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Comissió de Justícia, Governació i Administració Local realitzada el dia 14 de juliol de 2020.
Comença la reunió a les 10 hores i 10 minuts.
Presideix la diputada senyora Toñi Serna Serrano.
Reunió número 9.

La senyora presidenta:

Buenos días a todos y a todas.
Vamos a comenzar la comisión.

Bueno, en primer lugar quería, antes de que la secretaria pase lista, quería informarles de algunos aspectos.
Hoy como saben es la segunda fase de participación ciudadana que corresponde… -con las comparecencias-, que corresponde al procedimiento para la elaboración del Proyecto de ley de función pública.

Con las comparecencias de hoy daríamos por finalizada esta fase de la ley.
Y por acuerdo de Mesa nos gustaría que fueran ustedes conocedores de que daremos cuenta la Mesa de les Corts de la finalización de este procedimiento.
Y que se inicie la continuación a partir del mes de septiembre.
Es decir, la fase de enmiendas la abriríamos para el mes de septiembre.

En este caso la Comisión de Justicia nos quedaría la que ya tenemos convocada para el día 30 que corresponde a una de las comparecencias del secretario autonómico que se han solicitado por parte del Partido Popular y Ciudadanos y unas… creo que son cuatro pendientes.
De esa manera acabaríamos lo que es el trabajo de este período de esta comisión.

Lo más importante es que ustedes tengan claro que el período de enmiendas para la Ley de función pública no lo vamos a abrir hasta el mes de septiembre y así se lo haremos saber a la Mesa para que se tenga en cuenta y no nos pille en mitad de agosto y así un poco desubicados.

Pues nada (adreçant-se a la secretària).
Cuando usted quiera, secretaria.

La senyora Blanes León:

Moltes gràcies, presidenta.

(La secretària passa llista per tal de comprovar si hi ha quòrum)

Presidenta, hi ha quòrum.

Compareixences en la fase de participació ciutadana del procediment d'elaboració del projecte de llei, de la Generalitat, de la funció pública valenciana (RE número 14.
989, BOCV 67)

La senyora presidenta:

Gracias, señora secretaria.

Bueno, como saben ustedes que tenemos seis comparecencias, vamos a ser… Siempre se me olvida el acta, igual que ayer.
Señorías, siguiendo el orden del día corresponde aprobar el acta de la reunión anterior.
Si alguno de ustedes… no tiene ningún inconveniente, si es correcta… (Pausa) Ok, la damos por aprobada.
Gracias, señor letrado, que siempre se me pasa.

Lo que me comentaba que como las comparecencias son densas… tenemos una mañana densa yo voy a pedir por favor que seamos estrictos en los tiempos porque…, bueno, no solamente por el tiempo sino para que también los comparecientes puedan hacer sus comparecencias.
Y si tenemos que ceder un poco de minutos que sea para poder conocer la opinión de ellos.
¿Vale?

Vamos a iniciar con (inintel·ligible) … Vale (pausa).

Compareixença de la senyora María Teresa Montaner Soria

La senyora presidenta:

Bueno.
Buenos días, señora María Teresa Montaner Soria.
Muchísimas gracias por estar hoy aquí en esta comisión.
Y le voy a explicar en un momento el funcionamiento de la propia comisión.

Tiene usted 8 minutos para hacer una exposición o fundamentar sus argumentos.
Después cada uno de los portavoces de los grupos parlamentarios tiene 4 minutos y usted podrá después dirigirse a ellos o continuar con su resumen o dejar su exposición finalizada con 4 minutos más.
Le voy a pedir que…, bueno, que se intente ajustar lo que pueda al tiempo para no tener que decirle que acabe, que eso no nos gusta mucho.
Y cuando usted quiera puede comenzar.

Si yo pongo esto (inintel·ligible) … Le da a este, sí.
Sí, sí.

La senyora Montaner Soria:

¿Vale?
¿Me escucha?

La senyora presidenta:

No, tiene que salir en rojo.

La senyora Montaner Soria:

No.
No sale (veus).

La senyora presidenta:

Tiene que apretar el azul… Vale.
Muy bien.
Exacto.

La senyora Montaner Soria:

¿Ahora?
Sí, ahora sí.
(Veus)

La senyora presidenta:

Cuando quiera.

La senyora Montaner Soria:

Buenos días, presidenta, diputadas y diputados miembros de la comisión.

La nueva Ley de función pública valenciana responde a un ambicioso proyecto de abordar un nuevo modelo de función pública valenciana que supere las carencias y debilidades de la Ley 10/2010.
Una ley que incorporó un modelo principalmente corporativo de desarrollo del estatuto básico del empleado público.

Por ello, a través de este nuevo texto se pretendió una revisión del sistema en base a una serie de objetivos, entre otros, la estabilización del sistema de función pública y la reducción de los cuerpos y escalas, la regularización de la actual situación principalmente a través de la revisión de los sistemas de acceso y provisión para reducir la temporalidad, la modernización de los sistemas de gestión, puestos, planificación, formación y carrera y la creación de un grupo potente de directivos públicos que pudieran encargarse de la evaluación del rendimiento de la profesionalización.

Esta ha sido la ley participada, fruto del diálogo social.
Responde a uno de los compromisos del acuerdo de legislatura alcanzado con los agentes sociales en el marco de la mesa general.
Por tanto, fue negociada hace ya dos años y muchas de nuestras aportaciones fueron incorporadas al borrador.

Los objetivos iniciales del nuevo modelo que se pretendía eran compartidos por la UGT -la organización sindical a la que yo represento-.
Pero la situación actual no es la misma que en aquel momento y el texto resultante plantea alguna carencia como la no inclusión de las nuevas profesiones emergentes o las nuevas formas de organización del trabajo.
Y no resuelve algunos de los problemas endémicos que caracterizan a la función pública valenciana, entre ellos, la alta tasa de temporalidad.

La intención de flexibilizar la estructura de cuerpos y escalas combinándola con un sistema de puestos de trabajo a través de la creación de las agrupaciones de puestos nos parece un gran acierto porque permite superar el encorsetamiento de la anterior ley y facilitar la movilidad y la promoción del personal.

Sin embargo, siguen existiendo demasiados cuerpos y escalas y debe optimizarse y simplificarse la estructura atendiendo a futuras necesidades sociales mediante la inclusión de las profesiones emergentes que actualmente se están incorporando a las universidades: desarrolladores de big data, gestión de recursos humanos, ciberseguridad, profesionales en nutrición, ramas derivadas de ciencias ambientales y empleos verdes etcétera.

La mejor garantía para una administración dirigida a la consecución del interés general es la profesionalidad e independencia de su capital humano.
En este sentido, esta ley avanza respecto de su predecesora.
Mejora el régimen de la provisión por libre designación al restringir los supuestos, pero sería conveniente ir más allá en la profesionalización, debiendo ser evaluados periódicamente según el cumplimiento de objetivos.

Es importante apostar por el liderazgo en la administración y mejorar la figura del directivo público profesional, aprobando un estatuto que regule su régimen y tratando de atraer el talento hacia nuestro sector público.

La ley avanza en la lucha contra la corrupción protegiendo a las personas que denuncian prácticas corruptas u otras irregularidades, con el fin de evitar sucesos pasados que han avergonzado a los valencianos y a las valencianas.
Es muy importante seguir diligentes en la gestión y destino de las arcas públicas contribuyendo a la mejora reputacional de la Generalitat y, en ese sentido, desde UGT aplaudimos las buenas prácticas administrativas y el buen gobierno y consideramos necesario premiar el esfuerzo, el compromiso y la solidaridad del personal.

La administración de la Generalitat necesita de nuevos métodos de selección.
Debemos huir de las actuales pruebas memorísticas y diseñar nuevos procesos selectivos basados en la acreditación de competencias y de capacidades con un fuerte componente práctico como ya está realizándose en la Unión Europea, reduciendo el número de pruebas, apostando por la formación de entrada en el servicio público simplificando así los procesos y permitiendo concluir las ofertas de forma anual.

Una situación compleja a la que deberá darse respuesta en la administración es la de la alta edad media de la plantilla, que provocará un aumento de las jubilaciones en los próximos años, afectando a más del 50 % del número de efectivos.

Es necesario realizar una verdadera planificación de los recursos humanos para poder definir las políticas de acceso, formación, carrera y movilidad.
Salvo el plan estratégico en materia de recursos humanos que elaboró la dirección general en el año 2016 en relación con la dimensión de plantillas y previsión de OPE, en la Generalitat no se han desarrollado planes estratégicos en los últimos 30 años provocando una verdadera parálisis funcional.

Reconocemos la voluntad de este gobierno de poner en marcha la nueva política de personal, por ejemplo, mediante la convocatoria de concursos -inéditos desde hace varias legislaturas- y recomendamos que esta ley facilite la elaboración de un nuevo plan estratégico que sirva de base para la gestión de los recursos humanos de la Generalitat durante los próximos años.

En la actualidad, casi el 40 % del personal de la Generalitat de las administraciones locales es interino o temporal.
El proyecto de ley debe prevenir el abuso de la temporalidad que regula la normativa europea, trasponiendo la Directiva 99/70, en consonancia con las modificaciones que se van a realizar del estatuto básico y debiendo contemplar incluso algún tipo de sanción para las administraciones que incumplan los preceptos legales en materia de ofertas públicas de empleo.

Es necesario que se arbitren mecanismos para que no se reproduzca la actual situación de eventualidad, siendo conscientes, plenamente conscientes de que el gobierno central debe eliminar la tasa de reposición de efectivos.

La formación entendida no sólo como un derecho del personal sino como un elemento de interés público para mejorar la eficacia y eficiencia de la administración y la modernización de los servicios requiere de una escola valenciana d'administració pública potente y autónoma, una entidad de derecho público con personalidad jurídica propia y con competencias no sólo en materia de formación sino también de selección.

Si la EVAP es competente para organizar, ejecutar y evaluar los procesos selectivos -programas, pruebas, prácticas etcétera- siguiendo las directrices del Consell, estas competencias sólo se pueden garantizar desde la independencia y profesionalización de un organismo que desempeña sus funciones en régimen de autonomía funcional, siguiendo el modelo del INAV, que es un organismo autónomo o de algunos institutos autonómicos de gran prestigio como el vasco, el catalán, el galego etcétera.

La EVAP es el mejor instrumento para lograr unos recursos humanos preparados, formados y motivados.
Por ello, no sólo debe tener competencias en calificación de la formación sino también respecto de su evaluación e impacto en la mejora de los servicios y debe dotarse de una estructura y medios suficientes para ello.

Compartimos la atribución de funciones complementarias de estudio e investigación de la EVAP y su papel de coordinación en la homogeneización de procesos y pruebas de las entidades locales con el fin, entre otros, de potenciar la movilidad interadministrativa y de la posibilidad de diseñar los planes de formación del sector público empresarial.

La dura realidad vivida como consecuencia de la COVID ha puesto de manifiesto la enorme importancia de regular de forma real y efectiva el teletrabajo como una modalidad de prestación de servicios de carácter no presencial absolutamente imprescindible en una administración moderna.
Convendría realizar referencias expresas al teletrabajo en el texto de la ley.

La igualdad entre mujeres y hombres se aborda de forma transversal a lo largo de todo el texto, cuestión que nos satisface enormemente.
Las numerosas medidas incorporadas en materia de igualdad efectiva, conciliación, protección de las mujeres víctimas de violencia de género o la redacción de la norma en un lenguaje inclusivo son el resultado de las recomendaciones del Libro violeta de la función pública valenciana y de la comisión encargada de estudiar la reforma de la Ley 10/2010 desde la perspectiva de género.

Una comisión en la que también estuvimos participando las organizaciones sindicales legitimadas y en esta línea el proyecto de ley avala la participación de los trabajadores y trabajadoras a través de sus representantes en el diseño de la política de empleo de la Generalitat.

Así, incluye representantes sindicales en el consell assessor de la funció pública valenciana o en la comisión intersectorial de l'ocupació pública de la Generalitat.
Sin embargo, es necesario reforzar la negociación de determinados aspectos del régimen funcionarial, como el debate o aprobación de las relaciones de puestos de trabajo y la clasificación de los mismos y profundizar en el desarrollo de la estructura negocial del sistema de mesas de negociación.
En el mismo sentido, otras normas autonómicas de función pública como la balear.

Por ello, consideramos absolutamente necesario la constitución de la mesa general de las administraciones públicas valencianas en las que estén presentes la Generalitat, las administraciones locales a través de la Federación Valenciana y de la Dirección General de Administración Local y las universidades públicas valencianas, además de las organizaciones sindicales legitimadas en los términos del estatuto básico y de la Ley orgánica de libertad sindical.

Es fundamental que todas las empleadas y empleados públicos que están en el ámbito de aplicación de la ley tengan voz propia en la negociación de sus condiciones de trabajo y en las normas y planes autonómicos de empleo público que les puedan afectar.

Esta mesa de negociación está creada en el marco del estado.
A nivel autonómico podría resultar muy útil al objeto, por una parte, de garantizar una mayor coordinación de todas las administraciones públicas y, por otra, de hacer efectiva la movilidad interadministrativa.

Quiero recordar que el propio CES ya recomendó la constitución de esta mesa en el dictamen previo a la tramitación de la Ley 10/2010… ¿Me estoy pasando?
Por ello, siempre respetando la autonomía universitaria y la autonomía local apostamos por la constitución de la mesa de negociación de las administraciones locales y de la mesa de universidades para homogeneizar condiciones de trabajo.

Y acabo.
Estos ámbitos de negociación supondrían un avance sustancial en la territorialización de la función pública valenciana, reforzando el espíritu de la primera ley de función pública, la Ley 10/1985, que apostó sin contemplaciones por una función pública única de la Generalitat, conjuntamente con las entidades locales valencianas.
Muchísimas gracias, presidenta.

La senyora presidenta:

Gracias a usted, señora Montaner.
Disculpe, ya sé que ha hecho un gran esfuerzo.

La senyora Montaner Soria:

Es que 8 minutos es muy poco, francamente.

La senyora presidenta:

Sí.
Ya luego tiene 4 minutos nada más para sintetizar un poco lo que… Ahora cada uno de los portavoces… y usted puede tomar nota.
Tiene la palabra por parte del grupo Unidas Podemos la señora Estefania Blanes.
Cuando usted quiera.

La senyora Blanes León:

Moltes gràcies, senyora presidenta.

I moltes gràcies, senyora Montaner.
Sempre mos passa, no?
Quan ho preparem a casa pareix molt de temps, però quan es ve ací el temps passa molt de pressa.
Jo agrair-li, evidentment, les seues aportacions, el que ací ens ha exposat i, sobre tot, com bé ha dit, la participació en el que és la redacció de la pròpia llei.

És cert que aquesta llei, que va ser redactada ja fa dos anys… Totes les coses van molt de pressa.
I més encara ens el darrers mesos, que hem tingut una situació excepcional que pense que el que ha evidenciat ha sigut unes necessitats que crec que tots i totes les veiem però que tal vegada no havien sigut tan evidents com quan ha hagut estes necessitats.

Ha comentat el tema del teletreball, que no és ben especificat a la llei i que s'hauria de desenvolupar d'una manera molt més concreta i crec que més extensa.
I jo crec que això és un punt que, a partir d'ara i sobretot en el tema de les esmenes, jo crec que haurem de treballar-ho entre totes i tots.

I esperem també les aportacions per part de la seua organització sindical per a poder-ho posar i per a que puga ser arreplegat tal com toca perquè, al final, la pràctica fa mestres i jo crec que esta pràctica ens ha servit per a poder-ho vore.

També ha comentat el tema de la mobilitat -he entés- entre administracions.
També crec que en aquesta situació de pandèmia també ho hem pogut vore, eixa necessitat de flexibilitat amb el que…, com bé deia, és interessant el tema dels cossos i escales que venen determinats, però tal vegada eixa concreció i eixa amplitud…, bé, limite un poc eixa flexibilitat.

De quina manera pensen vostés que podria…, bé, donar-se solució ad açò?
I sobretot per a que, al final, els recursos humans siguen el més eficients possibles, sobre tot per a donar servei que, al cap i a la fi, és el que es pretén en una administració pública.

Nosaltres, evidentment… Sempre ho hem dit, el major capital que té una administració evidentment és el capital humà i, per tant, que estiguen en les millors de les condicions possibles laborals i econòmiques i en la situació personal també, com bé arreplega aquesta pròpia llei, el tema d'igualtat que vosté ha fet menció.

Pensem que també és una aportació molt important que farà esta nova llei, posant en pràctica tot allò que hem arreplegat al Llibre violeta.
Pensem que és un avanç i una necessitat que es tenia.

Per tant…, bé, crec que ha comentat que sí que està prou d'acord amb tot allò que arreplega.
Si veu que n'hi ha alguna mancança i mos poguera puntualitzar alguna cosa… I sobretot, ja dic, en el tema del teletreball crec que tenim que treballar-ho entre totes i tots.
I en el procés que ens queda n'hi haurà de posar-ho en marxa i les aportacions seues seran molt d'agrair.

Moltes gràcies.

La senyora presidenta:

Gracias, señora Blanes.

Es ahora el representante del Grupo Vox, el señor Llanos.
Cuando usted quiera, señor Llanos.

El senyor Llanos Pitarch:

Gracias, señora presidenta.

Señora Montaner, gracias por su presencia y por su exposición.
Bien, la verdad es que resulta difícil preguntar al gobierno sobre un proyecto de gobierno, porque si no es el gobierno, es su primo hermano, evidentemente.

Y claro, todo son bondades.
Son bondades de una ley que… -se lo han dicho además-, que realmente… Primero, no hacía falta.
No hacía falta porque… Este tochazo de ley no hacía falta después de diez años.
Hay muchas posibilidades de hacer modificaciones legislativas sin cambiarla de arriba abajo.

Pero al mismo tiempo que no hacía falta, ha quedado anticuada porque llevamos… Fue mucho anterior a la situación en la que nos encontramos, que es bastante grave y, en muchos aspectos, bastante distinta.
Por ejemplo, la movilidad.
Es decir, dónde se advierte esa movilidad, por ejemplo, en situaciones catastróficas como la actual que requieren… -y nosotros, el Grupo Vox, ha presentado una PNL al respecto-, que requieren de una sensibilidad, de unas medidas sumarias, céleres  de movilidad de los funcionarios de unas secciones, o de unos trabajos o de unas administraciones a otras.
La ley, evidentemente, no recoge nada de todo eso.

También nos genera bastantes dudas competenciales.
Por ejemplo, sobre lo que usted ha hablado, sobre la escola valenciana de administración pública.
En el 11.
6 se arroga la garantía del cumplimiento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la ausencia de cualquier discriminación.
Bueno, evidentemente, para eso tendría que tener una potestad sancionadora que esperemos que no la tenga.
Y desde luego para eso tenemos el artículo 14 de la Constitución española -entiendo yo-.

Pero es que en el 12.
2.
a también la misma escola valenciana se arroga competencias que entendemos que son -que deberían ser- estrictamente del Consejo Jurídico Valenciano.
Emitir informes de los anteproyectos de ley y de los reglamentos.
En fin.
Entendemos que no tiene demasiado sentido.

Por otra parte, habla usted también del lenguaje inclusivo y de la perspectiva de género.
Eso no es igualdad.
Eso es discriminación, discriminación y más discriminación.
Yo le pregunto, por ejemplo, en ese tema en la administración existe un gran número de mujeres.
¿Cómo se va a conseguir que entren más hombres en la administración?

Todo este proyecto de ley está plagado de «equilibrada»,«presencia equilibrada».
Antes «paritaria», ahora se dice «equilibrada».
No entendemos muy bien a qué se quiere referir.
Pero bueno, entonces habrá que hacer la discriminación positiva, positiva.
Porque claro, hay muchas más mujeres que hombres.
A ver cómo lo arreglamos.

En definitiva…, bueno, nos parece que esta ley no hacía falta y entendemos que no hay bondades sobre la misma que se puedan plantear.

Muchas gracias.

La senyora presidenta:

Gracias, señor Llanos.
Tiene la palabra ahora la portavoz del Grupo Compromís, señora Torres.
Cuando usted quiera.

La senyora Torres Garcia:

Gràcies, presidenta.

Senyora Montaner, benvinguda a les Corts i enhorabona, perquè ha fet en un temps rècord una síntesi total de la llei.
Això per a qui ens l'hem llegida, doncs sabem que ha tocat absolutament tots els punts.

I ha parlat vosté de qüestions realment importants.
I per això la necessitat de fer esta llei, que és l'assignatura pendent -com vosté ha apuntat- de la legislatura anterior.

Ha parlat de la temporalitat, ha parlat… Eixa temporalitat lligada d'alguna manera a la taxa de reposició.
Ha parlat d'eixa igualtat transversal, reflectida en la llei.
Tan necessària perquè sí, hi ha més dones que hòmens en la funció pública -jo també sóc funcionària-, serà perquè ens presentem i estudiem més dones que hòmens.
Però també és cert que en la funció pública després hi ha més hòmens que dones en els llocs de treball directius.
Això vosté i jo ja ho sabem també.

M'ha agradat molt l'apunt que ha fet vosté sobre la necessitat d'incorporar nous processos selectius basats en les competències.
La llei parla de competències professionals i crec que és un pas important, perquè hem de tendir cap a una funció pública del segle XXI.

Ha parlat de l'envelliment, que és ja preocupant en la nostra funció pública.
Ha parlat també vosté de la formació i m'ha agradat molt també l'apunt que ha fet vosté sobre la necessitat que eixa formació sobre la qual tindrà competències l'Escola Valenciana d'Administració Pública que tinga un impacte en el lloc de treball.
Això és fonamental.
Perquè si no la formació al final tampoc no aprofita si no estem en continu reciclatge i actualització de coneixements.

I ha parlat vosté de teletreball, que jo crec que és el tema.
És el tema perquè és el tema sobre el qual ja s'havia parlat i sobre el qual ja s'havia regulat, perquè està el Decret 82/2016.

Però eixe decret, convindrà amb mi, que està molt vinculat a una sèrie de circumstàncies personals.
Clar, la pandèmia per descomptat que ha tingut unes conseqüències personals terribles.
Però la pandèmia ens ha mostrat la necessitat d'ampliar en quina situació, en quines condicions -millor dit- u pot accedir a eixe teletreball.

I ací és on m'agradaria conéixer la seua opinió, la del seu sindicat sobre per quin tipus de model de teletreball s'inclinen vostés.
Perquè ja en altres comunitats també s'ha regulat el teletreball.
Però clar, hem de tindre molt en compte que cal harmonitzar els deures -com a servidors públics que som, com a funcionaris públics- però també els drets.

I després, sobre qui recau la càrrega que puga representar l'equip que u ha de tindre en casa per a poder teletreballar.
En fi, m'agradaria -si pot i té temps- que aprofundira una miqueta més en la qüestió del teletreball.
I li reitere les gràcies perquè ens ha fet una classe sobre la Llei de funció pública, el projecte de llei.

Gràcies.

La senyora presidenta:

Muchas gracias, señora Torres.
Tiene ahora la palabra el portavoz del Grupo Ciudadanos, el señor Fernández.

Sí, tiene que… por favor (veus).
Eso (veus).

El senyor Fernández Garcia:

Vale, ahora sí (veus).

Buenos días, señora Teresa.
Agradecerle su presencia aquí.
Mire…, ¿se acopla, no?
¿O me lo parece a mí?
Se oye bien, vale.

Mire, en el artículo 61.
1, letra f, se exige que «en las bases de las convocatorias de procedimientos selectivos deba figurar la distribución porcentual de los dos sexos en el cuerpo y en su caso escala, agrupación profesional funcionaria, agrupación de puestos de trabajo o grupo profesional correspondientes».

Dígame, ¿no entiende usted que su finalidad es la de servir como orientación al órgano de selección para que declare que han superado el proceso a aquellos aspirantes del sexo menos representado en el cuerpo o escala que se trate?
En el que…, vaya, en el que se trate donde se efectúan las pruebas.

Y le pregunto yo, ¿esto, traducido a las escalas administrativas y auxiliares administrativos o personal sanitario estatutario, en el que hay más mujeres que hombres, le parecería correcto que se aplicara ese criterio de selección también en ese sentido?

¿Entiende usted… -le lanzo una serie de cuestiones y usted me responderá si puede a todas ellas-, entiende usted necesario el requisito lingüístico excluyente para acceder a la función pública?
¿Cómo casa esto con la realidad sociocultural de la Comunidad Valenciana?

Ya le han preguntado… la pandemia, obviamente, ha generado la necesidad del expediente electrónico administrativo, el teletrabajo.
¿No cree que la ley, antes de su aprobación, ya está demasiado envejecida?
¿No cree que debería repensarse el texto para adaptar estas circunstancias a unos posibles confinamientos o a la realidad que estamos viviendo, en definitiva?

Respecto al artículo 78 del régimen de protección del personal empleado público que denuncie irregularidades, las denuncias o alertas, dice: «Deberán expresar la identidad de persona o personas que las presenten.
Las denuncias de carácter anónimo serán archivadas sin que deban efectuarse ulteriores trámites al respecto».

¿No cree que esto es negativo?
¿Que en vez de fomentar la denuncia de irregularidades se está desprotegiendo a los funcionarios que quieren denunciarlas?

Respecto a la EVAP, ¿No cree que debería de ser un órgano independiente y por tanto debería tener régimen de organismo autónomo y no rango de dirección general para mantener precisamente su neutralidad y transparencia necesarias, habidas cuentas las importantes funciones que la ley deba atribuir?

Y, por último, solo dos cuestiones.
No me quiero extender.
¿No cree que debería eliminarse la posibilidad de prolongación de la edad de jubilación para personas con carrera ya de cotización completa?
Si hacemos esto ayudaríamos, sin duda, a fomentar el relevo generacional en la administración, máxime tenido en cuenta el retroceso que ha habido durante estos años y el envejecimiento de nuestra plantilla de funcionarios.

Y, por último, como sindicalista que es usted, ¿no cree que antes de utilizar el mecanismo de la jubilación forzosa en caso de que se declare la incapacidad de una persona se debería acreditar… -la incapacidad permanente total, obviamente, me refiero-, se debería acreditar por el servicio de prevención correspondiente la no posibilidad de su ubicación en otro puesto de trabajo que se adapte a su declaración de incapacidad, a su estado físico?

Gracias.

La senyora presidenta:

Muchas gracias, señor Fernández.
Tiene la palabra ahora el portavoz del Grupo Popular, el señor Rovira.
Cuando usted quiera.

Ya, señor Rovira.
Marque usted primero que está presente.
Y ahora…, cuando quiera.

El senyor Rovira Jover:

(Inintel·ligible) … mi lugar.

Bien.
Buenos días.
Agradecer la presencia de María Teresa Montaner en representación de UGT.

Y le voy a comentar cuatro cuestiones.
Muy breves.
En primer lugar, bueno, el Partido Popular ha anunciado ya que vamos a presentar una enmienda a la totalidad para que el proyecto de ley sea devuelto al gobierno, al Consell, por una sencilla razón -y algún compañero lo ha comentado-.

Este proyecto por unas circunstancias que no tiene el Consell culpa -por supuesto, no tiene culpa-, nace viejo.
Nace viejo porque hemos tenido una pandemia que no había existido.
Y hay cuestiones que no se regulan en este proyecto de ley.

Y aprobarlo así, tal cual está sería una barbaridad porque hay dos cuestiones que se han planteado durante estos meses y que no estaban reguladas.
Una es el teletrabajo y otra es la posibilidad de, ante una emergencia, poder pasar algunos funcionarios -incluso de una conselleria a otra- por necesidades extraordinarias, urgentes y provisionales.
Esto no viene regulado de ningún modo.
Eso en primer lugar.

Cuál es su opinión.
Si cree que sería mejor devolver este proyecto y no aprobar una ley que nace vieja y que sustituye a otra ley con sus cosas buenas y cosas malas, como todas las leyes, pero que se aprobó hace diez años y que apenas se ha empezado aplicar.

Bien.
En segundo lugar, qué opina de las….
Desde UGT, cuál es la posición de UGT sobre la posibilidad de eliminar…, eliminar no, solucionar el problema que tenemos de las altas tasas de interinidad con una ley que se podría aprobar para elaborar un concurso de una forma digamos extraordinaria que permitiera digamos que la gran mayoría de interinos pudiera obtener su plaza en propiedad.

En tercer lugar, qué opinión tiene… Yo, particularmente, siempre he sido una persona defensora del concurso a oposición, porque creo que también al interino hay que darle su margen.
¿Qué opinión tiene de una de las novedades de esta ley, que el 50 % de las plazas se dediquen a oposición pura y dura?

Y en cuarto lugar, y como representante de la Federación de Servicios Públicos, si usted cree acertado que sea la conselleria de política lingüística quien diga el nivel y los puestos de los funcionarios a los que se les va a exigir y qué tipo de requisito de valenciano.

Estamos sacando la organización de la función pública valenciana, la estamos sacando y poniéndola en manos de la conselleria que digamos gestiona la política lingüística, cuando estamos hablando de administración pública.

Muchas gracias.

La senyora presidenta:

Gracias, señor Rovira.
Tiene ahora la palabra la portavoz del Grupo Socialista, señora Peris.
Cuando usted quiera, señora Peris.
¿Ha marcado que está presente?
Eso, pues ya, muy bien.
Cuando quiera (veus).
No, yo no he hecho nada.

La senyora Peris Cervera:

Gracias, presidenta.

Señora Montaner, muchísimas gracias, bienvenida a esta comisión.
Comparto lo que se ha dicho, que ha hecho una exposición extensa y también rigurosa del contenido de esta ley, lo cual se lo agradecemos.

Podrá usted comprobar que, frente a este texto legislativo, hay quienes consideran que este proyecto de ley, que todavía no está aprobado, ya nace viejo y antiguo y, por tanto, también defienden la plena vigencia de una ley de diez años, como es la ley del 2010.
Por lo tanto, lo que no se ha aprobado es viejo pero la ley del 2010 es plenamente vigente.

Yo comparto algunas de las críticas, desde mi grupo compartimos algunas de las críticas que se hacen sobre el proyecto del 2010 y también la necesidad de aprobar esta nueva norma.
Elevada fragmentación -de la que usted ha hablado-, la elevada temporalidad -con tasas inasumibles en la administración pública- y sobre todo el mérito no suficientemente valorado.

Y ese es un elemento que debería ser central y troncal de una función pública profesionalizada, moderna y, sobre todo, que garantiza la igualdad de oportunidades.
Y eso es lo que pretende esta ley.

También habrá comprobado que hay quién a esta ley le chirría mucho el avance hacia la igualdad de mujeres y hombres en la administración pública.
Después de la aprobación de la ley del 2007, prácticamente 13 años después que estemos todavía dudando si las acciones positivas son procedentes o no o si la participación equilibrada que contempla la Ley de igualdad y, por supuesto, avalada por el Tribunal Constitucional les genera algunas dudas significa que venimos de muy atrás.

Así que esta ley, señora Montaner, avanza de manera importante hacia la igualdad de mujeres y de hombres y nos parece muy importante.
¿Hay más mujeres en la función pública?
Sin duda.
¿Sabe por qué?
¿O sabemos por qué?
Porque cuando lo que se evalúa es el mérito y la capacidad en un sistema objetivo como es el del acceso a la función pública las mujeres no tienen ningún problema de acceso.

El problema las mujeres no lo tienen en el mérito y capacidad, sino en sistemas que no garantizan la objetividad.
Por eso es importante seguir avanzando en esa objetividad.
Y por eso hay más mujeres.
Y le voy a decir una cosa, señora Montaner, que a mi grupo nos produce enorme felicidad -felicidad…, alegría-.

Han comparecido dos representantes sindicales en esta comisión, de dos sindicatos de la función pública, el CSIF y, en este caso, la FSP.
Y habéis sido dos mujeres.
Lo cual también significa que en el ámbito sindical las mujeres también van avanzando.
Y eso es signo también de modernidad sindical.

Yo creo que algunas de las cosas que usted ha hablado de los retos que quedan pendientes sobre las profesiones emergentes o el teletrabajo me parece que compartimos también que podríamos darle una vuelta y articular…, no sé si es un capítulo, unos artículos…, algo que sea la percha general donde probablemente después vía reglamentaria o en el método que se considere se pueda desarrollar.

Y, por último, la apuesta que usted ha defendido del personal directivo público que también ha sido en algunos casos cuestionado o la agrupación profesional nos parecen elementos de modernidad y de avance hacia una función pública más profesionalizada que garantiza más la igualdad de oportunidades y donde vuelve al lugar -y con esto acabo, presidenta- de donde no debería haber salido nunca.

El acceso a la función pública debe ser a través de pruebas de selección.
Y esta ley vuelve a recuperar la oposición como el sistema prioritario de acceso a la función pública que en los últimos años se había perdido.
Y de ahí algunos de los problemas que tenemos.

Muchas gracias por sus aportaciones.

La senyora presidenta:

Gracias, señora Peris.
Bien, señora Montaner, tiene usted…, yo sé que es muy poco, tiene 4 minutos.
Haga usted lo que…

La senyora Montaner Soria:

Sí, muchísimas gracias a todos, señoras y señores diputados.

Bien, voy a tratar de contestar en la medida de lo posible.
Voy a empezar contestándole al representante de Vox y creo que también al representante del PP.
No consideramos que esta sea una ley obsoleta.
Todo lo contrario, pensamos que es una ley que requiere de algunas modificaciones pero que plenamente se pueden incorporar durante el trámite parlamentario, en las enmiendas.

Pensamos que es una ley muy oportuna, porque el problema es que ustedes se contradicen.
Por una parte, dicen que no, la pandemia ha demostrado que no puede darse cierta movilidad.
Pero precisamente lo que no permite la movilidad es la estructura de la Ley 10, absolutamente fragmentada en cuerpos y escalas.

El problema de los cuerpos y escalas es que a esos cuerpos y escalas los anexos de la ley ya les atribuyen unas funciones y de alguna manera se patrimonializan unas funciones por parte de esos cuerpos y escalas.

Por tanto después es un impedimento para la promoción del personal pero también para la gestión de los recursos humanos de la propia administración.
Por tanto, la ley esta va en el sentido contrario.
Apuesta por un sistema de puestos de trabajo y a esos puestos se les asignan unas funciones.
Y eso permite mucha más permeabilidad dentro del personal.

Por tanto, creemos que es un acierto cambiar de modelo, porque incluso la ley 10, dentro del desarrollo del estatuto básico que hay en otras comunidades autónomas, esta es la más fraccionada con mucha diferencia, incluso por quienes han apostado por la ley de cuerpos y escalas.

Respecto al valenciano.
Bueno, nosotros lo tenemos en mi organización el objeto claro.
Esto es una comunidad plurilingüe.
Por tanto, hay que garantizar el derecho de los valencianos y de las valencianas a relacionarse en valenciano con la administración.

Creemos que el texto de la ley es el adecuado, que tiene que ser el reglamento el que de alguna manera regule… -previa negociación con las organizaciones sindicales-, regule los niveles a acreditar.
Nosotros también pensamos que no hace falta que sean unos niveles muy altos.

En todo caso, hay que atender la realidad sociocultural de la propia comunidad, establecer unos mínimos y ya serán las relaciones de puestos de trabajos las que decidan qué nivel hay que exigir en cada uno de los puestos, en función de las funciones que tienen atribuidas y, sobre todo, garantizando la igualdad oportunidades, la prestación del servicio público y los derechos de los valencianos y de las valencianas a dirigirse a la administración en cualquiera de las dos lenguas cooficiales.

En cuanto al teletrabajo, bueno, nosotros pensamos que el teletrabajo…, hay un reglamento.
La pandemia ha demostrado que no es este el reglamento que necesitamos, porque no es lo mismo teletrabajar que realizar trabajo no presencial.

Nosotros pensamos que tiene que haber objetivos, que tiene que haber unos procedimientos y que tampoco todas las formas de teletrabajo son iguales.
Algunas pueden estar de alguna manera recomendadas por la administración y otras pueden someterse a medidas…, o de alguna manera solicitarse en base a objetivos de conciliación etcétera, de corresponsabilidad en el ámbito familiar etcétera.

Por tanto, del tema de medios habrá que ver.
Habrá que ver en qué modalidades…, pero bueno, entendemos que sí que no tiene que suponer un coste adicional para los trabajadores y para las trabajadoras que de alguna manera realicen el teletrabajo.

En cuanto al personal interino, vamos a ver… -y las oposiciones y concursos de oposiciones-, nosotros consideramos que la ley, como está, está bien, porque hay que dar oportunidad también a la gente de la calle.

Ahora bien, es verdad que existe una situación ahora mismo muy sangrante.
El personal interino y temporal de larga duración… en muchas ocasiones se ha producido un abuso por parte de las administraciones públicas valencianas.

En ese sentido, se ha pronunciado recientemente la sentencia del TJUE, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 19 de marzo.
Y ha dicho algunas cosas importantes -no voy a hablar de todas pero sí de alguna concreta-.
Ha dicho que los procesos tal y como están en estos mismos momentos no son suficientes de alguna manera para compensar el abuso de la temporalidad que se ha producido sobre determinado personal.

Nosotros entendemos que podría existir una solución -que no sé si es un concurso… creo que no, creemos que no-.
Podría darse una solución pero que, en todo caso, pasa por el gobierno central.
Va a haber una mesa de negociación pronto, va a haber una modificación del EBEP para que esto no se vuelva reproducir.

Y yo creo que esta ley va en este sentido, el 50 % de las plazas, o sea… Hay que evitar que esta situación de temporalidad se reproduzca y es un mal endémico.
Va a haber una mesa, pasará por una negociación y veremos en qué o hasta dónde se puede llegar.

Nosotros pensamos… Absolutamente de acuerdo con la portavoz del PSOE en que para entrar en la función pública tiene que ser mediante pruebas selectivas.
Es decir, no puede ser una conversión directa de plazas a través de… porque no sabemos exactamente en qué términos ha entrado el personal.

Pero sí que es cierto que se debe atender esta situación de excepcionalidad mediante alguna solución de carácter excepcional que pasa por el Gobierno España.
Por tanto no le vemos ningún problema a esta ley.

Totalmente de acuerdo con que la EVAP tiene que ser un organismo autónomo, yo misma lo he dicho, o sea que no le vemos ahí ningún problema.
No sé si me he dejado algo más, me queda un minuto (veus).
¡Ah!
, ¿me he pasado un minuto?
¡Ah!
, bueno, yo creo que he hablado de todo lo importante.

Respecto a la igualdad.
Bueno, yo creo que el tema está claro.
La movilidad interadministrativa es necesario.
Precisamente -y les insisto-, esta ley que aborda el tema de funciones y de puestos de trabajo permite la movilidad y para eso estamos una EVAP que controle los sistemas de selección y necesitamos una mesa autonómica en el que participe la administración local, precisamente para poder imbricar estos sistemas de movilidad interadministrativa que nosotros pensamos que son básicos.

Y nada más.
Muchísimas gracias por su atención.
Y a su disposición quedamos, quedo yo personalmente y la organización a la que represento.

La senyora presidenta:

Muchísimas gracias a usted por haber participado y formar parte de esta comisión.
Gracias.

Señorías, vamos a esperar un momento para recibir al siguiente ponente, porque los servicios de la casa tienen que limpiar (pausa).

Compareixença del senyor Vicent Maurí i Genovés

La senyora presidenta:

Señorías, vamos a continuar con la comisión.
Recibimos al siguiente ponente, el señor Vicente… Vicent Maurí Genovés, disculpe.
Representante de Intersindical Valenciana.
Bienvenido, señor Vicent.

Y voy a explicarle el funcionamiento.
Tiene usted 8 minutos para realizar su intervención.
Y después cada uno de los portavoces de los grupos parlamentarios se dirigirá a usted por 4 minutos.
Y luego podrá usted en 4 minutos contestar o finalizar su intervención como considere oportuno (veus).

Tiene usted que… Sí, no se preocupe.
Esperamos un poquito.
Cuando usted quiera, señor Maurí.

El senyor Maurí Genovés:

Bon dia.
Intersindical Valenciana és el sindicat majoritari del personal funcionari i estatutari de la Generalitat.
A més, és el sindicat més votat i el tercer en nombre de delegats i delegades entre el personal funcionari estatutari laboral.

Açò no ha impedit que se'ns deixe fora de la mesa general de negociació d'aquest personal per l'aplicació d'un sentència que fa una interpretació restrictiva del EBEP.
Aquesta situació hauria de servir per reflexionar sobre el sistema que determina la participació i la representativitat dels sindicats per garantir una veritable llibertat sindical que respecte el vot de les treballadores i els treballadors.

Nosaltres tenim 26.
000 vots i el segon sindicat té 13.
000 vots.
El segon està en la Mesa, nosaltres no.
I no només per reflexionar, també per actuar i canviar tota la normativa jurídica que permet aquesta situació.

També cal reflexionar sobre els òrgans de participació innecessaris que preveu la Llei de la funció pública valenciana.
La Comissió Intersectorial de l'Ocupació Pública de la Generalitat, la comissió d'estudi i debat per a la reversió dels serveis públics externalitzats o el fòrum de diàleg de les administracions públiques valencianes són òrgans innecessaris i que solapen competències d'altres òrgans que ja existeixen.

No obstant això, no s'aposta per la creació de la mesa sectorial d'universitats, que és molt necessària, o es limita la probabilitat sindical del Consell Assessor de la Funció Pública Valenciana, uns òrgans que la nova llei pretén consolidar per a afavorir el bisindicalisme i justificar les subvencions destinades a la participació institucional.

Per altra part, la situació actual, caracteritzada pels efectes de la pandèmia sanitària, ha posat en evidència la necessitat d'uns serveis públics de titularitat pública per garantir els drets de la ciutadania i acabar amb les desigualtats socials.
Nosaltres estem per unes administracions públiques i un sector públic potents, que tinguen una dotació de recursos i de plantilla suficients per garantir el seu bon funcionament.

Cal recordar que estem per sota de la mitjana espanyola i de la OCDE en nombre de persones que treballen al sector públic.
A més, en un moment de crisi com aquest, pot ser un (inintel·ligible) … per a la creació de llocs de treball.

La funció pública valenciana passa per una situació preocupant, després de 20 anys de govern del Partit Popular i per la paràlisi funcional en l'aplicació de mesures necessàries per a avançar envers una administració moderna i professional per al segle XXI.

La precarietat d'una part de la plantilla, les discriminacions de tot tipus, la paràlisi funcional esmentada o els efectes dels acords signats pel ministre Montoro i els sindicats UGT, Comissions Obreres i CSIF són algunes de les causes que han provocat també un empitjorament de les condicions laborals del personal que treballa.

Com a conseqüència d'aquests acords amb la dreta -quan governava Espanya-, el suposat rejoveniment de la plantilla pot tindre com a contrapartida la pèrdua d'una bona part de personal amb una experiència i un bon coneixement de l'administració pública valenciana.

Al País Valencià necessitàvem comptar amb una nova llei de la funció pública.
La Llei de la funció pública ha passat per la mesa general de negociació amb una postura tancada per part de la conselleria de justícia i administració públiques per modificar alguns aspectes més controvertits, com l'exigència de l'aprovació de proves dels processos selectius per a accedir a les bosses de treball, la opció prioritària de l'oposició enfront del concurs d'oposició, les ajudes per a les oposicions a determinades persones, la figura del directiu públic professional o el tractament del valencià.

Fins i tot el projecte presentat en les Corts conté modificacions respecte del negociat en la mesa general, (inintel·ligible) … algunes qüestions com la solució (inintel·ligible) … els conflictes o la competència lingüística.

També he de dir que la nova llei resol alguns problemes generats per l'anterior, en definir uns cossos generals i uns altres d'especials més reduïts i creant la figura de les agrupacions de llocs de treball, la qual cosa permetrà racionalitzar la gestió de la plantilla i simplificarà l'estructura dissenyada per l'anterior llei.

Un aspecte controvertit hem dit que són les ajudes econòmiques per a les persones amb bon expedient i pocs recursos.
No pensem que aquest siga el camí correcte per a garantir l'equitat i la igualtat.

Tampoc estem d'acord amb l'aposta de l'oposició enfront del concurs d'oposició, o la vinculació de l'aprovació de les oposicions per romandre en les bosses de treball, mesures inadequades per a la selecció del personal.

Tampoc estem d'acord amb la direcció pública professional.
Malgrat que està més definida, la considerem com una eina per a controlar i polititzar l'administració pública i establir portes giratòries que generaran conflictes d'interessos.
En les administracions públiques hi ha suficient personal funcionari preparat per a assumir totes les tasques que se'n deriven i, suposem, a introduir procediments de gestió privada en la funció pública.

També reivindiquem la limitació al màxim dels procediments de lliure designació i la necessària provisió de tots els llocs de treball per concursos per a garantir una administració professional al marge dels interessos partidistes i clientelars.

Compartim la creació de l'escola valenciana de l'administració pública.
Ho vam dir en el 2010 i no se'ns va fer cas.
Ara se rectifica i se'ns fa cas.

Per altra part, en la situació actual, enmig de la COVID-19 i recordant que el servei públic està prestat per moltes persones amb el treball a distància, veiem que en el projecte de llei es parla poc del teletreball.

Cal solventar aquesta mancança.
Com també caldria impulsar mesures per a millorar les condicions laborals del personal que hi treballa.
La reducció de la jornada laboral, la compactació del treball en quatre dies setmanals, la revisió dels aspectes sobre la conciliació laboral i personal.

Hem de dir que s'han aplegat moltes de les nostres esmenes en aquest àmbit, però era un àmbit prepandèmia.
La pandèmia ha canviat moltes coses.
I per tant, també cal canviar i millorar el text en este assumpte.
I també hem d'analitzar els riscos psicosocials.

Un assumpte que també hem de resoldre és el tema del personal interí.
La sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del 19 de març qüestiona la política del personal en les administracions públiques espanyoles.
I és per això que cal donar una resposta immediata a les persones afectades per garantir la seua fixesa.

També s'han d'acabar les moltes discriminacions que pateixen diferents col·lectius del personal.
Un assumpte que ens preocupa és que podem trobar-nos a les portes d'una fallida demogràfica pels efectes de l'envelliment de la plantilla i de la taxa de reposició que condiciona la política de personal de la Generalitat Valenciana, que ha de fer front a la situació amb un correcta planificació de les ofertes públiques d'ocupació a curt, mig i llarg termini.

Per a acabar -ja no me queda quasi temps-, direm que, en general, el resultat de la nova llei no deixa de ser un continuisme de les normes anteriors un tant decebedor.
Per tant, hauria de ser modificat des del nostre punt de vista en el tràmit parlamentari per donar solucions a la nova situació en la que ens trobem.

Nosaltres hem presentat per registre de les Corts una cinquantena d'esmenes.
Ho férem abans de la pandèmia.
Caldrà també revisar-les, segurament.
Però açò, junt amb l'anunci de la ministra de política territorial i funció pública de modificació de l'EBEP, pot ser una bona ocasió per a acabar amb una norma centralista i uniformitzadora com és l'EBEP que condiciona les polítiques (inintel·ligible) … valencià, millorar les condicions laborals i resoldre els problemes de personal, alguns dels quals són endèmics, garantir els drets de les valencianes i valencians, potenciar els serveis públics i donar d'un fort impuls a l'administració pública valenciana.

La senyora presidenta:

Moltes gràcies, senyor Maurí.
Es ahora el turno de los distintos grupos parlamentarios.
Tiene la palabra la señora Estefania Blanes durante 4 minutos por el grupo Unidas Podemos.
Cuando usted quiera, señora Blanes.

La senyora Blanes León:

Moltes gràcies, presidenta.
I moltíssimes gràcies, senyor Maurí, per les seues aportacions i sobretot per les esmenes que han presentat també.
Jo crec que ara caldrà estudiar-les amb deteniment i, com bé ha dit, és possible que inclús per part de la seua organització calga revisar.

Perquè, com venim comentant també durant aquestes compareixences, evidentment la situació que hem hagut de patir aquestos darrers mesos ens ha accelerat alguns dels processos que jo crec que tots teníem en ment i que consideràvem una necessitat posar en marxa però a dia de hui s'han accelerat.
I, com tota situació dolenta també té una oportunitat, pensem que ara és precisament eixa oportunitat.

Per tant, jo li preguntaria, sent molt coneixedor evidentment del sector públic i del que és la funció pública, de quina manera pensa que ha estat o no ha estat preparada l'administració precisament per al teletreball, que hem hagut d'organitzar de manera accelerada i un poc puntual però que entenem que ha per a quedar-se.
I de quina manera podria incloure's eixes modificacions o eixes…, bé, eixes millores que es pretenen a aquesta llei.

Nosaltres entenem que encara estem a temps, perquè el procés parlamentari està obert.
Com vosté ha dit, estan les esmenes per davant i entenem que hauria de ser un procés participat, tant per les organitzacions que ja han format part de la redacció de la pròpia llei com per totes aquelles persones i entitats que vullguen col·laborar.
Jo crec que totes han de ser escoltades i benvingudes les seues aportacions.

Després també en el tema de la mobilitat i del funcionariat, de quina manera pensa que es pot millorar aquesta llei per a donar eixa major mobilitat, atendre el que són les necessitats, tant siguen puntuals com en una normalitat o en esta nova normalitat.

I del tema de la temporalitat i l'envelliment, sabem que la quantitat d'interins que tenim a les nostres administracions és, evidentment, podríem dir que…, que fora del que serien uns paràmetres més o menys raonables i normals.
I això són conseqüències de polítiques de personal dolentes durant dècades.

Però, de quina manera abordem aquesta situació, eixa transició al passar al que és la prioritat i pràcticament l'exclusivitat del que serien el concurs d'oposició.
Però en este tràmit, de quina manera fem eixe trànsit?

I després també vosté ha comentat que entenc que no arreplega la llei tal com vostés van aportar en el tema del plurilingüisme.
De quina manera pensen que podria millorar-se?
Encara que veiem que és un pas important el que s'ha donat, que inclús encara es qüestiona.
Però…, bé, totes les millores i les aportacions que es puguen fer jo crec que cal escoltar-les i entendre quines són les seues posicions i les seues aportacions.

Simplement, agrair-li.
I que en aquest procés continuem treballant de manera conjunta.
Moltes gràcies.

La senyora presidenta:

Muchas gracias, señora Blanes.
Tiene ahora la palabra el portavoz del Grupo Vox, el señor Llanos.
Cuando usted quiera.

El senyor Llanos Pitarch:

Gracias.
Gracias, señora presidenta.
Buenos días, señor Maurí.
Gracias por su exposición.

Mire, usted tiene bastantes quejas sobre este proyecto de ley y yo también.
Mi grupo parlamentario también.
E incluso en muchos casos en los mismos temas.
Pero me da que las soluciones suyas y nuestras no irían por el mismo lado.
Pero lo que sí estamos diciendo los dos es que esta ley tiene muchos defectos.
Como mínimo, muchos defectos.

Usted nos planteaba una duda sobre el tema de las ayudas.
Yo le pregunto porque, efectivamente, esas ayudas a unos sectores, ¿cómo creen ustedes que tendrían que ser o creen ustedes que tendrían que darse esas ayudas de esa manera o no?

Usted hablaba del problema del concurso frente al concurso a oposición.
Hablaba de las bolsas de trabajo, hablaba de la situación del interinaje.
Claro, y ahí nos encontramos siempre con una dualidad.
Por una parte nos encontramos con el interino que lleva toda una vida o muchos años trabajando y que tiene una experiencia ya en el puesto de trabajo y nos encontramos también con que un tercio de los profesionales dentro de diez años se van a jubilar.

Entonces claro, también nos encontramos con un mercado de jóvenes que tienen que acceder también y que vienen para acceder a la función pública.
Entonces claro, ¿cómo compaginarían desde su sindicato, o de la Intersindical, cómo cree usted que se puede compaginar?

El 50 % parece que no está bien.
¿Cómo tendría que ser?
Porque claro, por otra parte también habría que entender que quien tiene una experiencia quizá la prueba selectiva la tendría que aprobar.
En teoría la tendría que aprobar.

Porque claro, los méritos esenciales para acceder a la función pública son el mérito y la capacidad.
¿Cómo podemos saltar eso con el concurso a oposición por encima de la selección por medio del modo concurso?
Quiero decir… no sé si me he explicado bien.
Es decir, aquí se conjuntan los que merecen seguir con los que merecen entrar.
Por tanto, el problema es bastante preocupante.

Hablaba usted de la escola valenciana de l'administració pública.
Tenga en cuenta que está planteado como organismo público y se le han dado… -se lo decía antes a la anterior compareciente-, se le dan unas potestades prácticamente hasta sancionadoras, hasta garantizar el cumplimiento de la igualdad -cosa que ya estaba garantizada no por la escola valenciana, sino por el artículo 14 de nuestra Constitución- como hasta para emitir informes -que entendemos que serían competencia como mucho del Consejo Jurídico Consultivo-.
Y claro esas funciones tan amplias de un organismo público nos asustan bastante.

Por otra parte insisto en que es una ley que… Cuando se dice que es una ley que nace anticuada, no quiere decirse que la del siglo pasado no lo fuera.
No.
Ni que la de hace diez años no lo fuera, como algunos dicen.
No.
Lo que quiere decirse es que si hay que modificar la anterior ya sea por modificaciones parciales o por una nueva ley desde luego lo que no puede ser la nueva es ya anticuada.

Y, evidentemente, en el tema de la movilidad, partiendo de esta situación catastrófica en la que nos hemos encontrado ahora, y el tema del teletrabajo no está para nada, para nada contemplado en este proyecto de ley.
También sobre eso le quería preguntar.
Muchas gracias.

La senyora presidenta:

Muchas gracias, señor Llanos.
Tiene la palabra la portavoz del Grupo Compromís.
Señora Torres, cuando usted quiera.

La senyora Torres Garcia:

Gràcies, presidenta.

Senyor Maurí, benvingut a les Corts Valencianes.

Gràcies per la seua aportació a la tramitació d'esta llei que comença a caminar ara en seu parlamentària i que, com ja he dit en altres ocasions, és l'assignatura pendent de la legislatura passada.
Esperem que en esta legislatura siguem capaços entre tots i totes d'aprovar -amb nota, si pot ser- esta norma, que és necessària perquè necessitem reestructurar la funció pública valenciana, vosté ho ha apuntat en la seua exposició.

Necessitem planificar, vosté també ho ha apuntat.
Planificar millor.
I necessitem, en definitiva, una llei adequada al segle XXI.

Ha parlat vosté de la pandèmia i dels seus efectes.
I, efectivament, la pandèmia ens ha posat davant dels ulls amb tota la cruesa les carències de la nostra funció pública.
Hem de ser realistes i hem de destacar les fortaleses però també hem de reconéixer les nostres febleses.

Ha revelat eixos problemes irresolts durant massa temps, als quals vosté també ha fet referència.
Em referisc -i a mi em preocupa especialment- a l'envelliment, a eixa mitjana d'edat de les nostres i dels nostres servidors públics, excessivament alta, i a la temporalitat.
Dos problemes que estan íntimament relacionats amb la taxa de reposició que ha impedit renovar i rejovenir el contingent de personal, en este cas de la funció pública valenciana.

M'agradaria, li agrairia, que ampliara vosté un poc més el posicionament d'Intersindical Valenciana en el cas dels interins, que està relacionat amb els dos temes que he apuntat.

¿Com pensen vostés que s'hauria de resoldre esta situació, que no és ni agradable ni bona per a ningú, ni per a la Generalitat ni per a les mateixes treballadores i treballadors?
I parle com a funcionària, que he sigut durant molts anys interina.

És també innegable -i siguem francs- que el projecte ha obviat una matèria que esta pandèmia també ens ha posat davant amb tota la seua envergadura i importància.
I una matèria que no està exempta de controvèrsia però que resulta també indefugible i és el teletreball.

Vosté també -lligant-ho amb això- ha manifestat, ha expressat la idoneïtat de regular la jornada setmanal, de fixar-la en quatre dies.
I m'agradaria saber com pensen vostés que es poden resoldre, que es poden harmonitzar estes noves realitats que estan ahí, no només en l'àmbit del sector públic, també en l'àmbit del sector privat…, ja el telebrall, doncs, ja se sol dir que ha vingut per a quedar-se.

M'agradaria saber com resoldre estes noves realitats amb l'objectiu primer de la funció pública -que no podem perdre de vista- i que no és un altre que el servei a la ciutadania.

Moltíssimes gràcies per la seua aportació a esta llei.
Gràcies, presidenta.

La senyora presidenta:

Muchas gracias, señora Torres.
Por Ciudadanos, el señor Fernández tiene la palabra.

El senyor Fernández Garcia:

Gracias, señora presidenta.
Don Vicente, encantado de que esté aquí.
Agradecerle su presencia y sus aportaciones.

Mire, ha dicho usted una serie de cuestiones en las que yo estoy plenamente de acuerdo.
Por ejemplo, la no regulación en el proyecto de ley del teletrabajo, de todo lo que nos ha enseñado, las lecciones que nos ha enseñado, en definitiva, la pandemia.
Incluso otras que creo que no ha mencionado, como la necesidad del expediente administrativo -que sea electrónico-, la posibilidad de acceso de los puestos ciudadanos desde su casa, etcétera.
Estas cuestiones.

Pero también otras que han apuntado antes otros compañeros como, por ejemplo, la necesidad de, en situaciones de excepcionalidad, poder mover funcionarios de una conselleria a otra si se necesita.

Yo le pregunto a usted, vamos a ver.
Todas estas cuestiones, ¿no cree que sería necesario devolver el texto para que se repensaran, para que se argumentaran bien y, en definitiva, para que se articulara un texto lógico?
Porque por la vía de enmienda, ¿no cree usted que es demasiado amplia esta materia como para regularla por la vía de enmienda?

Tendríamos que desarrollar todo un título o todo un capítulo, tendríamos que armonizar muchos artículos y, en definitiva, ¿no cree usted que el envejecimiento de la ley exige esa devolución?

Y luego quería plantearle una serie de cuestiones como, por ejemplo, mire, el artículo 78 del régimen del derecho a la protección del personal empleado público que denuncie irregularidades, las de carácter anónimo serán archivadas, dice el texto propuesto.
¿No cree usted que esto es fomentar todo lo contrario, el que los funcionarios no denuncien las irregularidades?

También quería lanzarle otras cuestiones, como la EVAP.
¿No cree usted que debería ser un organismo independiente y, por tanto, debería tener el carácter de organismo autónomo y no de dirección general para garantizar esa independencia?

Respecto a la provisión de puestos por el procedimiento de libre designación, jefaturas o servicios.
¿No cree usted que su utilización debería motivarse de manera individual, objetiva, adecuada y suficiente para cada uno de los supuestos?
¿Que se está abusando demasiado de esos procedimientos de libre designación?

Y, de cara al envejecimiento de la plantilla -que también usted lo ha apuntado-, ¿no cree que sería para abrir una vía de relevo generacional adecuado el posibilitar… -y posibilitar el acceso a la función pública está en franco retroceso en los últimos años, como usted también ha indicado-, que debería eliminarse la posibilidad de prolongación de la edad jubilación para aquellos funcionarios que tienen ya su carrera de cotización completa hecha?

Y por último.
Mire, el valenciano.
Ahí sé que no nos vamos a entender usted y yo.
Es inevitable.
Mire, su sindicato recientemente ha dicho que existe una… -al hilo de la reciente sentencia del Tribunal Supremo-, que existe una deriva autoritaria del poder judicial contra el autogobierno valenciano y que la sentencia del Tribunal Supremo atentan contra los derechos lingüísticos de los valencianoparlantes.

Yo le pregunto a usted, ¿qué pasa con los derechos de los no valencianoparlantes si se impone el requisito lingüístico para acceso sí o sí a la función pública?

Y, en ese sentido, piénselo usted desde una óptica.
Le pregunto yo a usted, ¿existe en la administración pública valenciana algún caso de discriminación actual a cualquier ciudadano que quiera emplear el valenciano en sus relaciones con la administración?
Que yo sepa no.
Si existe, dígamelo que yo mismo -mi grupo- lo denunciaré.

Y para finalizar ya -que me queda muy poquito-, piense usted también que en un mundo global si imponemos ese requisito lingüístico vamos a impedir que un gallego, que un vasco, que un aragonés, que cualquier español sea o no valencianoparlante, sea o no valenciano acceda a la función pública.

Y la realidad sociolingüística en nuestra comunidad es que, por ejemplo, en un reciente estudio los alumnos de la Universidad Politécnica de Valencia -aprovecho que usted es representante sindical de personal docente no universitario-, el setenta y dos y pico por ciento prefiere utilizar el castellano y prefiere que las clases de su formación se le den en castellano.

Muchas gracias.

La senyora presidenta:

Gracias, señor Fernández.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, el señor Rovira.
Cuando usted quiera.

El senyor Rovira Jover:

Ahora.
Repito, agradecer la presencia de Vicent Maurí, viejo amigo.

Bien, yo sí que quería preguntarle…, le voy a preguntar tres o cuatro cuestiones.

Una es… supongo que será usted conocedor, el Partido Popular ha anunciado una enmienda a la totalidad porque entendemos que sería bueno devolver este proyecto al gobierno para introducir todas las cuestiones relativas a una situación -y ya he dicho anteriormente- que no es culpa del Consell actual.

Es decir, no es culpa que este proyecto de ley no recoja -porque se elaboró unos meses antes-, no recoja una novedad que hemos tenido ahora que se llama una crisis sanitaria que provoca que la administración digamos sufra.
Sufra.
Y se necesita articular medidas en la ley que regulen esta cuestión, como puede ser el teletrabajo, como puede ser el que provisionalmente se puedan asignar incluso funciones distintas a las que un funcionario realiza por necesidades ante una emergencia sanitaria como la que hemos vivido.

Bien.
Yo sé que ustedes en sus sindicatos son favorables a que se haga alguna medida extraordinaria tipo concurso para solucionar el problema de los interinos.
Pero no está de más recordar que, indudablemente, este problema se ha generado en los gobiernos del Partido Popular.
Pero el Botànic lleva cinco años trabajando.
Cinco años.
Cinco años.

Yo le recuerdo que le conocí cuando yo estaba en educación.
Yo estuve cinco años en educación.
Yo creo que sacamos más de diez mil plazas en esos años.
Más de diez mil plazas.
¿Cuántas ha sacado el Botànic en estos cinco años que llevan en el Gobierno?
Cinco años en el gobierno.

Y el problema de los interinos se agrava.
Agrava el problema de los interinos.
El Botànic.
Cinco años, repito, cinco años.
Primero PSOE y Compromís.
Ahora PSOE, Compromís, Podemos, Izquierda Unida… no lo sé, pero bueno.
Cinco años gobernando.
Cinco años.
Bien.

Bien.
Y por último sí que preguntarle si usted considera… Yo sé que su sindicato es mayoritariamente…, bueno, unánimemente partidario del requisito lingüístico.
Pero si considera usted que habría algún tipo de puestos de trabajo en esta administración pública valenciana a los cuales cabría excepcionarles de ese requisito.
Estoy hablando…, no sé, igual un cirujano cardíaco o un neurocirujano… No lo sé.
Digo si usted considera que a lo mejor alguna tipología de puestos de trabajo podría ser excepcionada del requisito lingüístico.

Muchas gracias.

La senyora presidenta:

Gracias, señor Rovira.
Para finalizar tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, el señor Blanch.
Cuando usted quiera.

El senyor Blanch Marín:

Moltíssimes gràcies, senyora presidenta.
Senyor Maurí, volíem donar-li com a representant d'Intersindical la més cordial benvinguda per part del Grup Socialista a estes corts.

Manifestar-li que hem seguit amb atenció les reflexions que ha fet sobre diversos aspectes del projecte de llei de funció pública valenciana.

No s'ha d'oblidar que va ser una comissió d'experts que allà per el 2016 va analitzar les carències, va fer el diagnòstic en aspectes a millorar de la funció pública valenciana.

I ara hem de fer el consegüent pas de participació pública per tal que els diversos actors públics ens aporten les seues propostes, sensacions, punts de vista i realitats viscudes per a que la nova llei siga la veritable ferramenta que arribe a l'objectiu de dotar major eficàcia i eficiència als serveis públics.

Bé, rejovenir el capital humà de l'administració és important, aconseguir l'estabilitat de les plantilles i millorar les opcions d'accés a la funció pública.
I, en eixe sentit, esta llei tracta d'anar cap a una simplificació d'eixe complex i excessiu ventall de cossos i escales en els que hem convertit la funció pública.

Som ben conscients de l'oxidació evident de la maquinària de l'administració pública valenciana heretada pel Botànic, per a que siga necessària aprovar una norma com aquesta, que puga donar nova espenta i pujar un escaló més cap a la modernització, l'eficàcia i l'eficiència de la nostra estructura.

Eixa norma ha comptat amb un acceptable consens sindical per a posar-se en marxa, tot i la realitat que ha comentat el senyor Maurí al sindicat que representa.
És evident que fem la reflexió oportuna i hem de continuar treballant per poder donar encaix a eixe plantejament de conformitat a la filosofia, criteris i principis que impregnen este present projecte.

Entorn al requisit lingüístic, volia preguntar-li sobre la opinió que té de l'informe del Consell Jurídic Consultiu que va provocar eixe canvi entre l'avantprojecte i el projecte de l'actual redacció i quin és el criteri que, al seu judici -en virtut d'eixe informe-, havíem d' haver seguit per a l'actual redacció.

En segon lloc, en quant a les referències fetes sobre la nova realitat derivada de la COVID -ja ho han fet els nostres companys-, és evident que la nova realitat del teletreball genera una necessitat d'adaptació que, per part d'este grup, optem per que siga una adaptació via esmena d'aquesta matèria per a que la llei arribe ben actualitzada a la ciutadania.

Però sí que mos agradaria que ens explicara un poc -com han fet els altres companys- quins són eixos generals en torn als quals hauríem d' aportar o fer eixos plantejaments.

També ha parlat vosté del tema de la lluita contra la temporalitat en l'administració pública.
Hi ha moltes opcions.
Jo crec que cada un dels partits tenim un posicionament.
Però sí que mos agradaria que Intersindical mos donara les claus en torn a quines serien eixes fórmules diferents, possiblement -tal qual ha manifestat per certa discrepància-, del que està al text per lluitar contra la temporalitat.

En definitiva, senyor Maurí, apart d'eixes consideracions no podem sinó reiterar-li el nostre agraïment i que la Intersindical forme part de manera clara d'aquesta obra col·lectiva que ha de ser la Llei de la funció pública valenciana.

Moltíssimes gràcies, senyora presidenta.

La senyora presidenta:

Muchas gracias, señor Blanch.
Señor Maurí, tiene usted ahora 4 minutos para poder… Bueno, sé que es poco.
Cuando usted quiera, gracias.

El senyor Maurí Genovés:

Comence?
Bé, sobre el tema de la llei.
Nosaltres hem tingut eixe debat que se planteja per part dels parlamentaris.
I pensem que el que caldria és continuar endavant.
No parar-la.
Continuar endavant amb les esmenes necessàries per a que la llei no se quede obsoleta abans s'aprove.

Per tant, des d'eixe punt de vista pense que el mal menor tal vegada siga continuar.
Perquè parar-la suposaria que igual s'acabara la legislatura sense una nova llei la funció pública que, com vosté ha dit… -no recorde quin de vostés ho han dit-, era un compromís de la legislatura passada, segons l'acord de legislatura que firmàrem els sindicats i la Generalitat Valenciana.

Per tant, des d'eixe punt de vista sembla que el millor seria introduir molts aspectes que no preveu la llei -per raons òbvies.

Sobre el tema de l'interinatge, nosaltres el que demanem és aplicar la disposició transitòria quarta i l'article 61.
6 de l'EBEP.
I amb això considerem que podríem atacar el problema de la temporalitat d'una forma clara.

A més, som conscients que el govern valencià hauria de tindre la capacitat per a dissenyar la seua política de personal pròpia i no estar condicionat pel govern espanyol de torn amb les diferents normes que regulen bé les taxes de reposicions o altres normes que condicionen molt el que se puguen fer unes polítiques de personal per a tindre una administració pública potent en el País Valencià.

Sobre el tema del valencià, nosaltres pensem que l'article… hem fet diverses esmenes.
Una a l'article 62.
1, per la qual pensem que s'ha de concretar els nivells de coneixements de valencià de cada grup de la Generalitat Valenciana.

I per la pregunta del senyor Rovira, al qual conec des de fa molts anys… I que ell podria parlar de les imposicions de valencià, perquè ell ha sigut director general de personal i ha firmat moltes oposicions en les quals estava el requisit lingüístic.
I ha anat bé en la funció pública.
No ha sigut cap imposició.
Era un sarcasme.

Bé, no te dic que en la sanitat poden haver excepcionalitats justificades i motivades.
Poden haver.
I en l'esmena que hem fet… Però eixa esmena és un acord que firmaren UGT, Comissions Obrers i la Intersindical en la Nau fa tres o quatre anys o uns quants anys.

Per tant, sí que pensem que poden haver excepcionalitats.
I en l'esmena que hem presentat s'arreplega.
Però preferiríem que la llei replegara quins són els nivells mínims de valencià que ha de tindre cada grup a deixar-ho a un reglament posterior, que pensem que no és útil i que el que fa és dilatar més els processos que poden haver.

Nosaltres el que apostem és per la igualtat lingüística de les dos llengües oficials al País Valencià.
I la igualtat lingüística passa per conéixer que el valencià és la llengua minoritzada.
I, des d'eixe punt de vista, cal que tinga una discriminació positiva en l'administració pública i en tots els àmbits de la societat valenciana.
Per tant, en eixa línia treballem.

I per això també demanem -i farem una esmena que presentarem als grups parlamentaris- que els primers articles del Decret d'usos lingüístics també s'incorporen a la llei per a garantir que a l'administració pública valenciana el valencià siga una llengua d'ús normal.

A nosaltres ens arriben molts documents de l'administració pública valenciana en castellà.
No ens arriben en valencià.
Ens arriben en castellà molts.
Moltíssims.
Demanem que ens arriben en les dos llengües oficials.
I no ens arriben.
Per tant, hi ha discriminacions encara en estes qüestions.

Sobre el tema del rejoveniment i interinatge ja ho he dit.
Sobre el tema de la gent amb bon expedient acadèmic i amb pocs recursos pensem que l'escola valenciana pot ser el mecanisme pel qual la gent que tinga pocs recursos se puga preparar les oposicions.
Però no lligat a un bon expedient acadèmic.
Eixe no és el però.
El però és que nosaltres pensem que s'ha de discriminar positivament a la gent que no té recursos.
Però no perquè tinga un bon expedient acadèmic.
Pot tindre un pitjor expedient acadèmic però també se l'hauria d'ajudar a que ingressara a la funció pública valenciana.
I és una esmena que férem en eixe moment.

I també voldria dir una qüestió que se m'ha passat abans, que és sobre el tema de la resolució extrajudicial de conflictes.
Pensem que la solució que s'ha adoptat via esmena d'un altre sindicat -que s'ha acceptat- impedirà que hi haja una resolució extrajudicial de conflictes.
Com toca.

Perquè la mesa general de negociació no pot convertir-se en un mecanisme de resolució de conflictes de la negociació col·lectiva.
No pot ser el Gran hermano de la negociació col·lectiva.
I per tant, s'ha de canviar.
És una esmena d'un sindicat que, justament, no estan a unes meses pels vots dels treballadors.
Estan a unes meses per la gracia de la Llei orgànica de llibertat sindical, i vol condicionar la negociació col·lectiva a través d'esta modificació que s'ha fet a última hora fora dels marcs negociadors.

Podria dir moltes més coses, però no… és possible.

La senyora presidenta:

Sí, muchas gracias de todas maneras.
Muchísimas gracias por sus aportaciones y por haber formado parte de esta comisión y haber participado.
Y bueno, agradecidos también por sus enmiendas que, desde luego, las (inintel·ligible) … Muchas gracias.

Compareixença del senyor César Mateu i Beltrán

La senyora presidenta:

Vamos a dar entrada la siguiente… (veus)

Señorías.
Bueno, creo que falta -sí, aquí-, el Grupo Popular.
(Veus)

Bienvenido, señor César Mateu.
Está usted aquí para comparecer como profesional de la función pública valenciana, especialista en planificación lingüística.

En el funcionamiento de la comisión, le voy a explicar que tiene 8 minutos para hacer su primera exposición y luego por parte de cada uno de los portavoces de los grupos parlamentarios se dirigirán a usted por 4 minutos.
Y luego tiene usted 4 minutos para poder contestar de manera global o hacer un resumen de lo que usted considere.
Así que cuando usted quiera le da aquí (veus).
No, al de abajo (veus) de la derecha.
Ahí.
Puede usted comenzar.
Gracias.

El senyor Mateu i Beltran:

Gràcies.
Bon dia, senyores diputades, senyors diputats, senyora presidenta de la comissió.
Gràcies per haver-me admés com a compareixent.

Com hauran pogut comprovar, la meua experiència en l'administració pública s'emmarca, d'una banda, en l'administració de l'estat, i d'una altra, en l'administració local, concretament en el Servei de Dinamització Lingüística de l'Ajuntament d'Almassora.

Així, em centraré en els aspectes relatius a la capacitació lingüística del personal al qual fa referència el projecte de llei.
Ja s'han tractat determinats aspectes referits a la capacitació lingüística, com els articles 42, 48, 62 etcètera, entre altres.

No m'estendré, per tant, en l'adequació de la capacitació a la legislació vigent, tot i que sí que em permetré recordar que l'article tercer de la Constitució, a més d'indicar el deure de conéixer el castellà, afirma que usar-lo és un dret, no una obligació.
Un dret que, per qualsevol circumstància, la ciutadania pot exercir o no.

A més, el mateix article de la Constitució indica que les altres llengües d'Espanya com el valencià són també oficials en les respectives comunitats autònomes, d'acord amb els seus estatuts.

Finalment, aquest article tercer afirma que la riquesa de les modernitats lingüístiques d'Espanya és un patrimoni cultural objecte d'especial respecte i protecció.
Així, els ciutadans poden dirigir-se a l'administració en una llengua oficial en el seu territori.
I és obligació de l'administració tramitar l'expedient en aquesta llengua.

És per tant un manament constitucional directe mantindre un especial respecte cap a les altres llengües oficials.
I és també una obligació de l'administració pública i, en concret, del conjunt de treballadors públics, respectar el dret de la ciutadania a usar o no usar el castellà.
L'administració ha d'adaptar el procediment a la ciutadania i no a l'inrevés.

Cal preservar la llibertat dels ciutadans també en matèria lingüística i la millor manera de fer-ho és, com en altres aspectes de la selecció del personal, d'acord amb l'ordenament jurídic i preveient la selecció de treballadors públics degudament capacitats per als llocs de treball també pel que fa a les llengües oficials.

Una qüestió tècnica com aquesta -seleccionar el personal degudament capacitat per a atendre a la ciutadania, també pel que fa als seus drets lingüístics- necessita òbviament la voluntat política.
La mateixa voluntat política que es va necessitar per a estendre el dret al vot a tota la ciutadania o per a establir la igualtat jurídica entre homes i dones.

No perdem la perspectiva.
Tota l'activitat institucional -de vegades també la inactivitat- sempre és conseqüència de les decisions polítiques.
Hem de tindre sempre present que l'objectiu d'atendre la ciutadania en la llengua que ho sol·licite deriva directament de l'ordenament jurídic i no és cap capritx o una situació anòmala en el procediment administratiu.

Les administracions han de respectar escrupolosament els drets dels ciutadans.
Els treballadors públics han de posseir un coneixement lingüístic simètric -tant de valencià com de castellà- adequat, evidentment, a les funcions que han d'exercir.

El Marc europeu comú de referència per a les llengües és l'eina que ens permet mesurar aquestes capacitats.
És una part essencial del projecte del Consell d'Europa i unifica directrius per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de les llengües.
El marc descriu de manera exhaustiva els coneixements i les habilitats que han de desenvolupar els usuaris d'una llengua per a ser capaços d'actuar de manera efectiva.

Els nivells comuns de referència que estableix el marc representen una escala global, normalitzada que concreta els coneixements i les habilitats lingüístiques.
Són els coneguts nivells de les escoles oficials d'idiomes, als quals s'han adaptat els títols de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
A1, A2, l'antic oral.
B1, l'antic elemental.
B2, C1, l'antic mitjà.
I C2, l'antic superior.

Els tècnics lingüístics de l'àmbit municipal, com a personal amb formació universitària i capacitats professionals han elaborat informes sobre els nivells i les necessitats lingüístiques per a municipis tan diversos com Burjassot, Montserrat o Silla.
Uns informes que han servit per a aprovar el perfil lingüístic en les respectives relacions de llocs de treball.

Actualment, l'adaptació dels nivells de la junta al marc europeu permet ajustar encara més el nivell dels treballadors públics com a usuaris de la llengua a les necessitats dels llocs de treball.

Així, per exemple, el nivell B1 considera els usuaris de la llengua com a independents.
Poden comprendre les idees principals d'una informació, produir un discurs senzill i coherent sobre temes coneguts i donar explicacions de manera breu.

Podem considerar adequat el nivell B1 per al personal que habitualment es comunica de forma oral amb la ciutadania i que només realitza escrits molt limitats en extensió i contingut de qualitat acceptable.
En l'administració local podria correspondre a subalterns, notificadors, ajudants d'obres etcètera.

El nivell B2 considera els usuaris de la llengua també com a independents però amb capacitat per a comprendre textos més complexos sobre temes abstractes.
Poden produir textos llargs i detallats i expressar els avantatges i els inconvenients de diverses opcions.

Podem considerar que el nivell B2 és adequat per al personal que produeix escrits continus, clars i intel·ligibles amb una ortografia i puntuació relativament correctes.
En l'administració local podria correspondre, per exemple, als auxiliars administratius.

Podem comentar també les capacitats i exigències lingüístiques d'un nivell C1 -l'antic mitjà- i indicar els llocs de treball corresponents, però no m'estendré més en aquests aspectes que, com ja hauran pogut comprovar, són molt diferents entre les diverses administracions a les quals afectarà el projecte de llei.
Crec que resulta evident que el nivell de concreció justifica àmpliament el recurs al desplegament reglamentari suggerit per l'article 62.
g del projecte de llei.

Vull referir-me també a les especificacions de l'annex 1 del projecte de llei pel que fa al cos de traducció i interpretació lingüística i a la tècnica facultativa en promoció lingüística.
L'annex 1 especifica com a requisit un certificat administratiu C2 de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

Per contra, en el mateix annex 1 i per a altres cossos s'exigeixen titulacions universitàries que habiliten professionalment.
De fet, en l'actual llei -la vigent en este moment- el requisit consisteix en diverses titulacions universitàries de l'àmbit de la filologia.

Els tècnics lingüístics per a realitzar les nostres tasques d'assessorament i correcció lingüística en el context del valencià requerim una sèrie de competències professionals com l'anàlisi crítica de textos, productes i pràctiques culturals en valencià i en altres llengües.
Requerim també la capacitat de detecció i gestió de situacions de conflicte lingüístic, el coneixement de models i tècniques de planificació lingüística, a més de recursos i aplicacions informàtiques específiques de l'àrea de la lingüística aplicada entre altres molts més.

Unes competències professionals que corresponen a les titulacions de llicenciatures i graus que han continuat la llavor plantada pel mestre Manuel Sanchis Guarner iniciada el curs 1979-1980 i inaugurada amb la llicenciatura dels alumnes de la secció de filologia valenciana de l'antiga llicenciatura de filologia hispànica allà pel curs 1982-1983.

Només estos estudis universitaris proporcionen l'habilitació professional adequada i no un certificat administratiu que tan sols acredita el nivell assolit com a usuari d'una llengua.

Finalment, vull agrair-los el temps que han dedicat a escoltar els meus arguments, sobretot pel que fa al treball de les tècniques i els tècnics lingüístics de l'àmbit municipal, unes persones que, en la majoria dels casos des de departaments unipersonals i amb un reconeixement institucional limitat realitzen un treball fonamental per a la normalització lingüística.

Moltes gràcies.

La senyora presidenta:

Bien.
Muchas gracias.
Ahora es el turno de los señores diputados.
Tiene la palabra la portavoz del grupo Unidas Podemos, señora Blanes.
¡Ay!
, no, disculpe, señora Blanes.
Cuando usted quiera.

La senyora Blanes León:

Moltes gràcies, senyora presidenta.
I, sobretot, moltíssimes gràcies, senyor Mateu, perquè… Jo podria dir que moltes gràcies i apagar el micròfon perquè jo crec que l'exposició que ens ha fet és totalment aclaridora i ens dóna una visió molt tècnica però molt detallada de tot allò del que es pretén precisament amb el tema del requisit lingüístic i que jo crec que, amb les seues paraules, ha quedat totalment justificada la necessitat, precisament.

Perquè clar que tots entenem que la comunicació ha de ser l'únic dels objectius que ha de tindre aquesta llei, aquest requisit, però l'única manera que tenim de demostrar-la precisament és amb la titulació, evidentment.

Tots hem vist i som conscient d'aquells currículums en els que posava nivel medio sense tindre cap capacitació.
I això està molt bé per al dia a dia però l'única manera que una administració pública puga garantir realment eixa comunicació en la llengua que els usuaris vullguen utilitzar precisament és amb la demostració mitjançant la titulació.

I, com bé diu, les categories aniran d'acord amb el lloc que haja d'ocupar i amb aquelles responsabilitats o en aquell nivell que se li exigisca de comunicació, siga oral o escrita.

Després -perquè ho hem escoltat també en aquesta comissió- es parla de si realment és necessari que… Es considera que no existeix aquesta discriminació.
Les que som valencianoparlants jo crec que totes en algun moment hem patit alguna vegada eixa discriminació… una, del no ser atesos en valencià, que això ens ocorre moltíssimes vegades i fins al punt de la recriminació o la reprovació per fer ús de la nostra llengua.

Per tant, jo crec que és, evidentment, necessària aquesta llei, aquest requisit lingüístic.
I després també acabem d'escoltar quines excepcionalitats podrien ser i si per exemple un cirurgià cardiovascular o un neurocirurgià és necessari que tinga eixos coneixements.

Jo crec en una situació tan complicada de salut o de… personal m'agradaria evidentment poder-me comunicar amb un professional en la meua llengua, perquè què més necessari que tindre eixa comunicació fluïda que en una situació tan complicada o tan delicada com puga ser una operació greu.

Per tant, moltes gràcies.
Li ho agraïsc perquè crec que ha fet una exposició molt tècnica però molt clara i fàcilment entendible.
I ahí està eixa necessitat.
El fàcil que és comunicar-se quan les persones són capaços d'entendre's en la seua llengua.

Moltes gràcies.

La senyora presidenta:

Muchas gracias, señora Blanes.
Tiene la palabra ahora el portavoz del Grupo Vox.
Señor Llanos, cuando usted quiera.

El senyor Llanos Pitarch:

Gracias, señora presidenta.

Buenos días, señor Mateu.
Gracias por su comparecencia.
Mire, su intervención ha sido muy puntual.
Resulta lógico, que es lo que le interesa a usted especialmente.
Por tanto, perfecto que su comparecencia vaya por ese camino.
Pero era… la interpretación que ha hecho de la Constitución ha sido para nota.
O sea, ha sido alucinante.

Vamos a ver, el artículo 3.
1: «El castellano es la lengua española oficial del estado, todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla».
Lo que dice, porque es lo que dice, no cabe interpretación.
Es que todos la tienen que conocer.
Que sí, que pueden no usarla luego pero si van a la administración o adonde vayan el de la administración también tiene el deber de conocerla, entenderle y contestarle.

Por tanto, por ahí no hay ningún problema ni desde luego garantiza ni la discriminación positiva ni el acabar con una de nuestras lenguas en favor de otra ni ningún requisito lingüístico.

Es más, yo creo que el mejor intérprete de la Constitución será el Tribunal Constitucional -entiendo yo-.
Y el Tribunal Constitucional en el 2012 nos dejó muy claro que el requisito lingüístico no puede ser una exigencia.
Sólo puede ser un mérito.
Lo dejó bien claro.
No en el 1990, no, no, no.
En el 2012.
Lo dijo bastante claro.

Por tanto, efectivamente este proyecto de ley nace -bueno, por decirlo de alguna manera lo de «nace»-, nace absolutamente viciado.
Y desde luego viciado de inconstitucionalidad precisamente en el tema que a usted le interesa especialmente.

Pero, ¿sabe qué pasa o qué entendemos desde mi Grupo Parlamentario Vox?
Entendemos que, ¿cómo se puede compadecer el mérito, la igualdad y la capacidad con la exigencia de un requisito lingüístico dentro de la nación española que es inconstitucional y para el acceso a la función pública?
¿Sabe cómo se compadece?
De ninguna manera.

Lo que ocurre es que entendemos que es una cuestión absolutamente política.
Porque verá, ese problema no existe.
Yo soy de aquí.
Soy de la Comunidad Valenciana.
Mi pueblo es de valencianoparlantes, yo lo soy.
Y no hemos tenido nunca, nunca, ningún problema.

Y yo espero que otros no tengan nunca que someterse a una operación grave, pero si se tiene que someter tendrá que ser en la Comunidad Valenciana, porque si no piensan hablar de otra manera, evidentemente lo tienen complicado.

Mire, lo que parece claro es que es una cuestión absolutamente política.
Yo no le voy a preguntar cuál es su adscripción política, pero estoy seguro de que está bastante alejada de la mía y bastante cercana a la del Botànic.

Por tanto, hacer de la lengua… -y es triste, para un universitario como yo, especialmente-, hacer de la lengua confrontación, división e imposición nos parece una barbaridad.
Muchas gracias.

La senyora presidenta:

Gracias, señor Llanos.
Tiene la palabra la portavoz del Grupo Compromís.
Señora Torres, cuando usted quiera.

La senyora Torres Garcia:

Gràcies, presidenta.

Senyor Mateu, benvingut a les Corts Valencianes.
El realment meritori és que per primera vegada es tinga en compte l'opinió dels tècnics experts en qüestions lingüístiques, una cosa que no havia passat en les anteriors lleis de funció pública.
Això és el realment meritori.

Perquè ací tot el món té una opinió.
I una opinió la pot tindre qualsevol sobre qualsevol matèria.
Però clar, intentar voler fer passar opinions per… -què diré?
- opinions més expertes.
Bé, això ja és una altra cosa, val?

Estic contenta que estiga ací.
I estic contenta també perquè és vosté la veu de les treballadores i treballadors públics de l'àmbit local, que és també d'on vinc jo.
I estic contenta perquè clar, vosté representa… és la primera línia de batalla del servei públic a la ciutadania, en definitiva.
Jo crec que els qui treballem en els ajuntaments coneixem molt bé quines són les preocupacions de les persones del carrer.

El felicite per l'exposició que ha fet.
Estava preocupada per si els no experts es podien perdre, però la companya de Unidas Podemos ho ha deixat ben clar.
Que ha sigut una exposició totalment intel·ligible.

I és important remarcar què és la competència lingüística.
És important remarcar quina incidència té eixa competència lingüística en els llocs de treball públics, perquè eixa competència lingüística des del punt de vista tècnic, el que fa és completar la competència professional que és, en definitiva, del que parla esta llei.
Com millorem les competències professionals de les servidores i servidors públics per a oferir el millor servei a la ciutadania valenciana del segle XXI.

Alguns discursos sobre requisits lingüístics als temes que vosté i jo hem estudiat com a estudiants de filologia, d'història de la llengua, segle XIX.
Ni tan sols el XX.
Segle XIX.

I bé.
I també m'agradaria ressenyar que…, no sé, eixa súper preocupació per l'exigència d'uns coneixements que la majoria de la població té.
És que ací estem parlant com si acabàrem de repoblar el planeta Mart.
No.
Ací el 92,7 % del personal al servei de l'administració de la Generalitat acredita coneixements lingüístics amb un certificat.
El 92,7 %.
Vale?
Perdó, el 92,7 % acredita haver fet cursos de valencià.
I el 87,4 % acredita coneixements de valencià.
Unes xifres que jo crec que no són gens menyspreables.

De què estem parlant aleshores?
El nostre personal està preparat en moltes qüestions.
També en competències lingüístiques.
I després clar que cal invocar la Constitució, faltaria més.
És la nostra carta magna.
Però no se'n recorden mai d'invocar la Carta europea sobre les llengües regionals o minoritàries, que també forma part de l'ordenament jurídic espanyol i que diu que en els territoris on hi haja dos llengües oficials els poders públics no és que han de vetllar perquè s'utilitzen les dos en igualtat de condicions, sinó que han de garantir eixe ús equitatiu.
I eixa és la nostra faena ací, entre moltes altres coses.

I jo li agraïsc que vosté ens haja fet eixa explicació tècnica tan necessària sobre un aspecte controvertit quan resulta que és un dels molts aspectes que aborda la Llei de funció pública, que el que vol és tendir a una modernització necessària de la legislació per a què l'organització de la Generalitat estiga a on ha d'estar, en el segle XXI i al servei de les persones.

Gràcies, senyor Mateu.
Gràcies, presidenta.

La senyora presidenta:

Gracias, señora Torres.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Ciudadanos, el señor Fernández.

El senyor Fernández Garcia:

Buenos días.
Gracias, presidenta.
Buenos días, don César.
Agradecerle su presencia aquí.

Mire, usted y nosotros estamos en las antípodas ideológicas respecto a la imposición del requisito lingüístico.
También estoy en la antípoda ideológica del representante de Vox, pero mire, yo no puedo estar sino plenamente de acuerdo en todo lo que ha dicho sobre el requisito lingüístico y la interpretación del Tribunal Constitucional.

Mire, los artículos de la Constitución… el artículo 14, el 23, el 3… El 3 impone por ejemplo que «el castellano es la lengua española oficial del Estado, teniendo todos los españoles el deber de conocerla y el derecho de usarla».

Esto no significa excluir al valenciano.
Pero no se le puede nunca admitir la exclusión de ciudadanos como consecuencia de no hablar la lengua valenciana para acceder al ejercicio de la función pública.
Porque exigir este requisito lingüístico sería un supuesto claro de discriminación y de inconstitucionalidad, de imposición lingüística.

Mire, usted es profesor de la UJI.
Y, además, es o ha sido responsable -tengo entendido- del Servicio de Dinamización Lingüística del Ayuntamiento de Almassora.

Según un estudio reciente de su universidad -que también estuvo realizado con la Pompeu Fabra de Barcelona-, se ha llegado a decir que respecto al bilingüismo necesario es que son los bilingües más rápidos y eficientes en las funciones ejecutivas del lenguaje.

Vamos a ver.
Mire, yo como liberal esto a mí me suena francamente mal, no le voy a hablar de nacionalsocialismo, pero casi.
Me va usted a permitir que le diga.

¿No se les ha ocurrido pensar que fomentar el bilingüismo, por ejemplo, para ese bilingüismo redentor de cerebros, no sería mejor fomentar el bilingüismo del castellano con el inglés o con el chino, que para los alumnos de la UJI y de las demás universidades les va a servir más para encontrar un trabajo en un mundo global como el que vivimos?

Mire, respecto al requisito lingüístico.
¿Ustedes no se dan cuenta de que no responde a las… ni siquiera a la realidad social de la Comunidad Valenciana?
Mire, los alumnos de la Universidad Politécnica de Valencia -y creo que en la UJI pasa otro tanto igual- el 72,32 % de los alumnos ha declarado que prefiere recibir las clases en castellano.

¿No cree usted que imponer ese requisito lingüístico en una función pública que tenemos muy envejecida con unas plantillas muy disminuidas no cree usted que es vetar precisamente el que un ciudadano de otra parte de España, cualquier joven con talento de otra parte de España no pueda acceder a la función pública?

Pero no ya de otra parte España.
Es que estamos olvidando que en nuestra comunidad hay territorios castellanoparlantes.
Y muchos ciudadanos de los territorios donde sí hablamos valenciano que no conocen el valenciano.
¿Se va a vetar el acceso a la función pública valenciana de un montón de talento por ese motivo?
Por ejemplo, médicos, cirujanos.
¿Importa realmente la lengua que hablen?

Mire, yo le pregunto a usted, como experto lingüista, ¿existe este problema en la sociedad valenciana hoy en día?
¿Existe en la función pública la discriminación por el valenciano?
Yo creo que los tribunales han ido perfilando el requisito lingüístico del servicio.
Yo creo que todos los valencianos pueden acceder a la función pública a relacionarse con la administración en lengua valenciana si lo quieren.
La administración está preparada para ello.
Ese requisito bilingüista se le exige a la administración en su conjunto, no individualmente a todos los funcionarios.

A mí me gustaría que usted nos hiciera la reflexión de esas circunstancias que le he dicho y, sobre todo, oiga, ¿vamos a poner puertas a que venga gente de fuera en un mundo global a trabajar aquí?
¿Vamos a poner puertas a que entre el talento en nuestra función pública?

Nada más, gracias.

La senyora presidenta:

Gracias, señor Fernández.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, el señor Rovira.

El senyor Rovira Jover:

Sí, agradecer al señor Mateu su asistencia y participación.
Y le voy a responder a una pregunta que le estaba haciendo ahora mi compañero de Ciudadanos.
Y era… le quería preguntar si es que existe ese un problema en la administración pública valenciana.

Pero yo creo que la respuesta nos la ha dado la compañera de Compromís hace unos minutos, porque ha dicho que el 92 % -creo recordar- tiene cursos y casi el 90 % tiene conocimiento.
¿Eso sabe lo que significa?
Que con la legislación del Partido Popular -sin requisito lingüístico, salvo en el sector educativo- prácticamente el 90 % de funcionarios conocen perfectamente, entienden y hablan el valenciano?
Que no es necesario el requisito, que no existe ningún problema en la sociedad ni en la administración pública valenciana.

¿Entonces para que nos planteamos el requisito?
Y al final uno puede acabar en una mesa de cirugía donde… A mí me interesa más que el médico que me vaya a operar tenga doctorados o cursos o especializaciones a que tenga el título de valenciano.

Además, porque estaré, seguramente, dormido.
Estaré seguramente dormido.
Pero, quiero decir, no existe.
Y usted misma -la representante de Compromís- lo ha declarado claramente.
No existe un problema con el valenciano en la administración pública valenciana.
Prácticamente el 90 % conocen, hablan y entienden perfectamente el valenciano.

¿Para qué vamos a prohibir que cualquier persona con conocimientos pueda trabajar en la administración pública valenciana, poniendo un requisito que a todas luces… -lógicamente, nuestro partido no está de acuerdo-, y lo único que demuestra es que cuando tú primas -a nivel de concursos, de méritos y demás- el conocimiento del valenciano el funcionario si no se ha formado antes, se forma luego.

Y lo acaba de decir Compromís.
Los datos están ahí.
El 90 %.
Es decir, no hay problema.
No hay problema.
A lo mejor hay personas que les interesa mantener la llama viva de ese problema, porque también es su modus vivendi.

Y yo eso lo entiendo y lo respeto.
Yo lo entiendo y lo respeto, pero lógicamente no lo comparto.

Con lo cual yo la pregunta que yo le haría si usted considera que algún tipo de puestos… porque yo entiendo que usted es favorable totalmente al requisito lingüístico.
Y si ese requisito sería al cien por cien o habría alguna tipología de puestos que usted excepcionaría.

Muchas gracias.

La senyora presidenta:

Gracias a usted, señor Rovira.
Y para finalizar tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, el señor Blanch.

El senyor Blanch Marín:

Moltíssimes gràcies, senyora presidenta.
És prou evident i a la vista està que tenim una dreta que el major servei patriòtic que presta al territori valencià és el d'una amnistia fiscal per als defraudadors a grans fortunes, que va tancar la Radiotelevisió Valenciana, que va vendre els bancs valencians al capital de fora de la comunitat.
De tot.
Però molt, molt, molt, valenciana, molt valenciana serà que no.
Serà dreta però molt poc valenciana.

I el mateix fan amb la nostra llengua (veus).
El seu plantejament és ignorar-la i posar trabes a les llibertats de la gent (veus).

La senyora presidenta:

Señorías, por favor.
Un momento, señor Blanch.
Disculpe un momento.
Señorías (veus), saben ustedes que está en el uso de la palabra el señor Blanch.
Entonces, vamos a escucharle igual que le hemos escuchado a usted, señor Rovira.
Y ya está.
Ya está.
Ya está.
Y ya está, señor Rovira.
Y le hablo como le hablaría si fuera al contrario.
Ya está.

Cuando alguien en este hemiciclo tiene… y siendo yo presidenta (veus).
Pero es que no me deja hablar a mí tampoco, entonces también significa que no entiende esto.
Exacto.
Cuando le corresponda yo no tengo ningún problema, usted puede decir lo que considere sin faltar al respeto a nadie.

Y el señor Blanch está ahora en el uso de la palabra.
Y se la vamos a dar.

Gracias.
Puede usted continuar.

El senyor Blanch Marín:

Gràcies, senyora presidenta.
Jo crec que és el habitual món al revés d'estos senyors.
Eixos que només pensen en la uniformitat en l'atac al diferent i desconeixent la veritable realitat del poble valencià.
Que serà «alegre, treballador i combatiu», com dia Estellés, però que és plural i obert.
I necessita tenir normes que el representen, com és esta Llei de la funció pública valenciana.

A nosaltres mos correspon des del Grup Socialista, evidentment, agrair la presència del senyor Cèsar ací en aquesta comissió.
Felicitar-lo per la seua exposició, plena d'elements per a la reflexió i anàlisi de tots els grups.

I és evident que esta llei és a favor de la ciutadania i el que fa és donar pas a que els i les valencianes puguen gaudir de l'exercici del dret per a dirigir-se a l'administració en les seues llengües oficials indistintament.

Jo voldria preguntar-li sobre quin seria eixe valor jurídic protegit en eixe requisit lingüístic.
Dit d'una altra manera, quin és el col·lectiu a qui es protegeix defensant l'aparició d'una exigència mínima com és el requisit lingüístic?
Estem pensant en el col·lectiu funcionarial?
És un interés acadèmic?
Estem parlant de ciutadania amb uns drets concrets, per exemple?

És que ens agradaria que quedara molt clar, perquè al final este etern debat l'opinió pública no sé si té clar a qui s'està dirigint o a qui se defensa.
I això acaba generant polèmiques estèrils i artificioses que no fan sinó desviar l'atenció del veritable objectiu, que passa necessàriament per defensar l'interés públic i per modernitzar adequadament l'administració.

Bé, per a complir els objectius que perseguim amb aquesta norma tenim elements de suficiència amb la present articulació de l'existència del requisit lingüístic?
Va resoldre de forma definitiva la normalització del valencià com a llengua d'ús en les administracions públiques de la nostra autonomia?
Crec que són elements que estan ahí.

Fins ara, totes les comunitats que tenen llengua cooficial apart del castellà han incorporat el requisit lingüístic en les seues respectives lleis.
Per què esta no tindria que tindre'l?

És evident que a mi sí que m'agradaria que es poguera contestar de forma favorable a totes i cadascuna de les preguntes que estic formulant perquè això voldria dir que estem al final d'un camí que es va iniciar fa molt de temps amb la Llei d'ús i ensenyament del valencià de Lerma i de Ciprià Ciscar en la nit dels temps i que ha tingut un camí polític i social molt complexe propi de la societat valenciana que vivim i que no sabem encara quant li queda.

Nosaltres pensem que, en quasi quaranta anys d'autogovern, no s'havia apostat tant per la llengua com ho ha fet ara el govern del Botànic amb aquesta norma.

En la mesura en la que puga posar algo més de llum a este important pas per a prestigiar les administracions públiques valencianes no podem sinó reiterar el nostre agraïment per la seua intervenció, atenció i esforç en aquesta comissió.

Moltíssimes gràcies, senyor Mateu.
Moltíssimes gràcies, senyora presidenta.

La senyora presidenta:

Muchas gracias, señor Blanch.
Tiene usted la palabra ahora, señor Mateu.
Ya sé que es poco tiempo…

El senyor Mateu Beltran:

És poquíssim i intentaré no perdre'm, perquè n'hi havien moltes qüestions…

La senyora presidenta:

Puede empezar.

El senyor Mateu Beltrán:

Gràcies.

La primera qüestió, que ha eixit moltes vegades, és la referida a una imposició, una suposada imposició.
Sí, hi ha una imposició, efectivament.
Hi ha una imposició.
Hi ha una imposició que és la Constitució.
La Constitució, l'estat de dret, la democràcia, en definitiva, imposa a l'administració pública…, ens imposa als treballadors…, perquè som els treballadors, l'administració pública.

L'administració pública no és un ens -que també-, però som els treballadors.
Qui posa a terra allò que ha de fer l'administració pública som els treballadors.
I esta constitució ens imposa estar al servei de la ciutadania -que també respon un poc a la pregunta del senyor Blanch.

Estem al servei de la ciutadania i, per tant, ens devem a la ciutadania.
No la ciutadania es deu a nosaltres.
No és la nostra comoditat de poder dirigir-nos en una llengua, en dos o en cinquanta.
No.
No.
No és mai això.
és la ciutadania.
I estem per a servir a la ciutadania.

Eixa és la clau d'esta llei en tots els altres aspectes, però també en els lingüístics.
Hi han molts aspectes en els quals l'administració està al servei de la ciutadania.
També en els lingüístics.
També per eixa banda.

Bé.
També m'han preguntat quina podia ser la incidència d'esta capacitació lingüística.
Bé, la incidència jo crec que és bastant clara.
La incidència se pot donar en dos aspectes.
I la incidència sempre serà positiva.
Sempre serà positiva.
No aconseguirem una normalització lingüística cent per cent només per esta llei de funció pública, però serà positiva.

I per què?
Per què serà positiva?
Per un costat, atendrem a la ciutadania en la seua llengua.
L'atendrem en les intervencions senzilles, orals i també en les intervencions més complexes, allà on hi ha un procediment administratiu que quan s'inicia -pels interessats- en una llengua tot el procediment ha d'estar en esta llengua.
Aconseguirem major prestigi social del valencià.

I per una altra part, l'administració serà molt més eficaç.
Ara, en este moment, algunes de les solucions que s'aporten són que vinga algú que sap parlar valencià.
No.
No cal que vinga ningú, ja atenc jo en valencià, perquè estic capacitat.
No jo, qualsevol treballador públic o treballadora pública.

I per una altra part, no hi haurà en estos expedients, en este procediment administratiu, eixa necessitat de buscar un traductor, una traductora.
No.
Si estàs capacitat lingüísticament per a fer la teua faena també en valencià -si l'expedient va en valencià-, fes-ho en valencià.

Això és augmentar l'eficàcia de l'administració pública.
I no és anar en contra de l'administració pública.
I, en definitiva, en estos casos el que fem és complir la legislació.

Jo no sóc jurista, no sé de grans sentències, i menys encara de les del Tribunal Constitucional, però no voldria oblidar la Sentència 46/1991 del Tribunal Constitucional, la qual sí que permet… això, la capacitació lingüística per a accedir al lloc de treball.

I sé que se'm queden moltíssimes coses.
Per exemple, ha eixit sempre i sempre en esta classe de debats el cirurgià.
No mai la cirurgiana, hem de dir.
La doctora.
Escolta, sí, sí.
No cal que sàpia tant de valencià, però una miqueta sí que ha de saber, perquè en algun moment haurà de parlar amb algú.
I pot ser eixe algú, eixa persona s'expressa molt millor.

Coneixem centenars de casos en els quals la gent per expressar-se malament no saben dir què els està passant.
I sí, el nivell serà el que serà.
Serà el que serà.
Pot ser un nivell molt més inferior a tots estos nivells que jo he estat comentant.
O no.
Depén de cada administració.

I no vull estendre'm més.
I sé que estic acabant en este moment.

Moltíssimes gràcies a vostés per la seua atenció i sobretot per haver deixat que estiguérem ací els tècnics lingüístics, en el meu cas, de l'àmbit municipal.

La senyora presidenta:

Muchísimas gracias, señor Mateu.
Además, esta es la casa de todos los valencianos y valencianas y usted es muy bienvenido igualmente que cualquiera.
Y agradecemos mucho sus aportaciones y vamos a continuar.

Vamos a hacer un pequeño descanso de 5 minutos (veus).
(Rient) Y así Emigdio Tormo luego no se queja.

Compareixença del senyor Antonio Montiel Márquez

La senyora presidenta:

Bienvenido de nuevo a esta casa, señor Montiel.
Sabe que personalmente le tengo un afecto especial.
Nos une una gran amistad, así que bienvenido y…, bueno, le voy a explicar un momento en que consiste su participación.
Tiene 8 minutos para poder exponer su intervención.
Y luego cada uno de los portavoces se dirigirá a usted 4 minutos y finalmente usted tendrá 4 minutos conjuntos para contestar o finalizar su intervención como usted considere.

Señor Montiel… para hablar tiene que darle al… como siempre, ahí.
Y cuando usted quiera… un momento que le ajuste el tiempo.
Puede comenzar.

Gracias.

El senyor Montiel Márquez:

Moltíssimes gràcies.
Molt bon dia… bueno, es un honor especial estar hoy aquí en esta casa con la intención de aportar alguna reflexión que ojalá pueda serles de utilidad en la labor parlamentaria que ustedes desempeñan.

Yo creo que sus señorías tienen la oportunidad por fin de dar forma a un texto legal imprescindible y avanzado que podría ser una referencia además para la configuración de una función pública del siglo XXI.

El diagnóstico que arrojó el primer plan estratégico de recursos humanos para la Generalitat Valenciana -que se aprobó en diciembre de 2016- confirmó con abundancia de datos algo que ya sabíamos.
La administración de la Generalitat presentaba idénticas patologías -incluso más graves- que la mayor parte de nuestras administraciones públicas.

La provisionalidad, la temporalidad junto a la rigidez de algunos de los instrumentos organizativos y de selección, formación, estímulo, evaluación y promoción del personal público lastran el funcionamiento de la Generalitat Valenciana, perjudican la vocación de las y los servidores públicos y, en definitiva, limitan la calidad de los servicios públicos a los que tiene derecho a la ciudadanía.

Considerando la limitación de tiempo, más que hacer un estudio sistemático de todo el proyecto de ley -y que ya habrán hecho otras personas más cualificadas-, yo me voy a permitir hacer algunos breves apuntes sobre varias cuestiones concretas que me parece que tienen que ver con esas patologías y que creo modestamente que podrían ser mejoradas o complementadas.

En cuanto a aspectos que merecerían ser completados o reformulados les voy a apuntar cuatro.
En concreto, el primero sería algunos aspectos conceptuales o de armonización con otras normas en vigor y que se podrían mejorar.

En el artículo 18.
2, letra a, del proyecto -como ya hacía antes el artículo 16.
2, letra a, de la Ley 10/2010- se refieren como circunstancia básica para dar lugar al nombramiento de personal y funcional interino la existencia de puestos de trabajo vacantes, algo que parece una simple incorrección conceptual pero que puede tener importantes y negativas consecuencias.

No se trata de puestos de trabajo vacantes, sino de plazas vacantes.
Es decir, no se cubre directamente por un funcionario interino una jefatura de servicio sino que se cubre una plaza de TAG.
Y después la jefatura de servicio se cubre, se provisiona por el sistema que corresponde.
Ese es el criterio correcto.
Y eso es lo que dice el Estatuto básico del empleado público de la Ley 7/2007 antes, y hoy el texto refundido 5 de 2015.
Lo correcto sería hablar de plazas vacantes y no de puestos.

En el artículo 78 del proyecto al regular el régimen del derecho a la protección del personal empleado público que denuncia irregularidades, debería afinarse la redacción para hacerla compatible con lo que ya dispone a este respecto la Ley 11/2016 del 28 de noviembre.
La ley por la que se creó, por la que estas Cortes crearon la agencia de prevención del fraude y la corrupción de la Comunidad Valenciana y también las previsiones de la directiva europea 2019/1937.

Además de aprovechar que la Comunidad Valenciana cuenta con la única agencia de esta naturaleza que dispone un estatuto propio de protección de la persona denunciante.
Debería afinarse la redacción para ser coherente con este marco jurídico.

Respecto a l'escola valenciana d'administració pública, yo voy a decir que soy de los que piensan que, puestos a hacer una ley de función pública avanzada que realmente introduzca mejoras visibles en la profesionalización del personal público tanto en su selección como en su formación y perfeccionamiento, l'escola valenciana d'administració pública debería gozar de independencia funcional y dejar de ser una simple dirección general dentro de una conselleria.

Esa previsión, ese criterio es el que ha sostenido el Comité Económico y Social de la Comunidad Valenciana en su Dictamen 6/2018 sobre este proyecto de ley y también fue el que sostuvo la comisión de expertos creada por resolución de 3 de marzo de 2016 precisamente para hablar de la reforma de la ley de la función pública valenciana.

Es decir, necesitamos un ente de derecho público con personalidad jurídica propia.
Es el modelo que se aplicó desde el año 1983 con gran éxito en el estatuto vasco -el Instituto Vasco de Administración Pública- y también en el Instituto Andaluz de Administración Pública mediante la Ley 9/2007, entre otros centros de referencia en España.

No voy a defender ahora como sí que me gustaría que además al presidente o al director de ese instituto, esa escola valenciana d'administració pública lo eligieran las Cortes, pero por lo menos aprovechen ustedes y doten de suficiente ambición y autonomía funcional a esa Escuela Valenciana de Administración Pública si quieren que sea verdaderamente eficaz.

Respecto a la dirección pública profesional, yo celebro el esfuerzo que hace el proyecto de ley para crear una dirección pública, por fin, abordar el problema de la dirección pública profesional.
Me parece que es una antigua reivindicación de muchos expertos, estudiosos y académicos la de captación de talento -de talento ad hoc, no de talento permanente sino de talento ad hoc- para la gestión de necesidades identificables y evaluables de manera concreta.

Y creo que ya había una previsión en la Ley 10/2010 en un sólo artículo.
Ahora, afortunadamente, hay siete.
Y hay una previsión importante.
Pero sólo dos observaciones.

La primera es que en el artículo 23 del proyecto, cuando se hace referencia a los requisitos para la provisión de los puestos de trabajo que integra la dirección pública local, se hace referencia a estrictos requisitos de nivel competencial al grado de desarrollo e incluso antigüedad de los funcionarios de carrera.
Pero cuando se habla de captar personal laboral de dentro de cualquier administración o incluso de la calle no se habla de ningún requisito, más allá de la titulación.
Y debería acreditarse un mínimo de experiencia, un mínimo bagaje.

En segundo lugar, una vez que se ha buscado que para acceder a la dirección pública profesional se cumplan una serie de requisitos y se respeten los principios de publicidad, de mérito y de capacidad etcétera, no puede ser que el cese sea discrecional.
Y punto.
Hay por lo menos que motivar la decisión.

Habría que por lo menos justificar vincularlo a esos objetivos, a esa evaluación del desempeño o a alguno de los otros requisitos que se le piden para acceder, porque si no nunca vendrán profesionales del sector privado.
Nunca vendrán personas realmente con una voluntad, porque si se les exige objetividad, mérito, capacidad, etcétera pero luego dependen de una decisión política su cese, nunca podremos reclutar a aquellos… a los mejores que necesitamos a veces.

Luego es fundamental poner fecha a algunas reformas.
Es importante que para que las reformas legislativas sean creíbles se pongan fechas para su desarrollo e implementación.
En este proyecto de ley se pone fecha para el desarrollo del capítulo tercero y el capítulo sexto, relativos al régimen retributivo y de la seguridad social.
Seis meses, según la disposición adicional tercera, apartado cuarto.

Pero no se pone fecha ni para la creación del Consell Interdepartamental de Retribuciones ni para la creación de la Comisión Intersectorial de Ocupación Pública.
Lo mismo pasa con la propia escola valenciana d'administració pública, que no existe un plazo para desarrollar su estructura orgánica y funcional y su puesta en funcionamiento.

Muy rápidamente, otras cuestiones.
Yo celebro y doy la bienvenida a la cultura de la planificación en materia de recursos humanos.
Pero hay que añadir la cultura de la evaluación.

Es de agradecer el esfuerzo del proyecto de ley por introducir herramientas como el análisis de puestos de trabajo -artículo 38-, plan estratégico de recursos humanos de carácter cuatrienal -artículo 53- y planes operativos -artículo 54-.
Pero se echa de menos la implementación de una cultura de la evaluación.

No hablo de la evaluación del desempeño de los empleados y empleadas públicas.
Hablo de que muchos de esos grandes planes, programas y objetivos que se hacen, que se fijan las propias administraciones públicas y que sirven para llenar titulares, a veces no se corresponden con mecanismos de evaluación objetiva y transparente por parte de organismos especializados para que la ciudadanía pueda tener un derecho de información sobre cómo ha funcionado aquello que se planificó o que se programó.

Es el caso, por ejemplo, del propio plan estratégico al que me refería antes que culminó su vigencia en diciembre de 2020 y no se sabe nada, si se va a evaluar el cumplimiento de los objetivos que se marcaron.

Si queremos reducir la provisionalidad y la temporalidad hay que adoptar medidas muy radicales para ello.
Por ejemplo, establecer una fecha de caducidad para los nombramientos interinos a fin de evitar la prolongación del tiempo de situaciones necesariamente temporales.

Incorporar la obligación para la administración o el organismo público que hubiera efectuado el nombramiento de llevar a cabo la aprobación de las bases y la convocatoria pública antes de un determinado período de tiempo, por ejemplo, estableciendo un régimen similar al de las comisiones de servicio -que tiene una duración tasada- o bien el caso de los interinos por programas -que sí que tienen dos más dos-.
Algo semejante con carácter general para todos los interinos.

Pero además hay que ser también muy riguroso.
El artículo 19.
7 del proyecto de ley -tal y como ya hacía antes el 18.
7 de la Ley 10/2010-, decía y dice: «Incurrirá en responsabilidad quien con su actuación dé lugar a la conversión de un contrato temporal en indefinido».

Pero esa previsión no tiene después ningún traslado al régimen disciplinario.
No tiene consecuencias.
Es una responsabilidad simbólica.
Sin consecuencias jurídicas.

Y ya puestos en esa tesitura podría ser conveniente la introducción de alguna advertencia semejante y la correspondiente posibilidad de sanción disciplinaria para quienes con su actuación diesen lugar a la prolongación indebida de situaciones de provisionalidad y temporalidad, tales como el alargamiento fraudulento de comisiones de servicio -que esto ha ocurrido tradicionalmente por desgracia en nuestra administración autonómica- o la prolongación de interinidades que a veces llevan a que determinadas personas pasen décadas como interinos.

Quisiera además añadir -y voy acabando, porque ya veo la cara de nuestra presidenta-, quisiera añadir que la reducción y unificación de cuerpos y escalas de la administración de la Generalitat y otras administraciones públicas también requiere de algunos pasos.
Creo que es muy importante la reducción que hace la ley -más de la mitad de los cuerpos existentes, de 201 a poco más de noventa-, pero creo que se podría aprovechar para invitar a que otras administraciones hicieran lo propio.

Yo quiero romper una lanza a favor de una idea, y es de desarrollar la posibilidad que preveía la Ley 17/2017 de coordinación de policías locales para hasta que exista una policía autonómica valenciana se pudieran crear agrupaciones metropolitanas de policía en áreas metropolitanas densamente pobladas como la de Valencia, Elche, Alacant, Castelló, etcétera que podrían ser mucho más operativas y eficientes que la separación que ahora hay de cuerpos de policía por términos municipales.

Y luego -y ahora sí que acabo de verdad- quiero aprovechar que estoy aquí, quiero aprovechar la confianza, para después de este modesto catálogo hacer referencia a una situación que me parece especialmente llamativa y que afecta a uno de nuestros referentes culturales -además, un referente reconocido internacionalmente-.

El Coro de la Generalitat Valenciana es una institución que nació con la Ley valenciana de la música de 1998 por lo que cuenta ahora con más de 30 años de actividad.
La totalidad de los integrantes, es decir -digo bien-, la totalidad de sus integrantes, de sus 60 cantantes, junto a la inmensa mayoría del personal técnico y de apoyo, padece una situación u otra de provisionalidad.

Todos entraron en base a pruebas muy estrictas, propias de su condición de cantantes.
Las interinidades más recientes arrastran ya más de 12 años.
Algunas son de 20 años e incluso de 25 o más.
Alguno de esos profesionales se van a jubilar como interinos, sin haber tenido nunca la oportunidad de presentarse a un proceso selectivo para adquirir un empleo estable.
Porque no se ha convocado, pura y simplemente.

Esta situación de precariedad e incertidumbre no son el mejor entorno para el desarrollo de las capacidades artísticas, pero la pura y simple aplicación automática de la nueva ley tampoco.
Yo quiero pedirles modestamente, en nombre de esas mujeres y esos hombres, que consideren la incorporación de una disposición adicional al texto de la ley que permita dar un tratamiento singularizado a este colectivo habilitando un plazo amplio y suficiente para con diálogo y negociación encontrar una fórmula para consolidar su situación profesional.

Muchas gracias y disculpen el abuso de tiempo.

La senyora presidenta:

Gracias, señor Montiel.
Bien, ahora es el turno de los grupos parlamentarios.
Tiene la palabra la portavoz del Grupo Unidas Podemos.
Señora Blanes, si me permite un minuto.
Puede comenzar con…

La senyora Blanes León:

Moltes gràcies, senyora presidenta.
I moltíssimes gràcies, senyor Montiel, perquè ja sabia jo que amb la seua presència podríem…, la seua experiència professional, anar al detall.

I jo crec que…, bé, jo almenys he pres moltes notes de tot allò que ens ha estat explicant.
Perquè, el que dic, l'experiència i el conéixer la funció pública des de dins precisament el que fa és que les seues propostes, més allà del que es poden considerar més o menys ideològiques, jo crec que el que fa és vore de quina manera facilita el treball i el servei públic, que és per al que estem ací, ja que, com bé sabem, el cos de funcionaris el que ha de donar és eixe servei públic a la ciutadania del que… ens hem de dotar d'aquesta llei precisament per a millorar-lo.

Ha fet molta menció al tema de la provisionalitat, la temporalitat i la rigidesa que en molts aspectes està dins de la funció pública i que en aquestos darrers mesos precisament ha fet més evident i hem patit, hem patit eixa dificultat per tal d'adaptar-la, la funció pública a les necessitats d'unes circumstàncies que esta vegada han sigut provocades per aquesta pandèmia però que podrien sorgir per altres situacions.

Per tant, de quina manera vosté pensa que eixa rigidesa pot donar solució i pot donar atenció a les necessitats del moment i com podria solucionar-se i incorporar-se a la pròpia llei.

Ací també s'ha parlat molt de… Vosté no ho ha mencionat, però jo crec que també és un aspecte important perquè s'ha mencionat pràcticament en totes les compareixences, és el tema de si l'administració pública està adaptada o quina necessitat té per a adaptar-se a les qüestions del teletreball o d'altres maneres de treballar que siguen més compatibles amb la vida i amb la conciliació i amb la corresponsabilitat familiar.

Ha estat parlant molt del tema dels interins.
Sabem que estem en una situació totalment anòmala, estem per dalt moltíssim en el que són els percentatges raonablement admissibles en una administració pública.

Entenem que l'interinatge, com bé vosté diu, hauria d'estar acotat d'alguna manera, perquè hauria de ser d'alguna manera excepcional i per a un temps determinat o per a unes funcions determinades.

Per tant, el que proposa de que estiguen d'eixa manera acotats.
Pensem que és interessant per això, per eixa eventualitat que ha de tindre l'interinatge.
Perquè hem de tendir a que els llocs de treball siguen ocupats per personal funcionari i per persones que hagen passat tots aqueixos processos amb les màximes garanties de publicitat i d'oportunitat.
Per tant, agrair-li.

I després ha fet menció al tema de la policia local que, per a mi, jo crec que és un tema molt important, amplament debatut també en aquestes Corts.
Aquella llei de policies ha hagut de patir.
Han hagut d'anar aprovant-se moratòries per la dificultat de posar-la en funcionament, però també per això, perquè l'interinatge finalment s'ha consolidat d'una manera en la nostra societat que pareix que el acabar amb eixe interinatge no siga la prioritat de les administracions públiques.
O també per la dificultat que tenen alguns ajuntaments per a realment acabar amb eixe interinatge.

Per tant, quins mecanismes entenc que es podrien posar en marxa per tal que les administracions locals puguen atendre eixes necessitats, sobretot en municipis xicotets en que la capacitat per a l'hora de convocar places és molt més limitada.

I agrair-li la seua presència i sobretot les seues aportacions que seran escoltades i esperem que recollides a partir d'ara en les esmenes.

Moltíssimes gràcies.

La senyora presidenta:

Muchas gracias, señora Blanes.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Vox, señor Llanos.

El senyor Llanos Pitarch:

Gracias.
Gracias, señora presidenta.

La senyora presidenta:

Cuando usted quiera.

El senyor Llanos Pitarch:

Gracias, señora presidenta.
Señor Montiel, buenos días y muchísimas gracias por su exposición, porque estoy encantado, sinceramente.
Me ha parecido muy técnica y de verdad que se lo agradecemos desde el Grupo Parlamentario Vox.

Se podrán discutir algunas cuestiones, evidentemente.
Pero nos parece de sentido común.
Y en gran parte de ellas coincidimos.
Coincidimos en perfilar el texto -puestos vacantes no, sino plazas vacantes-, lo que ha planteado sobre la agencia antifraude y en relación con el denunciante.

Compartimos que si ha de existir…, tenemos nuestras dudas, pero si ha de existir la escuela valenciana de administración pública tendría que ser un órgano independiente, absolutamente independiente.

Pero sobre esta escuela yo le quiero preguntar, ¿habría que limitar sus facultades?
¿Entiende que el texto legal está correcto?
A nosotros nos…, primero, nos provoca cierto reparo la inseguridad… si no inseguridad sí mucho futurible cuando se habla… en un texto normativo tan grande se habla de que su estructura orgánica y funcional se determinará reglamentariamente.

Luego dice «estudiar y proponer los métodos de selección».
Bueno, los métodos de selección están en la ley, entendemos.
«Colaborar en el diseño de los criterios y procedimientos de evaluación y participar, a su vez, como órgano de evaluación».
Claro…, el punto 6 del artículo 11 se arroga la garantía de la igualdad efectiva entre hombre y mujeres.
Hombre, creemos que con el artículo 14 de la Constitución tendríamos más que suficiente.

Y luego también el artículo siguiente, el 12, nos habla de un Consell Asesor de la Función Pública Valenciana que nos dice que emitirá informes de los anteproyectos de ley y reglamentos, etcétera.
Es decir, que viendo su composición, es la administración la que emitirá informes sobre su propia actuación.

Nos parece un poco…, meterse en camisa de once varas o si quiere meterse en materia competencial que no le debería corresponder a ese tipo de consejo asesor.
Sería una cuestión, quizás, del Consejo Jurídico Consultivo, en su caso.
Le pregunto qué le parece esa cuestión.

También, respecto de los procesos de selección, por ejemplo, ¿qué piensa usted por ejemplo sobre la oposición y el concurso a oposición?
Porque nos encontramos que lo hemos planteado en alguna otra intervención- que claro, la administración se tiene que renovar.
La gente -los jóvenes, fundamentalmente- tienen que entrar mediante un proceso de selección objetivo, que es la oposición.

Pero también hay que tener en cuenta las personas que llevan años -y no por su culpa, no por su culpa- ocupando unos puestos de interinaje parece que a divinis.
Claro, pero no hay prueba de selección.
Entonces, mérito y capacidad restringidas, un examen sobre aquello en lo que han estado trabajando durante ese tiempo.
¿Qué le parece a usted, también, como experto en estas cuestiones lo que estoy planteando?

Y luego claro, es que tenemos un 40 % de interinaje.
Habrá que ver.
Más de un 40 % de interinaje.
Habrá que ver qué hacemos con ello.

Y luego también para concluir quería preguntarle a usted… Usted es bien conocedor de la jurisprudencia.
Sentencia del Tribunal Constitucional de 2012.
11 artículos -ya acabo, señora presidenta-, 11 artículos de los 27 del Decreto de plurilingüismo hundidos por el Tribunal Superior de Justicia.
¿Qué le parece a usted el requisito, la exigencia y no el mérito que supone la lengua llamada valenciana en la función pública?

Muchas gracias.

La senyora presidenta:

Muchas gracias, señor Llanos.
Tiene la palabra la portavoz del Grupo Compromís, la señora Torres.
Cuando usted quiera.

La senyora Torres Garcia:

Gràcies, presidenta.

Senyor Montiel, «re» benvingut a casa seua.
Bé, ha sigut un plaer escoltar-lo.
Ha abordat qüestions vosté molt interessants.
I algunes sobre les quals li volia preguntar ja les han apuntades els que m'han precedit en l'ús de la paraula, en concret una qüestió sobre la qual s'ha parlat al llarg del matí.
És la temporalitat, és la interinitat.

I també la qüestió del teletreball.
També sí que voldria insistir en este tema, perquè és un tema que és de rabiosa actualitat.
I m'agradaria conéixer la seua opinió al respecte.

I també m'agradaria saber què opina vosté… -que és un tema que també ha eixit en una de les compareixences anteriors-, què opina vosté sobre la matèria que regula el títol 11 de la llei, que és el de la representació, negociació col·lectiva i participació institucional.

El projecte de llei regula un sistema de solució extrajudicial de conflictes -això sense perjudici que reglamentàriament es puguen establir altres mecanismes d'acord amb la normativa bàsica estatal- per al coneixement i la resolució dels conflictes derivats de l'aplicació, interpretació i validesa dels acords o pactes.

I es reconeix la mesa general com la instància prèvia en la qual s'han d'intentar solucionar estos conflictes.
Al sistema de solució extrajudicial de conflictes es poden adherir voluntàriament les administracions públiques, organismes públics, consorcis i universitats públiques valencianes mitjançant un acord en el seu respectiu àmbit.

I també l'article 191 incorpora el diàleg social per a establir una sèrie de comissions i de fòrums de participació institucional per a millorar eixe diàleg social.
M'agradaria saber què opina vosté sobre esta part de l'articulat perquè un dels compareixents anteriors sí que ha manifestat les seues reserves sobre estos articles.

Moltíssimes gràcies per la seua participació en esta comissió, senyor Montiel.

Gràcies, presidenta.

La senyora presidenta:

Gracias a usted, señora Torres.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Ciudadanos, el señor Tormo.

El senyor Tormo Moratalla:

Gracias, señora presidenta.
Don Antonio, un placer verle, como siempre, prueba palpable de que se puede estar a las antípodas políticas o no tan antípodas y llegar a acuerdos, puesto que hemos votado muchas cosas juntos hace no mucho tiempo.
Como digo, es un verdadero placer.

Mire.
Todas las aportaciones que hace, me pasa algo parecido al representante de Vox, me parecen pertinentes.
La acomodación de la función pública valenciana al siglo XXI es fundamental.
Y llevamos ya casi un tercio del siglo completado.

Habla de provisionalidad, y es cierto.
Y habla de temporalidad, y no deja de ser cierto.
Y hay una cosa que me llama poderosamente la atención, que es la formación.

La formación, como usted sabe, en las empresas privadas está a la orden del día.
Cuanto más nivel de tecnificación tiene, cuanto más capacidad, también más exigencia hay para sus trabajadores.
Eso es algo que en administraciones públicas del estado y, en concreto, de la Comunidad Valenciana se ha dejado de lado.

Nos habla usted de la Escuela Valenciana de Administración Pública.
Como usted bien sabe, gran parte de los altos cargos de la República Francesa, empezando por el presidente y terminando por los ministros, vienen de una escuela de esas características.
Y ha dado un magnífico resultado tanto a izquierda y a derecha del arco parlamentario.

Pero claro, aquí existe una cosa que se llama Instituto Valenciano de Administraciones Públicas.
Y yo le leo: «órgano responsable de la política de formación del personal o servicio de distintas administraciones públicas de la Comunidad Valenciana».
Del año 1980.

Algo estamos haciendo mal.
Tenemos ya la herramienta básica y fundamental.
¿Por qué no utilizamos esta herramienta de la que gozamos ya para mejorarla, implementarla y poder dar cauce a la mejora en la formación de nuestros funcionarios?

Hay otra cosa que me ha parecido muy interesante, que es la policía local.
Fíjese, yo no creo tanto que hacer una especie de consorcio de policías locales como una central de compras de todas aquellas necesidades materiales de las policías locales.
Porque luego la forma en que se organiza cada policía local puede ser perfectamente… asimilable las necesidades de ese municipio a su policía local.
Por lo tanto, una rebaja en el precio de la adquisición de los materiales teniendo una central de compras me parecería más acertada.

Renovación.
Mire, yo no estoy no estoy del todo seguro -me tendría que convencer- de que una renovación -es decir, quitar aquellas personas, funcionarios que tienen una gran experiencia, una dilatada carrera- fuera bueno.
Yo creo que no.
Es decir, puede una persona tener 70 años y estar en pleno uso de sus facultades mentales y ser un gran activo para la administración pública.

El hecho de que se incorpore nuevo personal no quiere decir que prescindamos de aquellos que tienen más experiencia y que conocen perfectamente la administración desde hace muchísimos años.
Yo creo que es al revés.
Yo creo que siempre a mí me han enseñado que los jóvenes, por muy bien formados que estén en teoría, aprendían de sus mayores cuando se incorporaban al puesto de trabajo.

Me ha llamado poderosamente la atención también que no haga ninguna mención al requisito lingüístico.
Yo casi no voy a nombrarlo, porque como se ha debatido mucho en el punto anterior sobre el requisito lingüístico, sí que le quería decir una cosa.
La lengua no es patrimonio ni de la izquierda ni de la derecha.
Yo vengo de un pueblo donde la mitad del pueblo es valencianoparlante y la otra mitad no, y no pasa absolutamente nada.
Y además es una experiencia que tengo en mi propia familia, donde la mitad de la familia habla valenciano y la otra no.

Ahora bien, a mí me gustaría que esto fuera un mérito.
Un mérito y no un requisito, no una exigencia.
¿Por qué?
Porque partimos de la base que parte de la Comunidad Valenciana no habla valenciano.
Porque no lo habla tradicionalmente.

Y mucha de la gente que ha venido de fuera de nuestros límites de la comunidad -y creo que usted es uno de ellos- unos han aprendido valenciano y otros no han aprendido valenciano y han podido desarrollar una vida perfectamente capaz y feliz en esta comunidad independientemente del idioma que hable.

Nada más.
Estas son mis humildes apreciaciones y como siempre, a su disposición.

La senyora presidenta:

Muchas gracias, señor Tormo.
Tiene la palabra ahora el portavoz del Grupo… el Partido Popular, señor Rovira.

El senyor Rovira Jover:

Muchas gracias.
Agradecer la asistencia de don Antonio Montiel, yo no tengo el gusto de conocerle pero sí que me gustaría señalarle alguna cuestión.

Bien.
A raíz de lo que decía el compañero de Ciudadanos… es que es cierto.
Parte de la Comunidad Valenciana no habla valenciano.
Frente a esto hay dos posiciones.
Una es el respeto a esa situación y otra es hacer que todos hablen valenciano, que es lo que parece que está pretendiendo hacer el Botànic.
Hacer que todos hablen valenciano.
Y así estamos hablando de la imposición del valenciano en la Vega Baja o en la comarca de Requena.
Ahí tenemos quizá dos visiones completamente distintas y no sé cuál sea la suya.

Pero bien.
En cuanto a lo que ha planteado del coro del Botànic… perdón, del coro de la Generalitat, me parece curioso porque además estas situaciones se dan también en otras… yo creo que la orquesta también tiene algún problema.
Estas situaciones son muy comunes.

Hay que recordar que el Botànic lleva cinco años gobernando.
Cinco años.
El PP en los últimos años tuvo que enfrentarse a una crisis económica, la famosa crisis del 2008, donde sí que hubo recortes importantes y digamos la oferta de empleo en aquellos años fue nula prácticamente.

Pero llevamos ya cinco años donde esos recortes ya se han suavizado bastante y digamos el Botànic -que sé que cuando usted dirigía Podemos no eran miembros de ese Botànic I, me consta- pero ese Botànic podía haber puesto ya en marcha algunas medidas.

En cuanto a la policía local… Usted ha sacado el tema de las áreas metropolitanas.
Bien, yo creo que la policía local lo primero que necesitamos es que no se puede una ley que se aprobó… la Ley de coordinación de policías locales de la Comunidad Valenciana que se aprobó en el 2017, y que ya se ha reformado dos o tres veces.

Nosotros hemos pedido una comisión de trabajo.
Porque yo creo que hay que repensarse el modelo.
Repensarse el modelo.
Porque además esta comunidad tiene unas características singulares y es que tenemos una serie de municipios turísticos que necesitan digamos en ciertas épocas del año -generalmente en verano- muchas más unidades.
Pero claro, para tener esas más unidades no las puedes mantener todo el año.

Entonces tenemos que adaptar el modelo de policía local a nuestras características como comunidad.
Porque sí que tenemos que atender un sector que es fundamental para nuestro PIB como es el turismo.

Y eso seguro que lo comparte.
Porque además usted como experto en administración local conoce esta problemática.

Y por último preguntarle exactamente qué mejor solución tendríamos para desatascar este problema con los interinos en todas las administraciones.
Esa sería.

Y luego pedirle disculpas a la presidenta por mi actuación con el anterior compareciente, porque claro todo transcurría de maravilla hasta que nos hemos puesto a hablar del valenciano.
Y claro, ¿qué pasa con el valenciano?
Que al compañero Ernest Blanch le ha traicionado el subconsciente, porque él ha dicho: «Valenciano y soy de Morella, tengo que hablar de corrupción».

Se ha puesto a hablar de presuntos casos de corrupción del PP, que la mayoría de ellos se están archivando.
Pero claro, cuando uno es de Morella… valenciano y corrupción, dice «pom».
Claro, Morella -que yo es una ciudad preciosa en la cual he estado dos o tres veces-, claro, allí son cuatro.
Porque el pueblo es pequeñito.
Se conocen todos.

Claro él, «valenciano», «corrupción» lo asocia a los hermanos del president, a los hermanos, a los (inintel·ligible) … los que estaban hablando y se están investigando de 600.
000 euros en ayudas al valenciano.
Por eso él asocia «valenciano», «corrupción», los hermanos de Ximo Puig y tal.
Claro, el haber sido 12 años concejal en Morella tiene esa cuestión.
Las tramas de facturas (inintel·ligible) … Pero bueno, para eso se está investigando.
Se está investigando.

Con lo cual yo no voy a entrar más cuestión pero por eso quería pedirle disculpas a la señora presidenta por haber interrumpido antes cuando no me tocaba mi turno.
Pero claro estábamos hablando de la Ley de función pública valenciana.

Gracias.

La senyora presidenta:

Yo, señor Rovira, acepto sus disculpas y también le alabo la habilidad de hacer que el Pisuerga pasa por Valladolid.
Gracias.
Ahora le voy a dar la palabra al Grupo Socialista.
Señora Peris, está usted en el uso de la palabra cuando quiera.

La senyora Peris Cervera:

Gracias, señora presidenta.

Señor Montiel, como el resto de grupos, nos alegra mucho volverlo a ver aquí y hemos tenido algunas y algunos la oportunidad de compartir y a veces discrepar, pero siempre con mucho criterio técnico como el que hoy ha vuelto a demostrar en su análisis de la Ley valenciana de la función pública, en el que muchas de las cosas que dice son de sentido común, y que vamos a analizar con tranquilidad para ver cuáles de estas aportaciones -que creo que todas son en positivo- se pueden se pueden incorporar al texto.

A mí me gustaría preguntarle, señor Montiel, sobre el capítulo sexto de la ley que habla del registro de personal que supone una novedad importante porque, aunque parezca mentira, la administración pública no conoce el número de personal que trabaja en las diferentes administraciones ni los puestos que hay.
Y por lo tanto tener ese registro y ese análisis de cuál es la estructura de las administraciones… Quería conocer su opinión.

En segundo lugar, usted se ha mostrado favorable a la dirección pública profesional, mi grupo también lo es y lo recoge la ley.
Pero también es cierto que algunas de las personas que han comparecido han mostrado sus reticencias sobre esta figura bajo la expresión de que hay suficiente personal funcionario en la administración y que por lo tanto esta es una figura innecesaria en la administración.
Y sí me gustaría conocer de su parte por qué para usted, como contempla la ley, es positiva.

Compartimos la cultura de la planificación de la evaluación pero no en esta ley, en general.
De toda la administración, que todavía nos cuesta no sólo planificar sino evaluar.
Es como si fuera un castigo.
Y en realidad que esa cultura que sí es europea en España nos cuesta todavía evaluar las políticas públicas y los efectos de las leyes.

Usted hablaba de los males endémicos, de los problemas que tiene, que lo compartimos.
Por eso nos parece importante esta ley, porque supone la apuesta por la reducción del número de cuerpos y escalas, excesiva en la ley del año 2010, que ha producido efectos nefastos.

Hay que reducir la temporalidad y creo que la ley al menos va bien encaminada y marca algunos mecanismos para reducirla.
Mire, señor Montiel, por ejemplo, en el ámbito de la sanidad en las bolsas de trabajo hay personas que les llaman para trabajar un día.
Y a la semana siguiente a lo mejor les llaman para trabajar dos días.

Eso que criticamos en el ámbito privado no somos capaces de verbalizarlo y hacerlo público porque pasa en la administración pública, cuyos grandes principios son mérito, capacidad, igualdad y, sobre todo, la estabilidad.
Bueno, aquí hay que decirlo, en la administración pública se siguen haciendo contratos de 24 horas.
Y eso no debería ocurrir.
Por eso hay que también reducir esa temporalidad.

Y algo de lo que se habla poco.
Esta ley que apuesta por la profesionalidad apuesta por una reducción de la libre designación, que es probablemente lo que menos tiene que ver con el acceso en igualdad de oportunidades a un puesto de la administración pública.

Por lo tanto, nosotros entendemos, me ha dado a mí la percepción, señor Montiel, de que -también es su caso-, que esta ley es una apuesta por la modernidad y por la profesionalización en la administración pública.

Esta elevada fragmentación corporativa que tenemos en la estructura del personal en algunos casos nos han planteado que supone un lastre en la promoción dentro de la administración.
Es decir que, en muchos casos, entran las personas en la administración y están tan topadas que no tienen posibilidad o muy limitada la posibilidad de promocionar dentro de la función pública.

Y eso es muy frustrante para las personas que, teniendo capacidad y voluntad, entran en un puesto y están tan encajonadas que después de 20 años, la verdad, mantener el espíritu por el puesto que tienen es un poco complicado.

Bueno, nosotros creemos -y le pido su opinión, si usted cree- que con esta ley vamos a mejorar esa situación de falta de promoción dentro de la administración.

En cuarto lugar, sin duda la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública -no me canso de decirlo- es la piedra angular de una función pública profesionalizada.
Y aquí ha habido un gran debate.
Bueno, ha habido diferentes debates entre quienes compartimos -como hace la ley- una apuesta por volver a recuperar la oposición como el método habitual de acceso a la función pública y también que tenemos una situación de interinaje muy alta, y por lo tanto también tendremos que resolver.

Y en segundo lugar hay quien no comparte que para poder formar parte de las bolsas de trabajo se exija al menos haber aprobado o haber pasado alguna de las pruebas.
¿Cuál es su opinión sobre estos dos elementos, de la oposición como medio fundamental de acceso y, en segundo lugar, la exigencia de haber aprobado alguna prueba para formar parte de la bolsa de trabajo?

Por nuestra parte, nada más.
Nada más que agradecerle su participación y decirle nuevamente que nos alegramos mucho de verle.

Muchas gracias.

La senyora presidenta:

Gracias, señora Peris.
Señor Montiel, tiene usted 4 minutos, ya sé que es prácticamente la nada pero usted hace un ejercicio de síntesis, que yo le conozco y sé que usted es capaz de hacerlo.

Gracias.

El senyor Montiel Márquez:

Això és una presidenta que mana sense manar.

Bé, en resposta a la senyora Blanes, jo crec que -i crec que serveix també per a altres respostes- l'administració valenciana respon raonablement bé al teletreball.

El problema del teletreball és un altre.
No és un problema a soles tecnològic, no és a soles un problema de rigidesa en l'estructura, sinó que és un problema també que tenim una administració pública -sobretot alguns sectors- molt feminitzada i les dones, quan teletreballen…, el teletreball els afecta molt més que als hòmens.
Perquè a més normalment això és compatibilitza amb situacions d'atenció a majors, d'atenció a menors, de malalts, de treball domèstic.

I per tant, han d'arbitrar-se mecanismes per a que el teletreball no supose que al final s' haja de fer tot el que se fa en casa i a més se supleix el buit de serveis de cuidados per a acabar acabant la faena de l'administració pública a les tres del matí, quan ja tots estan gitats i la funcionària o la empleada pública pot fer front a les tasques.

I jo crec que el teletreball és un canvi de paradigma.
Ha d'anar acompanyada d'un canvi cultural i de posar els mitjans per a que funcione d'una altra manera.
No és a soles t'emportes l'ordinador, i n'hi ha una aplicació i te connectes per remoto.

Jo crec que en el tema dels mecanismes… el tema de les interinitats és que és patològic, o siga, el problema ací és que s'ha abusat de les comissions de servei, per exemple.
Que no se parla, però les comissions de serveis quan s'esgotaven en el lloc 1932, te nomenaven en comissió de servei en el 1933.
I continuaves en el mateix despatx, en la mateixa taula fent la mateixa faena.
I açò ha sigut una patologia històrica en la Generalitat Valenciana, especialment, no tant en administracions més menudes.

I clar, el tema dels interins…, és que el tema dels interins era flagrant, perquè a més l'interí viu en un «ai»…, de si li trauran la plaça.
Com te portes mal te traurem la plaça.
I clar, a vore el TAG, el tècnic d'urbanisme, o d'ordenació del territori, o de tal.
.
que feia un informe que no tocara.

Jo crec que és necessita objectivar eixos… açò.
És cert que en alguns casos faran falta solucions ad hoc, com el cas que parlàvem del cor o de l'orquestra o en algun cas molt singular.
Però en altres casos cal anar a convocar oposicions, a fer funcionar les ofertes de empleo públic.
Perquè les ofertes d'ocupació que estaven previstes en el Pla estratègic 2016-2019…, clar, algunes no s'han desenvolupat encara.
I ahí n'hi ha molt que desatascar.

Jo crec que -parlant d'això- per a formar part d'una borsa cal haver superat algun exercici… -i li dic a la senyora Peris-, és que és elemental.
És elemental.
Perquè sinó no, no n'hi ha avaluació.
I el que no podem fer és aplicar el criteri de publicitat, mèrit i capacitat per a l'accés a la funció pública menys si és interí.
Si és interí dóna igual, ni mèrit ni capacitat, a soles estar apuntat.
No.
No pot ser.
Això no pot ser.

Jo crec que… parlant del que dia el senyor… Jo crec que en el article 12 la solució està en el mateix article, perquè eixos informes que se poden demanar al consell assessor, és això, «se poden demanar».
És a dir, emetrà informe a soles si se'l demanen.
Jo no veig molt clara eixa funció, ja ho dic.
No la veig molt clara.
Però si alguna administració vol demanar un informe, podria fer-ho.
Encara que eixe informe no tindria cap validesa.
Perquè clar, per a això ja està el Consell Jurídic Consultiu, el Comité Econòmic i Social etcètera.

Crec que no està de més les facultats que se descriuen en l'article 11 de la futura escola valenciana de l'administració pública, però clar, depén molt de que tinga l'autonomia, o sea de que tenga la… -estic parlant en valencià i no me n'he adonat-, de que tenga la autonomía suficiente como para poder suscribir convenios y acuerdos con otras administraciones públicas y sea una herramienta más que de definición, de investigación y de propuestas, o sea, que sea un laboratorio que lance propuestas e ideas.

En los procesos de selección yo soy partidario de sistemas que garanticen la máxima objetividad.
Yo soy partidario de la oposición.
Vamos, he pasado varias y creo que es el mejor sistema.

El problema es… -es decir y además usted lo conoce bien porque es profesor titular de universidad-, el problema es que en este momento somos poco atractivos para las generaciones que salen del Plan Bolonia.
Porque han trabajado, estudiado de otra manera y ahora los ejercicios de tipo memorístico les resulta una cosa absolutamente extraña.

Y ahí también podrá hacer de alguna manera de laboratorio, porque hay que empezar a plantearse fórmulas de selección del personal que sean muchísimo más modernas y que no se basen solo en la pura memoria.

El requisito lingüístico… Y aprovecho y así le contesto… (Veus) Sí.
Es que lo requisito lingüístico es… el señor Tormo.

Mire, yo tengo una forma de entender la administración… -al señor Tormo y al señor Rovira-, tengo una forma de entender la administración en que toda proclamación de derechos de un ciudadano o una ciudadana comporta una obligación de los poderes públicos de satisfacer el derecho.

Si el ciudadano o la ciudadana tiene el derecho a usar su lengua -el valenciano-, la administración tiene la obligación de poder prestar el servicio en valenciano o en castellano, en la lengua que decida el ciudadano.

¿Y por qué entonces esto parece no responder al caso de Requena o al caso de la Vega Baja?
Mire, porque los funcionarios después tienen derecho a la movilidad.
Y el funcionario que entra de TAG no sabe si va a acabar en la Vega Baja o si va a acabar en Morella -que citaba usted-.

Y, por tanto, yo creo que el derecho de los ciudadanos a expresarse en su propia lengua tiene la obligación correlativa de la administración de asegurar que los funcionarios y funcionarias, los empleados y empleadas públicas conozcan y puedan atender en esa lengua.
No es un requisito.
Es la garantía de un derecho de nuestros ciudadanos y ciudadanas.

Y con la policía local yo creo que podríamos, podríamos hablar (veus), pero bueno… Y…

La senyora presidenta:

Señor Montiel, lo lamento mucho pero…

El senyor Montiel Márquez:

No puedo más, lo siento.
La reducción de la libre designación es una gran idea.
Creo que era necesaria.

La senyora presidenta:

Muchas gracias, señor Montiel.
Siempre un placer tenerle cerca (veus) y volverle a ver.

Compareixença del senyor Luis Vañó Gisbert

La senyora presidenta:

Señorías, disculpen que se haya atrasado el tiempo.
Vamos a dar paso al siguiente ponente, que está esperando.
En el momento que los servicios de la casa desinfecten… (pausa).

Señorías … Creo que falta el señor Rovira del Partido Popular.
Mientras Luís… ¿No está?
Esperamos un poco, porque… (pausa).
Bueno, señorías, vamos a continuar.
Agradecemos la presencia del señor Luis Vañó, que es presidente del CERMI de la Comunidad Valenciana.
Bienvenido de nuevo, señor Vañó, siempre muy agradecidos por todas sus aportaciones.

Y brevemente le explico que tiene 8 minutos que le voy a pedir, por favor, en la medida de lo posible se ciña al tiempo.
Y luego cada uno de los portavoces parlamentarios de los diferentes grupos se dirigirá a usted por 4 minutos.
Luego tendrá que intentar hacer un ejercicio de síntesis para poder responderles durante 4 minutos más.
Así que cuando… por favor, si puede darle… No, no.
A su derecha, el botón de abajo, bueno, el metálico.
Cuando usted quiera.

El senyor Vañó Gisbert:

Bona vesprada a tots i a totes.
Gracias, presidenta.
Gracias, señorías.

Bueno, comparecemos aquí.
Soy Luís Vañó, presidente del CERMI.
Y ya se les envió en tiempo y forma correcto a todas sus señorías el documento de propuestas de enmiendas transversales en materia de discapacidad y su justificación, que supongo que habrán recibido.

La modernización de la Ley de función pública sistematizando su texto como está, adaptado a las nuevas realidades de la digitalización, el teletrabajo, la formación o mayorías garantías en el acceso, en la promoción y el desarrollo de la carrera profesional o en su finalización exige también acometer otros retos pendientes que tienen que tener en cuenta.

Las personas con discapacidad se hacen presentes en el proyecto de ley siguiendo la tradición de dedicar un precepto específico a la igualdad en su acceso a la función pública y algunas disposiciones en materia de movilidad.

No obstante, con estas enmiendas que les presentamos pretendemos dotarla de un enfoque mucho más ambicioso que no deje atrás a las personas con discapacidad, no sólo desde la óptica de la profesionalización sino también de la ciudadanía.
En este sentido, la accesibilidad universal es nuevamente la gran olvidada en el proyecto.
A su garantía se dedica el grueso de nuestras propuestas.

El resto orbitan por un uso más inclusivo de la terminología empleada, la necesaria unificación de criterios en torno a los ajustes razonables en las pruebas de acceso o la formación en discapacidad de los órganos técnicos y de los empleados públicos para una atención de calidad.

Queremos reconocer antes y públicamente el compromiso de la conselleria de recoger casi íntegramente nuestras propuestas en materia de acceso al empleo público de las personas con discapacidad, que finalmente ha quedado plasmada en el artículo 64 del proyecto de ley que se defendieron en la pasada legislatura en la andadura de la participación pública de la norma.

Quizás en este trámite de enmiendas podría complementarse la redacción con la fijación que establecimos en un plazo de siete años para que se llevara a cabo y de una cláusula de garantías.

Dicho lo anterior paso a explicar lo más rápido posible las propuestas de enmienda en el articulado que ya tienen ustedes en su poder agrupado en cuatro ejes.

Uno, la terminología.
Insistimos en la sustitución en todo el texto de la expresión «trastornos» barra «enfermedad mental» por «problemas de salud mental», e «integración» por «inclusión».
Técnicamente, totalmente más ajustadas.

Dos, la accesibilidad universal como principio rector, derecho subjetivo y garantía para el adecuado ejercicio de otros derechos, que lo hemos plasmado en el artículo 2 con una edición y en el artículo 60 con una edición.

Observamos en el texto proyectado que la accesibilidad universal, en relación con la igualdad de trato, oportunidades, se circunscribe prácticamente al proceso de acceso a la función pública.
La discapacidad, señorías, es el resultado de la interacción con barreras, lo que exige diferenciar ambos conceptos tal y como así sucede de forma explícita en la ley estatal.

Accesibilidad universal, ajustes razonables, apoyos y adaptaciones son conceptos jurídicos relacionados pero no homologables en su completo significado.

De este modo, en el texto de este proyecto de ley la accesibilidad ha de constituir un principio rector, presidir, inspirar, en consecuencia, las actuaciones de los poderes públicos por imperativo legal, confirmarse como un derecho subjetivo y, asimismo, como una garantía para el ejercicio pleno y efectivo de otros principios -igualdad, publicidad en las convocatorias, transparencia, adecuación de procedimientos etcétera- o en el ejercicio pleno y efectivo de otros derechos, que ya han sido objeto de reconocimiento individualizado -orientación, asesoramiento, defensa jurídica, formación o información, por ejemplo-.

La administración digital está comenzando a ser una realidad y es necesario arbitrar medidas que garanticen la igualdad de acceso.

No puede exigirse a la ciudadanía una relación telemática si la tecnología implantada no es usable, comprensible ni está adaptada a cualquier tipo de necesidad de apoyo.
Introducir los principios de diseño para todas las personas y accesibilidad universal no es gratuito.
Son complementarios.

Por otra parte, también la acción es bidireccional, pues herramientas accesibles garantizarán que los empleados y empleadas públicos y públicas con discapacidad podrán desarrollar su (inintel·ligible) … funcional en esta faceta en igualdad de condiciones sin necesidad de adoptar a posteriori ajustes razonables u otras adaptaciones al puesto.

Por otro lado, resulta necesario dejar constancia en el texto, la accesibilidad en todas sus dimensiones de manera que resulte entendible, entendida, asumida y aplicada en todos y cada una de ellas.

Física, en espacios, equipamientos y entornos.
Cognitiva, actitudinal y la comunicación, por lo que existen enmiendas no solo referidas a las herramientas telemáticas de relación con la administración, sino también y muy especialmente a los procesos de selección y promoción, lo que entronca con la formación de los órganos técnicos de convocatoria, evaluación y gestión de la misma.

Pero, asimismo, a los procedimientos disciplinarios a empleados y empleadas públicas o a la atención y trato adecuado a la ciudadanía, avanzando en la implantación de sistemas alternativos de comunicación mediante canales telemáticos, audio descripción, estenotipia, pictogramas o presencialmente -materiales en braille, pictográficos o acompañamiento mediante el personal facilitador que figura y diseño profesional que ha de trabajarse muchísimo en esta comunidad para implementarla-.

Celebramos la incorporación de oficio de una disposición adicional específica -la duodécima- que reconoce la importancia y esencialidad de la implementación de la lengua de signos como instrumento vehicular.
Pero es de sobra conocido, señorías, que las personas sordas no responden a un único patrón comunicativo, ni mucho menos a un solo modelo de identificación como persona -lo hemos dicho en la disposición adicional 12 bis nueva-.

Finalmente, en esta línea argumental se introduce expresamente el derecho del personal a la provisión de apoyos y adaptación de ajustes razonables, resultando de la interacción de la accesibilidad con otros derechos reconocidos en las personas con discapacidad.

En la provisión y movilidad se postulan diversas propuestas en los diferentes procedimientos partiendo de la idea de no confundir, señorías, salud o falta de salud con discapacidad, pues no son términos coincidentes.

Es por eso que se introduce esta matización en diversos preceptos desde el sistema del concurso pasando por la adscripción, cambio de puesto o la reasignación de efectivos -artículo 114, 123, 124, 128 adicional 16-.

En el cuarto, estructura la formación de profesionales de la función pública en materias de discapacidad -que lo hemos dicho en el artículo 67 con una edición, 76 y 127-.
Observamos que la formación en materia de discapacidad no se considera adecuadamente tanto respecto a los futuros empleados públicos como para la atención a la calidad de la ciudadanía.

Pretendemos con estas propuestas, por un lado, garantizar mediante criterios unificados de la EVAP la adopción efectiva de medidas de apoyo y de los ajustes razonables necesarios.

Por otro, que los órganos técnicos de selección designados cuenten con suficiente formación en discapacidad a los solos efectos de lo ya previsto en el artículo 64 y de la adopción de adaptaciones, ajustes razonables o productos barra dispositivos de apoyo, dado que uno de los focos de mayor conflicto, señorías, en los procesos de selección es el desconocimiento en no pocas ocasiones por parte de estos órganos técnicos de lo que supone no tanto adaptar los contenidos pero sí adaptar los ajustes razonables en la realización de las pruebas o el manejo de determinados productos de apoyo.

Por ejemplo, como ha ocurrido, obligar a quitarse a una persona su audífono.
Eso ha ocurrido en esta comunidad en un proceso.

La unificación de criterios para la EVAP y una adecuada formación en estas especialidades es absolutamente necesaria para garantizar la accesibilidad universal y en su virtud la igualdad y no discriminación en el acceso.

Del mismo modo, también hemos reservado una enmienda a la formación del personal público y también se pretende igualmente clarificar la posibilidad de colaboración en esta tarea entre la administración y las entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro involucradas en la respuesta formativa y el trato adecuado al colectivo, mediante la suscripción de los oportunos convenios.

Muchas gracias.

La senyora presidenta:

Muchas gracias.
Señor Vañó, le agradezco además también que se haya ceñido al tiempo.
Y ahora es el momento de los grupos parlamentarios.
Tiene la palabra la representante del Grupo Unides Podem.

La senyora Blanes León:

Moltes gràcies, senyora presidenta.
I moltes gràcies, senyor Vañó, perquè sé que de manera molt ràpida però, com bé ha dit, tindrem temps de mirar bé les propostes amb deteniment i d'estudiar-les una per una, perquè pensem que són necessàries.

És necessari poder entendre i, sobretot, per això mateix, el que vosté comenta, la formació és imprescindible en aquestos temes.
Perquè jo pense que, malauradament, venim d'èpoques en que totes aquestes coses s'han invisibilitzat d'una manera lamentable però que a dia de hui tots i totes les tenim al cap però no sempre s'apliquen o els donen solució de la manera més apropiada.

Inclús havent voluntat de, crec que no sempre es fa de la millor manera.
I, per tant, la formació ha de ser imprescindible.
Però, sobretot, per què?
Perquè crec que els drets de les persones ha tindre eixa accessibilitat universal ha de ser tant per a accedir a la funció pública com per a les persones usuàries, evidentment, que hagen d'anar i hagen de ser ateses pels funcionaris i les funcionàries.

Per tant, ha d'estar en eixos dos sentits, totalment garantida l'accés universal de totes les persones.
Per tant, jo crec que els seues aportacions són imprescindibles.
Hem d'estar en contínua adaptació.
I, sobretot, també perquè la diversitat, com bé diu, és molt diversa i cada una d'elles ha de tindre crec que un marc normatiu, evidentment, que respecte en termes generals, però després s'ha d'atendre a les persones amb cada una de les seues singularitats que totes tenim.

Per tant, jo agrair-li, com bé dic, les seues aportacions.
Sap que nosaltres, des del nostre grup, tenim una companya que… no cal dir-li la sensibilitat que tenim en l'aspecte de llengua de signes.
La nostra companya i diputada Pilar Lima ens ho recorda i ens ho posa damunt de la taula.

I jo crec que això, com bé diu, és necessari.
Aquesta disposició addicional és fonamental.
Però cal anar més enllà perquè ací parlem també molt del dret lingüístic i, evidentment, no totes les persones sordes l'utilitzen, però sí que gran part d'elles i, per tant, ha d'estar garantit d'alguna manera que puguen accedir a la funció pública com a treballadores i treballadors i també, com bé dic, a ser ateses.

Res més que dir-li, simplement agrair-li.
Com ha dit, moltes de les seues propostes ja venen recollides, però no són suficients.
I, sobretot, també per la necessitat que a dia de hui s'ha posat damunt de la taula en temes de teletreball, com vosté ha comentat.

Eixa adaptació, de quina manera pensa que s'ha de fer també en matèria d'accessibilitat universal?
I quines són eixes noves fórmules que s'haurien d'adaptar de cara al futur i que aquesta situació ens ha fet accelerar d'aquesta manera?

Ja li dic, agrair-li i espere que en el procés d'esmenes que encara tenim per davant, totes aquelles coses que consideren que no han sigut recollides o que poden ser millorades puguem tindre l'oportunitat de continuar treballant-les.

Moltes gràcies.

El senyor Vañó Gisbert:

Gràcies.

La senyora presidenta:

Muchas gracias, señora Blanes.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Vox.
Señor Llanos, cuando usted considere.

El senyor Llanos Pitarch:

Muchas gracias, señora presidenta.

Señor Vañó, buenos días otra vez.
Nuevamente.
Ya nos ha acompañado en este hemiciclo hace una semana o dos, ya perdemos un poco la idea con tantas comisiones.
En la que nos planteó, bueno, sus propuestas para la reconstrucción.

Y como de alguna manera una ley de la función pública elaborada por un gobierno concreto y con una ideología concreta toca una serie de cuestiones más o menos sensibles que tienen que ver con lo que se propone en la propia comisión de reconstrucción, algunas cuestiones que aparecen en la ley ya no se las voy a preguntar porque ya se las pregunté en aquel momento y sé perfectamente lo que opina usted o CERMI sobre la perspectiva de género, sobre el requisito lingüístico etcétera, etcétera.

Bien.
Además su planteamiento de hoy ha sido muy puntual.
Ha sido lo que ha sido.
Es decir, cómo se trata en esta Ley de función pública el tema de la discapacidad o de diversidad funcional.

Mire, cuando el tipo de discapacidad no haga imposible -que hay tipos de discapacidad, entiendo yo- un puesto concreto en la función pública, creemos desde el grupo parlamentario Vox que hay que adoptar todas, absolutamente todas las medidas necesarias que equilibren… -aquí sí que creo que la palabra tiene sentido y no en otros artículos o en otros temas de este proyecto de ley-, que equilibren la posición de todos para el acceso a la función pública.

Es decir, si no parte desde una situación de mayor dificultad, evidentemente, se le tienen que dar todas las medidas necesarias, absolutamente todas.
Y poco más.
Simplemente le voy a decir -porque no voy a ocupar todo el tiempo- simplemente le diré que no somos muy partidarios de que todo tenga que ser con rango legal.

Es decir, nosotros no nos gustan los textos muy grandes.
No nos gustan muchas leyes.
Los países democráticos de verdad tienen muy pocas leyes.
Muy pocas leyes.
Y luego tienen órdenes, resoluciones de trabajo, administrativas.
Pero muy pocas leyes, que tienen un carácter excesiva y marcadamente ideológico.

Simplemente le hago una reflexión, a ver usted qué piensa.
Le pregunto.
Si quizá estas medidas que hacen falta implementar tienen que aparecer en un texto normativo como la Ley de función pública o podrían formar parte de otro tipo de medida, norma de rango menor, en lo que es el actuar cotidiano de las administraciones públicas.

Es decir, no estoy diciendo que no tenga importancia.
Estoy diciendo que no defendemos una ley para cada cosa.
Quiero decir que las leyes tienen por naturaleza un carácter eminentemente general.
General.
Por eso, le hago esta reflexión y se la hago a usted.
Se lo pregunto.
¿Cree de verdad que tiene que incluirse todo, todo en un texto normativo con rango de ley?

Muchas gracias.

La senyora presidenta:

Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora portavoz del Grupo Compromís.
Señora Torres, cuando usted quiera.

La senyora Torres Garcia:

Gràcies, presidenta.

Senyor Vañó, l'enhorabona per eixa contundència defensant els drets del col·lectiu al qual vosté representa, persones amb discapacitat o diversitat funcional.

Efectivament, la terminologia és importantíssima.
Les paraules, sobretot les escrites, perquè les paraules dites, al remat se les emporta el vent.
Però allò que està escrit roman i perdura.
Per tant, és important dir les coses pel seu nom.

Ja he aprés l'apunt.
No «persones amb malaltia mental» sinó «persones amb problemes de salut mental».
M'ho apunte i aixina serà com ho diré d'ara en avant.

Clar que llegirem, clar que atendrem les esmenes que vosté ha presentat i els prestarem la importància i l'atenció que es mereixen, faltaria més.

I, per descomptat que l'accessibilitat universal ha de ser un principi que guie la llei de la funció pública, com la guien altres principis que la llei de funció pública anterior no introduïa i que els temps actuals… en què tant reivindiquem precisament, eixe terme al qual vosté també ha al·ludit, la «inclusió».
Malament fem si quan legislem -i este és el poder legislatiu- no utilitzem les paraules, la terminologia amb propietat.

Li avance que s'ha començat ja a treballar en un projecte de llei sobre accessibilitat universal, precisament, amb la qual es vol, precisament, donar visibilitat al col·lectiu al qual vosté representa.
Perquè -i crec que puc parlar no només en nom de Compromís, sinó també dels altres grups que conformen el Botànic- nosaltres sí que pensem que hi ha coses que indefugiblement s'han de legislar, perquè el que fan és preservar drets de les persones.
De totes les persones.

I, centrant-nos en el text del projecte de llei, l'article 64 és el que està dedicat precisament a les persones amb discapacitat o diversitat funcional.
I a mi sí que m'agradaria preguntar-li què pensa vosté dels percentatges que han quedat reflectits ací?
Hi ha un 10 % reservat a este col·lectiu en cada oferta d'ocupació pública, amb una distribució d'un 3 % per a persones amb discapacitat intel·lectual, un 1 % per a persones amb problemes de salut mental i l'altre 6 % per a persones amb altres discapacitats o diversitats funcionals.
M'agradaria saber si vosté troba que són percentatges adequats.

I també sap que eixe article 64 disposa que la tendència hauria de ser en l'administració de la Generalitat i també en altres… -«administració de la Generalitat» inclou tot, val?
-, el percentatge hauria d'anar cap a un 3 % del personal de l'administració reservat a les persones amb discapacitat o diversitat funcional.

Gràcies per assistir a esta comissió i l'enhorabona per la seua intervenció.

Gràcies, presidenta.

La senyora presidenta:

Muchas gracias, señora Torres.
Señor Tormo, tiene usted ahora la palabra como portavoz del Grupo Ciudadanos.

El senyor Tormo Moratalla:

Gracias, señora presidenta.

Señor Vañó, poco que objetar a su intervención y todo lo que ha aportado aquí.
Reconocimiento total y absoluto de este Grupo Parlamentario a la labor que hacen.
Es decir, solo viendo los componentes que forman parte de la asociación CERMI lo dicen todo.
Cruz Roja, Cáritas, la Plataforma del Tercer Sector (inintel·ligible) …

El problema que tenemos con las personas con discapacidad, usted lo sabe, es el dinero.

Mejora telemática, mejora telemática.
Yo tengo cuatro críos.
Los dos pequeños… no, los tres, los tres.
De los cuatro, tres en esta época de pandemia han tenido que acceder a la educación mediante la telemática, mediante ordenadores.
Tuvimos que reforzar la línea de internet porque no funcionaba bien.

Nosotros pudimos permitírnoslo, pero usted sabe que se ha establecido ciudadanos de segunda y ciudadanos de primera en función de la capacidad económica que tuvieron y que muchos críos se quedaron España sin poder acceder en condiciones a una línea informática en condiciones.

Bueno, esto ha ocurrido, va a ocurrir en el futuro en cuanto nosotros queramos implementar y mejorar las posibilidades telemáticas para ayudar a las personas con discapacidad va a ocurrir.
Es una cuestión de dinero.
No es de capacidad tecnológica.
Es de dinero.
De que las administraciones no van a tener dinero suficiente para actuar con la necesaria rapidez que nosotros querríamos.

Mejora en la comunicación.
Exactamente lo mismo.
Cuando usted hablaba de pictogramas, de personas que ayuden para el lenguaje de signos, tanto el valenciano como el castellano va a ocurrir exactamente lo mismo.
Va a ser un problema de dinero.

Y aquí hay un ejemplo que yo le voy a poner y lo vamos a entender todos perfectamente.
Nosotros dimos a luz hace año y medio aproximadamente una ley de estructuras agrarias fenomenal, fantástica.
Con todas sus limitaciones, porque todo lo tiene.
Pero yo creo que es fantástica porque fue fruto del consenso de la mayoría de grupos parlamentarios.
Bueno, no hay un duro.
Es decir, la consellera dice una cosa y el secretario autonómico dice otra.
No hay dinero para ponerla en marcha.

Y aquí nos va a ocurrir desgraciadamente lo mismo.
Vamos a hacer un cesto con unos escasos mimbres.
Escasos mimbres se llama dinero público.
Yo le traslado, en nombre de mi grupo, que vamos a poner todo de nuestra parte para que esto sea de una forma distinta, pero ya le digo que no va a ocurrir, porque es que no hay dinero en el erario público para poder avanzar tan rápidamente como nosotros quisiéramos.

Nosotros que tenemos ya cierta edad recordamos cuando en las ciudades y pueblos de España las aceras no eran accesibles a la gente que iban en silla de ruedas.
Usted se acuerda de cuando empezaron a modificar todas y cada una de las esquinas de este país para que la gente pudiera acceder en sus dispositivos de movilidad, que entonces no eran ni siquiera eléctricos.

Bueno, eso llevo una cantidad de tiempo determinada.
Lo que nosotros nos tememos es que el avance, la rapidez en la cual se ponga a disposición de las personas con discapacidad todos los elementos para hacer más fácil su vida y también el acceso a la función pública sea dolorosamente lento.

Esto tiene poca solución.
Es decir, si no hay presupuesto, no hay presupuesto.
Ahora, nosotros nos va a tener siempre a favor para que sea lo menos doloroso y lo menos lento.

De nuevo agradecerle su presencia hoy aquí (veus).

La senyora presidenta:

Muchas gracias, señor Tormo.
Señor Rovira, tiene usted la palabra como portavoz del Grupo Popular.

El senyor Rovira Jover:

Sí, muchas gracias.
Agradecer a don Luís Vañó su presencia en esta comisión.

Yo le aseguro que las enmiendas que va a presentar del proyecto de ley las vamos a atender.
No me considero un experto, con lo cual tendré que…, con mi compañera Elena Bastidas, que quizá trata mucho mejor que yo y es mejor conocedora de estas cuestiones, las trataré con ella, este aspecto de enmiendas.

Pero bien, el nuevo proyecto de ley lo que hace es dar un peldaño más.
Yo recuerdo hace muchos años cuando empezábamos…, que usted seguramente será también como yo veterano, cada uno en sus áreas.

Creo que estábamos en un 3 % inicialmente de reserva, luego pasamos al 5 %.
Yo recuerdo que tuve competencias en educación y poníamos más, aunque realmente no se cubrían todas las plazas.
Poníamos un porcentaje superior, que nos permitía la ley.

La actual ley vigente está en un 7 %.
También dedica, al igual que esta, un artículo específico -el 55- lo dedica enteramente a la discapacidad al igual.
Y prácticamente el artículo actual es copiado del anterior.
Es prácticamente el mismo artículo.

Sí que parece que algunas de las matizaciones que ha hecho usted sobre la terminología -ya le digo que lo estudiaremos- puedan ser adecuadas.
Pero el artículo es una repetición del anterior, dando como digo un paso más -como se ha venido dando en los últimos años- siempre con mayores porcentajes.

Y hemos pasado… Ya digo, hace años empezamos en el 3 %, luego al 5 %, luego al 7 % y ahora vamos a ir al 10 %.
Parece razonable ese porcentaje.
El TREBEP está hablando también, a nivel estatal, de una cifra no menor del 7 %, con lo cual también.
Yo estoy seguro que en muchas convocatorias también estarán en torno a al 10 %.

Agradecerle y poco más le puedo….
Muchas gracias.

La senyora presidenta:

Muchas gracias, señor Rovira.
Es el turno del Grupo Socialista.
Tiene la palabra la señora Peris.
Cuando quiera, señora Peris.

La senyora Peris Cervera:

Gracias, señora presidenta.

Señor Vañó, bienvenido a la comisión.
Gracias, como siempre, por sus aportaciones, las de la organización que representa, que está al pie del cañón trabajando por mejorar las condiciones de vida y el reconocimiento de los derechos de las personas con diversidad funcional.

Yo creo que a lo mejor es importante decir algunas cosas.
En primer lugar, que en un estado de derecho las leyes marcan las reglas del juego.
Es obvio.
Pero quizás hay que decirlo.

En segundo lugar, que nuestro país, según nuestra Constitución, España es un estado social y democrático de derecho.
No sólo somos un estado de derecho, somos un estado social.
Y un estado social requiere y lleva aparejado determinadas obligaciones como estado y como país, entre otras, atender desde la igualdad de oportunidades a todas las personas que vivimos en nuestro país.

Así que para mí y para mi grupo sí es importante y relevante que estén las leyes, porque si aún estando en las leyes a veces hay dificultades de cumplimiento, aquello que ni siquiera se refleja en las leyes es voluntarismo puro que no ocurre nunca.

Así que yo creo que el CERMI y otras organizaciones sociales han aprendido la importancia de que esas reivindicaciones están recogidas en las leyes y luego exigiremos su cumplimiento.
Pero es necesario que estén recogidas en las leyes.

Y por lo tanto compartimos que esté recogido en la Ley de función pública, porque ya hay otras leyes en el ámbito de la Comunidad Valenciana y en el conjunto del estado que recogen el estatus y por lo tanto no puede haber leyes redactadas posteriores que contravengan o que no recojan lo que otras leyes ya están estableciendo.
Así que en ese sentido lo compartimos.

Nosotros también compartimos la importancia del lenguaje, porque necesitamos que el lenguaje no invisibilice -porque aquello que no nombra, no existe-, no discrimine y, sobre todo, tampoco sea peyorativo.

Por lo tanto, la referencia que usted hace hoy a un tratamiento correcto y adecuado de esta ley desde el punto de vista del lenguaje no es un tema menor, aunque a algunos se lo parezca.

Y sin duda yo también comparto que es necesario recursos, que no están lo suficientes y que además el CERMI se encarga de denunciarlo permanentemente porque esa es su función.

Pero compartimos que esté recogido en la ley, que no tiremos la toalla, porque hay muchas veces en que las barreras mentales son más difíciles de derrocar que las barreras físicas.
Y, en este sentido, a través de estas leyes también hacemos pedagogía de cambio de mentalidades y de reconocimiento de las personas con diversidad funcional.

Termino, señor Vañó, agradeciéndole su intervención.
Sus enmiendas las vamos a analizar, las vamos a estudiar y por lo tanto vamos a intentar hacer un esfuerzo para que las enmiendas o el espíritu que recogen las enmiendas que hoy usted nos ha trasladado aquí, se vean reflejados en el texto final de esta ley.

Muchísimas gracias.

La senyora presidenta:

Muchas gracias, señora Peris.
Señor Vañó tiene usted ahora 4 minutos para intentar…

El senyor Vañó Gisbert:

Bueno, voy a aglutinar un poco todos los comentarios un poco que habéis hecho.

A ver, yo creo que dentro de textos normativos -lo que decía el representante de Vox-, hay diferentes leyes a nivel internacional, supranacionales, como por ejemplo es la Convención de la ONU de derechos a personas con discapacidad, que además la propia ONU… Y eso tiene que estar en el ADN de cualquier ley, de cualquier estado de este mundo.

De hecho, esta comunidad… fuimos la primera comunidad que adaptó su Estatuto de personas con discapacidad al ADN de la filosofía de la Convención de la ONU.
Es decir, no es hablar en esa ley de la convención.
Es adaptar al ADN de esa ley tan importante a lo que significa la Convención de la ONU.

Muchísimas leyes que salieron en la pasada legislatura no tenían, no tenían la filosofía, el ADN de lo que es la convención de la ONU, esa gran Biblia -se puede decir-, el documento bíblico -si me permitís la expresión- de lo que es la discapacidad en el mundo.

Gracias al CERMI, pudimos instaurar esa filosofía en la Ley de infancia etcétera, etcétera.
En la Ley de Salud, etcétera, etcétera.
Yo con esto quiero decir que todas las leyes que salen de este parlamento tienen que tener, tienen que tener conceptos -tienen que tener el ADN, en este caso concreto, en mi sector- de lo que es la Convención de la ONU de personas con discapacidad.
En todos los sentidos.
Sea de función pública o sea de cualquier otro tema.

La accesibilidad universal -y hoy ya lo he dicho- tiene que ser un principio rector en todas las cuestiones de leyes importantes, no solamente en la que estamos hablando aquí ahora, sino en cualquiera.

Estamos en fase -como ha dicho la representante de Compromís- de esta grandísima ley, importantísima ley, que ya en la pasada legislatura el CERMI reivindicó por activa y por pasiva, que es la ley valenciana de accesibilidad universal e inclusiva.
Es una ley troncal, una ley que va a aglutinar todos los diferentes órdenes y cuestiones que se han hecho en esta comunidad.
Pero una ley que va a ser también basal y que va a afectar a todas las otras leyes que se van a hacer aquí.

Lógicamente que la Ley de función pública tiene que hablar de accesibilidad.
Tiene que hacerlo como principio rector, ¿vale?
Pero luego tendremos esa grandísima ley a la cual ya desde el movimiento CERMI se ha aportado muchísimas aportaciones en esta primera fase de inicio de participación pública -y que tendrá su recorrido, y que llegará aquí dentro de un tiempo.

Por lo tanto esa ley es una de las más importantes en esta legislatura que ustedes, señorías, van a tener que estudiar.
La ley de accesibilidad universal e inclusiva de la Comunidad Valenciana.

Y el representante de Ciudadanos… A ver, yo creo que hay que priorizar dónde se invierte el dinero.
Es decir, prioricemos en lo esencial.
Cualquier ley tiene que llevar una memoria económica, lógicamente.
Si no la lleva, mal vamos, porque hacer una ley… Muy bien.
Pero que tenga una memoria económica que vaya realmente el dinero para que se realice eso.

Y simplemente decir que prioricemos el dinero donde tiene que ir.
Si hay que hacer formación como, por ejemplo, sus señorías saben -y si no, se lo digo- que se ha conformado, hemos conformado la pasada legislatura el Foro de Justicia y Discapacidad.

Este Foro de Justicia y Discapacidad con la conselleria de justicia hemos iniciado cinco auditorías por parte del movimiento CERMI a las ciudades de la justicia de Alicante, Castellón y Valencia sobre temas de accesibilidad.
Pero accesibilidad en todos los aspectos, actitudinal, formativa, etcétera.
Ahí están los documentos.

Y, de hecho, va a haber un presupuesto económico que se ha priorizado para cuestiones de poder arreglar -valga la expresión- cuestiones de accesibilidad en estas ciudades de la justicia.

Además, este Foro de Justicia y Discapacidad también implementa formación, cuestión que ahora haremos en septiembre una formación hacia los funcionarios de la administración de justicia.

Todo esto es lo que estamos diciendo.
Todo esto es lo que tiene que reflejarse en la ley realmente.
En las reservas de plaza el artículo 64, ya lo he dicho, fue negociado, trabajado duramente en la pasada legislatura.
Con nosotros.
Más de 25 reuniones que tuvimos con la conselleria de justicia.
Estamos de acuerdo en ese artículo 64.
Estamos totalmente de acuerdo.

Lo único es que -lo he dicho antes- pusimos un tiempo de siete años para que eso realmente se llevara a cabo.
No está aquí.
¿Por qué pusimos siete años?
En correlación, por ejemplo, con la agenda 2030.
Es decir, de poder tener un tiempo suficiente para luego hacer un análisis real de que todo lo que dice el artículo 64 se está cumpliendo las convocatorias públicas de función pública.
Y esa reserva es real.

Y simplemente terminar en el tema también de accesibilidad.
Lo he dicho antes.
Lo que no puede pasar es que en una convocatoria o en una oposición haya personal técnico de esa oposición que le diga a una persona con discapacidad: «Quítate el audífono para poder hacer este examen o si no te vas a la calle».
Eso ha pasado en esta comunidad.
Y eso es porque la ley no lo está corrigiendo.

Y ese técnico que está en ese examen que ha habido de ese personal funcionario etcétera, ha habido una discriminación palmatoria hacia esa persona con discapacidad.
Y no se le ha podido hacer ese examen porque decía que el audífono le podían copiar o decir las preguntas.
Esto es un ejemplo que os digo en el sentido de que como en la ley tiene que estar realmente esa regulación para que todas estas situaciones no sucedan.

Solamente una cosa… El representante de Ciudadanos… has dicho miembros de la Plataforma del Tercer Sector, que el CERMI también es.
Cruz Roja, Cáritas somos la Plataforma del Tercer Sector y el CERMI está en la Plataforma del Tercer Sector.
Y en el CERMI está todo el sector de la discapacidad y todas las entidades del sector de la discapacidad.

Gracias.
No sé, si me he olvidado de algo, lo siento.

La senyora presidenta:

Señor Vañó, las gracias se las damos nosotros a usted por venir y por siempre estar dispuesto a participar y…, bueno, a que podamos mejorar nuestra labor con su participación…

El senyor Vañó Gisbert:

Para eso estamos y para…

La senyora presidenta:

…Muchísimas gracias por haber estado aquí hoy, como siempre.

El senyor Vañó Gisbert:

Muchas gracias.

Compareixença del senyor Gilbert Garcia Bartoll

La senyora presidenta:

Señorías, un momento, vamos a dar paso al último compareciente de hoy.
Gracias (pausa).

¿Otra vez?
(Pausa).

Señorías, vamos a continuar con la última comparecencia del día de hoy.
Supongo que ya han recibido ustedes también la modificación que se ha producido en el orden del día.

Y contamos con la presencia del señor Gilbert Garcia, que agradecemos mucho que haya podido venir.
Y como ya le he podido explicar el procedimiento, cuando usted considere tiene 8 minutos para comentar, hacer su exposición.
Cuando quiera.

El senyor Garcia Bartoll:

Molt bé.
Moltes gràcies, senyora presidenta.

Primer, bon dia a totes i a tots.
Jo sóc Gilbert i com a vicepresident i representant del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de la Comunitat Valenciana vinc a exposar, primerament, tres punts en els què mencionem que la Mesa de les Corts Valencianes en la reunió del 25 de febrer de 2020 va acordar tramitar el projecte de llei de la Generalitat de la funció pública valenciana, acordant-se l'enviament del projecte de llei a la Comissió de Justícia, Govern i Administració Local.

El punt dos, el Col·legi d'Educació Social va presentar davant la Mesa una sol·licitud de compareixença en relació amb la redacció i contingut del projecte de llei de la Generalitat de la funció pública valenciana, en considerar-ho notòriament perjudicial per als interessos dels professionals agrupats en aquest col·legi, així com per la titulació en educació social, a l'efecte d'exposar i sol·licitar la modificació de la redacció continguda en el projecte de llei.

I el punt tres, que es va presentar una proposta alternativa de redacció de la lletra c de l'apartat 3 de l'annex 1 del projecte de llei de la Generalitat de la funció pública valenciana, en l'escala 5A en la que A2-04-05 és educació social.
La redacció gran en el projecte de llei és la següent: A2-04-05, educació social.
No diem res més.
No exigeix requisits de titulació alguna.

La redacció que el col·legi proposa és que a continuació s'indica de la A2-04-05, educació social, i com a requisit se demane el títol de diplomatura en educació social o grau en educació social o habilitació professional.
Aquesta última modalitat està reconeguda en el supòsit de la lletra b de la disposició addicional de la única llei del 15 del 2003 del 24 de novembre de la Generalitat de creació del Col·legi Oficial d'Educadores i Educadors Socials de la Comunitat Valenciana.

La proposta que realitza té la seua raó de ser en els següents quatre motius que anem a esmentar.
El primer, destaquem la contradicció del que es preveu en la citada annex amb el que diu l'article 29 i 31 del Projecte de llei de funció pública de la Generalitat Valenciana.

L'article 29 del text proposa indicar en alguns… en regular la creació, modificació i supressió de cossos i escales de l'administració de la Generalitat, que determinarà els següents extrems: denominació, escales incloses si escau, grups o subgrups de classificació professional, titulació o titulacions exigides per a l'accés al cos o l'escala i, en el seu cas, altres requisits d'accés.

A la vegada, l'article 31 del text proposat, d'acord amb el que es disposa en l'article 29 abans citat indica en el seu apartat 1 que per a l'accés als cossos o escales del subgrup A2 s'exigirà estar possessió del títol universitari de grau o bé diplomatura en enginyeria tècnica o arquitectura tècnica.

L'annex 1 del projecte de la llei, que recopila els cossos i escales de la Generalitat indica en el seu apartat 3.
c el subgrup A2-04, corresponent al cos tècnic facultatiu d'acció social, administració dels serveis socials i socis sanitaris, i dins d'aquell apareix recollida l'escala A2-04-05, corresponent a l'educació social.

A diferència de la resta d'escales del subgrup A2-04, no s'indica en la A2-04-05, ometent la titulació exigida per a l'accés d'aquesta.
La redacció que apareix en el projecte de llei contravé frontalment el que es veu en l'article 29 del projecte de llei, que exigeix que la creació, modificació i supressió de cossos i escales de l'administració de la Generalitat recollirà, entre altres, la titulació titulacions exigides per a l'accés al cos o escala.

El segon motiu és la fallida dels principis d'interdicció de l'arbitrarietat i d'igualtat en la relació amb el principi de capacitat que requereix l'accés a la funció pública.

El text proposat en el projecte de llei de la Generalitat de funció pública en els termes en què apareix redactat al no indicar cap titulació per a accedir a l'escala d'educació social és netament arbitrària en la mesura en què no és motiva en cap moment i resulta contrària al principi d'interdicció de l'arbitrarietat dels governs públics en l'article 93 de la Constitució espanyola i el principi d'igualtat en l'article 14 de la mateixa constitució.

En relació també al principi de capacitat que requereix l'accés a la funció pública en l'article 103.
3 de la Constitució espanyola, a diferència del que ocorre en altres escales existents en el mateix subgrup.

Si les Corts en la redacció del projecte de llei no es proposa… s'apartaran del criteri seguit amb altres escales.
Hauran d'indicar quin és el motiu i, en particular, indicar per quin motiu sí resulta exigible en altres una titulació concreta mentre que en l'escala d'educació social no s'exigeix cap titulació.

El motiu tercer és la necessària reserva per a l'accés a l'escala d'A2-04-05 d'educació social en els titulats en educació social.
En la mesura en què existeix la titulació d'educació social en els llocs d'escales que hem esmentat expressament denominada educació social, han de quedar reservats als qui la tinguen, als que tinguen aquesta titulació.

Si el que les Corts pretenen és obrir les titulacions que poden tindre accés a l'escala d'educació social a altres grups o diplomatures, hauran de modificar-se la seua denominació, i així ha de ser per a no menyscabar els següents aspectes: el nom de la professió establida en la societat, la titulació en educació social que expedeix la universitat de la Comunitat Valenciana, tant les públiques -la Universitat de València i la UNED- com les concertades, com la Universitat Catòlica de València des de fa 20 anys.

Els professionals i els seus interessos que empara, aglutina i defensa el col·legi professional atenen al que es preveu en la Llei 6/1997, de 4 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de consells i col·legis professionals de la Comunitat Valenciana, així com en la Llei 2/1974, de 13 de febrer, de col·legis professionals d'àmbit estatal.

És a dir, si s'admetrà qualsevol titulació per a l'escala A2-04-05, aquesta no podrà denominar-se educació social, perquè en cas contrari s'estaria confonent als usuaris dels serveis que presten aquests professionals.

Si la figura dels professionals de l'educació social està reconeguda com a necessària en dues lleis recents, de recent creació, aprovades per les Corts Valencianes, com són la llei del 3 de 2019, de 18 de febrer, de la Llei de serveis socials inclusius i la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de drets i garanties de la infància i l'adolescència no quedaria desdibuixada la legitimitat, permetent la contradicció de les funcions que atribueixen aquestes lleis a l'educació social, podent ser exercides per altres professions diferents.

Si ara es pretén donar una nova redacció a l'escala d'educació social eliminant el requisit de la titulació en educació social, les Corts estarien anant en contra del seus propis actes en deixar mancat el contingut de les lleis que prèviament han aprovat reconeixent la figura de les educadores i educadors socials i les funcions que els són pròpies.

I el quart motiu seria que l'escala d'educació social intervé principalment amb nens, nenes i adolescents.
O siga, la població més vulnerable amb la què treballem.
La formació rebuda per les educadores i educadors socials i les funcions professionals que aquests realitzen estan encaminades a la intervenció en bona part dels nenes, nenes i adolescents.

La falta d'exigència de titulació en educació social per a l'escala A2-04-05 en els termes que apareix en el projecte de llei de la Generalitat en funció pública comportarà una disminució de garanties en els serveis que reben les nenes i nens i d'una doble perspectiva.

No s'exigeix cap formació específica en matèria de menors i infància.
No hi ha cap col·legi professional que fiscalitze l'actuació dels funcionaris que presten els seus serveis sota l'escala A2-04-05.
Quan aquests manquin de la condició de titulats en educació social a l'empresa en el que preveu per la llei.

Quan la Llei 4/2019, del 22 de febrer, de la Generalitat, de modificació del capítol 2, del capítol 3 i de la Llei 6/1997, de 4 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de consells i col·legis professionals de la Comunitat Valenciana.

Per tot això, sol·licitem la modificació de la lletra c de l'apartat 3 de l'annex 1 del projecte de llei de la Generalitat de la funció pública valenciana, l'escala 5A, A2-04-05 d'educació social per què passi a atendre la següent redacció.

A2-04-05, educació social.
Requisit, títol de diplomatura en educació social o grau en educació social o habilitació professional.

Moltes gràcies.
I fins aquí.
Si voleu fer preguntes…

La senyora presidenta:

Muchísimas gracias, señor García.
Ahora es el turno de los grupos.
Tiene la palabra la señora Blanes, por parte del portavoz del Grupo Unidas Podemos.
Cuando quiera, señora Blanes.

La senyora Blanes León:

Moltes gràcies, senyora presidenta.
I moltíssimes gràcies, senyor García.

Val, nosaltres…, jo crec que és una proposta molt concreta.
Té poc a entrar en matisacions o en debats, simplement és jo crec que des de la professió el que ací venen a demanar és que d'alguna manera si l'escala sí que està reconeguda… Perquè ací també s'ha parlat durant tot el matí de tot el procés que portem, és eixa reducció de cossos i escales.

Però no és el cas.
No és el cas amb el què estem tractant, sinó que l'educació social ve reconeguda i ve delimitada en eixe apartat cinqué, A2-04-05, com bé ha estat comentant.

I, per tant, el que pareix que no acaba d'entendre's és que per a exercir aquestes funcions no es tinga cap requisit de titulació, quan existeix una titulació específica com vosté ha estat anomenant, que és eixa diplomatura, eixe grau o, en tot cas, l'habilitació professional corresponent per a fer aquestes funcions.

Per tant, existint aquesta titulació, existint aquests llocs de treball molt ben marcats i, com bé diu, atenent a una població vulnerable en la què entenem que la professionalització ha d'estar i ha de garantir eixos serveis i eixa atenció als menors, com bé ha dit.
Bé, nosaltres entenem que havia d'escoltar-se la seua proposta, que s'ha d'estudiar en el procés de les esmenes i de vore de quina manera encaixar en tota la llei.
Perquè, com bé diu, ve arreplegant en cadascuna de la resta de llocs totes les titulacions que sí que poden ser compatibles i poden ser recollides i no en aquest cas en concret.

I, per tant, bé, pareix que és una diferència o una anomalia que ha d'estudiar-se en el procés d'aquesta llei.

Moltíssimes gràcies.
I poc més.
Gràcies per les seues aportacions.

La senyora presidenta:

Gracias, señora Blanes.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Vox.
Señor Llanos, cuando quiera.

El senyor Llanos Pitarch:

Gracias.
Gracias, señora presidenta.

Muchas gracias por su exposición.
 Y no podemos estar más de acuerdo con usted en que hace falta seguridad jurídica y, por tanto, hay que evitar siempre la interdicción de la arbitrariedad por parte de los poderes públicos, evidentemente.
Hay que garantizar la igualdad, el mérito, la capacidad, las aptitudes, la profesionalidad, efectivamente.

La seguridad.
Claro, usted nos plantea, desde su punto de vista, del colegio profesional a esta comisión nos hace un planteamiento corporativista, como es lógico, evidentemente.
Defendiendo a sus colegiados y a su preparación técnica, de alguna manera.

Lo tendremos en cuenta en el grupo.
Hablaremos sobre esta cuestión.
A mí lo que me llama un poco la atención es que no es el único caso, el único caso que se plantea de una forma un poco genérica.

Y habría que ver a qué titulaciones se está haciendo referencia o se puede estar haciendo referencia, y si entra en competencia o no entra en competencia.
Porque, por ejemplo, en la escala A2-04-05 hace una mención genérica sociosanitaria.
No concreta más.

Luego sí, en la 02 hace referencia al requisito de la diplomatura en enfermería o grado.
En la 3 diplomatura o grado en fisioterapia etcétera.
Pero no es el único caso, quiero decir, el de la educación social.
Hay alguno más.
Y en otros apartados.

En fin.
Yo defiendo la especialidad en todo.
Defiendo la especialidad.
Creo que hay que saber cuanto más de una cosa, porque saber un poco de todo a veces supone no saber nada de nada.
Por tanto, la especialidad creo que es aconsejable.

Pero bueno, estudiaremos su propuesta y, desde luego, lo tendremos en cuenta a efectos de la formulación definitiva por lo que respecta al Grupo Parlamentario Vox.

Muchas gracias.

La senyora presidenta:

Gracias, señor Llanos.
Tiene la palabra la portavoz del Grupo Compromís.
Señora Torres, cuando usted quiera.

La senyora Torres Garcia:

Gràcies, presidenta.

Senyor Garcia, benvingut a les Corts Valencianes.

Bé, fa molt anys, quan van començar a emergir, a aparéixer els primers i les primeres educadors socials i encara no hi havia una manera concreta de definir-los en el sentit d'explicar amb detall totes les tasques, les funcions que podien exercir es recorria a una descripció en negatiu.
Què és un educador social?
No és ni monitor, ni animador, ni mestre, ni psicòleg, ni terapeuta, ni assistent social, però al final resulta que és un poc de tot això.
Diria jo.

La bona qüestió és que, amb el pas del temps, això, per sort, ha canviat.
Fa més de vint anys que existeixen uns estudis reglats, una formació acadèmica, una formació, per tant, superior.
I xoca una miqueta que eixa formació no es considere el requisit adequat per a l'exercici d'eixa professió en l'àmbit públic.

Per tant, jo crec que no cal que m'estenga molt més dient que trobe del tot punt oportuna la seua esmena.
I, com s'ha dit ja abans, no és l'única referència al desenvolupament, a l'exercici d'una professió en l'àmbit públic en què manca este requisit acadèmic que considerem imprescindible perquè, al capdavall, una es forma en la universitat, rep uns coneixements que després li permetran exercir una professió, que considere que és el seu cas.

Per tant, per descomptat que atendrem amb la màxima atenció la seua petició.
Gràcies.

Gràcies, presidenta.

La senyora presidenta:

Gracias a usted, señora Torres.
Señor Tormo, el portavoz del Grupo Ciudadanos.

El senyor Tormo Moratalla:

Gracias, señora presidenta.
Señor García, gracias.

Yo he entendido de su comparecencia que no se pide ni se exige una formación concreta para la profesión que usted representa, para lo cual alguien que es técnico como soy yo no puede por menos que llevarse las manos a la cabeza.
Es decir, que estamos proveyendo una serie de plazas para la atención pública al ciudadano y resulta que no se ajusta a las necesidades del puesto.

Entiendo también que usted denuncia una posibilidad de intrusismo, porque si no se exige una formación académica para…, en fin, una preparación concreta, cualquiera podría optar a ese puesto para el que ustedes están especialmente preparados.

Mire, de su comparecencia y de otras lo que nosotros derivamos es que esta ley que viene a sustituir a una del 2010 pero que ya en el 2016 se empezó a hablar del cambio de la del 2010 es…, no voy a decir un tostón.

No voy a decir que adolezca de técnica jurídica ni legislativa, pero sí que se hace difícil de leer, porque las enmiendas que usted propone, las del ponente anterior, y las del anterior, y las del anterior lo que viene a hacer es una…, prácticamente una enmienda a la totalidad, puesto que le están diciendo al legislador, es decir, al proponente de la ley, que dista mucho de ser la ley que todos ustedes necesitan.
Que necesitamos todos en general.

El otro día -y voy a terminar con esto- venía un representante del presidente de las cofradías de la Comunidad Valenciana de pescadores, y decía: «Mire, nosotros llevamos 500 reuniones, 500 en Madrid con el ministerio.
Todos los que saben de leyes nos preguntan cómo se hace para favorecer al gremio de la pesca en la Comunidad Valenciana, en este caso, concreto.
Nosotros somos los que sabemos de pescar.
¿Sabe usted el caso que nos hacen?
Cero».
Aquí me temo que vaya a ocurrir lo mismo.

Gracias, señor García.

La senyora presidenta:

Gracias, señor Tormo.
El portavoz del Partido Popular, el señor Rovira.

El senyor Rovira Jover:

Sí, agradecerle a él la presencia, al señor García y, lógicamente, vamos a estudiar esta petición, porque creo que alguien ha comentado ya que hay algún otro colectivo que también tiene alguna queja.
Y lo que habrá que hacer… Parece que hoy terminamos este proceso y, pasado el verano, iniciaremos el proceso de enmiendas.

Lo que habrá que hacer es estudiarlas con detenimiento y, lógicamente…, yo creo que en su caso tienen razón, por lo poco que he podido… así a bote pronto.
Y el Partido Popular siempre va a defender la especialización de los estudios.

Pero ya digo que hay más casos y los estudiaremos conjuntamente.

Muchas gracias.

La senyora presidenta:

Disculpe, señor Rovira.
Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista.
Señora Peris, cuando quiera.

La senyora Peris Cervera:

Gracias, presidenta.

Senyor Garcia, també, per no fer-ho molt llarg.
Agrair-li la seua intervenció.
Coneixem l'esmena i la preocupació i, al igual que han fet altres grups, hi han també en este cas algun altre col·lectiu que també considera que els annexes no reflecteixen bé o la titulació o la formació que tenen.

Bé, mos sumem a que anem a analitzar eixos… jo almenys ne conec tres o quatre, què ha pogut passar.
I, per tant, també elevarem les consultes a la conselleria per vore si hi ha algun criteri que esta portaveu desconeix per la no especificitat de la formació o simplement és possible esmenar-la sense major transcendència.

I, al igual que altres, també me sumaré a que quan hi ha formació específica per a alguns llocs -a més, com estos- que treballen amb personetes, amb xiquets, amb xiquetes, amb adolescents, molts d'ells en situació de vulnerabilitat, la professionalitat he de ser un requisit imprescindible per a tindre tranquil·litat que estan en les millors mans.

Moltíssimes gràcies.

La senyora presidenta:

Muchas gracias, señora Peris.
Señor Garcia, tiene usted ahora su tiempo para poder… (Veus).

El senyor Garcia Bartoll:

Molt bé.
Gràcies a les preguntes de tots.
Ara és difícil unificar-les totes en una resposta, però bé, intentaré un poc aclarir a cada grup polític la seua aportació.

Les funcions que deia el senyor Llanos dels educadors socials estan definides clarament en la diplomatura, en la universitat… I està molt clarament definit, les funcions.

Pel que ha dit també la senyora Torres, l'educador social apareix, l'educadora i l'educador social apareixen fa molts anys, fa… Principis del segle XIX ja estaven treballant al carrer, el que passa és que n'hi havien moltes nomenclatures.
N'hi havia educador de carrer, educador de comedor, educador de no sé què… I clar, un dels objectius del col·legi quan se va crear i dels col·legis a nivell estatal ha sigut unificar i clarificar eixes funcions.

Aleshores, hem treballat per la unificació de l'educació social, que siga l'únic… tal.
I dins d'això n'hi han moltes disciplines, evidentment.

En la Comunitat Valenciana, per exemple, des de l'any 1997-1998 s'ha diplomat ja en la Universitat de València 2.
300 joves que estan formats.
I enguany, els que eixiran enguany són casi 2500 que estan ja diplomats i graduats en aquesta disciplina.

Pel que deia dels col·lectius, tenim educadores i educadors socials treballant en addiccions, en diversitat funcional, en infància i adolescència, en sistema educatiu, en mediació i PEF, en dependència, en atenció primària de benestar social i igualtat, en intergeneracionalitat, sistema penitenciari i mesures judicials, animació sociocultural, educació socioambiental, educació especial, salut mental, educació i corporació del desenvolupament.

Evidentment, cada disciplina necessita una formació específica.
Tu tens la titulació d'educació social i en cada àmbit te formes amb cursos o amb màsters o especificats.
I tenim tant en l'àmbit privat com en l'àmbit públic.

De fet, ja estan ocupant places en diputacions i en l'administració local.
I en l'atenció primària en llocs específics, per exemple, tenim 565 llocs ja ocupats per educadores i educadors socials.
En funció pública de la Generalitat Valenciana hi han 288 llocs ocupats per educadores i educadors socials de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, específicament, en direcció general, tant infància i adolescència com l'atenció primària de direccions territorials de les tres províncies.

I en moltíssims centres, com recepcions d'Alacant, València, Castelló.
Tenim direccions territorials, tenim centres d'acollida.
Vull dir que n'hi han una varietat de professionals que ja estan dins de la funció pública.

Llavors no es tracta d'incloure una figura nova.
És regularitzar els professionals que ja estan treballant en estes entitats públiques.
I una llei de nova creació no pot cometre l'error que d'una altra banda exclou a una altra i deixa en el llimbs aquests professionals.

I pel que s'ha comentat també -deia la senyora Peris-, que sí, que treballem amb col·lectius molt vulnerables i és molt exigible la professionalitat i la formació concreta, perquè -sense menysprear a ningú- no som un col·legi de pèrits de camins o tal.
Treballem amb persones.
Tots els col·lectius sociosanitaris que treballem amb persones tindríem que tindre esta especificitat molt rigorosa.

Perquè és com el que dèiem, si tu ara en este -desgraciadament- estat de pandèmia mos n'anem a urgències perquè tenim febre i tenim tos i mos ofeguem i tal esperem que el que mos rebrà allí i mos faça el primer triatge no siga un perito agrícola o un arquitecte.
Esperem que siga un metge.
Per tant, la malesa que podria fer un no professional específic allí, també el pot fer en el nostre camp.

Vull dir, un educador social que puga tindre qualsevol educació que no siga específica pot tindre molta experiència, pot tindre molts anys ahí però… A vore el que s'està tractant de definir és el futur d'eixa personeta, en este cas que hem dit d'un xiquet, d'una xiqueta.
Una adopció, per exemple.
Si tu has de fer un informe per a una adopció, pots estar marcant la vida d'eixa xicoteta persona de per vida.
Llavors, entenem que és una responsabilitat important.
I l'exemple pot ser centre de salut com pot ser qualsevol altre.

Pensem que…, a vore, els països de més qualitat de vida -que tots reconeixem que són els països escandinaus- són els països que més reconeixement se'ls dona a les professions socials, a les educatives.
Un mestre, un educador social, un sanitari allí és equiparable al que ací valorem -a un metge, a un arquitecte, a un polític-.
Aleshores, entenem que és això, que és apostar per eixa qualitat de vida.

I no estem parlant de corporativisme.
Estem parlant…, evidentment, el col·legi defensa la professió perquè és un càrrec que, com hem dit, estava molt poc reconeguda i hem anat unificant i reconeixent en tots els estaments que hem pogut la figura de l'educació social.

Però no estem parlant tant de corporativisme personal en quant estem aportant este vessant, eixe caràcter social.
Treballem amb població molt vulnerable i això ens fa que no estem pensant sols en nosaltres.
Pensem també en la població amb la què treballem.
Pensem que és una responsabilitat molt gran.

Espere haver contestat a tots.
Gràcies.

La senyora presidenta:

Muchas gracias, señor Garcia.
Gracias por sus aportaciones y por haber formado parte de esta comisión.
Y bueno, tendremos en cuenta todo lo que usted nos ha transmitido.

Muchísimas gracias.

Señorías, muchas gracias a todas y a todos por el trabajo que han realizado.
Les tengo que agradecer su disponibilidad constante cuando hemos puesto estas comisiones.
Y bueno, ha sido un trabajo muy condensado.

Y respecto a este tema, ya saben que lo retomaremos pasado el tiempo que tengamos de vacaciones.
Y les emplazo a la próxima Comisión de Justicia que es el día 30.

Muchísimas gracias por todo.
Sean ustedes muy felices.

(S'alça la reunió a les 14 hores i 40 minuts)