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Comissió d'Obres Públiques, Infraestructures i Transports realitzada el dia 29 de març de 2016.
Comença la reunió a les 16 hores i 6 minuts.
Presideix el diputat senyor Vicent Arques Cortés.
Reunió número 7/I.

El senyor president:

Comisión de obres públiques, infraestructura y transportes, hoy día 29 de marzo, segundo día de Pascua, a las 16:00 horas.
El orden del día es el siguiente:

El punto 1 es lectura y en su caso aprobación del acta de la anterior reunión.
¿Alguna aclaración?
Se aprueba por asentimiento.
Vamos a ver si tenemos cuórum.
Disculpa, secretario.

El senyor secretari:

Sí, buenas tardes.

(El secretari passa llista per tal de comprovar si hi ha quòrum)

Hay cuórum, presidente.

El senyor president:

Ahora sí, disculpad: lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión anterior.
Se aprueba por unanimidad.

Compareixences en la fase de participació ciutadana del procediment d'elaboració de la proposició de llei per a pal·liar i reduir la pobresa energètica -electricitat, aigua i gas- a la Comunitat Valenciana (RE número 4.
485)

El senyor president:

El punto 2 son comparecencias en la fase de participació ciutadana del procediment d'elaboració de la proposició de llei per a pal·liar i reduir la pobresa energètica -electricitat, aigua i gas- de la Comunitat Valenciana.
I els compareixents són els que tenim tots els membres de la comissió.

Inicia el torn d'intervencions el compareixent, portaveu de Cermi a la Comunitat Valenciana, que és Juan Luis Planell Almerich.
Sí, sí, está…, se incorpora.
I el grup que el proposa és el grup Podemos-Podem.

Muy buenas.
Ací, per favor.
Ací, ací.
(Pausa)

Mos acompanya el senyor Juan Luis Planells, a proposta del Grup Parlamentari Podemos-Podem, i té huit minuts per a intervenir.
Després cada grup intervindrà quatre minuts.

Gràcies.
Quan vullga.

Compareixença del senyor Juan Luis Planells Almerich, portaveu de Cermi a la Comunitat Valenciana

El senyor Planells Almerich:

Señores diputados y diputadas, compañeros de ONG que también pasáis por aquí, y en fin, como el trabajo son ocho minutos y yo veía que esta mañana cuando lo he probado era el doble de tiempo el trabajo, pedí que se os entregara escrito, con lo cual yo ahora simplemente haré un resumen muy por encima, porque, de lo contrario, no daba tiempo.

Bien, en primer lugar, quiero saludar en esta legislatura el nuevo reglamento que han hecho ustedes y que permite, por transparencia, que las entidades que vamos a ser afectadas de una o de otra forma por las leyes que se hacen podamos decir nuestro parecer a cada una de ellas.
Esto por su parte les honra mucho, y por eso quiero dar las gracias.

Quiero comenzar por la estrategia europea de 2010-2020 sobre la discapacidad.
La estrategia europea pretende reducir la pobreza un 25%, con lo cual, de los 80 millones de pobres que se considera que hay en la Unión Europea, piensan reducir 20 millones, pero, claro, imaginen aún lo que queda detrás; 80 millones de pobres.
En nuestro país, según el ministerio actual, la pobreza afecta a un 19% de la población, mientras que en las personas con discapacidad afecta a un 30%, lo cual, juntándose, supone que la pobreza española sube cinco décimas por la discapacidad, ya que la discapacidad es un 9% aproximadamente de la población.
El objetivo de España, pues, era reducir millón y medio de pobres, lo que se le asignó a España, que, dicho en discapacidad, serían 256.
000 discapacitados, lo que tendría que reducirse la cantidad de pobreza.

Y, entrando un poco ya en la que nos ocupa, que es la pobreza energética, podemos decir que hay tres factores que causan dicha pobreza: el precio de la energía -que en nuestro país se ha disparado-, ingresos de los hogares y eficiencia energética de las viviendas.
Yo he pasado más frío en mi comunidad que los cinco años que viví en Bélgica, lo cual quiere decir que las casas que tenemos aquí no están adecuadas, y esto encima se agrava porque estamos así.

Quiero decir que aquí también en estos informes se ha añadido un nuevo concepto, que es la vulnerabilidad.
Porque cuando hablamos de pobreza energética ya hablamos del resultado.
Son facturas que están ahí, y esas facturas se han de pagar para poder continuar, pero ya estamos en ello, en la pobreza.
Sin embargo, lo que quiere la Unión Europea es que entremos ya en la vulnerabilidad.
Se refiere a vulnerabilidad en la que esa persona tiene riesgo de entrar y, entonces, hay que crear las condiciones para minimizar al máximo el que la gente pueda entrar en ese nivel.
La discapacidad suele crear pobreza.
Hay un estudio de Feaps, o como ahora se llama, Plena Inclusión, en el cual se demuestra que en una familia donde entra una persona con discapacidad la media de gastos anuales que esa familia tiene de más con respecto a cualquier familia española, por el simple hecho de tener una persona con discapacidad, es de unos 26.
000 euros al año: tiempo que no pueden trabajar, jornadas reducidas, dinero que no pueden ganar, etcétera, etcétera; intervenciones especiales, cuidadores que hay que pagar a veces por cualquier razón.
La media nacional que ellos establecen es de 26.
000 euros.

En la vulnerabilidad y la mitigación sobre este hecho que puede darse tenemos que entender que entre la gente que no está desintegrada o que no está en exclusión, se calcula que un 9% de los hogares españoles que no están en exclusión, un 9% no tiene la temperatura adecuada en la casa, lo cual en caso de enfermedades, etcétera, es la temperatura ideal, que es mantener una media de 20 a 21 grados.
Por tanto, por eso, la vulnerabilidad a veces es mayor de lo que nos creemos.
Esa vulnerabilidad puede aumentar por distintas razones.
Una de ellas, la llegada de un hijo, o a veces se esperaba uno y han sido dos, o una enfermedad grave en los padres, en algún miembro de la familia.
A partir de ahí se es más vulnerable y se necesita, porque el hogar necesita mantener más calefacción, más agua, en fin de cuentas, y más electricidad.

Comprendemos que, bueno, nuestra comunidad tiene algo… Vamos a ver si con las nuevas consellerias esto se supera.
Pero no ha habido nunca transparencia en cuanto a cifras sobre las personas con discapacidad, con lo cual nos es más difícil analizar el tema.
Esto, en relación al proyecto de ley…, pues el proyecto de ley no lo vamos a repetir porque ya lo conocéis todos.
Vemos una serie de ayudas; nos parece muy bien.
Pero hay una cosa que valoramos mucho, y es que se ha rescatado a los ayuntamientos.
Ahora bien, rescatar a los ayuntamientos… El ayuntamiento tiene más proximidad.
Los países donde mejor funcionan los servicios sociales son aquellos que están totalmente transferidos a los ayuntamientos.
Es el caso de Suecia, donde todo, todo, todo está transferido a los ayuntamientos.
Y son los países pioneros en toda Europa en servicios sociales.
¿Por qué?
Porque hay una proximidad que, por mucho que nos empeñemos, no la tienen los parlamentos.
Nosotros a ese nivel valoramos mucho el decreto, pensamos que es un avance, pero también pensamos que tendría que haber una segunda fase.
No sé si aún llegáis a tiempo para mejorarlo.
Sería que se cuente con las ONG especializadas.
Eso no es preciso que sea en la ley, puede ser en la orden.

Y sobre todo -me atrevo a decir, por el pasado reciente de estas comunidades, que no quisiéramos que se repitiera- de alguna forma, si se han de crear servicios concretos para esto, que no sean externalizables a empresas con ánimo de lucro, porque la pobreza no puede ser un artículo para hacer negocio, tiene que ser un artículo para ayudar.
Y, en ese sentido, nosotros queremos que…, sería muy positivo para la vulnerabilidad que se cuente con el sector no lucrativo.

Dos precisiones quería decir.
En el artículo 5 se habla de dependencia.
Bueno, en primer lugar, yo quería decir que dependencia es un concepto muy restrictivo.
La situación de dependencia.
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, es verdad que con el tiempo todos podemos ser dependientes, pero es un concepto muy restrictivo.
A esta restricción debería cambiarse quizá por discapacidad, porque hay mucha gente con discapacidad que se tiene con…, en situación de emergencia.
Y, por tanto, con hechos consumados, en los últimos tiempos se han creado situaciones muy duras, entre algunos copagos y cosas de estas, y realmente entonces ha venido… -bueno, creo que ya no me queda tiempo; termino.

El senyor president:

Tranquil, (inintel·ligible) …

El senyor Planells Almerich:

Y, bueno, finalmente, ahí sí que decimos que se utilice la terminología de la convención de la ONU, que es la que ha sido aceptada por Europa.
Todas las demás vienen muy bien por otros conceptos, pero también hay que decir que los cambios no se han negociado con nadie: se han puesto desde arriba.
Y, finalmente, bueno pues con esto prácticamente…, lo tenéis todo más detallado en el trabajo que os hemos entregado.

Gracias por vuestra atención y que continúe este reglamento en marcha.

El senyor president:

Antes de iniciar el turno de intervenciones, comentarte que ahora cada grupo parlamentario tendrá una intervención de cuatro minutos y acabará usted respondiendo de forma genérica, por alguna pregunta o alguna duda.
Por tanto, si quiere tomar nota, puede tomar nota.

E iniciamos el turno de intervenciones con el grupo parlamentario Podemos.

El senyor Montiel Márquez:

Moltes gràcies.
Bona vesprada a tots i a totes.

Senyor Planells, muchas gracias por venir y por acudir a este proceso de participación pública.

Bueno, me parece interesante.
He tomado nota de sus observaciones respecto de la referencia en el artículo 5 a personas dependientes, que usted sugiere -he entendido-que se sustituya por el concepto de personas con algún tipo de discapacidad, que es más amplio.
También me parece interesante la aportación que usted nos hace sobre la posibilidad de prohibir la externalización de la gestión de estas ayudas a empresas con ánimo de lucro, porque, bueno, tal vez tenga usted razón, no sea tanto un tema de la ley como de las órdenes después de las normas de desarrollo y tal vez de las órdenes respectivas.

En todo caso, yo sí que quiero agradecerle también el reconocimiento que se hace a la preocupación que hemos tenido.
Sabe usted que esta iniciativa legal nace de nuestro grupo parlamentario, y entonces nosotros hemos tenido especial cuidado con rescatar a los ayuntamientos, porque creemos que son una pieza decisiva para trabajar contra la pobreza, desde la lógica de la proximidad, desde la lógica del conocimiento, desde la lógica de años y años en los que el estado del bienestar en nuestro país se ha sustentado básicamente en el trabajo municipal.
Y, por tanto, nos parecía importante demostrar la utilidad de estos servicios sociales desde la práctica; no solo desde declaraciones teóricas, sino desde el día a día del trabajo concreto a partir de los profesionales que integran los servicios sociales.

Sí que me parece interesante abundar en lo que usted solo ha esbozado -aunque ya sé que el documento lo desarrolla un poco más-, que es el tema de la vulnerabilidad, el concepto de vulnerabilidad.
Y me parece importante también el matiz que usted hace.
Parece como que la vulnerabilidad es como algún tipo de enfermedades que solo les pasa a los otros, pero la vulnerabilidad es algo que se produce, que sobreviene incluso, en situaciones que podían ser tan naturales en otro contexto como sería el nacimiento de un hijo, o la enfermedad grave de un familiar próximo, de un ascendiente o de un cónyuge o una persona con la que se conviva.

Me parece, por tanto, interesante desarrollar un poco la idea de vulnerabilidad, porque parte del problema que nosotros achacamos a la regulación anterior, a la ineficiencia del sistema anterior del bono social eléctrico, era que no tenía en cuenta el concepto más reciente, y asumido ya en toda Europa, que es el concepto de vulnerabilidad.
Y nosotros lo adoptamos, no tanto en términos de persona vulnerable, sino de hogar vulnerable, porque pensamos que al final, aunque contractualmente figura un abonado, realmente el suministro se presta a un hogar, a un espacio de vida en común, con independencia del número de miembros del hogar.

Por tanto, sí que me gustaría que pudiera usted abundar un poco más en esta idea de la vulnerabilidad, para aclararnos que está hablando no tanto -o no solo- de personas, sino también de hogares vulnerables.

Nosotros creemos que la pobreza energética efectivamente coincide con los tres factores que usted apuntaba, y nos parece muy importante el ingreso de los hogares, que es propio de otra línea de trabajo, que tenemos que desarrollar para derogar las reformas laborales que han empobrecido a la inmensa mayoría de la población, y también un tema contra el que tenemos que luchar, que es el aumento del precio de la energía, que en este país es más alto que la media europea.
La eficiencia energética nos parece un tema importante, y también es algo que vamos a pedir que se incorpore a los planes de rehabilitación, a la legislación valenciana en materia de rehabilitación urbana, porque nos parece un tema clave.

De todas formas, muchas gracias por sus aportaciones.
Y ahora me imagino que el resto de compañeros le harán más puntualizaciones.

El senyor president:

Gracias.

Vamos a continuar con el turno de intervenciones.
Le corresponde al grupo parlamentario Ciudadanos.

La senyora García Jiménez:

Moltes gràcies, senyor president.

Muchas gracias, señor Planells, por tenerlo aquí hoy con nosotros.

La verdad es que nos ha dado una pequeñita visión, yo creo que de lo amplio conocedor que usted es de este tema, porque prácticamente esto se conoce más en la práctica -como usted bien sabe- que en la teoría, que es lo que estamos nosotros ahora realizando.
Pero es bonito que venga una persona y que nos explique un poco y bajemos de las nubes y sepamos dónde nos encontramos.
Nos encontramos en una sociedad con unas deficiencias y que queremos intentar por lo menos aplacarlas, que no sean tan graves como lo que ocurre hoy en día.

Entonces, estoy de acuerdo con ciertos posicionamientos que usted ha dicho, porque los ha dicho muy breves.
Aquí tenemos el papel o el documento donde extiende toda su aportación, pero sí que me gustaría de alguna forma, también, como ha dicho mi compañero el señor Montiel, que me explicara un poquito más, cuando usted dice la vulnerabilidad, o sea, -aquí nos ha explicado solamente dos rasgos, la llegada de un hijo,.
.
.
- qué factores más pueden afectar a ese tipo de vulnerabilidad, que usted conoce y que sabe que existe y que se produce en la vida cotidiana.

Después, también hay otra cosa que me ha llamado un poco la atención, y es sobre el tema de la discapacidad.
Ha incidido mucho sobre el tema de la discapacidad, y está comentando que eso genera pobreza.
Posiblemente sea porque los recursos que se dan a la discapacidad no sean los suficientes, y eso lo que hace también es que el nivel adquisitivo disminuya y que se vea un poco también mermado por este tema, o sea, en esta problemática.
Es otra de las cosas que me gustaría también que me explicase un poco; o sea, cuando usted habla de discapacidad, ¿por qué le pone tanto énfasis?
Si es porque no entran suficientes recursos, o porque al atender a una persona discapacitada se gasta todo ese presupuesto en esa persona discapacitada y entonces quedan otras cosas en segundo plano, como puede ser en este…, caso lo que nos viene…, aquí que es un poco…, que afecta el para pagar ni la vivienda, no tener para pagar ni la calefacción ni otras opciones.
Eso por ahí.
Y ya está.

Y otra de las cosas que me gustaría también es que cuando usted habla de copagos, ¿cuál sería el término…?
El término, no, ¿qué es lo que usted querría en el copago que se llegase a conseguir para que estas personas no viesen disminuido su nivel adquisitivo?

Muchas gracias.

El senyor president:

Muy bien.
Gracias.

Contesta al final vosté.
Al final.
Prenga notes si necessita.
Prenga notes.

Molt bé.
Gràcies.

Continuem amb el Grup Parlamentari Compromís, per un total de quatre minuts.

La senyora Ortega Requena:

Molt bé.
Bona vesprada.

Senyor Planells, moltíssimes gràcies per vindre esta vesprada.
Jo vaig a fer-li cinc preguntes.

La primera d'elles està relacionada precisament en el tema dels departaments municipals que se suposa que van a fer el seguiment.
Segons la seua experiència en el món de les persones amb diversitat funcional i per a afrontar estos processos que se viuen en el dia a dia i en les dificultats que troben, cal també conéixer el funcionament dels serveis municipals i vore les mancances i la deriva on s'ha arribat hui en els serveis socials municipals.
Creu vosté que, si no canvia res de les persones que integren els serveis socials municipals en l'actualitat, que les declaracions de llars vulnerables depenguen dels informes dels tècnics municipals -repetixc, sense que canvien les contractacions- agilitzarà els tràmits?
Eixa seria la primera.

I la segona és que la proposició de llei planteja que, per presentar la sol·licitud perquè es faça declaració de llar vulnerable, la persona sol·licitant ha d'entregar una sèrie de documentació, com és la composició de la llar, comprovant la renda de les persones i factures del consum respecte als ingressos totals.
Pel que fa al sector de les persones amb diversitat funcional, que vosté representa, i atés que una persona que tinga, per exemple, una discapacitat intel·lectual severa o que se li impedisca moure's per un tall de subministrament elèctric por ser un fet extremadament greu.
De fet, existixen molts estudis que relacionen la pobresa energètica -com vosté ha dit abans- amb els efectes molt negatius per a la salut.
Quina documentació creu vosté que esta llei hauria de requerir o de quina manera es podria reflectir esta…, per a poder garantir que este sector de discapacitat o diversitat funcional, especialment vulnerable, tinga assegurat el subministrament energètic?
I, per altra banda, coneix vosté alguna situació que el fet d'haver-li tallat el subministrament per impagament d'aigua, de llum o de gas a alguna persona amb discapacitat o diversitat funcional haja tingut algun impacte sobre la seua salut.

La tercera pregunta: les necessitats energètiques d'una vivenda són molt diferents unes d'altres.
Depén -el que estàvem parlant abans- de la seua ubicació, del tipus de construcció, de l'equipament, etcètera.
En el cas de persones amb discapacitat, és evident que les despeses es multipliquen, i, el que estàvem parlant abans, moltes vegades les persones han de fer que necessiten una ajuda extra per tindre les característiques personals i de salut que tenen, que han de pagar i que moltes vegades els serveis públics no cobrixen.
Esta proposició de llei en el article 5c, que l'esmentàvem abans, parla del fet que si el consum elèctric supera el 10% dels ingressos, rebran l'ajuda del 20% de l'import de la factura.
En el cas del sector de la discapacitat o diversitat funcional, encara que els ingressos no superen eixe 10% del consum energètic, pot ser que les necessitats econòmiques siguen superiors.
Per tant, creu vosté que caldria fer un canvi o una diferenciació per a este sector, de manera que este sector puga mantenir la seua casa en condicions òptimes de climatització, sense afectar el seu consum bàsic de gas, aigua o electricitat?

Després, la pregunta número quatre.
M'agradaria saber la seua opinió sobre el fet que el reial decret 1.
955 de l'any 2000 garantix que determinats serveis no es poden quedar sense subministrament elèctric per llei, encara que no estiguen al corrent dels pagaments, com és l'enllumenat públic, hospitals, etcètera, i en cap moment es contempla el tema del subministrament energètic en els casos especials de diversitat funcional.
Creu vosté que açò hauria de contemplar-se també i donar una treva hivernal per a la gent en estes característiques, que no es puga tallar la llum en els mesos de fred?

I després, com a última pregunta: el sector que vosté representa és un sector que necessita molt l'ajuda de l'administració i, com així ha de ser, en el cas dels serveis de subministrament elèctric, gas i aigua, normalment són serveis privatitzats.
La proposició de llei que hui tractem, en el seu article 9, planteja que ha de ser La Generalitat qui còrrega amb totes les despeses de finançament, un fet que afectarà a la resta de partides pressupostàries.
I això…, este fet ajudarà moltes persones, però també els solucionarem la vida, els solucionarem molts problemes a grans empreses que tenen problemes de morositat amb les persones que malauradament no poden pagar la factura.
Creu vosté que les empreses que subministren energia, sobretot les més grans -estes grans multinacionals- haurien d'assumir una part d'eixa responsabilitat, tot i que estan comerciant amb un dret contemplat en la Declaració universal dels drets humans?
Perquè en realitat són béns contemplats en esta declaració universal.

Moltes gràcies, i perdó.

El senyor president:

Molt bé, gràcies.

Continuem amb el Grup Parlamentari Socialista.

La senyora Andrés Sanchis:

Gràcies, president.

Señor Joan Planells, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros en esta comisión.

Pensamos que su punto de vista como representante del Cermi es fundamental para este tipo de iniciativas legislativas.
Yo coincido con usted en que, sin lugar a dudas, las situaciones de vulnerabilidad en aquellas personas que están afectadas por una diversidad funcional o una discapacidad se ven incrementadas precisamente por ese desembolso extraordinario que tienen que hacer mes a mes y día a día, para poder llevar una vida digna.
Lo que sí que quisiera preguntarle, y en concordancia con lo que usted ha dicho, es que afortunadamente se cuenta con los ayuntamientos para esta nueva iniciativa -no podría ser de otra manera-, porque se supone que estamos hablando de situaciones de urgencia, que deben ser resueltas en el menor tiempo posible.

Me gustaría saber si el sistema muy antiguo ya que lleva funcionando muchos años en los ayuntamientos, que han sido en parte los que han salvado muchas situaciones de extrema necesidad durante estos años, se sigue produciendo; si ustedes han detectado, como asociación, que está fallando ese mecanismo, porque me consta que son las asociaciones de discapacitados -esas entidades sin ánimo de lucro a las que usted ha hecho referencia- las que en muchas ocasiones median para poder resolver las situaciones de vulnerabilidad o de riesgo de exclusión en las que se pueden encontrar algunas familias con un miembro discapacitado y que puedan tener esa necesidad concreta.

También coincido con usted en cuáles son las causas por las que hemos llegado aquí y la importancia de poder coordinar las acciones no solamente en lo que es medidas para paliar de forma temporal, como la que estamos tratando hoy aquí, una situación de vulnerabilidad concreta, sino que es necesario la coordinación de todas las consellerias para generar puestos de trabajo, porque es lo que podría resolver en gran parte esta problemática.
Pienso que un impulso en la generación de puestos de trabajo también resolvería muchas de estas situaciones de pobreza o exclusión -estamos regulando la pobreza en este momento, lamentablemente-.
Me gustaría saber también si tienen ustedes cifras de cómo ha sido la evolución en estos últimos años de la incorporación al mercado laboral de las personas con discapacidad, porque eso les permite poder llevar una vida autónoma y poder hacer frente a todas esas necesidades básicas que, como cualquier persona, tienen que afrontar.

Y, por último, pues sí, compartir con usted que tenemos que seguir trabajando y perfeccionándonos como han hecho muchos países nórdicos (algú tus), esos países a los que usted ha mencionado, esperemos que con las medidas adoptadas tanto por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas como la conselleria de vivienda, para conseguir aunar esfuerzos que contribuyan a mejorar la situación en la que se encuentran muchas de estas personas -situación de vulnerabilidad- vayamos por el buen camino.

Me gustaría también saber si existen en este momento, si el Cermi tiene, dispone de datos de aquellas familias que se han visto beneficiadas por las nuevas medidas impulsadas por el Consell, como puede ser la eliminación del copago en los centros de día o la reserva o incremento de esas cantidades mínimas para gastos personales que a buen seguro van a contribuir en alguna manera a que puedan afrontar de una forma más sosegada algunos de los gastos a los que antes tenían que hacer frente y que se les había retirado esa posibilidad.

Y, por último, también coincidir con usted en que necesariamente hay que contar con todas las entidades u ONG que son especializadas -están especializadas- en el sector y que nos van a aportar mucho más conocimiento sobre qué camino es el que debemos adoptar.
No quisiera finalizar la intervención sin decir que para nosotros, desde el Grupo Socialista, entendemos que esto no es una ley de medidas provisionales, que necesariamente se tendrá que afrontar dentro de la ley de servicios sociales, que es la que deberá de contener no solamente aquellas medidas paliativas, sino aquellas medidas que vayan dirigidas a solucionar el problema, porque de todas creo que vamos a coincidir, por todas, que esta debe ser una situación temporal y lo que tenemos que hacer (sorolls) es buscar soluciones definitivas.

Muchas gracias por estar aquí.

El senyor president:

Muy bien, muchas gracias.

Finaliza el turno de intervención el Grupo Parlamentario Popular.

La senyora Díaz González:

Gracias, presidente, y muchas gracias por su presencia esta tarde.

Yo le quería agradecer también ese reconocimiento que ha hecho con respecto a que usted, por ejemplo, hoy está aquí y participa en la tramitación de esta proposición de ley gracias a una reforma pero que no se ha hecho en esta legislatura, sino en la legislatura pasada a propuesta del Grupo Parlamentario Popular y con un consenso entre Compromís, Izquierda Unida y Partido Popular para que todos aquellos sectores afectados por cualquier proposición de ley pudieran comparecer y dar su punto de vista al respecto y gracias a esa modificación de la cual ahora ya hace un año, usted hoy puede expresarse.
Así que gracias por el reconocimiento que creo que es merecido.

Luego, hablando también ha señalado el tema de la eficiencia energética, del que también aquí se ha hablado, que al final es una forma también de paliar la pobreza energética, porque usted habla también de hogares que no están preparados, que vivimos en una sociedad en la que muchos hogares no están preparados para hacer frente a las condiciones climatológicas que vivimos.
Y, bueno, sobre todo aquí no es que haga mucho frío, pero sí que hay humedad y, evidentemente, en otros países, (rient) haciendo mucho más frío, como usted ha hecho referencia, están mucho más preparados.
Sí que es verdad que aquí se pusieron en marcha medidas para fomentar esa eficiencia energética, tanto de cambio de ventanas como de calderas, y esas ayudas la verdad es que se han mantenido por el nuevo Consell; por lo tanto, supongo que algo se haría bien y supongo que usted está a favor de que esas ayudas en pro de la eficiencia energética se mantengan, e incluso se amplíen, si cabe la posibilidad.

Quería -si me puede decir un poquito- si usted ve bien esas medidas que van encaminadas a la eficiencia energética del particular, esas ayudas que van directamente al particular para que, en sus hogares, se preparen mejor.

Luego, también quería preguntarle cuando dice que se cuente con las ONG, yo estoy totalmente de acuerdo, porque además una de las cosas que también se hacía antes, si había un bono social, también había un cheque energético que, a través de Cruz Roja, por ejemplo.
Evidentemente, creemos que el papel de las ONG, de las asociaciones sin ánimo de lucro -que además son las que mejor conocen la situación de las personas que más lo necesitan- es totalmente necesario.
Entonces quería saber la colaboración que dice usted que es necesaria cómo la incluiría dentro de esta proposición de ley; o sea, cómo la incluiría, porque aquí se dice colaboración de ayuntamientos y colaboración de ONG, pero, ¿cómo?
Porque los ayuntamientos está claro cómo van a actuar.

También habla usted de falta de medios en los ayuntamientos, o sea que a lo mejor…, que en general a lo mejor eso también se tendría que prever en la proposición de ley.
Todo eso no sé si lo ve usted viable, no lo ve viable.
Esta proposición de ley, al final, tal y como está planteada, ¿la ve viable?
Para usted, ¿cree que le faltan algunas cosas?
No sé si conoce el dictamen del Consell al respecto de la proposición de ley.
Bueno, pues el dictamen del Consell (remors) habla precisamente de eso, de que al final hay determinados aspectos que se deben de concretar más, sobre todo el tema de cómo se va a financiar.
Dese cuenta de que ha salido una orden en la que se destinan 2,5 millones de euros a la pobreza energética: 2,5 millones de euros.
Con ese dinero, ¿cuánto podríamos aplicar, o sea, a llegar conforme a esta proposición de ley?
¿Llegaríamos a todas esas necesidades que plantea esta proposición de ley?
Porque, al final, hacer una…, llegar a aprobar una proposición de ley, hacer la ley, cuando al final no se puede aplicar, ¿usted eso lo vería?
¿Qué conclusión sacaría de eso?

Y luego, por otro lado, también si haría esa regulación a través de una ley concreta -ya acabo-, que es esta, o lo haría a través al final también como apuntaba el Grupo Parlamentario Socialista, a través de una ley más general de (algú tus) asuntos sociales, de políticas sociales, incluir este tema de pobreza energética dentro de esa otra posible ley.

Nada más, gracias.

El senyor Planells Almerich:

(Inoïble) … que todas, que todas van por el mismo camino, es decir, que vamos…, por tanto creo que se puede contestar muy bien.

En primer lugar, discapacidad y pobreza, ya desde la antigua edad han venido juntas.
Mirad la literatura española, como Benito Pérez Galdós, como el discapacitado es que está a la puerta de la iglesia pidiendo.
Parecer ser que hemos llegado a un tiempo en el que eso ha desaparecido: ha desparecido de la puerta de la iglesia, pero no de otras puertas.
El discapacitado está ahí.
Muchas veces, las discapacidades son sobrevenidas porque la gente, en el embarazo, a lo mejor no ha tenido la alimentación correcta por falta de medios o no ha tenido una vida digna.
Se decía que hoy nacen menos personas con discapacidad.
No es verdad, es decir, lo que pasa es que nacen menos porque nace menos gente, pero las proporciones continúan todavía, a pesar de todo, porque es que a veces hasta las cosas no son como uno cree, es decir, es que hay más medios en la sanidad.
Vale.
Con la talidomida, el laboratorio que la inventó ahora dice que era un medicamento fabuloso, porque lo que hacía era evitar el aborto y, claro, los fetos inviables nacían.
Bueno, pues si lo vemos así.

No, la evitación de la discapacidad no.
Siempre hemos visto que va…, una mala infancia trae retraso en el aprendizaje y la ONU define la discapacidad intelectual como en el retraso en el aprendizaje.
Es decir, pobreza y discapacidad han ido (algú tus) siempre juntos y, entre otras cosas, porque la discapacidad rica a nosotros se nos escapa, yo no la conozco.
Conozco cuatro o cinco casos, puedo conocer el Alfonsito de Mercadona y tal, pero la pobreza rica pasa de nosotros, no…, están en otra onda.
Pero sí, efectivamente, donde hay discapacidad, va unida pobreza.
Si decimos que los hogares españoles necesitan más dinero, necesitan veintiséis mil euros de eso al año: hay familias que eso no lo ganan en todo el año; entonces, quiere decir que la persona con discapacidad ha tenido muchas carencias y esas carencias agravan su discapacidad.

Bien, en cuanto al suministro eléctrico, miren, cuando una persona tiene dificultades de respiración y le ponen un aparato, el consumo eléctrico se dispara en casa.
Esto me lo contaba a mí no hace mucho una persona de Cocemfe: Â«No te puedes imaginar hasta qué extremo se dispara el consumo de electricidad con las nuevas tecnologías que atienden a la persona con discapacidad.
Â» No hablemos de la persona que no tiene movilidad.
Yo.
.
.
, nosotros estamos trabajando, estamos haciendo algo y llega un momento que dices, Â«voy a estirar las piernasÂ», y efectivamente sales de eso y ese paseo que te das en el frío, cuando entras tienes más calor.
Eso no lo pueden hacer ellos.
Lo único que pueden hacer -la movilidad reducida- es aumentar el nivel de calefacción y, como dicen, cada grado que aumentas es un 20% más de consumo.

En cuanto a la oportunidad de la ley, miren, yo, efectivamente, en una situación económica como la que tiene la Comunidad Valenciana, parece que sea un brindis al sol el meterse en una cosa así, el meterse en este lío, pero es que en este lío hay que meterse y descubrir que cinco millones es insuficiente.
Pero es que, a veces, hasta que no lo descubrimos empíricamente, no entramos.
Por tanto, yo sí que soy…, aunque finalmente esta ley tendrá que estar en una ordenación legal.

Mire, yo he oído decir aquello de que en España, cuando hay un problema, se saca una ley, con lo cual tampoco se resuelve el problema.
No, las leyes hay que sacarlas al problema, lo que pasa es que luego hay que reordenarlas y, efectivamente, en una reordenación, la experiencia que se tenga en este decreto, cuando se haga la ley de servicios sociales, será aplicable, por supuesto, y será bien.
Sí que es verdad que, pedir a los ayuntamientos el esfuerzo, algunos ayuntamientos no tienen para pagar una trabajadora social: esa es la realidad.
Se tiene que hacer…, se les tiene que ayudar, se les tiene que, si queremos, descentralizarnos.
Ahora, si queremos tenerlo todo desde una atalaya, desde una atalaya pocas cosas se resuelven.
Estamos con lo del tercer hombre (algú tus), que cuando están arriba en la noria está diciéndole: Â«Mira, tú dices que se muere gente.
Yo, cuando los veo de tan alto, son pequeñas cosas que se mueren, no son personas.
Â» Y, por eso, interesa que haya cercanía: los servicios sociales han de ser cercanos.

Lo laboral es muy importante.
En nuestro país, el 99% de las distorsiones vienen por todo el follón laboral que tenemos.
Esta cantidad…, ningún país europeo… Yo he tenido en casa amigos ahora que me dicen: Â«¿Cómo podéis vivir aquí con un paro tan grande?
Â».
Digo: Â«Porque hay todavía viejos que tenían cuatro duros ahorrados.
Â» Pero esto no es viable.
Así, no es viable el país, no es viable nada con un paro del 25%.
En fin, pero si es con la discapacidad, del 38%.

En cuanto a los datos que me pedís, os puede decir que los datos ahora mismo el Síndic de Greuges acaba de crear un observatorio, pero yo espero que, poco a poco, nuestro país aprenda un poco las…, lo que es la transparencia y la transparencia es algo más que…, es algo muy importante: es aquello de saber contar con la gente, es aquello de no ocultar, es aquello de no tener miedo a las estadísticas.
Y es que, claro, van a decir mis votantes que hemos aumentado, que tenemos mucha gente en mala situación.
Bueno, pero es que, si no se diagnostica, si no hay un diagnóstico, nunca habrá una curación, y ¿cómo justificas ante tus votantes el que gastes un dinero si antes no has hecho un diagnóstico?
Quizá, si los votantes fuéramos más inteligentes, tendríamos que exigirte eso primero antes que otras cosas.

Y, bueno, yo no sé si tengo tiempo.
(Remors) Acabo.
El tema de los copagos.
Se habla de los copagos.
Yo.
.
.
, que no me lo tome nadie por alusiones, se habla con el mayor de los desconocimientos.
Y justo se hacen copagos a gente más vulnerable, como son la discapacidad.
La discapacidad no tiene, es decir, yo no puedo entender que se haya aprobado una ley en un parlamento cuando todos sabíamos que era una competencia estatal y que no se podía hacer y que se ha aprobado esa ley y ahora al año siguiente se ha reformado.
No, perdonen; una ley ilegal continúa siendo ilegal cuando se reforma.
Y esto ustedes no lo harían en las empresas porque saben que recurrirían, pero los pobrecitos tontos -como dicen- no lo van a recurrir, o los que recurren son muy pocos; son los de clase media alta, que son los que menos lo necesitan y entonces, ¿qué quieren que les diga?
Esto es muy duro.

Las ONG… Yo no tengo nada contra la empresa privada, al contrario: un país que funciona necesita tener empresas fuertes para que haya empleo.
Ahora, lo que no acabo de entender es que, de ciertos derechos, que son caros, que le cuestan mucho a la administración, se hayan hecho externalizaciones y se hayan convertido en negocio.
Es ahí donde…, donde…, y que luego se ha demostrado que no son más baratos (algú tus), entonces.
En fin, yo, con eso… Y, a ver, yo porque están casi todas las preguntas en lo que he dicho respondidas.

El senyor president:

Moltes gràcies.

Darle las gracias al señor Planells y ahora le vamos a acompañar y despedir e iniciaremos la segunda intervención.
(Remors)

En ocho minutos, cada grupo interviene cuatro (algú diu: Â«Sí.
Â»), son veinte y finalizas tú con cuatro (algú diu: Â«Vale, de acuerdo.
Â»).
Tú tomas notas y…

(Se suspén la reunió durant uns minuts)

El senyor president:

Buenas tardes.

¿Estamos?
¿Hay miembro de todos los grupos parlamentarios?

La próxima intervención le correspondía a la señora Lola Fernández, que ha disculpado su ausencia, pero nos ha dejado documentación en…, tenemos documentación en las carpetas sobre su intervención,

Y el siguiente interviniente, el señor Emilio Fernández Escudero, a propuesta del Grupo Partido Popular y nos acompaña ya.
Tiene ocho minutos en su primera intervención, y luego continuaremos con el turno de intervención de los grupos parlamentarios.
Inicia el turno de intervención el señor Fernández por ocho minutos.

Ahora.

Compareixença del senyor Emilio Fernández Escudero, president de la Mancomunitat de Serveis Socials de la Vega

El senyor Fernández Escudero:

Gracias.

Buenas tardes, señorías.

Muchísimas gracias ante todo por permitirme intervenir en esta comisión.

Me presento: soy Emilio Manuel Fernández Escudero, alcalde de un pequeño pueblo denominado Redován, de la comarca de la Vega Baja, que ya el magíster Montesinos en el año 1795 decía que estaba ubicado a dos leguas de la raya de Murcia.
Además de alcalde de dicho ayuntamiento, ostento la presidencia de la Mancomunidad de Servicios Sociales la Vega, que agrupa a cuatro municipios de la comarca: Algorfa, Jacarilla, Redován y San Miguel de Salinas y, por tanto, venimos a atender a cerca de más de veinte mil personas.

La razón de mi comparecencia es hacerles y trasladarles nuestra opinión acerca de la orden 3/2015, de 23 de diciembre, de la conselleria de vivienda por la que se aprueba las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para evitar la pobreza energética.
Cuando uno hace lectura del preámbulo de la orden, no puede más que estar de acuerdo en todo este, por cuanto la administración debe necesariamente actuar en el ámbito de sus competencias para corregir las desigualdades sociales que se producen en nuestros territorios y especialmente apoyar a los sectores más desfavorecidos.
Por tanto, bienvenida sea una legislación que pretende dichos logros.

Ahora bien, la cuestión es cómo se consiguen dichos efectos y qué consecuencias tiene, especialmente para los municipios más pequeños, la aplicación de dicha orden, y desde aquí ya les anuncio que han sido muy difíciles para estos municipios pequeños como el que yo represento.

No voy a entrar, que ya se ha comentado, sobre la posible inconstitucionalidad de la norma, que se han planteado normas similares, que en virtud del Tribunal Constitucional en su auto del 23/2015 en relación con el decreto ley 2013 de la Generalitat valenciana, pero sí reseñar que ya en esa resolución judicial se habla de la posibilidad de existir una discriminación de consumidores por la exigencia de criterios discrecionales que no están establecidos (algú tus) en la norma principal o la situación de que…, la situación de vulnerabilidad viene siendo habituada de conformidad con el bono social regulado por la Ley 24/2013 y el Real decreto 216/2014.

Tengo que señalar al respecto que las atenciones a las familias para necesidades básicas, acciones extraordinarias o uso habitual de vivienda vienen realizándose desde hace décadas por los servicios sociales municipales y a título de ejemplo, en la Mancomunidad de la Vega, que tengo el honor de presidir, en el año 2015 se aprobaron PEI por importe de 76.
528 euros, de los cuales el 50,73% se destinaron necesidades de luz, de agua, de gas, etcétera.

En relación con la indicada orden de pobreza energética, tengo que señalar que entendemos que existe una absoluta falta de coordinación entre la conselleria de vivienda, que es la responsable de la orden, y la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, de quienes dependen los servicios sociales, para llegar a unos mínimos consensuados entre todos los servicios implicados.
Tal es así, que en la fecha de la tramitación de esta convocatoria de pobreza energética, están en vigor las siguientes que tienen la misma finalidad.
Las ayudas de emergencias municipales, cuya subvención anual depende de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y las ayudas de emergencia, que la Diputación Provincial de Alicante concede para el período noviembre 2015-abril 2016 y que, también, uno de sus conceptos es el uso habitual de las viviendas.

Por tanto, la primera duda que se plantean en servicios sociales es dónde se tramita la ayuda en un expediente de una persona que esté afecta por una notificación de corte de suministro.
¿Qué hago: a una ayuda propia o una ayuda de otra conselleria?
Entendemos que no acaba aquí la descoordinación citada, porque nos encontramos que en la ayuda de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas los ingresos de la unidad familiar de convivencia deben ser inferiores al cien por cien del IPREM, mientras que en la orden de pobreza energética la fija en el 1,5 del IPREM, con lo que ayudas que tienen la misma finalidad van a ser tratadas de diferentes maneras según el origen de los fondos, lo que genera, por tanto, desigualdad entre los usuarios y ciertos problemas difíciles de resolver a los servicios sociales para poder explicar estas diferencias.

Tengo que señalar que también se observan imprecisiones y que también están dando lugar a situaciones de conflicto a los usuarios de los servicios sociales municipales.
Por ejemplo, en la orden se habla de alquiler social, pero en la base cuarta, b, del anexo no se refiere para nada al alquiler social y, por tanto, se nos plantea si también sería aplicable la orden en cuestión (algú tus) a cualquier tipo de alquiler teniendo en cuenta el texto literal de la norma.
Incluso, por ejemplo, se nos plantea también qué pasa cuando se calcula el alquiler para doce meses y se plantea la incertidumbre de si la situación económica de la unidad familiar mejora durante la anualidad.
¿Qué ocurre?
¿Es necesario solicitar el reintegro de las cantidades debidamente satisfechas?
Hay que tener en cuenta que la orden, en definitiva, se basa en la Ley general de subvenciones de 17 de noviembre de 2013 y esta prevé el reintegro en caso de incumplimiento de las bases reguladoras.

La orden, además, establece que expresamente no podrán atenderse gastos anteriores a octubre de 2015 y, además, que la tramitación se tiene que hacer en tres meses: de enero a marzo.
Pues bien, en los servicios municipales nos hemos encontrado facturas de octubre de 2015 donde el corte del suministro ha sido notificado en enero de 2016, y la orden establece que es necesario acreditar el corte de suministro.
Hemos intentado, en el programa PIDAE, introducir estos datos, y se nos han excluido parte de esos costes de la energía por corresponder al período agosto-octubre.

Pero es que lo más complicado que hemos tenido -y yo, vamos, pediría que se revisara- es que las facturas del período enero-febrero de 2016 en muchos casos no han sido remitidas a los usuarios, y la orden de corte no ha llegado -del suministro- en la mensualidad de marzo de 2016, lo que ha hecho imposible que, además, se cargaran, por tanto, y se pudieran incluir en este programa de pobreza energética.
Con ello, lo que conseguimos de nuevo es más desigualdad, más discriminación y más conflicto con los usuarios de los servicios que no sabemos cómo explicarles por qué (sorolls) no se les puede incluir.

Tengo que señalar que también les traslado el malestar que existe al no haber recibido ninguna información por parte de los servicios sociales municipales en relación con la gestión de las ayudas, y fue en fecha del 10 de febrero de 2016 y a instancia de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias cuando se convoca una jornada en Alicante para resolver las dudas que existen al respecto, dudas que se siguen incrementando conforme se van realizando las actuaciones necesarias, todo ello creando una sobrecarga de trabajo sobre los servicios sociales, que en el caso de Redován, tenemos un solo trabajador social y que tiene que tramitar todo un expediente a nivel municipal para una ayuda que no es municipal y, por tanto, tenemos que decir que con recursos humanos municipales tenemos que hacer el trabajo de otras administraciones.

Y a título de ejemplo, para que entiendan la complejidad que nos hemos encontrado para tramitar este tipo de ayudas, nos encontramos que el trabajador social ha tenido que elaborar un modelo de solicitud que en la orden no estaba previsto, ha tenido que elaborar y determinar la documentación que se le solicita al usuario, realizar el registro de entrada de la solicitud, crear el expediente en gestiones electrónicas, elaborar un modelo de informe de servicios sociales, tramitar el expediente para dar cumplimiento a los requisitos de la orden, realizar la propuesta de aprobación a la junta de gobierno local, coordinar el pago, enviar las notificaciones a las empresas suministradoras y enviar todas las notificaciones de los pagos a La Generalitat.
Si esto no es suficiente para un solo trabajador social (algú tus), además hay que registrar todas las solicitudes en el sistema de usuarios de servicios sociales del ministerio y, además, hay que escanear toda la documentación para cargarla en la plataforma PIDAE, que resulta que solo se puede hacer desde el ordenador de la alcaldía, porque solamente se pueden introducir los datos de quien es el representante de la administración que lo solicita, y entonces nos encontramos que como la orden no prevé que un empleado público, como pueda ser el trabajador social, haga ese trabajo, en el despacho de la alcaldía nos encontramos que está el trabajador social y el alcalde esperando cargar todos esos datos, que yo creo que sería interesante modificarlo.

Por tanto, tengo que decirle que realmente ha constituido toda una odisea cumplimentar los trámites para justificar las ayudas de La Generalitat, y bueno, la verdad es que los trabajadores sociales han perdido sus objetivos y se han convertido en gestores administrativos.

Luego quiero llamar la atención, en último lugar, sobre las dudas que se evidencian sobre la aplicación de la ley de protección de datos en relación con la orden, porque claro, la orden habla de situación de riesgos de exclusión social, pero la exclusión social es un término que va más allá de la pobreza energética y que forma parte de una intervención profesional determinada y, realmente, plantearnos un listado colectivo, yo creo que esto puede vulnerar la privacidad de las personas que acuden a un servicio.
Entiendo, además, que este tipo de actuación de carácter colectivo choca con un principio básico de los servicios sociales, cuyo objetivo es el empoderamiento de las personas en lugar del sujeto pasivo y dependiente de la administración.

Por tanto, toda esta situación, por qué se propone desde el área de servicios sociales, en este caso de la Mancomunidad de la Vega y en este caso del Ayuntamiento de Redován y es que, en primer lugar, con la coordinación de la Conselleria de Igualdad y Política Inclusiva se incrementen las subvenciones para el uso habitual de viviendas, creando un programa con una cuantía específica que pueda gestionarse a lo largo del año o bien, en segundo lugar, si lo que se pretende es que sea una orden de la conselleria de vivienda, que, además, está separada de las ayudas de los servicios sociales y que el único requisito es el económico, que lo hemos leído en la orden, que dicha ayuda pueda tramitarse directamente a través de los medios propios de la Generalitat valenciana, como puedan ser el Prop y evidentemente con la colaboración de los servicios sociales, pero en ningún caso que sean estos servicios sociales los que sustituyen a la administración -a los órganos de administración- de la propia Generalitat y ese es el traslado (algú tus) que les quería realizar en cuanto a las dificultades que hemos tenido con la aplicación de la orden.

El senyor president:

Muy bien, muchas gracias.

El senyor Fernández Escudero:

Muchas gracias.

El senyor president:

Iniciamos un turno de intervenciones por todos los grupos políticos de cuatro minutos, y finalizará usted con una réplica final de cuatro minutos.
Inicia el Grupo Parlamentario Podemos.

El senyor Montiel Márquez:

Hola, buenas tardes.

Señor Fernández, bueno, en primer lugar, me imagino que será un problema efectivamente de coordinación de los que usted ha señalado algunos, debe ser un problema de coordinación del grupo que lo ha invitado a usted y usted mismo, porque veníamos a hablar (veus) de la proposición de ley presentada para paliar y reducir la pobreza energética en la Comunidad Valenciana y usted nos ha hablado, largo y tendido -bueno, únicamente, mejor dicho-, de la Orden 3/2015 de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio sobre pobreza energética y pérdida de vivienda.

Pero bien, ya que entra usted en el tema, quisiera pedirle dos o tres aclaraciones.
Me da la sensación de que usted es alcalde desde hace tiempo; quiero decir, que conoce bien… Me sorprende que, sin prejuicio de que efectivamente pueda haber cuestiones mejorables en la orden y para lo cual nosotros, como Grupo Parlamentario Podemos, hemos solicitado la comparecencia de la consellera, y el Partido Popular podría haber hecho lo mismo y no utilizar este espacio, en que tocaba hablar de la proposición de ley, para hablar de la orden, sí que me parecen llamativo un par de cosas.

Le llama a usted la atención que los trabajadores de los servicios sociales se hayan convertido -parece ser que solamente desde hace escasos meses- en meros tramitadores administrativos de subvenciones cuando a mí me parece que esto se remonta a varias décadas, ¿eh?
, a varias décadas.
Que en que en los servicios sociales municipales, que nacieron con tantos esfuerzos en los años ochenta en muchos ayuntamientos, han acabado convirtiéndose, especialmente en los últimos años, en meros tramitadores de subvenciones en los que…, porque los ayuntamientos tenían pocas políticas sociales por falta de medios, por falta de recursos, y han acabado siendo simplemente gestores de subvenciones.

Me llama la atención también que…, no he acabado de entender su posición.
Usted se queja de tener un solo trabajador municipal que acaba gestionando ayudas que no son propias del ayuntamiento, sino que son de La Generalitat: entonces no sé muy bien si usted está por desmantelar los servicios sociales y pasarlos a las consellerias o reforzarlos.
No he acabado de entender en su crítica a la orden si usted estaba del lado de reforzar los servicios sociales municipales con más medios o, por el contrario, de que cada administración aguante su vela (algú tus) o, incluso, por desmantelar los servicios sociales municipales y darlos directamente a las consellerias para que gestionen las ayudas.
La verdad es que no me ha quedado…, me ha parecido una impresión; igual ha sido un problema de comprensión mío.

Luego, por otra parte, me parece curioso que usted incorpore entre los problemas de falta de coordinación entre las consellerias, supuestamente entre la conselleria de vivienda e igualdad, también a la Diputación de Alicante, que también convoca sus propias ayudas, porque me parece recordar que los servicios…, la diputación…, las diputaciones no tienen atribuido (remors) una competencia estricta en esta materia, sino subsidiaria y, en todo caso, si usted no cree que esto se resolvería con un decreto de coordinación (sorolls) de las funciones de las diputaciones a favor de La Generalitat para que se pudiera planificar desde una visión de conjunto global el conjunto de las políticas de servicios sociales.

Luego, por otra parte, me parece también, no sé, la desigualdad y el conflicto que usted cree que se puede producir en la aplicación de la orden, me sorprende que no haya habido un cauce en el que la mancomunidad, o incluso la propia federación, no haya participado (algú tus) en la elaboración de la orden o no lo haya podido manifestar a tiempo.
Entonces, no sé, salvando que usted ha hablado de lo que no tocaba hoy, pero es muy respetable su opinión, me gustaría que me aclarara algunas de estas reflexiones que creo que están detrás de su intervención.

Gracias.

El senyor president:

Muy bien.

Continúa el turno de intervenciones el Grupo Parlamentario Ciudadanos.

El senyor Rojo Sánchez:

Sí, hola, buenas tardes, señor presidente.

Buenas tardes, señor Fernández.

Simplemente me gustaría hacerle una pregunta, y es si nos puede describir un poquito más detenidamente, a su juicio, cuál sería el protocolo a seguir por parte de los servicios sociales municipales en lo que sería la tramitación de este tipo de ayudas y la prestación de estas ayudas de pobreza energética dados, digamos (remors), los recursos tan escasos con los que cuenta la administración municipal en general, tanto en pequeños ayuntamientos (algú tus) como la casuística que se puede dar en grandes municipios por el volumen de población.
¿Cómo cree usted que se debería de articular dada su experiencia en estos años?

Muchas gracias.

El senyor president:

Muchas gracias.

Continuamos con el Grupo Parlamentario Compromís.

La senyora Álvaro Cerezo:

Sí, la veritat és que jo també m'esperava que vosté parlara de la proposició de llei per la qual està hui compareixent i m'he quedat una miqueta sorpresa que vinguera a parlar-nos d'una altra cosa que no és el contingut de la matèria.
Tot i així, a mi sí que m'agradaria preguntar-li -i crec que té moltíssima relació amb el tema que estem tractant avui- una proposició de llei sobre la pobresa energètica.
Li recorde que, com vosté sabrà, a banda de l'ordre que ha detallat, també hi ha una altra ordre, aquesta ve de la conselleria de polítiques inclusives per la qual se destinen als municipis 1,4 milions d'euros per a la lluita contra la pobresa energètica.
Estos 1,4 milions d'euros són directes als ajuntaments, van en els PEI, en les ajudes que se donen a les persones que ho necessiten perquè, com vosté sabrà, donada la seua experiència com a alcalde, hui per hui la major demanda d'ajudes socials va destinada a l'ús de l'habitatge.
(Veus)

D'aquest milió quatre-cents mil que destina la conselleria, anaren als ajuntaments majors de vint mil habitants, i els menors de vint mil habitants, és la diputació la que s'havia d'encarregar, de manera que la Diputació d'Alacant, enfront del milió quatre-cents mil euros que va depositar la conselleria per a aquest fi, solament va disposar de cent cinquanta mil euros, la qual cosa a un poble com el que vosté és alcalde, un poble de huit mil habitants si Viquipèdia no enganya, doncs supose que tindrà alguna cosa a dir i com valora este desinterés per part de l'entintat provincial que, justament, hauria de fer això: vetllar per els ajuntaments majors.
.
.
, menors de vint mil habitants.
Recordar-li que són ajudes directes als ajuntaments, directes.
S'encarreguen a les PEI de la gent que ho està passant malament i que també fan front a la pobresa energètica.
(Algú tus)

Gràcies.

El senyor president:

Molt bé.
Continuem amb la intervenció amb el Grup Parlamentari Socialista per un temps de quatre minuts.

La senyora Andrés Sanchis:

Gracias.

Bienvenido, alcalde, también a esta comisión, y como alcalde me gustaría hacerle alguna pregunta.
Primero, ¿cuál es el tiempo medio -y presidente de una mancomunidad, con lo que he oído, presidente de una mancomunidad- cuál es el tiempo medio que usted, por su experiencia, ve que se tarda en resolver una ayuda de emergencia de una persona a la que le van a cortar la luz, el agua o el gas, o que va a perder su casa porque no puede pagar el alquiler?
Entonces, como ha dicho que es…, la mancomunidad se dedica precisamente a la gestión de los servicios sociales de una población aproximada, por lo que me ha parecido entender, de unos veinte mil habitantes, ¿cuál es el tiempo medio que se utiliza?

Luego, también, insistir un poco más en si también por parte de la mancomunidad y los pueblos afectados en su caso, que es lo que conocerá bien, ha notado ese pequeño impulso que estaba comentando la compañera de Compromís: no solamente el millón cuatrocientos mil euros para las poblaciones de más veinte mil, sino también el montante que han suministrado las diputaciones o que han añadido salvo público que apareció en prensa y que colaboró cada uno en la medida que decidió, bueno, el caso de la Diputación de Alicante con esa cantidad para los pueblos menores, si le parece suficiente o le parece insuficiente.

Y luego también me gustaría saber con cuánto personal se cuenta en la mancomunidad, cuántos trabajadores sociales o educadores, para atender las personas que se encuentran en riesgo de exclusión social y si tiene usted datos de la población que es atendida por la mancomunidad.
Y con respecto a la convocatoria que usted ha mencionado, que no tiene nada que ver con lo que estaba aquí, pero sí decirle que, probablemente, es muy importante, especialmente cuando son los ayuntamientos los que lo aplica, yo en eso le tengo que dar a usted parte de razón, que es muy importante la coordinación entre administraciones (remors), es muy importante escuchar, porque hay veces que se hacen órdenes con la mejor intención de intentar solucionar los problemas, pero después te chocas con problemas burocráticos o con eso que usted ha comentado: con el programa informático que no te deja tal.

Todas estas cuestiones sí que le…, me ofrezco para decirle que a buen seguro tiene que haber un canal para que usted, como alcalde, cualquier alcalde de la Comunidad Valenciana o cualquier presidente de mancomunidad, pueda hacer llegar ese problema a la conselleria para que se tenga en cuenta y se resuelva.
Es más, me consta que por parte de la conselleria de vivienda se están gestando algunas de estas cuestiones que han sido planteadas por los trabajadores sociales para dar una pronta solución, como por ejemplo el tema de los plazos para presentar las ayudas.
O sea, creo que también es bueno que… saber si esos canales de información desde la mancomunidad se tienen o no se tienen, porque es buena para poder tener esa relación directa y continua que tiene que haber entre los responsables de la administración local, como es su caso, y La Generalitat.

No he acabado de entender muy bien qué es lo que quería usted decir cuando se ha referido -y me gustaría si es posible que me lo explicara- que presentaran las solicitudes en el Prop, porque estamos hablando de ayudas de emergencia.
¿Usted entiende que si, en algún momento determinado, lo que podría ser la atención de la pobreza energética, o cualquier situación de pobreza o exclusión social, se tuviera que hacer a través del Prop, sería más ágil y daría mejores resultados que lo que es atención directa a través de los ayuntamientos?
Si es eso lo que estaba usted intentando plantear, me gustaría que me lo clarificara, porque cambia un poco…, rompe con el sistema que nosotros estamos defendiendo en este momento, que es la proximidad y la cercanía de los ayuntamientos, la puerta de entrada para atender (algú tus) mucho mejor a los ciudadanos.

Gracias.

El senyor president:

Molt bé, muchas gracias.

Finaliza el turno de intervención el Grupo Parlamentario Popular.

El senyor Casanova Claramonte:

Sí, muy buenas tardes.

Gracias, señor Fernández, por su exposición, que yo creo que ha venido -así lo he interpretado yo- a exponer los problemas que hoy ya se encuentran los ayuntamientos para atender las múltiples solicitudes y necesidades de servicios sociales, de la emergencia social en los ayuntamientos y que, como yo expuse en el pleno el día que se debatió esta…, la toma en consideración de esta proposición de ley (remors) es algo que va a agravarse todavía más con esta proposición de ley que, insisto -y así lo dije en su momento-, nos parecía innecesaria y redundante.

Lo suyo sería incluirla dentro -como se ha apuntado en la anterior intervención de la compañera del Partido Socialista- incluirla dentro de una ley de asistencia social, bienestar social o llamémosle como se quiera llamar, porque en realidad lo que estamos planteando -lo que se está planteando- es una ayuda social, y cuando una persona -usted es alcalde y yo he sido alcalde; aquí hay muchas personas que han sido alcaldes o concejales-, cuando una persona te viene al ayuntamiento, viene a pedir una ayuda, le da igual que le pagues la luz, que le pagues la comida, que le pagues los zapatos del niño que no puede comprar.

Por lo tanto, esta especialización de esta ley obedece más a una cuestión a nuestro entender innecesaria -no en el fondo, sí en la forma-.
Va a cargar en los ayuntamientos unas necesidades de recursos -como ya se ha expuesto-, porque no todos los ayuntamientos son de más de veinte mil habitantes y, aun así, en ayuntamientos de más de veinte mil habitantes, la proposición de ley -que, en definitiva, es la que hemos venido a comentar- propone que sean los ayuntamientos los que carguen totalmente -no prácticamente, no-, totalmente con toda la tramitación sin que se cite para nada ninguna aportación de recursos ni ninguna financiación: es una ley que nace sin ninguna financiación, con lo cual es una ley que es un canto a la alegría.

Por lo tanto, el otro tema que usted ha citado y yo, mi reflexión y mi pregunta global sería si todas esas cuestiones que nos ha planteado para la aplicación de una orden, que bienvenida sea y que está bien porque, además, que llegue a los ayuntamientos, los ayuntamientos han hecho y están haciendo un gran esfuerzo para atender la emergencia social y todas las ayudas que les lleguen a los ayuntamientos bienvenidas sean, pero no serán suficientes, lamentablemente, y ojalá se puede incrementar.
Yo siempre pongo el ejemplo del ayuntamiento que conozco, que se dedicaban el año pasado y el anterior y el anterior 240.
000 euros/año a emergencia social para un pueblo de veinticinco mil habitantes.
Eso supone 10 euros por habitantes de media.
Trasladado al conjunto de la Comunidad Valenciana -cinco millones de habitantes-, harían falta cincuenta millones de euros y, lamentablemente -y estoy seguro de por qué no se puede más-, pero solo se han puesto (algú tus) 1,4 más 5,2 (algú tus) -si no me recuerdo mal- (veus), porque es lo que está cubriendo pobreza energética, alquiler y emergencia social en los presupuestos de La Generalitat del año 2016 y eso es lo que hay (algú tus): aproximadamente, seis millones (algú tus) cuando harían falta cincuenta, extrapolando un caso concreto con el error que se pueda extrapolar.

Por lo tanto, mi pregunta final sería: si toda esa problemática que usted ha planteado a la hora concreta de aplicar la tramitación, ¿eso cómo se va a ver agravado con la aplicación de una ley más, una documentación más, una calificación más e, incluso, tal como plantea la ley, que sea desde los servicios sociales de los ayuntamientos desde los que se ofrezcan opciones de mejora de le eficiencia energética de los hogares?
Es que es un totum revolotum la ley que entendemos que no va a ayudar a los ayuntamientos y lo que hay que hacer es centrar en una orden como la que hay, arreglando lo que haya que arreglar y poniendo lo que haya que poner, para que se ayude a la emergencia social, sea energética, sea alimentaria o sea de alquiler.

Nada más.

El senyor president:

Muchas gracias.

Finaliza el señor Fernández (algú tus) con cuatro minutos de intervención.
Cuando quiera.

El senyor Fernández Escudero:

Bien, muchísimas gracias por las preguntas que me han realizado, por escucharme.
Tengo que decirles que yo vengo aquí como alcalde de un municipio pequeño; por tanto, no vengo a hablar de legalidad, sino que vengo a hablar de practicidad.
Es decir, yo vengo a contarles lo que nos pasa en los municipios pequeños, no les cuento otras cosas y tampoco se trata de que yo venga a contarles lo que yo pienso.

Yo les hablo de las consideraciones que ha hecho el Colegio Oficial de Trabajo Social de Valencia y les hablo de las consideraciones que han hecho los trabajadores sociales de la mancomunidad de la Vega, y ellos son los que me han pedido a mí que venga aquí a decirles lo que ellos sienten, no lo que yo pienso, sino lo que ellos sienten.

Yo, lo que yo pienso, como presidente de la Mancomunidad de Servicios Sociales y como alcalde de un municipio de ocho mil habitantes, es que los servicios sociales tienen que ser incrementados, sostenidos, suplementados, pero lo que no puede ser es incrementarlos, sostenerlos y suplementarlos de carga administrativa sin suplementarlos de recursos económicos.
Yo no puedo con un trabajador social -con un trabajador social- atender toda la carga administrativa que eso ha supuesto.
Nosotros no nos planteamos siquiera que haya una imprecisión en nuestro planteamiento sobre los servicios sociales ni qué pensamos sobre la participación de las mancomunidades.
Lamentablemente, a las mancomunidades se nos hace muy poco caso.

Me gustaría preguntar por qué cuando se va a dictar una orden de este estilo, no se da información a los servicios sociales.
Tiene que ser la Federación Valenciana de Municipios y Provincias los que convocan una reunión en la cual nadie, de manera unánime, estaba contento sobre cómo se había puesto en marcha la orden, y todo el mundo manifestaba -y manifestamos- que hay una descoordinación total y que, evidentemente, aquello era poco sostenible y que si hubiera escuchado a la gente de la calle, a la gente que está haciendo los trabajos sociales día a día en nuestras ciudades y en nuestros municipios, probablemente otro gallo nos cantaría.
Yo entiendo perfectamente que la facultad de legislar, obviamente, reside en La Generalitat, pero no se puede legislar ignorando las realidades sociales, ignorando además a quien conoce realmente el trabajo que está sacando adelante.

Yo tengo que decirle que nosotros, a raíz de suplementar esta carga administrativa en los municipios, lo que se tardaba un mes y medio más o menos en tramitar una ayuda social, pues ahora vamos a dos meses o dos meses y medio.
Y además tengo que decir una cosa: les ruego que revisen el PIDAE, porque es que, cada vez que entramos en el PIDAE a cargar un dato, nos piden nuevos datos que no aparecían por ningún lado.
Por ejemplo, les puedo decir que, después de cargar todos los datos, nos pide los datos de las referencias catastrales.
Cuando el usuario ya se había marchado, localiza al usuario, que venga, que nos explique dónde está su referencia catastral, que el buen hombre o la buena unidad familiar no lo tienen, empieza uno a buscar en la gerencia catastral las referencias catastrales con más trabajo administrativo.
Digo yo que los trabajadores sociales no están para hacer ese trabajo de carga administrativa y digo yo, por tanto, que bueno, lo único que estamos pidiendo es que las obras estén mejor coordinadas, de tal manera que al final podamos conseguir que en realidad lleguemos al efecto que queremos: que los usuarios reciban esas ayudas sociales de una manera mucho más rápida, más contundente y, además, de una manera mucho más igualitaria.

Tengo que decirles que la propuesta del Colegio Oficial de Trabajo Social de Valencia -y la pueden leer- era la derogación de la norma.
Yo soy más comedido: simplemente, la coordinen mejor, o sea, que intenten que al final, en definitiva, la conselleria de igualdad y la conselleria de vivienda se pongan de acuerdo en cómo manejamos estos datos porque, si no, al final, los trabajadores sociales tienen un verdadero caos administrativo y los usuarios lo sufren, porque al usuario habrá que explicarle por qué si aplicamos una ayuda o le aplicamos la otra, qué va a ocurrir.
Por tanto, yo lo que les pido son protocolos más claros, protocolos más sencillos, y que piensen en la limitación de medios humanos que tenemos en los municipios pequeños; si no, al final, el que lo paga es el usuario, y yo creo que, en definitiva, en estas situaciones -como vuelvo a repetirles- bienvenidas sean las normas, pero hagámoslas más claras y hagámoslas que sean más fáciles de practicar.

Y, bueno, en la mancomunidad tenemos ocho trabajadores para veinte mil personas: con ocho trabajadores atendemos todas las necesidades sociales de veinte mil personas.
Creo que el esfuerzo es mayúsculo, y las ayudas económicas no se incrementan: incrementemos las ayudas económicas de la conselleria de igualdad, de la que dependen los servicios sociales y de políticas inclusivas y todo será más sencillo.
Un solo programa con un solo usuario y, simplemente, más facilidad para que se llegue a ese fondo del asunto.

Muchas gracias.

El senyor president:

Muchas gracias.

Agradecer al señor Fernández su presencia hoy aquí, en las Cortes Valencianas, y vamos a despedirlo.
 

El senyor Fernández Escudero:

Muchísimas gracias a todos y buenas tardes.

El senyor president:

Buenas tardes.

Compareixença de la senyora Elena Vicente-Ruiz Climent, diputada d'Acció Social de la Diputació Provincial de Castelló

El senyor president:

El señor Miguel Zaragoza Fernández ha disculpado su ausencia, y damos la bienvenida a la señora Elena Vicente-Ruiz Climent, que es diputada de Acción Social de la diputación de Castellón y regidora de la Vall d'Uixó, y está aquí a propuesta del Grupo Parlamentario Popular.

Molt bé, benvinguda.

La senyora Vicente Ruiz-Climent:

Gracias.

El senyor president:

Como el resto de ponentes, tiene ocho minutos en la primera intervención, cuatro minutos por grupo parlamentario y finaliza usted con cuatro minutos.

Inicia el turno de intervención la señora Vicente-Ruiz.

Gracias.

La senyora Vicente Ruiz-Climent:

Muy bien, muchas gracias.

En primer lugar, quiero agradecer esta invitación e intentar aportar, dentro de mis competencias o dentro de mis conocimientos, lo que pueda a esta proposición de ley.
Yo sí que voy a intentar centrarme en el tema, puesto que las críticas al anterior ponente han sido importantes, pero yo creo que es cierto que estas dos líneas de ayudas -una de la conselleria de infraestructuras y otra de la conselleria de igualdad- han ocasionado muchísimos problemas a los ayuntamientos, muchísimos problemas a la hora de tramitar, y creo que al final se ha tenido uno que ingeniárselas como ha podido para dar solución a un problema que es evidente, y que nadie negamos que es el problema del pago de las facturas energéticas que tanto está ocasionando tanto sufrimiento, ocasiona a muchas familias.

Como me ha tocado hablar la tercera y he estado ahí escuchando, he visto algunas manifestaciones que se han hecho al respecto de las diputaciones provinciales.
Yo no sé si anteriormente han querido dar a entender que hagamos un decreto de coordinación o algo.
Al final, nos va a tocar desmantelar las diputaciones cuando las diputaciones en estos momentos están dando solución a muchísimos ayuntamientos, y yo voy a hablar de la provincia de Castellón, que tiene municipios pequeños y que, desde luego, creo que las diputaciones -en este caso, la de Castellón- están siendo de base para dar servicio a muchos de esos municipios.

Otra de las cuestiones que quería plantear -porque yo sí que me he estado leyendo las intervenciones cuando se presentó la proposición de ley de Podemos en las Cortes, el portavoz de Podemos, el señor Montiel, que creo que ya no está en la sala-, dijo en ese momento que hay 1,7 millones de persona en situación de riesgo de pobreza y exclusión gracias a las políticas del Partido Popular.
Pues bien, me gustaría que estuviese aquí para habérselo dicho, pero creo que, gracias a las políticas del Partido Popular, en Castellón el año pasado descendió nueve mil seiscientas personas y aumentó la ocupación en el 8%.
No voy a dar más datos, pero estos son los datos del último trimestre del año pasado, con lo cual creo -y estoy totalmente de acuerdo con una de las intervenciones que ha hecho la compañera del Partido Socialista- que de lo que tendríamos que preocuparnos más es en iniciativas generadoras de empleo, aunque sí que es cierto que necesitamos leyes que regulen otro tipo de cuestiones, pero es que no he escuchado a Podemos hacer absolutamente ninguna manifestación, ningún proyecto, ninguna iniciativa que vaya encaminada a la generación de empleo.

Sí que es cierto que sí que ha tenido a bien presentar iniciativas legislativas, como creo que la ley 25, que presentaron en cuanto se constituyó el Congreso de los Diputados y era una ley que además no tenía ningún tipo de consignación presupuestaria, igual que no tiene absolutamente ninguna base de financiación y, de hecho, lo que hicieron es quitar la parte de la renta, porque era lo que realmente costaba… (algú tus), tenía un coste económico que eran los quince millones de euros -creo que así se valoró por Podemos- y al final lo quitaron (veus) y dejaron una ley sin contenido.
(Veus) Y, bueno, yo creo que esto es un poco parecido: es una proposición de ley que se ha presentado en muchas comunidades, y en algunas se ha tenido que retirar; en otras les han dicho, pues lo que…, las inquietudes que planteamos nosotros, que son proposiciones de ley que no tienen ninguna base de financiación y que, al final, esto hace bastante difícil que se lleven adelante.

Yo sí que creo que esta proposición tiene inconvenientes que ya se han planteado algunos.
Uno es la posible inconstitucionalidad, que eso ya veremos: hay una ley catalana parecida a esta que está teniendo problemas y que posiblemente esta acabe igual.
Pero creo que lo más importante es la ausencia de financiación.
Yo creo que es un problema importante el traer aquí una propuesta de ley sin saber cómo se va a sustentar.
Creo que, al final, lo que demuestra es que son gestos que, al final, no tienen el objeto para el cual creo que se debería haber, bueno, pues estudiado de una manera básica y esencial.

Y luego creo que hay algo que se ha planteado aquí y que yo creo que es importante decirlo: esto va a causar problemas a los ayuntamientos y, al final, yo creo que he oído que se va rescatar a los ayuntamientos.
No se va a rescatar a ningún ayuntamiento, lo que se va a hacer es poner a los ayuntamientos en problemas de tramitación y esto ya nos ha ocurrido con las dos órdenes -la de Vivienda y la orden que salía de la conselleria de inclusión social o de inserción social, creo que se llama- en la cual, en una de esas, yo sí que participé con el secretario autonómico, con el señor Alberto Ibáñez, y le trasmití mi preocupación de ver que estas dos vías de financiación entraban en colisión y que estaban creando problemas a muchos alcaldes y que, además, se estaba aprovechando esta problemática para ir presentando mociones por los ayuntamientos y creando problemas administrativos importantes, incluso en muchos de esos ayuntamientos con informes de los interventores y de los secretarios que ya decían que la tramitación sería complicada.

Miren, yo vengo de la provincia de Castellón.
En Castellón, tenemos ciento quince municipios de menos de cinco mil habitantes, y más de veinte mil son ocho.
Los municipios están prestando servicios, porque Castellón es una provincia eminentemente rural, gracias a la diputación de Castellón y gracias a un servicio que se creó por la diputación de Castellón, pero que no se mantiene por la diputación, sino por la gente que está trabajando, los técnicos que, con su magnífica labor, están haciendo que se sustente, que se llama el Servicio de Innovación y Calidad, y lo que hace es recoger el trabajo de los técnicos, poner en común (algú tus) los servicios que se prestan en los ayuntamientos y poner en valor algo tan importante como son los servicios sociales y que llegan a los ciento treinta y cinco municipios de la provincia de Castellón.
Y en la última reunión que estuve con ellos, se quejaban amargamente de los problemas que les estaban trayendo esas dos líneas -dos órdenes- de ayudas que yo considero que solo tienen un objeto: se han sacado dos porque está el apartado un poco el protagonismo de Compromís y el protagonismo del Partido Socialista, pero no se ha hecho pensando en el beneficio de los municipios y en evitar la tramitación, pero como todo el mundo aquí quiere su parcela de protagonismo, al final lo pagan los pequeños municipios.

Yo sí que me he leído la proposición de ley, sí que me la he leído, y he visto toda la carga de trabajo que tienen que acarrear los municipios y, en este caso, lo que le tocaría hacer a los municipios de la provincia de Castellón.
Por eso les digo, por cierto, municipios de menos de cinco mil que les dicho que hay ciento quince, que desaparecerían según algún grupo político, pero nosotros no queremos que desaparezcan, y como no queremos que desaparezcan y queremos que los servicios sociales lleguen a todos y cada uno de los ciudadanos de la provincia de Castellón, lo que queremos es facilitar eso.
Y esta proposición no facilita absolutamente nada: tiene un problema grave de financiación y tiene un problema grave que va a acarrear a los municipios únicamente por ser el primero que va corriendo a plantear la proposición en este caso porque, claro, queda muy bien plantearla, pero es que, al final, tiene que ser efectivo y, al final, se tiene que facilitar a la gente el que puedan recibir ayudas; a los ayuntamientos, que puedan hacer su trabajo, y a todo el mundo, que al final se consiga el objeto que se tiene que conseguir.

Yo creo que no lo voy a hacer más largo; me quedan veinticuatro segundos, pero sí que les quiero decir que creo que lo que se tendría que hacer es coordinar más las administraciones.
En la diputación de Castellón, antes de que me lo digan, hemos destinado cien mil euros para las ayudas.
Esos cien mil euros se han calculado con una prospección que hizo la diputación de Castellón y por la cual, a través de los servicios sociales, sabíamos la gente que tenía problemas para pagar los recibos.
No hemos puesto cien mil porque se nos haya ocurrido.
Y creo que sí que ha funcionado bien la labor de coordinación de diputaciones y, en este caso, la conselleria de inclusión social.
Hemos colaborado, hemos intentado solucionar un problema; son ayudas que han ido directamente a los ayuntamientos y no hemos creado problemas a nadie.

Nada más.

El senyor president:

Muchas gracias por su intervención.

Vamos a proceder a la continuación con la primera intervención del Grupo Parlamentario Podemos por un tiempo de cuatro minutos.

El senyor Jiménez Doménech:

Bé, jo també seré breu.
Gràcies per la seua assistència, senyora Vicente-Ruiz.

Sí, almenys ha demostrat vosté que s'ha llegit alguna cosa de la proposició no de llei, ha fet referència a ella.
No massa.
També, ha invertit la major part del temps en criticar mesures que estan fora de l'abast d'esta compareixença.

Vosté ha dit que aquella llei 25 es va presentar sense memòria econòmica, i no és cert: és fals, rotundament fals.
També li he de dir que l'únic programa electoral que se va presentar acompanyat de memòria econòmica va ser la nostra; la del PP encara l'estic buscant.

Però, entrant en els temes que vénen a dur-nos a esta compareixença, per les seues manifestacions jo he entés que estaria en desacord en què se coordinaren les diputacions i la conselleria per a atendre determinats assumptes.
Hem trobat ja, no és nova, la resistència de les diputacions governades pel PP per a coordinar-se amb les diferents conselleries; l'exemple de Xarxa Llibres està ahí.
Per què creu vosté que estan eixes resistències ahí?
Jo tinc la meua opinió: que el Partit Popular no és responsable en la seua tasca d'administració dels administrats i que hauria de coordinar-se, però vosté està ací per a donar la seua opinió i vull que me la done.

Diu que esta proposició no de llei incrementaria les tasques que els serveis socials dels municipis haurien de fer-se càrrec.
Voldria que especificara en quins punts incrementaria la càrrega de treball.

I, bé, finalment, vosté ha estat tota l'estona referint-se a l'orde que s'ha referit el seu company compareixent anterior, ha fet múltiples referències, i a la càrrega que per a l'administració municipal suposa, i el senyor Montiel ho ha dir en l'anterior compareixença.
Nosaltres vam demanar -ja està demanada des de fa temps- la compareixença de la consellera perquè explique en quins criteris se va a fer eixa ordre i quines són les dificultats que s'han trobat.
Convide al grup parlamentari que l'ha convidat a vosté a que utilitze eixes vies i no fer vindre a dos compareixents de manera consecutiva a parlar sobre les ordres.

Moltes gràcies.

El senyor president:

Moltes gràcies.

Continuem el torn d'intervenció amb el Grup Parlamentari Ciudadanos per quatre minuts.
Pot iniciar.

La senyora García Jiménez:

Moltes gràcies, senyor president.

Muchas gracias, señora Vicente-Ruiz, por estar aquí y por transmitirnos realmente un montón de quejas, porque yo creía que las comparecencias eran un poco para mejorar esta proposición de ley, que los ponentes venían un poco para hablar de esta ley que se ha sacado nueva y cómo podríamos mejorarla, pero he visto que simplemente ha sido lo mismo de siempre, criticarse unos y otros; pero, ante eso, paro ahí y me gustaría, simplemente… voy a hacer una simple pregunta y ya está.

Sí que ha comentado la señora Vicente-Ruiz que las diputaciones han hecho un trabajo extraordinario en coordinación con los ayuntamientos, y me gustaría saber cuál es el trabajo que han hecho tan efectivo para que se den esas ayudas, de cien mil euros en este caso en la provincia de Castellón, y cuál sería para usted la forma que se debería de plantear para mejorar esta ley.
Me refiero, ¿qué es lo que se tendría que legislar aquí en esta parte que no entra para que hubiese una tramitación más eficaz o una forma de llegar al ciudadano más eficaz?
Diputación, ayuntamientos, una especie de coordinación.
¿Cuál es la coordinación que usted cree más efectiva para que, al ciudadano le llegue, en este caso, esa ayuda económica más efectivamente?

Muchas gracias.

El senyor president:

Gracias.
Continuamos el turno de intervenciones con el Grupo Parlamentario Compromís.
Per un temps de quatre minuts.

La senyora Álvaro Cerezo:

Moltíssimes gràcies i moltíssimes gràcies, també, per assistir avui i, sobretot, per documentar-se també.

La veritat és que fa goig i me facilita molt la feina, perquè vosté, per delegació, ostenta la presidència de la xarxa de qualitat d'innovació, que és pionera en les bones pràctiques.
Com també ha dit, per desgràcia, fins ara la xarxa se manté en l'herència que la va deixar l'anterior diputada d'acció social, en 107 municipis, no arribem encara a 135, és una llàstima; i encara no ha reunit tampoc vosté al consell rector.
Tot el que vosté planteja, la veritat és que es podria dialogar i fer extensiu, en un òrgan tan important del qual forma part diputació, conselleria, ajuntaments, mancomunitat i Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
Vosté té una eina importantíssima on traslladar i ajudar a les persones que, malauradament, no se li està donant la presència que caldria.

M'agradaria saber si tot açò vosté ho ha traslladat a la Xarxa d'Innovació de Qualitat després d'eixa aturada que inexplicablement ha tingut la xarxa no al cent per cent com estàvem, sinó els mateixos membres de la xarxa se queixen d'eixa aturada inexplicable des que vosté està al càrrec.

Per altra banda, i pel que feia referència abans el que s'ha dit de la insuficiència dels pressupostos, la veritat és que podríem estar d'acord perquè, per exemple, el pressupost de la institució a la qual vosté representa, la diputació de Castelló, té un import de cent trenta milions d'euros, dels quals, solament 1,8 està destinat a la partida d'acció social, inclosa la despesa de personal segons ens consta ací en el pressupost de la seua pròpia diputació que tinc ací mateixa.

La veritat és que mentre que altres pobles de les comarques del nord estan posant a disposició de les persones que ho necessiten 250.
000 euros, i hi ha inclús pobles de les comarques del nord que tenen un pressupost en l'àrea social de 2,5 milions d'euros, eixe 1,8 milions d'euros, segons el seu mateix pressupost, estranya i demostra clarament que alguna cosa està fallant en les diputacions quan no estan al costat de les persones que pateixen, o almenys en els números.

I, per últim, i ja que vosté m'ho ha facilitat, els cent mil euros consignats per la diputació a la lluita contra la pobresa energètica en un informe que se'ns fa arribar també al Grup Parlamentari Compromís en del data 12 de gener, que si vol li'l facilite, vénen a instància de la secretaria autonòmica que vosté ha mencionada abans.
I jo, li pregunte una altra volta: creu vosté que és suficient?
Comptem que solament a sis pobles de la província des de la conselleria se'ls ha destinat 149.
232, i vosté està destinant 100.
000 euros a més de 115 municipis menors de vint mil habitants amb les necessitats i les carències que estos pobles tenen.

M'agradaria que me contestara a estes preguntes.

Moltíssimes gràcies per la seua assistència.

El senyor president:

Moltes gràcies.
Continuem el torn d'intervencions amb el Grup Parlamentar Socialista per un temps de quatre minuts.

La senyora Andrés Sanchis:

Gracias, señora diputada, señora Elena Vicente por acudir a esta comisión.

A mí me gustaría centrarme en la proposición de ley que llevamos hoy.
Me gustaría conocer su punto de vista respecto a uno de los temas que usted ha abordado, como es, por ejemplo, la financiación de una ley que tiene por objeto atender a aquellas personas que se encuentran en una situación de especial necesidad.

Yo creo que si usted es diputada, también viene de algún ayuntamiento y, por lo tanto, compartimos lo que puede suponer esa urgencia de atender a las personas que no puedan pagar la luz, el agua, que no puedan pagar el alquiler o hasta incluso que no puedan tener para comer, es algo que no se menciona expresamente en la proposición de ley, pero que, evidentemente, debería estar.

Mi pregunta sería si usted piensa que es posible que, para atender estas cuestiones de emergencia, de verdad pueda existir una verdadera coordinación entre los ayuntamientos, las diputaciones y La Generalitat.
Le preguntaría también si, con el presupuesto que tiene la diputación de Castellón, cree que el esfuerzo que se puede hacer a nivel presupuestario es mayor.
Y quiero compararle con la diputación de Valencia: con dos millones y medio de población, para esta misma medida, para esas ayudas de emergencia, la diputación de Valencia, para esas ayudas de emergencia ha consignado seiscientos mil euros.
Para la misma población entre Alicante y Castellón, aproximadamente dos millones y medio de habitantes, han consignado doscientos cincuenta mil.

Entonces, ¿es solamente una cuestión de voluntad lo que se requiere para poder hacer frente a necesidades tan importantes como las que estamos hablando, y es dar una salida, una respuesta inmediata a la situación de vulnerabilidad?
Por supuesto, nosotros pensamos que es imprescindible que exista esa buena coordinación, ese compromiso y esa voluntad de todas las instituciones para que una ley de estas características salga adelante.
Me gustaría saber si usted también piensa así.

Y, luego, por otro lado, me ha parecido entender que todas aquellas propuestas que ustedes entendían que podían tener los municipios menores de veinte mil, que son aquellos que no llegaban con la ayuda de emergencia, quedaban cubiertas con esos cien mil euros que ustedes han consignado a los ayuntamientos.
Me gustaría que usted me clarificara si eso es así, si todos los ayuntamientos menores de veinte mil habitantes de la provincia de Castellón, la problemática de todo el año 2016 queda resuelta con 100.
000 euros.
Sería una buena noticia.

Yo creo que esos dos aspectos son los que me gustaría.
Y, luego, por otro lado también (algú tus), nosotros pensamos que las instituciones necesariamente cumplen con su obligación de atención a los municipios pequeños como han hecho durante todos estos años, no ha sido una cosa de ahora, y, sobre todo, en materia de servicios sociales, en materia de bienestar social.
Es una de las competencias que tienen atribuida y que así está, porque ya somos conscientes de las dificultades que pueden tener los municipios -no los menores de cinco mil, sino que nos imaginamos un pueblo menor, de mil habitantes-.
No podría subsistir ni dar satisfacción a las necesidades de muchos de sus vecinos si no fuera por el apoyo de este tipo de instituciones, como son, en este caso, la diputación.

Entonces, reconocemos ese trabajo que realizan las diputaciones, pero eso no quiere decir que sean unas instituciones del siglo XX que deben adaptarse a los nuevos tiempos; pero, en cualquier caso, sí que pensamos que ese trabajo se ha hecho y que en un futuro podría estar sustituido, nada que decir con lo que respecta a esa mejora en la coordinación entre Generalitat, diputación y los ayuntamientos como le he apuntado hace un momento.

Muchas gracias.

El senyor president:

Muy bien, muchas gracias.
Finalizan el turno de intervención desde el Grupo Parlamentario Popular.

El senyor Casanova Claramonte:

Muy bien, muchas gracias.

Primero, agradecer a la señora Vicente que esté aquí a petición propia: no la invita nadie.
Parece que desde los compañeros de Podemos tienen ahí un error conceptual.
Son ellos los que proponen, y luego nosotros, de la lista, los proponemos.
¿Vale?

En segundo lugar, lamentar -y espero que no ocurra ahora- que después de las explicaciones del señor alcalde de Redován, el portavoz de Podemos -que es el que le ha formulado las preguntas- haya desaparecido y no se haya dignado a escucharlo.
No me parece elegante, por decirlo de una manera suave.

En tercer lugar, (remors) comentar que, no sé, parece que el que la señora Vicente venga en representación de una diputación ha desatado un cierto interés en llevar el debate a otro punto.
Simplemente, a mí me parecería importante preguntarle qué competencias tiene la diputación por ley de haciendas locales y de régimen local en temas de servicios sociales.
Yo, como alcalde, creo que no las tiene.
Por lo tanto, todas las consideraciones que se han hecho antes, me gustaría que se aclarasen, porque es importante.
Porque, al final, tenemos un marco legal al que nos tenemos que ceñir.
Entonces, ya hemos sufrido este año, se ha puesto el ejemplo de Xarxa Llibres, con un marco legal, absolutamente saltado por los aires, yo invito y tú pagas, pagan todos los ayuntamientos y las diputaciones, algo de lo que no son en absoluto competentes para aportar ni un euro.
Y, de hecho, así se están encontrando muchos alcaldes con los informes en contra de los interventores y teniendo que pagar, y ya veremos cómo acaba el tema.

Centrándonos en lo que es la proposición de ley, a nuestro entender, es importante -yo le preguntaría o redundaría en lo que ya ha avanzado- que la ley no tiene ninguna propuesta de financiación, el propio dictamen del Consell así lo hace ver; es una ley que nace como papel mojado, sin ninguna propuesta de financiación concreta.
Tiene la duda de la posible inconstitucionalidad, que eso será otra cuestión.
Pero, sobre todo, va a crear un problema muy grave, como ya hemos escuchado tanto al interviniente anterior, al alcalde de Redován, como a usted mismo, en la gestión de toda la tramitación adicional que va a representar para los ayuntamientos.
Yo recuerdo que en algún comentario que hice con algún compañero de aquí de las Cortes -no de mi grupo-, hablábamos de que es empezar la casa por el tejado.
Es decir, montar la ley con una tramitación enorme que se va a incrementar sobre la que ya están soportando los ayuntamientos y que es necesaria, porque estamos justificando dinero público sin que se aborde la necesaria mejora e incremento y mayor dotación de los servicios sociales sobre los que va a recaer todo el peso de la tramitación de la ley, incluido -como decía antes- los aconsejamientos -no sé cómo llamarlo- para que los usuarios mejoren la eficiencia energética de sus viviendas, cosa que no sé yo los servicios sociales cómo lo van a hacer.
Yo me imagino a un trabajador social, que a lo mejor hay uno o dos en un pueblo pequeño, que encima tiene que aconsejar cómo, y el pobre no está especializado en eso y, por lo tanto, es una dificultad más.

Por lo tanto, mi reflexión final y mi pregunta es la valoración de la necesidad de esta ley específicamente, si no es poner por delante la tramitación de la dotación y, también, si no será mejor incluirlo dentro, como yo planteaba antes, de una ley general, y como se ha apuntado antes por la compañera (algú tus) del Grupo Socialista, de una ley de servicios sociales que englobara estas necesidades y otras, como las alimenticias u otras.

El senyor president:

Muchas gracias.

Vamos a finalizar, con un tiempo de cuatro minutos, la señora Vicente-Ruiz.
Puede finalizar.

La senyora Vicente-Ruiz Climent:

Sí, gracias.

Voy a intentar ser lo más breve posible.
Voy a empezar por el último interviniente, del Partido Popular.
Efectivamente, la cuestión de las competencias siempre está en la palestra entre las diputaciones, los ayuntamientos, Generalitat; siempre es un tema muy socorrido.
Yo le voy a decir una cosa: seguramente, las diputaciones no tienen competencias en servicios sociales; tampoco las tenemos en mosquitos, pero los mosquitos, como no entienden de fronteras, al final, uno tiene que ofrecer soluciones y no crear problemas.
Yo creo que la diputación en este caso, principalmente la diputación de Castellón, la cual yo conozco, estamos por la labor de facilitar problemas.

Yo a la compañera del Partido Socialista sí que le digo una cosa: yo estoy convencida de que la coordinación entre administraciones es posible y es necesaria, pero, sobre todo, lo que es necesario es la lealtad.
La lealtad es fundamental, y las ganas de hacer las cosas bien.
Hacer que los demás estén condicionando sus presupuestos continuamente ante la ocurrencia del político que sale un día a dar un titular o como, por ejemplo, con Xarxa Llibres, que podemos estar totalmente de acuerdo en el fondo, pero lo que no se puede es levantarse un día para dar un titular con absoluta deslealtad cuando el día anterior ha estado todo el día con el presidente de la diputación de Castellón y tener que ver en un titular que se está comprometiendo el presupuesto de la diputación.
Eso no ocurrió en las dos órdenes de las cuales hemos hablado y las cuales se han tramitado -yo creo que mal-, pero la intención era buena; no ha ocurrido lo mismo con la coordinación de la diputación de Castellón, ha sido importante y al final ha obtenido un buen resultado.

Yo, cuando me plantean: Â«¿Con cien mil euros será suficiente?
Â».
Pues seguramente no, seguramente al final tendremos que hacer una modificación presupuestaria.
Se acerca mucho al número que nosotros hemos calculado y que viene de parte de los servicios sociales y de la red de calidad y que nos han dado los números de las facturas o de los recibos que se han quedado sin pagar las familias.
Si al final tenemos que hacer una modificación presupuestaria, no tenga usted ninguna duda de que la haremos, porque ustedes, igual que yo, que venimos -en teoría- de ayuntamientos, sabemos que las modificaciones están para adaptar el presupuesto a las necesidades.

Yo, si usted dice, Â«van a ser ustedes pioneros en solucionar el problema de la pobreza energéticaÂ», pues…, a lo mejor, la que va a ser pionera es Amparo Marco, que en cinco meses o en menos -el otro día veía un titular que había solucionado la pobreza energética en la ciudad de Castellón, eso sí que fue en un tiempo récord- a lo mejor tendríamos que preguntarle a la señora Marco cómo lo ha hecho.

Yo no vengo aquí a defender las diputaciones, porque creo que no me han llamado para eso, pero sí que le voy a decir que el argumento de que la diputación es una entidad del siglo XIX, pues los ayuntamientos son más antiguos.
Yo creo que eso no es ninguna justificación ni ningún argumento para intentar que las diputaciones desaparezcan, y más en provincias como la que yo represento hoy, que es la provincia de Castellón, que yo ya le he dicho que 115 municipios tienen menos de cinco mil habitantes y que muchos de los servicios llegan a ellos gracias al trabajo de la diputación de Castellón.

A la representante de Compromís: usted ha venido aquí con los deberes bien hechos.
Parece que se ha encargado de averiguar la vida de los que vienen aquí a comparecer, y yo creo que con buen criterio o con ganas de hacer las cosas bien se ha puesto usted a rebuscar qué podía sacar.
Pues los deberes no los ha hecho muy bien, porque la red de calidad se reúne de manera muy asidua.
Yo voy a muchas de esas reuniones; en la última yo acompañé a la señora Carmen Fenollosa, que es directora territorial, la cual se quedó encantada de ver cómo funciona.
Si a usted la información se la ha pasado Carmen Fenollosa, pues creo que no se la ha pasado bien.
Pero, bueno, siga investigando.

¿Saben qué problema tienen ustedes con las diputaciones?
Que no las gobierna Compromís.
Si estuviera Compromís gobernando en las diputaciones no le parecerían tan problemáticas, pero ese es el problema que tienen ustedes con las diputaciones.
Yo, no sé, lo que usted me acaba de decir, que resulta que el problema de la pobreza energética no lo vamos a solucionar y que no hacemos nada y que hay muchísima necesidad.
Yo no digo que no la haya, digo que nosotros hemos hecho los deberes y con eso hemos presupuestado los cien mil euros.
Igual es que la alarma que quieren crear ustedes, como pasó cuando ustedes entraron a gobernar, que la señora Oltra iba a poner no sé cuántos comedores escolares porque había muchos niños pasando hambre, luego se dio cuenta de que la situación no era lo que era.
Y, a lo mejor, es ahí es donde a lo mejor ustedes tienen que trabajar.

Y, como no me da tiempo para más, voy a acabar con Podemos, que son los que han hecho la proposición de ley y al final, mire, le voy a decir una cosa: los argumentos me han recordado a los que ha utilizado antes su compañero.
Ha utilizado exactamente los mismos, que resulta que el Grupo Popular no ha pedido la comparecencia de la consellera, que no lo ha hecho.
¿Ese es el único argumento que tiene usted para defender la proposición de ley?
Pues yo creo que me la he leído yo mejor que usted, porque en casi todos los apartados nombra a los ayuntamientos y nombra a los servicios sociales de los ayuntamientos.
Usted dice que no se nombran en ningún artículo de la ley -¡si es que la tengo subrayada!
-: se nombran en casi todos los artículos.
Usted dice que no; pues creo que lo que tendría que hacer es leérsela y luego, criticarme a mí, que dice que he venido aquí sin leerme la mía.

Mire, al final yo creo que hay un problema que se tiene que resolver, pero también pienso que el tema de los gestos está muy bien, pero tiene que ir acompañado de una financiación y tiene que ser una resolución que no obligue a los pequeños ayuntamientos, sobre todo a hacer, sobre todos, más carga de trabajo y a sobresaturarse.
Yo creo que se podrían pasear un poco por los pequeños ayuntamientos como los que yo me paseo muchas veces, ver el trabajo que hacen los servicios sociales, no saturarlos más y no buscar tanto la foto fácil o el titular fácil.

Nada más.

El senyor president:

Muchas gracias.

Ha finalizado la señora Vicente-Ruiz, la despedimos, agradecemos su presencia (remors) y dos minutos de receso.

Vamos, que nos queda la última intervención.
(Remors)

Muy bien.
El señor Miguel Ballesteros puede incorporarse y empezamos en dos minutos de receso.

(Se suspén la reunió durant uns minuts)

Compareixença del senyor Miguel Ballesteros Contreras, representant de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca de València

El senyor president:

Bueno, retomamos la comisión.

Buenas tardes, damos la bienvenida al señor Miguel Ballesteros, que viene en representación de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas de Valencia y a petición del Grupo Parlamentario Podemos.

Tiene ocho minutos en su primera intervención.
Luego intervendrán cuatro minutos cada grupo parlamentario, y finalizará usted por un tiempo de cuatro minutos.

Bienvenido e inicie la intervención.

Gracias.

El senyor Ballesteros Contreras:

Hola, buenas tardes.

Vamos a ver, voy a actuar en este acto como portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.
Me gustaría lanzar una frase un poco que es la nos ha movido, la que reúne la filosofía de las demás propuestas que vamos a hacer, que viene a decir que la responsabilidad es compartida y las soluciones también pueden serlo.

Cuando hablamos de responsabilidades, hablamos de administraciones, hablamos de usuarios y hablamos de compañías.
Posiblemente, a lo largo de la intervención haré referencia a esa frase en más ocasiones.

Resumir la situación actual para nosotros es muy sencillo.
Hablamos de pobreza energética como tal desde hace poco; en la plataforma hablamos desde hace más tiempo, puesto que es una carencia que tienen los hogares afectados por los desahucios, afectados por la falta de pago de las hipotecas, con lo cual hace ya tiempo que hablamos de pobreza energética, con lo cual, la definición que estamos manejando nos parece corta, no hablamos de agua, gas y luz: queremos hablar también de gas butano y queremos hablar también de internet.
Lo de internet viene dado por -y ha salido en el tiempo que estamos aquí hablando varias veces- muchísimos de los trámites que la administración pide únicamente -o casi únicamente- se pueden pedir a través de internet, con lo cual lo consideramos un suministro básico.
El gas butano -más motivo todavía- es la fuente de energía a la que la mayoría de afectados recurren cuando se les corta el gas ciudad.
Podríamos añadir también la vela, el cirio -pero eso lo dejaríamos, que también es una fuente de energía habitual.

Bueno, a partir de aquí, sabemos que las administraciones públicas tienen que garantizar el derecho de acceso a los suministros básicos -insisto: gas butano también, e internet- a las personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión residencial.
No solamente durante cuatro meses, tres meses, como estas últimas ayudas que han salido, sino mientras dure la situación en las unidades familiares.
Esto nos parece también importante, porque si no lo dejaremos en un parche, lo dejaremos en que se puedan habilitar en un presupuesto, en que tengamos -o que tengan ustedes por ahí- tres millones de euros que no saben qué hacer con ellos y los dediquen a esto, pero la situación seguirá siendo la misma, más allá de esos tres meses, más allá de esos tres millones de euros.
Con lo cual, nos parece importante mantener esas ayudas, mientras la situación se mantenga.

Como garantía de esto, aportamos también la posibilidad, el elemento del principio de precaución social.
Nos parece fundamental también de cara a los posibles detractores de la ley de la vivienda que se ha establecido ahora.
En cumplimiento del principio de precaución social, esto vendría a ser la obligada comunicación a los servicios sociales y de intervención de estos servicios con carácter previo a la concesión de ayudas con la finalidad de evitar los cortes de suministro.
Creo que lo declara como declaración de buena fe -no recuerdo ahora el término concreto-, pero vendría a ser el principio de precaución que se propone.
En cumplimiento de las previsiones de esta ley, el Consell y el resto de administraciones públicas podrán establecer reglamentariamente aquellas obligaciones de servicio público que las compañías suministradoras deberán cumplir para prevenir los cortes de suministro de los casos mencionados.

Las administraciones públicas podrán y deberán establecer acuerdos y convenios necesarios con las compañías suministradoras de agua, gas, gas butano, etcétera, a fin de garantizar que concedan ayudas a fondo perdido a las personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión residencial, o les apliquen descuentos muy notables -pueden aplicar tarifas súper reducidas-.
Con lo cual, con esta primera frase, de la que hablaba al principio, se implicaría también a las compañías: no solamente a las administraciones y a los usuarios, sino a las compañías también.

Vale.
Los municipios (veus) que lo soliciten -que para nosotros tendrían que ser todos- podrán actuar como entidades colaboradoras en el proceso de concesión de las ayudas previstas en este artículo, todas las que supongan una transferencia directa a los ciudadanos afectados como las que se instrumenten haciendo uso de vías del apartado anterior.
En tal caso, deberán actuar en coordinación y de acuerdo con los criterios determinados por la conselleria competente en materia de vivienda.

Aquí hablamos -he estado escuchando- de las distintas competencias y, en definitiva, a los que estamos afectados -a mí me cortaron la luz ayer- nos da igual de dónde son las competencias.
Pónganse de acuerdo ustedes.
A los que estamos en la calle, a los que sufrimos esto, realmente nos da igual si la competencia para negociar con Iberdrola hay que hacerla en Madrid o en Sagunto.
Nos da igual.
(Remors) Lo que queremos es que lo hagan.
Que no se pierda el tiempo discutiendo de quién es la responsabilidad, sino que sean conscientes.
Nosotros lo somos, porque estamos todos los días en la calle, con los afectados, y nos gustaría trasladar a ustedes que eso es lo de menos.
Nos da igual.
(Remors)

Bueno, las empresas suministradoras de estos servicios que tengan que realizar un corte de suministro -esto nos parece también importante- han de solicitar previamente un informe a los servicios sociales municipales.
Es decir, ¿cuál es la situación actual?
La situación actual es que se están realizando cortes de forma indiscriminada, sin tener en cuenta la situación social.
No hay criterios sociales para hacer el corte, Â«tú no me pagas, yo te corto la luzÂ», tenga dinero, o se me haya pasado por cualquier otro motivo, o no tengo dinero y no lo he podido pagar.
Ahí está todo en el mismo saco.
Eso habría que diferenciarlo.
Esto vendría relacionado con el principio de precaución social.
En la ley se contempla, se sanciona a las compañías que no aplican esto.
Esto debería realizarse realmente, esas sanciones.

Otra parte importante creemos que es la de informar a los clientes en cualquier aviso o comunicación que haga referencia a la falta de pago del servicio de los derechos.
Bien, esto también está catalogado como una sanción muy grave en la ley, pero queremos dar un pasito más.
Esta información acerca de los derechos sobre pobreza energética que tienen los usuarios, clientes o afectados, debería ir impresa en la factura, de forma que, sea beneficiario o no -o afectado o no- de esas ayudas, se apreciase ya en las facturas para que tenga ya la información a mano sobre los derechos que tiene adquiridos.
Vale.

También he oído hablar sobre los protocolos de actuación de los servicios sociales, y -si estoy equivocado me corrigen, por favor- el primer punto sería adecuarlo a la situación actual.
La inmensa mayoría de los protocolos con los que se está funcionando vienen de un momento económico que no es el actual.
A partir de ahí, hemos ido hablando de emergencia social.
También es un término que queda un poco ambiguo, porque no es una situación puntual de emergencia social: es una situación real ya.
Hace poco, en la plataforma de Valencia hemos cumplido cinco años, y a nivel estatal han cumplido siete años; no estamos hablando de un tema puntual, sino de una situación ya creada, prolongada en el tiempo, que va más allá de una emergencia social.

Las ayudas -como comentaba antes- nos parecen adecuadas.
Las últimas ayudas que se han establecido para paliar la pobreza energética, al mismo tiempo que consideramos que es un parche y que deben ir más allá, como comentaba antes, mientras continúe la situación de la familia.
El siguiente paso que podría ayudar a prolongar esto sería la cofinanciación, pero más allá de las administraciones públicas y estatales -de las que, como comentaba antes, a nivel de calle nos da igual-, pero deberían implicar más a las compañías.
Y esa implicación de las compañías podría venir dada no solamente por un bono social-al que ahora haré referencia y que nos parece corto también-, sino en los criterios de los que estamos hablando para adaptarlos a las necesidades actuales.
Quizás habría que hacer también una modificación de la ley del consumo valenciana, en ese sentido.

Instamos al establecimiento de una tarifa social de coste mínimo con suministros suficientes para las familias con riesgo a la exclusión social residencial.
El restablecimiento de los servicios ocasionados por el corte de los suministros correrá a cargo de las compañías suministradoras.
¿Qué está sucediendo?
Si me cortan la luz, me la engancho, o me compro una vela; o aunque tenga la vela, me engancho.
Eso ocasiona unos gastos que deberían asumir las compañías o, en cualquier caso, tener la posibilidad de renegociar esas multas que se implantan.
Podemos establecer palabras muy bonitas o podemos ir directamente al grano.

El bono social, vamos a ver.
El bono social, en la actualidad, se aplica según la potencia contratada.
La potencia contratada de 1,5 kW.
1,5 kW es la nevera, la lavadora y el microondas, y a lo mejor te salta.
Y no solamente eso, sino que es muy restrictivo, puesto que hay muchos hogares que tienen esa potencia contratada, con lo cual, son muy pocos hogares los que tienen acceso a ese bono social.
El bono social hace un 25% de descuento de la factura y no, el 25% tendría que ser del consumo.
Esa sería otra aportación que se podría negociar con las compañías suministradoras e implicaría esa colaboración en esa primera frase que comentábamos.

Algo para nosotros irrenunciable y fundamental es fijar en un máximo del 10% el pago por el total de los suministros básicos en la unidad familiar afectada.
Lo que se ha aprobado en la Generalitat catalana, creemos que es el modelo -en este sentido- a seguir, y que seamos conscientes de que, en cualquier caso, sería un esfuerzo importante para las familias que están afectadas.

Hemos hablado -también muy por encima- de temas de eficiencia energética, con la que colaboramos con otros movimientos.
Y, efectivamente, el problema de la eficiencia energética es que con las ayudas que se establecen y los criterios con los que se otorgan -pues volvemos un poco a lo mismo- la gente que estamos afectada no podemos acceder a esas ayudas, cuando realmente somos los que más lo necesitamos.
Si a una familia promedio le conceden ayudas para cambiarse las ventanas (so per interferència d'un mòbil) -pues genial- le van a salir más baratas, pero a nosotros no; y nosotros seguramente la necesitamos más que una familia promedio que, seguramente esa ayuda, quizás no la necesite, si realmente lo que quiere es cambiar las ventanas.

Por último, y fundamental también, proponemos la creación de una comisión de seguimiento de todas estas medidas.
Una comisión de seguimiento única y exclusivamente sobre pobreza energética.
No dentro de servicios sociales, no dentro de vivienda; no, no.
Una comisión de seguimiento únicamente de pobreza energética que da suficiente tema como para dar trabajo -y bastante- a esa comisión, para que las medidas sean concretas y no se desvirtúe dentro de comisiones más amplias.
Es un tema fundamental.
Dentro de esa comisión, se colaboraría en la elaboración y en prever los presupuestos necesarios y, sobre todo, el control del cumplimiento de la ley.

Más o menos, está un poco…

El senyor president:

Tienes una segunda intervención.
Tranquilo.

Vamos a proceder al inicio del turno de intervenciones.
Inicia el Grupo Parlamentario Podemos, por cuatro minutos.

El senyor Montiel Márquez:

Buenas tardes, señor Ballesteros.

Muchas gracias por hacer el esfuerzo de venir y por trasladarnos directamente la problemática concreta, y no disquisiciones teóricas sobre el papel de cada administración.

Yo entiendo que desde la ciudadanía, desde la calle, al final, bueno, pues eso de la distribución competencial es una cosa que preocupa menos que los problemas del día a día y las dificultades de la gente que padece la pobreza energética.
Además, una pobreza que, efectivamente, es un concepto nuevo.
La pobreza ya se había instalado entre nosotros.

Como usted dice, en el tema de la vivienda el gran trabajo de la Plataforma Afectados por la Hipoteca ya son siete años a nivel estatal, cinco a nivel autonómico, y no parece que sea simplemente un episodio fruto de los malos tiempos, sino que es fruto de unas malas políticas, de decisiones erróneas que han traído a una situación que amenaza con quedarse si no actuamos de manera decidida.
Por tanto, gracias por sus reflexiones.

Veo que han hecho una lectura de la ley, lo cual es de agradecer, porque de eso se trataba la comparecencia, y que hacen algunas aportaciones.
Sí que me parece importante traer aquí la idea del principio de precaución social, y me parece importante también que se haya tenido el cuidado de leer el régimen sancionador.
Yo también creo que no se trata de penalizar a las compañías suministradoras.
Al final ocurre que hay una problemática en la que hay una responsabilidad -como usted dice, compartida- y, por tanto, la solución tendría que ser compartida.
Yo creo que mecanismos hay, mecanismos para hacer que las empresas suministradoras -no solamente el régimen sancionador-cuando llevan a cabo el corte de suministro, mientras se tramita la declaración de hogar vulnerable o cuando no se ha producido la comunicación previa a los servicios sociales u otras patologías u otras situaciones, yo entiendo que los mecanismos sancionadores pueden ser lo suficiente importantes.

Lo importante sería ir antes.
¿Qué podemos, qué debemos exigir a las compañías suministradoras?
Yo creo que ahí hay una voluntad, tiene que haber una voluntad política de decidir, hay muchos mecanismos.
La administración, al final, tiene fórmulas para hacer que cualquier empresa se discipline -entre comillas-, igual que se puede disciplinar en materia de competencia -cosa que por cierto las eléctricas no hacen, porque tienen establecido un oligopolio que vulnera las normas más elementales de la competencia-.
Se pueden adoptar medidas para hacer que las compañías adecuen su comportamiento a la realidad social de los tiempos, al dolor social.
Y, por tanto, yo creo que con voluntad política se pueden establecer criterios previos para evitar que luego haya que sancionar a las compañías eléctricas.

Me parece importante lo que usted apunta, nosotros también lo hemos pensado: la modificación de la ley de consumidores, porque probablemente por ahí también entrarían algunos de los mecanismos.
Y luego también puede haber hasta mecanismos fiscales para hacer que las empresas que tengan un determinado comportamiento tengan beneficios fiscales y así de esta manera hacer que otras se adecuen a un determinado comportamiento.

Lo del bono social, compartimos con usted la crítica.
Creemos que el diseño actual del bono social, que funciona desde hace varios años, por virtud de una disposición transitoria de la Ley 24/2013, la disposición transitoria décima, que obliga…, sí que la potencia contratada es 3 kW, no 1,5, pero no pasa nada, eso es un detalle.

Y luego, nos parece también importante que hubiera -a lo mejor- esa comisión para el seguimiento de la ley.
Por tanto, yo creo que sus aportaciones pueden ser para ser tomadas en cuenta, alguna de ellas.
Y sí que me parece necesario cambiar el concepto de bono social, pasar al de hogar vulnerable; ampliar, extender el principio de precaución social a esta ley de la pobreza energética, y buscar mecanismos también para que las compañías suministradoras tengan la posibilidad de comprometerse, de ejercer una responsabilidad social antes, y no esperar simplemente a que se les sancione si hacen cortes de suministro o desoyen las recomendaciones de los servicios sociales.

Por tanto, gracias.

El senyor president:

Molt bé, moltes gràcies.

Continuamos con el turno de intervención con el representante del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

El senyor Rojo Sánchez:

Sí, hola.
Buenas tardes, señor presidente.

Buenas tardes, señor Ballesteros.

Básicamente, agradecerle dos anotaciones que nos ha hecho, que me parecen muy interesantes: una es el principio de precaución social, que si puede, nos hablas un poquito más de ese tema, que lo veo muy interesante; y la otra -yo creo que también es una buena aportación- es que en las facturas que recibimos de las empresas suministradoras, que aparecieran los derechos de los usuarios frente a los problemas de pobreza energética, y también el tema de la vulnerabilidad -que se ha hablado esta tarde aquí-; yo creo que eso debería de estar recogido en la información que recibimos habitualmente los consumidores.

Me gustaría ya, pues ver si nos puedes dar tu opinión, desde la casuística que conocéis dentro de la plataforma, como usuarios y también -probablemente- como afectados, de cómo mejoraríais vosotros los servicios sociales, municipales, en cuanto a la tramitación, la agilidad, porque nos has hablado del tema de la tramitación telemática, de muchas cuestiones, pero entiendo que habrá personas mayores que no tienen esa facilidad -a lo mejor-, y de cómo esa prestación tiene que ser más directa con las personas.
Entonces, un poco que nos des vuestra visión de cómo mejorar esos servicios sociales, dado que en esta proposición de ley, la mayor responsabilidad en la tramitación recae sobre los servicios municipales.

Muchas gracias.

El senyor president:

Muchas gracias.

Continuamos el turno de intervenciones con el Grupo Parlamentario Compromís.

La senyora Álvaro Cerezo:

Moltes gràcies.

Per part de Compromís, agrair avui la seua presència i la implicació social de tota la PAH.
Vosté ha comentat una paraula, ciris.
Ciris -com vosté sabrà- ha sigut durant massa temps el segon producte -després del menjar- més demandat en les ONG, la qual cosa ens afronta a la greu problemàtica que tenim davant, que és la pobresa energètica que pateixen les famílies.
Això, i constatar que avui en dia la pobresa energètica mata set voltes més que la carretera.

Ha parlat vosté del gas, al qual aquesta proposta de llei -amb modificacions- podria adaptar-se, i d'internet.
Tot i que és cert que en el preàmbul de la proposta de llei que avui contemplem sí que s'aborda això que vosté comentava, respecte a la incompatibilitat de poder pagar el subministrament elèctric, pagar internet i no poder accedir -per exemple- al bo social que també se tramita per internet i que òbviament -com vosté comentava- s'ha de millorar, tant el que és el bo social com l'accés.
Però, tot i així, hi ha un aspecte en la proposta de llei que en la proposta no menciona i que vosté sí que ha fet -i que de ben segur coneix-, i és el subministrament de l'aigua, que no apareix -com li dic- no se reflecteix en la proposta de llei, però que al nostre parer -al parer de Compromís- ha de regular-se també un accés universal, i quines serien les propostes de la Plataforma d'Afectats de l'Hipoteca, al respecte.

Per altra banda, hi ha -com a última qüestió-, segons la proposta de llei, l'anàlisi de la factura energètica seria competència de serveis socials, tal com s'establix en l'article 5.
2.
I jo dubte que eixa aplicació i anàlisi, exclusivament en els serveis socials, puguera ser efectiva i puguera dur-se a terme, donada la saturació que hui per hui pateixen els serveis socials.
Per això li pregunte si creu vosté que la Plataforma d'Afectats de l'Hipoteca o altres organismes podrien ajudar a suplir aquesta tasca d'assessorament a les persones, que és molt necessària avui en dia.

Bé, avui en dia contemplem una factura i és difícil d'interpretar, és complicat.
Nosaltres ja, jo conec un servei que és municipal, que es dedicava a això -justament- (so per interferència d'un telèfon mòbil), a assessorar les persones a l'hora de poder accedir a la factura energètica i de poder contemplar-la, de poder llegir-la i de poder vore quines bonificacions.
També me pareixia molt interessant el que s'estava comentant ací de contemplar dins de la factura el que són els drets subjectius de les persones davant de les companyies elèctriques.

M'agradaria, doncs això.
Eixes qüestions si poguera aclarir-les una mica més.

Gràcies.

El senyor president:

Molt bé, moltes gràcies.
Continuem ara amb el Grup Parlamentari Socialista.
Quatre minuts.

El senyor Briet Seguí:

Moltíssimes gràcies, president.

En primer lloc, felicitar al senyor Ballesteros, perquè crec que avui ens ha donat una visió molt clara de quins són els problemes reals que està patint la gent al carrer.
I en eixa visió real que ens ha donat, ens ha donat idees jo crec que molt a tindre en compte de cara a eixes esmenes o a eixe treball que hem de fer els grups parlamentaris, per tal de millorar, perquè tots sabem la problemàtica i, per tant, hem d'intentar que una vegada es legisle, es legisle de la millor forma, i que abaste el major nombre de persones que estan patint aquesta situació.

Però també vull felicitar-lo pel treball que estan realitzant des de la PAH, que no sols es preocupen de la gent que està desnonada, sinó que estan treballant molt més enllà, perquè aquestes persones i les que possiblement, amb el temps, puguen estar en eixes situacions, doncs puguen trobar-se amb una vivenda digna, que al final és la que garantix tots els drets que -a vegades- estem parlant.
Tindre una vivenda digna garantix -al final- que una persona puga deixar d'estar en una situació permanent quasi d'exclusió social.
Per tant, moltíssimes felicitats per tot el treball que estan fent.

M'agradaria sobretot reforçar eixa idea -que crec que és importantíssima- de considerar a eixa persona client d'una empresa subministradora, llevar-li eixa etiqueta, i considerar-la com una persona que és titular d'un dret subjectiu a poder obtindre unes garanties i una seguretat en el seu dia a dia.

Em pareix molt interessant el principi de precaució social; em pareix encertada eixa necessitat que es transforme el bo social, que siga un bo social de deveres útil per a la gent que ho necessita, sobretot que siga un bo social on puga simplificar-se molt la gestió, on es puga i es deurien aplicar inclús criteris d'aplicació quasi automàtica; i em pareix important que dins d'eixe joc posem a les empreses subministradores.
I crec que es deuria d'estudiar la possibilitat, ja no sols de les sancions, sinó que en els plans de responsabilitat social de les empreses subministradores vingueren contemplats els programes específics per als consumidors vulnerables, cosa que seria interessant de poder estudiar en estos moments.

Cal millorar la informació de la factura -com bé vosté ha dit-, perquè no sols en la transparència va a aconseguir-se que la gent estiga informada, sinó que deurien d'anar un poquet més enllà i crear -si és possible- una finestra única perquè la gent tinguera moltes més facilitats, no tan sols d'estar informat, sinó de tramitar fins que arribe aquesta automatització d'aquelles persones vulnerables que necessiten este bo social.
I en crec que -amb el que ha aportat-, sobretot ha aportat una realitat social que està vivint-se.

Per tant, crec que és importantíssim, no sols que ens quedem en un canvi normatiu que garantisca, sinó que es quede també en un canvi normatiu que aporte bones pràctiques de cara al futur.
És dir, eixes bones pràctiques faran que no estigam parlant d'aquesta situació que hui està aplicant-se.
El que no he sentit i sí que m'agradaria saber és la seua opinió -per si és també possible estudiar en els moments en què estigam tramitant la llei- és el tema de la possibilitat d'aplicar un IVA reduït a estos bons, perquè clar, el 25% en el bo social, pues al final són quantitats que no solucionen res a les persones que més estan patint-ho; i a la millor es podria estudiar eixa possibilitat que -en estos casos- puguera tindre un IVA reduït que abaratiria molt més la factura, i eixe 25% seria molt més per a les famílies que el que estem aportant hui en dia.

Res més, moltíssimes gràcies.

El senyor president:

Molt bé, moltes gràcies.
Finalitza el torn d'intervencions amb el Grup Parlamentari Popular.

La senyora Díaz González:

Gracias, presidente.
Y muchas gracias por su presencia y por todo su trabajo -bueno el de la PAH.

Quería concretarle un par de cosas -vistas sus manifestaciones- que no sé si ustedes tienen claro, o desconocen, o no conocen.
No por nada, ¿eh?
, es por que al final creo que es bueno saberlo.
Y estoy hablando de ayuntamientos de todos los colores; pero ayuntamientos de todos los colores han firmado convenios, acuerdos, con suministradoras -tanto de luz y de agua-, precisamente para lo que usted comentaba, para esa previsión: que no se llegue a cortar la luz, que no se llegue a cortar el agua, que no se llegue a cortar el suministro -ese suministro tan necesario para muchas familias-.
Bueno, pues existen muchísimos acuerdos con ayuntamientos por parte de suministradoras -y aquí tengo muchísimos recortes de periódico de distintos ayuntamientos que así lo corroboran-, en los que no solo se encargan de comunicar a los ayuntamientos que existe esa situación de precariedad o que se va a cortar la luz antes de que se corte, sino que lo que se hace es que se comunica la situación para evitar que se corte, y es más: a quien ya se ha cortado, se le restaura -se vuelve a la conexión-.

Sí que es verdad que no son todos los ayuntamientos y que tenemos que mejorar -al final, las administraciones, con el trabajo de todos, tenemos que mejorar- y que tiene que ir a más.
Y las suministradoras que no sea solo con unos pocos sino que -al final- llegara a todos los ayuntamientos, que es la administración más cercana al ciudadano.

Luego, por otro lado, le quería hablar también… Bueno, esto es más que nada por el tema de la implicación de las compañías, que tal vez no sea lo suficiente, pero que sepa que se están implicando, y no es por su defensa, es porque es un hecho.
O sea, si no lo estuviesen haciendo, no lo diría.

Luego, por el tema del bono social, usted ha indicado una cantidad de kilovatios -un 1,5-.
Yo lo que (veus) quería decir -que bueno- que se deben cumplir -al menos- una de las siguientes condiciones: el que sea un consumo inferior a 3 kW, el que sean pensionistas o el que sean familias numerosas o el que sean desempleados.
Entonces, el bono social ya se establece para eso.
¿Que no es suficiente?
Pues entonces es cuando hay que seguir actuando.
Pero usted ha puesto como ejemplo la ley catalana.
El dictamen firmado por la vicepresidenta del Consell, la señora Oltra, dice precisamente sobre esa ley catalana que habrá que seguir el trámite que se está llevando a cabo respecto a su dudosa inconstitucionalidad.
De nada nos serviría aprobar una ley que luego resultase inaplicable -digo yo-.
Entonces, al respecto, no sé si usted lo conoce o no lo conoce, y qué opina.

Por otro lado, evidentemente, el tema de las competencias.
Está claro.
Es que a las personas que tienen el problema les da exactamente igual quién tenga la competencia: quieren soluciones.
Y eso creo que lo entendemos todos.
Y precisamente por eso hay administraciones que no tienen las competencias -como las diputaciones- y que actúan al respecto, en este caso concreto y sobre otros problemas que tienen los ciudadanos y que, aunque no tengan competencias, actúan para intentar paliar esos problemas.
¿Que no es suficiente?
Pues evidentemente, dada la situación, pero que sí que intentan paliar el problema.
Entonces, estamos -creo- de acuerdo en eso: en que todas las administraciones tienen que actuar, pero claro, dentro de una legalidad.
Y quien tenga las competencias tiene que también poner los medios.

Decía antes, en otra comparecencia, que -al final- la financiación tiene que venir con la proposición de ley, porque si no, aprobar una ley -que por muy necesaria que sea y que por mucho que tengamos que aprobar-, si no la aprobamos acompañada de una financiación adecuada, de nada servirá.
Entonces, esta ley, ¿usted la ve viable estando como está?
Yo supongo que -como dice el dictamen del Consell- necesita muchos cambios, sobre todo dirigidos a esto, porque si hoy por hoy contamos con un presupuesto de 1,4 millones por un lado, en una orden, y 2,5 millones por otro lado, en otra orden, no es suficiente para atender los requisitos que establece la proposición de ley.
Entonces, al final, llegamos a la conclusión de que sería necesario mucho más presupuesto, pero ¿qué presupuesto?
Se tendrá que ver, se tendrá que ver, evidentemente.
No sé.
Entonces, hasta ese punto, yo también quería decirle: ¿qué opina sobre una regulación que no va a ningún lado?
¿No sería mejor una regulación que sí que atendiera al problema?
Al final, que aunque no llegue a todos, vaya llegando a medida que se pueda.

Ya les he dicho muchas veces que nosotros no vamos a mentirles y vamos a apoyar todas aquellas propuestas que vengan del Consell que sean reales, veraces, no que les vendan a ustedes humo, porque creemos que así no les están ayudando absolutamente en nada, no están ayudando absolutamente en nada a la gente que más lo necesita.
Y también quería saber su opinión al respecto.

Gracias.

El senyor president:

Muchas gracias.

Finaliza el señor Ballesteros.
Tiene cuatro minutos.

El senyor Ballesteros Contreras:

Han sido muchas preguntas, y espero saber y poder contestar a todas.
(Soroll de papers)

La reducción del IVA, vamos a ver.
Cuando hablamos de un 25% de descuento, si en el bono social estamos hablando de un 25% de descuento de la factura y la propuesta nuestra es del consumo, estamos hablando de bastante más que de reducir el IVA, porque no se aplicaría el IVA.
La parte de impuestos, todo lo que no sea consumo, sería la parte que habría que negociar en esos convenios con las administraciones, con los ayuntamientos y lógicamente con las empresas.
Que una posibilidad puede ser reducir el IVA, bienvenido sea.
Pero la propuesta real que hacemos es la otra, con lo cual queda contestada la reducción del IVA y queda contestado el tema del bono social -creo-.
¿Sí?
 Vale.
No es vender humo.
No es vender humo.
Es que el 25% este…, (remors) que se aplique sobre el consumo y no sobre la factura -eso es lo importante.

Lo de la ley catalana es inconstitucional; hasta donde yo sé es únicamente un tema de competencias.
Con lo cual, volvemos también al inicio del planteamiento que hice.
Yo, que piso la calle, me da igual las competencias, arréglenlo ustedes.
Pero no es porque no sea buena la ley catalana, es un tema entre Pepito y Juanito -para mí-.
Pero es un tema de competencias -que son ustedes los que entienden de competencias-, pero realmente mientras se dilate esa conversación esa discusión, la realidad social es que no queda solucionado.
Vale.
Pero no se puede argumentar que es un tema inconstitucional, no.
Es un tema inconstitucional porque no han puesto el guion donde lo tengan que poner.
¿Eso cómo se defiende en la calle?
(Veus) Pues entonces -quizás- la ley está mal y la tengan que cambiar.
(Veus) Bueno.
Pero mientras perdamos tiempo en esas discusiones, la realidad es la realidad: se siguen produciendo cortes indiscriminados, por muchos convenios que usted dice que hay en muchos pueblos, si son reales -que no lo dudo, porque usted lo dice-, no se cumplen.
No se cumplen.
Y entonces, lo que sí que se cumple es el corte indiscriminado de luz, independientemente de la situación del afectado.
Vuelvo a decir: da igual que se lo corten a este señor que a mí.
¿Es igual?
Posiblemente no.

Cuando estamos hablando de afectados, lógicamente la mayor información nos viene a través de los afectados por hipoteca -que sufren también el tema de esto-, que a su vez viene dado por la falta de ingresos; con lo cual, no es lo mismo que se me olvide pagar una factura de luz a mí -a mí no se me olvida (rient)- que a usted.
No es lo mismo.

Hay una cosa que me ha llamado la atención.
Dice que se repone el servicio… Faltaría más.
Lo necesitamos.
Faltaría más que no se repusiese, pero sí que origina unos gastos (remors) que te cargan en la próxima factura.
(Algú parla amb el micròfon desconnectat)

Que no, ¿qué?
(Algú parla amb el micròfon desconnectat) Pero los acuerdos, estoy diciendo que no se cumplen.

La senyora Díaz González:

Eso yo no puedo decírselo.

El senyor Ballesteros Contreras:

Yo sí, yo sí que lo puedo decir; por eso voy directamente al grano y no me pierdo con otras consideraciones.
No puedo poner la mano en el fuego por todos los municipios, y posiblemente esos convenios se cumplan en algunos municipios; en general -y no solamente atendemos a afectados de Valencia, sino de muchos pueblos- esos acuerdos no se cumplen.
Se siguen efectuando cortes indiscriminados -como cuando aquí los perros iban con longanizas-, que solamente dejaba de pagar el que no quería, no podía, el que no le llegaba ese mes y ese mes no pagaba.
No, la situación actual no es esa.
Por desgracia, es mucho más extensa esa situación.

Había una pregunta interesante: ¿cómo mejorar servicios sociales?
No recuerdo ahora en este momento quién la ha… (algú diu: Â«Ciudadanos.
Â») el compañero de Ciudadanos, vale.
¿Cómo se pueden mejorar los servicios sociales?
Es una pregunta del millón.
Tampoco la solución -únicamente- tiene que cargar sobre un funcionario que pueda haber en una población, porque al final ese funcionario tiene su horario y tiene sus días de trabajo, etcétera.
Quizás dentro de la comisión de seguimiento -que hablábamos- y extendiendo, y si estuviéramos todos de acuerdo, y fuera fácil… Esa comisión de seguimiento se podría aplicar en cada población, de forma que afectados podrían colaborar con servicios sociales para tramitar esas ayudas a nivel voluntario, a nivel personal.
Podría ser una posibilidad.

Desde luego, la contestación -a veces- que recibes en servicios sociales, de Â«tengo mucho trabajoÂ», vendría a ser un poco como lo que comentábamos antes: puedes tener mucho trabajo pero no me estás solucionando el tema.
En definitiva, está cumpliendo su obligación, y quizás por ahí venga la importancia de sus protocolos de que hablamos al principio.

Efectivamente, no se habla de agua -cosa que a mí también me ha llamado la atención-, pero tampoco en ninguna de las preguntas que ustedes han hecho han hablado del gas butano; internet sí, internet sí que lo han comentado.
Considero importante que cuando hablemos de pobreza energética, hablemos de esos tres elementos, porque efectivamente para el tema de internet hay muchos trámites que no se pueden hacer más que por internet.
Y el gas butano ya lo he argumentado antes.

Y bueno, simplemente agradecer que la mayoría de las propuestas les han parecido bien, e incidir en el tema también que los derechos del afectado salgan en la factura, que es un paso creo que con un bajo costo, que las compañías deberán ser receptivas en este apartado, y el agua es un tema municipal.
La gestión del agua es un tema municipal con lo cual hay una relación directa entre los servicios sociales y el ayuntamiento, que -efectivamente- es el organismo más cercano a la población.
(Remors)

Sí, ya está.

El senyor president:

Bueno, muchas gracias.

Agradecer la presencia del señor Ballesteros, y suspendemos la sesión hasta mañana a las cuatro de la tarde, a las 16.
00 horas.

Muchas gracias.
          

(Se suspén la reunió a les 18 hores i 48 minuts)