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Comissió de Justícia, Governació i Administració Local realitzada el dia 27 de juny de 2016.
Comença la reunió a les 11 hores i 5 minuts.
Presideix el diputat senyor Luis Santamaría Ruiz.
Reunió número 9.

(Ocupa la presidència la vicepresidenta, senyora Cristina Cabedo Laborda)

La senyora vicepresidenta:

Bon dia.

Comencem la comissió de justícia.
Avui l'anomenarem de justícia perquè com ve la consellera de justícia i administració.
.
.
La senyora Rosa Peris començarà passant llista.
Quan vulga.

La senyora secretària:

Gràcies presidenta.
Bon dia.

(La secretària passa llista per tal de comprovar si hi ha quòrum)

Hay quórum, presidenta.

La senyora vicepresidenta:

Gràcies, senyora Peris.

En les seus carpetes tenen l'acta de l'última reunió.
Si no n'hi ha cap discrepància sobre el seu contingut l'aprovarem.
Bé, doncs queda aprovada l'acta i passem al primer punt quant a compareixences.

Compareixença de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, senyora Gabriela Bravo Sanestanislao, per a informar sobre la política del Consell en relació amb el personal eventual, sol·licitada a petició pròpia (RE número 12.
237)

La senyora vicepresidenta:

Ens acompanya la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, a petició pròpia, per a informar sobre la política del Consell en relació amb el personal eventual.

La seua primera intervenció, senyora Bravo, no té limitació de temps, així que quan vulga.

La senyora consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques:

Gràcies.

Buenos días, señora presidenta.

Señorías.

En primer lugar, quiero dar las gracias a la Comisión de Justica, Gobernación y Administración Local por haber tramitado la petición de comparecencia que presenté el pasado mes de enero.
Creía entonces y creo hoy que es necesario explicar la política de nombramientos del personal eventual de La Generalitat ejecutada por este Consell desde los principios de transparencia y buen gobierno que rigen nuestra actuación.

Al término del mandato del antiguo Consell, en junio de 2015, la fotografía era la siguiente: la administración de La Generalitat disponía de noventa y dos puestos de trabajo reservados al personal eventual repartidos entre la presidencia y las distintas consellerias.
El marco legal estaba compuesto por la normativa estatal aplicable al efecto, así como por la Ley 10/2010 de 9 de julio, de ordenación y gestión de la función pública valenciana y el Decreto 349/1995, de 28 de noviembre, sobre regulación del personal eventual al servicio de la administración del gobierno valenciano.

Asimismo, la estructura de los gabinetes de las consellerias aparecía recogida en el acuerdo del Consell de 27 de junio de 2003, que también fijaba las retribuciones de este personal.
Desde el primer momento, el actual Consell apostó por la reducción del personal eventual al servicio de sus distintos departamentos.
Política acorde con los ejes del Acuerdo del Botànic, que aboga por la reducción de los gastos superfluos, la reordenación y racionalización de la administración valenciana y la optimización de sus recursos.

Por eso, este Consell sólo nombró a cincuenta asesores de carácter eventual en una primera fase.
Fue un proceso complejo, derivado fundamentalmente del cambio de criterio de la intervención de La Generalitat que, tras una sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de esta comunitat, exigía que todo candidato a ocupar un cargo con carácter eventual, dispusiese del correspondiente título académico pues, en caso contrario, ya advertía que haría un informe negativo.

Ese factor generó muchas disfunciones en varias consellerias que vieron cómo la necesidad de formas los nuevos equipos de trabajo, imprescindible para la ejecución de las políticas públicas, chocaba en ocasiones con la imposibilidad de nombrar, para determinados puestos, al personal eventual de confianza elegido por los respectivos consellers.

El cúmulo de problemas fue diverso.
Algunos asesores vieron retrasado su nombramiento semanas, incluso meses, lo que dilató su acceso al puesto de trabajo.
En otros casos, el nombramiento tuvo que efectuarse en plazas con retribuciones inferiores a las funciones que realmente estaban desempeñando, o se reclasificaron determinados puestos de trabajo para ajustarlos a las demandas de titulación.
Varias designaciones, por último, tuvieron que realizarse con efecto retroactivo, ante la necesidad de que los asesores elegidos por los correspondientes consellers ejerciesen de inmediato sus funciones.

Como todos ustedes saben, la función que desarrolla la intervención de La Generalitat es el control de todos los actos de la administración que impliquen derechos y obligaciones de contenido económico, con el fin de asegurar que la gestión de la cosa pública se ajuste a las disposiciones aplicables al caso.

Pues bien, las disposiciones aplicables en este caso en materia de eventuales eran precisamente el Decreto 349/1995, sobre regulación del personal eventual, el acuerdo del Consell del 27 de junio de 2003, además de la legislación general sobre función pública.
Y ninguna de estas normas recogía -ni lo hacen hoy- la titulación como requisito previo para el acceso a un puesto de trabajo de carácter eventual.

Es una exigencia que además tampoco está en el Estatuto básico del empleado público ni en ninguna norma que regule el personal eventual, ni de carácter estatal, ni de carácter autonómica.
La intervención de La Generalitat basaba su criterio de exigibilidad de titulación académica para el personal eventual -como he señalado anteriormente- en la Sentencia 545/2014, de 12 de septiembre, dictada por la sección segunda de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de esta comunitat.

El fallo, en este caso concreto, anuló tres nombramientos de personal eventual realizados en junio de 2011 por la antigua Conselleria de Economía, Industria y Comercio.
Para que conozcan ustedes los antecedentes, de forma muy precisa, hay que recordar que dicha conselleria tenía suspendido el reglamento orgánico funcional por resolución judicial.
Por tanto, sólo la relación de puestos de trabajo de 30 de julio de 2010 recogía las plazas de jefe de gabinete, asesor parlamentario y jefe de prensa de naturaleza eventual, pero sin consignar en estas RPT ni las funciones, ni las retribuciones.

Fueron las respectivas resoluciones de nombramiento de estos cargos las que fijaron esas funciones que aparecieron definidas como de dirección, asesoramiento en asuntos generales y coordinación de secretaría.
Para el tribunal superior valenciano esas funciones no son propias de forma exclusiva y excluyente de puestos de naturaleza eventual y, por este motivo, sólo por este motivo y no por carecer de títulos académicos anuló los nombramientos realizados.

En cualquier caso, la sentencia del tribunal de justicia -también quiero recordar- resuelve un conflicto entre las partes y, por tanto, no estamos hablando de sentencias del Tribunal Constitucional que pueden producir efectos erga omnes, o sea, producen efectos respecto a todos, resolvía un conflicto concreto y esta resolución no podía, por tanto, tener efectos respecto a cualquier otra cuestión por muy relacionada que estuviera.
Por lo tanto, carecía de sentido, desde el punto de vista jurídico, que la intervención se basara en dicha resolución judicial para exigir un requisito no contemplado en nuestro ordenamiento jurídico, partiendo de una errónea interpretación de una resolución judicial que, al resolver el fondo, tampoco estaba cuestionando las titulaciones académicas.

Pero es que, además, esta interpretación de la intervención de La Generalitat contravenía y contraviene de forma absoluta tanto la ley, como la doctrina, como la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Pues todos coinciden en que Â«empleado eventualÂ» es aquella persona que, mediante un nombramiento libre, se incorpora a la administración pública en una relación de naturaleza administrativa, ocupando puestos de trabajo no reservados a funcionarios de carrera desempeñando, con carácter temporal y en favor de determinados órganos o autoridades, funciones exclusivamente calificadas de confianza o asesoramiento especial, siendo cesado libremente por la autoridad que le nombró y, en todo caso, de forma automática cuando se produzca el cese o expire el mandato de la autoridad.

Esas funciones, exclusivamente calificadas de confianza o asesoramiento especial, excluyen funciones como las de dirección o coordinación como en efecto ya precisó en su día el Tribunal Superior de Justicia.
Este es el concepto de personal eventual que refleja además el Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del estatuto básico del empleado público, el EBEP y que también, además, estaba presente en el Decreto 349/1995, en vigor cuando el actual Consell llegó a esta Generalitat.

El personal eventual, señorías, nace de una relación de confianza entre la autoridad que le nombra y la persona nombrada.
Por eso, el legislador les prohíbe realizar todas aquellas tareas que comporten un ejercicio de actividades ordinarias de gestión o de carácter técnico atribuibles por su propia naturaleza a los funcionarios públicos.
Por ello, a los eventuales no se les puede exigir una titulación específica, porque al quedar encomendadas las actividades de carácter técnico a los funcionarios es a estos a quién le es exigible que dispongan de la cualificación académica adecuada.

De hecho, así lo estipulan las bases para opositar a las distintas plazas.
Al contrario, el personal eventual desempeña un trabajo de confianza, queda a disposición de la autoridad que le ha nombrado, por lo que no requiere, porque no lo exige el ordenamiento jurídico, ningún requisito específico en materia de titulación.
Y este es el criterio que, además, ha fijado numerosa jurisprudencia del Tribunal Supremo.
No hay ni una sola sentencia del Tribunal Supremo que exija la titulación académica como requisito para poder acceder al cargo de personal eventual.

La sentencia de la Sala Tercera de lo Contencioso, de 26 de mayo de 2008, que resuelve un recurso interpuesto por la Diputación Foral de Vizcaya, establece de manera literal, Â«el personal eventual es el que desempeña solamente funciones de confianza o asesoramiento especial; su nombramiento y cese son libres, por lo que no es necesario que se reclute entre funcionarios, ni que cumplan requisitos específicos que cualificación quienes sean nombrados con este carácterÂ».
Lo dice el Tribunal Supremo.

Y ese mismo fallo, además añade que, en efecto, además de no ser obligado que los puestos de personal eventual figuren junto con los reservados a funcionarios y los de contratados laborales en una relación de puestos de trabajo única, resulta que por su propia naturaleza no es exigible precisar requisitos a quienes pueden ser nombrados y cesados libremente.

Los mismos argumentos aparecen en varias sentencias posteriores que no les voy a leer por no cansarles, pero sí que voy a citar.
Entre ellas la del 16 de febrero u 8 de octubre de 2012, ambas resuelven también sendos recursos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña instados por La Generalitat de Cataluña.

Señorías, me he extendido en esta primera explicación porque la titulación o no del personal eventual fue una de las primeras críticas que recibió este Consell.
También es la base de la impugnación presentada por un miembro de estas Cortes ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana contra el Decreto 185/2015, de 16 de octubre, que es el que rige actualmente la materia sobre personal eventual, aprobado por este Consell.
Dicho recurso, como supongo sabrán todos, ha sido inadmitido a trámite por la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de esta comunitat.
Por lo que creo zanjado el asunto en la vía judicial.

Espero que esta comparecencia, además, permita dejar aclarado el tema sobre la titulación del personal eventual en sede parlamentaria -insisto-, problema que sólo se ha planteado en esta comunitat.
No hemos encontrado ni un solo antecedente en el resto del territorio español.

Como les decía antes, en una primera fase solo se nombraron cincuenta asesores eventuales.
Se actuó así porque, siguiendo y siendo coherentes con el espíritu plasmado en el Acuerdo del Botánico que nos imponía a los nuevos responsables del gobierno autonómico una mejora en la eficiencia de la administración basado en principios de racionalidad y austeridad del gasto, entendíamos que había que reducir el número de eventuales.

Con esa filosofía, una de las primeras actuaciones que acometió el nuevo gobierno fue la de suprimir los puestos de asesor coordinador del grupo A1, A2, puestos de naturaleza funcionarial cuya forma de provisión era de libre designación.
La finalidad última que esta decisión perseguía era evitar que, mediante puestos reservados a funcionarios, se incrementase de manera encubierta el número de eventuales o de asesores dedicados a asesorar a miembros del Consell o a altos cargos como los secretarios autonómicos o los subsecretarios.

Este gobierno prescindió de ellos en aras, como he señalado, a una mayor eficiencia racionalización de los recursos humanos de la administración y con la ventaja añadida de la reducción del gasto público.

Esa es la filosofía que llevamos al Decreto 185/2015, que regula el personal eventual de la administración de La Generalitat, con criterios también restrictivos respecto a su número.
Por eso la norma también elimina el carácter eventual de los directores conservadores de parques naturales, doce con el antiguo Consell.

El carácter eventual de este tipo de cargos tuvo su razón de ser en los inicios de la política de creación de espacios o ecosistemas protegidos por su relevancia medioambiental, lo que ocurrió en una época en la de los cuerpos de funcionarios de carrera cuando no incluían técnicos en esta materia y había que buscarlos fuera.
Pero hoy sí contamos con este tipo de profesionales, por lo que no es necesario mantener esta condición de eventual que, además, entendemos que es incompatible con lo dispuesto en la Ley 10/2010, de la función pública valenciana, que precisa que en la administración de La Generalitat sólo podrán disponer de personal eventual los gabinetes de presidencia, vicepresidencia y las distintas consellerias de La Generalitat.

De hecho, el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 7 de Valencia condenó en 2011 al antiguo Consell por considerar un abuso de la ley el nombramiento de personal eventual como directores de parques naturales.
Una oportuna reforma legal realizada ese mismo año permitió mantener esas prácticas pese a la decisión judicial.
Para cerrar este asunto, la Ley 10/2015 de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de La Generalitat redefinió los puestos de trabajo de directores conservadores de parques naturales como de carácter funcionarial.

Por último, tras la aprobación del citado decreto, deja de haber también conductores eventuales excepto los que trasladan al president de La Generalitat y quedan fuera del ámbito de aplicación del decreto los cuatro eventuales asignados a la oficina de asistencia a los expresidentes de La Generalitat, al tratarse de puestos de trabajo previstos en una norma distinta.
En concreto, la Ley 6/2002, de 2 de agosto, de estatuto de los expresidente de la Generalitat valenciana.

El resultado es una reducción del número de puestos eventuales que tiene un máximo, setenta y cuatro.
Esa cifra máxima es el límite al que todavía no hemos llegado puesto que hasta la fecha sólo están cubiertos sesenta y uno de esos puestos de trabajo, cuya distribución es la siguiente: en presidencia de La Generalitat dieciséis, nueve en la vicepresidencia, seis en la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, cinco en la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte y agricultura, perdón, cinco en la de agricultura y medio ambiente, cuatro en educación e investigación y cultura y en el resto de las consellerias, efectivamente, también cuatro eventuales al tener sólo una secretaria autonómica.

Esos son todos los eventuales que hemos nombrado, señorías.
Sesenta y un puestos de trabajo frente a un número máximo que son setenta y cuatro.
Quiero recalcarlo ante insistentes declaraciones públicas que acusan a este Consell de tener en nómina a cientos de asesores eventuales.
El decreto de eventuales, además, organiza estos puestos de trabajo entre las categorías C1, C2, C3, C4 y C5.
Es una denominación puramente casual.
Es esa como pudo haber sido cualquier otra, porque el personal eventual -como he señalado anteriormente- no está asimilado a los diferentes grupos y niveles en que se estructura la carrera funcionarial.

El decreto también hace públicos los salarios percibidos por estos trabajadores eventuales que han sido prorrateados en catorce pagas.
Los niveles salariales han sido establecidos en función del grado de dedicación, disponibilidad y complejidad del asesoramiento que prestan unos empleados que, por ejemplo, carecen de horario fijo, deben de trabajar también los días festivos y fines de semana porque su labor está vinculada a las necesidades de la autoridad a quien prestan dicho asesoramiento.

El decreto pone su énfasis en que el personal eventual no podrá ejercer otras funciones que las propias de la relación de confianza.
Lo que impide realizar aquellas que comporten ejercicio de actividades ordinarias de gestión o de carácter técnico, reservados a los puestos funcionariales.

¿Qué representan los cambios que hemos introducido?
En primer lugar, el actual Consell está compuesto por la presidencia, nueve departamentos ejecutivos.
Es una estructura más compleja que la de anteriores ejecutivos autonómicos y sin embargo cuenta con un número menor de eventuales, lo que redunda además en una reducción del gasto público, puesto que se cifra concretamente en 658.
032,12 euros anuales.

Además, el propio decreto establece por primera vez el importe anual de las retribuciones de las diferentes categorías en las que se clasifica este personal.
Esta técnica permite a la ciudadanía un conocimiento directo e inmediato y tener toda la información al respecto sin necesidad de tener que recurrir a otros instrumentos como posteriores acuerdos del Consell o disposiciones adicionales que fijen sus retribuciones.

No quiero concluir esta primera intervención sin hacer además una referencia también a la queja planteada por el Consell Jurídic Consultiu porque el Decreto 185/2015 no fue sometido a su informe previo.
No se hizo así porque este decreto afecta a una materia exclusivamente autoorganizativa del propio Consell y no modifica ninguna condición de trabajo de los eventuales, por lo que el informe no era preceptivo.

De hecho, tampoco el Decreto 349/1995, que regulaba la situación anterior de los eventuales, tampoco fue sometido a informe previo del Consell Jurídic Consultiu sin que aquella actuación del antiguo Consell recibiese reproche alguno que tampoco ahora estaría justificado.
Como en aquella ocasión, este Consell aprobó el decreto en ejercicio de la potestad que La Generalitat tiene en materia de organización de sus propias instituciones según lo dispuesto en el artículo 43.
2 de la Ley 5/1983, del Consell, que expresamente dice: Â«En aquellos reglamentos que versen exclusivamente sobre materias organizativas de la presidencia y de las consellerias, no serán preceptivos los trámites previstos en el epígrafe anteriorÂ» que hace referencia expresamente al dictamen del Consell Jurídic Consultiu.

Señora presidenta, señorías, espero haber sabido trasladarles las líneas de actuación de este Consell en materia de nombramientos de personal eventual de La Generalitat.
Este fue el objeto de la solicitud de esta comparecencia, poder explicar en sede parlamentaria la legalidad de la actuación desarrollada en todo momento por el Consell en materia de nombramientos de personal eventual.

Muchas gracias.

La senyora vicepresidenta:

Gràcies a vosté, senyora consellera, per la seua petició de vindre a comparéixer ací a Les Corts per a explicar-nos la política del Consell en quant a personal eventual.

Com ha sigut una compareixença sol·licitada a petició pròpia, a continuació començarem el torn de paraules de menor a major.
Començarem pel Grup Podemos amb quatre minuts.

El senyor Estañ García:

Moltes gràcies, presidenta.

Muchas gracias, señora consellera, por comparecer hoy aquí.

Valoramos muy positivamente su comparecencia y la explicación y valoramos positivamente varias de las medidas organizativas como es la reducción de cargos, la puesta de un número máximo que no se ha cubierto, esta visión de transparencia, también ha venido usted aquí a explicarlo y esta tendencia -que a nosotros nos gustaría que se mantuviera- a profesionalizar la función pública con acciones como la eliminación de carácter eventual de determinados puestos.

Muchas gracias también por explicar la cuestión de la titulación que estaba por lo menos sí sujeta a ciertas interpretaciones.
Creo que jurídicamente usted ha explicado que no…, deja ya poco lugar a la duda.
No obstante, políticamente sí que creo que nos plantea la cuestión de…, como usted ha dicho el personal eventual existe en relación, en función de esta relación de confianza con la autoridad, pero también de una asesoría especial, ¿no?
, que cumple funciones de asesoramiento especial o específico.

Y claro, nos deja ya -digo, esto sería más de carácter político- la cuestión de cómo fiscalizamos este asesoramiento o cómo nos aseguramos de que este personal eventual, cuando no cae sobre él una visión tan fiscalizadora, cómo podemos controlarlo.
También cuando, por ejemplo, no se puede hacerlo sujeto a códigos de conducta o códigos de buen gobierno.
Esta sería la primera duda sobre todo en relación a la titulación.

Luego nos gustaría plantearle, por ejemplo…, hemos visto que el único conductor es el de presidencia.
Nos gustaría saber si es algún tipo de criterio específico más allá del carácter especial de la presidencia, pero si lo podría justificar un poco más.
Y para la primera intervención de momento ya está.
Valoramos positivamente las medidas y esperamos que se mantenga esta línea.

Muchas gracias.

La senyora vicepresidenta:

Gràcies, senyor Estañ.

A continuació, el Grup Ciudadanos també amb quatre minuts.

El senyor Subiela Chico:

Gracias, presidenta.

Señora consellera, buenos días.

No va a ser nuestro grupo parlamentario el que critique que se reduzcan el número de eventuales.
Eso lo tenemos claro.
Pero usted ha hablado de mejora en la eficiencia y no acabo de ver en qué mejoramos la eficiencia cuando, por mucho que no lo exija -según dice usted- la ley, no exigimos ningún requisito específico en materia de titulación para los eventuales.
No acabamos que ver qué sentido tiene un asesor sin una cualificación.
No acabamos de ver cómo justificamos eso ante una sociedad que está harta de no entender las cosas que hacemos sus políticos y que es especialmente susceptible ante cualquier sospecha de enchufismo.

Usted ha hablado también de que se tendrá especial atención en que no hagan funciones de gestión y de carácter técnico, puesto que para eso no está el personal eventual.
Me gustaría saber quién va a vigilar que de nuevo no vuelvan a hacer funciones de gestión o de carácter técnico.
Si es quien lo contrata o será la conselleria de transparencia, que parece que es la encargada de controlarles a todos ustedes.

Y, por último, solamente, un inciso.
Usted dice que no es preceptivo -y no voy a entrar en esa discusión- que se haya pedido el informe al Consell Jurídic Consultiu.
Pero, bueno, usted sabe que nosotros pedimos eliminarlo.
A mí me gustaría saber su opinión sobre para qué sirve el Consell Jurídic Consultiu.
Porque si ustedes no consideran preceptivo pedirles informes y, cuando les piden informes, son siempre criticados y puestos en duda, realmente creo que, de alguna manera, nos están dando la razón al Grupo Parlamentario Ciudadanos y, realmente, el Consell Jurídic Consultiu, no sé si su eliminación, pero, desde luego, sí su reforma de manera amplía es necesaria.

Gracias.

La senyora vicepresidenta:

Gràcies, senyor Subiela.

A continuación, el Grup Popular, per un temps màxim de quatre minuts.

El senyor Santamaría Ruiz:

Moltes gràcies, presidenta.

La verdad es que para el Grupo Parlamentario Popular cerrar el turno de menor a mayor hoy, sin duda alguna, es un motivo de especial satisfacción.

Cerramos el turno de palabra, en fin, agradeciéndole la comparecencia.
.
.
(Veus)

La senyora vicepresidenta:

Disculpe, senyor Santamaría, és que no m'he explicat jo bé.

És de menor a major, però per al final se deixen sempre els grups que sostenen la conselleria i, aleshores, tancarà el Grup Socialista.
Disculpe, que m'he equivocat jo a l'hora d'explicar-ho.

El senyor Santamaría Ruiz:

En cualquier caso, el grupo mayoritario de la oposición, insisto, hoy más que nunca.
.
.
(Veus i rialles) Es Siri.

Bueno, muchísimas gracias.

En cualquier caso, bromas aparte, si me pone los cuatro minutos, presidenta, se lo agradezco.

Yo creo que.
.
.
, agradecerle a la consellera, en primer lugar, su comparecencia y sus explicaciones.
Nos ha descrito un mundo feliz.
Y, evidentemente, en el Grupo Parlamentario Popular no compartimos esa apreciación o ese análisis.
.
.
, en fin, tan bondadoso.

En primer lugar, ha dedicado una parte de su intervención al tema de la titulación.
No insistiré, creo que el sentido común está en la línea de lo que marca el compañero del Grupo Ciudadanos y, por tanto, nosotros entendemos que, evidentemente, no es correcto.
.
.
, no es correcto desvincular la titulación del ejercicio del puesto, del desempeño del personal eventual.
Pero es que aparte no se ha especificado una cuestión.
El tema no es la titulación.
El tema es que la titulación debe estar vinculada a las retribuciones.
Es decir, si una persona no tiene titulación, no puede cobrar como un grupo A.
Esa es la cuestión.
Y en relación a ese tema, la consellera no ha hecho ninguna alusión.

Esa es nuestra reflexión en este sentido.
No se trata solo de que no exista titulación, sino que las retribuciones tienen que tener o deben de discurrir en paralelo a lo que sucede con los grupos funcionariales.
Y creo que esto no se le escapa a nadie.

Ha hablado usted también de reducción.
Yo recuerdo una entrevista, que está en un diario, en el diario Las Provincias, de la señora vicepresidenta, Mónica Oltra -con todo el respeto a la vicepresidenta-, que un año antes de las elecciones dijo que ella tendría dos asesores.
Usted ha reconocido que tiene nueve.
Por tanto, vemos cómo aquellas cosas que se dijeron durante los meses previos, y esto no es responsabilidad de la consellera, sino de quien las hizo, pues resulta que donde dije digo, digo Diego, y donde dije dos, ahora resulta que tengo nueve.

Por lo que se refiere también a otras observaciones que hace.
Nosotros sí que hemos hecho observaciones en relación al personal que trabaja al servicio del presidente de La Generalitat, diferenciando entre altos cargos, diferenciando entre personal eventual y diferenciando entre funcionarios nombrados por el procedimiento de libre designación, y suman 180; 180, es decir, un gigantismo en el entorno de la presidencia de La Generalitat que solo tiene el sentido de intentar contrarrestar la situación o el enanismo, de alguna manera, si me permite también, con respecto al presidente político en comparación con su vicepresidenta.

Nos ha hablado también de transparencia.
Yo le voy a hacer una pregunta, porque salió en una nota de prensa, publicada por el.
.
.
, publicada por el Consell en el momento en el que se produjeron los nombramientos, que los secretarios autonómicos tienen personal adscrito a su trabajo con la condición de personal eventual.
Eso lo han publicado ustedes y yo algún caso conozco y lo podemos mencionar.
Cuando, como usted bien ha dicho, en el artículo de la norma dice que solo se puede ser personal eventual aquellas personas que trabajan para el presidente, la vicepresidenta y los consellers.
Por tanto, ¿estamos reconociendo que estamos vulnerando la norma de creación?

Porque, insisto, no me haga poner encima de la mesa ejemplos de asesores que trabajan directamente para los secretarios autonómicos -porque además ustedes lo han reconocido en la nota de prensa que hicieron- y eso es manifiestamente ilegal.

En segundo lugar, o en siguiente lugar.
Habla usted de un decreto autoorganizativo.
Si por un decreto autoorganizativo entendemos un decreto en el que se limita el número, en el que se establecen categorías, en el que se fijan retribuciones, en el que se elimina las titulaciones, en el que se desvinculan las titulaciones de las retribuciones, que venga.
.
.
en este caso, el Consejo Jurídico Consultivo no, y que lo vea, porque usted lo ha desacreditado.
Y, en ese sentido, yo creo que simple y llanamente lo que hay que reconocer es el error administrativo que tuvieron ustedes, que se encuentran muy cómodos cuando no sujetan los reglamentos en desarrollo de disposición legal al criterio del Consejo Jurídico Consultivo.
Y, por tanto, permítame que discrepe de esa desacreditación que se ha hecho del informe del consejo, como también del que se ha hecho de la intervención, que me ha parecido decir que hace una interpretación errónea.
Es decir, los órganos de fiscalización se equivocan cuando la administración resulta que gestionamos, o gestionan en su caso, de una manera contraria.

Y, por último, ha hablado usted también de transparencia.
Y yo, invitarle también a dar algunas explicaciones con respecto a los procesos de los nombramientos de las libres designaciones que se han producido cuando se accedió al gobierno.
Se ha autorizado el procedimiento de la adscripción provisional y la comisión de servicios.
Ambos procedimientos no llevan publicidad, cuando el procedimiento normal es la libre designación, que lo establece el estatuto básico y el real decreto de provisión.

En definitiva, yo creo que hay gigantismo administrativo en el entorno de presidencia.
Creo que se está haciendo un mal uso.
Efectivamente, el recurso que interpuso esta persona que le habla ha sido inadmitido a trámite, pero eso no es óbice para que no entremos en el fondo de la cuestión.
En el fondo de la cuestión, faltaba el informe del Consejo Jurídico Consultivo y otras cuestiones que ya he manifestado.

Muchas gracias.

La senyora vicepresidenta:

Gràcies, senyor Santamaría.

A continuació, per quatre minuts, el Grup Compromís.

El senyor García Latorre:

Moltes gràcies, senyora presidenta.

Senyora consellera, la veritat que ens alegra molt la seua compareixença perquè moltes voltes amb xifres i amb explicacions queden les coses prou clares i prou evidents.

És cert, i aixina ha quedat palés, que de 92 llocs eventuals que tenia el Consell del Partit Popular, s'ha passat a 74, això vol dir: prop de vint llocs menys i un 20% de reducció en el que ha segut la plantilla d'eventuals.

Està clar que en una primera fase, com bé ha dit la consellera, s'han nomenat cinquanta assessors, que finalment han quedat en 61, la qual cosa vol dir que al final sols s'ha cobert dos terceres parts -vol dir que encara n'hi ha un terç que no se cobrix- i això suposa un estalvi de 660.
000 euros aproximadament.

Crec que són les xifres les que deixen palesa en este cas l'austeritat que s'ha tingut a l'hora de fer nomenament, el tema d'aprimar el que és l'estructura, en este cas organitzativa del Consell, i sobretot, fer una reordenació i racionalització de l'administració.

Perquè sí que és ben cert que el nou decret, el 185/2015, sí que establix una cosa que no feen els altres, i és que diu què és el que pot fer el personal eventual i el que no pot fer el personal eventual.
Una cosa que en els altres decrets.
.
.
, en el de l'any 1995, doncs la veritat no establia.
Igual que tampoc establia quina era la titulació.
Si havia de tindre titulació o no, perquè això en cap moment en ningun dels decrets ha vingut regulat.

Ara bé, esta reestructuració i esta ordenació sí que queda molt clarificada en la tipologia de llocs que han de cobrir-se per personal eventual, així com quines han de ser les denominacions que han de cobrir-se.
Igualment, quina és la dependència orgànica i s'especifica molt bé de qui van a dependre cada un d'estos llocs.
I les retribucions, que, per primera volta, en un decret ve definit clarament -i, sobretot, negre sobre blanc, en cada una d'eixes categories- quina és la retribució que va a tindre cada un d'eixe personal eventual.

Sí que és de veres que hem tingut normes vigents fins ara, en els últims anys, en un decret de l'any 1995 i un acord de govern del 2003, tot i haver dos normes que han modificat, que és l'Estatut bàsic de la funció pública i, després, la Llei de la funció pública valenciana, que han modificat l'estructura, en este cas de la funció pública valenciana i que havia d'haver-se anat adaptant.
I que no ha segut fins ara que, amb el nou Consell, amb totes les dificultats que ha tingut a l'hora de posar en marxa tota la maquinària i estructura organitzativa del govern, han hagut de fer-ho, i se feu en octubre de 2015 amb este nou decret.

I, per tant, jo pense també que el tema de la titulació crec que la consellera ho ha explicat molt bé, en base a la jurisprudència, quin ha de ser la titulació o no que han de tindre cada un del càrrecs, tant del que és la part administrativa com de la part, en este cas, d'assessoria tècnica que poden tindre el personal eventual.

I, aleshores, creem que s'està donant compliment a una de les premisses de l'Acord del Botànic, que era el tema d'aprimar el que era l'estructura organitzativa del Consell -vegem que és un terç menys del personal que n'hi ha actualment del que n'hi havia en l'anterior etapa del Partit Popular- i, sobretot, s'està donant molta transparència a l'hora dels seus nomenaments i a l'hora de definir quines són les funcions, estructura, retribucions i manera de funcionar.

Per tant, estem donant acord a l'Acord del Botànic i crec que la compareixença hui de la consellera deixa molt clar quines són les línies a seguir en este nou govern.

Moltes gràcies.

La senyora vicepresidenta:

Gràcies, senyor diputat.

I ara sí, per a finalitzar, el torn del Grup Socialista, també amb quatre minuts, senyora Peris.

La senyora Peris Cervera:

Gràcies, presidenta.

Consellera, buenos días.

Gracias por su comparecencia.
Parece que algunos grupos hacen bueno ese dicho tan castizo y tan español de lecciones doy, que para mí no tengo.
Y, bueno, en fin, vienen aquí a darnos lecciones de lo que ellos nunca hicieron, y no hacen, porque gobiernan en muchos sitios donde esas lecciones que nos dan, ellos, por supuesto, no se lo aplican.

Pero yo, como decía alguno algún otro grupo, señora consellera, estoy contenta de que usted venga aquí.
Es cierto que lo pidió en enero.
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Es también inusual, ¿eh?
, que una consellera pida comparecer en enero y que sea el mes de junio cuando usted viene a comparecer.
Pero también nos lo tendremos que dar a mirar que ha pasado seis meses una consellera pidiendo una comparecencia en esta.
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, en esta comisión y cuánto ha habido de retraso interesado.

Pero hay un dato que es muy importante.
Y durante estos meses, señoría, hemos oído, leído y visto, por activa y por pasiva, que este Consell había nombrado Â«cientosÂ» de asesores.
Y uno miraba a su lado y hablaba con los consellers y preguntaba: Â«Oye, ¿cuántos asesores tienes tú?
Â» Y dice: Â«Cuatro.
Â» Â«No, no, no, debes tener muchos más, porque el Partido Popular va diciendo que hay cientos.
Â» Pues bueno, hoy la consellera ha demostrado y ha puesto los datos reales: hay 61.
61 nombramientos de personal eventual, lejos de los 92 que tenía el Partido Popular.
Y que la mayoría de consellerias tienen cuatro.

Es que, además, si queremos, señorías, nos hacemos trampas, pero es que las consellerias hoy tienen un jefe de gabinete, suelen tener un jefe de personal y tienen dos asesores: un asesor que suele responder a la actividad parlamentaria que hacemos desde estas Cortes y otro asesor técnico.
Pues es que es una estructura, mínima no, raquítica, ¿no?
Pero estamos en momentos de austeridad.

Pero a mí sí me ha parecido muy interesante la explicación que usted ha dado.
A ver si, al fin, ya, se deja de manipular y de retorcer los datos.

Dos.
En relación al requisito de titulación para el acceso a los puestos de trabajo de carácter eventual, señora consellera, usted lo ha explicado, no está en el Estatuto básico del empleado público, ni en otras normas de carácter estatal o autonómico.
Por lo tanto, como usted bien dice, lo que dijo la sentencia es que, oigan, ustedes a los eventuales les habían establecido funciones que no eran propias de eventuales, porque la dirección y la coordinación no es propia de trabajadores eventuales.
Y, por lo tanto, pues cada uno tiene que hacer su trabajo.
Y los eventuales tienen el suyo.

Ha estado -yo no lo conocía, señora consellera, pero está bien-, el recurso inadmitido a trámite, zanjada, como dice la consellera, la vía judicial.
Por lo tanto, ya, un tema menos en el que ustedes tienen para enredar.

Y, además, es que no solo es en esta comunidad.
Es que en ninguna otra comunidad, ni en el Gobierno de España está establecido este requisito.
Es que hemos oído, a lo mejor los señores del Partido Popular tienen otros datos, pero hemos leído también en prensa cómo un grupo importante de los asesores del señor Rajoy tienen el graduado escolar y no les he visto rasgarse las vestiduras.
Y, hoy, aquí, hablan del requisito de la titulación.
Por lo tanto, un poquito de coherencia no nos vendría mal.

Señoría.
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, señora consellera, usted ha hablado de la anulación de los asesores de coordinación, de los conductores, del director conservador del parque natural y, sobre todo, de algo que me parece muy importante, y es que, por primera vez, conocemos el importe anual de las retribuciones, que solo van a realizar actividad de asesoramiento, que, como se decía, hay una reducción del gasto público de 658.
000 euros.

De su comparecencia, que le agradezco, yo creo que lo que demuestra es que este Consell tiene más transparencia, más eficacia, menos gasto público y, sobre todo, menos opacidad.
Y que en la función pública tenemos muchas cosas importantes sobre las manos, pero los atajos a los que algunos recurrieron.
.
.
, no es buena consejera.

Y, por último, consellera, solo una duda, porque, en la etapa anterior, muchas personas contratadas a través de empresas públicas prestaban trabajos de asesoramientos en las consellerias.
Eso es opacidad.
Y me gustaría que usted me dijera que esas prácticas anómalas e ilegales han terminado con el nuevo Consell.

La senyora vicepresidenta:

Gràcies, senyora Peris.

Senyora Bravo, ara té temps il·limitat per a contestar a tots els grups parlamentaris.

Quan vullga.

La senyora consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques:

Gracias.

Pues quiero empezar, efectivamente, recordando que en el mes de enero solicité la comparecencia.
Y solicité la comparecencia alarmada por lo que los medios de comunicación, haciéndose hecho eco de manifestaciones de representantes de grupos parlamentarios, nos atacaban de actuar con ilegalidad, nos atacaban por someter el procedimiento de nombramiento de eventuales a un mundo de irregularidades, nos atacaban de actuar fraudulentamente utilizando normas para evitar el cumplimiento de los requisitos.
Y ante tanta falacia, y sobre todo para alguien que viene del mundo jurídico y que entiende que el rigor y la transparencia tienen que ser las normas básicas que tienen que presidir la actuación de cualquier representante político, solicité de forma inmediata la comparecencia.
Efectivamente a sabiendas que el decreto de eventuales había sido recurrido ante la sala de lo contencioso.
Que no me preocupaba en absoluto.
Sabía perfectamente que carecían de legitimidad.
Conocía perfectamente la sentencia en la que se había basado el interventor para abrirnos aquel camino lleno de obstáculos hasta el nombramiento de los eventuales y, por tanto, no me preocupaba el resultado o la decisión judicial final.

Pero sí me preocupaba de alguna manera la imagen que se iba asentando en la opinión pública de que este Consell, que apostaba por la transparencia, por el rigor, por las buenas prácticas, iniciaba su andadura con una norma llena de irregularidades de sombra y sospecha.

Por tanto, sí me hubiera gustado que esa comparecencia se hubiera podido practicar lo antes posible y no haber esperado seis meses para tener esta oportunidad de explicar en sede parlamentaria por qué desde el punto de vista jurídico no existe ningún tipo de problema, por qué desde el punto de vista jurídico el decreto no tiene ningún reproche, y cuál ha sido la actuación y los principios que han liderado todo este proceso de reorganización de La Generalitat.

Me preguntan que, claro, que si no exigimos o entendemos que la titulación académica no es un requisito imprescindible para el acceso a un puesto de eventual, como fiscalizar el conocimiento.
Bien, yo quiero recordar, o sea, los perfiles que están previstos en el decreto.
Desde luego debe de ser suicida cualquier conseller que nombre a alguien con un graduado escolar, por ejemplo, jefe de prensa.
O sea, creo que la responsabilidad del cargo, en fin, su compromiso con la sociedad e incluso la propia visibilidad de su conselleria, su actuación, quedaría muy mermada si incurriera en ese tipo de decisiones.

Yo creo que aquí partimos, partimos, de que quienes asumimos los cargos públicos y estas responsabilidades pretendemos hacerlo lo mejor posible.
Para ello necesitamos sentirnos acompañados de aquellas personas que entendemos que desde un ámbito estrictamente personal y político son las personas más preparadas para asumir ese cargo.

Por tanto, creo que ustedes pueden revisar de los diez jefes de prensa que hay en las distintas consellerias, y en presidencia o vicepresidencia, y creo que todos tienen su titulación académica.

Seguimos.
Asesores parlamentarios, obviamente también, aunque la ley no exija un requisito concreto en el ámbito de la titulación académica, como he explicado, obviamente también el buen funcionamiento y la relación que existe entre el ejecutivo y el legislativo precisa de esa pieza clave que tiene que tener unos conocimientos que le vendrán dados fundamentalmente por sus estudios y su propia experiencia política.

¿Cómo controlarlos?
Pues alguien que ejercite o desarrolle esa función en el ámbito parlamentario está muy expuesto.
Creo que sería muy escandaloso que para cualquier miembro del parlamento encontrarse con un interlocutor de un conseller que sea absolutamente incapaz de poder gestionar dichas relaciones.

Por tanto, ¿se puede fiscalizar ese conocimiento?
Yo creo que sí.
O sea, que estamos, formamos parte de un mundo político en el que interactuamos, y creo que de alguna manera exige una cierta plasmación en la realidad de la capacidad de actuación de cada uno de ellos.

Asesor de asuntos generales.
¿Qué es un asesor de asuntos generales?
Pues es aquella persona, entiendo yo, si queremos que…, tiene, presenta una serie de características específicas para poder apoyar a la autoridad o cargo político en la gestión de su agenda, de sus relaciones y de la propia organización de su vida diaria en el ámbito político.

Creo que aquí lo más importante es esa relación de confianza, ese conocimiento que ambos, ambas personas pueden tener respecto de la materia en la que tienen que actuar.
Y creo que la existencia de título académico o no es en este caso absolutamente secundaria.
Tendrá que ser la autoridad o el alto cargo quien valore si para esa gestión diaria de sus propios asuntos generales esa persona le sirve.

Pero es que además estas personas, o sea, todas las personas que ocupan estos cargos de personal eventual, sí están sometidos también a las exigencias de buen gobierno, sí se les aplica además toda la normativa en materia de incompatibilidad y sí están expuestos también a esa posibilidad de auditoría externa en cuanto a sus capacidades y sus comportamientos, tanto desde la propia inspección de servicios ubicada en la conselleria de transparencia, como de las propias normas que este Consell se ha dado.
Creo que tenemos instrumentos para poder determinar si hemos utilizado y somos tan irresponsables de utilizar un número tan reducido, como muy bien han señalado aquí, en sede parlamentaria, un número tan reducido de eventuales…, al frente de estos cargos nombramos a personas incapaces de poder asumir esa prestación política, nombramos a personas que no tengan ningún tipo de requisito específico para poder desarrollarla con eficacia y eficiencia.
Por tanto, creo que ese no es el problema.

Como he señalado, el personal eventual está caracterizado fundamentalmente por mantener esa relación de confianza con el alto cargo y, obviamente, con las capacidades intelectuales para el desarrollo o la mejor prestancia de las funciones que tiene que asumir.

¿Por qué se mantienen en cuanto a la reducción de los conductores?
Es cierto que en el Consell anterior las plazas de conductores también eran plazas eventuales.
Este Consell ha entendido que, existiendo un parque móvil integrado por personal funcionario, al que se le estaba pagando igualmente las nóminas, era gastar el doble nombrar un eventual, manteniendo al mismo tiempo las nóminas de los conductores que integraban el parque móvil.
Por ello, se asumió la reducción de los eventuales en todo lo que afectara a los conductores.
Pero se entendió que precisamente el cargo de president exige que la persona encargada de trasladar a la máxima autoridad de esta comunitat sea una persona de la máxima confianza y pericia elegida por esa persona.
La relevancia, la responsabilidad del cargo, creo que son motivos y justificaciones suficientes para dotar esa decisión.

Y éste ha sido el criterio.
El criterio ha sido racionalizar el gasto, que para eso tenemos unos profesionales preparados y retribuidos que cobran, estén al servicio o no del conseller, y suprimir todos aquellos gastos superfluos, como era seguir nombrando conductores, pese a la existencia de estos profesionales en el parque móvil.

Creo que lo he explicado también al representante de Ciudadanos.
En materia de eficiencia, insisto en que la reducción del cargo de eventuales busca racionalizar el gasto.
Y nuestra propia responsabilidad en desarrollar unas políticas públicas que estén al servicio de la ciudadanía nos exigen buscar como asesores o nombrar a los mejores.
Creo que como mínimo esa relación de confianza debe de existir.
Y, como he señalado antes, creo que las disfunciones en el caso de no ser personas preparadas, serían sumamente visibles.

Es más.
¿Cómo controlar que no realizan funciones propias de los funcionarios públicos?
Pues solamente hay que conocer el organigrama y la relación de puestos dentro del ámbito de cada conselleria para poder deducir claramente que cualquier tipo de actuación en esta materia, cualquier desviación de la actuación fuera de las responsabilidades que tienen atribuidas, estoy segura que sería puesto de manifiesto por las personas afectadas, como pasó en aquel momento.
Precisamente el recurso que se interpuso frente al nombramiento de esos eventuales, se interpuso porque esos eventuales estaban invadiendo competencias propias de los funcionarios, a los que además les estaban dando órdenes concretas.
Y ese fue el motivo por el que un determinado sindicato planteó el recurso ante la sala de lo contencioso.

Por tanto, la propia estructura, la propia configuración de la administración autonómica visualizaría claramente que una persona nombrada como eventual, desarrollando funciones que no son las asignadas y extralimitando el contenido o el cometido ilegal, serían claramente denunciables por cualquier funcionario.

En cuanto a la falta de informe del Consell Jurídic Consultiu, vuelvo a reiterar lo que he manifestado en la intervención inicial.
En ningún momento hubo afán de ocultar información.
En ningún momento hubo ningún interés de evitar cualquier tipo de fiscalización, porque además entendíamos que la norma cumplía todos los requisitos, que la regulación en materia de eventuales se acomodaba al ordenamiento jurídico y que, en consecuencia, no debíamos de tener ningún tipo de problemas a la hora de poder ser aprobada.

No se eleva al Consejo Jurídico Consultivo porque, siendo materia que afecta al ámbito organizativo de las propias consellerias, y de la presidencia y vicepresidencia, la Ley de gobierno valenciano excluye este dictamen.

Pero, es más, ante las dudas repasamos los antecedentes, como he señalado.
Porque, efectivamente, ante el requerimiento o la queja -entre comillas- del Consell Jurídic Consultiu de no haber tenido la oportunidad de fiscalizar o informar sobre el contenido de la norma, repasamos los antecedentes y, efectivamente, tal y como le explicamos al presidente del Consell Jurídic Consultiu, entendíamos que la norma no necesitaba ese informe preceptivo dado que la materia quedaba excluida, según la Ley de gobierno valenciano.

Ésta fue la única razón, señorías.
Insisto, necesitamos darnos una normativa legal, no para actuar con opacidad, no para incorporar irregularidades, no para obviar los requisitos legales que la ley marca en materia de nombramientos, sino para regularizar, normalizar y organizar adecuadamente los gabinetes de las distintas consellerias.
Y lo hicimos con absoluta transparencia.
Y esa transparencia es la que nos llevó, además, a redistribuir las retribuciones que les correspondían a cada uno en función, no de lo que saben, no de lo que saben, no se trata de medir el conocimiento, sino en función de su disponibilidad, en función de la responsabilidad que exige ese cargo, en función de la dedicación que ese cargo exige.
Esos son los baremos.
Los baremos no pueden ser los mismos que los niveles funcionariales, porque -insisto- esta parte no puede ser incorporada al perfil de los eventuales.

También se ha planteado que desde el Consell se ha aprovechado el nombramiento de personas o funcionarios de libre designación para aumentar de una forma encubierta el número de eventuales.
Así, me ha sorprendido que algunos parlamentarios estén tan mal informados, por ejemplo, con respecto a las 180 personas designadas por el presidente.

Yo quiero aprovechar también la sede parlamentaria para dar cifras exactas de las personas que están al servicio de presidencia y que son las siguientes: de libre designación, 55, señor Santamaría, no 180, 55.
Eventuales, 16.
De los 21 que tiene asignados presidencia, solo ha ocupado provisionalmente 16 plazas.
Y altos cargos, 7.
En total, 78 personas entre los funcionarios nombrados de libre designación, los eventuales y los altos cargos de presidencia.
Creo que está muy lejos esta nota de los 180 que de forma reiterada se han dedicado a publicar.

Por tanto, creo que la política del Consell en materia de nombramientos de altos…, tanto en materia de nombramientos de altos cargos y, fundamentalmente, en materia de eventuales, ha respondido al compromiso adquirido en el Acuerdo del Botànic, reducir, racionalizar y buscar la máxima eficacia.
Y lo hemos hecho.
Frente a los 92 eventuales, ahora mismo hay un máximo de 74.

Insisto, llevamos un año de gobierno, estamos a punto de cumplir ese año de gobierno, y ni siquiera hemos cubierto todas las plazas.
Creo que es una muestra evidente de que estamos haciendo verdaderos esfuerzos para que la austeridad esté presente en toda la línea de actuación de nuestras políticas públicas.

Yo, en principio, no tengo más que explicarles, salvo que ustedes consideren que les haga algún otro tipo de aclaración.

Muchas gracias.

La senyora vicepresidenta:

Gràcies, senyora consellera.

Obrim ara un torn de rèplica per a aquells grups parlamentaris que ho vullguen.
¿Volen tots els grups?
O ¿algun?
¿El Partit Popular, Ciudadanos?
Doncs comencem per Ciudadanos, amb un temps màxim de quatre minuts.

El senyor Subiela Chico:

Gracias, presidenta.

Muy breve, señora consellera.

Simplemente que me está preocupando escuchar tantas veces esto de que es obvio que las cosas se van a hacer bien, que es normal o es lógico que se vaya a elegir a los mejores preparados, que se pretende hacer lo mejor posible… Es que me recuerda a una frase que dijo el señor Soler, el conseller de hacienda, al principio de la legislatura, cuando hacía referencia a la gestión, a la honestidad, a la transparencia del nuevo Consell, en el que dijo que ya se presuponía porque estaban hechos ustedes de otra pasta.

Realmente me preocupa que caigan en esa…, en esa autocomplacencia, por decirlo de alguna manera, porque no acabo de ver por qué antes había una mala gestión, había una crítica al enchufismo, había…, los problemas que todos hemos criticado aquí en la gestión del Partido Popular y ahora, sin apenas tener conciencia de que esté cambiando mucho, vaya a cambiar todo, p0orque no entiendo…, quitando el tema de la retribución, que sí que está pública aquí y que también ha sido cuestionada, tampoco veo que un decreto varíe mucho el tema de la selección de eventuales con el decreto anterior.

Por lo tanto, simplemente, y ahora una pregunta, una recomendación, si me permite, con toda la humildad, que por favor aquella frase del señor Soler olvídenla.
Y lo de transparencia, lo del rigor y lo de las buenas prácticas, aparte de aplicarlo, también trasládenlo, como dice el compañero muchas veces, negro sobre blanco en papel.

Gracias.

La senyora vicepresidenta:

Gràcies, senyor Subiela.

Senyor Santamaría, quatre minuts, per a la seua rèplica.

El senyor Santamaría Ruiz:

Molt bé.
Moltes gràcies, presidenta.

La verdad es que me deja profundamente decepcionada la intervención.
En primer lugar, con respecto al personal al servicio del presidente de La Generalitat, nada más hay que leer el capítulo I del presupuesto de la Generalitat valenciana.
Si está mal, está erróneo, es incompleto, lo han hecho ustedes, lo han aprobado en las Cortes con el voto afirmativo suyo.
Por lo tanto, le recomendaría que lo mirara.

Pero son, comparativamente, el capítulo I de presidencia, entre eventuales, altos cargos -porque esta persona que le habla todavía diferencia jurídicamente la naturaleza de la relación de servicios entre unos y otros- y personal de libre designación hay 180 personas en el capítulo I del presupuesto de la Generalitat valenciana.

En segundo lugar, y con respecto al Consejo Jurídico Consultivo, simplemente, yo creo que la valoración con respecto a las normas que tienen el carácter de autoorganizativo, le corresponde en derecho decirlo al Consejo Jurídico Consultivo.
Me parece muy gratuita la desacreditación del informe y de la opinión que versa o que vierte sobre él.

Yo no he cuestionado el que ustedes no hayan ido al Consejo Jurídico Consultivo, por las razones…, para nada, absolutamente para nada.
Simplemente me parece que es un error administrativo y que en aras a la seguridad jurídica, hubiera sido muy recomendable que hubiera habido un informe del Consejo Jurídico Consultivo, pero no le estoy acusando ni de opacidad, ni de… Al contrario, simplemente, si acaso, le ocuparía…, y no a usted sino a la gente que probablemente haya cometido el error, pues de…, hubiera sido saludable y razonable haberlo enviado al Consejo Jurídico Consultivo.

Creo que muchas de las acusaciones también que se ha hecho con respecto a…, bueno, esto de que a la oposición nos gusta enredar, a la oposición creo que se nos paga y se nos elige para estar en la oposición precisamente para hacer oposición.
Estarían mucho más cómodos sin nosotros, pero muchas de las acusaciones que se están haciendo, las han publicado los medios de comunicación.
Y, en definitiva, me imagino que algún tipo de crédito debe tener en este país los señores de la prensa, porque para algo es una sociedad o es un estado de derecho, y la prensa funciona como cuarto, como cuarto poder.

En relación a los funcionarios que hacen…, las funciones que hablan ustedes.
Quiero decir, evidentemente, si está regulado en la ley de ordenación y gestión de la función pública cuáles son las funciones, está recogido en el estatuto básico y está perfectamente definido en la jurisprudencia.
Quiero decir, nos ponemos como gran mérito haber trasladado lo que dice la ley a un decreto.
Yo le reconozco el mérito, pero tampoco me parece, como apunta el compañero de Compromís, para sacar demasiado pecho.

¿Reducción?
Pues, efectivamente, 600.
000 euros, exactamente el coste que van a tener los altos cargos de la conselleria de transparencia, para que, evidentemente, la conselleria de transparencia, y como también vuelve a poner de manifiesto la prensa, pues se lava la manos, mira para otro lado y, fundamentalmente, hacia el pasado y hacia atrás.

Preguntaban también…, hacían ustedes referencia a una cuestión.
Yo no he puesto en duda que sea necesario el personal eventual.
Claro que es necesario.
Claro que además me parecen -y estoy de acuerdo con la compañera del Partido Socialista-, que me parecen hasta incluso que son pocos para la complejidad de las funciones que tiene una conselleria en la que hay una cantidad enorme de materias que abordar.

Yo no me he oído…, nunca me habrán oído…, porque además he estado en la posición de la consellera, sé lo que trabaja esa gente y sé de su capacidad, de su esfuerzo, de su dedicación y tesón.
No lo he puesto jamás en duda.
Sí que me parece razonable que en la medida que este país sufre una crisis, pues seamos también nosotros los políticos las personas que demos ejemplo, pero yo no lo he cuestionado.

Sí que cuestiono un argumento que usted presenta y que no comparto, es decir, las retribuciones de los funcionarios…, del personal eventual, claro que puede haber personal eventual sin titulación.
¿Por qué no?
Por supuesto.
Yo tampoco lo cuestiono.
Lo que digo es que no puede cobrar como un funcionario del grupo A, tiene que cobrar con arreglo a los grupos de titulación, porque es además lo que dice la jurisprudencia.
Y no pagar la especial dedicación… En fin, todo eso está muy bien, pero yo no he abordado en esas cuestiones.

Y por último, y para terminar, insisto, creo que ven ustedes demasiadas sombras.
Yo no estoy cuestionando buena voluntad.
Estoy cuestionando…, pues, bueno, una reducción que no se está produciendo.
Vuelvo a insistir, la señora Oltra prometió que tendría dos y tiene nueve.
Prometió que tendría dos y… Nadie le pidió que lo prometiera.
Lo asumió ella y no lo ha cumplido.

Y en definitiva, y con respecto a una observación o pregunta que hacía la diputada con respecto a funcionarios de personas en empresas que trabajan en las orga…, en fin, en las sedes centrales de la consellerias, no es una buena práctica.
Creo que hay que eliminarla.
Pero también hay que mirar a otros organismos o entidades locales donde existen funcionarios adscritos a los grupos políticos, no solo en La Generalitat.
Y también sería un reto importante que nos sentáramos en una mesa y los elimináramos, porque no me parece… y a mí tampoco me gustan.

Gracias, consellera.

La senyora vicepresidenta:

Gràcies, senyor Santamaría.

Senyora Bravo, té quatre minuts per a contestar als dos grups.

La senyora consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques:

Muchas gracias.

Señor Subiela, creo que usted está confundiendo el enchufismo con el régimen jurídico propio de los eventuales.
Y siento…, tengo una sensación de fracaso, después del tiempo que he invertido, sobre todo en mi primera intervención, explicando el procedimiento y las razones por las cuales no se exigen los mismos requisitos ni se puede equiparar, ni siquiera las escalas retributivas deben de…, tampoco deben de equipararse, pese a lo que insista el señor Santamaría.
No hay ninguna norma legal que nos obligue a hacer esa equiparación en cuanto a escalas referidas también a los funcionarios, pero, sinceramente, me voy un poco frustrada si no he sido capaz de explicarle que eventuales y enchufismo no tiene nada que ver.

Mire, señor Subiela, enchufismo es inventarse y ampliar el sector público con empresas para colocar a primos, hermanos o amigos y generar una serie de intereses y corruptelas.
Eso es enchufismo.
Enchufismo es aumentar de forma indefinida nombramientos de libre designación para realizar funciones que realmente tampoco necesitan ese tipo de perfil.
Enchufismo -y eso además también el Tribunal Supremo puso cuota en esa materia- es abusar del número de eventuales para funciones que no son propias y que son propias de funcionarios.
Eso pasaba fundamentalmente sobre todo en el ámbito de la administración local.
He podido analizar y estudiar muchos recursos donde se impugnaban esos nombramientos porque verdaderamente se estaba utilizando el nombramiento de eventuales para colocarlos en responsabilidades que eran propias de los funcionarios.
Eso es enchufismo.

Pero, insisto, cuatro eventuales, cinco eventuales, en el ámbito de las consellerias… Por cierto, señor Santamaría, el decreto habla de personas eventuales al servicio de la conselleria, del conseller, que le esté prestando función al secretario autonómico, o le esté…, yo, desde mi punto de vista, no contraviene tampoco ninguna norma.
Pero de todas formas, me parece secundario.

En segundo lugar, insiste en que, en fin, que los números que acabo de presentar en sede parlamentaria no son reales.
Usted habrá mirado los presupuestos.
Yo le puedo decir que acabo de realizar…, tengo una comparecencia sobre RPT y los datos los saco de las RPT de la administración de La Generalitat.
O sea, creo que un instrumento más fiable que eso que acabamos de publicar en el mes de mayo…, y de ahí, precisamente de las RPT, le he facilitado los datos en cuanto a altos cargos y personal de libre designación en presidencia.

Por tanto… En cuanto al tema de la…, de si hemos actuado o no con opacidad, que le preocupa que yo le diga Â«confíenÂ», pues mire, la palabra confianza también surge de la puesta en escena de buenas prácticas.
Es que no hemos ocultado nada.
Es que ha habido grupos parlamentarios… El Grupo Popular nos ha solicitado todos los expedientes personales, todos y cada uno de los expedientes personales del personal eventual designado, de los 61.
Y no nos hemos negado, simplemente para poder…, para evitar incurrir en algún tipo de irregularidad, porque eso sí que nos colocaría en una situación comprometida, hemos solicitado a la agencia de protección de datos autorización para que valore si esos expedientes personales pueden ser públicos.

Y si nos dice la agencia de valoración, la agencia de protección de datos, si hace un informe positivo, por supuesto conocerán perfectamente cuáles son las titulaciones…, que, por cierto, es ínfima.
O sea, no crean ustedes que tenemos…, que la mayor parte de los asesores eventuales que tenemos o del personal eventual que tenemos prestando sus funciones en el ámbito de La Generalitat, tienen el graduado escolar.
O sea, el 99 o 95% todos tienen titulación académica.
Estamos hablando de tres o de cuatro supuestos.
Pero, insisto, el que no dispongan de una titulación académica, no significa que no estén capacitados para las funciones que están desarrollando.

Por tanto, quiero concluir mi actuación recordando: se actuó con absoluto rigor, se actuó con transparencia y se actuó dando cumplimiento a los principios y a los ejes del Acuerdo del Botànic: racionalización y austeridad en el gasto.

Muchas gracias.

La senyora vicepresidenta:

Conclosa aquesta primera compareixença tanquem un minut i continuem amb la següent.

(Se suspén la reunió durant uns minuts)

(Ocupa la presidència el president, senyor Luis Santamaría Ruiz)

El senyor president:

(Inoïble) … a sesión de trabajo de la comisión.

Compareixença de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, senyora Gabriela Bravo Sanestanislao, per a retre compte del projecte d'ordre pel qual s'establixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a projectes sobre recuperació de la memòria històrica, sol·licitada pel Grup Parlamentari Podemos-Podem (RE número 18.
933)

El senyor president:

Tiene la palabra la consellera de justicia y administraciones públicas para abordar el tercer punto del orden del día.

La senyora consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques:

Gracias, presidente.

Señorías, el proyecto de orden por el que se interesa su señoría establece las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a proyectos e iniciativas en materia de recuperación de la memoria histórica que favorezcan la convivencia democrática, así como a proyectos e iniciativas que promuevan el desarrollo de los derechos y las libertades fundamentales.

Este proyecto fue sometido al trámite de información pública mediante resolución de 1 de febrero de 2016, publicado en el diario de la Comunitat Valenciana el día 5 del mismo mes, con un plazo de quince días para la presentación de observaciones.

Una vez informado por la abogacía de La Generalitat, el proyecto de orden ha sido remitido para su fiscalización por la intervención delegada, antes de su remisión para el dictamen del Consell Jurídic Consultiu, tras el cual se procederá a la publicación en el diario oficial.

Mediante el proyecto de orden, la Dirección General de Reformas Democráticas establece las bases de las subvenciones que concede y promueve con cargo a los créditos de sus presupuestos, en el ámbito de la Comunitat Valenciana, en régimen de concurrencia competitiva.

Como ya les he indicado, las subvenciones se clasifican en tres líneas de ayudas: línea uno, con una partida presupuestaria de 30.
000 euros, para entidades y asociaciones sin ánimo de lucro, domiciliadas en la Comunitat Valenciana; línea dos, con una partida presupuestaria de 80.
000 euros, para ayuntamientos y mancomunidades de la Comunitat Valenciana; y, línea tres, con una partida presupuestaria de 50.
000 euros, para universidades públicas y privadas de esta comunitat.

Las cuantías máximas destinadas a financiar las distintas líneas de subvenciones previstas se concretarán en las correspondientes convocatorias, que serán publicadas una vez aprobadas las fases reguladoras.

Las convocatorias previstas para cada una de las líneas descritas…, se especificarán la naturaleza de los proyectos y las actuaciones que serán subvencionables en el marco de cada una de ellas.
Sus requisitos, así como los importes máximos de las subvenciones a conceder y el número de solicitudes que se pueden presentar, constarán claramente en la convocatoria.

La valoración de las solicitudes que se presenten está encomendada a la comisión de valoración, que también está prevista en dicha orden.
Comisión de valoración que estará presidida por el director general de Reformas Democráticas y compuesta por el personal de la mencionada dirección general

Los criterios de valoración de los proyectos serán los siguientes:

En primer lugar, la calidad técnica y la viabilidad económica del proyecto, para lo que se va a tener en cuenta aspectos como la adecuación y coherencia de las actividades propuestas, su metodología y calendario, los recursos materiales y humanos necesarios para llevarlos a cabo y la aportación de medios propios de la entidad solicitante.

En segundo lugar, las convocatorias también valorarán aquellos proyectos que prevean la colaboración entre entidades e instituciones, así como si cuenta con otras vías de financiación distintas a la ayuda solicitada a La Generalitat.

En tercer lugar, la comisión tendrá en cuenta la experiencia, trayectoria, especialización de las entidades y asociaciones solicitantes de ayudas; es decir, el currículum que puedan presentar sobre otras actividades similares realizadas en el pasado en materia de recuperación de la memoria histórica o el desarrollo de los derechos y libertades fundamentales.

También será un criterio importante a tener en cuenta la valoración…, valorar la incidencia que el proyecto presentado pueda tener en la sociedad valenciana en aspectos como la repercusión territorial de las actividades programadas, sus potenciales beneficiarios, el interés cultural o económico del proyecto o el alcance de las medidas de difusión o divulgación propuestas.

En quinto y último lugar, la comisión también tendrá en cuenta si la entidad solicitante de la subvención tiene previsto cofinanciar parte del presente proyecto.

Como les he indicado hace unos minutos, en cuanto dispongamos del informe del Consell Jurídic Consultiu, la orden será publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, tan pronto como sea posible, para dar publicidad a las competencias y a las correspondientes convocatorias de ayudas y subvenciones.

Muchas gracias.

El senyor president:

Muchas gracias, consellera.

Tiene la palabra, por espacio de ocho minutos, el representante del Grupo Parlamentario de Podemos.

La senyora Quiñonero Hernández:

Sí, gracias, presidente.

Buenos días, consellera.

Buenos días a todos.

Bueno, le agradezco enormemente tanto su presencia aquí hoy como la puesta en marcha de estas propuestas que vienen también a poner en marcha y a facilitar el desarrollo de esta ley, de esta propuesta de ley, que es todavía un borrador, de ley de memoria histórica.

Este hecho de proponer desarrollar que las organizaciones, las instituciones, las asociaciones se comprometan también en la investigación es un paso fundamental para el compromiso social de estas organizaciones tan implicadas en el esclarecimiento de la verdad, ¿no?
Pero, en gran medida, también me quiero referir al hecho del propio borrador, ¿no?
, qué es, de dónde parte y a dónde quiere llegar, ¿no?

El borrador hace referencia y se plantea su existencia -el desarrollo de la ley- en el marco de la Constitución, en el marco del Estatut de autonomía, en el marco también del derecho a la reparación moral y a la recuperación de la memoria personal y familiar, que se reconoce plenamente en el artículo 2 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.

Este borrador es una ley que pretende cumplir con los preceptos básicos de la Declaración universal de derechos humanos y con lo establecido en el derecho internacional: la verdad, justicia y garantía de no repetición.

Esta propuesta de ley, este borrador que hay que desarrollar habla de las víctimas, también sobre esas víctimas, estas ayudas y subvenciones para establecer estas investigaciones, ¿no?

Hay aspectos que están poco desarrollados en esta propuesta de ley.
Por ejemplo, se hace referencia a los niños y niñas recién nacidos sustraídos y los adoptados sin autorización de los progenitores.
Pero, yo me pregunto, y creo que en ese sentido habría que apoyar también la investigación para desarrollar y hacer hincapié en otras víctimas, precisamente las madres robadas, que no aparecen como tales, ¿no?
, como víctimas.
¿Dónde están reconocidas como víctimas?
Yo creo que ahí habría que desarrollar también la investigación en ese terreno, ¿no?

Hay datos que ya contamos con ellos.
Una primera investigación, hasta 1955 se calculaban cincuenta mil niños y niñas desaparecidos, ¿no?
O sea, cincuenta mil madres robadas y, por ende, también sus familias.

Creo que, en ese sentido, habría que plantearse una investigación: qué pasó a partir del año 1952, que es esta primera investigación, en donde en una primera aproximación se habla de trescientos mil posibles niños, niñas, personas que ahora no conocen bien su propia identidad, ¿no?
Trescientas mil madres que fueron robadas, ¿no?

Hay otros aspectos también que requerirían una investigación especial.
Yo me refiero, por ejemplo, a la persecución de la lengua, el cambio de nombres, a la represión contra quienes hablaban…, ¿no?
Un aspecto relacionado a esa investigación respecto a la persecución de la lengua.

La persecución por razones de libertad de conciencia y la defensa de la laicidad y persecución de otras opciones religiosas.
Me parece que también, en ese sentido, cabe abrir unas líneas de investigación.
El papel represor de la iglesia bajo el nacionalcatolicismo.
La anulación, entonces, de los divorcios y matrimonios; tantas víctimas, entonces, en ese sentido.
La obligatoriedad de la fe y del bautismo… Bueno, ese papel de la iglesia requeriría también una línea específica de investigación.

Hay otro aspecto que me parece que está poco desarrollado en el trabajo de la memoria, y es el que tiene que ver con el papel de la denuncia, del papel…, y la sanción y la represión contra los homosexuales, contra las lesbianas, contra los transexuales.

La ley sobre peligrosidad social que, en realidad, es de 1970.
Y hay datos espeluznantes, ¿no?
No sancionaba delito, sino que pretendía evitar la comisión futura de los mismos, por lo que no incluía penas, sino medidas de alejamiento, control y retención de los supuestamente peligrosos.

La ley de 1970 incluyó la homosexualidad y añadió penas que podían llevar desde tres meses hasta cinco años de internamiento en cárceles o manicomios para los homosexuales y demás individuos considerados peligrosos, para su rehabilitación.

La memoria de la fiscalía del Tribunal Supremo, de 1970 a 1979, revela la existencia de más de cincuenta y ocho mil expedientes y más de veintiuna mil sentencias condenatorias para todo el conjunto.

Estos presos jamás fueron considerados presos políticos ni, por tanto, pudieron beneficiarse de los indultos ni de la amnistía a la muerte del dictador.

Bueno, ahí…, yo creo que líneas específicas para la investigación de esos aspectos, ¿no?
, de la represión.

Por ejemplo, la persecución moral y física de las mujeres con el calificativo de descarriadas que fueron a parar, desde la creación del patronato de protección a la mujer, en 1942, a centros provinciales de toda España.
El patronato de protección a la mujer, institución franquista para velar, decía, por todas aquellas mujeres que, caídas, desean recuperar su dignidad -y aunque no lo desearán, estaban en esos patronatos, ¿no?

Los datos y accesos a esa… Esa es una necesaria línea de investigación, ¿no?
, específica, que creo que cabría señalar para reunir información.
¿Cuántas mujeres fueron recluidas hasta el año 1984, que se cerraron definitivamente esos centros?
¿Qué fue de ellas?
¿Quiénes les repararán el daño?

La ley valenciana de memoria democrática debe estimular el conocimiento de esta represión.
Verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición para tantas víctimas.

El patronato, en 1978 se decía -este patronato de protección a la mujer-, se decía: Â«Se han entregado durante este tiempo de lleno, y algunos de manera casi exclusiva, a la tarea de salvar muchachas jóvenes en riesgo de caer -¿caer?
- y a la de redimir muchachas caídas.
Â» Este lenguaje y este caer y caídas, pues, supone que no se sabe cuántas miles y miles, cientos de miles de mujeres, también, por supuesto, en las tres, entonces, provincias valencianas, fueron durante décadas recluidas hasta los veinticinco años, sin ser condenadas y sin ser presas políticas.

Bueno, mi propuesta es, en realidad, saludar el proyecto de ley; señalar que hay aspectos de la memoria democrática que cabe destacar, que cabe hacerlas visibles para poder plantear también una línea de investigación que haga visible, en realidad, el peso de la represión y del terror sobre esta sociedad, que duró tanto tiempo y, en buena medida, aún la tenemos sobre nosotros.

Muchas gracias, consellera.

Gracias, presidente.

El senyor president:

Muchísimas gracias, diputada.

Tiene la palabra, por un tiempo de cuatro minutos, el señor Tormo, del Grupo Ciudadanos.

El senyor Tormo Moratalla:

Gracias, señor presidente.

Muchísimas gracias, señora consellera, por su presencia hoy aquí.

Bien, señorías, desde Ciudadanos creemos que la historia moderna de España, en cuanto a agravios y miserias cometidas entre españoles, se cerró con la transición.
Creemos que ese es el punto de partida, sin enmiendas a la totalidad, donde los españoles nos perdonamos -o, al menos, eso creemos nosotros- los pecados mutuamente cometidos.

Aceptamos la memoria de la transición, donde hubo un acuerdo entre españoles según el cual no había ni vencedores ni vencidos; donde dispusimos una serie de leyes y decretos para paliar el mal causado a aquellos que peor parados resultaron y, sin duda ninguna, unos fueron peor parados que otros, dada la naturaleza de la guerra civil.
Y relato algunos cuantos de ellos: decreto 670 del año 1976, sobre pensiones para mutilados de guerra del bando republicano; Ley 46/1977, sobre la amnistía; 5/1979, sobre, una vez más, pensiones; agravios sobre combatientes de la guerra civil en el bando republicano, miembros de las fuerzas armadas, orden público, carabineros, etcétera, 4/1990… En fin, una serie de leyes y decretos que, en muchos de los casos, las comunidades autónomas mejoraron, todo intentando mejorar, como digo, la situación de aquellos que peor resultaron en la guerra civil.

Señorías, a diferencia de otros partidos políticos, desde Ciudadanos no tenemos inconveniente, es más, todo lo contrario, en acatar la legalidad vigente, los símbolos de la nación y la propia forma del estado.
Acatamos la ley y la ley de la memoria histórica, no podía ser de forma distinta.
Es cierto, es verdad que hay cientos de fosas repartidas por todo el territorio nacional, donde reposan los restos de muchísimos españoles que merecen un mejor trato en cuanto a su descanso final, y son sus familiares quienes deben decidir dónde reposan de forma definitiva.

Pero no queremos que esta situación abra nuevos enfrentamientos entre españoles.
Seguimos prefiriendo debatir desde Ciudadanos sobre educación, sobre sanidad, sobre atención social, sobre infraestructuras, sobre agua, sobre presente y sobre todo, sobre futuro, sin olvidar, como digo, los horrores cometidos entre españoles hace ya ochenta años.
Pero, sobre todo, queremos gastar hasta el último euro de nuestros impuestos en presente, y sobre todo en futuro.

Gracias, señorías.

El senyor president:

Muchísimas gracias, diputado.

Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular, diputada…

La senyora Parra Almiñana:

Muchas gracias, señor presidente.

Señora consellera.

Tras escuchar su exposición, podemos concluir que la orden a la que usted ha hecho referencia prevé subvenciones que vayan dirigidas a asociaciones sin ánimo de lucro, universidades y ayuntamientos.
Echamos de menos que también pudieran ser subvencionables los trabajos de investigación de personas con reconocido prestigio, que puedan optar a dedicar tiempo, labor, trabajo a esta serie de investigaciones que pretende recuperar lo que es una memoria de hechos históricos.

Pero, si bien nos puede preocupar cuáles son los criterios para otorgar esas subvenciones, porque de lo que usted ha especificado en su exposición, se puede inferir que son criterios más que objetivos, subjetivos.
Con lo cual a la hora de dar y destinar esas subvenciones, lo que no nos gustaría al Grupo Popular es que de esa memoria histórica siempre se intentara hacer sectarismo y dar subvenciones con criterios subjetivos y no objetivos.

Porque si hay que valorar cuál es la calidad técnica, la sostenibilidad, si colabora con otras instituciones, la experiencia y el interés cultural, pues bueno, eso no son variables que sean puramente objetivables, y ahí nuestra preocupación y por lo que le reclamamos, le pedimos y le exigimos que, a la hora de otorgar subvenciones, se incluyan también a las personas físicas y particulares, y como no, que se objetivicen los criterios para otorgar esas subvenciones.

Tal y como ha expuesto el compañero del Grupo Ciudadanos, creemos que el tema de la memoria histórica, tan pronto comenzó la transición en este país, todos juntos se pusieron manos a la obra para constituir un estado de la concordia, del consenso, que encarnó el abrazo entre todos y se superó esa división de las dos Españas que no era un reflejo sino de un enfrentamiento que nunca tuvo que haber tenido lugar en España.
Y fue un esfuerzo de todos el reintegrar la libre convivencia, la tolerancia y el respeto al pluralismo.

Se está continuando con esa labor a pesar de que, tal y como también quien me ha precedido en la palabra así lo ha expuesto, desde el año 1976 ya comenzaron sin distinción de ideologías, con el primer decreto de amnistía.
Fue hace ya treinta y nueve años, llevamos mucho camino ya recorrido.
Sin ninguna duda, siempre quedarán pasos que dar y que mejorar, pero desde luego creemos que la memoria histórica tiene que ser una declaración de todos, que refleje el deber de la sociedad democrática de proceder al reconocimiento moral de todos los hombres y mujeres que fueron víctimas de la guerra o bien de una dictadura.

Y que ya, por ejemplo, en el año 2002 se aprobó por unanimidad una declaración en la que se afirmaba el deber de proceder a este reparo moral.
Esa votación, como no, y por unanimidad también fue fruto del voto del grupo que represento, y en ese sentido demostrar que siempre el Partido Popular ha ofrecido siempre sus impulsos y apoyo para llevar adelante estas medidas, resarcir a las víctimas de la guerra y de la dictadura, y que ningún español quedara desatendido en sus derechos del pasado.

Cuando digo esto, vuelvo a incidir: señora consellera, ningún español, ninguna institución, porque no hubieron víctimas y verdugos, sino que todos, los asesinados, los perseguidos, los represaliados fueron víctimas de una cruel e injusta guerra.

El senyor president:

Muchas gracias, señora diputada.

Tiene la palabra, señor Latorre, del Grupo Compromís.

El senyor García Latorre:

Gràcies, senyor president.

Bé, el Comité de Drets Humans de Nacions Unides, que vetla pel compliment del Pacte internacional dels drets civils i polítics, va sotmetre el cas espanyol a escrutini l'any passat, i va exposar unes conclusions que finalment varen ser demolidores.

El comité va mostrar en un informe que va realitzar la seua preocupació singularment per les llacunes i deficiències en la regulació dels procediments de recerca, exhumació, identificació de persones desaparegudes, i en particular pel fet que la localització i identificació d'aquestes persones es deixen a càrrec de la iniciativa de familiars i per les desigualtats que d'això resulta per a les víctimes, depenent de la regió d'on es tracte.

I això ho hem pogut patir ací, al País Valencià, on hem vist que en els últims anys, la veritat és que en este treball s'ha hagut de lluitar molt per part de les associacions per a poder traure alguna iniciativa endavant.
Està clar que esta línia de subvencions i este projecte d'iniciatives sobre recuperació de la memòria històrica s'emmarquen en l'esperit que té el govern del Botànic de donar suport a la recuperació d'eixa memòria històrica i democràtica, i de combatre sobretot eixes llacunes en les quals la mateixa ONU ha ficat deu suspensos.

I sobretot en este cas, en el que s'emmarca en la línia d'ajudes podíem parlar en el tema de la falta d'informació, en l'accés restringit a documents, les exhumacions que han hagut de fer privatitzades, perquè no hi ha hagut una acció pública que fera i tirara endavant.
Igual que la remoció de símbols, que encara queden molts d'ells, franquistes ubicats en el nostre territori.

Les nombroses associacions per a la recuperació de la memòria històrica han patit la marginació institucional sistemàtica de les administracions de l'anterior Consell del PP, malgrat el seu paper clau en assumptes tan delicats com la localització de familiars en fosses comunes, o el mateix estudi de la repressió de la guerra i de la postguerra.
Amb aquestes ajudes almenys modestament al País Valencià es pretén corregir aquesta absurda situació que havíem tingut fins ara.

De fet, el relator especial de l'ONU, per a la promoció de la veritat, la justícia, la reparació i les garanties de no repetició, Pablo de Greiff, va mostrar la seua preocupació per la indiferència de l'estat espanyol cap a les víctimes, on ací, en este cas, a València, hem tingut també el cas concret que, quan s'exhumaren molts dels seus cadàvers, se feren fins i tot per la nit, per eixa manera de fer i d'actuar d'una administració que no creia en esta recuperació de la memòria històrica.

Les ajudes a projectes per a la recuperació de la memòria històrica tenen també un important component pedagògic per a les noves generacions que tenen un interés cada cop major per comprendre la nostra història i sobretot per avançar en una cultura de la pau.
I eixe també és un dels punts importants que marca l'ONU, el tema d'educació, en este cas, que ha segut deficient quant al que ha segut el recordatori i la memòria històrica al nostre país.

És cert que tenim normes, que s'està treballant per part del Consell, la futura llei de memòria valenciana, tal com han fet altre administracions autonòmiques, com per exemple en este cas Andalusia, i també la proposició de llei que ha presentat el nostre grup parlamentari per a la protecció d'important patrimoni de la guerra civil, un altre pas més que du endavant dins de l'Acord del Botànic.

Complim així el programa electoral.
Nosaltres dúiem el tema de la creació del memorial democràtic valencià, que vetlara per la recuperació de la memòria col·lectiva d'aquelles dones i hòmens que han lluitat pels valors democràtics al nostre país, i per al compliment d'eixa memòria històrica en totes les seues vessants.
En la vessant també de la discriminació i assetjament que varen patir el col·lectiu LGTBI, igual que, com se comentava abans això dels xiquets robats.

I també un apartat que no s'ha treballat molt, que és els esclaus del franquisme.
Moltes persones que foren presos polítics i que acabaren sent esclaus, i utilitzats en moltes obres que al final moltes d'elles perderen la vida.

Reconeiximent i reposició.
En este cas, esta línia d'ajudes és un pas més en donar veu als silenciats de la història.
Creem que és una línia important, a més se fa en concurrència competitiva, on les tres línies, jo crec que són molt bàsiques, perquè són tres línies que pràcticament abasten tot l'espectre que podíem tindre quant a la recuperació de la memòria històrica.

Se parla d'entitats i associacions sense ànim de lucre, en la qual n'hi han moltes entitats, moltes associacions valencianes que han estat treballant durant moltes dècades en recuperar eixa memòria.
També es parla d'iniciatives a nivell d'ajuntaments i mancomunitats.
Les institucions públiques a nivell local moltes d'elles s'han preocupat en recuperar esta memòria.
I també parla en este cas de la iniciativa de la universitat, on tenim moltes persones que han fet estudis monogràfics respecte d'això.

Entenem que n'hi han criteris de valoració que són raonables i objectius, i per tant creem que és un primer pas per a eixa recuperació i eixe reconeiximent.

Moltes gràcies.

El senyor president:

Moltes gràcies, diputat.

Té la paraula la diputada del Grup Parlamentari Socialista.

La senyora Caballero Hueso:

Gràcies, president.

Gràcies, consellera, per la seua compareixença ací, davant Les Corts.
Jo volia deixar clar primer una cosa: que una cosa és la redacció del projecte de llei democràtica de la Comunitat Valenciana, que ens consta que la conselleria està treballant en ell, tant per una proposta nostra, del Grup Socialista, com una proposta del Grup de Compromís.
Però això és una cosa i el que hem vingut a parlar hui ara i ací és una altra, que és l'ordre de subvencions.

Però abans d'entrar en l'ordre de subvencions, jo volia deixar clar que el perdón, las plegarias, la asunción de culpas, lo siento, pero los hechos materiales, las víctimas y los verdugos se juzgan, condenan y amparan con leyes, no con rezos.
Y ni se han reconocido víctimas ni se han reconocido verdugos.
Solo la ley de memoria democrática 52/2007 inicia el camino.
Nosotros tenemos que seguir en ello.

Y voy al objeto de esta comparecencia que, como decía, es la orden de subvención, donde la cifra, señora consellera, de 160.
000 euros es una cifra modesta para las necesidades que existen, pero es un gran paso.
Es un gran paso porque ya lo pusimos de manifiesto en la presentación y posterior aprobación de los presupuestos de La Generalitat, la Comunidad Valenciana necesita poner en valor todas esas investigaciones que se han hecho y, como no, el Consell tiene que estar dando soporte a eso, no poniendo piedras en el camino, como lo hemos vivido hasta este momento.

Desde el 2007, que está aprobada la ley de memoria histórica, nueve años, en esta comunidad el desarrollo de la ley de memoria histórica ha estado totalmente bloqueado.
Por fin tenemos un Consell que no solo ve imprescindible esta tarea de investigación, sino que lo demuestra con hechos.

Creemos acertados todos y cada uno de los criterios de valoración, todos.
Pero me gustaría destacar dos: ha hablado la consellera de la calidad técnica, viabilidad económica, metodología, calendario, recursos materiales y humanos, aportación de medios propios.
Nos parece fundamental, sobre todo para que esos trabajos tengan la seriedad que se requiere, porque es muy importante que una entidad cuente con equipos de gente, profesionales y multidisciplinar, sobre todo para el tema de las exhumaciones, tal como está marcado en el protocolo de actuación.

Y el punto tercero, donde habla de experiencia, trayectoria y especialización, porque como comentaba el diputado de Compromís, hay asociaciones e instituciones que llevan muchos años realizando muchas investigaciones que, en vez de tener al Consell como soporte, lo han tenido en frente.
Y el Consell tiene que ser el aliado de las asociaciones e instituciones, no el enemigo.

Esperamos que ese dictamen del Consell Jurídic Consultiu llegue lo más pronto posible, y podamos no solo publicar, se pueda publicar, sino poner en funcionamiento ya estos trabajos de investigación y estas subvenciones.

Muchas gracias.

El senyor president:

Muchas gracias, diputada.

Tiene la palabra la consellera de justicia.

La senyora consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques:

Gracias, presidente.

Me van a permitir referirme muy brevemente a la ley, aunque sí es cierto que el motivo de la presente comparecencia es explicar el contenido y los criterios de la orden.
Pero creo que, por lo que ustedes en términos generales han puesto de manifiesto a lo largo de sus intervenciones, me parece esencial recordar varias cosas.

En primer lugar, que es una deuda pendiente con todos los valencianos y valencianas el desarrollo de una ley estatal que durante nueve años en esta comunitat no han sido capaces de desarrollar.
En segundo lugar que esta ley, esta ley autonómica de recuperación de la memoria democrática nos va a permitir rescatar del olvido a miles, a miles, a cientos de miles de víctimas.
Vamos a habar de víctimas sin discriminación, no tengan ustedes ningún tipo de duda.

Y, aunque sí es cierto que durante la contienda podemos encontrar en uno u otro bando víctimas atrozmente tratadas.
Quiero recordar que la guerra para algunos duró más de veinte años, que para muchos, que para muchos ciudadanos y ciudadanas, para cientos de miles, la guerra tardó más de veinte años, donde se cometieron delitos, delitos tras delitos, delitos de detenciones ilegales, delitos de torturas, asesinatos.
Todo ello basado en procedimientos sumarísimos, ilegales, irregulares, que fueron la excusa documental para sepultar a tanta y a tantísima gente.

Por tanto, tenemos que tener el espíritu abierto a todas esas víctimas que no acaban en el año 1939, sino que aparecen durante más de treinta años después, sí, más de treinta años después.
Y eso es lo que pretende esta ley de memoria democrática valenciana.
Esto es lo que pretendemos desarrollar, recuperar, recuperar nuestra convivencia democrática porque, señorías, aunque para algunos de ustedes estos hechos ocurridos hace setenta años les resulten lejanos, para una democracia tan joven como la nuestra están muy presentes y no podemos dejar de mirar al pasado, porque ese pasado es la base de nuestro presente y sobre el cual construimos el futuro.
Y el futuro no se puede construir sobre las atrocidades que en este país se cometieron durante muchos años.

Pues bien, dando cumplimiento a uno de los compromisos que este Consell asumió desde el primer momento y así puse de manifiesto en mi primera comparecencia ante el pleno de las Cortes, es nuestra voluntad, evidentemente, que a lo largo de este año la Ley de memoria democrática valenciana y de recuperación de la memoria y de la convivencia democrática sea aprobada por las Corts.
Y queremos, desde luego, que sea una ley de todos y para todos y que la podamos elaborar entre todos.

Yo quiero explicarles que ya han sido muchas las actuaciones que hemos desarrollado.
Señora Quiñonero, yo agradezco sus sugerencias puestas de manifiesto en esta comparecencia en cuanto a la consideración de víctimas y la apertura de líneas de investigación, que cada una de las que ha puesto de manifiesto nos preocupan y mucho.
Es más, tras la reunión mantenida con más de veinte asociaciones, hace apenas una semana, en las que les pusimos de manifiesto el borrador para que hicieran previamente ya alegaciones -más allá del trámite de alegaciones público que en el ámbito de la tramitación administrativa también se concederá a todo el mundo- hemos recogido ya en ese borrador algunas sugerencias que precisamente van en esa línea, en esa consideración amplia del concepto de víctima.

Claro que hubo víctimas como consecuencia, hubo persecución con motivos del uso de la lengua, hubo persecución por temas eclesiásticos, hubo persecución por razón de discriminación del sexo.
Por supuesto van a tener esa consideración pero, si bien es cierto que esas líneas de investigación que dentro de los marcos jurídicos y dentro del procedimiento que nuestra propia ley de enjuiciamiento criminal también abre en materia se sustracción de niños robados, por supuesto, le puedo, además, comunicar que hay una sección específica en las nuevas oficinas de atención a la víctima, para las víctimas del franquismo y de la dictadura y también una específica para todas aquellas investigaciones relacionadas con los niños robados y con las madres robadas.

Le puedo decir que es una investigación que va a ser muy compleja, que está repleta de muchísimos obstáculos -como sabe- en la falta de documentación.
La ausencia ahora mismo de pruebas documentales ha determinado un amplio número de archivos en los procedimientos judiciales.
Pero lo que sí que quiero aprovechar también esta intervención parlamentaria es para manifestar una vez más nuestro compromiso con todos y cada una de las víctimas de aquella época, sin ningún tipo de discriminación.

En cuanto a los criterios de la orden, les ha parecido…, bueno, a la portavoz del Grupo Popular, que son criterios subjetivos.
Mire usted, creo que fijar la calidad técnica y de habilidad económica del proyecto, considerarlo esto un criterio subjetivo, pues a mí me preocupa porque, evidentemente, a la hora de valorar cualquier proyecto, cualquier trabajo de investigación, evidentemente tiene que tener una base subjetiva.
Pero es que, mire usted, es que no podemos desligarla de esa valoración porque si no tendríamos que adoptar criterios meramente cuantitativos, o sea, no podemos suprimir, por ejemplo, la calidad técnica por el número de folios que nos presentan en el trabajo de investigación.
Eso sí que sería, a partir de doscientos folios, ocho puntos.
Eso sería un criterio absolutamente objetivo.

Pero creo que valorar la calidad técnica, aunque incorpore ese rasgo subjetivo, creo que de alguna manera también se puede objetivar.
¿Por qué se puede objetivar?
Se puede objetivar porque se tiene que razonar.
No basta con decir este es el mejor trabajo.
Se tiene que explicar por qué se considera el mejor trabajo, por qué se le considera acreedor o meritorio para poder obtener esa subvención.
Y, por tanto, esa justificación, esa explicación razonada podrá, de alguna manera, objetivar ese trabajo.
Es más, se establecerán procedimientos también para que aquellas entidades u organizaciones que no estén de acuerdo con la resolución o que consideren incumplidos esos requisitos o criterios que para eso -porque lo que se pretende es objetivar lo máximo- se han publicado, pues pueden en su caso recurrirlo o impugnarlo en los términos que se establezca.

Nos parece, o sea, que tanto el criterio de calidad técnica como de habilidad, la colaboración de otras entidades o instituciones, es un criterio totalmente objetivo.
La experiencia que una persona acredite documentalmente, que así lo especifique su trayectoria, su currículum.
Estamos hablando de datos más que objetivos, así como la especialización en la materia, creo que también son datos que se pueden constatar y que se pueden objetivar.

No queremos utilizar estos mecanismos para tomar decisiones arbitrarias.
No tengan ningún tipo de duda.
Es cierto que, en el marco de las decisiones y las actuaciones de la administración, pueden algunos de los actos administrativos tener un carácter discrecional.
Pero yo siempre repito lo mismo, es que la discrecionalidad no es arbitrariedad, porque esa arbitrariedad, cuando se aparta de las reglas coherentes, cuando se aparta de una justificación o una explicación…, pero la actuación discrecional de la administración bien explicada, actuando con coherencia y, además, bien razonada y no apartándose del marco general común o del ordenamiento jurídico, le puedo asegurar que no tiene ningún tipo de problema.

Por tanto, creo que los criterios que hemos fijado en dicha orden son criterios que van a objetivar los requisitos que estamos exigiendo a los posibles solicitantes y que nos van a permitir baremar y puntuar para poder determinar y resolver sobre si se merecen o no, o pueden acceder a dicha subvención.

En cuanto al importe, evidentemente, ciento sesenta mil euros frente a los doscientos veinte mil que ahora mismo tiene la diputación provincial, pues es un importe que podríamos considerar no muy amplio.
Pero sí que nos permite abrir el camino.
Yo creo que es importante, o sea, pues en un momento en que esta comunidad tiene todos los problemas relacionados con la infrafinanciación y con la crisis económica que le está azotando durante tantos años, pues hay que intentar desarrollar los proyectos también desde criterios de austeridad.

Por tanto, es un presupuesto que ahora mismo podríamos considerar pequeño, pero sí nos va a permitir poder abrir el camino y dar y visualizar todos aquellos trabajos de investigación que, estoy segura, nos van a poder permitir cambiar las conciencias, nos van a poder permitir disponer de un instrumento legal que facilite sobre todo esa recuperación de la convivencia democrática y rescate a miles, a cientos de miles del olvido.

Así que, desde luego, es nuestra voluntad en cuanto esté la orden aprobada ponernos en marcha, sacar de forma inmediata -como les he indicado- las bases para poder contar con todos estos trabajos que estoy segura que nos van a enriquecer y nos van a abrir el camino hacia esa convivencia democrática que he señalado.

Muchas gracias.

El senyor president:

Muchas gracias, consellera.

¿Algún grupo…?
¿Podemos?
Por un espacio de cuatro minutos.

La senyora Quiñonero Hernández:

Sí.
Señalar algunos aspectos del desarrollo también de la ley, de las propuestas de la ley, señalar la propuesta de la creación del instituto de la memoria como una iniciativa muy valiosa que puede ayudar a consolidar y encaminar esa mirada hacia la memoria democrática y hacer partícipe al resto de la sociedad, a las instituciones.
Yo creo que ahí hay que contar con las universidades públicas.

La comisión de la verdad me parece una iniciativa fundamental.
Creo que eso supone abrir también la participación y, de alguna manera, ese seguimiento hecho desde la propia Generalitat.
Y también el día de la memoria democrática, que se llama aquí el día del recuerdo, pero sí que me parece una buena iniciativa poner en marcha una fecha que pueda ser una fecha, que pueda ser conmemorada también por las escuelas, por las universidades y trabajar en torno a estas instituciones, a estas fechas, a estos hitos.
Los itinerarios de la memoria.

Yo creo que hay aspectos que ya podremos discutir más ampliamente en alguna otra comparecencia y también en el debate en pleno.
Señalar que va a ser necesario también el compromiso de La Generalitat con el acceso a los archivos y a la información.
Y nada más.
Agradecerle la realización de este borrador.

Gracias, consellera.

Gracias, presidente.

El senyor president:

Muy bien.
Tiene la palabra el señor Tormo.

El senyor Tormo Moratalla:

Gracias, señor presidente.

Señora consellera, yo le reconozco el desarrollo de su intervención y además el reconocimiento de la complejidad de la ley.
También le agradezco que admita que esta ley va a favor de todos, sin ninguna discriminación, hacia nadie.
Porque le recuerdo que, desgraciadamente, la guerra civil acabó en los muelles del puerto de Alicante en marzo de 1939.
Con lo cual, fue una zona especialmente compleja hasta el último minuto de la guerra esta tierra nuestra de Valencia, de la Comunidad Valenciana y de Alicante.
Por tanto, la no discriminación de víctimas es fundamental, puesto que el daño causado fue inmenso y muchísimas familias, donde hermanos contra hermanos se vieron abocados a un enfrentamiento brutal.

Pero hay una cosa que no me ha gustado de su intervención, señora consellera, y tengo que decírselo.
Por tres veces, tres, ha dicho usted Â«esta ley contribuye a mejorar la convivencia democrática entre los españolesÂ».
Yo no estoy de acuerdo con eso.
La convivencia democrática entre los españoles no tiene ningún problema.
Y esto es la constatación viva, esta misma cámara y esta comisión, de que eso no es así.
Es decir, tenemos diferentes puntos de vista, tenemos diferentes puntos o formas de ver la vida y tenemos distintas formas de entender cómo se solucionan los problemas de los valencianos y las valencianas.
Y eso no es obstáculo para que desde el respeto y la educación podamos debatir en esta sala o en este parlamento.

Usted ha hablado de complejidad y obstáculos en muchos casos entre ellos la falta de financiación, dada la mala situación de las cuentas de La Generalitat.
Y eso es algo que a usted le honra, es decir, a pesar de esa complejidad, a pesar de esa falta de financiación, usted acomete el desarrollo de una ley, su departamento acomete el desarrollo de una ley que le puede reportar quizás más dolores de cabeza que satisfacciones.
Y es algo que desde Ciudadanos también le agradecemos.

Por lo tanto, le animamos a que siga por ese camino de no discriminación entre españoles, o de hijos o nietos de españoles, en función de qué pensarán hacer ochenta años sus antecedentes, sus abuelos.

Y muchísimas gracias, señor presidente.
Señora consellera.

Antepasados, casi lo digo.

El senyor president:

Muchas gracias, señor Tormo.

Para concluir tiene la palabra la consellera, si lo desea, por un espacio de cuatro minutos.
¿También?
(Veus)

La senyora Parra Almiñana:

Me preocupaban los criterios subjetivos que le he especificado, y usted ha hecho un esfuerzo porque yo los considere objetivos pero sigo viendo mucha discrecionalidad -como usted ha dicho- a la hora de otorgar esas subvenciones.

Pero me preocupa mucho más la exposición que se ha hecho aquí, por ejemplo del partido que usted representa, cuando intenta hacer con estos gestos que está llevando a la conselleria una arma arrojadiza y obtener un rendimiento patrimonial político de estas iniciativas.
Y me explico.

Decir aquí que antes del 2007, que fue la ley de memoria Â«histéricaÂ» de Zapatero, no hubo nada más y que fue el principio de la memoria histórica desde luego es faltar el respeto no solo a la verdad y a la historia democrática de este país sino faltar el respeto a todos los políticos de todos los grupos políticos que, encarnando la transición, trabajaron arduamente para, primero, elaborar una constitución e instaurar un régimen democrático que tenemos en España.

Me parece una falta absoluta total de respecto porque está obviando el decreto de amnistía de 1976; la propia Constitución española; la transaccional que hubo en el 2002 aprobada por todos los grupos políticos; el tratado de 1999 que fue respaldado por todos los grupos políticos también y que supuso la recuperación de la libertad para los militares fieles a la República; recuperaron sus derechos; una pensión; se indemnizaron viudas, hijos y familiares; se hizo justicia y lo hicimos todos juntos, cuando digo Â«lo hicimosÂ» quiero decir los políticos que estaban en aquel momento y en defensa de la democracia.

Por lo tanto, me preocupa -y mucho- este querer patrimonializar políticamente este tipo de iniciativas, y se ha visto, se ha faltado a la verdad, y se ha faltado al respeto, y se ha faltado a la historia; pero también me preocupa, y ¿por qué me preocupa?
, porque los tres partidos que hoy representan el botànic, el pacto del botànic, pues, ¡oiga!
, mire (soroll de papers), voy a hablar de un hecho más próximo y más cercano, mucho más cercano y mucho más presente: 14 de abril del 2016, Partido Socialista, Compromís y Podemos rechazan con el voto en contra la defensa de los derechos humanos en Venezuela (veus), lo votaron aquí.
No, ¡hombre!
, es que aquí se está hablando que es una línea de subvención para subvencionar la defensa de los derechos y libertades fundamentales.
(Veus) Pues, mire, me preocupa, me preocupa por esa doble vara de medir.

Ustedes fueron incapaces de reconocer que Venezuela es una dictadura, son incapaces de reconocer con su voto que se vulneran los derechos humanos, son incapaces de votar a favor de la liberación de los líderes de la oposición que por sus ideas políticas están en prisión, critican un uso partidista de esta iniciativa que tuvo el Partido Popular en estas Cortes y, sin embargo, ahora, la representante del PSOE ha dicho que no había vida más allá del PSOE en cuanto a memoria y recuperación de los derechos de las víctimas.
Me parece muy fuerte.

Mire, Venezuela es un gobierno dictatorial, vulnera los derechos humanos, tiene una justicia politizada y está sujeta a la dictadura del chavismo.
(Veus) Ustedes no lucharon por la defensa de los derechos humanos y las libertades públicas en ese país.
Eso es doble vara de medir.
(Veus)

El senyor president:

Por favor, se ruega silencio.

La senyora Parra Almiñana:

Eso desde luego es no luchar por la memoria de las víctimas, no luchar por la defensa de los derechos humanos en aquellos países que por dictaduras que ustedes apoyan, y aquí lo apoyaron con su voto (veus), aquí lo apoyaron con su voto, esos los obvian.

Por lo tanto, le vuelvo a decir: me preocupa el uso partidista que se quiere irrogar…

El senyor president:

Vaya terminando, señora Parra.

La senyora Parra Almiñana:

…y, desde luego, me preocupa la falta de objetividad a la hora de concretar cuándo hay vulneración de los derechos humanos y cuándo la gente está en prisión por dictadores por creencias políticas.

El senyor president:

Muchas gracias, señora Parra.

Tiene la palabra la conselleria de justicia por un tiempo de cuatro minutos.

La senyora consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques:

Gracias, presidente.

Señora Parra, el día que usted quiera yo vengo aquí y hablamos de Venezuela.
Pero, verá, he venido a hablar de la orden que regula las subvenciones y he venido a contestar a cada una de las preguntas.

A usted le ha parecido insultante para todos aquellos políticos y representantes de la vida política, económica y social de la España de la transición que yo haya dicho que en este país no se han cerrado debidamente todas las heridas que causó la guerra civil; y a mí me parece un insulto para las víctimas de la guerra civil y del franquismo, señora Parra, y del franquismo -insisto-, que las víctimas, el número total no se acabó en el año 1939, es que hubo muchas, miles y cientos de víctimas, que la amnistía no hace desaparecer los delitos.

Tristemente en este país se cerró mal -y lo reitero-, e hizo falta una ley de memoria histórica, que tristemente en esta comunidad no tuvo ningún desarrollo para que ahora hablemos de víctimas.
Porque sí, señor Subiela, sí son víctimas, son víctimas y se siguen considerando víctimas no reconocidas, los nietos de aquellas personas que fueron sepultadas, asesinadas, acribilladas, torturadas por…, por ¡nada!
, simplemente por pensar de forma distinta o ser de forma distinta.
(Veus) Y a esas víctimas no se les ha dado ningún tipo de reconocimiento.

Esta ley va a permitir reconocer a esas y a otras, pero sigue habiendo en este país desgraciadamente un gran número de cientos de personas que no se les ha reconocido nunca ni siquiera ese estatus.

Y, por supuesto, todos aquellos pactos que favorecieron la transición y que abrieron un camino hacia la recuperación democrática no fueron suficientes y, por supuesto, sigue habiendo una gran parte de esta sociedad que entiende que no podremos hablar de convivencia democrática en el más puro sentido de la palabra mientras no haya un reconocimiento a todo lo sucedido, para unos o para otros, durante tantísimos años.

Quería, también, contestar muy brevemente al planteamiento que usted me ha hecho de por qué no damos subvenciones a los particulares.
Pues, mire, en primer lugar, porque tal y como está conceptuada en los presupuestos esa línea de subvención, desde el punto de vista procedimental, no procede.

Pero, es más, es que como precisamente queremos contar con las mejores instituciones, queremos las mejores aportaciones, entendemos que los trabajos de investigación que cualquier persona física o jurídica pueda realizar a través del ámbito de universidades donde los estudios son mucho más completos, pues siempre van a poder aportar más conocimiento y más visibilidad dentro de un presupuesto escaso -como ya les he explicado.

Por tanto, simplemente quiero cerrar mi intervención recordando que este Consell desde luego tiene el compromiso con todos los valencianos y las valencianas, con todas las víctimas de aquella etapa tan cruel y tan oscura, con todos y con todas, sin ningún tipo de distinción.

Y creo que la nueva ley, que espero que sea una ley de todos y para todos, abra ese camino para una recuperación definitiva de nuestra convivencia democrática.

Muchas gracias.

El senyor president:

Muchísimas gracias, consellera.

Si les parece, antes de pasar al siguiente punto del orden del día, hacemos un brevísimo receso de un par de minutos.

(Se suspén la reunió durant uns minuts)

Compareixença de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, senyora Gabriela Bravo Sanestanislao, per a explicar el pla de formació de l'IVAP per al 2016, sol·licitada pel Grup Parlamentari Podemos-Podem (RE número 21.
950)

El senyor president:

Tiene la palabra la honorable consellera de justicia.

La senyora consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques:

Gracias, presidente.

Señor presidente de la comisión.

Señorías.

Buenas tardes de nuevo.

El compromiso de este Consell en la construcción de una administración moderna al servicio de todos los valencianos y las valencianas requiere la puesta en marcha de un plan de medidas que gran parte de ellas hemos incorporado al acuerdo de legislatura que hace unas semanas firmamos con la mayor parte de las fuerzas sindicales.

Y, precisamente, dentro de estas medidas que obran en el acuerdo de legislatura, la formación adquiere un papel relevante, porque entendemos que es un motor de cambio y modernización de la administración pública.

Antes de hablar.
.
.
, de desarrollar el plan de formación, quería puntualizar brevemente el motivo del retraso en la publicación del plan de formación del IVAP para 2016.
El motivo fue, concretamente, del retraso previo del acuerdo de reparto de los fondos de formación de la Comisión General de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas.

Como saben, es habitual que ese acuerdo normalmente se adoptara entre.
.
.
, se suele adoptar entre el mes de septiembre y octubre, fechas desde las cuales ya las comunidades autónomas conocen cuál es la cuantía de los fondos que tienen a su disposición y, por tanto, ya les permite comenzar a planificar.

Sin embargo, en esta ocasión, el acuerdo no se firmó hasta pasado el 28 de enero, debido a la nueva Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el nuevo sistema de formación profesional para el empleo, que también ha afectado al IVAP en su condición de centro proveedor de formación a las empleadas y empleados públicos de toda la comunitat.

Para este año en concreto, nos han correspondido 2.
379.
110 euros, un 9,96% del total de los fondos, que ascienden a 23.
885.
980 euros, destinados a las comunidades autónomas, que se reparten además, como saben, estos fondos de acuerdo con el número de empleados y empleadas públicos que tiene cada una.

Además de contar con estos fondos, La Generalitat aporta como fondos propios, este año en concreto, 240.
000 euros, un 55,5% más que en el presupuesto anterior.

En definitiva, vamos a destinar a la formación un total de 2.
619.
110 euros, cantidad que da soporte presupuestario al plan de formación del IVAP, al plan de formación también de la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud -el EVES-, la Secretaría Autonómica de Educación e Investigación -SAEI- y las cinco universidades públicas de la Comunitat Valenciana.

Señorías, en la Conselleria de Justicia y Administración Pública concebimos la formación como un derecho que tiene el empleado público y que, por tanto, a nosotros nos corresponde garantizar.
Pero también es un deber que hay que planificar, organizar, evaluar en beneficio de toda la sociedad.
Y este es el criterio que explica nuestra decisión de repensar y reformular toda la política en materia de formación.

Y obligados como estamos a repensar el modelo de formación que ofertamos, estamos revisando también el modelo institucional responsable de su organización, es decir, del propio instituto.
Ello nos ha obligado a introducir un punto de inflexión en la trayectoria del Instituto Valenciano de Administración Pública, caracterizado por la decadencia que va arrastrando estos últimos años.

Para revertir esta situación estamos procediendo a una completa reorientación de la actividad del IVAP.
Hemos apostado, en primer lugar, por impulsar la gestión, reforzar los mecanismos que permiten al equipo directivo del centro detectar las necesidades formativas, evaluar su impacto y, lo más importante, la transferencia al puesto de trabajo.
Este es un objetivo a medio plazo.

La planificación de cursos plasmada en el plan de formación pretende, además, superar el criterio acumulativo de estos últimos años, para interrelacionar unos con otros y construir un proceso de aprendizaje que busca la participación activa del empleado público; pretende desarrollar el talento profesional, entendido este como la suma de sus capacidades y de su nivel de motivación.

Para ello, hemos reflexionado mucho sobre qué habilidades y destrezas necesitamos entrenar, qué actitudes deben de reforzarse y, en suma, qué maneras de hacer tienen que aprender nuestros empleados públicos.

Fruto de ello, es un conjunto de cursos que busca precisamente la mejora de estas habilidades, en materias como: trabajo eficaz en equipo, la comunicación interactiva, la mejora del clima organizativo o la pericia en la atención al ciudadano.

El plan por el que su señoría se interesa fue aprobado el 16 de marzo por unanimidad de la comisión de formación.
Es un plan de transición hacia la potente oferta formativa, que es el compromiso de este Consell y el horizonte de este Consell y, por otra parte, el compromiso con el empleado público.

Así, partiendo de un estudio básico de necesidades y una revisión profunda de los contenidos ofertados en estos últimos años, algo que no se había hecho en los diez años anteriores, creo que hemos sabido mantener lo bueno, renovándolo y mejorándolo, sobre todo actualizándolo, y desechar lo reiterativo o lo obsoleto, en muchas que había en algunos ámbitos de los planes anteriores.

El resultado es que el plan para 2016 contiene 215 cursos de formación continua frente a los 300, 320 que tenían las anteriores.
Y el 35% de estos cursos son todos nuevos.

También hemos acometido el diseño de las áreas formativas introduciendo materias nuevas y, además, reagrupando otras, buscando sobre todo la mayor coherencia del plan, y que responda a las necesidades de la administración.

Así, tenemos nuevas áreas, como son transparencia e integridad institucional, inclusión social e igualdad, administración abierta e innovación pública, gestión pública, marco normativo, actividad pública, tecnologías de la información y de la comunicación, competencias profesionales, valenciano y multilingüismo, seguridad y salud laboral.

Quiero centrarme en algunas de ellas porque considero especialmente relevantes.

Transparencia e integridad institucional.
Como saben, una primera medida de urgencia de este Consell ha sido la renovación y el refuerzo de las políticas de transparencia.
Así lo recoge también el plan de formación, que ofrece un catálogo de cursos sobre esta materia planificados en coordinación con la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, que incorporan materias como el buen gobierno o los marcos de integridad institucional y ética administrativa práctica.

Se ofrecen además diversas acciones formativas sobre transparencia, protección de datos, ética administrativa, no solamente desde una perspectiva práctica, sino también desde una perspectiva colectiva destinada, sobre todo, una de ellos, a cursos presenciales y otros, online.

Es un área nueva que se ha singularizado, dado su relevancia y la necesidad de dar cumplimiento a la disposición adicional de la Ley 2/2015 de transparencia, buen gobierno y participación ciudadana de la Comunitat Valenciana, como acabo de decir anteriormente.

La antigua área social e igualdad ha sido renombrada como de inclusión social e igualdad.
Y está profundamente renovada también en sus contenidos.
Hemos querido darle mayor visibilidad en consonancia con el compromiso de La Generalitat con estas políticas.
Con sus veintiún cursos, de los cuales diez son nuevos, este apartado aborda la diversidad de las políticas inclusivas, innova en la temática de género y, en materia de dependencia, incluye otras cuestiones relevantes que el personal empleado público debe de conocer acerca de su corresponsabilidad, las políticas de juventud, la elaboración de los presupuestos con perspectiva de género o cómo hacer frente a la violencia desde las redes sociales, entre otros.

Se apuesta también por un área destinada a la administración abierta e innovación pública, propiciada por la entrada en vigor en 2016 de dos normas, la nueva ley de procedimiento administrativo común a las administraciones públicas y la de régimen jurídico del sector público, que suponen también un gran cambio en el paradigma administrativo.
El gobierno y la administración abiertos a la ciudadanía mediante la relación digital que se pretende, además, convertir en algo habitual.

Creo, sinceramente, que el ejercicio de la política obliga a sus gestores a permanecer atentos a las reclamaciones, en este sentido, de los ciudadanos.
Y está fuera de toda discusión el hecho, por tanto, de que hoy los valencianos nos están reclamando cambios profundos en la administración pública.

Sabemos, y lo sabemos todos, que la valenciana es una sociedad avanzada, que nos reclama además cambios de calado en nuestros sistemas de trabajo y en cómo afrontar esa relación entre la administración y el ciudadano.

La legitimación de las administraciones públicas pivota más bien en torno al grado de satisfacción cívica que genere el funcionamiento del aparato administrativo, que además se debe de concebir, fundamentalmente, como un servicio público que debe de actuar con eficacia, pero que también debe de estar preparado para esa rendición de cuentas.

Las demandas ciudadanas, cuando son justas, deben de convertirse, por tanto, en estas políticas públicas y, por ello, de la mano de las nuevas tecnologías de la información, estamos también apostando por modernas fórmulas de interacción electrónica del ciudadano con el sector público, que ofrezcan también mejores posibilidades de colaboración y evaluación de las decisiones adoptadas, su motivación y su justificación.

Por tanto, el procedimiento digitalizado cobra aquí, también, un protagonismo destacado y las acciones formativas insisten en ese enfoque desde la perspectiva normativa, pero también desde la óptica de gestión documental y las tecnologías de la información.

Esta planificación impone un cambio obligado en rutinas hasta ahora muy arraigadas en el personal al servicio de las administraciones públicas, cambio que ha de verse complementado con la adquisición de destrezas en materia de participación, investigación de demandas sociales o innovación.

En esta materia en concreto, de los catorce cursos que conforman esta área, nueve son nuevos.

El área formativa de tecnologías de la información y de la comunicación también adquiere una gran importancia dentro del plan de formación del IVAP.
Se trata, por tanto, de una materia que exige una constante actualización y perfeccionamiento, y que es objeto además de una elevada demanda por parte de los propios trabajadores públicos.

Los cursos, en este ámbito, han sido diseñados en coordinación con la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, esta área incluye lo que antes se denominada Â«administración 2.
0 informáticaÂ», aunque se han rediseñado todos sus contenidos.
Y este epígrafe también mantiene un gran peso tradicional en el ámbito formativo, pero no solamente por la necesidad de actualización en el campo informático, sino también por la elevada demanda por parte de los empleados públicos.

En esta materia, también en esta área, se han incorporado las recomendaciones de la Dirección General de Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones referidas, sobre todo al incremento en la seguridad en el intercambio de datos.
Por ello, en este ámbito en concreto, se ofrecen tres nuevos cursos sobre seguridad y buenas prácticas de un total de 42.

También se ha contemplado un epígrafe destinado a la gestión pública.
En este caso, de sus 22 cursos, once también son de nueva creación.
Su objetivo es afrontar carencias formativas constatadas en ámbitos tan sensibles como evaluación de políticas públicas, gestión pública estratégica, análisis y diseño organizativo, gestión de recursos humanos, la elaboración de indicadores o la gestión presupuestaria.

El resultado ha sido una oferta de cursos en estas materias homologable con lo existente en otros centros de formación del sector público.

Las necesidades de actualización y perfeccionamiento jurídico del personal se han puesto al día también y se han agrupado en único apartado, que es el marco normativo de la actividad pública.

Así, los tradicionales cursos sobre contratación administrativa, propiedad intelectual, elaboración de normas, se han complementado con otros que tratan de la gestión de fondos europeos, la gestión de la tesorería o el control interno de la actividad administrativa.
En un total en esta área se han incorporado 24 acciones formativas nuevas.

Bajo el nombre de Â«competencias profesionalesÂ» se contempla el anterior área de habilidades y actitudes, y en particular la formación relacionada con el desempeño competente, la labor profesional del personal empleado público, así como las habilidades de relación que se requieren para el trabajo eficaz en equipo, la comunicación efectiva, la mejora del clima organizativo o destacadamente las destrezas necesarias para la atención a la ciudadanía.

El antiguo apartado de idiomas y los cursos impartidos en lengua valenciana se articulan en la nueva área de valenciano y multilingüismo en consonancia con una de las líneas estratégicas de actuación del Consell; se impartirán cursos para formar al personal en el uso del valenciano y conseguir una presencia general y continuada de nuestra lengua en los procesos de trabajo, especialmente en la comunicación con la ciudadanía.

Por lo que se refiere a la formación en idiomas comunitarios, será únicamente online pero con una calidad acreditada y contrastada.

Por último, aunque no menos importante, el área de seguridad y salud laboral será reflejo de la política de prevención de riesgos laborales, uno de los ejes prioritarios de la actual función pública.
Así, de la mano del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo, se han programado acciones formativas para garantizar la capacitación del personal en estas materias y se mantendrá igualmente la formación online para familiarizarse con los conceptos básicos que integran la seguridad y la salud en el trabajo.

Señorías, el proceso de reforma que hemos puesto en marcha busca dotarnos de una nueva administración que sea fuerte, transparente, despolitizada, que nos permita además construir un modelo distinto de cohesión social y desarrollo económico imprescindible para mejorar la calidad de la vida de los valencianos y valencianas.

Esa nueva administración debe de ser el instrumento primordial para desarrollar esas políticas públicas eficaces que hagan posible la igualdad de oportunidades, la movilidad social y también que procuren los procesos de mejora de la competitividad económica e innovación empresarial.

Desde esa perspectiva, la política de formación del empleado público es el eje vertebrador de la gestión de los recursos humanos, porque invertir en la mejora de la cualificación profesional del empleado público estoy segura nos va a reportar beneficios colectivos al asegurar a la ciudadanía un servicio público de calidad, competente, adaptado a sus requerimientos en un entorno cambiante.

Tenemos por delante un largo camino por recorrer en materia de función pública y en particular en la formación del personal del empleado público de La Generalitat y queremos recorrerlo de acuerdo con los agentes sociales y por supuesto también contando con esta cámara.

Señorías, el plan de formación del IVAP para 2016 no es el óptimo, pero es un avance sustancial respecto a los planes ofertados en anteriores legislaturas.
No vamos a quedarnos ahí, queremos mejorarlo y contar con el apoyo parlamentario para seguir incrementado el presupuesto en esa materia.

Muchas gracias.

El senyor president:

Muchas gracias, consellera.

Tiene la palabra la diputada del Grupo Parlamentario de Podemos por un espacio de ocho minutos.

La senyora Cabedo Laborda:

Gràcies, senyor president.

Senyora Bravo, en els últims anys hem viscut opacitat, hem viscut malversació de diners públics que han danyat profundament l'administració pública, però a més d'això hem tingut la constatació que la gestió privada no s'ha revelat mai ni més eficaç ni més econòmica que la gestió pública.

Des del Grup Parlamentari de Podemos hem demanat la seua compareixença perquè creiem que entendre l'aposta per la gestió pública no és simplement assumir des de l'administració pública la gestió, sinó que a més és apostar, com vosté ha indicat, per una administració forta i sostenible.

Actualment ens trobem amb polítiques que venim arrastrant, com dic, que no només han externalitzat gestions, com, per exemple, tindre cases d'acollida per a dones víctimes de violència masclista gestionades per concessionaris de cotxes, sinó que a més tenim un desmantellament de la pròpia administració, com, per exemple, amb plans de formació que no prevenien, com vosté molt bé ha indicat, l'avaluació per part del mateix personal de les polítiques públiques i la gestió pública a través d'estratègies concretes o la formació en anàlisi i disseny organitzatiu.

Des de Podem ens sentim satisfetes pel canvi de paradigma que vosté ens ha vingut a explicar en la seua compareixença en la formació.
Creiem que a més està complint amb l'Acord del Botànic, que en el seu eix de regeneració democràtica i de lluita contra la corrupció estableix la transparència també en la gestió, la participació ciutadana en les pròpies institucions i l'eficàcia administrativa.

I voldríem preguntar-li quina ha sigut l'avaluació de la situació de l'administració que vosté ha vingut fent per a tindre com a conseqüència aquest pla de formació.
I especialment quins seran els criteris i el seguiment que anirà establint durant aquest any per al pròxim any tindre un pla de formació que avance en aquestes qüestions.

I per últim també, com assegurarà vosté la descentralització de la formació i que arribe a les tres províncies del País Valencià.

Gràcies.

El senyor president:

Moltes gràcies, diputada.

Té la paraula el senyor Tormo.
Té quatre minuts.

El senyor Tormo Moratalla:

Gracias, señor presidente.

Gracias, señora consellera, de nuevo.

Mire, señora consellera, nosotros, en contra de lo que algunos grupos políticos parecen o parece deducirse de sus palabras, no tenemos nada en contra del sector privado.
Creo que el sector privado es indispensable en una sociedad moderna como la nuestra.
Y por supuesto nada en contra del sector público o categoría funcionarial, personas que se dedican a la función pública, también potente y capaz, y por supuesto bien remunerada, y también bien formada, que es de lo que se trata en este caso concreto.

Mire, yo solo tengo tres preguntas para usted.
De los datos que usted ha aportado y de la información recibida, vemos que hay una importante desproporción entre los cursos que se ofertan en la provincia y en la provincia de Alicante, que superan con creces las diferencias que se generan en relación a la cantidad de funcionarios.
Y quisiera…, Y le voy a dar algún ejemplo, además porque llama poderosamente la atención.

En formación continua, en la provincia de Alicante, se ofertan 53 cursos, en Castellón, 41, y en Valencia, 150.
Y en horas de formación por provincias, continua y especializada.
En continua, por ejemplo, Alicante, 1.
175; Castellón, 885, y Valencia, 3.
301.
Y en especializada, Alicante, 625; Castellón, 485, y Valencia, 1.
501.
Por tanto, una desproporción que, a nuestro juicio, no tiene que ver con la cantidad funcionarios.
Y nos gustaría que nos diera una respuesta a ello, que seguramente la tendrá y que quien le habla probablemente no se haya percatado de ello.
Y si no es así, si es algo heredado, que probablemente sea, si tiene algún plan para remediar tal situación.

La segunda de las preguntas va sobre formación online, señora consellera.
Lo que yo quería preguntarle, la formación online, de la cual usted hablaba en su intervención, está en torno al 25% de la formación continuada.
Y lo que queríamos saber es si tiene algún mecanismo para controlar que se reciba de forma efectiva esa formación, puesto que nos consta la complejidad que tiene el poder controlar que esa formación primero llegue y después se evalúe también si ha llegado y cómo ha llegado a sus receptores.

Y, por último, en relación al contenido de los cursos de uso igualitario de lenguaje en la administración, dado que nos encontramos que se celebrará un único curso de 20 horas presencial y solo en Valencia, me gustaría preguntarle qué se va, qué medidas va a tomar en el futuro para poder desarrollar más esos cursos, que llegue a todas las provincias y a más número de funcionarios, toda vez que pensamos que deberían ampliarse esos cursos para incluir en los mismos un lenguaje que no discrimine a ciertos colectivos, como LGTB, y nos gustaría que nos informaran sobre el particular.

Y nada más.
Agradecerle una vez más su intervención, señora consellera y señor presidente.

El senyor president:

Muchas gracias, señor Tormo.

Tiene la palabra por cuatro minutos, el representante del Grupo Parlamentario Compromís.

El senyora García i Tomàs:

Moltes gràcies, president.

Gràcies per la seua intervenció, senyora consellera.

La millora de la qualitat dels serveis que ofereix l'administració pública a la ciutadania fent-los més modernes i eficients és indispensable perquè responguen a les necessitats de la societat actual.

L'IVAP, com vosté bé ha dit, consellera, compleix una funció importantíssima en assegurar la formació adequada als empleats públics i d'adaptació a les noves realitats jurídiques i als avanços socials, com la transparència, les qüestions de gènere, protecció de la infància, realitat lingüística, etcètera, com vosté també ha mencionat i com han citat els meus companys, ja hem dit.

Per exemple, aplaudim la mesura anunciada pel Consell, segons la qual tots els avantprojectes de llei i els projectes de reglament que s'elaboren des dels diferents departaments del Consell, hauran de comptar amb un informe sobre l'impacte de la normativa en la infància i l'adolescència, garantint així que s'elaboren atenent l'interés superior del menor i el principi de no-discriminació d'aquest col·lectiu.

L'IVAP oferirà un curs formatiu als tècnics per a la posada en marxa i efectiva d'aquesta mesura, com no pot ser d'una altra manera.

Així mateix, és molt important la formació en matèria d'igualtat i diversitat sexual dels treballadors i de les treballadores públiques per a garantir que tota actuació administrativa estiga basada en principis d'igualtat i de no-discriminació.

Un altre exemple és també la capacitació lingüística dels empleats públics, perquè es garantisca el dret de tindre els serveis en valencià que, recordem, és un dret i no una opció.

Així mateix, la formació no solament repercuteix en els serveis a la ciutadania i a la societat en general, sinó que també és un mitjà fonamental de promoció i desenvolupament personal i de benestar dels empleats públics.

Si ens atenem als cursos més demandats de 2016 i en les últimes convocatòries, destaquen la formació en prevenció de riscos laborals i tècniques per afrontar l'estrés.

El pla de formació de l'IVAP 2016 és un avanç substancial, com vosté ha dit, respecte a les anteriors legislatures i que cal seguir treballant per millorar-lo i oferir així un millor servei a la ciutadania.

El redisseny de les àrees formatives, que és el que vosté ha mencionat, és per a donar una millor resposta a les necessitats reals de l'administració, així com també és positiu mantindre allò que ha funcionat i reformular, dirigir o inclús eliminar allò que no.

Ara, per finalitzar la meua intervenció, vull centrar-me també en els convenis amb altres instituts.

Dins del marc de l'acord històric entre La Generalitat i les principals centrals sindicals, que fixa els compromisos del govern en diverses matèries relacionades amb les condicions laborals de personal funcionari, estatutari i laboral al servei de l'administració valenciana, vull destacar l'impuls en la millora de la formació i potenciant les funcions de l'IVAP.
En aquest sentit, el mes passat el Consell va aprovar un conveni entre la conselleria de justícia i administració pública, l'Institut Nacional d'Administració Pública, l'INAP, pel qual La Generalitat posarà al servei dels seus treballadors els recursos formatius de l'organisme autònom adscrit al ministeri d'hisenda.

La col·laboració amb altres instituts i agents intervinents en els processos d'aprenentatge dels empleats públics en aquest àmbit, permet diversificar i augmentar l'oferta, millorar la seua qualitat i optimitzar els recursos.
I ho valorem molt positivament.

I per acabar la meua intervenció, m'agradaria fer-li la següent pregunta: es contempla aprovar convenis o algun tipus de col·laboració amb els instituts de formació d'altres comunitats autònomes?

Moltes gràcies.

El senyor president:

Moltes gràcies.

El torn del Grup Parlamentari Socialista.

La senyora Peris Cervera:

Gracias, presidente.

Consellera, para agradecerle su intervención y sobre todo también, como nos decía nada más arrancar su intervención, después de diez años es necesario, ¿no?
, abordar toda la formación y articular una planificación, una organización y sobre todo una revisión de la política de formación para poner en valor aquello que funciona bien, pero también aquello que no ha funcionado o que los nuevos tiempos traen nuevas realidades, puedan abordarse desde la administración pública.

Cuando usted ha hecho referencia a los fondos que recibimos del estado, aproximadamente el 9,96%, que va en función de los empleados y empleadas públicas que tenemos, pues demuestran que según nuestro peso poblacional, estamos un poco bajitos de personal al servicio de la administración y recibimos menos, menos dinero.

Pero en relación a su intervención, a mí me parece muy interesante que ustedes, y desde la conselleria, se esté apostando más por la especialización en la formación más que la formación genérica.
Y creo que, además, los nuevos tiempos van por ahí.
Es interesante la participación activa de los empleados y empleadas públicas siempre porque la formación va dirigida a ellos, y ha de ser de una pieza proactiva en esa formación.

Pero también quería decirle, señora consellera, que la formación ha de servir para atender las necesidades de la administración y de la ciudadanía.
Y pongo simplemente un ejemplo.
Yo recuerdo haber visto ofertados -no en el ámbito de La Generalitat, que seguro que también-, en otras administraciones haber visto ofertado el curso de Power Point y encontrar a muchos funcionarios y funcionarias haciendo el curso de Power Point, un curso que nunca para su trabajo iban a utilizar el Power Point.
Lo que vengo a decir es que está muy bien esa formación, pero que tenemos que ir priorizando para que esa formación sirva para que los empleados públicos presten cada vez un mejor servicio a la ciudadanía, que es a la que sirve.

Yo creo, consellera, que es muy importante la apuesta por un incremento en la cantidad y también en la calidad de la formación en igualdad, en la prevención de violencia de género y en la atención a la diversidad.
Me consta que desde la conselleria de sanidad se está haciendo ya un trabajo de formación a los profesionales sanitarios en el ámbito de la prevención de la violencia de género.

Y aquí, señora consellera, todavía hoy recibimos muchas críticas de muchas mujeres víctimas de violencia que consideran que el personal de la administración pública muchas veces no tiene la formación suficiente para atender una realidad tan compleja y tan difícil como es la violencia de género.
Así que le agradezco el compromiso y el esfuerzo para mejorar esa formación desde el punto de vista de empleados y empleadas públicas.

Y algo -y con esto termino- que también creo que es muy novedoso, y es que el personal público avance en la evaluación de las políticas públicas y de la presupuestación, porque estamos muy acostumbrados a veces a hacer políticas, a hacer programas y a hacer planes y se nos olvida un poco más lo de la evaluación.
Así que probablemente esto también tiene que ver con los nuevos tiempos.

Muchas gracias, señora consellera.

El senyor president:

Muchas gracias.

Tiene la palabra la consellera.

La senyora consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques:

Gracias, presidente.

Me van a permitir que, con carácter previo, haga un breve recorrido histórico de lo que ha sido el IVAP desde su constitución, porque si analizamos su pasado y su presente, vemos que, efectivamente, ha sido un instituto, desgraciadamente, que la caída era como una muerte anunciada.
Y nos toca ahora a nosotros, y debemos hacerlo si queremos, como he dicho antes, que ese proceso de cambio y modernización de la administración sea una realidad, también revertir la situación del IVAP.

Como saben, se creó en 1980 por un decreto del Consell.
En el año 1994, el IVAP, y creo que con muy bien criterio, tenía la consideración de una dirección general, aquello que se alza, que nace con esa voluntad de formación, de contribución a la mejora de lo que va a ser… de lo que es el servicio público que desempeña todo el colectivo que trabaja en la administración adquiera esa consideración con el peso económico y estratégico que se merecía.

Sin embargo, a la largo de los daños, desde 1994 hasta el año 2000, perdió mucho músculo y, sobre todo, un gran número de empleados.
En 1994 disponía de 70 empleados, ahora cuenta con 22, cuando las demandas, como ustedes saben, de atención y de mejora del servicio público a lo largo de estos años se ha incrementado exponencialmente.
Y se ha potenciado y se ha incrementado también porque el ciudadano ha ido creciendo en la concepción de sus derechos y de sus libertades y en la exigencia de una mejora en el tratamiento que la administración debe de procurar en la satisfacción o gestión de los recursos públicos.

Pues bien, contamos con 50 empleados menos que en aquella época.
En comparación con otras comunidades autónomas…, pues, por ejemplo, Escola d'Administració Pública de Catalunya dispone de 75 empleados, el Instituto Vasco de Administración Pública 122 o la gallega con 30 empleados.

En cuanto a los medios económicos, el IVAP llegó a tener un presupuesto en el año 2010 de 800.
000 euros.
Luego la caída también fue en picado, en consonancia también a la propia debilidad.

En el presupuesto de 2016, hemos iniciado ese camino de reversión, porque, efectivamente, si queremos mejorar el servicio público, si queremos cambiar las inercias, tener… dispone de empleados públicos, empleados y empleadas formadas, motivadas, bien retribuidas, con las destrezas y las habilidades necesarias y adecuadas al entorno cambiante, como he señalado en mi intervención, tenemos una gran labor por delante, que es formarles en cada uno de esos ámbitos de actuación.

Y para ello, necesitamos una institución que esté prestigiada, que esté preparada, que tenga los recursos personales y materiales necesarios para poder responder a esas demandas.

Porque ya les advierto que la demanda de los cursos es mucho más superior de lo que podemos ofrecer.
Claro que podríamos… Yo les he dicho que este plan de formación a mí no me satisface plenamente, porque estoy obligada a ofrecer más, a aportar más, porque ese es mi compromiso con la ciudadanía y con las personas que están trabajando en el seno de la administración.
Para eso necesitamos buenas ideas, buenas capacidades, recursos económicos y, por supuesto, una institución que pueda materializarlo.

Y, desde luego, lo vamos a hacer.
Y claro que hemos pensado en convenios.
Porque hasta ahora también el IVAP era un instituto cerrado, sin ningún tipo de relación con los demás institutos de otras comunidades autónoma, cosa que a mí realmente me parece impensable.
Solo por darles un ejemplo.
O sea, yo no me imagino la Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial ajena al resto de las escuelas judiciales europeas o iberoamericanas, porque no es comprensible, como tampoco es ajena al resto de las instituciones públicas del estado, porque necesitas esa interrelación para ese intercambio de medios materiales, personales, ideas, conocimientos, si queremos sumar y queremos avanzar.

El IVASP se ha quedado como una especie de instituto residual, encargado año tras año de ir acometiendo una serie de cursos, la mayoría de ellos reiterativos y una gran parte de ellos ya no adecuados ni siquiera a las grandes demandas, demandas de los ciudadanos.

Porque luego me dirán: Â«No, oiga, pero si es que esto se aprobaba en la comisión.
Â» Sí.
Pero es que en la comisión de la formación también hay que incorporar nuevos hábitos y nuevas actitudes.
Este plan, además, se aprobó por unanimidad.

Me han comentado el problema del reparto, quizá la desproporción territorial en el número de cursos, que a mí me extraña, porque, insisto, estaban todas las fuerzas sindicales de…, representantes de todo el colectivo, del funcionariado público de las tres provincias, y normalmente se atiende…, o sea, se concentran los cursos atendiendo a las demandas y al número de empleados públicos.

Si desde luego nadie, ninguno de los integrantes de la comisión ni los sindicatos incidieron ni observaron que posiblemente aquí hay una desproporción, yo lo que les puedo asegurar es que lo vamos a estudiar y, por supuesto, si es así, se corregirá para los sucesivos planes de formación.

Pero sí que les anticipo y les advierto que, evidentemente, el número de curso no es suficiente, que necesitamos mayor presupuesto.
Y también necesitamos cambiar las prácticas en el marco del IVAP.

Miren, ahora mismo ya hemos iniciado el camino, o sea, el camino hacia esa relación con el exterior, que nos puede aportar mucho, sin ningún género de dudas.
Hemos firmado un convenio con el INAP, que en base a este convenio, lo que vamos a conseguir es que precisamente el INAP, que sí que dispone de medios tanto materiales como personales mucho más importantes, pueda aportarnos metodologías, banco de conocimientos, publicaciones, cursos online o incluso también todos aquellos recursos en materia de redes sociales también para empleados públicos.
Nos van a pasar también todas las publicaciones, que además las vamos a traducir al valenciano.
Y este va a ser el primer convenio de colaboración que iniciará ese camino hacia la adquisición de todos aquellos conocimientos necesarios para poder impulsar esta institución, que nos parece fundamental.

Pero es que además también hemos empezado…, hemos introducido muchos cambios ya en la forma de actuación.
No nos hemos conformado con el diseño de un plan que no sea meramente acumulativo y diseñar un plan atendiendo no solamente a las demandas de los funcionarios y funcionarias, sino fundamentalmente a las necesidades que la administración, en relación con las políticas públicas que tiene que desarrollar, demanda.

Hemos empezado ya a cambiar la metodología en la organización de los cursos, cursos que tradicionalmente abundaba un número importantísimo, entre 15 y 30 horas.
A nosotros nos parece que era mucho más importante reducir el número de estos cursos y, sobre todo, presentar cursos más extensos, entre 80 y 100 horas, porque completaban mucho más la formación.
Si no, se quedaba la mayor parte de ellos en el aspecto meramente objetivo, sin profundizar en las materias.

También nos hemos preocupado y hemos constituido comunidades de aprendizaje.
Lo que buscan estas comunidades es que a través de una plataforma tecnológica y animada por un tutor, formando para ello a los funcionarios con experiencia, que los hay, puedan compartirla con otros y poder afrontar también los problemas en el ámbito del trabajo diario para poder encontrar una solución conjunta.

Hemos también puesto en marcha un programa de talento interno.
¿Qué queremos con esto?
Motivar a los funcionarios.
Hay gente muy preparada y que tenemos que seguir motivándola para que siga desarrollando esos trabajos que van a servir también para contribuir a la mejora en el funcionamiento del servicio público.

Hemos ofertado que todos aquellos que tengan un interés en presentar proyectos puedan hacerlo para que tras la estudio y la valoración de los mismos, podamos desarrollarlo y se puedan impulsar.

Porque en realidad lo que queremos también es democratizar la idea del profesorado.
Si este año teníamos también preferencia en un cambio, era que no podíamos reproducir año tras año no solamente las mismas temáticas, sino los mismos profesores, porque es que al final se cae en el hastío.
Hay que innovar y, sobre todo, hay que buscar y motivar a que la gente preparada pueda también de alguna forma participar en este ámbito.

En cuanto a los cursos online, es cierto que también nos preocupan; nos preocupan y mucho.
Y por eso lo que hemos establecido también es una metodología que nos permite contrastar y evaluarlos, porque no sirve cualquier curso online.
Y necesitamos tener la garantía de que esos cursos contribuyen también a esa mejora y a esa capacitación profesional.
Se han establecido estándares, que hasta ahora tampoco existían, para poder contrastar y validar la eficacia y la eficiencia del curso.

En definitiva, desde luego, en cuanto a la advertencia que también se ha hecho desde la representante del Partido Socialista en cuanto que le parecen los fondos escasos, simplemente decir que son unos fondos que vienen determinados de forma objetiva en virtud del número de empleados.
Recordarles que a cada empleado mensualmente en la nómina se detrae una determina cantidad porcentual y posteriormente lo que hace el estado, desde un ámbito objetivamente desde luego centralizado, es determinar el número.
Es una simple operación aritmética la que determina ese importe y no otro, en base a la legislación estatal que afecta a todas las comunidades.

Desde luego, nosotros vamos a seguir trabajando.
Queremos, además, introducir cambios sustanciales, no solamente en el funcionamiento sino en la propia organización del IVAP.
Y, además, queremos que el IVAP también sea punto de referencia de la excelencia y del conocimiento.
Vamos a abrir también convenios con universidades, nos parece fundamental que el IVAP mantenga una relación abierta con la universidad pública y nos parece también fundamental poder abrir líneas de subvenciones para los siguientes años que permitan también motivar a la gente para presentar trabajos de investigación que sumen en esa necesidad de cambio y de mejora en la gestión de la cosa pública.

Les aseguro que si bien el incremento con respecto a años anteriores ha sido significativo, la voluntad por parte de la titular de esta conselleria y espero contar con el apoyo parlamentario, es de conseguir mayores recursos, mayor dotación presupuestaria para hacer del Instituto Valenciano de la Función Pública un instituto de referencia, no solamente a nivel nacional sino también internacional.

Muchas gracias.

El senyor president:

Muchas gracias, consellera.

Abrimos turno de los grupos por si quieren utilizar el turno de réplica y si no pasaríamos a continuación con el último punto del orden del día y le volveríamos a dar paso a la consellera de justicia.

Tiene la palabra consellera.
(Remors)

¿Quieren que paremos un minuto?
Paramos un minuto para descansar un poco.

(Se suspén la reunió durant uns minuts)

El senyor president:

Continuamos con la sesión de trabajo.

Compareixença de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, senyora Gabriela Bravo Sanestanislao, per a explicar la fórmula proposada de relació de llocs de treball (RLT) de l'administració del Consell, sol·licitada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (RE número 25.
147)

El senyor president:

Tiene la palabra la honorable consellera.

La senyora consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques:

Gracias, presidente.

Señorías.

Quiero poner de manifiesto, en primer lugar, que la administración de La Generalitat, que cuenta con, más o menos, diecisiete mil puestos de trabajo, es un ente dinámico que evoluciona a lo largo del tiempo.

Sus objetivos y necesidades precisan, por tanto, de una constante adecuación.
Deben de adoptarse acciones precisas para que exista una total adaptación de sus estructuras y puestos creados a las verdaderas necesidades de la administración.

Las relaciones de puestos de trabajo son uno de los instrumentos técnicos utilizados en la administración pública para la organización de sus recursos humanos, de acuerdo con las necesidades del servicio.
En ellas se precisan las características del puesto de trabajo y los requisitos para su desempeño.

Se configuran, por tanto, como un instrumento fundamental, tanto para la administración como para el personal al servicio de la misma, ya sea personal funcionarial o laboral.
Y tienen por finalidad reflejar la estructura organizativa adecuada a las funciones propias de los distintos departamentos y centros gestores que permita un funcionamiento más eficaz y adecuado a las demandas de la ciudadanía.

Al mismo tiempo, la RPT permite también, en cada una de las áreas de actividad, de un conjunto de ordenado de puestos definidos y valorados, de acuerdo con su contenido; y facilitan, además, las legítimas expectativas profesionales, así como también orientan los planes de formación del personal funcionario.

Establecido aquí el concepto de las relaciones de puestos de trabajo, hay que aclarar que el procedimiento -y no fórmulas, porque no existen fórmulas, sino el procedimiento-, dado que se trata de un acto administrativo para la elaboración y tramitación de las relaciones de puestos de trabajo, viene determinado en el ámbito de esta administración en la Ley 10/2010, de 9 de julio, de La Generalitat, de ordenación y gestión de la función pública valenciana, desarrollada en este aspecto por el Decreto 56/2013, de 3 de mayo, del Consell, por el que se establecen, en dicho decreto, los criterios generales para la clasificación de los puestos de trabajo y el procedimiento de elaboración y aprobación de las relaciones de puestos de trabajo de la administración de La Generalitat.

En este sentido, nuestra norma reguladora de la función pública configura las relaciones de puestos de trabajo como el instrumento técnico a través del cual la administración organiza, racionaliza y ordena su personal para una eficaz prestación del servicio público.

También prevé que la RPT será pública, que deberá de incluir todos los puestos de trabajo de naturaleza funcionarial, laboral y eventual existentes en el seno de la administración.

Su elaboración, tramitación, corresponde a la conselleria, que como saben soy titular, de conformidad con el siguiente procedimiento:

En primer lugar, se elabora una relación de puestos de trabajo por cada conselleria y entes de derecho público cuyo personal es gestionado por la conselleria competente en materia de función pública.

En cada conselleria o ente de derecho público, los puestos de trabajo se ordenan por su adscripción orgánica.
Primero, los puestos adscritos a órganos superiores; a continuación, los adscritos a órganos directivos; y, por último, los adscritos a los servicios territoriales.

En cada centro de destino, los puestos de trabajo se ordenan por grupos, subgrupos, agrupaciones profesionales, funcionariales para los puestos funcionariales y grupo profesional para los laborales.
Y, posteriormente, también se ordena, de mayor a menor, retribución complementaria asignada a cada uno de ellos.

Una vez elaborada, su aprobación también corresponde a la titular de esta conselleria, competente en materia de función pública, previo informe favorable de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico.

Tal y como prevé la normativa vigente, las RPT deben de publicarse al menos una vez al año.
Si bien, como estoy segura que su señoría conoce, el anterior Consell no había procedido a su publicación desde septiembre del año 2013, con una sola actualización en marzo de 2014.

Ante esta circunstancia, y tanto por la exigencia legal puesta de manifiesto como por la necesidad de planificar y posibilitar la ejecución de los procesos de selección y provisión de los puestos de trabajo, para lo que resulta imprescindible la actualización y publicación de estas relaciones, es por lo que hemos procedido a elaborar, tramitar y publicar, como sabe, el pasado 25 de mayo, una nueva RPT de la Presidencia de La Generalitat y de las consellerias, así como de los organismos y entidades gestionados por la conselleria competente en materia de función pública.

La necesidad y urgencia de aprobar y publicar una nueva RPT, por los motivos que acabo de exponer, ya les fue puesta además de manifiesto a las organizaciones sindicales en la comisión mixta para el estudio de los puestos de trabajo, celebrada el pasado 12 de mayo.

No obstante, y aun no siendo una de las funciones asignadas a la referida comisión que las organizaciones sindicales pretendemos que formulen propuestas de creación, modificación o supresión de puestos de trabajo, se acordó en el seno de la misma que en el mes de septiembre tendrá lugar una nueva reunión de la comisión para poder tratar todas aquellas propuestas que los sindicatos o las organizaciones sindicales nos presenten.
Poder estudiar la viabilidad, si procede, en alguno de los casos; y, realizada esa reunión, valoraremos, en el caso de que se introduzcan modificaciones, una nueva publicación o actualización de la RPT.

Hecho este inciso, quiero destacar además que, una vez actualizada y publicada, junto con la próxima aprobación por el Consell del reglamento de selección y provisión de puestos de trabajo y movilidad del personal comprendido en el ámbito de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de La Generalitat, de ordenación y gestión de la función pública valenciana, estaremos en condiciones, por fin, de poder convocar procesos de selección y provisión, de acuerdo con una adecuada planificación de las necesidades de esta administración, que incluya, además, todos los puestos de trabajo que hayan sido creados o modificados desde el año 2013.

Este es mi compromiso, poder, antes de final de año, tener este plan de recursos humanos que nos permita poner en marcha estos procesos de selección y provisión, algo que, además, para los empleados públicos de La Generalitat es una gran novedad, si tenemos en cuenta que el último concurso de traslados en el ámbito de la Generalitat valenciana se realizó hace diez años.

Además, la movilidad de los funcionarios de carrera y su posibilidad de acceso a plazas mejor clasificadas también va a favorecer que, de manera progresiva, los puestos base queden vacantes para su provisión por personal de nuevo acceso, iniciándose así sus nuevas plazas en la carrera administrativa desde la base.

Por tanto, publicar la RPT ha sido el primer paso para desarrollar una política de recursos humanos responsable y justa, que facilite la progresión y la carrera profesional de los empleados públicos.

La RPT, como he señalado anteriormente, es, por tanto, ese instrumento organizativo del que se vale la administración para poder organizar mejor su propia estructura.

En el ámbito de la administración de La Generalitat, en mayo de 2016, esa estructura puede resumirse en los siguientes datos: existen 17.
051 puestos, de los cuales están ocupados 15.
780.
Estos puestos se distribuyen, según su forma de ocupación, en: 69 de naturaleza eventual, 16.
914 de naturaleza funcionarial y 68 de naturaleza laboral.
Según su forma de provisión, en: 15.
612 por concurso, 774 por libre designación, 69 por personal eventual y 596 nombramientos temporales.

¿Y qué es lo que refleja la RPT que acaba de publicarse?
Pues, refleja, fundamentalmente, esa reorganización y adaptación de los puestos existentes a las estructuras del Consell.

Sin embargo, la RPT muestra ya algunas medidas que este Consell ha adoptado en materia de personal, fruto de los compromisos adquiridos en esta legislatura.

Me refiero, por ejemplo, a la reducción de los puestos de naturaleza eventual que, como he dicho ya o señalado en comparecencia anterior, han pasado de 95 a 69.
Aquí, en esta cifra, se incluyó al personal eventual al servicio de los expresidentes.
O sea, en la nueva RPT tenemos 26 puestos menos para personal de confianza.

Me refiero también a la apuesta de este Consell por primar la gestión directa de los servicios públicos frente a la externalización, y la racionalización de los recursos públicos frente al despilfarro.

Les voy a facilitar varios ejemplos, uno que ya se recoge en la RPT recientemente publicada y otro que se verá en la siguiente actualización y aprobación de la misma:

Se han creado 54 puestos funcionariales para que, desde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, se presten servicios que hasta ahora estaban en manos del Instituto Valenciano de Acción Social, entidad que recurría a la contratación temporal de personal para hacer frente a las funciones encomendadas.

Se han creado 34 puestos, también de naturaleza funcionarial, para que la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte se encargue de edificar los colegios públicos y se cierre así, por fin, con la etapa de despilfarro y corruptelas de CIEGSA.

Sin embargo, señorías, si comparamos la RPT de 2013 con la de 2016, apenas distinguiremos cambios significativos, y ello por dos razones.
La primera, porque no podemos olvidar que la evolución de la plantilla -y me refiero a la creación de las plazas, la reclasificación de los puestos, incluso otras que no se reflejan en la RPT, como la cobertura de puestos de trabajo por funcionarios interinos- ha venido condicionada por los ajustes presupuestarios derivados de la infrafinanciación que sufre nuestra comunidad y también por la baja tasa de reposición de obligado cumplimiento impuesta en las leyes de presupuestos.

La otra razón es que, en este momento, estamos también diseñando el modelo de función pública que queremos para el futuro.
Como saben, existen varios grupos de trabajo preparando informes y recomendaciones que ayudarán a concretar el nuevo paradigma, el modelo que se plasmará en la futura ley de función pública valenciana y en ese plan de recursos que he anunciado.

Por lo que respecta a la nueva ley de función pública, esta conselleria, como saben, ha creado dos comisiones para recabar el asesoramiento de expertos en la materia, con la particularidad de que una de ellas contemplará la futura norma desde la perspectiva de género, empleando así los trabajos de la primera, con la que está trabajando de forma coordinada.

Por lo que se refiere al plan estratégico de recursos humanos, el pasado 31 de mayo también se constituyó otro grupo de trabajo que tiene como finalidad la elaboración de este plan de recursos que, en realidad, lo que persigue es la máxima eficiencia en el empleo de los recursos disponibles, meta que solo puede ser alcanzada con el adecuado dimensionamiento de la administración.
Este grupo de trabajo va a elaborar, inicialmente, el diagnóstico de La Generalitat en materia de recursos; y, a partir de ahí, determinada su estructura, composición, pondremos en marcha este plan de adecuación a los servicios públicos existentes.

Una vez ya tengamos esta planificación, se van a plantear una serie de propuestas, desde la incorporación de personal de acuerdo con las necesidades, la disponibilidad de efectivos, la necesidad de incorporar personal con una serie de especificidades.
.
.
Tendremos claro también…, o sea, cuáles son los perfiles y las materias que necesitamos para seguir completando, como he señalado antes también, ese ámbito de la formación en los funcionarios públicos.

Todas estas propuestas van a contribuir a impulsar un modelo de función pública independiente, flexible y basada, fundamentalmente, en los méritos y en la capacidad, que es lo que defiende este Consell: méritos y capacidad, y procedimientos que sean absolutamente transparentes.

No quiero terminar esta primera intervención sin remarcar lo que ya les he dicho antes, que es un instrumento técnico de ordenación y gestión del personal, que refleja políticas, políticas que no se pueden hacer a través de la RPT, sino mediante una nueva regulación de la ley de función pública y una gestión responsable de la misma.

Muchas gracias.

El senyor president:

Muchísimas gracias, honorable consellera.

Tiene la palabra el señor Subiela, en representación del Grupo Parlamentario Ciudadanos, por un espacio de ocho minutos.

El senyor Subiela Chico:

Gracias, presidente.

Consellera.

Mire, estoy de acuerdo con usted en que la administración tiene que ser un ente dinámico, que se tiene que adaptar en sus estructuras a las necesidades del momento, y por supuesto que tiene que haber una respuesta eficaz y adecuada a la ciudadanía.
Pero mire, usted me habla de que su compromiso es que ahí tiene que haber un plan de recursos humanos para final de año, un plan responsable y justo, estoy totalmente de acuerdo.

Pero me dice usted a final de año.
Un año y medio casi después de que entre este gobierno a gobernar, por decirlo de alguna manera.
Se lo dije el otro día en pleno a la señora vicepresidenta, la semana pasada.
Ustedes, media legislatura evaluando y diagnosticando.
Me imagino que el diagnóstico y la evaluación será muy buena.
Pero claro, es que mientras ustedes evalúan y diagnostican, aquí no cambia nada.

La nueva RPT no tiene cambios significativos con la anterior, usted lo ha dicho, y por eso pedimos su comparecencia hoy aquí.
Mire, la cúpula del funcionariado se va a elegir o se elige por libre designación, exactamente como se elegía en tiempos del Consell del Partido Popular.
Anteriormente, en tiempos del Consell del señor Lerma, se elegía por concurso de méritos.
Ustedes, los partidos de izquierda denunciaron el cambio de prácticas, cuando lo cambió el Partido Popular.

Entonces, no entiendo por qué siguen manteniéndolo.
Ustedes, lo que están haciendo no es reorganizar la estructura del Consell, la estructura a la salida del Consell, como dice, sino están cambiando funcionarios afines al Partido Popular por funcionarios afines al Consell.
Que además, son funcionarios los que estaban afines al Partido Popular, que han consolidado ya unos derechos salariales, que ahora los afines a ustedes consolidarán otros derechos salariales.

Por lo tanto, iremos aumentando el costo de la plantilla de la administración.
Entonces, yo le pregunto dónde queda la eficacia de que hemos hablado durante toda la mañana.
Dónde queda la coherencia, dónde queda la austeridad en momentos de crisis, que aquí también se ha hablado de ella.
¿Dónde quedan esas buenas prácticas?
¿Ahora sí es correcto utilizar la libre designación para elegir la cúpula del funcionariado?
¿Antes, no?
¿Antes era criticable, denunciable?

Voy a ser muy breve, y acabo con esta pregunta, señora consellera, porque es por lo que le hicimos venir aquí.
Me gustaría que me contestara simplemente dónde ve usted la diferencia entre el actual Consell en esta cuestión y el anterior Consell del Partido Popular.

Gracias.

El senyor president:

Muchas gracias, señor Subiela.

Tiene la palabra el señor Estañ, del Grupo Parlamentario Podemos.

El senyor Estañ García:

Muchas gracias, presidente.

Muchas gracias de nuevo, consellera, por plasmarnos la hoja de ruta de la conselleria en esta cuestión.
Y tomamos nota del compromiso sobre el plan de recursos humanos que entendemos que en una administración nueva, con nuevas competencias y que viene de determinadas dinámicas lleve tiempo, aunque nos gustaría que fuese el menor posible.
Imagino que como a todos.

Sí que es cierto, no por corregir, y va a ser lo único que le comente en mi intervención, no creo que el concepto sea hablar de libre designación, pero sí que nos gustaría preguntarle si cree que se ha podido dar un exceso, y esto es lo que quizá mucha gente no entiende, o se puede malinterpretar, en las fórmulas de comisión de servicios o en las fórmulas de adscripción provisional.

Que entendemos que son de forma temporal o de forma urgente, pero que no responden, o quizá debido a esa necesidad y ese dinamismo que queremos darle a la administración para que empiece a funcionar, que no responden a todos los criterios de transparencia.
También porque son otro estatus jurídico que nos gustaría.

También porque, como pasaba con el personal eventual, digamos que se ha generado una visión de sospecha sobre la administración, y muchas veces necesitamos dar garantías o símbolos de cambio, que muchas veces son complicados.

Muchas gracias.

El senyor president:

Muchas gracias, señor Estañ.

Tiene la palabra la diputada señora Marco.

La senyora Marcos Puig:

Gracias, señor presidente.

Gracias, señora consellera, por estar aquí esta larga mañana que hemos tenido de comparecencias.

Y primero, permítame que haga un par de reflexiones sobre el momento de aprobación de las RPT.
Han tardado ustedes un año en adaptar las RPT a la organización de las consellerias.
Y ahora usted ha hablado aquí del plan de recursos humanos a final de año.
Es más, ustedes aprobaron los presupuestos en diciembre, sin tener las RPT, por lo que hemos visto.

Primera reflexión: ¿qué previsión organizativa tiene un gobierno, señora consellera, que aprueba los presupuestos antes que la estructura organizativa?
Segunda reflexión: no deben ustedes haber gestionado mucho este año, porque no han necesitado adaptar antes los medios personales de la administración del Consell.
Segunda reflexión.

Conclusión, primera conclusión: gestión sin organización y organización sin previsión presupuestaria son los sellos de este gobierno, señora consellera.
No han tenido tiempo para planificar las RPT y sin embargo sí han tenido tiempo para otras cosas.
Han tenido tiempo para colocar a militantes y familiares del gobierno del mestizaje.

Y también han tenido tiempo, en ese afán que tienen ustedes de utiliza la administración a su antojo, para sacar rédito electoral, tuvieron tiempo de celebrar un acto anunciado a bombo y platillo con sindicatos, donde firmaron y anunciaron declaraciones de muy buenas intenciones, al inicio de la campaña electoral, pero que no cuantificaron económicamente.
Acto que, por cierto, le costó un expediente informativo al presidente de La Generalitat, al señor Puig, por parte de la junta electoral, y que ya veremos cómo queda.

Permítame también que haga algunas reflexiones sobre las plazas de funcionarios de libre designación.
Ustedes se han dedicado durante años, o la oposición se ha dedicado durante años a criticar las plazas de funcionario de libre designación, y son ustedes los que con los nuevos ROF han creado más subdirecciones generales, más jefaturas de servicio y más jefaturas de sección, que se nombran por libre designación.

Es más, han mejorado la clasificación y el coste retributivo de los puestos de libre designación, que van desde la jefatura de sección hacia arriba.
Y esto, mire, no lo dice la portavoz del Partido Popular ni lo dice el Partido Popular, sino que lo dicen los propios sindicatos, después de reunirse con ustedes, y leo textualmente.
Levante, de 18 de mayo de 2016.

Â«Rechazo unánime de los sindicatos.
La mesa sectorial de la función pública, convocada para aprobar la nueva RPT, acabó con un sonoro portazo de los sindicatos al nuevo Consell.
Todas las organizaciones, Comisiones, Intersindical, UGT i CSIF, rechazan la propuesta de plantilla, al entender que no se les ha dado voz y la decisión se ha tomado de forma unilateral.
Â» Primer punto.

Â«Los sindicatos también cuestionaron, entre otros asuntos, la inflación -la inflación, sí, sí, los han inflado, vamos- de los puestos de libre designación, así como la apertura de plazas de otras administraciones.
El de ayer evidencia que el idilio de los sindicatos con el nuevo Consell está rotoÂ».
No lo dice el Partido Popular.
Lo dicen los propios sindicatos.

En cuanto al tema de eventuales, ya lo ha comentado mi compañero Luis Santamaría en la anterior comparecencia.
Han dotado con retribuciones de grupo A a eventuales elegidos a dedo, que no cuentan con la titulación de este grupo superior.

Y permítame, señora consellera, y si no me da tiempo ahora lo haré en mi segunda intervención, que haga mención a la merma en la gestión de la Generalitat valenciana por no tomar decisiones o tomarlas a la ligera, sin previsión alguna, por parte de este Consell.
Señora consellera, hay determinadas decisiones que han tomado de forma atropellada que merman la gestión diaria de la administración.

Y después, como ahora no tengo tiempo, me referiré a algunas de ellas.
Contaré algunas.
Por ejemplo, ustedes despidieron a los inspectores de tributos, sin haber convocado oposiciones.
En primer lugar, ¿cómo piensan evitar el fraude fiscal y las amnistías fiscales de las que tanto hablan, si ustedes han despedido a los inspectores de tributos y no han convocado las oposiciones?

También se han quejado de no tener personal suficiente para gestionar las ayudas, por ejemplo, europeas, en materia de agricultura.
Sin embargo, siguen sin dar soluciones que permitan el funcionamiento normal de la administración y no perder ayudas europeas, como se están perdiendo por su falta de previsión, por su falta de medios personales y porque todavía ustedes no han tomado las decisiones que realmente tenían que haber tomado hace un año.

Y, como se me ha terminado el tiempo, señora consellera, una última reflexión que haré también en la segunda intervención, si me permite.
Señora consellera, los líos internos del Consell del mestizaje no solamente han mermado la gestión, sino que ha supuesto una serie de tensión entre el personal funcionario de la Generalitat valenciana, que eso supone no solo, como digo, una merma en la gestión de la administración, sino también, como digo, un mal ambiente entre los funcionarios.

Gracias.

El senyor president:

Muchas gracias, señora Marcos.

Tiene la palabra, señor Ponce.

El senyor Ponce Guardiola:

Muchas gracias, señor presidente.

Gracias, señora consellera, por su comparecencia, por sus explicaciones.
Bien, yo la verdad es que me congratulo de que hayan iniciado un proceso como tocaba para llegar a -en un plazo razonable, considero- tener un plan de recursos humanos que defina las necesidades de la propia administración.
Y lo digo porque han heredado ustedes una administración que estaba desvirtuada como tal.

En determinados ámbitos se había abusado de la contratación de trabajadores, a través de empresas públicas.
Personal que debía haber sido funcionarios, debían haber ido creando progresivamente las plazas, porque eran plazas que se habían ido necesitando históricamente y que la realidad es que, cuando ha llegado el momento de la austeridad o el austericidio, se han recortado de forma salvaje determinados servicios que han mermado muchísimo la capacidad del anterior gobierno y, por ende, del actual, en determinadas áreas.

Estoy hablando de medio natural, estoy hablando de control de la contaminación, estoy hablando de un montón de aspectos en los que su gobierno está atado de pies y manos, hasta que esto se pueda reconducir.
Y supongo que por un lado, ocupando las vacantes que históricamente se han creado, que eventualmente se cubrían, entre comillas, con trabajadores en la empresa pública VAERSA, por ejemplo, que luego eran despedidos radicalmente, porque las encomiendas eran para un momento determinado y había que renovarlas.

Y la situación es que en este ámbito, en el del medio natural, sobre todo, en el de la gestión del medio ambiente, ha supuesto una traba gigantesca para poder hacer una gestión adecuada.

Yo le haría un par de preguntas un poco en este sentido.
En qué medida desde función pública se va a poder autorizar el ir cubriendo poco a poco las vacantes que se han heredado, que es algo que tenía que haberse hecho progresivamente durante mucho tiempo, pero que no se ha hecho.

Y también, en qué medida todo el personal, una parte del personal que desarrolla sus funciones de forma constante en el tiempo dentro de VAERSA u otras empresas públicas, si hay alguna previsión de ir creando esas plazas en la propia administración, puesto que se ha demostrado históricamente que esas plazas son necesarias a través del tiempo.

Y no podemos estar sometidos en este caso concreto a encomienda tras encomienda, año tras año, que sé que este año le ha supuesto graves problemas a la conselleria de agricultura y medio ambiente.

Esas dos cuestiones son las que me gustaría… No sé si tendrá alguna previsión hecha al respecto, pero sí me gustaría, si puede, que nos lo aclare.

Nada más y muchas gracias.

El senyor president:

Muchas gracias, señor Ponce.

Tiene la palabra la diputada del Grupo Parlamentario Socialista.

La senyora Peris Cervera:

Señora consellera, el grupo peticionario de esta comparecencia, de Ciudadanos, terminaba su intervención diciendo que no terminaba de ver diferencias entre este modelo y el anterior, como que no había habido cambios.
¿Ha sido eso?
Y luego, llega la portavoz del Partido Popular y dice que eso es un puñetero desastre, que es todo… (Veus) Bueno, estoy hablando.

Lo que quiero decirles es que entre los que dicen que no han cambiado nada y los que dicen que todo es un desastre, seguramente es que tienen una mirada bastante sesgada y poco objetiva de lo que está pasando.
O al menos es que no le han querido escuchar.

Oigo voces por aquí sobre los sindicatos, y es que eso es el sectarismo.
Porque hablar o sacar a relucir las hojas de los sindicatos del 18 de abril, pero no sacar a relucir la mesa (veus) con todos los sindicatos de hace una semana, que le han dicho, Â«Consellera, adelante, estamos todos de acuerdoÂ», pues es sectarismo.
Es sectarismo puro y duro.
(Veus)

Bueno, y estoy en mi turno, si le parece.
Y si no, pues oiga, tome mi palabra.
(Veus) Yo simplemente le digo es que usted hace referencia a una noticia de los sindicatos de abril y no hace referencia a la última que es mucho más actual y que tiene que ver con un acuerdo.

De lo que me congratulo, señora consellera, de que a pesar de todas las dificultades que usted ha nombrado aquí, cuenta con el apoyo mayoritario de la función pública, de los sindicatos más representativos.
Y vuelven otra vez con la matraca de los eventuales.
Si es que no nos lo vamos a quitar, porque a veces ha surtido efecto eso de repetir una mentira y termina siendo medio verdad, pero es una mentira.
Lo del tema de los eventuales, que aquí parece que se han enchufado en todos los sitios, es el proceder de antes pero desde luego no es el proceder de este nuevo Consell.

La consellera ya le ha explicado el personal eventual que existe.
Ya les ha explicado que hay menos personal eventual.
¿Cuántas veces hay que decirlo?
Ya le hemos escuchado a la consellera hablar de la apuesta por un incremento de la gestión directa y por una mayor racionalización de los recursos en una situación económica complicada donde tenemos una baja tasa de reposición y una dificultad también de aumentar la plantilla de la función pública.

Por lo tanto, sabemos que no lo tiene fácil.
Usted está en el buen camino, señora consellera, está diseñando su nuevo modelo, lo está haciendo desde el acuerdo con el personal de la administración y nosotros, a pesar de todo este ruido que quieren montar, ¿sabe lo que le decimos?
Que ánimo, que hacia adelante.
Está en la buena dirección.
Y lo demás déjenlo para los chascarrillos de otros.

Muchas gracias.

El senyor president:

Muchas gracias, diputada.

Tiene la palabra la honorable consellera.

La senyora consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Gracias.

Señor Subiela, ya siento que le parece poco el trabajo desarrollado en un año.
Pero yo le voy a explicar, -primero me voy a autocorregir- el plan de recursos no estará a final de año, estará en septiembre y ahora en julio habrá un plan de choque.
Lo que pasa es que me han bailado un poco las fechas, pero sí, en septiembre tendremos el plan de recurso.

Yo le voy a dar unas pequeñas pinceladas para que usted, simplemente, valore si las cosas han empezado a cambiar o no han empezado a cambiar.
Yo creo que sus señorías -que ya llevamos prácticamente un año trabajando juntos- han podido comprobar por mis intervenciones -una mayoría de las intervenciones en sede parlamentaria- que normalmente las baso siempre en la construcción del diálogo, no en la destrucción.
No suelo venir a sede parlamentaria para hablar de lo que no hicieron otros, ni para sacar corruptelas -que han sido muchas- a lo largo de estos veinte años.

Pero también, en este turno de la palabra, pues sí que tendré que contestar algunas de las indicaciones o reproches que se me han hecho porque creo que sí que, aunque los resultados sean menos visibles de lo esperado, yo estoy segura que antes de tres meses ustedes podrán constatar y podrán percibir todo el gran trabajo que no he realizado yo, sino todo el equipo de la conselleria con los funcionarios a la cabeza.

En primer lugar, ¿qué ha cambiado?
Pues mire, efectivamente, y voy a empezar por lo último.
Un acuerdo de legislatura por primera vez en la historia de esta comunitat con todos los sindicatos, salvo uno que se abstuvo.
Con todos los sindicatos.
Y permítame que, además, saque ahora mismo a colación la nota periodística de esos sindicatos que se levantaron y que están enfrentadísimos a la conselleria de justicia y administración pública (inintel·ligible) … al Consell, que para nada responde a la realidad.
Es tergiversar las noticias.

He explicado en mi comparecencia previa que tal y como establece la ley, -no lo digo yo, no son procedimientos sectarios, lo dice la ley- no se requiere para la elaboración y aprobación de las RPT, no se requiere negociación sindical.
No nos lo hemos inventado nosotros, eso está en nuestro ordenamiento jurídico.
Y así se hizo.
Y, posteriormente, se hizo una reunión con los sindicatos con los que se ha acordado que, no obstante, aunque no sea preceptiva la negociación sindical, habrá otra reunión tras la publicación de las RPT para poder revisar, tener en cuenta sus propuestas y acomodarla y, en su caso, actualizarla.

Por tanto, no estamos enfrentados, no hay descontentos.
Después de esa reunión con los sindicatos a la que ha hecho alusión la representante del Partido Popular, nos sentamos todos en la mesa general y se firmó un acuerdo de legislatura.
Un acuerdo de legislatura que, además, se firmó en el palacio de La Generalitat con toda la legitimidad porque nos parecía, no tenía por supuesto un fin puramente electoralista, ese acuerdo de legislatura…, y también lo voy a decir aquí en sede parlamentaria porque por respeto a todos los que han trabajado para conseguir ese acuerdo, porque han sido cientos las horas, más de veinte mesas técnicas y sectoriales con cada una de las fuerzas sindicales -primero en el ámbito colectivo y luego en el ámbito individual- para, finalmente, ponernos de acuerdo.
Un trabajo enorme y que merecía, por respeto a las fuerzas sindicales, que se firmara en presencia de la máxima autoridad de esta comunitat como es el presidente.

Sabe perfectamente, señor Subiela -porque no les quiero cansar- cuáles son las medidas más importantes que se incorporan a ese acuerdo, donde se incorpora el compromiso de la publicación de las OPE con una calendarización de cada una de las medidas, donde se incorporan además medidas importantísimas -no solamente para instar al gobierno de España cambios legales fundamentales para que suprima ya esa tasa de reposición que ha llevado a que la mayor parte de la administración pública tenga un personal envejecido que en quince años se va a jubilar más de un sesenta por cien-, hemos incorporado medidas que siguen apostando por mejorar toda la calidad en materia de género, materia de conciliación y eso lo vamos a poner en marcha.

Pero también han cambiado otras cosas en el ámbito de la administración.
Como he señalado anteriormente, hemos reducido el número de eventuales.
Como también he señalado anteriormente, hemos amortizado plazas que considerábamos que era una forma encubierta -ahí sí- de meter a gente enchufada por una vía de libre designación distinta a la que prevé la ley.
Pero también hemos hecho más cosas.
Hemos suprimido, también, el carácter de…, a los directores generales de los parques también hemos considerado que tenía que funcionarizarse.

También hemos adoptado otras medidas.
Estamos apostando por el servicio público.
Estamos apostando porque la administración sea el eje vertebrador de las políticas públicas del Consell.
Desde luego, entendemos que el sector público instrumental tiene que tener un protagonismo, pero no tiene que ser el protagonista.
La protagonista tiene que ser la administración.
Y ahí también estamos revirtiendo y adoptando medidas para acabar con esa excesiva externalización de servicios públicos que, en ningún momento, se tuvieron que encomendar o crear empresas externas para fomentar toda esa red de clientelismo al que hemos asistido durante demasiados años.

Me pregunta también que en materia de libre designación qué estamos haciendo.
Porque, en realidad, tampoco parece que estemos cambiando las cosas, sino manteniendo actitudes y los mismos procedimientos que el anterior Consell desarrollaba.
Bien.
Yo quiero advertirle que el procedimiento para el nombramiento de personal de libre designación que, por supuesto, tienen que ser funcionarios, no nos lo hemos inventado nosotros.
Está previsto en la ley.
O sea, la posibilidad…, actualmente el marco legal que -como ya saben- está sometido a revisión porque, evidentemente, nada de todo esto que queremos cambiar podrá culminarse sin un marco legal que favorezca todo este proceso de cambio y cambie también determinadas inercias que han aportado demasiadas disfunciones a la administración.

El tema de la libre designación vamos a valorarlo en el marco de la reforma de la ley de función pública.
Pero hasta ahora lo que ha hecho el Consell ha sido nombrar a los funcionarios para estos puestos siguiendo el procedimiento que marca la Ley de función pública valenciana.
Se produce un nombramiento inicial de adscripción provisional y en el plazo de seis meses se oferta esa plaza de forma pública para que, atendiendo a los méritos y capacidad, se pueda hacer el nombramiento.

El personal de libre designación, en el ámbito funcionarial, el Tribunal Supremo también -y no les voy a cansar por las horas que son y muchas sentencias- matiza que es importante, en el ámbito de la administración, tener personal de libre designación sobre todo no atendiendo a criterios políticos sino profesionales.
Creo que no es incompatible con la gestión solvente, responsable y justa de la administración pública que determinados puestos puedan ser objeto de libre designación, siempre y cuando esa concurrencia y esa valoración de méritos y capacidad esté debidamente justificada.
Insisto, la posibilidad de actos discrecionales no se la está inventando esta consellera, está prevista en la ley.

Ahora bien, una actuación discrecional nunca debe de ser una actuación arbitraria.
La discrecionalidad exige también a la administración que razone sus decisiones y, por tanto, en aquellos supuestos en que se sigan manteniendo, si es el caso, en el ámbito de la función pública que determinados puestos puedan ser objeto de libre designación, se exigirá un procedimiento lo más reglado posible para que esa valoración de méritos y capacidad sea lo más objetivada.

Pero permítame que, además, le vaya a dar una nota.
Porque aquí se nos ha reprochado que hemos llegado al Consell para enchufar a todo el mundo.
Hemos sacado a todos los directores, a todos los subdirectores nombrados por el Partido Popular, los hemos relevado a otro tipo de funciones y hemos puesto todos a nuestros amigos.
Yo, yo tenía muy pocos en el ámbito de la administración pública.
Debería seguir teniendo por tanto, si el criterio es el amiguismo, todas las plazas vacantes.

Pero les quiero dar un dato, el 70% de los cargos de libre designación nombrados por el Consell anterior siguen en sus cargos, siguen en sus mismos puestos.
No lo digo yo, lo dice la RPT.
Y yo me remito a la misma para que ustedes lo valoren.
Si ha habido algún tipo de disfunción, si ha habido algún tipo de nombramiento que, como en todas las administraciones, puede causar algún tipo de problemas, pues se corregirá.
Pero con la ley de función pública y con el nuevo decreto de provisión y selección, no solamente se pretende ordenar y mejorar el acceso a la función pública, incorporar elementos básicos como es el mérito, la capacidad y la transparencia, así como la argumentación también y el razonamiento de las decisiones, sino que, además, también pretende acabar con el acceso a la función pública por puertas traseras como se accedía a bolsas por procedimientos nada reglados.

Por tanto, nuestra voluntad es construir esa administración.
Les puedo asegurar -y ya lo siento si les ha parecido que hemos trabajado poco, pero estamos en ello- vamos a procurar que para el mes de septiembre, desde luego, esa fotografía con esa planificación que nos va a permitir reclasificar puestos de trabajo, tener claro cuáles son las demandas, las verdaderas necesidades de la administración y, sobre todo, después de esa fotografía, pues dar respuesta a problemas como el que me ha presentado el representante del Grupo Parlamentario Compromís.
Claro que somos conscientes de las graves disfunciones que está ocasionando el que se haya revertido determinados servicios públicos a la administración para acabar con el funcionamiento de empresas que sólo han aportado corrupción, despilfarro y muchos problemas.

Se está valorando, por supuesto, en esta nueva reorganización de los recursos, dotar a estas consellerias afectadas por estos procesos en los que se han visto afectados el sector público que, como ya ha ocurrido en educación, lo mismo se va a hacer en el ámbito también de agricultura y medio ambiente para reforzar todos aquellos ámbitos más necesitados y que la administración tiene que seguir cumpliendo sus objetivos.

Les aseguro que queda mucho por hacer, que hay objetivos a medio plazo.
Hay otros que se podrán visualizar como ya va a ser los siguientes concursos a partir del momento en que se publique el decreto de selección y provisión, como las ofertas públicas.
En cuanto al problema de los inspectores de tributos también que se me ha planteado, quiero también poner en conocimiento de todos ustedes que hay unas oposiciones, precisamente firmé la composición de los tribunales la semana pasada, oposiciones para A2.

Lo que ocurrió en el seno de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico ha sido una amortización de determinadas plazas porque se entendía que se necesitaba otro perfil.

Pero, desde luego, se han convocado ya esas oposiciones -que ya están en marcha-, y desde luego a mí no me consta ningún tipo de disfunción.
Estoy segura que no es un compromiso del conseller de hacienda sino también de todo el Consell en que es necesario poner todos los medios e instrumentos a nuestro alcance, y por supuesto al alcance de los funcionarios, para que la lucha contra el fraude y la corrupción sean lo más eficaz posible.

No sé si me he dejado algún punto que ustedes me hayan planteado, de todas formas estoy a disposición en la réplica siguiente.

Gracias.

El senyor president:

Muchísimas gracias, consellera.

Para el turno de réplica de los grupos parlamentarios, pues comenzamos con el señor Subiela.

El senyor Subiela Chico:

Gracias, presidente.

No sé si deberíamos de cambiar la dinámica de la comisión cuando no sea el Partido Popular el que proponga las cosas porque me he encontrado aquí en un fuego cruzado que no sabía muy bien a quién se dirigían las cosas.
Entonces, voy a intentar no sentirme aludido por alguna de las cosas que ha habido pero, bueno.

Mire, trabajar poco es un término muy feo, yo ni lo he dicho ni lo pienso.
Otra cosa es que piense que están trabajando lento, eso sí lo pienso y lo he dicho.

Tampoco digo que sea ilegal, nada de lo que ustedes estén presentando, ni usted, ni el Consell porque, además, ya me dejó en el pleno, el conseller de transparencia muy claro que se hubiera algo ilegal me tenía que ir a la fiscalía.
Por lo tanto, no perderé el tiempo en denunciarlo aquí, si no, me iría a la fiscalía si lo viera ilegal.

Estoy muy contento de que usted me diga que sus procesos de libre designación serán mejores que los del Partido Popular.
Pero, mire, permítame que por lo menos seamos un poquito susceptibles con este tema porque en veinte años de gobierno del Partido Popular hoy, estas Cortes están a rebosar de comisiones de investigación por corrupción; pero es que ustedes en menos de un año ya tienen el honor, por decirlo de alguna manera, de tener una comisión ya esperando por los supuestos enchufes de una conselleria.

Por lo tanto, permítannos que por los menos digamos: ¡ojo!
, vamos a hacer las cosas un poquito diferentes, que no parece que sean tan diferentes.

Mire, aquí se ha dicho que se veían razonables los plazos de media legislatura, luego usted ha dicho que en septiembre, perfecto; se ha alabado ya un plan cuando aún ni siquiera se sabe cuál es el plan; se habla de que la solución es ocupar vacantes, convocar plazas, que si no tenemos dinero pues no podemos resolver el problema, y parece que el problema solamente se pueda solucionar engrosando la administración.
Usted ha dicho Â«reducir la externalizaciónÂ» porque parece que el problema sea la externalización.

Mire, la externalización se ha hecho muy mal, y es seguramente el motivo de la mayoría de la corrupción que podamos tener en la administración, pero igual no es cuestión de eliminar, igual es cuestión de mejorar.
No vamos a eliminar la corrupción simplemente porque eliminemos la externalización y hagamos con la administración los servicios que ahora mismo se están haciendo con empresas externas.

Pero, mire, y voy a acabar de manera positiva, usted ha hablado de diálogo y ha hablado de construcción.
Creo que hasta ahora yo también, o nuestro grupo parlamentario, por lo menos en esta conselleria, con este conseller también hemos ido por este camino del diálogo y de la construcción.

Me alegro que diga que en tres meses se podrá contrastar el cambio, yo espero de verdad que sea así y confío en que sí, las nuevas medidas de transparencia en la contratación sean reales.

Pero -insisto y le digo-, permítanos que le mostremos nuestras dudas y nuestras suspicacias porque hasta ahora lo que vemos tampoco nos da la sensación de que estemos cambiando tanto a lo que teníamos.

Gracias.

El senyor president:

Muchas gracias, señor Subiela.

Tiene la palabra la diputada señora Marcos, y luego concluirá la intervención la honorable consellera.

La senyora Marcos Puig:

Gracias, señor presidente.

Mire, señora consellera, usted dice que no conoce los líos internos del Consell del mestizaje que han provocado una merma en la administración, pero es que muchos de ellos a usted le han creado un verdadero quebradero de cabeza.
Y esto es una realidad.

Mire, estos líos están provocando merma en la gestión, ya le he puesto algunos ejemplos de ellos, y además creemos que estos líos y codazos son una de las causas por las que han retrasado ustedes la RPT, además de provocar -como he dicho anteriormente- situaciones que resultan violentas a los funcionarios y trabajadores de La Generalitat.

Mire, primero crearon ustedes una conselleria ad hoc para cumplir la ley de transparencia.
Hay que recordar la polémica entre usted misma y el conseller de transparencia y las peleas de personal que tuvieron por el reparto de competencias.
¿Era preciso, señora consellera, crear una conselleria para cumplir la ley?
¿Se imaginan ustedes que por cada ley que aprobáramos en la cámara se creara una conselleria y se dotara de personal que podría estar dedicándose a servicios públicos que son necesarios para cubrir las necesidades de los valencianos?

Y podríamos seguir con sus líos de mestizaje, esos codazos que se dan en la administración, los del PSPV, Compromís y no sé si los de Podemos, también, que merman la gestión -como he dicho- de La Generalitat, y que han hecho que viviéramos episodios como la desaparición de un informe que se aprobó en comisión de secretarios que nunca apareció en pleno del Consell, episodios que -como digo- a usted particularmente le han creado verdaderos quebraderos de cabeza y mucha faena, como por ejemplo la ocurrencia de Compromís de abrir puestos de trabajo a las consellerias de medio ambiente y agricultura a personal docente, usted tuvo que elaborar un informe para acabar con esa ocurrencia de Compromís -como decía anteriormente-, o cuando usted tuvo también que intervenir y frenar el intento de cambiar la ley para que el interventor de La Generalitat pudiera venir de otra administración.
En fin, consellera, todos estos líos que usted muy bien conoce y que le han traído bastantes quebradores de cabeza.

Y, mire, yo no manipulo las noticias.
Ustedes llegaron a un acuerdo, y yo he hablado de ese acuerdo, señora diputada del Partido Socialista, yo he hablado del gran acuerdo que le ha costado al señor Ximo Puig un expediente por parte de la junta electoral porque ustedes -como digo- utilizan la administración pública para hacer campaña electoral, porque ese es un sello de la gestión de los socialistas y de la gente de la izquierda.

Y, mire, las declaraciones son de los sindicatos, yo lo siento mucho pero los sindicatos hablaron que en las RPT ustedes habían hecho lo siguiente: en primer lugar, las habían aprobado unilateralmente -que ahora me referiré a eso, señora consellera-, y también han dicho que ustedes han inflado las plazas de libre designación y han abierto estas plazas a otras administraciones.
No lo digo yo, lo dicen los sindicatos en cuanto a la RPT.

Y, miren, es verdad que legalmente ustedes no necesitaban el apoyo de los sindicatos ni ningún informe preceptivo, ni ningún acuerdo con los sindicatos para aprobar las RPT, pero es que ustedes siempre han presumido de ser el gobierno de la transparencia, el del diálogo, y hemos visto que ha brillado por su ausencia la transparencia de lo que ustedes presumen en cuanto al tema de las RPT.

Y, mire, señora consellera, yo lo siento mucho pero es que ustedes han despedido a los técnicos de tributos sin convocar las plazas.
En este momento no tenemos técnicos de tributos.
Y eso es un fallo de su gestión y una falta, no de la suya propia, digo de la administración del Consell en general, y una falta de previsión tremenda.

Y, mire, señora consellera, a mí me gustaría (algú tus) que nos aclarara una cosa porque me preocupa bastante, me preocupa bastante y quiero que quede reflejado en esta comisión y en este Diario de Sesiones: ¿van a hacer funcionarios a todos los empleados de las empresas públicas como les está exigiendo Compromís o me ha parecido que le exigía el representante de Compromís?
¿Quiénes van a ser funcionarios?
¿Quiénes no?
¿En base a qué méritos?

Explíquenoslo, señora consellera, explíquenoslo porque esto nos interesa bastante al Partido Popular.

Gracias.

El senyor president:

Muchas gracias, señora diputada.

Tiene la palabra la consellera.

La senyora consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques:

(Inoïble per raons tècniques) … aquellos actos que, en fin, se impugnen y se revoquen pues aceptaremos las decisiones pero -insisto- utilicemos también los términos de forma adecuada porque no todo acto irregular es un acto corrupto ni convierte al titular de ese órgano político en un delincuente.

Por tanto, enchufes y corrupción, pues tampoco creo que sea lo mismo.
O sea, evidentemente ha habido enchufismo que ha abocado en una corrupción política y económica y que han acabado en los tribunales y han acabado en fiscalía, pero el nombramiento irregular de una persona que puede ser después impugnado y anulado -insisto- no siempre es un delito.

Entonces, vamos a procurar, por supuesto, que a través de la nueva ley de función pública el instrumento para las designaciones permita la máxima transparencia y la máxima objetivación en la valoración de esos méritos y capacidad, y que a la administración, como no puede ser de otra manera, se le exija siempre esa justificación y esa argumentación de sus decisiones para evitar la arbitrariedad, como muy bien dice el Tribunal Supremo.

Yo en ningún momento he dicho en mi intervención que quiero acabar con las externalizaciones, es que sería una verdadera imprudente si dijera eso, no merecedora de ostentar la responsabilidad que estoy ostentando porque el sector público instrumental -como he dicho- tiene que estar ahí pero no puede sustituir a la gestión de la administración.
Yo he dicho que tiene que tener un protagonismo pero no puede ser el protagonista.

Y ¡claro que necesitamos!
Una sociedad como la nuestra, cada día más avanzada, con más complejidad, necesitas técnicos y profesionales que en muchas ocasiones los distintos departamentos de la administración pública no te los puede proporcionar.
Y ¡claro que necesitas tener ese apoyo instrumental!
Pero, como muy bien dice la ley, instrumentar, complementar, nunca sustituir, que es lo que ha pasado en algunas ocasiones.

Por tanto, la nueva ley de función pública valenciana, que yo ya anuncio aquí y estará en sede parlamentaria, espero ya que el anteproyecto de ley se pueda también presentar en el último trimestre del año, antes de finalizar el año, para que sea debatida en sede parlamentaria, creo y espero que tras los debates parlamentarios, las enmiendas correspondientes, podamos dotarnos todos, entre todos, y también que sea una ley para todos y que sirva, fundamentalmente, ¿eh?
, para mejorar y ordenar los recursos de la administración y dotarnos de procedimientos que garanticen esa transparencia y esa legalidad en el nombramiento y designaciones de los cargos.

Señora Marcos, yo la he escuchado en esta segunda intervención con mucha atención, y me da la impresión que tiene muy pocos argumentos para atacar mi gestión como consellera de administración pública cuando usted se ha dedicado a basarse en hechos absolutamente tangenciales, casi anecdóticos, y en alguna de las cosas que usted ha referido aquí en sede parlamentaria ni siquiera guardan relación casi con la gestión en la función pública; de mis líos con transparencia, por el tema de la memoria histórica, pues creo que no fue ningún lío, hubo una serie de problemas que se resolvieron en el marco, como no puede ser de otra manera, puramente institucional, y de verdad que ya en su réplica utilice y vuelva al pasado para recordar hechos puntuales y anecdóticos, lo que me da a entender es que tiene muy pocos argumentos para poder replicar.

Yo insisto el que utilizar la noticias periodísticas para hacer una lectura tergiversada no tiene ningún sentido y no voy a insistir en el tema, pero insisto que poco enfadados estaban los sindicatos cuando un mes después de lo que usted acaba de leer, de esa noticia periodística, todas las fuerzas sindicales, todas (veus), pues menos tiempo, firmaron un acuerdo de legislatura con este Consell.

Por tanto, simplemente, también responder a otra de las preguntas que me ha hecho también al final, que ésta sí me parece de una cierta envergadura, es si vamos a hacer funcionarios a todos los empleados del sector público.

Mire, yo, simplemente, y por no cansarles y no aburrirles, les voy a remitir a la ley del sector público -además, la estatal acaba de ser.
.
.
, acaba de ser aprobada, o sea, ha entrado en vigor hace pocos meses-.
Me voy a referir también a la normativa estatal, que también regula materia de fundaciones y todo lo que es el sector público, porque este marco legal configura cuál es el sistema.
.
.
, en el momento en que se procede a la extinción de algún ente de derecho público, configura cuál es el camino para proceder a esa integración o no del personal del sector público en el marco de la administración.
Lo tiene.
.
.

El senyor president:

Consellera, lamento tener que pedirle que vaya concluyendo.

La senyora consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques:

Ay, lo siento mucho, que me estoy pasando.

No les voy a insistir en el procedimiento, pero creo que la normativa vigente lo explica muy bien.

Gracias.

El senyor president:

Muchas gracias, consellera.

Diputados.

Se cierra la sesión.

Gracias.

(S'alça la reunió a les 15 hores i 34 minuts)