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Comissió de Drets Humans realitzada el dia 14 de febrer de 2017.
Comença la reunió a les 10 hores i 41 minuts.
Presideix el diputat senyor José Juan Zaplana López.
Reunió número 4.

(Ocupa la presidència la vicepresidenta, senyora Mercedes Caballero Hueso)

La senyora vicepresidenta:

(Inoïble) .
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empieza el secretario a pasar lista.
Gracias.

(El secretari passa llista per tal de comprovar si hi ha quòrum)

(Ocupa la presidència el president, senyor José Juan Zaplana López)

El senyor president:

Buenos días.

Pasamos al orden del día.
El primer punto del orden del día es la lectura y aprobación del acta anterior.
¿Alguien tiene alguna cuestión?
¿Lo votamos?
Bueno, unanimidad.
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El segundo punto del orden del día, como pude comentar con todos los grupos.
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representantes en esta comisión, todo los grupos parlamentarios, los portavoces y las personas de la mesa, tuvimos una solicitud por parte de Amnistía Internacional, de los representantes de Amnistía Internacional, solicitando que se quedara sobre la mesa este punto.

El motivo es que el próximo día 23 de febrero la organización presenta el informe 2016-2017, y entendían.
.
.
, nos solicitaban que era un poco absurdo venir a esta comisión y dedicar un tiempo parlamentario, tanto ellos como nosotros, a explicar el informe 2015-2016, cuando en una semana iban a presentar el 2016-2017.

Lo comenté con los portavoces de los grupos si estaban todos de acuerdo en dejar el punto sobre la mesa y hacer la convocatoria automática para la próxima convocatoria que hagamos de la propia comisión donde se incorpore este punto y donde hagamos una pequeña modificación donde en lugar del 2015-2016, vengan a explicar el 2016-2017, que sería lo que.
.
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, vamos, lo que tendría el sentido.
.
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, sentido común.

Esto sí que me gustaría que lo votáramos, más que nada por la apreciación jurídica de que no sea el 2015-2016 el que vengan a explicar, sino que sea 2016-2017.
Si os parece, ¿votos a favor?
Vale, por unanimidad lo acordamos así.
Muy bien, pues así se lo trasladaremos a la organización para que lo sepan.

Si les parece a los portavoces de los grupos parlamentarios, al finalizar hacemos un pequeño.
.
.
, una pequeña reunioncilla y ponemos la fecha, y así también les avisamos a ellos de la fecha de la celebración de la comisión, independientemente de que, además de ese punto, luego pactemos otros puntos en el orden del día, pero ya sí que cerramos la fecha para que ellos puedan preparar su participación en esta comisión.

Proposició no de llei sobre la protecció i auxili de valencians i valencianes en situació de privació de llibertat en l'exterior, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 31.
019, BOC número 113)

El senyor president:

Sin más, pasamos al tercer punto, que es la toma en consideración de la Proposición no de ley sobre la protección y auxilio de valencianos y valencianas en situación de privación de libertad en el exterior, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
(Veus)

Me comentan que ha habido una enmienda del Grupo Parlamentario Compromís, pero vamos a dar la palabra.
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, al Grupo Socialista para presentar la iniciativa, por tiempo de ocho minutos.

Señora Caballero.

La senyora Caballero Hueso:

Gracias, presidente.

Primero, quisiera saludar a Javier Casado, director de la Fundación +34, a los familiares que aquí están con nosotros, pero sobre todo quisiera pedirle que trasmita nuestro afecto a todas las familias de todos aquellos que en estos momentos están sufriendo en la lejanía la desprotección de nuestro gobierno.

Podemos hablar aquí de cumplimiento de la Ley 40/2006, de 14 de diciembre; podemos hablar de la denuncia de la ONU, o del informe de la defensora del pueblo, que luego en la enmienda de Compromís hablaremos, pero creo que hoy debemos hablar de humanidad.

Según los datos de 31 de octubre de 2016, datos oficiales del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, el número de españoles en cárceles extranjeras es de 1.
336, 79 son de la Comunidad Valenciana.
Estos son los que están contabilizados, pero hay personas que no han querido declarar su procedencia, por lo que podríamos hablar de mucha más gente.
Pero, señores, solo con que una persona estuviera en esta situación ya tendría sentido esta PNL.

Todos conocemos casos concretos de españoles y españolas que han sido recluidos en cárceles extranjeras, donde las condiciones de cumplimiento de condena no son las más adecuadas.
Y más, ahora, que todos nosotros nos hemos documentado para el debate de esta PNL.

Me viene a la memoria un caso muy mediático como fue el de la valenciana María José Carrascosa, pero existen muchas más personas.
Personas anónimas que se encuentran desprotegidas en escenarios hostiles.
Podría relatarles algunos ejemplos con nombres, apellidos, escenarios, pero ponerles caras, por respeto a ellos y a sus familias, me impide la utilización de situaciones tan lamentables, porque uno más grave podría situar a los más leves en meras anécdotas, y no lo son.

Estas situaciones, señores, no nos son tan lejanas en la distancia.
Quiero recordarles que no hace tanto tiempo lo que hoy es el Complejo Administrativo Nueve de Octubre era la prisión de mujeres, prisión que lo fue hasta los años noventa.
Prisión que durante la postguerra española amontonaba a las reclusas en las celdas.

Les invito a que visiten, en la planta baja de la sede de la conselleria de agricultura, el espacio reconstruido y vean las dimensiones y condiciones en las que las mujeres cumplían sus penas.

De los casi 1.
500 españoles, tenemos contabilizados, como he dicho antes, 79 valencianos, y un alto porcentaje están presos en cárceles de países extracomunitarios, donde no podemos garantizar que se cumplan los derechos más básicos.
Hablamos de derechos como alimentación, higiene o asistencia médica.
Prisiones donde las condiciones de vida son infrahumanas y donde continuamente es vulnerada su dignidad.

Habrán leído que la mayoría de los delitos son por transporte o comercio de estupefacientes y que son fruto de la desesperación provocada por problemas económicos.

Señores, infringir la ley conlleva a la asunción de responsabilidades.
Las circunstancias personales, por mucho que nos pese, no eximen del cumplimiento de la condena.
Hay veces que incluso pensamos que se están cometiendo injusticias, pero lo que está totalmente fuera de cualquier percepción subjetiva es que esas condenas no se cumplan en condiciones dignas, que a esas personas no se les garanticen los derechos que como tal tienen.

Señores diputados, el Congreso de los Diputados aprobó en marzo de 2014, por unanimidad de todos los grupos, una PNL en la que se instaba al gobierno a mejorar las políticas de asistencia a personas presas en terceros países y agilizar el traslado a prisiones de nuestro país.

Siempre nos preguntamos cuál ha sido la efectividad de las propuestas que se aprueban tanto aquí como en otros parlamentos.
Desde luego, la de esta no parece que haya sido mucha.
No tenemos datos objetivos, pero las ayudas o gestiones diplomáticas han sido obviamente insuficientes.
Les vuelvo a recordar los datos del ministerio a octubre a 2016.
Esperamos que el nuevo ministro haga algo más que el anterior.

El gobierno no está cubriendo las necesidades y no está respondiendo a las urgencias de unos ciudadanos que se encuentran en total desamparo, sobre todo porque estamos hablando de casos en los que los presos desconocen legislación del país, el idioma, etcétera.
Y seguramente pidiendo la implicación del Consell podremos hacer mucha más presión.

Porque aquí nos podríamos centrar en exigir al gobierno que cumpliera con sus responsabilidades, pero por suerte para nosotros, y sobre todo para esas personas que están en las prisiones extranjeras, existen organizaciones que están supliendo, o si quieren complementando, las carencias con las que nos encontramos.
Y de ahí viene esta propuesta.
La Fundación +34 está en la actualidad dando apoyo, soporte y asesoramiento a muchísimos españoles.
Pero para poder hacer un buen trabajo necesita el apoyo de todos nosotros.

Nos contaba el señor Casado, el director de la fundación, el día de la reunión, que a ninguna persona se la deja sin atender por ser de una comunidad autónoma u otra, pero -y esto ya es de mi cosecha- ayuda mucho que los gobiernos autonómicos se impliquen.
Y nuestro Consell no puede ser menos.
Por eso pedimos el apoyo de la cámara para que el Consell refuerce este soporte a los valencianos que se encuentran en situación de especial necesidad, sea cual sea la causa por la que se encuentren en esa situación, y la firma de convenios con entidades sin ánimo de lucro que les prestan ayuda.

Y como la responsabilidad primera es sin duda del gobierno central, que el Consell le recuerde que debe garantizar los derechos humanos a todas las personas, y para ello debe actuar de forma contundente.

Queremos que, de forma oficial, el Consell inste al gobierno a llevar a cabo las acciones oportunas para garantizar el respeto de los derechos humanos de los presos valencianos en las prisiones extranjeras y su traslado, dentro de los acuerdos bilaterales que existen, para que cumplan las condenas en prisiones españolas, preferiblemente valencianas.

Varios parlamentos autonómicos han aprobado propuestas similares.
La mayoría por unanimidad.
Espero que no sea el parlamento valenciano otra de las excepciones.

Muchas gracias.

El senyor president:

A esta propuesta se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Compromís, y para lo cual damos la palabra, por ocho minutos también, al señor García.

El senyor García Latorre:

Moltes gràcies, senyor president.

Les persones privades de llibertat en l'estranger constituïxen un dels grups més vulnerables de població que existeixen.

El desconeixement en este cas de l'idioma, el desarrelament de familiars o amics, el desig no sempre satisfet de conéixer la seua situació processal i penitenciària o circumstàncies penoses -com l'amuntegament, la mala alimentació, la falta o deficiència en l'assistència sanitària, el consum d'estupefaents, la falta de treball penitenciari, la corrupció d'alguns funcionaris de presons, les condicions d'insalubritat o la falta de seguretat a la qual es veuen sotmesos- fa que aquestes persones meresquen una atenció prioritària; en este cas, no sols per l'administració de l'estat sinó per totes les administracions, en este cas també per l'autonòmica.

Tal com s'exposa en l'estudi sobre la situació dels presos espanyols en l'estranger que ha fet el Defensor del Poble, la situació en la qual es troben les persones privades de llibertat sol ser molt indicativa del grau de respecte que es té pels drets humans en un lloc determinat.

Si tots els països signataris de la Declaració universal de drets humans estem obligats a vetlar pel seu compliment en tota circumstància i lloc, no podem oblidar que existixen llocs en els quals el compliment d'aqueixos drets poden ser conculcats més fàcilment.
Estem parlant en este cas dels centres penitenciaris i de la privació de llibertat.

Si a la circumstància d'allunyament, ja que es tracta de persones que estan fora del seu país, afegim les legislacions molt diferents, les dificultats per a comunicar-se en les seues famílies, les situacions personals penoses per malaltia o, fins i tot, per manca de mitjans per a fer més dures les condicions de vida quotidianes, és evident que la tasca de vetlar pel compliment dels drets humans, incloent-hi la que ha d'atendre a aquells ciutadans de l'estat que estan privats de llibertat en altres països, incumbix a tots.
Com he dit abans, tant a l'administració autonòmica, com en este cas a l'administració de l'estat.

Actualment, segons les dades del Ministeri d'Assumptes Exteriors i Cooperació, a data 31 d'octubre de 2016, 74 valencians i valencianes detinguts.
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, tenien 74 valencians i valencianes detinguts i privats de llibertat en altres països, com ara és Argentina, Austràlia, Àustria, Brasil, Canadà, Colòmbia, Equador, Estats Units, França, Ghana, Itàlia, Malta, Marroc, Mèxic, Noruega, Panamà, Perú, Portugal, Regne Unit, Romania i Veneçuela.

És possible que esta xifra siga major donat el nombre de ciutadans reclosos dels quals no es té constància per la seua procedència, uns perquè no volen que a la millor se sàpiga i altres perquè fins i tot no sé té constància que estan empresonats.

Els casos responen en la seua majoria a un perfil socioeconòmic baix, que fa la seua situació dins de la presó encara molt més complicada.
Quasi cap té antecedents penals, però sí una difícil situació econòmica que els mou a embarcar-se en una operació de diners fàcils, enganyats sobretot per les grans cadenes de màfies.

En el 80% dels casos són assumptes de drogues els que acaben enviant a la presó a aquests valencians, i la resta complixen condemna per altres delectes.
Així, la majoria de reclusos valencians i valencianes estan a l'estranger en presons llatinoamericanes.

Fins fa uns anys, el perfil del detingut per narcotràfic a l'estranger era un home entre díhuit i trenta-cinc anys i consumidor o vinculat al món de les drogues.
Però en este cas la crisi que hem patit ha abocat tant homes com dones al comerç d'estupefaents per a intentar guanyar diners ràpids.

Els tràmits per a aquests presos són complicats i sobretot molt llargs.
Així, un valencià o valenciana pot tardar entre dotze i díhuit mesos per a aconseguir que s'aprove el seu trasllat i, sobretot, per fer això ha d'haver-hi una condemna ferma, i per haver una condemna també ha d'estar quasi un any més perquè se puga dictar, amb la qual cosa, amb el millor dels casos tarda quasi dos anys en poder-se fer eixe trasllat.

Sense perjudici de l'activitat que desenvolupen els consolats de l'estat en els països on es troben situats, igualment l'encomiable labor exercida per organitzacions humanitàries en l'assistència, la Llei 40/2006, en el seu article 5 estableix que els poders públics, en l'àmbit de les seues competències, establiran les mesures perquè les oficines consulars, Conselleria de Treball i Assumptes Socials i altres dependències de l'administració espanyola en l'exterior, compten amb els mitjans personals, materials i tècnics precisos per a prestar la deguda assistència, protecció i assessorament a la ciutadania espanyola a l'exterior.

De cara a l'administració general de l'estat i de les comunitats autònomes, en l'àmbit de les seues competències, prestaran especial atenció a aquells que es troben en situació de necessitat i privats de llibertat.
Fonamentalment als condemnats per dos casos, els que estan condemnats per pena cabdal i als de cadena perpètua, així com la ciutadania espanyola que haja sigut víctima de delictes de lesa humanitat en processos de repressió política.

L'estat fomentarà l'adopció de mesures encaminades a reforçar la tutela judicial dels espanyols en l'exterior, impulsant la signatura de tractats o convenis en matèries com el reconeixement de sentències i defensa dels penats.
Reglamentàriament es determinaran els supòsits que la ciutadania espanyola resident a l'exterior que manque de recursos econòmics podrà accedir en este cas a l'assistència jurídica gratuïta quan aquest benefici no existisca en els països on està empresonat.

A més, existeixen diferent convenis multilaterals i bilaterals dels quals Espanya forma part.
Estem parlant del conveni de Viena, aprovat en l'any 1963, i que tingué vigència en el 1967 i fou publicat en el 1970.
El Conveni d'Estrasburg, que parla sobre el tema de trasllats.
I els trasllats de persones condemnades suposen un avanç en este cas en la cooperació internacional entre estats, ja que permeten que una persona condemnada en territori d'un país estranger puga ser traslladada al seu país, originalment té el suport necessari dels seus familiars, coneix l'idioma i el marc jurídic penitenciari que se li va aplicar, garantit en Espanya, en este cas, garantit en Espanya pels jutges de vigilància penitenciària.

En l'esmentat estudi que fa el Defensor del Poble s'ha constatat la precarietat de les condicions de compliment de les condemnes en un bon nombre de centres penitenciaris estrangers, així com les mancances en matèria d'alimentació, atenció sanitària i higiene, i que a més de la duresa de la vida carcerària en gran part d'aquests centres penitenciaris forans, molts dels ciutadans de l'estat en règim de llibertat condicional o llibertat provisional, i que encara no poden abandonar el seu país, s'enfronten en este cas a condicions d'inestabilitat que no sempre poden trobar la resposta adequada per part de les nostres autoritats consulars, fonamentalment per la manca de mitjans que disposen per a pal·liar aquestes condicions.

Per això, des del nostre Grup Parlamentari Compromís hem presentat una esmena d'addició a aquesta proposició no de llei per a instar el Consell que inste, a la seua vegada, el Govern d'Espanya a complir les recomanacions de l'últim informe del Defensor del Poble, que inclouen a més l'assistència jurídica gratuïta per als presos sense recursos econòmics i recolzar els mitjans personals i materials per a les demarcacions consulars; millorar els canals de comunicació entre familiars i autoritats consulars, així com continuar els esforços per tal de reduir el temps mitjà de tramitació dels expedients de trasllat, que és un temps, com he dit abans, prou considerable.

En eixe sentit, en esta esmena d'addició nosaltres també donarem suport a la proposició de llei.

El senyor president:

Muy bien.
Muchísimas gracias.

La proponente tiene cuatro minutos para decir si acepta la enmienda o no.
No hace falta que los consuma.

La senyora Caballero Hueso:

Ni cuatro ni uno.

Por supuesto, anem a acceptar l'esmena d'addició del Grup Compromís.

I jo sols volia dir una cosa.
Si no fem cas dels informes de la Defensora del Poble, per a què la tenim?
Jo crec que l'informe justament este, sobre la proposta que mos ocupa és molt detallat.
I, bé, des del Grup Socialista no podem fer una altra cosa que acceptar l'esmena i recomanar al govern que faça eixa recomanació al govern central.

Gràcies.

El senyor president:

Muy bien.
Entiendo aceptada la enmienda.

Pasamos posteriormente al resto de los grupos, ya sobre el texto con la enmienda de adición.

El Grupo Podemos tendrá un tiempo de cuatro minutos.
Señora Meco.

La senyora Meco Tébar:

Moltes gràcies, president.

En primer lugar, decir que resulta aterrador que el capital siga viajando sin absolutas fronteras y que los derechos humanos se las encuentren todas, absolutamente todas en muros, en vallas, los construidos, los que desde Estados Unidos el señor Trump dice que va a acometer.
Presos en campos de refugiados y presos en centros penitenciarios en los que cada día esos presos, esas presas se encuentran faltos de todas las garantías de derecho, hasta las más mínimas, y de toda condición de dignidad del ser humano.
Triste que los derechos humanos sigan siendo una asignatura pendiente en este país y en el mundo.

Dicho lo cual, este grupo quisiera manifestar la procedencia de esta PNL en defensa del cumplimiento de derechos humanos, en defensa del cumplimiento de los convenios suscritos por nuestro país.
Y, por supuesto, vemos procedentes también las enmiendas planteadas por el Grupo de Compromís, que la concretan por donde ha de ir.

Quisiera poner de relieve algunas cuestiones que se han dicho, pero que no por dichas no son relevantes, que son o que atienden a esa falta de cumplimiento de garantías, de derechos, en definitiva, de dignidad.

Condiciones que estas personas que cumplen sus respectivas condenas, ya se ha dicho, porque mayoritariamente por qué tipo de delitos, carecen de toda condición.
Y esas asociaciones españolas y esas quejas de familiares que efectivamente han llegado al defensor del pueblo nos hablan de precaria asistencia sanitaria, incluso de asistencia sanitaria que han de costearse esas personas, que en la mayor parte de los casos no tienen recursos, que en la mayor parte de los casos sus familiares ni siquiera saben que precisan de esos recursos para ser atendidos médicamente, ni siquiera tienen la vía para poderles hacer llegar esos recursos.
Recursos que en muy pocas ocasiones se atienden desde los consulados de una manera absolutamente precaria e insuficiente, y que requerirían de una partida presupuestaria aquí, en este caso, ya que hablamos de presos valencianos, valencianas, entre países, requerirían de una partida presupuestaria para poder atender esas necesidades.
Que yo les digo a los familiares que desde ya nosotros, desde Podemos, nos comprometemos a poder tener esa partida presupuestaria, porque quienes estamos en política sabemos que cuando no hay dinero no hay política.
Por lo tanto, habrá una partida presupuestaria en el próximo ejercicio para que esas necesidades estén debidamente cubiertas.

En segundo lugar, falta de información.
Falta de información que los familiares tienen respecto de sus familiares presos.
Falta de asesoramiento jurídico, incluso en los momentos de detención, con la importancia que eso tiene y quienes somos juristas lo sabemos.
Falta de intérpretes, bueno, y esa falta de asesoramiento jurídico debiera de traducirse en un servicio de orientación gratuito, que tampoco tienen y que tienen que costearse, y que sus familiares tampoco saben que no lo han tenido y que por ello no se les ha podido prestar, y que debieran prestar los consulados.
No como se hace, favorecer una lista de abogados para que los contacten y los paguen.

Falta de intérpretes, incluso en los juicios, lo que es absolutamente demencial.
Hacinamiento en las prisiones.
Precariedad tras salir de la cárcel, en las que muchos de ellos no tienen recursos para poder volver al país.
Burocracia, como también se ha dicho, en la demora de los traslados al país de origen, incluso en casos de cumplimiento de libertad condicional, y que es absolutamente importante reducir los tiempos de tramitación.

Y termino.
Necesidad de mejoras de canales de comunicación entre familiares y autoridades consulares.

Termino diciendo que toda nuestra solidaridad a los familiares, que todo nuestro reconocimiento a las organizaciones sociales hoy presentes, que denuncian, acompañan y reclaman esas mejores condiciones.
Y toda nuestra disponibilidad en adelante para hacer efectivos esos derechos.

Muchas gracias.

El senyor president:

Muy bien, señora Meco.

A continuación, el Grupo Ciudadanos tendrá también cuatro minutos para determinar su posición sobre la propuesta, señor Rojo.

El senyor Rojo Sánchez:

Sí, buenos días, señor presidente.

Buenos días, señorías.

Ante la regulación existente a día de hoy en materia de protección de los derechos humanos en cualquier lugar y circunstancia, en virtud de la declaración universal de los derechos humanos y de acuerdo con el Estatuto de ciudadanía española, por el que se establece la obligación de garantizar a las personas residentes en el exterior el ejercicio de sus derechos y deberes, así como la protección y asistencia por parte de las administraciones, y concretamente la regulación establecida respecto a los españoles que cumplen condena en países extranjeros, centros penitenciarios que carecen de las garantías mínimas de respeto a los derechos humanos y que articula a través del Convenio de Estrasburgo sobre el tratado de personas condenadas, ha supuesto un paso necesario en el sentido de seguir avanzando en materia de cumplimiento y desarrollo de los derechos humanos.

No obstante, nos encontramos con el incremento del número de españoles que cumplen condena fuera de España, así como un aumento del número de quejas recibidas por las condiciones en que se encuentran los españoles en determinados centros penitenciarios extranjeros.
También con el incremento de quejas relativas a la excesiva demora en los expedientes de traslado e irregularidades procesales que se detectan en el desarrollo de los juicios.
Por lo que se hace patente las dificultades del cumplimiento efectivo de todas las disposiciones en materia de protección de derechos humanos en este sentido.

Como muestra de la situación de extrema gravedad y vulneración de las garantías mínimas, nos encontramos con las deficientes condiciones alimentarias y sanitarias que presentan muchos de estos centros penitenciarios, careciendo de medios técnicos y humanos para la correcta atención, tratamiento y, en su caso, aislamiento de personas con enfermedades contagiosas, haciéndose obligada y continua la intervención de los consulados para lograr que los detenidos en esta situación tengan asistencia médica, tal y como apunta el estudio del defensor del pueblo sobre centros penitenciarios de los presos españoles en el extranjero.

No obstante, ante la importante labor asistencial y humanitaria que realizan los consulados, cabe tener en cuenta que no siempre pueden llegar a desempeñar estas funciones en su totalidad, dado el creciente número de españoles, y concretamente en lo que nos toca, la existencia de cerca de cien valencianos y valencianas en los centros penitenciarios de América latina, que se encuentran en este tipo de situaciones y sobre todo por la gravedad y complejidad que revisten las mismas.
Por lo que resulta necesario considerar el encomiable trabajo y esfuerzo desempeñado por parte de las ONG, que se encargan de atender a los españoles privados de libertad en el extranjero.

De modo que, en el marco de lo dispuesto por el citado Estatuto de la ciudadanía española, resulta imprescindible el avance en la colaboración entre las administraciones públicas y dichas entidades sin ánimo de lucro para lograr un mayor alcance en la atención y protección de los derechos y necesidades más básicas de los presos.

La acción del gobierno central, en el sentido de dotar de medios personales, materiales y técnicos precisos para prestar la debida asistencia, protección y asesoramiento a la ciudadanía española en el exterior.
Así como también alcanzar los acuerdos posibles en materia de extradición para lograr que los españoles privados de libertad puedan tener la posibilidad de cumplir condena en su medio social de origen, o bien en las condiciones y garantías de respeto a los derechos humanos que se contienen en la legislación española.

Conscientes de este escenario, el Grupo Parlamentario Ciudadanos respaldará la proposición presentada por el Grupo Socialista.

Muchas gracias.

El senyor president:

Muy bien, señor Rojo.

Tendremos también el pronunciamiento del Grupo Popular, cuatro minutos, señor Soler.

El senyor Soler Beneyto:

Muchas gracias, presidente.

Y muy buenos días y bienvenidos a los representantes de la Fundación +34 y a los familiares que hoy nos acompañan.

Miren, cualquier medida tendente a garantizar la defensa de los derechos humanos y la dignidad de las personas va a contar siempre con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular.
Más aún cuando hablamos de compatriotas que, por haber cometido algún delito, se encuentran privados de libertad en cárceles extranjeras.

No se puede alienar la condición humana por mucho que una persona se encuentre presa.
Es por ello que desde hace ya muchos años el gobierno español trabaja intensamente para mejorar las políticas de asistencia a presos españoles en terceros países y agilizar su traslado a prisiones españolas.

Confiamos en el Gobierno de España para mejorar los programas existentes de atención consular que permitan continuar acelerando los procesos de repatriación de los presos españoles que cumplen condena en el exterior.

Confiamos en el actual gobierno y también confiábamos en el anterior, independientemente del color político.
Porque en estas cuestiones que afectan a derechos humanos fundamentales, la posición de cualquier demócrata solo puede situarse en un (inintel·ligible) … (Se sent un soroll)

Nos parece adecuado despertar el interés y la conciencia de esta cámara sobre las condiciones en las que algunos valencianos cumplen condena fuera de España, incluso alguno de ellos, desgraciadamente, en condiciones infrahumanas que afectan a la dignidad de la persona y que constituye una falta de respeto a los derechos fundamentales.

Eso sí, despertar conciencias no debe confundirse con un argumento erróneo en que desde el Gobierno de España no se está actuando.

El gobierno y la administración tienen programas de asistencia consular que permiten que cualquier preso español en el exterior sea atendido desde el mismo instante en el que se le comunica su detención.
El objetivo no es otro que le llegue algo del estado social y democrático de derecho de España.

El gobierno, a través de la Dirección General de Españoles en el Exterior, Asuntos Consulares y Migratorios, trabaja junto con el personal consular de embajadas y consulado de España, como le decía antes, desde el mismo momento de la detención, procurándoles no solo información y visitas asiduas, sino también un seguimiento continuado de su situación.

Y esta asistencia consular se puede materializar en dos vías: la asistencia económica y la asistencia no económica.
La asistencia no económica con diversas acciones tendentes a intentar ayudar a los presos y, la económica, para paliar la situación de precariedad que tienen algunos centros penitenciarios con condiciones inferiores a las de España.

España, además de formar parte, junto con más de sesenta países, del convenio sobre traslado de personas condenadas, ha firmado más de treinta acuerdos bilaterales que regulan el traslado de personas condenadas.

Es constatable que el Gobierno de España actúa en el marco de sus competencias de forma intensa por la defensa de los derechos humanos españoles en el extranjero.

Lo que aprobamos hoy, y en eso está de acuerdo también el Grupo Parlamentario Popular, es en la PNL del PSOE para instar al Consell a que ponga de su parte, a que no se sitúe de perfil ante un problema que afecta a la dignidad de los derechos humanos de los valencianos presos en el exterior.

En definitiva, a exhortarle para que formalice convenios y tome medidas para que estos valencianos sientan también que su gobierno autonómico los defiende y ampara en igualdad de condiciones que el resto de conciudadanos y -¿por qué no?
, y en eso estamos totalmente de acuerdo con las declaraciones que ha efectuado la portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos- a que el Consell aporte económicamente a programas de ayuda a estos presos y que instaure una partida presupuestaria para poder sentir el aliento del gobierno autonómico también en la defensa de sus derechos.

Por último, quisiera hacer constar el reconocimiento de mi grupo parlamentario a esa labor callada y encomiable de misioneros, de diferentes ONG que actúan fuera de España, pues gracias a esa labor muchos presos mantienen la ilusión de seguir viviendo.
Y por supuesto, nuestro reconocimiento y nuestro apoyo a los familiares de estos presos que sufren al restricción de sus…, de los derechos de sus familiares en prisiones extranjeras.

Muchas gracias.

El senyor president:

Gracias, señor Soler.

Si no hay más intervenciones, pasamos…

La senyora Caballero Hueso:

Sí, quería matizar una cosa.

El senyor president:

Le doy… ¿Va a hacer réplica o…?

La senyora Caballero Hueso:

Sí, es una réplica, pero es un minuto.
Es matizar una cosita.

El senyor president:

Le doy un minuto.

La senyora Caballero Hueso:

El partido… Claro, el Partido Popular ha dicho que esta PNL es para instar al Consell.
Sí, esta PNL es para instar al Consell a hacer una serie de actuaciones, pero no nos engañemos, es para instar al Consell, igual que se ha instado en otros parlamentos a los diferentes gobiernos autonómicos, por la dejación también del gobierno central.

Yo quiero pensar que no es por falta de voluntad política, por supuesto, pero es cierto que si las cosas estuvieran funcionando y el gobierno central estuviera cumpliendo tanto los informes, las denuncias, como la ley, no tendríamos la cantidad de valencianos y valencianas y españoles y españolas sin ninguna cobertura, como los tenemos.

Los listados -y por poner solo un ejemplo, y acabo-, los listados del ministerio son erróneos.
Hay países en los que hay un número de presos, pongamos 15, y en el listado del ministerio aparecen 10.
Faltan presos, según los listados.
La información es fundamental.

Y la otra, la otra rama es el acelerar los trámites para los traslados, pero aquí estamos hablando de traslados con países con los que tenemos convenio bilateral.
Y otra cosa es con lo países con los que no hay ningún tipo de convenio.
Ahí es donde los presos y las presas valencianas y españolas y españoles están pasándolo peor.

Solo quería matizar eso.
Gracias.

El senyor president:

Muchas gracias.

Como ha abierto un turno de réplica, le daré también un minuto al proponente del Partido Popular, señor Soler.

El senyor Soler Beneyto:

Sí, presidente.

Sin más ánimo de enredar una cuestión en la que estamos de acuerdo, leo textual la propuesta de resolución que su partido ha presentado hoy aquí.
Tiene dos puntos.
La primera es: Â«Las Cortes Valencianas instan al Consell de La Generalitat a reforzar el apoyo a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana en el exterior que se encuentran en situación de especial necesidad por cualquier causa.
Â»

Y el segundo punto: Â«Las Cortes Valencianas instan al Consell de La Generalitat a dirigirse al gobierno central instándole para que lleve a cabo las acciones oportunas para garantizar el respeto a los derechos humanos de los presos valencianos en las cárceles extranjeras.
Â»

A todo ello nos sumamos a esa propuesta o a esa demanda que ha hecho in voce la portavoz de Podemos respecto a poder habilitar en el futuro una partida presupuestaria.
Y, en definitiva, que el Consell autonómico, el gobierno de todos los valencianos también se implique y se moje en una cuestión que consideramos fundamental para la defensa de los valencianos que están presos en el exterior.

El senyor president:

Muy bien.
Muchísimas gracias.

Ahora sí procedemos a votar.
¿Votos a favor?
Unanimidad.

Yo simplemente trasladar a las personas que hoy nos acompañan que este consenso sirva, sirva de alguna manera para paliar el sufrimiento que hemos visto todos en sus rostros durante estas intervenciones.
Intentar que si este consenso ha servido para ayudarles en algo, pues para eso trabajan estas Cortes también.
Y agradecerles su presencia.

Proposició no de llei sobre la condemna de les pràctiques d'esterilització forçada de l'expresident Alberto Fujimori, presentada pel Grup Parlamentari Podemos-Podem (RE número 36.
737, BOC número 126)

El senyor president:

A continuación, procedemos al siguiente punto en el orden del día, será el punto número 4.
Será la toma en consideración de la Proposición no de ley sobre la condena a las prácticas de esterilización forzada del expresidente Alberto Fujimori, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-Podem.

Para la presentación de la…, para la presentación de la proposición no de ley, tendrá el Grupo Podemos, que es el proponente, ocho minutos, (veus) señora Cabedo.

La senyora Cabedo Laborda:

Gracias, señor presidente.

Podemos recoge con esta propuesta la campaña Â«Somos 2.
074 y muchas másÂ», lanzada por los colectivos que están luchando por la reparación de las prácticas de esterilización forzada del gobierno del expresidente Alberto Fujimori, como son la Asociación de Mujeres Huancabamba, Demus, la Asociación SER, IAMAC, la sección peruana de Amnistía Internacional y otras asociaciones que hoy nos acompañan, como la asociación Por ti mujer ONG, o la Red Aminvi.

En la década de los años noventa, las mujeres peruanas más pobres fueron sometidas contra su voluntad a esterilizaciones forzadas como una supuesta solución a la pobreza extrema que existía en Perú.
Se trataba, en la mayoría de los casos, de mujeres indígenas, especialmente quechuahablantes, sometidas al polémico programa de control de la natalidad del gobierno del expresidente Alberto Fujimori, quien fue presidente durante toda una…, toda una década.

Este control de la natalidad se hizo a través de la aplicación del programa de salud reproductiva del método de anticoncepción quirúrgica voluntaria, que fue financiada por la Agencia de Cooperación Internacional Estadounidense y por el Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas.

A pesar de su nombre, donde se indicaba que era un método voluntario, lo cierto es que las mujeres, como es el caso de María Mamérita Mestanza, cedían coaccionadas a someterse a este tipo de intervención quirúrgica sin ninguna garantía sanitaria tras sufrir acoso y hostigamiento por parte del propio personal sanitario que se dirigía a ellas.
En algunos casos, como es el caso de la señora Mestanza, murieron como consecuencia de complicaciones en el proceso postoperatorio.

Según datos presentados en el año 2002, y solicitados por el entonces ministro de salud, el señor Solari, se calcula que entre 1995 y 2000, 331.
600 mujeres fueron esterilizadas.
Los casos fueron denunciados y archivados y vueltos a denunciar, con un recorrido de apelaciones que va desde finales de los año 90 hasta el día de hoy.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación, creada para elaborar un informe acerca de la violencia armada interna vivida en Perú entre 1980 y 2000, no analizó en concreto el caso de las esterilizaciones forzadas.
Sin embargo, sí que constató tanto la existencia de la violencia contra las mujeres como la discriminación racional durante estos años.

La comisión, esta comisión señaló que en aquellos años de conflicto armado en el Perú, la concentración de la violencia fue mayor entre la población de los márgenes sociales, es decir, entre las indígenas, las pobres y las rurales.

De allí que las tres cuartas partes del total de víctimas reportadas a la comisión fueron quechuahablantes de los departamentos más reprimidos del país.
Este sector fue el que sufrió las mayores consecuencias de la violencia y fue en este contexto cuando se planificó y cuando se ejecutó el programa nacional de salud reproductiva y planificación familiar.

Frente a esta lamentable realidad, existen numerosas normativas que entran en contradicción contra estas violencias.

En primer lugar, la propia Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racional.

En segundo lugar, los propios concepto de salud sexual que dan desde la Organización Mundial de la Salud, la OMS, hasta la Organización Panamericana de la Salud, la OPS.

Y en tercer lugar, la convenciones que tratan sobre la violencia sufrida por parte de las mujeres.

Nos referimos a la propia Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la Convención de Belém do Pará, hasta la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, quien además contiene dos recomendaciones, la recomendación número 19 y la recomendación número 21, surgidas en 1992 y 1994, es decir, durante el período en el que ya se estaban dando estas esterilizaciones forzadas.

Bien.
Estas dos recomendaciones recogen y nombran las esterilizaciones forzadas de forma explícita y hablan de ellas no como que…, no tan solo como que influyen adversamente en la salud física y mental de las mujeres, sino que además violan sus derechos a, obviamente, decidir el número y el espaciamiento de sus hijos.

Por todo ello, Podemos hoy aquí, en las Cortes Valencianas, presenta esta propuesta de las condenas…, presenta esta propuesta de condena a las prácticas de esterilización forzada del gobierno del expresidente Fujimori.

Pero como no nos conformamos con una mera declaración de condena, proponemos que esta condena se explicite por entenderla…, por entender estas esterilizaciones forzadas como prácticas machistas, racistas y clasistas contrarias a los derechos humanos de las mujeres.

Además, instamos a las Cortes Valencianas a manifestar su apoyo a las mujeres víctimas de estas prácticas y a sus familiares.

En tercer lugar, no nos conformamos con que el parlamento valenciano visibilice ese apoyo, sino que además lo instamos a que el propio gobierno valenciano también manifestando su solidaridad, cree redes de cooperación valencianas con las víctimas de esterilización forzada, especialmente a través de estrategias que construyan redes internacionales entre colectivos que trabajen por el empoderamiento de las mujeres.

Estas redes de cooperación entendemos que deberán reconocer la vulneración de derechos humanos sufridos por estas mujeres y deberán sensibilizar y visibilizar entre la ciudadanía valenciana estas violencias.

Y por último, las Cortes Valencianas entendemos que deben instar al gobierno valenciano para que a su vez inste al Gobierno de España para que lleve a cabo las medidas necesarias, tanto desde el conjunto de las instituciones españolas como en el marco de la Unión Europea y también desde los organismos internacionales donde España tenga representación, para exigir tanto la reparación de las víctimas y de sus familiares como la sanción de los responsables.

Entendemos que cuando se trata de un asunto de derechos humanos, y además vulnerados por violencias machistas y racistas, las instituciones valencianas y la Comunidad Valenciana debe aspirar a ser un referente en la condena de estas violencias, en la garantía de estos derechos humanos, pero además debemos servir de motor para que el resto de instituciones vayan por este mismo camino.

Gracias.

El senyor president:

Gracias, señora Cabedo.

A este punto se han tramitado tres enmiendas del Grupo Ciudadanos.
Entiendo, señor Rojo, que agrupamos todas las enmiendas dentro del mismo…, de la misma intervención.
Y procedemos… Tiene usted ocho minutos.

El senyor Rojo Sánchez:

Buenos días, señor presidente.

Buenos días, señorías.

Entre 1995 y 2001 fueron esterilizadas forzosamente 346.
219 mujeres y 24.
535 hombres, según un informe realizado por una comisión parlamentaria independiente en el año 2002.

El mismo Congreso Nacional de Perú investigó los casos de anticoncepción quirúrgica y concluyó que 314.
605 mujeres esterilizadas en el marco del Programa nacional de planificación familiar del gobierno de Alberto Fujimori.
El Comité Latinoamericano y del Caribe de los Derechos de la Mujer concluyó que solo el 10% de las mujeres que fueron esterilizadas en aquel período dieron su consentimiento genuino.

Hace pocos días la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha obligado a Bolivia a indemnizar y ofrecer una disculpa pública a una refugiada peruana que hace dieciséis años fue víctima de esterilización sin su consentimiento en un hospital público de La Paz después de dar a luz.
El estado deberá indemnizar por daños materiales e inmateriales y reintegrar costos y gastos, además de realizar un acto público en reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos.
Esta misma corte recordó en el año 2010 al estado peruano el compromiso que firmó en el año 2003 de investigar y sancionar debidamente a los responsables.
Sin embargo, la fiscalía de la nación ha archivado el caso de la esterilización forzada, considerando que el gobierno de Fujimori no cometió delito contra la humanidad.

A principios de 2016 comenzó a funcionar el registro de víctimas de esterilizaciones forzadas.
El motivo era registrar y documentar los casos de todas las víctimas de las esterilizaciones forzadas en el Perú, una decisión tomada por el saliente gobierno del presidente Ollanta Humala.
En este registro existe una cantidad vergonzante de mujeres que han sido víctimas de esta atrocidad.
Pero recordemos también que los hombres fueron víctimas de la barbarie y estamos en una comisión de derechos humanos de hombre y mujeres y pensamos que debería recogerse en esta proposición, al entender que la palabra víctima no puede ni debe asociarse únicamente a las mujeres sino también a los hombres.

El Programa nacional de planificación familiar del gobierno de Alberto Fujimori no solo golpeaba a las mujeres pobres, como en ninguna otra parte del continente americano.
Como hemos comentado, casi veinticinco mil hombres fueron víctimas del cuchillo japonés de Fujimori.

En Cusco, en el año 2016, se registraron 9 hombres en este registro que antes hemos comentado, que se abrió en este año 2016, como víctimas.
Entendemos que la reclamación o la exigencia de que se obligue a Perú a reparar el año sufrido por las víctimas y sus familiares debe formularse ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, como ya se está haciendo por parte de las víctimas.

Hemos presentado tres enmiendas a los puntos.
Básicamente…, el segundo punto, lo que hemos introducido es que las víctimas sean consideradas, tanto los hombres como las mujeres, que sufrieron estas esterilizaciones forzadas, en el punto 2.
Y respecto a los puntos 3 y 4 hemos intentado sintetizar un poquito la redacción, porque la veíamos que nos costaba entenderla.
Simplemente son dos matizaciones en el punto 3 y 4.

Muchas gracias.

El senyor president:

Gracias, señor Rojo.

La proponente tiene cuatro minutos para decir si acepta o no acepta las enmiendas.

La senyora Cabedo Laborda:

Gracias, señor presidente.

Podemos-Podem no va a poder aceptar las propuestas por parte de Ciudadanos.
Y no lo va a poder hacer porque entendemos que desvirtúan nuestra voluntad de poner en el foco de atención las violencias sufridas por las mujeres en un contexto bélico y de una forma muy concreta y explícita.

Nuestra voluntad de poner en el foco de atención las violencias sufridas por las mujeres es de la misma manera en la que nace el CEDAW, que es una convención que habla de las violencias sufridas por las mujeres.
Y eso no implica que haya vulneraciones que también sufran los hombres.

Pero frente a la Declaración de derechos humanos se entiende que debe haber otra convención explícita para las violencias machistas.
Exactamente igual que a nivel estatal nace la ley de 2004, exactamente igual que a nivel autonómico nace nuestra ley de 2012, que trata de forma explícita las violencias de las mujeres, exactamente igual que existen colectivos de mujeres que son las que reivindican a través de esta campaña esta propuesta que hoy presentamos y exactamente igual que en este propio parlamento valenciano se constituyó una comisión de igualdad de género de forma explícita y paralela a las otras comisiones.
Porque entendemos que, en primer lugar, las violencias que sufren las mujeres tienen un sesgo machista que el resto de violencias no tienen y que, por lo tanto, necesitan de unas propuestas concretas y enfocadas y que visibilicen ese sesgo y, en segundo lugar, porque las violencias han sido tradicionalmente invisibilizadas y, por lo tanto, ha llegado el momento de ponerlas de forma explícita encima de la mesa.

Por eso, la semana pasada desde las Cortes Valencianas había una declaración que hablaba sobre la mutilación genital, por eso las mujeres aún tenemos problemas para que se reconozca nuestro derecho al aborto y por eso hoy tenemos que estar hablando de esterilizaciones forzadas en más de trescientos mil casos de mujeres, porque además las violencias normalmente las sufrimos sobre nuestro cuerpo.

Entendemos que se desvirtúa esta forma de focalizar el asunto con las enmiendas del partido de Ciudadanos.
Y entendemos que es un desconocimiento por parte de este grupo de la perspectiva de género.

En cuanto a la segunda enmienda que se presenta, se elimina que las redes de cooperación valenciana se focalicen o se nutran a través de estrategias que trabajen por el empoderamiento de las mujeres.
Nuevamente Ciudadanos elimina tanto la palabra mujeres como la de empoderamiento que une a las mujeres, como si les asustara lo del empoderamiento de las mujeres.
Y vuelve a hablar de una forma genérica en cuanto a personas, además de sustituir lo que nosotros nombramos Â«crear redes de cooperación valencianaÂ» por un número clausus.
Están muy bien los ejemplos que han puesto de redes de cooperación valenciana en su enmienda, pero entendemos que puede haber o no entendemos por qué deben ser ese tipo de redes de cooperación valenciana y no otro tipo de redes de cooperación valenciana.

Y, en cuanto a la última enmienda, el Grupo Ciudadanos elimina que el Gobierno de España también exija la reparación de las víctimas y de sus familiares y la sanción de los responsables.
Y simplemente indica que el Gobierno de España lo haga a través de los organismos internacionales donde España tenga representación.
Nosotros entendemos que cuando se trata de un caso de derechos humanos no solamente se debe impulsar este tipo de medidas desde los organismos internacionales sino que también desde la Unión Europea y obviamente desde el Gobierno de España.
De hecho, por eso lo estamos haciendo desde las instituciones valencianas, porque entendemos que todas y cada una de ellas deben estar en la defensa y en la garantía de no sufrir ningún tipo de violencias contra estos derechos humanos.

Gracias.

El senyor president:

Gracias, señora Cabedo.

¿Concluimos el debate aquí, señor Rojo?
El señor Rojo tendrá cuatro minutos para defender su posición.

El senyor Rojo Sánchez:

Buenos días, señor presidente.

Buenos días, señorías.

Simplemente dos matizaciones o tres.
Lo que hemos intentado poner de manifiesto es que estas esterilizaciones forzadas no afectaron única y exclusivamente a las mujeres sino que también hubo hombres que se vieron afectados por estas políticas y queremos que quedara de manifiesto.
No pretendemos minimizar la atrocidad sino que creo que era de justicia que se dijera que también hubo hombres que se vieron afectados por estas medidas.

Segunda cuestión.
No nos asusta el empoderamiento de las mujeres, puede estar muy tranquila.
Sí que es verdad, yo le pediría que el punto 3 por lo menos lo releyera con un poquito más de detenimiento, porque nosotros pedimos que se fomente la cooperación.
Ustedes piden crear, al final creo que lo hemos hablado muchas veces, yo creo que sí que es importante que el Consell fomente esas vías, esa cooperación, como usted bien me explicó.
Pero no entendíamos lo de crear ex proceso, lo entenderíamos mejor como fomentar.

Y para nada creo que estábamos desvirtuando el contenido, porque decimos: Â«Fomente la cooperación con las víctimas de esterilización forzada -sean mujeres u hombres- a través de las asociaciones u organizaciones de víctimas, realizando campañas de sensibilización y haciendo visible entre la ciudadanía valenciana este tipo de agresiones contra la integridad física de las personas.
Â»

Y en el punto 3, en el punto 4, perdón, también creo que no ha sido su apreciación justa, decimos que, Â«las Cortes Valencianas insten al Consell para que a su vez inste al Gobierno de España para que lleve a cabo las medidas necesarias desde los organismos internacionales donde España tiene representación…Â».
Y es donde realmente pueda ejercer su función de lo que pedimos a continuación y hemos copiado textualmente lo que usted ha dicho que Â«exija la reparación de las víctimas y de sus familiares, a la par que las sanciones de los responsablesÂ», que es idéntico a lo que usted ha puesto.
O sea, que sí que le pediría que fuera más justa en sus apreciaciones.

Gracias.

El senyor president:

Tiene la señora Cabedo cuatro minutos.

La senyora Cabedo Laborda:

Gràcies, senyor president.

Señor Rojo, entiendo su punto de vista, pero es que Podemos tiene otro punto de vista.
Es como cuando sale el señor Rivera y dice Â«nosotros vamos a eliminar el delito de violencia de género en el Código penal, porque lo vamos a equiparar a la violencia domésticaÂ».
La violencia doméstica existe, pero la violencia de género no se puede equiparar, porque tiene un sesgo machista.

Puede ser, bueno, puede ser no, han existido esterilizaciones en cuanto a los hombres, pero las esterilizaciones en cuanto a las mujeres, aparte de que triplican el número de esterilizaciones llevadas a cabo sobre los hombres, tienen un sesgo machista.
Y de ahí que existan convenciones, existan comisiones y existan declaraciones internacionales, nacionales y regionales que recojan de forma explícita las violencias enfocadas de forma especializada o de forma concreta sobre las mujeres.

Entiendo que el Grupo Ciudadanos quiera tratarlo todo de una misma forma, pero Podemos tenemos claro que no es el mismo tipo de violencia y que no es el mismo tipo de casos.
Y de ahí la forma diferente de nuestro trato.

Cabe decir que no es única y exclusivamente una posición política de Podemos sino que nuestros tribunales, como el Constitucional, vienen diciendo desde hace unos cuantos años la diferencia que hay entre un tipo de violencia sufrida por los hombre y un tipo de violencia sufrida por las mujeres.
Y no solamente en el ámbito familiar sino que ya la propia convención de la CEDAW dice que este tipo de violencias surge en muchos otros aspectos, como los de los conflictos armados donde nos hemos encontrado con estas esterilizaciones forzadas.
Por tanto, entendemos su punto de vista, pero no lo compartimos.
Y por eso no aceptamos ni la primera, ni la segunda enmienda.

Y en cuanto a la tercera simplemente reiterar que, efectivamente, ustedes piden tanto la reparación de las víctimas y de sus familiares y tanto la sanción a los responsables copiando y pegando lo que nosotras habíamos puesto en nuestra propuesta, pero entienden que debe hacerse desde los organismos internaciones donde España tiene representación.
Es que nosotros queremos que el señor Mariano Rajoy también asuma la defensa de los derechos humanos.
Y también queremos que la Unión Europa, si tan principios de solidaridad como mínimo dice tener, también efectúe esta condena y esta apuesta por los derechos humanos a todas las escalas y en este caso a nivel internacional.

Gracias.

El senyor president:

Muy bien.

Finalizados los turnos, pasamos al posicionamiento del resto de los grupos políticos, no habiendo aceptado la enmienda y entendiendo que el texto que vamos a debatir es el inicial de la proponente.

Tendrá cuatro minutos el Grupo Compromís, señor Nadal.

El senyor Nadal Sendra:

Moltes gràcies, senyor president.

Més de tres-centes mil víctimes per ser dones indígenes i pobres.
Jo quan estava llegint l'exposició de motius de la PNL, la veritat és que em venia això al cap, els versos aquells de Maria Mercè Marçal.
I que després, com he anat llegint encara més, resulta que tot allò que estava pensant estava resumit després en la part resolutiva, quan parlava de violència masclista, classista i.
.
.
(veus), i racista.
I, bé, les companyes.
.
.
, val a dir que el control del cos de les dones ha sigut una constant en moltes formes de govern, religions i cultures, i que en el continent americà no és una excepció.

Sembla que, com a part positiva de tot açò i del que mos estem enterant, la veritat és que sembla ser que la investigació ve feta des dels mateixos organismes democràtics del govern de Perú, que s'impulsa des d'ahí.
La qual cosa mos dóna una certa esperança que les coses puguen estar canviant.
Però també, mirant cap enrere, la veritat és que en estos temes d'esterilització forçosa mos ve al cap el règim del tercer reich de Hitler, i resulta que no, que això està passant encara, està a l'ordre del dia en el món i que estem parlant de finals dels anys noranta i que, evidentment, és una situació molt desagradable pensar que l'espècie humana puguem estar encara fent estes coses, no?

Dir també que desconeixem realment moltes coses que passen al món.
Jo, personalment, desconeixia que açò haguera passat.
Havíem.
.
.
, ho parlava abans amb César, havíem tingut notícies de situacions semblants en altres llocs, com Guatemala.
Sí que teníem notícies de.
.
.
La veritat és que de Perú sabem molt poc.
Sabíem la història de Fujimori, que li deien el xinés, que es va fer famós per allò de l'autogolpe…; i poca cosa més sabíem de Perú.
I la veritat és que estes notícies que mos han portat la veritat és que mos posen en alerta i mos esglaien bastant.

S'ha parlat de la violència masclista i també, en este cas, seria important parlar de la part de la violència racista que hem vist en altres llocs del continent americà que ja tots coneixem, com Guatemala, com Mèxic, com Xile, tant pel que fa l'atac a les dones com pel que fa a les comunitat indígenes i al seu lloc i al seu territori on viuen.
D'alguna manera, és un atac contra la forma de ser i de viure contra qui és diferent, que pot arribar en algun moment a plantejar una societat diferent a la marcada per l'statu quo de l'oligarquia dominant, no?

És evident que l'esterilització s'ha fet.
.
.
Pel que conten els organismes internacionals, que són fiables, que ha sigut una esterilització feta de forma forçosa, basant-se en coaccions i amenaces.

I que, per últim, dir que nosaltres, evidentment, des de Compromís, anem a votar a favor de la proposició de Podemos.
I que intentem, també des d'esta comissió, fer valdre la veu del poble valencià, que arribe a nivell internacional perquè els drets humans siguen una qüestió integral per a tots els pobles del món, independentment, també, del gènere i de la raça, de la cultura, independentment també de la distància, sobretot de la distància comunicativa que podem tindre, en este cas, amb Perú.

Res més.

Simplement, des de Compromís, mos solidaritzem.
I també dir que esta comissió mos reunim quan mos reunim i parlem d'estes coses moltes voltes com si fóra.
.
.
, que és com, simplement, passem el punt i ja està.
Però que sí que és evident.
.
.
, sí que és molt important que no oblidem que no podem estar tota la vida només mirant-mos el melic i que moltes voltes hem d'alçar la veu per altres coses que passen al món.

Moltes gràcies.

El senyor president:

Muchas gracias, señor Nadal.

Le damos cuatro minutos al Grupo Socialista, señora Tirado.

La senyora Tirado Museros:

Sí, gràcies, senyor president.

Senyories.

No sé si són finalment dos-centes mil, tres-centes mil dones, segons el que indiquen alguns informes, les que han estat víctimes del programa d'esterilització forçada durant el govern de l'expresident Fujimori, entre els anys 1995 a 2000.

També desconec si van ser 18 dones, finalment, segons el que indiquen alguns registres, les que van morir com a conseqüència d'aquesta barbàrie que atempta directament no sols contra la seua salut, sinó contra la seua llibertat i dignitat més profunda com a persones.
Són xifres que qüestionen les organitzacions de defensa dels drets humans de les dones, perquè no reflectixen fidelment una realitat encara més crua.

Però a mi, més enllà de les xifres, m'escandalitza sobretot que, encara que en siga una, tan sols una sola dona la que haja patit aquestes agressions i violacions, només pel fet de ser dona i, a més, per viure en les zones rurals més pobres de Perú, la comunitat internacional i aquells que sí tenen en la seua mà reconéixer i denunciar aquest atemptat contra els drets humans i aquells que sí tenen els mitjans de reparació de les víctimes i els seus familiars no ho facen, no alcen la veu i es sumen al dolor dels qui ja no poden recuperar la seua mare, la seua filla o la seua germana per fer-los costat.
Dolor en molts casos físic, però sempre, i el que és pitjor, dolor psicològic.
Algunes d'elles no tornaran, però aquelles que han sobreviscut a la barbàrie necessiten recuperar la seua dignitat i la seua integritat malferida.

No sé si les evidències contra Fujimori i tres dels seus exministres apareixen en 56 documents oficials ni quants en són, finalment, els testimonis de funcionaris del ministeri que treballaven en aquest govern.

No sé tampoc la xifra exacta de les dones que foren enganyades miserablement per sotmetre's a aquestes esterilitzacions a canvi d'aliments, a canvi d'obtindre el mínim sustent per a sobreviure i cuidar dels seus.

El que sí sé és que, si hi ha una sola dona, tan sols una sola dona en qualsevol racó d'este planeta que haja patit qualsevol tipus d'agressió pel fet de ser dona, jo i el meu grup parlamentari ens sumarem a aquesta condemna, perquè és injustificable i és intolerable esta vulneració dels drets fonamentals.
Així que el Grup Parlamentari Socialista votarà a favor d'aquesta iniciativa i de tantes com perseguisquen aquest objectiu que és, en definitiva, la defensa dels drets humans.

La portaveu del Grup Podem ho ha explicat extensament.
Ha explicat la nombrosa normativa que avala la denúncia d'aquestes pràctiques.
Així que jo no afegiria més paraules; en tot cas, afegiria més fets, els que li demanem, sumant-nos a aquesta iniciativa, que complisquen estes Corts, el Consell i el Govern d'Espanya.

El nostre serà un sí.
Serà un sí també al reconeixement a tantes i tantes dones que treballen dia a dia i que lluiten dia a dia en les diferents organitzacions i en les diferents plataformes en favor d'aquesta i altres tantes causes tan nobles com aquesta.

Res més i moltes gràcies.

El senyor president:

Muchas gracias, señora Tirado.

Procedemos.
.
.
Para finalizar, los cuatro minutos al Grupo Popular.
Señora Gallén.

La senyora Gallén Peris

Gràcies, president.

Durant el govern de l'expresident Alberto Fujimori, més de tres-centes mil dones van ser esterilitzades sota el programa d'anticoncepció quirúrgica voluntària, però se desconeix quantes d'elles van ser sotmeses a esterilització forçada.
L'objectiu del programa era controlar el creixement de la taxa poblacional peruana, particularment en zones indígenes i d'extrema pobresa.

En 1997, es va tenir coneixement dels abusos del programa d'anticoncepció quirúrgica voluntària, arran de les primeres denúncies d'Hilaria Supa i les dones d'Anta, a Cusco.

En 1998, mor María Mamérita Mestanza Chávez, qui va ser sotmesa a una esterilització quirúrgica sense el seu consentiment, i morí a conseqüència de l'operació.

Un any després, organitzacions de drets humans peruanes i internacionals van presentar una querella a la comissió interamericana de drets humans contra l'estat peruà pel cas Mestanza.

En 2003, l'estat peruà va reconéixer haver violat els drets de Mestanza a la vida, integritat personal i igualtat davant la llei, i acceptà una solució amistosa amb els familiars de la víctima, que incloïa una sèrie de mesures de reparació i el compromís a fer -i açò ho pose entre cometes- una exhaustiva investigació dels fets.

Com a part d'aquest compromís, en 2004 la fiscalia va obrir una investigació, que va ser tancada en 2009 sota l'argument que no s'havien trobat indicis criminals -per això he ficat entre cometes el compromís que havien adquirit abans, perquè deien que no havien trobat indicis criminals d'una cosa tan criminal.

En 2011, després que la Cort Interamericana dels Drets Humans va considerar que aquests fets van constituir delictes de lesa humanitat i, per tant, no prescriuen, la fiscalia va ordenar la reobertura de la investigació pel cas Mestanza, i es va incloure a les més de dos mil dones esterilitzades contra la seua voluntat que, fins al moment, han estat identificades.

La recerca va ser reoberta pel ministeri públic, però aquesta vegada inclou Fujimori, qui des de 2007 complix condemna de vint-i-cinc anys de presó per delictes de lesa humanitat i corrupció, i als exministres Yong, Costa Bauer i Aguinaga.

Â«Existeixen elements probatoris per denunciar Fujimori per aquest crim de lesa humanitat, així com als qui van ser ministres de salut, que van portar endavant el pla d'esterilització massiva de dones humilsÂ», va declarar María Ysabel Cedano, directora de Demus-Estudi per a la Defensa dels Drets de la Dona.

El programa que va implantar Fujimori va ser delictiu i una de les més greus vulneracions dels drets fonamentals.

En els anys noranta, Perú va patir la pràctica de l'esterilització forçada, una violació en massa dels drets humans que va afectar, sobretot, a la població indígena.
Tota aquesta barbàrie va portar al fet que les més de tres-centes mil dones que havien patit en els seus cossos aquests abusos.
.
.
, tot i l'estigmatització de les seues comunitats que les veien com a estèrils i patir, fins i tot, violència de gènere dins de les seues llars, ja que eren acusades pels seus marits d'haver-se realitzat les intervencions per mantenir relacions sexuals amb altres hòmens.

Les dones mai van ser consultades sobre si volien o no sotmetre's a la lligadura de trompes.
Almenys díhuit dones van morir en els últims anys per complicacions derivades de l'esterilització forçosa a què van ser sotmeses.

Per això, per tot l'exposat pel Grup Parlamentari Popular, per tot l'exposat per les companyes i, sobretot, per la companya Cristina Cabedo, de Podemos-Podem, el Grup Parlamentari Popular votarà a favor d'aquesta PNL.

Gràcies.

El senyor president:

Muy bien.
Pues, muchas gracias por todas sus intervenciones.

Pasamos a votar el punto.
¿Votos a favor?
(Se sent una veu que diu: Â«Unanimidad.
Â») Unanimidad.

Bueno, pues, concluidos los puntos del orden del día, vamos a proceder a levantar la sesión.
Sí que recordarles, como les decía al principio, que los portavoces de los distintos grupos se acerquen un momento a la mesa para cerrar el día de la próxima convocatoria.

Gracias.

(S'alça la reunió a les 11 hores i 54 minuts)