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Comissió de Política Social i Ocupació realitzada el dia 16 de desembre de 2011.
Comença la reunió a les 10 hores i 39 minuts.
Presideix la diputada senyora Mónica Oltra Jarque.
Reunió número 5.

La senyora presidenta:

(Inoïble) â¦ a esta Comissió de Política Social i Ocupació.

En primer lloc, la secretària passarà llista dels noms per a vore les assistències.

Té la paraula la senyora secretària.

(La secretària passa llista per tal de comprovar si hi ha quòrum)

Hi ha quòrum, amb la qual cosa passaríem al primer punt de l’ordre del dia, que és lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior.

Tenen les seues senyories l’acta en la carpeta.
Alguna objecció a fer?
Tot correcte?
Donem per aprovada l’acta?
Sí?
Tots els grups?
Molt bé, doncs, per unanimitat, s’aprova l’acta.

I informar–los a les seues senyories que el punt número 2, que seria la pregunta número 92, al conseller de Justícia i Benestar Social, sobre la prestació econòmica individualitzada a malalts mentals, formulada per la diputada Esther López Barceló, del Grup Parlamentari Esquerra Unida, s’ha retirat.

Per tant, passaríem al tercer punt de l’ordre del dia directament.
I hem de fer un canvi en esta presidència, aixina que mos donen la cortesia d’esperar–nos un segon i comencem.

(Ocupa la presidència la vicepresidenta, senyora Yolanda García Santos)

Proposició no de llei sobre la regulació de les condicions de concertació econòmica plurianual del Pla de finançament concertat, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 4.
760, BOC número 20)

La senyora vicepresidenta:

Bueno, seguimos.

Pasamos a debatir el punto número 3: presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la regulació de les condicions de concertació econòmica plurianual del Pla de finançament concertat, presentada pel Grup Parlamentari Socialista.

Té la paraula el senyor Torres.

El senyor Torres Salvador:

Gracias, señora presidenta.

Bon dia.

No es la primera vez que el Grupo Socialista presenta una iniciativa dirigida al Consell para exigirle la regulación de las condiciones de financiación de los servicios sociales de los ayuntamientos.
Ya lo hemos hecho en otras ocasiones en esta comisión y también anualmente en la Ley de presupuestos siempre presentamos alguna enmienda orientada al cumplimiento de este fin.

Y lo hacemos, una vez más, porque pensamos que los ayuntamientos son los grandes olvidados de la política financiera del Consell y, en segundo lugar, por imperativo legal.

La Ley de servicios sociales, la Ley 5/1997, establece claramente, en primer lugar, que se asigna a las entidades locales la titularidad y la gestión de los servicios sociales generales; en segundo lugar, la gestión de los programas y de las ayudas económicas que le pueda encomendar la administración de La Generalitat dentro del marco del plan concertado que se desarrollará reglamentariamente, hasta ahora no ha habido ningún desarrollo.

En segundo lugar establece también la Ley de servicios sociales que, para el cumplimiento de sus fines en materia de servicios sociales, las entidades locales recibirán el apoyo técnico y económico de la administración a través de un plan de financiación concertada.
Plan que después se regula en un título completo y que prevé también la creación de una comisión del Plan de financiación concertado con las entidades locales, del que formarán parte La Generalitat, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y los propios ayuntamientos.
Curiosamente, se asigna en este artículo 8 a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias como función fundamental, dentro del campo de los servicios sociales, la elaboración de un informe bianual sobre la situación de las necesidades de los municipios de la Comunidad Valenciana, cosa que no ha hecho nunca la Federación Valenciana de Municipios; pero sí en cambio interviene como intermediaria de la Conselleria de Bienestar Social en la tramitación de la ley de la dependencia a través de una subvención que le da La Generalitat para la contratación del personal de refuerzo.
O sea, que no está recogido en ningún caso entre las competencias que tendría que tener en el campo de los servicios sociales la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.

Establece también la Ley de servicios sociales que le corresponde a la Generalitat valenciana la elaboración de un plan general de servicios sociales de carácter plurianual, que tiene como objetivo reducir los desequilibrios territoriales y las deficiencias estructurales que se puedan encontrar en la Comunidad Valenciana.

Plan general que tampoco está hecho y que, por lo tanto, impide que los ayuntamientos puedan hacer una planificación de sus actuaciones, tanto en materia de centros como en materia de programas.

La situación en estos momentos de los programas de servicios sociales generales en los ayuntamientos es una situación bastante complicada.
A pesar de que los ciudadanos utilizan los servicios sociales generales como la puerta de entrada para todo, ofrecen el servicio de información, el servicio de asesoramiento, el servicio de ayuda a domicilio, los programas de integración de las minorías o de las personas en situación de marginación, los programas de convivencia, y sin embargo no han sido potenciados a lo largo de los últimos años, por lo menos a nivel presupuestario, por la Generalitat valenciana.

En el año 1995 el presupuesto destinado a los servicios sociales generales era de 19,6 millones de euros.
Para el presupuesto del año 2012 hay un presupuesto de 23,2.
En otras palabras, el presupuesto destinado a los ayuntamientos, que son los que atienden en primera instancia las necesidades de todos los valencianos, se ha incrementado un 18% en diecisiete años.
Ni siquieraâ¦, vamos, el 1% anual, ni siquiera el IPC que permitiría como mínimo garantizar los servicios que se estaban prestando.

La situación se ha deteriorado, especialmente en la pasada legislatura, en la que al principio de la legislatura en el año 2007 el dinero que destinaba (inintel·ligible) .
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era de 25,5 millones; y en este momento es, tanto en el presupuesto del 2011 como en el presupuesto de 2012, que ha quedado congelado, el presupuesto es (inintel·ligible) .
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disminuido en esta legislatura un 9% los recursos destinados a la prestación de servicios de los ayuntamientos.

Y si nos vamos al año 2009, desde el año 2009 hasta aquí, la disminución que se ha producido ha sido de un 25% en las transferencias a los ayuntamientos para estos servicios sociales generales.

Momento de crisis, porque tanto el año 2009, como el 2010, como 2011, han sido años de crisis importante, y sin embargo la respuesta de La Generalitat ha sido disminuir los recursos destinados a los ayuntamientos.

Por eso pedimos nosotros el establecimiento de ese plan de financiación concertando, porque La Generalitat en estos momentos, y sobre todo la conselleria de bienestar social, tiene las manos libres para distribuir de forma discrecional los recursos destinados sobre todo a los valencianos y valencianas que se encuentran en mayor situación de necesidad.
Y eso no debe de ser así.
Igual que el gobierno valenciano le exige al gobierno del estado una financiación clara y en base a una serie de criterios objetivos, también los ayuntamientos, y en base a la propia Ley de servicios sociales, exigen y requieren de un plan de financiación que se base en una serie de criterios objetivos y que permita a esos ayuntamientos hacer su planificación.

Porque mal se puede realizar la planificación cuando ayuntamientos, y voy a poner los tres, los cuatro ayuntamientos más importantes de la Comunidad Valenciana, que tienen prácticamente un tercio de la población de nuestra comunidad: Valencia, Alicante, Castellón y Elche.

El Ayuntamiento de Valencia recibió de La Generalitat en el año 2009 5,9 millones de euros.
Pero es que en el año 2011 ha recibido 4,2, es decir, un 30% menos de recursos destinados a ayudas de emergencia, programas de inserción, minorías técnicas, marginación.
Es decir, increíble que en un momento como éste en el que nos encontramos los recursos destinados a las personas más necesitadas se disminuya en la ciudad de Valencia nada menos que en un 30%.

En la ciudad de Alicante ha pasado lo mismo, ha habido una disminución también, no tan importante como la de Valencia, pero de un 19,5%.
En Castellón también un 22,7%.
Y en Elche un 19%.

En conjunto, las cuatro ciudades más importantes de la Comunidad Valenciana han dispuesto en el año 2011 de un presupuesto un 25% inferior al que tuvieron en el año 2009.
Es decir, 3 millones de euros menos destinados a la lucha contra la pobreza, la exclusión social y las situaciones de precariedad de las familias valencianas desde el año 2009 hasta el año 2011.

En el año 2010 los ayuntamientos pudieron hacer frenteâ¦ No veo el tiempo.
(Veu) Seis minutos llevo.
No, me quedan.
¡Ah!

En el año 2010 los ayuntamientos pudieron hacer salir adelante gracias al plan E.
Todos sabemos que del presupuesto destinado al plan E durante el año 2010 se permitió desde el gobierno central que el 20% del importe total de lo destinado al plan E se pudiese dirigir hacia actuaciones sociales, educativas o sanitarias.
Y gracias a eso la mayor parte de los ayuntamientos de nuestra comunidad pudieron pagar las ayudas de emergencia a los ciudadanos que estaban solicitándolas y que evidentemente los ayuntamientos no disponían de ningún tipo de recursos porque La Generalitat los tenía congelados.

En el año 2009 sí que hubo una aportación extraordinaria de 4 millones para atender esas necesidades.
Pero en el año 2011 no ha habido ninguna actuación, pese a la situación de crisis por parte de La Generalitat que permita que los ayuntamientos puedan atender las necesidades, y estamos hablando de necesidades básicas de alimentación, de supervivencia, y por lo tanto puedan atender ese tipo de situaciones.
Pese a que durante el año 2011 se han incrementado las demandas de los ciudadanos en más de un 37% con respecto al año 2010.

A La Generalitat, a la conselleria de bienestar social, poco le ha importado ese crecimiento de la demanda de los ciudadanos ante los equipos de servicios sociales municipales, y ha mantenido el presupuesto congelado, al igual que para el presupuesto del año que viene lo sigue manteniendo congelado.

Y eso que nuestra comunidad se encuentra en una situación especialmente difícil.
Tenemos una tasa de paro 3,2 puntos por encima de la media de España.
De acuerdo con los últimos datos de la EPA del tercer trimestre hay más de 617.
000 valencianos que se encuentran en situación de desempleo.
Y las últimas cifras del paro registrado de noviembre nos dan el dato de 234.
000 valencianos y valencianas que se encuentran en situación de desempleo y sin ningún tipo de recursos.
Y ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, que cerca del 50% de esa cantidad, más de 100.
000 familias, no tienen ningún tipo de ingresos y todos sus miembros de encuentran en situación de desempleo.

¿A dónde acuden estas personas o estos ciudadanos?
Pues acuden a los servicios sociales municipales, que son precisamente los que atienden en primera instancia las necesidades de esos ciudadanos.
Pese a que desde el gobierno valenciano pues no se está haciendo ningún tipo de esfuerzo ni le ata tampoco nada.
Si existiese un plan de financiación concertada a nivel general se establecerían una serie de criterios para poder realizar el reparto en base a cuestiones objetivas, es decir, no se puede financiar a un ayuntamiento en función de criterios subjetivos.
Es decir, el Ayuntamiento de Castellón no puede tener una financiación superior al Ayuntamiento de Elche cuando en estos últimos años la ciudad de Elche ha tenido una tasa de paro muy por encima, muy por encima de la tasa de paro de Castellón.
Y, sin embargo, aquí hay distintos criterios: unos ayuntamientos reciben 3,5 euros por habitante y otros ayuntamientos reciben 7,5 euros por habitantes.
Es decir, no hay lógica, y no hay lógica porque el gobierno no quiere atarse a un plan de financiación, con una serie de criterios objetivos, que es a lo que le obliga la ley.

Hay que insistir además en el hecho de que según los últimos datos ofrecidos por.
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–y no es una entidad sospechosa–, por un estudio de la fundación del Banco de Bilbao y del propio IVIE, establece que nuestra comunidad es la segunda por la cola en gasto social en el año 2008, que es el último año del que se tiene constancia.
Frente a una media de 125 euros que está dedicando la Generalitat valenciana a gasto en protección social, el resto de España está dedicando 223 euros.
Y en el último informe que se ha hecho de la asociación de directores y de gerentes, hemos bajado, en el año 2009, y tenemos 119 euros por habitante en gasto en protección social, frente a una media de 256 del resto de las comunidades autónomas.
Cada vez nos vamos distanciando más del resto de las comunidades autónomas y estamos llevando a una situación de mayor pobreza y de mayor exclusión a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana.

Nuestra propuesta creo que es muy clara: establecimiento de ese plan que está regulado con un título entero en la Ley de servicios sociales, de cara a que los ayuntamientos puedan disponer de un mecanismo o de un instrumento para planificar sus acciones futuras; en segundo lugar, la constitución de la comisión de seguimiento.
Si la ley dice que tiene que haber una comisión de seguimiento de ese plan concertado, compuesto por las partes implicadas, pues que se constituya de una vez esa comisión de seguimiento.
Y en tercer lugar, que se destine una partida extraordinaria de 5 millones de euros para las ayudas de emergencia de los ayuntamientos, que no disponen en este momento de recursos y que sí que hay una gran parte de la ciudadanía que va a los centros sociales municipales a solicitar una ayuda para la supervivencia.

La senyora vicepresidenta:

Gracias, señor Torres.

Si les parece, como no pueden ver el tiempo, haré un poco como he hecho con el señor Torres, les avisaré a los cinco minutos, si quieren, y entonces después ya voy avisando minuto a minuto.
O si prefieren, que empiece diez y luego nueve.
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(Veus) Ya.
Pero como tienen diez.
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De cinco, luego cuatro, luego tres.
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(Veus) ¿Cinco y uno?
Perfecto.
Mejor para mí.
Muy bien.
Muchas gracias.

Entonces, ahora tiene la palabra el diputado de Esquerra Unida, el señor Blanco.

El senyor Blanco Giner:

Sí.
Nosatres anem a votar favorablement aquesta proposta de resolució, perquè el que planteja és de sentit comú, és que es complisca una llei, i les lleis entenem que estan per a complir–se.
I més si són lleis que daten ja de quasi quinze anys, com és la Llei 5/1997 de (inoïble per problemes tècnics) .
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Hi han dos qüestions de les quals hem sentit vanagloriar–se al Consell i al seu president, i han sigut de la despesa social i també del municipalisme.
En el moment de la seua investidura es va propugnar com a un destacat municipalista.
El moment de demostrar–ho és en el dia a dia, és en el debat parlamentari, és en l’acceptació de propostes, és en l’acceptació d’esmenes.
De moment, la trajectòria no està corresponent a eixa declaració inicial.
Hem vist els pressuposts ja en comissió i hem vist com les esmenes que anaven adreçades a incrementar la partida destinada al finançament local, que està molt per sota del que ja estava l’any passat i molt més encara del que hauria d’estar, han sigut rebutjades.
I el mateix passa amb moltes de les esmenes que s’han presentat als pressupostos de la Conselleria de Justícia i Benestar Social per a incrementar partides que són importants perquè atenen directament eixes necessitats més bàsiques.

Per tant, atenent el contingut de la proposta que planteja, com dic, complir el que ja preveu la llei, la regulació de les condicions de concertació econòmica plurianual del pla de finançament concertat, la creació d’una comissió de participació amb les entitats locals i la dotació d’un fons extraordinari de 5 milions d’euros destinat a les entitats locals per a fer front a les sol·licituds d’ajudes d’emergència de les famílies valencianes, manifestem el nostre acord i el nostre vot favorable, perquè entenem que la prioritat en estos moments ha de ser eixa: menys fórmula 1, menys grans fastos, menys convenis opacs i multimilionaris i més despesa social, més finançament municipal.

La senyora vicepresidenta:

Gracias, señor Blanco.

Por parte del Grupo Parlamentario Compromís, tiene la palabra la señora Oltra.

La senyora Oltra Jarque:

Gràcies, senyora presidenta.

També per a mostrar el nostre suport a esta proposició no de llei, per les qüestions que s’han dit adés per part dels qui m’han precedit en la paraula quant a xifres, quant al moment.
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, quant al moment especial difícil amb la crisi que patix la part més vulnerable de la nostra societat i que acudix en primera instància, com ha dit el senyor Torres, a tocar a la porta de l’ajuntament, a la porta dels serveis social.

I, per tant, és cert que sembla, sembla que estem en un moment molt trist quan hem de reivindicar que se complisca la legislació vigent, perquè sembla una cosa que és molt de Perogrullo, però hem de reivindicar que se complisca una llei.
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, primer, una reglamentació que porta un retard de més d’una dècada i després en la dotació de fons, quan fa dos dies Càritas, per exemple, va fer públic l’alarmant pujada dels índexs de pobresa, que ells estaven atenent allò que La Generalitat no estava cobrint i que els poders públics no estaven cobrint i que se veien desbordats (inoïble per problemes tècnics) .
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a Càritas perquè ja no tenien cap altre recurs ni protecció de poders públics.

Està situació, que per a molta gent és dramàtica, i les xifres de desocupació que s’han anomenat adés i, sobretot, de les famílies que no tenen cap tipus d’ingrés, perquè tots els seus membres estan en situació de desocupació i en situació de no tindre ni subsidi ni cap ingrés ja.
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Si això s’unix a la precarietat del que és la renda garantida de ciutadania, tenim una situació social molt precària per a una població en augment, amb percentatges molt significatius i que, bé, en tot cas, davant d’un possible trencament de la pau social més que justificat en les xifres de misèria que tenim ara.

Enfront això, tenim un marc legal, que és la Llei 5/1997, de 25 de juny, per la qual es regula el sistema de serveis social en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, que establix que és responsabilitat de La Generalitat donar resposta als problemes socials, mitjançant l’aportació dels recursos financers, tècnics i humans necessaris, article 4, apartat a; que s’ha d’elaborar un pla general de serveis socials de caràcter plurianual, oït el consell de Benestar Social, article 5.
a; que es compromet a assessorar tècnicament i a donar suport econòmicament a les entitats locals, article 5.
l; i se li encomanen responsabilitats en matèria de serveis socials a les entitats locals i a continuació.
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, açò en el 6.
1; i en el 6.
2, se reitera, per al compliment dels seus fins, en matèria de serveis socials, les entitats locals rebran el suport tècnic, econòmic de l’administració de La Generalitat a través d’un pla de finançament concertat amb les entitats locals.

Per tant, el que estem demanant és que se complisca esta llei.
I si vostés, senyors que donen suport al govern, no volen complir–la, deroguen–la.
Lleven–se la màscara, deroguen la llei, diguen que els serveis socials ja no són la seua prioritat.
Perquè en realitat no ho ha segut mai, però en algun moment en esta legislatura tenien, almenys, la sensibilitat de legislar sobre el tema.
Però si ja no volen complir les lleis que vostés mateixos van proposar en el seu dia, deroguen–les, lleven–se la màscara.
I si no, complisquen–les, perquè les lleis estan per a complir–les.

En tot cas, per a nosaltres esta proposició no de llei realment és difícil no donar–li suport, perquè és una proposició de llei de mínims, que vostés complisquen el marc legal que vostés mateixos s’han donat i s’han dotat amb la seua majoria.
I, per tant, que tinguen un mínim de sensibilitat social amb els possibles beneficiaris.
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Estem parlant de diners d’emergència, ni tan sols ja d’uns serveis socials normals, sinó dels diners d’emergència, que són aquells que.
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, de la persona que va a tocar a la porta de l’ajuntament i diu: «Escolte, que jo per a demà no tinc bolquers per al meu fill.
O jo no tinc un plat que parar en taula demà.
»

Estem parlant de diners per a això.
I que tinguen un mínim de sensibilitat social, i més amb la que està caient en este moment, en què esta situació de la mare o del pare o del ciutadà que va a l’ajuntament a dir: «No tinc un plat que parar en taula,» conviu amb la situació quotidiana de titulars en premsa dels 6 milions d’euros que se li van prometre a l’urdangarañazo, del que s’ha comprat de Valmor, del forat de les arts i les ciències.
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Esta situació dramàtica del qui no té diners per a comprar bolquers per a demà, conviu amb situacions com les que estem vivint en el judici dels trages, com les que estem vivint d’EMARSA i de més sinvergonsoneries que han segut el pa nostre de cada dia i que li lleven el pa seu de cada dia a la gent més necessitada a la nostra comunitat.

La senyora vicepresidenta:

Gracias, señora Oltra.

Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora García Herrero.

La senyora García Herrero:

Gracias, presidenta.

Señorías.

Señor Torres, usted sabe perfectamente que actualmente la financiación del plan concertado, en cumplimiento de la Ley de servicios sociales en el ámbito de la Comunidad Valenciana, se está plasmando a través del plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales de corporaciones locales.

Este plan concertado se inicia con el convenio programa para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales de corporaciones locales, suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Generalitat valenciana, fue suscrito el 5 de mayo de 1988.

A este convenio, sus señorías saben que le siguieron la firma de ulteriores protocolos adicionales anuales, y del 2008, por acuerdo del Consejo de Ministros, anuales, por los que se aprueban las conferencias sectoriales de política social, y en las cuales se formalizan los criterios de distribución, así como la distribución resultante respecto de los créditos destinados a la cofinanciación de los planes y programas sociales.

El objeto de estos acuerdos, señorías, es la articulación de la cooperación a desarrollar entre el estado y el gobierno de la Comunidad Valenciana para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales de corporaciones locales de su territorio.

Este plan concertado financia el desarrollo de los servicios sociales generales de los ayuntamientos, servicios que atienden a la problemática social de cualquier ciudadano, y a la prevención primaria de situaciones de segregación o de marginación.

Como usted sabe, señor Torres, este plan se firma anualmente y está establecido que la comunidad autónoma aportará por lo menos lo mismo que el estado.

Usted también conoce que la realidad es que el ministerio ha congelado sus aportaciones desde 2003 y la conselleria de bienestar social, por el contrario, ha ido incrementando sus aportaciones desde entonces de forma muy importante, especialmente en 2009 con un incremento de 4,4 millones de euros, por un principio básico de solidaridad tanto con los ayuntamientos como con las personas más desfavorecidas.

Por parte de La Generalitat, considerando que la asignación del ministerio es anual, y al objeto de valorar las necesidades reales en cada momento, se financia mediante convocatoria pública las siguientes actuaciones: ayuda para el pago de salarios y seguridad social de los profesionales de los equipos sociales de base, ayudas para el mantenimiento de los centros sociales, ayudas para programa de prestaciones básicas –que están definidos en la orden de la conselleria de trabajo y seguridad social, en el decreto del Consell de la Generalitat valenciana de febrero de 1990 sobre registro, autorización y acreditación de servicios sociales–, y programas de información, asesoramiento y orientación sobre los derechos y recursos sociales existentes, así como programas de emergencia social, programas de convivencia, programas de cooperación social y programas de intervención para la prevención en la inserción en el medio social.

Tenemos, señorías, que destacar, y yo quiero destacar, la financiación de los 500 profesionales que conforman las unidades de trabajo, con un coste de más de 24 millones de euros; más de 100 centros de servicios sociales financiados, cuyo coste supone más de 2 millones de euros; el programa de información, asesoramiento y orientación, que atendió a más de 580.
000 usuarios; y en emergencia social se concedieron 63.
293 ayudas económicas individuales por un importe de 21,8 millones de euros; en el servicio de ayuda a domicilio se atendió a 15.
324 usuarios, con un coste de 22 millones de euros; en cooperación, fueron destinados 700.
000 euros y en programas de intervención para prevención e inserción social se superaron los 10 millones.

Señorías, señor Torres, no tengo yo que descubrir que, en definitiva, y de acuerdo con lo expuesto anteriormente, es prácticamente imposible establecer con el modelo actual un marco de regulación económica plurianual, dado que las disponibilidades presupuestarias se conocen con carácter anual en los planes concertados, que son fruto de acuerdos anuales adoptados en la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales.
Mientras las conferencias sectoriales no adoptasen un carácter plurianual, difícilmente podríamos hacer desde La Generalitat previsiones realistas sobre la financiación de las entidades locales.
En el actual sistemas con sus deficiencias, señorías, porque es verdad que nunca es suficiente y menos en estos momentos, se garantiza una financiación de los servicios sociales basadas en datos presupuestarios reales.

En cuanto a la proposición que usted hace en su proposición no de ley, valga la redundancia, señor Torres, entendemos que no es necesaria la creación de una comisión de participación puesto que ya está creado el Consejo Interterritorial de Servicios Sociales, Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia de la Comunidad Valenciana, creado mediante Decreto 35/2007, de 30 de marzo.
Este Consejo Interterritorial de Servicios Sociales, Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia es un órgano de coordinación, cooperación, comunicación e información entre La Generalitat y las distintas entidades locales de la Comunidad Valenciana con el fin de promover la cohesión del sistema público valenciano de servicios sociales y en el cual están representados convenientemente las entidades locales.
Y, en este momento, nosotros, señorías, no optamos por la duplicidad de órganos.

En cuanto a la proposición que se refleja como número tres, en este año 2011, señorías, se han destinado para prestaciones de emergencia ayudas a entidades locales por más de 6.
500.
000 de euros, con los que se está atendiendo a más de 50.
000 personas en situación de necesidad.
Y además de todo esto, señorías, actualmente se están destinando más de 18 millones de euros anuales para apoyar a las familias valencianas que se hallen en situación de necesidad a través de las prestaciones de renta mínima garantizada.
Y para el presupuesto de 2012 la previsión de dotación para la renta garantizada de ciudadanía tiene un incremento cercano al 30% en términos absolutos, con un incremento de 5.
600.
000 euros.
Además, señorías, –termino ya– además sería necesario, señorías, en orden a su tramitación, que su propuesta, señor Torres, incorporase el detalle de cuál sería la fuente de financiación ya que este fondo extraordinario no se contempla en los presupuestos en vigor.

Por todo ello, señoría, entenderá que no podamos aprobar su proposición.

Muchas gracias.

La senyora vicepresidenta:

Gracias.

Para réplica, señor Torres.

El senyor Torres Salvador:

Empezando por el final.
Mi fórmula de financiación es la misma que la que se ha utilizado para pagar el máster de golf de Castellón, la misma.
Tampoco estaba previsto en los presupuestos y, sin embargo, La Generalitat no ha tenido ningún problema en pagar 3,1 millón de euros para un fin de semana.

Hay varias cosas que me preocupan.
No se puede establecer en este momento un plan de financiación para los ayuntamientos porque depende de la coyuntura económica ¿Se le dice eso al gobierno del estado?
Es decir, ¿la Generalitat valenciana con respecto a la financiación del estado hacia nuestra comunidad se conforma con que anualmente el estado le diga qué es lo que le corresponde?
No.
Hay una comisión, que en este caso también tendría que existir esa comisión y no existe porque ustedes no quieren, en esa comisión se establecen los criterios y los criterios son a largo plazo, a varios años, que es lo mismo que aquí se dice, un plan que permita que los ayuntamientos puedan planificar sus actuaciones de cara al futuro.
Por lo tanto, no estamos pidiendo nada extraordinario.

Y dice usted, «es que en este momento no es necesaria la creación de esa comisión de participación, porque está el Consejo Interterritorial de Servicios Sociales».
Mire, no tiene nada que ver una cosa con la otra.
En primer lugar, si la ley lo establece, y la ley establece que hay que crear esa comisión, no se puede decir que no es necesaria la comisión; deroguen el apartado ese de la ley.
La ley les obliga a crear esa comisión y, por lo tanto, tienen que hacerlo.

Mire, la cantidad que tenemos en el año 2011, que es la misma que la que vamos a tener en 2012, para servicios sociales, es exactamente la misma que había en el año 2002, es decir, sí es una vergüenza.
Tenemos 23,2 millones de euros destinados a las necesidades de los valencianos a través de los servicios sociales municipales, que es la misma cantidad que había presupuestada en el año 2002.
Mire, aquí no hay ningún plan concertado de prestaciones básicas.
La Generalitat valenciana firma un convenio con el ministerio, pero es un convenio que hace de forma unilateral y establece unas cantidades que aporta La Generalitat y otras cantidades que aporta el ministerio, pero después no da el paso siguiente, que es para la participación de los ayuntamientos en ese plan concertado, ¿cuentan ustedes?
No cuentan, ustedes destinan un dinero a los ayuntamientos y eso es lo que le comunican posteriormente al Ministerio de Trabajo o en este caso al Ministerio de Asuntos Sociales.
Por lo tanto, lo que nosotros estamos pidiendo es que, al igual que La Generalitat firma su convenio con Madrid, que también La Generalitat establezca los procedimientos para que las entidades locales puedan participar en la financiación y en la creación de ese plan que vea cuáles son sus necesidades.

¿Se ha congelado parte del Ministerio de Trabajo?
Sí.
Es que el Ministerio de Trabajo no tiene la competencia de la financiación de los servicios sociales generales.
Yo le dije ya en una ocasión que cuando se firmó este convenio en el año 1988, mire usted lo que decía: «Se pretende alcanzar de forma progresiva la cobertura del nivel básico de prestaciones en municipios que aún no han puesto en funcionamiento los servicios sociales general o en aquellos otros que lo han hecho de forma insuficiente.
» Es decir, el estado, al no tener en aquel momento una ley básica de servicios sociales que afectase a todas las comunidades autónomas y viendo que había comunidades autónomas en las que no existían los servicios sociales generales, lo único que hizo es establecer un convenio a concertar con las autonomías que quisieran para desarrollar en aquellos casos en los que no había servicios sociales o incrementar.
En el caso de nuestra comunidad, en aquel año el estado puso el 12% del importe de los convenios, las corporaciones locales pusieron el 42% y la Generalitat valenciana puso el 45%.
Es decir, en este momento, el importe que pone el estado es superior al que había en el año 1988, su participación.
Pero, de cualquier forma, el Estatuto de autonomía le concede a la Generalitat valenciana la competencia exclusiva en materia de servicios sociales.
Y, por lo tanto, el desarrollo de las prestaciones básicas en nuestra comunidad no depende del convenio que se firme con Madrid sino que depende de los recursos de la propia Generalitat, que para eso tiene transferidos los impuestos de sucesiones, de donaciones, etcétera, etcétera.

La senyora vicepresidenta:

Gracias, señor Torres.

Señora García Herrero.

La senyora García Herrero:

Gracias, señora presidenta.

Yo le voy a insistir, señor Torres, que lo que usted propone en su proposición no de ley es prácticamente imposible establecer con el modelo actual, dado que las disponibilidades presupuestarias se conocen con carácter anual en esos planes concertados, que son fruto de acuerdos anuales adoptados en esas conferencias sectoriales de asuntos sociales.
Si esas conferencias sectoriales, y le insisto, no adoptan un carácter plurianual difícilmente podríamos hacer desde la comunidad previsiones realistas sobre la financiación de las entidades locales.

De todas formas, señor Torres, usted sabe y conoce perfectamente, porque lo acaba de decir usted, que este convenio que regula el plan concertado adolece de un defecto fundamental y es que al firmase –y usted lo sabe perfectamente porque lo hizo usted– pues le hizo un flaco favor a esta comunidad y un importante favor al estado, por cierto que en aquel momento los dos gobernados por el Partido Socialista.
Si el estado no financia nada, nosotros no estamos obligados a dar más.
Pero hay una diferencia, señor Torres, y es que este gobierno del Partido Popular no es como el gobierno del Partido Socialista que ha estado recortando las políticas sociales todos estos años.
Nosotros no vamos a recortar las políticas ni las partidas sociales, señorías; nosotros estamos supliendo lo que ustedes han ido reduciendo y eliminando.
Porque ustedes congelaron la aportación del estado de 2004, recortaron este año y sobre este presupuesto congelado el gobierno socialista hasta todavía hoy en su último Consejo de Ministros ha reducido un millón de euros la aportación del estado a la Comunidad Valenciana, precisamente en este año donde, como ustedes decían, tantas dificultades hay para tantas y tantas familias.

Nosotros somos conscientes de la obligación de atender estas políticas sociales y los servicios sociales municipales.
Yo le he dado a usted unas cantidades de aportaciones y de subvenciones y ayudas que se están dando a las entidades locales, porque son las que están atendiendo estas necesidades.

Por cierto, señorías, donde el gobierno socialista ha estado poniendo un euro, La Generalitat está poniendo 1,7.
Y este año La Generalitat ha presupuestado para la financiación del plan concertado 23.
500.
000 euros, aportando 14.
600.
000 euros La Generalitat por 8.
600.
000 euros que ha aportado el gobierno socialista.
Aquí tendría que poner un 50%, señor Torres.
¿Dónde está ese 50% que tenía que haber puesto el estado?

Bien, señorías, estamos en pleno debate presupuestario y usted en esta proposición no de ley yo le repito si usted dice que usted la habría sacado de no sé dónde, pues facilito lo habría tenido decir dónde habría sacado usted esta financiación extraordinaria en su proposición no de ley.
Porque cuando quince días antes de presentar la proposición no de ley usted pedía 4 millones, a los quince días pide 5, pero siempre sin decir de dónde sacaría ese dinero.

A mí me hubiera gustado, señor Torres, que todos estos años, ya que hablaba usted de financiación, usted y su grupo –además muchas veces se lo he repetido yo en los debates presupuestarios– nos hubiera acompañado en la reivindicación de una financiación justa para esta comunidad y las necesidades que aquí tenemos.
Ustedes siempre nos han hecho oídos sordos.
Yo creo que así les va.
Porque nosotros sí que hemos estado reivindicando todos estos años una financiación justa para esta comunidad.
¿Es ahora, señor Torres, cuando piensa que no tenemos que conformarnos?
¿Es ahora, que ustedes han perdido el gobierno, cuando no tenemos que conformarnos?
No se preocupen, señorías, nosotros vamos a seguir reivindicando una financiación justa para esta comunidad.
Sí, señorías, y yo le repito porque con sus deficiencias, porque efectivamente nunca vamos a estar conformes con la cantidad de problemas que hay en la actualidad, esta financiación garantiza unos servicios sociales que están basados, señorías, en datos presupuestarios reales.

Señorías, nosotros tenemos y vamos a seguir contando con la sensibilidad firme y la voluntad de este gobierno para hacerlo realidad cada día y atender las necesidades sociales de esta comunidad tal y como son necesarias.

Nada más y muchas gracias.

La senyora vicepresidenta:

Gracias, señora García Herrero.

Concluido el debate, pasamos a votación.
¿Votos a favor de la PNL?
7.
¿votos en contra?
8.
Queda rechazada la proposición no de ley.

Proposició no de llei sobre l’eliminació de les modificacions introduïdes en les ordres de subvenció de foment de l’ocupació, salari jove, i de foment de desenvolupament local de cara a la convocatòria de 2012, presentada pel Grup Parlamentari Esquerra Unida (RE número 6.
298, BOC número 23)

La senyora vicepresidenta:

Pasamos al siguiente punto del orden del día: «Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre l’eliminació de les modificacions introduïdes en les ordres de subvenció de foment de l’ocupació, salari jove i de foment de desenvolupament local de cara a la convocatòria de 2012, presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Unida.
»

Tiene la palabra el señor Blanco.

El senyor Blanco Giner:

Gràcies.

En estos moments de crisi amb una taxa de desocupació general al voltant del 25% al País Valencià i un atur juvenil superior al 50%, es bàsica la generació d’ocupació, i en això coincidirem tots i totes.
I hi ha una responsabilitat molt gran de l’administració en esta i concretament de la Generalitat valenciana en les polítiques actives d’ocupació transferides des de fa molts anys.
L’organisme que ha de desenvolupar–les és el Servef i té diversos programes.
Un d’ells per a foment de l’ocupació juvenil és el programa «Salari jove», que està destinat a la contractació de joves sense experiència laboral perquè col·laboren en l’execució d’obres i serveis d’interés general i social com a mitjà perquè adquirisquen la formació teòrica i pràctica necessària per a l’exercici d’un lloc de treball adequat a la seua formació.

I un altre programa és el de foment del desenvolupament local, a través de la subvenció per a la contractació d’agents d’ocupació (inoïble per problemes tècnics) .
.
.
d’activitat empresarial amb l’atenció especial a aquelles que contemplen d’R+D+I.

Eixa ordre establix les funcions dels ADL, dels agents d’ocupació i desenvolupament local, que són, en primer lloc, la prospecció de recursos ociosos o infrautilitzats de projectes empresarials de promoció econòmica local i iniciatives innovadores per a la generació d’ocupació que servisquen per a identificar noves activitats econòmiques, així com detecció de nous jaciments d’ocupació.
En segon lloc, difusió i estímul de les potencials oportunitats de creació d’activitat entre persones desocupades, promotors, emprenedors i institucions col·laboradores.
En tercer lloc, acompanyament tècnic en la iniciació de projectes empresarials per a la seua consolidació en empreses generadores de noves ocupacions, assessorant i informant sobre la viabilitat tècnica, econòmica i financera i, en general, sobre els plans de llançament de les empreses.
En quart lloc, el suport a promotors de les empreses, una vegada constituïdes estes, acompanyant tècnicament a estos durant les primeres etapes de funcionament per mitjà de l’aplicació de tècniques de consultoria en gestió empresarial i assistència en els processos formatius adequats per a coadjuvar a la bona marxa de les empreses creades.
Així que la funció és desenvolupar accions de difusió i informació sobre els serveis i polítiques actives del Servef, assessorament i suport sobre els programes de subvencions en matèria de formació, inserció i ocupació.

Una altra de les seues funcions és la participació en cursos, jornades, fòrums, esdeveniments i intercanvi d’experiències en relació amb les polítiques d’ocupació.
Una altra, la detecció de necessitats formatives o de qualsevol altra acció que contribuïsca a garantir la missió principal –enunciada en l’article anterior–.
I, per últim, atendre les instruccions del Servef i emplenar els qüestionaris que li siguen requerits en l’aplicació informàtica dissenyada a este efecte –estic llegint, literalment, l’ordre de la conselleria.

En resum, els ADL fan una tasca importantíssima per al desenvolupament local, i especialment en aquelles zones on hi ha desequilibris econòmics i poblacionals, principalment, per tant, als pobles rurals.
Uns pobles rurals que necessiten un desenvolupament local integral, i més en època de crisi.
Un desenvolupament que ha d’entendre’s, necessàriament, de moltes maneres: un desenvolupament cultural, social, humà, intel·lectual, ecològic, educatiu i, per suposat, un desenvolupament econòmic, orientat a la generació d’ocupació i a la lluita contra l’atur.

S’ha de reconéixer que per a molts ajuntaments l’ADL és l’únic titulat a què poden accedir –molts ajuntaments menuts que reben eixa subvenció en un 80% per part del Servef, però finançada pel fons social europeu, és a dir, són fons europeus que gestiona el Servef–; són bàsics per a ajuntaments menuts.
Les ciutats grans i mitjanes, normalment, tenen personal de plantilla que fa eixes mateixes funcions, fins i tot de manera especialitzada –és a dir, en diverses categories de personal que atenen les diverses funcions que un ADL fa en un poble menut.

I eixos pobles menuts, fins ara, havien pogut accedir –una bona part d’ells– a disposar d’un ADL gràcies a les convocatòries de La Generalitat durant més de deu anys, fins 2011.
Perquè a la convocatòria que es va publicar al mes de desembre de 2010, per a 2011, es van establir dos requisits, un per a cadascuna de les convocatòries que són objecte d’aquesta proposició.
Per una banda, es va demanar que hi haguera un mínim de 500 persones registrades com a demandants d’ocupació en el municipi per a poder accedir a sol·licitar –sol·licitar– la subvenció per a la contractació d’un agent d’ocupació i desenvolupament local.
I, per altra, es requeria que hi hagueren més de cent joves inscrits com a demandants d’ocupació en eixe municipi per a participar en el programa «Salari jove».

¿Quina és la conseqüència d’estes dos clàusules que no estaven previstes en les convocatòries d’anys anteriors i que s’han incorporat, per primera vegada, per a l’any 2011?
Molt clarament, l’exclusió dels pobles menuts, sobretot del món rural, que és precisament on més falta fa aquest tipus de programes, especialment on més falta fan els agents d’ocupació i desenvolupament local.

Un exemple molt clar el tenim a la província de Castelló, i nosaltres hem volgut reflectir–ho en el text, en l’exposició de motius de la proposició no de llei.

La província de Castelló compta amb 135 municipis, i ens trobem que eixos criteris –eixos requisits–, en el cas del salari jove, únicament es complixen en 22 municipis.
Per tant, queden exclosos de poder sol·licitar la participació en el programa 113 municipis.

I si anem al requisit de 500 persones registrades com a demandants d’ocupació per a accedir a la subvenció d’una contractació d’un ADL, ens trobem que sols 16 pobles de la província de Castelló –que molts d’ells són ciutats grans o mitjanes, que ja disposen de personal de plantilla per a atendre eixes necessitats–, sols 16 complixen amb eixe requisit; mentre que 119 pobles se queden exclosos –pobles, molts d’ells, que ja havien vingut rebent eixa subvenció per a la contractació d’eixos ADL i que ara queden fora del programa.

Per tant, entenem que és una qüestió de sentit comú.
És una qüestió de sensibilitat amb les necessitats reals dels pobles.
I entenem que la proposta que fem és una oportunitat per a la rectificació, per a la rectificació en un moment adient.
Perquè no estem dient que es canvie la convocatòria de 2011 –que ja s’ha dut a terme–, sinó que de cara a 2012, de cara a una ordre de convocatòria que encara no s’ha publicat, que encara ha d’estar redactant–se en la conselleria, estes Corts Valencianes demanen que es lleve eixe requisit, que es torne, en primer lloc, a les bases de convocatòria que havien regit fins ara.
I, després, que s’òbriga, en tot cas, un procés de negociació, en una taula, amb els professionals del desenvolupament local, per vore si cal fer canvis; però que no siga a cop de decisió unilateral que –com dic– perjudica de manera greu els pobles menuts del món rural.

És una oportunitat –la votació d’esta proposició no de llei– de demostrar que ens creguem el concepte de desenvolupament local i d’equilibri territorial; eixes paraules que sempre es diuen en els grans discursos, sobretot quan les persones que tenen responsabilitats de govern acudixen a estes zones rurals –de l’interior, fonamentalment–, però que s’han de convertir en fets.
En este cas és tan senzill com rectificar una modificació que és perjudicial, i tornar a les bases de la convocatòria que havien vingut regulant estes subvencions durant una dècada.

I, per tant, esperem el parer favorable i el vot afirmatiu de la resta de grups de la cambra.

La senyora vicepresidenta:

Gracias, señor Blanco.

Para fijar posición, señora Oltra, tiene la palabra.

La senyora Oltra Jarque:

Gràcies, senyora presidenta.

Efectivament, per a dir–li al senyor Blanco que té el nostre vot a favor d’esta iniciativa en què se tracten temes econòmics; en què s’aborda l’alarmant situació d’atur juvenil que patim al nostre país, que si un de cada quatre valencians està aturat, pensem que un de cada dos joves ho està, la qual cosa és dramàtica –més d’un de cada dos joves està aturat–, és dramàtica.
Però esta situació esdevé especialment difícil quan se viu en zones que, de per si, ja sofrixen –o patixen– una depressió major per la seua situació geogràfica en l’interior.

Este país, tradicionalment, ha tingut un desequilibri de l’interior en favor de la costa.
Això.
.
.
, hi va haver un moment que se van posar en marxa polítiques per a corregir, per a reequilibrar eixe desequilibri.
Però, d’un temps ençà i amb l’excusa de la crisi, el desequilibri està accentuant–se cada vegada més.
Tot el món recordarem com, durant un temps, el tema de la repoblació dels nuclis rurals, el tema de donar vida i de desenvolupament del turisme d’interior.
.
.
, totes estes línies d’actuació intentaven –intentaven– reequilibrar.
.
.
Evidentment reequilibrar mínimament, perquè el sobre pes que té la costa en el nostre país és una cosa difícilment sostenible, des del punt de vista territorial i social –però bé, és una cosa molt assumida pels poders públics–.
Però, en qualsevol cas s’intentava –s’intentava– reequilibrar mínimament açò.

En este moment, no només esta norma, sinó moltes altres normes el que estan és tornant a provocar èxodes del món rural.
Si el món rural ja està en una situació de risc de despoblació –dependent de comarques en una situació de molt de risc de despoblació–, normes com estes el que fan, unides a la greu crisi que estem vivint, és tornar a un èxode paregut al que hi va haver en els anys del major èxode que van patir els nuclis rurals cap a les conurbacions, a les grans conurbacions, i cap a la costa en general.

Per tant, a mi, és el que més –digam– destacaria d’esta proposició no de llei, el tema de reequilibrar l’interior enfront de la costa, que sempre s’emporta el major pes de totes les polítiques –des de la política turística, política econòmica, política ambiental, etcètera.

També m’agrada molt d’esta proposició no de llei el fet que se constituïsca una mesa de negociació.
És a dir, no s’intenta imposar res, sinó que el que s’intenta, precisament, és amb els afectats –i jo entenc que en esta mesa hauríem d’estar també els agents socials, haurien d’estar els sindicats, haurien d’estar les mateixes entitats locals, els professionals de l’àmbit del desenvolupament local– s’intente buscar una manera en què se puga oferir un agent de desenvolupament local, si no en tots els municipis, almenys d’una manera de tindre mancomunats serveis o una manera de donar eixe servei a tota la població afectada; i no tenint en compte les condicions lleonines que se posen en esta ordre, que poc menys que necessites tindre, pràcticament, a tots els joves del municipi aturats per a poder accedir–hi –i alguns ni això, perquè per població no arribarien.

Aleshores, tenint això en compte –que jo crec que quan se parla de mesa de negociació estem parlant que tots els agents que estan implicats en açò puguen donar la seua veu; per tant, puga haver–hi un procés participat, que és una cosa que necessitem vitalment en la nostra democràcia en este moment–, eliminar estes condicions lleonines que dificulten i desequilibren, moltíssim més del que ja estan, les condicions dels municipis rurals, nosaltres doncs anem a donar suport a esta iniciativa; esperant, evidentment també, que puga conrear la majoria de la cambra.

Gràcies.

La senyora vicepresidenta:

Gracias, señora Oltra.

Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Serra.
Cuando quiera.

El senyor Serra Ferrer:

Moltes gràcies, senyora presidenta.

El meu grup parlamentari, el Grup Parlamentari Socialista, també va a donar recolzament a aquesta proposició no de llei d’Esquerra Unida, perquè estem tractant, amb aquesta proposició, una qüestió que afecta un gran nombre d’ajuntaments i de ciutadans i ciutadanes d’aquesta comunitat.

Es tracta d’unes modificacions arbitràries a unes ajudes que estan ja consolidades, com són el salari jove i les encarregades al foment de desenvolupament local.
Tal vegada aquestes modificacions formen part d’eixa poda selectiva que està imprimint aquestos pressupostos i aquest nou estil del president Fabra.
Una poda selectiva que els socialistes, dia rere dia, titllem d’arbitrària perquè n’hi han.
.
.
; esforços i retalls els estan patint moltes de les línies necessàries en moments de crisi, mentre que altres línies sobre grans esdeveniments i coses supèrflues romanen impassibles en uns pressupostos que, a ben segur, estem molt segurs que caldrà canviar d’ací poc.

No creiem raonable –els socialistes– que dos de les línies directes de creació de llocs de treball i d’investigació en l’àrea d’ocupació, com són el salari jove i els agents d’ocupació i desenvolupament local, hagen de tindre una barrera numèrica per poder accedir a sol·licitar–les.
I, per això, rebutgem aquestes modificacions.

Són qüestions arbitràries les que introduïxen una xifra mínima d’aturats en un poble per a poder accedir a unes ajudes públiques; perquè, ¿per què cal que existisquen 100 joves aturats en un municipi per a poder optar a una ajuda com el salari jove?
¿Què passarà si són 98 o són 99 els joves aturats en eixe municipi?
¿No farà falta aquesta ajuda de salari jove quan només en un municipi –en la data determinada que marca a dia de hui l’ordre, com puga ser el mes de novembre– n’hi hagen 98?
¿Es quedaran fora d’eixa sol·licitud eixos municipis?
Per això dic que és una qüestió arbitrària el fet de marcar un número.

També és totalment arbitrari agafar com a referència les dades d’un mes en concret.
Perquè, en definitiva, ja ficats a agafar una qüestió de referència, ¿per què no s’agafa la mitjana de l’últim any, que acaba siguent una qüestió molt més objectiva i més raonable?
Perquè els qui treballen en qüestions numèriques, els qui es dediquen a les qüestions d’investigació de mercats i anàlisi de les dades sabem que és millor agafar tota una sèrie que no una imatge fixa d’un moment determinat.
Perquè, tal vegada, en aquesta ordre, sí que és veritat que les dades del mes de novembre pogueren ser millors que les d’altres dades.
Però és que les dades de 2011 precisament novembre no és el pitjor més, no és el mes en el qual, en les distintes províncies, el nombre d’aturats ha sigut superior.

Amb la qual cosa, el fet d’agafar una barrera numèrica i una qüestió d’un mes determinat són qüestions totalment arbitràries.
Perquè com bé comentava anteriorment el proposant de la PNL, el senyor Blanco, sí que és veritat que si agafes les dades concretes del mes que en fixa l’ordre, el cas més sagnant és el cas de la província de Castelló perquè al salari jove només podrien accedir a ell el 10% dels municipis d’eixa província.
Estem deixant al 90% dels municipis de la província de Castelló, amb aquesta nova ordre i aquestes modificacions, fora del salari jove, de poder accedir–hi.
Són qüestions totalment arbitràries.

Però possiblement, i el que estem segurs, és que darrere d’aquesta qüestió vostés estan seguint una doble estratègia per a anar destinant menys recursos cap a la formació.
Perquè el salari jove ha sofrit una retallada dels diners destinats en l’any 2009 respecte de l’any 2010.
Però és que la línia que sustenta aquesta ajuda, la línia 2941 –en què es basen aquestes i altres ajudes–, patix un retall en els pressupostos d’enguany, patix més de huit milions de retall.

Amb la qual cosa, en la seua estratègia doble –que és la d’anar retallant la línia que sustenta aquestes dos ajudes i, a banda, anar deixant els impagaments que van deixant en cadascun dels municipis– el que van a provocar és menys diners, menys corporacions que puguen accedir i que les que puguen accedir es plantegen si fer–ho.
Perquè els municipis, i a dia de hui, el que no estan disposats és a continuar assolint el deute per culpa de La Generalitat.
Eixos impagaments en aquestes ajudes tan necessàries –perquè quan els municipis ho sol·liciten és perquè consideren necessàries aquestes dos ajudes– no van a continuar assolint.
.
.
, amb la qual cosa, els felicite –i entenga la ironia–, als membres del Partit Popular, que aquesta estratègia doble sembla ser que els sortirà efecte, però els sortirà afecte a costa de necessitats imperioses que té aquesta comunitat.
Amb la qual cosa, rebutgem aquestes modificacions que vostés i el Consell realitza en aquestes ajudes, i recolzem aquesta proposició no de llei d’Esquerra Unida.

La senyora vicepresidenta:

Gracias.

Señor Ibáñez, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra.

El senyor Ibáñez Bordonau:

Muchas gracias, señora presidenta.

Muy buenos días a todos.
Yo, agradecer al señor Blanco la posibilidad de presentar esta PNL sobre un tema del que hemos debatido en algunos aspectos ya algunas veces, porque hemos debatido algunas PNL sobre el tema de lo que sería el salari jove, pero sobre todo porque de alguna forma da la posibilidad, o nos da la posibilidad a los miembros del Grupo Parlamentario Popular, de que afloren iniciativas del gobierno valenciano, encaminadas por un lado al empleo, y por otro a prestar servicios a los ayuntamientos, lo que entenderíamos como municipalismo.
Lo digo porque en su primera intervención de hoy ha tachado de que no existen políticas a favor de los ayuntamientos.
Mire, en esta PNL simplemente usted nos hace que afloren dos, el salari jove y los ADL (inoïble per problemes tècnics) .
.
.

Para el Consell –y se ha repetido y se ha reiterado en multitud de oportunidades– la lucha contra el desempleo juvenil ha sido una de las prioridades en esta legislatura.
Y en este sentido, qué duda cabe, que son los jóvenes el punto de mira donde se enfocan las políticas del Consell, porque son –como sabe– el futuro, ¿no?
Y para ello, el salari jove permite dos cuestiones: en primer lugar, que los jóvenes tengan la oportunidad de tener ese primer empleo, pero, en segundo lugar, que ese primer empleo vaya acorde, de alguna forma, a una formación previamente adquirida.
Porque lo dice claramente la orden.
La empleabilidad de los jóvenes desempleados sin o con escasa experiencia laboral, para que adquieran la formación teórica y práctica para el desempeño de un puesto de trabajo adecuado a su formación, mediante la ejecución de obras y de servicios de interés general y social.

Estamos hablando de empleo y estamos hablando de formación en una misma fórmula.
Le diré –porque también se ha insinuado de alguna forma– que si en el año 2010 se invirtieron 4.
552.
000 euros, en el año 2011 han sido 4.
655.
000.
Yo no veo el recorte por ningún lado, lo que veo es un aumento de 100.
000 euros más sobre la orden del 2010.
La contratación de estos jóvenes beneficiados se hace a través de un contrato en prácticas, que se regula en el artículo 11 del Estatuto de los trabajadores, y lo que permite –como he dicho– es la posibilidad de trabajar y seguir formándose.

En cuanto a ese latiguillo léxico que ustedes han utilizado, que parece que el interior de los municipios –y creo que expresa mención al interior de la provincia de Castellón– pues parece que como que está aislado absolutamente de cualquier iniciativa y de cualquier propuesta, pues les tengo que decir, –y creo que ustedes lo saben, simplemente que no lo quieren decir–, que saben que en el Servef, en el servicio valenciano de empleo hay un programa específico para paliar el riesgo de despoblación en las comarcas del interior.
Este programa va dirigido exclusivamente a más de 330 localidades de la comarca del interior, siendo más de cien municipios de la provincia de Castellón los que se han adherido y han tenido oportunidad de participar en el mismo.
En el 2010 fueron casi 800 personas las que se beneficiaron de este proyecto, y en el 2011 hasta la fecha han sido más de 803 trabajadores los que se han visto beneficiados de estas iniciativas.

Por lo tanto, yo entiendo sus dudas, entiendo sus incógnitas, pero también creo que simplemente por el hecho de presentar dan la oportunidad de que les disipemos aquellas dudas que ustedes en este momento tienen, ¿no?
No se deja absolutamente a nadie en la estacada, porque no se deja a nadie en la estacada.
Yo creo que hay que leer de una forma más o menos rigurosa las órdenes para ver que no es así.
Lo que pasa es que creo que también deben de entender un poco cuál es la mecánica de los ayuntamientos.
Ustedes saben que cualquier orden, cualquier iniciativa de este tipo, necesita previamente la consignación presupuestaria de cada uno de esos ayuntamientos.
Claro, si ustedes se ponen en la piel de pequeños ayuntamientos a los que hoy ustedes de una forma a pecho descubierto quieren defender –que nosotros también, fíjese, si esto es muy fácil–, pero hay que ver cuál es el día a día de estos ayuntamientos.
Cómo un ayuntamiento que, por ejemplo, en su capítulo I tiene poco menos de 7.
000 euros consignados, puede acceder, tal y como ustedes dicen, a una ayuda de este tipo.
¿Verdad que no podrían?
Porque tienen que consignar la cantidad previamente que supondrá esto, y que después le vendrá lógicamente por el ingreso.
Pero claro, ¿y cómo lo hacen?
Porque lo hacen.
¿Cómo lo hacen?
Porque lo hacen –y ahí esta la orden– por medio de agrupación de municipios, porque es la posibilidad que la orden da a aquellos municipios pequeños.

Por lo tanto, no entendemos realmente que esta proposición no de ley quiera promover un cambio en la misma orden, cuando la misma orden da la solución a aquellas incógnitas que ustedes plantean, y por lo tanto no la vamos a aprobar.

Muchas gracias.

La senyora vicepresidenta:

Gracias, señor Ibáñez.

Para réplica, señor Blanco.
Tiene la palabra.

El senyor Blanco Giner:

Sí, m’ha costat escoltar tot el discurs fins al final, per trobar una raó per la qual anaven a votar en contra.
Perquè el primer que han fet, com tots els debats ací els entenen en clau partidista, és traure pit per uns programes que són escassos.
Però sembla que vostés únicament replantegen les qüestions en funció de defensar el govern, (inintel·ligible) .
.
.
el govern.
Nosaltres estem duent ací una proposició per a millorar una ordre que ve tenint vigència any rere any, des de fa més d’una dècada, i que s’ha empitjorat.
I això és una qüestió que ens ha arribat a través de les entitats locals, dels professionals, de la gent que està patint esta situació.

Vosté diu que ajuntaments que tenen (inintel·ligible) .
.
.
euros de pressupost en capítol I.
Jo he tret algunes xifres, a més de novembre de 2010.
Atur registrat en el Servef, perquè no vull parlar de xifres de hui, que segurament seran pitjors.
I n’hi hauran més ajuntaments en eixa situació.
Però en la província d’Alacant, Agost o Xixona, per exemple, no poden accedir a eixa subvenció.
I en la de Castelló, Betxí, Borriol o Moncofa.
I en la de València, Guadassuar, Xeraco, Moixent, Sollana o Vallada.
No me sembla que siguen pobles que siguen menuts i que tinguen 7.
000 euros de pressupost en capítol I, no, no em sembla.
No estem parlant de pedanies abandonades en mig de la muntanya.
Aiora, curiosament, tenia en aquell moment 501 aturats.
És a dir, Aiora, per un aturat podia presentar–se.
Si ara, en Aiora l’evolució de la desocupació, com en tots els casos, ha empitjorat, Aiora ja no pot accedir a sol·licitar la subvenció per a contractar un agent d’ocupació i desenvolupament local.

I estem que se torne al que està abans, que també ho feia el seu govern.
Fixe’s vosté, no li estem dient: «Canvie la política del Partit Popular, per a aplicar la política d’Esquerra Unida.
» No.
Li diguem: «Rectifique una errada que s’ha comés puntualment.
» Estem a temps, perquè l’ordre encara no s’ha publicat –segurament s’estarà redactant–.
Utilitzem estes Corts per al que també poden valdre estes Corts, que és per a dir–li al Consell de quina manera se poden fer millor les coses.
En este cas és rectificant i després obrint eixa taula de diàleg, de negociació per a buscar un consens.
Tinga vosté en compte que, a més a més, és molt molt absurd parlar de xifres absolutes i no relatives en el tema de l’atur.
Perquè poden haver–hi pobles que tinguen una bona situació econòmica i una baixa taxa d’atur, però que per la seua grandària sempre compliran.
No crec que passe ara, perquè estem en una situació molt difícil per a tots i totes, però en aquells temps que vostés presumien de plena ocupació en algunes comarques, precisament també de Castelló, costaneres en este cas, segurament en les millors zones –que sempre hi han problemes– sempre es complia el requisit.
Mentre que en altres pobles, on hi ha una taxa de desocupació juvenil molt superior al que ja és una barbaritat, que és més del 50% a nivell de país, on hi ha el doble de taxa de desocupació general, per una qüestió del nombre d’habitants, directament no arriben.

I li he ficat uns casos, i li’n podria ficar més.
Jo crec que algun poble segurament vosté el coneixerà, perquè vosté és de Castelló, i li hem ficat l’exemple de la seua província.
La mancomunació de la contractació de personal pot ser una solució, sempre que siga voluntària i que siga gestionada amb temps.
No se pot imposar una ordre en la qual hi un termini de temps molt concret per a presentar les sol·licituds, perquè la mancomunació requerix concertació entre diferents entitats locals.
I això pot ser una bona solució.
Fins i tot li diguem: «Valore vosté el barem.
» Però no excloga de la possibilitat de presentar sol·licituds les entitats locals que fins ara sí que podien fer–ho, i que únicament per aquesta decisió unilateral de la conselleria, ja no poden.
¿O és que en el fons tot són excuses per a amagar el retall pressupostari, i per a dir que no rebutgen sol·licituds perquè directament no les admeten?

Per altra banda, li recorde que són fons del fons social europeu, és a dir, que ni tan sols són diners que els costen als valencians i valencianes, sinó que vénen d’Europa.
També he de dir–li que no estan pagant.
Que ara el problema és que ara que sí que s’ha pogut presentar i que sí que ha obtingut la subvenció, no està cobrant.
Resulta que no s’ha pagat res del 2011, quan el 60% s’ha de pagar en el moment en què s’inicia la contractació.
Res, no hi ha cap poble que haja cobrat.
I que, fins i tot, del 2010, que s’havia de pagar amb càrrec a romanents als pobles que van justificar quan ja estava tancat l’exercici pressupostari, com s’ha fet tots els anys, tampoc se’ls ha pagat.
De manera que hi han pobles que acumulen dos anys d’impagaments de les subvencions d’estes ordres i, per tant, alguns estan impagant nòmines, altres estan fent front a eixes obligacions a càrrec del seu propi pressupost en el 100%, i alguns fins i tot han renunciat a la subvenció.
Si en el fons, el problema està ahí, que vostés no paguen.
Però el que vostés també haurien de saber és que no poden marginar arbitràriament –ja dic, en xifres absolutes, ni tan sols en xifres relatives, sense més estudi– molts pobles de tot el País Valencià, que són els que més ho necessiten.

Per tant, els demanem que voten a favor de la proposició i que la conselleria estudie de quina manera pot primar la mancomunació de municipis, de quina manera pot baremar les diverses sol·licituds i, fins i tot, que per a fer eixa baremació compte amb el coneixement especialitzat dels experts, dels propis ADL, però que no excloga i que no deixe fora tantíssims pobles del País Valencià que no s’ho mereixen.

La senyora vicepresidenta:

Gracias, señor Blanco.

Señor Ibáñez, tiene la palabra.

El senyor Ibáñez Bordonau:

Muchas gracias.

Bien, señor Blanco, yo lo primero que he hecho es (rient) agradecerle la oportunidad de que usted presente esta PNL, no para sacar pecho.
Yo le he dicho que es un tema del que estoy seguro que a ustedes les preocupa, y que a nosotros nos preocupa, y que al Consell le preocupa y le ocupa, las dos cosas.
Y no sacamos pecho, simplemente le he dicho que, gracias a su PNL, nos da la posibilidad de que afloren iniciativas que existen, que son reales, que son tangibles, que están ahí, y que muchas veces en el debate parlamentario, en los comentarios parlamentarios, en las argumentaciones, pues se dejan de lado o incluso –si me permite– hasta se demoniza un poco la actitud del Consell en determinadas cuestiones, en este caso, en cuanto al empleo o el apoyo a ayuntamientos.

Mire, en cuanto al salari jove, hay dos cuestiones que le he dicho y que creo que debe de quedar muy claro.
El salari jove permite dos cuestiones: por un lado, ese primer empleo para el joven, y segundo, la formación.
Lo que se ha pretendido con esta nueva orden es reconducir, en primer lugar, hacia localidades con unos registros de paro mayor y que además tengan una mayor posibilidad de tutorizar lo que es la práctica de la persona que está en este primer empleo.
Esto es lo que se ha intentado.
En segundo lugar, usted ha hablado de recortes, y yo le he dado cifras exactas.
Si quiere, se las repito.
En el 2010 fueron 4.
552.
271 euros los que se destinaron, y en este 2011 han sido 4.
655.
477.
No hay recorte, hay un aumento de 100.
000 euros más.

Por otra parte, ustedes dicen: «No, es que para este presupuesto se ha recortado esta línea.
» Ya, pero ustedes no van a decir que se ha creado un plan de empleo juvenil, ¿vale?
, que para esta legislatura está dotado con 100 millones de euros, y que para este presupuesto creo que son cerca de 20 millones de euros los que ya se han contemplado en el mismo.
Esto, obviamente, no lo van a decir.

Por otra parte, en cuanto a lo de los ADL –que usted reitera–, lo de la exclusión.
Mire, a mí ni me lo han contado ni lo he oído.
Yo he tenido en los últimos ocho años la oportunidad, además, de llevar estos servicios en los ayuntamientos, a través de la diputación; me encargaba de todo lo que eran las oficinas de la diputación a lo largo de los municipios, y, por lo tanto, estaba en contacto directo con las agrupaciones de municipios, concretamente treinta y tres municipios de la provincia que de alguna forma la diputación les prestaba todos los servicios.
Y sé lo que es agruparse municipios para tener una ADL, o sé lo que es agruparse municipios para tener un salari jove.
Sé lo que es.
¡No me lo tiene que contar nadie!
¡Lo sé!
Y, por lo tanto, existe.

Pero es que, claro, ustedes, cuando en su PNL redactan los requisitos para optar al mismo –que está en el artículo 20–, copian el artículo 20.
1, ¿vale?
, que es: «En consideración a las distintas necesidades de la Comunidad Valenciana, así como la actual situación sociocultural.
.
.
.
–bueno, tal, tal, tal– se necesitarán 500 desempleados.
» El párrafo siguiente a ese, es decir, punto y aparte: «Los municipios con menor número de personas desempleadas –los municipios con menor número de personas desempleadas, su preocupación aquí está resuelta– serán atendidos a través de entidades supramunicipales que correspondan, o bien a través de las agrupaciones de municipios.
» Artículo 20, simplemente el punto y aparte, después de lo que ustedes han redactado, y en la convocatoria última se han beneficiado exactamente diecisiete mancomunidades en la Comunidad Valenciana, cuatro de ellas en la provincia de Castellón.

Por lo tanto, ni se ha olvidado, ni se ha dejado absolutamente a nadie de lado; por un lado, a través de agrupaciones de municipios por aquellos que no llegaban, y, por otro lado, a través de mancomunidades.
Por lo tanto, están plenamente satisfechas, es un programa que funciona, es un programa que está ahí al servicio del empleo y del servicio de los municipios.

Y, por lo tanto, no vemos el motivo por el cual se tenga que sacar adelante esta PNL y, por tanto, vamos a votar en contra.

Muchas gracias.

La senyora vicepresidenta:heÂ«

Gracias, señor Ibáñez.

Concluido el debate, pasamos a votación.
¿Votos a favor?
7.
¿Votos en contra?
8.
Queda rechazada la proposición no de ley.

Sin más asuntos a tratar, levantamos la sesión.

Muchas gracias.

(S’alça la reunió a les 11 hores i 56 minuts)