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**Comissió de Peticions realitzada el dia 10 de desembre de 2003.
Presideix el Molt Excel·lent Senyor Julio de España Moya.
Comença la reunió a les 12 hores i 15 minuts.
Reunió número 1.**

 

 

***Informe del Síndic de Greuges corresponent a l'any 2002 i Informe especial sobre la situació de les persones que pateixen malalties mentals i de les seues famílies***

**El senyor president de les Corts:**

 

Vamos a comenzar la Comisión de Peticiones con el primer punto del orden del día: Compareixença del Síndic de Greuges davant la comissió per a presentar l'informe corresponent a l'any 2002, i informe especial sobre la situació de les persones que pateixen malalties mentals i de les seues famílies.

Vamos a proceder a la intervención del síndic de Greuges, después haremos un *impasse* para asistir al funeral del Síndico de Cuentas, y, posteriormente, a las dos continuaremos con las intervenciones de los grupos parlamentarios, de menor a mayor.

Por favor, don Bernardo.

 

**El senyor síndic de Greuges:**

 

Señor presidente.

Señoras y señores miembros de la Mesa.

Señores diputados.

Esta es la tercera ocasión en la que me corresponde el privilegio de comparecer ante la Comisión de Peticiones de las Cortes Valencianas para, como Síndic de Greuges, cumplir lo previsto en el artículo 31 de la Ley 26 de diciembre de 1988, que regula la institución, y dar cuenta de la gestión realizada en el año 2002.

En este caso, además, mi comparecencia tiene lugar ante una Comisión de Peticiones de composición distinta en cuanto a sus miembros, consecuencia de la renovación de la cámara producida a partir de las pasadas elecciones autonómicas, por lo que vaya por delante mi saludo y mi respeto para todos ustedes.

No quisiera tampoco seguir avanzando en mi exposición sin antes desde aquí tener un recuerdo afectuoso para el que ha sido Síndic Major de Comptes, don José Antonio Noguera, tristemente fallecido en el día de ayer.

Este año, por primera vez, quien ahora presenta el informe anual ha estado durante todo el ejercicio completo al frente de la institución auxiliado, igualmente, durante todo ese período de tiempo por los adjuntos al Síndic, doña Emilia Caballero Álvarez como adjunta primera y don Carlos Morenilla Jiménez como adjunto segundo, por lo que el informe que ahora presento responde plenamente a los criterios de trabajo, desarrollo e impulso de la institución que quien les habla ha pretendido establecer.

En este sentido, he de señalar que en el Síndic se está intentando llevar a cabo un gran esfuerzo de dinamización de la institución, tanto en lo que a conocer y explicar sus funciones se refiere como en el ámbito de la gestión de los expedientes de queja, lo que nos está permitiendo reducir considerablemente los tiempos de respuesta a los ciudadanos.
Por poner sólo un ejemplo, los tiempos medios de finalización de los expedientes de queja en los últimos años han descendido desde los doce meses aproximadamente, a los siete meses, siete meses y medio, en los que nos encontramos ahora, como también han descendido considerablemente los tiempos de respuesta de los acuses de recibo y las comunicaciones de admisión a trámite de las quejas.
Ello me permite hacer desde aquí una llamada a la sensibilización de las administraciones públicas para que de la misma forma reduzcan los tiempos de respuesta a los requerimientos de información del Síndic, que todavía son, en mi opinión, excesivamente amplios.

También por primera en vez en la historia del Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana, en esta comparecencia se presenta, junto al informe anual, un informe especial sobre la situación de las personas que padecen enfermedades mentales y de sus familias, con lo que esta institución incorpora a su línea de trabajo la elaboración de documentos sobre aspectos concretos de nuestra realidad, lo cual es práctica habitual en las oficinas de los comisionados, parlamentarios autonómicos y en la oficina del Defensor del Pueblo de España.
Me referiré, en primer lugar, al informe anual y luego expondré las líneas fundamentales del informe especial.

Los criterios de elaboración del informe anual que ahora se presenta, son, en líneas generales, los mismos que se establecieron para el informe del ejercicio anual del año 2001.
No obstante, el informe presenta, respecto de su precedente, algunas novedades.

Así, para una mejor ilustración de la Comisión de Peticiones y de los posibles lectores del informe, se ha incluido en la reseña de las resoluciones dictadas una referencia a la página del texto del cuerpo del informe en la cual está transcrita íntegramente la resolución.
Igualmente, las resoluciones reseñadas van, a diferencia del año anterior, ordenadas por materias, lo cual entendemos facilita su comprensión.

Por otra parte, en el apartado estadístico, se han reseñado algunos datos nuevos, como es el caso de los referidos a entrada y salida de documentos y los que tienen que ver con el número de resoluciones dirigidas a las administraciones públicas, especificándose las que han sido aceptadas, las que no han sido aceptadas y las que no han sido contestadas.

Los datos que tienen que ver con la forma en la que han terminado la tramitación de las investigaciones cerradas durante el ejercicio del año 2002 se han reseñado de forma más precisa, y en las materias sobre las que versan las quejas, se ha distinguido, a diferencia de lo que ocurría en informes anteriores, entre urbanismo y vivienda por una parte, y medio ambiente por otra.
Además, la implantación de un nuevo programa informático de gestión de quejas nos ha permitido este año 2002 ser más fieles en la exposición numérica de los datos, pues los errores que una confección manual arroja han podido ser más fácilmente detectados y corregidos.

Por lo demás, el cuerpo del informe se inicia como el del año pasado, con un capítulo introductorio en el que se da cuenta de la situación general de la protección de los derechos y libertades en la Comunidad Valenciana, completándose del mismo modo esa dación de cuentas con una breve reseña de todas las recomendaciones que a lo largo del año 2002 han sido dirigidas por el Síndic a las distintas administraciones públicas del territorio de la Comunidad Valenciana sobre las que esta institución extiende su competencia.

Como anexo del informe se ha incluido otra vez lo que hemos venido en denominar Agenda de la Institución, en la que se incluyen por orden cronológico aquellas actividades que se han realizado desde el Síndic o aquellas en las que esta institución ha participado activamente.

El cuerpo central del informe, constituido por la dación de cuentas de las quejas, no varía esencialmente en su estructura respecto de años anteriores, manteniéndose el mismo criterio sistemático de ordenación en función de las distintas áreas de trabajo del Síndic.
Merece, no obstante, que se haga mención a las dos novedades más importantes.

Por una parte, la dación de cuentas de las quejas comienza con la de las quejas de oficio, en la medida en que esta faceta de la actividad del Síndic se ha incrementado notablemente en el ejercicio 2002.
Y esa tónica de incremento progresivo se va a mantener en los próximos ejercicios.
Piénsese que en mi primera comparecencia aquí ante la Comisión de Peticiones, di cuenta de tres quejas de oficio, y el año próximo tendré que dar cuenta, probablemente, de más de 50.

Por otra parte, se han introducido dos nuevos subapartados, uno referido a la protección del patrimonio histórico y, otro, referido al ámbito sociosanitario.

Novedad es también que en el apartado de la colaboración de las administraciones públicas se incluya no sólo la mención a aquellas cuya actitud se puede considerar hostil y entorpecedora de la labor del Síndic, sino igualmente la de aquellas que no han aceptado las recomendaciones del Síndic, argumentando en este caso los motivos de la no aceptación.
Lógicamente, cuando se establecen recomendaciones basadas en interpretaciones de los textos legales, el Síndic no goza del patrimonio de la verdad y, por tanto, queda a la consideración de la Comisión de Peticiones la valoración de cuál de los criterios de interpretación legal, el del Síndic, o el de la administración pública en cuestión, es el más acertado.

Por lo que se refiere a las grandes cifras del informe se ha de indicar que el número de quejas formuladas ante el Síndic de Greuges en el año 2002 se elevó a 2.
243, cifra que se debe de incrementar con otras 3.
574 quejas que fueron formuladas verbalmente ante el servicio de atención al ciudadano y atendidas directamente por éstas y, además, con la tramitación de 18 quejas de oficios.
A estos números se les ha de sumar, además, el de 569 quejas iniciadas en años anteriores y que continuaron su tramitación durante el año 2002, resultando así un total de quejas tramitadas durante el ejercicio de 2.
812.
Por tanto, en términos de volumen de quejas tramitadas por la institución, el año 2002 es el que ha registrado el número más alto de toda su historia.

Respecto a los años anteriores, se ha incrementado ligeramente el porcentaje de las quejas que no dieron lugar a la apertura de expedientes de investigación.
En total, 205 quejas, lo cual supone un 9% de las presentadas y un incremento porcentual de una décima respecto del año pasado que fue del 8%.
En estos casos hay que indicar que la no admisión de las quejas se debió a las razones que se detallan en el cuadro que figura en la exposición escrita, entre las que destacan el tratarse de asuntos que se encontraban pendientes de resolución judicial o ya resueltos por los tribunales, y el no constituir los hechos denunciados una actuación pública irregular ni lesiva para los derechos de los ciudadanos.

En cualquier caso, un año más debo de decir que la actuación del Síndic, a la hora de decidir la admisión o no a trámite de las quejas, se encuentra presidida por el llamado principio *pro cives*, de forma que la mera posibilidad de que la actuación pública denunciada pudiera haber sido lesiva determina su admisión a trámite.

En cuanto a los resultados de la actuación del Síndic se ha de interpretar que ésta fue favorable al derecho de los interesados, consiguiéndose la restitución o el respeto de sus derechos agraviados en un 50%, mientras que se consideró correcta la actuación de la administración afectada en un 25% de los casos.

Por otra parte, en el apartado de la colaboración de las administraciones públicas, se computa como resultado no favorable para el derecho de los ciudadanos aquellos casos en los que por falta de dicha colaboración las investigaciones del Síndic no se han podido llevar a cabo total o parcialmente, y aquellos en los que no ha sido posible que la administración conteste al Síndic acerca de la aceptación de las sugerencias y recomendaciones que se le han planteado dirigidas a restituir o al efectivo respeto del derecho agraviado.

En este apartado, y en el año 2002, se han de incluir un total de 26 administraciones públicas, si bien 18 de ellas lo fueron durante la tramitación de una misma y amplísima queja de oficio y sólo ocho lo fueron en el transcurso de la tramitación de quejas a instancia de parte.
Igualmente, han sido cinco las administraciones que no han aceptado las recomendaciones del Síndic argumentando en todos esos casos los motivos de esa no aceptación.

Como ya he anticipado, en el cuerpo central del informe se ha mantenido el esquema de años anteriores exponiendo las quejas ordenadas conforme a criterios materiales: urbanismo, vivienda, medio ambiente, sanidad, educación, empleo público, etcétera.
Trataré de hacer un breve resumen de los aspectos fundamentales del contenido del informe por grandes áreas.

En matèria d'urbanisme destaca en este informe, com en altres anteriors, un significatiu nombre de queixes relatives al exercici de la potestat de gestió urbanística.
En la majoria d'estes queixes les demandes ciutadanes essencialment se centren en manifestar-nos el perjuí socioeconòmic que els produeix l'aplicació de la Llei valenciana reguladora de l'activitat urbanística per part dels diferents ajuntaments, fonamentalment en dos aspectes.

Per una banda, els ciutadans es queixen contra la posició jurídica de l'urbanitzador prevista en esta llei.
Els promotors d'estes queixes, en la seua qualitat de petits propietaris, la consideren excessivament privilegiada i, fins i tot, abusiva, ja que pot executar l'obra urbanitzadora sense tenir la condició de titular dominical dels predis.
I també entenen que la legítima defensa de la seua titularitat dominical, que comporte l'oposició a les pretensions d'este urbanitzador i de l'ajuntament actual, es tradueix en uns manifests perjuís econòmics per al petit propietari en qüestió, atés el règim expropiatori i reparcel·lari previst en estos casos, a més de les elevades quanties de les quotes d'urbanització que han de satisfer sense tenir una informació inicial fiable sobre estes.

En este sentit, també es planteja en algunes queixes la necessitat d'incentivar la informació per part dels ajuntaments competents perquè els propietaris de sòl puguen constituir-se en agrupacions d'interés urbanístic, i així participar en els procediments de gestió urbanística en legítima concurrència amb altres alternatives a este efecte i gaudir d'un règim preferent en l'adjudicació dels programes per al desenvolupament d'actuacions integrades.

D'altra banda, un altre aspecte, objecte de bona part dels referits expedients de queixa, es refereix al fet que els ciutadans promotors d'estes queixes consideren una excessiva flexibilització dels procediments de revisió, modificació i homologació dels instruments de planejament aplicables previstos en la llei.
En alguns casos, segons ens manifesten, es tradueix en una sensació d'inseguretat jurídica en comprovar que en un curt espai temporal des que van adquirir la seua parcel·la, la seua classificació i qualificació urbanística s'ha modificat o en altres casos se n'ha ultimat l'ordenació urbanística, però per falta d'informació no ho sabien.

En este últim aspecte convé destacar l'eficàcia que ha demostrat la tasca d'esta institució respecte dels expedients de queixa referits a la informació urbanística i als il·lícits urbanístics perquè la nostra intervenció sols ser determinant perquè queden restablits els drets dels ciutadans.

D'esta manera, tal com es pot comprovar en els epígrafs corresponents d'este informe, en un percentatge molt elevat de queixes s'ha expedit la informació urbanística que no havien obtingut els ciutadans que l'havien sol·licitada a l'administració competent després d'haver intervingut esta institució, com també en un elevat nombre de queixes per inactivitat municipal en la instrucció, tramitació o falta d'execució de la resolució adoptada en expedients per infracció urbanística, també després de la intervenció d'esta institució se n'ha impulsat la tramitació o execució i s'ha comunicat resposta referent a això al ciutadà que havia denunciat estos fets.

Quant als problemes denunciats que tenen a veure amb el disseny de la llei, en este cas correspon a les Corts Valencianes reflexionar sobre estos i considerar la necessitat o no que la llei siga modificada o corregida amb l'objectiu de fer compatible el desenvolupament urbanístic amb el màxim respecte als drets fonamentals de tots els ciutadans.

Finalment, des d'ací cal fer palesa una vegada més, la necessitat que les corporacions locals siguen extremadament escrupoloses en el compliment de la llei i en el respecte als drets ciutadans, perquè la legitimació democràtica efectiva dels instruments de planejament i gestió urbanística fa imprescindible que els ciutadans expressen les seues posicions i punt de vista durant les fases d'informació pública d'estos, ja que només així es fixarà adequadament l'interés públic que ha d'inspirar estes actuacions que afecten la ciutat com a fet col·lectiu.

Per això, entre altres coses, esta institució ha insistit especialment en el fet que les esmentades administracions públiques siguen extremadament diligents a comunicar als ciutadans interessats la resposta degudament motivada sobre estes al·legacions.

En matèria de drets que afecten el medi ambient, el major nombre de queixes interposades pels ciutadans novament al·ludixen a la problemàtica de la contaminació acústica reduïda essencialment pel funcionament d'activitats industrials, comercials o d'oci, confrontants amb els habitatges dels ciutadans que les promouen, o bé per la incidència en les condicions d'habitabilitat d'altres fonts de contaminació acústica, com és el cas del funcionament dels aparells d'aire condicionat instal·lats a les façanes dels edificis.

En quasi tots els supòsits, els promotors de les queixes al·ludixen a la passivitat dels ajuntaments competents en la detecció i el control de les diverses fonts generadores d'esta contaminació acústica.

En el curs de la tramitació dels expedients de queixa, esta institució ha pogut constatar que hi ha ajuntaments obstinats a donar solució als problemes denunciats pels seus veïns a pesar de les lògiques dificultats que això implica, sobretot per la necessitat de congeniar interessos contraposats i respectar drets adquirits.

Però, el Síndic també observa amb enorme preocupació el desinterés i la falta de control de les fonts origen del problema per part d'altres autoritats locals de la nostra comunitat autònoma, cosa que no poques vegades demostra la seua insensibilitat i falta de preocupació pels drets dels seus veïns als quals condemna a viure en condicions pèssimes en termes de qualitat de vida, la qual cosa si es troba a mans de les autoritats locals solucionar o minorar el problema és inacceptable en un estat que es proclama a ell mateix en la Constitució com a social i democràtic de dret.

Cal tenir present que l'exposició reiterada no permanent durant un període no necessàriament superior a nou mesos, limitada als caps de setmana, com també l'exposició a nivells de soroll entre 30 i 40 dBA durant quatre nits seguides, pot causar afectacions de tipus psicològic, trastorns en el somni, despertars primerencs, estat de fatiga, cansament, irritabilitat, disminució de l'atenció i concentració, i es pot arribar a tenir brots psicòtics o a l'aparició de símptomes vegetatius com ara taquicàrdies, hipertèrmies, hiperfatiga, cefalàlgies, gastràlgies i incrementar la sensació de fam.

Les conseqüències anteriors són encara més greus en el cas dels nens als quals pot produir trastorns en la conducta, com també a les dones embarassades, ja que pot interferir en el seu embaràs i originar un part prematur a més de sotmetre a estrés el fetus.

Per això, sense dubte, esta institució entén que del catàleg de drets fonamentals recollits per la Constitució espanyola resulten afectats pel problema de la contaminació acústica, com a mínim el dret a la salut i a la integritat física i moral i la inviolabilitat del domicili i, per tant, la necessitat de garantir un espai digne a l'individu immune a qualsevol emissió externa que en pertorbe el gaudi.

Però és que, a més a més, queda afectat el dret a la propietat privada recollit en l'article 33, ja que el benefici del contingut essencial d'este dret pot veure's seriosament limitat per estes pràctiques.

Per tot el que hem dit anteriorment, la intervenció d'esta institució en relació amb l'esmentada temàtica s'ha dirigit essencialment al fet que per part dels ajuntaments s'extreme el rigor a l'hora d'aplicar la legislació vigent quant a la concessió i el control de les llicències d'obertura que legitimen el funcionament de les activitats descrites, i adopten amb eficàcia i celeritat les mesures previstes en l'ordenament jurídic vigent que eviten la implantació i el funcionament irregulars de les activitats en qüestió, com també la ponderació de la viabilitat d'estes implantacions d'acord amb el règim d'ús que s'establisca en la normativa urbanística i/o ambiental municipal.

No podem sentir-nos insatisfets amb les nostres intervencions perquè és cert que en els queixes al·ludides en l'epígraf d'este informe corresponent a la contaminació acústica, es verifica que en un alt percentatge la intervenció d'esta institució ha comportat que els ajuntaments adoptaren les resolucions pertinents per a pal·liar o solucionar la problemàtica ambiental plantejada pels ciutadans.
Però no per això hem de deixar d'apel·lar des d'ací les autoritats municipals que en els seus municipis tenen este tipus de problemàtica que extremen el zel a l'hora de complir les normes legals vigents i siguen extremadament sensibles als patiments que suporten molts dels seus veïns per este tipus de contaminació.

En matèria d'educació, en este exercici els ciutadans valencians han expressat davant el Síndic de Greuges les seues preocupacions respecte a l'educació dels seus fills.
I estes s'han concretat, seguint la mateixa tònica que en exercicis anteriors, fonamentalment en la disconformitat amb els criteris legalment establits per a l'admissió de l'alumnat en els centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics, en definitiva, amb els barems fets pels consells escolars i les comissions municipals d'escolarització, sobretot en els nivells d'educació infantil i primària i que incidixen directament en el dret a elegir centres docents dins l'oferta de llocs escolars gratuïts.

Igual que en anys anteriors es formulen davant el Síndic de Greuges queixes de pares que han vist dificultades les seues possibilitats de matricular els seus fills en este nivell educatiu a causa del fet que encara és insuficient l'oferta de places d'educació infantil en centres obtinguts amb fons públics.

La creixent incorporació de la dona al món laboral fa necessari no solament que l'administració pública incremente el nombre de places en este nivell educatiu, sinó també que estos alumnes d'educació infantil i d'altres nivells educatius no obligatoris siguen beneficiaris dels serveis complementaris de transport i menjador escolar, ja que de conformitat amb la legislació vigent referent a això, estos alumnes només són beneficiaris del transport escolar quan concorren les circumstàncies que autoritze la Direcció Territorial d'Educació i que hi haja places vacants.

La possibilitat que l'alumne d'Educació Infantil o d'altres nivell educatius no obligatoris matriculat en centres públics puga fer ús del transport escolar, és una possibilitat efectivament reconeguda per la normativa vigent quan concorre alguna de les circumstàncies descrites, tal com ha ocorregut amb alguna de les queixes examinades per esta institució.
Però seria convenient per a garantir no només l'accés a l'educació en termes d'igualtat i, per tant, compensadora de la desigualtat, sinó el dret a elegir centre docent, que l'administració educativa estenga progressivament a tots els nivells educatius, l'accés als serveis complementaris de transport i menjadors escolars.

Una altra de les preocupacions socials es concreta en la demora de l'administració pública a completar el mapa escolar i adaptar l'actual xarxa de centres docents a les exigències de la Logse.
L'adaptació dels centres escolars comporta, necessàriament, etapes de provisionalitat però estes no poden allargar-se en el temps sense risc de trencar el dret de tothom a un ensenyament de qualitat que obliga a la dotació de recursos educatius, materials i humans necessaris.

El dret a l'educació de tots els nens definit en la Declaració Universal dels Drets Humans i concretat en la Convenció sobre els Drets del Nen, que en el seu article 28 insistix que el dret a l'educació inclou l'ensenyament primari obligatori gratuït per a tothom i l'accés de tots els nens a l'ensenyament general i professional, i la nostra Constitució, que consagra el principi d'igualtat i prohibix qualsevol discriminació per raó de naixença, raça, sexe, religió, etcètera, imposa als poders públics la ineludible obligació de crear les condicions perquè les persones i els grups que s'integren tinguen una efectiva igualtat d'oportunitat i s'eliminen les barreres econòmiques, socials o culturals que s'hi oposen.

Esta institució, garant dels drets fonamentals recollits en el títol I de la nostra norma suprema, no pot deixar de manifestar, una vegada més, la seua preocupació per aquells alumnes amb necessitats de compensació educatives específiques entre els quals es troben els alumnes estrangers.

En este sentit, la creixent presència de minories ètniques, culturals i religioses en el nostre país, obliga l'administració educativa a donar una resposta decidida i eficaç per afrontar amb valentia el repte que per al sistema educatiu significa la integració social d'una població escolar heterogènia, perseguint, en tot cas, com a finalitat última, la igualtat de tothom amb vistes a l'accés a l'educació i a les beques i ajudes a l'estudi sense cap discriminació.
Perquè en l'escola és d'on veritablement pot aconseguir-se l'efectiva integració social de la població immigrant, per la qual cosa partim de l'absolut respecte de les seues distintes identitats culturals i amb l'inqüestionable dret de tothom a l'educació en condicions d'igualtat efectiva, per a constituir una escola oberta a la multiculturalitat que evite qualsevol vestigi de racisme i xenofòbia o qualsevol altra manera d'exclusió.
I este és un repte, un deure que incumbix tota la societat però, fonamentalment, les distintes administracions educatives, siguen estatals, autonòmiques o locals.

Les comunitats autònomes amb un elevat índex de població immigrant, com la Comunitat Valenciana, han de crear instruments orientats a este objectiu sense escatimar ni esforços ni mitjans materials i humans per a desenvolupar polítiques d'educació compensatòries.
Polítiques que hauran de ser desplegades al llarg dels pròxims anys, per aconseguir l'efectiva igualtat de tots els nens en l'educació i la plena integració social de tots els nens immigrants.
Que a més a més, en la nostra comunitat es troben amb el problema afegit de ser una comunitat bilingüe, en la qual, per manament estatutari, tots els alumnes al final del cicle educatiu obligatori han de tenir un coneixement oral i escrit de les dos llengües oficials.

Respecte a la integració dels alumnes amb necessitats educatives especials, una vegada més apel·lem, des del Síndic de Greuges, als poders públics perquè independentment de com siga el seu grat de discapacitat, reben una educació que maximitze tot el seu potencial, i els permeta accedir al sistema educatiu per evitar que la falta de mitjans materials i humans, signifique de fet una vulneració del dret a l'educació en condicions d'igualtat.

En el ámbito del derecho a la salud es justo reconocer las importantes actuaciones y esfuerzos legislativos que, en materia sanitaria, ha realizado la Generalitat Valenciana durante los últimos años en desarrollo del denominado Plan de humanización de la atención sanitaria en la Comunidad Valenciana, uno de cuyos ejes esenciales es el concepto de gestión de calidad.

Pero en un estado democrático como el nuestro, el concepto de gestión de calidad no se puede comprender sin la participación de los ciudadanos a cuyo servicio está organizado el aparato administrativo.
La satisfacción de los derechos de los ciudadanos, de sus deseos y de sus necesidades, es lo que da sentido a la propia existencia de la administración pública, y por tanto la intervención de ese ciudadano en el proceso de constante evaluación de la calidad del servicio, es fundamental para, por una parte, legitimar la existencia y el funcionamiento de ese servicio y, por otra, someterlo a un constante proceso de mejora en la prestación.

Esta idea de que no es posible una gestión de calidad, y por tanto no es posible una humanización de los servicios sanitarios, sin que se preste una constante atención a la opinión de los usuarios, es absolutamente fundamental que sea bien comprendida por todos los gestores de los procesos que tienen lugar en los centros de la red sanitaria pública, para que el Plan de humanización pueda lograr sus propuestos objetivos.

El usuario debe por tanto ser escuchado, y a tal efecto deben habilitarse y facilitarse los canales permanentes de comunicación con él, suministrándosele previamente la debida información al respecto.
La carta del paciente es, en este sentido, una muy sugerente propuesta que facilita la información y habilita el procedimiento, mediante el cual se podrá ulteriormente establecer esa imprescindible comunicación con el usuario.
Pero para que la propuesta sea útil y tenga éxito, y no se quede en una mera propuesta de intenciones sin ejecución ulterior, es muy importante prestarle atención al nivel en el que el personal de la organización sanitaria está involucrado en el éxito del proyecto.

El significado preciso de lo que es y para lo que sirve una carta del paciente debe ser muy bien comprendido y asumido por todos los gestores responsables y trabajadores de las dependencias y centros sanitarios públicos.
No solo para que respeten los derechos de los pacientes, sino para que no recelen de la participación de los usuarios en el funcionamiento del sistema.
La queja, la opinión o la información que suministra el ciudadano usuario de los servicios de salud, personalmente o a través de los formularios correspondientes, es imprescindible para la evaluación de la gestión.
Y la obligación de los gestores de los servicios es recogerla, respetarla, considerarla y resolverla allí donde proceda, porque así se le concede la legitimidad democrática al servicio público que se presta.

Además, la queja o la información del usuario es un elemento extraordinariamente valioso para el proceso de constante mejora y evolución del servicio.
Por eso, toda esta nueva normativa puesta en marcha durante el año 2002 y los comienzos del 2003 es un esfuerzo loable pero no es sino el punto de partida para posibilitar el ejercicio efectivo de los derechos, y en este sentido la administración pública debe hacer el máximo esfuerzo posible para su implementación.
Así, la plasmación y ejecución material de las normas que desarrollan el Plan de humanización, ha de realizarse por parte de la administración sanitaria valenciana con la mayor celeridad posible, porque ello redundará en beneficio de los usuarios de la sanidad pública.

Como en otros años en materia sanitaria, los problemas que más preocupan a los ciudadanos residentes en la Comunidad Valenciana son los relativos a la existencia de listas de espera sanitarias y los que afectan a la práctica profesional.
Si bien es cierto que las listas de espera son un elemento común de los sistemas sanitarios de carácter universal y financiados públicamente, no lo es menos que las dilaciones en la asistencia sanitaria se apartan de los principios constitucionales que inspiran la actuación administrativa.

En el ámbito de la práctica profesional, los ciudadanos se dirigen a esta institución planteando discrepancias de posiciones con la administración sanitaria en relación a una práctica o actuación sanitaria.
En estos casos, el Síndic se limita a informar a los autores de las quejas, de los elementos que inciden en la determinación de las responsabilidades, y al mismo tiempo de las acciones que pueden emprender en defensa de sus derechos.

Otras cuestiones que preocupan a los ciudadanos en el ámbito de la sanidad, son la asistencia sanitaria extrahospitalaria, y en clara conexión con esta los problemas de infraestructura que presentan algunas localidades de la Comunidad Valenciana.
En este sentido destacamos la sugerencia a la Conselleria de Sanidad de que realice esfuerzos para asegurar el aumento de recursos, tanto humanos como materiales, para garantizar la cobertura sanitaria de urgencia en todos los puntos de nuestro territorio, ampliando en su caso la ratio de servicios asistenciales, tales como el Samur, y en general toda la asistencia médica en aras a alcanzar una actuación plenamente eficaz.

En el ámbito del derecho a la protección y asistencia sociales, y comenzando con los discapacitados, destacaremos que un problema que ha sigo objeto de varias denuncias es el de los retrasos en la calificación del grado de minusvalía, quejas que sobre todo nos han llegado de la provincia de Valencia.
El reglamento autonómico que regula el procedimiento es generoso al establecer el plazo para tramitar los expedientes, ya que lo establece en seis meses.
Pero aún así este plazo se incumple, por lo que hemos sido insistentes a la hora de recomendar la subsanación de tales retrasos, contestando la administración que hay un notable incremento de las peticiones, y que se hace frente al mismo con aumento de personal en los equipos de valoración y orientación.

El reconocimiento de la condición de minusválido tiene afortunadamente en nuestra sociedad efectos positivos para las personas discapacitadas.
Citamos a título de ejemplo el tratamiento fiscal, el acceso al empleo público, las bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social, los contratos laborales, la adaptación de puestos de trabajo, el acceso a medios de transporte adaptados, las viviendas, etcétera.
Por ello esta institución considera que no deben admitirse ni asumirse con normalidad los retrasos en la calificación del grado de minusvalía.
Piénsese, por ejemplo, en el discapacitado al que se le ofrece un contrato de trabajo si aporta la calificación de un 33% de menoscabo, y dicha calificación se demora hasta el punto de hacer decaer la oferta de trabajo.

En el anterior informe terminábamos nuestra referencia al apartado de servicios sociales y al derecho a la protección y asistencia sociales refiriéndonos al ciudadano tipo demandante de prestaciones sociales básicas.
En el actual debemos de concluir de modo semejante.
Nuestra sociedad, moderna y avanzada en tantos aspectos, genera situaciones injustas que apartan de ellas a las personas que no pueden seguir sus pautas por diversas causas.
Por ejemplo, edad: superior a los 45-50 años; enfermedades, no lo suficientemente graves como para hacerlas tributarias de prestaciones del sistema de Seguridad Social, pero sí para excluirlas, a las personas, del mercado laboral; falta de capacitación profesional; soledad, y por tanto inexistencia de apoyos familiares.

Y también hemos constatado casos de mujeres que trabajaron en el ámbito familiar o en la economía sumergida sin cotizar por ello al sistema de Seguridad Social.
Estas personas acuden a nosotros pidiendo lo más básico, y por regla general el argumento de la escasez de recursos económicos no ha sido un pretexto por parte de las administraciones implicadas, local y autonómica, para hacer dejación de sus obligaciones.

Sin embargo, a pesar de la finalización de todos y cada uno de los expedientes concretos, dándose solución a los problemas también concretos en ellos planteados, el problema social existe y persiste, por lo que debemos hacer un llamamiento expreso a aquellas administraciones para que en la Comunidad Valenciana no exista el ciudadanos que carezcan, a su pesar, de las prestaciones más básicas que la dignidad de toda persona exige, no esperando a que sea la intervención del Síndic la que detecte el problema y se lo traslade a la administración, incitando una intervención que en otro caso no se hubiera producido.
Y a tal efecto hay que tener muy presente que las actuales prestaciones económicas regladas, no solucionan el problema de estas personas, ya que dichas prestaciones parten de la posibilidad de superación de la causa de la necesidad, reinserción laboral, desintoxicación; lo que en los casos a los que nos referimos no acontece en el ciudadano descrito cuyas circunstancias tienden a la cronicidad.

En el ámbito de los derechos de naturaleza sociosanitaria, he de señalar que inauguramos en el presente informe un nuevo apartado con el que pretendemos atender mejor la problemática de las personas, que a sus problemas de salud añaden además problemas de naturaleza social, con lo que su situación de vulnerabilidad y desvalimiento es mayor y lo es por partida doble; dedicándole una atención específica estaremos en condiciones de conocer mejor su problemática, y así podremos dirigir a las administraciones públicas implicadas las sugerencias o recomendaciones más adecuadas.

Paradigma de este tipo de personas lo son los enfermos mentales y sus familias, respecto de los cuales esta institución, en sus casi diez años de existencia, ha constatado con preocupación que siguen sin terminar de recibir la atención que merecen, por más que tampoco se pueda ocultar sin hacer demérito de la verdad los avances que las administraciones públicas vienen logrando desde hace tiempo.
Nuestra preocupación ha sido motivo de la presentación del informe especial del que luego daré cuenta.

En el cuerpo central del presente informe se refiere a algún expediente, que nos hemos visto obligados a cerrar sin que se haya dado satisfacción al problema que fue objeto de investigación tras el cual se escondía, como en muchos casos, un drama personal.
Pero con ser esto cierto, no es la única cuestión que puede tener cabida en el presente apartado, ya que en él pueden incluirse igualmente los problemas relativos al transporte sanitario, a las estancias de padres acompañando menores hospitalizados en la misma o distinta ciudad, la falta de recursos económicos para costear medicamentos, o los que afectan a grandes discapacitados.
En relación con estos últimos hemos tramitado una queja paradigmática que ejemplifica los deberes de todas las administraciones públicas con ellos.

Finalment, en matèria dels drets lingüístics, convé assenyalar que si bé el nombre de queixes formulades davant el Síndic de Greuges dels ciutadans que consideren que els seus drets lingüístics són encara vulnerats no és especialment significatiu, sí que cal destacar que són moltes les administracions públiques valencianes que encara no han adaptat les seues estructures al règim de cooficialitat lingüística instaurat a la Comunitat Valenciana, i que a tall d'exemple exclouen el valencià, encara que no totalment, dels continguts d'algunes pàgines web.
Per este motiu, un any més, ens hem vist obligats a recordar a l'administració pública valenciana la seua obligació de garantir l'ús normal i oficial del valencià, fins aconseguir la seua plena recuperació i la seua equiparació amb el castellà.
I a plantejar-nos, si escau, la possibilitat d'iniciar actuacions d'ofici per a valorar el grau de compliment, per l'administració pública valenciana, del manament estatutari de garantir i estendre l'ús del valencià a tots els àmbits socials.

Hasta aquí lo que se refiere al informe anual.
Por lo que hace al informe especial, comenzaré por afirmar que existe un consenso universal en estimar que las personas con discapacidades mentales se encuentran entre las más vulnerables y discriminadas.
Bastarían estas palabras contenidas en un informe, realizado en 1993 por el Centro de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para justificar la actuación de los defensores del pueblo y en concreto del Síndic de Greuges en este ámbito.

No es por ello una casualidad, que los problemas relacionados con la salud mental y la situación de los enfermos mentales y sus familiares, haya sido una preocupación constante de esta institución desde el comienzo de su actividad.
Así ha quedado de manifiesto en informes previos realizados en los años 1994 y 1997, y en las intervenciones de las que se da cuenta en prácticamente todos los informes anuales presentados por la institución.
De todas formas, faltaba por realizar un estudio, como el que ahora se presenta, que de la forma más amplia y ambiciosa y exhaustiva posible, abarcara toda la problemática de la atención a los enfermos mentales y a sus familias.
Y para ello, durante el año 2001 se procedió a la apertura de la queja de oficio 1/2001, relativa a la problemática del sistema de asistencia a este tipo de enfermos mentales en la Comunidad Valenciana.

El objetivo de la institución era desarrollar un trabajo que sirviera de base para un informe especial que se presentara ante las Cortes Valencianas.
Las dificultades que plateaba su elaboración eran evidentes.
Muchos defensores regionales han renunciado a la elaboración del mismo por su complejidad técnica y la multiplicidad de materias que debe abarcar ­médicas, jurídicas, laborales, sociales, etcétera­, elaborando por ello investigaciones de oficio solo para temas concretos.
Incluso algunos de estos informes realizados por defensores regionales han sido elaborados partiendo de informes externos a la institución.

Además de todos los problemas enunciados, en nuestra comunidad era la primera vez que por parte del Síndic de Greuges se realizaba un informe especial y, por tanto, no existía ninguna tradición en el Síndic en cuanto a metodología de trabajo.

Tras valorar las diferentes alternativas, se decidió que el trabajo se elaborara por personal de la institución, sin tener en consideración, más que como elementos lógicamente de apoyo e ilustración, los informes externos.

Las razones creo que pueden ser fácilmente comprensibles.
Después de un decenio de vida, queríamos dar un paso adelante y comenzar con este tipo de trabajos, destinados a hacer llegar al parlamento autonómico y a la sociedad valenciana, en general, los problemas de colectivos específicos o de situaciones complejas que requieren una atención particularizada.
Y deseábamos hacerlo desde la perspectiva propia del Síndic y desde nuestra visión del compromiso social que ello supone, analizando directamente la problemática y comprobando también directa y personalmente el funcionamiento del sistema, sus carencias y sus virtudes.

En lo que atañe a la confección del informe, se adoptaron varias determinaciones: la primera, fijar un plazo de elaboración, que no podía abarca más allá del presente año; la segunda, establecer, lógicamente, la forma y método, cómo se iba a realizar el informe; y la tercera, la selección de los temas a tratar.

La forma de realizar el trabajo no ofreció para nosotros, en principio, ninguna duda: nuestro instrumento principal iba a ser el diálogo.
El artículo 24 del Estatuto de Autonomía y la Ley 11/1998, de 26 de diciembre, que regula el Síndic de Greuges y desarrolla ese artículo 24, configuran esta institución como alto comisionado de las Cortes Valencianas cuya misión fundamental es velar por el cumplimiento y respeto de los derechos y libertades que asisten a los valencianos, a cuyo efecto puede supervisar la actuación de la administración pública valenciana.

Nuestra labor se ha centrado, por ello, en escuchar tanto las legítimas reivindicaciones de los afectados, y el parecer de los profesionales y restantes sectores implicados en el problema, como el parecer de los representantes de las diferentes administraciones públicas, intentando establecer mecanismos de entendimiento.

La selección de las materias fue una tarea ardua.
El presente informe se denomina *Situación de las personas que padecen enfermedades mentales y de sus familias*.
No ha sido una decisión tomada a la ligera.
La consideración de los afectados como personas con plenitud de derechos y características propias implica abarcar la completa dimensión de la persona, sin que sus características sean definidas exclusivamente en función de una enfermedad, reivindicación esta largamente sentida por las asociaciones de usuarios.

La específica mención de las familias no es tampoco accidental.
Hemos querido subrayar el importante coste humano que ha supuesto, y supone, la pasividad de la administración ante este problema.
Las familias, en última instancia, son las que han llevado la carga de la reforma psiquiátrica planteada en 1983, y a las que debemos agradecer haber aminorado y aplacado las deficiencias de la atención pública.

Centramos así el objeto del trabajo a elaborar: un informe de situación.
Para ello, se decidió estructurar el trabajo en tres partes.
La primera está destinada a analizar la evolución de la asistencia pública en materia de salud mental.
Nuestro objetivo era doble: por un lado, facilitar una comprensión de la situación actual mediante una introducción que recogiera los conceptos básicos de esta compleja materia y, por otro, recoger nuestra historia asistencial.

La segunda parte está destinada a presentar los recursos existentes en la actualidad.
Para ello, se ha preparado un formato de estadísticas, con fotografías y observaciones, que facilitase el análisis.
El resultado de esta, la más extensa parte del informe, es la de facilitar un inventario de todos los recursos asistenciales de la Comunidad Valenciana, que hasta ahora era inexistente, con lo que no solo se pretende poner en evidencia las deficiencias, sino facilitarles a las Cortes y a la administración pública un instrumento que le pueda ser útil para el diseño de las leyes y disposiciones y para el diseño también de las políticas públicas.

La tercera parte va destinada al estudio de problemas concretos.
Esta parte se ha dividido a su vez dos.
En la primera se estudia y analiza la situación de los afectados en tres ámbitos o apartados: el estado actual de la red socio-sanitaria, los aspectos relacionados con el acceso al trabajo y el problema de la estigmatización.
En la segunda, destinada a la situación de las familias, también hemos recogido tres apartados: la situación actual del movimiento asociativo, la aproximación a sus problemas y reivindicaciones y, finalmente, un análisis de los mecanismos jurídicos de actuación por representación o sustitución de aquellas personas cuya enfermedad les impide velar por sí mismos.

Para la confección de la primera parte, hemos realizado un trabajo triple: en primer lugar, hemos hecho una selección de bibliografía que se incluye al final de este apartado, a fin de realizar un estudio que pudiera abarca la evolución en el mundo occidental, la situación en España y llegar, finalmente, a la situación de la Comunidad Valenciana; en segundo lugar, una labor de búsqueda en los archivos provinciales y en los servicios de documentación ubicados en sus estructuras asistenciales, labor que ha sido muy satisfactoria y en la que hemos encontrado todo tipo de facilidades por parte de sus responsables; un tercer trabajo, que en este caso es el de contacto con los profesionales que han desarrollado una labor de construcción histórica valenciana.

Es de reseñar que la ciudad de Valencia tiene una amplia tradición, que se remonta al siglo XV y que ha sido objeto de magníficos trabajos.
El informe en este sentido es tributario de las obras de doña Hélène Tropé, de don Alfonso Calvé Pérez, de doña Concha Ciscar Vilata, doña María Ángeles García Rodríguez, don Carlos Heimann Navarro, don Lorenzo Liviano Saldana y don Cándido Polo, sin los cuales su realización hubiera sido imposible.
También queremos agradecer aquí la labora de los profesionales que bajo la dirección del doctor don Antonio Rey han colaborado desinteresadamente con la institución.

La investigación de la historia de las provincias de Alicante y Castellón, y de la última parte del período de Valencia, dista, sin embargo, del desarrollo anteriormente mencionado.
Hemos intentado aproximarnos a la misma bajo la perspectiva de los informes oficiales, conscientes de que se trata de ofrecer un estudio de situación y no de elaborar conclusiones definitivas.

La segunda parte ha sido la más ardua.
Creímos necesario hacer un adecuado uso del artículo 19 de la ley que regula esta institución y citar los centros públicos o concertados que prestasen atención en materia de salud mental, con independencia de su denominación, comprobar su estado general y la información que nos subministraba la estadística.

Como he dicho, no ha sido una tarea fácil.
A la dificultad que ha supuesto el traslado a todos estos centros en un plazo determinado, se ha añadido la falta de homogeneidad de las estadísticas y, en ocasiones, su ausencia.
Hemos intentado, no obstante, ofrecer un conjunto homogéneo que permitiera formar una impresión lo más amplia posible de tales recursos.
Somos conscientes de que a pesar de los esfuerzos realizados, muchos de los aspectos que implicarían análisis global no pueden conseguirse mediante estas visitas, que implicarían unos controles de calidad que creemos hoy inexistentes.

En la elaboración de esta parte hemos contado con la excelente colaboración, hay que reconocerlo, de la administración, en particular, las consellerias de Sanidad y Bienestar Social.
Y también hemos contado con una excelente predisposición y colaboración de los profesionales y, por supuesto, con la de los familiares de los enfermos mentales.
Sin esa colaboración, la elaboración del informe hubiera sido poco menos que imposible.

La tercera parte se ha fundado en el análisis de los datos reseñados y en las peticiones e informes realizados a la administración.
Por estimar que se trata de problemas que deben ser estudiados de forma específica, no se ha incluido en este trabajo las materias concernientes a las drogodependencias y al sometimiento a medidas de seguridad penales.

El objetivo final no es otro que el previsto en el artículo 29 de la ley reguladora del Síndic: formular recomendaciones, recordatorios de deberes legales y sugerencias para la adopción de medidas.
Para ello, hemos seleccionado una bibliografía incluida en la parte final del texto y, sobre todo, hemos recopilado las observaciones de los organismos acreditados.

Para terminar, creemos necesario manifestar desde aquí nuestra firme convicción, en línea con la Organización Mundial de la Salud, de que es posible ayudar a la mayoría de las personas y familias afectadas, y que es necesario impulsar iniciativas tendentes a paliar el sufrimiento, la discapacidad y el coste económico que han padecido y que constituye una vergüenza en todos los países del mundo.
Para todos los que sufren trastornos mentales creemos que hay esperanza, y compete a todos los gobiernos convertir esa esperanza en realidad.

Nada más y muchas gracias.

 

*(Ocupa la presidència la vicepresidenta primera, senyora Rosa María Barrieras Mombrú)*

 

**La senyora vicepresidenta primera de les Corts:**

 

Moltes gràcies, senyor Del Rosal.

I a causa del soterrament del Síndic de Comptes, anem a suspendre la comissió, que es reprendrà a les dos del migdia.

Moltes gràcies.

 

*(Se suspén la reunió a les 13 hores i 10 minuts)*

*(Es reprén la reunió a les 14 hores i 20 minuts)*

*(Ocupa la presidència el president, senyor Julio de España Moya)*

 

**El senyor president de les Corts:**

 

Reanudamos la sesión.

Ahora proceden las intervenciones de los grupos políticos, que tienen un tiempo de cinco minutos para exponer una serie de planteamientos, dudas o, en fin, lo que estimen oportuno al Síndic, que luego, en función de su criterio, puede contestar individualmente o conjuntamente a cada uno de los grupos.
Y luego hay una serie de posibilidades de repreguntas, que pueden utilizar o no pueden utilizar, de tres minutos, que puede ser a su vez contestado por el Síndic en el mismo tiempo.

Así que procedemos, de menor a mayor, a inciar el turno.
Por favor, don Carles, en representación de l'Entesa, tiene cinco minutos.

 

**El senyor Arnal i Ibáñez:**

 

Hola.
Bon dia.

En primer lloc, a més de considerar molt satisfactòriament este informe tan detallat que se'ns ha expressat, que se'ns ha exposat, això sí, lamentem que pel poc temps que hem tingut per a estudiar un document tan extens, tan detallat i en què entren tants temes, haguera estat bé, si és possible en altres ocasions, disposar-ho abans.
I a més en este període, que coincideix amb el tràmit parlamentari dels pressupostos, fa difícil, de vegades, poder estudiar-ho amb tot el seu detall.

A banda d'això, en primer lloc, jo voldria destacar que m'ha sorprés el gran increment en el nombre de queixes presentades, que per un costat, no sé si alegrar-me perquè els ciutadans ara reclamen més els seus drets o preocupar-me també pel que açò implica de deficiències en el funcionament de les institucions i en la cobertura de drets i necessitats de la població.
Crec que són un poquet les dos coses.
Per un costat, la gent està reclamant més drets, però també està posant-se de relleu que hi ha deficiències i que han d'abordar-se.

En segon lloc, em preocupa l'alt nombre d'institucions que no col·laboren adequadament amb la institució del Síndic de Greuges i el que hi haja fins i tot algunes conselleries que no atenguen les orientacions que planteja esta institució.
Igual que resulta preocupant el sentit que algunes queixes es manifesten, o moltes d'elles es manifesten, en la manca de resposta o gran retard en les respostes per part de les administracions.
Açò pense que en una democràcia madura, en una democràcia que ha de buscar sempre eixa màxima participació i respecte als ciutadans, és una deficiència a cobrir necessàriament com més prompte millor i solucionar este tema.
Ha de ser una prioritat donar adequada resposta als ciutadans quan plantegen queixes precisament.

I també m'ha sorprés, del conjunt de les queixes presentades, que hi ha un gran nombre que afecten a les àrees d'urbanisme, territori i medi ambient.
Si sumem estos tres aspectes, que ara estan aglutinats en una mateixa conselleria, crec que és l'apartat més alt, que arribaria a un 19%, és a dir, el bloc que més queixes suscita.
És a dir, per a mi açò representa l'alta preocupació dels ciutadans per la conservació del territori i del medi ambient, entre altres coses, i que, d'alguna manera, hauria de donar un toc d'atenció quan es fan plantejaments excessivament triomfalistes per part de l'administració.
Pense que hi han mancances series pel que fa a la protecció del territori i del medi ambient valencià, que s'haurien d'atendre com més prompte millor.

Un exemple recent que no ha estat inclòs en l'informe de l'any 2002, perquè és més recent, però que els mitjans de comunicació s'han fet ressò, referit, per exemple, a la urbanització del paratge natural de la Renegada en Orpesa, és un exemple de com hi ha a vegades mancances importants per part d'una administració i que després deixa en mans de l'administració autonòmica respondre i resoldre estes actuacions.

Aleshores, ahí les orientacions que se fan per part dels Síndic de Greuges pense que són molt interessants, que obrin una via i que haurien d'estar molt més respectades per l'administració autonòmica, que pot resoldre deficiències que se detecten en la protecció al medi ambient.

Quant a altres temes destacats, hi ha una gran quantitat, però alguns dels que m'agradaria destacar, pel que hem escoltat abans, són, per exemple, les nombroses queixes referides a l'ús del valencià.
Açò sembla que és una indicació del fet que necessitem estimular molt més per part de les administracions l'ús del valencià, i predicant amb l'exemple.
La defensa de la nostra llengua s'ha de fer sobretot emprant-la més, fomentant el seu ús.
I l'administració ha de ser ací capdavantera i exemplificadora i ha de garantir eixe ús molt més quotidià.

També un tema preocupant és l'accés a la vivenda, que per la documentació presentada queda clar una volta més que encara hi han sectors importants de valencians i valencianes que tenen dificultats en l'accés a una vivenda digna, sectors desfavorits, amb poc recursos.
I que açò contrasta poderosament amb la gran quantitat de vivendes buides, desocupades, que mostra que s'han d'activar mecanismes perquè estes vivendes puguen eixir al mercat i puguen posar-se en venda o en lloguer, i no únicament confiant en la construcció de nous habitatges sinó també utilitzant este parc de vivendes deshabitades.

I problemes com per exemple el soroll o les antenes de telefonia mòbil, que també els recull este informe, destacar que hi ha molt a fer en estos camps.
I que, en concret, en el tema del soroll falta desenvolupar la legislació actual, la normativa, les actuacions.
I en el tema de les radiacions electromagnètiques realment a penes s'inclou ninguna mesura destinada al control i la mesura, i el seu estudi dels impactes sobre la salut.
I lamente que en els pressupostos que ara estem treballant no haja vist temes en este aspecte de radiacions electromagnètiques.

Moltes gràcies.
Crec que ja m'he passat del temps.
Simplement agrair l'informe molt detallat sobre la salut mental, que també posa de relleu greus deficiències en este sector tan important.

 

**El senyor president de les Corts:**

Muchas gracias, señor Carles Arnal.

 

**El senyor síndic de Greuges:**

Con la venia, señor presidente.

La verdad es que por las observaciones que se refieren al escaso tiempo para leer el documento, incluso el momento del año, es cierto y soy consciente de que por vicisitudes diversas de los años anteriores el informe ha llegado muy tarde a la cámara.
Digamos que hasta ahí es lo que el Síndic puede controlar.
El posterior es más difícil para nosotros hacer gestiones porque depende del calendario parlamentario, la brevedad o rapidez con la que se convoca la comisión.

Pero sí que es verdad, y en principio están puestas ya todas las medidas para que el año que viene la presentación del informe no se produzca en este momento del año sino que se produzca antes, preferentemente no más tarde del mes de mayo, y si puede ser en abril, pues mejor.
El plan de trabajo que hemos hecho para la elaboración del informe así lo dispone.
Posiblemente en abril esté en condiciones ya de presentarlo.
Eso va a requerir también un cambio un poco en el formato del informe, en el sentido de que tenemos que ser un poco más selectivos en cuanto a las quejas que narramos extensamente y vaciar un poco lo que es el cuerpo del informe de quejas que a lo mejor no tiene mayor interés reflejarse, porque son reiterativas o porque hacen referencia a cuestiones que la queja está recién llegada y eso a lo mejor en un anexo, con una relación de las quejas, la naturaleza de las quejas y el estado procedimental es suficiente.

A mí me pasa igual que a usted cuando analizo el gran incremento en el número de quejas.
La verdad es que uno no sabe cómo valorarlo y no sabe si alegrarse o preocuparse.
Yo creo, de todas maneras, que el Síndic ha estado durante un cierto tiempo por debajo de lo que era el número normal de las quejas.
Yo creo que en todas las oficinas de los defensores la variación en el número de quejas tiene un elemento de capricho que no se acaba de averiguar por qué unas veces suben tanto y otras veces bajan tanto.
Pero sí que es verdad que una institución de las características del Síndic en una comunidad de las características de la Comunidad Valenciana, lo normal es que el número de quejas oscilen en una horquilla de entre las 1.
700, 1.
800 a las 2.
200, 2.
300.
Históricamente se estaba por debajo, y hubo años que incluso bajó hasta las 1.
200.
Y a mí me parece que ahora lo que estamos ya es en una velocidad de crucero normal y que, por tanto, es normal también, la institución se conoce más, se está trabajando más en lo que son los aspectos de difusión, etcétera.
Y, por tanto, yo creo que lo que hay es un mayor uso del servicio del Síndic por los ciudadanos.
A la vez, pues a veces, determinados procesos anuales incrementan el número de quejas.
Por ejemplo, si hay muchos procesos de selección de personal en empleo público, muchos concursos, pues es normal que empleo público aumente significativamente, etcétera.

En cuanto al número de instituciones hostiles, ahí querría matizar de todas formas que es verdad que han aumentado de una forma notable.
Pero si se fijan en el informe, las administraciones hostiles que aumentan son sobre todo las administraciones que no han colaborado en quejas de oficio, de tal manera que el nivel de colaboración en lo que son de quejas a instancia de parte más o menos se mantiene, ha subido, creo que el año pasado eran cuatro, este año son ocho.
También es lógico que, si aumenta tanto el número de quejas, aumente proporcionalmente el número de administraciones hostiles.
Pero sí que han aumentado notablemente las administraciones hostiles en el tema de las quejas de oficio.

No había una gran tradición en el Síndic de hacer actuaciones de oficio.
Estamos empezando a potenciar mucho esta faceta de la actuación del Síndic.
Y me parece que estamos todavía encontrando una cierta incomprensión, sobre todo con la administración local, que no entiende por qué intervenimos nosotros si no hay un ciudadano que se está quejando.
Yo me imagino que esto es un problema coyuntural, que las administraciones locales se acostumbrarán a que el Síndic pueda actuar de oficio, y que, por tanto, colaborarán más.

En cuanto a lo que se refiere a las quejas por materia de urbanismo, vivienda y medio ambiente, tiene usted razón.
Es cierto que es el tema que siempre se lleva la palma, sí, históricamente siempre ha sido así.
El tipo de persona que se queja suele ser una persona que tiene un nivel de información mayor que las personas más desvalidas y, por tanto, accede más fácilmente al Síndic.
Eso podría, quizá, ser una explicación.

Gracias, señor presidente.

 

**El senyor president de les Corts:**

¿Desea el turno para repreguntar?

 

**El senyor Arnal i Ibáñez:**

Agrair les explicacions i els comentaris que està fent el Síndic.
Dir que, ja que en la rèplica se'm permet uns minuts, completar un poc algunes de les coses que abans m'han sorprés en la lectura o en el resum.
Entre elles, per exemple, que s'ha parlat de les llistes d'espera en serveis mèdics, que és un tema molt delicat i que moltes voltes es vol negar o es vol ocultar.
I que el fet que aparega reiteradament com a queixes, i a més amb eixe nom, jo crec que mostra que eixe tema candent està ahí damunt, i que la solució és fer-li front i no maquillar-lo de cap manera.
Igual com els retards en el compliment del mapa escolar, que també és un tema que apareix i es diu així.
Hi ha deficiències sobretot en escoles públiques infantils, que és un tema també que hauria d'esforçar-se molt més l'administració a resoldre.

I un tema, per acabar, de la recollida selectiva i el problema dels residus, que crec que no s'ha comentat abans en l'exposició, però sí que apareix en el text i que és un tema que, evidentment, és preocupant que cresca continuadament i que s'ha de resoldre, s'ha d'abordar minimitzant, no deixant que cresca, perquè si no el tipus de conflictes que va a generar en el futur és enorme.
I ací trobem, en la nostra opinió, insuficients mesures per part de l'administració per lluitar contra l'increment del volum d'estos residus, però també millorar la recollida selectiva que a hores d'ara és molt baixa, molt voluntarista.
I per este camí, a este ritme, no arribarem a temps de fer front a eixe problema que està literalment desbordant-nos.

Gràcies.

 

**El senyor president de les Corts:**

Muchas gracias, señor Arnal.

**El senyor síndic de Greuges:**

Solamente una información respecto al tema de la recogida de residuos.
Durante todo este año hemos trabajado ese tema en una investigación de oficio.
Estamos a punto de dictar una resolución, con lo que queremos un poco orientar, porque hay mucho de desconocimiento, también, de lo que es la aplicación de unos planes.

Por parte de las administraciones locales hay voluntad, pero a veces esto no es solo un problema de voluntad sino también tiene una técnica, hay que aplicar una legislación y luego hay unos métodos que están estudiados.
Y esta resolución pretende ser también un elemento de auxilio a la administración local para que ponga en marcha estos planes de recogida selectiva.

**El senyor president de les Corts:**

Muchas gracias, don Bernardo.

Tiene la palabra don Antonio Such, en representación del Grupo Socialista.

 

**El senyor Such Botella:**

Moltes gràcies, senyor president.

En primer lloc, agrair-li al Síndic la seua presència ací entre nosaltres avui.
I sobretot l'esforç que ha fet la sindicatura a l'hora d'elaborar el que són els informes anuals, en este cas l'informe anual de 2002.
En primer lloc, manifestar-li que seria convenient que, per als exercicis futurs, l'informe poguera estar a les Corts abans que passara l'estiu, bàsicament perquè la majoria dels defensors de les comunitats autònomes presenten els informes jo crec que en un temps prudencial, sobretot perquè es puga estudiar amb tranquil·litat.
Tenim alguns exemples que el presenten en març o en abril, i seria convenient, per tant, que l'exercici de 2003 ens fóra entregat més prompte.

Jo crec que hi ha algunes qüestions que, evidentment, fan referència al tema de l'augment del número de queixes que s'han produït.
I, evidentment, això suposa posar en evidència que hi ha una mancança real i efectiva del que són principis bàsics de comportament de l'administració pública valenciana, que deixen molt a desitjar.

Jo relacione, evidentment, l'augment del nombre de queixes amb un deteriorament de la prestació serveis públics bàsics que per part de l'administració pública valenciana s'està produint.
Però a la vegada constrasta això amb la feblesa del que són les accions d'ofici que per part de la sindicatura haurien de plantejar-se.
Jo crec que som de les sindicatures que menys accions i queixes d'ofici iniciem.
Tenim exemples que estan pels 90 o 60 o 120 inclús o 135, com l'andalusa, que, evidentment, han iniciat accions d'ofici perquè consideren que hi ha elements claus de comportaments que tergiversen un poc el comportament democràtic normal o sobretot posen de manifest el que són les carències de les administracions, en este cas de l'administració valenciana.

Jo crec que s'hauria de fer un esforç en eixe tema, per estar pendent, perquè, evidentment, n'hi han problemes que estan en la societat valenciana que caldria que si bé els ciutadans no arriben a reclamar, perquè als ciutadans els costa molt reclamar sempre, una institució com és la sindicatura deuria fer un esforç en eixe tema.

I vull referir-me molt concretament al tema de la sanitat pública valenciana.
La veritat és que tenim en estos moments en la sanitat problemes greus que són notoris i que estan palesos en el que és la societat i els mitjans de comunicació: el tema de les llistes d'espera és un tema fonamental, el tema de les urgències hospitalàries, quan estem assistint tots els dies a vore com els malalts estan en corredors i estan siguent mal atesos en les urgències hospitalàries en els nostres hospitals.
I, realment, tenim poques possibilitats que la gent puga reclamar, i sobretot perquè té dificultats i la gent reclama poc en eixe sentit, però jo crec que hi han temes que sí que són de calat i de profunditat que la sindicatura deuria mirar en detall i iniciar expedients i vore que això no és possible en una societat moderna en el segle XXI, no és possible que la gent estiga al mig dels corredors en les urgències hospitalàries, conforme tenim nosaltres la sanitat.

És evident que falten centres públics, que falten prestacions sanitàries evidents, que hi ha un excessiu temps d'espera per a l'arribada d'ambulàncies, com ha deixat de manifest el Síndic en el seu informe, i jo crec que el tema de les llistes d'espera, evidentment, és un dels temes que preocupa.
Hui hem tingut coneiximent que inclús una clínica a Benidorm està citant per a les tres de la matinada per a fer les proves a la gent.
Jo crec que això no és correcte, no deuria ser correcte, almenys des del nostre punt de vista.

També deixa palés en l'informe jo crec que una cosa tremendament important com és el tema de la situació de l'educació a la nostra comunitat.
És evident que el mapa escolar no s'ha acabat, i aixina consta en l'informe.
Jo crec que l'informe deixa ben a la clara quines són realment les deficiències que la gent està explicitant i que són completament contradictòries amb el que és permanentment el discurs polític oficial, i això, almenys, mos posa un poc en el terreny i mos marca quines són les pautes per les quals nosaltres deuríem treballar.

És evident que no hi han places suficients d'educació infantil, que s'ha incomplit el mapa escolar, evidentment, i que en el tema de l'educació a la població immigrant falten recursos en educació especial que maximitzen el potencial d'estos xiquets.
Jo crec que això ha quedat palés en l'informe, i, en eixe sentit, nosaltres, des del Grup Socialista, anem a redundar en l'esforç de reclamar que l'acció en l'educació per part de l'administració pública valenciana siga la que toca i no la que se diu, que una cosa és la versió oficial i una altra cosa és el que la realitat al final mos porta a través dels informes i a través del mateix informe del Síndic.

I alguna qüestió que s'ha de valorar molt positivament, i és l'informe especial de les persones que tenen les malalties mentals.
Nosaltres, des del Grup Socialista, valorem molt positivament que s'haja fet i que s'haja plantejat, sobretot perquè mos dóna un punt d'atenció sobre una problemàtica molt determinada que l'administració pública valenciana, en estos moments, no és referent respecte a la solució d'eixos problemes.
I això sí que va a intentar-ho almenys fer, que se puga conscienciar l'administració valenciana que hi ha una sèrie de persones que tenen deficiències mentals, que tenen dificultats per a poder tindre una mínima integració i una mínima qualitat de vida, i això jo crec que és fonamental posar-ho en evidència en això.

I una última part propositiva en el tema de sanitat: li suggerim al Síndic que podria també posar-se com una secció el que és el defensor de l'usuari en matèria sanitària, adscrit al Síndic de Greuges, perquè això mos donaria molta visió de quina és la realitat en estos moments.

**El senyor president de les Corts:**

Don Bernardo.

**El senyor síndic de Greuges:**

Muchas gracias.

Bien, en cuanto al momento de la presentación, pues no me queda más que darle la razón, y espero que el compromiso que antes he asumido esté en condiciones de cumplirlo.

En cuanto al aumento del número de quejas, bueno, no seré yo quien defienda a la administración pública, porque no es mi función.
No sé si la valoración que se pueda hacer.
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, no lo sé, es posible que sí, pero no lo tengo tan claro que es que haya una relación de mayor deterioro - mayor número de quejas, porque, claro, el Síndic no deja de ser una institución de recogida de lo patológico.
En ese sentido, si uno pretende tener una visión de lo que es la administración pública a través de los informes de los defensores, pues yo creo que faltan elementos de valoración, pero, en cualquier caso, yo lo que sí que creo que es enormemente positivo es que los ciudadanos expongan sus quejas ante Síndic, porque, en cualquier caso, la función del Síndic sí que es poner en evidencia lo patológico para que la administración lo subsane.

Tiene usted toda la razón cuando me dice que el Síndic hace pocas actuaciones de oficio.
Efectivamente, es una institución que en este sentido tiene mucho que mejorar.
Nosotros hemos intentado hacer un esfuerzo.
Antes, en la exposición del informe, ya he dicho que cuando yo, por primera vez, expuse el primer informe, hablé de tres quejas de oficio; el año que viene, a fecha de hoy, ya por lo menos tengo que dar cuenta de cincuenta actuaciones de oficio, y soy consciente de que ese es un esfuerzo que tenemos que continuar y que ampliar.

Y, efectivamente, además, coincido con usted que son actuaciones que deben de poner en evidencia aquellas situaciones en las que por vulnerabilidad de la persona, por desconocimiento, etcétera, las quejas no llegan, y es verdad que uno de los aspectos más interesantes en este sentido es la sanidad, porque muchas veces el usuario de los servicios de sanidad, bastante tiene con sufrir las deficiencias como para acordarse en ese momento de que alguien le puede resolver, o ayudarle a resolver, el problema.
De modo que, sanidad, educación, son áreas prioritarias, igual que el ámbito de las prestaciones sociales, donde las quejas, si no las vas a buscar, no llegan, porque la situación de la gente que no tiene recursos, de los indigentes, de los pobres, es una situación de vulnerabilidad tal que ni siquiera son conscientes de tener derechos ni de que tienen sistemas y mecanismos para poder expresar esas quejas.

Por último, me quiero referir a la mención que ha hecho de la posibilidad de integrar en la figura del Síndic la del defensor del usuario de servicios sanitarios.
No soy yo quien debe de establecer la posición, eso son, lógicamente, las Cortes, a través de las modificaciones legales pertinentes.
Lo que yo pienso, y además, de alguna manera este informe especial pretende demostrar es que sectorizar excesivamente las figuras de las defensas de derechos no es especialmente útil, en la medida en que el Síndic sea capaz de trabajar bien.

De modo que no quisiera yo pensar que hay que crear un defensor del usuario adjunto al Síndic porque el Síndic no es capaz de responder a las expectativas.
Yo creo que estamos en condiciones de responder a esas expectativas de ejercer sin más rótulos la defensa del usuario de los servicios sanitarios o de educación, etcétera, y no sería partidario de alterar los nominalismos.

Pero, en fin, es una opinión que, lógicamente, no soy yo quien debe determinar la última palabra en este sentido.

Nada más y muchas gracias.

**El senyor president de les Corts:**

Muchas gracias, don Bernardo.

Si necesita.
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tiene disponibilidad de tres minutos.

**El senyor Such Botella:**

Senyor Síndic i senyor president.

Quan plantegem el tema del que deuria ser el defensor de l'usuari dels hospitals és perquè el problema és greu.
Jo crec que s'ha detectat i és conegut que en estos moments hi ha una situació problemàtica en els hospitals valencians, hi ha una situació de llistes d'espera tremendes, i la veritat és que els problemes que acudixen al hospitals i als centres de salut, ja són prou importants com per a pensar també en reclamar.

No ho plantejàvem des de la perspectiva que el Síndic de Greuges de la nostra comunitat fóra insuficient o no estiguera capacitat per a poder abordar eixa perspectiva, sinó al contrari, sinó de col·laboració i de cooperació i de major esforç en el que és un determinat tema, com és el tema sanitari, que en estos moments és prou greu.

Dir-li que, evidentment, ens sentim satisfets, en certa mesura, amb la seua contestació, però també anunciar-li que l'administració valenciana i el Govern Valencià tenen parts molt fosques i, sobretot, parts molt fosques que van en detriment del que és la democràcia.
N'hi ha opacitat en el que és la informació que des dels grups parlamentaris se'ls requerix i se'ls demana a fi de poder exercir una tasca i una oposició important, i també vullc anunciar-li que estem plantejant-mos que els Grup Parlamentari Socialista, en este cas, puga utilitzar la via de la queixa directa al Síndic de Greuges per a fer palés i per a fer valer el dret que tenim per a obtindre la documentació que moltes vegades se'ns nega per part de l'administració, per part del Govern Valencià.

Ho anúncie, perquè va a ser una nova via de queixa que anem a plantejar al Síndic, perquè tenim coneixement que moltes vegades se'ns denega la possibilitat de requerir informació.
Tenim un cas molt especial com és el tema de la Biennal que ha finalitzat, en el qual hem requerit que se'ns done tot tipus de documentació i dades sobre contractacions de persones, contractes de proveïdors, per fer un coneiximent i fer l'oposició, que és el que en democràcia se mos ha demanat, en este cas, al Grup Parlamentari Socialista, i el Govern Valencià fa orelles sordes al tema i no ens passa absolutament ningun document.
I això és un exemple més del que és l'actuació d'opacitat i d'obscurantisme que l'administració valenciana està tinguent respecte al que són els seus representants públics, en este cas, el Grup Parlamentari Socialista, al qual jo represente.

Dir-li que anem a iniciar eixa via també, i esperem que conjuntament, doncs, amb la sindicatura, tinga l'amabilitat de ser sensible a les peticions que se li puguen fer, per tal d'aclarir sols el que és la utilització de recursos públics, de diners públics, que deu ser transparent, que deu ser una cosa que tots pugam conéixer, perquè, en teoria, no hem de dubtar que les coses es fan bé i que les coses van per bon camí.
Per això, el que demanem és transparència i claredat, perquè tota la gent puga conéixer-ho.

Però hi han algunes actuacions que sí que ens interessaria que abordara la sindicatura ja inclús en l'any 2003 com és el tema d'inspeccionar el que són els documents de la Biennal del 2003, i inclús alguns elements de discriminació que ens interessaria que ho abordaren d'ofici, com és el pla de pensions de les ames de casa discriminatori per a aquella gent que no és associada a determinades associacions.
Jo crec que això és un pla completament discriminatori que sí que es podria, per un element de discriminació a les persones que no estan associades, amb fons públics, també podria iniciar d'ofici l'actuació la sindicatura.

Moltes gràcies.

**El senyor president de les Corts:**

Gracias, señor Such.

Por favor, don Bernardo.

**El senyor síndic de Greuges:**

Bien, pues, tomo nota de las sugerencias, y no estoy ahora en condiciones de dar una respuesta, pero, en fin, tomo nota de ellas y las estudiaré.
Y agradecer la intervención.

Nada más.

**El senyor president de les Corts:**

Muchas gracias, don Bernardo.

Por favor, señor Maluenda.

**El senyor Maluenda Verdú:**

Gràcies, senyor president.

Senyor Síndic, en primer lloc, agrair la seua compareixença i la presentació que mos ha fet de l'informe anual de l'any 2002, que jo discrepe del que s'ha dit abans, jo no entenc que ha faltat lloc.
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Ha faltat lloc per a alguns per a poder-ho estudiar, però a altres no, altres han tingut el privilegi d'haver rebut un contrainforme ben redactat i ben extens sobre l'informe que vosté ha fet i que s'han limitat a repassar-lo i a anar llegint-lo, perquè, des de la meua situació privilegiada, he pogut vore què és el que el senyor Such tenia, no notes com les meues, preses de la seua intervenció, sinó el que prèviament algú que coneixia bé l'informe li ha preparat.

I dic que ha de ser algú que coneixia bé l'informe, perquè si ell diu que l'ha rebut amb poc temps, no crec que haja tingut eixa capacitat i eixe temps per a poder improvisar tota allò que mos ha llegit.

 

Dit astò, vull felicitar per les millores tècniques que s'han fet en l'informe, perquè la seua redacció ha millorat enormement i facilita, com molt bé vosté ha dit el coneixement, l'enteniment, la interpretació, inclús la mateixa lectura de l'informe.
Considerem que és un bon informe, en el qual se detalla la situació de protecció dels drets i llibertats en la nostra comunitat, que, afortunadament, cada volta és major, cada volta estan més garantits eixos drets i eixes llibertats dels ciutadans, i pense que el seu informe aixina ho arreplega.

I fem una valoració enormement positiva, inclús de l'increment de queixes que hi ha hagut.
Això és una labor molt important que vosté ha fet, això és una labor que vosté ha fet des de la seua independència.
Crec que va ser un encert elegir un Síndic que fóra independent, que no fóra dependent de ningun partit, que no instrumentara les queixes políticament a l'hora de presentar-les, que no fea falta un salvem astò o salvem allò altre, sinó que el que fea falta era un persona independent com vosté, que ha donat un gran impuls a la institució, ha fet que se conega més en tota la geografia de la Comunitat Valenciana i ha generat confiança a les valencianes i als valencians a l'hora de plantejar les queixes, i això, indubtablement, redunda que el nombre de queixes siga cada volta major.

Però no perquè l'administració funcione pitjor, l'administració està funcionant des dels últims anys cada volta millor.
Allò que ocorre és que, al tindre més confiança, el ciutadà se sent més emparat en la institució que vosté dirigix, i llavors acudix a ella amb major confiança.
Pense que això és positiu.
Com també, al ser més la quantitat de queixes que se presenten, n'hi ha més quantitat de les que no se poden complir, com de les que sí que se poden complir també n'hi ha més quantitat.
Però això no és responsabilitat de la sindicatura.
La seua labor no és resoldre els problemes, la seua labor és ser intermediària entre l'administració i l'administrat perquè els drets no siguen mai retallats per ningú.

Per tant, felicitar-lo.
Crec que el contingut de l'informe és un bon informe, crec que és molt real i pense que és positiu per a la imatge que, des que vosté és Síndic, està presentant la sindicatura d'agravis.

També vullc felicitar-lo per haver conclòs eixe informe especial sobre la situació de les persones que sofrixen malalties mentals i també que sofrixen els familiars més directes a eixes persones.
El contingut certament és cru i dur, però és real.
Eixa és una realitat de la nostra comunitat, que no és distinta a la resta d'Espanya, i crec que al fer un informe, que era molt difícil de fer un informe aixina, està col·laborant vosté que la societat siga més solidària amb eixes persones, siga més solidària amb els seus familiars, i que l'administració, al mateix temps, siga també més sensible amb eixes situacions.

Molt s'ha avançat en els últims anys en la nostra comunitat en l'increment de places per a atendre este tipus de malalts amb la creació de centres, els Cris; amb la creació de residències i centres de dia, inclús de respir, on puguen anar a descansar, a on puguen portar eixos malalts i poder descansar al mateix temps en altres llocs les persones que durant tant temps estan durant l'any atenent-los i que tenen ja un descans guanyat i reconegut per la societat.

Pense que eixe informe que vosté ha fet va a millorar enormement la situació, perquè fa una sèrie de suggerències, fa una sèrie d'observacions al final que són enormement positives.

Per tant, he de felicitar-lo, i crec que deu continuar per eixe camí que està portant endavant de total i absoluta independència, de fer que la institució siga coneguda cada volta més en els pobles de la nostra comunitat, que els ciutadans valencians se senten més lliures i més a gust quan van a plantejar-los a vostés eixes queixes, i que vosté, des de la seua independència, puga traslladar-les a l'administració perquè continuem avançant en la millora dels servicis que l'administració oferix als ciutadans i també que puguem avançar en el reconeixement d'eixos drets que tenen les ciutadanes i els ciutadans valencians que vosté està defensant des de la seua institució.

Felicitats i moltes gràcies.

 

**El senyor president de les Corts:**

 

Muchas gracias, señor Maluenda.

Tiene la palabra el señor Del Rosal.

 

**El senyor síndic de Greuges:**

 

Con la venia.

Pues agradecerle sinceramente sus palabras, no tanto personalmente yo sino en este momento no puedo por menos que pensar en todo el equipo de personas que trabajan en la sindicatura, que es gente que tiene una altísima preparación técnica y profesional, que es la base de la independencia.
Si te encuentras con personas no cualificadas es muy difícil poder ser una persona independiente, de modo que el personal que yo me encontré y el personal que se ha incorporado a la sindicatura son elementos de apoyo fundamentales para poder trabajar.
Por lo menos esa es la política de la sindicatura y la intención, con neutralidad y tratando de poner en evidencia las situaciones tal y como son.

Eso es lo que el informe especial ha pretendido.
Lógicamente, el informe, como usted dice, es un informe crudo y es un informe duro en algunos casos, pero hemos tratado de reflejar efectivamente la realidad, sobre todo pensando en aportarle a la administración un documento de trabajo.
Yo pienso que en todas las facetas en las que la administración quiere establecer una política de actuación necesita, lógicamente, conocer la realidad a la que se va a dirigir esa política, y eso es lo que de alguna manera pretendimos, el darle a la administración, decirle: Mire, esto es lo que tiene usted, esta es la situación en la que está lo que tiene, y desde nuestro punto de vista, sugerirle a partir del programa que la administración en su momento propuso del Plan de salud mental, que es una de las opciones que nosotros no valoramos porque es una de las opciones admisibles, qué es lo que tiene usted que hacer con el tiempo a corto, a medio y a largo plazo, para solventar la situación.

De modo que le agradezco sus palabras y reitero lo que siempre de alguna manera yo he intentado mantener y dije cuando se me designó Síndic en las Cortes: que actuaría con independencia de criterio pero con lealtad también a las instituciones, constituyéndome en un elemento de auxilio para, en última instancia, solventar los problemas de los ciudadanos valencianos, que en última instancia es lo que a todos nos debe de interesar.

Nada más.

 

 

***Tramitació de documents tramesos a la Comissió***

 

**El senyor president de les Corts:**

 

Muchas gracias, señor Del Rosal.

¿Señor Maluenda?

 

Pues pasamos al segundo punto del orden del día, que es: Lectura, pel secretari o secretària de la Mesa, de cadascun dels documents tramesos a la comissió.

*(Remors)* Bien.
La lectura del acta anterior no hacía referencia a que se despedía previamente al Síndic de Greuges, así que yo pensaba que se quedaba.

Pero bien, si les parece bien, proceda a la lectura la secretaria de la Mesa de los documentos transmitidos a la comisión.

 

**La senyora secretària primera de les Corts:**

 

Sí, gràcies, president.

Escrit registre d'entrada 1.
701, presentat per Antoni Castelló Eduardo, referent a la proposta de creació d'un òrgan denominat Unitat de Supervisió i Control de Contractes i Pròrrogues.

Escrit registre d'entrada 1.
542, del senyor Joan Francesc Peris Garcia, sobre el rebuig a la instal·lació de la central tèrmica en el terme municipal de Catadau.

Escrit registre d'entrada 4.
147, del senyor Joan Francesc Peris Garcia, sobre la necessitat de construir un tercer carril en tota l'autopista des de Tarragona fins a Sant Joan d'Alacant.

 

**El senyor president de les Corts:**

 

¿Palabras?

 

Pues, señor Arnal, cinco minutos.

 

**El senyor Maluenda Verdú:**

 

Perdó, senyor president, una qüestió d'orde.
No es un turno de debate de los documentos, es un turno de trámite.
O sea, que solamente tiene que opinar el señor diputado qué hay que hacer con estos escritos y nada más.

 

**El senyor Arnal i Ibáñez:**

 

Efectivament.
Jo el que anava a dir precisament era que estos documents acabats de lliurar ara no s'han pogut estudiar i, tot i que en algun cas concret no tindríem ningun problema a subscriure'l, no els hem estudiat, i que pensàvem que el que calia fer és simplement donar-mos per assabentats, endur-mos els documents i estudiar-los en el seu moment.
Emetre l'opinió.

Gràcies.

 

**El senyor president de les Corts:**

 

Senyor Such.

 

**El senyor Such Botella:**

 

Gràcies.

És per a referir-me exactament a la mateixa cosa.
Donar-nos per assabentats de la presentació dels documents, i per la nostra part no hi ha cap d'inconvenient perquè se'ls done tràmit.

 

**El senyor president de les Corts:**

 

Muchísimas gracias.

 

**El senyor Maluenda Verdú:**

 

Sí, senyor president, gràcies.

 

**El senyor president de les Corts:**

 

Señor Maluenda.

 

**El senyor Maluenda Verdú:**

 

Entenem que els documents el que fan és posar en coneixement de la Comissió de Peticions unes qüestions, que mos donem per assabentats i aquí acaba el tràmit d'estos documents.
Cada grup pot fer-ne l'ús polític que crega convenient, però en la comissió aquí s'acaba el tràmit.
Mos donem per assabentats.

Gràcies, senyor president.

 

**El senyor president de les Corts:**

 

Muy bien.
Pues terminado el segundo y último punto del día, se levanta la sesión.

 

 

 

 

*(S'alça la reunió a les 15 hores i 2 minuts)*