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Comissió d'investigació per a l'estudi del procés d'adjudicació de les places de residències d'accessibilitat per a les persones dependents, en concret als centres del grup Savia realitzada el dia 7 de novembre de 2016.
Comença la reunió a les 10 hores i 4 minuts.
Presideix el diputat senyor Juan Ignacio Subías Ruiz de Villa.
Reunió número 12.

El senyor president:

Vamos a comenzar con la sesión de hoy de la comisión de investigación del proceso de adjudicación de las plazas de residencias de accesibilidad para las personas dependientes, en concreto las del Grupo Savia.

Y, en primer lugar, señor secretario, ¿puede ver si hay quórum?

(El secretari passa llista per tal de comprovar si hi ha quòrum)

La senyora Álvaro Cerezo:

L'altre dia, en l'última comissió, la del 24 d'octubre, jo vaig al·ludir al que pensava que havia dit un compareixent.
Ho he estat revisant.
No era així, per la qual cosa demane disculpes, tal com li he dit al Grup Popular que ho revisaria i que, si no era així com jo ho havia interpretat, demanaria disculpes.

El senyor president:

Muchas gracias.

Quedará reflejado, efectivamente, sus disculpas en el acta siguiente.

Han leído ustedes.
.
.
, tienen en su poder el acta.
¿La aprueban?
¿Están conformes?
Sí.
No dicen nada, entiendo que sí.

Vamos a empezar con la primera comparecencia de hoy.

Quiero anunciarles que las comparecencias de la tarde empezarán a las cuatro y media.
No a las cuatro, como hacíamos hasta ahora, porque saben que hay una indicación de las Cortes, que las sesiones de la tarde han de empezar a las cuatro y media.
¿De acuerdo?
La razón es.
.
.
, bueno, yo creo que tienen ustedes lo mismo que recibimos nosotros, tienen ustedes el escrito que se mandó desde la Mesa de las Cortes.

Compareixença de la senyora Pilar Albert Guerola, exdirectora general d'Acció Social i Majors i exdirectora general de Dependència i Majors de la Conselleria de Benestar Social

El senyor president:

Y, en primer lugar, hoy, comparece doña Pilar Albert Guerola, a la cual le informo que comparece en una comisión de investigación a través de la que el parlamento ejercita su función de control político.

Debo indicarle, además, que la información que ofrezca a esta comisión debe de ser veraz, conminándole a que debe ajustar su declaración a esa premisa por estar penalizado el falso testimonio en el artículo 502 del Código penal.

Y, finalmente, debe saber también que la mesa de la comisión, y concretamente el presidente que le habla, garantizará el respeto a su derecho a la intimidad, al honor, al secreto profesional, a la cláusula de conciencia y a los demás derechos que la Constitución le reconoce.

Ya, previamente, he estado hablando con doña Pilar, le he explicado el funcionamiento de la comisión, y además era conocedora del mismo y, por lo tanto, comenzamos por don César Jiménez, por el Grupo Podemos-Podem.

El senyor Jiménez Doménech:

Gràcies, senyor president.

Bon dia, senyora Albert.

Gràcies per comparéixer ací.
No sé si disposa d'algun element per a prendre nota de les preguntes que li faré.
¿Sí?
I, bé, seran preguntes per a tractar de posar llum en la qüestió del model que s'ha anomenat Cotino, i comence les preguntes.

Des del seu nomenament es va autoritzar la posada en funcionament de sis residències: Savia Benicarló, Savia El Puig, Savia Paiporta, Solimar Xàtiva, Savia Campanar i Guardamar.
Encara que el termini havia finalitzat, segons el contracte, en juny de 2008.
¿Sabia vosté que quatre d'elles eren propietat de l'empresa de la família del senyor Cotino?
¿Vosté coneixia les irregularitats en la residència de Xàtiva?
¿Va participar la seua direcció general en dita autorització?

És que compareixents anteriors ens han dit que les iniciatives eixien de la direcció general, ja que és l'òrgan competent i que té la informació suficient per a detectar les necessitats, analitzar-les i fer propostes.
¿Va intervindre la seua direcció general en la redacció d'estos acords?
¿Va sorgir de la direcció general la iniciativa de l'increment de places i.
.
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mitjançant este procediment?
¿Este expedient va ser fiscalitzat de conformitat amb la intervenció delegada prèviament a la firma de l'acord?

¿Per què es va incrementar el preu d'estes places de 56 a 58 i a 60 euros per als anys 2008 i 2010, i en canvi, la resta de places d'accessibilitat se pagaven a un preu inferior, entre 48 i 54 euros/dia, per a l'any 2008?
Si els requisits i el servei prestat era el mateix, ¿per què passava açò?
¿Va informar la seua direcció general a este respecte?

Les places residencials subvencionades a través del bo residència se pagaven a un preu encara més baix.
¿Se podia explicar esta diferència?
¿Considera que les residències d'accessibilitat social tenien un tracte de favor?

I ja estic acabant.
Tenint en compte la seua dilatada experiència en la conselleria, ¿considera normal utilitzar un procediment negociat i sense publicitat en el segon terç per adjudicar 1.
856 places de residència?

En maig de 2008, Aerte comunica que les 20.
000 places que tenen en les seues residències, 4.
000 estan vacants, és a dir, el 20%.
Em sorprén que només s'incrementaren les places per a l'accessibilitat.
¿No hi havia necessitats de places en altres ciutats o comarques amb residències públiques o del sector?
Com a direcció general hauria de disposar-se d'este informe d'on n'hi havia dèficit, on faltaven places.

Per últim, ¿va sol·licitar informació?
¿quina opinió li va meréixer este procediment?
¿Va haver algun informe tècnic de la seua direcció general que avalara este tracte diferenciat?
¿Va informar vosaltres.
.
.
, vosté -perdó- a l'advocacia?

És tot.

El senyor president:

Muchas gracias, señor Jiménez.

Tiene la palabra la señora Albert.

La senyora Albert Guerola:

Hola.

Buenos días a todos.

A ver, yo lo que quiero aclarar, en primer lugar, es que a mí me nombran en septiembre de 2008 directora general de Acción Social y Mayores, pero era los programas de envejecimiento activo.
Yo no tenía competencias en el tema de los centros de mayores, de residencias.

Yo, en el ROF, me vuelven a nombrar en el 2010, en noviembre del 2010, y es entonces cuando asumo las competencias de las residencias de personas mayores.

Anterior a mí, había otra dirección general, que era de Discapacitados y Dependencia, que era la que tenía la gestión de los centros y de las residencias de personas mayores dependientes.
Yo llevaba solo los programas de envejecimiento activo.

Cuando yo asumo esa competencia en el 2010, las residencias están hechas, están.
.
.
, vamos, son los mecanismos que yo ya me encuentro en la conselleria.
No entro a valorar si son o no los correctos.
Son las plazas que hay: accesibilidad, tercer sector sin ánimo de lucro, las municipales, las prestaciones vinculadas al servicio por el tema de la dependencia, los cuidadores familiares.
Son los mecanismos que tenemos para poder atender a las personas mayores de la conselleria.
Entonces, no voy a entrar a valorar los años que yo no he estado.
.
.
, no era competencia mía el tema de las residencias, porque había otro director general en ese momento.

El senyor president:

Muchas gracias, señora Albert.

Tiene la palabra ahora el señor don David de Miguel, en nombre del Grupo Ciudadanos.

El senyor De Miguel Martínez:

Gracias, presidente.

Señora Albert, buenos días.

En base a lo que usted nos ha explicado o matizado.
.
.
, en cualquier caso, yo le pregunto: ¿cuándo tuvo información sobre la situación del expediente del contrato administrativo especial para la creación de 9.
000 plazas, es decir, el programa de accesibilidad social?
Aunque no fuera.
.
.
, o sea, durante los siete años que usted estuvo como directora general, ¿en qué momento se le informó o tuvo constancia que existía?

¿Qué problemas encontró como consecuencia de.
.
.
, o derivados de la ejecución de este contrato?
¿Se le informó en algún momento de los incumplimientos que había habido?
¿Ordenó.
.
.
(tus) -perdón- ordenó usted alguna actuación para comprobar la ejecución y supervisión de este contrato y del funcionamiento.
.
.
-en los años en los que usted fue la responsable- el funcionamiento, como digo, de estas residencias?

¿Solicitó, en algún momento en el que usted fue directora general, algún informe que analizara la situación de la Comunidad Valenciana respecto a la aplicación de la ley de dependencia y la atención de la demanda de plazas en residencias de mayores?

¿El procedimiento que se siguió fue tramitar la dependencia de los usuarios que ya estaban con plaza en la residencias?
Es decir, ¿en vez de ampliar derechos, primaron.
.
.
, el interés económico, el hacer caja?

¿Dictó instrucciones sobre la derivación de usuarios con carácter preferente a las residencias del modelo Cotino o de accesibilidad?

¿Dictó instrucciones para que se tramitaran con preferencia las solicitudes de residencia frente a las de cuidadores en el entorno familiar?

En las grabaciones de la UDEF han aparecido conversaciones en las que el señor Alario, de Savia -de la empresa que, como usted sabe, estaba participada por la familia Cotino y el señor Ortiz-, reconocía que presionaban a las direcciones territoriales para que les llenaran sus residencias.
Durante la época en la que usted fue directora general, ¿algún funcionario o alguien de la conselleria le informó a usted de estas visitas para hacer presión por parte de las empresas?
Porque, según se desprende de las conversaciones, estas grabadas, había una persona asignada que acudía diariamente para reclamar plazas en las direcciones territoriales.
¿Mantuvieron o mantenían reuniones también con usted, o alguna persona de su dirección general, el señor Alario o el señor Ortiz o algún representante de las residencias de accesibilidad social?

Y dado que usted era directora general cuando se produjeron estas grabaciones en 2009, y luego cuando se publicaron en 2014, ¿sintió vergüenza por este escándalo?
¿Qué es lo que sintió al ver lo que había pasado en un área, que al fin y al cabo era de su incumbencia por ser usted la directora general?
¿Pidió explicaciones de algún tipo?
¿Qué hizo como responsable política de esa área?

Gracias.

El senyor president:

Muchas gracias, señor De Miguel.

Tiene la palabra, señora.
.
.

La senyora Albert Guerola:

Buenos días.

A ver.
Por supuesto, yo tengo conocimiento.
.
.
Cuando llego a la dirección general, pues, claro, pido informes para que se me informe de todo.
.
.
, de todo lo que iba a asumir en ese momento lo que era competencia mía, que son las residencias de personas mayores.

Sí que se me pasó el informe con la explicación del contrato que se hizo en el 2001, las plazas que se ampliaron después en el 2008 y, claro, soy conocedora de todo lo que hay ahí.
Lo que pasa que el seguimiento de las residencias, cuando yo llego, ya están hechas.
Quiero decirte que.
.
.
, seguimiento es el tema de que las personas sean atendidas.

Sí que se comenta que en el 2008 es la puesta en marcha de ley de.
.
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, bueno, en el 2007 es la puesta en marcha de la ley de dependencia, se priman los servicios residenciales, hay un déficit de plazas en la Comunidad Valenciana, y entonces se toma la opción de ampliar ese segundo tercio con las residencias de accesibilidad.
Pero no solo con las de accesibilidad, porque también se amplía el segundo.
.
.
, ahí también se amplían las municipales, que también son públicas, y también se amplía el tercer sector sin ánimo de lucro, que también se firman unos acuerdos para ampliar.
Yo me informo de todo eso y cuál es la situación.
Seguimiento se ha hecho de cómo están las residencias, si reunían los requisitos para poder atender a personas dependientes, y está claro que se hacía seguimiento.

¿Instrucciones para meter a gente en las de accesibilidad?
Yo nunca jamás he dado ninguna instrucción, ni ninguna territorial me ha dicho que le ha ido nadie a presionar para que metan a gente, solo en las de accesibilidad.

El tema es que si abre una residencia nueva y hay plazas, pues claro que se intenta meter.
.
.
, se intenta meter, no; se valora desde las territoriales -porque no lo hace la dirección general- las personas que tienen un grado de dependencia.
Si hay alguna.
.
.
, hay personas que están en esas residencias privadas.
Entonces, si usted tiene un grado de dependencia tres, y esta señora está en su casa y también tiene un tres, pues entonces, igual entra ella antes de usted.
Quiero decirte que no se forzaba a que entraran los que estaban en las privadas, ni hemos dado orden de que se pidiera ningún listado ni nada, sino que las personas solicitaban libremente.
.
.
Dentro de la ficha que rellenaban, había tres.
.
.
tres.
.
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, para rellenar.
.
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, para ir a tres residencias.
Normalmente, si tú estás ya ingresado privadamente en una residencia, solicitas ir a esa residencia.
Si se abrieron cuarenta plazas más, lo lógico es que se llenaran con gente.
No solo de la residencia, sino de casa.

Y respecto a que habíamos metido a más gente en las de accesibilidad, pues se nos criticaba por parte del sector que estábamos dando más cuidadores familiares que metiendo a gente en las residencias.
O sea, que creo que es una cosa que demuestra que no se estaba primando.

A ver, aquí siempre en la conselleria lo que se ha primado es el interés de las personas mayores, que fueran atendidas, y bien atendidas, en los centros donde estaban.
Había una lista de espera que, más o menos, nos la liquidamos con todo el tema de poner más plazas y todo eso.
Lo que pasa que es cierto que siempre, al entrar la dependencia, pues siempre aumentó más el número de personas que solicitaban entrar en centros.

Y no sé.
.
.
Bueno, las reuniones.
Yo me he reunido con todo el mundo: con los de accesibilidad, con los de Aerte, con las plataformas de la dependencia.
.
.
O sea, que reunirme, por el cargo te tienes que reunir con todo el mundo.

¿Presiones?
Yo.
.
.
, claro que recibes presión, todo el mundo te presiona.
Los alcaldes te presionan.
Todo el mundo presiona un poco, porque todos quieren que colaboremos, y llegamos hasta donde llegamos.

Y yo, eso tengo que decir, que nunca me he reunido sola con ningún empresario ni nada.
Me he reunido siempre con mi jefe de.
.
.
, bueno, con el subdirector, con los jefes de servicio, y siempre he intentado recibir a la gente, al sector, a los de Aerte, a los de AECAS, a todos los que solicitaban.
Pero quiero decirte que no me ha presionado nadie ni creo que hemos beneficiado a nadie en concreto.
Solo creo que lo que diríamos era beneficiar a las personas mayores.

El senyor president:

Muchas gracias.

Tiene la palabra ahora doña Mónica Álvaro, en nombre del Grupo Compromís.

La senyora Álvaro Cerezo:

Molt bon dia i moltes gràcies per esta compareixença.

Les empreses adjudicatàries durant tot el procés exigien l'exclusivitat del cent per cent de les places, basant-se en un document d'informe interpretatiu del conseller Blasco, de data 26 de setembre de 2001, que avui ja sabem que és nul.
El van informar a vosté al voltant d'aquesta interpretació del senyor Blasco?
Quina opinió li mereixia l'esmentat document?
Li van fer arribar les adjudicatàries l'exigència d'exclusivitat i, per tant, que es cobriren el cent per cent de les seues places?
Va participar vosté o coneix si va tindre reunions amb tercers també per a tractar este tema?
Es va sol·licitar informe d'advocacia o servei jurídic anterior a l'informe com era preceptiu?
El van informar que la Sentència 417/2007, del Tribunal Superior de Justícia, ja afirmava que el document no tenia cap validesa?
Sabia vosté que la família del senyor Cotino era copropietària de l'empresa adjudicatària del 40% de les places d'accessibilitat social?

El secretari autonòmic, Joaquín Martínez, en Resolució de 22 de febrer de 2012 va canviar el criteri fins al moment seguit per la conselleria al·ludint: Â«Accesibilidad social está en una situación preferencial respecto al resto de los centros privados con ánimo de lucro por tener el régimen de centros concertados y con un índice de ocupación superior y también la prestación vinculada al servicio es inferior al coste plaza-día.
Â» Coincidia vosté amb eixe nou criteri expressat a partir de 2012?

Per altra banda, es van produir diverses sentències favorables a les adjudicatàries respecte al període que es va agafar com a base per al càlcul de l'IPC del cost-plaça.
De fet, una adjudicatària, Novaire, va arribar a manifestar que això suposava un ingressos extra d'aproximadament 600.
000 euros/any en onze residències.
La primera sentència, la 417/2007, no es va recórrer i era favorable als centres del Grup Savia.
Les següents sentències foren recorregudes fins l'any 2013.
Durant el temps que vosté va estar en la direcció general, qui fixava el criteri en defensa dels interessos de conselleria?
Qui estimava el que era recurrible en cassació i el que no era recurrible?
Podria dir-mos si la conselleria va adoptar alguna mesura sancionadora pels incompliments reiterats dels terminis de posar a disposició les places de residència?
Vosté ha comentat que quan vosté arriba ja estaven les places de residència en funcionament, però d'haver-hi hagut algun incompliment, d'haver-hi hagut alguna sanció, d'haver-hi hagut algun apercebiment, vosté hauria d'haver assumit eixa competència i hauria d'haver-ne fet un seguiment.
Per això li faig eixes preguntes.

A més, les empreses d'accessibilitat social en el plec de 2001 havien estipulat un seguit de millores en els centres.
Qui s'encarregava de comprovar que eixes millores realment s'havien efectuat i s'estaven duen a terme?

Gràcies.

El senyor president:

Muchas gracias, señora Álvaro.

Tiene la palabra.

La senyora Albert Guerola:

Com bé li he dit, jo, des de 2008, jo no vaig entrar a valorar tot el tema de la pujada de preu, la posada en disposició, les places, perquè tot això és anterior a quan aplegue jo.
I ja li dic que quan jo aplegue està ja tot estipulat.

Sí que és de veres, la direcció general no era l'òrgan que inspeccionava, hi ha un servici d'inspecció que inspecciona les residències, el compliment de si tenien les condicions adequades i tot.
Però, vull dir, que quan apleguem mosatros ja està.
.
.
, bé, quan aplegue jo concretament ja està tot això fet.
Se va seguir fent seguiment per si reunien les condicions, que s'han posat sancions a les empreses, no sols a les d'accessibilitat, sinó inclús a les públiques i les d'altres sectors perquè no reunixen a voltes les condicions que els demanes.

Respecte a les places, el cent per cent.
Clar, estaven, quan mosatros vam arribar sí que (inintel·ligible) .
.
.
el cent per cent de les places, però mosatros en ningun moment hem acatat això ni els hem omplit.
Això es va fer el primer i el segon terç, que sí que es deveres que ells sempre mos han requerit que ampliàrem el segon el terç, el cent per cent de les places, però al final el que posàrem era que Â«podran arribar al cent per centÂ», però mai en la vida ni el pressupost mos ha donat per a poder fer-les ni res.

I no sé si ho he contestat tot, perquè com fan tantes preguntes, que al final és que em perd un poc, però bé.

La senyora Álvaro Cerezo:

Si coneixia vosté que la família del senyor Cotino era copropietària de l'empresa adjudicatària del 40%?

La senyora Albert Guerola:

Quan jo aplegue allí ja no.
.
.
, jo no m'he reunit mai amb ningú de la família Cotino, ni està ja Cotino, perquè a mi me nomena Angélica Such directora ja del tema de les residències.
Vull dir, jo no sé si estava la família Cotino o qui estava.

El senyor president:

Muy bien.
Muchas gracias, señora Albert.

Tiene ahora la palabra la señora Concha Andrés, en nombre del Grupo Socialista.

La senyora Andrés Sanchis:

Muchas gracias, presidente.

Muchas gracias por su comparecencia, señora Albert.

Yo quisiera preguntarle.
El secretario autonómico hace una resolución en el 2012, el señor Joaquín Martínez, en el que dice que ante la inspección consta acreditado el incumplimiento en gran número de centros de accesibilidad social de las obligaciones del contrato de 2001, especialmente en personal y mejoras, y que dicha circunstancia impedía a estos centros cualquier tipo de exigencia relativa o con referencia al contrato.

¿Por qué no se hizo uso de este argumento en las demandas que continuamente presentaban las residencias para sacar más plazas o más dinero?

¿Le informaban a usted de las deficiencias que se detectaban en las actas de inspección?
El secretario general autonómico, en esa misma resolución, sí que las conocía.
Usted era directora general y tenía competencias también en inspección.
¿Conocía usted esas irregularidades?
¿Quién controlaba?
Por lo tanto, ¿quién daba las instrucciones para que se modificaran?

Si a un centro le faltaban once personas en la plantilla, como se ha detectado en algunas actas de inspección, o no se seguían los protocolos adecuados para el cuidado de las personas mayores ¿por qué no se actuó por parte de su dirección general?
¿Hizo usted algo?
¿Adoptó algún tipo de protocolo o medidas para comprobar que se subsanaran estas deficiencias?

Es cierto que los procedimientos negociados sin publicidad en el segundo tercio se inician en el año 2008, pero se mantienen durante los años siguientes en los que usted es directora general, según nos han dicho algunos comparecientes, las propuestas surgían para cubrir las plazas de la dirección general que usted ostentaba.
Y el secretario autonómico dice en ese mismo escrito que le estoy diciendo.
El acuerdo de 31 de octubre de 2008, es decir, el que sirvió de base para sus procedimientos negociados en publicidad no es ningún contrato de obligado cumplimiento, sino un mero protocolo de colaboración.
En virtud de la cláusula segunda del pliego, la conselleria asumía un tercio de las plazas de cada centro, el resto de las plazas eran de libre disposición, no existía exclusividad alguna, ni obligación de La Generalitat.
Es una transcripción literal de lo que dice en ese informe el secretario autonómico, el señor Joaquín Martínez.

El contenido de esa resolución contradice, por tanto, el informe Blasco.
¿Compartía usted ese criterio del secretario autonómico?
¿Participó usted en alguna reunión para valorar el contenido importante de esa resolución?
¿Esto significa que los contratos negociados y sin publicidad, segundo y tercer tercio, no deberían haberse realizado después de estas manifestaciones?
Entonces, ¿por qué permitió usted esta irregularidad?
Era su Dirección General de Acción Social la que tenía las competencias para hacer esas propuestas.

La señora Adela García el otro día, y también es una transcripción literal, dijo: Â«Ninguno veía claro el segundo tercio y por descontado el cien por cien de las plazas.
Ni yo, ni mi antecesor, ni mi sucesor ni el subsecretario estábamos de acuerdo con las exigencias de exclusividad de AECAS.
Â» ¿Puede decirnos qué opinión tenía usted a este respecto?
¿Puede decirnos también si su departamento fue el que hizo la propuesta de la Orden 21/2012, de 25 de octubre, en la que se regulan los requisitos y condiciones de acceso a este sistema de la dependencia?

El senyor president:

Gracias, señora Andrés.

Señora Albert, tiene la palabra.

La senyora Albert Guerola:

Respecto a los incumplimientos, a ver, hay una inspección, que no dependía de la dirección general, pero sí que ellos inspeccionaban las residencias y sancionaban cuando la ratio o las condiciones no eran adecuadas.
Yo no era la que sancionaba.
Pero sí que nos llegaban y claro que estábamos informados si había alguno, pero no solo de las de accesibilidad, sino, ya le digo, de todas, las públicas, las de sin ánimo de lucro, de las privadas; de todas, porque no solo visitábamos las de accesibilidad, se visitaban absolutamente todas las privadas que estaban autorizadas también se visitaban.

¿Falta de personal?
Por supuesto que sí había falta de personal y el inspector nos informaba de…, claro, se le hacía un apercibimiento y se volvía a pasar para ver si habían subsanado las deficiencias que podían tener.
Y sanciones se han puesto si faltaba personal.
Y claro que se comprobaba.

Respecto al procedimiento negociado sin publicidad.
Es que dicen aquí sin publicidad como si fuera que lo hacíamos debajo de la mesa.
A ver, es una figura que está contemplada.
De hecho, el gobierno que está ahora sigue haciéndolo.
Eran contratos que se iban haciendo, también generando el crédito que teníamos, y se iban haciendo a lo largo del presupuesto que teníamos.
Quiero decir, no estábamos haciendo nada ilegal porque todo lo que se hacía era siempre con informe favorable de la abogacía y de la intervención.

Que luego es cierto que se cambió el criterio porque apareció la ley de emprendedores y la abogacía decía que no veía clara la cláusula de exclusividad, y nos dejó un poco así que no sabíamos muy bien qué hacer.
Pero en un principio nadie cuestionaba el tema de la exclusividad.
Sí es cierto que después, ya le digo, que la ley de emprendedores en el artículo 45 nos dejó un poco que no podíamos seguir haciendo negociados, o sea, no podíamos contratar con empresas que ya estábamos contratando con ellas, porque no podían tener ventaja, y se pidió también un informe a la junta general de contratación que nos decía que se hiciera un procedimiento abierto.
Pero, claro, luego la abogacía decía Â«ojo, que está la cláusula de exclusividadÂ».
Que, de hecho, el gobierno actual lo ha mantenido hasta que salió la sentencia de febrero, que decía que la exclusividad la derogaba.
Entonces, ellos han mantenido y siguen haciendo lo mismo que hacíamos que nosotros durante estos años.

Aquí, a ver, lo que se ha primado, como digo, es el interés de las personas mayores, atenderlas.
Y no se podía dejar a 2.
000 personas en la calle.
Y lo que se ha intentado es hacer lo mejor para todos ellos, que es la finalidad que tenía la Conselleria de Bienestar Social, atender a las personas, en este caso a las personas mayores dependientes y a sus familias.

La senyora Andrés Sanchis:

La orden.
¿Inicio usted el procedimiento de la orden del año 2012?

La senyora Albert Guerola:

A ver, las órdenes las iniciamos nosotros siempre, claro.
Y se da trámite, audiencia para que aleguen lo que quieran e informe preceptivo de la abogacía y de la intervención favorables.
Pero una orden no se saca así, sin tener los informes favorables.

El senyor president:

Muy bien.
Muchas gracias, señora Albert.

Tiene la palabra doña María Bernal, en nombre del Grupo Popular.

La senyora Bernal Talavera:

Buenos días, señora Albert.

En primer lugar, queríamos agradecerle desde el Grupo Popular su participación en esta comisión y que conteste a nuestras preguntas.

Usted, como ya ha dicho, fue directora general de Acción Social y Mayores en 2008 hasta 2010 que ocupa este puesto, y en 2010 usted es nombrada directora general de Dependencia y Mayores de la Conselleria de Bienestar Social.

¿Usted cuando llegó conocía si había una falta de plazas de residencias de mayores y si La Generalitat disponía de recursos para poder construirlas?

Usted es nombrada, como ya he dicho, directora general cuando ya se había resuelto el pliego y los contratos, y las residencias estaban ya todas funcionando.
Y estuvo de directora general hasta que llega el actual Consell.
Es decir, usted es directora general en el momento que la conselleria empieza la revisión de oficio del modelo a raíz de la Ley de emprendedores.
Me gustaría que nos dijera si desde que usted llega, en 2008, hasta que la conselleria, como ya he dicho, es conocedora de la situación en la que se encuentra en lo que se refiere a las plazas de residencias, y si usted tenía competencia para poder realizar alguna acción, es decir, de 2008 a 2010 usted ha contado un poco, pero me gustaría si pudiera ampliar sus competencias en este momento.

Todos conocemos que, tanto ahora como antes, faltaban plazas en muchos centros, no solo de mayores, sino hemos tenido aquí muchos comparecientes y nos han dicho que faltaban plazas en todos los centros.
Pero aquí estamos tratando los centros de mayores, por lo tanto, pues le preguntaré por estos.
Usted en el momento que conoció el pliego de condiciones de la adjudicación de las plazas de residencia de accesibilidad, ¿piensa que era un pliego de libre concurrencia en el que cualquier empresa se podía presentar?

Nosotros no dudamos que todos los que han trabajado y trabajan en la Conselleria de Bienestar Social y ahora de políticas inclusiva, han actuado de una manera correcta, pero nos gustaría que nos dijera, para que quedara constancia en esta comisión, si en algún momento alguien la presionó para que hiciera algo que era legal.
Si todo lo que usted realizó durante su época de directora general, tanto en un área como en la otra, fue legal y, bueno, nadie le dijo que hiciera algo que no estuviera con informes y acorde a la legalidad.

Usted estaba como directora general cuando se aprueba la ley…, bueno, cuando ya estaba aprobada la ley de dependencia.
Usted entra de directora general y ya está aprobada la ley.
¿Qué supuso para la conselleria?
¿Había suficientes plazas y suficientes recursos para llevarla a cabo?

Y también le quería preguntar por una cuestión que se ha tratado en esta comisión y que son los 30 días que se daban a las empresas que participaron en el pliego de condiciones, aunque luego…, bueno, en este pliego había una ampliación de 6 meses para la búsqueda de terrenos.
Si ese plazo de 30 días usted lo considera que era suficiente para presentarse el pliego.

Muchas gracias.

El senyor president:

Muchas gracias, señora Bernal.

Tiene la palabra, señora Albert.

La senyora Albert Guerola:

Gracias.

A ver.
Yo, claro que cuando llego a asumir mis competencias, me informo de todo y sé que…, lo que se me explica y lo que…, un informe que me pasan…, un informe -a ver-, un informe hecho por los técnicos de la conselleria, que tengo que decir que la verdad que me he encontrado con unos magníficos y estupendos técnicos profesionales, y no solo profesionales sino personales, porque creo que es una conselleria que…, la persona influye mucho y las cualidades de la persona también.
Y creo que tiene unos magníficos profesionales, un equipo del que yo también me he asesorado y me he dejado asesorar y porque creo que son muy buenos, muy buenos técnicos.

Claro, se me informa de lo que se hace en el 2001, que en el 2008… En el 2001 es un contrato abierto que se presenta quien quiere.
De hecho, una de las que se presenta es presidenta de Aerte, que también es…, la patronal.
Que se informa a todo el mundo.
Lo que pasa es que muchas personas no quieren entrar por el tema…, pues que no tienen terrenos o no quieren hacer una inversión tan grande.
Y se presenta libremente quien quiere.

Luego, en el 2008… Sí que es cierto que en el dos mil…, en diciembre del 2006 se aprueba la ley de dependencia; en el 2007 entra en vigor.
Y hay un déficit de plazas residenciales, porque la ley de dependencia lo que dice es que primarán los servicios residenciales.
Entonces, se hace un…, -un estudio, no-, se mira un poco el mapa que se había hecho en su momento.
Y entonces se ve que hacen falta plazas residenciales.

Entonces, se toma el acuerdo de ampliar el segundo tercio de accesibilidad, de ampliar las plazas residenciales de los ayuntamientos, que también están ahí, que también nos solicitaban plazas y que también son públicas.
Y ampliar también las plazas del tercer sector sin ánimo de lucro.
O sea, pues las Lares y las entidades religiosas.
Y entonces, en ese momento se amplía no solo para accesibilidad, sino para los otros dos sectores.

También se empieza el tema de las prestaciones vinculadas al servicio, y sobre todo los cuidadores familiares, que es lo que también me preguntaba antes la compañera del Partido Socialista, que no le he contestado.
Es verdad que se daban más los cuidadores familiares que las residencias.
Entonces, no se puede decir que estábamos primando las residencias y que realmente igual debía de haber sido así, porque era lo que te exigía la dependencia para los grandes niveles que habían entrado en vigor en ese momento.

Entonces, a partir de ahí, ya se ha continuado…, que yo, cuando llego en el 2010, es un poco lo que me encuentro, los tres mecanismos que tenemos para poder intentar meter a la gente en residencias, lo de las prestaciones vinculadas al servicios, los cuidadores familiares, el cuidador profesional, un poco todos los recursos que se tenían en la conselleria.

Sí que es cierto que…, igual si no hubiéramos tenido la cláusula de exclusividad esa, que ya digo que en un principio la abogacía sí que…, decía que sí que era…, que no era nula, que sí que estaba ahí, nos hubiera gustado hacer de otra forma las cosas, pero como nos ataba un poco a ir al tema de la exclusividad, no nos dejaba mucho más mercado, pues la verdad que hacíamos lo que podíamos.

Sí que es verdad que cuando sale la ley de emprendedores, el artículo 45 nos limita a poder, a poder…, nosotros sí que presentamos para poder hacer los nuevos negociados con las empresas.
Y entonces, recibimos un informe jurídico diciendo que la ley de emprendedores nos dice que a partir de ahora, no se puede dar ventaja a los que ya teníamos contratados, que no podemos seguir contratando con esas empresas.

Entonces, solicitamos -que es lo que he contado antes- a la junta general que nos dijera qué podíamos hacer.
Y entonces, ella nos dice que no podemos, por ese artículo…, que hagamos un procedimiento abierto.
Pero, claro, luego la abogacía también dice que Â«¡ojo!
con la cláusula de exclusividadÂ».
Entonces, estábamos un poco ahí maniatados y… Entonces, acaba el contrato.
Y se sigue todo igual, se les manda una carta diciéndole a las empresas que, por el interés público de las personas mayores, continúen atendiendo a las personas (inintel·ligible) … No vas a dejar a 2.
000 personas en la calle.

Y se inicia un procedimiento de revisión de oficio del primer contrato y del 2008.
Y es ahí cuando la, la…, el Consejo Jurídico Consultivo nos dice que no es nulo, que sí que está ahí.
Entonces, nos deja un poco atados.
Y es hasta el final, cuando sale la sentencia del 2016, cuando dice que anula la exclusividad.
Y es verdad que ahora ha dado orden la conselleria de que ese segundo tercio no se reponga.

Entonces, la gente sigue estando ahí en las residencias porque son 2.
000 plazas.
La gente no se muere de repente.
Y entonces, siguen estando ahí y siguen pagándoles con el enriquecimiento injusto, como lo hacíamos nosotros.

El senyor president:

Muchas gracias, señora Albert.

Tiene ahora la palabra el señor César Jiménez, en nombre del Grupo Podemos-Podem.

El senyor Jiménez Doménech:

Gràcies, senyor president.

Vaig a aprofitar que ara sí que s'ha animat a comentar qüestions d'abans de la seua arribada, que he vist que li han fet preguntes sobre 2001 i vosté s'ha animat a contestar, per a incidir en algunes qüestions que havia fet abans.

Perquè hi ha una cosa que me sobta.
Vosté m'ha dit que adquirix les competències en 2010, en canviar el nom de la direcció general i assumir unes altres competències, però segons el ROF de la conselleria de 2007, correspon a la Direcció General d'Acció Social i Majors la proposta de programació i execució de les polítiques generals de serveis socials, especialment en les persones majors.
Jo entenc que alguna atribució tindria sobre persones majors, encara que estiguen dins de les residències, però vosté m'ho explica.

Ara vaig a les preguntes.
¿Coneixia quan va arribar…, encara que les irregularitats cometeren abans, de la seua arribada, coneixia que hi havia irregularitats en la residencia de Xàtiva?
Vosté ha dit que la informen de tot quan arriba a la conselleria, li ho ha contestat a la companya del Partit Popular.
I jo li pregunte: ¿qui va elaborar eixos informes?
I si li van informar d'estes coses, ¿qui signà estos informes, i a vore si eixes informes contenien que hi havien irregularitats en la residència de Xàtiva?

I també m'anime a fer una altra pregunta, que li he fet abans.
¿Considera normal utilitzar un procediment negociat i sense publicitat per al segon terç per a adjudicar 1.
856 places de residència?

És tot.
Moltes gràcies.

El senyor president:

Muchas gracias.

Tiene la palabra.

La senyora Albert Guerola:

Gracias.

A ver.
Cuando yo asumo las competencias, son los programas de envejecimiento activo, no de las personas dependientes, que había una dirección general de discapacitados y dependencia.
Y entonces, ella era, la dirección general de discapacitados y dependencia, la que llevaba todo el tema de la gestión de centros de personas mayores dependientes.

Yo llevaba todos los programas de mayores activos: las vacaciones sociales, los programas de termalismo, Â«Coneix la teua comunitatÂ», los CEAM, todo el tema del asociacionismo de personas mayores, el Â«Menjar a casaÂ», el Â«Major a casaÂ»… Todo temas que eran más de los mayores.
Lo que queríamos… A ver.
Lo que se quiso en ese momento era diferenciar lo que era la dependencia de las personas mayores activad, porque tenemos más de 800.
000 personas mayores de sesenta y cinco años que no son dependientes y que tienen otras necesidades.

Y lo que se trataba también… La ley de dependencia, no es ley de dependencia, es ley de autonomía personal y atención a la dependencia.
Entonces, lo que queríamos era fomentar la autonomía personal de las personas mayores para prevenir las situaciones de dependencia.
Entonces, se quiso diferenciar un poco los dos temas, los mayores activos, envejecimiento activo y saludable, de los que eran mayores dependientes y que tenían otra gestión y estaban en las… en las residencias.
Por eso lo quisimos diferenciar.

Yo no estaba… De hecho, dependía hasta de otro secretario autonómico, no dependía del secretario autonómico de dependencia.
No estaba…, no entraba nunca en materia de residencias, ni de gestión de residencias y todo.

A ver.
El tema de irregularidades de la residencia de Xàtiva.
Yo no sé nada de la residencia de Xàtiva, ni de las irregularidades.
A mí me informan después, cuando estoy yo, de temas de las residencias, pero de la de Játiva a mí nunca me ha llegado ningún tema de irregularidades, no sé si llegaría.

Pero, a ver, que la dirección general no es la inspección.
Yo me informaba porque me gustaba estar informada de las cosas, pero no es labor de la dirección general el tema de las inspecciones.
Sí que me gustaba hacer seguimiento de las residencias, porque además yo visitaba muchas residencias.
Me gustaba ir al sitio a verlas, porque los directores me decían: Â«Oye, mira, que tenemos esto, que necesitamos cambiarlo, hay que reformar.
Â» Pues no es lo mismo que te lleguen papeles a que tú lo veas in situ en el sitio.
Yo, de la de Játiva, no tengo ningún problema.

Y el tema de si me parecería normal procedimiento negociado sin publicidad.
A ver, es una figura que está contemplada en la ley, que no es ninguna cosa extraña.
No me parecería raro.
No es que sea una cosa que nos estamos inventando, que estamos escondiendo… No.
A ver.
Es una figura que está en la ley.
Y ya te digo, perdón… Ya le digo que en la actualidad continúa haciéndose.
O sea, si tan mal hubiera estado, se hubiera quitado enseguida.

El senyor Jiménez Doménech:

Una matisació.

A vore.
Jo quan me referisc a les irregularitats en la residència de Xàtiva, no me referisc a qüestions d'incompliments i, per tant, atribuïbles o competència de la inspecció, me referisc que la situació contractual en la residència de Xàtiva era irregular.
Això s'escapa de les competències de la inspecció, però és més competència de l'equip de la conselleria saber com està… ¿Vosté no sabia res…?

La senyora Albert Guerola:

Jo no tinc constància de ninguna irregularitat de la de Xàtiva.

El senyor president:

Muchas gracias.

Tiene ahora la palabra don David de Miguel, en nombre del Grupo Ciudadanos.

El senyor De Miguel Martínez:

Gracias.

Le hago el matiz.
Xàtiva se inaugura siendo usted directora general.
(Veus) ¡Hombre!
, si le parece poco ocho años después, después de firmar el contrato, la irregularidad, pero, bueno…

Yo le quería concretar… Cuando le he preguntado antes sobre si se realizó algún informe en su época como directora general, recuerda la situación respecto a la ley de dependencia, que usted me ha dicho que las plazas se adjudicaban indistintamente, daba igual que estuvieran ya en residencia o que estuvieran en casa.
Sin embargo, consta en las noticias de esa época el malestar que había por parte de las familias por la situación de bloqueo.

Para empezar, situación de bloqueo, dificultad en la tramitación y que hasta incluso el propio ministerio denunció que tanto Madrid como la Comunidad Valenciana no estaban haciendo…, no estaban haciendo bien las cosas, porque no se estaban tramitando los expedientes… O sea… Perdón.
Desde enero de 2008, la conselleria excluía a los que estaban en casa y simplemente se ratificaban los expedientes de las…, -estoy leyéndolo, una denuncia de Aerte-, se ratificaban las plazas que ya estaban ocupadas.
Y sin embargo, pues por eso había ese tapón o ese bloqueo, digamos, de las…, de miles y miles de expedientes de personas que todavía no habían accedido a una residencia.

Claro, ¿eso qué hizo?
Pues que habían residencias, según dice aquí, que, por ejemplo, en esa época tenía el 20% de las plazas vacías debido a que se había paralizado el bono residencia y debido a que no se estaban tramitando nuevos expedientes.

Entonces, es para que me matizara eso, porque usted me ha dicho todo lo contrario.
Sin embargo, ya digo, me refiero a los documentos de la época, lo que se criticaba en ese momento.

El senyor president:

Gracias, señor De Miguel.

Tiene la palabra la señora Albert.

La senyora Albert Guerola:

A ver.
Es que todo lo que sale en prensa no es dogma de fe, ¿eh?
Todo lo que se dice tampoco es cierto.

A ver.
Una cosa era la dependencia…, los expedientes de dependencia y otra cosa son los ingresos en las residencias.
Que sí que es cierto que tenías que tener en cuenta…, a partir de la ley de dependencia, se mira el nivel de… y el grado que tenía la persona para poder entrar en una residencia.

Si en su momento abren nuevas plazas y empieza a entrar gente, se valora todo.
O sea, la territorial tiene que ver la persona que lo solicita, cuándo la ha solicitado y grado de dependencia.
Las personas que igual lo han solicitado después que otra, pero tienen un grado I y la otra tiene un grado III, van por delante del que lo ha… del que lo ha solicitado y que tiene un grado I.

Por supuesto que cuando entró en vigor la dependencia teníamos ahí un tapón y se hizo lo del tema de las plazas para ampliar plazas y que hubiera más… poder atender a más gente, pero no…

A ver.
Es que…, no es que estábamos nosotros primando a los que estaban en las residencias.
Pero si una persona está en una residencia privada y ha solicitado la dependencia, plaza pública, que son también dos solicitudes distintas -o no sé si ahora lo habrán cambiado, pero en su momento eran dos solicitudes distintas-… Tú solicitabas plaza pública, se te tiene que valorar, los profesionales te valoran y, entonces, la territorial te ofrece lo que el profesional ha dicho que te conviene y te ofrece las residencias que tú pones, que hay tres casillas para rellenar las residencias.
Entonces, no se ingresa a las personas que estaban en las residencias, se ingresó a todo el mundo.
Lo que pasa es que mucha gente no pedía residencia, pedía cuidado familiar y entonces se le intentaba dar el cuidado familiar.
A ver siempre un poco con lo que la persona solicitaba, la libre elección de la persona.

Lo que pasa es que sí es verdad que, como he dicho antes, la ley de dependencia primaba las residencias o la atención residencial.
Es verdad -no sé quién me lo había preguntado- que era para la administración era más barato el cuidador familiar que la residencia, porque tenía que aportar también más dinero.
Pero, bueno, la persona es la que elegía, junto con el trabajador social, cuando le hacían el PIA lo que era más favorable para esa persona.

Entonces, no sé si he contestado todo.
Es que como hacéis tantas preguntas y quiero tomar nota de todo.

El senyor president:

Muchas gracias.

Tiene la palabra doña Mónica Álvaro en nombre del Grupo Compromís.

La senyora Álvaro Cerezo:

Moltes gràcies.

Respecte a si coneixia o no que el senyor Cotino era copropietari de Sedesa i d'altres empreses del sector, doncs, jo sí que li podria llegir alguns dels titulars de la premsa del moment.
Per exemple, li podria dir que Levante, el 30 de juny de 2007, publicava: Â«La firma de la familia del titular de Bienestar Social preside el mayor grupo de geriátricos.
Sedesa es la principal accionista, junto con Ortiz e Hijos, de Gerocentros Mediterráneos.
Â» Altre: Â«La empresa familiar de Cotino tiene múltiples negocios que dependen de su departamento.
Â» Este es de 31 de febrer de 2009.
I un altre que he trobat: Â«Los negocios de la familia Cotino.
La llegada de Cotino a Bienestar Social provocó que la coincidencia de intereses volviera a los titulares.
Â» Per la qual cosa, crec que era públic i notori eixa informació que era coneguda per tots, tot i que vosté ha dit o jo interprete que vosté no ho sabia, és el que jo interprete i per això li pregunte.

Per altra banda, pel que fa a les sancions, ja sabem que és òbviament la inspecció qui realitza la inspecció, qui realitza també la proposta de sanció després de les revisions, etcètera.
Però entre les seues competències, com a directora general, també estava la d'exercir la potestat sancionadora.
Què feia vosté quan veia les greus irregularitats detectades per la inspecció?
Coneixia vosté les actes d'inspecció?
Perquè el secretari autonòmic sí que les coneixia i era la seua direcció general qui havia de tramitar els expedients sancionadors.
I qui controlava el pagament de les sancions imposades en ferm i en resolució?
I sobre tot per què no es pagaren?
Per què no es pagaren especialment les de Savia quan fins i tot hi havien propostes en ferm de tancament de residències del Grup Savia?

I, per últim, l'acord del Consell de 2001, pel qual es va aprovar el programa d'accessibilitat social, deia del programa d'accessibilitat social: Â«Tiene por objeto garantizar una atención residencial a las personas mayores, en especial a las más desprotegidas, y garantizar la libre elección del centro.
Â» Creu vosté que amb el sistema d'accessibilitat social i l'exclusivitat que portava amb ell es podia garantir este dret?
Perquè el 26 d'octubre de 2014 la consellera Asunción Sánchez Zaplana, en una entrevista a El Mundo, va dir que el nou model que volia mamprendre, aquell que anava a mamprendre quan estava la revisió abans del dictamen del Consell Jurídic Consultiu, que eixe nou model donaria peu a que els usuaris pogueren elegir el centre al que volien acudir.
Per la qual cosa s'interpreta que això no passava amb accessibilitat social, segons les pròpies declaracions d'Asunción Sánchez Zaplana.

Moltes gràcies.

El senyor president:

Muchas gracias, señora Álvaro.

Tiene la palabra la señora Albert.

La senyora Albert Guerola:

Me preguntava si coneixia jo si era Cotino titular de l'empresa.
Això eixia en premsa, però no sé el que té cadascú o deixa de tindre.
Jo m'imagine que quan un es presenta, presenta els béns que té cadascú com fem sempre.
Jo no sé si tenia o deixava de tindre accions o no en una empresa.
No sé, no vaig a entrar a valorar això.

El tema de les sancions.
A vore, jo crec que totes eixes sancions que està dient-me vosté són anteriors a què jo aplegara.
Perquè jo sí que he seguit sancions que m'han passat o expedients que m'han dit, mira, hem anat a esta residència, no tenien açò, i jo he fet seguiment i s'ha sancionat quan ha sigut convenient i quan no han complit.

El tema dels pagaments.
A mosatros no ens pagaven, pagaven a tresoreria.
No sé si pagaven o deixaven de pagar, sincerament no ho sé.
Però que féiem seguiment i sí que sabíem les coses, sí.

Respecte al tema de la lliure elecció de centre, a vore, la persona sempre va i fa el que ella vol i sempre es fa un PIA amb un professional, com he dit abans, i se li donen uns requisits, se li donen unes alternatives.
I la persona i la seua família elegeixen sempre assessorats pel treballador social, que és una figura importantíssima, perquè és la porta d'entrada als servicis socials.
I, clar, tu donaves lliure elecció, com ha comentat, quan tu fas la sol·licitud sol·licites vàries residències, et donaven plaça on hi havia.

Amb este acord marc, que és un poc el que la consellera d'ara també ha posat en marxa que ho ha ficat, és un acord marc que estàvem preparant mosatros que clar que hi havia més llibertat, perquè entrarien més residències.
Perquè mosatros esperàvem la sentència del tema de l'exclusivitat i el que anàvem a fer era un acord marc que pogueren entrar totes les residències que volgueren i que reuniren les condicions de l'acord.

Aleshores, clar, la persona tindria més residències, tindria més lloc on optar per poder anar i llibertat.
Però ací no s'ha anat mai obligant la persona a que vaja, quan hi havia una plaça se li cridava i se li deia Â«mire, que està esta plaça en este lloc.
Li interessa?
Â» Â«Mira, sí, no, preferim esperar-se fins que ens toque la del poble.
Â» Perquè tu posaves diverses residències.
Ací no s'ha obligat a ningú a anar a cap de residència.
I quan tu sol·licites la persona no sap si és d'accessibilitat, si és sense ànim de lucre o si és municipal.
Ell veu que en el seu poble hi ha una residència i sol·licita Â«vull la d'Ontinyent o vull la d'Albaida i vull la de l'OlleriaÂ».
I, aleshores, en el moment en què hi ha lloc la territorial li crida i diu Â«mire, vosté té esta plaçaÂ».
I igual l'home diu, Â«mire, jo sóc d'Ontinyent i vull anar a Ontinyent.
Vaig a esperar-me i no entreÂ».
O siga, el que no s'ha obligat mai a ninguna persona.
Clar, quan més residències tens sí que més poden anar.

En el tema de la prestació vinculada al servei tu ahí tens més possibilitats, perquè a la persona se li donen els diners i tu pots anar a la residència que tu vulgues que estiga acreditada dins del servei de la dependència.
Aleshores, ahí tens més eleccions.
O siga, que no s'ha obligat mai a ningú a això.

Jo tampoc vaig a interpretar el que la consellera volia dir amb això, però m'imagine que seria això, que anàvem a traure 3.
000 places més de residències amb un acord marc en el que podrien entrar més residència i hi haurien més places en més municipis per a poder entrar.

El senyor president:

Muchas gracias, señora Albert.

Tiene la palabra la señora Concha Andrés en nombre del Grupo Socialista.

La senyora Andrés Sanchis:

Gracias.

Mire, hay una denuncia de Aerte que dice justo lo contrario que usted está diciendo ahora, señora Albert.
Dice: Â«Aerte exige la paralización inmediata de desvío de residentes de los centros privados con PVS, con prestación vinculada al servicio, a plaza pública o concertada en contra de la propia solicitud del informe PIA.
Â» Se derivaba gente que ya estaba en residencias con prestación vinculada al servicio y se enviaba a las residencias de accesibilidad.
Que el 40%, señora Albert, y perdone que le insista, ¿cómo es posible que usted no supiera después de estar siete años en la conselleria que el 40% de las residencias se adjudicaron a la empresa en la que era copropietaria la familia del señor Cotino?
Es que no lo puedo entender, porque es que salía en todos los medios de comunicación.

Usted nos ha dicho que no tiene porqué saber la participación ni nada, pero supongo que a estas alturas ya se habría enterado usted que la familia Cotino tenía una parte muy importante, llegó a tener incluso el 38% de una de las empresas adjudicatarias que tenían el 40% de las plazas de accesibilidad.

Además también Aerte se queja y dice que los residentes son desviados de residencias donde ya están, llaman a las familias y les dicen que tienen que trasladarse a otra plaza.
Y, por lo tanto, denuncian que se está privando de la libertad de elección de centro que establece la legislación.
Y además también denuncian que se está pagando en este caso, en la denuncia de enero de 2013, se dice: Â«El pago efectuado en diciembre de más de 60 millones se destinó mayoritariamente a menos de 10 empresas, las de accesibilidad, de las 200 que hay en el sector.
Â» ¿Eso es trato de favor para usted o no?

Señora directora general, usted era responsable política, participaría en los consejos de administración, ustedes tendría reuniones.
Usted era un alto cargo de la conselleria.
¿Y entonces me dice que no tenía información de todo esto que estaba pasando?
No lo puedo entender.
La sentencia que usted ha citado de 2016, ¿sabe lo que dice?
Que esta misma sala, el Tribunal Superior de Justicia, ya en el año 2007 se pronuncia respecto a la cláusula de exclusividad al informe del señor Blasco.
Y dice que lo que queda claro es que no se hizo conforme determina la norma, la ley de contratos de las administraciones públicas.
Y, por lo tanto, no tiene el alcance que entendió La Generalitat y que no tenía, por lo tanto, ningún tipo de carácter de documento interpretativo, ni tampoco se podía reconocer la exclusividad.
Eso se dice en el año 2007.
Se dice después en el informe resolución del secretario autonómico en 2012.
¿Y usted dice que no?

Usted me ha dicho hace un momento que sí, que usted fue la que hizo la propuesta de la orden del año 2012, la orden 21 de 2012.
¿Me puede decir por qué en el primer borrador, que consta en la documentación que nos han enviado, se establecía la establecía la exclusividad de un tercio, que es razonable en consonancia con lo que había dicho ya el secretario autonómico en esa resolución que después de recurrieron, y que aquí está la sentencia, recurrieron las empresas de accesibilidad dándole la razón al secretario autonómico y en cambio se cambió?
¿Por qué se cambió ese borrador y se dijo que se establecía la obligación de concertar los dos tercios?
¿Hizo usted esa propuesta?
¿No comparte usted la opinión de la señora secretaria autonómica que vino aquí y dijo que tenían muchas dudas sobre el tema de la exclusividad?
Si usted era la que inició este procedimiento de la orden ¿por qué entonces no siguió el criterio que se estaba marcando ya por el Tribunal Superior de Justicia, por la resolución del propio secretario?
En cambio, usted cambio ese criterio.
El plan de pago a proveedores ¿por qué lo hacían de esa manera?
¿Era usted la que primaba esos pagos?
¿Le parece correcto?

Ha dicho que usted visitaba residencias.
Me gustaría que me dijera una inspección efectuada el día 8 de julio de 2013 a Savia Silla y se dice, la inspección, le estoy leyendo literalmente: Â«Ante estos hechos -que no voy a reproducir para quitarnos tener que pasar un mal rato- ante estos hechos se puede hablar claramente de maltrato institucional, definido como aquellas acciones u omisiones que normalmente pueden ser constitutivas de delito o falta.
Â» Todas estas cosas estaban pasando en estas residencias.
No sé lo que pasaba en las privadas, a lo mejor después tenemos que empezar algún tipo de supervisión, también, de qué es lo que pasaba en las privadas.
Usted era la directora general competente.
¿Visitó esta residencia para ver qué es lo que estaba ocurriendo allí y cómo se trataba a las personas mayores?

No ha contestado tampoco al porqué de la diferencia de precio…

El senyor president:

Señora Andrés, vaya terminando.

La senyora Andrés Sanchis:

…si pudiera contestarnos a por qué había tres precios distintos.

Gracias.

El senyor president:

Gracias.

Señora Albert.

La senyora Albert Guerola:

El tema del plan de pago a proveedores no se decidía desde la Conselleria de Bienestar Social, lo decidía la conselleria de hacienda, no decíamos nosotros a quién se tenía que pagar o no se tenía que pagar.
Era hacienda la que un poco decía: Â«Llega tanto dinero, pues se paga esto y se paga lo otro.
Â» No se primaba porque algunas veces cobraban antes los del tercer sector, otras veces cobraban antes los de accesibilidad, otras veces cobraban antes las municipales.
Yo no miraba si eran de uno o de otro, es decir que se tenía que pagar a todos.

Y lo que hubiéramos querido era que se hubiera pagado a todos en tiempo y forma.
Pero la verdad es que encontramos unos años muy complicados, una situación muy difícil que se pagaba como se podía.
Pero en ningún momento se primó a accesibilidad.
Ya digo que hubo años que cobraron los últimos, otros años cobraron los primeros o cobraron a mitad, se les debía meses, es decir que, a ver, que es verdad que Aerte se quejaba y se quejaban otros, pero no se pagaba porque fueran ellos antes.
Ha habido años que han cobrado los últimos y otros años que han cobrado los primeros o los terceros o cuando hacienda estipulaba que había dinero.
Quiero decir que yo qué más quisiera que haber pagado a todo el mundo en su momento.

Es cierto que una queja de Aerte siempre era que no había libertad en la persona y que cuando tenía una persona una prestación vinculada de servicio sí que decían que es que se les iba de las residencias.
Pero, a ver, una persona solicitaba plaza pública y solicitaba una prestación vinculada al servicio y lo primero que ese le daba era una prestación igual vinculada al servicio.
¿Qué pasaba?
Que esa persona estaba en una residencia, al poco tiempo le concedían la plaza pública y la persona que hacia la prestación vinculada al servicio se tiene que pagar una parte importante, en la plaza pública solo aportas lo que es la pensión.
Entonces, mucha gente cambiaba a plaza pública, pero ahí no se obligaba a nadie.
Y a veces resulta que la plaza pública que te estaban dando no era donde tú tenías la prestación vinculada al servicio.
Y muchas veces era en residencias, que eran de la patronal, de Aerte, que eran privadas; entonces, claro, esa persona se le iba.
Y ellos se quejaban de eso.
Pero eso no era problema solo de la residencia.
Al señor le das una plaza pública, que no tiene que pagarla, pues, por supuesto que elige irse a la residencia pública.

Y la prestación vinculada, pues, era una ayuda.
Pero, al final, tienes que pagarte tú una parte, una parte importante de la residencia.
Y mucha gente, pues, no se podía permitir estar allí mucho tiempo.
Era una situación transitoria, hasta que te daban la plaza pública.

El tema de la inspección, a ver, nosotros hemos sancionado.
Yo no recuerdo ahora todas las inspecciones que hemos hecho; no recuerdo esa que me estaba comentando.
Pero, a ver, si se hacían las cosas mal, se tenían que sancionar.
No sé… Yo soy responsable… Ya digo que yo no era la que sancionaba.
Yo, porque me quería informar y me quería…; y de todo no recuerdo los temas, de todas las residencias.
Pues, no sé, igual tenía que haber estado más pendiente.
Pero quiero decir que no era yo el órgano inspector de la conselleria.

Y no sé qué más me… (La senyora Andrés, amb el micròfon desconnectat, diu: Â«Y la modificación del borrador de la orden de 2012, primero era un tercio de exclusividad y después, ustedes, usted, en la dirección general, lo cambia a dos tercios.
Â») Bueno, a ver, yo tengo también un secretario y un… Quiero decir, se puso como…, por un poco, tener ahí el criterio de los dos tercios.
Pero, luego, en la orden de 2014 lo quitamos; quiero decir, que no aparecía ya, no aparecía ya ni el segundo ni el primero.
Quiero decir, que no… Lo pusimos…, no sé por qué lo pusimos.

Y, a ver, el tema no es que yo esté a favor o en contra de la (inintel·ligible) … Yo estoy a favor de todo lo que estaban haciendo los secretarios autonómicos y todo.
El problema es que estábamos un poco atados de pies y manos, que no podíamos irnos por otro sitio, porque había informes… Todo lo que se ha hecho…, con informe favorable de la abogacía y de la intervención.
Es decir, que no sacábamos las cosas si no podíamos sacarlas, que parece también un poco aquí que lo estábamos haciendo todo escondiéndonos y eso.
Quiero decir, lo hacíamos siempre todo con los preceptivos informes favorables.
Si la abogacía decía que no se podía, no se podía.
Y si la intervención nos paraba las cosas, pues, no las podíamos hacer; no nos inventábamos tampoco nada.

El senyor president:

Muchas gracias, señora Albert.

Tiene la palabra doña María Bernal, en nombre del Grupo Popular.

La senyora Bernal Talavera:

Muchas gracias, presidente.

Yo quería volver a lo que supuso la ley de dependencia en la conselleria.
Porque aquí se ha hablado mucho también de esta ley.
Y lo que yo quería saber es si en esta ley se priorizaba la plaza en residencia en vez del cuidador no profesional o la prestación vinculada a servicio.

El otro día… Bueno, aquí hemos tenido muchos comparecientes.
Y el otro día dijeron que la ley dice que no se pueden dar más de equis prestaciones…, bueno, más de equis cuidadores no profesionales y que puede…, como que la ley tiene un mecanismo de sanción a las comunidades que daban…, bueno, no sé cuántas eran, pero supongo que la ley lo pone.
Y quería saber si nos puede decir un poco sobre esto.

Muchas gracias.

El senyor president:

Muchas gracias.

Tiene la palabra.

La senyora Albert Guerola:

A ver, creo que lo había dicho ya antes.
Pero, a ver, la ley de dependencia lo que prima son los servicios residenciales; y el cuidador familiar es excepcional, entonces era un poco la excepción.
Lo que pasa es que, como he dicho, un poco también se atendía a las personas lo que solicitaban, porque muchas personas, pues, quieren quedarse en sus casas, en su entorno familiar y que le cuide la familia, que le cuide su hija o la vecina o cualquier persona que tenga…

A ver, lo que se quería era primar el tema residencial, porque a veces también la gente tampoco está preparada para cuidar a una persona en casa.
Que, a veces, queremos tener a los mayores en casa, pero, muchas veces, pues, no tenemos la preparación que necesitamos para poder atender.
Entonces, lo que se primaba en un momento era el tema residencial.

Lo que pasa es que, pues, luego, se dieron también muchos cuidadores, porque la persona…, las familias querían el cuidador familiar.
Y, como digo, pues, había un déficit de plazas.
Se aumentaron con estos acuerdos las plazas.
Que sí que es verdad que llegó un momento en el que prácticamente la lista la habíamos limpiado, o sea, que teníamos bastantes plazas.
Lo que pasa es que esto es una cosa que, al final, pues, siempre necesitas más plazas para las personas.
Y, de hecho, pues, ahora también hay una lista de espera, a ver.

Repito, y digo que aquí, al final, lo que queríamos… Aquí no era ni beneficiar a unos ni beneficiar a otros.
A mí…, lo que yo quería era tener cuantas más plazas mejor y poder atender a las personas mayores, que era lo que necesitábamos.
Que es verdad que había, pues, un tapón por el tema de la dependencia, que sí que es verdad que nos costaba tramitar los expedientes.
Pero lo que queríamos era, pues, eso, que todas las personas y las familias, pues, estuvieran lo mejor atendidas posible, y era lo que desde la conselleria se ha hecho siempre en todo momento.

Y quiero decir que, a ver, todo lo que está haciendo el nuevo gobierno, el nuevo Consell, tampoco se va mucho de lo que hemos hecho nosotros.
Quiero decirte que tampoco está tan mal, tan mal… Ha continuado, por ejemplo, con los enriquecimientos injustos; ha mantenido esas plazas; sí que es verdad que no se están reponiendo; y ahora va a sacar el plan nuevo de las tres mil plazas, que era un poco el acuerdo marco que habíamos preparado nosotros, pero que estábamos un poco a expensas del tema de la exclusividad, que nos paraba un poco por si nos…, por toda la batería también de demandas que nos habían presentado las empresas en ese sentido.

El senyor president:

Muchas gracias a la señora Albert.

Y, con esta intervención, termina su comparecencia en esta comisión.

La senyora Albert Guerola:

Muy bien.

El senyor president:

Le damos las gracias por su presencia.

La senyora Albert Guerola:

A usted.

El senyor president:

Le damos las gracias por haber venido.

Y recordarles a las señoras y señores diputados que a las once y media es el siguiente compareciente, don José Juan Bas.
En caso de que estuviera, si les parece bien, comenzaríamos ya, en cinco minutos, ¿eh?
Y, en caso de que no esté, pues, hay que esperar hasta las once y media.

Muchas (inoïble) …

(Se suspén la reunió durant uns minuts)

El senyor president:

(Inoïble) … porque tenemos aquí al compareciente.
Si a ustedes les parece bien.
Si no, esperamos.
¿Están de acuerdo?
¿Sí?
¿Están de acuerdo?
No hay nadie que tenga…

Compareixença del senyor José Juan Bas Soria, exmembre de la mesa de contractació/comissió tècnica del concurs GR/0038/02/01

El senyor president:

Muy bien, pues vamos a continuar con la comisión.
Y con la comparecencia de don José Juan Bas Soria, al cual le informo que comparece en una comisión de investigación, a través de la que el parlamento ejercita su función de control político.
Debo indicarle, además, que la información que ofrezca a esta comisión debe ser veraz, conminándole a que debe ajustar su declaración a esa premisa, por estar penalizado el falso testimonio en el artículo 502 del Código penal.

Finalmente, debe saber también que la mesa de la comisión, y concretamente este presidente que le habla, garantizará el respeto a su derecho a la intimidad, al honor, al secreto profesional y la cláusula de conciencia y los demás derechos que la Constitución le reconoce.

En la conversación que hemos tenido previamente ya le he indicado al señor Bas cuál es el funcionamiento de la comisión, y por lo tanto vamos a pasar en primer lugar a don César Jiménez, del Grupo Podemos-Podem, para que pregunte lo que le parezca oportuno.

El senyor Jiménez Doménech:

Sí, no sé si té paper i boli per a prendre nota de… És que de vegades fem una sèrie de preguntes, així, en bateria, i és… Però bé, puc començar.
Que esta comissió d'investigació acumula moltes compareixences de persones que han tingut alguna cosa a vore en el contracte d'accessibilitat social que va tindre com a número d'expedient el GR/0038.
Vosté sap de què estem parlant.

Al principi, vam tindre moltes compareixences de persones que havien estat com vosté en les reunions de la mesa de contractacions.
I en aquell moment no vam treure massa informació al voltant de qui o quin equip va idear el plec de condicions, ja que la major part de les respostes van ser que no sabien o que no se'n recordaven de com se va elaborar.
En canvi, d'ençà d'aquells dies a ara algunes compareixences han mostrat contradiccions respecte a aquella versió.

I s'ha de dir que consideràvem una sort que encara vosté tinguera la possibilitat de fer-li algunes de les preguntes que vam fer en aquell moment, perquè ens done alguna clau més que ens permeta arribar a l'autoria.

Vosté participa en dos reunions que tenen a vore en l'expedient inicial d'adjudicacions a les empreses d'accessibilitat social.
Vosté participa com a cap del gabinet tècnic.
Però jo volia preguntar-li primer com se decidix la composició d'eixes reunions, que en van hi haver moltes en poquets dies.
En poquets dies en van hi haver moltes.

I precisament respecte d'això ens crida l'atenció la celeritat amb la qual se va resoldre el contracte, ates la importància d'aquest que en aquella etapa se va considerar la joia de la corona, han dit alguns compareixents.
Un contracte de 9.
000 places i amb un volum de contractació de 500 milions.

I anem a les contradiccions: la major part dels components de la mesa de contractació han coincidit a desconéixer l'origen del plec de condicions i del mapa gerontològic.
Només dues persones han variat este consens, i les dues ho han fet des de Picassent.
Han segut Tina Sanjuán i Rafael Blasco.

En concret, la senyora Sanjuán ens deia el 16 de maig: Â«Los pliegos se elaboraron entre varios departamentos, entre ellos el de contratación, y fue un proyecto en el que se participó mucho por todos los departamentos, insisto.
Â» I després, a la pregunta sobre l'interés en resoldre el contracte de manera ràpida, va contestar: Â«En un proyecto tan consensuado como este, en el que hubo tantas reuniones previas y donde se trabajó tanto el pliego, treinta días supongo que es suficiente.
Â»

La meua pregunta es: a quins departaments es referia la senyora Sanjuán?
Quina era la composició d'estes reunions prèvies que hi van haver?

La senyora Sanjuán ens relatava la presència de sindicats, partits polítics i altres actors del sectors.
Si vosté sap d'estes reunions, quina era la composició i si vosté en persona va assistir en algun moment.

Moltes gràcies.

El senyor president:

Muchas gracias.

Tiene la palabra el señor Bas.

El senyor Bas Soria:

La verdad es que en principio desconozco que hubiese temas previos con sindicatos, con partidos políticos.
Yo no tengo constancia de que hubiese nada de eso, lo cual no significa nada, eh, puede que hubiera ese tipo de encuentros.
Yo no lo sé.
A nivel funcionarial, sí hubo muchos.
De hecho, en alguno previo estuve yo, en lo que sería, digamos, el diseño de la configuración de cuál sería el modelo contractual a elegir.

En la estrategia, me acuerdo, estaba la secretaria general administrativa, la Dirección General de Servicios Sociales, el servicio de contratación.
Yo, como gabinete técnico, un poco.
.
.
Las funciones realmente técnicas no tienen nada que ver con el tema, pero bueno.
Por aquello de que podía aportar algo, pues se me citó.
El servicio de planificación, que tuvo un papel muy señalado en toda la gestación del pliego y del modelo contractual.
Creo que la intervención, la asesoría jurídica, no si la he mencionado ya.

Y era de tipo informal, es decir, era un poco de diseño de un modelo.
Era un modelo que había que diseñar, porque no era sencillo, porque lo que se pretendía era una especie de cuadratura del círculo y, bueno, pienso que luego podemos entrar ya en detalle sobre el tema.
Pero no era una cuestión sencilla, fácil, que pudiese de alguna forma hacerse por un solo departamento.

Si quiere que entre un poco más en detalle, hubo un mapa gerontológico, geriátrico, no sé cómo se llamaba en ese momento, que desde luego ese mapa es del que nace… Hay una decisión política del conseller.
El conseller lo que pretende es crear una serie de plazas públicas, que generen a su vez una oferta privada, una oferta privada que esté por encima de lo que el mercado ofrece en ese momento, teniendo en cuenta el nivel de dotación de medidas y el nivel de calidad de los medios que se ofertaban a nivel privado.

Y a partir de ahí, había que diseñar un marco contractual, que es el que toma por base unos datos, una información que está en el mapa geriátrico, que es el que se aporta por el servicio de planificación, imagino que en base a documentos estatales, a estudios previos, no lo sé.
Eso ya se me escapa.

Y sobre ese plan se definen unas necesidades.
Esas necesidades son básicamente de plazas de oferta genérica.
Se distingue entre público y privado, y se cifran las 9.
000 plazas, que eso era la cifra que se manejaba desde el comienzo.
Eso partía de una decisión política previa.
Evidentemente hay una decisión del conseller de que quería, imagino yo que como buque insignia de su política social, llevar ese programa de creación de plazas.

Y luego, hay una segunda decisión política.
Es a qué nivel de cobertura llegamos con esas 9.
000 plazas.
A qué nivel de cobertura pública llegamos con esas 9.
000 plazas.
Y se habla de un 30%, un tercio de las plazas que sean de cobertura pública.
Y bueno, pues ese es el modelo que existe al final: 3.
000 plazas públicas y 6.
000 libres o privadas, no vinculadas, digamos, a consignaciones presupuestarias previas.

Y a partir de ahí se estudia un modelo contractual.
Ese modelo contractual yo estoy presente, igual que está presente el servicio jurídico, en fin, todos los que he mencionado, éramos muchos.
A lo mejor un par de veces me llamaron para hablar de estos temas, y a partir de ahí se produce un pliego.

Ese pliego, la autoría, yo la desconozco.
Ahora, yo sinceramente mi percepción es que va a ser difícil encontrar una autoría en ese pliego.
Mi idea es que ese pliego tiene una serie de arquitecturas, esas arquitecturas se fueron haciendo por distintos servicios, y alguien uniría todas ellas.
Pero no sé quién.

Hay una arquitectura jurídica en la cual yo participo, junto -insisto- a todos estos de los que hemos estado hablando, de la que conozco y de la que prácticamente es de lo que me acuerdo de ese contrato.

Luego, hay una arquitectura económica, que yo creo que obedece esencialmente a los datos que elabora el servicio de planificación, imagino que en coordinación con la dirección general de servicios sociales, en cuanto a cuál sea el coste de la plaza, en cuanto a cuál sea el nivel de dotación, el nivel de cobertura pública.
En fin, no lo sé.
Eso se me escapa.

Hay una definición de zonas que sinceramente ni me acuerdo… Sé que eran diez, no me acuerdo cada zona lo que era.
Y esa definición de zonas desde luego la hace el servicio de planificación, que imagino que cuenta con datos suficientes de tipo demográfico, de análisis de la oferta existente, de previsión de demanda, y por tanto de cuáles pueden ser las necesidades de la Comunidad Valenciana.

Luego, hay una arquitectura contractual propiamente, que estoy seguro que se cogieron unos pliegos existentes y se copiarían y se unirían a esas otras partes del contrato, y de ahí saldría el pliego.
¿Quién uniría?
Pues imagino que el servicio de contratación, la Dirección General de Servicios Sociales o el propio servicio de planificación.
No lo sé.

Pero no creo que haya una autoría única del pliego, ni creo que lleve a ningún camino el buscar la autoría de este, porque mi experiencia en la administración es que siempre los pliegos son fruto de aportaciones diversas.
Es difícil encontrar a alguien que sepa de todo, es decir, encontrar a alguien que sepa de la forma contractual, de los efectos jurídicos, de la extinción de la suspensión, de las condiciones de la empresa, de las condiciones arquitectónicas de los centros.

Se me ha olvidado, claro, el servicio técnico, el servicio de arquitectura que también estaba presente en todos estos diseños.
No sé si con esto le he contestado a lo que usted me ha preguntado.

El senyor president:

Muchas gracias, señor Bas.

Tiene la palabra ahora el señor David de Miguel, en nombre del Grupo Ciudadanos.

El senyor De Miguel Martínez:

Gracias, presidente.

Señor Bas, buenos días y gracias por su comparecencia.

Yo también voy a centrarme en la fase esta de pliegos y los actos preparatorios, digamos.
Porque usted, por el puesto que ocupaba en el momento y por su dilatada carrera profesional, entiendo que habrá asistido muchas veces a mesas de contratación, habrá participado a lo mejor en elaboración de pliegos o dando su opinión, como usted bien ha dicho, en las distintas arquitecturas en la que se refiere su competencia.

Pero en esta misma comisión, un compareciente, un miembro de la mesa de contratación de la que usted formaba parte sí que dijo que algunas empresas de las que optaban o concurrían hicieron gestiones oportunas literalmente para acceder a los pliegos, antes de que estos fueran públicos.

Entonces, ¿le consta que esto fuera así?
¿Le consta que esto sea un comportamiento habitual?
Porque es evidente que, una vez publicados, pues sí, sí que hay consultas.
Pues oye, aclárame este punto que no… Pero, yo entiendo que no, pero si considera que era algo habitual que las empresas, previamente a la publicación de los pliegos, tuvieran acceso.

Por otra parte, también es una pregunta muy recurrente que hemos hecho sobre el plazo de treinta días que se estableció en los pliegos para presentar el proyecto.
Que es verdad que muchos comparecientes han dicho que sí, que era un plazo, que si había ganas y si había recursos, pues las empresas podían hacer en treinta días, presentar un proyecto.
Pero claro, se tenía que contar con la disponibilidad de los terrenos, adaptarse a un pliego de condiciones técnicas.

Que además, en un caso como el que estamos hablando, usted mismo ha reconocido que no era sencillo, no era un proyecto fácil de poner en marcha.
Y por tanto, si no era fácil para la conselleria, tampoco era fácil para las empresas.
Entonces, este plazo de treinta días, ¿usted considera, dada la complejidad del proyecto, que era un plazo adecuado para que se permitiera el concurso en igualdad de condiciones de todas las empresas?

Porque, claro, al final, las que se presentaron eran mayoritariamente todo UTE, con unas infraestructuras que evidentemente tenían recursos suficientes para en treinta días, en un día a lo mejor, preparar el proyecto, pero no para cualquier empresa, no para una residencia familiar, por ejemplo, que quisiera optar.
Entonces, si el plazo le parecía el adecuado.

Por otra parte, en la última reunión de la mesa de contratación, el interventor, que era uno de los miembros de la mesa, quiso hacer constar en el acta una observación acerca de la discrepancia de criterios en el momento de otorgar puntos por la rebaja de precio, ya que en opinión de este, era mejor calcular la rebaja en función del precio unitario de la plaza y no del global del precio multiplicado por el número de plazas.
No sé si… Es un poco…

Por lo visto, parece ser que todos los miembros de la comisión impusieron el contrario al que se proponía, porque al final se desestimó.
Entonces, usted, por ejemplo, no estaba en esa reunión de la que le hablo, pero sí que es una de las tres personas que hicieron el informe técnico de valoración, junto con Carmen Olmos y Amparo Benet.
¿Le consta quién abogó por ese criterio, quién defendió ese criterio contrario al del interventor?

Y ya para acabar, si bien es cierto que usted ha dicho que es difícil encontrar una autoría concreta de los pliegos y que no nos lleva a ningún sitio, es que resulta curioso que a quien hemos preguntado, todo el mundo dice: Â«No, no, yo no participé.
Â» Parece que les da miedo.
Y nosotros no ponemos en duda, ni muchísimo menos, la profesionalidad.
Pero todo el mundo… Â«¿Le consta quién le redactó los pliegos?
Â» Nadie sabe nada.
Â«No, no, yo no participé.
Â»

Sin embargo, por ejemplo, la jefa de la oficina técnica, Amparo Benet, sí que dice, tal y como usted ha dicho, que cada departamento iba aportando… Dice que le tratarán una duda sobre si las especificaciones técnicas tienen que ser más parecidas a las de instalaciones autorizadas u hospitalarias.
Se hizo una consulta y se nos contestó que debían utilizar anexos de los hospitales, tal.

Quiero decir, ¿le consta esta consulta?
¿Esto no considera que es una forma de lo que usted mismo ha dicho, que todos los departamentos participaron, y que a lo mejor no sabemos quién fue el que unió todas las piezas para darle forma al pliego?
Pero sí que entiendo, le pregunto si considera que esto es una forma de participar en los pliegos, que todo el mundo ya dijo, no sé por qué, les daba tanto miedo, todo el mundo ha negado participar en ellos.
Ya está.

El senyor president:

Gracias, señor De Miguel.

Señor Bas, tiene la palabra.

El senyor Bas Soria:

Disculpe por parte del anterior interviniente, que no he contestado a las preguntas del pliego.
Yo no soy consciente de que hubiese mucha premura.
Es decir, en principio yo creo que en cualquier mesa de contratación tiene dos sesiones: una que se abre el sobre A y otra que se abre el sobre B.
Y generalmente se decide sobre eso.
Yo me acuerdo que aquí hubo una comisión previa en la cual estuvimos trabajando creo que tres personas y, bueno, esa comisión previa -digamos- que facilitó el trabajo a la mesa de contratación.
No tengo yo esa concepción de que hubiese premura.
Igual la hubo, pero en mi memoria no está.

En cuanto a si los pliegos previamente están en exposición de las empresas.
Nunca.
Nunca deben estar, nunca pueden estar y nunca han de darle difusión pues porque la información en el fondo es una ventaja contractual que no es lícita.
Por lo tanto, si alguien dio información previa a las empresas hizo mal, indudablemente, y probablemente fuese una causa de viciar la voluntad contractual y causar nulidad.

En cuanto a treinta días para presentar las posiciones contractuales de cada empresa, la verdad es que no me acuerdo muy bien lo que había que presentar.
Desde luego, obtener suelo en treinta días es imposible.
Pero me imagino que lo que se pedirá será un derecho de opciones.
Es que no me acuerdo, sinceramente.
Pero si se pide un derecho de opciones y se pide a través de un documento privado, pues bueno, ya es más asumible, es más factible.
No creo yo que en treinta días se pueda conseguir suelo y es un plazo excesivamente corto.

En cuanto al criterio del interventor, la verdad es que no he entendido mucho lo que quería decir el interventor en ese caso.
Yo he estado…, en mesas estuve en pocas y me puedo imaginar una cosa: y es que si yo fui autor de un informe previo, de una comisión previa, y ese informe se debatió en la mesa, estoy seguro de que me abstuve.
Porque es lo que tiene que hacer el autor de un informe que va a ser juzgado por la mesa de contratación, es abstenerse, evidentemente.
Que los demás juzguen el propio informe.
Pero en fin, no lo sé.
No conozco el tema del criterio del interventor y tampoco -insisto- que no he entendido mucho lo que quería decir.

En cuanto al (inintel·ligible) … (rient) y a los pliegos -insisto- en que yo creo que no hay que tener ninguna vergüenza.
Es decir, que hay quien hace una parte, la parte arquitectónica es evidente.
Pero es que es bien sencillo de entender.
La parte jurídica del pliego sería con certeza del servicio jurídico; la parte de planificación, del servicio de planificación; la parte de arquitectura del servicio de arquitectura; y lo que son los pliego contractuales tipos, serían de algún documento tipo que tendría el servicio de contratación.

¿Quién los uniría?
Probablemente el servicio de planificación, pero no puedo dar fe de que así fuese la cosa.
Pero bueno, eran unos pliegos que no fueron impugnados previamente, que no se han puesto -hasta donde yo conozco- en tela de juicio jurídica.
Otra cosa es la tela de juicio política, que eso ya el juicio político es distinto, versan otros criterios.
Pero en términos legales creo que no ha habido cuestionamiento de los pliegos, hasta donde yo conozco el tema.
Y bueno, no creo que haya que tener ninguna clase de vergüenza sobre el asunto.

Creo que he contestado a todo lo que ha preguntado.

El senyor president:

Muchas gracias, señor Bas.

Tiene ahora la palabra la señora Mònica Álvaro en nombre del Grupo Compromís.

La senyora Álvaro Cerezo:

Moltes gràcies, president.

Moltes gràcies, senyor Bas, per assistir avui a esta compareixença.

Encara que vosté no estiguera en el moment de l'obertura dels sobres de les diferents ofertes que es van presentar al concurs, entenem que, com a membre en posteriors sessions de la mesa de contractació, estaria al corrent de les qüestions relatives a les ofertes econòmiques.
Així doncs, no li va estranyar la gairebé total coincidència en el preu de les ofertes i que aquestes foren sempre molt similars al preu màxim establert en el plec de condicions?
Perquè, normalment, quan s'opta, se tira a la baixa i en aquest cas coincidien gairebé totes i coincidien gairebé totes en el preu màxim.
Va comentar o li va comentar algú aquesta qüestió, amb altres membres de la mesa?

Potser en el seu dia vosté no va caure en aquesta coincidència però ara, amb la perspectiva que dona el pas del temps i si tinguera capacitat d'esmena, creu vosté que açò podria ser un indicador d'un pacte entre les empreses?
Un pacte de preu entre les empreses adjudicatàries?

I respecte a les millores, també s'ofertaven una sèrie de millores tècniques com, per exemple, la construcció d'una residència en vint-i-quatre mesos.
Això se va ofertar i això està en el contracte.
Creu vosté que això era factible?
En data 26 de setembre del 2001 va veure la llum el document anomenat Â«Interpelación de las cláusulas administrativas por parte del conseller Rafael BlascoÂ», que donaria preferència i exclusivitat en el finançament a les empreses d'accessibilitat social sobre la resta d'entitats, fins i tot, altres modalitats.

Amb aquest document, només quatre mesos després de l'adjudicació, es feien una sèrie de consideracions que alteraven objectivament el contingut del plec de condicions original.
Coneix vosté aquest document?
I, en cas afirmatiu, quina va ser la seua reacció quan va conéixer aquest document que interpretava el plec?
I encara que vosté s'encarregara de qüestions més tècniques, va pensar que en algun moment podia entrar en contradicció amb el plec de condicions?
Algun altre membre dels que habitualment participaven en processos d'aquest tipus va expressar alguna opinió en este sentit?
(Veus)

Sí.
Si va pensar que el document del senyor Rafael Blasco, eixa interpretació del senyor Rafael Blasco, podia entrar en contradicció amb el plec de condicions i si algun altre membre de la mesa, dels que vosté habitualment participava amb processos conjuntament, li va referir alguna opinió en este sentit.
Té coneixement a qui va encarregar el senyor Blasco l'elaboració d'este document?

I una altra fita important en este procés va ser l'ordre del 5 de desembre del 2007, quan ja Cotino era conseller de benestar social, que introdueix a més de l'exclusivitat, reforça l'exclusivitat, en concert fins al cent per cent de les places construïdes en els centres i la fórmula escollida és la de concurs restringit sense publicitat i exclusiu a les empreses adjudicatàries del programa.

Ahir mateix vam conéixer declaracions de l'exconseller Blasco mitjançant una carta en un diari en la qual acusa al propi Cotino de desvirtuar el seu model de gestió de residències.
Coincidix vosté en què amb aquesta ordre del 2007 la voluntat podia ser la d'afavorir a un conjunt d'empreses en el sector?

Moltes gràcies.

El senyor president:

Muchas gracias.

Señor Bas tiene la palabra.

El senyor Bas Soria:

No le puedo contestar a casi ninguna de las… Estuve muy poco tiempo en la conselleria y luego, digamos que mis competencias allí estaban básicamente en lo que sería la agenda del conseller y la defensa parlamentaria de sus intervenciones.
Hubo un par de intervenciones parlamentarias sobre este tema y si usted quiere después podemos entrar en ellas.

¿Coincidencia de ofertas económicas?
Sinceramente no me acuerdo de la parte económica de la mesa de contratación.
Insisto en que yo la impresión que tengo es que mi intervención en lo que sería todo el proceso de adjudicación de plazas fue centrada, básicamente, en determinados criterios muy…, bueno, medianamente objetivos.
Medianamente objetivos no, medianamente claros en los pliegos.

Y la parte económica no soy consciente de ella.
Ahora bien, indudablemente, la coincidencia de ofertas demuestra claramente la…, puede ser un indicio de pacto.
Punto.
No digo más que eso.
Es decir, que cuando las ofertas van todas ajustadas…, salvo que el cálculo del precio fuese muy a la baja y no lo sé.
Yo nunca estuve en la definición de los módulos de precios de las plazas.

Ahora, si los precios de las plazas están bien calculados y admiten margen de maniobra y todas las empresas ofertan con cantidades muy similares pues, evidentemente, puede ser un indicio de pacto entre ellas.
Insisto en que yo no tengo ninguna constancia de que se hablase previamente con empresas, con sindicatos, con partidos, ni con nadie.
Yo me senté con unos cuantos funcionarios, hablamos del tema en términos estrictamente técnicos y ahí acabó la cosa.

Construcción en veinticuatro meses.
No tengo ni idea cuánto cuesta construir, sinceramente.
Ni tampoco sé la tipología de centros.
Hoy en día creo yo que los módulos de construcción creo que han mejorado mucho, pero no tengo ni idea si en veinticuatro meses se puede construir o no un centro.

Indudablemente a lo que se aspiraba era -eso sí, ahí tengo constancia- a lo que se aspiraba era a crear una serie de centros nuevos o centros de nueva planta que tuviesen unas características de calidad definidas, determinadas.
Que se consiguiese o no, que se cumpliese o no, por lo que he oído sinceramente parece que se incumplieron bastantes de las condiciones contractuales que estaban pactadas, pero no lo puedo decir.
Yo me fui, creo que en 2003, a principios, me parece, y por tanto la orden del 2007 es que no tengo ni idea de cuál es el contenido.

Se ha alterado o no el sistema.
Vamos a ver.
Eso un… Igual no tengo tiempo para contar todo esto, pero a mí usted me ha mencionado un concierto… ¿Cómo lo ha mencionado?
¿Un concierto en la orden del 2007?
(Veus) Es que… ¿Cómo le ha llamado?

La senyora Álvaro Cerezo:

Del concierto hasta el cien por cien de las plazas.
Empezaron a ser plazas concertadas.

El senyor Bas Soria:

Y el nombre del contrato, ¿cuál era?

La senyora Álvaro Cerezo:

Es la orden del 5 de diciembre del 2007.

El senyor Bas Soria:

Sí.
No.
Es que ha dicho usted concierto de acceso limitado…

La senyora Álvaro Cerezo:

…por la cual se podían concertar hasta el cien por cien de las plazas.

El senyor Bas Soria:

Sí.
Sí.
Vamos a ver, cuando se formula -hasta donde yo estoy, en donde yo he participado- cuando se formula la propuesta de una figura contractual para crear ese fin o ese objetivo político que el conseller propone, de lo que se trata es de lo siguiente: hay un marco jurídico contractual que es la ley de contratos, creo que la del 1965 que aún estaba vigente, no se había aprobado la nueva ley de contratos.
Ese marco jurídico nos dejaba o el contrato de servicio, el contrato de gestión de servicios públicos… En la gestión de servicios públicos ninguna de las fórmulas se adecuaba al tema.

Por lo tanto, al final…, es decir, una concesión no cabe, no cabe una concesión porque se exige una cosa que se llama la publicación, es decir, que sea previamente un servicio público.
Y esto no era un servicio público en el sentido monopolístico del término.
Es decir, es un servicio que pueden prestar particulares o la administración pública.
La gestión interesada no es una fórmula que tampoco valga para este tema.

¿Qué más queda por aquí?
El concierto tampoco nos vale.
Tampoco vale porque el concierto exige que haya unas empresas que vayan prestando el servicio en ese momento y la verdad es que el sector era un sector en transición en ese momento.
Es decir, que había un montón de centros que estaban atendiendo a personas mayores con bonos que expedía la conselleria como ayudas al capítulo IV, en definitiva, y que estaban ubicados en lugares absolutamente inapropiados.

Todo el entorno urbano, el cinturón periurbano de Valencia, llámese El Vedat, La Cañada, estaba lleno de antiguos chalets que estaban convertidos en centros de atención a personas mayores.
Y lo que se intentaba con eso era generar una demanda.
Esa demanda era una demanda privada, de las cuales una parte de esa demanda privada canalizaría las subvenciones.
Por tanto, lo que se opta es por un contrato atípico, un contrato especial que es el contrato de puesta a disposición.

Puesta a disposición no significa comprar plazas.
Significa simplemente que, de las plazas que se creen, un tercio digamos que se ponen a disposición de la conselleria en el sentido de que, por la condicionalidad de las subvenciones, las subvenciones en lugar del bono que pueda la persona elegir libremente el centro, la persona elegirá una zona y dentro de esa zona habrá unos centros.
Esos centros serán en teoría nuevos, en teoría de un nivel de calidad alto.

Por lo tanto, no hay propiamente ningún gasto con cargo al capítulo II, ni ninguno con cargo al capítulo VI.
Lo que hay es una inversión con cargo al capítulo IV que permite, además, generar una demanda nueva o, simplemente, desviar la demanda existente y que el bono existente en ese momento se convierta en ayudas que irán a esos centros de nueva creación.

Dicho de otro modo, primera, en cuanto a la exclusividad, es la única manera de garantizar que esos centros sean viables, porque si les dice usted que construya nueve mil plazas de las cuales le digo que yo me voy a quedar tres mil pero si no las ocupo no le pago, la única fórmula es asegurándole que los nuevos bonos que se vayan a crear van a ser bonos o subvenciones o ayudas que se deriven a esos centros.

En segundo lugar, evidentemente, es absurdo superar el tercio.
Porque lo que se pretende con esa operación o con esa fórmula contractual, lo que se propone con eso es crear además una demanda privada.
¿Para qué voy a superar el tercio?
Si yo supero el tercio lo que tengo que exigir es que esa nueva cantidad de plazas de accesibilidad se conviertan…, sean en el 33% de una nueva cantidad, no sé si me explico.
Si en lugar de tres mil plazas creo cinco mil de accesibilidad, lo que tendré que exigir es que sean quince mil las plazas.
Porque al final lo que a mí me interesa es crear una demanda pública y privada.
Si yo aumento la accesibilidad sin aumentar las plazas privadas libres, no consigo nada.

Es decir, ¿se alteró el sistema?
Yo creo que cuando un contrato de puesta a disposición que insisto que es una figura atípica…, ahora es más fácil, con la nueva legislación de contratos.
Existe la colaboración público-privada.
En ese momento no existía la colaboración público-privada.
Toda la doctrina de la Comisión Europea sobre la colaboración público-privada no se había producido y entonces hubo que acudir un poco al ingenio y a lo que buenamente se podía.
Y por esa vía lo que se consiguió fue una figura en la cual propiamente no había una obligación de pago, lo que había era una obligación que era incorporar a las subvenciones las condiciones de que la subvención se hiciese efectiva en esos centros de nueva creación.

Y a partir de ahí, a la pregunta de, ¿se desnaturalizó el sistema?
Pues, yo no sé ese contrato de acceso limitado, o no sé qué, del que usted me ha hablado pero sospecho que sí, que no tenía nada que ver el sistema inicial con el sistema final.
Y añado: si el sistema inicial se desvirtuó por una interpretación del 26 de septiembre del 2001, le puedo asegurar que yo no fui porque es el día de mi cumpleaños y me lo suelo pedir (rialles) de día libre, o sea que ese día no estaba yo para hacerlo.

Pero, en todo caso, si se desvirtuó por esa vía, o sea, si por esa vía se incrementó lo que sería la concepción de la accesibilidad social a un porcentaje superior al tercio, en mi opinión sí se desnaturaliza el sistema porque el sistema estaba previsto para que de las plazas totales un tercio fuesen de cobertura pública, si ese tercio se sube se está alterando el sistema, se está alterando una decisión política pero, bueno, digamos que tampoco era mi misión.

No sé, creo que le he contestado a todo, me parece.

El senyor president:

Muchas gracias, señor Bas.

Tiene ahora la palabra la señora Concha Andrés, en nombre del Grupo Socialista.

La senyora Andrés Sanchis:

Gracias, presidente.

Muchas gracias por acudir a esta comisión, señor Bas.

Mire, yo quisiera empezar por el final.
Usted ha dicho que si el informe del señor Blasco, que recordemos que se hizo tres meses aproximadamente después de que se adjudicaran esas plazas de accesibilidad social, tres meses después parece muy rápido para empezar a interpretar un contrato, no solamente alteró la decisión política sino también la decisión técnica, ¿no?
, porque por lo que usted nos está contando la voluntad de ese contrato surgía de una manera clara, y era que se concertarían un tercio de las plazas.

Es más, me gustaría que me dijera usted si eso viene ratificado por la memoria económica que acompaña a ese contrato especial, a ese pliego en el que solamente se calcula el importe correspondiente para un tercio de esas plazas durante toda la duración del pliego.

Yo quisiera que usted me dijera también su opinión, ¿no?
Esta interpretación que hace el señor Blasco es a efectos de una consulta de Transmetropolitan, Ortiz e Hijos Contratista -ya sabe usted, el señor Ortiz, ¿no?
, que después ha salido en muchas declaraciones de la UDEF-, pide esta interpretación del señor Blasco que hace pues con suma rapidez y se le notifica por la secretaria general administrativa, por la señora Tina Sanjuán, sin registro de salida, eso me gustaría, desde un punto de vista jurídico, si usted piensa que es lo adecuado, sin registro de salida, solamente se notifica al parecer a esta UTE -según nos ha facilitado AECAS-, el resto del sector parece ser que no conocía que estuviera este informe Blasco.
(Soroll de papers)

Y, luego, desde un punto de vista jurídico, este documento, ¿para usted tiene validez si se realizó sin el informe jurídico previo, sin seguir con el trámite de audiencia, sin dar la posibilidad de recurso, como después se ha manifestado por la abogacía, hasta incluso por el Tribunal Superior de Justicia que en dos ocasiones ha dicho que este informe no tenía esa capacidad de poder ser entendido como informe interpretativo?

Si este informe del señor Blasco lo que hacía era, evidentemente, alterar uno de los elementos esenciales del pliego, que era la exclusividad de un tercio, por tanto habría la posibilidad además del cien por cien, ¿usted coincide con que eso alteraba uno de los elementos esenciales del pliego y por lo tanto suponía un trato de favor para estas empresas, si les daba esa oportunidad de concertar del cien por cien?

Luego, también, se cambiaron otros elementos esenciales del pliego y es que en seis meses tenían que presentar la acreditación de la disponibilidad de terrenos.
No lo cumplió ¡ninguno!
Se dieron prórrogas no solamente de seis meses más, que me gustaría saber cuál es su criterio de que se amplíe por encima de las previsiones de la ley, sino hasta incluso de un año en algunos casos.

También (soroll de papers), esto sí que estaba usted, se lo pregunto porque cuando se produjeron estas alteraciones sí que estaba todavía, si le llegó a usted esa información de que las empresas, ninguna estaba cumpliendo con ese requisito de acreditar la disponibilidad de terrenos para que se ubicaran las residencias.

¿Quién hacía el seguimiento de los proyectos de ejecución que habían presentado, usted nos podría decir quién hacía el seguimiento?
Porque, después, se han comprobado que también existían múltiples irregularidades; no disponían de baños geriátricos, no disponían de salas suficientes para las personas mayores, etcétera.

Y, luego, también, si en las UTE inicialmente estaban empresas que facilitaban lo que era la capacidad técnica o de gestión del sector, pero después estas empresas desaparecen y se quedan solamente empresas constructoras.
¿Cree usted que esto también afectaba a lo que podían ser las condiciones del pliego y las condiciones de adjudicación?

Y, de momento, nada más.

Gracias.

El senyor president:

Muchas gracias, señora Andrés.

Tiene la palabra el señor Bas.

El senyor Bas Soria:

Las preguntas que veo aquí es que, ¡claro!
, me piden casi (rient) un dictamen, no sé, voy a dar una opinión con la poca información que tengo y de la cual me acuerdo.

Interpretación, la interpretación de los contratos es una facultad implícita en el órgano de contratación pero hay que ejercerla siguiendo un cauce, un procedimiento y unas formalidades.
Una formalidad indudablemente es el informe previo; una segunda formalidad es que adopte la forma de acto administrativo; y una tercera formalidad indudablemente es la notificación a todos los interesados.
Una interpretación que no se notifica a todos los interesados, así como una opinión a bote pronto de tipo jurídico, ¡claro que lesiona un derecho fundamental!
, que es el derecho de defensa de los competidores y como tal está viciada de nulidad, ni anulabilidad, ya no lo sé pero, bueno, indudablemente hay que notificarlo.

¿Quién lo hizo?
Creo que el anterior interviniente también lo ha preguntado.
¿Quién hizo esa interpretación?
Ya le digo que no sé quién la hizo ni tampoco conozco el tema.
Ahora, yo sigo pensando en lo mismo y es que, ¿para qué hace falta incrementar las plazas de accesibilidad sin incrementar el monto total de plazas?
Si es que, al final, lo que se buscaba era generar una demanda privada también, o sea, al final el objetivo era bueno en el sentido de que se genera una demanda pública que va acompañada de una demanda privada, ¿por qué?
, porque se entendía que existía -según ciertos estudios- una demanda privada que así lo acreditaba.

En principio, insisto en que no conozco más del tema pero el objetivo inicial del contrato era ese, era crear una demanda equis cuyo tercio fuese de cobertura pública; cobertura pública -insisto- por ese método o esa fórmula que era en el fondo coger, o crear nuevas subvenciones, o simplemente la oferta existente condicionarla a los nuevos centros.
Es verdad que este tipo de ayudas para personas mayores dependientes pues no tiene, a nivel de cada titular, no se extiende mucho en el tiempo, no se alarga mucho en el tiempo por motivos evidentes, son personas mayores y además con problemas de dependencia.

Por lo tanto, ese tipo de subvenciones se extinguen, generan nuevas altas y esas nuevas altas se podían perfectamente condicionar a que la persona eligiese una zona y que esa zona estuviese cubierta por uno, dos, o tres centros.
(Algú tus)

Seis meses para acreditar disponibilidad que luego se amplía a un año.
No seguí ese tema, he oído por noticias de prensa y demás que hubo un incumplimiento.

Desde luego, la pregunta de ¿quién tiene que hacer el seguimiento de un contrato?
En mi opinión en el centro gestor, que en este caso es la Dirección General de Servicios Sociales que es la que se encarga de cumplir o de implementar los contratos.
Si una empresa incumple, en buena lógica se debe actuar.

El tipo de actuación que sea pues la verdad es que yo creo que hay mucha jurisprudencia que dice que se debe intentar mantener el contrato, es decir, que se debe acudir a la extinción del contrato como medida última y hay que intentar o forzar a la empresa, o modificar las condiciones, o imponer penalidades para que cumpla, pero lo que no debe hacer la administración es abstenerse de actuar en caso de incumplimiento.

¿Me llegó la información de que se cumplía o se incumplía?
Estuve muy poco tiempo después pero no me llegó ninguna, ¡vamos!
, no tengo conocimiento de que me llegase ninguna información, o no soy consciente yo de que me llegase esa información, sinceramente.
Lo he leído en prensa, lo he leído, bueno, sí, pero allí como funcionario no tuve yo constancia.

En cuanto a si las UTE se mueven, hay movimientos internos y desaparece alguna de las empresas que forma parte de la UTE, indudablemente las condiciones subjetivas del adjudicatario han de mantenerse durante todo el tiempo del contrato, y si se alteran debe solicitarse autorización de la administración, es decir, si en la UTE desaparece una empresa es una alteración esencial del contrato que necesita autorización de la administración, si la administración autoriza, de acuerdo; si no autorizó, hay una causa de nulidad indudablemente, pero la administración debe de enterarse indudablemente de estos temas y una vez se entera debe actuar.

Vuelvo a decir lo mismo: es tan incumplimiento el no disponer del suelo para construir en el plazo previsto como alterar la composición interna del adjudicatario del contrato.

El senyor president:

Muchas gracias, señor Bas.

Tiene, ahora, la palabra la señora María Bernal en nombre del Grupo Popular.

La senyora Bernal Talavera:

Muchas gracias, presidente.

Buenos días, señor Bas.

En primer lugar, queríamos agradecerle su presencia en la comisión y, bueno, gracias por contestarnos a las preguntas.

Usted ha sido llamado como miembro de la comisión técnica y del concurso y miembro de la comisión de contratación.

En primer lugar, quería preguntar si usted, junto a otros dos miembros de esta comisión, hizo el informe de valoración de las ofertas.
Me gustaría que nos explique cómo hicieron este informe, qué aspectos destacaron, si hicieron un informe como otros que ustedes hicieran mientras ha estado ocupando este puesto (veus), si ha hecho informes parecidos al que haya hecho.

Haciendo ese informe, usted ya conocía el pliego de condiciones, ¿participó el servicio técnico de la conselleria en algún momento a la hora de organizar el pliego?
¿Me podría decir si era un pliego de libre concurrencia al que cualquier empresa se podía presentar en él?
Nosotros conocemos las empresas que fueron adjudicatarias y sabemos que tanto miembros de AECAS como miembros de Aerte resultaron adjudicatarios.

Siendo jefe de servicio técnico, también quería saber si usted conocía la situación gerontológica que había en la Comunidad Valenciana.
¿Usted sabría decirme si en ese momento la conselleria disponía de recursos para poder construir esas plazas?

Usted solo participó -si no me equivoco- en dos mesas de contratación.
Me gustaría que nos dijera si en algún momento tanto en la realización del informe de la valoración de las ofertas como en las mesas de contratación que participó, si en algún momento alguien le presionó para beneficiar a alguna de las empresas adjudicatarias, si alguien le impuso o les impuso hacer algo incorrecto en el proceso de contratación.

Y, por último, usted ha comentado aquí el hecho de los precios, bueno, la concertación de precios.
Yo quería apuntar que la concertación de precios, porque aquí hemos tenido muchos comparecientes ya, deriva de las nuevas prestaciones y exigencias que se pidieron en la ley de emprendedores de 2006 en la que se priorizaban las plazas de residencia antes que las otras prestaciones, y de hecho el anterior compareciente ha dicho que ampliaron plazas no solo los dos tercios de AECAS, de las residencias de accesibilidad, sino que también se ampliaron residencias del tercer sector y residencias públicas.
Entonces, quería apuntar esto.

También, apuntar que hay un informe del 24 de junio del 2014, de la abogacía, que dice literalmente: Â«Hasta la fecha, y considerando que el criterio interpretativo de 26 de septiembre de 2001 no ha sido cuestionado ni revisado por ningún órgano competente, ha resultado incontestable que oficialmente la administración mientras no revise sus actos, si procede, está obligada a seguir los criterios por ella proclamados.
Â»

Había creado, instaurado un derecho de preferencia en favor de los adjudicatarios del contrato especial de referencia que obligaba a esta administración a seguir adjudicando plazas subvencionadas a estas empresas por encima del primer tercio estipulado inicialmente en el contrato.

Muchas gracias.

El senyor president:

Muchas gracias, señora Bernal.

Tiene la palabra el señor Bas.

El senyor Bas Soria:

Muchas preguntas, voy a intentar acordarme de todas.

¿Tenía medios propios la conselleria para construir?
No, claramente.

¿Se me presionó en algún momento en la mesa de contratación o en la comisión previa?
No.

El pliego, bueno, es que como ha dicho Â«servicio técnicoÂ», era gabinete técnico, el gabinete técnico es una unidad orgánica que se dedica básicamente a los temas parlamentarios, a los temas de estudios y argumentarios, entonces el servicio técnico es el de arquitectura normalmente, lo digo porque al principio me he quedado un poco mareado.

¿Había estado en alguna mesa de concertación con esa complejidad técnica?
No me acuerdo yo de haber estado en alguna tan complicada que exija crear…, bueno, sí, sí que estuve, en la conselleria de industria he estado en alguna pero, bueno, era también muy específica, el tema de estaciones de ITV pero que, básicamente, en el tiempo en la Conselleria de Bienestar Social es la única mesa de contratación que yo tengo memoria de haber estado, con cierta complicación.
De hecho, es la única mesa de contratación en la cual me suena haber estado, en mi memoria, pero bueno.

¿Qué criterios.
.
.
, en la comisión técnica qué criterios tuve yo que valorar?
Tuve que valorar dos criterios: uno era la coherencia, digamos, espacial o geográfica que aportaba cada beneficiario dentro de la zona.

El pliego, hasta donde yo me acuerdo, era muy genérico y, entonces, tuve ahí un poco que elucubrar sobre el tema.
Lo hice yo.
.
.
, los criterios uno y dos, que hice yo, los hice sin colaboración.
Es decir, que era.
.
.
, técnico fui yo el único que intervino en ese proceso.

A la hora de buscar la coherencia geográfica o espacial pasaban dos cosas: en primer lugar, que había gente, había licitadores que, dentro de las zonas, se concentraban solo en los espacios urbanos y dejaban.
.
.
Claro, si la zona era grande, al final se conseguía poco efecto con eso.
Entonces, se buscaba primero un equilibrio en toda la zona.
Se buscaba además evitar.
.
.
, siempre que haya una zona que tenga una franja interior, una franja costera, se intentaba premiar al que se iba un poco al interior, porque.
.
.
Vamos a ver, esto lo digo en el sentido de que el adjudicatario tenía que, dicho así con claridad, buscarse la vida con los dos tercios de la demanda, porque la demanda privada tenía que cubrir con sus propios medios.
Claro, es mucho más tentador estar en un sitio, digamos, cercano a un casco urbano, cercano al litoral que en un sitio de interior.
Entonces, eso era otro criterio a tener en cuenta y.
.
.
, y ya no me acuerdo, dentro.
.
.
, ahí, qué más criterios se tenían en cuenta.

Pero, bueno, en base a eso, se hizo una puntuación objetiva -o intenté yo que fuese lo más objetiva posible- de cómo configuraba cada área cada licitador.
Y luego había un segundo criterio que era muy sencillo, que era una fórmula matemática, que era cuánto tiempo cada licitador, digamos, anticipaba las plazas que iba a ofrecer.
Es decir, con cuanto tiempo se adelantaba.

Bueno, pues ahí se hacía una escala.
En esa escala se decía: si usted va a adelantar seis meses, nueve meses, doce meses, se hace unos puntos, una especie de escala lineal o proporcional y ya está, y no había mayor problema.
E hice la valoración de esos dos criterios y no más.

No sé si me he dejado.
.
.
Creo que me dejo algo, pero ya no.
.
.
Ah, a partir de.
.
.
No, todo lo que sea 2007, 2014, de verdad, lo siento, pero es que no lo conozco el tema y no sé.
.
.

Desde luego, en cuanto a lo que usted me ha citado del informe de la abogacía, y lo que he contestado al interviniente del Partido Socialista, yo le digo una cosa, y es que.
.
.
, vamos a ver, que haya una interpretación de las cláusulas que tenga efectos de anulabilidad no significa que, si esa anulabilidad no se actúa, ese acto tenga efectos.
A la pregunta de: ¿una interpretación de un contrato se puede hacer notificándola solo a un contratista?
Está claro que no.
Hay que notificar a todos, va de suyo.

¿En cuanto a que si esa interpretación obliga a la administración?
Claro, la administración viene obligada por sus propios actos.
Entonces, la administración algo tiene que hacer con esa interpretación: sacarla del mundo jurídico, compensar a los perjudicados, indemnizar por un daño que puede haber causado.
.
.
No lo sé.
Eso se estudia, se buscan las vías compensatorias o las vías de subsanación y listo.
Pero indudablemente ni está bien.
.
.
ni está bien pensar que una interpretación unilateral se puede comunicar sin sello de salida a un solo licitador en perjuicio de los demás, ni tampoco se puede decir que, bueno, como no se ha notificado, esto es un acto inexistente.
Esto un problema para la administración, porque la administración tiene un acto que se ha hecho mal, que se ha notificado mal y que se ha notificado insuficientemente, y que algo tiene que hacer la administración con ese acto, no simplemente.
.
.
Ahora, qué tenga que hacer, eso es objeto de un dictamen, de un estudio que a mí se me escapa, ¿eh?

No sé si he contestado con eso a todo.

El senyor president:

Muchas gracias, señor Bas.

Tiene ahora la palabra el señor César Jiménez, en nombre del Grupo Podemos-Podem.

El senyor Jiménez Doménech:

Gràcies, senyor president.

Mire, vosté s'ha sorprés per algunes preguntes que li hem fet.
I jo supose que s'ha sorprés perquè vosté conta de manera natural com se gesta un plec de condicions, i jo he pres unes notes.
.
.
, he pogut prendre hui unes notes, després de moltes sessions, de com diferents arquitectures van configurant en el plec de condicions fins que arriba un punt en què s'ajunten i se dóna publicitat al plec de condicions i se fa el concurs.

Açò, que és tan lògic, mos ha costat molt de temps.
.
.
arribar a este punt, perquè les respostes que havíem rebut en esta comissió era que: Â«Pues eso venía del gabinete del conseller, que nosotros no sabíamos nada, etcétera, etcéteraÂ».
Vosté reconeix que va participar en algunes reunions.

I jo ara només me queda preguntar-li una qüestió, si se'n recorda, ¿eh?
, perquè fa molt de temps: ¿en quin moment comencen estes reunions?
¿Quant de temps va haver per a preparar el plec de condicions?
Perquè nosaltres sempre havíem pres com a referència el moment de la publicació, però també voldríem saber quant de temps anteriorment se gesta.
I si pot donar-mos alguna informació més sobre les persones que participaven en les reunions, ho agrairíem també.

Moltes gràcies.

El senyor president:

Muchas gracias, señor Jiménez.

Señor Bas, tiene la palabra.

El senyor Bas Soria:

Yo, las fechas me saltan en la memoria.

El conseller hacía todos los martes consejo de dirección.
Me acuerdo yo perfectamente de eso.
Me acuerdo que además era.
.
.
, todos los martes literalmente.
Me acuerdo que el 11 de septiembre de 2001 llamé yo para decir, Â«¿hoy hay consejo de dirección?
Â» Pues, claro, acababa de estrellarse unos aviones contra unos edificios en Nueva York.
Y me dijo: Â«Sí, sí.
Â» Hasta ese día hubo consejo de dirección, y podrán comprobar seguro que era martes ese día.

Quiero decir que me acuerdo perfectamente que en un consejo de dirección el conseller dijo públicamente.
.
.
, y los consejos de dirección eran amplísimos, había lo menos cuarenta personas.
Al poco de entrar el conseller, en un consejo de dirección, enunció que quería hacer ese proyecto y que quería que ese fuese el proyecto estrella de la conselleria.
Y lo anunció públicamente en ese momento.

A partir de ahí.
.
.
, cuando se dice gabinete del conseller, imagino que hablan de gabinete político.
No creo que el gabinete del conseller llevase esos temas.
Teóricamente el conseller, con la agente del conseller y con el día a día, estaba bastante ocupado ya.

Yo siempre tuve la percepción de que el servicio de planificación es el que lideró, de alguna forma, ese proyecto o esa.
.
.
, iniciativa política.
Y lideró la iniciativa desde el punto de vista, ya digo, en que produjo.
.
.
, no sé si produjo o trajo a colación un mapa, trajo a colación un número de plazas, forjó o propuso una decisión política, y es de cobertura de un 33% de las plazas.
Y, a partir de ahí, empezaron las.
.
.
, digamos, aventuras contractuales, por decirlo de alguna forma.

Lo que quiero decir con eso es que, al poco del conseller tomar posesión, en un consejo de dirección él lo formuló enseguida, el este, el proyecto.

También es verdad que había un caldo de cultivo, en el sentido.
.
.
, como gabinete técnico, yo ahí sí que me informé un poco de lo que.
.
.
, cuando sale este tema, hay que hacer argumentarios para el conseller, y entonces.
.
.
, pues había noticias en prensa, había iniciativas a nivel del estado, el entonces ministerio de trabajo y servicios sociales, creo que se llamaba.
Tenía iniciativas en ese orden.

Luego, estudiando el tema, me acuerdo yo que Castilla-La Mancha y Andalucía habían sacado planes parecidos.
Planes parecidos, no; habían sacado sus planes de creación de plaza.
No tenía nada que ver con el plan autonómico de la Comunidad Valenciana, porque los planes.
.
.
los planes de Castilla-La Mancha y Andalucía se iban por los moldes habituales de la ley de contratos.
No usaron la fórmula del contrato típico, pero bueno.
.
.

Y, entonces, en una de los primeros consejos de dirección, con certeza, el conseller dijo que había un proyecto político y que él quería lanzarlo adelante, que era el proyecto de creación de plazas.
Indudablemente no estarían cuantificadas.
La cuantificación creo que vino después por vía del mapa geriátrico.

Y, a partir de ese momento, empiezan una serie de.
.
.
, digamos, de encuentros informales previos, pero pocos, ¿eh?
, dos o tres.
Y, a partir de ahí, ya empieza a moverse todo, en el sentido de que se formarían los pliegos.
.
.
, en fin, todo, todo lo que es un proceso contractual normal.

¿Qué fechas son?
Ni me acuerdo.
Ni me acuerdo.
.
.
O sea, no sé qué fecha el conseller toma posesión como conseller.
Pero al poco, ¿eh?
Si localizan la fecha, no creo que más de un mes, mes y medio o dos meses.

Tenía la idea clara el conseller de que él quería promover eso como proyecto político, como buque insignia de la conselleria o como queramos llamarle, la joya de la corona o como se quiera llamar.

El senyor president:

Muchas gracias, señor Bas.

Tiene la palabra ahora don David de Miguel, en nombre del Grupo Ciudadanos.

El senyor De Miguel Martínez:

Gracias.

Yo le voy a hacer dos preguntas muy breves.
Bueno, una.
.
.
, no llega a ser una pregunta.
Con lo que estamos hablando al principio de los treinta días, que usted mismo ha reconocido que era imposible encontrar suelo.
¿En treinta días?
Es que ni en seis meses ni en un año.
De hecho, se fueron realizando prórrogas precisamente a solicitud de las adjudicatarias por eso, porque era complicado, y más aún, en ese momento.

Pero es verdad que.
.
.
, es lo que le he preguntado al principio, que luego se pudieran dar todas las prórrogas que se dieron, incluso de años, no deja de ser, vamos, desde mi punto de vista, una especie de ventaja para los que se presentaron, porque teniendo que acreditar en treinta días.
.
.
Y es que luego, sin embargo, tuvieron meses para poder hacerlo, cuando a lo mejor muchas otras empresas dijeron: Â«No, en treinta días, imposible.
No nos presentemos porque no vamos a ser adjudicatarios.
Â»

Y, por otra parte, sí que me gustaría preguntarle, porque ya que usted tiene una larga experiencia y por lo que ha dicho, por lo que nos ha estado contando conoce perfectamente cómo funciona todo el tema de las adjudicaciones, la contratación pública y demás, usted ha dicho que alterar la composición del adjudicatario, en el caso.
.
.
, creo que era una respuesta de mi compañera del Partido Socialista, pues había que ponerlo en conocimiento.
Es evidente que si una UTE es adjudicataria y una parte de la UTE se sale, ¿para qué comunicarlo?

Pero yo le pregunto por su opinión como experto, digamos: ¿también habría que comunicar.
.
.
, estarían obligados los adjudicatarios a comunicar, por ejemplo, que la empresa se vendiera?
¿La adjudicataria se vendiera directamente toda.
.
.
, o sea, que cambiara de dueño, perdiendo así toda la solvencia técnica que pudiera tener?
Porque, claro, si un socio de la empresa es el que acredita la solvencia técnica y, por tanto, se le adjudica, vende su parte a uno que no lo tiene -no dentro de la UTE, me refiero su parte de la empresa, o el otro socio no técnico, por decirlo de alguna manera, se queda con el cien por cien-, vamos, desde mi punto de vista, la solvencia técnica se ha perdido porque ya no.
.
.
, ya no hay quien la aporte.

Entonces, mi pregunta es -porque desconozco en 2001 si la ley de contratos lo recogía-: ¿pero había que comunicar cualquier cambio de este tipo que, en definitiva, iba a afectar o podía afectar a la normal ejecución del contrato?

Gracias.

El senyor president:

Muchas gracias, señor De Miguel.

Tiene la palabra, señor Bas.

El senyor Bas Soria:

Ya le digo que, en cuanto a la disponibilidad de suelo para construir, yo no lo sé.
Si se pedía un derecho de opción, no me acuerdo.
Desde luego, si se pedía un derecho de propiedad es prácticamente imposible.
Porque imagino que sería un derecho de opción, sería un documento privado y, entonces, la empresa entraría en conversaciones con un propietario de suelo y ese propietario de suelo imagino que yo que firmaría un contrato privado, una escritura privada, o sea, un documento puramente privado de opción, y ese derecho de opción, luego, claro, hay que llevarlo a efecto mediante la adquisición del dominio.
No lo sé si se hizo o no se hizo.

Yo entiendo que en sesenta días, que es el plazo que me ha parecido entender que existía, para acreditar la disponibilidad, y disponibilidad puede ser un derecho de opción con ejercicio unilateral, pues pueden ser suficientes.
Pero, en fin, no lo puedo asegurar.

En cuanto a los cambios subjetivos, al final, claro, es que hablar de vender una empresa es un poco extraño, ¿no?
Las empresas de este tipo suelen ser sociedades anónimas, tienen acciones, las acciones se compran y se venden en bolsa.
Entonces, normalmente los pliegos, y no sé en este caso lo que dirían, normalmente los pliegos lo que dicen es que un cambio sustancial de la titularidad, que suele ser un porcentaje del 10% o el 15%, se tiene que hacer constar.

Lo que suele exigirse es que si hay un cambio sustancial de la titularidad, la administración tiene que autorizarlo, simplemente.
La administración.
.
.
, el hecho de que una empresa venda el 15% de sus acciones no tiene, en principio, por qué suponerle.
.
.
, en principio, ¿eh?
, no tiene por qué suponerle ningún problema, ningún obstáculo para autorizarlo.

Insisto en que siempre la teoría es que, si se puede, se mantenga el contrato.
Lo cual no significa que el empresario incumplidor en ese mantenimiento del contrato salga indemne.
Hay penalidades, hay una serie de, digamos, mecanismos de compensación que juegan el doble sentido.
Pero, bueno, insisto en que así, sin leer los pliegos, sin decir de qué tipo de sociedad o empresa hablamos, quiénes conforman la UTE, etcétera, me es muy difícil dar una opinión y no me acuerdo de lo que pasó en ese momento.

El senyor president:

Muchas gracias, señor Bas.

Tiene la palabra la señora Mónica Álvaro, en nombre del Grupo Compromís.

La senyora Álvaro Cerezo:

Sí.
Jo una curiositat.
Vosté ha dit que després d'estar en les meses, després va seguir treballant amb el senyor Blasco en la seua agenda parlamentària, inclús redactant compareixences, no?
A mi m'agradaria saber sobre això, en quina mesura li preocupava al senyor Blasco el devenir del seu Pla 9.
000?
Si li preocupaven els incompliments?
Vosté ha dit que sabia dels incompliments en els terminis perquè ho havia llegit en premsa.
Però és que ací, com vosté també ha recordat, al senyor Blasco en diverses ocasions en esta cambra se li va preguntar per les demores en acreditar els terrenys.
I aleshores el senyor Blasco va arribar a manifestar en un ple que no li tremolaria el pols en llevar-li la contracta a un adjudicatari si este no complia.
I en el moment que feia eixes mateixes declaracions ja s'havien incomplit sistemàticament els terminis i ja havia d'haver alguna residència d'eixes que havien de construir en vint-i-quatre mesos en funcionament.

Vosté, si li portava l'agenda o li portava les compareixences en este tema, realment li preocupava al senyor Blasco els incompliments?
O simplement no?
Pensava que era una cosa habitual i que ja passaria.

De fet, també en compareixences en estes Corts, ell allargava els terminis, parlava de Â«ja veuran vostés en tres anys i migÂ», quan també en eixe moment les places havien d'estar en funcionament i ja haurien de tindre disposició de places.
Podria comentar-nos alguna cosa sobre tot açò?

El senyor president:

Muchas gracias.

El senyor Bas Soria:

En lo que me acuerdo, hubo una interpelación, hizo alguna comparecencia a iniciativa propia en las que yo trabajé.
Es decir, ya lo que vino después, o no estaba yo o no me acuerdo, y en ambas era una cuestión básicamente de presentación del plan y de crítica por parte de otros grupos políticos del plan.
Entonces, en cuanto a la interpelación la interpuso, vamos a ver, era una interpelación que provenía del Grupo Socialista.
Y bueno, la verdad es que era un debate, era un debate de principios, no de incumplimientos, porque en ese momento aún no había habido, hasta donde yo me acuerdo, incumplimientos, me parece.
Lo que sí que se decía es que era muy difícil de cumplir, como efectivamente pasó, que era difícil de cumplir.
Pero, bueno, también cuando uno crea, hace un contrato administrativo, ese contrato administrativo tiene todas las potestades la administración pública, en principio, usando esas potestades es fácil, o bien enderezar el cumplimiento o bien llevar el cumplimiento a término de extinción del contrato.
Es decir, que desde ese punto de vista, bueno, el conseller también tenía armas para, de alguna forma, enderezar los incumplimientos contractuales.

Había un debate ahí, había un debate si se privatizaba o no se privatizaban las plazas.
Era un tema al final de filosofía o de concepción política de cuál era el modelo de gestión de centros por parte de unos y de otros.
El conseller siempre mantuvo esa lectura de que esto es un modelo público de concertación privada.
Pero al final son temas de lectura política.

Yo, hasta donde me acuerdo, no sé, el tema no estaba centrado en el cumplimiento o incumplimiento, en la parte que yo intervine, eh, en el cumplimiento o incumplimiento del contrato, sino hubo una… Es que había, no me acuerdo, había habido una interpelación a propósito de algún problema de dotación de plazas en algún centro existente, y él aprovechó para, en ese contexto, debatir sobre el nuevo modelo de gestión.
Y al mismo tiempo creo que a las pocas semanas formuló una propuesta de comparecencia, a petición propia, y, bueno, sinceramente, hasta ahí no me acuerdo, no me acuerdo del tema, pero ya le digo que creo que es previo, eh, es previo, todos esas intervenciones parlamentarias fueron previas a lo que podían ser cumplimientos de plazos y vencimientos de condiciones contractuales que no habían sido cumplidas por los adjudicatarios.
No tengo yo en mente que hubiese ningún debate, o sea, que yo participase, digamos, en la preparación a nivel de gabinete técnico de algún debate parlamentario y centrado en estos temas ya de incumplimientos concretos.

No sé si con eso le contesto.

El senyor president:

Muchas gracias.

Tiene la palabra la señora Concha Andrés, en nombre del Grupo Socialista.

La senyora Andrés Sanchis:

Sí.
Yo quisiera preguntarle si en la época en la que usted estuvo en la conselleria se contrataba con gabinetes externos por parte del conseller Blasco para algún tipo de asesoramiento o para que realizara algún tipo de documento, porque como no sabemos quién hizo ese informe de interpretación, que se hizo a los tres meses, sin contar con el suficiente rigor jurídico, de acuerdo como estaba plasmado por la ley, entonces entendemos que ningún funcionario le hubiera puesto la firma a un conseller o a un documento de ese tipo, que además había abocado para si la competencia en este contrato, si no hubiera sido, digo yo, ¿no?
, no sé usted qué pensará, si algún funcionario le pone la firma a un conseller en un documento de ese tipo que modifica de una manera sustancial el pliego, porque estaba reconociendo la exclusividad al cien por cien de las plazas, sin haber seguido con los trámites administrativos.
Si sabe usted quién… No sé, o a lo mejor podría hacerlo hasta incluso el propio conseller Blasco, podía tener capacidad para elaborarse asimismo los documentos que firmaba.

Otra de las cuestiones.
Usted ha formulado una pregunta, que dice, qué necesidad habría de ampliar las plazas de accesibilidad, contratación pública, sin incrementar las plazas privadas.
Esto parecía que no era el trasfondo de este contrato.
Pues nosotros tenemos muchas sospechas de que sí que había una intencionalidad clara y era aumentar el volumen de negocio de estas empresas, es decir, disminuir el riesgo y ventura de estas empresas.
Las plazas estaban financiadas por La Generalitat y no estaban al albur de que se pudieran cubrir o no, pues evidentemente el volumen de negocio era muy superior.
Tanto es así, que prácticamente lo consiguieron.
Yo sé que usted no estaba en la conselleria, pero no sé si es conocedor que llegaron a cubrirse hasta incluso un 90% y hasta un cien por cien de estas plazas.

¿Cree usted que con esa voluntad del señor Blasco con ese informe de interpretación se vulneraban claramente las opciones de otras empresas que hubieran podido presentarse al contrato en esas condiciones, si hubieran sabido que a los tres meses el conseller iba a hacer eso?

Luego ha hablado también de que ustedes buscaban el equilibrio.
Usted parece ser que informó, ¿no?
, el equilibrio de la zona, por esa planificación que se realizó de los recursos.
¿Sabe usted que hasta incluso se cambiaron las poblaciones que habían resultado adjudicatarias?
¿Eso también sería un incumplimiento del contrato?

Y, por último, señor Bas, ¿se incumplió el tercio que estaba previsto para ser conceptuado por la administración, se incumplió el plazo para la acreditación de terrenos, se incumplió durante más de cuatro años de diferencia la puesta a disposición de las residencias, esas plazas que eran tan necesarias, se incumplió las poblaciones, sociedades, donde estaban asignadas las residencias, se incumplió otro precepto que estaba en la ley, que era la libertad de elección por parte de los usuarios y se incumplió la preferencia que tenían las residencias públicas a ser cubiertas frente a esta residencia de accesibilidad.

Después de todo esto, cómo calificaría usted, desde un punto de vista técnico-jurídico, este pliego de condiciones.
Cree que es un modelo a seguir o cree que es un modelo a extinguir.

Gracias.

El senyor president:

Gracias.

Tiene la palabra, señor Bas.

El senyor Bas Soria:

A ver, en la primera pregunta me he perdido.
No caigo cuál era.
Voy a empezar por detrás y luego intentaré acordarme de la primera, y sinó, usted, si no le importa, me la vuelve a decir.

La senyora Andrés Sanchis:

(Inoïble) … el señor Blasco contrataba, porque no sabemos quién es el autor o hasta incluso su capacidad, tenía capacidad para redactarse asimismo informes interpretativos de contratos, esa complejidad, porque el contrato yo creo que, después de las explicaciones que usted ha dado, podíamos decir que era un contrato novedoso y complejo.

El senyor Bas Soria:

Empiezo entonces por la primera, que me ha hecho usted memoria del tema.

No era amigo el conseller de acceder a gabinetes externos.
Ahora, eso sí, este conseller conocía y conoce a mucha gente, y sí que yo he visto situaciones en las cuales el conseller pues venía a lo mejor con unas notas, con un papel, que a lo mejor había tomado notas de alguien, o que había hablado con alguien o había despachado con alguien.
La interpretación ésta no sé exactamente cuál es.
Pero sí, ya le digo que el conseller era, digamos…, tenía, cómo diríamos, comunicaciones informales con mucha gente que, bueno, pues amigos suyos, conocidos, gente con la cual él tenía trato, y seguirá teniendo trato, con los que… imagino que muchos eran solventes o, en fin, yo al conseller lo he visto hablando pues, no sé, desde con grandes primeras firmas jurídicas y sociológicas aquí, en España, lo he visto hablando, y es posible que se haya informado a través de terceros.
No lo sé, sinceramente.

¿Que tenía la capacidad?
Supongo que sí.
¿Tiempo?
Ya lo dudo.
Pero no sé si… Capacidad, no lo dudo, que él era funcionario y del cuerpo de interventores.

He tomado notas y estoy un poco perdido.
¿Hubo cambio de poblaciones?
¿Hubo incremento solo un tercio?
Sinceramente lo desconozco.
Ahora, yo creo que el hecho de que un pliego o un modelo contractual se vulnere, se cambie, se altere, se modifique, no desautoriza al modelo contractual, desautoriza a quién lo adultera, indudablemente.
El modelo en principio era más o menos acomodado a las circunstancias actuales, a las circunstancias del tiempo en el cual se hizo.
No había fondos de inversión, porque no había…, encontrar fondos en los capítulos VI o VII de La Generalitat era como poco ilusorio, no había capacidad de crear nuevos puestos en plantilla, y por otra parte había una oferta de servicios para tercera edad que era francamente inadecuada a los tiempos que se vivían.
Entonces, por esa vía se intentó encontrar una cosa decente.

Partíamos de un estudio, partíamos de un estudio y es que hacían falta plazas y que la oferta pública la iba a cubrir un tercio de las mismas.
Si hubo empresas que pensaron que esto era pues la llamada del gran negocio, luego se dieron cuenta que no y quisieron alterar el esquema porque cambió, eso ya es otra circunstancia.
Yo creo que en principio el sistema no era malo, es decir, que un tercio de las plazas podían estar cubiertas, de esas 9.
000, podían estar cubiertas por la demanda pública, y esa demanda pública se podía articular a través de un sistema de subvenciones existentes en el momento.
Y ya está, eso se llama puesta a disposición, y listo, no había mayor problema.
Con eso se conseguía además que el parque de centros pues se modernizase, porque estaba el pobre bastante anticuado.

¿Que luego eso no fue tal negocio por quienes pretendían que era tal negocio y entonces empezó la presión y no sé qué?
No lo sé, es posible.
Eso lo desconozco.
Pero, indudablemente, por lo que usted me dice, el marco originario fue tremendamente alterado por una serie de cambios contractuales.
Los cambios contractuales están permitidos, pero siempre que sigan un procedimiento, un cauce y unas garantías de defensa para que quien pueda ser el perjudicado.
Así, por lo que usted dice, no se siguieron.
Pero no le puedo decir, porque eso yo no lo viví, eh, ese tiempo yo no lo viví.

Y creo que me he dejado alguna cosa, creo que me he dejado algo, pero no estoy seguro.
Me ha apuntado algo del pliego como última cosa que ha dicho usted, pero no me acuerdo qué era.

La senyora Andrés Sanchis:

Le he enumerado una serie de alteraciones que se han ido produciendo, y si usted considera que ese pliego finalmente tenía unas garantías.
Por ejemplo también, usted ha dicho antes que se deberían de haber penalizado algunas cuestiones, pero que no se hizo en ningún caso, esas alteraciones no se hicieron en ningún caso.

El senyor Bas Soria:

No sé si se penalizó o no se penalizó nadie, en todo caso, claro, en los manuales…, eso es de libro.
Es decir, ante un incumplimiento contractual la administración puede, ante un incumplimiento contractual del contratista la administración puede mantener el contrato para garantizar el servicio público, pero imponiendo una serie de medidas coercitivas o activas al contratista y alternativamente puede extinguir el contrato por incumplimiento del contratista.
Siempre se dice, y siempre dice la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que es preferible mantener el contrato por ese mantenimiento del servicio público.
Pero, claro, mantener el servicio público no debe ser a costa de que salga indemne el incumplidor, porque igual que la administración cuando incumple es sancionada o es penalizada, en justa medida el contratista incumplidor también debe ser objeto de medidas compensatorias.

El senyor president:

Muchas gracias.

Tiene la palabra la señora María Bernal, en nombre del Grupo Popular.

La senyora Bernal Talavera:

Muchas gracias, presidente.

Bueno, en primer lugar, para que conste en acta, quería aclarar porque antes creo que, o no me explicado bien o no nos hemos entendido, es que nosotros en la documentación que disponemos tenemos dos interpretaciones, una que es la del 26 de septiembre de 2001, que es la de Blasco, que todos conocemos; y otra que ha aparecido durante esta…, bueno, el desarrollo de esta comisión, que es de 29 de octubre, que está firmada por el jefe del área jurídica, el jefe del servicio jurídico y la jefa de servicios de contratación e inversión, que es -(veus) del 2001 también- del 2001, que es a la que se refería la señora Andrés cuando le ha preguntado antes, en la que una de las UTE pregunta a la conselleria por la cláusula 5, el alcance de la garantía de exclusividad, y también pregunta sobre la posibilidad de una modificación de terrenos, en la que a la primera le contesta lo mismo que la interpretación del señor Blasco, que llegó a todas las empresas, y en la segunda le dicen que le deniegan este cambio de terrenos.

Por ello, lo que le he leído de la abogacía era sobre la interpretación que todos conocemos, no la que unilateralmente una empresa, a posteriori, pregunta a la administración.

Por otro lado, también quería aclarar que sí que hubo…, usted ha dicho que no conocía… Nosotros tenemos mucha documentación, entendemos que ustedes llevan mucho tiempo sin tener acceso seguramente a toda esta documentación.

Y le tengo que decir que hubo nueve incumplimientos culpables con penalidad e incautación de fianza, y de ellos, Almazora, Benetússser, Massamagrell y Albal fueron por no acreditar la disponibilidad de terrenos aptos en dicho municipio.
Luego, Alfafar, Benasal, Vilafamés, Morella y Utiel también recibieron incumplimientos culpables con penalización e incautación de fianza por diferentes incumplimientos del pliego.

Y ya está.
Muchas gracias.

El senyor president:

Muchas gracias, señora Bernal.

Tiene la palabra, señor Bas.

El senyor Bas Soria:

Sí.
Si he dicho que los incumplimientos no fueron sancionados, no tengo ni idea.
Espero no haberlo dicho, porque todo incumplimiento se tiene que sancionar.
Y es que, además, desconozco si hubo incumplimientos o no.

Insisto en que yo estuve poco tiempo en la conselleria.
Luego, al poco tiempo, ya cambié de puesto de trabajo, me fui por otros lados y ya un poco perdí la… De hecho, no estaba ya ni en la administración autonómica.
Entonces, ya perdí un poco la pista a este pliego, a este contrato.
Indudablemente, claro, los incumplimientos deben sancionarse, y si el incumplimiento es muy señalado, debe de conducir a una extinción del contrato, por causa imputable al contratista.

Hay dos interpretaciones y no sé si son contradictorias.
Yo no lo sé, pero la de septiembre es la que en principio me habían comentado que es claramente una interpretación del contrato, y como interpretación del contrato que es, afecta a todos los contratistas y debe comunicarse a todos.

Y la de octubre, que no sé exactamente cuál es su contenido, pero por lo que usted me ha dicho, más que una interpretación, me parece que es una empresa adjudicataria que propone una alteración de las condiciones, que no es lo mismo que una interpretación de contrato.
Es lo que se llama el ejercicio del ius variandi.
Si una empresa pide el cambio, en ese caso, es un expediente que en principio entiendo que es singular entre un contratista y la administración contratante.
No es una interpretación eso, eso es otra cosa distinta, pero no lo conozco, ¿eh?

La senyora Bernal Talavera:

En el documento de octubre, en la primera parte del documento preguntan por la interpretación de la exclusividad y la segunda parte es la que le preguntan sobre la movilidad.

El senyor Bas Soria:

Entonces, eso significa, probablemente, que es una….
, con lo cual hay una parte de interpretación y una parte de modificación que afecta a un contratista.
En la parte de interpretación, como afectaría a todos los contratistas, debería notificarse a todos para hacerlo bien.
Y la parte en la cual el acto es, digamos individualizable, no haría falta.

En ese caso, yo, personalmente, lo que hubiese hecho es dividirlo en dos, una parte interpretativa que se comunica a todo el mundo, y la parte puramente novatoria o modificatoria del contrato se comunica al contratista afectado y ya está.
Eso es lo que yo hubiese hecho, pero, bueno, cualquier funcionario puede tener otra opinión y otra…

En fin, en todo caso, quede claro que en un expediente de contratación hay una serie de voces que tienen mando y otras que no tienen mando.
Quiero decir, quien tiene mando, en primer lugar, es el órgano contratación, creo que en este caso era al conseller, por advocación.
Y luego hay dos informes, que valen porque tienen un carácter medianamente vinculante, uno que es vinculante, que es el del interventor, que informa todos lo actos de trascendencia económica y en el contrato lo tienen todos; y un segundo informe, que no es vinculante, pero no se suele apartar de la mesa de contratación, que es el de la asesoría jurídica.
Y entonces, esos son los que mandan.
Los demás somos todos infantería con poca…, con poco mando en plaza.

El senyor president:

¿Quería alguna aclaración, señora Andrés?

La senyora Andrés Sanchis:

Dado que hay polémica… Si me permite el señor presidente, pues por preguntarle al señor Bas si cualquier jefe de servicio, un jefe de servicio de contratación, o un técnico jurídico, tal, en un momento determinado puede interpretar un contrato, porque es que nosotros no vemos la unión que hay… El señor conseller interpreta el contrato el día 26 de septiembre y, con posterioridad, hay tres técnicos que dicen no.
Entonces, no… Yo creía que los informes previos querían decir que eran antes, pero parece ser que por parte del Partido Popular se insiste con que los informes posteriores pueden hacer ese papel.

El senyor Bas Soria:

Ha sido un lapsus mío, en ese caso, efectivamente.

El que tiene la potestad de interpretación unilateral de un contrato es el órgano de contratación, que es el conseller.
Los informes que hagan órganos, digamos, subordinados al órgano de contratación, tendrán un valor técnico, tendrán un valor informativo, pero no son ejercicio del derecho de interpretación unilateral.
Pero, bueno, es que me sabe mal, porque esto parece un examen de oposición.
(Rient.
Veus) Entonces, no es mi intención dar clases sobre el tema, eh?
Ha sido un lapsus por mi parte.

Si el del 29 de octubre del 2001 no está firmado por el conseller sino por unos técnicos, no tendrá más que un valor didáctico, ilustrativo, pero no es una interpretación contractual de la ley de contratos, por lo menos, de la entonces vigente, que es la que yo trabajé en su momento.
Ha sido un lapsus por mi parte.

El senyor president:

No, por si quería usted… ¿No, señora Bernal?
¿Tampoco?

Muy bien.
Muchas gracias a don José Juan Bas por su comparecencia, por sus respuestas a todo lo que se le ha preguntado.
Y con ello, damos por finalizada la comparecencia del señor Bas.

Como saben, la próxima es la de la señora Asunción Sánchez Zaplana, y es a las 13:00 horas.
Si estuviera, empezamos en cinco minutos.
Si no está, tendremos que esperar hasta las 13:00 horas.
¿De acuerdo?

(Se suspén la reunió durant uns minuts)

El senyor president:

Vamos a continuar con las comparecencias.

Compareixença de la senyora Asunción Sánchez Zaplana, exconsellera de Benestar Social

El senyor president:

Contamos ahora con doña Asunción Sánchez Zaplana (remors) que tiene ya conocimiento de cuál es el mecanismo de funcionamiento de esta comisión.
Por lo tanto, sin más, vamos a pasar en primer lugar a que le pregunte don César Jiménez, por el Grupo Podemos-Podem.

El senyor Jiménez Doménech:

Gràcies, senyor president.

Benvinguda, senyora Sánchez Zaplana, gràcies per comparéixer.

Vaig a les preguntes.

Vosté arriba al càrrec, venint de la regidoria de serveis socials d'Alacant, en un context de grans impagaments en el sector i diferents demandes per part d'empreses d'accessibilitat social.
El seu predecessor en el càrrec, Jorge Cabré, s'havia manifestat contrari a seguir mantenint els privilegis de l'anomenat model Cotino i fins i tot, junt amb l'aleshores secretari autonòmic, havia presentat escrit davant de la sala del TSJ on rebutjava el model i l'exclusivitat fins el cent per cent de les places.
De fet s'apunta en premsa també que, entre altres, el senyor Cabré dimiteix per discrepàncies amb este model.

I al poc més d'un mes de vosté arribar al càrrec, concretament el 3 de gener de 2013, trobem entre la documentació facilitada una proposta d'inici d'expedient i informe jurídic per a la tramitació de places d'accessibilitat social en la zona 1, en la qual es proposa convidar, evidentment, Savia i Servicios Valencianos Sociaosanitarios.
I aquestes propostes es traduiran en nou adjudicat al 2013 de places que fa vosté al ben poc d'arribar a la conselleria, sent el senyor Cotino president de Les Corts.

Pel que fa a vosté, aquesta nova adjudicació per tramitació urgent de places, si tal com s'havia manifestat en diferents ocasions el senyor Cabré, que deia que hi havien places vacants, ¿açò no era per a vosté un malbaratament de recursos, si hi havia places en les residències públiques?
Econòmicament, tampoc semblava viable atés que quan vosté era consellera el preu plaça a les residències de titularitat pública i municipal se situava en 50 euros/dia, mentre que les d'accessibilitat social eren 59 euros/dia i al segon terç 62.
Aleshores, per què s'interessa en resoldre procediments a favor de crear més places d'accessibilitat social i qui li va recomanar dur endavant esta nova adjudicació?

També, en data de 2 d'agost de 2013, es va formular per part d'un grup parlamentari una petició a vosté per comparéixer en comissió de política social i per a explicar els contractes de La Generalitat amb Sedesa i altres empreses del grup.
És una compareixença que es va donar finalment l'11 de novembre, 3 mesos després, i va comparéixer en lloc de vosté la senyora Manuela García per expressa delegació seua.

Aleshores era de sobra coneguda la relació del senyor Cotino amb l'empresa Savia vinculada a Sedesa; la senyora García va negar conéixer eixa vinculació, tal com li van recomanar els tècnics.
Coneixia vosté eixa vinculació?
Haguera vosté, en el cas que les preguntes hagueren sigut a vosté, haguera conegut o haguera dit que coneixia eixa vinculació?
Per què no va comparéixer vosté per a donar estes explicacions?
Perquè, òbviament, vosté coneix Enrique Ortiz de la seua etapa com a regidora en Alacant, almenys, i com es va donar a conéixer en la investigació judicial que de maig de 2008 a juny de 2010, sent vosté regidora, les converses entre Sonia Castedo i Enrique Ortiz eren diàries.
Vosté mateix mai ha pogut negar que coneix el senyor Ortiz i que coneixia també la seua vinculació amb Savia Grup, al que vosté li va adjudicar places deixant sense efecte les resolucions i reticències presentades per l'equip del senyor Cabré.

Moltes gràcies.

El senyor president:

Muchas gracias.

Señora Sánchez tiene la palabra.

La senyora Sánchez Zaplana:

Muchas gracias, señor presidente.

Buenas tardes a todos los miembros de esta comisión.

Por concretar las preguntas que usted me ha hecho se centran algunas en que por qué pusimos en marcha más plazas y una nueva adjudicación.
Es que no es así.
Es que no se ponen en marcha nuevas plazas.

Efectivamente, nosotros nos incorporamos, en este caso el equipo que yo dirigí durante aproximadamente dos años y medio, a finales de 2012, a mí se me llama un 6 de diciembre y a los dos o tres días ya me incorporé a la conselleria.
Y, efectivamente, en el campo de trabajo de mayores, nos encontramos como en todos los sectores que trabajaba bienestar social, en una situación compleja, una situación de deuda con muchos de los sectores y que había que trabajar.

Nosotros no ponemos en marcha más plazas y no hacemos una nueva adjudicación.
Nosotros lo que ponemos en marcha es un procedimiento negociado, que es lo que nos aconseja en este caso todo el marco jurídico, es decir, la abogacía, la intervención, todos los informes que había hasta ese momento.
Se estaba trabajando a ese día, se estaba sin contratos, sin una relación contractual con una fórmula de pago, que de hecho creo que continúa en este momento, que se llama enriquecimientos injustos.
Y nosotros lo que pusimos en marcha, como le digo, fue un procedimiento negociado con todos los informes favorables en este caso tanto de la abogacía como de la intervención.
Por tanto, no ponemos nuevas plazas, estamos hablando del segundo tercio, del segundo tercio del contrato de accesibilidad social, y la nueva adjudicación es ese procedimiento negociado.

Me pregunta usted relativo a declaraciones del señor Cabré, que yo no voy a valorar en este momento, si yo conocía la vinculación de Sedesa.
Mire, a mi no se pone… Yo no conozco, ni dejo de conocer ninguna vinculación.
Yo entro y me pongo a trabajar y me pongo a trabajar con un equipo y dentro de un marco jurídico estable y de acuerdo con informes técnicos.
No hablamos ni de sensaciones, ni de percepciones, ni de suposiciones; hablamos de una realidad en este caso jurídica y de un marco de trabajo.

A partir de ahí, lo único que hicimos es poner sobre la mesa con lo que teníamos en ese momento, que es un procedimiento negociado, asegurar un modelo contractual que estaba avalado por todos los informes, como le digo, que teníamos en la conselleria.

Nada más que comentar.

El senyor president:

Muchas gracias, señora Sánchez.

Tiene ahora la palabra el señor David De Miguel, en nombre del Grupo Ciudadanos.

El senyor De Miguel Martínez:

Gracias.

Señora Sánchez Zaplana, buenos días y gracias por su comparecencia.

Yo continuo con las comparecencias de ya hace años, porque en febrero de 2014, exactamente declinó venir aquí a las Cortes a una comparecencia, la acumuló con una petición propia y lo hizo en su lugar el señor Escolano que llevaba dos meses en el cargo después del cese de Manuela García Reboll.

Y en esa comparecencia nos llama la atención que el señor Escolano en ningún momento, y pese a que la comparecencia como tal era para rendir cuentas de la situación administrativa actual, de la adjudicación de plazas de accesibilidad social en las residencias de tercera edad de la Comunidad Valenciana, pues en esa comparecencia, como le digo, el señor Escolano ni habló, ni mencionó el proceso que se estaba llevando a cabo desde el 30 de octubre de 2013 para la adjudicación de plazas de accesibilidad social.
No hablo de las nuevas adjudicaciones que se pretendían, tampoco hablo de la ley de emprendedores y no hablo de lo que ese le había preguntado en ese momento, que era sobre la vinculación de Sedesa y las empresas del grupo y la relación con la conselleria.

Entonces, ya que compareció el señor Escolano por delegación de usted, porqué ocultó entonces el señor Escolano el inicio de este nuevo proceso de adjudicación.
Porque eso era una buena noticia habida cuenta que si es verdad que estaba justificada, tal y como se decía en ese momento y que las plazas eran necesarias, era una demanda social tal y como se repetía constantemente.

Sin embargo, la cuestión es que de la solicitud de los preceptivos informes da la casualidad de que la abogacía finalmente indica que las adjudicaciones en régimen de exclusividad podían contradecir lo publicado en la ley de emprendedores.
Y la casualidad estriba en que si bien la ley de emprendedores es de septiembre de 2013 y no se utiliza, ni se aplica, ni se menciona hasta julio de 2014.
La abogacía finalmente se refiere a ella justo en esas fechas que es cuando aparecen las conversaciones de la UDEF, las grabaciones de la UDEF en las que relaciona Vicente Cotino, Ortiz y Arturo Alario.

Entonces, es posible que desde la conselleria ustedes ya estuvieran buscando una salida o una alternativa al modelo de accesibilidad social al conocer que todo ello era como poco o al menos extraño y raro, tal y como se ha dicho por algunos cargos en esta comisión.
Y fíjese las casualidades que justamente el día 7 de julio no un día después de conocer el alcance del informe de la abogacía, tampoco después de conocer la opinión del Consell Jurídic Consultiu a que no se le solicite informe hasta el 29 de agosto, sino justamente el mismo día 7 de julio se inicia una revisión de oficio, que es el día en que Izquierda Unida denunció ante fiscalía el modelo Cotino.

Entonces, también, es curioso o asombra que durante meses no se hizo nada o aparentemente no transcendió que se hiciera nada desde la conselleria para solventar este problema y, sin embargo, en días, en unos pocos días, y parece ser que no sé si por la presión de los medios de comunicación o por lo que fuera, pues ustedes empiezan ya a reclamar los informes.

Y ya le digo, desde ese día, pues parece ser que hay un nuevo cambio de tendencia y se presiona a cambiar y actuar de forma que manifiestan que ha llegado el final del modelo Cotino y que se va a explorar otras posibilidades.
Y de hecho le podía leer aquí extractos de todo lo que se dice esos días sobre usted que los usuarios pueden elegir la residencia… No se lo voy a leer, porque es un resumen de prensa.
Pero que los técnicos están trabajando para buscar un nuevo modelo, es decir que algo veían que no funcionaba bien.
Entonces, se afirma incluso que querían cambiarlo.
Sin embargo, estaban en esas fechas iniciando el nuevo proceso de adjudicación.

Y para acabar una última pregunta.
¿Por qué solo demandan la famosa carta que le enviaron a Arturo Alario invitándole a que dejara de ser el interlocutor válido en las relaciones del Grupo Savia con la conselleria?
¿Y por qué si le daban veracidad, como se desprende de esa carta, si le daban veracidad a las conversaciones de la UDEF, por qué no se hizo lo mismo y no enviaron las mismas cartas expresando su malestar a Vicente Cotino y a Enrique Ortiz, con los que sí que siguieron manteniendo relación?

El senyor president:

Senyora Sánchez.

La senyora Sánchez Zaplana:

Muchas gracias, señor presidente.

Bueno, en base a las notas que yo tengo y al procedimiento que seguimos, voy a intentar aclarar, porque como me parece que ha salido ya varias veces, voy a intentar aclarar qué es lo que hicimos.

He dicho que durante el año 2013 el modelo que se trabajó fue sobre un procedimiento negociado con los informes favorables de la abogacía y de la intervención.
¿Qué pasa a finales de 2013?
Nosotros iniciamos, con fecha 31 de octubre de 2013, un nuevo expediente de contratación administrativa por procedimiento público negociado para las 2.
158 plazas, que antes le dije a su compañero, conocidas como el segundo tercio de accesibilidad social.
Es importante, efectivamente, destacar que en el BOE de 28 de septiembre se publica, efectivamente, la ley de emprendedores.

En este procedimiento se emite informe por la abogacía en el que se dice que es inviable jurídicamente el procedimiento de la adjudicación del segundo tercio.
Este informe, además, nos trasladaba la imposibilidad de que se licitara un procedimiento abierto, con lo cual nos encontrábamos en una disyuntiva algo complicada, es inviable jurídicamente y al mismo tiempo no se podía licitar un procedimiento abierto, porque seguía en vigor en el mundo jurídico la cláusula de exclusividad.
Eso son dos detalles bastante importantes a tener en cuenta.

Dado de que no se podía acudir a un procedimiento negociado, que es lo que bloqueaba el informe de la abogacía por la prohibición de la ley de emprendedores, ni tampoco a un procedimiento abierto, porque sigue en vigor y lo dice explícitamente.
Creo que tienen la documentación porque, bueno, he estado viendo algunas de las comparecencias y sé que disponen de la documentación, pero la pueden leer, porque en el informe de la abogacía consta explícitamente que sigue en vigor la cláusula de exclusividad.

¿Qué es lo que hace el equipo de trabajo de la conselleria en ese momento?
Me ha preguntado usted si es posible.
Sí, es posible que nos pusiéramos a trabajar desde el minuto que nos incorporamos a la conselleria seriamente con este y con todos los expedientes y no por la presión de los medios de comunicación, ni muchísimo menos.
Al recibir ese informe nos encontramos en una situación en que no podíamos iniciar el procedimiento negociado y, al mismo tiempo, sigue viva la cláusula de exclusividad.

¿Qué pedimos?
Un informe a la junta consultiva de contratación administrativa de la Comunidad Valenciana, la cual, como creo que también tienen en el informe, se expresa en los mismos términos en este caso que el informe de la abogacía.
¿Qué hicimos?
Seguimos trabajando.
Requerimos el 14 de abril de 2014 informe a la dirección general de la abogacía de La Generalitat para que emitiera un dictamen superior en este caso sobre el asunto.

¿Qué dijo el informe de la abogacía que lo evacúa o que emite ese informe el 25 de junio de 2014?
Dos cuestiones muy importantes, que yo creo que hay que dejar aquí bastante claras.
Una, la nulidad de la cláusula de exclusividad siguiendo el procedimiento correspondiente, que ha hecho usted referencia a el en este momento, que es la revisión de oficio.
Y ahora hablaré de el.
Y, además, iniciar un procedimiento abierto de licitación de las 2.
158 plazas de las que hemos abierto el segundo tercio.

¿A partir de ese momento qué nos ponemos a hacer, una vez que habíamos pedido el informe de la junta central de contratación, el informe de la dirección general de la abogacía, que nos llega en junio de 2014?
Iniciamos la revisión de oficio.
Es que es la Conselleria de Bienestar Social, en este caso, la que dirigía yo en ese momento, la que hace todo este procedimiento.
Lógicamente los informes usted dice que si de abril, de junio.
Bueno, pues un informe llega en abril, la petición la hacemos en abril, el informe llega en junio.
Nosotros iniciamos el procedimiento de la revisión de oficio, pero que también consta en la documentación que ustedes tienen.

El 20 de noviembre de 2014, además como ustedes también tienen en la petición de la revisión de oficio es preceptivo y además vinculante para la conselleria el informe del Consejo Jurídico Consultivo.

¿Qué dice ese informe?
Que no hay nulidad, que la cláusula de exclusividad es correcta, pero, no obstante, a futuro no se puede utilizar la exclusividad para hacer procedimientos negociados; exactamente lo que decía la ley de emprendedores.

Estamos hablando de finales ya de 2014.
Aproximadamente…, bueno, puede que sea 20, señor presidente.
Yo las fechas las tengo apuntadas yo, por mi puño y letra.
Pero, vamos, estamos hablando de noviembre de 2014.

En diciembre, nosotros pedimos a la abogacía… Seguimos buscando, en base a ese informe inicial, cuál es el procedimiento adecuado.
Y en diciembre pedimos a la abogacía de nuevo informe.
Y nos contestan que el primer tercio es correcto -ya sé que nos estamos referenciando al contrato de accesibilidad desde 2001- y que el resto de las plazas, pues, se podrían hacer dos cosas: o bien sacarlas a licitación, o bien actuar a través de prestaciones vinculadas al servicio.

Y en marzo de 2015 -estamos llegando ya al final de la legislatura-, pedimos informes a la abogacía y a la intervención.
Y somos nosotros -bueno, aquí tengo algunas de las copias de los informes- los que llevamos el acuerdo marco en marzo de 2015, iniciamos el expediente del acuerdo marco, así mismo como todos los demás.

Usted me dice que si la presión de los medios de comunicación.
Para nada.
La presión del trabajo y de la calidad del servicio a los usuarios, es lo único que nos ha movido siempre.

¿Que si el señor Escolano respondió o no respondió?
Yo he visto la comparecencia del señor Escolano.
Creo que les respondió a todos ustedes.
Y, siempre, los secretarios autonómicos que han estado, bueno, pues, en este caso en la Conselleria de Bienestar Social conmigo, han respondido y han comparecido, a petición propia, en las comisiones que había de trabajo en Las Cortes, como yo misma he comparecido en pleno todas aquellas veces que se ha requerido.
A partir de ahí, pues, no sé si el señor Escolano respondió, pero ha respondido en reiteradas ocasiones a todo el trabajo que se estaba haciendo en la conselleria.
(Veus) ¡Ah!
, perdón.

El senyor president:

Muchas gracias, señora Sánchez Zaplana.

Tiene ahora la palabra la señora Mónica Álvaro, en nombre del Grupo Compromís.

La senyora Álvaro Cerezo:

Moltes gràcies, senyor president.

Moltes gràcies, senyora Asunción Sánchez Zaplana, per aquesta compareixença.

I, reprenent aquelles que se feien en Corts, a què vosté declinava assistir de forma sistemàtica, el que sí que hem trobat ha sigut una interpel·lació en Corts, en ple, de data 25 de febrer de 2015, a la qual vosté deixa de contestar algunes qüestions que a mi me pareixen de vital importància i que ara voldria recordar-li i, a poder ser, una contestació.

En eixa interpel·lació a vosté se li pregunta pel senyor Enrique Fliquete, qui havia sigut ponent del dictamen del Consell Jurídic Consultiu, que va al·legar que podia continuar amb eixe model d'accessibilitat social, com vosté acaba de dir.
I se li pregunta si vosté sabia.
.
.
, si vosté coneixia que este senyor també havia estat assessorant les empreses d'accessibilitat social com a advocat.
¿Coneixia vosté el paper del senyor Fliquete?

Tampoc va voler parlar eixe dia del vot particular d'altre membre del Consell Jurídic Consultiu que no compartia el dictamen del Consell Jurídic Consultiu.
I tampoc evidenciar el que, a totes llums, era evidenciable; que el dictamen estava viciat des del mateix moment en què el seu ponent havia estat assessorant empreses d'accessibilitat social i des que el mateix Francisco Camps, que havia pres part en l'exclusivitat quan era president de la Generalitat valenciana, també havia votat a favor d'eixe dictamen.
¿Podria contestar ara si el dictamen del Consell Jurídic Consultiu, al seu parer, estava o no estava contaminat?

De la mateixa manera, jo ara li pregunte per què la conselleria va obviar informar el Consell Jurídic Consultiu que hi havia altres sis recursos, alguns inclús amb sentències en què al voltant de tres-centes residències interessades en el tema no havien tingut dret al tràmit d'audiència.
Davant de tot això, ¿vostés no van pensar -vosté i el seu equip- en recórrer en alguna instància el dictamen del Consell Jurídic Consultiu?

En eixa mateixa compareixença, vosté anuncia un nou concurs per procediment obert per a adjudicar places en residència, reconeixent així que el model d'accessibilitat social no era el correcte.

De fet, en setembre de 2014, novament, el senyor Escolano, en compareixença en comissió, anuncia el nou procediment obert de licitació de places.
Concretament, el senyor Escolano va dir, textualment: Â«Por todo ello, ha de emitirse un dictamen favorable.
Así, esta conselleria podría iniciar un procedimiento abierto de licitación.
.
.
Â», etcètera.
¡Quin varapalo!
Després, va i resulta que el dictamen del Consell Jurídic Consultiu no va ser favorable.

Vostés, ací i en premsa, estaven reconeguent que hi havia hagut deficiències quant a l'exclusivitat, deficiències quant al model i, sobretot, reconeixent les converses de la UDEF, a què donaven credibilitat en la carta que van enviar a Arturo Alario i sobre la qual li ha preguntat el meu company i tampoc li ha contestat.

Per això li pregunte, en resum, ¿per què mai feren cap esbrinament formal ni demanaren cap informe sobre el dictamen del Consell Jurídic Consultiu, tot i que no era el dictamen que vostés òbviament esperaven i tot i que els tombava tots els seus plans i el seu treball, que havien fet en este sentit?

Gràcies.

El senyor president:

Muchas gracias, señora Álvaro.

Señora Sánchez Zaplana, tiene la palabra.

La senyora Sánchez Zaplana:

Sí, muchas gracias, señor presidente.

Mire, sus preguntas sobre si estaba contaminado el dictamen de Consejo Jurídico Consultivo, si…, como no era lo que esperábamos, teníamos que recurrirlo porque había un voto particular…

Yo no conocía la vinculación -me ha preguntado por la vinculación de una persona con respecto a las empresas-, por supuesto que no.
La emisión de un voto particular es algo que se puede hacer y que hizo el Consejo Jurídico Consultivo.
No soy yo quien tiene que cuestionar ese voto particular.

¿Y recurrir el dictamen del Consejo Jurídico Consultivo?
Me parece que no le corresponde a una conselleria, cuando… Además, le he aclarado, cuando ha preguntado su compañero, el informe del Consejo Jurídico Consultivo es preceptivo y vinculante para la conselleria.
O sea, no es la Conselleria de Bienestar Social quien tiene que cuestionar la veracidad o si hay un voto particular o si hay una persona que tiene una vinculación… A nosotros no nos corresponde.

Y ha dicho usted, además, que no se han dado determinados trámites de audiencia.
Mire, yo siempre he confiado -y ha pasado por aquí, pues, gran parte del equipo directivo y del equipo técnico de la conselleria- en que todos los órganos, en este caso el órgano de contratación, la subsecretaría, la secretaría autonómica…, todas las personas que han trabajado, en este caso, bajo el paraguas de la Conselleria de Bienestar Social y que son técnicos competentes, si en algún momento se ha incumplido algún trámite o hay alguna reclamación de alguien que ha entendido que no ha sido escuchado -y pasó en alguno de los expedientes-, se le da el trámite correspondiente y la audiencia correspondiente, por supuesto que sí, evidentemente, sin incumplir ninguna normativa, todo lo contrario.
Hay alguien que no se ha sentido escuchado, se paraliza el proceso y se vuelve a dar esa audiencia.

Con respecto a apreciaciones personales o…, a los dictámenes del Consejo Jurídico Consultivo, creo que ya le he contestado.

El senyor president:

Muchas gracias.

Tiene ahora la palabra la señora Concha Andrés, en nombre del Grupo Socialista.

La senyora Andrés Sanchis:

Gracias, presidente.

Señora Sánchez Zaplana, gracias por venir a esta comisión.

Mire, hemos escuchado muchas comparecencias.
Nos da la impresión de que es en su etapa cuando se pretende dar por finalizado todo el litigio que existía con lo que eran las residencias de accesibilidad y con esa cláusula de exclusividad, que inicialmente en el pliego -yo creo que a esa conclusión hemos llegado- era de un tercio y, finalmente, pues, por determinados vericuetos que van pasando a lo largo de los años, pues, se convierten después en un segundo tercio y hasta, incluso, al cien por cien de las plazas en algunas residencias.

Aquí estuvo la secretaria autonómica, la señora García, hace dos semanas, y nos dijo expresiones tales como que se advertían cosas raras: que veían que el tema no estaba claro, en lo que respectaba a la cláusula de exclusividad; que entendían que no era vinculante esa cláusula del conseller Blasco; que intuía también que existía alguna cosa extraña… Y, por lo tanto, lo que hicieron es ese nuevo equipo.
Y también le constaba que el secretario autonómico anterior, que era el señor Martínez, ya había iniciado esa vía.
Tanto es así que el señor Martínez hizo una resolución contundente a este respecto, en la que ya advertía de que esa cláusula de exclusividad que surgía del señor Blasco no la compartía.
Toda esa información, ¿usted la tenía?

¿Era consciente de que existía un gran litigio dentro del sector, porque había una serie de empresas que estaban teniendo un trato de favor?

¿Usted, verdaderamente, tuvo intención de acabar con ese modelo y de hacer, de verdad, un concurso público, en el que pudieran presentarse en igualdad de condiciones todas las residencias que reunieran los requisitos y que estuvieran trabajando en el sector?

¿No le sorprendió a usted que, vista la contundencia de ese informe que usted ha señalado del mes de abril de la dirección general de la abogacía, que era contundente respecto a la nulidad de esa cláusula Blasco que, después, el jurídico consultivo también declara la nulidad, pero dice que no tendrá efectos retroactivos?
¿No le sorprendió que existiera esa contradicción?

¿Usted conocía que el Tribunal Superior de Justicia ya se había pronunciado a ese respecto, quitándole toda la validez a ese informe, al que llaman documento Blasco, en el año 2007, en la sentencia 417 del año 2007 que, por cierto, cita el Tribunal Superior de Justicia en la sentencia que ha dictado ahora en el año 2016?

Quisiera preguntarle también… Usted, al final, terminó adjudicando las plazas del segundo tercio.
En unas recientes declaraciones que he visto suyas -no sé si serán así o que la prensa no las ha recogido bien-, usted dice: Â«Así mismo, Sánchez Zaplana ha recordado que durante su etapa al frente de la conselleria se trabajó con el sector de residencias de mayores, ahora uno más de los sometidos a los impagos de Oltra.
Â» ¿Usted pagaba en aquel momento?
Hay denuncias también, tenemos denuncias del sector, en que solamente se pagaba a las residencias de Cotino, el resto no, el resto estaban esperando; y son denuncias de Aerte.

Y, luego, por otra parte también, dice, Â«…sometidos en la elaboración de un acuerdo marco, respetando los principios de legalidad, libre de concurrencia e igualdad de oportunidades de todos los operadoresÂ».
Es lo que estábamos haciendo nosotros, ¿no?
, ya se ha demostrado.
Yo creo que, por lo menos, aquí podríamos admitir que se ha demostrado que el modelo Cotino, o Blasco-Cotino, que se impulsó, de accesibilidad, tenía muchas irregularidades legales, tal y como iba pasando el tiempo.

¿De verdad usted piensa que el modelo que ha presentado ahora la vicepresidenta, de una concurrencia pública para 3.
300 plazas, coincide con el que usted hizo en los últimos años en los que estuvo en la conselleria?

El senyor president:

Gracias, señora Andrés.

Señora Sánchez Zaplana.

La senyora Sánchez Zaplana:

Bueno, no sé si me ha dado tiempo a tomar nota de todas las preguntas.
Si no, bueno, pues, me lo indica.

Voy a empezar por el final, porque quizás es más sencillo.

Me dice que si el modelo que ha presentado la vicepresidenta y consejera, en este caso de la misma materia, de bienestar social -aunque el nombre ahora es otro-… Mire, tengo aquí una copia, de 6 de marzo de 2015, firmada por el subsecretario de la Conselleria de Bienestar Social, en la que se da…, es la orden de inicio, la orden de inicio del expediente del acuerdo marco.
Dice: Â«Se establecen 3.
108 plazas de estancia en centros residenciales, con la distribución de siete lotes -y, bueno, y una serie de características-… Y el objeto de este expediente es el acuerdo marco para la concertación de plazas en centros residenciales para personas mayores en situación de dependencia en la Comunidad Valenciana.
Â»

Creo que se ha presentado una propuesta de 3.
300.
Creo que hay una diferencia de 200 plazas.
Estamos hablando de marzo de 2015.
Hace más de un año que nosotros iniciamos este expediente.
Tres mil…, prácticamente, 3.
108 plazas, con respecto al último punto que usted me ha indicado.

¿Impagos?
Yo no he dicho en ningún momento… No creo haber dicho en ningún momento que no hubiera impagos, no solamente en el sector de personas mayores.
Cuando yo llegué, y lo he dicho al principio de la comparecencia, la situación… Desconozco la que está viviendo la señora Oltra, que creo que continua, como digo, con las 2.
158 plazas del segundo tercio en una situación que es legal, que es acometer los pagos a través de enriquecimientos injustos.
Nosotros teníamos deudas…, pues, muchas deudas que acometer y mucho trabajo por hacer, claro que sí, nunca lo he ocultado.

Con el sector de mayores, que saben ustedes que hay tres grandes operadores: Aerte, AECAS -bueno, son los acrónimos- y Lares, o las residencias, en este caso, o antiguos asilos, residencias en este caso que estaban en tres paquetes o en tres patronales completamente diferentes.
Y la deuda era con todos.
No había una deuda…, ni un trato preferente, ni se priorizaba y se decía: vamos a tener más deuda con unos que con otros.
Cuando recibíamos los fondos, el plan de pago a proveedores… Bueno, yo creo que, además, es explícito cómo se ha trabajado.
De acuerdo con la conselleria de hacienda, lo que hacíamos era acometer los pagos de todos los sectores: de mayores, de menores, de mujeres, de igualdad…, de todas las áreas de la Conselleria de Bienestar Social.
Y siempre luchábamos, como todos los consellers, desde la conselleria, por conseguir pagar cada mes el mayor número, en este caso, de sectores o de operadores posibles.

Me dice que hay una sentencia de 2007 que anulaba la cláusula de exclusividad.
Mire, yo lo que tengo claro es que, cuando pedimos la petición de informe, la petición de informe a la abogacía, a finales de 2013, para iniciar el procedimiento negociado para 2014, es cuando la abogacía de La Generalitat, en este caso (inintel·ligible) … la abogacía de la propia conselleria, emite el informe que ya les he leído anteriormente y que ustedes disponen de él.
Hasta ese momento, nadie había hecho en la conselleria un informe -además, no estaba la ley de emprendedores- que dijera que no se estaba haciendo algo legal, o ajustado a norma o que se estaba haciendo algo irregular.
A mí no me consta que haya ningún informe anterior, y mucho menos ha dicho usted una sentencia que anulaba o que ponía en cuestión la cláusula de exclusividad.

También que si no nos sorprendía el informe de la abogacía.
Es que el informe de la abogacía lo pedimos nosotros.
Vamos a ver, yo vuelvo a la cronología de los hechos.
Pedimos informe de la abogacía del propio órgano, en este caso de la consellera de Bienestar Social.
A partir, a la Junta Central de Contratación.
A partir de ahí, a la Dirección General de la Abogacía.
Y a partir de ahí, con el informe de la Dirección General de la Abogacía…

Y les recuerdo que todo esto viene por la publicación de la ley de emprendedores, que es la que da el marco legal que nos permite trabajar de esta forma, somos nosotros los que iniciamos todos los procedimientos, incluido el de la revisión de oficio y la propuesta de un acuerdo marco al sector.
Yo creo que con eso queda bastante claro.

Gracias, señor presidente.

El senyor president:

Gracias, señora Sánchez Zaplana.

Ahora tiene la palabra doña María José Catalá, en nombre del Grupo Popular.

La senyora Catalá Verdet:

Gracias, señor presidente.

Bueno, querida consellera, gracias por venir a esta comparecencia.
Voy a comenzar por una aclaración.
Es triste que nosotros tengamos que venir aquí a aclarar lo que se dice.
Pero bueno, al final nos vemos obligados a hacerlo para que el compareciente no vea vulnerados sus derechos en el ejercicio de su comparecencia.

La sentencia a la que hacía referencia una compañera anteriormente, la 417 del año 2007 dice textualmente que la sala no comparte la afirmación de que es una sentencia sobre la revisión de precios.
Concretamente, fíjese, le da la razón a Savia.
Qué cosas, ¿eh?
Y dice textualmente que Â«tampoco comparte la sala la afirmación de que el contrato no se había comenzado a prestar antes del 2004, el prestarse o no propiamente con la entrega de las plazas a La Generalitat, sino con la construcción de las instalaciones.

Â»De manera que la interpretación que juzga más razonable la sala es la que sostiene la demandante, no la de la administración, a partir del criterio plasmado en un documento del conseller de 26 de septiembre de 2001, que entendió el período de cálculo los doce meses anteriores a 1 de enero de 2004, con el único argumento de que la previsión de inicio de la prestación se situaba en el año 2003.
Â»

Es decir, sí, claro, hace alusión al documento del conseller, pero no para hablar de la cláusula de exclusividad, sino para hablar de la revisión de precios.
Y por tanto, miren, si vamos a citar sentencias, ya que tenemos todos la documentación, hagámoslo con conocimiento de causa.

En segundo lugar, señora consellera, a mí me gustaría… Perdón, señora Zaplana.
A mí me gustaría plantearle si en el momento de la aprobación de la ley de emprendedores, concretamente el artículo 45 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre del año 2013, si ese artículo 45 de esa ley de apoyo a emprendedores y su internalización es el artículo determinante que invalida, desde su punto de vista, la cláusula de exclusividad y a partir del cual se insta el procedimiento de revisión de oficio,

Y por tanto, queda anulada esa cláusula de exclusividad, ya que ese artículo 45 establece claramente la prohibición de la discriminación a favor de contratistas previos en los procedimientos de contratación pública en un contrato de puesta a disposición de plazas residenciales.

Es decir, hasta ese momento, hasta la aprobación de la ley de emprendedores, hasta el artículo 45 de la ley que se publica en septiembre del año 2013, ¿la administración estaba vinculada por la cláusula de exclusividad, como consta en el informe de 25 de julio de 2014?
Un informe que usted pide a la abogacía y que dice claramente que la interpretación realizada por la administración, mientras no revise sus actos, evidentemente está obligada a seguir los criterios por ella proclamados.

Es decir, el derecho de preferencia en favor de adjudicatarios de contrato, que obligaba a la administración a seguir adjudicando plazas subvencionadas a esas empresas, por encima del tercio estipulado inicialmente.

Y en tercer lugar, ¿en qué punto deja usted, impulsado el procedimiento de revisión de oficio, en qué punto deja usted el nuevo pliego para establecer un marco estable, a partir de ese procedimiento de revisión de oficio y de la nulidad de la cláusula, derivada del artículo 45 de la ley de emprendedores?

Muchas gracias.

El senyor president:

Muchas gracias, señora Catalá.

Tiene la palabra, señora Sánchez Zaplana.

La senyora Sánchez Zaplana:

Sí.
Gracias, gracias, señor presidente.

Mire, señora Catalá, efectivamente, ya lo he dicho tres veces en esta comparecencia, pero estoy dispuesta a decirlo tantas cuantas veces sea necesario.
Con fecha de octubre, 31 de octubre, si no recuerdo mal, de 2013, iniciamos el procedimiento de contratación administrativa, como se venía haciendo desde hacía mucho tiempo, desde la adjudicación del segundo tercio en la Conselleria de Bienestar Social.

Y efectivamente, es la publicación de la ley de emprendedores, y bueno, no vuelvo a leer el artículo, porque lo ha dicho usted, es abogacía quien indica que el artículo 45.
2 de la Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores, prohíbe discriminar a favor de contratistas previos en los procedimientos de contratación.
Evidentemente eso es lo que nos mueve, porque eso es lo que dice el informe de la abogacía.
Porque además nos traslada también la imposibilidad de irnos a un procedimiento abierto.

Si nos hubiera abierto la puerta a un procedimiento abierto, habríamos iniciado en ese momento el procedimiento abierto para licitar las plazas.
Pero también nos decía que hasta que no se derogara expresamente seguía en vigor en el mundo jurídico la citada cláusula de exclusividad.
Es decir, teníamos las dos realidades sobre la mesa.
La publicación de la ley de emprendedores con este artículo 45.
2, pero al mismo tiempo la abogacía nos decía: no se puede iniciar un procedimiento abierto.

De ahí que nos fuéramos lógicamente, yo creo que como cualquiera que trabaja en la administración, a los órganos que entendían que podían emitir informe superior o que podían aclarar este informe.
Uno era la Junta Central de Contratación, en este caso, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Valenciana, que emite un informe en los mismos términos.

Y a partir de ahí, ha leído usted parte del articulado del informe que emite la Dirección General de la Abogacía, si no recuerdo mal, aproximadamente 25 de junio de 2014, que efectivamente dice que considerando que el criterio interpretativo de 26 de septiembre de 2001 no ha sido cuestionado ni revisado por ningún órgano competente.
Lo repito porque no son mis palabras.
Son las palabras del informe que emite la Dirección General de la Abogacía.

Y usted me dice: efectivamente, aquí dice, está claro qué pasaba con la cláusula de exclusividad.
¿Qué más hicimos nosotros?
Puesto que la Dirección General de la Abogacía nos dejaba claro que se declaraba la nulidad a partir de ese momento de la cláusula de exclusividad y el procedimiento correspondiente era la revisión de oficio, iniciamos la revisión de oficio.

Y pedimos, de nuevo vuelvo a decirlo, el informe preceptivo y vinculante del Consejo Jurídico Consultivo, más allá de otras consideraciones que hayan salido en esta mesa.
Y somos nosotros los que iniciamos el procedimiento de revisión de oficio.
Somos nosotros los que proponemos al sector un acuerdo marco.
Les he traído, que pueden acceder a la documentación, el inicio del expediente.

Y además creo recordar, ahora ya las fechas sí que me bailan un poco, pero que el señor Escolano compareció también en comisión en aquellas fechas, para explicar qué era el acuerdo marco.
¿Por qué un acuerdo marco?
Porque en la situación en la que nos encontrábamos es lo que daba una estabilidad y seguridad jurídica, y sobre todo algo que no sé si ha salido muchas veces aquí: la preocupación más grande, es que los usuarios estuvieran bien atendidos.

Estamos hablando de que había 2.
158 personas mayores que estaban en una serie de residencias, y nosotros conseguimos por un lado ampliar, porque fuimos una de las consellerias que más crecimos en el último año en 2015.
Y esa ampliación fue casi toda, aproximadamente un 18 o 20% al Área de Dependencia y de Mayores.
Esa ampliación económica es la que nos permitió pasar de las 2.
158 plazas a las más de 3.
000 plazas que propusimos, en un concurso con siete lotes, abierto a todo el sector.

Nosotros ya habíamos solicitado los informes preceptivos a la abogacía y a la intervención.
Habíamos iniciado el expediente de contratación.
Y de esto hace aproximadamente un año y tres, cuatro meses.
Aproximadamente yo dejé la conselleria en junio de 2015, y en ese momento estaba ya todo el procedimiento en marcha, la petición de los informes preceptivos, como les digo, y el sector con el que habíamos estado dialogando para la posibilidad de esta fórmula.

Que es una fórmula de concertación de plazas en centros residenciales, que como les digo, la principal preocupación es las personas que tienen que ocupar esas plazas, que estén bien atendidas que tengan -lo ha leído usted- esa posibilidad de tener una plaza cerca de casa, la plaza que elijan con su familia, de acuerdo a su plan de intervención, y que estén tranquilas y seguras.

El senyor president:

Muchas gracias, señora Sánchez Zaplana.

Tiene ahora la palabra nuevamente el señor César Jiménez, en nombre del Grupo Podemos-Podem.

El senyor Jiménez Doménech:

Sí, gràcies, senyor president.

Ho ha dit vosté diverses vegades, que ha preparat esta comissió visualitzant algunes de les compareixences.
Ha tingut tot l'accés a les compareixences, i és un gust tindre una persona informada ací.
Vosté haurà vist, supose, la compareixença de la secretària autonòmica, María Manuela García Reboll.
Li ha preguntat la meua companya del Partit Socialista respecte d'això.

Ella deia que en el temps que va estar en la conselleria mai es va poder fer una imatge de la complexitat del model Cotino, perquè tenia la sensació que sempre faltava algun detall per donar-li, que a nosaltres ens va fer entendre almenys que no hi havia transparència, no hi havia total llibertat per a contar tota la realitat respecte d'això.

Simplement li faig la pregunta, si vosté sí que va poder fer-se la imatge, si vosté pensa que tothom en la conselleria estava alineat en els interessos de (inintel·ligible) .
.
.
d'aclarir la situació, d'aclarir el contracte, i dels successius esdeveniments que havien passat durant els anys.

Moltes gràcies.

El senyor president:

Muchas gracias.

Tiene la palabra, señora Sánchez.

La senyora Sánchez Zaplana:

Vale, pues muchas gracias, señor presidente.

Sí, he podido visualizar, y he podido además comprobar el trabajo de toda esta comisión que ha sido, debo decir, hago un paréntesis, intenso.
Les he visto en algunas de las comparecencias a todos ustedes.

Y me dice que la secretaria autonómica, Manuela, indicó la complejidad del modelo, que si le faltaban detalles.
Mire, yo lo que le puedo asegurar, y vamos, esto es algo que creo que es evidente, es que en la Conselleria de Bienestar Social y en todas las áreas en que he trabajado de la administración, todos los equipos que he tenido a mi cargo han tenido toda la libertad para trabajar, en este caso hablamos de mayores, con el sector, acceder a toda la información.

A mí en ningún momento se me trasladó que no hubiera un acceso a información o que hubiera información a la que no se pudiera llegar.
Me remito de nuevo al momento, yo creo que le podríamos llamar el punto de inflexión de todo este expediente, de toda esta comisión, que es la publicación de la ley de emprendedores.
Hasta la publicación de la ley de emprendedores no es que no existiera la posibilidad, es que nosotros teníamos un procedimiento en marcha, en vigor desde el año 2001, en este caso el primer tercio, nadie lo ha discutido.

El segundo tercio se adjudicaba en este caso por el procedimiento negociado, que ya les he indicado.
Y a mí nadie me puso un informe sobre la mesa ni nadie me indicó que hubiera algo que estuviera o que faltara información.
Que el expediente era complejo, que la situación del sector de mayores era una situación compleja por la dispersión del número de operadores, sí, y que había que trabajar todos los días y hablar con el sector, por supuesto que sí, claro que sí.

Pero que hubiera ocultación o que no se tuviera acceso a toda la información, no.
Jamás nadie me trasladó esa imposibilidad o esa extrañeza que usted ha indicado.
Al contrario.
No sé si es la pregunta que me hacía.
Y la libertad para trabajar, por supuesto, toda.

El senyor president:

Muchas gracias, señora Sánchez Zaplana.

Tiene ahora la palabra el señor David de Miguel, en nombre del Grupo Ciudadanos.

El senyor De Miguel Martínez:

Gracias.

Dos matizaciones le quería hacer.
Una, respecto a lo que le ha preguntado mi compañero, es que dijo la anterior compareciente que en la conselleria todo el mundo se había dado cuenta.
Estamos hablando ya de 2014, o de 2013.
Que no cuadraba.
O sea que veían algo extraño.
Quiero decir, a lo mejor no se ha expresado bien mi compañero o no lo ha entendido bien.
No que se escondiera la información, pero sí que es verdad que dijo que la información se da de una manera un poco…

Y aparte lo dijo, no con maldad por parte de los funcionarios, sino que no le llegó toda la información, porque era un tema demasiado complejo.
Y es verdad, algo complejo sería, o algo verían, cuando decidieron acertadamente poner fin, con los casi ocho años de privilegios que han disfrutado residencias que puso Juan Cotino, según consta en la época.
Ese es el matiz que le quería hacer respecto a la respuesta que ha dado a mi compañero.

Lo que yo le he preguntado del señor Escolano, yo no le digo que no contestara.
Digo que podía haber dicho en esa comparecencia que se iban a hacer unas nuevas adjudicaciones, iban a incrementar las plazas en base, desde luego, porque estaban forzados y estaban atados por los contratos y por la ley.
Pero que no lo dijo, cuando al fin y al cabo era una buena noticia incrementar el número de plazas de accesibilidad.
O incrementar el número de plazas, en definitiva.

Y por último, sí que me gustaría que me dijera lo que le he preguntado.
Por qué causó ese estupor que causó en la conselleria las conversaciones aparecidas, las grabaciones de la UDEF, que hicieron que dijeran, Â«señores, no queremos que el señor Arturo Alario mantenga contacto con nosotrosÂ», porque no se hizo con el resto de los intervinientes -digamos- en esas conversaciones que salieron a la luz.

Gracias.

El senyor president:

Muchas gracias, señor De Miguel.

Tiene la palabra la señora Sánchez.

La senyora Sánchez Zaplana:

Muchas gracias, señor presidente.

Mire, en la administración no se trabaja sobre percepciones o sensaciones, creo yo, se trabaja sobre realidades.
Y en el caso el lenguaje de la administración es el lenguaje de la legalidad vigente y el lenguaje jurídico.
Entonces, me vuelve usted a decir que si la señora García hablaba de la sensación de algo.
Pues no lo sé.
A mí no se me trasladó una sensación y una percepción.

Yo tenía los informes encima de la mesa -como le digo-.
En el momento que tenemos un informe encima de la mesa, el informe de la abogacía, que nos hace ver que el procedimiento no se puede continuar por un lado y que por otro lado que estaba vigente la cláusula de exclusividad -esto que aquí se ha mencionado en alguna de las intervenciones también, que he visto como un callejón sin salida o como una situación compleja de resolución- es el momento en que nosotros empezamos todo el procedimiento que ya les he indicado en varias ocasiones.

¿Que por qué no cambiamos todos los interlocutores?
Pues que yo sepa, bueno, determinados interlocutores…, me mencionaba al señor Ortiz y a una persona más, creo recordar, ¿no?
(veus) al señor Cotino.
Mire, las reuniones que en este caso tenían la dirección general, la secretaría autonómica con los interlocutores, no sólo de AECAS, porque aquí estamos hablando de accesibilidad pero a nosotros nos preocupaba todo el sector, nos preocupa Aerte, nos preocupa AECAS, nos preocupa Lares, las residencias municipales -lógicamente- y todas las plazas que tenían que ser ocupadas al final por personas mayores de la Comunidad Valenciana.

Si tenían que cambiar o no los interlocutores, realmente…, por las conversaciones son las conversaciones, nunca tuve una propuesta en la mesa de que tuvieran que cambiar esos interlocutores.
Tampoco sé exactamente si las personas que usted ha indicado son las que representaban y acudían a las reuniones.
Porque no siempre acudían las mismas personas.

Y me ha dicho otra cosa.
Es que estaba intentando recordar que ha comentado… Mire, tengo aquí, bueno… Antes han hecho referencia también a algún artículo de prensa en este caso.
El secretario autonómico de autonomía personal y dependencia, Manuel Escolano, en su comparecencia en la Comisión de Política Social y Empleo y Políticas de Igualdad, a petición propia, hizo…, bueno, es un artículo de prensa.
Lo digo porque dice que no habló del marco de gestión.

Las declaraciones son marco de gestión que va a normalizar la relación con los operadores, en el mismo ámbito concursal, sin diferencias, modelo que sustituirá al anterior.
Es decir, estas declaraciones son declaraciones del señor Escolano posteriormente a la comisión.
No tengo el acta de la comisión en este momento y no puedo afirmarle si en la comisión se dijo lo mismo.
Pero esta es una publicación de prensa.
En este caso la fecha es 19 de septiembre de 2014.
O sea que no había ningún interés en ocultar absolutamente nada con respecto a este tema.

El senyor president:

Muchas gracias.

La senyora Sánchez Zaplana:

¿Ha indicado alguna cosa más?
Creo que no, ¿no?

El senyor president:

Muchas gracias, señora Sánchez Zaplana.

Tiene ahora la palabra la señora Mònica Álvaro en nombre del Grupo Compromís.

La senyora Álvaro Cerezo:

Sí.
Moltes gràcies.

Mire, vosté diu no conéixer la vinculació del senyor Fliquete com a assessor de les empreses d'accessibilitat social.
I jo li dic que sí.
Que sí que vosté ho coneixia perquè no era la primera volta que se li dia.
Jo no he sigut la primera persona que li ha dit això.
Que això se li va dir en (inintel·ligible) .
.
.
el 25 de febrer del 2015.
Se li va dir exactament que el senyor Fliquete havia estat assessorant a empreses d'accessibilitat social i que no tots els interessats havien tingut el dret al tràmit d'audiència davant del Consell Jurídic Consultiu, perquè vostés van obviar certes empreses.
Això se li va dir ací en Corts i vosté no va respondre.
Val?

De la mateixa manera ací en Corts, també, en comissió, se va demanar la compareixença del senyor Fliquete i el seu grup, el Partit Popular, va negar eixa compareixença.
I fins ara no hem pogut saber ningú si l'informe del Consell Jurídic Consultiu adoleix o no de forma.
Si el senyor Fliquete va posar en coneixement del Consell Jurídic Consultiu, de la resta de membres, que havia estat assessorant empreses de l'accessibilitat social perquè a la millor este senyor no ho havia dit.
Este senyor no havia dit: Â«Escolte, és que jo no puc ser.
.
.
, o no puc prendre part d'este dictamen perquè jo he estat treballant en estes empreses.
Â» És que no ho sabem.

I tampoc sabem per què justament havia de ser esta persona ponent del Consell Jurídic Consultiu quan havia estat treballant amb peces d'accessibilitat social.
I si mai ho hem pogut saber és perquè, fins ara, el partit popular ens ha negat en diverses ocasions poder fer estes preguntes.
Òbviament, en esta comissió, doncs sí que s'obri una oportunitat almenys de saber si el dictamen del Consell Jurídic Consultiu era tot el transparent que calia que fora o no, ja que vosté com a consellera en eixe moment, doncs no se va preocupar.
Ho va assumir i ja està.

O siga, a mi me fan estes preguntes i jo almenys sí que intente recaptar eixa informació.
Vosté, tant en eixe moment com ara continua dient que no coneix la implicació.
No són consideracions, senyora Sánchez, són fets.
O vosté me pot negar ara que eixa vinculació en el senyor Fliquete existix?

I ja, per últim, l'última pregunta.
Vosté va mantindre reunions amb el senyor Vicente Cotino o amb el senyor Enrique Ortiz per temes d'accessibilitat social?

Moltes gràcies.

El senyor president:

Muchas gracias.

Señora Sánchez tiene la palabra.

La senyora Sánchez Zaplana:

Empiezo por el final.
No.
No he mantenido ninguna reunión con el señor Vicente Cotino, que yo recuerde en este momento, y mucho menos con el señor Ortiz.

Mire, yo desconozco…, porque todas las preguntas que me está haciendo sobre el Consejo Jurídico Consultivo entiende que yo se las tengo que responder.
¿Usted cree que un conseller, en este caso de bienestar social, es -dado la razón de su cargo- el que tiene que cuestionar…?
¿Me está diciendo eso, que yo tendría que cuestionar…?
Bueno, he entendido que me dice eso.
¿Qué si yo no cuestioné la relación que existía entre este señor y las empresas de accesibilidad social?
¿Si no cuestioné el voto particular?
¿Si no cuestioné una serie de consideraciones que está haciendo con respecto al informe del Consejo Jurídico Consultivo?

¿Pero me pregunta y como exconsellera de Bienestar Social en aquel momento consellera?
Es decir, dentro de la razón del cargo de consellera, ¿me dice usted que yo tenía que cuestionar todas esas consideraciones?

La senyora Álvaro Cerezo:

Le estoy diciendo que ¿por qué su grupo, si era una cosa tan transparente y tan obvia, nunca intentó recabar esta opinión?
Además a usted le hubiese beneficiado en su momento.
Usted intentaba acabar con el modelo (inintel·ligible) …, intentaba sacar un nuevo pliego y llega un dictamen del Consell Jurídic Consultiu que no se lo esperaban -palabras de Escolano aquí en estas Cortes- y un señor, aparentemente, se le informa de que este señor ha estado tomando parte y siendo ponente de un dictamen cuando estaba por otra parte asesorando empresas de accesibilidad social.

Y aquí en estas Cortes se pide la comparecencia y el Grupo Popular la niega.
Yo, la verdad, a mí como consellera sí que me hubiese gustado oír esa comparecencia y oír si había algún vicio de nulidad o no.

La senyora Sánchez Zaplana:

Bueno.
Mire, yo creo que ha quedado claro a lo largo de mi comparecencia hoy y, bueno, sigo a su disposición todo el tiempo que tenga la comisión y que el señor presidente nos deje para seguir explicándole cuál fue mi trabajo, cuáles fueron las decisiones que tomaron.
Desde luego no creo que entre las decisiones que yo podía tomar estaban las de cuestionar el informe del Consejo Jurídico Consultivo y ninguno de los órganos de la conselleria así me lo trasladó.

Le repito y le remito al momento -como les he dicho antes- para mí importante.
Y es el momento en el que nosotros tenemos un informe que nos permite -que es el informe de la abogacía, el de finales del 2013- que nos permite iniciar el procedimiento de la revisión de oficio que, a su vez, nos obliga a pedir el informe del Consejo Jurídico Consultivo y somos nosotros los que proponemos un acuerdo marco al sector.
Esa fue nuestra responsabilidad y ese fue mi trabajo.

El senyor president:

Muchas gracias, señora Sánchez Zaplana.

Ahora tiene la palabra la señora Concha Andrés en nombre del Grupo Socialista.

La senyora Andrés Sanchis:

Gracias.

Mire, primero por clarificar, porque yo entiendo que usted no tiene por qué tener ahora delante toda la documentación.
Sí que entiendo que después de lo que estaba cayendo en prensa, después de que hasta incluso había empresas que estaban siendo investigadas por la UDEF y que estaban con plazas concertadas de personas mayores y que estaban financiadas por la conselleria, pienso que usted debería de haberse dedicado de una manera especial a este asunto.

Entonces mire, en ese informe en el que usted hace mención de la abogacía que se emite en junio del 2014, página 8 y página 9, tiene usted referenciado todo lo que contenía en la sentencia que le he citado 417 del año 2007.
Que dice la señora del Partido Popular que no está.
(Veus) Fundamento de derecho tercero.
Es más, señora exconsellera, no tengo ningún inconveniente -si usted por curiosidad después quiere comprobarlo- de dejarle la copia que tengo aquí de la sentencia.

Fundamento de derecho tercero en el que el Tribunal Superior de Justicia ya cuestiona la validez de la cláusula de exclusividad.
Y dice, literalmente que, Â«con independencia de mayor o menor acierto jurídico el documento suscrito sólo por el conseller, la omisión de los indicados trámites…Â» es decir, no se siguieron los trámites previstos en la ley de contratos, Â«priva a dichas clarificaciones de la fuerza ejecutiva que afirma la administración.
Â» Va en contra de lo que dice la conselleria.
Â«Porque, desde luego, no obedece tal documento el titular de la conselleria a lo que se tiene en rigor por una resolución interpretativa de contratos.
Â» Y eso lo dice el Tribunal Superior de Justicia.
No es que lo diga yo.
Ya le digo, sin ningún inconveniente para que si usted después tiene curiosidad se lo lea.

Pero es que, además, le digo en el informe de la abogacía, lo menciona la página 8 y página 9, hace referencia a esa sentencia del 417 que usted sí que tuvo conocimiento y que ahora se sorprende de que ya existiera.
Yo quiero insistirle, de acuerdo con lo que dijo la señora Nela García, ella decía que faltaba información.
¿No cree que a usted como consellera de Bienestar Social alguien le debería de haber informado de que esto existía?
¿Alguien le debería de haber explicado cómo se estaba actuando en la conselleria durante estos años con respecto a la cláusula de exclusividad, habiendo serias dudas de la legalidad, ya por el tribunal superior de justicia?
Es que no les hacían falta más informes de ningún abogado.

Por otro lado, yo quiero preguntarle, si la ley de emprendedores del mes de septiembre del año 2013, ¿por qué tardan ustedes siete meses en pedir el informe a la abogacía?
¿Sabe usted…?
Sí, se pide en abril del año 2014, el informe a la abogacía.
(Veus) Señora, señora, señora… Mediante escrito del subsecretario de la Conselleria de Bienestar Social de fecha 11 de abril del 2014.
(Se sent una veu que diu: Â«14 de abril de 2014.
Â») Claro, estamos hablando de lo mismo.
Es que me están diciendo que no, las señoras del Partido Popular.

Mire, el informe de la abogacía se emite a consecuencia de una petición de su conselleria de 14 de abril de 2014, como usted bien ha dicho.
Afortunadamente coincidimos.
Pero aquí están mareando y diciendo que no.
Entonces, este informe se pide siete meses después de que apareciera la ley y a continuación… (Veus) La ley de emprendedores se publica… (Veus) Bueno, señor presidente… (Se sent una veu que diu: Â«Bueno, ahora contestaré.
Â») No me dejan…

El senyor president:

A ver si…, por favor.

La senyora Andrés Sanchis:

…no me dejan acabar, es que no me dejan.

El senyor president:

Hablemos cada uno en el turno que les corresponde.

La senyora Andrés Sanchis:

Yo les agradecería que se callaran.
Tengo los documentos delante.
Estas señoras lo que tienen que hacer es mirar bien la documentación.
Yo no estoy diciendo ninguna mentira.
(Protestes i rialles)

El senyor president:

Por favor, por favor, vamos a seguir con tranquilidad.

Señora Andrés.

La senyora Andrés Sanchis:

Quiero insistir que la ley de emprendedores es de septiembre del 2013 y el informe se pide siete meses después y me gustaría preguntarle por qué se pide tan tarde.

Tengo también que decirle que el informe que emite el Consejo Jurídico Consultivo -que lo emiten cuando corresponda, con posterioridad a esto- contradice a lo que dice la abogacía general, el abogado general de La Generalitat.
Si eso a usted no le causó sorpresa.
Y también tengo que decirle que en algunas ocasiones el Consejo Jurídico Consultivo, a peticiones del señor Cotino, informaba con un día, con un día, señora consellera.
Aquí tardó meses.

Y luego también decirle que, dado la que estaba cayendo y todas las dudas legales que había y todas las protestas que había por parte de los familiares, de los usuarios y también de las residencias de los otros sectores, ¿por qué tardó usted un año y medio en iniciar el expediente de revisión de oficio?
¿Sabe?
Con esta sentencia el Tribunal Superior de Justicia ya se lo decía, ya se lo decía claramente, que en cualquier caso podían ustedes iniciar, en todo caso, desde luego, fiscalizable de legalidad por los tribunales.
¿Por qué no iniciaron ustedes?
¿Por qué no se cumplió?

¿Usted tenía esta información?
¿Se la negaban?
Eso es lo quiero que usted me diga.
Y por qué tardaron durante un año y medio en iniciar ese expediente de revisión de oficio.

El senyor president:

Gracias.

Señora Sánchez Zaplana.

La senyora Sánchez Zaplana:

Sí.
Muchas gracias, señor presidente.

Se ve que no me he explicado bien.
Pero bueno, no tengo ningún problema en volver a dar las fechas.
Con fecha 31 de octubre de 2013 se inicia el expediente de contratación administrativa mediante procedimiento público negociado.
Con fecha 17 de diciembre de 2013 emite informe la abogacía en este caso de la Conselleria de Bienestar Social, donde se dice -ya lo he repetido en varias ocasiones- que es inviable jurídicamente y se insta al artículo 45.
2 de la Ley 14/2013, de apoyo a emprendedores.

Con fecha 27…, la fecha de entrada es la que tengo en este momento, pero bueno, diciembre de 2013, se pide informe.
Es que usted está obviando todos los informes intermedios.
Es que no nos quedamos parados.
Es que los que iniciamos el movimiento fuimos nosotros.
No puede decir que tardamos nosotros año y medio en iniciar la revisión de oficio.

Y ahora, ¿qué está pasando?
¿Por qué no me dice usted qué está pasando ahora?
Si se sigue pagando con enriquecimientos injustos y no se ha sacado el acuerdo marco o el procedimiento no negociado, abierto o el que sea a licitación.
Es que no es verdad.
Es que le estoy dando las fechas y las estoy dando durante toda la comisión, es que ha obviado el informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, que el informe de la abogacía, en este caso de la conselleria de bienestar social, es a finales de diciembre.
Es el 14 de abril el que se pide el informe a la dirección general de la abogacía y lo emite en junio de 2014, sí, sí, ha pasado medio año, medio año que no estábamos parados, medio año que estamos pidiendo todos los informes.

Usted mismo lo ha dicho, usted ha dicho, Â«es un expediente complejoÂ», es una situación que no era de resolverla con un documento, con un expediente o con un informe de un técnico, es que no era así.

Usted me está diciendo, además, hace referencia a que si yo había sido informada que -parece que he creído entender- desde 2007, dada la sentencia que usted ha citado, que estamos en una situación irregular, alegal, ilegal, o no sé de qué tipo.
Pues ¡no!
, a mí nadie me dijo que desde 2007 se estaban adjudicando mal las plazas por un procedimiento, a mí nadie me dijo ni me escribió todos los informes preceptivos desde el 2007… ¿Perdón?
(Veus) Repito, no nos quedamos parados en ningún momento.

Usted dice que la ley de emprendedores sale en septiembre, el que la ley salga en septiembre no quiere decir que el expediente se inicie en septiembre, el expediente se inicia en octubre, el informe de la abogacía se emite en diciembre, la petición de informe a la Junta Central de Contratación sale a finales de año, en abril se pide el informe a la Dirección General de la Abogacía, en junio emite informe la Dirección General de la Abogacía.
¿No me diga que es que estuvimos año y medio de brazos cruzados?

Somos nosotros los que iniciamos el movimiento (veus), somos nosotros los que iniciamos el movimiento y ahí tiene las fechas y tienen en la carpeta toda la documentación porque no se les ha ocultado ninguna información, se actuó de forma explícita, se pidieron todos los informes preceptivos, aquellos preceptivos y vinculantes también como el del Consejo Jurídico Consultivo, no dejamos de pedir ninguna información, toda la que hacía falta para que el expediente nunca pasara y nunca tuviera que haber una comisión como ésta, para que se hiciera todo perfecto, todo perfecto.
Se pidieron todos los informes, todos los informes que hiciera falta, todos los informes que hacían falta para tener un expediente completo y para poder instar a ese acuerdo marco en marzo, el 6 de marzo de 2015.

Usted me ha preguntado por las dudas de legalidad, que ya la he respondido; que si no acometimos los informes o la petición de informes a partir de la ley de emprendedores; si teníamos dudas o no teníamos dudas legales.
Todas las dudas que teníamos las resolvíamos a través de la petición de los informes que teníamos que solicitar.

Y, a partir de ahí, niego la mayor, no estuvimos año y medio parados, no se detuvo en ningún momento, en ningún momento la tramitación del expediente y les recuerdo que hace más de un año, estamos hablando de dieciséis, diecisiete meses, y creo que la situación sigue siendo, si no la misma, parecida -creo.

El senyor president:

Muchas gracias, señora Sánchez Zaplana.

Tiene ahora la palabra la señora María José Catalá, en nombre del Grupo Popular.

La senyora Catalá Verdet:

Muchas gracias.

Bueno, pues, por seguir clarificando.

En la intervención del 19 de septiembre del año 2014 el señor Escolano sí habló del procedimiento de revisión de oficio, y lo cita textualmente.
Yo creo que está a disposición de sus señorías en las publicaciones que emite estas Cortes.

En segundo lugar, respecto de la sentencia del año 2007; la sentencia del año 2007 (rient) -y esto ya son criterios jurídicos- no condiciona la aplicabilidad o no de la cláusula de exclusividad porque es una sentencia (algú tus) que habla de la revisión de precios.
Lo que dice es que -según el documento interpretativo-, ¿eh?
, no se da la situación de la revisión de precios según la administración y le da la razón al demandante, que curiosamente es Savia.

Es decir, la sentencia del año 2007, se pongan ustedes como se pongan, no versa sobre la anulabilidad o no de la cláusula de exclusividad, y habla de unos documentos de técnicos, o de un informe de técnicos que no existen.
(Soroll de papers)

Miren, no hablemos del documento fantasma, que ya ha salido suficientemente en esta comisión, ese documento que la consellera actual no nos hizo llegar hasta que se vio obligada a hacerlo y fue firmado por el jefe de área jurídica, el jefe del servicio de contratación e inversiones y el jefe del servicio jurídico en fecha 29 de octubre del 2001 y que hablaba del documento del conseller.

Es más, todos ustedes sabrán que ahora hay un recurso en el Supremo por esta cuestión, por este documento fantasma y porque, efectivamente, es decir, se pongan como se pongan, la cláusula de exclusividad tenía aplicación hasta que quedó invalidada por el artículo 45 de la ley de emprendedores del año 2013, se pongan ustedes como se pongan.

Es decir, esos son criterios jurídicos, no son interpretaciones, percepciones, o ni mucho menos papeles que se van cogiendo para poder engañar al compareciente obviando toda la parte intermedia.
Creo que la señora Zaplana ha dicho claramente cuál ha sido el proceso que se ha seguido en esta cuestión; en el momento en que se aprueba la ley de emprendedores, a partir de ese momento, minuto uno, la conselleria pide los documentos y los informes preceptivos y culmina en un procedimiento de revisión de oficio y culminan en un pliego.

Miren, para más inri, y además aquí ya va mi pregunta a la señora Zaplana, en la carpeta G13, G13, lo digo porque, ¡claro!
, todos tenemos la misma documentación -creo-, en la carpeta G13 hay once documentos: una memoria propuesta; un informe de cálculo de valor estimado; un pliego de prescripciones; una orden de inicio; un informe de la abogacía; una solicitud de aclaración al Consejo Jurídico Consultivo; una reiteración de solicitud de aclaración; y una solicitud a la dirección general de modificación de propuesta.

Miren, lo que yo veo es que en el año 2014, en el año 2015, perdón, con fecha, concretamente 6 de marzo de 2015, la conselleria de bienestar social ya estaba en condiciones de licitar un procedimiento que ha sido anunciado por la actual vicepresidenta y que a fecha de hoy no conocemos ni el pliego.

Es más, la señora Zaplana dejó preparadas tres mil ciento ocho plazas por un importe de 232 millones de euros y siete lotes, y yo me pregunto: de entonces a ahora, ¿qué ha pasado?
¿Por qué la señora vicepresidenta a fecha de hoy no ha publicado el pliego si tiene toda la documentación y se la dejó preparada la señora Zaplana?
¿Por incapacidad o porque tiene algunas dudas jurídicas sobre la cláusula de exclusividad el documento aparecido en la interpretación de las mismas y el segundo tercio?

Señorías, después de dieciséis meses, si ustedes lo tenían tan claro, ya podían haber sacado el pliego, el pliego no lo conoce hoy nadie, y esta señora dejó todos los informes preparados y el pliego preparado.
Por tanto, mucho sospecho que ni siquiera ustedes mismos lo tienen claro.

¿Cree usted, señora Zaplana, que en esas condiciones la conselleria, en cuanto tomó posesión la vicepresidenta, estaba en condiciones de publicar un marco jurídico estable, un pliego en condiciones para el sistema que hubiera dotado de estabilidad en estos últimos dieciséis meses?
Y ¿qué cree sobre ese retraso, sobre el retraso en publicar el pliego, sobre el retraso en publicar un pliego que ni siquiera a día de hoy conocemos?

Muchas gracias.

El senyor president:

Señora Sánchez Zaplana.

La senyora Sánchez Zaplana:

Muchas gracias, señor presidente.

Señora Catalá, ya ha hecho referencia usted al documento del acuerdo marco, ¿por qué un acuerdo marco?
Porque para nosotros era el modelo de gestión que aseguraba la igualdad de trato en todos los ámbitos de la Comunidad Valenciana para todas las personas mayores que pudieran ocupar una plaza, en este caso residencial; que aseguraba la libertad de elección del usuario a un mayor número de operadores porque es un acuerdo que concierta plazas abierto a todos los operadores; que daba un periodo -algo que no sé si ha salido en esta comisión- de estabilidad, de ahí que el precio de licitación fuera tan alto porque queríamos dar estabilidad, además de a los usuarios estamos hablando de muchos empleos, en este caso, y de muchas personas afectadas tanto usuarios como empleados.

232 millones de euros, siete lotes distribuidos lógicamente de una manera bastante estudiada por los técnicos, en este caso, en toda la Comunidad Valenciana, desde el Bajo Vinalopó, desde la zona del Maestrat, bien distribuidos para que los usuarios tuvieran esa capacidad y esa amplia oferta, con todas las peticiones además de informes ya en marcha.

Desconozco, porque no estoy dentro de la conselleria, supongo que ustedes que son diputados en Cortes podrán tener más información, desconozco por qué este procedimiento no ha continuado, supongo que las dos mil ciento cincuenta y ocho personas del segundo tercio y las empresas, en este caso, que siguen en su sitio las personas y por tanto las empresas siguen cobrando por un procedimiento legal, que es el de enriquecimientos injustos porque no hay otra si no hay procedimiento negociado, porque no se podía hacer negociado -ya le hemos dicho varias veces en esta comparecencia-, y el procedimiento abierto -que es éste- no ha visto la luz, pues supongo que el sector sigue adoleciendo en este caso de una gran inestabilidad y seguirán los operadores necesitando que salga este pliego de condiciones.

Y, a partir de ahí, bueno, yo -como he dicho a lo largo de esta comisión- creo que se hizo un trabajo serio, muy serio, creo que la situación no era fácil de resolver, ustedes han hablado -y lo he visto también en esta comisión cuando la he estudiado- de la complejidad jurídica de un tema que no es trivial y no es sencillo, y los dos pusimos, además de mucho trabajo, toda la voluntad de resolución siempre con la óptica y el foco puesto en algo importante: el usuario, las personas mayores de la Comunidad Valenciana que tenían que ocupar ahora y en el futuro esas plazas residenciales.

Eso es lo único que nos movía dando ese marco jurídico estable a partir de la publicación de la ley de emprendedores.

El senyor president:

Muchas gracias, señora Sánchez Zaplana.

Con esto termina su comparecencia y termina la sesión de la mañana.
Le damos las gracias evidentemente por haber venido aquí y haber respondido a las preguntas que se le han hecho.

Recordarles que reiniciamos la sesión a las cuatro y media de la tarde como consecuencia del nuevo horario -ya lo he comentado esta mañana- que hay que llevar adelante.
¿De acuerdo?

Muy bien, muchas gracias.

(Se suspén la reunió a les 14 hores i 9 minuts)

(Es reprén la reunió a les 16 hores i 36 minuts)

El senyor president:

Buenas tardes, señoras y señores diputados.

¿Qué?
(Remors) Bueno, me lo decís el miércoles por favor.
¿Vale?

Compareixença del senyor David Calatayud Chover, exsecretari autonòmic de Benestar Social i exsecretari autonòmic de Família i Coordinació Social

El senyor president:

Vamos a continuar con las comparecencias.
Y en estos momentos va a comparecer don David Calatayud Chover.
Ya previamente le hemos comentado cuáles son los mecanismos de funcionamiento de la comisión.
Y, en cualquier caso, le informo que comparece en una comisión de investigación a través de la que el parlamento ejercita su función de control político.

Debo indicarle además que la información que ofrezca a esta comisión debe de ser veraz, conminándole a que debe ajustar su declaración a esa premisa por estar penalizado el falso testimonio en el artículo 502 del Código penal.

Y, finalmente, debe saber también que la mesa de la comisión, y concretamente este presidente que le habla, garantizará el respeto a su derecho a la intimidad, al honor, al secreto profesional, a la cláusula de conciencia y los demás derechos que la Constitución le reconoce.

Y, en primer lugar, va a pasar a preguntarle don César Jiménez, en nombre del Grupo Podemos-Podem.

El senyor Jiménez Doménech:

Gràcies, senyor president.

Bona vesprada, senyor Calatayud.

Començarem a fer preguntes.
.
.
¿Té ja tot per a prendre nota?
Vosté arriba a la conselleria al poc temps de l'arribada del senyor Cotino.
Es fa una remodelació, perquè hi han fins i tot canvis en la denominació del càrrec, però.
.
.
, bé, vosté relleva al seu antecessor, el senyor Francisco Javier Reverte, que cessa als pocs dies d'arribar Cotino.
¿El posa algú al corrent sobre el model d'accessibilitat?
¿Qui és qui el posa al corrent?

Sobre el plec de condicions que dóna origen al model d'accessibilitat social, quan vosté l'analitza, quan arriba i ha de posar-se al dia, ¿quina podria ser la seua primera valoració al respecte?

I de l'organigrama d'alts càrrecs que vosté hereta en prendre possessió del càrrec en juliol de 2007, ¿quants canvis propicia vosté i per què?
I, d'altra banda, ¿quants canvis li vénen d'alguna manera imposats?
Li diuen: Â«Este és el seu equip.
Â»

El senyor Cotino.
.
.
-ara, és una altra pregunta- el senyor Cotino ha afirmat haver-se desvinculat de les empreses familiars abans de prendre possessió com a conseller de Benestar Social, tot i que sabem per la pròpia declaració que el senyor Cotino fa públic en 2010 que no és del tot cert.
¿Va mostrar en algun moment, de forma privada o pública, abans de 2010, el senyor Cotino la venda d'accions a Sedesa que ell afirma haver fet?
¿Se li va sol·licitar o se li va recomanar en algun moment que demanara un informe de compatibilitat?

Després, segons les dades aportades per la Conselleria de Benestar Social als diputats i diputades d'anteriors legislatures, els centres del Grup Gerocentros Savia acollits al pla d'accessibilitat eren, a 31 de desembre de 2006, quatre en Castelló i nou en València, un total de tretze.
El 31 de desembre de 2007, amb vosté a la conselleria, el Grup Savia ja havia creat tres centres més a València.
Al final de 2008 havia adherit una residència en Castelló i dos més en València.
I al 2009 va afegir les residències de Campanar i el Marítim, amb la qual cosa ja s'arriba a 21 centres dels onze inicialment previstos.

Tot això es va fer en base a cessions i adhesions a un pla que, quan vosté arriba, ja havia caducat, a pesar que el plec inicial s'estipulava que la data màxima de disponibilitat de les residències era de tres anys des de l'adjudicació del contracte, i la realitat és que no se va complir mai en cap cas amb el plec de condicions.

De la mateixa manera, entre les millores.
.
.
, les adjudicatàries inclús se van atrevir a posar entre les millores la disponibilitat de vint-i-quatre mesos després de la data d'adjudicació, o siga, van posar l'avançament en el temps com a un mèrit, diguérem.
En tot este context, ¿per què no va haver mai cap penalització per no tenir les places les residències obertes en els terminis previstos?

Moltes gràcies.

El senyor president:

Muchas gracias, señor Jiménez.

Tiene la palabra el señor Calatayud.

El senyor Calatayud Chover:

Hola, bona vesprada.

Moltes gràcies.

En efecte, com vosté dia, arribí a la Conselleria de Benestar Social en juliol de 2007 i en eixe moment em vaig fer càrrec de tota la secretaria autonòmica.

Immediatament, m'informaren del gran pes que tenia eixa.
.
.
, del gran pes que tenia eixa secretaria autonòmica, degut que s'havia ficat en marxa, set mesos abans, la llei de la dependència i, per tant, el treball que comportava dins de la Conselleria de Benestar Social, l'apartat de la dependència i el tema de la discapacitat, tot vinculat a residències i als altres programes, era molt gran.

Des del primer moment ja m'indicaren que seria necessari o oportú desglossar i nombrar dos secretaries autonòmiques.
De fet, això es produiria un any després.
En setembre de 2008 nomenaren una altra secretaria autonòmica que s'encarregà directament.
.
.
, en este cas recaigué en la figura del que fins a eixe moment havia segut el director general, Joaquín Martínez, que ja ha comparegut ací, que duia el tema de dependència i discapacitat, el que s'encarregà d'eixa secretaria autonòmica.
Per tant, vaig estar un any, des de juliol de 2007 fins a setembre del 2008, ocupant-me de la secretaria autonòmica general de la conselleria.

És cert que en el moment que arribí a la conselleria m'informaren de la situació que hi havia fins a eixe moment, perquè, com vos he dit, la principal qüestió de la conselleria era el tema de la dependència, encara que havien molts més fronts oberts.
Vull dir, la conselleria tenia tot el tema i programes a desenrotllar de les persones majors actives, el sistema de protecció de menors, els temes de la dona en la direcció general de la dona i la igualtat, discapacitat, serveis socials, etcètera, etcètera.
Per tant, encara que era molt ampli el front, em vaig involucrar en este tema de la dependència.

I és cert que m'explicaren, com no podia d'una altra manera, quina era la situació que havia en eixe moment en juliol del 2007.

També m'advertiren, i quan me preguntava qui ho fea, òbviament eren els tècnics i professionals de la conselleria.
És a dir, com diguem mosatros, els que no estan de pas.
O siga, nosaltres estàvem de pas, com en eixe cas jo, un any estiguent en la Secretaria Autonòmica de Dependència, però els professionals, sobretot la gent dels gabinets tècnics de la conselleria, són els que informen de la situació que n'hi ha al voltant del tema de l'accessibilitat social.
M'informaren com estava la situació en eixe moment i, per tant, que hauríem d'actuar segons eixa situació.

Respecte la qüestió que em fea del senyor Cotino i sobre la vinculació o no en les empreses familiars, en tot moment ens comunicà que s'havia desvinculat prèviament a prendre possessió del càrrec de conseller de Benestar Social i, per tant, no tenia ningun lligament en les empreses abans de.
.
.
, o siga, després de prendre possessió com a conseller d'esta conselleria.

Supose, i aixina ho entenc que ho feen i seguiran fent-ho, tots els consellers presentarien un informe de comptabilitat ací en Les Corts -bé, no sé si en Les Corts o en quin àmbit de l'administració- per a confirmar eixes compatibilitats, si n'havien o no.

Per ficar un cas, jo era secretari autonòmic.
.
.
, quan me nomenaren secretari autonòmic, a la vegada era regidor en el meu poble i em feren renunciar a la regidoria, per alguna cosa que no entengué molt bé, perquè em dolgué deixar la regidoria al meu poble, i me digueren que no era compatible.
Vull dir, que supose que els mecanismes de compatibilitat estarien en marxa i, si en eixe cas hagueren detectat alguna incompatibilitat, supose que s'havera fet públic.

Respecte a l'increment al qual fea referència sobre les residències de Gerocentros al llarg d'eixos anys, la veritat és que no sé en quin número, en quin número anaren creixent.
El plec de condicions, com vostés saben -i no vaig a recordar-los perquè ho saben millor que jo a estes de la comissió d'investigació-, dividiren la Comunitat Valenciana en deu zones, se presentà al plec de condicions totes aquelles empreses que vullgueren i cregueren que era oportú fer-ho.
Al final foren.
.
.
, crec que eren tretze empreses les adjudicatàries, etcètera, etcètera.
I cada una d'elles optà o se les adjudicà un determinat número de residències.
Que a banda d'eixes que foren adjudicades, construïren i involucraren -és el que m'ha paregut entendre- dins del sistema d'accessibilitat social a altres afegides, a més a més de les que ficaven en el plec, no me consta.

El senyor president:

Muchas gracias, señor Calatayud.

Tiene ahora la palabra el señor David de Miguel, en nombre del Grupo Ciudadanos.

El senyor De Miguel Martínez:

Gracias, presidente.

Señor Calatayud, buenas tardes.

Yo me gustaría preguntarle, durante ese tiempo que estuvo como secretario autonómico, mientras dependía de usted, ¿coincidió.
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?
Bueno, al menos en 2007, que es cuando usted entra, en julio de 2007, ahí prácticamente casi ninguna.
.
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, casi ninguna residencia.
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, o sea, faltaban muchas residencias por ponerse todavía a disposición de la conselleria.

Es verdad que por distintos problemas, cada empresa aducirá uno, que si faltaba disponibilidad de los terrenos.
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.
Normalmente eran problemas con los terrenos.
También hubieron muchas cesiones entre contratos, fusiones y demás, pero la cuestión está en que pasan años, y años y años hasta que se culminan, digamos, todo el proceso, que venía de 2001.
Entonces, durante en ese tiempo en el que usted estuvo como secretario autonómico, ¿qué se hizo?
¿Por qué se permitió?

Porque yo sé -y la ley lo dice y aparte lo han dicho muchos comparecientes- que en ocasiones en un contrato administrativo vale más la pena no resolverlo a lo mejor, porque prima el interés general y es mejor mantener ese contrato aunque sea penalizando al adjudicatario.
Pero es que en este caso no consta, no nos consta que en esa época se penalizara a las empresas que no habían puesto las residencias a disposición de la conselleria.
Entonces, como le digo, la mayoría de los casos era por falta de terrenos en los que ubicar las residencias.

Entonces, yo le pregunto, porque esto que le voy a decir era una excusa, digamos, muy recurrente por las adjudicatarias: ¿usted cree que la obtención de una concesión demanial de terreno por parte de algún ayuntamiento -que es una figura que no estaba prevista en los pliegos- es una causa justificada para excusar la no acreditación de los terrenos?

Luego, cambiando de tema, pero en la misma línea, hay un caso concreto, que es el de Xàtiva, que, como usted sabrá, hasta 2009 no se pone en marcha la residencia desde 2001, que este contrato fue pasando de una empresa a otra, y volvió a pasar a otra y se tenía que volver a.
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, y se solicitada la cesión de los terrenos.
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Bueno, yo creo que es un caso paradigmático de lo mal que se hicieron las cosas con algunas empresas.
Hasta que finalmente, en mayo de 2009, el conseller Juan Cotino por fin inauguró esa residencia.
Ocho años después, como le digo.

Entonces, nosotros hemos estudiado la documentación que se nos ha aportado por parte del Ayuntamiento de Xàtiva sobre los terrenos, y sobre todo vicisitudes de esta residencia, y en esta documentación, como le digo, hemos visto que personas afines al señor Rus, como el señor Parra, que era exdiputado provincial y que, de hecho, está imputado por cohecho y tráfico de influencias en el caso de Llanera de Ranes, actúan de una forma para ceder estos terrenos, que incluso el secretario del ayuntamiento cuestiona la forma en la que se hizo esa concesión de los terrenos a la adjudicataria.

Entonces, todo esto, y no, insisto, y los apercibimientos por parte de la conselleria, es decir, las presiones para que se cumplieran los contratos.
Todo esto, como digo, unido a esas grabaciones que han aparecido de Marcos Benavent, nos hacen sospechar que quizá Alfonso Rus, por ejemplo, utilizaba al conseller de turno para obtener contratos, concretamente de accesibilidad social, a cambio de mordidas o contraprestaciones.
Porque, de hecho, se jacta, el señor Rus, de la buena relación que mantenía con la Conselleria de Bienestar Social.

Entonces, ¿usted, durante su etapa como secretario autonómico, tuvo.
.
.
?
Y en caso de.
.
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, si fuera afirmativo, ¿cuál era la relación -si la tuvo, insisto, si la tuvo- con el señor Rus o cómo le consta que era la relación del señor Rus con la Conselleria de Bienestar Social y con el conseller Cotino?
¿Cuál era la relación de los miembros de su equipo con el señor Rus?
Y si les consta que hubiera algún tipo de mordidas o contraprestación por parte del señor Rus por las residencias de accesibilidad social que desde la conselleria se gestionaban.

Gracias.

El senyor president:

Gracias, señor De Miguel.

Señor Calatayud, tiene la palabra.

El senyor Calatayud Chover:

(El senyor Calatayud parla amb el micròfon desconnectat) .
.
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contractes, etcètera, etcètera.

Per tant, tot el que hem contat al voltant de la residència de Xàtiva ho desconec.
No em consta ninguna relació.
.
.
, bé, jo, pel que dia el senyor Rus, mai me'l vaig vore en la Conselleria de Benestar Social, no em consta ninguna relació especial amb l'alcalde, que supose que la tindria, com milanta alcaldes més amb les responsables de la conselleria que hagueren fer contractacions, supervisar els terrenys, quan estem parlant de residències dins d'un municipi.

El senyor president:

Muchas gracias, señor Calatayud.

Tiene ahora la palabra doña Mónica Álvaro, en nombre del Grupo Compromís.

La senyora Álvaro Cerezo:

Molt bé.

Una cosa que no m'ha quedat clara respecte a l'informe de compatibilitat.
En estos moments, com vosté diu, sí que és cert que la declaració de béns és preceptiva, abans inclús de prendre possessió.
Qualsevol de nosaltres hem hagut de presentar esta declaració de béns, sinó no podríem prendre possessió.
Igualment passa en els ajuntaments i els municipis.

En el temps del senyor Cotino això no era aixina.
Val?
De fet, ací mateix les diputades en Corts preguntaven en diverses compareixences, en diverses comissions, preguntaven si existia o no existia eixe informe de compatibilitat del senyor Cotino, perquè fins a 2010 el senyor Cotino no fa pública la seua declaració de béns, i en ella, quan la fa pública, es comprova que encara té vinculacions amb empreses relacionades amb el sector de les residències.

Per això jo li pregunte perquè me diga clarament.
Vosté va veure, va observar eixe informe de compatibilitat o el pressuposa?
Perquè una cosa és el que marca la llei sobre la compatibilitat de càrrecs i altra molt diferent les declaracions de béns i els lligams amb empreses.

Per altra banda, el secretari autonòmic, Joaquín Martínez, que el succeiria a vosté -és així?
-, val, fa una resolució en este sentit en el que diu: Â«En el mencionado acuerdo, de 31 de octubre de 2008, no es ningún contrato de obligado cumplimiento, sino un mero protocolo de colaboración.
En virtud de la cláusula segunda del pliego la conselleria asumía un tercio de las plazas de cada centro.
El resto de las plazas fuera de dicho tercio eran de libre disposición, no existía exclusividad alguna ni obligación de La Generalitat.
Â» Evidentment, açò està contradient altre cop el famós informe Blasco, sobre el que vosté haurà sentit mencionar.

Creu vosté, a la vista d'esta resolució que arriba del senyor Martínez al poc d'estar en el càrrec, que els contractes negociats i sense publicitat del segon i tercer terç no haurien haver-se produït?
De fet, afirmarà més tard Nela García, qui també va ser secretària autonòmica, Â«que ninguno veía claro el segundo tercio, y por descontado el cien por cien de las plazas, ni yo, ni mi antecesor, ni mi sucesor ni el subsecretario estábamos de acuerdo con las exigencias de exclusividad de AECASÂ».

El senyor president:

Muchas gracias.

Tiene la palabra.

El senyor Calatayud Chover:

Val.
Respecte al tema de compatibilitat que em preguntava, el senyor Cotino manifestà reiteradament quan arribà a la Conselleria de Benestar Social que no tenia cap incompatibilitat perquè no tenia ni interessos, ni accions ni participacions en les empreses de la seua família vinculades al sector de les residències.
Aixina ho digué reiteradament, insistisc, tan a l'equip de treball, tant a qui volguera escoltar-lo dins de la conselleria, com als mitjans de comunicació.
Per tant, ací vosté està preguntant-me exactament com ha dit i concretament si vaig vore un informe de compatibilitat, doncs no, no vaig vore cap informe.
Òbviament jo, si el conseller em diu, Â«no tinc accions ni tinc ninguna vinculacióÂ», m'ho crec.
Correspondrà a qui pense el contrari acreditar això.
És cert, me consta que en alguna compareixença ací mateixa, en l'àmbit de Les Corts va participar i va mostrar documents que acreditaven això.

El senyor president:

Muchas gracias, señor Calatayud.

Tiene la palabra ahora, doña Concha Andrés, en nombre del Grupo Socialista.

La senyora Andrés Sanchis:

Gracias, presidente.

Buenas tardes.
Gracias por acudir a esta comisión, señor Calatayud.

Yo quisiera preguntarle por la Orden del 5 de diciembre de 2007.
Usted se incorpora con el señor Cotino a la conselleria y supongo que usted participaría en la elaboración de esta orden.
Quisiera saber si fue su secretaria autonómica la que participó.

Mire, quiero preguntarle por ella porque estamos intentando conseguir el expediente que tiene que tener cualquier reglamento que sale de una conselleria y no se localiza.
Por ejemplo, no encontramos el borrador de la orden, o no se encuentra en conselleria el borrador de la orden, ni tampoco el trámite de audiencia que se realizó.
Y, por lo tanto, pues es un poco difícil poder atar cabos.

Lo que sí que le quiero decir es, esta orden cambió de una manera muy importante lo que era hasta entonces el contrato, el objeto del contrato de accesibilidad.
Porque aquí sí que le reconoce a estos centros, se les reconoce a todos los efectos jurídicos la condición de centro concertado.
Lo cual quiere decir que tenían prioridad sobre el resto de los centros.
O sea, que se les equipara prácticamente a los públicos.

Además se admite ya que se podrá incrementar el número de plazas a sujetar al régimen de conciertos, al cien por cien de las plazas disponibles en dichos centros hasta la finalización del plazo contractual.
Es decir, quince años más diez más de prórroga.
Entendiéndose como tales cualquiera de las plazas existentes en los centros no acogidos al Plan de accesibilidad, las plazas de accesibilidad social o plazas de libre disposición.

Estos cambios que se hicieron y que necesariamente repercuten de forma muy favorable en el volumen de negocio de estas residencias, ¿los propuso usted?
¿Se elaboró en la conselleria íntegramente esta propuesta de orden?
Es para que también nos ayude a localizar este expediente.

¿Le sorprende a usted que, de acuerdo con lo que consta en el informe del Jurídico Consultivo, se hace la petición de informe al Consejo Jurídico Consultivo el día 26 de noviembre de 2007 y al día siguiente, al día siguiente el Consejo Jurídico Consultivo ya emita informe?
Es muy rápido ¿no?
Normalmente tardan meses.

Por otra parte, también hace alguna serie de valoraciones en el informe del consejo y dice la disposición transitoria cuarta -que es la que le he dicho yo que se refiere a las residencias de accesibilidad-, dice, en el apartado 1, Â«se impone el desarrollo reglamentarioÂ».
Yo lo que quisiera preguntarle es que por favor usted hiciera memoria y si en ese borrador que se mandó al Consejo Jurídico Consultivo, que parece ser que el Consejo Jurídico Consultivo tampoco tiene, no es que parece, es que nos ha contestado que no tiene, cosa muy extraña, porque eso quiere decir que la seguridad jurídica de esta comunidad está por ahí, pero no sabemos dónde, porque el Consejo Jurídico Consultivo informa algo que después no se guarda, según dicen.

Entonces, yo lo que le diría es: ¿el desarrollo reglamentario que se dijo por el Consejo Jurídico Consultivo lo hicieron ustedes después, a posteriori, y no pasó ningún tipo de filtro por ningún servicio jurídico ni tampoco por el consejo?

El senyor president:

Muchas gracias, señora Andrés.

Señor Calatayud, tiene la palabra.

El senyor Calatayud Chover:

Muchas gracias.

La verdad es que su relato casi parece como el de un expediente X, ¿no?
Y a mí me sorprende porque que la verdad es que tengo plena confianza con la administración, sobre todo con los funcionarios que trabajaban, desarrollaban e impulsaban todo el sistema de la dependencia durante esos años, y siguen haciéndolo en este momento.

¿Si participé directamente en la redacción de la Orden 5 de diciembre de 2007?
Le digo que fue una tarea de toda la conselleria.
La verdad es que, no solo estaba implicada la secretaria autonómica, sino fundamentalmente los técnicos y profesionales que saben sobre cómo redactar y como desarrollar una orden.
Es decir, no recae nunca en la propia secretaria autonómica, que además la secretaria, como saben, sin presupuesto y sin personal adscrito a esa secretaria autonómica es la que puede desarrollar y redactar las órdenes.

Sobre dónde están los expedientes, los informes previos, el borrador.
La verdad es que me sorprende que por ejemplo el Secoa, que es el órgano tramitador de los expedientes o cualquier ámbito de esta casa, dentro de la subsecretaria, no posea todo el expediente que da lugar al final a la publicación de esta orden, me sorprendre lo que afirma, no lo discuto, me sorprende, eh, que haya sido así.

Como sabe, la orden, obviamente, se publica con el visto bueno de la abogacía, de la intervención, y si no es así no se hubiera publicado.
Eso es una cuestión que creo que debe quedar muy clara.
En aquel momento necesitábamos obtener más plazas, y por la famosa exclusividad no podíamos sacar concurso público, o al menos así nos lo aseguraban a todos los altos cargos de la conselleria, tanto la asesoría jurídica, el Secoa, insistía en que había que contratar con las empresas de accesibilidad.

Es decir, la Orden 5 de diciembre de 2007 introdujo bastantes cuestiones, algunas de ellas a las que usted ha hecho referencia.
Desarrollaba, como usted decía, el principio de exclusividad, y que hasta ese momento no estaba cuestionado.
La prestación económica vinculada al servicio residencial se afirmaba que únicamente sería posible cuando no sea posible la atención a través de centros públicos, por tanto se derivaba, quedaba marginada a cubrir primero las plazas de servicios públicos y concertados.
Define muy bien, que usted también ha hecho referencia, cuáles eran los recursos públicos a partir de ese momento dentro del sistema de la dependencia.
Habla de los centros y servicios públicos de titularidad autonómica y local, es decir, las residencias municipales, con gran alegría para muchos alcaldes y alcaldesas, han incorporado las residencias municipales en este bloque.
Los privados-concertados, los del plan de accesibilidad social y, como saben, los privados de entidades sin ánimo de lucro, que mayoritariamente eran subvencionados por la conselleria o que participaban en programas de financiación de plazas, como los Lares y otras residencias.

También la propia orden recogía, tomaba la consideración de centros acreditados provisionalmente, con beneficio para este tipo de empresas, aquellos centros privados adheridos a los programas de bono-residencia, incluso de bono de centro de día.
Y, como usted decía, los centros de accesibilidad social, en efecto, se equipararían a centros concertados, con el único objetivo, en efecto, de garantizar la exclusividad contractual a la que veníamos obligados.
Es decir, antes me preguntaba un compañero de usted si me sorprendía o no ese mecanismo, ese sistema.
La verdad es que, en principio, cuando te explican el mecanismo te puede sorprender, pero cuando los servicios jurídicos, los profesionales, los que verdaderamente crees que saben, te dicen Â«esto se firmó, éste pliego es el que es, esto es lo que hay y esto es lo único que se puede hacer para desarrollar más plazasÂ».
Por tanto, entiendo que era una buena solución considerar como centros concertados a los centros de accesibilidad social.
Que, insisto, no hacía más que desarrollar lo que veníamos aplicando hasta ahora.

Y la referencia que se realiza sobre que se podría incrementar el número de plazas a sujetar al régimen de concierto hasta el cien por cien, como usted bien ha dicho, se coloca un verbo en forma condicional, el Â«se podráÂ», se habla de las disponibilidades presupuestarias que hubieran y, obviamente, y atendiendo siempre al PIA, al programa individualizado de atención, o sea, atendiendo siempre al interés del dependiente.

Creo que estamos hablando en esta orden de una mera posibilidad.
Habría que estar a lo que dijesen posteriormente los contratos.
Saldría una posibilidad, es cierto, de incrementar.
Como sabemos, no se hizo.
De hecho, con los años ni se llegó a incrementar, desde luego no al cien por cien, solo se abrió la puerta al final para un segundo tercio.
Y de hecho, creo que a finales del 2008, ya no era yo secretario autonómico, hubo un acuerdo con la Conselleria de Bienestar Social y las empresas de accesibilidad social para incrementar plazas al cien por cien.
Pero, bueno, al final fue una orden del año 2012 la que concretó un segundo tercio.
Pero ni tan siquiera, como sabe, nunca el cien por cien.

Cuando se hablaba en esa misma orden del derecho a la prestación económica vinculada al servicio, también entiendo que era importante subrayar que esta posibilidad seguía abierta, es decir, esto desarrolla en parte la libertad de elección de residencia de los ciudadanos, es decir, que había un programa individual que recogiera la prestación vinculada al servicio.
Obviamente el compromiso era que esa persona estuviese ocupando y se reservara una plaza de esa prestación del servicio dentro de un centro privado no concertado.

Ya está.
Gracias.

El senyor president:

Muchas gracias, señor Calatayud.

Tiene ahora la palabra don Juan Carlos Caballero, en nombre del Grupo Popular.

El senyor Caballero Montañés:

Muchas gracias, presidente.

En primer lugar, agradecerle al señor Calatayud su comparecencia en esta comisión de investigación por responder con tanta claridad como lo está haciendo a las preguntas de todos los comparecientes.

En primer lugar quería centrar también el ámbito temporal de mis preguntas, que va en relación desde su nombramiento, el 6 de julio de 2007 hasta que fue cesado, el 19 de septiembre de 2008, que fue cuando usted tuvo competencias en materia de atención de mayores y personas en situación de dependencia.

Y en primer lugar le quería preguntar sobre cuál fue la situación que se encontró cuando llegó a la conselleria.
Hacía poco, un año prácticamente, antes de que usted fuese nombrado, se aprobó por parte del estado la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, que entró en vigor en 2007.

Me gustaría saber cuál fue la incidencia de esa ley estatal, cuál era la situación en la conselleria.
Si estaba preparada esta la comunidad autónoma, la Comunidad Valenciana, preparada para la aplicación de esa ley, si tenían ustedes los recursos necesarios y la dotación suficiente para poder aplicarla; si la aplicación de esa propia ley había generado necesidades que estábamos en disposición de poder cumplirlas y si la orden que antes hemos mencionado, la orden de 5 de diciembre de 2007, tuvo algo que ver para poder respuestas a la necesidades generadas por dicha ley.

En cuanto al criterio de exclusividad, que también fija el…, la cláusula de exclusividad, perdona, que fija también…, o que venía recogida en el contrato, en el cláusula 5 d, ustedes entiendo que en su actuación de la administración siempre se fijan como limite la ley y la legislación y, vamos, la seguridad jurídica, lo que establecen los propios contratos.

Quería preguntarle si usted dudó en algún momento de las personas, compañeros, técnicos, o de la actuación de la administración cuando usted llegó en ese momento, pero que existe una presunción de legalidad en la actuación de la administración.
Si usted recibe algún tipo de presión para favorecer en alguna de sus decisiones, o le hicieron alguna sugerencia para favorecer algún tipo de empresas.

Porque hasta ese momento, o hasta el momento que entró en vigor la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, la ley de emprendedores, no se cuestiona por parte de la administración esta cláusula de exclusividad.
Por lo tanto, yo creo que ustedes, y esa es mi pregunta, se ajustaron a la legalidad vigente en ese momento para aplicar…, bueno, toda la actuación de la administración.

Esas son, bueno, en primer término, las preguntas que quería hacerle.

Muchas gracias.

El senyor president:

Muchas gracias, señor Caballero.

Señor Calatayud, tiene…

El senyor Calatayud Chover:

Muchas gracias.

La verdad es que cuando llegué a la conselleria en julio del 2007, me sorprendió, por los datos que nos aportaron los responsables, los técnicos de la conselleria, el gran…, la evolución que habíamos tenido en los últimos años de plazas residenciales.

Es decir, creo que, aunque en otras cosas puede ser discutible, el programa que se inició en el 2001 fue afortunado, porque sirvió para prever las consecuencias que iba a deparar, en cuanto a demanda de plazas residenciales, la ley de la dependencia.

Afortunadamente, desde el 2001…, desde el 2004 hasta el 2009 crecimos sustancialmente en plazas residenciales.
No tengo los datos, pero seguramente en las consellerias les pueden facilitar el crecimiento de plazas.
Además, no solo en centros para atender a personas mayores dependientes, sino también en centros de discapacidad.
La evolución fue…, se constató rápidamente.
Y entendemos que fue un programa que salvo en parte las deficiencias en las que podíamos habernos encontrado en la aplicación de la ley de la dependencia.

También es cierto que en el 2007, la urgencia…, no solo la urgencia técnica y profesional de los trabajadores y de los responsables en la conselleria, sino la urgencia, que es la importante, que nos venía dada desde la calle era la necesidad de crear más plazas de forma inmediata.

Es decir, como usted ha dicho, la ley de la dependencia levantó unas expectativas grandísimas en la sociedad y la ley de la dependencia era una ley necesaria en ese momento en España.
Afortunadamente, hubo bastante consenso, un importante consenso en las Cortes Generales en la aprobación de esta ley.
Y obviamente creo que unas expectativas… En otros países, recuerdo perfectamente cuando aprobaron sus parlamentos…, en otros países europeos aprobaban una ley de estas características, la demora en la entrada en vigor fue de un año o dos, e incluso tres años.
En Alemania incluso fue de más años desde que se aprobó, porque entendían que era tal la envergadura…, la trascendencia que tenía una ley de estas características que los sistemas sociales no en todos los países estaban preparados.

Aquí, que a veces somos más chulos que nadie, se aprobó en diciembre y el 1 de enero del 2007 la ley de la dependencia entraba en vigor.
Digo que por eso, afortunadamente, se había desarrollado un plan de creación de plazas residenciales.
Y en ese momento, como digo, cuando llegó en julio del 2007, la mayor presión que hay desde la calle para esta conselleria es la ocupación de plazas.

Tengamos en cuenta que la ley de la dependencia, en el 2007, forman parte de ese calendario de personas que van incorporándose al sistema de la dependencia, las personas grandes dependientes, es decir, el grado III, nivel 1 y nivel 2; y en el año 2008 y 2009 se incorporan los del grado II, nivel 2.
Es decir, entran a formar parte del sistema de la dependencia las personas con mayores necesidades.
Por tanto, justificadamente, una de las peticiones que más se producían era la de residencias.

Por tanto, afortunadamente, teníamos disponibilidad de dar plazas.
Aún así, no suficientes.
Y por eso de ahí, las normas que tuvieron que desarrollar, tuvimos que desarrollar a partir de la orden del 2007, durante todo el 2008 y 2009, qué hacer para otorgar más plazas.
Y las respuestas de los servicios jurídicos, las respuestas de contratación siempre eran: dado el principio de exclusividad, solo pueden hacerlo así.

Y en ese momento, dado que los técnicos nos indican que solo se puede hacer así, y la presión es tener más plazas, pues lo hicimos como nos indicaron los técnicos, sin mayores injerencias por parte de ninguna empresa ni ningún sector empresarial.

Gracias.

El senyor president:

Muchas gracias, señor Calatayud.

Tiene ahora la palabra el señor César Jiménez, en nombre del Grupo Podemos-Podem.

El senyor Jiménez Doménech:

Gràcies, senyor president.

Vorà.
Ara, en esta última intervenció seua, hem pogut saber que considerava afortunat l'inici del programa d'accessibilitat social pels motius que acaba d'argüir.
¿També considera afortunada la interpretació de Blasco d'uns mesos després, de tres mesos després de fer-se l'adjudicació de les places, de les residències?

Després, a pregunta de la companya Andrés, del Partit Socialista, vosté ha contestat que a per a l'expedient de 2007, deuria d'estar en el Secoa.
¿Pot desxifrar o dir en esta comissió què vol dir Secoa?

I, per últim, jo li havia preguntat que…, tot i que va haver sempre demora generalitzada a l'hora de posar a disposició les residències, mai va haver cap penalització per no tenir les places residencials posades a disposició en els terminis previstos.
¿Per què va passar açò?

Moltes gràcies.

El senyor president:

Gracias, señor Jiménez.

Señor Calatayud, tiene la palabra.

El senyor Calatayud Chover:

Molt bé.
En efecte, me reafirme en l'afirmació que he fet abans de dir que era bona la iniciativa de construir places residencials.
De fet, si no, moltes persones que tenien necessitat de tindre eixes places residencials, al moment d'aplicar-se la llei de la dependència, no les hagueren tingut.
N'hi han altres comunitats autònomes que no prengueren eixes iniciatives i gran part del seus dependents, encara els que estan considerats com a greus dependents, estaven cuidats per cuidadors no professionals.
Que no vull dir que siga mal.
És a dir, al final, el PIA es resol, i es deu de fer aixina, en la negociació entre l'usuari i la seua família i els tècnics.

Però no és cert…, a voltes he tingut la sensació que s'ha demonitzat el recurs residencial, quan en teoria és un recurs molt professional, molt competent en estos moments i que, per tant, aquelles persones que ho necessiten, moltes d'elles estan millor cuidades i millor ateses que a casa.
Per això, quan es fa un PIA, es fa una valoració i es fa una valoració en l'entorn habitual on està eixa persona.
I, per tant, eixe recurs es tan vàlid com un altre-

Me pregunta quant a la interpretació del conseller Blasco.
El conseller Blasco fea referència…, va fer referència a dos qüestions: una, quant a l'abast de l'exclusivitat i l'altra en la qüestió dels preus.
Supose que es referia més a la qüestió de l'exclusivitat.
La qüestió dels preus ja sabem l'esdevenir que va tindre quant a sentències i, bé, ja no…, quant a l'increment de l'IPC.
Però quant a l'exclusivitat, tampoc vaig a jutjar la interpretació que li donà el conseller Blasco en aquell moment.
El que m'he d'aferrar és a les interpretacions que em donaven els serveis jurídics, els serveis de contractació, tota la subsecretaria, quan me dien com…, quines places podia traure i oferir als ciutadans que me les estaven demanant.
O siga, que el conseller haguera dit més exclusiu o menys exclusiu…, el conseller de fea dos legislatures enrere em donava prou igual.

El que jo volia en eixe moment, en el 2007, què em dien els tècnics de la conselleria de com podia oferir places als ciutadans que m'ho demanaven.
I ells seguien mantenint esta postura, postura que se va reafirmar constantment, fins que no aparegué, com vosté ha dit, la…, o ha dit un altre company, la llei d'emprenedors i posteriorment les sentències que derivaven en esta.
Però fins eixe moment, ningú discutia… De fet, ningun altre grup empresarial, fins que arribà el 2012, ens ficava objeccions a ninguna qüestió d'exclusivitat.

Quant a allò del Secoa, no sé la…, les lletretes cada una d'elles el que vol dir.
Era l'òrgan administratiu… Estàvem ahí en La Cigüeña i hi havia una unitat administrativa, que era l'òrgan encarregat de tramitar tots els plecs i totes les qüestions que eixien i acabar de reformular totes les ordres que s'aprovaven.
I li ho podran dir en la conselleria, perquè, vaja, possiblement molts treballadors que estaven aleshores encara estan.

El senyor president:

Muchas gracias, señor Calatayud.

Tiene ahora la palabra don David de Miguel, en nombre del Grupo Ciudadanos.

El senyor De Miguel Martínez:

Gracias, presidente.

Me gustaría incidir en un tema que ha estado comentando en las dos últimas preguntas que le han hecho y que a mí también me ha contestado.
Usted me ha dicho que, como secretario autonómico…, cuando yo le he preguntado sobre qué hacían para instar al cumplimiento de los contratos, por esa falta que había de centros todavía que… O sea, falta de centros, no, centros que no nos habían puesto a disposición todavía la conselleria.

Entonces, usted me ha dicho que se plateaban que…, digamos, se planteaba la queja de que necesitamos plazas, porque además, me lo acaba de decir, pues que era una reivi…, era algo que…, era un clamor social que hacían falta plazas.

Pero, claro, cuando usted, por ejemplo, toma posesión, faltaba todavía 10 residencias, 6 años después, 10 residencias por construir -por construir, no-, o por abrir o por ponerse a disposición.
Entonces, como secretario autonómico, desde luego, que aquí es que todo el mundo tiene muy claras sus competencias, pero digo yo que más allá de decir: Â«Oye, ¿cómo hacemos para cubrir las plazas que faltan?
Â» … No, no… Entiéndame, quiero decir, a lo mejor es que no era competencia suya, pero, vamos, yo soy secretario autonómico y me dicen: Â«No, es que no están abiertas.
Â» Â«Bueno, pues si no están abiertas residencias, hagan algo, presionen, exijan.
Â» Porque luego sí que han presionado, luego sí que consta que han… esas mismas empresas que incumplían los contratos, sí que presionaron…, en materia de impagos, en materia de exclusividad sí que presionaban a la conselleria.

Entonces, mi pregunta es muy sencilla: ¿se quedaban simplemente en exponer cuáles eran las necesidades que tenían…?
Es decir, mi secretaría autonómica considera que hacen falta plazas, y ya está.
Si hay 10 residencias que están sin abrir, que van -no sé- 1.
100 plazas.
Entonces, esa es mi pregunta, que si más allá de la queja, digamos, o de plantear cuál era el problema, si exigían alguna solución o si… No sé si me entiende.
(Veus) Si iban más allá de la queja, vamos.

Gracias.

El senyor president:

Muchas gracias.

Tiene la palabra el señor Calatayud.

El senyor Calatayud Chover:

Le entiendo perfectamente.
Claro que me preocupa el déficit de plazas residenciales.
Y, por tanto, cuando nos dábamos cuenta en la conselleria de que en ese momento teníamos que tener abiertas otras residencias, que no lo estaban, nos preguntábamos el porqué inmediatamente nada más llegar.
Es decir, estas residencias que tenían que estar abiertas en el 2004 o en el 2005, ¿por qué en el 2007 estábamos inaugurándolas?
Es cierto.

Pero, claro, si en ese momento me dirijo…, bueno, no era el caso de la secretaría autonómica.
Como les he dicho, claro, aquí cada uno tiene su parcela.
Pero cuando el servicio de inspección o el servicio de contratación…, porque al final a la secretaría autonómica, y no a mi secretaría autonómica, que al final, como le he dicho, ni hay equipos en la secretaría autonómica, ni tan siquiera tenemos presupuesto.
Está todo en las direcciones generales.

A la dirección general le llega la residencia abierta -es decir, ahora ya puedes meter gente, a través de las direcciones territoriales-, pero previamente son los servicios de inspección y los de contratación los que están supervisando.
Claro que me preocupaba y decía: ¿qué está ocurriendo aquí?
Pues que han tenido problemas con el ayuntamiento, que han tenido problemas de licencias, que el banco no les daba dinero, se ha retrasado la obra… Bueno, ¿se penaliza, se rescinde esto, seguimos con ello?
Claro, y los servicios jurídicos decían.

Es decir, yo podía presionar, que lo hacía sin duda alguna, porque… Es decir, al final, desde la secretaría autonómica me podía dedicar gran parte de mi tiempo a explicar las bondades y ventajas de una ley de la dependencia que costaba sacar adelante, porque, entre otras cosas, faltaban plazas residenciales.
Se estaba haciendo un esfuerzo durante esos años, pero teníamos que seguir potenciando ese recurso.
Y, por tanto, claro que me preocupaba.

Gracias.

El senyor president:

Muchas gracias.

Tiene ahora la palabra la señora Mònica Álvaro, en nombre del Grupo Compromís.

La senyora Álvaro Cerezo:

Gràcies, president.

La veritat és que me resulta curiós que en el poc de temps que porta vosté ací en esta comissió ja ens parle de Â«expediente equisÂ».
La veritat és que sí, que en esta comissió jo també compartisc amb vosté que hi ha coses molt rares i de expediente equis i que cada dia són més rares.

Mire, fixe's vosté que està més que demostrat i que palés que el senyor Blasco el dia 26 de setembre de 2001 fa una interpretació anòmala, com ací l'han qualificat tècnics en el sistema, anòmala sobre l'exclusivitat, sense informe previ ni que era preceptiu, informe previ preceptiu.
I ací alguns diputats i diputades reben un mail de destinatario desconocido, vaja açò vosté a saber, amb un informe en data 21 d'octubre de 2001, i resulta que eixe informe és el que acredita la interpretació de Blasco, eixe, oblidant que per a ser un informe que acreditara i que tinguera validesa hauria de ser previ, és a dir, anterior, si no eixe informe és el que és, paper banyat.

I parlant de l'exclusivitat li torne a insistir sobre la resolució que fa el senyor Martínez en febrer de 2012.
El senyor Martínez, no el conseller de dos legislatures o tres legislatures abans, el senyor Martínez, que el substituïx a vosté i als 8 mesos de substituir-lo fa una resolució, havent sigut també director general seu durant tot un any, una resolució que li torne a llegir, ja que no m'ha contestat abans.
(Remors) Â«El mencionado acuerdo de 31 de octubre de 2008 no es ningún contrato de obligado cumplimiento sino un mero protocolo de colaboración.
En virtud de la cláusula segunda del pliego la conselleria asumía un tercio de las plazas de cada centro.
El resto de las plazas fuera de dicho tercio eran de libre disposición.
No existía exclusividad alguna ni obligación de La Generalitat.
Â»

Aleshores, li torne a preguntar: a la vista d'eixa resolució i de la sentència del Tribunal Superior de Justícia 417/2007, els contractes negociats i sense publicitat del segon i del tercer terç tenien tota la base legal que requerien?

Moltes gràcies.

El senyor president:

Gracias, señora Álvaro.

Tiene la palabra el señor Calatayud.

El senyor Calatayud Chover:

Gràcies, senyora diputada.

Quant al document interpretatiu del senyor Blasco tinc poc a dir-li, tinc poc a dir-li perquè li pregunte quan arribe a la secretaria autonòmica als responsables jurídics i als responsables de contractació, i ho torne a dir, i no sé si no ho he dit prou clar en la conselleria: tenia raó Blasco o no amb eixa interpretació?
I eixa no és la meua pregunta.
La meua pregunta als tècnics no és sobre el que va dir Blasco, perquè em donava quasi igual que haguera dit una cosa o l'altra.
Jo volia saber en eixe moment, quan jo arribe en 2007, què pensen els serveis jurídics i els serveis de contractació de com podem seguir creant més places.
I la resposta que em dóna és la que coneixen.
I seguim ampliant i creant places, que és el que ens demana la gent en eixe sentit.
No entre a valorar una qüestió o altra respecte a Blasco.

I respecte als contractes és cert que durant 2008 es van desenrotllant, primer hi ha uns acords i uns protocols sobre avançar en l'ampliació de les places i no es podia fer d'una altra forma.
Les places creixen en base al plec d'accessibilitat social.
I no sols en eixe, també, com li he dit, a través de les residències sense ànim de lucre, a través de les municipals.
Vull dir que es va obrint això.
Jo estic convençut que alguna de les mesures que prenguérem, alguna de les mesures que prenguérem se desdibuixà en part l'exclusivitat.

Gràcies.

El senyor president:

Muchas gracias.

Tiene ahora la palabra la señora Concha Andrés, en nombre del Grupo Socialista.

La senyora Andrés Sanchis:

Permítame que ponga en duda que las modificaciones que se introdujeron en la orden de 2007 fueron una recomendación de los técnicos.
Lo siento, no me lo puedo creer.
Yo creo que esto era un instrumento que se utilizó para consolidar la exclusividad de las residencias de accesibilidad exclusivamente.
Y usted de eso, señor secretario autonómico o exsecretario autonómico, debería ser consciente.

El pliego de condiciones se aprobó por un tercio solamente de las plazas de accesibilidad.
Y ustedes con esta orden estaban intentando dar un rango de legalidad a una ampliación de esa exclusividad que si lo hubieran conocido otras empresas desde el principio yo le pregunto: ¿cree usted que se hubieran presentado a ese concurso?
¿Si las otras empresas hubieran sabido que a los tres meses de la adjudicación les iba a concertar La Generalitat el cien por cien de las plazas, como usted dice que impulsó en esta orden, se hubieran presentado otras empresas?
¿Cree usted que eso es justo, que es así como tiene que actuar una administración pública?

Mire, expediente equis.
El informe del Consejo Jurídico Consultivo, que para que a usted se le quede bien, lo hizo en un día.
Le mandaron ustedes este tocho de borrador de orden y al día siguiente ya tenían el informe hecho.
¿Sabe qué documentos dicen que les enviaron ustedes?
Un borrador, un informe de necesidad, una memoria económica y un informe favorable del director general de presupuestos.
No habla nada de informe jurídico, a no ser que estuviera incluido entre otros, a no ser que, como dice, que está integrado entre otros, pues, a lo mejor no le dieron validez al informe jurídico.
Esta orden, según dice el Consejo Jurídico Consultivo, no tenía ningún informe jurídico relevante, porque no lo relata entre la documentación aportada.
Y usted me dice que ahora tenemos que acudir… Bien, para que vea usted que el expediente equis está.
Esto fue un lío que se montó aquí con una intencionalidad clara y era concertar las plazas al cien por cien de las residencias de accesibilidad en las cuales el 40% fueron adjudicadas a la familia del señor Cotino.
Y este señor Cotino es el mismo que firma esta orden, es el mismo.

¿Y sabe usted?
Yo no sé si haría declaración o no en la conselleria, pero existía una ley de procedimiento administrativo que, señor secretario o exsecretario autonómico, usted debería de conocer, en la que cualquier cargo público debe de abstenerse de participar en ningún procedimiento que afecte a sus familiares.
Yo no sé si tenía acciones en ese momento o no, me ha parecido ver por ahí que se desprendió de ellas en 2009, pero como no tengo seguridad no lo digo.

¿Eso ustedes no se lo recomendaban?
¿No había ningún servicio jurídico que se lo recomendara al conseller Cotino?
¿Usted no hablaba con el señor Cotino de la voluntad de ampliar las plazas de accesibilidad?
Cuando a usted le decían y le preocupaba tanto que tenía que crear nuevas plazas de forma inmediata, no se le ocurría decir Â«cúbranse las públicas que están vacantes, cúbranse las vacantes que hay en Lares, cúbranse las vacantes que tiene Aerte, centros autorizados por la conselleria?
Â» ¿Por qué tenían que hacer este expediente equis?
¿Para cubrir solamente las de accesibilidad?
¿Por qué había plazas vacantes en los ayuntamientos?
Eso es lo que usted me debería de explicar, señor secretario autonómico.

Y dice que somos más chulos que nadie y empezamos en enero a aplicar la ley de la dependencia.
¿Sabe ustedes lo que hacían aquí en la Comunidad Valenciana?
Valoraban y presentaban como ayudas a la ley de la dependencia a aquellos usuarios que ya estaban en las residencias, los que estaban en su casa no se valoraban.
Y por eso estábamos a la cola en la aplicación de la ley de la dependencia.
Ustedes lo sabrán.
En todos los rankings del ministerio éramos los últimos, creo que nos superaba Canarias.
O sea, que nosotros no estábamos cumpliendo con la ley, ni estábamos cumpliendo con nuestras obligaciones.

Y, luego, yo le digo, si le queda alguna duda por el informe del señor Blasco, tengo que decirle, primero, que no sé cómo usted no era conocedor ya de las dudas, serias dudas de legalidad, es más decía que era ilegal la cláusula Blasco en la sentencia 417 del año 2007, que usted debería de conocer por su responsabilidad en la conselleria.
¿No la conocía tampoco esa sentencia?
Desde luego ahora, supongo, y le pregunto, supongo que ya no le cabrá ninguna duda.
Y supongo que no le cabrá ninguna duda después de haber oído o haber leído las grabaciones que se hicieron por parte de la Guardia Civil que estos señores pretendía, literalmente, que se hiciera un chute a sus residencias y que se cubrieran sus plazas.
Eso es lo que pretendían las empresas de accesibilidad y que en buena parte lo consiguieron o, por lo menos, eso es lo que yo opino.
Me gustaría saber qué es lo que opina usted.
Si usted piensa que el modelo que se aplicó en la conselleria era justo y respetaba la libre concurrencia y la equidad entre todas las empresas que estaban en el sector.

El senyor president:

Gracias, señora Andrés.

Senyor Calatayud.

El senyor Calatayud Chover:

Gracias.

Yo siento que usted dude de que las actuaciones que tuvimos en la conselleria en aquel momento fueran motivadas por las respuestas que nos dieron los técnicos y los profesionales de la conselleria.
Lo dudo, como igual le dicho y antes hemos hablado jocosamente, aunque lo han interpretado en el sentido literal del expediente equis, la verdad es que ahora, con todas las imputaciones que se estaban realizando, usted ha pasado a hacer ciencia ficción, efectivamente.

Se cubrían vacantes en todas las residencias que tenían plazas y no solo en las de accesibilidad.
Es decir, no es cierto que en las otras no se cubrieran plazas.
No es cierto que se valorase solo a los residentes.
Usted conocerá perfectamente, y sigue siendo un discurso que utilizamos en este momento, la falta de financiación.
Y en aquel momento, cuando arranca la ley de la dependencia, usted conoce perfectamente que las plazas cuando la aportación que nos daba el estado por una persona en una residencia pública o concertada era de aproximadamente unos 500 euros y, en cambio, en las otras plazas era de solo 200 o en otros recursos era de 200.

Resultaba relativamente fácil, como usted podrá comprender sin gran esfuerzo, que un valorador pasase por una de las residencias y con mayor diligencia que si vamos casa por casa se hiciesen valoraciones de todas las personas en residencias para incorporarlas al sistema de la dependencia, porque eso conllevaba mayor financiación.
Pero eso no quita, en absoluto, que se realizaran también y se hicieran valoraciones a las personas que estaban en casa o a las personas que estaban en residencias privadas, que también tenían derecho a solicitar un recurso previsto en la ley de la dependencia que era la prestación vinculada al servicio.
Entonces, se hicieron valoraciones en un sentido y en otro.

Gracias.

El senyor president:

Muchas gracias, señor Calatayud.

Tiene ahora la palabra don Juan Carlos Caballero, en nombre del Grupo Popular.

El senyor Caballero Montañés:

Muchas gracias, presidente.

En primer lugar, yo le iba a pedir también que hiciese una aclaración, una matización sobre lo del expediente equis, porque es que aquí resulta que en esta comisión resulta que a partir de ahora los siguientes comparecientes le dirán que usted dijo literalmente que esto es un cuento de ciencia ficción, de expediente equis.
Bueno, que aclare que es evidentemente una ironía.

Pero sí que es verdad que muchas veces aquí hablamos de conjeturas, de hipótesis, de que si el informe.
Bueno, yo no sé si es una hipótesis, una conjetura que la vicepresidenta nos ocultara un informe que dirán que es jurídico, que era procedente, que no.
Bueno, las personas, el jefe de área jurídica, el jefe de servicio jurídico, el jefe de servicio de contratación e inversiones, que firmaban el informe de la interpretación de la cláusula de exclusividad han reconocido que ellos me confirmaron este informe.

Hablan también de que si el Consejo Jurídico Consultivo tardó un día.
Bueno, los nuevos miembros, no todos, sino los tres nombrados por el Consell, actualmente han dictaminado en un día toda la ley de presupuestos de La Generalitat para 2017.
Por lo tanto, yo no sé si estamos en hipótesis o en conjeturas, pero yo hablaría más de realidades.

Yo creo que, efectivamente, y es la cuestión, hasta el momento en el que se aprueba la ley de emprendedores no se toma, que es justo lo que dice en su artículo 45, establece la prohibición de discriminación a favor de contratos previos en los procedimientos de contratación pública, es cuando se cuestiona la propia cláusula de exclusividad.
Y que es la propia conselleria, de oficio, la que solicita informes a la intervención, informes a la junta superior de contratación, informes a la dirección general de la Abogacía, informe del Consell Jurídic Consultiu y todos hablan, interpretan y ha sido sentenciado sobre el criterio o la cláusula de exclusividad.

Por lo tanto, sería también una hipótesis decir que esta no existía o que no está contenida en el propio pliego.
Estaba, estaba informada, había un informe y por una legislación sobrevenida resulta que, a partir de ese momento, ya no se puede aplicar esa cláusula de exclusividad.
Pero no significa que los actos que se hayan hecho previamente fuesen ilegales, entiendo yo.

Entonces, mi pregunta es: ¿ustedes se ajustaban siempre y se han ajustado a la legalidad?
¿Ustedes han dudado en algún momento de los técnicos o de la actuación de la propia administración?
¿A ustedes les hicieron alguna indicación de favorecer a algún tipo de empresas?
Es que si no siempre hablamos de conjeturas.

Muchas gracias.

El senyor president:

Gracias, señor Caballero.

Señor Calatayud tiene la palabra.

El senyor Calatayud Chover:

Gracias.

Obviamente en esta y en otras actuaciones se podría hacer más y mejor.
Pero, desde luego, la legalidad actuó siempre o marcó nuestra actuación.

En 2007, en 2008 la situación era muy complicada, es decir nosotros, y ya no digo y ya no era mi competencia en los años siguientes cuando afecto directamente la crisis económica, vivimos situaciones en las que, bueno, había gente que renunciaba a plazas de residencia por rescatar la pensión de su padre, por ejemplo.
Y si además el hijo o la hija se había quedado en situación de paro, pues podía sumar, a lo mejor, lo poco que se da o que se daba como cuidador no profesional.
Es decir, se han vivido situaciones muy complicadas en el desarrollo de la ley de la dependencia.
Pero es cierto, y al menos me queda la conciencia muy tranquila, que en cada momento o yo en mi momento actué según la legislación vigente.
Es la garantía que tengo personal.
Es decir, que, insisto, podíamos haber hecho más y mejor, pero lo que hicimos se hizo con la legalidad, no se podía hacer de otra forma.
Y la legalidad venía marcada por los técnicos de la conselleria.

El senyor president:

Muchísimas gracias al señor Calatayud.
Con esto termina su comparecencia.
Le damos las gracias por su presencia, le damos las gracias por haber estado aquí en esta comisión.

Señoras y señores diputados, la siguiente comparecencia estaba prevista a las seis de la tarde.
Pero si el señor Carlos Precioso estuviera por aquí, yo creo que cuanto antes empecemos, si les parece a ustedes.
¿De acuerdo?
Pues miraremos a ver.
Damos cinco minutos en cualquier caso.

Muchas gracias.

(Se suspén la reunió durant uns minuts)

Compareixença del senyor Carlos A.
Precioso Estiguín, exsotssecretari de la Conselleria de Benestar Social

El senyor president:

(Inoïble) … con la comparecencia en este caso de don Carlos Precioso Estiguín, al cual le informo que comparece en una comisión de investigación a través de la que el parlamento ejercita su función de control político.
Debo indicarle, además, que la información que ofrezca a esta comisión debe de ser veraz, conminándole a que debe ajustar su declaración a esa premisa, por estar penalizado el falso testimonio en el artículo 502 del Código penal.

Y finalmente, debe saber también que la mesa de la comisión, y concretamente este presidente que le habla, garantizará el respeto a su derecho a la intimidad, al honor, al secreto profesional, la cláusula de conciencia y los demás derechos que la Constitución le reconoce.

Ya le he indicado antes de entrar cómo iba a ser el orden de intervenciones.
Entonces, sin más, pasamos ya a don César Jiménez, en nombre del Grupo Podemos-Podem.

El senyor Jiménez Doménech:

Gràcies, senyor president.

Bona vesprada, senyor Precioso… És el cognom?
Carlos Alberto Precioso.
Bé.
Vosté, quan arriba a la conselleria, suposa que va tindre… Bé, ací mos han explicat diversos compareixents, un procés de posada al dia de les qüestions pròpies de la conselleria.
I una de les més importants, a tenor del que han dit altres compareixents, va ser el contracte d'accessibilitat social, amb tot el volum que generava de contractació, i que havia passat per una sèrie de vicissituds.

Una secretària autonòmica, María Manuela Gracia Reboll, en el període que vosté va estar, ens contava que cada vegada que feia preguntes per a posar-se al dia sobre el tema de l'accessibilitat, obtenia informacions incompletes.
Que no ho atribuïa a una voluntat d'ocultar-li res, però bé, que era un tema complex i que mai va se va fer la imatge completa de la complexitat d'este assumpte.

Vosté va ser informat, supose.
Per qui va ser informat?
Podria dir que se va fer una imatge completa del context que se va trobar en l'accessibilitat social?

Les empreses adjudicatàries exigien per aquell moment l'exclusivitat del cent per cent de les places, basant-se en un informe interpretatiu del conseller Blasco, de data de setembre de 2001.
Vosté el coneixia?
Quina opinió li mereix l'esmentat informe?

Vosté se va reunir amb AECAS a l'arribar a la conselleria.
Amb Aerte, amb altres actors del sector.
Li van fer arribar les adjudicatàries d'accessibilitat esta exigència d'exclusivitat?

I bé, per últim, per esta vegada: tenint en compte esta arribada i esta posada en l'estat de la situació, considera que va ser un encert la posada en marxa d'este programa, amb la perspectiva del temps?

Moltes gràcies.

El senyor president:

Muchas gracias.

Señor Precioso, tiene la palabra.

El senyor Precioso Estiguín:

Sí, buenas tardes a todos los presentes.

Voy a expresarme en castellano.
Yo soy valenciano, pero mi lengua materna es el castellano.

Señor diputado, sí, en principio obtuve las informaciones correspondientes, que tampoco distaban de ser las habituales para hacerse una idea más o menos fidedigna del estado de la conselleria.
Entre otros, por supuesto, el contrato de accesibilidad.
Contrato que tan solo por su volumen económico, número de plazas, era uno de los elementos, o uno de los…, ¿cómo decir?
, contratos, una de las cuestiones más importantes que había en la conselleria.
De esto no cabe duda.

Efectivamente lo fui.
¿Por quién fui?
Me preguntava vosté per qui vaig ser informat.
Bueno, pues fui informado por los funcionarios de la casa desde el servicio de contratación, pasando por la secretaria general.
Es decir, por los funcionarios normales u ordinarios, con todo el respeto hacia esa expresión, de la propia casa.

Después me habla de un informe que, si no recuerdo mal, es una resolución interpretativa del conseller en su momento, del año 2001.
¿Opinión?
Yo no tengo opinión al respecto.
Yo me limitaba, y a mucha honra, a intentar cumplir con las atribuciones que tenía asignadas la conselleria, de acuerdo con lo que existía en ese momento.

Y en aquellas cuestiones que suscitaban ex novo, yo tenía que tomar decisiones.
Sobre cuestiones que estaban ya suficientemente interpretadas y avaladas, yo no tenía ninguna opinión, o si tenía opinión me la guardaba, como me la sigo guardando en este momento.

Me habla usted también, señor diputado, de reuniones con los operadores del sistema o de los diferentes contratos.
Sí.
Hasta que aproximadamente a principios… Yo entro en la conselleria, si no me falla la memoria, el 24 o 25 de junio de 2011.
Pues prácticamente hasta el primer trimestre, pongamos, un febrero del año 2014 las reuniones eran… Bueno, había reuniones.

¿Caducidad, periodicidad, cadencia de estas reuniones?
No le sabría decir.
Se producían.
Algo que tampoco de suyo debe sorprendernos porque, cuando estamos hablando de contratistas importantes de cualquier entidad, de cualquier organización, de cualquier administración pública, esto es bastante constante, porque la contenciosidad de la propia prestación lleva a que haya una interactuación bastante constante.

Dejé de reunirme en el momento en el que ya estábamos en ciernes de instar la nulidad de pleno derecho.
Consideré que yo a partir de ese momento ya no debía tener reuniones con el sector.
Que se siguieron teniendo por el resto de personas de la casa que tenían atribución al respecto.
Pero consideré que yo ya no pintaba nada en esas reuniones.

Y me preguntaba también que si consideraba que era un acierto… Pero no recuerdo qué.
(Veus) Bueno, me podría remitir un poco a lo que le he dicho en la segunda respuesta.
No lo haré.
Todo lo que fuera dotar de plazas al sistema público para atención residencial de personas de la tercera edad, stricto sensu, conceptualmente, me parece correcto.

El senyor president:

Muchas gracias, señor Precioso.

Tiene ahora la palabra el señor David de Miguel, en nombre del Grupo Ciudadanos.

El senyor De Miguel Martínez:

Gracias, presidente.

Señor Precioso, buenas tardes.

Tal y como le ha preguntado mi compañero y le ha contestado, que sí que se puso al día, como no podía ser de otra forma evidentemente, porque era un contrato.
Pero claro, es que a usted le parece obvio, pero es que han habido comparecientes que no consideraban que el programa de accesibilidad social fuera una cosa.
.
.
Consideramos que solo por el volumen económico, como usted bien ha dicho, yo creo que sería uno de los contratos más importantes de la conselleria.

Usted, según he estado viendo, ha estado en varias consellerias.
Tiene una amplia experiencia como es un secretario, y por tanto entiendo que, ya le digo, está acostumbrado a tratar con lo que son las funciones propias de una subsecretaría.

Por lo tanto, yo le pregunto en base a su experiencia y en base a que si le hicieron un retrato de lo que era la situación cuando usted llegó, que es evidente que ya hacía muchos años que se habían firmado los contratos y el programa estaba en marcha, si le pusieron también al día de qué habían sido todas las vicisitudes, como ha dicho mi compañero, de los retrasos en la puesta en funcionamiento de las residencias.

O sea, los incumplimientos reiterados que hubieron de los contratos en la época, insisto, anterior, porque cuando usted llegó ya estaban todas en marcha, y por tanto no tuvo que ocuparse de ello.
Pero, ¿usted considera, desde la experiencia que usted tiene como subsecretario, y en la administración en general, considera normal que ese incumplimiento.
.
.
?

Es verdad que a lo mejor cuanto más grande es el contrato, más probabilidad de que hayan incumplimientos, porque muchos más adjudicatarios y demás.
Pero si considera normal que se incumplieran los contratos de esta forma en la que se incumplieron, en cuanto a plazos, llegando incluso a ocho años de retraso en la puesta a disposición de las residencias.
Cuando el pliego decía que, como máximo, eran tres.

Por tanto, ¿recomendó usted, como subsecretario, instó o le dieron alguna indicación para controlar, valga la redundancia, la ejecución y supervisión de este contrato y del funcionamiento de las residencias?
Ya no por los plazos o la puesta a disposición, sino por el normal funcionamiento de la calidad asistencial que debían tener.
Porque, por la información que tenemos, la conselleria no adoptó ninguna medida sancionadora en los años anteriores por esos incumplimientos, cuando, como sabe, es un elemento esencial del pliego y del contrato el tema de los plazos.

Entonces, ¿usted considera, ya le digo, como subsecretario y con su experiencia, que ante incumplimientos de obligaciones esenciales de los contratos, debería haberse iniciado un expediente sancionador o de resolución?
¿O al menos, poner algún tipo de penalización?
Porque ahí siempre hay que valora si es mejor rescindir el contrario o, por interés público y general, mantenerlo, pero imponer algún tipo de sanción, que insisto, no se pusieron.
No se sancionó.

Y por último, respecto a los acuerdos firmados por el señor Cotino, el conseller Cotino en el año 2008, que dieron lugar a contratos negociados sin publicidad, por los que se ampliaban las plazas del llamado segundo tercio, ¿usted solicitó información sobre la situación, el estado de estos acuerdos y protocolos cuando llegó a la conselleria, dado que usted, luego, como los tuvo que ejecutar, digamos, le parecieron.
.
.
?
¿Qué pensó?

Aunque no quiera dar su opinión, pero, ¿qué opinión le merece cuando dijeron, Â«esto está así, la situación es esta y esto está asíÂ», y usted va a tener que ejecutarlo como subsecretario?

Gracias.

El senyor president:

Gracias, señor De Miguel.

Señor Precioso, tiene la palabra.

El senyor Precioso Estiguín:

A ver, señor De Miguel, vuelvo a decir que yo me imagino que… Imagino no, perdón, afirmo.
Esta comisión lo que pretende es investigar hechos, que no opiniones o valoraciones personales.
Por lo cual yo voy a decir que en cuanto a los incumplimientos… O dicho esto, diré que en cuanto a los incumplimientos, los que hubo durante el tiempo en que yo estuve, quiero pensar que todos intentaron solucionarse.

De hecho, de la subsecretaría dependía una suerte de inspección de servicios.
No me pregunte ahora la denominación orgánica, porque honestamente no la recuerdo.
Pero actuó con mucha frecuencia esta unidad a la hora de resolver cuestiones que pudieran darse.
Ojo, no estoy hablando solamente en cuanto a accesibilidad, ni muchísimo menos.
Estoy hablando en cuanto a las prestaciones que daba cualquier adjudicatario.

¿Qué debían haber hecho anteriormente?
Pues yo lo ignoro qué debían haber hecho anteriormente, porque tampoco conozco exactamente en qué contexto se vio la cuestión.
Y le soy franco.

En segundo lugar, me preguntaba si insté a que se diera… Si no me equivoco, me ha preguntado si insté a que se prestara de una forma normal el servicio… ¿Es así?
(Veus) Constantemente.
Constantemente, constantemente.
Pero insisto, no solo con respecto a las asociaciones o a las residencias gestionadas por esas asociaciones que son las majors, como quien dice, como con cualquier contratista.
Y otra cosa lamentablemente no le puedo decir.

Y finalmente, me preguntaba respecto de si yo tuve información respecto de los acuerdos que firmara el conseller Juan Cotino en su momento.
A ver, es que aunque no los hubiera pedido, en los informes jurídicos que se suscitaban cada vez que se iba a adjudicar el contrato, aparecía la mención a todos ellos.
Con lo cual, claro, yo fui conocedor prácticamente desde el primer momento.

Y esto es lo que tengo que decir al respecto.
Más allá de esto.
Valoraciones, no hago.

El senyor president:

Muchas gracias.

Tiene la palabra ahora doña Mónica Álvaro, en nombre del Grupo Compromís.

La senyora Álvaro Cerezo:

Moltes gràcies.

El servei autonòmic, Joaquín Martínez, en resolució dictada el 22 de febrer del 2012 diu: Â«El mencionado acuerdo del 31 de octubre del 2008 no es ningún contrato de obligado cumplimiento, sino un mero protocolo de colaboración.
En virtud de la cláusula segunda del pliego, la conselleria asumía el tercio de las plazas de cada centro.
El resto de las plazas, fuera de dicho tercio, eran de libre disposición.
No existía exclusividad alguna ni obligación de La Generalitat.
Â»

El contingut d'esta resolució contradiu l'informe Blasco.
Compartia vosté este criteri del secretari autonòmic?

Va elaborar o informar vosté des de la subsecretaria d'esta resolució?

En virtud també d'esta resolució, considera vosté que els contractes negociats i sense publicitat del segon i tercer terç no deurien haver-se realitzat?

Sembla ser que els contractes del segon terç es realitzaven de tres mesos en tres mesos, mitjançant pròrrogues.
Li consta que així fóra?

El secretari autonòmic, en la mateixa resolució del 22 de febrer del 2012 també diu: Â«Por si la ventaja de tener asegurado el tercio de las plazas con usuarios subvencionados fuese poca, muchos centros de accesibilidad social fueron construidos sobre suelo dotacional creado al efecto por los ayuntamientos o, incluso, en suelo cedido gratuitamente.
Accesibilidad social está en una situación preferencial respecto al resto de centros privados con ánimo de lucro, por tener el régimen de centros concertados y con un índice de ocupación superior y también la PVS es inferior al coste/plaza/día.
Â»

¿La seua línia de treball coincidia amb estes manifestacions?
Estos avantatges els van tindre altres residències privades per la qual cosa caldria afirmar que les empreses d'accessibilitat social varen tindre un tracte de favor respecte a la resta del sector?
Es van produir diferents sentències favorables a les adjudicatàries respecte al càlcul de l'IPC del cost/plaça.
Una adjudicatària, Novaire, va manifestar que això suposava uns ingressos extra d'aproximadament cent mil euros a l'any en onze residències.

La primera sentència, la de Savia, vint-i-dos residències, no es va recórrer.
Les següents reclamacions es recorrien any rere any fins al 2013.
Mentre vosté va estar en la sotssecretaria, té constància de qui fixava el criteri de defensa dels interessos de la conselleria?
Compartia vosté sempre eixe criteri?
En algun moment va recomanar o es varen proposar informar sobre la possibilitat de variar este criteri?

I, respecte a la revisió d'ofici, quin paper va jugar vosté amb ella?
Li va sorprendre a vosté la diferència abismal entre l'informe de l'advocacia de La Generalitat i el dictamen del Consell Jurídic Consultiu?
Perquè, en data de setembre del 2014 el senyor Escolano, com a secretari autonòmic, ja havia anunciat el nou procediment que donaria per acabat el model d'accessibilitat social.
Concretament en comissió el senyor Escolano va dir: Â«Por todo ello, ha de emitirse un dictamen favorable.
Â» Referint-se al Consell Jurídic Consultiu.
Â«Así, esta conselleria podría iniciar un procedimiento abierto.
Â» I acaba dient: Â«Abierto a todos los operadores.
Â» I tot això se va acabar amb el dictamen del Consell Jurídic Consultiu del 29 de setembre.
És així?

El senyor president:

Muchas gracias, señora Álvaro.

Señor Precioso tiene la palabra.

El senyor Precioso Estiguín:

Gracias, presidente.

Señora Álvaro, me ha hecho usted un montón de preguntas.
Voy a intentar…, y si no me las recuerda, porque no voy a ser capaz de…

Vamos a ver.
Me preguntaba si yo informé en algún caso respecto de la exclusividad.
¿Era así?
(Veus)

La senyora Álvaro Cerezo:

Quin paper juga vosté en la revisió… bé, eixa era l'última.
Respecte a l'exclusivitat, si compartia vosté el criteri del secretari autonòmic en la resolució del 22 de febrer del 2012.

El senyor Precioso Estiguín:

Yo el único criterio que compartía era el de la abogacía.

Más allá de esto, yo no hice ningún informe relativo a la exclusividad ni a ninguna… ni exclusividad ni garantía ni ejecución del contrato ni revisión de precios.
Porque esto era una cuestión que realizaba la abogacía y la abogacía nos decía qué legislación era la aplicable.
Y bueno, bien sabido es el informe de 17 de diciembre de 2013, que no hará falta que traiga a colación, ¿no?
Con lo cual, yo siempre -como funcionario de carrera y jurista- he estado siguiendo el informe de la abogacía.

Me hablaba también, señora Álvaro, de sentencias.
Sí, sí, claro.
Hubo sentencias varias.
No sabría yo cuantificarlas en absoluto pero hubo varias sentencias reconociendo… bueno, importes de revisiones de precio… Recuerdo incluso que la litis estaba, en cuanto a desde qué momento tenía que computarse el plazo para la revisión de precios.
Sí, efectivamente.

¿Quién defendía los intereses de la conselleria?
Los letrados de La Generalitat como no podía ser de otra manera.
¿Discrepaba yo de la línea que pudieran tener en juicio los letrados de La Generalitat?
A veces sí y a veces no.
A veces sí y a veces no.
Hay veces que yo hubiera preferido enfocarlo de alguna forma o hay veces que -la mayor parte de las ocasiones- entendía que la defensa era oportuna y era eficaz.

¿Me planteé variar el criterio o…?
No, no me lo planteé porque no me competía.
Yo no tenía nada que decir en cuanto a cómo la abogacía de La Generalitat, los letrados, defendían a La Generalitat, ellos, en juicio sabían cómo enfocarlo.
Quiero decir… Y ojo que no estoy hablando… estoy hablando de forma absolutamente vehemente.
O sea, ellos sabían cómo tenían que defender a La Generalitat.

Y, finalmente, me preguntaba, señora Álvaro, sobre qué papel tuve yo en el procedimiento de la declaración de nulidad.
Pues importante, me imagino que habría que calificarlo así.
Ciertamente, a partir de una serie de informes en los que se nos dice de una forma no explícita, tal vez si no oscura, translúcida, se nos dice que, bueno, que podría haber nulidad sobrevenida por la ley de emprendedores o de apoyo a los emprendedores.
Pero que, por otra parte, podría haber derechos de exclusiva por parte de contratistas reconocidos por actos administrativos anteriores.
Pues, como usted comprenderá -señora diputada- la situación jurídicamente era un cul-de-sac.
Era un callejón sin salida.

Yo soy funcionario de carrera, ejerciendo funciones jurídicas desde el año 1987 -miento, desde el año 1989; en 1987 era laboral- y yo le aseguro que no he visto un problema jurídico de semejante empaque.
En gran medida por la dialéctica entre las normas aplicables, la confrontación entre las normas aplicables, contra las diferentes soluciones que se podrían dar en un caso o en otro e, incuestionablemente, por la importancia objetiva que tenían estos contratos.
Estamos hablando de muchísimas plazas.
Consecuentemente de muchísimo dinero, etcétera, etcétera.

Bien.
A partir de ese momento, cuando aparece esa…, ¿cómo decir?
, esa sospecha de nulidad, nosotros…, yo, pido bastantes informes.
Pido bastantes informes porque creía que la cuestión no era menor.
Vamos, creía que, como se dice en valenciano, la cansalà no era de pato.
Era cuestión de cierto empaque.
Y, efectivamente, cuando ya tenemos pronunciamientos que nunca dejaron de ser o nunca dejaron de tener una nota de…, si no de ambigüedad, de posibles lecturas distintas, fuimos valientes y optamos por pedir la nulidad convencidos de lo que pedíamos, claro, por supuesto, por descontado.

Esa nulidad, bueno, la pedimos…, tengo por aquí las fechas, pero en fin, tampoco hace ahora al caso.
Pues entorno a agosto o finales del verano y, efectivamente, el dictamen ese al que usted hace mención -que yo lo tengo apuntado como de 20 de noviembre de 2014, pero bueno-, dictamen, pues no, dijo que no había lugar a esa nulidad.

No sé señora Álvaro si le he contestado…

El senyor president:

Muchas gracias.

Tiene ahora la palabra la señora Concha Andrés en nombre del Grupo Socialista.

La senyora Andrés Sanchis:

Gracias, presidente.

Gracias, señor Precioso, por comparecer hoy aquí en esta comisión.

Usted ha comentado que usted seguía y respetaba el criterio de la abogacía.
Hay un informe del año 2014 en el que a la abogacía se le pide…, creo que es usted el que demanda un informe para analizar la situación.
Y la abogacía, el abogado general, no solamente entra a valorar la nueva ley de emprendedores sino que la parte inicial hace también una exposición clara en la que cuestiona otra serie de actuaciones que se habían hecho con respecto a este contrato como, por ejemplo, el informe tan comentado interpretativo de Blasco.

Ahí concluye en que ese informe supuso una auténtica e indiscutible modificación del contrato.
Porque, inicialmente, solamente la administración tenía obligación de concertar un tercio de las plazas y, de acuerdo con ese informe de Blasco, se abría esa posibilidad.
También concluye que, de acuerdo con una sentencia del año 2007, -que ya se decía ahí y el abogado general coincide en esa opinión- que ese informe Blasco adolecía del procedimiento previsto en la ley de contratos para una interpretación como era el informe jurídico previo, el trámite de audiencia, la notificación con pie de recurso, etcétera.

Yo quisiera preguntarle si es evidente que después hubo cierta contradicción en el dictamen que elaboró el Consejo Jurídico Consultivo.
Si lees ambos informes ves que hay cierta contradicción.
¿Ustedes, en la conselleria en ese momento…?

Porque según nos trasladó la secretaria autonómica, la señora García, sí que estaban preocupados por la situación de ese contrato.
Sí que tenían ganas de resolverlo.
Ella hasta incluso decía que veía cosas que no estaban claras.
Que no estaban claras.
Que el primer tercio sí, porque se ajustaba a lo previsto en el contrato, pero que el segundo tercio y hasta incluso el tercer tercio no los veían claros.
Y que a partir de ahí se tomara la decisión de iniciar el procedimiento de revisión de oficio y pedir los informes correspondientes.

Yo le quisiera preguntar a usted si, en ese momento, usted piensa que la línea a seguir es proceder a la revisión de oficio y, por lo tanto, acabar con ese procedimiento porque tenía visos de ilegalidad de acuerdo con el informe de la abogacía.

Por otra parte, también quisiera preguntarle si por parte del secretario autonómico, en el año 2012, el señor Martínez dice que ante el servicio de inspección consta acreditado el incumplimiento de gran número de centros de accesibilidad social de las obligaciones del contrato del año 2001, en especial en los que se refiere al personal y a las mejoras y dicha circunstancia impediría a estos centros cualquier exigencia relativa o con referencia al contrato.

Porque las residencias de AECAS de accesibilidad seguían reclamando cada vez más y más.
¿Esto se aplicó en algún momento, mientras usted era subsecretario?
¿Se puso algún tipo de límite?
¿Se comprobó cuáles eran esas irregularidades y si se estaban procediendo a sancionar?
Porque, según nos han informado, la documentación que nos han facilitado, no consta que se pagaran las sanciones que se le puso por la inspección.

Esta mañana la señora Sánchez Zaplana nos ha dicho que en el mes de marzo se inició un procedimiento -veo que lo firma usted- el 6 de marzo del 2015, un acuerdo marco para la concertación de plazas.
Esto era ya un cambio radical en lo que se refería al modelo hasta entonces de accesibilidad.
Pero después, repasando la documentación, he podido comprobar que por parte de la abogacía siguen diciendo que el procedimiento de revisión de oficio que ustedes solicitaron se quedó -leo literalmente- Â«de facto bloqueadaÂ» por el informe del Consejo Jurídico Consultivo.

Y entonces remite para que sea el Consejo Jurídico Consultivo el que aclare la situación de su dictamen.
El Consejo Jurídico Consultivo hacer una aclaración y llegamos al mes de junio en el que lo que usted dice no era oscuro sino translúcido.
Esa expresión, por utilizar su misma expresión.
Al final ha tenido que llegar una sentencia en el año 2016 que clarifique toda esta situación.

¿Díganos cuál era su opinión como técnico?
Usted dice que es funcionario.
Como técnico jurídico, como subsecretario y como responsable de un área muy importante de la conselleria, respecto a cómo había evolucionado este contrato que inicialmente estaba claro en un pliego pero que después se había desvirtuado de acuerdo con esta opinión.

Gracias.

El senyor president:

Gracias, señora Andrés.

Señor Precioso.

El senyor Precioso Estiguín:

Gracias, presidente.

Señora Andrés, empezando por lo último -insisto- yo no opino al respecto.
Yo hablo de los actos y hablo de lo que firmo y de lo que no firmo.
Pero mis opiniones no.
Siempre considerando que estábamos ante -y lo que voy a decir es un poco tautológico, ya lo sé- pero estamos ante un contrato de muchísimo empaque.
Con un volumen en contenciosidad brutal, etcétera.

En cuanto…, intentando seguir ahora el orden que usted ha establecido.
Habla de una sentencia de 2007.
Yo no sé exactamente a qué sentencia se referirá usted.
Sí que recuerdo de por aquellas épocas o, mejor dicho, posteriormente, haber sacado a colación alguna sentencia.
Pero -insisto- era sobre revisión de precios.
En ningún momento en el fallo… (Veus) ¡Ah, vale!
Vale.
¡Ah!
Bien, bien, vale.
Vale.
(Inintel·ligible) … es otra historia.
Los magistrados pueden decir muchas cosas, lo que me interesa es el fallo de la sentencia.

Entonces, la sentencia yo no he conocido ninguna sentencia -hasta la que usted cita de hace poquito tiempo- que haya anulado la cláusula de exclusividad.
Esa, la juzgaría, haría una serie de valoraciones jurídicas, pero en el fallo no aparecía.
El fallo se pronunciaba sobre lo que la parte le pedía, que era una revisión de precios y no otra cosa.

¿Preocupado, señora Andrés?
Claro que estábamos preocupados.
Es que hay que verse en ese brete, hay que verse en ese brete.
Estábamos en una situación en la que, bueno, decidimos instar, iniciar el procedimiento de nulidad del artículo 102 de la extinta ley 30/1992.
¡Caramba!
Y la declaración de nulidad era muy importante porque no estábamos -vuelvo a decirlo- hablando de una baratija.
Estábamos hablando de un contrato importantísimo con muchos millones de euros.
Desconozco en este momento, no recuerdo cuantos eran, muchos.

Que, además, fíjese, la declaración de nulidad supone que una vez que se declara con efectos ex tunc -que decimos en derecho- desde entonces, la nulidad de ese acto, desaparece del mundo jurídico.
Y, entonces, hay que reparar todos los efectos que se han producido.
Que estamos hablando de que nos podríamos haber encontrado con una situación de unas indemnizaciones brutales, y lo asumimos y tiramos hacia adelante.
Pero preocupados, ¡mucho!
, y el que le habla ¡muchísimo!

Yo recuerdo que la temporada, el fatídico 17 de diciembre del 2013, digo Â«fatídicoÂ» porque a partir de ahí fue ingente (rient) el trabajo que me tocó hacer, la cantidad que nos tocó allí todos los santos días, pero le digo esto y no es una hipérbole, todos los santos días teníamos o, bueno, para ser más francos, a la semana tres, cuatro veces, teníamos tratamiento de esta cuestión: ¿qué hacemos?
, vamos a ver, hoy esta sentencia, aquella, la de más allá, vamos a ver, y si hacemos esto ahora, es que, ¡claro!
, tienes que tener en cuenta la indemnización, el no sé cuántos, las alegaciones del… Esto era -insisto-, no es verdad que fuera a diario, ¡claro!
, pero sí que es cierto que cada semana tres o cuatro veces tocábamos estas cosas.

Me pregunta usted también, señora Andrés, si yo militaba de alguna forma en esa creencia de la nulidad.
Bueno, yo firmo.

La comprobación de irregularidades, bueno, la comprobación de irregularidades -insisto-, la inspección de la dirección general correspondiente, de mayores y tal, detectaba una serie, si es que detectaba, perdón, una serie de incumplimientos contractuales pues ya iniciaba un procedimiento que acababa con una resolución, la resolución sancionatoria o exculpatoria, bueno, en cada caso sería de una forma, y después ya entraba en la rueda de ejecución de las resoluciones administrativas, la ejecución forzosa cuando no había ejecución del cumplimiento.

Lo que usted me dice de que hay un montón de casos de incumplimiento pues, con franqueza, a mí no me consta, lo cual no quiere decir que siempre haya un porcentaje, una parte de resoluciones que por unas causas o por otras pues están durmiendo el absurdo sueño de los justos.
Bien, puede ser, pero desde luego a mí no me consta como algo significativo ni escandaloso.

Creo que le he respondido, no sé si me he dejado alguna cosa.

El senyor president:

Muchas gracias.

Tiene ahora la palabra la señora María José Ferrer, en nombre del Grupo Popular.

La senyora Ferrer San Segundo:

Buenas tardes, señor Precioso, agradecemos mucho su presencia aquí y su exposición.

Yo quería plantear algo en la línea de lo que usted está diciendo, es lo que se desprende, que aquí, si es su opinión, o con los hechos opina que aquí estamos ante un conflicto, ¿eh?
, realmente ante un conflicto por un lado del sector, de las empresas del sector, es decir, por un lado está el grupo AECAS, Aerte, y aquí a veces se ha dado la sensación de que hubiera una cierta connivencia con AECAS pero los hechos como son los procedimientos judiciales, los litigios, y quien ha tenido al lado el Consell anterior como coadyuvante de los procedimientos demuestran que había más cercanía con Aerte que con AECAS que es con quien se tenían los litigios.

Y yo quería saber si opina, o si constata con los hechos que nos encontramos ante un conflicto con unas empresas que en atención a unas necesidades, y a mí también me gustaría, porque eso también es importante, hablar de las necesidades de las personas que se atendían, con qué necesidades, no solo el 2001 sino durante el tiempo que estuvo usted, que entró con el conseller Cabré y coincidió con los secretarios autonómicos Joaquín Martínez y Manuel Escolano, ¿eh?
, durante ese tiempo ¿qué necesidades encontraron?
, ¿en qué medida la administración no podía resolver por falta de recursos si no era con esa iniciativa privada?
, ¿en qué medidas esas.
.
.
?

En fin, las condiciones jurídicas estaban también condicionadas por la inversión que se estaba haciendo a cambio de un plazo corto porque podía no prorrogarse, que en otras comunidades que siguieron este modelo, como Madrid, el plazo en vez de ser de quince años era de cincuenta, o en Castilla-La Mancha de cuarenta años; sin embargo, aquí la inversión era muy importante en un plazo muy corto.

Es decir, por un lado ese conflicto empresarial y, por otro lado, el conflicto jurídico, la dificultad jurídica por razones de seguridad jurídica.

Usted mismo, efectivamente, dice en una resolución de diciembre de 2014 que incluso los propios informes que motivan la revisión de oficio dicen que Â«aunque coincide en lo esencial difieren en cuanto al tipo de procedimiento que resultaría de aplicación en las nuevas licitacionesÂ».
Nos referimos al informe emitido por la abogacía de La Generalitat frente al informe de la Junta Superior de Contratación Administrativa, unos pensaban que había más posibilidad de eludir o no este modelo.
Por eso yo quisiera, bueno, que confirmara como hecho que existía ese conflicto jurídico.

Por otra parte, cuando estamos hablando -algo así- de que ha tenido que llegar una sentencia del 2016, yo quisiera que se confirmara, porque es un hecho, que es el anterior Consell el que, estando usted como subsecretario, y unos consellers, y unos determinados, en fin, un determinado Consell, es el que promueve la revisión de oficio; si el consejo jurídico dice que no, es un informe preceptivo y evidentemente decía, efectivamente, que no se podía hacer una nulidad ex tunc.
Esa es la razón que da el Consejo Jurídico Consultivo por toda esta cuestión.

Entonces, yo quería que usted confirmara que esto es así y que esa sentencia no es una sentencia provocada por el actual Consell sino que es una sentencia en la que se da la razón a una interpretación, llamémosle Â«más restrictivaÂ», que hizo el conseller anterior invocando la ley de emprendedores.

Y, finalmente, porque no tengo más tiempo, que inmediatamente que surge esa ley de emprendedores, y esta mañana se ha cuestionado la fecha y como usted, además, tiene fama de meticuloso y de técnica jurídica, quisiera que confirmara que inmediatamente aparece la ley de emprendedores en septiembre de 2017, en octubre se inicia ya todo el proceso, y el 18 de diciembre del 2013 ya hay un informe de la abogacía.

Muchas gracias.

El senyor president:

Muchas gracias, señora Ferrer.

Tiene la palabra el señor Precioso.

El senyor Precioso Estinguín:

Gracias, señora Ferrer.

Gracias, presidente.

Vamos a ver, me pregunta, o sacaba a colación el conflicto.

Sí, yo dejo de asistir -como antes dije- a las reuniones con el sector ¿por qué?
, bueno, primero entendía que mi independencia en ese caso como operador jurídico de la conselleria estaba más respaldada si yo no asistía a ninguna reunión, ¿no?
, porque eran reuniones generalmente a cara de perro, con historias y demás.
Pero en todas las reuniones, efectivamente, una asociación hablaba de la otra, esto era así, esto era así.
¿Quién tenía razón?
Bueno, pues, como suele ocurrir en la vida, por barrios, la cosa va por barrio.

Y, efectivamente -como usted dice-, coadyuvante de la administración en un mogollón, en cantidad, en muchos procesos, ¿eh?
, fue efectivamente Aerte, fue efectivamente.
Y esto son hechos, esto son hechos.
Pero efectivamente constato que había, yo no diré, constato que había ese antagonismo entre las asociaciones, no diré que las cuestiones que luego desembocaron en ámbitos jurídicos se deslizaran desde la cuestión privada, ¡no!
, ¡para nada!
, pero sí que lo había, es evidente.

Claro, ¡ojalá!
, a ver, más allá del planteamiento que se pueda tener respecto de política económica, ¡claro!
, lo entre comillas bonito sería que la administración contara con una red suficientemente amplia y saneada, y de calidad, como para poder dar este servicio, para poder dotar de plazas.
Como quiera que esto no es así, ni posiblemente lo sea nunca porque las necesidades son tremendas y los recursos son limitados, pues había que contar con la iniciativa privada, y la iniciativa privada ya nos venía dada por un contrato que existía desde hacía una década, ni más ni menos.

Incuestionablemente contábamos con los contratistas de la accesibilidad porque nos estaban dando ese servicio; ese servicio efectivamente en el que también sabíamos que había habido una inversión, sabíamos que se habían construido una serie de residencias y demás, y sabíamos que eran unos contratistas -lo he dicho antes- importantes de la conselleria, de esto no cabe duda, y a nosotros nos importaban en tanto en cuanto que pudieran satisfacer una necesidad del ciudadano porque a mí -y se lo digo con toda crudeza- me importaba un bledo qué empresa fuera o que dejar de ser, a mí me importaba si estaban cumpliendo con lo que se le había adjudicado y si tenían plazas que se pudieran cubrir, ¡y santas pascuas!
O más que a mí le importaba a la dirección general correspondiente, yo, al fin y al cabo, lo que hacía era canalizar jurídicamente el contrato.

Bien, ¡por supuesto!
, pero es que esto la verdad es que no necesitaría ni confirmarlo, la revisión de oficio la impulsamos nosotros en una decisión que yo juzgaría como valiente, valiente, muy, muy, muy complicada, ya he dicho antes que para mí ha sido la experiencia jurídica de más calado que yo he tenido en veintinueve años en esta materia y, efectivamente, igualmente impulsamos nosotros el acuerdo marco, acuerdo marco que todavía no está, según tengo entendido no está vigente.
Sí, ¡claro que lo hicimos nosotros!

Nosotros nos equivocamos mucho, ¡muchísimo!
, y cada día salen cosas de lo muy mal que hicimos las cosas, según parece.
En esto no nos equivocamos, señora Ferrer.

El senyor president:

Muchas gracias, señor Precioso.

Tiene ahora la palabra el señor César Jiménez, ¿no?
, ¿tampoco?

Señora Mónica Álvaro, en nombre del Grupo Compromís.

La senyora Álvaro Cerezo:

Bé (rient), vaig a intentar-ho.

Mire, vosté és jurista i no em cap cap dubte que el que ací està exponent-nos és en base a la més estricta legalitat; jo, en canvi, sóc periodista, i la meua obligació, el meu ADN és preguntar allò que no sé.
I n'hi ha una cosa que com a jurista li voldria preguntar perquè és que no l'entenc de cap de les maneres, a mi no em quadra, i si em pot ajudar doncs la veritat és que li ho agrairia molt.

Imagine's vosté, si un alt càrrec de la conselleria tinguera constància, o se li manifestaren dubtes raonables que una persona intervé en un dictamen del Consell Jurídic Consultiu i n'hi ha indicis raonables -segons vullc pensar- que n'hi ha una incompatibilitat, i que donada eixa incompatibilitat eixa persona hauria d'haver-se abstingut de votar eixe dictamen, ¿això podria comportar alguna acció del responsable o pregunta des de la conselleria sobre si el Consell Jurídic Consultiu coneixia si eixa persona estava facultada o no per a emetre un vot?
¿Podríem parlar que si eixa persona no informa sobre eixa incompatibilitat i fa la ponència, i un vot sobre un tema, sobre el qual podria ser incompatible, el dictamen final podria estar viciat?

Moltes gràcies.

El senyor president:

Muchas gracias.

Señor Precioso, tiene usted la palabra.

El senyor Precioso Estiguín:

Gracias, presidente.

A ver, señora Álvaro, yo bastante tenía con llevar sobre mis espaldas -perdonen el tono así un poco- la conselleria como para ocuparme de lo que estaban haciendo, de cómo funcionaba el Consell Jurídic Consultiu, sí que me interesaban lo que hacían pero no me interesaba cómo lo hacían.
Yo me ocupaba de los asuntos de la conselleria.

Y si hay dudas sobre la independencia, que es lo que usted está diciendo y con ese espíritu periodístico es obvio que va a esto, si hay dudas sobre la independencia del Consell Jurídic Consultiu, ¡pregúntenle al Consell Jurídic Consultiu!
, no a mí.

El dictamen ¿podía estar viciado?
Pues igualmente es una cuestión que tendría que dilucidar el Consell Jurídic Consultiu o quien estando persuadido de la nulidad de ese dictamen, estamos hablando ya de determinados…, en el derecho, como muy extravagantes de alguna forma, pues que lo impugne si alguien lo tiene por conveniente o duda de esa validez del dictamen o esa falta de independencia -a la que usted hacía mención.

Pero, no lo sé, supongo que tendría que haber actuado así pero yo lo desconozco porque de lo que yo puedo hablarle, señora Álvaro, es de las cosas en las que yo intervine con mayor o menor acierto porque igual que antes he dicho pues ¡sí!
, francamente yo creo que ahí acertamos, seguro que en otras muchas no lo hicimos tan bien, ¡claro que sí!
Y de esas puedo responsabilizarme pero no de otras.

El senyor president:

Muchas gracias.

Señora Concha Andrés, en nombre del Grupo Socialista.

La senyora Andrés Sanchis:

Sí, yo para acabar quiero decirle, señor Precioso, que compartimos probablemente todos los que estamos aquí su decisión valiente de instar la revisión de oficio, la revisión de nulidad.

A mí me gustaría que me dijera si usted mantuvo reuniones o participó para poder fijar los criterios de esa Resolución de 26 de febrero del 2012 del secretario autonómico, el señor Joaquín Martínez, en la que él -tal y como le ha leído anteriormente a mi compañera- dice Â«que más allá del tercio no existe ninguna cláusula de exclusividad para las residenciasÂ», por lo tanto no reconocen ese derecho.

Todo eso es en contestación a una petición que hacen las residencias de accesibilidad para que se cubra la totalidad de las plazas de los centros concertados en régimen de accesibilidad, formulándose el reconocimiento expreso de la absoluta preferencia de estos centros para la cobertura de las plazas que nos ocupan.

Y, luego, también, que se declare la responsabilidad patrimonial de la conselleria de bienestar social y al mismo tiempo que se anulen todas las ayudas que se habían concedido a las personas que estaban con un cuidador familiar.

Esta resolución del señor Martínez es anterior a que aparezca la ley de emprendedores, porque es del año 2012.
Me gustaría saber si usted participó, si comentaron esta situación, porque era una resolución también entendemos que valiente, daba un vuelco a toda la interpretación que había seguido.
.
.
por la conselleria.
.
.

Y esta resolución es precisamente la recurre AECAS y la que ha generado esta sentencia del tribunal superior de justicia, en la que confirma todos los aspectos del secretario autonómico, todos estos aspectos (inoïble) .
.
.

Y no solamente por la ley de emprendedores, sino que va mucho más allá, que hasta incluso se remite al tribunal superior de justicia diciendo que en relación con ese informe o documento, -creo que le llama documento, no le llama ni siquiera resolución del señor Blasco- dice que ya ha tenido ocasión de pronunciarse en la Sentencia 417 del 2007 -esa que estaba diciendo usted que estaba en el fallo-.
Y concluye lo mismo, vuelve a decir lo mismo.
Vuelve a decir que no se ha cumplido el procedimiento previsto para el dictado de esa resolución y que además, por lo tanto, no tiene el alcance que la conselleria ha defendido durante todos estos años.

En definitiva, yo lo que le quería preguntar a usted.
.
.
, ya sé que usted es funcionario, es un técnico jurídico y que no quiere apartarse porque no quiere dar opiniones y le respeto, pienso que está en su legítimo derecho.
Pero, después de todo esto, lo que sí que está claro es que habían serias dudas en la conselleria, en la etapa que usted estaba de subsecretario, de la legalidad de esa cláusula de exclusividad, y que yo le pregunto es: si ustedes el procedimiento que iniciaron de revisión de oficio y ese acuerdo marco lo que pretendía era poner fin a ese modelo, porque pensaban que no era adecuado para los interés públicos y para garantizar un sistema de atención a las personas mayores en igualdad de condiciones y ajustándose a la legalidad.

El senyor president:

Muchas gracias, señora Andrés.

Señor Precioso, tiene la palabra.

El senyor Precioso Estiguín:

Gracias, presidente.

Señora Andrés.

Yo he dicho y no.
.
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, me duelen prendas, he dicho que era una decisión valiente.
Sí, y realmente lo creo.
Pero también he de decir, y aunque sea tal vez tirar piedras sobre mi tejado, que a lo mejor era una decisión también forzada, porque en cualquier otro caso podríamos incurrir, como quien no quiere la cosa, con una facilidad extrema, en una prevaricación que te mueres.
Y la verdad, poca gracia me hacía.
Por profesión, por carrera y por honestidad personal, incluso.
.
.
, como cristiano, muy poca gracia me hacía la cuestión, para empezar.
Con lo cual, bueno, se hizo y se hizo.
Y ya está.

No, no participé en esa.
.
.
, en la confección de esa resolución.
Estaría muy bien ahora ponerme la medalla y decir: sí, sí, sí, sí, ya lo vimos, ya lo previmos, ya.
.
.
No, yo la única participación que creo que tuve fue la de ordenar su publicación en el diario oficial de la Generalidad -bueno, entonces el DOCV, actualmente diari oficial de La Generalitat-.
Ya digo, no tuve más participación que esa.

Y después me preguntaba sobre las dudas que se podrían.
.
.
, que existían sobre la exclusividad y que si nosotros éramos.
.
.
, pretendíamos ponerle fin, ¿no?
, de alguna manera a esta situación, a ese statu quo que existía.
Pues también a lo mejor estaría muy bien que yo ahora dijera que sí, que éramos.
.
.
, que militábamos en ese convencimiento moral y tal.
Y francamente, e insisto, dejando a un lado lo que tomándonos un café podría yo considerar, o usted misma, y siempre matizaríamos algunas afirmaciones o ampliaríamos otras en un contexto más relajado.
Más allá de esto, es que es lo que nos estaban indicando los informes jurídicos, con una cierta oscuridad, como antes he dicho, con una cierta ambigüedad, con una cierta.
.
.
, ¿eh?
Pero es lo que nos estaban indicando, con lo cual.
.
.
, cuando uno se encuentra.
.
.
, y por más que pueda tener un cierto conocimiento de las cosas, pero se encuentra con informes, por parte de funcionarios -por tanto, compañeros-, de alguna manera mucho más especializados que uno en una materia, que de una forma.
.
.
, sesuda, concienzuda, citando autoridades, citando sentencias y tal, es que también es difícil sustraerse, por más que uno tenga un planteamiento en un sentido o en otro, cuando te están diciendo: Â«Cuidado que estás por aquí.
Â»

Entonces, nosotros optamos por esa decisión, porque entendimos, valoramos en un momento dado, tras muchas reuniones, tras muchos pronunciamos, entendimos que esa era la solución más idónea o menos gravosa, porque tampoco sabes muy bien por dónde enfocarlo, menos gravosa para los intereses públicos y para interés general.
Dijimos, vamos a tirar por aquí, que entendemos que es la forma en la que mejor podemos satisfacer el interés general, que, como ustedes saben mejor que yo, es el norte al que debe dirigirse la actividad de la administración.
Con lo cual, bueno, lo hicimos porque, de acuerdo con los informes, existía esa posibilidad de hacerlo y entendimos que esa era la línea que había que seguir, de acuerdo con.
.
.
, ya digo, además informes ya no solo de los letrados que estaban destacados en la propia conselleria, sino incluso con el propio director general de la abogacía de la Generalidad, porque ya.
.
.
teníamos informes patentes, dos o tres informes por cada trámite.
Era una cosa, una situación francamente horrorosa, también lo digo.

No sé si he respondido a lo que me ha preguntado.

El senyor president:

Muchas gracias.

Tiene la palabra la señora María José Ferrer, en nombre del Grupo Popular.

La senyora Ferrer San Segundo:

Proseguimos.

Y yo quería.
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, algo que le he preguntado, don Carlos, que hablábamos un poco de las necesidades y que nos contara un poco cuál era la problemática en cuanto a la gestión, porque aquí parece que todo el día estaban con el código en la mano o con cuestiones jurídicas, pero había problemática en la cuestión por aplicación de la ley de dependencia o por la falta de dotación por parte del estado de esa ley de dependencia, que no se recibía, sin embargo, la contrapartida para la comunidad, en ese orden de las necesidades de las personas que hablábamos antes y que quizá ahí creo que no me ha contestado del todo a estas preguntas.

Luego, en otro orden de cosas, bueno, decir que, efectivamente, en el tiempo que usted está allí sale la Orden 21/2012 y la resolución de febrero de 2012, que efectivamente, digamos, marcan un rumbo, pero yo quisiera que nos confirmara como hecho que la piedra de bóveda jurídica de ese cambio es la ley de emprendedores, ¿eh?
, es decir, sobre la que pivotan todos los informes -al menos, todos los informes que yo he podido leer- y que quien realiza esa.
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, a la vista no de una ilegalidad o nulidad ab initio o ex tunc, sino por una inaplicación sobrevenida, ¿eh?
, o una aplicación sobrevenida, es el anterior Consell del Partido Popular, voy a decirlo así porque quede con absoluta claridad.
Porque, claro, cuando se habla de una decisión valiente, disculpe, pero da la sensación de que sea solo usted, ¿no?
Y, entonces, yo quisiera que se aclarara que eso, claro, es decir, que realmente eso corresponde a una decisión respaldada lógicamente por el subsecretario autonómico, Consell, presidente del Consell y, en fin, el Consell en su conjunto.

Y cuando aquí se habla muchas veces de que se reciben presiones, de que se han cometido irregularidades, pues yo tengo la sensación, y quiero que usted lo confirme como hecho, que no se habrían dado esos pasos o no se habría hablado de un acuerdo marco de concertación que se tenía ya preparado, si realmente se tuvieran esas presiones de las que se estaban hablando, porque es incompatible respecto de esto, al menos para cometer irregularidad.
Por tanto, era un poco confirmar, como decía, que esas órdenes nacen de esa clave de bóveda jurídica que posibilita la ley de emprendedores y que es iniciativa del Consell, tanto eso como el acuerdo de.
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, en fin, de lo que hemos comentado.

Luego, quería que nos comentara, porque durante el año.
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, hay unos acuerdos con el sector, una posibilidad de acuerdo.
En el 2008 lo hay con todos, no solo con AECAS, sino con Aerte, con Lares, con discapacidad, con los municipios.
Pero, también, en el 2012, hay un acuerdo que finalmente no se llega a firmar, pero en el que.
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, -y quisiera que nos lo confirmara; Aerte lo representaba María José Mira, que ahora está en el Consell- en el que hay cartas incluso.
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, en fin, entre ellos, donde se produce: primero, la reducción del precio del segundo tercio, cosa que además practicaron ustedes, pero luego se propone un acuerdo para, digamos, por unanimidad, poner fin a la litigiosidad, seguramente conscientes del riesgo jurídico y el riesgo económico que suponían las inversiones que se habían hecho y el riesgo también para la propia Generalitat.

Yo quisiera que nos comentara algo sobre esos acuerdos del sector, porque si bien es verdad que no se llegaron a firmar, sí que marcan cuál era la tendencia de todo el sector, y si en esos acuerdos estaba admitir el segundo tercio.
Porque yo lo he leído y estaba la admisión del segundo tercio, eso, siempre que AECAS retirara evidentemente.
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, porque, claro, no tenía ningún sentido si se seguía con la litigiosidad.
Pero, quiero decir, que eso.
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, esa formaba parte -y yo lo he leído, desde luego- de los acuerdos a los que muchas partes, incluso Aerte, estaban dispuestos a firmar.

Y, finalmente, decir si durante los cuatros años que usted estuvo en esa conselleria recibió algún tipo de presión, algún tipo de.
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, para, en fin, realizar alguna actuación, no diré ilegal, porque eso no me cabe en la cabeza de un funcionario, pero, en fin, digamos.
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, de trato de favor, vamos a llamarlo ahí, si detectó alguna irregularidad, si recibió alguna objeción de algún subordinado o, en fin, de alguien que estaba.
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, en fin, algún técnico o algún funcionario, o si hizo usted mismo algún tipo de sugerencia, etcétera.
Porque la sensación que da, desde luego, con lo que se ve, es que no hubo complacencia con AECAS, que es la que tanto se está diciendo, sino, por los litigios que vemos en los documentos, más bien al contrario.

El senyor president:

Muchas gracias.

Tiene la palabra.

El senyor Precioso Estiguín:

Gracias, presidente.

Señora Ferrer, efectivamente la problemática en aquellos momentos era.
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, por supuesto dotar de plazas al sector y demás cuestiones, pero teníamos un problema.
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Yo recuerdo como.
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, si no los peores, algunos de los peores años de mi vida, el periodo entre el 2010.
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, 2009, 2010, 2011, y ya me meto en el ámbito de la.
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, y posiblemente mitad del 2012, como algunos de los peores años de mi vida, porque -en lo que hace a la Conselleria de Bienestar Social- es que no teníamos dinero.
No teníamos dinero.
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Hacienda, cuando podía, nos daba algo, pero, efectivamente, es que es una ley que se aprueba casi sin memoria económica, la ley de la dependencia, con lo cual la provisión económica al respecto, es que no existía.
Las transferencias eran las que eran, ¡uf!
, y no había dinero.
Eso era la espada de Damocles, eso era.
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, eso sí que era diario.
Eso sí que era diario.

Esa situación yo la conozco.
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, -ya digo, ciñéndome solo a la Conselleria de Bienestar Social- la conozco a partir de julio.
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, junio, julio 2011 y no me abandona hasta julio de 2015.
La cuestión económica era.
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, francamente asfixiante.

Confirmo, confirmo que todo esto es a partir de la ley de emprendedores cuando efectivamente.
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, quiero decir, confirmo.
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, y no hace falta más que verlo en todas las actuaciones, efectivamente es a partir de ese momento cuando cambia completamente el panorama y cuando la óptica resulta alterada.
Y hay que buscar una nueva óptica y un nuevo angular, porque el que teníamos ya no nos sirve, por la Ley 14/2014.
No puede ser de otra forma.

Aclaro: efectivamente, y si he dado a entender que fue responsabilidad mía.
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Fue responsabilidad mía porque yo firmé, pero esto era una cuestión de equipo, por descontado.
O sea, cuando se toma una decisión de este calado, es la consellera la primera que da el plácet, porque si no yo lo habría tenido complicado iniciarlo, ¡uf!
, difícil.
Fue una decisión de equipo, de la secretaría autonómica, una decisión de la subsecretaría y una decisión, por supuesto, de la consellera.
No, no, por descontado.
Entre otras cosas, porque.
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, y luego ya caemos en las tonterías estas del giro de las administraciones.
Quien tiene que mandar la solicitud, el inicio de la revisión de oficio.
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, perdón, la solicitud de dictamen al Consejo Jurídico Consultivo es la consellera.
Sí, yo firmo la resolución por la que se inicia el procedimiento, pero el trámite, y usted como jurista que es lo sabe mejor que yo, el trámite del dictamen del Consejo Jurídico Consultivo tiene que solicitarlo la consellera, no el subsecretario.
Si ella no está de acuerdo, no va a firmar.
Ahí se habría acabado toda la historia.
Ya podría yo haberme puesto como hubiera querido.
No, fue una decisión por supuesto colectiva.

Sí, efectivamente hubo varias reuniones.
Yo no participé, señora Ferrer, en todas ellas, pero sí que hubo una serie de reuniones en las que estuvo muy cerca, y yo lo sé por lo que me contaban diferentes compañeros de la conselleria: Â«¡Bua!
, estamos a nada de un acuerdo con el sectorÂ», en el que efectivamente los tres operadores grandes, que eran, como usted bien ha recordado, AECAS, Aerte y Lares, efectivamente se iba, se estaba a punto de alcanzar, por lo que a mí me comentaron hacia el final de estas reuniones, un acuerdo unánime sobre precios de residencias y demás historias de éstas.
Y al final tampoco sé yo ahora decirle exactamente cuál fue la manzana de la discordia, no, como quien dice, no lo recuerdo en este momento.
Pero sí una de las condiciones que sí que se exigían pues evidentemente era que se retirasen los contenciosos que particularmente las empresas de la asociación AECAS tenía interpuestos, claro, por supuesto.
(Veus) Sí, era el segundo tercio, sí, sí, sí.
Creo recordar que sí, señora San Segundo.

Yo no he tenido nunca ninguna presión.
En aquellos casos…, presión para orientarme en un sentido u en otro, francamente no lo he tenido, más allá de la presión de las circunstancias.
Porque cuando tienes a 200 personas con discapacidad manifestándose, eso condiciona y mucho.
Y cuando quieren prenderle fuego a la conselleria, también condiciona un poquito.
Pero, vamos, más allá de esto, y no trato de hacer ningún tipo de sorna, más allá de esto no.

¿Detecté?
¡Hombre!
yo personalmente no detecté, pero los servicios de la propia Dirección General de Mayores, de la secretaria autonómica, sí que detectaban.
Y me remito a lo que decía antes, iniciaban los procedimientos de corrección correspondientes, imposición de sanciones, que después creo que debían ser ejecutadas.

En cuanto a objeciones y sugerencias por mi parte, bueno, el punto a la confección de los diferentes contratos.
Los contratos de cada año surgían de la dirección general, pasaban a la subsecretaria, en concreto al servicio de contratación, a la responsable, una de las mejores funcionarias que yo he encontrado en mis 29 años en la administración pública, subía y me decía, Â«Carlos, ocurre esto, vamos a ver estoÂ»; Â«ah, pues, mira, a ver si esto en vez de empezar en tal fecha, podemos empezar, porque así nos cuadra con la dotación presupuestaria que tenemosÂ».
Yo, más allá de estas sugerencias, no recuerdo haber hecho ninguna otra.

Y volviendo a las presiones.
Sí que es cierto que el sector era muy, muy, muy correoso, vamos a decir que era muy correoso, eh.
No lo subiremos de grado.
Diremos que era muy correoso.
AECAS, Aerte, Lares tal vez un poquito menos, las asociaciones de usuarios, era ese mundo, un mundo muy complicado, muy difícil, muy difícil.
Claro, yo, también es cierto que yo tenía compañeros que estaban, bueno, que procedían del mundo asistencial y tal, yo era jurista, yo me encuentro en esto y la verdad es que a mí me costaba más que a mis compañeros que estaban como más acostumbrados.
Pero yo recuerdo ese sector, el sector de la atención a mayores y tal, como un sector muy complicado, muy, muy, muy complicado, por todos los lados, eh, no solamente las empresas, y no en concreto una asociación específica, sino todos los operadores, todos los actores de este mundo.

La senyora Ferrer San Segundo:

(Inoïble) .
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de la conselleria para hacer alguna, he dicho, alguna actuación, digo, no ilegal, pero que saliera un poco de lo regular.
Me refería a eso.
No a la presión de la calle ni a la presión del sector, sino a la presión como funcionario, eh, como funcionario.
Es lo que he preguntado.

El senyor Precioso Estiguín:

Le respondo, señora diputada.
No, en ningún momento, ni por el señor Cabré ni por la señora Sánchez Zaplana.
Pero ni por ellos ni por ninguno de los secretarios autonómicos y tal, más allá, más allá, ojo, del intercambio de opiniones, que, oye, pues esto podíamos enfocarlo así o asá o de más allá.
¿Presión?
Ninguna.

El senyor president:

Muchas gracias.
Le damos las gracias a don Carlos Precioso por su colaboración, por haber venido a esta comisión.
Y con su intervención termina por el día de hoy esta comisión.

Espero que ustedes el miércoles, eh, me dirán; en caso de que no lo digan, esta mesa tomará la decisión correspondiente.

(S'alça la reunió a les 18 hores i 54 minuts)