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Comissió d'Economia, Pressupostos i Hisenda realitzada el dia 23 d'octubre de 2012.
Comença la reunió a les 10 hores i 32 minuts.
Presideix el diputat senyor Jaime Mundo Alberto.
Reunió número 12.

La senyora presidenta:

Vamos a iniciar la sesión.

Señor secretario, cuando quiera.

(El secretari passa llista per tal de comprovar si hi ha quòrum)

El senyor secretari:

Hay quórum.

La senyora presidenta:

Gracias, señor secretario.

A continuación, pasamos al primer punto del orden día, que es la lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
¿Han leído los señores diputados el acta?
¿Se aprueba?
(Pausa) Por asentimiento se aprueba el acta.

Compareixença de l'interventor general de La Generalitat, senyor Salvador Hernándiz García, per a informar sobre els criteris de reconeixement de les obligacions de pagament, com també dels criteris referents al pagament de les obligacions reconegudes, sol·licitada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 28.
541)

La senyora presidenta:

Y pasamos al segundo punto del orden del día, que es la comparecencia del interventor general de La Generalitat para informar sobre los criterios de reconocimiento de las obligaciones de pago, así como los criterios referentes al pago de las obligaciones reconocidas, solicitada por el Grupo Parlamentario Socialista.

Señor interventor, dándole la bienvenida a esta comisión, en su primera intervención en las Cortes Valencianas, la suya personal y la de cualquier interventor general de la Generalitat valenciana.
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Pues, insisto, dándole la bienvenida, tiene usted la palabra para explicar todo lo que ha sido requerido.

El senyor interventor general de La Generalitat:

Muchas gracias, presidenta.

Buenos días.

Comparezco para dar respuesta a la petición del Grupo Parlamentario Socialista, en la que en dos bloques intentaré responder a la misma, a los criterios de reconocimiento de las obligaciones de pago y al criterio para el pago de las obligaciones reconocidas.

El primer bloque, el informe sobre los criterios de reconocimiento de obligaciones.
El reconocimiento de obligaciones es el acto mediante el cual se declara la existencia de un crédito exigible contra La Generalitat, derivado de un gasto previamente autorizado y comprometido.
Con carácter general, previamente al reconocimiento de obligaciones, habrá de acreditarse documentalmente ante el órgano competente la realización de la contraprestación o el derecho del acreedor, de conformidad con los acuerdos que en su día autorizaron y comprometieron en el gasto.

Por tanto, el criterio para el reconocimiento de obligaciones viene determinado por esta acreditación documental que obliga al órgano competente a adoptar el acto por el cual se declara la existencia de un crédito exigible.

En ese sentido, el artículo 16 del texto refundido de la Ley de hacienda pública de la Generalidad valenciana determina que las obligaciones económicas de la Generalidad y de las entidades autónomas nacen de la ley, de los negocios jurídicos y de los actos o hechos que según derecho las generan.

Las obligaciones de pago solamente serán exigibles cuando resulten de la ejecución de su presupuesto, de sentencia judicial firme o de operaciones de tesorería legalmente autorizadas.

Estas obligaciones tienen por causa prestaciones o servicios a la Generalidad valenciana y el pago no podrá realizarse hasta que el acreedor no haya cumplido o garantizado su correlativa obligación.

De acuerdo con los dispuesto en el artículo 40 del texto refundido de la Ley de hacienda, corresponde a los órganos superiores de la Generalidad valenciana, y a los consellers dentro de los límites del artículo 28, autorizar los gastos de los servicios a su cargo, excepción hecha de los casos reservados por ley a la competencia del gobierno valenciano o del conseller de Economía y Hacienda.

Igualmente, les corresponde efectuar la disposición y liquidación de crédito exigible, solicitado del conseller de Economía y Hacienda, la ordenación de los correspondientes pagos.

No obstante, estas competencias pueden ser objeto de delegación en otros órganos de la misma administración.

La intervención fiscaliza las propuestas que le son tramitadas por los departamentos gestores para la liquidación de aquellos gastos previamente autorizados y dispuestos y que han de ir acompañadas de la correspondiente acreditación documental, registrándose, en su caso, los documentos contables de reconocimiento de la obligación y propuesta de pago para la posterior contabilización de las correspondientes fases de tesorería.

Con la entrada en vigor del Decreto 137/2012, de 14 de septiembre, del Consell, por el que se regula la intervención de la inversión en el caso de obras, suministros y servicios, el reconocimiento de la obligación y la propuesta de pago exige además la previa comprobación material de la inversión en los términos dispuestos en dicha norma.

El segundo bloque, que seria informar sobre los criterios de pago de las obligaciones reconocidas, les comentaré que una vez cerrado el ciclo de ejecución del presupuesto, se desarrolla el procedimiento de pago enmarcándose el mismo en el ámbito exclusivo de la gestión de la tesorería pública.

La ordenación de los pagos corresponde al conseller de Hacienda y Administración pública, pudiendo delegar de forma expresa dicha competencia con carácter general o singular.
El ordenador decide el momento en que el pago ha de tener lugar y debe hacerlo no arbitrariamente sino de acuerdo con los criterios que marca la ley.

La Constitución española establece en su artículo 135, apartado tercero, la prioridad absoluta del pago de los intereses y el capital de la deuda pública de las administraciones.
Asimismo, la ley general presupuestaria, en su artículo 107, establece que en la expedición de las órdenes de pago se deben aplicar criterios subjetivos, tales como la fecha de recepción, el importe de la operación, la aplicación presupuestaria y la forma de pago, entre otros.

Nuestra regulación en materia de pagos señala lo siguiente.
El artículo 41 del texto refundido de la Ley de hacienda pública de la Generalidad determina que los pagos se ordenarán a través de los respectivos mandamientos librados por el ordenador a favor de los acreedores de la Generalidad valenciana.
Corresponde al conseller de Economía y Hacienda la ordenación de los pagos, que podrá delegar de forma expresa con carácter general o singular.

Sin embargo, y con objeto de facilitar el servicio, se crearán las ordenaciones de pago secundarias que se consideren necesarias y sus titulares serán nombrados por el conseller de Economía y Hacienda.

El artículo 42 del mismo texto determina que la expedición de los mandamientos de pago a cargo del presupuesto de la Generalidad valenciana deberá ajustarse al plan que acerca de la disposición de fondos de tesorería, establezca el gobierno valenciano a propuesta del conseller de Economía y Hacienda.

Por último, el artículo 43 del texto refundido determina que el pago de las obligaciones económicas de la Generalidad y sus entidades autónomas, regulado en el artículo 16 de esta ley, se efectuará dentro del plazo de los dos meses siguientes a la fecha de nacimiento de la obligación.
Si el pago se demorase más allá del cumplimiento del plazo de dos meses, deberá abonarse al acreedor a partir del día siguiente el interés legal del dinero incrementado o aminorado, de acuerdo con lo que dispone la legislación aplicable en cada caso.

Lo anteriormente dispuesto no resultará aplicable a los gastos de transferencia, cualquiera que sea la naturaleza de las mismas.

En base a lo que he expuesto, y de la regulación expresada, se deduce que el ordenador de pagos debe aplicar criterios objetivos a la hora de establecer una orden de prelación en los pagos, que ha de venir marcado, en primer lugar, por el referido precepto constitucional de intereses y capital de deuda pública; en segundo lugar, por las obligaciones de carácter legal: retribuciones de sus empleados, cuotas de la Seguridad Social y retenciones de IRPF y pago de proveedores en función de la antigüedad de los créditos, que se determina por la fecha de nacimiento de la obligación, con el propósito de minimizar los perjuicios económicos por el devengo de intereses de demora y, por último, por las obligaciones de carácter voluntario, como es el caso de subvenciones y transferencias.

Por el área de tesorería, ante una pregunta parlamentaria formulada en fechas pasadas respecto a los criterios de ordenación de pagos que se utilizan, se emitió la siguiente contestación: «Los criterios de ordenación de pagos de la Generalidad se ajustan al contenido de la normativa legal aplicable a los pagos efectuados por la administración en el decreto legislativo de 26 de junio de 1991 del Consell de la Generalidad, por el que aprueba el texto refundido de la Ley de hacienda pública de la Generalidad valenciana, que establece en su articulado la realización de pago por fecha de nacimiento de la obligación.
»

Asimismo, la Conselleria de Hacienda y Administración Pública, con el fin de agilizar los pagos, y en especial aquellos que por su carácter social o asistencial requieren de una forma de pago más inmediata, realiza dos tipos de actuaciones: una, acreedores con fines sociales y asistenciales, como educación, sanidad, servicios sociales, que tienen primacía en la ordenación de pagos, procurando en todo momento el menor retraso posible y realizándose estos una vez se ha contabilizado el gasto en la contabilidad pública de la Generalidad; y dos, el sistema de pagos mediante confirming, al cual pueden acogerse todas las empresas, proveedores o de prestación de servicios a la Generalidad.
Este procedimiento permite descontar los pagos al plazo estimado por las empresas una vez que los distintos centros gestores lo contabilizan en la contabilidad pública de La Generalitat.

Y es todo lo que tenía que comentar.

La senyora presidenta:

Muchas gracias, señor Hernándiz.

Para contestar al señor interventor general, señor López, por diez minutos, tiene la palabra.

El senyor López Milla:

Muchas gracias, señora presidenta.

Y, buenos días, también, señor Hernándiz.
Y darle -me uno en ello a la señora presidenta de la comisión- la bienvenida a esta comisión.

Agradecerle también sus explicaciones en relación con las cuestiones de carácter, digamos, más técnico, de carácter normativo, que tiene que ver con los criterios de reconocimiento de las obligaciones de pago y la atención del abono de las mismas.

Creo -y lo ha confirmado antes la presidenta- que es la primera vez que comparece en esta comisión como interventor general de la administración autonómica, aunque hoy también lo haga de acuerdo con su nueva condición como secretario autonómico de la conselleria.

Esperamos en mi grupo que no sea la última.
Le puedo asegurar que tenemos la intención de seguir pidiéndole que venga.
Creemos que pocas personas como usted conocen lo que ha sido la evolución de las cuentas públicas autonómicas durante los últimos años y que nadie mejor que usted puede explicarnos, como ha hecho anteriormente, los procesos que han seguido, la ejecución del gasto, el reconocimiento de las obligaciones de pago, el abono de las mismas a los acreedores, que son las cuestiones a las que se refiere esta comparecencia.

Teníamos mucho interés en que viniera usted hoy a estar aquí con nosotros, porque pensamos que puede desvelarnos algunas de las dudas que tenemos respecto a este tipo de cuestiones adicionales a las que ya nos ha comentado con anterioridad.

Por ejemplo, a mí me gustaría saber cuál es en la actualidad el plazo medio que transcurre desde el momento en que un acreedor presenta un documento acreditativo de un derecho de cobro ante la administración autonómica hasta el momento en que dicho derecho de cobro se reconoce como obligación de pago.
Por decirlo de un modo más coloquial, cuánto tiempo pasa desde que un gasto se lleva a cabo hasta que se reconoce la obligación de pago que ese gasto genera, dicho en términos más coloquiales.

También me interesaría saber cuál es la demora media que se produce entre el momento en que se reconoce esa obligación de pago y aparece registrada en la contabilidad presupuestaria y el momento en que se efectúa el pago de la misma en términos globales.

No obstante, y dado que me imagino que todas las deudas no se abonan en los mismos plazos -usted mismo nos ha indicado anteriormente que existía un orden de prelación para el abono de las deuda-, me gustaría que me explicase qué criterios se siguen, en líneas generales, más allá de ese orden al que se ha referido y que se establece en principio de forma objetiva por parte de un ordenador.
Qué criterios se establecen, como decía, en función del tipo de obligación del capítulo al que pertenece, del plazo que ha transcurrido desde que la obligación se reconoció, es decir, si se pagan antes las más antiguas o no, si se pagan antes las que tienen que ver con transferencias corrientes o las que son de capital.
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En fin, si existe, además de los criterios que nos ha comentado y que de forma parece que objetiva están programados en un ordenador, si existe algún criterio de carácter político, para que nos entendamos, y si se toma alguna decisión política en relación con ese tipo de criterio establecido en el software, para que nos aclaremos.

Me imagino que usted conoce perfectamente, creo que lo conocemos todos, los graves problemas en que se encuentran prácticamente todos los sectores que tienen algún tipo de relación con la administración autonómica: los discapacitados, los libreros, los dependientes, los ayuntamientos, las empresas proveedoras de luz y de agua, las compañías que construyen o mantienen las infraestructuras, los farmacéuticos, los proveedores sanitarios, los institutos tecnológicos, las empresas que están esperando recibir una ayuda que se les otorgó.
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En fin, no voy a hacer una relación detallada, porque tampoco creo que sea necesario.
Creo que todos estamos a la orden del día en este sentido.

Esta acumulación de deudas sin pagar produce graves problemas, produce graves problemas a los particulares, pero también produce graves problemas a las empresas.
Ha transcendido en algún medio de comunicación que alguna empresa incluso había dejado de pedir ayudas porque prefería organizarse sin contar con ese dinero antes que contar con un dinero que no sabe cuándo va a llegar.

Los efectos que esta situación, en lo que esto afecta a las empresas, puede tener sobre el empleo, creo que no se nos ocultan a nadie, creo que son fáciles de adivinar: dinero que no llega, empresas que no pueden acceder a préstamos para financiar la falta de ese dinero y que se ven abocadas a reducir plantilla para ajustar costes.
Y si se trata de autónomos que no tienen plantilla, a veces eso lo que acaba provocando es el cierre de la propia actividad del autónomo o del profesional.

Con respecto a este mismo asunto que nos ocupa, me gustaría también preguntarle, aprovechando su presencia aquí hoy, acerca de lo que ha ocurrido durante los últimos años con las popularmente conocidas como «facturas en los cajones».
Yo no sé a los demás miembros de esta comisión, pero a mí me produjo una gran sorpresa comprobar cómo el pasado mes de abril, y coincidiendo con la puesta en marcha del llamado plan de pagos a proveedores, aparecieron más de 1.
800 millones de euros en facturas que parece que no estaban contabilizadas en ninguna parte.
Facturas que de acuerdo con el plan de reequilibrio, corresponden al período que va desde 2009 a 2011; facturas que ni siquiera estaban contabilizadas como es preceptivo, de acuerdo con lo que establece el plan general de contabilidad en la cuenta 409, es decir, la de acreedores pendientes de aplicar a presupuesto.

Como usted sabe muy bien, la falta de registro en esta cuenta no es cuestión técnica ni es una cuestión anecdótica.
El hecho de que no estuvieran contabilizadas ahí significa que no habían entrado, permítame la expresión coloquial, en el circuito del control administrativo.

Pero supone algo más, y es que los gastos asociados a esas obligaciones de pago no fueron contabilizados en el ejercicio en que esos gastos se generaron, de manera que tanto las cifras de gasto de tales ejercicios como las cifras de déficit que se ofrecieron, están ahora mismo puestas en cuestión.

Ni siquiera podemos fiarnos de las cifras que se han ofrecido en términos de contabilidad nacional.
Y esto se debe a que, como usted sabe muy bien, la falta de registro en la cuenta 409 impide que, al efectuar los ajustes en la contabilidad nacional, esos gastos se incorporen a la cifra de déficit en término de contabilidad nacional.
De hecho, uno de los ajustes que se hace para pasar de las cifras presupuestarias a las cifras de contabilidad nacional es añadir los gastos pendientes de aplicar al presupuesto.
Así que acaba resultando que, mientras se decía en 2009 y 2010 que se estaban consiguiendo no sé qué ahorros de gasto y no sé qué frutos de los planes de austeridad, estaban creando centenares de millones de euros en facturas que parece que no estaban contabilizadas.

Por concretar un poco, cuando en la cuenta general del 2009 se nos dice que el gasto no financiero aumentó en aquel ejercicio en 1.
475 millones de euros, podemos legítimamente preguntarnos cuánto habría crecido si se hubieran incluido las facturas que no estaban contabilizadas como pendientes y cuál habría sido el déficit que habría resultado.
Y de la misma manera podríamos preguntarnos si los 558 y 230 millones de euros en que se dijo que se había rebajado el gasto en 2010 y 2011, respectivamente, y que se vendieron a bombo y platillo como el resultado de la política de austeridad, no esconden en realidad, detrás de ellos, nuevos crecimientos del gasto fruto de una política que en aquellos años prefirió dedicarse al escaparate, prefirió recurrir al victimismo, antes que dejar de gastar en lo menos necesario, cuando ya estaba clara, en 2010 y en 2011, la profundidad de la crisis en qué vivíamos.

Tampoco quisiera dejar pasar esta cuestión sin plantearle directamente algo que me preocupa mucho y que tiene que ver con las responsabilidades.
Porque cuando conocemos que más de mil ochocientos millones de euros se habían dejado de registrar en la contabilidad allí donde es preceptivo, no podemos dejar de preguntarnos quién o quiénes son los responsables de ellos.
¿Son los funcionarios?
, ¿son los técnicos?
, ¿son los gestores políticos?
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¿Quién o quiénes decidieron que esos gastos no se debían registrar de acuerdo con lo establecido en el plan general de contabilidad pública en la cuenta 409?
Me imagino que podrá arrojarnos alguna luz al respecto.
Creo que es necesario que estas preguntas tengan respuesta, porque no basta con asumir los errores que pueda haber habido o tratar de buscar soluciones a esos errores.
Creo que es importante saber quiénes son los responsables, ya sea por acción o sea por omisión.

En términos más generales, creo que todos coincidimos en que, ciertamente, vivimos una época muy difícil, creo que coincidirá conmigo en que no podemos consentir que muchos ciudadanos asistan atónitos a episodios lamentables relacionados con la gestión de los recursos públicos, que son los recursos de todos, y durante los últimos años los valencianos y las valencianas hemos podido comprobar, desgraciadamente, cómo con demasiada frecuencia asuntos relacionados con la gestión de los recursos públicos acaban ofreciendo titulares bochornosos y acaban también con demasiada frecuencia en manos de los tribunales.
Por eso creo que es una buena oportunidad su presencia aquí hoy, señor Hernándiz, para que, además de darnos algunas explicaciones más concretas, pues, también intente trasmitir un mensaje hacia los ciudadanos, hacia todos los valencianos y todas las valencianas, ¿no?
¿Han funcionado o no han funcionado los controles públicos?
¿Puede la ciudadanía tener la seguridad de que la intervención a la que usted representa aquí hoy ha hecho todo lo posible para impedir los desmanes que se han producido?
Si lo ha hecho, ¿por qué se han producido esos desmanes?
Y, si no lo ha hecho, ¿por qué no lo ha hecho?

Creo.
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, insisto en que estaría bien que también nos respondiera a estas preguntas en la medida en que con ello, pues, probablemente, los ciudadanos, los valencianos y las valencianas, pues, podrían estar más tranquilos respecto de la gestión de los recursos públicos.

Nada más.
Gracias.

La senyora presidenta:

Gracias, señor López.

Señor Blanco, por cinco minutos.

El senyor Blanco Giner:

Bé, bon dia, jo també me sume a les paraules de benvinguda a l'interventor general.
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La compareixença sol·licitada pel Grup Socialista demana que informe sobre el reconeixement de les obligacions de pagament.
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, i sobre el pagament de les obligacions reconegudes.
Jo crec que, evidentment, de la segona part, és la que més ens preocupa jo crec que a tots els grups parlamentaris, perquè és la que més preocupa a bona part de la societat i a molts afectats directament per l'endarreriment dels pagaments per part de l'administració autonòmica, ¿no?

Vosté el que ha fet és contar-nos, segurament, me dirà, com no podia ser d'una altra manera, el que són les previsions legals al respecte.
El problema en este cas és la discrepància.
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, l'enorme discrepància cada vegada més major entre la previsió legal i la situació fàctica, la situació real.
Evidentment, en el tema del termini dels dos mesos per a pagar es veu de manera clamorosa, però voldríem saber si també en la qüestió de les prioritats hi ha algun tipus d'intervenció política, perquè estem convençuts que sí.
Vosté ens ha explicat quins són els criteris legals, o els criteris legals que li vénen donats, uns criteris legals fins i tot constitucionals des del pacte que es va fer entre el Partit Popular i el Partit Socialista en l'estiu del 2011, que el meu grup no compartix.
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, no compartix que s'antepose el pagament del deute i dels interessos a necessitats socials bàsiques, i més en un moment tan dur en què la crisi està afectant a tantes famílies i a tantes persones.
Però, evidentment, això no li competix, això li ve donat.

Després, retribucions, quotes de la Seguretat Social, IRPF, pagament a proveïdors.
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Jo me detindria de moment ací, ¿no?
, el pagament a proveïdors, perquè, evidentment, vosté diu que el criteri és l'antiguitat en el reconeixement de l'obligació, però també veiem dia a dia, només que fullejant les pàgines del diari, com n'hi han pressions, moviments, mobilitzacions, promeses, negociacions polítiques.
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Estem molt acostumats a escoltar el conseller d'Hisenda i Administracions Públiques prometre-li al grup, diríem, que representa els interessos dels farmacèutics que cobraran en tal data, que quan arribe el FLA cobraran, i això, al final, ha calat en la societat i tots els col·lectius estan menejant-se, com s'ha dit, els discapacitats, les bandes de música, fins i tot els serveis públics que estan veient-se moltes vegades obligats, ¿no?
, en el que és la transferència de fons, i van al conseller de torn, que amb desesperació els explica que no pot fer res.
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El conseller o consellera de torn, el moment en què rep col·lectius afectats pels retards en els pagaments de La Generalitat, diu que no pot fer res, que no té un duro, que està esperant a vore si arriba el FLA, a vore si Vela li diu.
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, li dóna.
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Però sí que hi han promeses.
En el moment que hi han promeses, evidentment, la conclusió lògica és que la pressió funciona almenys mínimament, que funciona més com més capacitat se té.
En un moment donat, en el cas dels farmacèutics, fins i tot d'aturar els subministrament de medicaments a la societat.
I per això jo voldria dir-li si se reben ordres polítiques per a avançar determinats pagaments, perquè estem convençuts que sí.

Després, interessos, i finalment subvencions i transferències.
Ahí una altra reflexió.
Una vegada més, una part tan sensible del sector públic, de l'entramat institucional, com són les administracions locals, queden endarrerides a l'hora d'atendre les seues necessitats, que són transferències i subvencions, perquè viuen de les dos, ¿no?
I la situació de molts ajuntaments és desesperada, desesperada fins al punt que n'hi han impagaments des del 2008 en alguns casos, ¿no?
, per part de La Generalitat.
Que molts ajuntaments que tenien una economia sanejada, unes finances sanejades pròpies, han hagut d'acollir-se al pla de l'ICO pels deutes que La Generalitat.
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, a través del pla Confiança, del PAMER, Emcorp, diversos programes de subvencions, arrosseguen amb ells.
Jo no sé si vosté pot fer alguna valoració respecte a eixa situació, la situació dels deutes de La Generalitat amb els ajuntaments i la capacitat que se puga tindre, tècnica i política, de donar-li una prioritat major que a altres qüestions que, evidentment, sí que se complixen en temps, i ací no vaig a estendre'm, però tots sabem que hi han contractes de primera i contractes de segona, i que no se fa la fórmula 1 si no es paga, i que hi ha qui cobra com Calatrava en bestretes multimilionàries, etcètera, etcètera, ¿no?

Ens consta que fins i tot hi ha determinades entitats que estan renunciant a concórrer a convocatòries de subvencions, perquè, efectivament, com se dia, és una condemna més que una altra cosa; que hi han contractistes que han viscut de l'administració, fins i tot per la seua relació pròxima al partit que la governa i que en estos moments estan sent perdedors també d'esta crisi, perquè no cobren.

I, per últim, sobre el tema de les factures en el calaix, que també m'interessa, preguntar-li si en la seua opinió és un problema també d'infrapressupostació de la despesa farmacèutica, si no hi ha un exercici de voluntarisme any rere any per part del govern i de Les Corts quan aproven, en la majoria que determinen les eleccions en este parlament, una partida pressupostària inferior a la necessitat real, i que per això després se trobem amb eixos problemes que comentava el representant del Grup Socialista.

La senyora presidenta:

Gràcies, senyor Blanco.

Senyora Mollà.

La senyora Mollà Herrera:

Gràcies, senyora presidenta.

Senyor Hernándiz, la veritat és que jo vaig a fer preguntes curtes, concretes i vaig a esperar a la seua contestació per a poder aprofundir més, perquè jo crec que ja porta vosté un cúmul de preguntes que és important que vaja contestant, i reiterar-nos-hi seria perdre el temps.

Jo voldria fer-li una reflexió sobre què ha estat passant fins ara.
En setembre d'este any veíem que el Consell aprovava, en reunió del Consell, que un representant de la intervenció general havia de verificar abans de reconéixer una obligació o proposar un pagament, l'efectiva realització de les obres, subministraments, serveis financers, que amb fons públics se tenien de pagar, i la seua adequació al corresponent contracte o negoci jurídic, sempre que l'import siga de 90.
000 euros o superior.
En eixe context, el senyor Ciscar explicava que, fins al moment, la conselleria o l'entitat competent era qui s'encarregava de fer este control i que ara, per a proporcionar major control, més garantia i més seguretat per a tots, s'anava a proposar esta fórmula.
Pregunte: ¿hi havia descontrol, menys garantia i menys seguretat?

Ho dic perquè, quan un proposa més control, més garantia i més seguretat, és perquè hi ha manca de control, manca de garantia i manca de seguretat.
No sé com ho ha vixcut vosté.
De fet, ha dit vosté que no podrà reconéixer-se una obligació de pagament en el cas que el servei encara no s'haja complit, ¿no?
Ho ha dit vosté en la seua primera intervenció i, aleshores, doncs, u rebusca, ¿no?
, i troba doncs, per exemple, que La Generalitat demanarà els diners al senyor Urdangarin si hi va haver engany, que, efectivament, se van pagar 382.
000 euros per uns jocs europeus que no se van realitzar i que diu el president Fabra que és que vosté va firmar que això se pagara.
Les paraules del senyor Fabra van ser que «ese pago contó con el visto bueno de la Intervención General de La Generalitat».
És a dir, que se pagaven coses, efectivament, firmades per vosté que no se efectuaven i, per tant, això que abans era la conselleria o l'entitat corresponent qui verificava que s'estaven realitzant eixos serveis, doncs, sembla ser que no se feia, i que vosté ho firmava.

Jo no vaig a ser hipòcrita i li vaig a dir, sense ànims que s'ofenga, que jo crec que vosté deuria estar imputat en algun cas de corrupció.
Efectivament, vosté dóna.
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, firma i autoritza determinades garanties i determinats camins a seguir en moltes trames de corrupció i s'efectuen pagaments a moltes empreses de trames de corrupció amb la seua firma, i no ho he dit jo tampoc, ho diu el senyor president de La Generalitat, que en este cas de corrupció vosté és el que fa efectiu eixe pagament al senyor Urdangarin.
Ja li he dit que no vaig a ser hipòcrita, no vaig a amagar la meua opinió ni la del meu grup i, efectivament, això està així i, per tant, jo li pregunte: ¿hi ha hagut interventors que s'han negat a firmar pagaments i vosté els ha hagut de firmar per ells?
¿Hi ha hagut negatives dels interventors i vosté ha tingut de donar el vistiplau a eixos pagaments per a que vagen endavant?
Ho dic perquè este, per exemple, és curiós.

Sobre el tema de les factures en caixa fixa, pagament de proveïdors, etcètera, i allò referent al pla de pagament a proveïdors o el que quede per ahí: ¿s'han tret totes les factures que ha hi en els calaixos d'anys anteriors?
¿Fins a quin punt vosté pot assegurar que totes les factures que s'han passat al pagament a proveïdors no n'ha hi ninguna que no estiga prescrita?
O, si han passat totes que no són prescrites, ¿s'ha quedat en els calaixos La Generalitat alguna factura per pagar que resulte que ha estat prescrita i no l'han treta a la llum pública?

M'agradaria preguntar-li fins a quin punt vosté pot assegurar que totes les factures han passat per una fiscalització adequada.
Ho dic perquè vosté en setembre, la intervenció general ja passa a ser la que s'encarrega de vore que els pagaments van d'acord amb els serveis prestats, i com que hi ha hagut un descontrol, menys garantia i menys seguretat, perquè abans ho feia la conselleria o l'òrgan competent, no sé si vostés han pogut d'alguna manera entrar a valorar, fiscalitzar, vore, o algun òrgan, com per exemple la sindicatura, haja pogut mirar si totes les factures que vostés han passat del pla de pagament a proveïdors, efectivament, se corresponen a serveis prestats.
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¿O això ho deixem com a confiança, esta confiança eterna que se veu que cal tindre amb el govern valencià.

M'agradaria també preguntar-li fins a quin punt pot vosté assegurar que l'import final d'eixes factures se corresponen efectivament als serveis prestats o s'ha inclòs en eixes factures també la demora en el pagament.
És a dir, un pot dir ics diners per este servei, però quan portes cinc anys sense pagar jo t'he fet un arrodoniment de la factura.
No sé fins a quin punt totes les factures se corresponen amb el servei que en el moment s'havia d'haver pagat o s'ha inclòs este temps de demora.

La senyora presidenta:

Senyora Mollà…

La senyora Mollà Herrera:

Sí, ja acabe.

Una pregunta sobre el FLA.
Diu vosté que, prioritat, el pagament dels interessos del deute.
En l'anunci de l'arribada d'esta primera tanda, diguérem, del FLA, efectivament, vosté fins a quin punt pot dir on van a anar a parar els diners.
Vosté diu que hi ha una relació…

La senyora presidenta:

Senyora Mollà…

La senyora Mollà Herrera:

…de pagaments, fins on arribarà o ho assumirà tot els interessos de demora, etcètera, etcètera i no podrà arribar a dependents, a farmàcies…

La senyor presidenta:

Gràcies, senyora Mollà.

Senyor Costa.

El senyor Costa Climent:

Sí, señora presidenta, en primer lugar, por una cuestión de orden.

La senyora presidenta:

¿Hay desorden?

El senyor Costa Climent:

Sí, señora presidenta.

La senyora presidenta:

Dígame usted.

El senyor Costa Climent:

Me gustaría emitir mi más profunda protesta por las palabras de la diputada Mollà.
Yo creo que en este parlamento en determinadas cuestiones se han perdido determinadas formas y determinado respeto.
Creo que acusar o decir o insinuar que el señor interventor general de La Generalitat debería estar imputado en un caso de corrupción, en primer lugar, creo que aquí son los tribunales cuando deciden dictar una sentencia y culpabilizan a alguien quien tiene que marcar de qué tipo es un caso.

En segundo lugar, si la señora Mollà tiene algún tipo de prueba o alguna manifestación de que se haya cometido algún tipo de irregularidad debería presentarlo a los tribunales.
Si no yo le pido muy respetuosamente desde mi grupo que retire esas palabras…

La senyora presidenta:

Señor Costa, queda claro para qué ha pedido usted la palabra.

Señora Mollà, ¿tiene usted algo que decir?
Por un minuto.

La senyora Mollà Herrera:

És que no sé si el Partit Popular…

La senyora presidenta:

Perdón, señora Mollà, por un minuto y cerramos ya.

La senyora Mollà Herrera:

No sé fins a quin punt el Partit Popular pot negar-me a mi la possibilitat d'emetre les opinions que me done la gana dir en el moment en què me dóna la gana dir i, en este cas, amb el respecte que li ho he pogut dir a l'interventor general.
I ja li dic que és la meua opinió, l'opinió del meu grup, se la manifeste sense hipocresia i com ell vulga prendre's-ho serà qüestió d'una cosa personal…

La senyora presidenta:

Gracias.

Señor Costa, tiene usted la palabra por cinco minutos, porque le corresponde, y en sus cinco minutos…

El senyor Costa Climent:

Entiendo que el Grupo Parlamentario Compromís no retira unas palabras que afectan claramente a la honorabilidad de una persona.
Y en esta cámara no se puede decir lo que a uno le da la gana, hay que mantener determinados respetos, fundamentalmente al tratamiento de las Cortes.
Y parece usted que con el tiempo que lleva aquí no se dé cuenta de que determinadas expresiones, que aunque usted es diputada y todo el mundo se lo reconoce, no debería decir, primero por educación, segundo por decoro propio y tercero por decoro de esta cámara.
En cualquier caso, la clase se demuestra en este tipo de cosas, la educación también y los principios democráticos y la calidad democrática también.

Por lo tanto, voy a la comparecencia, señora presidenta.

Yo, en primer lugar, quiero agradecerle al interventor general su comparecencia en lo que ha sido una explicación de lo que venía usted a decir, que al final ha sido informar sobre los criterios del reconocimiento de las obligaciones y del pago por parte de La Generalitat.
No ha venido a un juicio sumarísimo, ha venido a explicar un procedimiento tasado y reglamentado con la autorización de un crédito, que consiste en el reconocimiento y la demostración de que ese gastos se ha realizado por parte de los proveedores o por parte de cualquier entidad que tenga que realizar algún tipo de prestación a La Generalitat.
Y posteriormente los criterios de pago, cuáles son los criterios y la prelación en esos criterios.

Usted ha hablado de la Constitución Española, ha hablado de un artículo, no de un acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista, es un acuerdo constitucional que lleva tiempo establecido.
Y además ha hablado de la Ley de hacienda pública valenciana donde marca claramente cuáles son los criterios.
Y, desde ese punto de vista, yo creo que a pesar de que están recogidos en la normativa presupuestaria y financiera de nuestra comunidad, en la propia Constitución Española, pues siempre está bien que usted venga aquí a manifestarlo.

Yo creo que es una situación muy complicada.
El gobierno valenciano por una serie de circunstancias tiene unos problemas de liquidez que son evidentes, problemas de liquidez que, a mi juicio y desde mi grupo parlamentario, tienen varios orígenes y varios focos, no es una cuestión de mala gestión.

Y quiero reconocer al interventor y a los funcionarios que dependen de él la labor de fiscalización y de control de las cuentas públicas, que es indispensable para garantizar el buen uso de las mismas.
Pero creo que su origen procede de algunas otras cuestiones, procede de una infrafinanciación de la Comunidad Valenciana, procede en algunos casos de un trato por detrás de otras comunidades por parte del Gobierno de España y también procede de una situación de incertidumbre internacional que ha cerrado un mecanismo perfectamente establecido y legal, como es la emisión de deuda pública por parte del gobierno valenciano y que en estos momentos los mercados están cerrando.
Estamos hablando de que en sucesivos ejercicios la Comunidad Valenciana no ha podido emitir su deuda, la deuda autorizada por el Ministerio de Economía y Hacienda y, por lo tanto, cumplir con unas previsiones de ingreso.

Yo creo que el gobierno valenciano ha hecho bien acudiendo a los mecanismos que el presidente del Gobierno de España ha ideado, el señor Rajoy junto con el gobierno del Partido Popular, para conseguir empezar a liquidar deudas que fruto de esas circunstancias no se han podido acometer en los últimos años.
Estaría el plan de pago a proveedores, donde yo, bueno, sin compartir la visión que tiene, porque aquí habría que analizar muchísimas cuestiones, entre ellas la imposibilidad de la emisión de la deuda autorizada en sucesivos ejercicios, tiene la valentía de reconocer, de sacar mucha deuda, que no estaba en esos momentos, como ha planteado el señor López, en el mecanismo adecuado y, por lo tanto, reconocer que ese tipo de facturas ya no se van a volver a producir.
Está planteando también el acudir a un mecanismo que pueda liquidar deudas que no reconocía ese primer pago, como son las deudas con ayuntamientos o como son las deudas con otros colectivos.
Pero, en definitiva, yo creo que el gobierno valenciano y su intervención general está haciendo un esfuerzo importante para plantear y para solucionar esas dos cuestiones.

Yo querría plantearle dos preguntas muy concretas.
Usted nos ha comentado en su intervención que con la entrada en vigor de un decreto, del Decreto 137/2012, el Consell en teoría en ese decreto lo que usted ha planteado es que se regulaba la intervención de la inversión en el caso de obras, suministros, servicios, para reconocer la obligación y proponer el pago que sería preciso efectuar una especie de previa comprobación de que ese pago se había realizado o que se había comprobado materialmente que se había producido esa inversión, mejor dicho.

A mí me gustaría, como primera pregunta, plantearle -termino presidenta- plantearle si esa situación no se daba anteriormente, si no se estaba haciendo esa comprobación.
Y, en segundo lugar, ha explicado brevemente cuáles son los criterios para aplicarse en la ordenación de los pagos.
¿Qué tipo de comprobaciones está obligado a hacer la intervención general en relación con los expedientes de mandamiento por el ordenador de pagos?

Muchas gracias.

La senyora presidenta:

Gracias, señor Costa.

Señor Herrándiz, para aclarar todo aquello que le han preguntado los diputados, cuando usted quiera.

El senyor interventor general de La Generalitat:

En primer lugar, les agradezco la acogida en la sede parlamentaria.

En segundo lugar, haré una petición.
Yo he venido aquí a hablar de la comparecencia que se me solicitaba y en ese sentido es lo que he preparado.
No obstante, sí que me gustaría aclarar que la intervención general actúa en el marco estricto de lo que determina la normativa que resulta de aplicación.
Nuestra actuación está reglada, se ejerce por funcionarios del cuerpo superior de interventores y auditores de La Generalitat, al cual pertenezco, porque es un requisito para poder ser interventor general de esta comunidad.
Y, en ese sentido, tanto la ley de hacienda, con el marco jurídico básico, como el desarrollo posterior a nivel reglamentario determinan todos y cada uno de los procedimientos que aplica la intervención general.

La intervención general, como órgano de control interno de la Generalitat valenciana, no puede, ni debe de excederse del marco estricto que le resulta de aplicación sino sería un exceso de celo, en el cual entiendo que no puede incurrir.
Otra cosa es que incluso en muchas ocasiones se sugiera que se modifique ese marco jurídico o que se amplíe el contenido para dar una respuesta más rigurosa o más eficaz a la labor de control, cosa que se ha ido realizando sobre todo en esta última etapa.

En ese sentido, pasaré a responder a lo que viene relacionado con el reconocimiento de obligaciones y el pago de las obligaciones reconocidas, sin perjuicio de poder contar con el placer de explicar cuanto sea necesario en sucesivas comparecencias cuando ustedes lo requieran.
Pero eso me permitirá, entre otras cosas, ser mucho más riguroso, porque me habré preparado con carácter previo la respuesta.

En ese sentido, cuando explicaba los criterios para el reconocimiento de obligaciones partía del principio constitucional, porque suponía un cambio en la prelación que hasta ese momento se aplicaba para realizar los pagos.
La modificación constitucional antepone los pagos de interés y vencimientos de deuda a cualquier otro tipo, o sea establece esa prelación con carácter previo.

Y a partir de ahí se mantiene la prelación de pagos que ya la normativa venía recogiendo, que sintéticamente es la que les he dicho, en el sentido de que tras los intereses y el capital de deuda pública; a continuación tienen preferencia las obligaciones de carácter legal, que son las retribuciones de empleados, cuotas de seguridad social y retenciones de IRPF; pago de proveedores, en función de la antigüedad, con lo cual entraríamos en capítulo II y capítulo VI del presupuesto.
Y, como le he dicho, es que cualquier otro tipo de actuación sería incurrir en responsabilidad, con lo cual la prelación hay que respetarla.
Otra cosa es que los intereses a liquidar, como consecuencia de las demoras de los pagos, sean más o menos amplios.
Y, por último, vienen los pagos de carácter voluntario, que serían las subvenciones y las transferencias, que son los recogidos en el capítulo IV.

Me gustaría, dada la exhaustividad de la exposición del señor López, dar por lo menos una pequeña respuesta en cuanto al tratamiento contable de 409 y 411 y tal, porque esto puede dar lugar a alguna mala interpretación.
Hasta la fecha la comunidad hizo un gran esfuerzo, modificando la ley de hacienda, intentando dar respuesta a todo el gasto sanitario extrapresupuestario que se generaba, porque ha habido años en los cuales el gap diferencial aumentaba bastante.

Hasta ese momento teníamos que quedar supeditados al informe de la Sindicatura de Cuentas que precisaba la cuantía que posteriormente se recogía mediante un expediente de reconocimiento de obligaciones y posibilitaba, con la adopción de un acuerdo por el gobierno valenciano, un calendario de pagos para poder hacerle frente.
Esto se contabilizaba en la 411 y estaba totalmente normalizado.
Otra cosa es su imputación al presupuesto, que se iba realizando conforme se iban agotando los vencimientos del programa de pagos que llevaba asociados.
Y esto se contabilizaba en la 411.
La 409, en ese sentido, recogía otro tipo de gastos, que también eran extrapresupuestarios pero que no venían asociados a un programa de pagos diferidos.

Qué ocurre cuando.
.
.
Sintéticamente, insisto, por no dejar sin responder lo que entiendo pueden ser los puntos más claros.
Cuando se entra en crisis de liquidez se establecen mecanismos especiales de financiación, surge el mecanismo especial de pago a proveedores.
Y, en ese sentido, se hace une esfuerzo adicional por recoger todo el gasto que en ese momento todavía no se tenía recogido a través de la 411, lo que en algún medio han llamado como facturas de cajón, facturas que estaban fuera del presupuesto y que es cierto que no habían aflorado a la 409.
A partir de ese momento se circulariza, se hace una labor que realizaba la Sindicatura de Cuentas al cierre de cuentas, pero lo hacemos durante el ejercicio para poder acoger al mecanismo de pago la totalidad del pago que se había generado.

A partir de ese momento entra en funcionamiento la 409 y en este momento todavía no está formalizado, es decir, el pago lo ha hecho la Agencia Estatal Tributaria en nombre de la Comunidad Valenciana y cuando tengamos los ficheros podremos comprobar y hacer la fiscalización material del pago, que en el caso concreto de la 409 llevará parejo y asociado los expedientes de reconocimiento de obligación para poder imputar al presupuesto.
Y entonces veremos si ese gasto real no es real, si es válido o no es válido.
Pero, como ustedes verán, nosotros en ese sentido, insisto, actuamos con el marco jurídico que tiene la Comunidad Valenciana.

He de decir como aclaración que para que cubriera los requisitos mínimos de legalidad, veinte equipos de auditoría de la intervención general auditaron la totalidad de la facturación sanitaria no recogida en la 409 antes de su imputación al mecanismo de pago especial a proveedores, para que por lo menos los supuestos de nulidad de pleno derecho quedaran garantizados que no quedaban incursos en la misma.
Otra cosa es luego verificar ya con más exhaustividad el gasto realizado.

Insisto, sin preparar más la exposición no puedo responder a más.

No me consta, yo no he firmado nunca un documento de pago, porque la intervención material del pago -y, con eso, también avanzo un poco la respuesta final- se realiza por la intervención delegada en el tesoro, que es la que realiza una doble fiscalización, la formal y la material.

La formal es que la adecuación documental ese expediente la contiene.
Es decir, lleva toda la documentación necesaria para su pago, obedece a una obligación previamente reconocida y consta que ha sido debidamente tramitada.

Y la material, que es la comprobación de que ese perceptor responde a la obligación reconocida y su pago es por esa cuantía.

Yo no he firmado nunca un documento de pago, lo hace la intervención material del tesoro, ni he sustituido nunca a ningún interventor por ello.

Otra cosa son los expedientes y la tramitación de expedientes.
Y, en ese sentido incluso, el problema es que no es fácil de sintetizar, puesto que en más de una ocasión hablamos de diferentes entidades: administración general, que tiene un circuito de tesoro; entidades públicas no administrativas, que tienen tesorería propia y que son auditadas al final del ejercicio, pero que aún no tienen un control previo y, en ese sentido, no hay una firma previa de documentos.

¿Prioridad: criterios políticos?
Pues no me consta.
Porque, insisto, yo no tengo constancia de ello.
Yo, en ese sentido, me limito… Si hay criterios de oportunidad o hay que analizar por qué se determina la gestión y tal, eso no es competencia de la intervención general y debe de ser respondido por el órgano competente que, desde luego, no es el que está con ustedes hoy.

En cuanto a deudas a ayuntamientos y la prioridad, bueno, las deudas a ayuntamientos es capítulo IV y, en ese sentido, es lo último que se paga -subvenciones-.
Y, en ese sentido, es cierto que están sufriendo unos problemas de estrangulamiento enormes; porque, de momento, no se ha llegado, ni mucho menos, a avanzar por el capítulo IV.

En cuanto al decreto 137 y si había descontrol con carácter previo, bueno, hasta el año 1992, con el Decreto 40/1992 por el cual se elimina a la intervención de la recepción de servicios, suministros y obras, y se delega en los facultativos o en los órganos competentes la recepción del material para…, una vez ellos certifican su corrección, se expide la factura, se registra y entra en el registro contable para su pago.

Con el decreto 137, lo que ocurre es que la intervención vuelve a recuperar el protagonismo que tenía antes del año 1992, con el anterior decreto; deroga al 40/1992.
Y este decreto vuelve a recuperar la figura del interventor a la hora de levantar el acta por el suministro recibido, por el servicio prestado o por la obra realizada, como un…, para acreditar la fiscalización material de la inversión, que estaba delegada en el facultativo.
Yo creo que eso le imprime un marchamo de rigor que, de otra forma, pues no lo tiene.

Dice: «Hay facturas de años anteriores pendientes de pago o prescritas.
» ¿Puedo garantizar que no hay más facturas?
Bueno, pues, la verdad es que, en ese sentido, se ha hecho un esfuerzo extraordinario, y se propuso por parte de la intervención general, porque era absolutamente necesario que no pudiera quedar ninguna factura sin registrar, sin perjuicio de que tuviera o no tuviera crédito presupuestario.
O sea, se diseñó un decreto del reglamento unificado de facturas, en el que entra la factura electrónica y la factura normalizada, de manera que ahí, en su articulado, se prevé una serie de tiempos que limitan la capacidad del gestor para su tramitación y, si no los realiza o los cumple, incurre en responsabilidad.

¿Qué se pretende con ello?
Que no vuelvan a quedar facturas de cajón.
Creo que es un mecanismo muy válido.
Les sugiero que lo vuelvan a mirar con cariño, porque es un decreto que yo entiendo que puede dar mucha respuesta a carencias que, con esto, van a quedar resueltas.
Yo entiendo que no cabe la posibilidad, con la aplicación del decreto, que ya está en funcionamiento y entró en vigor ya, de que vuelvan a quedar ningún tipo de facturas fuera del circuito administrativo de La Generalidad.

En cuanto a qué tipo de actuaciones realiza la intervención, en materia de fiscalización de pagos, para… Bueno, pues como he avanzado anteriormente, la intervención general, a través de la intervención delegada en el tesoro, realiza los dos tipos de fiscalización, la formal y la material.
Es, procesalmente, la última fase de la ejecución del presupuesto, puesto que ya obedecen a expedientes que ya han sido tramitados, con una aprobación de gasto, una disposición de gasto, un reconocimiento a la obligación.
Entra al circuito tesoro.
Y, en ese sentido, la intervención fiscaliza, formalmente, que el expediente cuenta con toda la documentación necesaria para su pago y obedece a una obligación previamente reconocida; y, en la parte material, como he dicho, que el acreedor es el que debe de ser y va a percibir el importe debido.

Y, con ello, cierro la aclaración.

La senyora presidenta:

Pues, muchas gracias, señor Hernándiz.

Por si ha quedado algún punto por aclarar… ¿Sí?
Señor López, por cinco minutos.

El senyor López Milla:

Sí, muchas gracias, señora presidenta.

Y gracias también, señor Hernándiz, por sus explicaciones.
Sin embargo, bueno, pues a mí me ha quedado alguna duda, me ha quedado alguna cuestión en el tintero.

Porque, vamos a ver, en relación con el famoso asunto éste de las facturas en los cajones, coloquialmente conocidas como «facturas en los cajones», a mí no me ha quedado claro el tema de la responsabilidad.
Es decir, a mí no me ha quedado claro esta… Nos ha explicado usted la cuenta 411, que son los gastos expresamente derivados a otros ejercicios, que tienen reconocimiento en ese sentido; no hay ningún problema.
Nos ha hablado de la cuenta 409, que es donde deben estar los gastos que no se han aplicado al presupuesto, y deben estar ahí y no en otro sitio.
Pero no nos ha aclarado por qué no había gastos no recogidos en la cuenta 409; es decir, gastos que ni estaban en el presupuesto ni estaban pendientes de aplicar a presupuesto y, por tanto, gastos que nunca figuraron en las cifras oficiales de gasto ni en las cifras oficiales de déficit.

Casualmente, hoy mismo aparece una noticia en los medios de comunicación sobre la revisión definitiva de las cifras de déficit de 2010 y de 2011, por parte de Eurostat, para España.
Pues, leyendo atentamente las declaraciones que hizo la portavoz de la oficina de Eurostat, se especifica, claramente, cómo se ha aumentado la cifra de déficit de 2010 y de 2011 de España como resultado de la aparición de 5.
400 millones de euros en facturas de los que ella llama «gobierno regionales», que en su día no fueron contabilizados ni en 2010 ni en 2011.
Y de esos 5.
400 millones, pues según las cifras del plan de reequilibrio, un tercio pues parece que es nuestro, parece que es de la Comunidad Valenciana.

Entonces, al margen de las dudas que esto arroja sobre la contabilidad pública y las cifras de déficit público de la Comunidad Valenciana y del gasto público, pues, a mí sí me gustaría tener clara alguna idea sobre responsabilidades.
¿Quién decidió, o quién decide?

Ahora nos ha hablado usted de un registro centralizado que, efectivamente, establece responsabilidades; un decreto en el que se definen responsabilidades para quien no registre, para quien deje de aplicar a presupuesto.
Bueno, ¿y hasta ahora?
, quiero decir, ¿y hasta la aprobación de ese decreto?
¿Qué problema es el que este decreto viene a solucionar?
¿Qué situación había antes?
¿Quiénes, en definitiva, y dónde están, en definitiva, las responsabilidades de esta situación que tiene que ver con las coloquialmente conocidas como «facturas en los cajones»?

Luego, hay muchos debates sobre estos términos coloquiales.
Porque la presidenta de Castilla-La Mancha dice que, bueno, que la cuenta 409 es el cajón legal y que lo que no está ahí ni siquiera es cajón legal.
En fin, estos términos coloquiales nos llevan, a veces, a imprecisiones.
Pero, bueno, es importante saber, en cualquier caso, dónde están las responsabilidades, ¿no?

En cuanto a las cuestiones concretas que usted ha comentado, los criterios sobre reconocimiento de las obligaciones de pago y sobre el pago de las obligaciones, nos habla de criterios objetivos.
Pero a mí hay cosas que siguen sin quedarme claras.

Por ejemplo, mire, acaban de llegar las cifras de ejecución presupuestaria del mes de agosto.
Y yo, que me las repaso todas tranquilamente, me he dado cuenta de que en el programa de prestaciones farmacéuticas -antes lo mencionaba el señor Blanco- las obligaciones reconocidas, el gasto reconocido obedece a cuatro meses de 2011 y a dos meses y medio de 2012.
Es decir, a 31 de agosto sólo se había recogido el gasto farmacéutico correspondiente a dos meses y medio de 2012.
Incluso, comparando con 31 de julio, a 31 de julio había más gasto reconocido, había tres meses y no dos meses y medio de 2012.
Da la sensación de que se reconoce el gasto farmacéutico en la medida en que el gasto farmacéutico se paga.
Y, claro, parece que éste no debiera ser el criterio de reconocimiento de los gastos.
Los gastos se deberían reconocer cuando se devengan, es decir, cuando se producen, cuando surge la obligación de pagarlos y no cuando, efectivamente, se pagan.
De hecho, no se hace lo mismo con otros capítulos del gasto, ¿no?

Y, en cuanto a los criterios de pago, pues también tengo la sensación de que no todas las partidas pesan igual.
Hay una prelación establecida con carácter legal, etcétera.
Pero cuando uno mira qué es lo que se debe, cuando uno ve los colectivos que están en la calle o cuando uno revisa, sin ir más lejos, la relación por secciones y capítulos de las facturas afloradas con ocasión del plan de pagos a proveedores, se da cuenta de que no todas vienen…, o sea, no hay una distribución aleatoria, todas vienen de los mismos sitios.
Hay una determinada concentración de facturas en determinadas secciones y en determinados capítulos con lo cual, no parece que se esté dejando sin pagar de manera aleatoria o en función de…, digamos, una distribución homogénea entre los diferentes centros de gasto, sino que hay una concentración.
Por tanto, da la sensación de que, en algún ámbito, hay prioridades que se están definiendo sobre qué se paga y no se paga.

Y -acabo, señora presidenta- ahora se va a poner en marcha el programa de pagos derivado del fondo de liquidez autonómica.
Y también hay una prioridad de pagos que está establecida ahí, en el programa, ¿no?
¿Es ésa la que se va a seguir; no es ésa la que se va a seguir?

Y, en particular, me gustaría, si le da tiempo en su última intervención… No sé si sabe -bueno, sí lo sabrá- que, en el decreto donde se regula el fondo de liquidez autonómica, se establece la responsabilidad de la intervención general en el seguimiento del plan de ajuste que va pegado al fondo de liquidez autonómica y a la solicitud.

Nosotros, desde luego, le vamos a demandar que sea usted muy exigente en el seguimiento de ese plan de ajuste.
Y quisiéramos que lo tuviera muy en cuenta.

Gracias.

La senyora presidenta:

Gracias, señor López.

Señor Blanco.

El senyor Blanco Giner:

Sí.

Senyor interventor general, jo li he dit si hi havien criteris polítics o d'oportunitat en la prioritat dels pagaments; i vosté me diu que no es competència de la seua intervenció general.
I això ja ho sé jo.
Jo no li pregunte si vosté està imposant criteris polítics, sinó si a vosté li estan imposant criteris polítics.
I, de fet, li he preguntat si se reben ordres del Consell, dels consellers, de qui siga, per a pagar primer a uns que a altres perquè eixa és la sospita que està estesa entre la societat.
I ja vaig a anar a casos molt cridaners, molt trillats segurament, però que no han tingut resposta fins ara; és que és així de clar.

Quan jo li deia que hi havien obligacions de primer tipus i de segon tipus, contractes A i contractes B, em referia a coses tan bàsiques com els compromisos adquirits per a grans esdeveniments amb magnats de renom, com el senyor Ecclestone; o podríem parlar de l'open de tenis; o altres tipus d'històries en què s'ha ficat el govern de La Generalitat i que sabem que, encara que nos ens han deixat accedir a l'expedient de contractació, encara que no podem fiscalitzar, d'acord amb el que indica la llei, en la nostra condició de diputats, que sí que s'estan fent eixos pagaments.

Per tant, com que imagine que l'empresa del senyor Bernie Ecclestone, per posar un exemple, estarà dins de la categoria de proveïdors.
.
.
Que diu vosté que s'ordena el pagament de les obligacions en funció de l'antiguitat, i tots sabem que eixa empresa ha cobrat puntualment, almenys, fins i tot, abans de la celebració del fet que determina la seua obligació, que és la celebració de la cursa de fórmula 1, li pregunte d'acord amb què.
Perquè la base legal, m'imagine, el contracte dirà que hi ha un moment en què s'ha de pagar.
Però és que els contractes amb altres proveïdors també diuen que hi ha un moment en què s'ha de pagar, i no s'està complint.
I la llei dirà que s'ha de pagar en dos mesos, però hi han proveïdors de La Generalitat que porten mesos i, fins i tot, anys esperant cobrar; però no algunes determinades empreses.

I, per això, jo voldria saber com se justifica això legalment.
Ja que vosté està parlant de criteris legals i no de criteris polítics, ¿com se justifica, legalment, que hi hagen determinats proveïdors, molt selectes, que en funció d'un criteri d'oportunitat política, que nosaltres discutim, absolutament, absolutament, però que jo no li vaig a dir a vosté que haja de donar una opinió, sinó amb quin criteri legal o amb quina base legal se pot aplicar un diferent tracte a determinats proveïdors?

Un altre exemple podria ser el dels farmacèutics.
Jo crec que s'ha de pagar als farmacèutics.
Tenen tota la raó en les seues reivindicacions, la situació que tenen és angoixant.
Però, evidentment, l'endarreriment en el pagament a les farmàcies és menor que a altres proveïdors.
Jo també voldria saber si és que vosté quan parla d'una prioritat en funció de l'antiguitat se referix, únicament, a cadascuna de les unitats de gestió econòmica i per ahí ve l'explicació, o n'hi ha alguna altra.
Però, evidentment, dins del que és el conjunt global de proveïdors de La Generalitat, no hi ha un ordre en funció de l'antiguitat.
Hi ha, evidentment, una prioritat absolutament política.
I així que jo vull una explicació, ja dic, tècnica i legal.

Després, me congratula, encara que no servisca de res, que vosté reconega que els ajuntaments són els últims de la fila, que estan absolutament estrangulats, que, com que no són ni proveïdors ni, òbviament, són capítol I, se fiquen a la cua i, fins i tot, moltes vegades, a la cua de la cua, perquè sembla que la capacitat de pressió política que puguen tindre siga menor que altre tipus d'entitats subvencionades per la Generalitat valenciana.
Això és un gravíssim problema del nostre sistema polític.
I és un gravíssim problema per a la major part de la ciutadania i per als ajuntaments, començant per ahí, que després han de pagar capítol I i que, després, tenen problemes per a fer front a eixes mateixes obligacions legals.

Jo li volia preguntar si els deutes amb l'administració general de l'estat, per part de La Generalitat, ¿en quin ordre de prioritats van?
Entenc jo que van a anar en el primer punt.
I, per tant, ahí estaríem, de nou, repetint un esquema, que és l'esquema que cap a dalt tot funciona bé però cap a baix, no.
Evidentment, no és la seua competència però jo crec que sobre això caldria fer una reflexió.

Després, vosté no m'ha respost, i jo torne a suggerir-li la idea que n'hi haja una infrapressupostació en el capítol de despesa farmacèutica, que se'ns venguen retallades que són absolutament falses, que després l'execució dels pressupostos no correspon, malgrat els esforços de la societat valenciana a costa de perdre els serveis públics, prestacions socials, d'impagaments generalitzats, després no se correspon amb el que s'ha promés, i que vinga en part per ahí, que a la millor caldria reconéixer-ho i plantejar altre tipus de mesures que, des del nostre punt de vista, evidentment, són mesures de reforma fiscal.

Gràcies.

La senyora presidenta:heÂ«

Gràcies, senyor Blanco.

Senyora Mollà.

La senyora Mollà Herrera:

Gràcies, senyora presidenta.

Senyor Hernándiz, jo vaig a reiterar algunes preguntes, crec que són molt concretes i que requereixen d'una contestació també concreta.

Vosté recorda que en l'any 1992 se li van llegar les competències a la intervenció general per a ser qui d'alguna manera assegurara que, efectivament, els serveis s'havien prestat per a ordenar un pagament.
I jo li he preguntat que, segons el senyor Ciscar, se posa de nou en funcionament per a garantir més control, més garantia i més seguretat per a tots, i ¿això vol dir que des de l'any 1992 fins al 2012 el que hi ha hagut és menys control, menys garantia i menys seguretat per a tots?
Açò és un «sí» o un «no».
Vull dir, la intervenció general que actuara d'esta manera, efectivament, ¿era un garant de control, garantia i seguretat, i, per tant, el que hi va haver van ser unes decisions polítiques que van fer que n'hi haguera menys control, menys garantia i menys seguretat?

No m'ha contestat sobre fins a quin punt pot assegurar que totes les factures que s'han passat al pla de pagament a proveïdors no són factures que algunes d'elles poden estar prescrites en el temps, o si, efectivament, vostés s'han assegurat de passar les no prescrites i han deixat en els calaixos factures prescrites.
Perquè vosté ha dit: «Un grupo de trabajadores se encargó de sacar todo lo que hubiera, tal.
.
.
» Ja, ja, però que s'encarregarren de traure-ho no vol dir que en un moment donat decidiren deixar en els calaixos, conscients.

I, per tant, ¿fins a quin punt vosté -i és una cosa de «puc assegurar o no puc assegurar», vull dir- pot assegurar que totes les factures que s'han passat del pla de pagament a proveïdors no n'hi ha cap que estiga prescrita en el temps, o pot assegurar que s'han deixat o no en el calaix factures que s'han trobat i que estan prescrites en el temps?
¿Por assegurar-ho?
¡No!

M'ha contestat, efectivament, que vostés encara no han pogut fiscalitzar que totes eixes factures són corresponents als serveis prestats.
Diu: «Ho farem a posteriori.
» És a dir, ¡home!
, això de gastar-se milers de milions d'euros i dir, bé, després, ja passarà el tràmit que ho fiscalitzem a vore si els serveis estan fets o no i si eixos proveïdors estan ahí, són reals, el servei prestat és real, l'han fet, no l'han fet.
Després, no sé quin sistema faran per a recuperar eixos diners en el cas que se verifique que no han prestat eixe servei tal qual o que no correspon als diners que van passar en les factures.
No sé com tenen ja previst com van a recuperar eixos diners -vull dir-, perquè això de pagar i, després, anar a recuperar, ¡ull!
, ¿no?
I, d'alguna manera, qui li donara el vistiplau a eixe pagament també tindrà responsabilitat perquè, ¡home!
, això de manar, pagar coses que no estan en forma a mi me pareix un poc, no sé, com a poc irregular o, almenys, jo no ho faria així.

Tampoc m'ha contestat fins a quin punt pot assegurar que l'import de les factures és el que en seu moment se va guardar en el calaix, o han agafat les factures del calaix i els han aplicat, per exemple, els interessos de demora a eixes factures.
¿Fins a quin punt un servei ics, que s'ha passat quatre anys sense pagar, la factura ics ha arribat tal qual o s'ha fet un ics més i pels interessos del temps transcorregut per no pagar?
M'agradaria, també, fins a quin punt vosté pot assegurar que això no ha sigut així.

El tema de la seua intervenció.
Vosté és funcionari, (rient) alguna cosa rara passaria si no fóra funcionari, però no deixa de ser un càrrec polític.
Vull dir, entre els funcionaris se decidix que vosté siga el líder d'eixa intervenció, que no deixa de ser un càrrec polític.
I, per tant, tampoc anem a ser la bandera del funcionariat com voler dir que se li lleven totes les responsabilitats que vosté puga tindre.

Jo ja li dic que no vaig a ser hipòcrita, que vosté, efectivament, no firma finalment el pagament, però és qui pot dir si eixe pagament és legal, no és legal, i, si no és legal o no correspon, és nul.
I és vosté qui dóna el vistiplau a estes coses.
I ja li dic, no sé què opina, aleshores, i ja no me vaig a quedar en la discussió entre el que jo pense i el que vosté pensa, que de segur que no va a vindre'm ací a dir: «Sí, sí, jo he vist i he donat el vistiplau a coses que, efectivament, han resultat ser trames corruptes.
» No vaig a entrar en eixa discussió.
Li vaig a preguntar, aleshores, què opina de les paraules del senyor president sobre que, efectivament, vostés, la intervenció general, vosté, el seu cap, donà el vistiplau a un pagament, en este cas a una trama corrupta, que és l'Institut Nóos, el senyor Urdangarin, per uns treballs no fets i que, per tant, ara cal mirar a vore si se feren amb engany i recuperar els diners.

La senyora presidenta:heÂ«

Senyora Mollà.

La senyora Mollà Herrera:

Li atribuïx a vosté eixa responsabilitat el senyor president de La Generalitat.
¿Què opina al respecte?

La senyora presidenta:heÂ«

Gràcies, senyora Mollà.

Señor Costa, pienso que usted sí que se había dado por satisfecho con la contestación.
Pero, bueno, si quiere usted alguna repregunta al interventor, tiene usted derecho por cinco minutos.

El senyor Costa Climent:

Simplemente, plantear dos, un par de cuestiones y una apreciación.

Me ha contestado a las dos preguntas que le he realizado.
Yo creo que, concretamente, la de la aprobación o la presentación del decreto de septiembre de 2012 donde, al final, lo que se plantea un poco es reducir los importes de aquellas facturas para que puedan tener una mejor o una mayor supervisión -creo que es de 300.
000 a 90.
000, si no me falla la memoria-.
Yo creo que es un avance muy importante en la labor de control y de fiscalización por parte de la intervención, en definitiva, por parte de la administración de la Generalitat valenciana.

Y, también, quiero agradecer su respuesta en cuanto a la comprobación o la explicación de las comprobaciones que tienen que realizar por parte de la intervención con relación a la expedición de los mandamientos por el ordenador de pagos.
Creo que también ha sido muy clarificatoria y pone de manifiesto que lo de las consignas políticas no entran más que en aquellos planteamientos o en aquellos pensamientos que tienen un claro marcado político.
Es decir, parece que aquello que ellos estarían dispuestos a hacer, piensan que usted está dispuesto a hacer.
Y creo que es todo lo contrario, ¿no?
(Veus)

Por lo tanto,.
.
.
Perdone, yo no les he interrumpido.
¡Escúchenme!
¡Déjenme hablar!
No se pongan nerviosos, ¡relájense!
Por lo tanto, creo que ha contestado no solamente a mi grupo, sino que ha contestado a los grupos de la oposición diciendo: «¡Oiga!
, que ustedes hicieran eso sería una cosa, pero aquí nosotros lo que hacemos es seguir y cumplir con la ley, que es como las cosas se hacen bien.
»

También, creo que es muy importante marcar su carácter funcionarial.
Vamos a ver, aquí solamente son buenos los funcionarios nombrados por unos pero no los funcionarios nombrados por otros.
Es que, claro, aquí, sí, no, no, no resoplen, si es que es la realidad, es el carácter sectario de determinadas posiciones políticas.

Por lo tanto, yo vuelvo a reconocer la labor de todos los funcionarios que dependen de la intervención general, que estoy completamente seguro que lo que no se estará insinuando por determinadas partes de la oposición es que todos los funcionarios que dependen de la intervención general son del PP porque, claro, sería claramente un claro sesgo sectario hacia un conjunto de funcionarios que hacen su trabajo correctamente.

Y, por último -y termino ya, señora presidenta-, decir que he escuchado atentamente la intervención del portavoz del Partido Socialista, en la mayoría de cosas obviamente no coincido, fundamentalmente en las críticas a la gestión o a la determinada imputación de determinados gastos, pero yo creo que, al final, cuando hablas de una noticia de los medios de comunicación hay que hablarla de forma íntegra, ¿no?
Y yo, pues no sé qué periódico habrá cogido usted, yo he leído también la noticia.
.
.

La senyora presidenta:heÂ«

Señor Costa, su turno es para hablar con el interventor, se lo recuerdo porque, si no, ahora le voy a tener que dar la palabra al señor López.
Lo digo para evitar más palabras, ya se la voy a dar al señor López.
Le ruego, por favor, que hable usted con el interventor.

El senyor Costa Climent:

No se preocupe, señora presidenta, porque lo que quiero es referenciar la pregunta que voy a hacer con lo que ha dicho, y espero que no le moleste.

Creo que cuando se hacen, señor interventor, apreciaciones sobre por qué se han producido determinadas cuestiones en los presupuestos de La Generalitat y se habla de Eurostat y se pone de ejemplo el incremento del déficit público en el año 2010, y, por lo tanto, echa la culpa a los gobiernos autonómicos, la pregunta es que si usted lo ha leído se dará cuenta, señor interventor -que es mi pregunta, para que no haya ningún problema- que el importe mayoritario de ese incremento del déficit son las ayudas a cajas de ahorros que han sido intervenidas y se les ha aportado recursos a través del FROB para que tengan ayudas públicas y de recapitalización.

Por lo tanto, la mayor parte de ese incremento del déficit -yo creo que usted lo puede poner aquí de manifiesto- ha sido las ayudas que el gobierno socialista dio a los bancos precisamente para que esos bancos no quebraran y no al contrario, aquellas facturas que, según la oposición, se ocultaron por parte de los gobiernos autonómicos.

Muchas gracias.

La senyora presidenta:heÂ«

Gracias, señor Costa.

Señor López, por un minuto.
(Veus)

El senyor López Milla:

No, sí, sí, sí la he pedido, sí.

La senyora presidenta:heÂ«

Perdón, señor Costa, perdón, señor Costa, me la había pedido, la réplica, no me ha hecho falta pedirle para qué me pedía la palabra porque había levantado la mano.

El senyor López Milla:

Podríamos haber centrado más tiempo y haber dedicado más tiempo a hablar sobre la revisión de las cifras de déficit, de las ayudas a la banca, de que, efectivamente, se han revisado como consecuencia de las ayudas a la banca y se van a revisar más todavía, porque como van a haber más ayuda a la banca que nunca, pues se revisarán más que nunca por las ayudas a la banca.

Pero es que hay un motivo concreto de revisión, según la señora Emer Traynor, portavoz responsable de estadísticas, que dice: «La parte esencial de las facturas no pagadas a regiones y municipios ya ha sido registrada, supone 3.
300 millones de euros en 2011, y, 2.
100 millones de euros en 2010.
» Total: 5.
400; de la Comunidad Valenciana son unos 1.
800, y, el resto, son básicamente de la comunidad de Madrid, no llega a 2.
000 millones de euros.

Y esa es la única información en relación con el tema que nos trae aquí hoy, que es el reconocimiento de las obligaciones de pago.

Y ya está.

La senyora presidenta:heÂ«

Gracias, señor López.

Señor Costa, evidentemente, ha quedado clara su postura con el interventor y con el señor López.
.
.

El senyor Costa Climent:

Señora presidenta, tengo derecho yo, ahora, a cerrar el debate.

La senyora presidenta:heÂ«

Pero, perdone, ¡si no hay debate!
Le ha replicado.
.
.

El senyor Costa Climent:

Yo tengo derecho a un minuto o dos.

La senyora presidenta:heÂ«

No, no, es que no le ha aludido a usted.
Perdone, señor Costa, no le ha aludido.

El senyor Costa Climent:

Pero, perdone.

La senyora presidenta:heÂ«

Perdone, señor Costa, usted ha aludido al señor López, el señor López, sin aludirlo a usted, ha hecho referencia a una noticia, que era la que usted ha hecho.
Por tanto, se cierra el debate y tiene la palabra el señor interventor.

Señor interventor, cuando usted quiera.

El senyor Costa Climent:

¿Puedo.
.
.
?

La senyora presidenta:heÂ«

No, señor Costa.

Señor interventor, cuando usted quiera.

El senyor interventor general de La Generalitat:

Muchas gracias, presidenta.

El tema de las facturas de 409 y 411, bueno, en la 409, hasta esta fecha, no se llevaba el seguimiento.
En ese sentido, para aclarar por qué hemos llegado a esa situación, es decir, el esquema de gestión de la administración sanitaria es total y absolutamente descentralizado, es un gasto muy descentralizado, y, en ese sentido, los registros tienen un decalaje de funcionamiento que no estaban organizados y que provocaban que hubiera bastante tiempo hasta que se afloraban ese tipo de facturas, y que, además, en ese sentido aquí se hizo un esfuerzo modificando la Ley de hacienda al artículo 59 -creo recordar- para establecer la posibilidad de poder reconocer esas obligaciones y no castigar a los proveedores hasta que se tuviera la posibilidad de crédito presupuestario para poderlo atender.
A partir de ese momento, se activó la 411 y la 409 recogía otro tipo de tratamiento de gastos, que eran fuera de presupuesto, pero que tenía un decalaje en tiempo inferior.

En cuanto a responsabilidades, bueno, el decreto que crea el reglamento único de facturas, que unifica la factura electrónica y la factura normalizada, que establece un calendario de tiempos para la gestión de las facturas y del reconocimiento de la obligación, establece la responsabilidad de los gestores cuando incurran en demoras para la tramitación del mismo.

Yo le diría que ahí, pues… esto ha sido testado por Eurostat y lo han aprobado, o sea, como mecanismo es suficiente para acreditar que… Y con ello no quiero decir que si aparece alguna factura estudiemos cómo ha podido ocurrir, pero que, en principio, Eurostat ha dado el visto bueno en este decreto como medida adecuada para que esto no vuelva a ocurrir, es decir, ni que tarde ni que queden fuera.

Y, de hecho, incluso, le anticipo que hay un programa de actuación por parte de la unidad de fiscalización de control financiero para realizar un seguimiento trimestral de todo lo que se inscriba en el registro por medio de auditorías para circularizar proveedores, comprobar que esas facturas son correctas, que no hay más facturas fuera del circuito y que lleva la fluidez necesaria.
Y, es más, que no se podrá tramitar gasto presupuestario normalizado, es decir, que esté correlacionado con gasto de la 409, mientras no se impute lo de la 409.
Es decir, hay toda una serie de mecanismos de control que van a buscar que eso no pueda volver a ocurrir.
Yo entiendo que más no se puede hacer.

En cuanto al FLA, al fondo de liquidez autonómico, tiene razón, el acogerse al fondo de liquidez autonómico conlleva la aceptación de una condicionalidad fiscal que lleva un plan de ajuste para la vuelta al equilibrio y, en ese sentido, va acompañado de un paquete de medidas que garanticen que se va a cumplir con el objetivo déficit, y se emite una información que está homogeneizada y normalizada por el Consejo de Política Fiscal y Financiera y que tiene que ser informada por el interventor general con la cadencia mensual y trimestral que se va remitiendo.

Y sí, es cierto, y de hecho, bueno, tengo que ir opinando sobre la ejecución del plan y si es viable o no es viable, pero no es fácil esto, ¿eh?
, vamos, quiero decir que hay medidas que no se podrán ver si se materializan o no hasta el cierre del ejercicio.
Entonces, hasta el último día del ejercicio puede venderse un inmueble, con lo cual si no se vende el inmueble y se incumple el objetivo déficit por la décima correspondiente a la falta de financiación del inmueble, pues sí, se habrá incumplido, pero eso se sabrá en el mes de febrero o marzo del ejercicio siguiente.
Es decir, en ese sentido hay toda una serie de medidas e, incluso, en el caso de que se estime inadecuado o que no se ha cumplido con el plan de seguimiento por el plan de ajuste y en términos de condicionalidad fiscal, está prevista la intervención de… de la Intervención General de la Administración del Estado mediante una misión de control, o sea, que en ese sentido puede ser muy, muy delicado.

¿Presiones para prelación de pagos, señor Blanco?
Pues le aseguro que no he tenido ninguna.
Y si le dijera lo contrario, es que tendría que mentir.
Ninguna, ni directa ni indirectamente.
No hemos tenido ningún tipo de presión para prelación de pagos.
En ese sentido este gobierno ha sido especialmente respetuoso con el tema.
Ninguna, no ha habido ninguna.

Sé que resulta extraño, pero es que puede ocurrir que, como he explicado antes, la administración general de la Generalidad valenciana tiene su marco de ejecución presupuestaria en el ámbito del tesoro.

Si voy muy mal de tiempo, me lo dice.
(Veus)

La senyora presidenta:

30 segundos, pero…

El senyor interventor general de La Generalitat:

Pues intentaré explicarlo más.
.
.
(Algú diu: «Le dejamos un poco más.
»)

La senyora presidenta:

Sí, sí.

El senyor interventor general de La Generalitat:

El circuito del tesoro en la administración Generalidad tiene una prelación de pagos, que tiene que ser…, es rigurosamente respetado.
No se puede… no se puede, incluso deseándolo, no se puede.
Posiblemente, yo creo que el conseller de Hacienda y Administración Pública, en este caso, que sería el que tendría la competencia a nivel de administración de la Generalitat valenciana, posiblemente, no sé yo si firmaría con solvencia no pagarle la nómina a los funcionarios por tener que atender un vencimiento de una deuda que tiene prelación para su pago.
Y ha habido momentos en estos últimos tiempos en que esa situación casi se ha producido.

Pero, claro, cuando estamos hablando de entidades no administrativas que tienen tesoro propio, lo que para la Generalidad es capítulo IV y VII, que tiene una prelación de pagos que hay que respetar, para estas entidades que perciben la financiación son gasto corriente, que es capítulo I o capítulo II, con traducción presupuestaria, y es posible pagarle una factura Circuito del Motor, que paga Circuito del Motor, aunque la personalidad jurídica sea única, son personalidades jurídicas independientes y diferenciadas y son entidades contables propias.
Y, en ese sentido, circuito motor puede atender un pago suyo, de su gestión, que colisionaría con la prelación de pagos del circuito de tesoro de la Generalidad.
No sé si con ello respondo la pregunta, pero es que eso explica un poco la anomalía que se ponía encima de la mesa.

En cuanto a la infrapresupuestación, no es que no quiera responder.
Es que yo entiendo que hay cosas que yo no debo de responder, es que… hay un órgano competente que es quien tiene que hacer la programación presupuestaria y llevar adelante el presupuesto con (inintel·ligible) … que es el que debería responder a esa pregunta.

Evidentemente hay todo un paquete de medidas que se van adoptando, intentando racionalizar el gasto, y que de alguna forma justifique incluso previsiones optimistas en un momento determinado, que luego pueden verse más o menos cercenadas, pero, de entrada, este ejercicio presupuestario ha arrojado bajas importantes en cuanto al consumo mensual del gasto farmacéutico.

Luego, además, un poco por el decalaje 409 con el tema de gasto farmacéutico, hay el juego establecido a través de convenios con los colegios de farmacia que llevan un decalaje de dos meses antes de que se pueda…, antes de que se pueda reconocer esa obligación y su pago, con lo cual incluso se está estudiando algún sistema complementario que posibilite darle una fluidez diferente para que de alguna manera el pago estuviera más normalizado.

En cuanto a las responsabilidades del pago y demás, bueno, los informes de la Sindicatura de Cuentas han ido cerrando los ejercicios presupuestarios.
Mis equipos de auditoría no han visto ninguna factura prescrita, ninguna.
Y las facturas que han entrado, han entrado porque han cubierto los requisitos iniciales para acogerse al fondo especial de pago a proveedores.
En ese sentido, no ha habido ninguna factura.

Que cuando se formalice el expediente de reconocimiento de la obligación y se impute al presupuesto, que eso tiene que realizarse, y fiscalmente se determine que ha habido un pago incorrecto, se procederá al reintegro por la vía reglamentaria, porque hay un procedimiento específico para el reintegro de pagos indebidos, con lo cual el que haya percibido indebidamente una cuantía y sea detectada, lo que tendrá que reintegrar y se activarán los circuitos para ello.

La senyora presidenta:

¿Va terminando, señor interventor?

El senyor interventor general de La Generalitat:

Sí.

Bueno, el decreto 137, por dar respuesta al mismo, para mí…, yo entiendo que, primero, agiliza toda la tramitación, aunque pueda parecer lo contrario.

Recuperar el protagonismo de la intervención general a través de sus delegadas con las recepciones tanto de suministros, como de obras, implica, de entrada, mermar la capacidad del gestor para poder hacer un uso discrecional en la tramitación de las facturas.
Es decir, una vez el interventor levanta un acta de recepción del suministro o de la obra, a partir de ese momento, empieza el cómputo de plazo para que esa acta de liquidez se convierta en factura, se reconozca su obligación y su pago.
Y en caso de demora, se incurría en responsabilidad, y está previsto, con lo cual yo entiendo que es un mecanismo que va a dar una satisfacción razonable y le va a introducir eficiencia y eficacia en la tramitación de ese tipo de gastos.

La senyora presidenta:

Muchas gracias, señor interventor.

Nos ha aclarado muchos temas y estoy segura de que después de esta primera visita por esta comisión, vendrá más veces y nos podrá aclara mucho más.

Paramos un minuto la comisión para despedir… (algú diu: «Dos, dos.
») dos minutos para despedir al señor interventor y recibir al secretario autonómico.

(Se suspén la reunió durant uns minuts)

La senyora presidenta:

Señores diputados, si se sientan, comenzamos.

Compareixença del secretari autonòmic d'Administració Pública, senyor Pedro García Ribot, per a explicar la possible cessió il·legal de treballadors a distints departaments del Consell des de les empreses públiques o a través de contractacions d'assistències tècniques, sol·licitada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 33.
991, amb correcció d'errades RE número 35.
449)

La senyora presidenta:

En primer lugar, darle la bienvenida al secretario autonómico de Administración Pública a esta comisión.
Es la primera vez que comparece en esta legislatura.
Y, por tanto, bienvenido, y esperemos que no sea la última…

El senyor secretari autonòmic d'Administració Pública:

Muchas gracias.

La senyora presidenta:

.
.
.
y que le podamos ver más veces.

Vamos a proceder al segundo punto del orden del día, que es la comparecencia del secretario autonómico de Administración Pública para explicar la posible cesión ilegal de trabajadores a distintos departamentos del Consell desde las empresas públicas o a través de contrataciones de asistencias técnicas, solicitada por el Grupo Parlamentario Socialista.

Señor secretario, cuando usted quiera.

El senyor secretari autonòmic d'Administració Pública:

Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, buenos días a todos.

Como todos ustedes saben el motivo de mi presencia en el día de hoy en esta Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de Les Corts es dar cumplimiento a la solicitud de comparecencia formulada por el Grupo Socialista y aceptada por la Mesa de Les Corts, todo ello al amparo del artículo 168.
5 del reglamento de las mismas.

Como supongo que sus señorías ya serán conocedoras, la petición de la portavocía del Grupo Parlamentario Socialista tiene por objeto que esta Secretaria Autonómica de Administración Pública explique -y digo literalmente- «la posible cesión ilegal de trabajadores a distintos departamentos del Consell desde las empresas públicas o a través de contrataciones de asistencias técnicas».

Como inicio de mi intervención creo conveniente y necesario realizar una serie de consideraciones previas, con la finalidad de centrar la misma y esclarecer determinadas cuestiones que inciden sobre el asunto objeto de mi comparecencia.

En primer lugar, señorías, me gustaría recordar que, de conformidad con la normativa vigente, es decir, el ROF correspondiente a nuestra conselleria, la Secretaria Autonómica de Administración Pública no tiene asignadas competencias en relación con las asistencias técnicas ni tampoco ostenta la jefatura de personal de cada conselleria.

En segundo lugar, quiero también poner de manifiesto que el recurso y utilización de la figura jurídica de las asistencias técnicas actualmente en la normativa vigente, contrato de servicios, no sólo es posible en cualquier administración pública, con los requisitos, procedimientos y exigencias que normativamente son necesarias, sino que además son perfectamente legales.

Por tanto, cabe presumir, como en cualquier actuación de cualquier administración pública, que la utilización de dicha figura jurídica se presume válida, legal y plenamente ajustada a derecho, salvo que de ulteriores actuaciones se deriven, se tenga constancia o se disponga de otros elementos valorativos que demuestren lo contrario.

En conclusión, recurrir a las existencias técnicas -actualmente, como he dicho, contrato de servicios- por una administración pública no es ilegal ni está al margen de la ley si se dan los requisitos y elementos establecidos por la legislación vigente y se siguen los procedimientos normativamente establecidos como anteriormente he precisado.

No obstante, en consideración al respeto que deben tener todas las instituciones y cargos públicos de La Generalitat a estas Cortes, en cuanto legítimos representantes del pueblo valenciano y a la responsabilidad que comporta el ejercicio del cargo que ocupo, estimo conveniente poner en conocimiento de esta comisión determinadas cuestiones y circunstancias relacionadas con el asunto objeto de mi comparecencia, que creo pueden contribuir a esclarecer alguno de los hechos y, sobre todo, determinar cuál es el momento actual de esta cuestión en el ámbito de mi competencia.

Sin más preámbulos paso a relatarles secuencialmente los hechos relacionados con el objeto de la comparecencia.

Primero.
Recientemente se han notificado y posteriormente ejecutado en sus propios términos una serie de sentencias del orden social como consecuencia de contrataciones puntuales realizadas de forma irregular sin que puedan calificarse de significativas a nivel cuantitativo ni extrapolables al resto.

Segundo.
El 10 de octubre de 2012 tiene entrada en esta secretaria autonómica un escrito denuncia datado el 26 de septiembre de 2012, suscrito por el presidente de la junta de personal de los servicios centrales de la administración de La Generalitat en el que se manifiesta que se han producido supuestas irregularidades en la contratación y prestación de servicios de contratados laborales y personal de asistencia técnica de la entidad VAERSA en relación con determinadas áreas competenciales de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.

Tercero.
Ante tal denuncia, la secretaria autonómica lleva a cabo de forma inmediata las siguientes actuaciones:

a) El 15 de octubre de 2012 se oficia a la referida junta de personal acusando recibo de la denuncia y comunicándole que se va a proceder a emprender las actuaciones correspondientes para la investigación de los hechos concedidos en la misma.

b) El 10 de octubre de 2012 se ordena a la inspección de servicios, unidad dependiente de esta secretaria autonómica, que ante la denuncia formulada por la junta de personal de los servicios centrales de la administración de La Generalitat sobre hechos y acciones en relación con el personal de VAERSA en la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, proceda a realizar las investigaciones oportunas para el esclarecimiento de los hechos denunciados.

c) A partir de las primeras actuaciones llevadas a cabo por la inspección de servicios se tiene conocimiento del denominado informe definitivo de fiscalización sobre las encomiendas de gestión suscritas entre la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente y la empresa pública VAERSA, de 14 de septiembre de 2012, correspondiente al ejercicio 2011, recabándose de la intervención general dicho informe.
El objeto de solicitar el referido informe de fiscalización de la intervención de La Generalitat es conocer de primera mano los hechos, sugerencias y recomendaciones que en el mismo se puedan contener, para poder así contrastarlos con la información y datos que recabe la inspección de servicios a la que hace un momento ya he dicho que hemos dado instrucciones.

Todo ello con la finalidad de poder realizar un análisis de la situación y una valoración de los hechos y datos fehacientemente comprobados y demostrados para, en su caso, dar traslado de los mismos a las instancias correspondientes, tal y como se establece en el artículo 2 d) del Decreto 236/1997, de 9 de septiembre, por el que se regula el funcionamiento de la Inspección General de Servicios.

Finalmente, señorías, concluyo mi exposición señalando que, en primer lugar, se considera que las actuaciones de esta secretaria autonómica han sido totalmente adecuadas, diligentes y ponderadas en relación con los hechos que se señalan en el objeto de la comparecencia.

Destacando además el tiempo de respuesta a partir del conocimiento de los hechos manifestados por la junta de personal.
Es decir, transcurrió un día, veinticuatro horas, dado que los días 12, 13, 14 de octubre, como todos ustedes, han sido inhábiles.

Asimismo, quiero llamar la atención de todas sus señorías en algo que consideramos importante señalar, y es que, tanto la junta de personal como la propuesta de comparencia presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, utilizan en su escrito y solicitud de comparecencia respectivamente expresiones como «posible», y el propio informe de fiscalización se refiere en alguna parte del mismo, en relación con los datos observados, con la expresión de «parece», lo que implica un grado de incertidumbre y exige mantener la prudencia necesaria, así como ponderar todas las circunstancias concurrentes y sobre todo contrastar la información disponible hasta el momento con las actuaciones e información que vaya aportando la Inspección General de Servicios.

Éstas son las actuaciones desarrolladas por la secretaria autonómica en relación con los hechos objeto de la comparecencia, y por supuesto quedo a su disposición para cualquier aclaración.

La senyora presidenta:

Muchas gracias.

Ahora tiene la palabra el señor Rubio por diez minutos.

El senyor Rubio Martínez:

Muchas gracias, señora presidenta.

Señor secretario autonómico, bienvenido a Las Cortes, aquí, en su primera comparecencia en calidad de secretario autonómico, para ver, en este caso, la petición que el Grupo Socialista le ha realizado a la conselleria para hablar de la posible -como no se puede utilizar otra expresión- cesión ilegal de trabajadores por bien contratas o asistencias técnicas.

Vamos a ver, la primera cuestión, mire, señor García Ribot, usted es el secretario autonómico de Administración Pública y, en su calidad de secretario autonómico, de usted depende la inspección general de servicios, absolutamente; y las competencias de la inspección general de servicios que, como bien dice, el decreto que usted ha aceptado las regula, establece que inspecciona el funcionamiento de todos los servicios y unidades dependientes de la administración autonómica valenciana vigilando que todas sus actuaciones, así como las de su personal, se desarrolle en arreglo con los principios constitucionales y con pleno sometimiento a la ley y al derecho.

Ustedes también tienen la obligación de establecer un plan de actividad anual que tiene básicamente su objetivo en desarrollar esas actuaciones tendentes a llevar a buen puerto los fines de la inspección.

Usted no nos ha hablado, en este caso nos ha contado sólo un tema, muy puntual, que es una denuncia de la junta de personal de VAERSA que se produce en el mes de septiembre de este año.
Pero, mire, nosotros no estamos aquí por la denuncia de la junta de personal de VAERSA.
Yo entiendo que ustedes, dentro de ese plan de acción…, de actividades -perdón-, habrán ido comprobando que efectivamente esa situación de cesión ilegal de trabajadores no se producía.
Me imagino que lo habrán hecho, me imagino que las unidades de inspección que tienen ustedes en todas las consellerias, y porque también tienen la obligación legal de inspeccionar a los entes y empresas dependientes de la propia Generalitat valenciana, lo habrán ido haciendo.
Si es así, no nos ha contado que en ningún caso se hayan percatado.

Y dice usted, «no, hay unas cuantas sentencias, que son pocas…».
Mire, si no se trata que sean pocas o muchas, es que existen.
Y no sólo en VAERSA.
Hay sentencias contra La Generalitat por situaciones que se han dado en la conselleria de agricultura, reciente, una del Tribunal Supremo de este verano.
También hay sentencias contra la propia Conselleria de Sanidad, sentencias contra la propia conselleria de servicios sociales…, La Generalitat, quiero decir, en este caso me estoy refiriendo a las unidades, o también con la que era en su momento la Conselleria de Infraestructuras y Medio Ambiente.

Por tanto, lo hay, y hay muchas.
Y si hemos pedido su comparecencia aquí es porque también este grupo solicitó en su momento relación exhaustiva de todas las contrataciones por asistencia técnica o prestación de servicios, desarrollada por la Generalitat valenciana desde el 1 de enero de 2006, y hasta el momento la respuesta es el silencio absoluto.

Por tanto, si el propio gobierno del que usted forma parte en calidad de secretario autonómico niega hasta ahora la información a los grupos, en este caso al Grupo Socialista, ¿qué hemos de entender?
Pues que, evidentemente, si todo estuviera tan claro hay alguna que otra cosa que ocultar.

Porque, señor García Ribot, usted ya era director general del tema de la función pública en el año, creo, 2008 o 2009 ¿no?
Usted ya lo era en aquel momento.
Y en aquel momento ya había denuncias, ya había informes de la propia Sindicatura de Cuentas que hablaba de la cesión ilegal de trabajadores de VAERSA, ya en aquel momento, en el año 2006-2007.
Hay un informe, que yo me imagino que usted conocerá porque luego era director general del asunto, de la propia síndica de Greuges, en ese momento en funciones, que insta, después de decir en su informe que las consellerias han estado negando la información, insta a respetar la legislación sobre el empleo público laboral y funcionarial, sobre contratación administrativa y sobre encomiendas de gestión, evitando que todas las personas que no tengan relación jurídica directa con las consellerias presten servicios en sus dependencias sometidas al régimen de dirección y organización de funcionarios públicos y realizando funciones propias de los empleados públicos.

La propia inspección de trabajo -usted era director general de la Función Pública en aquel momento- en el año 2009 dice que es evidente, en un informe, es evidente que al cubrirse determinados puestos de trabajo dentro de la conselleria -es de agricultura-, por personal no funcionario, sino por el personal contratado laboralmente, por una empresa que, aunque pública, mantiene una relación eminentemente laboral con sus trabajadores y, por lo tanto, les aplica un régimen jurídico distinto al que sería aplicable a los funcionarios, desde la forma de acceso al trabajo hasta el momento de extinción de la relación laboral, que implica que no queden garantizados los principios constitucionales y una cesión ilegal de trabajadores.

Por tanto, desde esa perspectiva, esto ya llueve sobre mojado, viene reiterándose a lo largo del tiempo.

Ustedes pretenden, bueno, pues elevarlo esto a la categoría de anécdota.
No es una anécdota, no se puede estar burlando, en este caso, la acción del Síndic de Greuges cuando reclama todo tipo de información para lograr sus informes, aunque al final la conclusión es clara y meridana, y no querer, en este sentido, colaborar de ninguna manera en la aclaración de los mismos.

Por tanto, este es un tema que a nosotros nos preocupa, y nos preocupa porque ustedes lo que han venido a hacer ha sido, de alguna manera, más o menos, a lo largo de estos últimos años, más o menos sistematizada, han ido intentando desmantelar la administración pública, fundamentalmente ¿para qué?
Para que los principios de objetividad que tienen que tener los funcionarios, los principios de imparcialidad que tienen que tener los funcionarios, incluso los objetivos -¿por qué no decirlo así?
- de legalidad, pudieran bordearse a través de la creación de una administración paralela no sometida a los controles que tiene una administración.
.
.
, vamos a llamarle, la convencional o la que toca.

Y ustedes han ido creando todo ese entramado, de tal manera que ahora se encuentran en la situación de tener que -por razones presupuestarias, porque no pueden pagarlo-.
.
.
, tienen que ir desmantelando todo lo que han ido creando a lo largo de estos años, con un sistema empresarial que en muchos casos ha supuesto una administración paralela a la existente.
Más de 12.
000 trabajadores, más de 462 millones de euros se han gastado ustedes en este, (inintel·ligible) .
.
.
quiero decir, en este entramado paralelo.

Y usted me podrá decir: «Oiga, es que eso no es competencia nuestra.
Es que nosotros no tenemos nada que ver en esto, porque las competencias.
.
.
» No, señor García Ribot, usted tenía o tiene, como máxima autoridad, en este caso, por depender de usted la Inspección General de Servicios, que haber actuado.

A mí me gustaría saber cuántas actuaciones de oficio ha llevado la propia Inspección General de Servicios, que depende de usted, más concretamente, de usted y de una subdirección que cuelga directamente de su secretaría autonómica, de la Subdirección General de Atención al Ciudadano, Calidad e Inspección de Servicios.
¿Qué es lo que han estado haciendo?
Que nos hubiera traído los planes -si los tiene, o nos los puede facilitar-, estos planes de actuación a lo largo de estos años.
¿A qué se han estado dedicando para que esta situación no se diera?
¿De qué manera ustedes han tenido una intervención con las distintas consellerias para evitar estos asuntos?

No puede ser que sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana condenando a La Generalitat, sentencias del Supremo diciendo que ha habido cesión ilegal de trabajadores y también condenando a La Generalitat y a la empresa que en aquel momento prestaba su trabajo la persona que recurrió a los tribunales para que se hiciera justicia.

Insisto, ¿qué han estado haciendo ustedes?
Yo no lo tengo muy claro, no sé a qué se han dedicado en la parte de la inspección de servicios.
En la parte de función pública -no es el objeto de comparecencia, pero también podríamos hacer alguna mención-, también no sé a qué se han dedicado.
Por cierto, ya le adelanto que le van a salir las primeras sentencias desfavorables para ustedes, por los funcionarios que removieron de sus puestos que habían ganado la plaza por concurso.
Ya se lo voy adelantando a ver ustedes qué van a hacer, si la van a recurrir o si en un gesto de gallardía, alguien de la dirección general o usted mismo presenta la dimisión.
No, yo no quiero que usted dimita, lo prefiero a usted que a otro.
Pero a lo mejor tendrá que asumir algún tipo de responsabilidad ahora cuando estas sentencias se vayan dando.

Por tanto, desde esa perspectiva, señor García Ribot, la situación, ¡hombre!
, no es como usted ha venido a decir aquí: «Yo no tengo competencias en asistencias técnicas y estas son legales.
» Es evidente que las asistencias técnicas son legales, que nadie cuestiona que se puedan contratar asistencias técnicas, prestación de servicios, etcétera, si se hace como tiene que hacerse.
Eso nadie lo cuestiona.

Pero que no diga usted que no tiene competencias para ver exactamente si el personal vinculado a esas asistencias técnicas realizan de verdad ese trabajo o es personal encubierto que se tiene en la función pública realizando un trabajo, que no tiene cometido ni potestad para poder hacerlo.
Porque ustedes, a través de los presupuestos, han ido intentando, con la excusa de la situación de déficit, intentando ir reduciendo la función pública, pero a su vez han ido contratando, a través de las asistencias técnicas, para cubrir esos huecos.
Y las dos cosas son imposibles, las dos cosas, señor García Ribot -se me acaba el tiempo en esta primera intervención-, son imposibles.

Y tiene usted la responsabilidad de explicarnos aquí muy bien esos planes de actuación y no limitar el tema exclusivamente a dos cuestiones más o menos, como dice usted, ¡hombre!
, no son significativas.
Pero eso no es una excusa.
Su obligación, de acuerdo con lo que el decreto que usted mismo ha citado, era que esta situación no se hubiera producido y, desgraciadamente, se ha producido.

La senyora presidenta:

Gracias, señor Rubio.

Señor Blanco.

El senyor Blanco Giner:

Bon dia.

Benvingut a la comissió parlamentària, senyor secretari autonòmic.

Se li demana la compareixença per a informar sobre la cessió, possiblement il·legal o no, de treballadors a través d'empreses públiques o d'assistències tècniques.
És curiós, vosté ha fet únicament referència a assistències tècniques, però està el tema de les comandes de gestió a empreses públiques i que després ha comentat, com el cas de VAERSA, i que vosté mateix ha dit que hi ha una denúncia de la junta de personal.

I el primer que ens diu és que no és la seua competència.
Jo això ho matisaria.
Però sí que li done raó en el sentit que és fonamentalment a les conselleries que fan eixes comandes de gestió o que contracten eixes assistències tècniques a les quals hem de demanar explicacions, perquè, a més, són algunes conselleries en particular les que tenen la major part dels casos.
I concretament, agricultura, infraestructures, territori i medi ambient són les que fins i tot un pot passejar-se per les dependències de la seua central i trobar-se que més d'un terç del personal que allí està no és ni funcionari ni laboral de la conselleria, no té cap tipus de relació ni administrativa ni contractual amb l'administració.

Dit això, vosté sí que pot dir moltes coses.
Més enllà de dir hem pres nota, que és el que més o menys ha vingut a dir, bé, s'han presentat unes denúncies, nosaltres les hem tramitades i la inspecció de serveis va a vore-ho.
La inspecció de serveis ja sap que hi ha cessió de treballadors.
El que cal vore és si és o no és il·legal, i això, efectivament, ho han de determinar els tribunals.
Però també caldria que hi haguera un actuació per part del Consell al respecte, una situació que és absolutament irregular, absolutament irregular i de tots i totes coneguda.

Per posar un cas, VAERSA, que ha botat a la llum pública arran d'un informe de la intervenció que és demolidor, és demolidor.
Que el 75% del personal de les comandes de gestió estiga en dependències de la pròpia conselleria, jo crec que és un fet absolutament simptomàtic que en el fons estan substituint personal funcionari de la conselleria.
I ahí arribem ja a la seua competència, perquè l'accés a la funció pública sí que és competència de la seua secretaria autonòmica.

I ja s'ha dit per part de la inspecció de treball, per exemple, en l'acta que va alçar en març de 2009, que si bé la cessió de treballadors -que és evident perquè són treballadors que estan en la conselleria, que treballen juntament amb funcionaris, que desenvolupen les mateixes tasques, que tenen la direcció dels caps de serveis o seccions corresponents, que l'organització del treball està marcada per la conselleria- podria considerar-se, d'acord amb alguna doctrina jurisprudencial, que no siga il·legal aplicant la teoria del grup d'empreses, després sí que diu la inspecció de treball que el que està clar és que estan desenvolupant funcions que correspondrien a funcionaris i que, per tant, s'estaria, possiblement, incompliment l'article 103.
2 de la Constitució, que exigix que l'accés a la funció pública es faça d'acord amb els principis de mèrit i capacitat.
Fins i tot el sistema d'incompatibilitats i les garanties per a la imparcialitat.

I, finalment, acaba l'inspector de Treball i Seguretat Social dient que açò és una qüestió que haurà de resoldre's en una altra instància.
Evidentment, una primera instància a la qual tots sabem que podem recórrer és a la justícia ordinària, però una altra instància serà la governamental, que haurà de prendre nota d'este tipus d'anotacions tan directes per part de la Inspecció de Treball, que haurà de prendre nota dels propis informes de la intervenció general de La Generalitat i no mirar cap a un altre costat, com s'ha estat mirant cap a un altre costat durant anys i anys i anys.

Jo crec que s'ha de defensar que els llocs que corresponen a treballadors de l'administració s'han de cobrir d'acord amb els criteris legals.
I això no s'ha estat fent, entre altres coses, perquè ja fa temps que no se cobrixen llocs, sinó que se suprimixen llocs.
I això sí que és competència també directa seua.

Fins i tot m'atreviria a dir que en estos moments s'està suprimint tot.
Comencem a trobar-nos una circumstància en què igual s'estan amortitzant llocs de treball, no se trau oferta d'ocupació pública, s'està començant a acomiadar personal interí o a rescindir els seus contractes, però també les mateixes assistències tècniques i comandes de gestió.
Hi ha anunciat en VAERSA un ERE precisament per eixe motiu.

Fins i tot si parles amb els funcionaris, que abans se trobaven rodejats de personal alié, ja te diuen que ara n'hi ha menys.
Perquè com ara l'únic que cal fer és comptabilitzar factures, com ara ja no se fan obres, com ara ja no se presten serveis, com tenim una administració absolutament paralitzada, ja ni això.

Però encara en queden, eh?
, encara en queden, d'assistències tècniques, encara en queden, de comandes de gestió.
Comandes de gestió, que, per cert, l'informe de la intervenció diu que tenen un sobrecost del 21%.
És enlluernant, perquè no seran les retribucions salarials.
Per tant, ahí hi ha alguna altra cosa.

En definitiva, jo crec que és una situació suficientment alarmant com perquè el Consell, i concretament la conselleria d'administracions públiques i la secretaria autonòmica que vosté ocupa, prenguen alguna cosa més que nota, sinó que prenguen la decisió d'actuar per a evitar que se continue produint.

Gràcies.

La senyora presidenta:

Gràcies, senyor Blanco.

Senyora Mollà.

La senyora Mollà Herrera:

Gràcies, senyora presidenta.

Senyor García, jo voldria fer-li algunes preguntes i algunes reflexions.

Vosté ha justificat la utilització de la ferramenta d'assistències tècniques.
I a més, diu que és vàlida, legal i que si no se detecten que no s'estan.
.
.
, si s'estan complint els requisits degudament establerts, doncs que es vàlid que s'apliquen.

Durant molt de temps hem anat denunciant el creixement de les partides pressupostàries destinades a assistències tècniques i també a les de treballs realitzats per altre empreses i professionals, que aquí és on estan les dos, diguérem, línies pressupostàries on, efectivament, el Partit Popular any rere any ha anat sumant en estes partides per a crear allò que és una evidència, i és una administració paral·lela fora del que és el control que tenen els empleats públics que són funcionaris.
I, per tant, això ha estat així.

Efectivament, en la conselleria de medi ambient és molt evident.
És a dir, vora 20 milions d'euros s'utilitzen en assistències tècniques i en treballs realitzats per altres empreses i professionals.
Vora 20 milions d'euros, que se diu prompte, amb la qual cosa.
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.
Jo puc entendre que vosté vullga protegir la figura d'assistències tècniques i dir que és vàlid i legal.
El que no pot ser és que se convertisca en un abús, que és el que fa l'administració pública valenciana en mans del Partit Popular.

Són decisions polítiques, efectivament.
Vostés en un moment van decidir, doncs, per exemple, no ampliar plantilla de funcionaris públics i desviar les tasques que tenen de fer a altres empleats, en este cas, en esta empresa pública.
És a dir, és una decisió política clara, premeditada i, a més, que, amb les dades en la mà, se posa de manifest.

Efectivament, vosté ho ha centralitzat en un context d'una denúncia, està ahí, l'ha relatat.
Les preguntes estan damunt la taula i, per tant, reiterar-les me pareix innecessari.
I, per tant, voldria ampliar eixes preguntes, més enllà del que és el cas concret.

Ha posat ferramentes la secretaria autonòmica per a controlar que això no estiga passant en altres conselleries?
Ho dic perquè passa en altres conselleries.
Jo li podria donar el nom d'una fundació que treballava en la conselleria suplint la tasca de funcionaris que estaven en la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania, per exemple, per exemple.
Vull dir, això és.
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Que hi hagen altres exemples, en són molts.

I, per tant, ¿quines ferramentes han posat damunt la taula per a controlar que això no estiga passant en altres conselleries i resarcir el mal que s'estiga produint, si s'està fent igual que ha passat, en este cas, en obres públiques i medi ambient?

I vaig a entrar a preguntar-li.
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Ja que vosté diu que utilitzar assistències tècniques és supervàlid i legal, voldria preguntar-li concretament per la seua secretaria autonòmica.
Exactament per a què utilitza 1,1 milions d'euros la seua secretaria autonòmica en l'apartat d'atenció als ciutadans, de treballs realitzats per altres empreses i professionals?
Vosté, que supose que controlarà els seus propis pressuposts, per exemple, a què se destinen 1,1 milions d'euros per a treballs realitzats per altres empreses i professionals en el que respecta al programa d'atenció al ciutadà?

Per a què s'utilitzen 5,4 milions d'euros en el programa de sistemes informàtics en treballs realitzats per altres empreses i professionals?
Per a què se destinen 4,8 milions d'euros en este programa en assistències tècniques?
Què li fan a vosté eixes assistències tècniques que consten este any 4,8 milions d'euros?
¿En què se gasten vora 750.
000 euros en treballs realitzats en altres empreses i professionals en el programa d'innovació tecnològica?
¿I els més de tres-cents mil euros d'assistències tècniques en este programa?
, ¿en què se'ls gasta vosté?
Ho dic perquè açò és una cosa que, ja que és tan vàlid i tan legal i superpositiu, si fa falta, a la millor pot il·lustrar-nos en què l'estan servint a vosté.
Només que en assistències tècniques estem parlant de vora cinc milions d'euros que vosté està gestionant en la seua secretaria autonòmica i que m'agradaria saber si, efectivament, tan vàlids i legal que són, doncs, a vore quina faena estan rendint, ¿no?
Per exemple, ¿no?

Gràcies.

La senyora presidenta:

Gràcies, senyora Mollà.

Señor Ibáñez, cuando quiera.

El senyor Ibáñez Bordonau:

Muchas gracias.

Bueno, en primer lugar, señor García, darle la bienvenida en nombre del Grupo Popular a estas Cortes, y me permitirá que, de alguna forma, señale.
.
.
, lo conozco ya de hace bastante años, y agradecerle nuevamente que siga dando la cara.
Yo creo que si algo ha hecho en esta comparecencia es dar la cara, además de una forma clara.
Es decir, aquí, ahora, los interrogantes parece que ya no son los objetos de esta comparecencia sino que pueden ser.
.
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, o son otros, ¿no?
Pero yo creo que hay que ceñirnos un poco a lo que nos trae aquí, o por lo menos mi grupo es a lo que viene, ¿no?
, a hablar de estas, quizá, conjeturas posibles o pareces que de alguna forma, pues, han provocado esta comparecencia.

Yo creo que usted ha señalado varias cosas y lo ha dicho, y reitero, además con una claridad meridiana.
Es decir, el que quiera que lo oiga y el que no, no, pero desde luego, es indiscutible, algunos aspectos que usted ha puesto sobre la mesa.
En primer lugar, ha dejado claro, sin ánimo de escurrir el bulto, pero diciendo, sinceramente, la verdad, que su secretaría autonómica no tiene, de acuerdo a la normativa vigente, competencia en relación a la cuestión objeto, ¿no?
, de esta comparecencia.
Aun así usted después ha detallado una serie de cuestiones y ha pormenorizado, pues, con datos y con fechas cuál ha sido el devenir que bajo su prisma de responsabilidad, pues, se ha ido realizando.
Aparte, ha señalado, yo creo que con criterio y con criterio acertado, que las asistencias técnicas no solo son posibles sino que son legales.
.
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, señorías, en esta Generalitat y en cualquier ayuntamiento de los que están en nuestra comunidad y fuera de nuestra comunidad.
Es decir, es algo.
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.
, es un recurso legal y posible que existe en todos los organismos públicos y, por tanto, tampoco no hay que poner el grito en el cielo por este asunto.

Lo que sí que es cierto, y ahí voy un poco a lo de la claridad que usted ha señalado, yo creo que al detallarnos casi a modo de diario cuáles han sido las actuaciones llevadas a cabo, pues, ciertamente, yo creo que su actuación y la actuación de su secretaría autonómica ha sido una actuación que no ha tenido ni una dilación.
.
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Es decir, ha sido rápida, inmediata y salvaguardando todas las garantías que en este proceso se merecen, y, por lo tanto, yo aquí he oído desde el tema de responsabilidades, se ha hablado incluso hasta de posibles dimisiones.
.
.
Vamos a ver, ha habido una eficacia de respuesta clara.
Otra cosa será lo que ocurra después, pero, desde luego, no se puede achacar a esta secretaría que no ha sido diligente a la hora de poner en marcha todos los funcionamientos, todos los resortes que en este momento tiene a su disposición para aclarar los hechos.
.
.
, para aclarar los posibles hechos.
Quiero reiterarlo, porque muchas veces se está dando alguna afirmación, pues, casi ya de sentencia de unos hechos que, de momento, son posibles.
.
.
, y quedan en ese ámbito en este momento.

Pero, además, es que usted ha puesto en marcha, y yo he estado anotando detalladamente, y creo que hasta el mismo día de los hechos en los que a usted le llega la denuncia, el mismo día usted ordena a la inspección de servicio que ponga en marcha una investigación, ¡el mismo día!
Es decir, no una semana después, no el día siguiente, ¡el mismo día!
Por lo tanto, vamos a ver, ¿qué más responsabilidad en este momento se le puede pedir a quien lo que está realizando es que se investiguen aquellos hechos que en este momento están sobre la mesa?
Ha pedido el informe de fiscalización y, bueno, pues, en este momento la cuestión está analizándose y está estudiándose y, desde luego, debe de tener una respuesta, y supongo y no me cabe ninguna duda que tendrá, pues, evidentemente, una respuesta a la altura de los hechos que así se vean, pero, desde luego, en este momento estamos hablando simplemente de conjeturas, de posibles, de pareces, y yo creo que sobredimensionar como aquí se ha hecho en algún momento que si esto sale así alguien tendrá que dimitir.
.
.
Y si no sale así, ¿qué pasará?
, ¿alguien tendrá que pedir disculpas, a lo mejor?
No lo sé, pero creo que este no es el objeto de esta cuestión.
Es decir, el objeto de la cuestión y de la comparecencia es: hay unos hechos sobre la mesa, ¿qué ha hecho la secretaría autonómica para esclarecer todo esto?
Pues bueno, evidentemente, ha puesto en marcha todos los mecanismos que están en su mano para esclarecer los hechos, y a la vista del resultado de estas investigaciones, se obrará al efecto.
Y, por lo tanto, yo le agradezco la claridad y, sobre todo, le agradezco una cosa que es muy importante en estos casos: la premura y la diligencia para investigar los hechos.

Muchas gracias.

La senyora presidenta:

Muchas gracias, señor Ibáñez.

Señor García Ribot, para aclarar las distintas preguntas que han hecho.

El senyor secretari autonòmic d'Administració Pública:

Muy bien.
En primer lugar, como no podía ser de otra forma, agradecerles a todos ustedes la acogida que me brindan en mi bautizo en esta cámara.
(Veus) Y, si me lo permiten, un doble agradecimiento al señor Rubio, primer, por la bienvenida, y segundo, porque ha dicho usted que aunque pide mi dimisión, pues, que casi mejor no, porque igual el que viene es peor.
Por lo tanto, muchísimas gracias.
.
.
(Veus) Además, usted y yo sabemos que.
.
.
, somos funcionarios y con esto, pues, también quiero contestar al señor Blanco que ¿cómo no voy a estar de acuerdo en que las funciones específicas de los funcionarios, sus competencias en las potestades públicas y en la salvaguarda de los intereses generales de la función pública, se cumplan a rajatabla?
.
.
.
Tengo que estar absolutamente de acuerdo con usted.

Y algo que también es común en sus alocuciones.
Me pregunta el señor Rubio, y ustedes también, que por qué no se han hecho cosas antes, o incluso ha hecho referencia a mi etapa de director general.
.
.
Bueno, yo tengo que decirle que como secretario autonómico esta es la primera vez que tengo un documento encima de mi mesa con datos concretos para que se pongan en marcha las actuaciones que están bajo el ámbito de mi competencia.
Por lo tanto, es lo que le puedo contestar.

Y también quiero decirle que hay, o yo veo, dos escenarios distintos.
Uno, el de las sentencias que se han producido con carácter puntual y de forma intermitente; y, dos, esas mismas sentencias puestas al lado de, uno, una denuncia de la junta de personal donde hace una mención expresa al informe de la intervención o.
.
.
, a que intervenga, perdón, la intervención general, y en un apartado, a la inspección de servicios.
.
.
, donde lo solicita expresamente.
Y, además, tenemos el informe específico de la intervención general, donde detalla alguno de los elementos que ha destacado también el señor Blanco, el 47%, no sé qué más.
Efectivamente, esos datos son los que va a contrastar en su integridad la inspección general de servicios y, por supuesto, señor Mollà, sí que hay una herramienta, y mi contestación a su pregunta de si iba a hacer algo o si íbamos a hacer algo, la respuesta es contundente: no es que se va a hacer en un futuro, se lo digo en presente, es que se está haciendo ya, porque ya se ha dado instrucciones.
.
.
, le puedo enseñar el oficio, para que se ponga en marcha dicha inspección y recabe no solo, no solo, los datos referentes a esas cinco sentencias de VAERSA, sino que haga un estudio generalizado de esta cuestión.

Con respecto, y no quiero eludir sus preguntas, al detalle económico de las asistencias técnicas, pues, con permiso de la presidencia de esta comisión, creo que no es objeto de esta comparecencia, donde está bien clara que se trata de cesión irregular, aunque no tengo ningún inconveniente, si ustedes así lo consideran oportuno, en comparecer con todos los detalles que usted me ha expresado y, desde luego, puntualmente, dárselos desde el principio hasta el fin.

En cuanto a si esto es simplemente una dilación, pues, tengo que decirles que no, que, por supuesto, se van a analizar y contrastar todos los datos, como ha dicho el diputado Ibáñez, y, desde luego, no concibo, ni nadie con sentido común puede concebir, que se haga una inspección general de servicios, se le dé una instrucción para que eso no concluya, primero, con las actuaciones, y, después, que se dirija a las instancias que corresponde, a efecto de, si efectivamente todos estos datos que han apuntado coinciden en su totalidad, dar una respuesta y, con la única finalidad, subsanar todo aquello que sea necesario.

La senyora presidenta:

¿He terminado, señor García?

El senyor secretari autonòmic d'Administració Pública:

Pues, yo, en principio sí.

La senyora presidenta:

Por eso le preguntaba.

Muy bien, pues, por si hay algo que no se ha quedado claro.
.
.
El señor Rubio tiene la palabra.

El senyor Rubio Martínez:

Sí, gracias, señora presidenta.

Señor García Ribot, una cosa es que yo no quiero que se vaya, y otra distinta es que nos tome el pelo.
Yo prefiero casi que se quede porque ya como lo conocemos sabemos lo que nos puede decir.

Vamos a ver, esto, esta comparecencia suya no la hemos pedido por el escrito que entró en octubre en su departamento, ¡no tiene nada que ver!
, la comparecencia ya estaba pedida desde septiembre, perdón, o desde agosto, no recuerdo bien, pero en todo caso antes de que entrase ningún escrito en su departamento, y usted nos cuenta un escrito y, desde un punto de vista funcionarial, cómo va pasando de mesa en mesa hasta que llega a quien le tiene que llegar.
¡No, no!
, si no nos referimos a esto.
.
.
Yo estaría preocupado, señor García Ribot.
Dice: «No, es la primera vez que esto me llega.
» No, mire, no, usted ya era director general, y le voy a recordar una acta de la comisión de condiciones de trabajo, que presidía en aquel momento quien hoy ocupa la subdirección general de la que depende la inspección de servicios, y usted era director general, donde en esa acta se anexan ya informes relativos a la cesión ilegal de trabajadores, entre ellos estaba el tema del informe de la inspección de trabajo de Alicante.
Esto no es VAERSA, aquí hay cuatro consellerias con temas de cesión ilegal de trabajadores.
Está medio ambiente, está sanidad, está servicios sociales, está agricultura, en sus diversos nombres de acuerdo a como han ido evolucionando a lo largo de estos años.
Por tanto, no es una cuestión menor.

¿Y usted me quiere decir, señor García Ribot, que nadie de los funcionarios que tiene a su alrededor, que estoy seguro, o de las múltiples asistencias técnicas que hay en su conselleria, le ha pasado la sentencia del Tribunal Supremo del 19 de junio del 2012?
¡Que es de una trabajadora contratada por una empresa pública en los servicios territoriales de una conselleria en Alicante!
¡O las del tribunal superior de justicia de septiembre del 2010 o de junio del 2011, que también habla de cesiones ilegales en distintos departamentos¡ ¡Hombre, alguien se lo habrá pasado!
, porque yo estoy convencido de que usted se lee «todo» lo que le pasan.
Pues, alguien les habrá pasado esto y usted sabrá, o debería saber, exactamente, lo que ha pasado.
No es una cuestión «ahora».

Y, claro, yo me quedo sorprendido cuando oigo algún diputado decir «¡hombre, si nos ha contado toda la película!
».
.
.
Hombre, no, yo creo que también, cuando se preparan los papeles, ¿eh?
, uno tiene que leerse más cosas o, sobre todo si vienen de la conselleria directamente, que no estamos hablando únicamente del asunto que usted ha querido enfocar que era «solo» una denuncia en un momento determinado por parte de la junta de personal.
¡No, no, no!
La cuestión es: se han producido cesiones, ¿quién asume la responsabilidad de que esto haya pasado?
, cesiones ilegales, ¿quién asume la responsabilidad después de que La Generalitat ha sido condenada?
¿Lo asume usted, que es el inspector general de servicios?
¿Lo asumiría el anterior a usted, que era el inspector general de servicios?
¿Lo asume el ordenanza que está a la puerta de la conselleria?
¿Quién lo asume?
Porque alguien tendrá que ser responsable de esa situación, ¡digo yo!

Segunda cuestión, si alguien asume la responsabilidad, me imagino que ustedes habrán abierto expedientes para aclarar estas situaciones.
¿Desde la inspección general de servicios cuántos expedientes han abierto para aclarar estas situaciones?
, ¿y a quién se los han abierto?
O, si no se los abierto nada, la pregunta es: ¿para qué sirve la inspección general de servicios?
, podríamos dedicarnos a otra cosa, ¿pero para qué sirve?
Alguien tendrá que asumir ese tipo de responsabilidad, porque si no, al final, yo ya no sé muy bien para qué sirven ciertas cosas.
Porque esto, insisto, no es de ahora, viene produciéndose desde hace muchos años.
Nosotros tenemos aquí documentación desde el año 2006.
Por tanto, desde esa época ha habido cesiones ilegales de trabajadores y ahora va a haber muchas más denuncias, probablemente por la propia situación de la reconversión del sector público que ustedes están haciendo.
Porque aquí hay gente de empresas de asistencia técnica que entra a las ocho, sale a las tres y se pone a disposición y a las órdenes del jefe de servicio correspondiente, que le dice lo que tiene que hacer, que le dice que informe expedientes, que como no los puede firmar, los firma un compañero de al lado.
Eso quien firma expedientes.
Otros que cogen los teléfonos, otros que se dedican a otras cuestiones meramente funcionariales y que no tendrían que hacerlo.
Pero como no hay suficientes funcionarios se entra por esa vía de acometer esas funciones a través del personal de las asistencias técnicas.

Nos puede decir en el plan de actividades del año 2011, de la inspección general de servicios, o en el plan de actividades de 2012, de la inspección general de servicios, o en el de 2010 o anteriores, si ha habido algún programa para atender esta situación, para ver dónde se producían estos errores y, sobre todo, quién tomaba esas decisiones, quién asume la responsabilidad.
Aquí el tema es que nadie, nunca, asume una responsabilidad, señor García Ribot, nadie nunca.
No conozco ninguno todavía que en La Generalitat en los últimos años -y voy acabando- haya asumido esa responsabilidad.

La cesión ilegal de trabajadores no se produce por una cuestión que se le aparezca a un señor en un momento determinado; se produce por una serie de hechos que llevan al final a los tribunales a dictar sentencias.
Yo espero que en la segunda intervención me aclare exactamente para eso y sobre todo si la inspección de servicios está haciendo lo que tiene que hacer, si no, que se dediquen a otra cosa.

La senyora presidenta:

Gracias, señor Rubio.

Señor Blanco.

El senyor Blanco Giner:

Jo vull felicitar el senyor García Ribot.
Jo no porte massa temps, poc més d'un any en esta cambra de diputat, però, bé, ja són moltes compareixences perquè me toca cobrir diverses comissions.
I fins ara havia vist dos estratègies dels compareixents i hui n'he vist una tercera que me sembla molt més intel·ligent.
Això sí que el compromet ¿val?
Habitualment, perquè tots compareixen com a càrrecs governamentals d'un partit polític i, per tant, per a defensar una política, i m'havia trobat dos tipus de respostes.
Primer les que ho neguen tot, les que ens conten que tot està bé, que no és cert allò que tots sabem i ens conten una pel·lícula absolutament increïble, i després les evasives, aquelles persones que compareixen ací i que no responen mai a cap pregunta i que no entren al tema, etcètera, etcètera.

Vosté, almenys des que jo estic ací, abans és possible que tinga algun precedent, hui ha estrenat una nova fórmula de respondre que me sembla de reconéixer.
Perquè vosté el que ha fet ha sigut comprometre's a actuar i no negar allò que se li estava dient.
Per tant, jo el felicite, el felicite perquè crec que políticament és no sols més hàbil sinó fins i tot més respectuós amb la tasca que fem en este parlament i amb la ciutadania a la qual representem.
Ara, l'avise, l'avise, en primer lloc, que tampoc m'ho acabe de creure, però sempre li queda el benefici del dubte.
I no m'ho acabe de creure, perquè vosté no acaba d'arribar a l'administració, perquè la situació que l'informe de la intervenció de VAERSA descriu és coneguda per tots i totes des de fa moltíssims anys.
Perquè ja se li ha dit que estava fent fins ara la seua secretària autonòmica i sobretot perquè tindrem l'oportunitat de comprovar-ho.

Jo li dic que hui mateix vaig a demanar la seua compareixença perquè ens explique, d'ací dos o tres mesos, quan el calendari parlamentari ho permeta, la tramitació de les diverses iniciatives i peticions de compareixença en esta comissió ho permeta, perquè vosté vinga ací i ja no puga utilitzar la mateixa fórmula.
I en eixa compareixença d'ací uns mesos vorem si repetix les mentides, repetix les evasives o inaugura la quarta via, que seria la de deveres d'agrair, que és la de donar explicacions de veres, la d'assumir responsabilitats, la de contar-nos tota la veritat i, com vosté ha dit, solucionar tot allò que siga necessari.
Ho desitgem, perquè és necessari.

Perquè estem davant un tema que s'ha perllongat durant molts anys que, efectivament, com vosté diu, són uns funcionaris els qui han de desenvolupar les potestats públiques i tots coneguem casos d'informes que es fan per part d'unes persones, a través d'una assistència tècnica, comanda de gestió, etcètera, que després firmen altres amb la condició de funcionaris.
S'han fet campanyes per part de les organitzacions sindicals i la junta de personal, fins i tot per a evitar que funcionaris estamparen la seua signatura en documents que no havien elaborat.

Però jo aniria més lluny.
És que qualsevol relació de dependència laboral, fins i tot encara que no siga amb l'exercici de potestats públiques, no es pot admetre que es faça a través d'empreses que no siga la mateixa administració.
Perquè estem davant cessió legal o il·legal, diga el que diga en cada cas la justícia, absolutament irregular, absolutament immoral i políticament rebutjable de treballadors.

Nosaltres ens creguem el que diu l'article 103 de la Constitució.
És de les millors coses que té la Constitució, el tractar d'establir la igualtat, el mèrit i la capacitat a l'hora de la publicitat, que després se regula legalment amb l'accés a la funció pública, com a garantia per a tots i totes i no sols per aquelles persones que treballen en l'administració sinó per a la ciutadania que rep els seus serveis.

Per tant, ja dic, no m'ho acabe de creure, però vaig a agafar-me a les seues promeses per a donar-li el benefici del dubte, la presumpció, si vol vosté, d'innocència política i ja que és la primera compareixença que se'n vaja amb una segona oportunitat.
Jo torne a demanar la seua compareixença i ahí ja ha de demostrat la confirmació.
Espere equivocar-me, de veres.

La senyora presidenta:

Gracias, señor Blanco.

Señora Mollà.

La senyora Mollà Herrera:

Gràcies, senyora presidenta.

Senyor García, jo la veritat és que llegint el motiu de la compareixença no he trobat la paraula VAERSA en ningun lloc.
(Remors) Bé, però que vosté vulga parlar d'una cosa puntual no vol dir que el motiu de compareixença no siga una cosa puntual.
És una cosa genèrica i, de fet, jo podria pensar que s'anava a tractar eixe tema puntual per a il·lustrar un problema general, però el motiu de la compareixença és un problema general, instal·lat en tota l'administració pública.
I a més és que això ho ha denunciat el síndic de Comptes en els seus informes constantment sobre este tipus de contractacions que se fan en diferents conselleries.
De fet, el motiu de compareixença parla de distints departaments del Consell, fins i tot podria parlar del seu.

I per això jo li he preguntat en el seu departament sobre la figura d'assistències tècniques.
Que, de fet, vosté el primer que ha fet només començar és intentar justificar la legalitat i la validesa de la figura d'assistències tècniques de forma general.
I, per tant, jo també vull parlar de forma general.
De totes formes, vosté volia parlar d'este tema puntual i de fet ha fet una reflexió quan ha volgut començar i diu: «Bé, hi han hagut sentències que no són quantitatives i no deuen d'extrapolar-se.
» I quan parla d'això parla de diferents àrees no sols en este tema.
I després està el tema de VAERSA i ha anat a explicar què ha passat amb açò.

Bé, quan vosté fa eixa reflexió, el que està és diferenciant, són uns temes puntuals, no quantitatius, no sé què, no sé menys i un que ja no és una cosa puntual sinó que, efectivament, és una cosa més enllà que una cosa puntual.

Clar, quan vosté fa eixa diferència és al que jo crec que també d'alguna manera el senyor Rubio s'està referint; és a dir, quan una cosa passa de ser puntual a ser un mecanisme instal·lat hi ha un responsable darrere, perquè eixa gent, per exemple, cobra d'uns pressupostos d'unes partides que la mateixa conselleria i els càrrecs, la consellera en este cas, quantifica, és a dir, és una cosa premeditada, hi ha una decisió política de destinar uns diners que haurien d'anar a funcionaris, empleats públics, a política d'eixa conselleria, que se destinen a esta administració paral·lela.
I ahí hi ha una decisió política, si és que se quantifica quant és el cost d'utilitzar eixes assistències tècniques o eixes contractacions de serveis a esta empresa per a suplir la faena que la conselleria sap que ha de fer com a pròpia.
I ahí hi ha una decisió política darrere.

I açò és l'únic que vaig a referir sobre este tema puntual, és una valoració que jo faig.
Perquè jo, ja li dic, vull preguntar-li en termes generals.
I jo quan li he preguntat quins mecanismes ha desenvolupat la secretaria per a vore si açò és una cosa general, no parle d'esta conselleria ni d'este tema, parle de quins mecanismes s'estan posant en marxa nous, perquè, clar, no me valen els que hi havien, que no havien sigut vostés capaços de detectar una cosa que és evidentíssima i que tot el món ho sap i, de fet, ho denunciem tots els anys.
I, per tant, quins nous mecanismes han activat per a vore si això està passant amb la resta de l'administració pública.
Quins?

I sobre la seua secretaria autonòmica concreta, jo li he preguntat i no crec que vosté haja d'eludir la resposta.
És a dir, aquí quan parla el senyor Rubio de possibles cessions en distints departaments sobre treballadors d'empreses públiques o contractacions d'assistències tècniques, vosté me podrà dir a mi si d'eixos 5 milions d'euros de la seua secretaria autonòmica utilitzats en exclusiva 2012 en assistències tècniques, que és el que estan fent que a mi no me puga portar a la deducció de què estan utilitzant per a suplir el treball que ha de fer un funcionari, per exemple.
O d'eixos més de 2 milions d'euros, vora 2 milions d'euros, que vostés estan utilitzant en treballs realitzats per altres empreses i professionals, que me puga dir: «Mire, estem destinant 2 milions d'euros en ics coses, que açò no és un treball que puga fer un funcionari.
» Vull dir, és que vosté és que té vora 7 milions d'euros precisament en estes dos línies que s'han utilitzat en esta conselleria, obres públiques i tal, igual que s'estan utilitzant en altres conselleries, per a utilitzar-les com a administració paral·lela.

Vosté, per exemple, ¿me pot dir a mi que ninguna de les assistències tècniques que té vosté està in situ en la conselleria ocupant una taula, un ordinador, un correu electrònic de La Generalitat, utilitzant els documents dels que no té per què tindre accés, perquè són documents que se reserven només que per al personal funcionari de La Generalitat, i fent una faena que lògicament hauria de fer un treballador funcionari de l'administració pública?
Me podria dir això?
Avui pot mullar-se en este sentit?
Ho dic perquè aleshores a la millor vosté està fora d'eixa possibilitat d'utilitzar una cessió il·legal mitjançant assistències tècniques.
I si després me diu que no, a la millor trobem un cas, perquè com això vostés ara volen netejar la casa, a la millor un treballador se rebel·la, com és el cas que ha passat, i tindrem més motius per a dir que vinga un pitjor, perquè el qui estava ací no ha estat a l'altura.

Res més.

El senyor secretari autonòmic d'Administració Pública:

Muchas gracias, presidenta.

Señor Rubio, no me gusta en estos casos hablar de mí, porque yo no vengo a hablar de mi persona sino de la secretaria autonómica, pero como usted se ha referido a alguna cosa concreta.
.
.
Evidentemente, tengo antigüedad, 11 trienios de funcionario creo que es una cierta antigüedad, ya cumplidos.
Por lo tanto, creo conocer la administración en la parte que me ha tocado y quien me conoce -y esto ya sí que me resulta un poco incómodo decirlo- sabe que yo jamás eludo mis responsabilidades, jamás.
Dicho lo cual, queda claro que por mi parte siempre estaré dispuesto a aceptar cualquier responsabilidad inherente a mi cargo.
Y continúo diez segundos más y ya no hablo más de mí.
Y, por supuesto, en mi cargo yo estoy para servir a la ciudadanía, si no estaría en la medicina, que es donde he ejercido la profesión durante treinta años con discreto éxito.

En cuanto al señor Blanco, le agradezco muchísimo, porque realmente la postura inteligente no es la mía, es la suya, porque ha hecho dos cosas: una, quedar bien conmigo, lo cual le agradezco y, segunda, emplazarme a una segunda intervención mucho más seria, no más seria sino más completa.
Porque usted perfectamente sabe que yo actualmente no dispongo de todos los datos, dado que la inspección general de servicios acaba de empezar su investigación.
Por lo tanto, usted me emplaza y, efectivamente, yo con todo gusto vendré a decir el resultado de dicha investigación.

Señora Mollà, hemos pasado de lo general a lo particular y de lo particular a lo general.
Primero decía que hablara de lo general y luego particulariza usted en mi secretaría autonómica.
Pues, bien, como creo que la pregunta que hoy nos concreta aquí, que nos reúne aquí, es general, le diré: la inspección va a hacer una inspección general, no particular.

Yo he puesto el tema de VAERSA encima de la mesa porque creo que alguno de ustedes conoce la denuncia citada por el presidente de la junta de personal.
No creo que todo sea por casualidad.
Y, como creo que alguno de ustedes incluso la conoce en su integridad, pues la he traído para que no crean que eludo lo que allí se contiene, en dicha denuncia.
Es más, se hace puntualmente mención a VAERSA.

Pero, como usted comprenderá, la inspección no se va a limitar a casos ya probados y llevados a la justicia, sino a aquellas posibles, como reza el tono de la comparecencia, para determinar si no o no lo son.
Si lo fuesen, no le quepa la menor duda que se subsanará la irregularidad.

Pero, en cuanto a lo particular, pues, como creo que voy a estar emplazado en una segunda intervención, traeré todos los datos de las asistencias técnicas que de mis competencias cuelgan y le daré cumplida cuenta; y, si usted quiere antes, pues antes.

Por mi parte, agradecerles el trato que me han dispensado.

Y muchísimas gracias por su atención.

La senyora presidenta:

Bueno, pues, señor García Robot, gracias por sus palabras.
Usted también queda emplazado para la siguiente.
Es evidente que en esta comisión tratamos muy bien a todos los comparecientes que, directamente, ya ellos mismos se emplazan para volver.

Paramos un minuto para despedir al secretario autonómico.
Y, a continuación, seguiremos con los siguientes puntos.

El senyor secretari autonòmic d'Administració Pública:

Muchas gracias.

(Se suspén la reunió durant uns minuts)

Propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris a l'informe de fiscalització del compte general de les entitats locals de la Comunitat Valenciana corresponent a l'exercici de 2010

La senyora presidenta:heÂ«

Señores diputados, vamos con el cuarto punto del orden del día, que es: debate de la propuesta de resolución presentada por los grupos parlamentarios al informe de fiscalización de la cuenta general de las entidades locales de la Comunidad Valenciana correspondiente al ejercicio 2010.

Hablado con los portavoces, vamos a pasar a votación.
Se han presentado dos propuestas que son las mismas y, por tanto, procede que las votemos conjuntamente.
¿Votos a favor de las propuestas?
Por unanimidad se aprueba el informe de fiscalización.

Propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris a l'informe del síndic major de Comptes sobre el perfil de contractant i les instruccions de contractació en el sector públic local valencià.
Informe especial de seguiment dels informes de fiscalització de l'exercici de 2010

La senyora presidenta:

El punto número seis es el debate de las propuestas de resolución presentadas por los grupos parlamentarios al informe del síndic major de cuentas sobre el perfil del contratante y las instrucciones de contratación en el sector público local, valenciano, e informe especial de seguimiento de los informes de fiscalización del ejercicio 2010.

Hay ahora mismo solamente una propuesta presentada, la propuesta del Partido Popular y, por tanto, ¿votos a favor de la propuesta?
Por unanimidad estas Cortes se dan por enteradas y tienen por conocimiento el informe realizado.

Recepció de l'informe del síndic major de Comptes sobre auditoria operativa de concerts sanitaris: avaluació amb criteris d'eficiència, eficàcia i economia de la gestió del centre d'hemodiàlisi (RE número 33.
008)

La senyora presidenta:

El sexto punto del orden del día es dar cuenta de la comisión de la recepción del informe del síndic major de Cuentas sobre la auditoría operativa de conciertos sanitarios: evaluación con criterios de eficiencia, eficacia y economía de la gestión del centro de hemodiálisis.
El informe fue entregado a los grupos parlamentarios en su momento.
No obstante, aquí en la mesa también figura un CD por si alguna de sus señorías quiere disponer de él.

Proposició no de llei sobre l'elaboració i la publicació d'una anàlisi trimestral de l'evolució de l'endeutament financer de La Generalitat, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 28.
528, BOC número 96), a la qual s'acumula la proposició no de llei sobre la publicació trimestral de la informació actualitzada dels deutes amb proveïdors, tant de La Generalitat com del conjunt d'organismes que en depenen, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 28.
530, BOC número 96)

La senyora presidenta:

El punto siete -que se une al ocho- se va a debatir conjuntamente, es la toma en consideración de la proposición no de ley sobre la elaboración y la publicación de un análisis trimestral de la evaluación del endeudamiento financiero de la Generalitat valenciana, presentado por el Grupo Parlamentario Socialista, que se agrupa a la toma en consideración de la proposición no de ley sobre la publicación trimestral de la información actualizada de las deudas con proveedores, tanto de La Generalitat como del conjunto de organismos que dependen de ella, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.

Para defender las dos propuestas, tiene la palabra el señor López.

El senyor López Milla:

Muchas gracias, señora presidenta.

Bien, voy a ser breve y, además, también hemos solicitado agrupar las dos PNL porque, en realidad, abordan cuestiones, primero que están muy relacionadas entre ellas, y, en segundo lugar, que ya hemos abordado también aquí esta mañana con motivo de la comparecencia del señor Hernándiz.

En una de las proposiciones no de ley, de hecho, lo que estamos demandando es que el Consell elabore cada tres meses, que elabore y difunda cada tres meses un informe sobre las deudas que mantiene con acreedores no financieros, tanto para La Generalitat como para el conjunto de entes públicos que dependen de ella y que incluyen ese informe también todos los gastos que no están recogidos en la contabilidad presupuestaria.
¿Por qué?
Porque la contabilidad presupuestaria ofrece información sobre las obligaciones de pago registradas en ella, pero no ofrece información periódica ni sobre los gastos periodificados -que son esos a los que se refería el señor interventor-, los de la cuenta 411, que conocemos de manera muy esporádica, ni tampoco sobre los gastos pendientes de aplicar a presupuesto, que son los famosos de la 409 -a las que nos referíamos antes-.
Es más, si hay algún tipo de gasto que, como se ha podido constatar en el pasado, no estaba recogido en la cuenta 409 ni en la 411, pues nos gustaría que en ese informe se ofreciera información puntual y, al menos, trimestralmente, sobre su evolución.
Esta es la única manera de saber cuánto se debe, a quién se debe, qué organismo lo debe y desde cuánto tiempo se debe, conoceríamos el importe real de todos los gastos no aplicados a presupuesto, de todas las deudas asociadas a ellos y, también, de las obligaciones de pago que se han desplazado con cargo a ejercicios futuros.

Idealmente esta información debería venir acompañada por un plan de tesorería que garantizase que se van a cubrir las obligaciones de pago en un plazo de tiempo razonable.
No hemos incluido ello en nuestra propuesta de resolución porque hemos entendido que, dada la dependencia que tiene ahora mismo la administración autonómica del auxilio financiero del estado, que es cada vez mayor, quizá La Generalitat no fuera capaz de estar en disposición de presentar ese plan de tesorería; sin embargo, y en la medida en que parece que, como consecuencia de adhesión al fondo de liquidez autonómica, va a tener que presentarlo, pues, lo lógico sería que acompañase a ese informe trimestral un plan de tesorería.

Entendemos que la publicación de todas estas cifras, la difusión de todo tipo de datos respecto a las mismas resulta necesaria tras la experiencia -a la que nos hemos referido anteriormente- que se produjo hace unos meses en relación con el afloramiento de más de 1.
800 millones en facturas del período 2009 a 2011, que no estaban previamente reconocidas en la contabilidad presupuestaria y que se registraron apresuradamente con motivo del cierre de la cuenta general que se hizo pública hace unas semanas.

Además, nos enfrentamos a un escenario en el que, como es conocido, las obligaciones con los acreedores no financieros se tienen que satisfacer, se tienen que satisfacer antes o después, bien a través de su conversión en deuda financiera, como ha permitido el plan de pago a proveedores, o parece que va a permitir el fondo de liquidez autonómica, o bien a través de otros mecanismos.

Por tanto, entendemos que la transparencia es fundamental como garantía de que los hechos que ocurrieron este año con el afloramiento masivo de facturas no van a volver a repetirse.

De hecho, en la actualidad, la información que proporcionan los estados mensuales de ejecución pone de relieve que tan solo unos pocos meses después de aplicarse el plan de pagos a proveedores ya se ha vuelto a producir un incremento muy notable de las obligaciones de pago que La Generalitat tiene pendientes.
Bueno, a 31 de julio había casi 2.
200 millones de euros en deudas de este ejercicio que no habían sido satisfechas y de ejercicios anteriores tenemos 2.
238 millones de euros pendientes, también a fecha 31 de julio.
Es verdad que una parte fue remitida al plan de pagos a proveedores pero, otra parte, alrededor de la mitad, no pudo ser remitida porque no correspondía ni al capítulo II ni al capítulo VI.
A esto habría que sumar lo que haya pendiente de la cuenta 409, que no todo se remitió al plan de pagos a proveedores, más las deudas periodificadas cuya existencia conocemos pero no tenemos información actualizada sobre su remisión a la contabilidad presupuestaria.

Por tanto, y dado el previsible crecimiento de esas deudas con acreedores no financieros durante los próximos meses, entendemos que sería importante tener información detallada sobre su origen, sobre los plazos que han transcurrido desde que se registraron los facturas e, incluso, sobre un tema que está ahí pendiente -hoy, al final, no dio tiempo a verlo en la comparecencia del señor interventor-, que es el que tiene que ver con la estimación que pueda tener La Generalitat sobre los intereses de demora generados por todas estas deudas con los acreedores no financieros.
Yo le hice una pregunta escrita al señor conseller hace unos meses, que me respondió hace poco, respecto a los intereses de demora que La Generalitat estima y la verdad es que me dio una respuesta que no me ha satisfecho nada, porque me dice los que ha pagado pero no me dice los que tiene estimados, los que se derivarían, como consecuencia de todas las obligaciones pendientes de pago.
Así que, pues me temo que se lo tendré que volver a preguntar.
Esto en relación con la proposición no de ley que se refiere a las deudas con los acreedores no financieros.

Y hay otra proposición no de ley del mismo tenor, muy parecida a la anterior, que plantea, efectivamente, información trimestral relativa a la deuda financiera.
Porque si es verdad que sabemos que los mercados financieros están cerrados, bastantes cerrados para las comunidades autónomas, especialmente para aquellas como la Comunidad Valenciana que, desgraciadamente, disponen de los peores niveles de calificación crediticia, siendo esto verdad, también es verdad que se han habilitado mecanismos por parte del Gobierno de España para facilitar el acceso a esa deuda financiera y que la deuda financiera va a continuar creciendo, bien como consecuencia de las autorizaciones de endeudamiento que efectúe el Gobierno de España y que se pongan en marcha a través de los diferentes mecanismos que dicho gobierno ha habilitado, bien como consecuencia del canje de la deuda comercial en deuda financiera.
Por ejemplo, el plan de pagos a proveedores ha supuesto más de 4.
300 millones de euros de deuda financiera adicional por canje respecto de la deuda comercial que tenemos que devolver.
Estos 4.
300 millones de euros el estado no nos lo ha regalado, los tenemos que devolver en diez años, pagando intereses, tras dos años de carencia en la devolución del capital.

Y dado el importante volumen que esto supone en cuanto al incremento de la deuda financiera, pues nos gustaría tener una información detallada sobre el escenario, sobre el programa financiero que supone la aparición de este plan para la Comunidad Valenciana.
Pero es que, además, hemos tenido conocimiento, a través de los medios de comunicación, que la Comunidad Valenciana ha acudido en diversas ocasiones a lo largo del ejercicio al respaldo del ICO para refinanciar sus deudas financieras.
Y, ahora mismo, no sabemos a ciencia cierta ni las cantidades, ni las condiciones, ni los plazos de las operaciones que han sido refinanciadas.
Yo, buscando en el Google, haciendo una caza a través de Internet, pues he podido pillar algunas declaraciones del señor conseller Buch que hablaba en el mes de enero de 1.
022 millones de deuda refinanciada; en el mes de abril de 1.
678 adicionales y, a principios de julio, de 135 millones adicionales de deuda refinanciada por el ICO, de vencimientos de deuda de la comunidad que han sido atendidos por el ICO.

No sabemos si hay más, no sabemos las condiciones, no sabemos en qué circunstancias, ni siquiera sabemos qué va a pasar cuando este tipo de operaciones venzan, porque tampoco sabemos si han sido refinanciadas a largo plazo ni a corto plazo.
Y, dentro de unos días, nuestra previsible adhesión al fondo de liquidez autonómica va a suponer un nuevo aumento de la deuda financiera, un aumento de la deuda financiera porque, además de la refinanciación de deuda, recibiremos también, a través del fondo de liquidez autonómica, la posibilidad de cubrir el aumento del volumen de deuda financiera que ha habilitado el Consejo de Política fiscal y Financiera para nuestra comunidad.

En definitiva, nos gustaría tener más información, porque la que tenemos ahora es muy limitada, tenemos una información del Banco de España que publica simplemente un dato trimestral con el stock de deuda financiera, y una información -que está en la web- del Instituto Valenciano de Finanzas, que se publica con mucho retraso -ahora mismo la que hay es de principios de este año, de 31 de marzo de 2012- y que, además, es muy insuficiente, es muy insuficiente porque solo alude a las operaciones de mercado, no contiene todo el tipo de deuda financiera.

Por eso, en esta PNL lo que demandamos es información trimestral, información trimestral que recoge unas previsiones actualizadas de los vencimientos, previsiones actualizadas que tengan en cuenta las renovaciones del trimestre anterior, porque cuando la deuda se va renovando a veces ocurre que la que vence en el segundo trimestre se renueva por tres meses y vuelve a vencer en el tercer trimestre, y esta información intertrimestral no la conocemos.

También, características de las renovaciones efectuadas, a través de qué mecanismo, en qué condiciones, si estamos o no recibiendo algún tipo de soporte por parte del ICO, por parte del estado y de qué clase, si estamos recurriendo a líneas de endeudamiento fuera de mercado: préstamos, créditos.
.
.
-que no están en la información que proporciona el Instituto Valenciano de Finanzas-, y, sobre todo, y por último, los compromisos de pago que ello supone con cargo a ejercicios futuros porque la deuda, al final, hay que devolverla, hay que devolverla y no es lo mismo en qué plazo se devuelva, si se devuelve más a largo plazo o más a corto plazo.
De qué manera esa deuda carga a los presupuestos de los próximos ejercicios, no nos resulta indiferente.

Y nosotros entendemos que para nuestra labor en estas Cortes como oposición al gobierno que dispone del respaldo del grupo mayoritario, pues sería importante disponer de esta información.

Nada más y gracias.

La senyora presidenta:heÂ«

Pues, muchas gracias, señor López.

Para fijar su posición, señor Blanco.

El senyor Blanco Giner:

Sí, molt breument per a anunciar el vot a favor del Grup d'Esquerra Unida a les dos proposicions no de llei presentades pel Grup Socialista -crec-, explicades de manera molt completa per part del diputat López i perquè entenem que és exigible la màxima transparència en la gestió de recursos públics, en este cas, a més a més, en el que és l'execució pressupostària, al final, ¿no?
, del pressupost que aproven les Corts Valencianes, i, per tant, també seria una garantia de bona gestió, ¿no?
, que se puga donar informació trimestral sobre tots eixos aspectes que, a més a més, preocupen en una situació financera com la que en estos moments tenim, que hipoteca, possiblement, part del nostre futur i que, en estos moments, a més a més, quant a deutes a proveïdors està causant un greu perjudici a bona part de la societat.

Així que, sense més, dir que anem a recolzar-les.

La senyora presidenta:heÂ«

Moltes gràcies, senyor Blanco.

Senyora Mollà.

La senyora Mollà Herrera:

Gràcies, senyora presidenta.

També molt breument, el Grup Parlamentari Compromís anem a donar suport a aquesta proposició no de llei.

Jo crec que, a més, este matí hi ha hagut un clara demostració que, efectivament, els temps estan canviant.
I, en este sentit, en una conjuntura de crisi econòmica on, efectivament, l'administració pública valenciana està tenint molt problemes per a fer front al seu deute i al pagament a proveïdors, que el mateix Consell assumisca com a pròpies iniciatives que, en boca del vicepresident, donaven més control, més transparència i més seguretat, no pot quedar només relegat única i exclusivament al poder executiu.

És a dir, jo crec que el poder legislatiu hem de ser, efectivament, els que més control, més transparència i més seguretat oferim a la ciutadania a l'hora de fiscalitzar tot el que és competent als comptes públics, a la gestió del dia a dia, al deute, al pagament a proveïdors, el que oferim eixe control, eixa seguretat i eixa transparència.
I que el govern valencià decidisca posar mesures és positiu, però que el Partit Popular puga vetar que eixes mesures siguen extrapolables a l'àmbit legislatiu, a mi em pareixeria un tremend error i deixaria a mitja velocitat el que jo crec que demana la ciutadania, i és que, efectivament, les coses estiguen clares, la fiscalització se puga fer completa, que no s'amague res després de tants anys de jugar a l'amagatall i l'opacitat que està instal·lada en les institucions i que ixquen endavant iniciatives com estes.

I, per tant, nosaltres no tenim una altra que donar-li suport perquè se mereix esta iniciativa que tots ens sumem a esta.

Gràcies.

La senyora presidenta:

Gràcies, senyora Mollà.

Señor Peral.

El senyor Peral Villar:

Presidenta.

Señorías.

Desde el Grupo Parlamentario Popular, ya le anticipo que vamos a rechazar ambas proposiciones no de ley, y lo vamos a hacer por razones que usted mismo ha argumentado en su exposición.

Está reconociendo que ya se traslada esta información trimestralmente no solo porque el Banco de España lo está publicando, sino porque, además, se han incorporado mecanismos de publicidad y transparencia en los últimos tiempos que ya les están facilitando esta información de forma puntual…, sino porque, evidentemente, como ahora le expondré, ya son innumerables las formas de acceder a esta información que tienen ustedes y que no precisan de ninguna iniciativa ni proposición no de ley que facilite lo que ya de por sí se les provee.

Quería además aclarar… quería además aclarar que mencionan ustedes en su proposición no de ley que esta es una de las comunidades más endeudadas y con los peores ratios y tal.
Pues simplemente al hilo de esta crítica que hacen ustedes en su proposición no de ley, decirles que la deuda de la Comunidad Valenciana está publicada por el Banco de España y ascendía en el segundo trimestre de 2012 a 21.
364 millones de euros, equivalente al 20,8% del PIB, y que por ponerles un ejemplo, en una comunidad que han gobernado ustedes hasta no hace mucho, Cataluña, está dos puntos, casi punto y medio por encima de nuestra deuda.

También referirme que en cuanto a la de la administración general del estado, estamos hablando de un 53,3%, por lo tanto, creo que tampoco es excesivamente positivo que ustedes exageren en cuanto a nuestra deuda.

Y, ¿por qué no?
, mencionarle el nivel de endeudamiento de las comunidades más potentes de Europa, como son las alemanas, en donde se manejan unos endeudamientos del 68% como en el estado de Berlín, o del 54% en Bremen, lo que tampoco conviene que exageremos para trasladar un mensaje alarmista a la sociedad.

Y, además, quiero abundar en este tema, porque precisamente durante el trimestre anterior, pues creo que es conocido de todos ustedes que esta comunidad autónoma ha sido donde se ha producido un menor incremento de la deuda frente al 11% del conjunto de las comunidades autónomas.

Y dicho todo esto, y pasando a contestarle, a explicarle por qué vamos a rechazar ambas proposiciones no de ley, pues comenzando por la que ustedes…, a la que ustedes hacen referencia en relación a la publicación trimestral de los datos de endeudamiento financiero, decirle que, en la actualidad, los datos de deuda de las comunidades autónomas ya se publican trimestralmente en el Boletín Estadístico del Banco de España, como usted mismo ha referido, con una serie histórica que se remonta a 1995.

Además, en la cuenta general de la Generalitat valenciana, en el apartado 4 g), información sobre el endeudamiento, se incluye una relación detallada de la deuda de La Generalitat de los intereses, y sobre el endeudamiento de organismos, empresas públicas, en el apartado 4 d) 9, están registrados los compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.

También pueden encontrar prolija información al respecto en el informe mensual sobre la ejecución del presupuesto que se presenta a las Cortes.
La publicación trimestralmente del déficit calculado en términos de contabilidad nacional por el Ministerio de Hacienda también recoge información en este sentido.

En cuanto a la deuda a proveedores, asimismo, entendemos que está suficientemente acreditada y suficientemente trasladada a sus señorías, o accesible para sus señorías, de forma que puedan conocer la situación puntual; de hecho, es el gobierno del Partido Popular el que ha puesto en marcha el fondo para la financiación de los pagos a proveedores y que, como reconoció el presidente Fabra en el último pleno, son más de 9.
200 millones los que han llegado en este concepto para ser abonados a los proveedores, siendo la situación en este momento yo creo que bastante mejor de lo que era, justo cuando dejaron ustedes de gobernar en Madrid.

Y sobre el tema de esta información, el decreto de registro de facturas de La Generalitat, muy importante, Decreto 134/2012, de 7 de septiembre, por el que se crea y regula el registro de facturas de La Generalitat, publicado en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana, 10 de septiembre de 2012, que satisface la necesidad de establecer un sistema centralizado de registro de facturas que permita disponer en cualquier momento de información real, puntual y completa de las obligaciones que por distintos motivos no hubieran podido ser reconocidas, ni por tanto aplicadas al ejercicio corriente, a pesar de tratarse de bienes o servicios efectivamente recibidos en el mismo.

Este registro de facturas centralizado va a permitir, permite conocer en cada momento la cifra…

La senyora presidenta:

Señor Peral, vaya terminando.

El senyor Peral Villar:

…real del gasto realizado.

Y ya para concluir, añadirle, también, que con el objeto de verificar la información anotada en el registro de facturas, será ampliado el plan anual de control financiero permanente, de tal modo que las intervenciones delegadas con la periodicidad que se determine reglamentariamente revisen dicha información, con el fin de comprobar que las facturas inscritas en el mismo responden a obligaciones reales de pago y que los datos son correctos y completos.

Por todo lo que le acabo de exponer, entendemos que no… que no debemos apoyar estas proposiciones no de ley y le confirmo nuestro rechazo a ambas.

La senyora presidenta:

Gracias, señor Peral.

Señor López.

El señor López Milla:

Sí, muy brevemente, porque creo que también la postura del grupo mayoritario ha quedado clara.

Fíjese que no he querido ser alarmista.
No he sacado algunos datos, no he hablado de la elevada deuda, no he hablado…, no me he referido a eso, porque, en fin, yo entiendo que se trataba más que nada de pedir información, y no he sacado aquí el tema, ¿no?

Sí es verdad que hay una información del Banco de España, que es una información trimestral, pero es una información muy escueta, es el nivel de deuda.
Y, por ejemplo, en ese nivel de deuda no está incluida la deuda general por el plan de pagos a proveedores, porque la ley de estabilidad presupuestaria establece una excepción específica, y es que ese nivel de deuda no se considere dentro del límite de deuda generado por la propia ley, con lo cual no se está contabilizando esa deuda financiera.
O tampoco existe información en el Banco de España ni en La Generalitat -información- sobre los compromisos de pago con cargos a ejercicios futuros, más que muy periódicamente cuando se publica la cuenta general, una vez al año.

Nosotros, como grupo de oposición…, yo entiendo la postura del grupo mayoritario, pero, como grupo de oposición, nos gustaría tener una información más permanente que nos permitiera ejercer de manera permanente el control sobre el gobierno valenciano.

Porque, además, de esta manera, evitaríamos, evitaríamos a veces algunas confusiones que se producen, porque, a veces, el propio Consell unas veces nos dice: «Somos una de las comunidades en las que menos ha crecido la deuda», y otras veces nos dice -antes, creo que el señor Costa-: «No estamos pudiendo emitir deuda.
Tenemos deuda desde el año 2010 que no hemos podido emitir.
Si pudiéramos emitir, emitiríamos más.
»

Bueno, aquí la situación que tenemos es que realmente los mercados financieros están cerrados, más para unas comunidades que para otras, en general para todas, pero más para unas, para las que tenemos peor rating, que para otras, y el Gobierno de España está poniendo en marcha esos mecanismos que suplen el cierre de los mercados financieros y, claro, suponen un aumento importante de la deuda financiera que, antes o después, acabará estando…, se acabará notando.
Ahora no sale en las cifras del Banco de España, pero esa deuda hay que devolverla.
Y del fondo de liquidez autonómica, hay una parte, que no es aumento de deuda, porque es para renovar vencimientos de deuda que ya existe, pero hay otra parte que se dice que es para financiar el déficit y para pagar a proveedores y que, por tanto, va a ser más deuda financiera.

Y a nosotros nos preocupa, nos preocupa el impacto que esto pueda tener.
Y nos gustaría, como digo, tener información más actualizada, porque la que hay, pues, por ejemplo, pues no sé, el informe del Instituto Valenciano de Finanzas al que usted aludía correspondiente…, el último que hay colgado en la web, por lo menos ayer por la mañana, era del primer trimestre de 2012.

Claro, uno revisa las operaciones de deuda financiera que se recogen en este informe y se da cuenta de que no están todas.
Están solo las que tienen trascendencia de mercado, y además es fácil comprobarlo.
Mirando el informe, vencimientos de deuda en el segundo semestre, que estén reflejados en el informe, La Generalitat tenía algo así como 1.
000 millones de euros, y en el mes de julio se estaba hablando de que el fondo de liquidez autonómica nos tenía que dar 2.
000 millones para todos los vencimientos.
Claro, es que hay deuda que no está aquí.

Hoy mismo aparece en los medios de comunicación el rumor de que el Consell estaría negociando con el Banco de Sabadell la conversión de unas deudas que tiene, de unas deudas financieras, en otro tipo.
Porque si se convierten, entran en el ámbito de estas que están aquí, las que tienen trascendencia de mercado, y, por tanto, podrían ser financiadas en el marco del fondo de liquidez autonómica.

Claro, hay una parte de la deuda de la que la información que tenemos es una información muy fragmentada, es una información que llega muy de poco en poco, y a nosotros, como grupo de oposición que controla al gobierno, nos gustaría tener más información.

Vamos, un último ejemplo, el tema de los gastos financieros.
Los presupuestos de la Generalitat valenciana para 2012 recogían unos gastos financieros de 578 millones de euros para todo el año.

Según las cifras de ejecución de julio, hemos gastado en esta partida 586 millones de euros, a 31 de julio, con lo cual hay una proyección de que podemos estar cerrando el año en torno a los 1.
000 millones de euros, sin ser alarmista.
¿Por qué?
Pues porque se han ido cerrando renegociaciones de deuda con un tipo de interés más alto, o porque ha habido que sumar los intereses del plan de pago a proveedores que no estaba previsto, pero que hay que empezar a pagar, se han empezado a pagar ya en julio, o ahora va a haber que pagar también intereses derivados del aumento de deuda financiera generado por el FLA.

Claro, esta información que tenemos es muy limitada, porque yo puedo ir viendo mes a mes que estamos pagando más intereses a 31 de julio de los presupuestados para todo el año, pero no sé por qué, ni tengo un escenario financiero de cómo podemos acabar el año.
Puedo hacer una previsión, pero muy de brocha gorda.

Y a nosotros sí nos gustaría que este tipo de información la tuviéramos para controlar mejor al gobierno valenciano y, además, yo creo que redundaría en beneficio de la transparencia e incluso de la calificación crediticia de la deuda de La Generalitat, porque si, de hecho, una parte de esta información la está reclamando el ministerio en el marco del FLA y va haber que remitírsela al Gobierno de España, ¿por qué no remitírsela a las Cortes Valencianas para que la tengamos también?

Y nada más, gracias.

La senyora presidenta:

Muchas gracias, señor López.

Señor Peral.

El senyor Peral Villar:

Presidenta.

Muchas gracias por su tono, señor López, entiendo perfectamente su punto de vista y el de la oposición, porque es normal que pretendan ustedes la información puntual para poder analizarla y para poder realizar el trabajo de oposición que ustedes realizan.

Yo, como Grupo Parlamentario Popular que respalda al gobierno, me doy por satisfecho con la información que el gobierno nos traslada y, además, me doy por satisfecho con los nuevos mecanismos que el gobierno ha puesto en funcionamiento, que se han puesto en funcionamiento y que van a poder acceder a ellos de forma puntual.

Evidentemente, algunos que están recientemente funcionando, pues, todavía igual no están ofreciendo toda la información, pero lo van a hacer en muy breve plazo y, además, con la puntualidad, o por lo menos nosotros creemos que eso va a ser así, que estos mecanismos…, para lo que estos mecanismos se han creado, y de esa forma ustedes van a poder llevar un seguimiento absolutamente puntual, o dentro de lo razonable, de cuál es ese nivel de endeudamiento y cómo se encuentra la deuda a proveedores que, desde el Grupo Parlamentario Popular, no dudamos que se van a ir saldando a la mayor brevedad.

Nada más y muchas gracias.

La senyora presidenta:

Muchas gracias, señor Peral.
(La presidenta parla amb el micròfon desconnectat)

(Per raons tècniques no ha quedat enregistrada part de la intervenció) … 7 votos en contra, 8 votos a favor, se rechaza la propuesta.
(Algú diu: «7 a favor, 8 en contra») Perdón, 7 a favor, 8 en contra -es que no tenía el micrófono, era para que constara… para que constara-.
Por 7 votos a favor de la propuesta de resolución, 8 votos en contra de la propuesta, se rechaza la propuesta.

Pasamos a votación la siguiente propuesta de resolución, que es el punto número 8.
¿Votos a favor de la propuesta?
7.
¿En contra?
8.
Se rechaza también esta propuesta.

Sin más, se levanta la sesión hasta la próxima.

(S'alça la reunió a les 13 hores i 43 minuts)