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Comissió d'Economia, Pressupostos i Hisenda realitzada el dia 11 de febrer de 2010.
Comença la reunió a les 16 hores i 40 minuts.
Presideix el diputat senyor Jesús Ros Piles.
Reunió número 27.

Informe de fiscalització de les cambres de comerç de la Comunitat Valenciana (RE número 49.
659, BOC número 207), de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana (RE número 49.
660, BOC número 207), del compte general de La Generalitat (RE número 49.
661, BOC número 207) i del Fons de Compensació Interterritorial (RE número 51.
100, BOC número 207), corresponents a l'exercici de 2008

El senyor president:

(Inoïble) .
.
.
donar-li la benvinguda al senyor síndic de Comptes, habitual ja també en estes sessions, en la primera comissió que fem tots els anys en el mes de febrer, després de la parada parlamentària.

Anem a dir a la senyora secretària que veja si som els suficients en la comissió per a poder començar.

(La senyora secretària passa llista per tal de comprovar si hi ha quòrum)

La senyora secretària:

Señor presidente, hay quórum.

El senyor president:

Moltes gràcies, senyora secretària.

Anem a continuar, doncs, amb l'ordre del dia.

El primer punt és l'aprovació de l'acta de la reunió anterior.
Les senyories estan d'acord?
S'aprova l'acta per unanimitat.

El senyor president:

Passarem a continuació a debat el punt 2, 3, 4 i 5 com sempre ho hem fet.
I en eixe sentit tenim ací el síndic de Comptes perquè informe de la fiscalització dels comptes generals de La Generalitat i els altres punts de l'ordre del dia que se contemplen.

Per a allò té la paraula, quan estime convenient.

El senyor síndic major de Comptes:

Muchas gracias, señor presidente.

Buenas tardes.

Señor presidente.

Señoras y señores miembros de la Mesa.

Señoras y señores diputados de la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda.

Como en años anteriores, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley de la Sindicatura de Comptes, de 11 de mayo de 1985, y de la
convocatoria cursada por la molt excel·lent presidenta de les Corts Valencianes, según el acuerdo de la Mesa de éstas en su reunión de 9 de febrero de 2010, comparezco ante esta comisión, cuya convocatoria se recibió en el día de ayer, con el fin de presentar el informe de fiscalización del sector público autonómico valenciano correspondiente al ejercicio de 2008.

He de destacar, como en años anteriores, que estos informes de la Sindicatura de Comptes son el resultado
de un trabajo colectivo llevado a cabo durante un año por seis equipos de auditoría, bajo la dirección de los síndicos y la jefatura de los auditores, con la colaboración de los letrados de la institución y de todo el personal de la misma, sin exclusión alguna, a los que quiero agradecer su esfuerzo, especialmente a todos aquellos
que cumplimentan las últimas fases del proceso y que incluso han venido colaborando en esta presentación hasta hace unos minutos.
Sinceramente, muchas gracias a todos ellos.

Sin ánimo de ser reiterativo no puedo dejar de recordar.
.
.
, en un año más, que mi exposición y mis posteriores intervenciones procurarán ajustarse con rigor al contenido estricto de los informes y a sus
consideraciones, conclusiones y recomendaciones, que se han entendido
procedentes a tenor de la normativa vigente en materia de fiscalización pública, que la propia Sindicatura de Comptes recoge en su manual de fiscalización en el plan trienal, en el programa de actuación anual y, muy especialmente, en sus propias directrices técnicas actualizadas.

En conclusión, pues, con estos informes se pretende ante todo, y tal como viene ocurriendo
desde la creación de la sindicatura que este año precisamente se celebra su veinticinco aniversario, emitir un juicio crítico con la preceptiva obligación de enunciar las irregularidades, infracciones o deficiencias observadas, que
tiene además el carácter de opinión objetiva, técnica e imparcial respecto de las cuentas del sector público valenciano y, al mismo tiempo, ofrecer a estas Corts Valencianes, como órgano de control político, amplia información sobre la actividad de su sector público.

Con esta finalidad, empezaré por hacer una breve referencia a una parte de ese sector público, cual es el sector público local.

Aunque no es el objeto específico de esta presentación, y con el fin de dar una visión general del sector público autonómico, se destaca a continuación la rendición de las cuentas de las entidades locales que, a día de hoy, es la siguiente: cuentas presentadas en el ejercicio 2006, 525, que representan el 97% del sector público local; ejercicio de 2007, 516, que representan el 95% del sector público local, y ejercicio 2008, con el plazo sin terminar, 406 ayuntamientos que
presentan.
.
.
, son cuentas que representan el 75% del total del sector público local.

Tras la implantación de la plataforma de rendición de cuentas en acto único, y con doble efecto en colaboración con el Tribunal de Cuentas, debe significarse que los altos porcentajes de
rendición, contrastablemente los más altos de España, se deben fundamentalmente al trabajo del equipo dirigido por el síndico responsable de esta materia y a la colaboración prestada por las consellerias de Justicia y Administración Pública y de Solidaridad y Ciudadanía, así como de las tres diputaciones provinciales y de los respectivos colegios de
secretarios, interventores y tesoreros de la administración local y de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.
El resultado de todo ello se comunicará a estas Corts a través de los informes de la cuenta general de las entidades locales de 2007 y 2008
actualmente en fase de elaboración y terminación.

Esta sindicatura confía en que la inclusión de las medidas propuestas por la misma en la futura Ley de régimen local valenciano, cuyo proyecto ya ha sido publicado, y su mejora en el trámite parlamentario, permitan alcanzar una tasa de rendición de cuentas por las entidades locales del cien por cien.

Quiero a continuación, aunque sea someramente, justificar la presentación de informes separados.
De conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley de la Sindicatura de Comptes, le corresponde a ésta el control externo, económico y presupuestario de la actividad financiera del sector público valenciano y, por tanto, se presentan por separados, en primer lugar, el
informe de fiscalización de la cuenta general y sus empresas y, también separadamente, los informes de las cámaras de comercio, de las universidades públicas y los fondos de compensación interterritorial.

La tramitación interna de todos estos informes se realiza de conformidad con el artículo 60 del Reglamento de régimen interior de la sindicatura y normativa dictada en su capacidad de
autoorganización.
La tramitación parlamentaria de los informes relacionados corresponde a estas Corts.
La
presentación de estos informes se lleva a cabo, como tradicionalmente se ha hecho, en
formato electrónico.

Informe de fiscalización de las cámaras de comercio de la Comunidad Valenciana, ejercicio 2008.
Este informe se lleva a cabo específicamente en cumplimento de la Ley 11/1997, de las cámaras oficiales de comercio, industria y navegación de la Comunidad Valenciana que determinan que anualmente debe efectuarse la
fiscalización del denominado recurso cameral.
Así, en su artículo 13 se especifica que las cámaras de comercio de la Comunidad Valenciana.
.
.
, corresponde a la Sindicatura de
Cuentas la fiscalización superior del destino dado a las cantidades percibidas por estas cámaras en los términos establecidos en la ley de la sindicatura.

De acuerdo con esta competencia, la Sindicatura de Comptes ha realizado la
fiscalización, objeto del presente informe, en los términos del mandato legal exigido respecto de las cámaras de Valencia, Alicante y Castellón, llevándose a cabo la revisión formal de las cuentas del consejo de cámaras y de las cámaras de Alcoy y de Orihuela.

El volumen que recoge este informe de las cámaras se presenta también de forma separada y en formato electrónico.
El contenido de este informe fue aprobado por el Consell de la sindicatura
en su sesión de 11 de diciembre de 2009 y entregado a estas Corts el día 23 del mismo mes y año, procediéndose a su publicación y tramitación posterior.

Informe de fiscalización de las universidades públicas de la Comunidad Valenciana del ejercicio 2008.
Las universidades públicas de la Comunitat Valenciana, aun constituyendo parte del sector público autonómico dada su financiación, son objeto de fiscalización anual por parte de la sindicatura, de conformidad con el artículo 81.
5 de la Ley orgánica de universidades, 6/2001, de 21 de diciembre.

Las universidades públicas valencianas son la Universitat de València- Estudi General, la Universitat Politècnica de València, la Universidad Jaume I de Castellón, la Universidad de Alicante y la Universidad Miguel Hernández de Elche.

Aunque estas universidades públicas no forman parte de la cuenta general de la administración, en consonancia con dicha ley y de acuerdo con lo establecido en el programa
de actuación de 2009, los objetivos de la presente fiscalización fueron los siguientes: a) fiscalización de las trasferencias recibidas y del endeudamiento; b) control formal de la rendición de cuentas en todas estas universidades, y c), además, se ha realizado una auditoría operativa sobre el sistema de control interno, su organización y funcionamiento, analizando los métodos de gestión, controles y sistemas de información para su gestión.

Los respectivos informes también se presentan de forma separada y en formato electrónico y fueron aprobados el día 11 de diciembre y entregados el día 23.

Informe de fiscalización de la cuenta general de La Generalitat correspondiente al ejercicio 2008.
La
actividad de la Sindicatura de Comptes durante 2009 se enmarca en las líneas estratégicas establecidas en el plan trienal 2008-2010 y concretadas para este
ejercicio en el programa anual de actuación.

Respecto a los aspectos generales de estas cuentas, debe significarse que las
cuentas del sector público autonómico fueron presentadas por la Intervención General el día 29 de junio de 2009, y los respectivos informes de fiscalización de las mismas, tras su tramitación interna, fueron aprobados por unanimidad por el Consell de la sindicatura, a
cuyos miembros también agradezco muy especialmente este año su esfuerzo personal y lealtad institucionales ya sobradamente demostradas a
lo largo de los cinco últimos años de su gestión compartida y para que ello fuera posible puntualmente en el plazo fijado por
nuestra ley de creación.

El día 23 de diciembre de 2009 fue entregado dicho informe a la molt excel·lent presidenta de Les Corts y al molt honorable senyor president de La Generalitat, procediéndose a continuación en ese último día, y tal como ha venido haciéndose con anterioridad, a publicarlas en la página web de la sindicatura, que ha recibido 5.
566 visitas, y en el Boletín Oficial de Les Corts.

Los objetivos generales de esta fiscalización, como en años anteriores, consisten en determinar si la información financiera se presenta adecuadamente de acuerdo con los principios contables
que le son de aplicación, determinar si se ha cumplido con el principio de legalidad en la gestión de los fondos públicos, proponer medidas para mejorar la gestión económico-administrativa del sector público valenciano y proponer medidas para un más eficaz control.

Respecto a la revisión financiera y de legalidad, los trabajos se han efectuado, como es habitual, de
acuerdo con los principios y normas de auditoría del sector público.
En consecuencia, no ha incluido una revisión detallada de todas las transacciones, sino que ha comprendido todas aquellas
pruebas selectivas, revisiones de procedimientos, de registros y antecedentes y
demás técnicas habituales de auditoría que se han considerado necesarias en cada circunstancia, en función de los objetivos perseguidos, considerándose además la importancia relativa de las posibles incidencias que se detecten.

Los hechos, conclusiones y recomendaciones que se recogen en este informe se
basan, pues, en las evidencias obtenidas mediante el examen de la documentación facilitada en el curso de la fiscalización.

Los principios y normas aplicables a la información financiera y a la gestión de los fondos públicos, está sujeta fundamentalmente al principio de la imagen fiel.
El alcance de esta
fiscalización se corresponde al acuerdo del Consell, de 22 de diciembre de 2008, por el que
se remitió a las Cortes Valencianas el programa anual de actuación de 2009, de acuerdo con la máxima iniciativa que en esta materia le atribuye el artículo 14.
6 de la ley de creación y con los objetivos estratégicos establecidos en su plan trienal 2008-2010, que se fijan con pleno detalle
los entes a fiscalizar, los tipos de auditoría a realizar y, sobre todo, los alcances de cada fiscalización en base a criterios técnicos y objetivos de las áreas de riesgo, objeto de esta actividad.
En los respectivos informes se amplía la información sobre estos aspectos.

Por otra parte, merecen destacarse los siguientes apartados que suponen una
novedad y un avance ante un nuevo escenario de la fiscalización de la gestión administrativa.

En primer lugar, se trata de la auditoría de los sistemas de información.
De acuerdo con lo previsto en el plan trienal 2008-2010, la sindicatura puso
en marcha en 2008 la función de auditoría de sistemas de información.

La introducción de esta disciplina y el desarrollo de la metodología correspondiente contribuye a mejorar la calidad y fiabilidad de los informes
de fiscalización de la sindicatura, ya que posibilita la revisión de procedimientos y controles en entornos eminentemente informatizados.
En la
fiscalización de 2008 se ha revisado:

Uno.
Los sistemas de información que soportan el proceso de gestión de las nóminas del personal de la administración de La Generalitat, que a título meramente indicativo suponen 4.
940 millones de euros, y el control de la nómina de 155.
011 empleados.

Dos.
Los sistemas de información que soportan el proceso de gestión de los gastos e inversiones de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA.

Y tres.
Los sistemas de información que soportan el proceso de gestión de los gastos e inversiones del Palau de les Arts Reina Sofia Fundació de la Comunitat Valenciana.

Además, en la Fundació del Palau de les Arts Reina Sofia se ha hecho el seguimiento de las
recomendaciones efectuadas en la fiscalización del ejercicio anterior relativas al proceso de gestión de los ingresos por venta de entradas y abonos.

El resultado de estos trabajos se recoge en los respectivos informes de
fiscalización en los que se incluyen numerosas propuestas para la adopción de medidas que mejoran la gestión.
Además, y por primera vez, se adjunta un anexo con una presentación resumen en formato Power Point -deberíamos ir acostumbrándonos a la presentación de estos informes en este formato- del trabajo realizado en la auditoría de los sistemas de información que soportan el proceso de gestión de las nóminas de La Generalitat.

En cuanto a la auditoría operativa, tal y como se señala en el apartado 4.
3 de la introducción, la administración de La Generalitat, al igual que sucede con el resto de las administraciones públicas, no tiene desarrollado un sistema que incorpore indicadores para
cuantificar los resultados presupuestarios obtenidos en relación con sus costes.

Estas circunstancias suponen que la sindicatura actualmente no se plantee la
emisión de una opinión global en términos de eficiencia, eficacia y economía, sino la realización de fiscalizaciones específicas sobre determinados aspectos de la actividad de La Generalitat.
Concretamente en este ejercicio los procesos de gestión de las nóminas de personal de la administración de La Generalitat, los de gestión de las compras de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias y de la Fundación de les Arts Reina Sofia, tal como se ha indicado con anterioridad.

En el momento en que se establezca con carácter general la metodología de este tipo de auditorías, será posible la ampliación de la auditoría operativa a los distintos servicios que presta la administración autonómica.

Otro aspecto destacable y novedoso supone la entrada en vigor de la Ley de
contratos del sector público.
El 30 de abril de 2008 entró en vigor la Ley 30/2007, de contratos del sector público que derogaba la anterior ley de contratos de las administraciones públicas.
Por tanto, en este ejercicio existen dos periodos con diferentes regímenes jurídicos de aplicación a la contratación: el aplicable a los expedientes iniciados hasta el 30 de abril de 2008 -la antigua ley-, y el aplicable a los expedientes iniciados a partir de 30 de abril de 2008, la
Ley de contratos del sector público.
Como consecuencia de lo establecido en esta última, dentro del sector público cabe diferenciar la existencia de tres grupos de entidades a los que
resulta de aplicación la legislación contractual con un nivel de intensidad distinta.
Además, existen determinados supuestos específicos que se comentan en cada uno de los respectivos informes.

Los tres grupos de entidades son: a) las administraciones públicas; b) los poderes adjudicadores que no son administraciones públicas, y c) otros entes del sector público que no sean poderes adjudicadores.

En el curso de la fiscalización se ha podido apreciar que las entidades de derecho público de La Generalitat que merecen la consideración de empresas públicas, de acuerdo con lo dispuesto en su ley de creación y en el artículo 5.
2 del texto refundido de la Ley de hacienda pública de La Generalitat, no mantienen un criterio homogéneo en cuanto a tal consideración, o no como administraciones públicas a los efectos de lo dispuesto en el artículo 3.
2 de la Ley de contratos del sector público que entró en vigor, como decía, el 30 de abril de 2008.

Para aclarar esta importante cuestión, y también sobre el encuadramiento de las sociedades mercantiles, se recomienda la emisión por parte de la Junta Superior de Contratación de La Generalitat de un dictamen, o de instrucciones, en las que se establezca
los criterios que deberían ser tenidos en cuenta por todas las entidades que forman La Generalitat para
su debido encuadramiento con criterios homogéneos en alguno de los supuestos que constituyen el ámbito subjetivo de aplicación de la Ley de contratos del sector público.

Por otra parte, en determinados supuestos relativos a estas materias, el
criterio de esta sindicatura difiere del de la abogacía general o de los informes aportados por los entes que han sido objeto de
fiscalización, y en los informes individuales de fiscalización se hace constar expresamente el criterio de esta institución.

Otro aspecto también digno de mención, es la entrada en vigor del nuevo Plan general de contabilidad.
El 20 de
noviembre de 2007 se publicó el Real decreto 1.
414/2007, por el que se aprueba el nuevo Plan general de
contabilidad que entraba en vigor el 1 de enero de 2008 y que es de aplicación a los ejercicios a partir de dicha fecha, quedando derogado el anterior plan
general y demás normas en función de lo establecido en este nuevo plan.

El programa anual de 2008 de la sindicatura estableció que en todas las fiscalizaciones de empresas públicas y fundaciones públicas incluidas en los niveles de control general y focalizado en determinadas áreas, se revisaría expresamente el proceso de transición contable.

A continuación voy a entrar ya en consideración respecto del contenido del informe de fiscalización de la cuenta de La Generalitat del ejercicio 2008.
En este apartado se
presenta un resumen de los aspectos más relevantes que tienen relación con el informe de fiscalización de la cuenta de 2008, cuyo presupuesto fue de 13.
828,2 millones de euros, que han sido objeto de fiscalización en su totalidad a través de su control general.

Este resumen es el siguiente:

Uno, en relación con la liquidación del presupuesto de gastos.
El gasto de asistencia sanitaria sigue siendo el de mayor peso en el presupuesto
de La Generalitat.
El conjunto de los seis programas presupuestarios de
asistencia sanitaria suponen el 41,8% de las obligaciones reconocidas totales,
seguidos de los gastos de educación, cuyos tres programas presupuestarios ascienden a 3.
805 millones de euros de
obligación reconocida, que representan el 27,7% del total.

El creciente peso del gasto sanitario lo acredita el hecho de que las
obligaciones reconocidas de los programas de asistencia sanitaria han aumentado
un 8,4% respecto del ejercicio 2007.
En el resto de los programas de la cuenta
de la administración han aumentado un 6,4% en el mismo periodo.
El crecimiento interanual del PIB
nacional ha sido del 0,9%.

Al igual que se indicada en informes de ejercicios anteriores, los gastos
sanitarios han experimentado un fuerte aumento a lo largo del tiempo, siendo
sus causas numerosas y complejas.
Algunas de las más importantes que se vienen destacando en informes anteriores son:

En primer lugar, el fuerte incremento de la población protegida.
La población de la Comunitat Valenciana ha aumentado desde el año 1999, base del cálculo actual del sistema de financiación -que entraba en vigor en 2002-, por encima de la media nacional.
Además se ha producido un importante aumento de la población mayor de 65 años que asume más del 60% del gasto sanitario.
Igualmente se ha producido un importante
crecimiento de la población inmigrante atendida por el sistema valenciano de salud.

Una creciente demanda de los servicios sanitarios.
Se ha incrementado la plantilla de la Conselleria de Sanidad para atender el
aumento de servicios.
Asimismo, se han consolidado las remuneraciones en
concepto de productividad variable y carrera profesional.

También es digno de destacar los mayores costes en el tratamiento terapéutico y la necesidad de una gestión más efectiva.

El importante aumento de los gastos sanitarios junto con los problemas
estructurales derivados de una financiación insuficiente del sistema valenciano, no ajustado a esta realidad demográfica actual, tiene su reflejo en un indicador que la sindicatura viene poniendo
de manifiesto en sus informes desde que se recibieron las transferencias
sanitarias, y que se refiere al volumen de gasto realizado efectivamente y no
contabilizado por carecer de crédito presupuestario suficiente.

Estos problemas, comunes aunque con diferente grado de intensidad a otras
comunidades autónomas, derivados de la deficiente financiación sanitaria, deben ser considerados en la tramitación de un nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas, que se menciona en el apartado 2 de este informe.

En el apartado 7.
1.
g del informe de la cuenta de la administración se expone la evolución de las obligaciones no reconocidas y su situación al cierre del ejercicio, así como las medidas adoptadas al respecto.

La situación numérica se resume en el siguiente cuadro, en millones de euros:

Pendiente de imputar a presupuesto: gastos procedentes de 2002 a 2004, según Acuerdo del Consell de 20-04-2007: 776,6 millones de euros.
Gastos de 2006 a 2008, pagado en concepto de farmacia en 2009, 275 millones.
Revisado por Acuerdo del Consell de 13-03-2009, 579,2 millones.
Pendiente de
acuerdo, 206,8 millones de euros.

Tal como se señalaba en el informe de fiscalización del ejercicio anterior, se considera que deberían seguirse arbitrando los procedimientos necesarios y adecuados para llevar a
cabo la regularización total de la deuda sanitaria en esta comunitat.

Dos, en relación con la liquidación del presupuesto de ingresos.
La evolución de los ingresos durante 2008 ha estado marcada por los efectos de la
desaceleración económica general que está experimentando España y la Comunidad Valenciana en particular.
Los derechos reconocidos han
disminuido un 0,1% respecto de 2007 y la recaudación un 2,5%, con especial incidencia en los tributos cedidos cuya recaudación respecto del año anterior ha disminuido un 7,5%.

Tres, en relación con el balance.
De la fiscalización del balance a 31 de diciembre de 2008, surgen los siguientes comentarios -además de los dos relacionados en los apartados anteriores-: el endeudamiento financiero, que asciende a 7.
460,7 millones de euros, se
analiza detalladamente en el apartado 10 del informe de fiscalización de la cuenta de la administración, y en su fiscalización no ha surgido ninguna incidencia significativa, pudiendo concluir que su
reflejo contable es el adecuado.

Respecto del inmovilizado se ha observado y señalado la carencia de un inventario que refleje la composición actualizada y adecuada valoración de sus distintos epígrafes, debiendo insistir en la necesidad de resolver esta incidencia.

Además, en el balance surgen dos incidencias contables significativas sobre las
cuentas en el sentido que deberían incorporarse en las cuentas correspondientes del activo inmovilizado, el
valor de las infraestructuras educativas del equipamiento escolar puestos a
disposición de la Conselleria de Educación por la empresa CIEGSA por 1.
731,5 millones de euros.

En los balances a 31 de diciembre de 2008 de las universidades públicas valencianas figuran 576,9 millones de euros de derechos pendientes de
cobro derivados de los convenios de colaboración firmados, que correlativamente deberían reflejarse en las partidas acreedoras no presupuestarias del balance de La
Generalitat.

Respecto de las dos cuestiones anteriores, la Intervención General de La Generalitat, en fase de alegaciones toma en consideración estas recomendaciones.

Cuatro, en relación con los compromisos de gastos con cargo a ejercicios posteriores.
La información de la memoria relativa a los compromisos de gastos con cargo a ejercicios
posteriores no recoge los derivados de algunos contratos, convenios y acuerdos
por importe conjunto de, al menos, 2.
701 millones de euros -3.
358,4 en 2007-.

Cinco, en relación con la Ley de estabilidad presupuestaria.
Las cuentas de La Generalitat se elaboran y presentan a esta sindicatura con
arreglo a la normativa contable y presupuestaria de aplicación, que difiere en aspectos significativos de los criterios metodológicos de contabilidad nacional establecidos en el sistema europeo de cuentas.

La Intervención General ha facilitado a esta sindicatura el cálculo de la intervención general de la administración del estado sobre la capacidad o necesidad de financiación de la Comunitat Valenciana a efectos del cumplimiento de estabilidad
presupuestaria, en el que se muestra una necesidad de financiación por importe de 2.
238 millones de euros, que supone en términos negativos un 2,11 % del PIB regional.

De acuerdo con el artículo 10 de la ley, el incumplimiento de la estabilidad requiere la formulación de un plan económico-financiero de reequilibrio a tres años.

Seis, en relación con la fiscalización de la contratación.
Se ha fiscalizado la gestión de la adquisición de bienes y servicios y la aplicación de la normativa de contratación durante 2008, por parte de la administración de La Generalitat.

El resumen de los contratos adjudicados en 2008 por modalidad de contratación es el siguiente:

Por el procedimiento abierto, el 89,4% del importe de la total contratación.
Por el procedimiento restringido, el 0,4%.
Por el procedimiento negociado, el 9,7%.
En concepto de emergencia o urgencia, el 0,4% sobre el total de la contratación que supuso 1.
105,5 millones de euros.

Para llevar a cabo esta revisión en el informe que estoy presentando, además de comprobar la aplicación de la nueva normativa de contratación a la que se ha hecho referencia, se ha prestado especial atención a la revisión de la contratación en los siguientes aspectos:

a) Se ha seleccionado 45 expedientes de contratación, fiscalizando así 709,1 millones de euros del total de los 1.
105 contratados, lo cual representa
la verificación del 65% de las adjudicaciones de La Generalitat, de cuyo resultado se da
cumplida cuenta en el apartado 11 de este informe.

b) Además, y para completar esta revisión, se ha analizado el seguimiento de 7 contratos de años anteriores con pagos devengados en 2008 por un importe superior a 3.
100
millones de euros.

c) También se ha seleccionado una muestra de contratos menores de los hospitales públicos para su revisión, que supone en su conjunto el 1,2% de la contratación de los mismos.

d) Respecto de las empresas públicas, se ha cumplido sustancialmente el alcance de la fiscalización, oscilando la muestra revisada entre el 93,7 de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana hasta el 21,8 de Vaersa, pasando entre otros
por el 89,8 de Ferrocarrils de la Generalitat, con una media de revisión del 64%.
Igualmente se han revisado 23 contratos menores de la empresa
Ferrocarrils de la Generalitat.

e) La remisión de contratos al registro de esta naturaleza también ha sido objeto de comprobación, destacando el alto grado de cumplimiento por parte del servicio de
aprovisionamiento de la Conselleria de Sanidad.

Con todo ello el contenido de este informe supone un considerable avance en la
revisión de la contratación administrativa del sector público autonómico, tanto desde el punto de vista del porcentaje de muestras revisadas como
del volumen de información ofrecida y la inmediatez y actualidad de su presentación.

Siete, en relación con el seguimiento de las recomendaciones.
El programa del seguimiento de las
recomendaciones e incidencias formulado por esta sindicatura en relación con el informe del ejercicio anterior e incorporado a su programa de actuación para 2009, ha tenido respuesta de todo el sector público autonómico, lo cual ha de redundar en una mejor gestión del mismo.

En el informe del ejercicio 2007 se efectuaron un total de 233 recomendaciones,
de las cuales se han atendido en su conjunto 119, es decir, el 51,1%.

En esta materia, y respecto de la cuenta general, en el apartado 14 del informe
se hace una enumeración detallada del seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones formuladas en
el informe del ejercicio anterior.

Ocho, Les Corts y otras instituciones de La Generalitat.
En el apartado 7 del informe se ha incluido un resumen de la información contable de los altos órganos estatutarios de La Generalitat, que están integrados presupuestariamente en la cuenta de la administración, pero que, debido a su especial estatus jurídico, llevan contabilidades separadas, en las que se recogen las respectivas
operaciones económicas y presupuestarias.
Además, en el anexo de este informe se incluyen copias de las cuentas anuales elaboradas
por estos órganos.

Fiscalización de las entidades autónomas de La Generalitat, incorporadas al volumen II.

El volumen II del informe de fiscalización de la cuenta general recoge la fiscalización de las ocho entidades autónomas cuyo presupuesto para 2008 fue de 679,4 millones de euros, de los que han
sido objeto de fiscalización en los grados de control general y parcial el 71,4%, siendo el resto objeto de
una revisión formal del contenido de sus cuentas.

Fiscalización de las empresas públicas y otros entes.

En 2008 había 47 empresas públicas de La Generalitat integradas alguna de ellas en grupo.
Su presupuesto
total en 2008 fue de 2.
721,1 millones de euros, de los que fueron objeto de
fiscalización de los distintos grados de control general y parcial el 91,2%.
Todo ello se ha
llevado a cabo además del control financiero posterior realizado por la Intervención General y publicado en la web de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo con carácter previo a este informe de fiscalización.

Se ha realizado además una auditoría de los sistemas de información de CACSA, tal como he indicado con anterioridad.

Fiscalización de las fundaciones públicas de La Generalitat.

Según la información facilitada por el registro de fundaciones de la comunitat, en 2008 estaban constituidas 36 fundaciones públicas que gestionaban un gasto real contabilizado en 2008 de 118,4 millones de
euros, de los que el 58,3 han sido objeto de control parcial y el 41,7% de
control formal, revisándose al respecto la aprobación del presupuesto, su remisión al protectorado, la remisión de las cuentas y su aprobación, la fecha de formulación y personas responsables que las han formulado, y también se ha revisado y comprobado la información contenida en sus memorias y la incursión de los bienes en el inventario.
Con ello se ha pretendido revisar las áreas de riesgo, evitando duplicidades de control, ya que estas entidades han
sido objeto además de los informes de control financiero posterior llevado a cabo por la
Intervención General y que fueron publicados en la web de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo.

Se ha efectuado una auditoría de los sistemas de información del Palau de les Arts Reina Sofia Fundación de la Comunitat Valenciana.

Conclusiones generales.
Por otra parte, como consecuencia del examen y censura
de la cuenta general de La Generalitat del ejercicio 2008, llevado a cabo por
la Sindicatura de Comptes y demás informes a los que he hecho referencia en esta presentación, se ponen de manifiesto las siguientes conclusiones generales respecto de la
adecuación de la información financiera a los principios contables de aplicación y cumplimiento de la legalidad vigente en la gestión de fondos públicos.

1.
Como resultado del trabajo efectuado y con el alcance que se señala en los correspondientes apartados de los informes de fiscalización que componen el conjunto de este informe, la cuenta general de La Generalitat
del ejercicio 2008, formada por los documentos que indica el artículo 73 de la Ley de hacienda pública de La Generalitat y que se han detallado anteriormente en el propio
informe, presenta, en general, la información de acuerdo con los principios contables y de normativa legal que son de
aplicación, con las salvedades y acepciones que en su caso aparecen convenientemente señaladas en las conclusiones de los diferentes apartados del informe y expresadas,
en resumen, en esta presentación.

2.
Esta sindicatura, en cumplimiento del artículo 61.
4 de su reglamento, hace constar que, de acuerdo con el contenido de los
diversos informes incluidos en sus respectivos volúmenes, con el análisis de la documentación revisada y en el estricto cumplimiento del ejercicio de la función fiscalizadora, no ha encontrado situaciones en las que pudieran concurrir las
características básicas de responsabilidad contable que se citan en el informe y tal y como la
tiene definida la jurisprudencia.
La competencia jurisdiccional en cuanto a los
procedimientos de responsabilidad contable corresponde al Tribunal de Cuentas,
cuyas resoluciones en la materia son susceptibles de recurso ante el Tribunal
Supremo.

Permítame hacer una última consideración sobre el informe de fiscalización de la cuenta general.
No pretendo con ello ser reiterativo, sino, un año más, insistir en algo.
Quiero recordar que el artículo 8.
2 de la Ley 6/1985, de 11 de mayo, la Sindicatura de Comptes contempla la
aprobación del informe de fiscalización por las Cortes Valencianas, y ello se entiende que no encaja estrictamente en
la naturaleza y finalidad última del mismo, porque el pronunciamiento parlamentario debería hacerse sobre el contenido de dichas cuentas a la vista de aquel informe.

Estos y otros aspectos habrán de mejorarse en una futura regulación normativa de la Sindicatura de Comptes, que, en desarrollo del articulo 39 del
Estatuto de Autonomía, habrá de llevarse a cabo, para lo cual esta institución, una vez más, como comisionada de estas Cortes, se ofrece para aportar su experiencia en
dicha regulación tras veinticinco años del ejercicio de sus competencias.

Y permítame una conclusión final.
Con todo lo indicado, este informe de fiscalización del sector público autonómico, correspondiente al ejercicio 2008, de conformidad con la normativa que le
es de aplicación y las disposiciones que el Consell de la sindicatura ha aprobado en virtud de
su capacidad de autoorganización, ha pretendido incrementar la calidad de su contenido, incluso respecto de los
cinco informes precedentes presentados por este síndico.

Ante la época de crisis que estamos viviendo y ante la innecesaria revisión de la propia organización administrativa, la sindicatura ha pretendido que este informe suponga además un avance ante lo que ya hoy se percibe como un escenario nuevo del control
externo de su actividad.
Como acertadamente se dice en los códigos de ética en el ámbito de la administración pública, en cualquier país progresivo la administración debe flotar en un mar de ética y de transparencia, lo cual a su vez lleva a la eficacia y eficiencia en la
gestión.
Pues bien, la actuación de la Sindicatura de Comptes, y especialmente la del Consell, que me honro en
presidir, ha intentado cumplir al máximo aquellos principios, y por eso les presentamos este amplio documento que
contiene la más exhaustiva información sobre la administración de nuestra
comunitat, con el fin de que sus señorías lo conozcan, lo debatan y finalmente puedan llegar a conseguir aquello que el
mismo informe pretende, es decir, el mejor funcionamiento de esa administración, y que todo ello sea conocido, además, por nuestros conciudadanos y por toda la opinión pública con su más exacta divulgación, para lo cual juegan un papel fundamental los medios de comunicación.

Finalmente, una referencia al informe de fiscalización del Fondo de Compensación Interterritorial, correspondiente al ejercicio 2008.
Esta fiscalización se ha llevado a cabo para, de conformidad con el propio plan de actuación de la sindicatura, dar cumplimiento al artículo 16 de la Ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas 7/2001, de 27 de diciembre.
En cumplimiento de dicha normativa, las
conclusiones más significativas de la gestión del Fondo de Compensación Interterritorial de la Comunitat Valenciana, correspondientes al ejercicio
2008, fueron los siguientes: la dotación definitiva del fondo para el ejercicio de 2008 ascendió a 116,9 millones de euros; las peticiones de fondos cursadas a la administración del estado ascendían a 116,9 millones de euros, lo que supone un grado de ejecución del cien por cien.

El resto de los datos de este informe se hallan recogidos e el volumen separado
que lo contiene, presentado también en formato electrónico.
Este informe fue aprobado por el Consell de la sindicatura en sesión de 28 de diciembre de 2009 y remitido a estas Corts el día 26 de enero de 2010, procediéndose también a su publicación y tramitación posterior.

Muchas gracias.

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor síndic.

Com sempre, ha exposat en la comissió un informe detallat del que és el seu treball, la seua faena.
Ara serà l'opinió dels grups polítics que tindran la paraula per a pronunciar, doncs, els detalls i aquelles qüestions que no han tingut clares.

En primer lloc, té la paraula la senyora Sanz.

La senyora Sanz Alonso:

Muchas gracias.

Yo, saludarle porque es la primera vez que tengo la oportunidad de estar
compartiendo una reunión y su comparecencia.
Y, por tanto, me voy a referir a.
.
.
, tengo poco tiempo, y realmente me voy a referir en el contenido de mi
intervención al propio trabajo de la sindicatura.

Respecto a las cuentas de La Generalitat y al resto de entidades públicas auditadas ya se ha encargado.
.
.
la verdad es que la prensa, en estos últimos meses, de resaltar numerosas evidencias de mala gestión económica y de incumplimiento de la normativa de contratación pública.

Yo no voy a enumerar ahora todos los casos porque no dispongo de tiempo
suficiente, pero además ahí están las hemerotecas para demostrar el despilfarro del Consell de La Generalitat en
sociedades opacas, fundaciones de dudosa actividad, como la que hoy saltaba en
la prensa y empresas públicas al servicio de proyectos socialmente improductivos.

Yo quiero aprovechar la oportunidad, como decía, para refirme al trabajo de la propia Sindicatura de Cuentas, que se refleja
en el informe anual.
Y no dudo del trabajo que comporta y el esfuerzo para todo
el equipo que trabaja dentro de la propia sindicatura.

Para nosotros es absolutamente básico el control externo de la gestión de las administraciones públicas, pues es lo que puede asegurar que se aprovechen eficiente y eficazmente
los cada vez más limitados recursos públicos para satisfacer las necesidades de la ciudadanía, y hay que exigir, efectivamente, a quines gobiernan, que gestionen con eficacia, con eficiencia y además que, por supuesto, cumplan con la legalidad.
Y eso lo debe controlar la
sindicatura.
Y no lo digo yo, lo dice la propia Ley de la Sindicatura de
Cuentas, que se aprobó ahora hace veinticinco años, en 1985, y que en el artículo 8, apartado 3, dice literalmente que los informes referentes a las cuentas
generales habrán de pronunciarse necesariamente en los siguientes puntos:
a) determinar si la información financiera se presenta adecuadamente, de acuerdo en los principios contables
que son de aplicación; b) determinar si se ha cumplido con la legalidad vigente en la gestión de los fondos públicos; c) evaluar si la gestión de los recursos humanos y materiales de los fondos presupuestarios se han
desarrollado de forma económica y eficiente, y d) evaluar el grado de eficacia del logro de los objetivos previstos.

Y realmente, y resumiendo, la ley lo que le mandata a la sindicatura es
practicar auditorías sobre las cuentas públicas que incluyan auditorías financieras, efectivamente para controlar la información sobre las cuentas que se presentan cumpliendo los principios contables,
auditorías de legalidad -usted se refería a ellas- para controlar que se cumple la normativa, y auditorías operativas para controlar que se gestiona con eficacia, eficiencia y economía.

Y Esquerra Unida entiende que los tres controles son necesarios para asegurar
la correcta gestión de los fondos públicos, pero usted nos presenta una vez más un informe -y hace un momento usted se refería también a esto- un informe que sólo contempla realmente de una forma más extensa las auditorías financieras y de legalidad, y de una forma muy parcial o prácticamente insuficiente, la tercera auditoría, las auditorías operativas, dando razones en su informe fundamentales: uno, que la
administración de La Generalitat, al igual que sucede con el resto de las administraciones públicas, no tiene desarrollado un sistema que con carácter general incorpore indicadores para cuantificar los objetivos y permita
comparar las previsiones con los resultados obtenidos y con sus
correspondientes costes; y dos, otra razón que da en el informe, son que los recursos disponibles en la sindicatura no
permiten realizar auditorías integrales, financieras, de cumplimiento de legalidad y operativas de todo el
sector público valenciano.

Dice que estas circunstancias supone que la sindicatura actualmente no se
plantee -usted mismo lo decía hace un momento- la emisión de una opinión global en términos de eficiencia, eficacia y economía, sino la realización de fiscalizaciones específicas sobre determinados aspectos de la actividad de La Generalitat.
Es decir,
ustedes, la sindicatura, reconocen que no es capaz de evaluar la eficiencia en
la gestión de los recursos y la eficacia en la consecución de los objetivos.
Y esto, dicho así, puede parecer poco, pero realmente es nada más y nada menos, eso es una afirmación importante y de peso, y es una afirmación preocupante, pues supone el reconocimiento de que después de veinticinco años de existencia de la sindicatura, esta institución no es capaz de cumplir con una parte importante de su mandato legal.

Y realmente no valen excusas que se repitan año tras año sin hacer nada para cambiarlas.
Hay que cambiarlas.
Y si la sindicatura no
tiene los recursos necesarios, pues que los pida y recibirá -yo estoy segura- el apoyo de todos los grupos de esta cámara para que se le faciliten, porque estamos hablando de una institución que es fundamental y básica para nuestra democracia.

Y segundo, si la administración de La Generalitat no tiene desarrollado un sistema de indicadores, y lo tiene
muy parcialmente desarrollado en algunos entes, pues que lo desarrolle.
Pero,
es que ha habido veinticinco años para desarrollar todo un proceso para articular un sistema de indicadores.
Eso es obligación del gobierno del Partido Popular y no puede permanecer impertérrito que año tras año se quede marginado dentro de sus obligaciones políticas y administrativas.

Pero, en cualquier caso, las auditorías operativas deben realizarse porque así lo manda la ley, porque en estos momentos de crisis los ciudadanos del País Valenciano tienen derecho a saber si la administración gestiona bien sus recursos y atiende como corresponde a las necesidades.
Por
ejemplo, un caso clamoroso, la aplicación de la ley de la dependencia, que tantas quejas ha generado ante la Sindicatura
de Greuges, porque el País Valenciano está a la cola en el reconocimiento y en el pago de las ayudas a la dependencia.

Por eso, Esquerra Unida va a presentar una propuesta de resolución instando a que se reformule el programa anual de actuación, dentro de la autonomía que tenga la sindicatura, para que se pueda incluir por parte de la
sindicatura, con carácter absolutamente prioritario, una auditoría operativa sobre la gestión de la dependencia.
Eso es lo que realmente preocupa a decenas de miles de
ciudadanos y ciudadanas angustiados porque tienen un derecho reconocido por la
ley, pero que no se cumple por la falta de voluntad política de un gobierno que tiene otras prioridades.

Y finalizo mi intervención ofreciendo todo nuestro apoyo para incrementar los medios personales y
materiales a la sindicatura, pero exigiendo que se utilice para lo que marca la
propia ley, hacer también auditorías operativas del sector público con especial atención a los programas de mayor incidencia social.

El senyor president:

Moltes gràcies, senyora Sanz.

Té la paraula, la senyora Mollà.

La senyora Mollà Herrera:

Gràcies, senyor president.

Molt bona vesprada, senyor síndic.

Anem a vore, nosaltres anem a enfocar d'una forma diferent aquesta compareixença -li ho anuncie-.
Normalment aprofundim molt en el tema de l'informe i jo sí que voldria que vosté, si bé és cert que ha anunciat que anava a centrar-se molt, molt, molt, específicament en l'informe, voldria que participara amb mi d'este debat que jo vull plantejar-li, sobretot perquè el que vaig a fer és llançar una bateria de preguntes, d'incògnites, moltes d'elles que creguem conéixer la resposta, però que volem saber-la per part de la Sindicatura de Comptes.

I jo he de dir-li que faig açò perquè, després de quatre informes -jo he tingut el gust de comparéixer en quatre informes d'esta sindicatura-, després d'això i després de la dinàmica a la qual ens té sotmesa el Partit Popular en aquesta cambra, ens adonem que tant vostés com nosaltres estem sent protagonistes d'un joc molt brut.
I jo li dic, no sé si sap, però el Partit Popular utilitza, a vosté mateix i a la mateixa Sindicatura de Comptes, per a no donar resposta a les sol·licituds, multitud de les sol·licituds de documentació, argumentant que vostés,
(inintel·ligible) .
.
.
de Sindicatura de Comptes tenen tota eixa documentació, cosa que saben que és mentida.
I com que en eixe joc brut els fan protagonistes a vostés i a nosaltres, jo voldria posar en evidència que tampoc vostés coneixen ni la mitat de documentació que se suposa que han de tindre, segons l'habilitat absoluta del president Camps.

En eixe joc brut i en este difícil any -2008 ha sigut un difícil any-, no solament per esta dinàmica autodestructiva a què mos té sotmesos el Partit Popular en les institucions, sinó perquè és l'any del Gürtel.
I això no podem obviar-ho en aquesta compareixença.
És l'any del Gürtel i este informe no és l'informe Gürtel.
Este informe, per a nosaltres, és l'informe que va en un univers totalment paral·lel al que és la realitat que hem viscut en els nostres comptes.
I jo ho atribuïxc a la manca de transparència, però voldria que compartírem esta reflexió.

A nosaltres ens sembla greu que, coneixent totes les coses que se coneixen, la
sindicatura no haja auditat les empreses directament relacionades amb l'entramat Gürtel.
Si la sindicatura té la potestat per a decidir si passa de quatre a sis fundacions per a fiscalitzar
en un any, també ha de tindre la capacitat per a poder, almenys, exigir que, les que estan en
entredit, entren en esta fiscalització.
Podríem, almenys, fer una demanda, encara que no fóra una exigència, no?
Sabem que és difícil exigir-li res al Partit Popular de la Comunitat Valenciana, però esperàvem de la sindicatura una reacció.
No l'hem tinguda i a nosaltres ens sembla greu.

Però, és que, a més, el que no podem respondre ni nosaltres ni molta gent, a la ciutadania -que és la que vol respostes-, és com és possible que hàgem arribat a este punt, a un entramat de corrupció com el que ens ha tocat directament a la nostra comunitat, i que la sindicatura
no haja fet només que salvetats -com diu vosté- o incidències poc significatives.
No és normal, sinó és que me dóna vosté la raó -també a tots els que estem sentint- que vostés no disposen de tota la documentació que el Consell diu que tenen vostés, de totes les empreses públiques, fundacions, conselleries que han estat implicades en l'entramat.

A nosaltres, això ens sembla difícil d'entendre i més quan s'argumenta per part de la sindicatura que en esta carambola de, doncs, bé, a vore a qui li toca este any fiscalitzar-se, que sembla una tómbola, doncs que no hi ha hagut sort i no han estat justament aquestes
esguitades per l'entramat corrupte.
Ja dic, creguem que hem de canviar de criteri.
Això, ho exigirem perquè creguem que vostés han de tindre la capacitat d'exigir que, quan això se posa damunt la taula, vostés han de respondre la ciutadania d'una manera més objectiva que la política, que és la que fa el Consell.
Però, hi ha moltes coses que també volem posar damunt de la taula.
I és, per exemple, ens crida molt l'atenció que mesos després la sindicatura no puga argumentar que, si s'ha pujat el capítol II i VI, han augmentat, any rere any augmenten, però que els contractes majors baixen, això, per una deducció simple, és que han augmentat molt el nombre dels contractes menors.
Això s'ha fet públic, ho hem exposat als mitjans de comunicació, però en el seu informe no diu res.
No hi ha cap referència a la quantitat de diners que s'han multiplicat en els contractes menors, que són els que justament vostés han de denunciar perquè no són els que tenen accés directe a fiscalitzar.
A això no se fa referència en l'informe.
Jo crec que cal aprofundir molt més que en allò purament formal, que jo crec que és el que passa, que este informe se queda en allò purament formal i per això navega en un univers totalment paral·lel al que és la realitat econòmica, de gestió econòmica de la nostra autonomia.

Voldríem saber algunes coses que, potser, a vosté li semble que no toque parlar-se aquí en esta comissió, però entendrà que és una oportunitat que tenim per a plantejar-li-les.
Ens agradaria conéixer la seua opinió respecte les manifestacions del lletrat Robert Corell, quan afirmava que
existeixen ambigüitats quant a la concessió de subvencions públiques i, particularment, en la il·legalitat que s'incorria en les subvencions en els contractes de patrocini.
Aquest senyor -que vosté coneixerà perfectament- deia coses molt greus.
I jo crec que és hora que això s'aclarisca i que siga vosté el que pose un punt i seguit a esta argumentació que feia este senyor i que deixava molt clar que no s'estava actuant conforme a la legalitat.

En el seu informe, vosté conclou que no hi ha causa per la qual creguen que hagen de sol·licitar poder emprendre accions legals -diguéssim- al Tribunal de Comptes.
Però, jo crec que en les declaracions d'este senyor, que treballa directament sobre el que estem parlant avui, hi ha
alguna contradicció en l'informe.
No podem esperar que a nivell públic este senyor faça este tipus de declaracions i que no tinguen cap tipus de conseqüència perquè hi haja un informe que avale totalment el contrari.
Jo crec que vosté hauria d'aclarir-ho perquè, si no, fins a quin punt són veritat estes afirmacions que ha fet a nivell públic este senyor, o fins a quin punt se poden quedar impunes unes denúncies -diguéssim- públiques que ha fet sobre il·legalitats quant a les subvencions amb els contractes de patrocini.

Però, hi ha més coses.
Quan la Sindicatura de Comptes va a passar a determinar l'exigència de responsabilitat comptable dels funcionaris públics en el marc de la seua competència jurisdiccional?
Nosaltres creguem que ja és hora.
Vosté sap que li ho hem reclamat crec que any rere any.
Ho sap.
I vosté ens argumenta que vostés presenten açò, que no veuen res estrany i que, si volem, que ho fem nosaltres.
Jo crec que
vosté és conscient que aquí hi han moltes coses que podríem incórrer en il·legalitats i el que passa és que la verbalitat políticament ben correcta, quan se plasma en un informe, doncs, s'amaga molt.
Però, ja dic, després ens trobem les declaracions que fan membres de la sindicatura.

Hi ha més coses que creguem que cal tractar.
Per exemple, sorprén que en el compliment de la competència de control del principi de legalitat no se faça menció, en tot l'informe, a l'aplicació de la normativa europea, particularment en allò que afecta a la defensa de la lliure competència.
No li pareix res a la sindicatura digne de menció?
Si se diu clarament que les ajudes a les empreses estan prohibides pels
tractats de la Unió, i per allò que entenem que s'ha referit aquest senyor, i, d'alguna manera també, l'informe ho diu, no clar, però no hi ha res a mencionar sobre les normatives europees?

Hi ha coses que són ja dignes d'una dinàmica política, però que, clar, a nivell comptable vostés ho han de reflectir any rere any, que és el tema de les prestacions farmacèutiques, que constituïxen una important partida pressupostària.
Però, nosaltres voldríem plantejar-nos.
.
.
i ací és la part que discrepem de la manera que té la sindicatura d'enfocar l'informe, que és quedar-se en allò purament formal i no endinsar-se en allò que haurien de ser els reptes, perquè quan vosté ha parlat dels avenços que han pretés fer, doncs, jo pensava que també anaven al fil del que vull comentar-li.

El compliment de la competència de control de legalitat -no solament dels aspectes aquests que diguem- també pot ser els que diguen si els objectius marcats a nivell estatal i a nivell d'autonomia de la conselleria respecte, per exemple, que se puguen comprar
medicaments que siguen genèrics en lloc dels de marca, això, doncs, està ahí i són normes que se suposa que adopta la mateixa conselleria i que, després, no sabem per què vostés no aprofundixen.
No sé si entén el que jo vull dir.
Parla l'informe -i vosté ho admet- de l'encariment dels medicaments.
Quan diu l'encariment dels tractaments, de què estem parlant ?
De l'encariment del preu dels medicaments.
Però és que per norma, per norma, aquest govern, igual que l'estatal, s'ha de sotmetre a uns principis que garantixen que primordialment s'atenguen este tipus de medicaments i així s'abarate la despesa.
La sindicatura no és capaç d'aprofundir si eixe marc de normativa el Consell té voluntat de complir-lo.
Perquè, de moment, vostés admeten que no, perquè, si no, no s'encariria el tractament, el tractament s'encarix quan s'està comprant el medicament més car.
Però, hi ha més coses, coses que posem damunt la taula.

Volem parlar de fundacions.
És un tema difícil de tractar perquè, primer, quan hem fet un balanç d'hemeroteca, per posar alguns exemples, que sempre són molt il·lustratius, ens hem trobat una cosa que jo voldria que se l'apuntara, per si vosté ho sap, perquè me vindria bé saber-la a mi -he trobat dubtes- i és que en esta relació de fundacions -que vostés diuen que existeixen-, que vosté ha dit avui que les han tret del registre de fundacions de la Comunitat
Valenciana, doncs, hi ha una que no apareix però que resulta que és una fundació pública, que és la fundació Jaume II el Just.
No està en eixa relació de fundacions públiques, d'estes que per a carambola perquè li toque la fiscalització.
Però, és que, justament, eixa fundació -segons ha denunciat- va fer un forat en la mateixa fundació que, naturalment, ha de cobrir l'administració pública, de nou milions d'euros, en una gestió nefasta del gerent que tenia i que la senyora consellera va haver de substituir.

Esta fundació que genera este deute tan impressionant i no consta en la relació de fundacions públiques perquè vostés tinguen capacitat de fiscalitzar.
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Jo, és una d'estes coses que m'ha vingut aquí, però m'ha semblat curiosa, perquè, clar, si és pública, deuria estar en el registre; i si no és pública, no deuria rebre esta quantitat o, almenys, no deuríem nosaltres anar al rescat dels forats que creen.

Però, bé, com valora la sindicatura l'existència de tantes fundacions públiques?
Com valora la sindicatura l'activitat de determinades fundacions públiques, quan es coneix que realitzen activitats molt allunyades a l'activitat que justifica la seva existència?
Com valora la sindicatura les informacions públiques respecte els forats financers multimilionaris d'aquestes fundacions?
No solament aquesta, sinó també la de Jaume I, etcètera, etcètera.
Vull dir, hi ha un munt de fundacions.
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En una part del seu informe, de fet n'hi ha una que salta avui a la llum pública.
Vostés diuen que, bé, han encarregat auditories, que també la Intervenció General.
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ha fet un repàs i que tampoc és que hi haja massa escàndol en el tema de les fundacions.

Però, clar, això comença l'argumentari, però quan passes a la primera fundació i te diuen que, per exemple, la Fundació de Centres d'Estudis Ambientals té «una incertidumbre sobre la capacidad de la fundación para continuar su actividad»; quan segueixes la Fundación Servicio Valenciano de Empleo, «incertidumbre de la capacidad de la fundación para continuar su actividad»; Fundación.
.
.
(inintel·ligible), importe reintegrable de La Generalitat que encara no s'ha pagat; Fundación Instituto Portuario, «imposibilidad de verificar el valor de las existencias, omisión de información, salvedad de la forma de contabilizar los ingresos».
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, i aixina tres fulls, és difícil que nosaltres cregam que no hi ha res de pensar que les fundacions alguna
cosa està fallant.

Altra qüestió.
Em sembla greu, al meu parer, que només que s'hagen fiscalitzat 6 fundacions de 36, un 16%.
I, bé, d'aquella manera, que sabem que després ni tan sols el cent per cent.

Però, bé, arribem a l'última, i és la Fundació Gestió i Eficiència Empresarial.
I diu vosté: «El informe presenta una salvedad por incertidumbre sobre la capacidad de la
fundación para continuar su actividad, dependiendo de las aportaciones que realice La
Generalitat.
» I avui ja hem sabut que no era La Generalitat, sinó que era la diputació.
Vull dir, este mecanisme.
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El senyor president:

Senyora Mollà.
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La senyora Mollà Herrera:

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vostés entendran -sí, acabe, senyor president- que no apareix en el seu informe.
I no sé si és per voluntat de la sindicatura, jo sé que no, o és perquè tenen la impossibilitat de realitzar un treball més exhaustiu, sobretot que done resposta a les incògnites de la ciutadania, que és per qui vostés deurien vetlar, tota administració pública.

Em sembla difícil d'entendre com sabent les circumstàncies en què estem en els comptes de La Generalitat, vostés no hagen tingut la valentia suficient com per a no quedar-se en allò purament estricte i en allò purament formal, aprofundir una miqueta més i no, ja dic, no viatjar en un univers paral·lel.

El senyor president:

Moltes gràcies, senyora Mollà.

Té la paraula la senyora Moreno.

La senyora Moreno Fernández:

Gràcies, senyor president.

Señor síndic, bienvenido a esta casa.

La verdad es que yo creo que usted y yo somos de los más veteranos, junto con el presidente, en esta comisión, y creo que es la primera donde yo le he oído a usted hacer una reflexión personal -he entendido-.
Y usted decía que la administración debe flotar en un mar de ética y transparencia.
Yo comparto con usted esa reflexión.

Lo que pasa es que yo, sinceramente, yo tengo la sensación de que en esta comunidad y en esta tierra lo que estamos es en una gran marea
negra, en un chapapote maloliente, sinceramente.
Y lamento decir que creo que
en este chapapote maloliente en el que estamos inmersos en esta administración pública, lamento decir que el informe de sindicatura nosotros entendemos que no ha
venido a dar lo que algún año decíamos, un rayo de luz, y el rayo que abría y que nos daba la luz de lo que era la opacidad de las cuentas públicas.

Mire -antes lo ha dicho la portavoz de Compromís-, el año 2009 ha sido un año difícil, un año difícil, desde luego, para tantas y tantas personas que han ido al desempleo, sin
ninguna duda.
Pero es un año difícil también para la Generalitat valenciana y para la administración.

El 7 de febrero de 2009, en la Agencia Valenciana de Turismo, una empresa pública valenciana, se produjo un registro policial por un mandato judicial.
Se
buscaba el contrato de Fitur, de una empresa, Orange Market.
Una empresa, además, que la Sindicatura de Cuentas, en distintos informes, había ya denunciado ese tipo de problemas.

El 14 de mayo de 2009, el presidente de la Generalitat valenciana, junto con
otras personas, fue imputado por el Tribunal Superior de Justicia valenciano, porque una trama de empresas
corruptas se denunciaba que le habían hecho regalos.

El 24 de septiembre de 2009 se hace público un informe policial en el que, por ejemplo, literalmente dice que existe
un conjunto de elementos objetivos que permiten definir al conjunto de personas
vinculadas al entramado empresarial creado por Correa como una organización de carácter delictivo, dedicado a la comisión de hechos encuadrados en los delitos de corrupción y otros conexos en el ámbito de las administraciones públicas.

Ese mismo informe policial, que se hizo público y que lo leímos en todos los periódicos de esta comunidad, decía también, por ejemplo, que las buenas relaciones con personas que ocupan cargos de
responsabilidad en el partido y en el gobierno valenciano -entre comillas decía el informe, literalmente decía-, le permite mantener un nivel de negocio que se concreta tanto en eventos del
partido como en adjudicaciones de contratos públicos.

En la conclusión de ese informe policial que, repito, se hizo público y que lo leímos todos, porque fue escándalo público en esta comunidad, decía que en función de la investigación realizada por la policía, decía que la creación de un conglomerado empresarial con una especialización funcional, cuyo componente nuclear está constituido por la obtención de favores mediante la adopción de acuerdos y resoluciones favorables a la misma, a cambio de
contraprestaciones de naturaleza económica por parte de personas que ocupan puestos de naturaleza política.

Señor síndico de Cuentas de la Generalitat valenciana, los medios de comunicación en su momento se escandalizaron, pero yo tengo que preguntarle a usted: ¿cómo es posible que después de que todo esto ocurriera en el año 2009, el síndico de Cuentas, cuando presenta las cuentas, la auditoría de las cuentas de la administración pública valenciana, no presente una auditoría específica de, por ejemplo, la Sociedad Gestora de Imagen Promocional, en la que todos
hemos visto durante este año 2009 difícil que existían contratos de las empresas de la trama corrupta, o no haya presentado una
auditoría de la empresa de Circuito Motor, o una auditoria completa de la Agencia
Valenciana de turismo?

¿Cómo es posible que otros años la Agencia Valenciana de Turismo, la fiscalización tuviese más información.
.
.
se hubiese fiscalizado más completa otros años que este año, que hemos sido portada día tras día nuestras cuentas públicas -nuestra gestión de nuestra administración pública ha sido portada día tras día- y, entre otras, de estas empresas, y el órgano que debería fiscalizarlas este año no ha tenido a bien fiscalizarlo?
¿Cómo es posible, señor síndico?
No lo podemos entender.
La pregunta está clara.
¿Ustedes de verdad piensa que este año, este año, no era necesario fiscalizar esas cuentas, o a usted le han pedido que no lo
fiscalice?

Y mire, yo le pido de verdad que.
.
.
que piense la contestación, porque si malo es que dijera que no se lo han permitido -desde luego, yo espero que no diga eso-, pero también malo será que usted diga que no haya entendido que fuese necesaria la fiscalización, porque esa debe ser.
.
.
Y usted lo decía, el objetivo de la sindicatura debe ser la transparencia.
Lo ha dicho usted en
esa reflexión, la cual yo comparto con usted, una administración pública que tenga un mar de transparencia y de ética.
Y este no ha sido el año de la ética y de la transparencia en las cuentas de la administración pública valenciana.

Usted tiene un plan de trabajo, y yo lo sé, y lo hace público cada año.
Y en ese plan de trabajo, en el que dice que la sindicatura tiene que
trabajar, plantea tres tipos de auditoría o de control: el control general, el control sobre las áreas específicas y el control formal.

Nosotros entendemos que lo normal hubiera sido que, al menos, todas las
empresas que han tenido alguna relación con la trama corrupta, según la propia policía la define, hubieran tenido una auditoría con un control general.
Porque existe un programa de trabajo, pero en ese
programa de trabajo ustedes mismos, cuando hacen el programa de trabajo, dicen
que van a fiscalizar los entes más significativos por presupuesto o por importancia, pero en ese mismo dice: «y aquellos que por las diversas circunstancias se estime procedente efectuar una
fiscalización con mayor profundidad y detalle».

Esta frase, señor síndico, «aquellos que por diversas circunstancias se estime procedente», es la que nosotros no podemos entender por qué no se ha puesto en marcha durante el año 2009.
Desde febrero que surge el escándalo, desde el mes de mayo que se imputa al presidente, desde que la
sindicatura empieza a trabajar de verdad el día con las cuentas públicas, ustedes, la Sindicatura de Cuentas tenía que haber entendido que esta era una de las circunstancias que hacía procedente cambiar el plan de trabajo y ponerse a fiscalizar aquello que
ustedes, por distintas causas, inicialmente no tenían que haberlo hecho.
Primero, por tranquilidad, señor síndico, por tranquilidad porque el inocente, el que no ha hecho nada, el que de
verdad tiene la conciencia tranquila, cuanto más le aclaren, cuando más lo estudien, más tranquilo se queda.
Pero tranquilidad también para los ciudadanos, para los que usted dice servir, para que sepan de verdad
qué es lo que pasa con sus cuentas públicas.

Porque, en definitiva, por cualquiera de las causas por las que lo haya hecho
la sindicatura, en definitiva, por cualquiera de las dos, al final lo que
queda, lo que trasluce es miedo, miedo de alguien por algo que ha hecho y que
no quiere que se sepa.
Y eso es lo que se ha trasladado cuando hemos conocido
el informe de la Sindicatura de Cuentas.
De hecho -y usted lo sabrá, porque lo sigue, y es lógico porque uno entiende que siga su trabajo-, eran muchos, o la gran mayoría de los medios de comunicación, los que al día siguiente lo que trasladaban del informe de la sindicatura, cuando usted lo
hizo público, no era el contenido del informe, sino precisamente las grandes ausencias
del informe, señor síndico.

Y de verdad, yo creo que hoy es el momento de que nos lo intente aclarar.
Y le
digo de verdad que lo piense, porque creo que está en juego la institución, creo que está en juego la institución que durante mucho tiempo ha trabajado de una forma muy técnica, muy correcta, a la cual nosotros hemos agradecido -repito, lo dije antes y lo digo ahora- lo que conocíamos y la transparencia, pero este año ha sido un año excepcional.
Y, sinceramente, la opinión que tenemos desde el Grupo Parlamentario Socialista es que la sindicatura no
ha estado al nivel de la excepción que tocaba.

Y nosotros, no en su comparecencia del año pasado, porque no conocíamos lo que pasó, porque esto fue posterior, pero de esto sí que hablamos cuando debatimos las resoluciones el año pasado.
Mi grupo el año pasado planteó que estas Cortes tuviesen una resolución expresa, donde se pidiera expresamente que se auditara expresamente los
contratos de la trama Gürtel y que los auditara usted.
Y por eso yo le he dicho.
.
.
Y es verdad que el
Partido Popular votó en contra, es verdad que el Partido Popular no lo permitió, pero yo entiendo que usted tenía una vía para poderlo haber hecho de una forma independiente desde la sindicatura.
Sí que le pido, y sí que se lo pido ahora, que para el año que viene lo tenga en cuenta.

Nosotros, le adelanto ya también a usted que nosotros lo volveremos a pedir en las resoluciones que nos
corresponden después, claro que lo pediremos.
Pero también vista la experiencia, pensamos y esperamos poco del Partido Popular, esperamos
poco de su voluntad de transparencia.
Sí que la esperábamos de usted, y sí que nos gustaría haberla visto de usted.
Y sí que le adelantamos y le pedimos que el año que viene lo tenga en cuenta, ya que no lo ha tenido este año, y no sabemos si nos lo puede explicar.

Igual también que aprovecho para pedírselo a usted ahora, porque sé que el Partido Popular votará en contra, pedirle a usted que también nos gustaría que -y se lo repetiré el año que viene, por eso se lo digo ahora-, que usted el año que viene haga una fiscalización especial de lo que nosotros creemos que es la gran mentira del Partido
Popular, que están hablando día tras día de un plan Confianza, de un decreto ley que tenía un crédito extraordinario, un decreto ley que no existe, un presupuesto que no existe,
pero que hablan y hablan de él.
Y yo le pido hoy aquí que el año que viene se acuerde usted de ese decreto ley y le haga, si es posible, un
seguimiento y una fiscalización a cómo se ha cumplido con ese decreto ley.

Queda poco tiempo, pero sí me gustaría hablar, al menos, de algunos de los puntos de los que sí que ha hecho usted mención en su informe (veus), sí que ha hecho usted mención en su informe.
Aunque alguno se ponga nervioso porque no le guste lo que oye.

Mire, señor síndico.
.
.

El senyor president:

Señorías.
.
.

La senyora Moreno Fernández:

.
.
.
cuando usted presentó el informe, además de lo que no venía, tengo que reconocer que yo lo oí por la radio, oí un corte y le digo literal lo que usted dijo, que dijo que «a pesar de que Sanidad va pagando sus deudas aún hay pagos pendientes por importe de 206 millones de euros».

Yo personalmente cuando lo leí la verdad es que me quedé muy satisfecha porque dije: «Hombre, madre mía, hemos conseguido reducir un montón de facturas en el cajón».
(Algú tus) Hombre, la verdad es que lamentablemente cuando lo lees, negro sobre blanco, lo
que figura en el informe, no solo no hay ninguna reducción de las facturas en el cajón sino que han aumentado y lo que tenemos ahora mismo son 1.
837,6 millones
pendientes de imputación presupuestaria.

Supongo que no se trata de que usted quisiera ser benevolente sino que le
entendieron mal.
Me imagino que el corte que le sacó la radio fue un corte de mal entendimiento.
Pero yo sí que me gustaría preguntarle, y que nos dijera, sin ponerle paños calientes, señor síndico, sin ponerle paños calientes, ¿cree usted que este tipo de gestión económica -porque usted una de las causas, cuando habla de sanidad habla de la mala gestión económica, lo dice el informe-, cree usted que ésta puede poner en cuestión y en riesgo la continuidad del sistema de la sanidad, este tipo de
actuaciones?
Porque estas Cortes ya hicieron un programa específico para que las facturas en el cajón se pasaran a la deuda, no para pagar las facturas en el cajón sino para que la paguen dentro de un año, ocho, nueve o diez años, eso ya se hizo.
Se suponía que era un programa especial para el pasado.
Hemos visto que no es así, que no es para el pasado, que año tras año aumenta.
Hablamos ya otra vez de 1.
800 millones.

Me gustaría que, sin buscar paños calientes, sin necesidad de decir que todos los años hablan de indicadores de la sanidad y que la culpa es de la financiación -cosa que ya hemos discutido y que ya, usted y yo.
.
.
, ya sabe que alguna vez le
he dicho que no es cierto, que todos los años no, que desde que usted lo pone, antes no lo ponía, pero bueno esa discusión no quiero entrar-, pero sí que me gustaría que usted nos diga si entiende de verdad, insisto, sin ponerle paños calientes, que es sostenible el sistema de ir dejando para el futuro el que
alguien lo pague, porque también quiero hablar de los compromisos de gastos de futuro.

Cada año usted nos dice que son más los gastos del futuro, los gastos comprometidos para el futuro, que se han
dejado fuera de la contabilidad y que no figuran en el cuadro.
O sea, en el
cuadro oficial, en el cuadro de la intervención nos dice que hay un compromiso de gasto de futuro de 25.
449 millones de euros -que hay que repetirlo muchas veces para saber de qué cantidad hablamos- y cada año son más los que usted nos dice que se quedan fuera.

Este año, con las facturas pendientes en el cajón, lo de Feria Valencia, los colegios, las universidades, suman 2.
584 millones
de euros.
Si tenemos en cuenta además, como usted bien dice, el tema de CIEGSA, la deuda de CIEGSA, estamos hablando
ya de más de treinta mil millones de euros, treinta mil millones de euros de gastos comprometidos para el
futuro.
Es más del doble del presupuesto de la Generalitat valenciana.
¿Es sostenible o no es sostenible, señor síndico?

Yo antes, repito, el mar de ética y de transparencia que usted hablaba y en el que yo también creo que deben navegar las finanzas de las administraciones públicas, creo que no va unido a que el que venga detrás que arree.

Podríamos hablar de contratación y hablar también de la fiscalización que usted hace, la contratación.
Se han fiscalizado 45 de 1.
702 contratos, 45 de 1.
702 contratos, y en 35 de
los 45 usted ha encontrado incidencias.
Eso también, yo creo, que está muy lejos del mar de ética y de transparencia.

Hemos hablado antes de las empresas y de las fundaciones que no se fiscalizan.
Antes he hablado, una fundación que no tiene actividad, que sólo tiene dos señoras que trabajan ahí, sí que sabemos cuánto cobran, que tienen ordenador, que tienen alquiler, la plaza de garaje, pero
que lleva dos años y medio sin actividad.
¿El síndico de Cuentas no puede hacer nada?
¿No puede fiscalizar ese tipo de cosas?
(Tussen)

Señor síndic, termino ya, creo de verdad y lamento el haber tenido que hacerle el
planteamiento que le he hecho, pero creo de verdad que hay que seguir confiando
en la Sindicatura de Cuentas y por eso yo quiero terminar como empecé, diciéndole que yo también creo que la administración debe navegar en el mar de ética y que espero y confío que la sindicatura le ayude a ello.

Nada más y muchas gracias.

El senyor president:

Moltes gràcies, senyora Moreno.

Té la paraula el senyor Marí.

El senyor Marí Olano:

Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar quiero felicitarle a usted, a sus compañeros del consejo de la Sindicatura y al resto de funcionarios de la institución, la labor realizada al servicio directo de esta cámara, en cuanto a comisionados nuestros, y con ello de todos los valencianos.

Quiero poner de manifiesto que me imagino que usted se habrá llevado una sorpresa.
Usted venía aquí a exponer su informe y a que nosotros dijéramos lo que opinamos sobre su informe y va, y se va a ir de aquí con una lección de comunismo, pero de comunismo del bueno, ¡eh!
, del fetén, del de los buenos y viejos tiempos del estalinismo, del de los años treinta.
Aquí nos acaban de decir, fíjese usted, como anécdota nos acaban de decir que como todos somos inocentes y nadie oculta nada, es
bueno que nos fiscalicen a todos en todo, que nos graven, que nos escuchen, que
se metan hasta en el último sitio de nuestras vidas, porque como no tenemos nada que ocultar y somos inocentes, qué más nos da.

Es exactamente lo mismo que hacía la Stasi, que se ve que algunos de aquí, (remors) algunos de aquí, la añoran.
Yo me he llevado, le tengo que decir, una sorpresa.
No me he llevado una
sorpresa, constatando que algunos la añoraban; sí que me he llevado una sorpresa constatando que algunos la añoran, porque no me lo esperaba.
Y luego, a lo profundo de verdad, a lo profundo,
esto es la anécdota, a lo profundo de verdad.
Mire, dentro de la teoría marxista -porque ya puestos a llevarse usted lecciones de comunismo, se lleva también la mía-, dentro de la teoría marxista las instituciones, el derecho, es una superestructura, está al servicio, no es ni buena ni mala en sí, sino que está al servicio de la dictadura del proletariado -dictadura que deciden los que dictan, no es el proletariado, son unos cuantos
que se llaman así mismo proletarios-.

Da lo mismo lo que diga la ley.
La ley tiene que decir lo que me conviene aquí en cada momento.
Da lo mismo cuál sea la finalidad legítima de una institución.
Las instituciones no tienen otra finalidad legítima que servir a los intereses de esa especie de dictadores del proletariado
que marcan en cada momento.
Eso es lo que le han dicho a usted que haga hoy,
que se cargue su institución, que se la cargue directamente, y que se ponga al servicio de los intereses de
unos cuantos que han asumido el papel de dictadores.
Nosotros no estamos por la
labor.
Está usted comisionado de esta cámara, la mayoría de esta cámara la tiene el Partido Popular y me imagino que bueno, pues, tendrá que seguir en la medida que es comisionado de esta cámara, las decisiones que legítimamente se adopten en esta cámara, que hoy por hoy y hasta las siguientes elecciones siguen contando, esas
decisiones, con el respaldo del Partido Popular.

Esa es una de las cosas que le han dicho.
Otra de las cosas también es importante, más o menos le han venido a decir que se baje usted de ahí y se ponga aquí para suplir la inutilidad, la incompetencia, la incapacidad, de los que aquí están sentados en ocasiones, que no han conseguido hacer nada serio durante los últimos años, y bastante, y a partir de ahí entro con su informe.

Mire, a mí del informe hay una serie de cosas que me parecen bastante positivas; también las hay que no lo son tanto.
Yo creo que se tiene que seguir haciendo
esfuerzos, por ejemplo en materia de contratación.
Las deficiencias técnicas que en ocasiones se encuentran -no me ha parecido encontrar en todas las que he leído ninguna de bulto-.
Por ejemplo, no me ha parecido encontrar ninguna deficiencia de los 45 expedientes
fiscalizados detenidamente que hagan referencia a una alteración de los criterios de contratación, alguna que pudiera hacer referencia a una alteración de la decisión de quién tenía que haber sido el adjudicatario.
En otras ocasiones creo que los informes de
esta cámara, de la Sindicatura de Cuentas, sí que han puesto de relieve que si no se hubiera procedido esta deficiencia
determinada en un contrato el adjudicatario hubiera sido otro, o ese contrato
hubiera costado mucho menos.
No me ha parecido entender que de ninguna de las
deficiencias, de los 45 expedientes se derive eso.
Son anomalías técnicas, deficiencias técnicas, que se le llame como se le llame, alguna de ellas tan sencilla como el
que se ha retrasado el plazo de formalización del contrato previamente adjudicado.
No me parece a mí que tengan una trascendencia decisiva, más allá de que, tanto las autoridades como los funcionarios que tramitan los
expedientes, pues tienen que intentar ser lo más puntillosos, si se quiere incluso la expresión posible.
Y bueno, la señal de que existen estas diferencias es que no lo han sido, no.

De todas maneras sí que recoge cosas que desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Popular
son muy positivas.
Lo primero que recoge el informe -yo creo que en esto estaremos de acuerdo todos los grupos de la cámara- es que -para mí es muy importante-, es que tenemos, creo que usted ha utilizado la expresión literal «problemas estructurales de financiación insuficiente de la sanidad».
Yo creo que en esto estaremos de acuerdo todos los grupos de esta cámara.
Problemas que tienen orígenes distintos -hoy una de las diputadas que me ha precedido en el uso de la palabra ha centrado
el problema en el incremento de los medicamentos como elemento fundamental del
incremento de los tratamientos terapéuticos.
(Remors) Yo creo que no, yo creo que no es el único ni mucho menos el fundamental.
Se me ocurre un ejemplo: los tratamientos
obstétricos tienen bastante más influencia el que ahora se ponen muchas más epidurales que antes, tiene mucha más influencia en el que ahora hay bastantes más ginecólogos por paciente que antes, que que haya subido el coste de la oxitocina, que
no ha subido demasiado, si se puede decir que ha subido algo, yo creo que es más, ha ido a la baja, el coste concreto de la oxitocina.
Y lo digo con un cierto
conocimiento de causa.

Usted ha puesto de relieve cuáles son las causas de esa deficiente financiación sanitaria.
Son las causas que el partido Popular ha identificado desde hace
muchísimo tiempo, son las causas que comparten los otros grupos de esta cámara aunque con la boca pequeña no sea que crean que nos pueden hacer algún regalo en nuestra labor de apoyo al gobierno, y son las causas por todos
constatadas: un incremento cuantitativo muy importante de la población protegida, especialmente lo derivado a la población inmigrante, la existencia de fenómenos externos a la Comunidad Valenciana que hacen que se incrementen las
obligaciones sanitarias de la Comunidad Valenciana, como puede ser todo el tema
de turismo sanitario, como puede ser todo el tema de desplazados, residentes de
otros países, el incremento desmesurado de las demandas de la población de tratamientos específicos, etcétera, etcétera.
Y por otro lado, es decir, un coste, un incremento tremendo de la demanda,
y por otro lado una congelación de la financiación puesta al servicio para satisfacer esos incrementos tremendos de la demanda.

Eso lo dice el informe.
Yo lo comparto plenamente, no le puedo decir otra cosa,
pero creo que es bueno que un organismo como el suyo lo diga.

En segundo lugar, me parece positiva la evolución a pesar de los intentos de manipulación que se quieren hacer con ella, de las obligaciones no reconocidas.
Yo, me ha
parecido entender, en todo caso me gustaría que me lo confirmase, ¡por favor!
, que más o menos en la fecha en que estamos celebrando esta comparecencia deben de
haber pendientes de acuerdo de imputación una cantidad de obligaciones no reconocidas de unos 200, 250, 300 millones de
euros que desde luego no tienen nada que ver con las cifras que he oído hace un momento.

Es cierto que eso se ha imputado a endeudamiento, no se ha pagado,
evidentemente no se ha pagado, tenemos un problema crónico de financiación deficiente estructural de la sanidad y no lo vamos a solucionar de un plumazo,
de un día para otro.

Pero, sí que están resueltos, además un problema que vamos.
.
.
, yo creo que en estos momentos no debe haber
absolutamente ninguna comunidad autónoma, y me atrevo incluso a hablar de la comunidad autónoma vasca y de la comunidad autónoma navarra, que no tengan obligaciones no reconocidas.
Me atrevo a hablar
incluso de ellas porque el sistema de financiación que tienen estas dos comunidades autónomas es absolutamente privilegiado, constitucional, pero absolutamente
privilegiado, y se nota en todo, se nota en esto y se nota también en el hecho que son también las comunidades en el que menos ha subido el paro durante los últimos dos años, no.
Tiene mucho que ver desde mi punto de vista con el sistema de financiación, pero ese es otro debate.

Veo que tanto el endeudamiento como los avales cumplen los límites legales.
Veo que además en el procedimiento abierto de contratación ha experimentado un incremento de porcentaje respecto a los importes
contratados por este procedimiento respecto a ejercicios anteriores.
Veo, en
fin, que existen aspectos muy positivos, algunos de ellos han sido.
.
.
Algunos
grupos parlamentarios que me han precedido en el uso de la palabra han puesto énfasis en aspectos negativos en los que ahora entraré.

Ahora quería destacar dos cuestiones.
Una cuestión fundamental.
.
.
, ha suscitado un tema que a mí me parece importante -hay otros a los que no les importa, a mí me parece bastante importante- (tussen), que es todo el tema relativo al encuadramiento en el ámbito subjetivo, al encuadramiento de distintas entidades y, empresas y
fundaciones, en el ámbito subjetivo de aplicación de la ley de contratos del sector público.

Yo, desde luego, soy partidario.
.
.
, yo sería partidario de que la ley de contratos del sector público no hubiera sido como es sino que simplemente hubiera obligado a contratar
con arreglo a las normas de derecho administrativo a todas las fundaciones, sociedades y entidades del sector publico.

La decisión del gobierno socialista, que es el que presentó el proyecto de ley, es el gobierno.
.
.
, la mayoría socialista, la que aprobó ese proyecto de ley, no fue esa, fue hacer un esquema de rigores distintos.
.
.
,
en lo relativo a la preparación de adjudicación de los contratos de rigores distintos.
Yo soy partidario particularmente de
aplicar el mismo rigor absolutamente a todos y de contratar con arreglo a temas
administrativos en su totalidad.

Ha sugerido usted que sería conveniente que la Junta Consultiva de Contratación Administrativa emitiera un informe respecto de este particular.
Yo incluso
sugiero otra cosa.
Si esto llega a interesar de verdad a esta cámara, esta cámara puede acudir a un órgano todavía superior a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa desde el punto de vista jurídico, que es Consejo Jurídico Consultivo.

Si esta cámara lo considera oportuno, yo no vería ningún inconveniente para que fuera la cámara la que solicitara informe al Consejo Jurídico Consultivo acerca de qué entidades se tienen que encuadrar, en cuáles de los apartados o de las categorías que la ley del contrato del sector público prevé para despejar dudas de una vez por todas.
Porque sí que es cierto que estas dudas existen.
Hay criterios contrapuestos, por
ejemplo, de la abogacía de La Generalitat y de la Sindicatura de Cuentas, como hay criterios
contrapuestos a la Abogacía General del Estado y al Consejo del Estado en esta materia.

Otras cuestiones que quería tratar.
.
.
Se ha hablado bastante del sistema de trabajo de la sindicatura.
Y
se ha dicho que esté usted seguro que contaría con el respaldo de la cámara para incrementar los medios, etcétera.
.
.
, se ha dicho mucho.
Yo creo que la sindicatura trabaja perfectamente.
No
esté usted tan seguro de que contaría con el respaldo de la cámara.
Y diciéndolo el representante del Grupo Parlamentario Popular puede tener bien claro a
qué.
.
.
, significa esa seguridad.

Desde luego, nosotros no apoyaremos en ningún caso una petición de la Sindicatura de Cuentas de incrementar en 30 puestos de trabajo el número de auditores o de letrados.
No lo veríamos justificado de ninguna de las maneras.

Yo creo que la sindicatura, y por favor le ruego que en esto si tiene algún dato y sea preciso y me corrija, creo que la sindicatura trabaja exactamente
con los mismos parámetros que cualquier órgano de control externo autonómico, que el propio Tribunal de Cuentas o que cualquier órgano de control externo.
.
.
de los que sigue de modelo la Sindicatura de
Cuentas, que son los órganos de control externo del modelo francés.
No.
.
.
, absolutamente, aplican ustedes técnicas de auditorías.
.
.

De hecho, me ha llamado.
.
.
, por ejemplo, revisando no sólo el informe nuestro, sino el de otras sindicaturas de cuentas como es el de la
Cámara de Cuentas de Andalucía, me ha llamado profundamente la atención, por ejemplo, que al hablar de los expedientes de contratación que se revisaban, que también revisan una muestra de los.
.
.
, decían que.
.
.
, no lo encuentro, pero decía que la muestra que se ha cogido tiene un nivel de confianza del 95%.
A mí como nivel de confianza no me parece nada mal.
Y eso que en Andalucía se fiscalizan la mitad de los contratos que se fiscalizan aquí proporcionalmente, la mitad.
Estoy hablando de datos del informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía del año 2007 porque creo que no hay ninguna comunidad autónoma que haya fiscalizado la cuenta del 2008, excepto la nuestra, y es otro
ejemplo de la falta de transparencia de esta comunidad.

Y en Andalucía se han fiscalizado 106 contratos de 8.
000; aquí, 45 de 1.
700.
No está mal.
Que suponen además 196 millones de 3.
196.
Aquí, aún habiendo fiscalizado 45 contratos, la mitad por decirlo así en expedientes que los de la Junta de Andalucía, hemos conseguido fiscalizar el importe de adjudicación más del triple.
¡Vaya!
Como eficiencia o como muestra de transparencia o como calidad de las técnicas de auditoría que se aplican no me parece mal a las que utiliza la Sindicatura de Cuentas en
comparación con la que utilizan otros órganos similares de otras comunidades autónomas.

Se hablado también.
.
.
, he oído hablar también de contratos menores.
Aquí no hay un registro de contratos menores; ni aquí ni en ningún lado.
Se sabe los contratos menores que hay por datos de la intervención, siempre que lleven expediente, porque me permito recordar a la gente que
contratos de menores.
.
.
, cuando la administración compra un periódico es un contrato menor también, lo que ocurre es que no requiere la tramitación de expediente.
Siempre que exista expediente se redactan los contratos de
menores, por ejemplo en Andalucía salen.
.
.
, yo he hecho los cálculos, en Andalucía salen a 10 contratos menores por hora, teniendo en cuenta que la administración abre las veinticuatro horas.
No está mal la cosa.
No está mal la cosa.
10 contratos menores con expediente.

He oído hablar también.
.
.
, esto de las técnicas de auditoría hay gente que lo llama.
.
.
creo que se ha utilizado la expresión «tómbola».
A mí me da la impresión de que lo que toca de vez en cuando en una tómbola es un acta de diputado.
Pero bueno, es una opinión particular que tengo yo (remors) respecto de algunas cuestiones.

Se ha hablado también de normativa europea.
Hasta donde yo alcanzo, la Ley de contratos del sector público es la transposición de la directiva del 2004, que es la vigente en materia de contratación.
Y que yo sepa no es función de la Sindicatura de Cuentas meterse en cuestiones relativas a las ayudas de
estado, entre otras cosas porque están monopolizadas por la Comisión Europea y el tribunal de justicia de las comunidades europeas.
Y, en fin, se
ha hablado de muchas cuestiones, y muy largo, que no tienen absolutamente nada
que ver con su informe.

Yo.
.
.

El senyor president:

Senyor Marí.

El senyor Marí Olano:

.
.
.
-sí, señor presidente, acabo en un momentín, gracias- sí que me he centrado en su informe.
Creo que la labor que hace la sindicatura es
buena.
He visto además en el informe como el grado de seguimiento de las recomendaciones de otros
informes son aceptables.
No voy a decir que sea total, pero que sí que son aceptables, elevados.
Y creo que de verdad su informe sirve para lo que
usted pretende, para conseguir que la administración sea más eficiente, sea más transparente y se mueva dentro del ámbito de esa ética que caracteriza y ha caracterizado desde siempre a los gobiernos del
presidente Camps, antes del presidente Olivas y antes del presidente Zaplana.

Muchas gracias.

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Marí, per la seua intervenció.

Després d'escoltar els portaveus dels grups parlamentaris i haver expressat alguns dubtes,
té la paraula el senyor síndic per a aclarir-los.

El senyor síndic major de Comptes:

Bien, lo primero que.
.
.
, quería darles las gracias a ustedes por habérselos leído con tanto detenimiento.

La verdad es que uno, que ya lleva unos cuantos años en este menester, y además no puedo en ningún momento olvidar mi condición de auditor y de interventor, le supone una cierta satisfacción comprobar que estos informes, un tanto complicados, han sido leídos.

Yo no me atrevería a decir que hayan servido para mucho, porque la verdad es que después de escucharles me produce una cierta desazón.
Y me produce una cierta desazón pensar que se está cambiando un poco el papel de la sindicatura.

Lo he dicho en alguna ocasión aquí y lo vuelvo a repetir: la ley de la sindicatura efectivamente establece cuál tiene que ser su funcionamiento, cuáles tienen que ser sus competencias, qué es lo que tiene que hacer cada año, qué es lo que puede hacer por su iniciativa y que no.
Y yo creo que en ese sentido
estamos cumpliendo con nuestras obligaciones.

Me dicen.
.
.
, luego intentaré contestar en lo que pueda a las preguntas que se me han formulado o a las
cuestiones que se han planteado.
¡Es que si el informe no dijera lo que dice, ustedes no lo sabrían!
Yo creo que la transparencia en el caso concreto de la sindicatura radica en
que ustedes están debatiendo algo que hemos dicho nosotros o que hemos nuestro de lo que han
dicho otros.
Por ejemplo, en el tema de las fundaciones.

Es verdad que todas esas salvedades las dice el informe de la Intervención General, que recuerdo que ha sido publicado con anterioridad.
Y todas esas
salvedades lo que indican es que ese año las cuentas de las fundaciones, todas ellas revisadas por la Intervención General y a su vez por nosotros, adolecen de esos defectos.
Y ustedes lo saben
porque los hemos puesto en el informe, y ustedes aquí lo pueden debatir.

Unas cosas las ponemos en el informe como información, y no me cansaré nunca de decirlo todos los años, y este año también lo he dicho en la terminación de mi intervención, no hay ningún informe.
.
.
, eso sí que se lo aseguro, yo no entro en detalles al final si hay poca muestra o no en
otros órganos de control externo, no hay ningún informe, ninguno, de los que se hacen en los órganos de control externo autonómicos o incluso en el propio Tribunal de Cuentas, informe de la cuenta general
anual, que contenga la información que contiene éste.
Esa es la primera cuestión.
Esa información no la tienen todos.
A efectos de puro pesar el papel, bastaría con eso, ¿no?
Pero es que este informe tiene un montón de información que es la que permite.
.
.
, y en eso tengo que reconocerlo que sirve para que
ahora estemos hablando de ello.
Estamos debatiendo de cosas que dice el informe
precisamente porque las dice el informe.

Intentando contestar a algunas de las cuestiones que se me plantean, en primer lugar, la auditoría operativa.
La auditoría operativa es verdad -y reitero dos cuestiones, mi pelo blanco de muchos años de servicio a la administración, cuarenta y pico, y mi condición de interventor- es una aspiración que yo estoy oyendo siempre.
Pero, ¿por qué no se pone en funcionamiento?
Primero, porque es muy complicado.
Segundo,
porque el hecho de los resultados de una auditoría operativa puede llevar a conclusiones muy preocupantes.

Por ejemplo, en alguna ocasión se han hecho estudios de costes de determinadas cuestiones, y se han puesto de
manifiesto cuestiones que al final han llegado a la conclusión contraria de lo que se pretendía.

Yo he sido gerente de la Universidad de Castellón y hemos hecho algunos estudios de costes, por ejemplo, por alumno, y si
aplicamos estrictamente unas teorías sin contabilidad analítica, que es lo que nos falta, pues podemos llegar a concluir que un alumno en
la universidad X cuesta el doble que en otra sin razones aparentes para ello;
es decir, concluye en cuanto a la auditoría operativa.

A mí me gustaría que hubiera auditoría operativa, ¡qué duda cabe!
Pero la auditoría operativa en su estricto concepto de auditoría operativa, es decir, análisis de los costes comparándolos con otros.
.
.
, aquí hemos hecho auditoría operativa, los antiguos del lugar lo recuerdan, sobre residuos sólidos, sobre el I+D.
.
.
Esa auditoría operativa puesta en sí mismo tiene su importancia relativa, pero lo ideal, por supuesto, sería puesta en relación con otros que hacen lo mismo.
¿Cuánto les cuesta?

De hecho, no sé.
.
.
, yo supongo que me jubilaré sin contabilidad analítica.
Me consta que la Intervención General del estado está teniendo ya programas para empezar este tipo de análisis.
Pero claro, mientras la administración no establezca un programa de contabilidad analítica con imputación de costes, directos e indirectos, la fiscalización posterior, que eso es otra de las cosas que yo quiero destacar que hacemos
nosotros en la sindicatura, sería complicadísimo y, en algunos casos, salvando las distancias, una pérdida de tiempo, porque podríamos quedarnos en eso, en cuánto nos cuesta la farmacia a nosotros, y si no la comparamos con lo que les
cuesta a los demás, a lo mejor no habríamos conseguido nada.

Hacer auditorías operativas sobre determinadas áreas como me plantea la ley de dependencia, ¡ojalá pudiéramos!
Pero claro, es que ésta no es nuestra función primordial.
Es verdad que la ley sí habla de eficiencia y de eficacia, en tercer lugar.
Primero, legalidad; segundo, financiera.

Es verdad que todo es mejorable.
.
.
En Europa por ejemplo.
.
.
, en Inglaterra que
son donde más avanzados están en auditoría operativa están empezando ahora, el Audit Commission.
.
.
Precisamente nosotros, en esto tengo que reconocer que muchas veces somos
pioneros y corremos demasiado a lo mejor, hemos intentado programas de formación en materia de auditoría operativa y nos hemos encontrado con que en España existen muy pocos especialistas.
De hecho, esta sindicatura, incluso antes de
venir yo, ya tuvo un curso organizado por la Audit Commission de Gran Bretaña para hablar de estos temas, porque aún estamos empezando.
Con lo cual, yo, el tema de la auditoría operativa me gustaría, pero, desde luego, resulta compleja.

Luego, el otro tema.
.
.
Éste es un tema que me preocupa tremendamente, y es el alcance de nuestro
programa de actuación.
Lo he dicho en mi intervención y lo dice la ley, nuestro programa de actuación, es verdad, y su señoría lo ha dicho, se presentó aquí antes de ninguna otra actuación penal de la que tiene conocimiento la prensa.

Y ese programa de actuación me gustaría que entendieran cómo se hace.
Ese programa de actuación se hace a instancias de los antecedentes que existen en la casa en dos
aspectos fundamentales, las áreas de riesgo y la importancia relativa.
La importancia relativa es muy
importante en la auditoría pública sobre todo; a lo mejor en la privada menos, pero en la pública más.
Desde esos dos parámetros yo les aseguro que se hace el programa anual de cada año.
Y los síndicos revisamos las propuestas, y normalmente como están razonadas, incluso con fórmulas matemáticas que denotan la importancia relativa, pues tenemos que quedarnos ahí.

Es verdad que esta cámara está en condiciones de que nos lo modifique en el programa.
También es verdad, y no hay que olvidarlo, que la ley dice que cuando se modifique el
programa habrá que adaptarlo o readaptarlo a las nuevas necesidades.

Yo en los temas penales reconozco una especie de paralelismo indebido entre la
actuación fiscalizadora y la actividad penal.
Y cuando hay una actividad penal, la actualidad fiscal, la actividad fiscalizadora tiene que esperar acontecimientos.

Yo quiero recordar que sí que se han hecho fiscalizaciones de empresas, que después han aparecido en algún medio de comunicación.
Sí, sí, ha habido algunas de ellas, podría recordar algunas.
Se han hecho fiscalizaciones ahí.
Y este año agradezco su iniciativa, pero si se lee el programa de actuación, sí que hay empresas públicas que van a ser objeto de revisión, empresas que ha publicado la prensa como implicadas en todas estas denominadas tramas.

Pero es que el fiscalizador, el controlador externo, por mandato de ustedes, es
independiente a todas esas cosas.
Bien es verdad que si nos ordenan que
organicemos otro tipo de actividad, pues lo haríamos, pero el programa de actuación -dice la ley- con su máxima iniciativa e independencia se lo planteamos a ustedes aquí.

En cuanto al tema de la contratación, yo, la verdad es que este año nos hemos esmerado, no solamente, señor portavoz del Grupo Popular, se han revisado 45 contratos, se han revisado 45
contratos que suponen el 64%, y 7 contratos más, que eso no lo hace casi.
.
.
me atrevo a decir casi ningún informe de fiscalización, 7 contratos más, cuyos pagos en este año ascienden a más de 3.
100 millones de euros.
Y eso está puesto en el informe.
¡Hombre, si eso no supone un cierto avance en la revisión de la contratación!

En cuanto a los contratos menores, pues es lo mismo que decía antes: revisión de áreas de riesgo.
Hemos revisado los contratos menores de los hospitales.
Hemos
revisado los contratos menores de Ferrocarrils de la Generalitat.
La contratación menor, en el caso de los hospitales, es el 1,2 de la contratación total de los hospitales.
Claro, es un área de riesgo, sí, por eso mira, pero de importancia relativa, porque en relación con el total del cómputo, el cómputo es menor.

Mire, me preocupa muchísimo lo que me han planteado acerca de las opiniones personales de un
funcionario cualificadísimo y admiradísimo por mí en la sindicatura.
Yo también tengo unas ciertas dudas en cuanto a la aplicación de la Ley de contratos del sector público.
Y más todavía, tengo ciertas dudas en cuanto a la naturaleza jurídica de los patrocinios y a la naturaleza jurídica de las subvenciones y su enumeración de contraprestación.
Tengo mis dudas.
Yo soy abogado y soy interventor.
Pero yo esas dudas jamás las puedo trasladar a la institución.
Cuando tengo dudas lo pongo en el informe, porque los síndicos hablan en el informe.
Lea usted cada vez que dice «criterios de la sindicatura» y verá que ahí hay una discrepancia de criterio, hay una discrepancia de criterio entre el
ente auditado y la sindicatura.
Y por primera vez este año lo hemos puesto.
Si buscan los criterios muchas veces lo dirá.
Y en otros especifica que el ente auditado discrepa de nosotros porque
entiende otra interpretación de la misma ley.

Mire, los patrocinios están en la ley y las subvenciones están en la ley, y las subvenciones y los patrocinios tienen un tratamiento
diferente.
Ahora, la justificación posterior a eso es donde puede que haya una laguna que haya que llenar.
Pero
cuando existe esto.
.
.
Bueno, si ustedes se leen el informe en muchísimas ocasiones decimos que no sabemos la naturaleza jurídica de aquello porque si es una subvención tiene una justificación, si es un contrato tiene otra justificación y si es un patrocinio pues es muy complicado de justificar, muy complicado de
justificar.
Pero es que el legislador lo ha querido así, es que el legislador lo ha querido así.
Por tanto,
(remors) bueno, yo no soy legislador, ustedes sí.
(Rient) Yo no soy legislador.

Entonces, estas cuestiones, lo mismo que el tema de la defensa de la
competencia, sería hilar muy fino, porque evidentemente hay empresas que han sido denunciadas,
que han ido al tribunal europeo y que al final hay una resolución.
Pero no olviden que la enumeración de disposiciones que nosotros revisamos -estoy hablando de memoria-, claro, no creo recordar que haya ninguna que se refiera a la defensa de la
competencia.
Hay un tribunal nacional, tienen ustedes aquí una comisión de defensa de la competencia, y hay otro europeo.
Nuestra actuación ahí, evidentemente, si observáramos una ilegalidad manifiesta, pues lo diríamos.

En cuanto a la responsabilidad contable, volvemos a lo de todos los años.
Mire, nosotros, lo vuelvo a decir, el auditor es un funcionario de por si
desconfiado, que tiene que decir aquellas cosas que ve.
Yo les aseguro que los
informes que vienen aquí han sido redactados por funcionarios independientes, que proponen al consejo un
contenido de un informe y normalmente, el mismo contenido que ellos proponen
casi, casi viene aquí.

Es decir, el funcionario auditor es un funcionario que comprueba el control,
lleva a cabo el control externo de otra administración, recuerdo, a posteriori, es decir, que lo que viene aquí ya está todo concluido.
La responsabilidad contable, estaba yo repasando antecedentes,
en una de las comparecencias del presidente del Tribunal de Cuentas, en la
comisión mixta Congreso-Senado para el Tribunal de Cuentas decía que era un concepto jurídico tan indeterminado que habría que buscarlo con un candil.
La responsabilidad contable no tiene nada que ver
con la responsabilidad penal.
La responsabilidad contable, lo explico en el
informe y año tras año lo dice, es eso lo que hay.
Nosotros, a la vista de lo que vemos, la
responsabilidad contable no la apreciamos.
Ahora, no quiere decir que estemos
en posesión de toda la verdad.
Pero yo creo que lo que hacemos es decir aquello que la ley
nos obliga.
Y eso sí que creo que debería quedar claro.

La función de la sindicatura, como la de todos los tribunales de cuentas, es una
fiscalización a posteriori, técnica, independiente, objetiva, que tiene como finalidad traerles a ustedes una
información para que luego debatan.
Pero que debatan, efectivamente, sobre los aspectos
puramente debatibles.

Mire, me habla de los ejercicios futuros.
¿Y qué quiere que le diga?
Sí.
Está ahí y está dicho.
¿Es mucho, es poco?
 Bueno, pues yo lo digo.
No se nos escapa ninguno.
Los ejercicios futuros son los
que están puestos en el informe y los que dice el informe.
Ahora, no me haga decir más, lo mismo que de la deuda.
No me haga decir más.
No es mi misión.
Mi misión es una opinión objetiva, posterior y crítica -porque hay mucha crítica en el informe, no me digan que no- para que luego ustedes debatan sobre él.

Mire, el tema de las.
.
.
Vuelvo, quizá, para intentar aclarar el mayor número de problemas, el tema de las fundaciones.
Me habla de una fundación.
Bueno, pues yo mañana le diré al funcionario encargado que lleva las fundaciones que revise los datos que nos
ha facilitado el registro de fundaciones públicas de La Generalitat.
Porque estamos fiscalizando las fundaciones públicas de La Generalitat.
Yo no tengo conocimiento de todo esto que me dice.
Efectivamente, si supiera algo, lo hubiera puesto ahí, se lo aseguro.

Mire, las empresas (remors) públicas.
.
.

La senyora presidenta:

Señorías.

El senyor síndic major de Comptes:

Me pregunta si cree que era necesario.
.
.
-quiero contestarle muy sinceramente a esta pregunta-, si cree que era necesario haber modificado el programa de actuación.
Si hubiera sido necesario lo hubiéramos hecho.
Y esto lo hablamos y nosotros nos encontramos con que el
funcionamiento de la sindicatura, el funcionamiento normal que la ley le
atribuye no debería alterarse por cuestiones respecto de un año ya pasado, ¿eh?
, porque estábamos fiscalizando el 2008.
.
.
, el 2008, efectivamente, y en el 2007 sí que había alusiones a ese otro problema, había.
Entonces, nosotros entendimos, desde nuestra perspectiva, que la actuación del programa de actuación, verdaderamente hecho antes, no cabe duda, se ajustaba a lo que la ley nos
exige, y por eso lo mantuvimos.
Ustedes pudieron haber tenido la facultad de
alterarlo.
(Remors) Pero nosotros, en principio, de oficio, y sobre todo a la vista.
.
.
, porque esto, no sé, también a lo mejor hay que explicarlo un poco más en román paladino.
Es decir, el programa de actuación se realiza muy antes del año, o sea, cuando estamos en septiembre.
Cuando viene aquí -el año pasado concretamente vino el 22 de enero-, cuando viene aquí ya está ejecutándose.
El 1 de enero están los equipos hechos y están trabajando en el trabajo de campo.
Cualquier alteración es complicada.
Lo digo también para que lo tengan en cuenta cuando se planteen estas cuestiones.

En cuanto a los temas relacionados con la jurisdicción penal, que se ha planteado con frecuencia, es verdad que el propio concepto de
responsabilidad contable a veces ofrece muchas dudas en relación con la jurisdicción penal.
Son dos jurisdicciones completamente separadas, pero complementarias.
Si el juez penal necesita algo de nosotros, nos lo pedirá, nos lo pedirá, como ha ocurrido en alguna ocasión.
Pero la jurisdicción penal va por un lado y la jurisdicción contable, que es completamente diferente, va por otro.
En algún momento pueden coincidir, pero no necesariamente.

Me preocupa mucho, señor portavoz del Partido Popular, mucho, el tema de la ley de contratos.
Ahí sí que hemos dicho en reiteradas ocasiones, y yo lo he querido incluir, que
existen discrepancias profundas entre el ente auditado, la propia sindicatura,
la abogacía general, e incluso, no sé si usted lo ha mencionado, pero también se lo digo, informes de empresas privadas de asesoramiento legal.

Las leyes, que teóricamente se hacen para mejorar, pues a veces nos llevan a estas situaciones, y
es muy importante que quede claro si una entidad es empresa pública, poder adjudicador, o administración pública o no lo es.
Porque de acuerdo con lo que sea, después en el informe, hablando en román paladino, los pondremos mal o los pondremos bien.
Y eso sí está dicho en el informe, está dicho en muchas ocasiones, que discrepamos en cuanto a la naturaleza jurídica del ente auditado porque, claro, según se entienda que es se está actuando.
Si no coincide con nuestra opinión pues quiere decir que está actuando mal, desde nuestra perspectiva.
Por tanto, eso sí que sería interesante que de alguna manera pudiera, pudiera resolverse.

Y voy a terminar con una.
.
.
, no me gusta hacer comparaciones.
Su señoría ha planteado el tema de otros informes.
Vuelvo a insistir, quizá, seguro el informe que más información contiene es éste.
El informe que primero llega -y a las pruebas me remito porque estamos en febrero y ya estoy aquí- es también éste.
Y a partir de ahí entiendan lo que es el control externo a posteriori, que es, yo creo, que desde
el punto de vista técnico, ya lo digo, nos podemos equivocar, como todo el mundo, el informe
nuestro, con la salvedad de la auditoría operativa, que reconozco que hay ahí una laguna, cumple, yo creo que más estrictamente que ninguna lo que nuestra ley, nuestra ley, nos exige.
Y no
quiero poner otros ejemplos de otros órganos de control que van más atrás que nosotros.
Pero sin querer poner ejemplos de los que van más atrás, yo sí que les incito a que comprueben, no los que van más atrás, pero con los que están ya publicados quiénes son los que más información contienen, incluso, si me apuran, quiénes son los que más críticas contienen al gobierno.
Y hagan la comparación y yo creo que saldremos bastante bien parados.

Y una última cuestión, en cuanto a los contratos menores.
Los contratos menores son aquellos cuya
cuantía fija la ley.
Y no quiero entrar en otro debate, pero si los contratos menores
son la cuantía que fija la ley, el auditor lo que tiene que cumplir es que los contratos de
esa cuantía pues tienen lo que dice la ley, ¿eh?
, la propuesta de gasto, la factura correspondiente.
Y cuando comprueba eso,
pues unas veces dice que está bien, otras veces dice que está mal.
Si hubiera que ver más y encontramos algo, ahí, que nos preocupara, sí ampliaríamos el alcance.
Pero en este momento yo les aseguro que con lo que dice el
informe creo que no se puede cumplir más estrictamente de lo que nos pide la ley.

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor síndic.

Anem a donar un segon torn de paraula als representants dels grups polítics.

En primer lloc té la paraula la senyora Sanz.

La senyora Sanz Alonso:

Sí.
Muchas gracias por su intervención.

Pero, mire, yo supongo que no.
.
.
usted no se habrá sentido acosado por mi propia intervención anterior, porque he sido absolutamente respetuosa y, en todo caso, lo que he
cogido ha sido la ley y he tratado de trasladar los interrogantes que a mí me sugería la lectura de la ley y el propio informe que ustedes han hecho.

Y, por tanto, yo entiendo que hay problemas a la hora de.
.
.
y hay situaciones, usted decía que pueden aparecer resultados contradictorios con objetivos que se pretenden.
Pero realmente la ley explicita que ese tipo de auditorías deben hacerse, y realmente es que se han hecho esas auditorías.
Se han hecho auditorías operativas.
En el 2006 yo tengo aquí la del programa presupuestario de la Agencia Valenciana de la Energía.
En el 2007 del Impiva, investigación y desarrollo tecnológico y alta especialización en tecnologías industriales.
En el 2008, el canon de saneamiento de aguas residuales,
llevado a cabo por la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana.
Y en el
2009, de control interno de las universidades públicas valencianas.
O sea que, hacerse se han hecho, es posible hacerse ¿no?

Y realmente el significado de las auditorias, de las auditorías operativas, lo que pone sobre la mesa, lo concreto, es si la gestión de los recursos económicos, humanos y materiales ha sido una gestión adecuada y, por tanto, se ha conseguido un grado de eficiencia determinada en
el logro de los objetivos previstos.
Es decir, qué objetivos se tenía en ese proyecto, en el proyecto.
.
.
en el programa sobre el que se quiere
trabajar y si realmente se han empleado los recursos y todos los medios que se
han tenido, de forma que esos objetivos se han conseguido.

Realmente, si es posible hacerlo, habrá que tener la posibilidad de hacerlo.
Quiero decir, este año a mí me da la.
.
.
Por lo menos, en lo que yo he leído, si no me equivoco, en el plan de actuación para el 2010, me parece que no hay ninguna auditoría operativa prevista, al menos yo no he tenido.
.
.
.
vamos, en la lectura no lo he
visto.

Pero, de todas formas, repasando qué tipo de auditorías operativas se han hecho, la verdad es que a nosotros sí que nos resulta curiosa la selección de programas y administraciones que para nosotros son absolutamente periféricas.
Creo que no son significativos ese tipo de estudios dentro de lo que son
los núcleos por sí duros de gestión de la Generalitat valenciana.

Y, por tanto, yo entiendo lo que usted dice.
Y por lo que decían mis compañeros de la oposición, antes de que, digamos, empresas que han saltado a la luz pública con el caso Gürtel, ustedes no las tuvieran previstas en el plan de actuación del año anterior, porque esto saltó a partir de febrero o de marzo.
.
.

Pero, realmente -y sé que no es responsabilidad suya-, nos choca cómo en un caso semejante.
.
.
en un caso de escándalo, de corrupción y de irregularidades, como fue el caso del Ayuntamiento de Santa Coloma de
Gramanet, inmediatamente el gobierno catalán lo que plantea es una auditoría profunda de las cuentas para saber qué implicaciones hay.
Quiero decir, hay reacciones, responsables, yo entiendo,
cuando hay algo que salpica a instituciones públicas, que se reaccione en ese sentido.

Yo no he pasado, lógicamente, ni tengo la capacidad, ni nuestro grupo, de comparar qué es lo que hacen otros.
Lo que sí que entiendo es de reacciones lógicas.
Ustedes, lógicamente, si detectaran algún tipo de irregularidad extrema, deberían ir, supongo, que al Tribunal de Cuentas para que actuara en su caso.
Bueno,
ya veremos en el 2010 si hay alguna cosa o no que obligue a ese tipo de actuación.

Pero, en todo caso, esas auditorías, que precisamente lo que hacen es poner en valor la gestión pública de los recursos en relación a los objetivos que se pretenden, que es realmente muy cualitativa porque de
ahí se sacan conclusiones, es lo que nosotros echamos en falta.

Y en concreto, cuando nosotros le decíamos lo de la dependencia, no es porque queramos obviar otro de tipos de cosas; es que en estos momentos es una situación la que se da en esta área, en esta temática, que realmente es sangrante, es muy preocupante, socialmente muy
preocupante.
Y es por lo que nosotros presentaremos, entre las resoluciones que
presentemos, una en el sentido de poder variar o modificar los objetivos dentro
de la autonomía que ustedes tienen para el trabajo, dando una prioridad a ese tipo de
objetivos más de carácter social, de cumplimiento de programas, que, en medio de una crisis como la
que estamos padeciendo, son muy importantes.

Pero, sobre todo, es destacar eso, que realmente ese tipo de auditorías, que realmente lo que hacen es indicar la gestión de los recursos en relación a los objetivos que se pretenden.
Realmente si se aplican, que son de forma
muy tangencial, se aplican a programas que no responden a los núcleos duros de la gestión de La Generalitat.
Y, por tanto, no son muy significativos.
Yo insisto en eso.

El senyor president:

Señora Sanz.
.
.
Moltes gràcies.

Té la paraula la senyora Mollà.

La senyora Mollà Herrera:

Gràcies, senyor president.

Senyor síndic, anem a vore.

Jo és que crec que discrepem dels termes.
Perquè vosté diu que és que la sindicatura té d'actuar amb la màxima independència.
Però és que independència no significa que vostés no puguen actuar amb la màxima iniciativa, que això és també el que diu la llei de la Sindicatura de Comptes que ha de fer, que és l'òrgan al qual, amb la màxima iniciativa i responsabilitat, li correspon el control extern econòmic i pressupostari de l'activitat financera del sector públic valencià, així com dels comptes que la justifiquen.

La ciutadania què entén amb això?
Perquè aquí ni l'important és vosté, ni sóc jo, ni som ningú dels que estem ací.
Què entén la ciutadania?
La ciutadania no pot entendre que un informe de l'any que salpica el major entramat de corrupció conegut, que salpica al seu mateix moment al màxim responsable de la Generalitat valenciana, tindre de vore com entra per un
tribunal.
.
.
Eixes imatges, la ciutadania les veu i el que no pot és contrarestar-les en un informe que parla de
salvetats, de, bé, alguna poca cosa, però no molt significativa.
.
No s'entén.
I tot perquè -vosté ho admet- han actuat.
.
.
bé, amb l'encorsetament que jo li critique.

Per a mi, la sindicatura, a dia d'avui, no està complint el que jo crec que fins i tot són els seus propis objectius, que és actuar amb la màxima iniciativa i responsabilitat.
I quan se diu «màxima iniciativa», és que vostés han de vore quina és la realitat, la realitat, i no l'univers paral·lel.

Han de donar resposta a les incògnites de la ciutadania, i no resposta ni als que estem ací, ni tampoc a situacions comptables més o menys formal.
I per això és pel que jo li he dit: si encara que vostés no tingueren la competència absoluta per a decidir què és el que tenen de fiscalitzar, almenys que hagueren tingut la iniciativa de
demanar al Consell poder realitzar un informe sobre això, perquè tots estaríem molt més contents, i la sindicatura, veritablement, haguera actuat d'acord amb els seus mateixos objectius.

Potser és que discrepem en els objectius, però és que jo llig paraula per paraula, de vegades no busque més enllà que el que n'hi ha ahí.
A la millor és que.
.
.
Això que diu vosté de la llei de contractes, que segons ho mire, clar, el que no li convé mirar-la paraula per paraula, ho mira per un altre costat.
I són les interpretacions que se li donen.

Perquè també, per exemple, en el tema de fundacions, diu: «No, és que vosté parla perquè està ahí.
» Moltes vegades parlem del que no està.
I jo li he dit: em sembla curiós.
.
.
I s'ha ofés vosté perquè jo he parlat del senyor Robert Cortell.
Però és que ell diu, ell diu.
.
.
Això són declaracions públiques, i jo m'he d'espantar perquè és lletrat de la Sindicatura de Comptes.
En declaracions públiques, diu que es que «la dimensión del problema.
.
.
-quant a les fundacions que han proliferat, diu- que parece que puedan hacer lo que quieran».
Diu: «Aquí, el letrado de la sindicatura sentenció que las fundaciones no tienen competencias ni potestades administrativas».
I està dient que «es que aquí parece que puedan hacer lo que quieran».
 Això ho està dient el lletrat de la Sindicatura de Comptes.

I jo em pregunte, i això, coneixent eixa situació el lletrat, només que fiscalitzen vostés 6 de 36 fundacions -que jo ara en sumaria una més, però, bé.
.
.
-, 6 de 36?
Amb això estan donant resposta a una situació que el mateix lletrat creu, creu que hi ha alguna cosa darrere que no està bé, perquè estan funcionant, doncs bé, com els dóna la gana.

I de l'administració, com parla?
, que diu que «con cualquier».
.
.
, comentant, argumentant la seua pròpia opinió, creu que «salva cualquier escollo legal».
 O siga, de l'administració autonòmica, este senyor, que és lletrat de la Sindicatura de Compte, diu que esta administració que tenim busca amb qualsevol argumentació saltar-se la legalitat.
Això és el que està dient.
Clar, jo tinc d'espantar-me i tinc de preguntar-li si vosté està d'acord amb estes afirmacions, simplement.
No és res greu.
Jo estic d'acord amb estes afirmacions, no passa res.
I per això és pel que jo li parlava d'estes coses.

I sobre els contractes menors.
Al final, jo tinc un problema, i vosté té el problema que jo li vaig a contar el meu problema.
I és que jo demane la documentació dels contractes menors, i a mi me diuen: «No li la done.
» Eixa és una.
I quan me diuen que me la donen, és per a dir-me: «No, però és que vaja vosté que la Sindicatura de Comptes la té.
» I no la té vosté eixa documentació.
Qui està mentint aquí?
És que tenim un problema amb açò.
Perquè aleshores, jo li dic: si és evident, és evident, és matemàtica pura i dura que si han augmentat els capítols II i VI, però s'han reduït els contractes majors, és que s'han multiplicat els contractes menors.
I jo vull accedir a eixa documentació, perquè són milions d'euros de la gent, que jo ara no tinc accés a la fiscalització meva pròpia, encara que siga més ignorant que la seva.
Però és que després, aleshores, me crec que ho té vosté, i jo vaig i no la té vosté eixa informació tampoc.

El senyor president:

Senyora Mollà.
.
.

La senyora Mollà Herrera:

Jo no discrepe de la seua manera i els seus tecnicismes ni les seues
formalitats, segur que són les millors formes de fer les coses.
Jo discrepe de la valentia, de la màxima iniciativa i, sobretot, que entre vosté i jo al final quede clar que ni vosté està mentint ni jo tampoc, que algú mos està mentint i és molt pitjor.

El senyor president:

Moltes gràcies, senyora Mollà.

Té la paraula la senyora Moreno.

La senyora Moreno Fernández:

Gràcies, president.

Señor síndic, yo entiendo que cuando usted.
.
.
desde hace un momento que está.
.
.
va cambiando el papel de la sindicatura, que ha dicho usted literal, yo
entiendo que usted lo hace como queja.
Y, desde luego, entiendo que la queja es
a los que le están utilizando a usted como pantalla.
Porque ese es el problema que tenemos en
estas tierras.

Es que a usted se le utiliza como pantalla para cuando se pide una documentación, y se dice que la tienen la sindicatura, cuando no es cierto.
A usted se le
utiliza como pantalla cuando se dice que todo está bien porque la sindicatura ya lo ha fiscalizado.
Y como usted bien dice, están bien unas cosas y otras no, como bien dice el informe, pero a usted se le
utiliza.

Es que, señor síndic, es que a usted.
.
.
El presidente Camps dijo: «Todo está auditado.
» Y resulta.
.
.
Por eso yo le digo a usted: ¿cómo no lo cambia usted?
Porque el año 2008 se va a quedar sin auditar.
En el 2007 -es cierto, si yo se lo he dicho-, la policía judicial entró en la Agencia Valenciana de Turismo para buscar un contrato, que mi grupo había ya preguntado ya por él, porque lo había leído en un informe de la sindicatura.
Es cierto.
Pero el problema es que en el
2009, el señor Camps, presidente de esta comunidad, dijo que todo estaba auditado, refiriéndose al 2008.
Y el 2008, usted no lo ha auditado.
No lo tenía previsto.
Correcto, lo sabemos todos.
Pero cuando ya se dijo que todo estaba
auditado, mi grupo vino aquí y presentó una resolución, y la presentó, y el Partido Popular votó en contra y no la admitió.
Y yo le digo a usted que, por iniciativa, podía haberlo hecho, debería haberlo hecho.

Y yo -repito- entiendo que a usted le moleste que le cambien el papel, pero entienda usted
también que se le está utilizando como pantalla.
Y yo creo que también, señor síndic -permítame un consejo-, entiendo que yo creo que también quizá debería plantearse que este sea el sitio donde usted también se queje, para que no permita usted que se le utilice como pantalla.
Porque
existen respuestas parlamentarias donde se dice que usted tiene cosas que no
tiene, y usted lo sabe porque mi grupo también alguna vez se ha dirigido a usted a decirle: «Oiga, que me lo dé.
» Y dice: «No, si yo no lo tengo.
» Claro, es que.
.
.
(Veus) No, no.
Claro, claro.
(Veus) Alguna vez que lo tenía.
Porque una vez, ya hace tantos años, que ya no nos acordamos.
Pero sí, sí, tiene razón, dicho sea de paso, gracias a aquellas alegaciones, ahora figuran en el
informe.
Claro, pero realmente esa vez no lo utilizaron como pantalla, esa vez
fue esta diputada que pidió una cosa.

Pero se le utiliza como pantalla, señor síndico.
Y eso es lo que yo creo que.
.
.
yo, al menos, quería transmitir que creo que no es bueno ni para usted como persona, ni desde luego
para la sindicatura, a la cual yo le tengo mucho respeto, porque.
.
.
¡Si nadie duda de la calidad técnica de los informes!

Por cierto -porque como aquí algunos se ponen las medallas que no les tocan, y no me refiero a usted, señor síndic-, no es casualidad que este sea el primer informe.
Este es el primer informe
porque la ley de la sindicatura lo marca.
Seguramente, alguna administración, que no le gusta que la fiscalicen, si no tuviese que por ley presentar las
cuentas en el mes de junio, para que por ley el síndico venga a estas Cortes antes del 31 de diciembre, seguramente no sería.
Eso la ley lo marca, y esa ley no lo marca así para otras comunidades, y por eso se retrasa.

Yo voy a terminar, porque tengo muy poco tiempo.
Sí que me gustaría hacer una referencia a las obligaciones no reconocidas, a las facturas en el
cajón.
Señor síndic, ya está bien de justificar lo injustificable.
Una cosa son las facturas de Sanidad, que
siguen creciendo, pero es que, además, como aquí se ha dado por bueno una forma de hacer, cada vez hay más facturas en el cajón en organismos que no tienen nada que ver con la sanidad.
Y eso lo dice usted,
lo dicen sus informes.
Por eso no podemos justificarlo, porque son malas formas
de hacer.
Y no solo no hay que justificarlo, sino que hay que denunciarlo.
Porque existen facturas en el cajón en FGV, que no tiene nada que ver con la financiación sanitaria.
Usted lo pone.
No, no.
Pero ya lo sé.
Claro que lo pone usted.
Por eso digo yo que no se puede justificar, porque es
una mala práctica, sobre todo contable.
Existe en FGV, existe en el Instituto Valenciano de
la Vivienda, además por el segundo año consecutivo.
Y esa es al realidad de una mala forma de hacer, consentida, que,
como desde aquí se aplaude, el gestor público dice: « ¡Ándale!
, que esto es lo que se permite hacer y lo que se puede hacer.
»

Y yo voy a terminar ya, pero no me resisto a hacer un comentario porque yo no
tengo formación marxista, pero algo de psicología sí que sé, y la verdad que aquí ha habido, en términos psicológicos, lo que se llama una proyección, que es que la situación que a uno le define, la ve en la de los demás.

Nada más, y cada uno que entienda lo que sea.
Nada más y muchas gracias.

El senyor president:

Moltes gràcies, senyora Moreno.

Té la paraula el senyor Marí.

El senyor Marí Olano:

Muchas gracias, señor presidente.

Esto de la proyección debe ser algo así como el «dime de qué presumes y te diré de qué careces» o lo de la viga en el ojo ajeno, o algo por el estilo.
Yo he visto más rastros del marxismo latente en mucha gente.
Por ejemplo, se acaba de hablar
aquí de la discrepancia, que hay gente que no entiende la discrepancia.
Esto es,
también, uno de los errores típicos del comunismo, la condena de la discrepancia.
Se ha hablado de la
realidad, es decir, es que no ve la realidad.
¡Cuánto han escrito los comunistas sobre la realidad!
Hasta el punto que ellos
mismos se definían como profesantes de la ideología del socialismo real.

Entonces.
.
.
, la verdad es que la comparecencia de hoy me ha servido para eso,
para un poquitín actualizar mis conocimientos del marxismo y ver que la decisión y la convicción que tuve hace ya muchos años de que era la doctrina más nefasta que ha habido en la historia de la tierra es totalmente acertada.

A mí me preocupan y yo agradezco tener en la Sindicatura de Cuentas.
.
.
, verme
reflejado o, al revés, en la Sindicatura de Cuentas, el tema del ámbito subjetivo de la aplicación de la ley de contratos, creo que es una de las claves de la defectuosa
aplicación de la ley de contratos por todas las administraciones públicas, porque es una defectuosa regulación legal.
Probablemente la solución no esté aquí, la normativa que nosotros aplicamos es la normativa básica estatal, nosotros no tenemos ninguna competencia en materia de legislación básica, nosotros no podemos definir.
.
.
, las comunidades autónomas no pueden definir el ámbito subjetivo de aplicación de la legislación especial de contratación administrativa, porque, según el artículo 149.
18 de la Constitución, está reservado al estado, y la ley de contratos del sector público del año 2007 falla en eso, desde mi punto de vista, y habría que modificarla.

Yo, además, en esa tesis, soy partidario de someter a todos a la misma norma, la norma
que se aplica a las administraciones públicas y, además, para todos los contratos.
Fuera líos de contratos sujetos a regulación armonizada o sujetos a no regulación armonizada.
.
.
Todos a la misma norma, y la más estricta posible, que es la norma que se aplica a las administraciones públicas.

Hay otras cuestiones que tampoco me gustan demasiado de la ley de contratos.
Yo
creo que el límite de los contratos menores, especialmente en el contrato de servicios, se ha
incrementado demasiado, en la última redacción ha pasado de 30.
000 euros que existían con anterioridad a 100.
000, se ha multiplicado por tres, creo que es un
incremento excesivo, pero, bueno, es el que marca la legislación básica estatal.
.
.
Y en esto, la verdad es que, lo vuelvo a decir a la cámara, yo no vería mal que se recabara un informe del Consejo Jurídico Consultivo sobre este particular, que sirviera para luego, aparte, el
gestor de una empresa pública también sepa a qué atenerse, porque muchas veces el gestor no es una persona que tenga
conocimientos jurídicos,
(remors) o el auditor o quien sea.

En relación con esto también, y con las discrepancias que existen en cuanto a la aplicación de una u otra cosa, y con relación también al comentario que ha habido o el debate que ha habido respecto de las
opiniones, que yo no he leído, del funcionario, del letrado de la Sindicatura de Cuentas.
.
.
No he leído pero, por lo que he podido entender de las explicaciones que se han dado,
aunque me imagino que no se han dado desde el punto de vista técnico, por quien les.
.
.
, la verdad es que.
.
.
(Algú diu: «Literal.
»; veus) Sí, pues, yo digo que si es literalmente así, yo no he leído el artículo ni he leído las opiniones, pero me gustaría leerlas, si es así, yo, particularmente, puedo compartir bastante de lo que se dice por ese
letrado, bastante.
.
.
, bastante.
Es más, si va por ahí, yo creo que incluso yo lo tengo escrito.
Entonces, quiero decir, son.
.
.
Eso sí, vamos a ver dónde se dicen y cómo se dicen.
Eso son discrepancias jurídicas.
La esencia del derecho está en la dialéctica.
También una cosa muy marxista, vamos, todo lo de tesis, antítesis y síntesis.
.
.
(Remors) La esencia del derecho está ahí.

Según la argumentación que se ha dado con relación a la discrepancia, en una sentencia con votos particulares, por definición, hay alguien que tiene que ir a la cárcel.
En una sentencia que tiene votos particulares, que es la quintaesencia de
la discrepancia jurídica, el voto particular, por definición, hay alguien que se ha equivocado, y, como discrepa, a la cárcel.
.
.
¡Ay!
, (sorolls) como discrepa, a la cárcel.
(Veus i rialles)

El senyor president:

Señorías.

El senyor Marí Olano:

Entonces, yo estaría, ya digo, de acuerdo con que en esta cuestión, que me parece muy importante, de contratación, se solicitara un dictamen al Consejo Jurídico Consultivo.

En cuanto a otra serie de cosas que se han dicho aquí y que hacen referencia al intento de utilización ahora de la Sindicatura de Cuentas, como se han intentado utilizar los
tribunales para hacer política, yo creo que usted hace bien.
Déjenos a los políticos hacer política, usted haga control externo de la administración, que los tribunales hagan derecho y que cada palo aguante su vela.
Mezclar las
cosas es lo que suele llevar por el mal camino.

Y muchas gracias, y le reitero mi enhorabuena, del Grupo Parlamentario Popular,
tanto a su trabajo como al de sus compañeros de consejo.
.
.

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Marí.

El senyor Marí Olano:

.
.
.
como a todos los funcionarios.

El senyor president:

Doncs, té la seua última intervenció el senyor síndic per a tancar la seua compareixença.

El senyor síndic major de Comptes:

Me ha ordenado el presidente que sea de cinco minutos y voy a intentar que sea
de.
.
.
(Veus) No.
.
.
Yo tengo que decir, en principio, que quizá el debate de este año, aprovechando mi condición de experto en la materia, ha sido quizá más interesante en el sentido de que yo, por lo menos, he intentado transmitirles
muy claramente lo que intento, y ya, si me apuran, hasta personalmente en mi
trabajo.

Bien es verdad que uno siempre traslada a su trabajo su personalidad.
Yo
intento hacer lo que les digo que la ley me manda, y en los términos jurídico-procesales también.
Me dice: «¿Por qué han elegido estas empresas (inintel·ligible) .
.
.
?
» Mire, porque como es tan complicada la cuestión, a la hora de hacer una auditoría operativa hemos ido a lo más fácil, es decir, a suplir a la administración y decirle a la administración gestora qué objetivos yo hubiera pretendido.
Y en función de esos objetivos, que no están fijados, pero me los fijo yo, hago la auditoría operativa.

Reconozco totalmente que eso, si me apura, es una simpleza, pero ¡es así!
Es decir, sí que es verdad.
Recuerdo una, la primera que se hizo, que su señoría recordará, era de recogida de basuras y medioambiental, (veus) fue una gran auditoría operativa y se discutió mucho aquí, pero aquel sector, llamémosle así, era fácil de decir, oiga, pues, yo quiero recoger el mayor número de kilos de basura, tratarla y que me salga lo más barato posible.
Pero cuando entramos en otros objetos de la auditoría, resulta muy complicado, y la explicación simplemente es esa.

Pero este año sí que hay una cosa que me interesaría dejar clara, y la tenía que haber dicho antes.
Este año se va a hacer una fiscalización horizontal con algún criterio de operatividad en el tema de la contratación y de la adaptación de la actuación de las fundaciones y de las empresas no auditadas a la ley de contratos, en el
programa de actuación, lo cual supondrá que se va a pasar en la fiscalización de las fundaciones de un 58% a un 97% en el sentido de traerles aquí las actuaciones que están llevando a cabo ellas para adaptarse a la nueva ley.
Está en el programa de actuación, que ustedes lo pueden comprobar.
(Remors)

Verdaderamente, contestarle a usted me resulta un tanto difícil, porque reconozco que yo, a lo mejor, si estuviera ahí también diría lo mismo, pero yo, estando aquí, no lo puedo decir, porque es que la ley no me lo permite.
Es decir, la
jurisdicción penal es la jurisdicción penal, y si hay una actuación penal o un sumario abierto por la Audiencia Nacional o por la audiencia
provincial o por el juez de instrucción, eso, en principio, en principio, tienen su tratamiento totalmente separado
del mío.
¿Que qué hubiera pasado si yo hubiera auditado, por ejemplo, una empresa pública de esas y hubiera venido aquí y hubiera dicho que no hay nada?
(Algú diu: «Que estaríamos más contentos.
») O no.

El senyor president:

Señoría.
.
.
, señoría, por favor.
(Veus) Señoría.

El senyor síndic major de Comptes:

Quiero decirle que cuando actúa la jurisdicción penal, por ejemplo, en este caso, hay que dejar que actúe la jurisdicción penal, y el juez penal sabe que si necesita algo de nosotros, nosotros se lo
diremos, se lo daremos.
¡De hecho, ya lo ha hecho!
.
.
.
De hecho, ya lo ha hecho.
Por tanto, no.
.
.
, por
eso, me resulta complicado.
Es verdad que la opinión pública.
.
.
Pero, la opinión, hay que explicarle también las cosas.
Cuando hemos querido darnos una sindicatura de cuentas nuestra, aquí, de forma inmediata, pues, tendremos quizá.
.
.
, a lo mejor es culpa nuestra también, que explicar qué es lo que tiene que hacer de acuerdo con la ley.

Si dijera es que el tribunal de cuentas, que tiene las dos jurisdicciones,
pues, ya.
.
.
No, no, es que nosotros, mejor dicho, nuestros estatuyentes, quisieron darse, además, fueron de los primeros, una sindicatura de cuentas nuestra aquí, con unas competencias que la ley les da.
A lo mejor, en el futuro, cuando se
modifique la ley, sí que habrá que, a lo mejor, hablar de estas cosas, pero, de momento, es verdad que nos
dice la máxima iniciativa.
.
.
¡Ya la tuvimos cuando aprobamos el programa!
, y ya no hemos tenido ninguna
iniciativa más para cambiarlo.

Es verdad que se han fiscalizado seis de treinta y seis fundaciones, pero es
que todas ellas han sido fiscalizadas por la Intervención General, por una auditoría externa, una empresa o auditoría externa, que ha dado sus opiniones, que ustedes conocen.
Pero, es más, desde hace relativamente poco, esas opiniones están en nuestro informe, es decir, están, y ustedes las pueden comprobar allí.
No es que las hagamos nuestras totalmente, pero sí están recogidas en el informe nuestro.

La verdad es que en cuanto al tema de la petición de documentación a la sindicatura, es un tema jurídicamente más complejo de lo que parece.
¿Por qué?
(Remors) Por la sencilla razón de que la sindicatura no puede dar más documentación que la que le pide un juez o las Cortes Valencianas.
.
.
, debidamente.
.
.
, por el
órgano competente, que tiene su reglamento.
Porque, si no, nos convertiríamos, evidentemente, en una especie de correo de transmisión de documentos.

Los papeles de trabajo, que es lo que ustedes piden, son unos papeles de
trabajo secretos que solamente se pueden dar a un juez o cuando nos lo pidan
las Cortes por el órgano competente, y ese es.
.
.
, a veces.
.
.
, a veces sí que lo tenemos, a veces no lo tenemos, pero lo que es difícil es que se lo podamos dar.
.
.
En alguna ocasión, lo ha recordado también su señoría, sí, ha podido ver expedientes (veus) (inintel·ligible) .
.
.
.

Mire, yo no me he considerado nunca pantalla de nadie, se lo digo de verdad.
El
día que me considerara una pantalla de alguien, no estaría sentado aquí.
Se lo digo sinceramente.
En el mismo momento que yo me sintiera pantalla o
utilizado.
.
.
Se lo digo de verdad, hacemos el trabajo como mejor sabemos, pero
yo no tengo nunca esa sensación de utilizar nada.
Puede que me equivoque, reconozco que me puedo equivocar,
pero no me siento en absoluto pantalla de nadie.

Sí que es verdad, claro que las obligaciones no reconocidas están en el informe.
¿Qué más información quiere?
¡Sí que es verdad que hay en el IVVSA y hay en Ferrocarrils y en alguno más, no recuerdo, pero.
.
.
, pues, está dicho!
 Y también hay una recomendación, que dice que no haya, ¿eh?
, ¡también hay una recomendación al final que dice, «oiga».
.
.
!
Y también hay una recomendación con las de sanidad que dice, «oiga, intente usted minimizarlas».
.
.

Lo que sí que hemos ganado es en una cosa, y de ahí el cuadrito que se pone en el informe.
Es que antes eran obligaciones no
reconocidas ¡ni contabilizadas!
, y ahora han sido reconocidas y, algunas de ellas,
ciertamente, también contabilizadas, e incluso pagadas y comprobadas por nosotros su pago.

Mire, yo también estoy de acuerdo en la dificultad de interpretar la norma de contratos, pero,
queramos o no, ¡esa norma está ahí!
Por tanto, aunque yo estoy de acuerdo con muchas cosas, pues, habrá que decir alguien que nos lo aclare.

Y termino con el tema del letrado de.
.
.
Yo estuve en la conferencia y la oí de pe a pa y cuando dijo eso que dijo estaba refiriéndose a las fundaciones en general.
Es el problema, donde está.
.
.
, está en la ley.
Dijo, «está».
.
.
, «las fundaciones no pueden dar subvenciones».
.
.
Yo, de ahí discrepo de él, discrepo, porque hay una norma que específicamente.
.
.
Pero, estaba hablando.
.
.
, y el título de la conferencia era «El tratamiento de las subvenciones», no «El tratamiento de las subvenciones y de los contratos de patrocinio en la
Comunidad Valenciana», no.
Había que estar, precisamente, en esa conferencia, porque primeramente hubo dos
intervenciones que el periodista no recogió, porque no le pareció interesante, dos intervenciones de dos catedráticos de derecho administrativo,
(remors) que me parecieron ejemplares, ¡que decían esto mismo que estoy diciendo yo!
, ¡decían esto mismo!
, que hay una laguna legal, que hay que interpretar estas cosas y
que hay que dejarlo claro.
Y el título era «Las subvenciones», ¿eh?
, y de las subvenciones se habló las que da la administración público, las que da Europa, también hubo ponencia sobre eso, las que da La Generalitat, las que dan las empresas públicas y la fundaciones.

Dijo, por ejemplo, en materia de empresas públicas, si dan subvenciones, deben someterse a la norma general: totalmente de
acuerdo, lo dice el informe.
En el caso de las fundaciones, ahí hay una considerable discrepancia que, a lo mejor, también habría que preguntárselo al consejo jurídico sobre esta materia.

Y, para terminar, yo les.
.
.
Bueno, en primer lugar, quiero agradecerles su
atención y la sensación verdaderamente que me llevo que mis informes sirven para algo.
Si así lo he conseguido, muchas gracias.

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor síndic, per les seues explicacions sempre tan interessants.

Informe sobre el compliment de la Resolució 180/VII, aprovada per la Comissió d'Economia, Pressupostos i Hisenda en la reunió del dia 9 de maig de 2009

El senyor president:

Recordar-los a les seues senyories que tenen tres dies per a presentar les
propostes de resolució.
I abans d'alçar la sessió i despedir el síndic, el punt número 6, que és informe sobre el compliment, dir-los que s'ha complit el requeriment.

La senyora Moreno Fernández:

President, solo.
.
.

El senyor president:

Sí, senyora.
.
.

La senyora Moreno Fernández:

.
.
.
para evitar alguna confusión, si no estoy yo equivocada, tres días para presentar la resolución del informe y veinticuatro horas el resto.
Lo digo más que nada (veus) para.
.
.
(Veus)

El senyor president:

Tres días para presentar las propuestas de resolución ante la mesa de la comisión.
.
.
Es lo que dice el papelito.
(Veus)

Senyories, s'alça la sessió.

Senyor síndic, moltes gràcies per tot.

(S'alça la sessió a les 19 hores i 7 minuts)