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Comissió Especial d'Estudi de les
Situacions de Dependència a la Comunitat Valenciana realitzada el
dia 31 d'octubre de 2006.
Comença la reunió a les 11
hores i 40 minuts.
Presideix la il·lustre diputada senyora
María Josefa García Herrero.
Reunió número
4/XIX.

Compareixença del director general d'Edad
y Vida, de l'Instituto para la Mejora, Promoción y
Innovación de la Calidad de Vida de las Personas Mayores, senyor
 Albert Vergés Millet

La senyora presidenta:

Reanudamos la comisión especial de estudio de
la situación de la dependencia en la Comunidad Valenciana y hoy
damos la bienvenida y nos acompaña don Alberto Vergés Millet,
director general de Edad y Vida, Instituto para la Mejora, Promoción
e Innovación de la Calidad de Vida de las Personas Mayores, que nos
va a hacer una primera exposición.

Cuando quiera, señor Vergés.

El senyor Vergés Millet, director general
d'Edad y Vida:

Muy buenos días.

Bon dia.

En primer lugar, señorías, agradecerles
la amabilidad que han tenido de haber solicitado algunas reflexiones sobre
el tema de la ley de dependencia hacia nuestro instituto, Edad y Vida, y en
este sentido, pues, les he de decir que justamente cuando nos pidieron la
intervención, posiblemente, si hubiese sido hace seis meses la
hubiésemos planteado en otros términos y en los
términos actuales, pues, que la ley está avanzada, que ha
pasado por el Congreso de los Diputados y, además, yo creo que nos
ha de satisfacer a todos que varios grupos parlamentarios, una
mayoría muy amplia, haya acordado un texto que va a hacer que esta
ley, por su peso y por su incidencia, tenga un gran respaldo en lo
político.

Por lo tanto, intentaré hacer una
exposición.
.
.
, y permítanme antes decirles que Edad y Vida es
una fundación creada por empresas, pero que su razón de ser
es buscar la corresponsabilidad y el equilibrio entre el sector
público y la iniciativa privada, iniciativa privada tanto no
lucrativa como mercantil.

Entendemos que el fenómeno del envejecimiento
es un fenómeno de un gran calado y magnitud y, por lo tanto, en la
perspectiva empresarial, promoviendo un estado de opinión
independiente que mejore los comportamientos hacia las personas mayores, ya
que nuestro instituto está muy ligado a las personas mayores, nos
parecía que era una tarea que no se llevaba a cabo, o que se llevaba
a cabo desde diferentes perspectivas, pero que nos parecía que
podíamos aportar algo al conjunto de las reflexiones que hacen las
diferentes organizaciones, y nuestro objetivo fundamental, como les
decía, es mejorar y promover la facilitación del
conocimiento, la innovación y, sobre todo, como objetivo principal,
facilitar y promover la colaboración entre el sector público
y el sector privado.

Miren, esta perspectiva, que otras organizaciones
pueden tomar otra opción, a nosotros nos parece básica.
Estamos hablando de que el envejecimiento de la población crece de
forma exponencial, de que los recursos, necesidades, bienes y servicios que
se han de crear son amplios y, por lo tanto, está mucho por hacer, y
que no solo desde una perspectiva privada o no solo desde una perspectiva
pública se podrán abordar las necesidades que este sector
requiere y los servicios que reclama.
Y, por lo tanto, esa
colaboración es parte de nuestro principio fundamental, y en base a
ello ustedes verán algunas de nuestras reflexiones o propuestas o
recomendaciones, que parten de ese principio fundamental de
colaboración.

Aunque ustedes seguro que han tenido diferentes
estimaciones de lo que es la ley de dependencia, y cómo afecta.
.
.
,
permítanme algunos datos para situarnos y para saber magnitudes.
Estoy convencido de que muchos de los ponentes anteriores y algunos de
ellos repetirán algunos de estos datos, pero sabemos en este momento
que el gasto destinado en el año 2004, y hablamos del 2004 porque es
lo que se ha publicado recientemente en los informes del libro blanco,
Imserso y demás informes generales, es de 2.
646 millones de euros.
Que el gasto estimado por usuario mayor de sesenta y cinco años por
año es de 4.
700 y, atención a este dato, que es importante,
el gasto en PIB estimado que nuestro país ofrece, actualmente es tan
solo del 0,36% del producto interior bruto.
La ley prevé que cuando
esto esté en pleno funcionamiento, año 2015, conseguiremos
alrededor de un 1% del producto interior bruto.

Pero también he de destacar, y es importante
ese crecimiento, estamos hablando de que prácticamente se va a
triplicar, hemos de ser también, como mínimo, críticos
de saber que realmente la media en el ámbito del territorio europeo,
la media actual hoy es del 1,5.
Es decir, el salto es importante y
cualitativo, pero seguiremos estando por debajo de la media actual.
Esto es
así, nosotros creemos, en este sentido, que lo que estamos es
evolucionando, se ha tomado una tendencia, y esa tendencia le da resultados
y poco a poco lo iremos consiguiendo con el esfuerzo de todo el mundo.

Por otro lado, la cobertura actual sobre la
población mayor es del 7,78% y el 31,53% de cobertura es respecto a
las personas dependientes.
Unos datos también significativos para
decir, en cuanto a servicios, cuáles son las magnitudes que nosotros
estamos manejando.
En plazas residenciales en toda España, estamos
hablando de 266.
000, que tiene un índice de cobertura del 3,65%.
Y a
continuación les digo un dato que me gustaría, además,
después comentar, que es que las plazas de titularidad
pública representan un 25% respecto a un 75% que es de titularidad
privada, pero la financiación es un 43% pública y un 57.
La
diferencia entre estos porcentajes es que hay titularidad privada
concertada, que es la diferencia.
Por eso aumenta respecto.
.
.
, el 43%.

Sí que me gustaría dejar otro mensaje,
que a veces, y si me lo perdonan, en el ámbito político, se
quiere traducir a algo que me parece que en la sociedad no está y es
lo siguiente: es decir, a un ciudadano le importa poco que la titularidad
sea pública o privada, lo que le interesa fundamentalmente es el
servicio y, a veces, en esto nos desgastamos.
Probablemente algunos de
ustedes a lo mejor no estarán de acuerdo, pero lo que sí que
nosotros hemos podido pulsar a nivel del ciudadano es que quien tenga la
titularidad no es lo importante, quieren un servicio de calidad al coste
menor y que, además, sea con garantías públicas, pero
la garantía pública no quiere decir que la titularidad lo
tenga que ser.

Por otro lado, los centros de día, hay 33.
000
en nuestro país y hay un índice de cobertura del 0,67%.
De
servicios a domicilio hay 228.
000 plazas de servicio a domicilio, pero la
cobertura es del 3,13%, y en teleasistencia la cobertura tan solo es del
2,04% con 148.
000 plazas.
Eso quiere decir, hombre, que estamos en
índices de cobertura, si me lo permiten, bajos, esperanzadores con
la nueva ley, pero hoy por hoy, en algunos términos, bajos.
En
especial en el ámbito residencial, que si ustedes recordarán,
el propio plan gerontológico preveía que hubiese una
cobertura del 5% y no se ha llegado, que esperemos que ahora lo
sobrepasaremos, pero en el ámbito, por ejemplo, de ayuda a
domicilio, que es una de las asignaturas y el gran interés que
tienen los mayores, porque, fundamentalmente, lo que quieren es vivir en su
casa, el índice de cobertura es francamente bajo, es del 0,67%.

Unos datos de su comunidad, pero me parece que los
conocen sobradamente, pues, a través del sistema bono y de
accesibilidad, hay aproximadamente 23.
000 plazas residenciales y, en este
sentido, pues, hay un gasto importante ejecutado.
Es evidente que la
Comunidad Valenciana es una comunidad que, lo digo con todo el
cariño, ha hecho un esfuerzo importante en la atención a las
personas mayores y decir lo contrario seria mentir.
No lo diría
también con otras comunidades, ¿eh?
Y ahí,
permítanme hacer una comparación.
.
.

Perdón, antes decirles que esa
financiación, en general, ha tenido una financiación.
.
.
, la
actual, es una financiación pública a través del tema
sanitario y de intervención; hay una financiación mixta
público-privada a través del sociosanitario de los servicios
sociales; hay una situación actual que también es las
residencias privadas de atención domiciliaria; y, sobre todo, lo que
pasa actualmente es que esto está en manos del apoyo informal,
fundamentalmente, en las familias y en las hijas, y concretamente esto
está francamente cambiando, porque nuestra sociedad es cambiante, la
mujer se incorpora al trabajo y, por lo tanto, reclama apoyos familiares en
este sentido.

Y esta es la que le quería comentar antes que
es la situación que nos encontramos en nuestro país, un
país que tiene diecisiete autonomías, donde resulta que en
este gráfico hemos intentado plasmar, y ustedes tienen algunos
estudios, que yo quiero aventurar en muchísimos datos, porque les
hemos dado una documentación bastante exhaustiva de lo que
está pasando en nuestro país, pero permítanme
reafirmarles una situación que es claramente lo que está
pasando en nuestro país: que hay diecisiete comunidades, que cada
una ha planteado un modelo, que hay una situación diversa, que no
hay homogeneización de datos, que no se están aportando los
recursos de la misma manera y que, además, fundamentalmente, viendo
esta media que ustedes ven aquí, en la zona que pone
«España», que es la media, que Valencia está en
la media superior, hay comunidades que han hecho gasto social importante
respecto al número de usuarios y otras comunidades que ya tienen
muchos usuarios, mucha gente mayor de sesenta y cinco años y, en
cambio, su gasto social ha sido mínimo.

Y este es un elemento clave cuando hablamos de ley de
dependencia.
Y ustedes entenderán por qué.
Al comparar la ley
de dependencia, por ejemplo, a lo que pasó en el ámbito
sanitario, es difícilmente comparable por un objetivo fundamental:
en el ámbito sanitario, primero se hizo el modelo general de estado
y después se traspasó a comunidades autónomas, y en el
ámbito de la dependencia, cada comunidad ha hecho el modelo que ha
querido y, automáticamente, después de ese modelo, estamos
creando un marco de carácter estatal.
Y eso es, si me lo permiten,
diferente, mucho más complejo y en una situación mucho
más diferente y mucho más compleja.

Por lo tanto, estas diferencias entre comunidades
autónomas en factores que afectan directamente a la calidad del
servicio, necesitaba forzosamente una regulación, que es la propia
ley de dependencia.
Pero permítanme decirles también que es
la gran oportunidad que tiene este sector para transformarse, y les
explicaré el porqué.

La ley permite marcar los parámetros, las
reglas de juego que hay en este sector, y este sector, que nace de la
beneficencia, por volumen, por capacidad, por profesionalidad, es
imprescindible que se transforme, que la calidad exigida sea un principio
fundamental y que, si me lo permiten, pasamos de un sector claro de
beneficencia a un sector claro de valor añadido, de claro de
económicamente potente, profesionalmente constituido en todos sus
ámbitos, donde los parámetros de calidad sean el elemento
clave de la ley.
No es atender más, es atender más y atender
mejor, con más calidad, con más servicios y con mayor
capacidad de generar empleo estable y que los profesionales sean
reconocidos por su condición laboral y no como un mero cuidador,
porque dentro de la atención a las personas hay mucho más.

Por lo tanto, la acreditación será un
tema fundamental donde las comunidades, y en eso va a haber, yo creo que
debería haber una cierta homologación, una cierta
armonización en el ámbito acreditativo de los servicios,
marcando los mínimos de estándares de calidad, de ratios de
personal, y eso, en el estudio que tienen ustedes sobre el Instituto
Catalán del Envejecimiento, verán multitud de
parámetros que no concuerdan con esa filosofía.
Esperemos que
esta ley permita crear ese común denominador.

La certificación de los sistemas de calidad,
las tarifas de concertación y compra de servicios, los instrumentos
de valoración, que hablaremos ahora, y habrá que hacer las
modificaciones jurídicas en las diferentes comunidades
autónomas para adaptarse a este nuevo marco.
Eso no debe entenderse
como entrar en contra de la capacidad normativa y de competencias
exclusivas que tienen las comunidades autónomas.
Esto debemos
entenderlo en crear un marco común, ese mínimo común
denominador, imprescindible para hacer y valorar la dependencia y, sobre
todo, para garantizar no tan solo el derecho subjetivo que dice la ley,
sino garantizar la calidad del servicio que están solicitando las
personas mayores.

La ley, como saben, a nivel de valoración
nuestra, la ley de la dependencia se define como un derecho subjetivo y
exigible por parte de los beneficiarios, tanto jurídicamente como
administrativamente, pero desde nuestra posición, manifestarles que
entendemos que la delimitación del sector público y sector
privado, nuestro enfoque personal es que el rol de la administración
debe ser el regular, el acreditar, el crear la regulación, la compra
de los servicios para la red de utilización pública y de
dejar el rol a la iniciativa privada, lucrativa y no lucrativa, en el tema
de inversiones, en el tema de la provisión y gestión
eficiente y en la calidad de los servicios.

Este es nuestro pensamiento.
Entendemos que las
administraciones no deberían hacer grandes inversiones si no son
necesarias y que las inversiones deben dejarlas a la iniciativa privada.
Y
que las aportaciones económicas y los escasos recursos ligados a un
tope de endeudamiento, según marca la propia Unión Europea,
-que todos sabemos que la mayoría de las administraciones
están en el límite- permítanme decirles que hay
que dedicarlo fundamentalmente a atender a las personas, desde nuestra
perspectiva.

Ese es el elemento clave.
Es decir, los recursos a las
personas, a la atención de las personas y la colaboración
sector público-sector privado, básica para su desarrollo.

Eso creará un marco estable, una seguridad de
sostenibilidad económica y una calidad de los servicios.
Ahí,
decirles, que es importante en todo el proceso de la ley, determinar los
grados de dependencia -en que no entraré- que propone la
ley.
En cada comunidad ha habido diferentes maneras de plantearlo; ahora
hay un nuevo sistema de graduación, o va a haber un sistema de
graduación diferente -en una graduación moderada,
severa y gran dependiente- que aportará unos servicios.

Pero ahí sí que le decimos que los
reglamentos que van a ser muy importantes, porque es una ley que deja
muchos temas a reglamentos, permítanme decirles que la
clasificación deberá tener en cuenta una clasificación
cuantificable también en horas y, por tanto, en carga de trabajo.
Porque estamos hablando de personas con diferentes dificultades, y por lo
tanto, es muy difícil hacer una graduación de tres niveles y
ya está.
Evidentemente, de alguna manera hay que hacerlo porque todo
lo hemos de poder clasificar, pero habrá que tener mucho cuidado en
tener en cuenta la carga de trabajo y las horas de atención que
requiere cada uno de estos grados; y les aseguro que hay multitud de
personas que podrían estar situadas en dependencia moderada pero que
requieren una gran atención de carga de trabajo.

Y dentro de la valoración de la ley de
dependencia, también entendemos que debe haber criterios
equivalentes a nivel estatal, valorados por agencias de dependencia en
distintas comunidades autónomas.
Nosotros somos partidarios, como
puerta de entrada a la creación, de organismos -no nos
quedemos en el nombre- parecidos a lo que podría ser una
agencia de dependencia, que el mayor, cuando entra, es evaluado, se le
prestan los servicios, se le coordina desde el aspecto sanitario y de
servicios sociales.
Eso dará una mayor estructuración; las
agencias crearán una excelente coordinación y es la gran
puerta para nosotros de coordinarnos y de participar.

Parece que el instrumento único de
valoración funcional y cognitiva está prácticamente ya
en las manos y nos consta que los gobiernos lo conocen y están
testándolo, pero que sí decirles que la herramienta debe ser
contrastada pero sobretodo, sencilla de valorar.
No hagamos herramientas
complejas que lo que hacen es ralentizar la puerta de entrada de los
servicios que necesitan las personas.

Este elemento de valoración, desde nuestra
perspectiva, debe estar llevado por médicos y enfermeras.
Y, por lo
tanto, es ahí donde deben estar los profesionales que valoren la
dependencia y, evidentemente, con la colaboración de los asistentes
sociales.
Debe haber un plan terapéutico individualizado y debe
haber un tiempo tasado, porque si no, lo que podemos hacer es crear unas
listas de espera inmensas, con unas expectativas increíbles que si
no podemos hacer a través de instrumentos útiles, sencillos y
con un tiempo mínimamente tasado, lo que haremos es crear una
desilusión por parte de las personas dependientes que
-creo- entre todos hemos de ser rigurosamente críticos
de decir que esta ley hubiese sido satisfactoria y que lo hubiésemos
iniciado antes.
Pero no seamos críticos tampoco y decir:
«Ahora la tenemos pero no la ralenticemos; démosle ritmo y
creemos este marco tasado».

Atención con ello, porque detrás de ello
estamos obligándonos a un derecho que es subjetivo y reclamable.
Por
lo tanto, debe haber un tiempo consideradamente razonable para que la gente
pueda optar a los servicios necesarios con la graduación que ya
prevé la ley.

Pero claro, para todo ello, con esa valoración,
permítanme que haga un tema que a mí me parece básico.
La ley habla poco de la coordinación sociosanitaria; habla muy poco
con el Ministerio de Sanidad y ese me parece que es un elemento que
deberá enfocarse correctamente.
La Ley de cohesión y sanidad
del sistema nacional de salud ya preveía las prestaciones
sociosanitarias -para mí es una excelente ley la que en su
día hizo el Ministerio de Sanidad- y también
decía en qué sentido estos cuidados debían ser de
larga duración, a nivel de rehabilitación, a nivel de
pacientes y a nivel funcional.

Por lo tanto, sólo decirles que para nosotros,
sobre todo en la gran dependencia, la instalación del modelo
sociosanitario nos parece que es el más adecuado, porque hay un gran
componente sanitario y ese componente sanitario es fundamental que salga y
esa coordinación salga a la luz.
Y nos parece que es un excelente
modelo sobretodo para la gran dependencia.

Evidentemente, de todas esas valoraciones harán
las prestaciones que prevé el catálogo y, por lo tanto, yo no
enumeraré el catálogo porque de todos es conocido -de
centros de día, residencias.
.
.

A nivel de la Comunidad Valencia, el catálogo
de servicios suele hablar de la optimización de recursos que
deberán adaptar la adaptación de las infraestructuras de
residencias de mayores con equipos multidisciplinares de atención
veinticuatro horas, para prestar servicios de proximidad y residencial, a
otras situaciones de dependencia.
Ahí entendemos que la proximidad
da conocimiento y seguridad al usuario; la profesionalidad está
mayormente garantizada por un sistema continuado y de proximidad; y
sobretodo, la sensación por parte del usuario, que las etapas
evolutivas que se van cronificando de la dependencia, el concepto de
proximidad dará mayor tranquilidad y garantías porque
verá la cobertura de todo su ciclo vital organizada y controlada.

En el ámbito de respiro y apoyo familiar, el
sistema actual son las estancias -que ustedes las conocen- y yo
creo y he de decir que la Comunidad Valenciana dispone de buenos
instrumentos de respiro y apoyo familiar, tanto con la atención
diversificada de mayores como el «Menjar a casa» o el
«Major a casa» o el bono residencia o el bono respiro o en tema
de ayudas a las familias.

¿Cómo puede mejorarse este sistema?
Bueno, habla que implementar en la atención domiciliaria un sistema
de seguimiento por niveles.
La ayuda domiciliaria es el gran caballo de
batalla de esta ley; debe crecer -que ustedes han visto en qué
porcentajes están- y debemos crecer.
Debe ampliar la red de
servicios domiciliarios y de centros de día.
Deberá adaptarse
el bono también a alguna de las características de la ley.
La
ley va a hacer promover diferentes modificaciones que, como mínimo,
habrá que tener en cuenta qué adaptaciones serán
necesarias.
Deben ponerse en marchas recursos para el apoyo informal en el
ámbito, sobretodo, de la formación y a nuestro entender debe
promoverse fundamentalmente el apoyo informal siempre que esté
vinculado a servicios profesionales.

Esto promoverá la capacidad de autogobierno del
usuario, minimizará las carencias de autonomía y
promoverá y deberá promoverse -a mi juicio- la
libre elección de los recursos.
Yo creo que este es un elemento
clave que los ciudadanos han de poder decir qué recurso quieren
también y dónde lo quieren -no qué recurso; eso
lo deberán valorar- pero sí dónde quiere que se
le preste.

Evidentemente, los instrumentos que hay actualmente
pueden ser perfectamente válidos y reafirmo la libre elección
sobre el recurso que se le exime.

En el sistema bono -como decíamos-
deben prestarse.
.
.
deben adaptarse a todos los servicios que se prestan
mediante infraestructuras estables.
El modelo ofrece aspectos muy positivos
como es la libre elección del usuario, el control de la calidad, la
regulación y la competitividad entre el mercado -con el hecho
de dar la máxima calidad- y es un modelo ágil de
incorporación de recursos mediante la adhesión.

Tendrá también que adaptarse -como
hemos dicho antes- a la ley, fundamentalmente porque es un derecho
ligado a una propuesta de carácter anual, cuando la ley habla de una
cierta continuidad y de derecho continuado.
Eso, habrá que hacer una
adaptación a esta normativa.

Y aquí entramos en otro de los temas complejos,
que es el tema de la financiación.
La financiación actual de
la ley, a grandes rasgos, ustedes saben que parte de un principio que es
que las aportaciones actuales quedan consolidadas y todo lo que planteamos
son aportaciones nuevas, donde hay la mitad.
.
.
o sea, un tercio que
pagaría la administración del Estado, un tercio las
comunidades autónomas y habrá un 34% de copago.
Globalmente y
mayoritariamente, creo que poca gente ya no defiende que haya un copago;
pero sí decirles claramente que cuando hay un copago de un 34% de
media, quiere decir que hay gente que no pagará nada porque no tiene
nada y gente que va a tener que pagar cuantiosamente un 70 o un 80% del
coste de la dependencia, porque si no es imposible llegar al 34% de media,
es imposible.
Es decir, si hay quien tiene.
.
.
y ahí tiene que
ser en base a la capacidad económica.
Pero la ley, tal como lo
prevé la memoria económica, hay un tercio de cada parte.
Pero
cuando hablamos -y ahí creo que coincidiremos- cuando la
media es un 34% hay que decir que alguien tiene que pagar más, mucho
más y otros que, evidentemente, no tienen y no pagarán nada,
como pasa ahora.

Y ahí es donde entramos claramente y donde
nosotros manifestamos que es básico crear -como propone la
ley- instrumentos privados de financiación y de
previsión, que además deben ser fiscalmente incentivados.
Y
esa es la percepción clara que debe tener la sociedad, que no todas
las personas van a recibir las prestaciones de igual modo y en igual
cuantía porque la ley ya lo prevé así y por lo tanto,
es lo que da sentido a productos de previsión y ahorro.

Nuestro posicionamiento, en su momento, era un sistema
mixto de financiación donde hubiese aportación del Estado y
un sistema seguro de dependencia, asegurando -porque la dependencia
es un riesgo- y como en otros países, se podía haber
optado por ese instrumento.
Como verán ustedes, la ley prevé
un seguro de dependencia o prevé que pueda haber un seguro de
dependencia pero ligado a otros riesgos, no como nosotros lo
hubiésemos planteado, que es nuestra estructura de
financiación a través de un seguro con cobertura universal
financiada de grandes riesgos en la gran dependencia y una cobertura que
hubiese, de previsión privada incentivada fiscalmente y
subvencionada.

Este era el modelo que antes de la ley nosotros
hubiésemos propuesto como modelo, donde los ciudadanos, a
través de las administraciones, aportan sus impuestos, donde
empresas privadas y aseguradoras crean un marco de servicios, donde el
ciudadano aporta unos recursos, que es el propio copago; y donde
había todo un conjunto y esquema básico de
financiación, que disponen ustedes del posicionamiento de actividad
que nosotros entregamos a las diferentes administraciones antes que se
formulara la ley.

Pero ahora, la ley dice otra cosa, que es que los
instrumentos privados de financiación van a ser regulados con
posterioridad a seis meses de la ley.
Y a la vez, existe una reforma
-como ustedes saben- del Irpf, donde habla del seguro de
dependencia.
Concretamente habla de que se estimula, juntamente con los
planes de pensiones, en la reforma del Irpf, el seguro de dependencia para
la gran dependencia.
Le he de decir que nos parece bien que ya se hable de
una estimulación fiscal para este tipo de seguros pero el
planteamiento actual que se ha hecho en la reforma del Irpf no nos parece
el adecuado; nos parece que un seguro de previsión de la dependencia
no debe estar incluido en el conjunto de otros productos y debería
tener recorrido propio.
Nos consta que el Ministerio de Economía
está analizando esto porque le encuentran sentido a que esto tenga
un enclave especial.

Pero en los seguros de dependencia, en base a la ley,
las aseguradoras tenían como objetivo cubrir el riesgo y el espacio
que parece que deja la ley de la dependencia es cubrir el copago, que son
dos cosas muy diferentes.
Y entonces, ahí intervienen el ver
cómo esto hay que conjuntarlo.
Pero que parece evidente que, aunque
se destinen muchos recursos públicos, la cobertura de
financiación será básicamente si se proponen
instrumentos privados que colaboren con la administración y con el
copago a cubrir la capacidad económica para que sea sostenible en el
tiempo.

Y también ahí nosotros, y esto lo hemos
trabajado muchísimo con el Ministerio de Economía, usted
habrán oído hace poco a David Vegara, secretario general de
Política Económica, que ha comentado que va a haber una
normativa específica para el tema de la hipoteca inversa, producto
que va a ser vinculado también en temas relacionados con la
atención a personas mayores y por necesidades de intentar cubrirlos,
y que va a estar estipulado en algunos términos.
Concretamente
él hablaba de reducir parte de los gastos jurídicos y
documentales y, por otro lado, garantizar que este tipo de productos no
deje en ningún caso al mayor fuera de su vivienda.

Pero permítanme decirles en este sentido una
cosa.
La vivienda es la principal fuente de ahorro actual de las personas
mayores.
Es donde están todos sus ahorros.
El 90% de las personas
mayores, según todos los informes -y ustedes tienen
aquí algunos informes-, son propietarios de su vivienda, y tan
sólo entre el 6 y el 8% tienen alguna carga.
Quiere decir que
éste es un activo importantísimo en el tema de los mayores.

Y en una de las preguntas que ustedes nos formulaban
para que nos planteáramos decían si creían que
deberían tener en cuenta la primera vivienda.
Pues sí,
nosotros, desde nuestra perspectiva, entendemos que la primera vivienda se
ha de tener en cuenta igual que el conjunto de la riqueza de las personas a
la hora de valorar la capacidad de ayuda de las administraciones.
No es
algo diferente.
Lo mismo que en la declaración de renta tenemos que
tener en cuenta todo lo que tenemos a la hora de hacerlo, pues yo
diría que es un elemento más a valorar, valorar
ponderadamente, pero es un elemento también a valorar.

¿Y qué instrumento nosotros proponemos?
Pues verán ustedes que uno de los documentos que les hemos dado es
los instrumentos relacionados con la vivienda, es temas de vivienda
pensión, rentas vitalicias, hipoteca pensión, hipoteca
inversa o cesión alquiler.
Son diferentes instrumentos que tienen
ustedes en el apartado donde explicamos ventajas e inconvenientes y que
deben tener un elemento clave.
Deben incentivarse fiscalmente porque
entendemos que ésta no es una manifestación de riqueza, es
una manifestación de necesidad y el gobierno, sea el que sea, debe
apoyarlo, buscando neutralidad fiscal entre las rentas devengadas.
¿Por qué?
Porque no hace falta gravar fiscalmente estos
productos, es un tema de necesidad, y por lo tanto hay que dar apoyo.
Hay
que eliminar las cargas fiscales que se puedan para dar una neutralidad.
Y
debe haber un tratamiento especial en casos de situación de
dependencia para apoyar a las personas mayores que tengan los
máximos recursos posibles.

Esto nos consta que será parte de la
discusión de esa normativa adicional que hablan de instrumentos
privados.
Y les puedo asegurar, porque nosotros estamos trabajando con
ellos, que el Ministerio de Economía nos está pidiendo
continuamente informes al respecto porque considera que éste es un
elemento que habrá que analizar con profundidad, pero que es un
activo importante a la hora de ver cómo se lleva a cabo.

Y ya, por último, sólo unas
conclusiones.
Y termino, señorías.

Primero, la visión de las personas mayores en
nuestra sociedad debe plantearse como un activo.
Y ustedes hablaban que
cómo veía que se debería mejorar la imagen percibida
-en una de sus preguntas-, la imagen percibida de los
servicios.
Pues mire, lo primero es que hemos de decir que estos servicios
son de calidad, hay que mostrarlos.
Y esa imagen es fundamental.
No puede
ser aún que parte de la sociedad tenga como binomio el tema de que
las residencias para mayores son asilos, son párquines.
No es
verdad.
Son estructuras donde hay afecto, donde hay calidad y donde se
está prestando un servicio impresionante.
Pero también es
cierto que dentro de esa transformación habrá centros de
instituciones que en un período transitorio deberán adaptarse
para ofrecer la calidad exigida, Y, si no, si me lo permiten, si no se
transforman deberán cerrar.
Porque aquí, y en eso tienen una
responsabilidad ustedes, las administraciones, los parlamentos, el tema que
deben cuidar fundamentalmente es la calidad.

Segundo, el marco que regule el sector.
Hoy pensar que
la dependencia puede hacerse sólo desde el ámbito
público sin la colaboración del sector privado, a mí,
particularmente, diría que sería un error gravísimo.
Aquí, con perdón, hace falta el apoyo de todos, porque nos
viene un crecimiento exponencial y un gasto en este sentido que todos
deberemos ser conscientes de nuestras capacidades.
Debemos transformar el
sector, y por lo tanto harán falta inversiones, aunque me consta que
esta comunidad ha hecho un esfuerzo importante a través del Plan
9000 sobre inversiones, pero sobre todo debemos crear también
puestos de trabajo estables.

No se les escapa a ustedes que en lo profesional hay
problemas.
Permítanme decirles que en el ámbito de tarifas
hoy no se ajusta el precio de tarifas, no aquí, en la mayoría
del territorio español, a la calidad exigida y a la calidad que se
ofrece.
Por lo tanto, ahí debe haber un acuerdo entre
administraciones e iniciativa lucrativa y no lucrativa para hacer estas
tarifas mucho mejores y, por lo tanto, crear, crear unas expectativas
laborales a la gente que está trabajando que sean acordes a sus
necesidades.

Creo que no se les escapa a ustedes que el sector
residencial en verano tiene graves problemas con enfermería porque
se van al sistema nacional de salud que, con perdón, les pagan tres
veces lo que les está pagando el sector residencial.
Y esto es
porque no estamos adaptando las características porque el mercado es
el que es, es decir, el profesional de sanidad, a ver, puede estar muy a
gusto trabajando un tema de mayores, pero a ver si puede tener una mejora
en su ámbito laboral y económico, pues me parece que es
perfectamente lógico y legítimo.
Por lo tanto, aquí
habrá que adaptarnos y por lo tanto transformar este sector.

Repetimos hasta la saciedad el tema del modelo
sociosanitario.
Uno de los grandes defectos de la ley, a nuestro juicio, es
que no determinan claramente cómo va a coordinarse de forma
específica el modelo, la coordinación sociosanitaria.
Sólo hay un artículo que habla y que lo dice, pero que
francamente no garantiza ésta.

Modelo de concertación.
Acreditación,
certificación, optimización de recursos, colaboración,
precio de concertación en función de niveles, calidad y coste
real, no puede haber una única tarifa para atender a las personas,
la atención, el coste es variable, y libre elección del
ciudadano.

Viabilidad y sostenibilidad económica.
Esto en
base al copago, en base a renta y patrimonio, es nuestro planteamiento.

Promoción del sector de previsión en el
ámbito asegurador y financiero.
Debe haber instrumentos privados de
financiación incentivados fiscalmente.
Básica la
implicación de servicios sociales, sanidad.
E incorporo un nuevo
departamento: economía.
Economía debe entender claramente que
éste es un sector de claro valor añadido
económicamente, que también ofrece riqueza a nuestro
país.
Y, por lo tanto, economía no ha de pensar que el gasto
social es siempre un gasto, sino es una gran oportunidad también
para desarrollar un sector.

Aquí sí que coincidimos con la CEOE en
la ley de la dependencia.
Y esto sí que me gustaría
remarcarlo.
Ya habla de excepcionalidad en las prestaciones
económicas vinculadas al apoyo informal, habla de excepcionalidad.
A
nosotros ya nos parece bien que haya esa excepcionalidad porque sí
que creemos, a través de los informes que tenemos, y le aconsejo que
vean algunos de la propia OCDE, que el apoyo informal con prestaciones
económicas sin vincularlo a un servicio profesional no tiene ninguna
garantía de calidad.
No tiene ninguna garantía,
difícil control.
Y, por lo tanto, desde nuestra perspectiva, la ley
lo recoge con esa palabra «excepcionalidad».
Correctamente
entendemos que lo que ofrece garantía de calidad en la
prestación del Servicio Valenciano de Dependencia es los servicios
profesionales, que no quiere decir que evidentemente también debe
haber apoyos a la familia en otros términos.

Nuevas fórmulas de contratación y
formación en origen.
Habrá una gran demanda de profesionales
para este sector y les aseguro que no los tenemos.
Y, por lo tanto,
ahí habrá que hacer un esfuerzo de ver cómo
incorporamos estos profesionales.

Y en cuanto al modelo de ayuda a domicilio,
permítanme decirles que es importante que se hagan servicios
puntuales de ayuda domicilio, pero el tema fundamental que percibe el
usuario es cuando la ayuda a domicilio tiene carácter integrado.
Es
decir, cuando se le atiende en el ámbito sanitario, en el
ámbito de atención a las limitaciones, en diferentes
ámbitos.
Debe tener un planteamiento integral.

Muchas gracias por su atención.
Desearles que
haya sido al menos interesante en las reflexiones que les hemos hecho.
Y
aprovecho la ocasión también para decirles -creo que
les hemos pasado un tríptico- que en el próximo mes de
febrero y a principios de marzo, el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y la conselleria, junto con Edad y Vida, vamos a llevar a cabo un
congreso internacional donde se van a analizar diferentes modelos, porque
estamos justo empezando en el camino, y creo que es bueno conocer nuevas
experiencias llevadas a cabo por diferentes países en el
ámbito de la dependencia.
Porque nadie lo ha resuelto totalmente.
Nadie puede decir que ha conseguido el éxito; si no, lo
copiaríamos.
Pero sí que, hombre, en nuestro país
hemos de estar satisfechos que haya salido y que ésta puede ser una
buena oportunidad, y les invito a que asistan a reflexionar conjuntamente
en base a las necesidades de las personas dependientes.

Muchas gracias, señorías, por su
atención.

La senyora presidenta:

Muchas gracias,
señor Vergés.

Efectivamente, ha sido sumamente interesante en esas
explicaciones que nos ha dado.

Y ahora, en representación de los grupos
parlamentarios, el Grupo Parlamentario Esquerra Unida-Els Verds-Esquerra
Valenciana: Entesa, tiene la palabra el señor Cardona.

El senyor Cardona i Pla:

En primer lloc,
gràcies per la seua exposició, ha sigut extensa, intensa,
també pense jo que útil i necessària de valorar amb
cura i amb precaució.
També els materials que ens ha portat,
segurament també ens ajudaran a valorar el tema i la seua
aportació.

A vore, senyor Vergés, jo li parle des
d'una postura coneguda de sempre de suport als serveis públics
d'atenció, me referisc als serveis sanitaris, als serveis
educatius, als serveis socials i també en la qüestió
d'atenció a la dependència.

El plantejament que vosté ens ha fet, on
establix un equilibri, on establix una necessària cooperació,
em sembla adequat i correcte.
Pensem que s'ha d'establir
cooperació.
La realitat és la realitat.
Els serveis
públics hui en dia no poden aconseguir tota l'atenció,
i és veritat que hi ha molta iniciativa privada en marxa.

Però ens preocupa una qüestió
fonamental, i és el tema de la garantia en la igualtat dels serveis.
A nosaltres ens sembla correcte l'existència de diversos tipus
d'iniciatives.
De fet, per exemple, la iniciativa sense ànim
lucratiu ha sigut inclús molt prèvia a la iniciativa
pública en l'atenció a les persones en
dependència, i per tant em sembla que existixen múltiples
estructures per atendre estes persones.
Però la qüestió
és la següent.
Es garantitza una igualtat en
l'atenció a les persones que tenen patrimoni i a les que no?
Per exemple.
Vosté parla de la lliure elecció dels serveis.
Em sembla importantíssim.
Té el mateix tipus de llibertat
d'elecció de serveis una persona que no tinga patrimoni, i no
tinga una assegurança de dependència que una persona que
sí que la tinga?

A vore.
Nosaltres partim de la idea que un
mínim de garantia de qualitat, un mínim de llibertat
d'elecció ha de ser comú per a tots, incloses les
persones que no tenen assegurament de dependència, que no tenen
patrimoni i que no tenen recursos econòmics propis.
I això a
nosaltres moltes voltes en tota la seua intervenció ens dóna
la sensació que les persones que tenen patrimoni, que tenen renda o
que tenen tal poden tindre molt més accés a serveis de
garantia que no les persones que no en tenen.

Hi ha un tema, sobre el finançament, que a
nosaltres ens preocupa, inclús sobre el copagament, un copagament
que nosaltres limitaríem a aspectes d'hoteleria, a
atenció en una residència.
.
.
, però no
restringiríem a aspectes sanitaris, pensem que l'aspecte
sanitari ha de ser públic, i a més ens pareix molt bé
que aixina siga i, a més, creem que és sostenible tal com
és.
Però ens preocupa la qüestió del copagament
basada en patrimoni i basada en renda actual d'eixe moment, i
inclús en el patrimoni o la renda del nucli familiar.
Perquè
nosaltres considerem que és una font de conflictes i una font de
frau.

És fàcil traspassar el patrimoni, certes
persones tenen accés a unes maneres de control del patrimoni per
mitjà d'institucions interposades que fan que eixa persona
conste com que no en té, i nosaltres considerem que això
és una font de problemes.
Clar, és que la nostra alternativa
de pagament de la part pública d'eixe sistema es basa en els
impostos generals, i nosaltres considerem que els impostos generals no
tenen cap tipus d'escapatòria.
És a dir, un IRPF ben
valorat que faja que el sistema públic es finance
contínuament d'allí, independentment que una persona
passe el seu patrimoni a unes altres persones, el munt general dels
impostos és clar, i això garantix que la igualtat es done.

A mi em preocupa eixe major accés.
.
.
Bé,
em preocupen diverses coses, però eixa qüestió de la
dificultat de valorar un copagament realment just, la dificultat de
garantir que els serveis siguen realment idèntics per a les persones
que tenen recursos i per a les que no.
.
.
Tot això ens preocupa
d'una manera gran.

Finalment, què passa quan la iniciativa privada
no posa un servei?
, què fem?
, perquè vostés diuen.
.
.

La senyora presidenta:

Señor Cardona, acabe, por favor.

El senyor Cardona i Pla:

.
.
.
que fonamentalment la inversió ha de ser
privada, passant a la qüestió pública
l'acreditació, l'avaluació, la inspecció
supose que també, la garantia de qualitat vol dir que els criteris
han de ser posats per la cosa pública.

Què passa quan -en molts de casos ens ho
estem trobant- la iniciativa privada no posa un determinat servei, no
considera útil, no considera rendible per als seus sistemes
d'actuació?
, què fa en eixe cas el sistema
públic?

Tinc moltes altres qüestions, algunes serien
qüestió, diguérem, de debat més que de preguntes
en este moment, però pense que les coses que li he plantejat a
nosaltres ens aclaririen alguns aspectes de la seua exposició.

La senyora presidenta:

Muchas gracias, señor Cardona.

En representación del Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra la señora Espí.

La senyora Espí de Navas:

En primer lugar, agradecerle la presencia en esta
comisión, ya casi en la recta final, llevamos más de un
año, y la verdad es que llegamos en un momento en que,
afortunadamente, y usted mismo lo decía al principio, si la pregunta
hubiera sido antes, ¿no?
, de la aprobación de la ley, pues,
las respuestas hubieran sido otras.
Es verdad que ya nos encontramos en una
situación de partida distinta, y es que ya tenemos un sistema
nacional de atención a la autonomía y a la dependencia y,
bueno, y una prisa importante por poner en marcha ese sistema y que nos
salga bien, y que nos salga bien y que verdaderamente el día 1 de
enero del 2007 tengamos capacidad de respuesta.

Yo creo que la ley sí que deja en sí
unas pautas de actuación claras, que perfila un claro sistema
público de atención y, por tanto, queda claro que estamos
ante un derecho universal de ciudadanía y un derecho subjetivo, y
también queda claro que la provisión de servicios, pues,
puede ser concertada con las empresas privadas.
Por tanto, creo que es una
discusión que, llevada al término de que los ciudadanos
tienen una percepción de que si en público o privado, pues,
bueno, puede ser una discusión que en algunos momentos de la ley,
donde ha habido una mayor dureza, podíamos haber estado incluso
discutiendo, y a mí me encantaría oír a los
empresarios decir «a nosotros nos encantaría invertir en
residencias y centros de día», al sector empresarial, en las
zonas rurales, «y os dejo a vosotros las zonas del litoral y las
zonas industriales y de desarrollo», y que el sector público
se quede en las zonas de expansión.
Eso no va a ser así,
sabemos que hay que hacer unos equilibrios lógicos, entendemos que
el mercado.
.
.
, y que las empresas tienen que buscar su expansión en
el mercado, y el sector público está para, fundamentalmente,
defender los intereses de los ciudadanos y que no hayan desequilibrios.

Pero partimos de la necesidad de llegar a acuerdos
para poner en marcha el sistema y, por tanto, hemos de hablar.
No hay
más ni menos, porque es la sociedad en la que nos movemos y que, por
otro lado, no es innovadora.
En esta comunidad el sistema público de
servicios sociales que se hizo a finales de los años ochenta ya
parte de los conciertos, no es nuevo, y prácticamente desde el
servicio de ayuda a domicilio con los ayuntamientos, el propio plan
concertado a nivel estatal abre esa puerta con las comunidades
autónomas y eso queda claro.

Ahora, es evidente y es claro que, por lo menos
nosotros, en la Comunidad Valenciana, sí que queremos que se
garantice ese derecho universal y que no hayan desequilibrios territoriales
y que nos quede perfectamente claro que en las zonas rurales van a tener
atención y que en las zonas donde no hay rédito, como ha
ocurrido, por otro lado, en el concurso de las 9.
000 plazas a que usted
hacía mención, que de 9.
000 no han sido 9.
000, han sido 7.
000
y que, al final, para llenar muchas de esas residencias, usted será
tan consciente como yo que se ha tenido que mezclar el bono cheque con las
plazas de accesibilidad, porque el sector privado no ha cubierto esas
plazas.

Luego, veamos qué tipo de conciertos se hacen
también con la empresa privada, para que, al final, también
sean eficaces tanto para el sector empresarial como para el sector
público.
Por tanto, hay que repensar las cosas y no ponerlas como un
elemento en positivo, porque, finalmente valoremos y reflexionemos y
hagamos una evaluación para, desde el principio, hacer las cosas
bien.
Eso, por alguna de las consideraciones que ha hecho.

Mire, hay cosas.
.
.
La coordinación
sociosanitaria no adolece en la ley.
Hace una reflexión
explícita en la propia ley de la necesidad de la
coordinación.
La ley ha tocado el límite de las posibilidades
de entremezclarse en las competencias autonómicas, y ustedes, si han
seguido el desarrollo del debate de la ley y sabe que, precisamente, la
enmienda a la totalidad que ha quedado y se ha mantenido sobre la mesa, y
el grupo que no ha apoyado la aprobación de esta ley, es por un tema
puramente competencial.

Que la ley ha partido de un esfuerzo importante por
parte de todos los partidos y ahí, de todos los que lo han apoyado,
ha sido de llegar a un acuerdo de mínimos, pero que a partir de
ahí el desarrollo de la ley es puramente de las comunidades
autónomas, y la capacidad de coordinación sociosanitaria es
de las comunidades autónomas.
Que esta comunidad tiene.
.
.
, tiene, y
se aprobó, y si me equivoco, mi compañera María
José, que en temas sanitarios es mucho más experta que yo, en
el año 1992, a través de un programa específico, la
coordinación sociosanitaria en la Comunidad Valenciana, que tiene
una comisión que crea un grupo mixto, o una comisión mixta
que se tenía que haber reunido, que, desde luego, no se reúne
nunca y, desde luego, nosotros, una agencia sociosanitaria que tenemos
aprobada en presupuestos hace cuatro años y que a día de hoy
está por constituir.

Ahora vamos a aprobar una empresa.
.
.
Lo digo por lo de
la Comunidad Valenciana y el funcionamiento: tenemos que hacer los deberes
aquí.
(Veus) Ahora
vamos a crear una agencia sociosanitaria, sociedad anónima, para la
puesta en marcha de esta ley, agencia de prestación sociosanitaria,
que falta decir, para la aplicación de la ley de atención a
la dependencia, sociedad anónima, ¿eh?
, que es una
cuestión que también tendríamos que discutir, porque,
desde luego, nosotros el mayor inconveniente que vemos, así como
finalmente la ley esta ha habido posibilidad de consenso, aquí
aún seguimos hablando del modelo.
.
.

La senyora presidenta:

Señoría, el tiempo, por favor.

La senyora Espí de Navas:

.
.
.
-acabo enseguida, señora
presidenta- es que aquí no hay posibilidad de diálogo
sobre cómo lo vamos a aplicar en la Comunidad Valenciana.
Pero, en
cualquier caso, seguimos insistiendo y esperamos que ese consenso
aquí también sea posible, para que en la comunidad
también las cosas se puedan hacer bien.

En cuanto al bono, está claro que hay que
cambiar el planteamiento.
No sirve con el planteamiento de la nueva ley,
hay que modificarlo a razón de lo que plantea la ley y, bueno, yo
creo que el tema de.
.
.
Ustedes dicen «médicos y
enfermeras», yo creo que el abanico es más amplio.
El abanico
de la valoración, perfectamente.
.
.
terapeutas ocupacionales, lo que
son grupo B o se entiende como grupo B, fisioterapeutas, trabajadores
sociales.
.
.
El abanico puede ser mucho más amplio en lo que es el
sistema de valoración.
Y, desde luego, imprescindible el refuerzo de
los servicios sociales.

Me queda una parte muy importante, siento no tener
tiempo, la parte de los seguros privados.
Me parece muy bien, es una parte
del mercado que hay que investigar y que hay que seguir avanzando por
ahí y nosotros ahí no tenemos nada más que decir.

La senyora presidenta:

Muchas gracias, señora Espí.

En representación del Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra la señora Linares.

La senyora Linares Rodríguez:

Gracias, señora presidenta.

Señor Vergés, en primer lugar,
agradecerle su presencia en las Cortes Valencianas.
También
agradecerle la entrega de esta documentación, que por lo que he
podido ojear va a ser interesante que hagamos una lectura detenida de toda
esta documentación, que veo que nos va a dar una visión
general no solamente de nuestra comunidad, sino de todo el territorio
nacional, de cómo se encuentra la dependencia en este momento.

Y decirle que ha sido muy interesante su
exposición, muy enriquecedora.
Estamos de acuerdo con usted, desde
el Grupo Popular, en la colaboración, lógicamente, entre lo
público y lo privado.
Esta comunidad ha avanzado en los
últimos años en esta colaboración, como puede ser lo
de las 9.
000 plazas que aquí ya se ha repetido.
Y también
congratularnos de que esta ley, gracias a que es una ley que creo que es
para todos y que así se ha hecho con el consenso de todos, y gracias
también a las aportaciones del Partido Popular, que ha introducido
55 modificaciones en un texto que tiene 47 artículos, se ha podido
al final sacar una ley que creemos que es enriquecedora, entre otras cosas,
pues, que el derecho sea universal y subjetivo, que no estaba recogido, o
que se recojan las prestaciones a menores de cero a tres años.

Decía usted que en este momento en Europa se
destina el 1,5 del PIB y que nosotros alcanzaremos el 1% en el año
2015.
Por lo tanto, estamos ante una situación, por lo que usted
está diciendo, como experto, que ya nace en la financiación,
pues, debilitado frente a un futuro.
De ahí, quisiera enlazarlo con
la última parte de su exposición, en la que nos hace usted,
nos pone sobre la mesa la necesidad de nuevos instrumentos de
financiación para que sea sostenible el sistema en el tiempo, como
que las aseguradores estén presentes o nuevas fórmulas
económicas, que creo que han sido muy positivas a la hora de usted
exponerlas.

Me gustaría que, quizás, nos explicara
un poco cómo puede ser, de una forma más pormenorizada,
porque tenemos un límite en el tiempo, cómo se puede hacer
esto, porque por lo que usted dice, pues, ya arrancamos,
lógicamente, de un déficit económico para poner esto
en marcha.

Luego, también, le quería hacer una
pregunta: ¿cree usted que la actual ley de la dependencia que hemos
aprobado y que se va a aprobar en el Senado en estos días va a
generar realmente lo que todos queremos y es que es igualar las
políticas sociales en el marco de todas las comunidades
autónomas o vamos a seguir teniendo diferencias, como está
pasando actualmente?

Y, después, también algo que a mí
me resulta muy curioso.
Usted ha dicho que el tema de la valoración
debía hacerse por médicos y enfermeras, y a eso
también ha hecho alusión la señora Espí.
Actualmente los equipos de centro de base son equipos multidisciplinares
que tienen no enfermeras, tienen médicos, tienen sicólogos,
tiene asistentes sociales y usted lo deja un poco en manos, solamente, del
aspecto sanitario.
¿Sería esto operativo realmente como usted
lo dice o deberíamos ir realmente hacía valoradores, pues,
como son las asistentes sociales, aportando certificados médicos,
como se está haciendo ahora, pero con equipos que no fueran
necesariamente médicos y enfermeras?

Y yo es que ya me queda poco tiempo.
.
.
¿Es
usted partidario de impulsar para atender a la dependencia las
fórmulas que hasta ahora están en una baja atención,
como es la ayuda a domicilio o programas tan novedosos como estamos
haciendo aquí, que es el «Menjar a casa», para realmente
evitar el internamiento en centros especializados?
¿Sería
esta una fórmula y la ayuda a cuidadores informales, que usted se lo
ha cuestionado un poco, porque puede ser una fuente de no atención
personalizada o profesional a esa persona dependiente?

Nada más, reiterarle por parte del Grupo
Popular nuestro agradecimiento y sus aportaciones, algo que hemos
creído que es muy interesante en esta recta final de esta
comisión.

Muchas gracias.

La senyora presidenta:

Muchas gracias, señora Linares.

Para dar respuesta a los grupos, tiene la palabra don
Albert Vergés.

El senyor Vergés Millet, director general
d'Edad y Vida:

Gracias, señoría.

La verdad es que siempre pasa que cuando hay preguntas
dices cómo intentas contestar a todo, ¿no?
(Veus) Es aquello de la.
.
.
Sí,
sí, lo que pasa es que estamos en un tema realmente importante, en
un  tema de un calado social muy importante.
Y, además, y lo
repito, con una satisfacción de decir que una mayoría amplia
del arco parlamentario le ha dado apoyo, y esto, perdonen, como
dirían los franceses, chapeau!
, ya era hora, nos gustaría que en otros temas, si me
lo permiten, también hicieran lo mismo (rient), que buscáramos más los puntos de encuentro
que las puntas de las diferencias.

Pero contestando a cada uno de los señores
diputados, al señor de L'Entesa, si me permite, voy a
contestar en su misma.
.
.
, tal como me ha puesto la exposición, que
supongo que no hay ningún inconveniente por parte de la presidenta
de la mesa.
.
.
(Veus)

Coincidim amb vosté que entenem que ha
d'haver-hi un mínim estàndard denominador de la
qualitat per tothom.
Això és imprescindible.
I per
això és tan important l'acreditació i la
certificació, per això és tan important que hi hagen
els mínims estàndards de qualitat que permetin dir que res
és millor ni pitjor, sinó que n'hi ha uns mínims
garantits i a partir d'aquí hi han altres plantejaments.

A veure.
El debat d'allò públic i
d'allò privat, o què és millor, que el servei
siga públic o fet per la iniciativa privada.
.
.
, a veure, aquí
hi ha un tema de necessitats, de voluntats.
.
.
A veure, ni el que és
públic és dolent, ni el que és privat és
dolent, ni el que és públic és bo, ni el que és
privat és bo.
Hem de ser crítics amb tots els aspectes.

Per tant, sí que he de dir-li que jo crec que
pel fet d'incloure en la riquesa de les persones renda i patrimoni no
és sinònim de dir que tindrà més bona o pitjor
qualitat, no té per què tindre i rebre una pitjor qualitat.
És un paràmetre més a analitzar a l'hora de
saber quina és la part que aportarà l'usuari.
Però, en tot cas, això li donarà més.
.
.
,
allò de dir: «No, miri, com que vosté té
patrimoni, doncs, resulta que anirà a la residència de
màxim estànding».
Això la llei ho preveu, i jo
diria que, a més, ho garanteix.
És a dir, el patrimoni
és el que té.
I jo l'única cosa que dic
és que la riquesa de les persones és el que som, i el que som
ho és tot.
I ho hem de valorar tot i veure com això ho
implementem.

La lliure elecció del servei, jo crec que la
fomentarà, fonamentalment, la competitivitat i la voluntat
d'oferir el més gran servei per part de tots els que operaran,
siguin privats.
.
.
.
(inintel·ligible), sigui ONG, sigui el que sigui.
És a dir, és
bo que es primi la qualitat del servei.
Aquí hi ha una problema, a
vegades, amb les concertacions, els preus que marquen les tarifes les
administracions, és que es prima igual a gent que ho ofereix molt
poca qualitat o una qualitat mínima estàndard en els seus
serveis que a altres que estan posant tots els mitjans per oferir una
qualitat màxima de dignitat, de màxima inversió, de
màxims professionals, de ràtios adequades.

Per tant, invertir en qualitat és la més
gran satisfacció que hem de tindre com a ciutadans.
I primar la
qualitat i tot el que afavorisca la qualitat, escoltim!
, aquí jo
crec que ens hauríem de trobar tots perquè crec que no
és sols un principi, és que ja és manifest.
No
és igual certes residències que altres, i, si no, ens
n'anem a veure-les i ho voran.
I això no vol dir que siguin ni
les públiques ni les privades.
Li asseguro que de privades
també n'hi hauria algunes que particularment les tancaria.
Així de clar!
Vull dir, no vull defensar el món empresarial,
però, sobretot, entre altres coses, recordin que jo no sóc
una patronal.
Vull deixar-ho clar.

Defensem la iniciativa privada perquè entenem
que és la manera més fàcil d'arribar a acords
entre tots, en l'àmbit del funcionament.
I la garantia, que
és el que preveu la llei, la garantia és pública, la
garantia és pública.
El funcionament?
No, el funcionament
és divers, però la garantia és pública.
I
això, crec que està molt bé per part de la llei, jo
francament estic satisfet en aquest sentit.

En l'àmbit de copagament, doncs, miri, li
he de dir que crec que haurem de fer el copagament -amb tot el meu carinyo i amb tota la bona
voluntat-, que els parlaments hauran de posar més calés
dels que estan posant, i n'hi hauran de posar més, n'hi
hauran de dedicar més als serveis socials i arribar a la mitjana de
l'1,5, però també hem de ser conscients que tenim
l'estat de benestar que ens puguem permetre, perquè
també és cert que econòmicament el país ha de
funcionar.
I, per tant, aquí hi haurà d'haver
equilibris, aquí hi ha opcions polítiques que cada u fa el
que creu adient i aquí nosaltres no ens hi posarem.
Però, el
copagament, vincular-ho només al tema d'hostaleria, ho veig
complicat.
Sí estic d'acord que en l'àmbit
sanitari és públic.

Però, parlant de reconversions, i
permeti'm que els hi diga una cosa que vostés deuen saber
important, i per això jo dic que crec que aquesta llei és una
oportunitat de portar més coordinació en l'àmbit
sanitari, que la llei -al meu entendre, i pot ser no coincideixo amb
algunes de les.
.
.
- podia haver estat més agosarada, podia
haver sigut més agosarada.

Mire, jo prefereixo dir-ho, inclús -igual
té que siga en català o en castellà-,
però, com pot ser que la sanitat que ha estat atenent persones amb
dependència, per tant, persones cròniques, estan en
l'àmbit sanitari i ens estan costant 360 euros persona/dia, el
llit, i resulta que no es potencia el model sociosanitari que tindria un
cost amb la mateixa atenció o millor a 100 euros?
I tenim un
problema greu a sanitat, perquè la sanitat és gratuïta.
Però, vaja!
, si normalment modificant.
.
.
-i, si m'ho
permeten, de formació sóc metge-, si no la modifiquem,
a la llarga podem tindre també un problema de sostenibilitat,
perquè recordem que és el 43% dels pressupostos generals de
l'Estat el que s'emporta la sanitat.

I, per tant, la dependència era una oportunitat
també per a dir: «Escolti!
, miri, la sanitat és per a
aguts, no per a crònics».
La sanitat té un problema; en
general, la sanitat no és per als crònics, almenys per al
nostre entendre, és per a l'àmbit.
.
.
Els
d'alzhèimer, un cop està diagnosticat, el millor
és un centre sociosanitari, no ocupar una plaça de llit en
l'àmbit sanitari quan fa falta, quan fa falta, perquè
si no fes falta, encara podríem prendre opció, però fa
falta.

Per tant, he de dir-li que en el tema sanitari es pot
millorar i es pot millorar moltíssim.
I  la coordinació
-i no crec que haja sigut l'únic que haja pogut dir
això- sí que hi ha una clara insatisfacció,
perquè creiem que podia estar molt més agosarada la
coordinació en la mateixa llei.

L'altre tema que ha comentat és en
l'àmbit rural.
A veure, sí que és cert que la
iniciativa privada el tema rural no li porta els interessos adequats per
plantejar-se.
Miri, jo sóc partidari i crec que, amb la iniciativa
de tot tipus -quan dic privada és lucrativa i no
lucrativa-, en l'àmbit rural el que s'ha fet
és buscar acords, parlar del sòl, parlar de com fer les
inversions i parlar de fer una planificació que després no es
facin altres elements que perjudiquin la pròpia capacitat; és
pactar en quina situació s'ha de fer això.
I sempre
s'ha dit que la iniciativa privada no vol anar a l'àmbit
rural, però a mi em consta que n'hi ha algunes que hi han
anat, i hi han anat perquè han arribat a acords amb
l'ajuntament, amb l'administració per fer-ho.
Què
cal?
Doncs, crear uns principis d'acord que faci que allò
sigui sostenible i amb uns mínims perquè la iniciativa,
doncs, hi fagi els recursos adients.

De la intervenció del Partit Socialista, doncs,
dir-li que estic d'acord que aquesta agència, que diuen que
han de plantejar, la duran a terme.
Crec o vull entendre, por lo que ha
dicho la agencia.
.
.
(Remors) Hay alguna persona que me ha dicho que lo haga en castellano,
disculpe.
Me voy a las dos lenguas, me da igual.
Pues, el tema de la
agencia, el tema de l'agència em sembla que és un tema
francament important, és una excel·lent porta d'entrada
on donarà seguretat al ciutadà i pot coordinar molt bé
aquest acció, i per les experiències que s'han fet,
doncs, sembla que pot ser una font.
.
.
i molt satisfet que la Comunitat
Valenciana aquesta visió ja ho faci.
En moltes comunitats
això no és així, malauradament.
Jo parlo en el marc
general, parlo en el marc general.

A mi em preocupa l'equilibri territorial, i
també vull coincidir en la pregunta que ha fet la persona del Partit
Popular.
Sí que hi ha un risc en aquesta llei, que és que
vulgui interpretar cadascú i puguem arribat a tindre disset models
de dependència.
Aquest és un risc que tots el veiem,
però jo crec que la llei té un principi, que és aquell
consell territorial, que esperem que allà tothom sigui suficientment
prudent de buscar el benefici global per sobre del benefici propi cap a la
comunitat.

Jo crec i vull pensar que aquest tema, igual que al
final se ha conseguido este consenso, pues, este consenso también se
puede llegar a él sin el consejo territorial.
(Remors) Esto sería.
.
.
-y
cambio ahora un poco para.
.
.
-, esto sería  satisfactorio
a mi juicio.
Creo que, además, la composición desde el primer
modelo al segundo, del consejo territorial, a mí particularmente me
satisface más.
Creo que el gran juego lo tienen las comunidades
autónomas, que son las que son competentes, y, por lo tanto, me
parece muy adecuado.

Y en este tema sí que da respeto porque, claro,
si ustedes ven el estudio, éste del Instituto Catalán del
Envejecimiento que hemos hecho, ves tal variedad de modelos en las
comunidades autónomas que da miedo que sigamos manteniendo ese
espacio.
No sería óptimo.
A mi juicio debe haber una unidad
de criterios, una unidad de acciones, una unidad de mercado.
Yo creo que es
un problema.

Respecto -y termino ya- a los equilibrios
territoriales, la cohesión.
Yo creo que la ley es una ley buena, es
decir, la ley es buena que, en cuanto al PIB, crecerá al 1%, le
hemos dicho que la media es del 1,5%.
.
.
¡Escúcheme!
, a ver,
podríamos estar flagelándonos de por qué no hemos
llegado al 1,5.
Pero, les diré una cosa, y es que en muchos momentos
hemos tenido mucho miedo de que esta ley no saliera nunca, francamente.
Y
era un tema grave.
Y hay que reconocer que en este sentido todo el mundo ha
hablado, pero el gobierno socialista ha puesto el cascabel al gato.
Y esto
hay que reconocérselo.
Los demás.
.
.
, creo que todos hemos
aportado porque todo el mundo estaba de acuerdo y nos hemos de felicitar
todos, nos hemos de felicitar todos porque nos queda mucho recorrido.

Sí decirles que seguramente tendrán
ustedes que analizar muchas más veces la ley de dependencia, porque
algunos se piensan que con la ley ha terminado el tema.
Estamos empezando,
estamos empezando.
Esto es un tema de una magnitud tan grande, con una
variabilidad tan grande, con unos porcentajes de personas que hay que
atender tan grande, y en el futuro mucho más, que no nos dará
miedo tener que cambiar y modificar artículos, prestaciones o
funciones porque es un tema de un calado y magnitud importantísimo.

Respecto al apoyo informal, nosotros seguimos pensando
que éste es un tema clave.
Hay que apoyar a la familia, pero la
garantía del servicio, de la calidad de la atención, debe
estar en manos de profesionales.
Cuando yo hablaba de la evaluación,
hablaba fundamentalmente de enfermería y de médicos, y,
después, con la colaboración de asistentes sociales.
Y,
¿por qué hablaba de médicos y enfermería?
Porque, a ver, hay una parte que es diagnosis clínica, que los
únicos que están facultados para ello son los médicos.
Y este sistema que yo les he planteado, fundamentalmente en médicos
y enfermerías, con la colaboración de asistentes sociales
porque hay toda una parte de limitaciones de tipo estructural,
económico, social y afectivo que lo conoce más, por
proximidad, el asistente social del barrio o de la zona, ese modelo que le
estoy planteando es exactamente quien está valorando en Alemania el
nivel de dependencia.
Y lo que sí que parece evidente es que el
modelo alemán ha sido el elemento de referencia en la nueva ley de
dependencia, con matices, pero ha sido uno de los elementos claves.
Y
cuando hablamos de médicos y enfermerías es que nos parece
que hay una parte que han de hacerla ellos.

También coincidimos con la organización
que ha hecho el proyecto de baremo de valoración, aunque es un decir
que, después, políticamente, la decisión sea que sea
otro tipo de profesionales.
Pero, me parece que esta garantía de los
tres -y en este orden- para cada una de sus actuaciones, es la
que dará mejor garantía de valoración.

La senyora presidenta:

Muchas gracias.

Esta presidencia y esta comisión quiere
agradecer a don Albert Vergés Millet y a Edad y Vida, del Instituto
para la Mejora, Promoción e Innovación de la Calidad de Vida
de las Personas Mayores, su presencia en el día de hoy en esta
comisión y la importante colaboración que ha realizado con
esta comisión.
Como prueba de ello, hemos extendido este documento
del que hacemos entrega.

Muchas gracias.

El senyor Vergés Millet, director general
d'Edad y Vida:

Muchas gracias.

La senyora presidenta:

Señorías, suspendemos unos segundos la
comisión ya que tenemos al próximo compareciente con nosotros
un ratito esperando.
Mientras, despedimos al señor Vergés.

(Se suspén la reunió a les 12 hores i 55
minuts)

(Es reprén la reunió a les 13 hores i 5
minuts)

Compareixença del president de Lenci Consulting,
senyor  José Ramón Caso García

La senyora presidenta:

(Inoïble) .
.
.
representante de Lenci Consulting, al que damos (remors) .
.
.
,
¿presidente?
-perdón-, presidente de Lenci
Consulting, a quien damos la bienvenida y cuando quiera puede comenzar.

El senyor Caso García, president de Lenci
Consulting:

Muchas gracias,
señora presidenta.

Muchas gracias a todos los miembros de esta
comisión que están presentes.
Para aclarar un poquito
qué hago yo aquí, probablemente en mi experiencia pasada.
.
.
,
yo en el año 1980 fui director general de Acción Social, en
el Ministerio de Sanidad, cuando todavía no estaban en marcha las
comunidades autónomas.
Y, por tanto, en ese momento, iniciamos el
proceso de reparto competencial, cuando se aprobaron los dos primeros
estatutos, el de Sau y el de Guernica, y curiosamente por aquí
empezó el proceso de descentralización en nuestro
país, precisamente por los servicios sociales.
Fueron las primeras
competencias del Estado que se pasaron a las comunidades autónomas.

Luego, recientemente, cuando se creó una
comisión en el Ministerio de Trabajo, comisión de expertos,
me pidieron formar parte y en esa tesitura estuve trabajando.
Y, por lo
tanto, ya me he reenganchado, digamos, a estos problemas desde la vertiente
sobre todo que se me pidió que trabajara en aquella comisión
del análisis de las experiencias internacionales.

Yo creo que teniendo ya, como tenemos, un proyecto de
ley que ya ha pasado por el Congreso y que ya lo tenemos en el Senado,
tampoco tiene mucho sentido que les haga muchas elucubraciones
teóricas sobre qué hubiera sido más o menos deseable y
qué otros modelos se hubieran podido tomar en cuenta en alguna otra
medida.
Simplemente si haré algunas referencias internacionales
será para señalar tal y como está ahora actualmente el
proyecto de ley, que en definitiva va a ser muy corresponsable, entre otras
cosas porque tiene la competencia las comunidades autónomas de
desarrollar esta ley y de hacer un montón de trabajos
complementarios, todo lo que son los equipos de valoración, todo lo
que son los sistemas de evaluación, etcétera,
etcétera, más los reconocimientos de los derechos, más
la creación de las redes asistenciales públicas,
etcétera, etcétera.
Entonces, van a tener ustedes una carga
de trabajo muy notable en desarrollo de esta ley básica, por
así decirlo, y en la implementación de la ley.
Entonces,
probablemente, en ese sentido, pueda hacer referencia a algunos otros
modelos que dentro de la ley creo yo que se pueden tomar en
consideración para determinados aspectos concretos.

Por supuesto, la primera valoración que hay que
hacer, y yo creo que todos compartimos, es por lo menos en el ámbito
de las fuerzas presentes en este parlamento, que todos están
satisfechos, puesto que sus grupos en el parlamento nacional han respaldado
esta ley.
Como ustedes saben no así algunos grupos parlamentarios en
el Congreso de los Diputados, como son algunas minorías
nacionalistas relevantes, como son Convergencia y Unión y el PNV.
Y
este es un primer aspecto que yo les quiero llamar la atención sobre
el asunto, que previsiblemente, y salvo que las cosas cambien muy
notablemente en el Senado, hay una clara intención en estos dos
grupos de plantear un recurso de inconstitucionalidad contra la ley por la
materia competencial.
No quiero decir, porque no tengo analizado
jurídicamente el aspecto con la suficiente intensidad como para
decir qué porcentaje de probabilidades hay de que el Constitucional
en un período equis aceptara alguno de estos argumentos.
Pero en el
supuesto de que lo aceptara tendríamos un problema dentro de un
año, año y medio o dos años.

Si uno analiza el espíritu con el que van, por
ser competencia exclusiva, esos grupos parlamentarios relevantes, es claro
que van a un concepto de que, dado el modelo de financiación y la
conceptuación teórica que se ha hecho del derecho en la ley,
invadiría competencias exclusivas de las comunidades
autónomas y entonces sí que iríamos, si el
Constitucional les diera la razón, teóricamente, a un modelo
de 17 sistemas de dependencia, claramente, si el escrito de sus alegaciones
al Congreso de los Diputados fuera aceptado por el tribunal Constitucional.
La única alternativa para que no fuéramos a ese sistema
sería algo, que algunos otros grupos parlamentarios han defendido y
que no se ha tomado finalmente en cuenta y no ha sido aceptado, pero que
sería a lo mejor una posición de repliegue, que sería
conceptuar el sistema de atención a la dependencia como una
prestación de la Seguridad Social, que eso sí nos
podría llevar a una homogeneización del sistema.
Como esto
está pendiente de lo que en su momento decidan los grupos, si
finalmente plantean el recurso de inconstitucionalidad y si finalmente el
Tribunal Constitucional lo aprueba, pues esa es una inquietud que yo les
digo que ahí queda sobre la mesa.

¿Qué sentido y relevancia tiene para
mí esta percepción que les hago?
Pues que, tal y como
está conceptuada ahora mismo la ley, se deja, con comillas, a la
cooperación y a la lealtad entre instituciones el que vayamos a un
sistema más o menos armónico de dependencia.
A mí
siempre me ha preocupado desde el inicio, dado nuestro reparto competencial
y que hayamos puesto en marcha un sistema, un reconocimiento, un derecho
universal subjetivo tan tarde, es culpa de todos los que hemos tenido algo
que hacer en el mundo político en estos años, desde el
año 1975 o desde el año 1977 en que tenemos una
Constitución.
Un problema es que el sistema casi connaturalmente,
salvo que esté incorporado a la Seguridad Social, conlleva a
diferencias entre sistemas por las comunidades.

El problema fundamental que yo percibo, y no he visto
en el debate todavía o por lo menos no me ha llegado ningún
eco en el debate, fácilmente podemos ir a un país en que se
practique el turismo dependiente.
Esto es el residenciar a los dependientes
en las comunidades autónomas en función de su grado de
garantías de los niveles de asistencia a los sistemas de
dependientes.

Tenemos ya fenómenos de turismo sanitario,
escasos todavía, pero empiezan a ser crecientes, con inmigrantes
desde terceros países, que conllevan un coste, pero como es un
sistema nacional, pues es un problema que sustenta y atiende a él el
estado en su conjunto.
Empezamos a tener turismo farmacéutico
procedente de otros países de la Unión Europea.
Si vamos a
uno de los muy diferenciados en el nivel de prestaciones que tengamos y con
el nivel 1, 2 y 3, sobre todo el nivel 3 de que las comunidades
autónomas puedan libremente complementar los niveles de prestaciones
que den en su sistema de dependencia, si vamos a un sistema muy
desequilibrado de niveles de prestaciones de dependencia entre los diversas
comunidades autónomas es relativamente sencillo.
No les digo
más que piensen ustedes, supongan que ustedes desarrollan en la
Comunidad Valenciana un sistema muy rápido, muy ágil y muy
importante y muy potente de prestaciones en el nivel 3, complementarias a
libre voluntad de la comunidad autónoma con cargo a sus
presupuestos, y no lo hace semejantemente, digamos, Murcia o no lo hace
semejantemente Cataluña o no lo hace semejante Castilla-La Mancha.
Es muy sencillo en España cambiarse de residencia.
Y por tanto pasar
a la comunidad que está a 20 kilómetros o a 30
kilómetros a residenciarse en ella para tener acceso y tener derecho
a ese catálogo de prestaciones, una vez que se haya cambiado la
residencia.

Entonces es un problema del que no he visto hablar
todavía, lo manifesté en el seno de la comisión.
Pero
yo creo que o vamos a una mayor conciencia en el consejo interterritorial,
que se va a producir, de que tenemos que ir desarrollando, con
independencia del nivel de renta relativa de las diferentes comunidades
autónomas un sistema armónico o va a haber problemas.
Tengan
en cuenta que el mayor contingente de personas beneficiarias de esta ley
van a ser mayores de 65 años y la inmensa mayoría mayores de
80 años.
Probablemente muchos de ellos, la gran mayoría,
viven solos y por tanto con una enorme facilidad para cambiar de residencia
y acogerse a un sistema de dependencia donde le den mejores prestaciones.
Entonces, ese es un problema, que yo les invito a que reflexionen, que
probablemente se produzca.

Segundo problema, que tal y como está concebida
la ley, y vista la experiencia internacional, me temo que va a caer sobre
sus espaldas, es decir, sobre las espaldas de las diecisiete comunidades
autónomas.
Supongamos que finalmente el trámite del Senado se
aprueba, tal y como viene la ley concebida, entra en vigor el 1 de enero de
2007 y se aplica el calendario de aplicación de la ley que tiene
prevista, que es que se atenderá a la gran dependencia en el
año 2007, a la dependencia moderada o severa desde 2008 hasta 2011 y
la dependencia moderada desde 2011 hasta 2015.
Pero no se dice que se vayan
a evaluar y reconocer los derechos en años consecutivos.
El 2007 se
van a presentar en las oficinas de evaluación equis números
de dependientes de gran dependencia, de dependencia moderada y de
dependencia severa.
Supongamos que lo reconocen en tal y se les va a
expedir un certificado diciendo que tienen derecho a una prestación
que se les prestará en el año 2012 o en 2013 o en 2014 o en
2015, a personas de 75 años, de 80 años, de 85 años.

Va a ser complicado explicar eso a los ciudadanos que
no cuenta, porque eso de un calendario que está en la
disposición adicional de la ley no creo que se lo haya leído
mucha gente y mucho menos las personas dependientes que creen que el
año que viene, a partir de enero o febrero se van a ir a un sitio,
que se va a habilitar para que le reconozcan su derecho y a
continuación van a poder disfrutar de él.

Ese va a ser un problema de aplicación de la
ley que, insisto, va a recaer sobre las espaldas, primero, de los que
tengan que dar la cara, las personas que abran esas oficinas y que den la
cara ante el usuario; dos, y en escalado correspondiente, los gobiernos de
las comunidades autónomas respectivas y, tercero, los parlamentos
correspondientes, que se van a ver inundados de quejas y de reclamaciones
porque tienen un derecho, porque tienen unas insatisfacciones, porque
tienen un derecho subjetivo y alguien les ha dicho con una letra
pequeña que pasen el 2013 a hablar con alguien para que le manden la
asistencia a domicilio.

Yo creo que esto va a necesitar un gran esfuerzo de
explicación pública, un gran esfuerzo de explicación
pública y un problema.
Y además es que lo que creo es que se
ha producido una avalancha de demandas de reconocimientos de evaluaciones.
Si tomamos como precedente el caso de Francia, en el año 2002 se
puso en marcha la APA, la Allocation
Personaliseé d'Autonomie, y en seis
meses se les cayó el sistema, porque tenían unos
cálculos de destinación de cuántas personas.
.
.
Teniendo en cuenta que en Francia ya hay, ya había en el año
2002, 600.
000 personas en residencias, que por tanto no iban a pedir esa allocation o ese derecho, ese
reconocimiento de derecho, porque ya tenían unas prestaciones.

Entonces, se tenía una estimación de que
el primer año se iban a presentar 200.
000 o 300.
000 solicitudes de
reconocimiento y se presentaron 600.
000.
Y al año siguiente ya
llegaban a 800.
000 y financieramente el sistema no soportaba.
Y hubo que
recurrir a modificaciones legislativas e incluso al día este de la
solidaridad, un día trabajado para contribuir al fondo nacional.
Entonces, son problemas que van a venir.

Yo no me atrevo a decir, teniendo en cuenta que
estamos hablando de que un millón de personas en teoría van a
tener derecho a ser reconocidos y evaluados y que se le reconozca su
derecho.
Pero sabemos que hay otro millón, millón y medio,
por lo menos, de personas de dependencia leve que ahora no saben que son
dependientes leves y que van a querer también que se les reconozca
aunque les van a decir que, visto su nivel de dependencia leve, no tienen
derecho a prestación ninguna.
Pero eso va a suponer,
previsiblemente, que cerca de medio millón de personas en toda
España, simplemente por extrapolación de los franceses, se
van a presentar ante las agencias de evaluación en el año
2007 a pedir ser evaluados.
Insisto que solo en 2007 solo los grandes
dependientes van a tener derecho a reconocérsele una
prestación.
Entonces, eso va a tener problemas.
Y estoy
 hablando de cosas muy prácticas para que tengan en cuenta
cómo afrontar esos problemas en los próximos meses que se les
va  a venir encima.

Ya por entrar en otros temas de la ley, la ley
reconoce.
.
.
E insisto que el cuerpo general de la ley me parece
fantástico y me parece una decisión relevante y me parece una
decisión muy relevante el compromiso financiero que adquiere la
administración general del Estado, era tiempo de hacerlo.
Pero por
no felicitarnos todos, que eso está muy bien, hagamos un poquito de
hincapié en los problemas que podemos tener por delante.

Hay una conceptuación de las prestaciones
económicas restrictiva.
Bueno, a veces cuando se hace una cosa
provisionalmente se queda para siempre, cuando se dice que la
prestación económica se da en la medida en que no haya una
prestación en centro o en servicio, en especie, todavía en el
sistema que cree la comunidad, se podrá conceptuar.

Yo no tengo muy claro que ni siquiera desde el punto
de vista financiero sea una decisión acertada, pero es la que hay.
Como luego esto habrá que desarrollarlo, no queda muy claro tampoco
en la ley, y digo que como esas cosas, las asignaturas opcionales que a lo
mejor las comunidades autónomas pueden regular de otra manera, da la
sensación de que el cuerpo legal y el tema de financiación y
las prestaciones en especie están clarísimas para el nivel
mínimo obligatorio que va a financiar la administración
general del Estado, la administración central, y previsiblemente
para el nivel dos, que va a financiar compartidamente la
administración central con la administración
autonómica.
No queda claro qué es lo que podría pasar
en el nivel 3, en la mejora que pueda hacer la comunidad autónoma.

Y me explico, porque hay un ejemplo que a mí me
llama mucho la atención si combinamos el tema derecho a la
dependencia con este tema muy relevante desde el comienzo de todo el debate
y de las resoluciones de la Unión Europea, del Consejo de Europa,
sobre el máximo respeto a la autonomía personal y a la
libertad de elección del individuo.

Y les vuelvo a decir: tengan presente que,
probablemente, más del 80% de los beneficiarios de esta ley van a
ser personas mayores y muy mayores, con una preferencia clara por
permanecer en el domicilio, con una preferencia clara por decidir
quién les ayuda, etcétera, etcétera; con muchos
recelos, con muchos miedos, mucha microeconomía, mucha
microsociología de las personas a las que va destinado esto.

Hay un caso palmario que es el alemán.
En el
alemán se puso como tipo de prestación la prestación
en especie, y con el mismo escalado, etcétera, etcétera, en
función de las dependencias, pero se abrió una opción
que es que si el beneficiario, el dependiente quería la
prestación en metálico, podía elegirlo
voluntariamente.
Y la prestación económica era el 50% de la
prestación en especie.
Uno dirá: «Pues con ese pago,
pocos».
El 50% de los alemanes quiere la prestación en
metálico, siendo la mitad.
Y la explicación que se ha hecho
con estudios sociológicos es que, no los que se internan en
residencias, los que necesitan de ayuda domiciliaria de la naturaleza que
sea, quieren decidir quién entra en su casa; quieren decidir
qué persona les viene a ayudar, a preparar la comida o limpiar su
casa y no que se la manden desde un servicio municipal o desde un servicio
autonómico.

No se ha contemplado en la ley, puesto que se
considera como un carácter muy excepcional o muy transitorio
mientras no se desarrolla la ley de servicios.
Bueno, como esto de las
transitoriedades a lo mejor ayuda a que en el futuro lo pensemos de otra
manera.
Pero claro, es que ahora teóricamente, a uno que le
reconozcan la prestación, como no hay un escalado diferencial,
será al cien por cien, mientras no haya una red de servicios.
No lo
sé si es la buena solución; yo dejo la inquietud ahí
encima de la mesa.

Otro asunto que me preocupa en el texto actual de la
ley y probablemente se pueda completar, es el tema de los cuidadores
informales.
Yo puedo estar de acuerdo con muchas voces, una la de mi buen
amigo que me ha precedido en el uso de la palabra, sobre la necesidad de
profesionalizar al máximo los servicios.
No tengo tan claro que ni
en los países más evolucionados y con más
tradición en desarrollar los servicios esto haya producido una
desaparición dramática de los cuidadores informales, sino en
países muy desarrollados con una incorporación enorme de la
mujer al trabajo, subsiste, y en gran medida, el número de los
cuidadores informales.

Está muy bien hablar de la
profesionalización.
Me cuesta mucho creer que ni en los ocho
años de implantación de la ley, vayan a desaparecer
sustancialmente los cuidadores informales.
Unido a la razón que
antes explicaba, porque muchas personas dependientes, en la medida que
puedan, van a preferir que les sigan atendiendo cuidadores informales de su
familia.

Yo creo que el tratamiento que se da en la ley no me
parece que se haya acabado de perfilar.
Se habla de que -por
así decirlo- imperativamente tendrán que afiliarse a la
Seguridad Social, pero no se regula, como en otros países, con
descuentos muy relevantes en el tipo de la cotización, incluso hasta
la asunción por el Estado en su totalidad de la cotización,
en función de los niveles económicos que tengan los
cuidadores informales o incluso, que puedan adecuarse o asimilarse a la
baja por maternidad en determinados casos o por paternidad, en determinados
casos.

Yo creo que no sé si quedará terreno de
mejora para la reglamentación que puedan hacer en su caso las
comunidades autónomas.

Un tema que me parece muy claro para desarrollar por
las comunidades autónomas es que todo el sistema de
evaluación, de garantía de calidad de los sistemas hay que
ponerlo en marcha.
Y aquí me parece muy relevante la
recomendación y puesta en práctica que ha hecho el Reino
Unido, que crearon, a nivel de todo el Reino Unido, una comisión
nacional de estándares de calidad.
Y yo creo que es
fácilmente replicable ese modelo a nivel de comunidad
autónoma: un organismo independiente que evalúe y garantice
la calidad de los servicios, sean públicos, sean concertados, sean
de la naturaleza que sean.
Pero eso sí, para los ciudadanos, para
los dependientes, para sus familias va a ser una reclamación.
Todos
hemos escuchado en los últimos tiempos relatos para no dormir de
determinados centros de muy baja calidad, que existen por nuestro
país, donde no se supervisa adecuadamente la calidad que se puede
prestar a personas dependientes.
Y por tanto, yo creo que esa va a ser una
exigencia clara de la ley.

En cuanto a si se debe desarrollar con mayor o menor
intensidad la red de servicios públicos o la red de servicios
concertados, pues cada comunidad -me imagino- tendrá su
preferencia política y hará lo que pueda.
Yo es que
simplemente me guío, y sin manifestar mi preferencia teórica,
simplemente si me guío por la experiencia de lo que ha pasado en
algunos de nuestros países más tradicionales
-digamos- en el desarrollo de servicios sociales, como es el
caso de Suecia, muy pegados además a los ayuntamientos
-servicios municipales-, Suecia hace 20 años creó
una red magnífica de servicios sociales públicos
-absolutamente todos- bajo gobierno socialdemócrata, ha
evolucionado hasta que hace un año el 50% ya son servicios
concertados, privados concertados.

Me imagino que han decidido que por razones de
eficacia les ha traído más cuenta evolucionar hacia ese tipo
de modelo.
Pero bueno, aquí sí cada comunidad autónoma
tendrá un amplio margen de discrecionalidad para fijar sus
prioridades.

Y luego existe el tema del copago.
Ya he escuchado
algunas consideraciones del interviniente anterior y probablemente no tengo
mucho más que decir al respecto.
Sí me preocupa que tal y
como está concebido el sistema y con la cifras de magnitud
financieras que se han presentado por el Gobierno para el desarrollo de la
ley, es muy previsible que, empezando ya por el año que viene, para
2007, en función de los recursos que se disponen, vamos a hablar de
grandes dependientes; una vez que se decida cómo se va a repartir
esa masa económica y en función de los convenios que se hagan
con las comunidades autónomas va a haber grandes dependientes a los
que se les va a llegar y se les va a decir: «De acuerdo, usted tiene
derecho a este tipo de prestación, a este tipo de asistencia, que se
lo va a prestar tal instituto de su ayuntamiento y usted paga el
80%».
Mi impresión es que en ese caso, muchas personas, si
pueden pagar el 80% van a elegir pagarse el cien por cien y salirse del
sistema, para no tener que someterse a las obligaciones que les va imponer
entrar en el sistema.

Y yo creo que tiene mucho sentido que se busque una
fórmula de copago en función de la renta, del patrimonio,
etcétera, que tengan las personas.
Tiene mucho sentido que esto se
haga sobretodo para dependencias moderadas.
No tengo ninguna claridad
conceptual, ni tengo nada claro que sea la línea marcada por la
Unión Europea que un gran dependiente -digamos un enfermo de
alzhéimer avanzado- con un tratamiento y unos requisitos
financieros brutales, se le pueda pedir a ningún ciudadano que tenga
que cotizar el 80% de la prestación de ese servicio.
Entonces, no
estamos ante.
.
.
mi impresión es que estamos.
.
.

Y segundo, dado que se habilita un sistema
jurídico de reclamación, no tengo nada claro que un ciudadano
de esa naturaleza que no reclame pueda conseguir alguna sentencia, si no de
un tribunal ordinario, sí del Tribunal Constitucional, que es
contraria esa exigencia, es desproporcionada con el reconocimiento de un
derecho universal subjetivo.

Por tanto, me cuesta mucho creer que se pueda exigir
copagos de esa naturaleza a un gran dependiente, dentro de lo que estamos
definiendo cómo son los principios fundamentales de esta ley.

¿Consecuencias prácticas?
Que me imagino
que es sobre los que tengan que aplicar esta ley, es decir, las comunidades
autónomas -y por eso vuelvo al asunto- les va a caer una
carga, primero, de evaluaciones; dos, de reclamaciones; y tercero, de
pleitos, bastante relevantes.

En la medida -insisto- que todo esto,
puesto que es una ley muy básica, vaya acompañado de una
actividad del Consejo Interterritorial, que se define que vaya viendo los
problemas que van surgiendo de la ley y los vaya intentando encauzar, mejor
para todos.

No sé si quiero decirles mucho
más.
.
.
Vamos, les podría decir más cosas, pero de
los temas más graves que he visto yo que puede plantear la
aplicación de la ley.
Una sugerencia, también, que de la
experiencia internacional les quiero hacer, por lo que sirva -que me
parece interesante- como uno de los claros problemas que hay para el
desarrollo de la ley, sobretodo en lo que se refiere a inversiones muy
fuertes.
Es decir, pensemos que centros residenciales para atención
a grandes dependientes, son costosos.
Uno de los problemas que creo que se
va a plantear es cómo acelerar la puesta en marcha de esta ley,
además teniendo en cuenta que en teoría, el año que
viene se va a reconocer a los 200.
000 -supongamos que 170.
000 nada
más, que no se presentan más- grandes dependientes y se
les va a reconocer un derecho y también una prestación en un
servicio que no existe, o económica para un servicio privado que
tampoco existe.
Supongamos eso, un centro de atención a enfermos de
Alzhéimer en grado avanzado, que no existen en España.

Hay una fórmula que está poniendo en
marcha -y éste sí creo que es clarísimo que es
fácil que lo pudieran poner en marcha las comunidades
autónomas- algunos estados federados del Canadá que es,
por así decirlo, inversiones del tipo de las autopistas de peaje.
La
comunidad autónoma, en este caso el estado federado equis de
Canadá, concierta con una institución privada que cree un
centro y les contrata por equis años determinado número de
plazas a un coste de plaza determinada en anticipado, con lo cual, le
facilita la financiación o le da acceso a los canales financieros
para que se acelera el despliegue de esa red asistencial.
Es una
fórmula como otra cualquiera, lo que es claro es que eso evita
cargar sobre los presupuestos concretos, año a año, de la
comunidad autónoma y puede repartir ese coste financiero en 15
ó 20 años, en función de las reservas de plazas de
haga.
Cada comunidad decidirá, pero es una fórmula financiera
distinta de esto que se está hablando de las hipotecas inversas, que
eso tiene que ver con la financiación individual, pero sí con
la posibilidad de financiación de las comunidades autónomas
de acelerar el despliegue de esa red de servicios -en este caso
serían concertadas claramente- que va a tardarse en desplegar.

Y yo creo que estas serían las aportaciones que
más interés me parece que les puedo hacer, porque
además como he releído algunas de las comparecencias que han
tenido ustedes por anticipado, sé que las han tratado de todo.
.
.
y no quiero reiterar argumentos que ya les han puesto sobre la mesa.
Probablemente, lo más interesante es que conteste a algunas
preguntas que me quieran hacer y, por anticipado les digo que me pueden
hablar en la lengua que deseen; les entenderé pero no podré
contestar en la misma lengua, pero sí les puedo entender.

Muchas gracias.

La senyora presidenta:

Muchas gracias, señor Caso.

Pues en representación del Grupo Parlamentario
Esquerra Unida: L'Entesa, tiene la palabra el señor Cardona.

El senyor Cardona i Pla:

Gràcies per la seua compareixença i per
les seues informacions i també gràcies per la
deferència d'entendre'ns en la nostra llengua.
Vosté, evidentment, pot contestar en la que considere més
convenient; també l'entendrem perfectament.

Vosté ha fet una intervenció, ha fixat
certs problemes de la llei de dependència, certs problemes
polítics inclús, és a dir, aspectes que no estan del
tot clars i que poden provocar algun tipus de problema.

La veritat, no tots els teníem detectats ni
estàvem sobre la pista, i me pareix interessant la seua
aportació.
Em preocupa concretament un molt específic, i
és el que ha comentat que a vore si l'establiment d'un
copagament pot ser contradictori amb el dret subjectiu de ser atés
precisament perquè una persona té un grau de
dependència en este moment, l'any que ve, gran dependent,
però més endavant d'un altre tipus de
dependència.

A vore, és que a nosaltres ens preocupa
especialment -i en la intervenció d'abans també
ho hem comentat-, a vore si el copagament es transforma al final en
una mesura de discriminació i de diferenciació entre unes
persones que poden pagar més i unes que poden pagar menys,
però vosté ens planteja ara ací clarament que el
copagament pot ser un instrument o una cosa que pot traure del sistema
determinades persones.
¿Es pot donar el cas que una persona haja de
pagar el 80% de la seua atenció?
És a dir, això no ho
cobrix la llei suficientment?
És una qüestió que em
preocupa.

Una qüestió que vosté no ha tractat
però que, probablement, està lligada amb tot el que ha
comentat: ¿detecta problemes de sostenibilitat en el
finançament del sistema de la dependència?
És a dir,
acudir al 80% del copagament ¿vol dir que no n'hi ha
suficients recursos determinats de tipus públic o, inclús, de
tipus privat, però que procedisquen d'una assegurança
de dependència, etcètera?
És a dir, en eixe 1% en
què pareix que s'arribe, pot ser que el sistema no tinga
suficient per a atendre les persones que realment cauen dins del sistema
-cauen objectivament dins del sistema- de dret objectiu?
És un tema que em sembla important.

Una qüestió que se desprén un poc
d'alguna referència que vosté ha fet del paper dels
ajuntaments o dels municipis, que em dóna la sensació que en
la llei queda molt desdibuixat o, inclús, desaparegut, també
crec que ha de vore amb el tema del finançament municipal en el
nostre estat, a on els ajuntaments realment estan molt ofegats
econòmicament i no poden, a vegades, arribar a tindre serveis de
proximitat que la veritat no sembla -a vore- que siguen aliens
o estranys al que un municipi hauria d'atendre.
U, de vegades, es
planteja que en tot poble hauria d'haver a la millor un centre de dia
d'atenció a gent gran o hauria d'haver alguns serveis de
proximitat que no existixen.
N'hi ha alguna previsió
més elevada en la llei que els municipis pogueren entrar en
això?
Se'ls deixa desdibuixats?
No pareix que vagen a tindre
cap tipus de competència?
Les comunitats autònomes poden
establir alguna manera en què els municipis intervinguen en eixe
sistema?

A mi el tema dels cuidadors informals és un
tema que em preocupa perquè els cuidadors informals crec que han
sigut l'espina dorsal de l'atenció a la
dependència.
Vosté ha comentat que, inclús, en els
llocs on existix una atenció a la dependència gran, els
cuidadors informals continuen sent realment importants.

Jo crec que més que prestació
econòmica, que sí que estic d'acord amb el que ha
comentat el ponent anterior d'ineficiència, jo crec que els
cuidadors informals el que necessiten són multitud de serveis al
voltant que permeten que no assumisquen càrregues insuportables.
Em
referisc, des que el cuidador informal no és el responsable de
determinar aspectes mèdics de l'atenció a la persona
dependent; el cuidador informal ha de tindre possibilitats de tindre vida
pròpia; el cuidador informal ha de tindre possiblement un tipus
d'atenció, inclús formativa, important, crec que ha
d'anar més per ahí que no per un pagament
econòmic.
Ara, també dic una qüestió, i és
que els serveis suport han de ser potents, han de ser potents i han de
permetre a una persona.
.
.

La senyora presidenta:

Señor Cardona.
.
.

El senyor Cardona i Pla:

.
.
.
admetre voluntàriament perquè els
que continuen sent cuidadors informals és un aspecte voluntari, cosa
que me pareix important també.
És a dir, ara en este moment
n'hi ha molt de cuidador informal obligat.
El cuidador informal
voluntari és important, però cal cuidar-lo.

Bé, eixos temes en principi.
Sé que
n'hi hauria molts temes que a vosté li interessaria comentar,
però crec que no podrà tampoc contestar-los a tots.

La senyora presidenta:

Muchas gracias, señor Cardona.

En representación del Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra la señora Espí.

La senyora Espí de Navas:

Bueno, agradecer a don José Ramón Caso
García su comparecencia y, desde luego, deja algunos elementos que
yo creo que sí que han preocupado, no solo después del
proceso de aprobación de la ley, sino el largo proceso de debate de
la misma a pesar del corto espacio de  tiempo en que ha sido aprobada.

Yo creo que hay elementos que desde luego
coincidiría con usted en que creo que el éxito de la ley
depende de la corresponsabilidad, fundamentalmente de las comunidades
autónomas y del principio de lealtad institucional.
Y de ese
comité interterritorial o consejo interterritorial que, finalmente,
los ayuntamientos van a tener participación, de él va a
depender ese éxito de la puesta en marcha de la ley.

Y, por tanto, como instrumento único porque,
además, tenemos la capacidad competencial, las comunidades
autónomas, para desarrollar esta ley, y ha sido la única
fórmula posible para tener el texto legislativo que tenemos encima
de la mesa, pues es en lo que confío.
Y espero que después de
haber tenido una ley mayoritariamente votada, independientemente de las
impugnaciones o de los proyectos de enmienda a la totalidad de estos grupos
políticos que usted ha planteado, la mayoría amplia
parlamentaria y espero que las negociaciones parlamentarias previas,
posteriores, no nos lleven a una situación de una impugnación
ante el Tribunal Constitucional.
Eso ya depende más de la esperanza
que de la posibilidad.
Pero, en cualquier caso,  pienso que
está bastante amarrado el tema y que tenemos un sistema nacional de
atención a la dependencia.
.
.
, no nacional, un sistema de
atención a la autonomía y a la.
.
.
-lo de nacional ya
sabemos todos por qué ha sido.

En cualquier caso, sí que hay algunos elementos
que ha planteado que, al menos, me gustaría matizar.
Empezaré
por el copago.
En el tema del copago no coincido plenamente con la
valoración.
Yo creo que sí que hay que ser muy
didácticos.
Primero le haré una pregunta desde su
experiencia, como experto en materia europea: ¿algún
país europeo no tiene copago en el sistema nacional de dependencias?
Todos tienen -creo, y si no, me contradice- diversas formas de
pago: unos a través -alemanes- de la Seguridad Social,
otros desde otra fórmula.
.
.
Por tanto, a través de la
Seguridad Social ha tenido un período de implantación de la
ley, pero ¿algún país no tiene un sistema de copago
vinculado a la ley?

Tal y como plantea esta ley, como un sistema,
lógicamente, como derecho subjetivo, basándonos en la
realidad actual, pues las clases medias de este país hoy en
día no solo han contado.
.
.
Lo digo por lo que usted planteaba de que
si tienen que financiar un 80%, por ejemplo, para ir a una residencia
privada o una residencia pública o tener derecho por el sistema,
pues optan por la privada.
Pues, a lo mejor ahí lo pueden hacer
porque tienen la ley, pero, en cualquier caso, optarán por tener su
reconocimiento de dependencia porque no sé si somos conscientes de
la situación actual.
Hoy en día una persona de clase media,
en este país, no tiene derecho, y con su renta más la de los
hijos tiene hoy la posibilidad de ir a una plaza de residencia, si es que
la tiene en su comunidad, la de ellos más la de los hijos.
Es decir,
la ley abre una posibilidad con el copago de que las personas tengan, como
mínimo, posibilidad de acceder al tema.

En cualquier caso, uno de mis esfuerzos fundamentales,
des del punto de vista de responsable pública, es explicar la parte
del 2007 al 2015 para que nadie se lleve a engaño.
Desde el punto de
vista de ser oposición en esta comunidad, explicar mucho el
contenido de la ley.
Yo creo que nuestra responsabilidad pública ya
como institución será estar muy preparados para que, desde
luego, expliquemos a la ciudadanía, a la comunidad, los plazos que
marca la propia ley y estemos preparados para que el día 1 de enero
estén funcionando bien las agencias de valoración y podamos,
sobre todo, atender en el 2007 toda la valoración que nos llegue,
que va a ser harto complicado, pero, aparte, que podamos dar respuesta a la
gran dependencia que es fundamental.

En cuanto a la competencia entre comunidades, estamos
hablando de personas dependientes.
¿Usted cree de verdad que una
persona con una gran dependencia se va a ir a otra comunidad a reclamar los
servicios?
Si no se lleva a la familia detrás, difícil.
Yo
creo que hay cosas que hemos de desdramatizar nosotros mismos porque
realmente le hacemos un perverso favor a la ley.
Una persona con una
situación de gran dependencia, porque vaya a tener más
cobertura.
.
.
, lo inmediato, difícil, porque lo que hemos analizado a
la hora de hacer la ley de la situación general de las comunidades
autónomas es que estamos todos muy por debajo de la cartera de
servicios y de prestaciones que marca la propia ley.
Necesitaremos poner la
cartera de servicios que marca la ley en todas las comunidades, o sea,
todos se irían a Navarra o Euskadi, todos, y aún tardaremos
el resto de comunidades unos cuantos años en ponernos a lo que marca
la ley como derechos de todos los ciudadanos.
Por tanto, tardaríamos
un poquito.
Yo creo que esos riesgos a corto plazo son un tanto lejanos.

La senyora presidenta:

Señora Espí, por favor.

La senyora Espí de Navas:

El éxito -repito y lo digo porque me
parece importante-,  el éxito de la ley.
.
.
, me parece que
la virtualidad estará, insisto, en la corresponsabilidad.
Por otro
lado, única posible a todos los niveles, incluido la pervivencia
-y usted lo sabe tan bien como yo- del propio sistema de la
Seguridad Social, porque sin Pacto de Toledo no hubiera sido posible, a
pesar de ser un sistema que por él mismo tiene pervivencia.

El estado del bienestar en este país se
ensanchará o se recortará siempre que haya una voluntad
general, porque el propio marco estatutario, nuestro marco competencial
así lo dice.
Y no se podrán hacer mas políticas
generalistas sin contar con esa voluntad y corresponsabilidad entre las
comunidades autónomas.
Es impensable.
Esta ley se podrá
aplicar y podremos avanzar en la ley y no habrá desequilibrios entre
comunidades si hay esa lealtad institucional.

La senyora presidenta:

Gracias.

La senyora Espí de Navas:

Y ese es el primer paso necesario para que esta ley
funcione, desde mi punto de vista.

La senyora presidenta:

Gracias, señora Espí.

En representación del Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra la señora Linares.

La senyora Linares Rodríguez:

Gracias, señora presidenta.

José Ramón, gracias en nombre del Grupo
Popular por la magnífica exposición a la par que sincera y
muy real sobre lo que se nos viene encima a las comunidades
autónomas.
Pero, ¿cree usted que la actual ley de la
dependencia, tal y como está planteada, realmente en su articulado
va a producir esos desequilibrios entre diecisiete comunidades
autónomas -es una de las preguntas- tal y como la
tenemos actualmente aprobada en Cortes Generales?

Luego, también, le quería hablar sobre
una figura que aquí no sale mucho, no ha salido, el compañero
Ramón Cardona algo ha nombrado, y es qué papel juegan los
ayuntamientos en el desarrollo de esta ley, porque estamos hablando
continuamente de lo que se nos viene encima a las comunidades
autónomas para implementar o para desarrollar la ley de la
dependencia, pero también hay que ser realistas.

Actualmente, en esta comunidad autónoma estamos
atendiendo a la dependencia, no quizás como un derecho universal y
subjetivo, porque eso lo va a conllevar la ley.
Pero, realmente, en este
momento hay una red amplia en esta comunidad autónoma, una red que
ha crecido en los últimos años que lleva gobernando el
gobierno de Francisco Camps y que ha generado la creación de muchas
plazas.
Y a los dependientes se les está atendiendo.

Por lo tanto, también, creo que el
desdoblamiento o la implementación de este sistema va a ser
cuestión de una corresponsabilidad -como usted bien ha
dicho-, pero también una aportación, un arrimar el
hombro por parte del Estado, las comunidades autónomas y qué
papel van a jugar a los ayuntamientos como servicio de proximidad al
ciudadano.

Después, en cuanto a los cuidadores informales,
¿cree usted que es una figura necesaria para la dependencia porque
con ello evitaríamos el ingreso, a mi modo de entender, o
retrasaría los internamientos y, por lo tanto, haría que no
fueran necesarias tantas plazas residenciales para atender a esa
dependencia?
Yo creo, a nivel personal, que es una figura muy importante,
que en este modo ya existen esos cuidadores informales, las familias
atienden a los dependientes, ya sean psíquicos, físicos,
personas mayores, etcétera.

Y, luego, como le veo a usted que es un experto
conocedor en la materia de la dependencia, porque veo que tiene usted
estudios o conoce de otros países europeos, me gustaría saber
en este momento qué país europeo o del mundo -no
sé si es Canadá, es Inglaterra o es Alemania-
está a la cabeza y lleva ya años desarrollando el sistema de
la dependencia.
Y unido a ese país, ¿qué sistema
está utilizando para que la sostenibilidad de ese sistema sea real
en el tiempo?
, y no como aquí, que estamos hablando de que si el 1%,
el 1,5 del PIB, el copago, la aportación de un tercio por parte del
Estado.
.
.
Entonces, estamos un poco en función de sistemas que como
usted ha dicho, pues, en un momento dado puede hacer caer el sistema.
Me
gustaría saber si hay algún país que realmente ya nos
lleve años de delantera y, por lo tanto, qué sistema
están haciendo al respecto.

Y, por lo demás, darle muchas gracias, las
gracias por su magnífica intervención.
No tenga duda de que
el Grupo Popular, que sostiene al gobierno de esta comunidad, va a ayudar a
que esta implementación sea lo menos traumática posible.
Ya
contamos con una amplia red de servicios de proximidad, de servicios
alternativos, que son novedosos en esta comunidad, e indudablemente, pues,
esa corresponsabilidad a que usted hacía alusión creemos que
no va a ser por parte del Gobierno Valenciano el que se va a quedar en
segundo lugar.

Nada más y muchas gracias.

La senyora presidenta:

Muchas gracias, señora Linares.

Pues, para dar respuesta a los grupos, tiene la
palabra el señor Caso.

El senyor Caso García, president de Lenci
Consulting:

Gracias, señora presidenta, y gracias a los
tres intervinientes.

A ver, una conceptuación genérica, yo he
hablado de problemas, pero que todos los problemas sean así, que los
problemas sean de que muchos ciudadanos van a ver satisfechas sus
necesidades y otros muchos que todavía se van a sentir preocupados
porque les faltan tres años, porque no sé qué, porque
tienen que pagar tanto, etcétera, etcétera.
Mejor es ese tipo
de problemas que no los que hemos vivido hasta la fecha de
desatención, porque no ha habido, entre otras cosas,
financiación o una decisión política de poner en
marcha un sistema de esta naturaleza.
O sea, que eso, entiéndaseme
bien, estoy hablando de problemas, digamos, de la abundancia, de la
riqueza.

A ver, todo al final se resuelve en un problema
básico, que es qué recursos públicos queremos destinar
a esta historia, y permítanme el término coloquial.
El dato
insatisfactorio es que llevamos algunos años, afortunadamente,
pongamos.
.
.
, luego se empieza siempre la discusión de cuándo
empezó el periodo de expansión actual, si fue en el 1994 o
fue en el 1993 o 1993 y medio, da igual, llevamos el ciclo más
largo, desde luego, de la etapa democrática reciente de crecimiento
económico sostenido, estamos recuperando posiciones continuamente en
el nivel de renta per cápita respecto a la media de los
países de la Unión Europea -no a 25 sino a 15, de antes
de al ampliación-, estamos a punto de pasar en renta per
cápita a Italia y es previsible que en los próximos cuatro o
cinco años, si las cosas siguen bien, alcancemos los niveles del
Reino Unido o de Francia.

Bueno, protección social, en esta materia
concreta, nada de nada, ¡nada de nada!
Estamos en el pelotón,
hasta ahora mismo, de Grecia y de Portugal.
.
.
Grosso modo, grosso modo,
tanto en reconocimiento de derechos como en recursos públicos
destinados a esta historia.
Recursos privados, indudablemente, se dedican
muchos y no se computan bien, porque, si no, sería un
espectáculo el que habría por nuestras calles y en nuestros
pueblos.
O sea, que se toma una decisión política muy
relevante al dedicar un importante volumen de recursos públicos a
esto.

Voy por la pregunta que me hacía el
señor Cardona de la sostenibilidad.
A ver, la ventaja de cuando se
pone una cosa de estas en marcha, cada dos por tres hablaremos de crisis,
como nos hemos tirado quince años hablando de crisis del sistema de
las pensiones, como crisis del sistema de la salud, etcétera,
etcétera, para, al final, no hay quién los desmonte, haremos
lo que sea, pero el sistema tira adelante.
Pero sí es un problema
claro de prioridades.

Entonces, apuntaba antes el señor Vergés
también una cosa que es muy relevante y muy compleja de
coordinación de administraciones: en el estudio muy reciente que
hizo el Reino Unido sobre qué le estaba pasando con su sistema de
cuidados de larga duración, después de un análisis
profundísimo de una comisión real, llegó a la
conclusión de que el 75% de los gastos eran del sistema nacional de
salud inglés.
Y voy a lo que antes hablaba de las plazas de
crónicos, etcétera, etcétera.
Si alguien se toma la
molestia de hacer un análisis a fondo de qué está
pasando y qué va a pasar cuando pongamos en marcha esto, mi olfato,
¿eh?
-no he hecho ningún estudio ni nada-, es que
en teoría si esto se desarrolla bien y con agilidad, sobre todo en
la gran dependencia, debería producirse un ahorro enormemente
sustancial en el sistema nacional de salud.

¿Y qué: se transfiere de una caja de
los.
.
.
, o no?
(Veus) O
decidimos ampliar el paquete de servicios del sistema nacional de salud.
Es
una decisión política.
Pero ahora, por primera vez, si
tenemos este derecho reconocido, vamos a plantar derecho contra derecho.
Es
decir, es un problema de prioridades.
Si no había un derecho, pues,
no había esa discusión, se decidía que se incorporaba
al catálogo de servicios del sistema nacional de salud los implantes
odontológicos o no, o las operaciones de tripa o no.
Ahora vamos a
discutir, o se debería discutir, con las plazas que quedan,
¿se transfieren los fondos al sistema de dependencia?
Porque, si no,
la alternativa, indudablemente va a ser que hay que subir la presión
fiscal, bien vía contribuciones, bien vía impuestos locales,
municipales, lo que se quiera.

Es decir, si queremos mantener el tipo de
presión fiscal, si queremos mantener el tipo de estabilidad
presupuestaria a que nos obliga la Unión Europea, etcétera,
etcétera, hay que hacer elecciones.
Y ahora, al haber un derecho
reconocido, hay que empezar a hacer ese tipo de elecciones.
Por tanto,
¿sostenibilidad?
: yo creo que sí.
¿Problemas?
: para
todos los que tienen que confeccionar un presupuesto, y en este caso muy
concreto sobre todo de la administración central del Estado, las
Cortes Generales y las cortes de las comunidades autónomas,
preferencias, tienen que contraponer esta necesidad o este derecho con
otras preferencias, y ver dónde deciden meter más euros.

Por ir un poquito con orden con lo que me iban
planteando, el señor Cardona me decía, el copago,
¿puede llegar a ser el del 80% o tal.
.
.
?
A ver, afortunadamente esto
no está desarrollado reglamentariamente, pero con las cifras grandes
que se manejan para el año 2015 en boca del ministro de Trabajo, mi
estimado don Jesús Caldera, grosso modo son 10.
000 millones, 3.
500
que pone el Estado central o la administración central del Estado,
3.
500 las comunidades autónomas y tres mil y pico los particulares.

Si está previsto, en función de los
medios económicos que se determinará, un porcentaje relevante
de la población no va a poder satisfacer nada, e insisto, miremos la
estructura sociológica real de quiénes son dependientes hoy,
muchos, por desgracia, en pequeños municipios, muchos solos y
viviendo en condiciones o en los centros de las ciudades en condiciones,
diría, me atrevería a decir, de poco nivel humano para el
nivel de país que somos, por tanto, no van a poder pagar nada.

Entonces, es fácil, si hace uno un corte
sociológico y de nivel de renta de la población
española, previsiblemente por iniciativa propia o de los servicios
sociales, son los que van a acudir en masa primeros a inscribirse, y en
masa no van a tener copago ninguno.
Si uno hace el corte y compara por .
.
.
(inintel·ligible) de
la población, si no hay una previsión reglamentaria, parece
claro que con las cifras que se están manejando, el porcentaje
medio-alto de clases medias-altas van a tener que pagar del 60, 70, 80%.
Si
no, no salen las cuentas.

Me preguntaba en otros países si hay copago:
claro que hay copago.
El sistema más complejo y, digamos, más
reglamentista, como pasa siempre, es el francés, que para eso son
napoleónicos, pero hay una previsión máxima de lo que
aporta una persona de clase alta, y no supera, creo recordar, estoy
hablando de memoria, ¿eh?
, si quiere el dato, lo busco y se lo doy,
pero no supera el 50% en ningún caso.
Ya estamos hablando de otras
magnitudes.
Eso no está previsto en la ley actual, a lo mejor se
desarrolla reglamentariamente.

Vale, yo estoy diciendo el riesgo que ahora mismo
tenemos con.
.
.
(Veus) Vale,
si se determina así.
.
.
Entonces, si se determina en el 40 el
límite máximo reglamentariamente, no veo fácil que
cuadren las cuentas.
A ver.
.
.
Entonces, ¿qué es lo que estoy
viendo?
Afortunadamente, esta ley no se va a cumplir por arriba.
Es decir,
usted me habla del problema de la sostenibilidad, señor Cardona; yo
veo el problema de que las previsiones financieras no van a cuadrar con la
realidad social y que, por tanto, no sé en los presupuestos para el
2008, el 2007 ya están confeccionados, a lo mejor aguantan, porque
solo se va a reconocer la gran dependencia; el 2009 a 2010, no me cuadra el
escalado que ha previsto el gobierno.
Van a tener que dedicar más
recursos la administración central del Estado y las administraciones
autonómicas.

Y porque se va a generar inevitablemente, por eso les
decía antes, tal presión social.
.
.
Cuando tengan el conjunto
de las administraciones reconocidos el derecho a 700.
000 personas y les
digan que hasta dentro de cuatro años de lo suyo no hay nada, es
insoportable esa presión y, por tanto, en los presupuestos generales
del Estado y en los presupuestos de las comunidades autónomas van a
tener que dedicar muchas más cuantías de las que están
previstas en la ley.
Esa es mi previsión visto lo que ha pasado en
otros países.

Por intentar no dejar ninguna pregunta sin contestar.
¿Ayuntamientos desdibujados?
Sí, y creo que no había
más remedio, dado el sistema que hemos creado, el bloque
constitucional que hemos creado.
Si lo fuéramos a hacer ahora de
nuevo, probablemente lo haríamos de otra manera, pero está el
que tenemos y tendremos que evolucionar.

Tal y como está configurada, con las apreturas
que tienen los ayuntamientos, la previsión que existe de convenio,
ahí cada comunidad autónoma, con comillas, va a hacer lo que
quiera, preveo.
Va a descentralizar aportando presupuestos a los
ayuntamientos, para que se encarguen de crear la red de servicios de
proximidad.
.
.
, o no.

La lógica, y uno, con una pregunta que me
decía la señora Linares, los sistemas más antiguos de
dependencia que existen en Europa son los nórdicos, Suecia, Noruega,
Finlandia, etcétera, etcétera, llevan más de veinte
años.
Básicamente, las redes de servicios son municipales.
Pero, claro, el sistema impositivo de esos países es muy distinto,
la imposición municipal es muy fuerte en comparación a la
regional, que prácticamente no existe, por el tipo de país
que son, y la nacional, que es complementaria.

Entonces, no me parece que esté en la agenda
política que vayamos a cambiar radicalmente el sistema de estructura
financiera de nuestro país, y de financiación impositiva.
Cada comunidad decidirá.
.
.
Antes se hablaba del caso de Navarra y el
País Vasco y las diputaciones.
Ahí creo clarísimamente
que ahí funcionan en base a servicios municipales y con el concierto
con la diputación correspondiente, pues, le da los fondos, y no crea
una red autonómica propia de centros y de servicios, los crean
locales y los financian y discuten qué van a hacer, y la comunidad
se reserva, digamos, la catalogación, la cualificación,
etcétera, etcétera.

Parece un sistema más lógico, porque, a
ver, si algo yo tenía claro en el año 1980 es que los
servicios sociales, por su propia naturaleza, son servicios de proximidad.
A mí me parecía un disparate que yo tuviera que despachar
todos los días cientos de expedientes decidiendo dónde se
ponían, en qué calle de Picasent o en qué calle de
Lorca, se ponía una guardería o se ponía un centro de
la tercera edad.
.
.
¡Y yo qué sé!
Pues, lo mismo me pasa
con esta materia.
Es decir, me parece mucho más lógico que se
municipalicen al máximo las redes de prestación de servicios
locales.
Pero es, cada comunidad ahí tiene manga ancha para actuar,
tiene toda la manga ancha del mundo para actuar.
Creo que serán
más eficaces las comunidades autónomas que cuenten al
máximo con los ayuntamientos en la creación de estas redes de
servicios, y con la iniciativa privada, por aquello de la
financiación y por aquello de la movilización rápida
de los servicios.

Por tanto, yo creo que a eso sí se puede ir, a
una potenciación del papel de los ayuntamientos en la
atención a la dependencia a voluntad de las comunidades
autónomas.
Pero ahí sí que yo creo que no cabe hacer
nada en la ley, porque entonces sí que ya teníamos un
problema competencial muy serio, si se mete el parlamento en esa materia
más allá de donde están ahora las cosas.

Cuidadores informales, que también me
preguntaba el señor Cardona.
A ver, yo creo que hay un dato
fundamental que es la experiencia de otros países.
Insisto, en los
países nórdicos, en el estudio que les hablaba de la royal comission del Reino
Unido, se calculaba que un 10% de la población británica
presta cuidados informales.
El 10%, o sea, 6 millones de personas grosso
modo en el Reino Unido prestan cuidados informales, no todo el día,
algunas horas y en una sociedad, digamos, que no es la sociedad familiar
tradicional de España o de Italia, de los países del
mediterráneo.
Y en una sociedad en que la incorporación de la
mujer al trabajo tiene cuotas muy superiores a la que ya vamos alcanzando
en nuestro país.

Por tanto, lo que yo preveo es que inevitablemente van
a seguir existiendo cuidadores informales.
Y eso sí que va a ser
complicado, es más fácil crear una red de centros de
día o de residencias, que pensar en que se va a crear una red de
asistencia domiciliaria, potente y fiable para los usuarios.
Pensemos en la
dependencia moderada, como para que sustituyan esos cuidadores informales.
Entonces, esa realidad o la obviamos y el que quiera, que se apañe,
o le damos una solución.

Yo sí creo que hay que dar una serie de
servicios de los que también se llaman de respiro, aparte de los de
formación, fundamentales, como hay en otros países.
Que tenga
derecho a vacaciones el cuidador informal y entonces el sistema le manda,
para esos períodos, o un cuidador formal o hay centros o residencias
en donde se puede la persona dependiente, durante ese período de
respiro o de vacaciones del asistente informal, el cuidador informal, puede
ser atendido.
Es decir, la atención a que no sean, con comillas,
esclavos de la dependencia los cuidadores informales es evidente.
Pero es
que hay que dar alternativas reales.
Y existen otros países que se
pueden poner en práctica.
Yo creo que ahí vuelvo a lo mismo:
los desarrollos que hagan de las comunidades autónomas pueden ser
muy importantes, pueden ser muy importantes.

La señora Espí me hablaba de lealtad
institucional.
Estoy absolutamente de acuerdo.
En cuanto a su
apreciación de que no va a haber mucha traslación de
dependientes, lo veremos en unos años.
Pero, vamos,
¡fíjese la cosa tan diferente que es ahora!
El día que
se apruebe la ley, y usted misma lo ha señalado, puede haber un
montón de grandes dependientes, puede haber, no digo que se vaya a
producir, que no tengan en su comunidad servicios potenciales, pero se
presentan, le hacen el reconocimiento, tiene derecho a la prestación
y se muda uno a Navarra y ¡vaya si le tienen que atender!
Y,
¡si hay servicios!

Yo no tengo tan claro, ya veremos lo que pasa, que si
no hay un desarrollo armónico y se ve que todo el mundo va creciendo
y va creando rápidamente el servicio o que va a haber turismo
dependencia, por la misma razón, porque es que hay muchos, es que
estamos pensando en la familia, pero es que hay muchos que están
solos, pero muchos.
Y les da exactamente igual.
Además, encima no
tienen casa propia, aunque tengan un chamizo, razón de más.
Hay muchas personas de exclusión social.
.
.
-y que no me oiga
nadie- es que le van a recomendar los servicios sociales que se muden
de ahí.
Claro.
(Remors) Pero, en fin, por desgracia yo creo que se puede decir.

¿Cómo se combate eso?
Evidentemente, que
todas las comunidades se pongan las pilas y empiecen a desarrollar de abajo
a arriba y de gravedad a menos gravedad lo más rápidamente
posible.
O sea, que ese es un motor bueno también de que hay que
estimularse.
Yo creo que políticamente es muy poco presentable que
una comunidad se diga que cien ancianos en situación de dependencia
se han ido a la comunidad de al lado, porque ahí no se les atiende y
se les atiende en la de al lado.
Eso va a ser difícil de.
.
.
Pero,
bueno, son problemas de ajuste de la ley y de colaboración entre
instituciones que se debe poner en marcha.

Y, por último, yo no sé si me dejo
alguna cosa grave o importante por comentar.
Yo agradezco a la
señora Linares sus comentarios.
No creo que la actual ley vaya a
producir desequilibrios, digo que la ley, por sus períodos
transitorios, quizá sea por las incógnitas que todavía
deja el desarrollo reglamentario, si no hay una actitud.
.
.
, yo creo que
esta ley va a descansar.
La decide el Gobierno nacional, la hace el
parlamento nacional pero descarga sobre las comunidades.
Si las comunidades
no se aplican intensamente se van a producir desequilibrios entre
comunidades.
Punto.
Y es un problema de que tienen que tener
coordinación también como prioridad política en los
próximos ocho años en desarrollar lo más
rápidamente posible esta ley.
Es decir, ese consejo interterritorial
va a ser muy interesante.
A ver cómo funciona.
Pero, claro, luego
está la agenda de la comunidad, de sus prioridades.
Y yo creo que
afortunadamente la presión social y la presión
mediática va a ser enorme.
Y, por tanto, sí preveo que este
sistema se va a tener que desarrollar más deprisa de lo que
prevé la ley.

Y, luego, en cuanto a países en la cabeza ya he
señalado.
.
.
Lo que pasa es que es un problema muy complicado.
Trasladar el modelo nórdico a nuestro país con un sistema,
digamos, de tradición, lo que les hablaba, de tradición
local, municipalista, con financiación municipal, no creo que sea
fácilmente transplantable.
Yo creo que lo más interesante es
ver cómo han aplicado sus leyes, relativamente recientes, Alemania y
Francia, por tamaño de país -Alemania lo puso en marcha
en 1995, Francia en 2002-2003- y aprender en cabeza ajena de los
problemas que han tenido, de los aciertos que han tenido.
Todo sistema que
se ha hecho por ley general ha tenido problemas en su desarrollo inicial,
pero sí viendo, ajustando el sistema.

En resumen, ¿qué les diría?
Afortunadamente vamos a tener la ley muy pronto.
Y, afortunadamente, si
todas las comunidades trabajan como está trabajando, por lo que veo,
estas Cortes, y preocupándose durante un año en cómo
aplicar de la mejor manera el sistema y ponerlo en marcha, pues yo creo que
afortunadamente para los mayores, y a mí ya me queda poco, espero
que se desarrolle rápido.

Muchas gracias a todos ustedes por su atención.
Si les he dejado algo sin contestar.
.
.

La senyora presidenta:

Muchas gracias,
señor Caso.

Esta comisión quiere agradecerle su comparencia
hoy, esa importantísima aportación que ha hecho en esos
trabajos.
Y como prueba de ello, le entregamos este documento.

Señorías, un momentito antes de
suspender la sesión.
Todas sus señorías tienen en la
carpeta un escrito que nos ha remitido don Juan Manuel Pérez Mira,
que se excusó de asistir a esta comisión, de comparecer, y lo
ha hecho por escrito y nos lo ha enviado.

Y también que esta comisión se
reanudará el próximo 14 de noviembre, a las diez y media.
En
teoría será ya la última de las sesiones de esta
comisión.

Hasta entonces, muchas gracias.
Se suspende la
sesión

(Se suspén la reunió a les 14 hores i 8
minuts)