y sentarse y ver tranquilamente.
Es decir, es mucho más fácil corromper…, no estoy diciendo que se corrompa a los jueces, pero mucho más fácil coaccionar de alguna manera a un juzgado de un municipio que no tiene un nivel de garantías como un tribunal superior.
Es decir, yo creo que también es una forma de proteger a los órganos judiciales.
Y yo creo que no es algo que se pueda hacer a la ligera, de vamos a quitar los aforamientos, sino que yo creo que habrá que sentarse y estudiarlo.

Simplemente, respecto de lo que él comentaba, que un poco lo que más ha incidido es el tema de los gastos de los derechos sociales.
No son la parte más importan… Es decir, hay muchos otros derechos que se tienen que garantizar que también llevan aparejado gasto.
Es decir, el derecho a la tutela judicial efectiva implicar que hay que hacer juzgados, que hay que hacer edificios, que hay que hacer oposiciones, que hay… ES decir, todos los derechos llevan aparejado algún gasto.
Al final, es una excusa el hecho de que los derechos sociales llevan aparejado un gasto mayor.
Y además, en este país vemos cómo las partidas de gasto del estado o de los territorios se van colando por otros asuntos que afectan menos a la ciudadanía que los propios derechos sociales.
Y al final, no deja de ser una opción política.

Estamos en un estado social o no estamos en un estado social.
Si estamos en un estado social hay que garantizar, hay que garantizar ciertos mínimos de derechos sociales para la ciudadanía, y hay que ver cómo, evidentemente, cómo se articula el gasto.
Claro.
Pero tenemos un problema también, y es que hemos blindado el pago de la deuda en la Constitución antes que garantizar unos niveles mínimos de condiciones de vida para la ciudadanía.
Entonces, eso también es un problema.

¿Se puede hacer?
Yo creo que se puede hacer.
Hay que estudiarlo, hay que ver dónde se está yendo el dinero también que no está afectando directamente a la ciudadanía.
Es decir… Pero se puede hacer.
Evidentemente, se pueden garantizar… Perdón, es que ya… (rient) me está mirando la presidenta.
Creo que me he dejado preguntas sin responder, pero ya…

La senyora presidenta:

Buenos, señora Soriano, muchísimas gracias por sus aportaciones.
Si hay algún documento o alguna reflexión que quiera aportar, será bienvenida en esta comisión.
Y nuevamente agradecérselo, porque además viene de fuera de la comunidad.
Así que doble agradecimiento.

La senyora Soriano Moreno:

Gracias a ustedes.

La senyora presidenta:

No vos n'aneu d'ahí que tenim de tancar l'ordre del dia de la següent comissió.
Dos minutos para despedir a la señora Soriano.

(Se suspén la reunió durant uns minuts)

La senyora presidenta:

Bé, ens ha quedat a l'inici de la comissió aprovar l'acta de la sessió anterior.
Si ninguna de les seues senyories té problema.
.
.
Que no hemos aprobado el acta, letrado.
Queda aprovada l'acta de la sessió anterior.

I, després, recordar.
Per l'escrit que vàreu rebre, se va fixar esta comissió com la comissió en què acordaríem l'articulació de les futures compareixences que es podrien produir dins d'esta comissió, no?
Hem rebut escrit de tres grups polítics: del grup del partit de Podem, de Compromís i del Partit Popular.

En el cas de Podem i Compromís, és de veres que hi ha sol·licituds de compareixences i en noms i cognoms, no així en el cas del Partit Popular.
Aleshores, plantejaríem, si vos pareix, dos coses: una, que, com ens queden quatre compareixents encara per comparéixer, convocarem una nova comissió, probablement entre el 5, el 12 o el 19, perquè els quatre compareixents que mos han quedat pendents vinguen a esta comissió, en setembre, (veus) 5, 12, 19 de setembre; (veus) i, en segon lloc, plantegem als grups polítics que facen aplegar, si així ho consideren, un nou pla de treball o una reformulació o un replantejament o una revisió o què volen fer d'eixe pla de treball.

Sí, senyor.
.
.
?

El senyor Santamaría Ruiz:

No, yo.
.
.
Nosotros, la postura del Grupo Popular parte de recoger lo que ha sido la opinión vertida aquí por algunos expertos, no precisamente propuestos por el Grupo Popular, sino que todo el proceso de reforma del Estatuto, cuanto más sea participativo y abierto a la sociedad valenciana, mucho mejor.

Por eso, lo que proponemos sería al revés.
Más que nosotros decir qué asociaciones tienen que venir…, quiero decir, que se hiciera un trámite o una publicidad o un…, no sé, un trámite de información pública para que cualquier asociación, entidad, fundación, persona que quiera, partido político que quiera participar en el proceso pueda venir y pueda expresar su opinión.
Eso es lo que sería hacer un procedimiento abierto en el sentido que proponían algunos comparecientes.

El senyor Mata Gómez:

Presidenta.

La senyora presidenta:

Sí.

El senyor Mata Gómez:

Si em permet, presidenta.

Pel que jo he entés, que falten quatre compareixents i que ho farem en setembre i que la seua proposta és que repensem què proposem en setembre, no?

Doncs, jo n'estic totalment d'acord.
Vull dir, que donat que moltes de les compareixences mos han parlat de drets en certes circumstàncies, d'aforaments, de moltes coses, doncs, vore si podem resetear un poc els treballs de la comissió.
No comprometent-nos ja a vore quines associacions i tal, sinó dur un paperet en setembre i dir: doncs, mira, a mi m'agradaria que fóra molt participatiu i que vingueren associacions o.
.
.
tal, estes, o no; o altres i diguem: doncs, mira, jo crec que ja no fa falta compareixences perquè ja estem en estes dates i no sé si la reforma.
.
.
Saps?
Que un poc saber un poc on ens situem cadascú perquè, si no, continuarem en una dinàmica que mos durà a saber on i.
.
.

El senyor Santamaría Ruiz:

Pero, si me permite, nosotros lo que proponemos es que sea abierto.
Es decir, por ejemplo, los agricultores valencianos igual tienen algo que decir.
Y, a lo mejor, que… no sé, partidos extraparlamentarios tienen algo que decir.
Es decir, que yo no sé si es posible, pues, hacer un anuncio y que todas aquellas asociaciones que tengan interés en participar en el proceso, puedan expresar su opinión, más que nosotros tengamos que hacer un listado de las asociaciones.
(Veus) Esto es el modelo participativo.
(Veus)

La senyora presidenta:

Continuem, que hi ha paraules per part de Podem.

Cristina.

La senyora Cabedo Laborda:

Sí.
Només manifestar que, en primer lloc, nosaltres hem presentat eixes quatre compareixences perquè és el que se va acordar en la mesa d'esta comissió, que se fera d'aquesta forma.
Ara entenem que hi ha una nova proposta que està plantejant el Partit Popular, però que és diferent d'allò ja acordat.
Per tant, ara haurem de parlar sobre si eixa proposta se fa o no se fa, però és un assumpte diferent del de les compareixences de societat civil que ja havíem pactat fer-ho de la manera en què Podem, i crec que Compromís, ho ha presentat.
(Veus)

Jo crec que podem traslladar al mes de setembre, en la primera de les comissions del mes de setembre, com continuar.
I ahí podem plantejar-nos el que diu el senyor Mata sobre si continuar o no la comissió, crec que això també és un posicionament polític que cada un dels grups haurà de repensar, i també plantejar-nos la nova proposta que ara fa el Partit Popular, que és diferent del que ja havíem acordat.

Per tant, per part de Podem, no tenim inconvenient en fer les quatres compareixences que mos queden, dels quatre compareixents, més les altres de la societat civil que hem presentat els grups, que ho hem fet concorde amb allò que havia dit la mesa, i, després, replantejar-nos esta nova proposta i la que diu el senyor Mata sobre continuar o no la comissió.

La senyora presidenta:

Senyor.
.
.

El senyor Santamaría Ruiz:

No, pues, yo, la posición.
.
.

La senyora presidenta:

Señor Santamaría, vamos a dejarle que está.
.
.

El senyor Santamaría Ruiz:

Perdón.

La senyora presidenta:

Señor Subiela.

El senyor Subiela Chico:

No.
Si quieren acabar con ese debate, no hay pegas.

Yo la única duda que ponía era sobre las fechas que usted ha dicho para septiembre, que tenga en cuenta que me imagino que a mitad de septiembre será el debate del estado de la comunidad.
Entonces, me imagino que sería conveniente pasarlo o a final de septiembre esta… (Veus) De todas maneras, igual usted tiene información sobre cómo va a ser el período de sesiones siguiente, pero, igual, hasta que…, no sé, me parece que hasta que no tengamos las fechas de plenos igual no podemos convocar comisiones o… (Veus)

Bueno, pues.
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(Se sent una veu que diu: Â«El debate, ¿ya se sabe qué fechas son?
Â») Pero, bueno, suele ser sobre el 15, sobre mitad de mes suele ser.
(Se sent una veu que diu: Â«Sí.
Â» Veus i rialles) Vale, vale.
No sé, yo lo decía por eso, porque se tuviera en cuenta que yo creo que sería más factible tenerla a final de septiembre, principio de octubre, que para principio de septiembre, que suele ser el debate.
Simplemente, tener esa apreciación.

Gracias.

La senyora presidenta:

Senyor Ferri.

El senyor Ferri Fayos:

Sí.
Jo el que faria és que els portaveus dels grups fem una reunió i plantegem un pla de treball, en base a tot el que hem plantejat els grups ací hui, i arribem a un acord i ho plantegem a la presidència de la comissió i ja que la presidenta, doncs, l'execute.

Per tant, el que faria jo és això, que mos reunim els portaveus dels grups, en algun moment, durant el mes de juliol o principi de setembre o quan siga, plantegem un pla de treball que serà el que farà la comissió.

La senyora presidenta:

Convocarem en el mes de setembre, en la data que se'ns permeta, quan se fixe el calendari del nou període de sessions, les quatre compareixences que tenim previstes.
I vostés, senyories de tots els grups, se comprometen que en eixa comissió aportaran eixe document d'eixe possible pla de treball per a futur, d'acord?

S'alça la sessió.

(S'alça la reunió a les 13 hores i 6 minuts)