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Comissió de Governació i Administració Local realitzada el dia 30 d'octubre de 2014.
Comença la reunió a les 10 hores i 37 minuts.
Presideix el diputat senyor Fernando María Giner Giner.
Reunió número 21/i II.

El senyor president:

S'obri la sessió.

Comprovem en primer lloc el quòrum, senyor secretari.

(El secretari passa llista per tal de comprovar si hi ha quòrum)

Molt bé.
Moltíssimes gràcies.

Com que és continuació de la comissió anterior, no hi ha acta.

Senyories, informar-los que, com consta en la documentació que tenen al seu abast, el punt 4, que era una PNL presentada pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida, ha estat retirada.

Proposició no de llei sobre la reconsideració, com a competències pròpies dels ajuntaments, de la defensa dels usuaris i consumidors en la Llei 7/1982, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 92.
481, BOC número 267)

El senyor president:

Passem, en conseqüència, al punt següent, que és el sèptim: presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la reconsideració com a competències pròpies dels ajuntaments, la defensa dels usuaris i consumidors en la Llei 7/1982, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, que presenta el Grup Parlamentari Socialista.

Per a la seua defensa, té la paraula el senyor diputat.

El senyor Arques Cortés:

Gràcies, senyor president.

El origen de la PNL es sencillo: la continuidad de las oficinas municipales de información al consumidor, las OMIC.
El fondo de la PNL es la Ley 27/2013, que es la Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local.

Hay una obsesión centralizadora del gobierno de Madrid de llevar a redactar esta ley que el único aspecto que hace y que remarca es, por un lado, poner en duda las muchísimas funciones y actuaciones de las comunidades autónomas, en este caso el ámbito autonómico, y el otro, poner en limbo jurídico actuaciones y funciones de desarrollo de los ayuntamientos.

La Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la administración local, tiene únicamente una motivación económica.
Pero recordaros que los ayuntamientos, salvo tres, Madrid, Barcelona y Valencia, no son los responsables de la mayor parte de la deuda pública.
Por lo tanto, a nuestro parecer es un castigo injusto y sinsentido.
El 4% de la deuda corresponde a los ayuntamientos, el 65 al gobierno central y el 35 a las comunidades autónomas.

Esta ley también modifica la Ley 7/1985, que es la antigua Ley reguladora de bases de régimen local, y deja de considerarse por lo tanto como competencia propia municipal la defensa de los consumidores y de los usuarios.
Y, por lo tanto, pone en peligro la protección, porque deja fuera de las competencias del ayuntamiento el servicio de las OMIC, vacía de competencias a los ayuntamientos, y el nuevo artículo 25.
2 de esta ley, en materia de competencias propias del municipio, reconoce las ferias, los mercados, las lonjas, los abastos y el comercio ambulante.
Y, sin embargo, deja fuera la protección de los consumidores y de los usuarios.
Se desarticula otro servicio público, que se venía prestando sin problemas a través de los ayuntamientos, y choca frontalmente con la regulación valenciana.

Y aquí es donde vemos realmente el vacío de contenido de las funciones de la comunidad autónoma a través de esa obsesión centralizadora del gobierno de Madrid.

La Ley 1/2011, por la que se aprueba el Estatuto de los consumidores y usuarios de la Comunidad Valenciana, dice que los agentes del sistema de protección y defensa de los consumidores son: por un lado, la Generalitat valenciana y, en particular, el Consell; las entidades locales con sede en el territorio, especialmente a través de las oficinas de información al consumidor, y que corresponde a las entidades locales velar por la protección y promoción de los derechos de los consumidores y usuarios en el ámbito del territorio.

Por lo tanto, las oficinas municipales de información al consumidor son establecimientos abiertos al público, creados por las entidades locales, que prestan el servicio de asesoramiento e información al consumidor y usuarios y que sirven de cauce para las reclamaciones.

La Generalitat, a través de la conselleria competente en materia de consumo, coordinará la labor de las oficinas municipales de información al consumidor y les prestará el apoyo necesario, también el económico, en los términos que reglamentariamente se determinen, el artículo 14.

Y la Ley 8/2010, también de régimen local de la Comunidad Valenciana, nos plantea que los municipios valencianos tienen competencias propias en las siguientes materias, y dentro de las competencias propias aparece el artículo 33, que es la defensa de los usuarios y los consumidores.
Y el artículo 34, los municipios por sí mismo o asociados deberán prestar como mínimo los servicios siguientes.

En los municipios de población mayores de 20.
000 habitantes, en este caso 64 en toda la Comunidad Valenciana, y la defensa de los usuarios y consumidores, en particular el asesoramiento e información en materia de consumo.

¿Qué consecuencias tiene esta ley?
Pues las consecuencias son una recentralización del régimen local, perder autonomía política municipal y autonómica, como ya hemos planteado, y muchas otras competencias que hasta ahora eran autonómicas y locales, y están recentralizando.

¿Qué papel juegan los ayuntamientos ahora con esta aplicación de la ley?
Pues bueno, va a poner en peligro la continuidad de 76 oficinas de información al consumidor, de 76 OMIC que hay en la Comunidad Valenciana, deja la defensa de los usuarios en una indefensión, en un limbo jurídico.
La normativa estatal dice, por un lado, que no es competencia de los ayuntamientos y la autonomía dice que sí.
La precariedad normativa solo de forma excepcional y bajo ciertas condiciones algunos ayuntamientos podrán mantener dichos servicios, si asumen la competencia económica.

Los principales perjudicados de esta contradicción jurídica y administrativa: los ayuntamientos y el usuario final.

El Consell tendría que haber actuado jurídicamente en su día con más contundencia contra ley que recorta competencias autonómicas y locales valencianas.
Y la solución pasa por dos vías: una solución clara, que es la delegación de competencias, por qué, porque es posiblemente legalmente delegar competencias, porque la falta de régimen transitorio en la ley estatal se puede mantener las competencias sectoriales concedidas a la ley autonómica, en este caso consumidores y usuarios, como la propia ley lo avala.
Hay sentencias del Tribunal Constitucional, hay sentencias del artículo 9 del Estatuto de autonomía donde dice que La Generalitat garantizará políticas de protección y defensa de consumidores y usuarios, etcétera.

Hay artículos en la ley, como el artículo 7.
3, que dice que el estado y las comunidades autónomas en el ejercicio de sus respectivas competencias podrán delegar a las entidades locales, en este caso a los ayuntamientos, el ejercicio de sus competencias, lo cual permitirá al ayuntamiento poder seguir defendiendo a los vecinos en este aspecto del consumo.
Hay artículos, el artículo 27, que es donde nos dice el estado de las comunidades autónomas en el ejercicio de sus respectivas competencias podrán delegar en los municipios.
La delegación será para mejorar la eficiencia de la gestión pública, la efectividad de la delegación requerirá la aceptación por parte del municipio interesado.
Todos estos elementos se están dando ahora.

El problema es que en el caso contrario estamos ante una competencia impropia, una más.
Significa someter la emisión de informes previos y vinculantes de la administración competente por razón de materia para que no haya duplicidades y que la administración tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad.
Es decir, no habrá recursos económicos cuando se atienda esa necesidad de gestión del consumidor y del usuario.

Requisitos muy difíciles de cumplir para los ayuntamientos.
76 oficinas de la OMIC quedarán condenadas a desaparecer, indefensión de miles de ciudadanos, solo quedarán tres oficinas en la Comunidad Valenciana -una en Alicante capital, una en Valencia capital, una en Castellón-, las distancias se incrementan, las dificultades de generar o plantear respuestas y plantear quejas ante la administración van a ser mucho más reducidas, con muchas más dificultades; implica, por supuesto, el recorte de la competencia municipal, y el plazo que nos da la Generalitat valenciana para el despliegue de competencias acabará el 31 de diciembre del 2014, escasamente dentro de mes y medio.

Por lo tanto, nos parece y creemos que es imprescindible que La Generalitat delegue ya, como permite la ley, las competencias a los ayuntamientos, que lo haga de una forma real, dotando de fondos para que los municipios puedan prestar un servicio evidente, que el gobierno autonómico no va a prestar.
El Consell tiene la obligación de defender los intereses, en este caso, de los valencianos en el ámbito del consumo y en el ámbito de los usuarios, y tiene los instrumentos legales para ello.
Negarse significa no permitir que un servicio de interés general, como el asesoramiento de las OMIC, siga desarrollándose con la eficiencia y cercanía que está ocurriendo ahora mismo en las dependencias municipales.
Renunciar al ejercicio de los derechos que el propio Estatut de autonomía nos confiere.
Causar un grave perjuicio a miles de personas que verán obstaculizado el acceso a esta orientación y que tendrán que realizar viajes, tendrán que realizar muchísimas gestiones previas para poder presentar una queja ante la administración, y permitir finalmente que se vacíen paulatinamente competencias de los ayuntamientos.

Por lo tanto, vamos a intentar que los recursos ante el Tribunal Superior de Justicia, avalados por la Federación Española de Municipios y Provincias, sigan su camino.
Y esta ley, que lo que hace es vaciar de competencias a los ayuntamientos, en este caso a las 74 oficinas de información al consumidor que existen, pues no vea la luz y este servicio de asesoramiento a los usuarios y consumidores siga manteniéndose en el ámbito de la autonomía local.

Muchas gracias.

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Arques.

A continuació, pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida, té la paraula el senyor Torró.

El senyor Torró Gil:

Gràcies, senyor president.

Bé, anem a donar recolzament a la proposició no de llei.
Em sembla molt raonable tant l'exposició de motius com els termes.
Tinc de dir-li.
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partixc d'un desacord amb una de les afirmacions que ha fet el senyor Arques quan l'ha presentat, que és el fet de dir que la Llei de racionalitat i sostenibilitat de l'administració local té una motivació econòmica.
En realitat no té cap motivació econòmica, el que té és una excusa en el deute per a tractar d'implementar una autèntica contrareforma constitucional en totes les lletres d'este terme, d'esta expressió.

Vull dir, els problemes de finançament dels ajuntaments els pretenen resoldre sobre la base d'un doble procés: un, rellevar-li competències als ajuntaments i atorgar-li-les a les diputacions provincials, fonamentalment; i, en segon lloc, no atorgar els diners necessaris perquè els ajuntaments puguen exercir eixes competències seues.
Amb la qual cosa tenim un doble problema: d'una banda hi ha un deteriorament gravíssim de la qualitat democràtica del sistema constitucional espanyol, en el sentit que els ajuntaments són la primera instància de poder ciutadà; i per una altra qüestió, n'hi ha una intencionalitat absolutament clara de privatitzar la major part dels serveis municipals possible, inclús també, per què no, els que han de vore amb la defensa dels consumidors.
De fet, ja han aparegut assessories que van oferir els seus serveis als ajuntaments per a poder, diguérem, atendre estes necessitats de defensa dels consumidors que la llei esta deixa desemparades.

En realitat, al final no aconseguirà ni una cosa ni l'altra, perquè els ajuntaments, en compte de tindre unes quantes competències impròpies, ara en tindran una barbaritat, perquè en la pràctica ningun ajuntament que tinga dos dits de front abandonarà este tipus de competències que estan llevant-li-les, no?

Perquè a més, s'ha parlat jo.
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entenc que es planteja com una opció, però que en realitat no està en el text de la resolució, la delegació, demanar la delegació de competències de La Generalitat.
La delegació d'unes condicions tan draconianes que si es fa legal pràcticament la fa impossible perquè, primer, has de demostrar que el millor és l'eficiència en la gestió pública i eliminar duplicitats administratives; ha de determinar l'abast, contingut, condicions i durada que no podrà ser.
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, a més ha d'estar limitada a una determinada quantitat de temps, ha de tindre una memòria econòmica, ha d'anar acompanyat d'un finançament que en este moment és bàsicament impossible per part de La Generalitat.
És a dir, tota una sèrie de condicionants que són realment impossibles de dur a terme.
Per tant, el que ens trobarem és que els ajuntaments tractaran d'oferir aquest servei que ja donaven de la manera que puguen.

En la pràctica tots els estudis demostren que les oficines municipals d'informació al consumidor són extremadament eficients en l'ús dels recursos i en la quantitat de coses.
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He estat buscant i he trobat un estudi que va fer la Diputació de Barcelona, en el qual planteja una sèrie de dades que a mi em semblen molt interessants per entendre fins a quin punt és eficient l'administració municipal en prestar este servei, este servei i molts altres, jo diria, però sobretot este servei que és el que estem parlant.

Es tracta d'una despesa corrent per habitant, en el cas de la província de Barcelona, d'1,10 euros, és a dir, a penes un 0,14% dels pressupostos municipals.
Una persona a l'OMIC per cada 37.
000 habitants quasi, val?
Cada persona que presta els serveis a una OMIC atén una mitjana 1.
457 casos.
Estem parlant d'un període entre 2008 i 2012.
La despesa corrent mitjana per cas va ser de 27,7 euros, és a dir, una autèntica minúcia.
El 47% de les reclamacions, favorablement resoltes a favor dels consumidors per la mediació de les OMIC i el 60% de.
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, el 13% de les reclamacions i un 60% de les denúncies van ser tramitades a altres organismes.
És a dir, es tracta d'un servei municipal que és extremadament eficient.

I, per tant, el que hauria de fer el Partit Popular, com a partit, és tirar arrere la llei esta de.
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racionalització i sostenibilitat de l'administració local i tractar de procurar una solució adequada als problemes de finançament dels ajuntaments sobre la base d'un principi que és bàsic, que és admés per la Unió Europea, i que jo recorde haver-li-ho sentit dir al senyor Fraga, i reclamar durant molt de temps quan era president de la Comunitat Autònoma de Galícia, que és principi de la subsidiarietat, és a dir, aquelles competències que es puguen oferir de forma més eficient en l'escaló administratiu més pròxim al ciutadà és on s'han de fer.

I el que està fent el Partit Popular és tot just el contrari.
Insistisc, és un atemptat contra la democràcia i un atemptat contra l'autonomia local.

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Torró.

A continuació, pel Grup Parlamentari Compromís, té la paraula el senyor Enric Morera.

El senyor Morera Català:

Moltes gràcies, senyor president.

El nostre grup parlamentari donarà suport a esta iniciativa, a esta proposta, molt ben explicada pel senyor Vicent Arques -se nota que és alcalde i viu de prop esta situació-, que suposa la possible desaparició real de les oficines de.
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atenció als consumidors -les OMIC- i, per tant, considerem que no és el camí encertat, que mos porta, una vegada més, a reduir les atencions que s'han de tindre per als consumidors.
I n'hi ha un conflicte d'interessos evidents entre el que suposa la norma estatal, que hem de recordar que està recorreguda al Tribunal Constitucional per tota l'oposició i per diverses comunitats autònomes, i el que defensa l'autonomia local, l'autonomia i l'autogovern, i la imposició que fa el Partit Popular de la seua majoria.

I dit això, hem de recordar d'on ve esta situació, que pot acabar no sols amb la desaparició de les OMIC, sinó amb la reducció del principi d'autonomia local i una recentralització de facto de l'estat.

Esta situació hem de recordar que té el seu orige en la reforma constitucional, en la reforma constitucional de juliol de 2011, que el Partit Socialista i el Partit Popular reformaren, una noche de verano i sense cap participació, l'article 135 de la Constitució.

I si veiem tota la normativa que s'ha derivat per a arribar fins al punt que pot fer desaparéixer les OMIC, doncs està eixe acord, eixe acord que nosaltres considerem.
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, lesiu per als interessos dels ciutadans, lesiu per al benestar de les persones, lesiu per a l'autogovern i que enceta les polítiques que nosaltres hem denominat de l'austericidi, que alguns països d'Europa ja s'estan replantejant, perquè el que ha provocat gravíssimament és una devaluació social interna, d'unes dimensions, jo diria, fins i tot.
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, jo diria que, fins i tot, de delinqüents, d'economia de delinqüents.
Hui tenim l'informe d'Intermón Oxfam, que hem vist com este model econòmic l'únic que fa és que ja cada vegada n'hi hagen més multimilionaris i cada vegades n'hi haja més gent pobra, marginada, empobrida i la desaparició de la classe mitjana.

Tot té el seu orige en estes polítiques de servir a les polítiques econòmiques i monetàries, a l'economia financera i especulativa; no a l'economia real i no a qui realment necessita unes noves polítiques.

Este és l'article que dóna peu, a través després de la Llei orgànica 2/2012 de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que, a la seua vegada, esta arquitectura que emmarca les polítiques de les retallades dóna peu a la Llei de racionalización y sostenibilidad de la administración local.
Ahí, sí estem tots en contra, i ho hem recorregut, i demostra un tarannà d'imposició per part del Partido Popular de no escoltar, de vulnerar la nostra autonomia, de vulnerar l'administració local, i en esta llei és on s'emmarca el que és per a evitar les duplicidades, però que, en definitiva, és atemptar directament als principis consagrats en la Constitució per la via dels fets.
Eixe és el tema.

I per això, legítimament, moltes comunitats autònomes.
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, no la nostra, perquè som una comunitat que el president Fabra és submís, està esperant que el nomenen a dit i, per tant, és submís, i calla, i no defensa els interessos valencians, ni els interessos dels ajuntaments.

I la conclusió d'això no va a ser només la desaparició de les OMIC, és que va a ser la desaparició de l'autonomia local i va a ser la desaparició de tot allò que suposa competències impròpies, perquè des del Gobierno de España, fruit d'aquella decisió de reforma de l'article 135, ens ho van imposar.

Van a desaparéixer les atencions que presten els ajuntaments -supose que també l'ajuntament del senyor Vicente Arques-, tot el que suposen els gabinets psicopedagògics, tota l'atenció a les persones desvalgudes, tot el que és el benestar pròxim, perquè els ajuntaments, efectivament, és l'administració més pròxima als ciutadans.

I fer culpable a uns ajuntaments i a unes corporacions que han gestionat bé, i que hem de recordar que la mitat del deute públic municipal és l'Ayuntamiento de Madrid, de la senyora Botella, del senyor Gallardón i tota la gent que ha portat.
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, i que governa des de la llotja del Bernabéu, doncs és el que ha portat a la insolvència d'este estat i que estiga dirigit per aquelles persones que mos han portat a esta gravíssima situació.

Per tant, donarem suport a esta PNL, però recordant que tot forma part de la mateixa dinàmica, la mateixa involució econòmica que està produint el patiment de les persones i les retallades en les prestacions socials bàsiques, en este cas, l'OMIC.

Donarem suport, però hem de recordar l'orige de tota esta catàstrofe social, econòmica i d'involució a l'autogovern i a l'autonomia local.

Moltes gràcies, senyor president.

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Morera.

Pel Grup Parlamentari Popular, té la paraula la senyora Díaz.

La senyora Díaz González:

Gracias, president.

Buenos días.

Miren, vamos a ver, ustedes le tienen pavor, terror, odio a esta ley.
Y parece que presenten sus PNL para poder hablar de esta ley, de lo malísima que es y de que quede clarísimo que la oposición está en contra de esta ley.

Bueno, pues esta ley resulta que está poniendo en funcionamiento el motor económico del país, y un motor económico que paró gracias al Partido Socialista.

Y esta ley tiene unas pretensiones muy claras, y ya se las dije en la comisión del día 29 de septiembre: una sola administración por cada competencia, eliminación de duplicidades, que no se gaste más de lo que se ingresa… -esos son objetivos muy claros y muy limpios, y muy coherentes-, que se pague en poco tiempo a los proveedores de servicio y que los ayuntamientos tengan garantizada la financiación para los servicios que prestan.
Ninguna de las OMIC corre peligro.

Yo, sinceramente, no entiendo, después de mi exposición de la pasada comisión del día 29 de septiembre, como ya les digo, que sigan manteniendo esta PNL, en lugar de retirarla.
Creo que quedó claro, por lo menos…, yo ya es que…, vamos, así lo entendía, explicando todo lo que ya decía la circular y todas las interpretaciones que se están teniendo.

Las OMIC, las 86 OMIC -81 en ayuntamientos y cinco de mancomunidades- no corren ningún peligro.

Y, por supuesto, que apoyamos el trabajo que se hace desde las mismas, y estamos totalmente de acuerdo sobre lo que se ha dicho respecto a su trabajo y su eficacia.
Estamos hablando de 25.
335 reclamaciones en el ejercicio de 2013 y 77.
429 consultas.
Por supuesto que hacen un grandísimo y laborioso trabajo.

Pero es que ya les dije, vamos a ver, esta ley habla de tres tipos de competencias: las propias, delegadas y las que no son ni propias, ni delegadas.
Pero es que, que no sea propia, no significa que las entidades locales no puedan llevarlas a cabo.

Se puede interpretar…, hay dos posturas.
En este tema en concreto hay dos posturas: interpretar que la normativa autonómica previamente vigente ya atribuye esta competencia como propia, o bien, como también estaban diciendo, entender desplazada la normativa autonómica que determinaba competencias locales.
Pero es que, en este caso, podremos estar a si existe o no duplicidad del servicio y al cumplimiento por la entidad local de los requisitos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Ustedes dicen que es muy difícil; que fíjate, los informes, que tal… Bueno, 24 entidades locales han optado por esta vía y han solicitado el informe en ejecución simultánea de competencias a la Dirección General de Comercio y Consumo, que está respondiendo que ningún órgano de La Generalitat ejerce en los municipios en cuestión competencias en esta materia.

Ustedes también lo han dicho muy bien, La Generalitat impulsa, apoya este servicio, pero no lo lleva a cabo.
Por lo tanto, no hay una incurrencia en simultaneidad y, por ello, se puede llevar a cabo por las entidades locales.
Y así también lo decía en la circular a la que les remití.

En cuanto a la primera interpretación, que es la más amplia y que se está teniendo en cuenta por otras comunidades autónomas y por el Tribunal Constitucional, incluso por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, pues decirles que, de acuerdo con la Sentencia 214 de 1989 del Tribunal Constitucional, la función constitucional encomendada al legislador estatal es la que garantiza los mínimos competenciales que dotan de contenido a la garantía de la autonomía local, sin que pueda interpretarse que la recién aprobada reforma local del estado haya intervenido este modelo.

En la Comunidad Valenciana, la capacidad de los ayuntamientos para llevar a cabo su actividad en defensa de consumidores y usuarios aparece recogida -y ustedes también lo nombran y lo saben- en la Ley 1/2011, de 22 de marzo, por la que se aprueba el Estatuto de los consumidores y usuarios de la Comunidad Valenciana, con lo cual tenemos nuestra propia legislación.
Y ello es lo que hace posible que los ayuntamientos puedan seguir llevando a cabo esa competencia.

Les diré más, tratándose de una competencia atribuida a las entidades locales por esta ley, La Generalitat…, sí, todas estas competencias que llevan a cabo las entidades locales, que sean anteriores a la entrada en vigor de esta ley, pues estas competencias se pueden ejercer por las entidades locales, de conformidad con las previsiones contenidas en la norma de atribución, bajo su responsabilidad y régimen de autonomía, y de conformidad con lo previsto en el 7.
2 de la ley de régimen local…, reguladora de las bases de régimen local, la antigua, la 7/1985.

Así ha de entenderse de acuerdo con la propia redacción de esta ley, de la Ley 27/2013, al artículo 2.
1 de la Ley 7/1985.

Decirles que la legislación del estado y de las comunidades autónomas reguladoras de los distintos sectores de la acción pública, según la distribución constitucional y competencias, deberá atribuir a los municipios el derecho de invertir en cuantos asuntos afecten directamente en su círculo de intereses, atribuyéndoles las competencias que proceda…

El senyor president:

Senyoria.

La senyora Díaz González:

…-sí, ya acabo- en atención a las características de la actividad pública y a la capacidad de la gestión de la entidad local.
Por tanto, repito, no corren ningún peligro, y las entidades locales pueden seguir desarrollando el trabajo que hacen las OMIC.

Nada más y muchas gracias.

El senyor president:

Moltes gràcies.

Senyor Arques.

El senyor Arques Cortés:

Del resto de intervenciones destaco el aspecto de que es un servicio municipal muy importante y muy eficiente, por lo tanto, las 76 oficinas OMIC no corren peligro, pero no van a ser ni financiadas, ni vamos a tener las competencias delegadas.

Esto tiene un nombre y un apellido, que se llama «competencia impropia», y solo advierto, y dejo aquí constancia, de que este expediente o esta PNL, que es referente al servicio del consumidor, a la OMIC, no es nada más que el inicio de una gran bola de nieve, porque detrás de las OMIC vendrán servicios como los conservatorios municipales de música, las EPA, los centros de día, los centros infantiles de cero a tres años, los gabinetes psicopedagógicos, que siguen siendo servicios que deben ser gestionados y financiados por la Generalitat valenciana.
Y en el caso de que no sean ni gestionados ni financiados por la Generalitat valenciana, caen sobre la espalda financiera y delegación de competencia de la administración local.
Y aquí no hablamos de elementos de partidos políticos.

La administración local tiene todos los signos políticos y, por lo tanto, este expediente o esta PNL, en el ámbito de la OMIC, no es nada más que el inicio de una serie de PNL, o una serie de elementos, que vendrán posteriormente, y ya los vuelvo a repetir, conservatorios municipales de música, EPA, centros de día, centros infantiles de cero a tres años, gabinetes psicopedagógicos y todos aquellos elementos y servicios públicos que tienen que estar gestionados y financiados por la Generalitat valenciana, y que ahora mismo asumen como competencia impropia, prácticamente, todos los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana.

Creo que debemos ser financiados y debemos tener las competencias claramente delegadas.

Nada más.

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Arques.

Per a tancar el debat té la paraula la senyora Díaz.

La senyora Díaz González:

Sí, aquí como cada uno lo que quiere y le conviene, pues al final…, y afirma lo que considera oportuno, aunque sea mentira, pues yo le vuelvo a decir, usted dice una cosa y yo le digo lo contrario.

Las OMIC pueden seguir existiendo, se pueden seguir llevando a cabo por las entidades locales y, así, el criterio que se ha tenido por la Dirección General de la Administración Local en su circular de fecha 18 de junio de 2014, que pueden todos consultar, está en el DOCV de 20 de junio de 2014, en el apartado de competencias propias que se señala, «podemos concluir, por tanto, que los municipios de la Comunidad Valenciana que venían ejerciendo como propias a la entrada en vigor de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local competencias atribuidas tanto por el artículo 33 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de régimen local de la Comunidad Valenciana, como por la legislación sectorial autonómica en vigor, continuarán haciéndolo».
¿Entienden?
Tenemos legislación sectorial autonómica, sí.
Por lo tanto podrán continuar haciéndolo, con independencia de que se refieran a materias incluidas o no en el listado del artículo 25.
2.

Si ustedes no lo quieren entender es su problema.

Nada más.

El senyor president:

Molt bé, senyoria.

Senyories, finalitzat el debat, anem a procedir a la votació.
Vots a favor de la PNL sobre la reconsideració com a competències pròpies dels ajuntaments la defensa dels usuaris i consumidors en la Llei 7/1982, de 2 de abril.
Vots a favor?
Encara que en compte 8, en són 7, és evident.
(Rialles) Vots en contra?
8.
Per 8 vots en contra i 7 a favor, queda rebutjada la PNL.

Proposició no de llei sobre la greu situació de saturació dels jutjats de primera instància d'Elx, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 92.
486, BOC número 267)

El senyor president:

Passem al següent de l'ordre del dia: presa en consideració de la Proposició no de llei sobre la greu situació de saturació dels jutjats de primera instància d'Elx, presentada pel Grup Parlamentari Socialista.

Per a la seua defensa, té la paraula la senyora Salazar.

La senyora Salazar Agulló:

Muchas gracias, señor presidente.

Y buenos días, señoras y señores diputados.

Los juzgados de primera instancia e instrucción son órganos unipersonales que ejercen funciones jurisdiccionales, tanto en el orden civil como en el penal dentro de cada partido judicial.
Son los órganos judiciales más cercanos a la ciudadanía.
En el orden civil ofrecen la primera respuesta en los conflictos que los ciudadanos les plantean y sus resoluciones son susceptibles de recurso de apelación ante la Audiencia Provincial; en el Penal tienen encomendado el enjuiciamiento de los juicios de falta e instrucción de delitos que serán enjuiciados por juzgados de lo penal o por las audiencias provinciales.

Como les digo, son los órganos judiciales más cercanos a los ciudadanos, tanto por su ubicación en la cabecera de los partidos judiciales, como por sus competencias, que precisan en la mayoría de los casos que los ciudadanos se personen en sus dependencias para practicar las pruebas necesarias en temas de gran actualidad y que tienen mucha preocupación para los ciudadanos, como son ejecuciones hipotecarias, impagos de préstamos, incumplimientos de contratos, arrendamientos, accidentes de tráfico, etcétera.

La situación de los juzgados españoles es tremendamente alarmante.
El curso pasado acabaron absolutamente saturados.
Lo dice el informe del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial.
El 43,5% de los juzgados del país acabaron el año 2013 con un 150% de su carga de trabajo.
Se ha solicitado la creación de 815 plazas en la judicatura en los próximos cinco años para intentar solventar esta situación.

En todo este ranquin la Comunidad Valenciana está a la cabeza, tiene el 54,4% de sus 73 juzgados de primera instancia en este estado de saturación.
Y de todos ellos son los juzgados de Elche, Torrevieja y Benidorm, por este orden, quienes lideran este ranquin.

La ciudad de la justicia de Elche es la segunda ciudad de la justicia en importancia en la Comunidad Valenciana y presta servicio al partido judicial del Baix Vinalopó con ciudades tan importantes en población como es Crevillent y Santa Pola, en torno a una población estable de 300.
000 habitantes.

Hay cinco juzgados de primera instancia.
El sexto está dedicado a familia.
En el año 2010 se anunció por parte del Partido Popular la creación del juzgado número 7, que nunca ha llegado a ver la luz.

El partido judicial tiene 20 magistrados, una proporción muy inferior a la media nacional, que es de diez jueces por cada cien mil habitantes.
Desde el mes de junio cuentan con una jueza de refuerzo, pero, sin embargo, esta jueza trabaja con el mismo número de funcionarios, por lo que la oficina judicial tiene que acelerar el ritmo aún más.

No nos parece de recibo que se aumente el número de jueces y no se aumente el personal auxiliar, que es, a fin de cuentas, el que está sacando el trabajo más laborioso de todos los papeles.

La justicia más cercana a la ciudadanía, señorías, está desbordada.
Como digo, los temas que tramitan son de gran actualidad e importancia.
Los juzgados números 1, 2, 3 y 5 de Elche han registrado una media de 2.
800 asuntos en 2013.
Alicante para la misma fecha tiene 2.
100.
Orihuela, 1.
400.
Denia, 1.
500.
Los señalamientos se producen a más de 18 meses, habiendo llegado a superar los veinte meses de retraso, cuando hace cinco años habían juicios para dos meses vista.

Está fuera de toda duda, y vaya desde aquí la felicitación, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, para el trabajo de magistrados y magistradas y del personal funcionariado de estos juzgados, que realizan su labor en un nivel y en un ritmo muy superior a las exigencias.

A esta desproporción judicial se añade la problemática del registro civil que, como saben, señoría, aquí esta diputada, de manera constante y fehaciente trata de que pongan solución a este problema.
El registro civil de Elche no es exclusivo, contrariamente a lo que pasa en Alicante que tienen dos en exclusividad, y arrastra una situación de saturación que ha propiciado quejas de todos los sectores de la sociedad: judicatura, partidos políticos, organizaciones vecinales.
Todo por falta de recursos humanos -es cierto que se ha dotado de manera insuficiente-, por falta de recursos materiales -en ocasiones no hay ni papel- y por un fracaso absoluto de la cita previa que ha llegado a dar hasta 90 citas en un mismo número a 90 usuarios diferentes.

Si ustedes quieren y no me creen, hagan la prueba, intenten acceder a cualquiera de los procedimientos que ofrece y verá que no pueden obtener ni una sola cita, porque que las facilita hasta octubre de 2015 están absolutamente saturadas.
Un compromiso que se asumió en esta cámara mediante una transaccional con el Partido Popular y el resto de grupos que, tan rápidamente la firmaron, tan rápidamente se olvidaron de cumplir.

Señorías, insisto, los juzgados de primera instancia de Elche tienen unas cifras se asuntos de entrada de las mayores de toda España, no admite comparación con ningún otro sitio.
En las páginas 45 a 52 del informe que les estoy indicando vienen los datos de la Comunidad Valenciana: el cien por cien de los juzgados de primera instancia están saturados, por encima del 150%, también los de familia y los mercantiles.
Pero el farolillo rojo lo tiene el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Elche, que tiene el 373% de los casos.
El número 2 tiene el 355.
El número 4 el 340.
Y el número 1 el 330.
El número 3 ya les he dicho que también excede al 150 y con una cifra de 245 tiene las funciones de registro civil.

Por si fuera poco, la juez del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Elche lleva además internamientos e incapacidades, tiene que acudir dos o tres veces por semana a visitar las residencias del partido judicial, desplazándose para poder realizar los ingresos por orden judicial.
Esta situación ha sido denunciada, el juez decano pidió refuerzos porque el Consejo General había denegado el aumento de recursos.

Yo también quiero denunciar que en estas Cortes Valencianas se produce un retraso considerable del trámite de estos procedimientos.
Esta diputada presentó esta proposición no de ley en el anterior período de sesiones, pero no dio tiempo a sustanciarse.
Y en este período nuevo, es la tercera ocasión en que la finalmente se va a poder debatir.

Señorías, me gustaría, quisiera que todos estos que les he puesto encima de la mesa los tomaran en consideración porque necesitamos que ustedes voten a favor de esta proposición no de ley.

He realizado una autoenmienda en el sentido de que estamos pidiendo lo mínimo de lo mínimo, estamos pidiendo que se ponga en marcha el juzgado número 7 para que pueda aliviar esa grave saturación.
Y mientras ustedes pueden convencer al gobierno del Partido Popular, de Rajoy, que esto se lleve a cabo, porque saben ustedes que ustedes deben aquí también poner el personal suficiente.
Les estamos pidiendo que doten al menos con un juez de adscripción territorial y al menos un funcionario o funcionaria para cada uno de los juzgados de primera instancia de Elche.

Señorías, les estamos pidiendo lo mínimo de lo mínimo.
Les estamos pidiendo que, por favor, contribuyan a aliviar la inmensa carga de trabajo a la que los funcionarios se ven obligados a enfrentarse diariamente en el trabajo.
No caben más expedientes en los cajones.
Los ciudadanos están hartos de este nivel de saturación, que se plantean si este nivel de saturación, si este este interés que a veces se percibe por deteriorar la justicia obedece a alguna cuestión.

Por eso les pido que tengan en consideración esta enmienda y voten a favor de esta proposición no de ley.
Existe espacio en la Ciudad de la Justicia, la quinta planta está libre.
Existe espacio.
Existen los recursos.
Solamente falta la voluntad política, que les pido en estos momentos que la pongan a disposición, porque es una proposición no de ley muy razonable, muy razonada, muy justa, que solo tiene como fin aliviar a paliar la grave situación.
Recuerden que estamos hablando de desahucios, de problemas, de accidentes de tráfico.
Pero también detrás de ello hay muchos escándalos de corrupción.
Ustedes saben que la Comunidad Valenciana, en el sur, están las comarcas donde existen los mayores índices de criminalidad en toda España.

Por tanto, si ustedes contribuyen con su voluntad política a dotar de manera inmediata con estos pocos recursos humanos que le pedimos, estarían demostrando a la opinión pública que tienen también un interés y que no se sobrecarguen las cargas de trabajo para los funcionarios y para que los ciudadanos puedan comprobar que la justicia podría algún día ser igual para todos, como es un mandato constitucional en el cual yo creo que debemos todos los poderes públicos poner y hacer el máximo de lo posible para que no se pierda la esperanza en la justicia.

Señorías, confío en su voto favorable y que hayan entendido la magnitud de este problema, y espero sus propuestas de no ser así.

Muchas gracias.

El senyor president:

Moltes gràcies, senyora Salazar.

Encara que la senyora Salazar en la seua intervenció ha fet referència a l'altra esmena de modificació, que ha presentat el seu grup, li recorde que, en conseqüència, el text que passarem a votació, finalitzat el debat, serà el d'eixa autoesmena que passa a tindre dos punts.
Imagine que l'esmena de modificació consta en els papers de l'expedient d'esta comissió.
Per tant, ho poden consultar.

Procedim, en conseqüència, pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida té la paraula el senyor Torró.

El senyor Torró Gil:

Gràcies, senyor president.

Bé, la veritat és que probablement els problemes de la justícia siguen uns dels més greus que té l'estat espanyol.
Tots els serveis que es presten als ciutadans, en la democràcia s'han millorat en termes generals, i diria que en algun cas insuficients molts d'ells.
Però la justícia probablement estiga a la cua de tots estos serveis.

I jo he agafat una mostra de titulars de premsa que realment fan fredat.
Comença ja pel fet que en un diari, com és El País, el terme «saturación judicial» ja té una entrada.
Pots seleccionar perquè és un dels tags: «saturación judicial».
I ací hi ha titulars, arriben fins 2013, com «la justicia gallega acumula 170.
300 casos pendientes de resolver», «la justicia madrileña recibió 4.
036 nuevos casos al día en 2012».
«Los juzgados acabarán en 2013 con 2,6 millones de asuntos pendientes».
«Los juzgados tramitan 1.
661 causas de corrupción política o financiera».
«Destruidos 350.
000 expedientes judiciales para desatascar archivos».
«Jueces de Sevilla pueden tramitar solo 250 sentencias al año».

Eixe titular dels 2,6 milions de casos pendents en 2013 es pot comparar amb el de 488.
000 «causas sin resolver», que el mateix diari donava a mitjans de 2011, la qual cosa només dóna una altra mostra, que és que damunt dels problemes que ja venien donats d'absoluta insuficiència de mitjans materials i sobretot de mitjans humans dels jutjats en el conjunt de l'estat espanyol, s'ha vingut agreujant d'una forma espectacular amb la crisi.
I davant d'això sembla que l'única solució que se li va ocórrer en el seu dia al senyor Gallardón va ser la de posar taxes judicials, val?
De tal manera que, en compte de tindre dos justícies, que ja existien, una per als molt rics, que tenen diners per a pagar a caríssims bufets d'advocats i allargar els procediments, com va fer, per exemple, el senyor Fabra en Castelló, fins a extrems que són absolutament intolerables; i la resta dels mortals, per no tindre condicions, tenen un altre tipus de justícia.
Ara ja n'hi ha tres tipus de justícia: la justícia dels molt rics, la justícia de les classes mitjanes i la justícia dels pobres, que directament és la «no justícia», perquè només acudiran als tribunals en tot cas com a imputats d'algun tipus de delicte, perquè si són ells els que han d'iniciar eixos expedients van a tindre-ho molt complicat, perquè als costos que ja suposa la contractació d'un advocat, tenen d'afegir els costos de les infames taxes judicials.

És espectacular com el 43,53% dels tribunals a Espanya es troben saturats, el 43,53% a Espanya.
La senyora Modesta Salazar, a més, ho ha indicat molt bé, que en el cas valencià eixa xifra és quasi universal.
Pràcticament tots els jutjats es troben saturats, per una banda, per la manca de jutges, que és un problema greu, que no depén de l'administració de La Generalitat, perquè això ve des de Madrid; però, per una altra banda, també per la falta de mitjans i de personal de l'administració de justícia, que ha de posar la Generalitat valenciana.

I realment aquesta qüestió és gravíssima i s'hauria de resoldre.
Ací el que se'ns planteja és la solució d'un…, se'ns planteja la solució…, tampoc és la solució exactament, sinó més bé instar que es busque la solució, perquè en realitat el que es demana ací ni tan sols és que La Generalitat faça pràcticament res.
Està demanant-se que es demane al Consell General del Poder Judicial.
No hi ha ninguna petició concreta en la proposta final a la Generalitat valenciana.

Per tant, si voten a favor d'això, no estaran fent-li ningun paperet al senyor Santamaría, perquè no es vorà obligat a res, sinó senzillament que defensen els interessos dels valencians i valencianes, en este cas, de la ciutat d'Elx, que, efectivament, és una de les més saturades, si no la que més -o almenys alguns jutjats sí que ho són-, de tot el País Valencià.

I, per tant, bé, és demanar la solució d'un dels problemes que tenim, però almenys jo crec que seria raonable que esta sol·licitud isquera ací per unanimitat -insistisc-, perquè ni tan sols es tracta de demanar a La Generalitat que faça res, sinó senzillament que el Consell inste el Consell General del Poder Judicial que resolga parcialment el problema.
Perquè, en realitat, la resolució final no a soles vindrà que vinguen els jutges, sinó que la Generalitat valenciana pose el personal administratiu necessari perquè eixos jutjats puguen treballar.

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Torró.

Pel Grup Parlamentari Compromís, té la paraula el senyor Enric Morera.

El senyor Morera Català:

Moltes gràcies, senyor president.

El nostre grup parlamentari dóna suport, en coherència amb el que ja hem defensat, a la proposició no de llei de la diputada Modesta Salazar, perquè, efectivament, una justícia que no és ràpida no és justícia.
I en este cas, n'hi han motius més que justificats per a contemplar la necessitat d'incrementar els jutjats d'instrucció a la ciutat d'Elx.

En estos moments, un jutjat d'instrucció a la ciutat d'Elx està encarregant-se de 3.
000 expedients a l'any, quan el normal en un jutjat és entre 730-884.
Per tant, està absolutament saturat.

Més encara, si com afirma la diputada, els nivells de delinqüència, organitzada o no, i de màfia, i de corrupció són tan elevats en eixes…, en la ciutat il·licitana i que agrupa…, té competència en 300.
000 ciutadans, doncs més motiu encara, més motiu per a reforçar.
Crec que és un interés compartit.

Dit això, nosaltres, i altres grups, hem fet propostes en eixa direcció i crec que hem arribat a un acord ací en estes Corts.
Si eixe acord, pel que he entés, no s'ha traduït per part d'una acció al govern valencià, ¿de què estem parlant?
Si un acord que hi ha hagut en una transaccional no s'ha posat en marxa, estem devaluant el paper d'estes Corts Valencianes.
I això sí que no pot ser, perquè si ací ens dediquem a aprovar unes resolucions que després no són aplicades per un govern, ¿què estem fent ací?
Estem, com diuen en el meu poble, «garbellant aigua».
I, clar, això alguna resposta ha de tindre per part d'un govern.

Jo recorde com els governs del senyor Camps i els diferents consellers de Governació i Justícia reclamaven insistentment la creació de més jutjats i exigien més jutges per part del govern central -és una competència del govern central-.
I recorde que eixe ímpetu reivindicatiu ara s'ha silenciat, s'ha callat.
M'agradaria saber per què.

Perquè, efectivament, si repassem la memòria del Consejo General del Poder Judicial, tenim també, en este cas -i ja és norma general-, menys dotació quant a infraestructura i jutges per càpita que tenen altres comunitats autònomes d'Espanya.
¿Per què és això?
¿Per què tenim eixa discriminació també en este camp?
No n'hi ha cap ràtio on mirem que tingam una millora respecte a la mitjana estatal.
També en dotacions per jutges, que és una competència estatal, estem infradotats.
Només cal mirar, i crec que no és sospitosa, la memòria del Consejo General del Poder Judicial.
I ¿per què el partit de la majoria, el partit que ostenta, momentàniament, la majoria absoluta, per què no reclama eixos jutges?
Si és que cal revisar totes les actes (veus) quan governava a Espanya el senyor Zapatero.

I després altra cosa.
No és només tindre el jutge designat, sinó tindre els recursos econòmics per a dotar-ho.
Perquè, efectivament, el nostre benestar també en la justícia està malmés, i estem veient un govern que no defensa els interessos valencians.

Se'ns podrà dir per part del govern: «És que no n'hi han recursos.
» ¿En què s'han gastat els nostres diners?
Si sabem que en els últims huit anys només per caixa fixa, en la caixa black, s'han gastat 1.
500 milions d'euros i els tribunals de justícia els han dit que mos han de donar la informació en què s'han gastat els nostres diners, escolten, se gasten els diners en coses que no sabem.
Però és que això no és opinable.
Ens han de donar les factures per a saber els diners que tindrien d'anar a crear la infraestructura judicial per a garantir el benestar dels nostres ciutadans.
És que 1.
500 milions d'euros en huit anys són mig milió d'euros en caixa black per part del PP.
¿En què s'han gastat els nostres diners?

I després, ¿n'hi ha un problema d'infrafinançament?
¡Clar que sí, clar que sí!
Reclamem-los, reclamem el deute històric, reclamem un model de finançament, reclamem que no se'ns margine per part del Gobierno de España.
Si reclamem que se respecte la Constitució, el principi d'igualtat, senyories, perquè això va en consonància amb la pèrdua de benestar dels nostres conciutadans.

I resulta que els ciutadans d'Elx tenen una manca en el seu benestar perquè en l'atenció dels casos que mos ha explicat la diputada Modesta Salazar, efectivament, una justícia lenta per dos coses: una, perquè no se reclamen els jutjats; i dos, perquè el gobierno del senyor Fabra i de Camps s'ha gastat els diners en coses que no tocaven.
I després no tenim coses per a allò que és essencial, com és atendre un principi fonamental de la tutela judicial efectiva i atendre les necessitats de justícia ràpida i en condicions.

Per tant, també en este camp els valencians i les valencianes d'Elx i del departament judicial estan en inferioritat de condicions.
I eixa és la trista realitat d'este règim que s'enfonsa i que és incapaç de defensar els interessos del poble valencià, en este cas, per a reclamar un jutjat nou d'instrucció a la ciutat d'Elx.

Donarem suport a la iniciativa, i ens agradaria més defensa dels interessos valencians per part del grup de la majoria.

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Morera.

Pel Grup Parlamentari Popular, la senyora Sol té la paraula.

La senyora Sol Cortés:

Gracias, señor presidente.

En relación con la PNL presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, voy a comenzar con dos puntualizaciones.
Una es que no voy a entrar en la jurisdicción penal ni, por supuesto, con los delitos de corrupción a los que se ha hecho referencia, porque no es objeto de esta PNL y, por tanto, entiendo que no es objeto de este debate.

Y en segundo lugar, voy a hacer referencia también a que el pasado 26 de febrero de 2014 llegamos a una acuerdo con respecto a una PNL que presentó el Grupo Parlamentario Compromís, referente al Registro Civil de Elche, en el que las Cortes instaban a la Conselleria de Gobernación y Justicia a dotar al Registro Civil de Elche de los medios humanos para garantizar el buen funcionamiento del servicio.
Y ello se ha cumplido con la incorporación de siete nuevos funcionarios, que continua, pese a que conocemos las dificultades que siguen existiendo en el Registro Civil de Elche y que probablemente necesiten de más funcionarios, que esperemos que también se incorporen, como se han incorporado estos siete.

Bien.
El Consell yo creo que puede hacerse cargo de los problemas existentes, puede recabarlos y puede trasladarlos, con el fin de paliar la situación de saturación que existen en los juzgados de primera instancia de Elche.

Pero el procedimiento para la adopción de medidas de apoyo judicial está regulado por ley orgánica del poder judicial y, por tanto, esta ley orgánica determina que intervienen las salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia, el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia.

Por tanto, corresponde a dichos órganos solicitar la provisión y refuerzo de jueces, de magistrados y de secretarios judiciales de la administración de justicia en el ámbito de la comunidad.

En este sentido, precisamente quiero recordar que -lo dijo el conseller Santamaría en la última comparecencia que tuvo lugar aquí en Les Corts-, que se ha negociado la incorporación de 33 nuevos jueces para la Comunidad Valenciana y la apertura de 5 juzgados.

Bien.
Por lo tanto, la actuación de La Generalitat digamos que se tiene que ceñir a lo que es la administración de la administración de justicia y solo puede actuar, sabemos, en aquellos casos en los que es competente.

En concreto, el gobierno autonómico puede dotar de medios personales y materiales a los juzgados y tribunales de la Comunidad Valenciana, que es lo que ha venido haciendo, puede actuar en casos como médicos forenses, gestores, tramitadores procesales, funcionarios del cuerpo de auxilio judicial, que es lo que ha realizado.

Y en Elche, yo creo, señorías, que basta mirar, basta entrar en el edificio de la ciudad de justicia, construido por el gobierno autonómico, gobernado por el Partido Popular en estos años atrás, y ver la maravilla y el fantástico edificio con el que todos los ciudadanos de Elche y de esta comunidad cuentan.

Yo creo que nadie duda a estas alturas que el Consell se ha volcado en hacer una administración mucho más moderna, mucho más ágil y mucho más eficaz, en consecuencia, mucho más útil al servicio de los ciudadanos en cuanto a la resolución de los conflictos judiciales.

Desde la Conselleria de Gobernación y Justicia se han puesto en marcha diversas líneas de actuación, dirigidas a mejorar, racionalizar y optimizar los recursos existentes no solamente en Elche, es decir, en los 486 órganos judiciales de los 36 partidos judiciales que existen en la Comunidad Valenciana.

Se han implantado diversos proyectos para solucionar los problemas de sobrecarga de trabajo.
Por lo tanto, se ha procedido a reordenación de plantillas y dotar de nuevo personal a los servicios comunes.

Se está llevando a cabo un equilibrio y una distribución de las cargas de trabajo sin suprimir ningún puesto de trabajo e informando debidamente a todas las organizaciones sindicales.

Se han aprobado planes de refuerzos semestrales, con el fin de cubrir de todas las vacantes que se generan en los órganos judiciales, incluso las bajas temporales, y se ha producido un incremento de plantillas de funcionarios destinados a los juzgados y tribunales de la Comunidad Valenciana y a los servicios comunes.

Por lo tanto, los órganos judiciales del partido judicial de Elche han sido directamente beneficiados por estas medidas que ha impulsado el gobierno de…, la Conselleria de Gobernación y Justicia.

Como he comentado antes, se cuenta actualmente con siete funcionarios adicionales respecto de los juzgados del mismo orden jurisdiccional para atender las funciones de registro civil.
Y también dentro del plan semestral de refuerzo para el segundo semestre del 2014, se ha reforzado con dos funcionarios de refuerzo el Juzgado de Primera Instancia número 3 y un funcionario para el decanato de los juzgados.

Se han realizado otras actuaciones dirigidas a mejorar los medios materiales, se ha impulsado la construcción y la modernización de las sedes, se ha impulsado la modernización tecnológica de todos nuestros órganos judiciales.
Yo creo que en el caso concreto de los órganos judiciales de Elche se han adaptado todas estas medidas.
Para aliviar, digamos, la sobrecarga de trabajo que ha tenido, La Generalitat, por tanto, ha actuado en aquellos ámbitos en los que ostenta competencias.

Y respecto al…

El senyor president:

Senyora diputada, per favor.

La senyora Sol Cortés:

…nombramiento de jueces y tribunales -termino ya- y secretarios judiciales en la apertura del juzgado de primera instancia, no es competencia de La Generalitat, es competencia del ministerio.
Y esperamos que lo atienda.
No obstante, nos hacemos cargo de la situación, como luego explicaré.

Gracias.

El senyor president:

Gràcies, senyora Sol.
(S'interromp la gravació)

La senyora Salazar Agulló:

Muchas gracias, señor presidente.

Señora diputada del Partido Popular, lamento que no haya ofrecido usted ningún apoyo a esta PNL.
Y quiero aprovechar para felicitar y agradecer a mis compañeros de la oposición, de Esquerra Unida y de Compromís, el apoyo.

Evidentemente, señora Sol, sabemos que a ustedes les deslumbran y les encantan los edificios grandes, lo sabemos.
Estamos pagando las consecuencias de esa megalomanía del expresidente Camps, que ha seguido también el presidente Fabra.
Esta megalomanía de edificios grandes, que en muchas ocasiones no ha servido para nada o han estado vacíos de contenido.

La ciudad de la justicia -efectivamente es una sede grande- sabe usted que la quinta planta está cerrada.
Todavía en la cuarta podría estar ubicado el juzgado número 7, que a usted no ha tenido la deferencia de decir que va a ser uno de esos cinco juzgados que el conseller Santamaría anunció hace poco en esta cámara.

Creo que no se han percatado, efectivamente, de la gravedad de la situación.
No ha hecho ninguna alusión al tema de los ciudadanos, solamente de que han puesto, han puesto algunos recursos, insuficientes a todas luces.

Y no me dice nada del juzgado número 7.
El juzgado número 7, si usted recurre a toda la información que le pueden dar, o cualquier ciudadano que busque en la hemeroteca, podrá comprobar que la señora Paula Sánchez de León anunciaba la creación del juzgado de primera instancia número 7, que se iba a poner en marcha.
Todo quedó en papel mojado.

El ministerio, entonces dirigido el ministro en estos momentos, el señor Caamaño, anunció que se creaba el juzgado de primera instancia.
Y se tuvo que suspender esa creación de juzgado, porque el gobierno autonómico fue incapaz de ofrecer el personal, los recursos humanos, como usted habla, el personal suficiente para poner en marcha este nuevo juzgado.

Un nuevo juzgado, además de un magistrado, un juez o una jueza, debe llevar un secretario judicial, pero también lleva un número considerable de personas, que son los funcionarios que sacan la carga de trabajo y que son los que notifican y son los que dan la cara, señorías, en muchas situaciones ante los ciudadanos.
Nada habla usted de la gravedad de este problema.

Por tanto, yo me voy a reforzar en la tesis que planteaba al principio.
Al Partido Popular cuanto peor vaya la justicia, mejor.
El desmantelamiento de los servicios públicos es la estrategia previa a la privatización, a la privatización, como así se ha planteado la privatización de los registros civiles.
Pensamos que existe esa premeditada intención de deteriorar la justicia.

Miren, para el Partido Popular les hemos perdonado en muchísimas ocasiones por encima de nuestras posibilidades, pero las urnas serán las que tengan la última palabra.

La ley de seguridad ciudadana, la ley de tasas judiciales, la privatización de servicios por los cuales los ciudadanos van a tener que pagar, esto demuestra que para ustedes la justicia no tiene el más mínimo interés.
Ustedes están a salvo, se han permitido en esta sede judicial firmar una petición del indulto para un alcalde, un exalcalde de Torrevieja que está en la cárcel.

Este señor, el señor Alberto Fabra, brindando no sabemos si era por la enésima vez que le tocaba la lotería o brindando porque lleva más de noventa años que está condenado… (Remors).
Sí, señora, sí, señora.
Perdón, Carlos Fabra… Perdón, Alberto Fabra… (Remors) Quiero decir el nombre, porque… (Remors) Perdón.

El senyor president:

Senyories, silenci.

La senyora Salazar Agulló:

No, no es ningún lío, la foto no deja lugar a dudas, es Carlos Fabra, el jefe de Castellón, que sigue sin estar en la cárcel.
Señor Alperi, señora Díaz Alperi.
Hay muchos.
(Remors)

El senyor president:

Senyora Salazar.

Senyora Díaz, per favor.

La senyora Salazar Agulló:

Está aludiéndome con la vista y yo pues trataré de contestarle con la palabra.

El senyor president:

Guarden silenci i deixen que acabe la seua intervenció.
(Remors) Bien, ha cometido un error en el nombre y no pasa nada.

La senyora Salazar Agulló:

No pasa nada.
Yo pido perdón si me he equivocado, pido perdón si me he equivocado.

Mire, quiero acabar con una frase de un juez, de un juez que dice: «A veces tengo la amarga sensación, como juez, de que las leyes son telarañas que cogen a las pobres moscas y dejan pasar avispas y abejorros.
»

No hace falta, pero lo voy a hacer, me lo voy a permitir, recordar los casos, el Gürtel, Brugal, los conseguidores, como el Bigotes, y otros muchos que han campado a sus anchas y han saqueado de las arcas públicas de esta comunidad el dinero que podría haberse dedicado a crear una justicia de calidad, una educación de calidad o una sanidad de primera calidad.

En sus manos está.
Tienen la posibilidad de votar a favor, porque hemos pedido una proposición no de ley de mínimos para aliviar la situación.
Que sepan que con todo ello no se va a conseguir solucionarlo, pero al menos para paliarlo.
Si votan en contra, los ciudadanos de Elche y del partido judicial tendrán esa información y sabrán a qué atenerse en lo sucesivo.

Muchas gracias, señor presidente.

El senyor president:

Gràcies, senyora Salazar.

Per favor, els pregue que quan estiga alguna diputada o diputat en una intervenció que guarden silenci.

A continuació, i per a tancar el debat, té la paraula la senyora Sol.

La senyora Sol Cortés:

Gracias, señor presidente.

Señorías.

Mire, señora Salazar, la creación del juzgado de primera instancia número 7 de Elche, efectivamente, está aprobada y está publicada en el Boletín Oficial del Estado.
Posteriormente, por los órganos competentes, decidieron no abrirlo por problemas presupuestarios.
Eso lo sabemos.

Pero, mire, si ustedes conocen la situación de los juzgados de Elche deben tener en cuenta que en Elche, probablemente, no solamente haga falta un juzgado de primera instancia número 7, porque resulta que a lo mejor lo que hace falta es un juzgado más de familia, a lo mejor lo que hace falta es un juzgado más de lo contencioso o a lo mejor lo que hace falta es un juzgado más de lo mercantil.

Nosotros somos conscientes de que hay muchísima incidencia en el término municipal de Elche, porque además es un término municipal muy grande y que abarca mucho territorio y mucho partido judicial.

Bien, efectivamente, el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Elche, como ha dicho antes usted en su primera intervención, es uno de los que más asuntos tienen.
Sin embargo, también es cierto que hay mucho más trabajo, porque las leyes han cambiado.

Porque, mire, cuando yo ejercía, entre los años 1991 y 2003, pues tú tenías un procedimiento abierto, juicio verbal 340 de 2000 o un menor cuantía, el 338 de 2001, y sin embargo no contábamos ni con los medios materiales existentes, ni con la fabulosa Ciudad de la Justicia, ese edificio tan grande y que usted, sin embargo creo que ha dicho algo de mucha gravedad y es que no sirve para nada, yo creo todo lo contrario, que sí que sirve y si no que se lo digan a los profesionales y a los ciudadanos de Elche.

Sin embargo, ahora cada asunto genera un montón de números procedimentales.
De ahí que las cifras también hayan aumentado considerablemente.
Luego, ojo a los datos, porque yo creo que hay que estudiarlos y valorarlos y eso es lo que hacen desde el ministerio.

Los jueces deben de poner sentencias, deben celebrar juicios, pero las oficinas judiciales, que dependen de los secretarios judiciales, deben de funcionar bien y deben de prepararse bien.

¿Por qué les digo esto?
Pues porque, mire, da la casualidad que precisamente el Juzgado de Primera Instancia número 4, que es al que usted ha hecho referencia, tiene un volumen un poquito inferior al del número 5, sin embargo es increíble cómo funciona este juzgado, porque va al día.
El grado de eficacia que tiene este juzgado con tan solo un número inferior de procedimientos es increíble.

¿Qué quiero decirles, señoría?
Usted sabe que 5 hogares con los mismos ingresos no se administran igual.
Pues lo mismo pasa con los juzgados, que los mismos recursos materiales y humanos, sin embargo no funcionan igual.
Es decir, no siempre, señoría, fallan los medios.

La solución no está en saturar a los juzgados de medios.
Hace falta una concienciación social y del sistema hace falta que se optimicen los recursos humanos y materiales existentes.
(Remors)

El senyor president:

Senyora Salazar.

La senyora Sol Cortés:

Con la cantidad enorme de medios técnicos que ha puesto el Consell a disposición de la administración de justicia, debe de haber agilidad.

Precisamente en Elche, los ordenadores son nuevos, el edificio es comodísimo y además es impresionante.
Pues, mire, señora Salazar, ¡no había que dar vueltas antes cuando ustedes tenían abierto los juzgados, que estaban gobernados por el Partido Socialista, tanto a nivel autonómico como a nivel nacional, pues no había que dar vueltas antes para aparcar y asistir a un juicio, pues no había que dar vueltas antes!
Sin embargo, ahora el edifico es comodísimo, vas y aparcas en un instante, aparte de las instalaciones que tienen.
(Remors)

El senyor president:

Senyories, per favor.

La senyora Sol Cortés:

¿Qué quiero decirle con ello?
Que hay medios suficientes para aguantar que se diseñe una buena solución.
Que desde luego nosotros estamos a favor de esa solución, que esa solución pasa por un estudio que debe de hacer a quien compete, que en este caso es a los órganos que antes he hecho referencia.

Por ello, no vamos a apoyar esta PNL.
Porque, a lo mejor, como especialidad, quizá sea más importante un nuevo juzgado de lo contencioso, pues porque recoja toda la Vega Baja, porque Elche abarca Santa Pola, Crevillente, Almoradí, Torrevieja, hay muchas urbanizaciones, hay muchas infraestructuras urbanísticas.
Dejemos que lo estudie y lo diseñe a quien corresponda y a quien tenga la competencia.
Quizá sea la preferencia ese juzgado de familia, señora Salazar.

En definitiva, señoría, nos hacemos cargo de la situación, compartimos la situación existente.
Pero también tenemos que abogar por la defensa de la administración de justicia, que está llevando a cabo la Conselleria de Gobernación y Justicia, que es la quinta en el ranquin de comunidades autónomas, en cuanto a competencias y en cuanto a carga procesal distribuida.
Y respetamos, por tanto, el nombramiento que se realice por parte de jueces y secretarios judiciales por aquellos órganos judiciales competentes.
Ciudadanos y profesionales yo creo que están de acuerdo en esto.

También decirles que se está trabajando actualmente en una ley orgánica, que culminará con la nueva ley de demarcación y planta, que determinará en base a qué criterios objetivos todo este panorama se rediseña.
Y, en el marco de la colaboración de esta Generalitat, les puedo decir que La Generalitat, la conselleria, va a estar muy pendiente.
Y que, precisamente, la próxima semana el conseller tiene una reunión en el ministerio a la cual asistirá y seguramente nos informará de los últimos avances que se produzcan en esta ley y que, lógicamente, afectará a esta materia.

Muchas gracias.

El senyor president:

Moltes gràcies, senyora Sol.

Senyories, finalitzat el debat, anem a procedir a la votació.
Vots a favor de la presa en consideració d'esta proposició no de llei?
7.
Vots en contra?
8.
Queda rebutjada la PNL.

Proposició no de llei sobre l'aprovació d'un pla extraordinari de prevenció d'incendis, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 92.
635, BOC número 267)

El senyor president:

Passem al següent punt de l'ordre del dia: presa en consideració de la Proposició no de llei sobre l'aprovació d'un pla extraordinari de prevenció d'incendis, que presenta el Grup Parlamentari Socialista.

Per a la seua defensa, té la paraula el senyor Guillén.

El senyor Guillén Galindo:

Muchas gracias, señor presidente.

Permítanme, señorías, que empiece con una frase que ya hemos escuchado muchas veces, que quizás esté muy de… manida, muy usada, muy utilizada, pero que tengo la sensación que todavía no ha sido interiorizada por parte de los responsables políticos en la materia y, en concreto, evidentemente, la conselleria de gobernación, y que es la que, como todos ustedes saben y estoy seguro que comparten, es que los incendios se apagan en invierno.

¿Con eso qué queremos decir?
Queremos decir, lógicamente, que las tareas de prevención son tan importantes, si no más, que las de extinción.
Y en este punto la actuación de la conselleria deja mucho que desear en materia de prevención.
Y, especialmente, y además así se demuestra, como consecuencia de los brutales recortes de medios personales y materiales y la descoordinación de las consellerias con competencias en la materia.
Esa descoordinación que afectaría principalmente a la conselleria de gobernación y a la conselleria de infraestructuras.
Y que son unas carencias, no sólo manifestadas por nosotros sino puestas de manifiesto por todos los sectores afectados, inclusive los profesionales que intervienen en las tareas de extinción.

Ya hemos comentado en alguna ocasión y puesto de manifiesto que en su toma de posesión el nuevo conseller manifestó que sus prioridades iban a ser por este orden: en primer lugar, incendios; y, en segundo lugar, justicia.
Pero todavía la verdad es que este orden de prioridades no lo hemos notado.

Simplemente, para demostrar o acreditarlo, citar algún ejemplo.
Pronto acabará el año y todavía no se ha aportado un solo euro de esos 22 millones de euros comprometidos con los consorcios de bomberos de las tres provincias.
También, a principios de agosto, el conseller anunciaba un plan para que los presos condenados a realizar trabajos comunitarios se dedicaran a la prevención de incendios, se comprometió a presentarlo en septiembre, pero es obvio que no ha sido así.
El otro día en su comparecencia se lo recordamos y nos dijo que todavía estaba pendiente de firma en el ministerio.
Muy pronto también, mañana mismo, conoceremos los presupuestos para el año 2015 y esperamos que esa promesa de prioridad realizada por el conseller se traduzca en cifras.

Pero, bueno, mientras eso llega, mientras esa plasmación de prioridades se produce, esperemos que así sea, lo digo muy seriamente y con un buen deseo de que se produzca, mientras tanto y mientras eso llega, el Grupo Parlamentario Socialista presenta y defiende esta proposición no de ley esperando el apoyo, evidentemente, y así queremos convencerles, de todos los grupos aquí presentes, en la cual solicitamos al Consell que se dirija al Gobierno de España para que apruebe y ponga en marcha diversas medidas para la prevención de incendios.
Y ello por las especiales y peligrosas características que concurren en nuestra comunidad.

¿Y por qué digo esto?
Pues, por un lado, tenemos los factores naturales y meteorológicos.
Permítame que les recuerde algunos.
Por un lado, la tendencia al aumento de las temperaturas medias en todas las estaciones.
Tenemos unos largos períodos de sequía.
En el último año hidrológico, que empezó el 1 de septiembre de 2013 y acabo el 31 de agosto de 2014, hemos sufrido la mayor sequía o la sequía más extrema desde el año 1950.
Creo que es un dato importantísimo a tener en cuenta.
También, presentamos o tenemos que sufrir numerosos episodios de viento de poniente que han reforzado la evaporización y la sensación de sequedad.
Y, por otro lado, está también el abandono de cultivos en los terrenos limítrofes, así como también el abandono del aprovechamiento de nuestros bosques.

Pues, bien, por otro lado, también los brutales, como antes ya decía, recortes económicos en materia de prevención, tanto por parte de La Generalitat, pero también por parte del gobierno central.
En el caso de nuestra comunidad, por citar algunos ejemplos, lo han denunciado las propias unidades de brigadas de emergencia, las UBE, un número de efectivos inferior este año al de 2010, cuando había 75 brigadas con 47 autobombas.
En 2014 han sido 54 brigadas y 35 autobombas.

Decirles que la brigada tipo la forman seis miembros y en algunas ocasiones nos hemos encontrado con que únicamente existen cinco de ellos.

Los recortes se han notado más, si cabe, en la provincia de Castellón, y así lo han denunciado los sindicatos profesionales, donde se han cerrado las bases contra incendios de Atzeneta, de Xert, de Vilafranca y de Bejís.
Y, según denuncian los sindicatos, se sustituyen los bomberos profesionales por bomberos voluntarios que se encuentran formados en cursillos y que cobran, simplemente, por horas.

No se realiza tampoco vigilancia nocturna en invierno en los observatorios forestales.
E incluso alguno se ha cerrado totalmente, como es el de Santa Bárbara, en el Toro; precisamente un observatorio desde el que se controla la sierra de Espadán.
Permítanme recordarles a sus señorías que en las puertas de la sierra de Espadán, precisamente, se inició el grave incendio de Vall d'Uixó del 20 de julio.

También, la falta de inversión preventiva y de vigilancia por parte de la conselleria de infraestructuras, que saben que, evidentemente, es la que tiene la competencia en los parques naturales.

Pues, bueno, este recorte y la contumaz sequía de este verano han propiciado la aparición de plagas, además de una manera mucho más relevante que en otros años, las plagas de insectos perforadores.
Los sitios ahora últimamente más destacados están en el desierto de Las Palmas y en la sierra de Espadán, de Castellón, que obligará a la tala de numerosos pinos y que, además, la respuesta de la conselleria ha sido tardía y muy tibia.

Bien.
El recorte también de las políticas activas de empleo del gobierno central ha restado recursos destinados a este fin por parte de La Generalitat y ha suprimido programas que, además de crear empleo, programas que tenía La Generalitat, tenían una indudable importancia en materia de prevención de incendios.
Recordarán todos ustedes los programas del Emcorp, del PAMER, del Ezoint, y que ahora han sido sustituidos por una especie de sucedáneo, al cual ya nos referíamos el otro día, que han llamado un plan de empleo forestal, con una escasa dotación de fondos que alcanzará a muy poco número de trabajadores y el cual ha oscilado también, incluso no se ponían de acuerdo a la hora de los municipios que tenían que salir favorecidos con este tipo de ayudas.

Por otro lado, también han desaparecido las obras sociales de la CAM y de Bancaja, lo que ha ocasionado que se haya eliminado una parte muy importante del voluntariado medioambiental que contribuía, decisivamente, en la vigilancia preventiva durante la época estival.

También ha sucedido con los fondos que la conselleria destinaba a este tipo de voluntariado, sirva como ejemplo el voluntariado de la sierra de Espadán.
El otro día se hablaba de que habían salido recientemente las ayudas, escasas y que no alcanzaban para lo previsto.

Bien, pues, por todo ello y dadas las características especiales y singulares de nuestra comunidad, y dada la escasez de recursos con que cuenta La Generalitat, el Grupo Parlamentario Socialista entiende que es imprescindible que el gobierno central destine recursos económicos extraordinarios a nuestra comunidad para una efectiva política de prevención de incendios forestales.

Por eso, presentamos una propuesta de resolución en la que las Cortes Valencianas instan al Consell de La Generalitat para que se dirija, precisamente, al Gobierno de España para que, por un lado, elabore a la mayor brevedad posible un estudio estadístico sobre la influencia de los cambios climatológicos en el aumento de los incendios en diferentes estaciones y, como consecuencia, considerar la ampliación de los períodos críticos para la actuación en la lucha contra incendios.

En segundo lugar, que apruebe un plan extraordinario de prevención y de respuesta frente a incendios, que garantice recursos adicionales para la prevención de incendios en una zona de alto riesgo, como es la Comunidad Valenciana, que tenga en cuenta la situación de sequía extrema que atraviesa la zona mediterránea y que, entre otras medidas, comportará:

Aumentar las dotaciones en la Comunidad Valenciana de brigadas forestales de refuerzo y su permanencia en el tiempo, hasta que concluya la sequía y condiciones meteorológicas adversas.

Incrementar, de forma inmediata, mediante transferencia extraordinaria a La Generalitat, la financiación de programas locales de empleo que tengan incidencia directa en la prevención de incendios.

Ampliar las dotaciones de la Unidad Militar de Emergencias o cambios de ubicación de sus bases, inclusive de su protocolo de actuación, para que le permitan acortar los tiempos de respuesta ante una petición de intervención de La Generalitat.
Vimos el otro día, cuando hablábamos del incendio del Montgó, las consecuencias de ese retraso.

Y, también, crear programas de voluntariado forestal desde las entidades bancarias que cuente con, o hayan recibido, fondos públicos, creando líneas de subvenciones para entidades sin ánimo de lucro, todo ello con la oportuna coordinación efectiva de La Generalitat y las comunidades autónomas próximas.

En tercer lugar, acometer la limpieza de cauces y barrancos, a través de las correspondientes confederaciones hidrográficas.
Me permito recordarles que (inintel·ligible) .
.
.
también este tema lo hemos hablado aquí.
Es una competencia estrictamente estatal y los ayuntamientos la están demandando continuamente, sin encontrar una adecuada y rápida respuesta por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Y, por último lugar, en cuarto lugar, mantener los medios de prevención y lucha contra incendios, no solo en los períodos considerados hasta ahora como críticos, sino ampliando los meses para su actuación.

Entendemos que es una justa y necesaria reivindicación la que se plantea en esta proposición no de ley.
Y, por ello, les pedimos el respaldo a los otros tres grupos parlamentarios.

Nada más y muchas gracias, señor presidente.

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Guillén.

Pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida, té la paraula el senyor Torró.

El senyor Torró Gil:

Gràcies, senyor president.

Bé, anem a vore, primer, un cert dubte que es planteja davant d'esta proposició no de llei -a què, en principi, ens inclinem a recolzar-, és el fet de ser una proposició no de llei adreçada al Govern d'Espanya.
Sobretot, perquè la major part de les qüestions que es tracten són qüestions que tenen a vore amb competències de caràcter autonòmic i no amb competències de caràcter estatal.
Per tant, això genera alguna qüestió.
Algunes és evident, com el tema de l'UME, en la qual també es podria parlar de moltes coses, val?
; o el tema dels barrancs i dels llits dels rius que són competències clarament estatals.
Però la resta de qüestions són coses de caràcter autonòmic, en el qual l'estat planteja, diguérem.
.
.
, en una política que pot ser de recolzament, però no d'assumpció de competències, no?

De totes maneres, vaig a fer alguns comentaris genèrics sobre algunes de les qüestions que tenen a vore amb la proposició no de llei que jo tinc els meus dubtes, no?

El primer, és el tema del canvi climàtic, al qual no es referix la proposició no de llei obertament, però, d'alguna forma, està implícit quan parla de la tendència d'augment de la temperatura mitjana en totes les estacions.

Però, sobretot, hi ha una qüestió que jo sí que no acabe de compartir, que és el tema de «davant de la situació de sequera extraordinària».
Perquè, clar, a banda, és evident que enguany ha sigut un any especialment sec, però les sequeres no són extraordinàries, les sequeres són recurrents.
De fet, jo recorde la famosa cançó de Raimon quan deia que «al meu país la pluja no sap ploure», perquè tenim un règim mediterrani de pluges, a més molt específic en esta part del mediterrani, que alterna períodes d'enormes quantitats de pluges, a més en forma torrencial, amb períodes d'absència de pluges que provoquen sequeres.
Per tant, les sequeres no són extraordinàries, estan immerses dins d'un cicle que, més o menys, inclús quasi seria previsible.
Vull dir, és difícil encertar l'any en concret, però se sap que, després d'uns quants anys en què ha plogut molt, vindran uns quants anys en què plourà molt poquet.

I, aleshores, el que caldria fer és planificar en funció d'eixos cicles i dotar-se dels mitjans, en relació amb eixos cicles.
I això és el que no passa, efectivament.
En estos moments, no es té això en compte i s'actua, diguérem, de forma molt sobrevinguda, en funció de què va passant o què es preveu a curt termini, en compte de fer planificacions a llarg termini, que seria el més raonable.
Per tant.
.
.

Per exemple, el tema dels estudis estadístics.
De fet, ja n'hi han estudis fets per universitats en què es plantegen eixes coses.
No sé jo si seria necessari que el Govern d'Espanya en fera algun altre.
Però, bé, per tindre estudis no va a ser el problema.
Jo crec que quan més estudis millor.

En temes.
.
.
Una part, diguérem, més de les qüestions són eixes mesures que es plantegen ahí.
A vore, el fet d'augmentar les dotacions de la Comunitat Valenciana de brigades forestals jo crec que això depén, fonamentalment, de la Generalitat valenciana.
Ací hi ha un problema grossíssim i és que la Generalitat valenciana té unes brigades forestals contractades a través d'una empresa del ministeri d'agricultura i medi ambient, val?
La qual cosa genera una cosa estranyíssima que, amb tota seguretat, si algú ho recorreguera davant d'uns tribunals, acabaria decidint que això és una cessió il·legal de treballadors d'una administració a una altra, val?

Però, clar, el fet de tindre més brigades o menys no depén que el ministeri les pose, sinó depén que La Generalitat les tinga.
I, en estos moments, tenim la tercera part de mitjans que teníem en 2010, inclús en els reforços extraordinaris que han hagut enguany, val?

Hi han altres problemes, com és el tema de la regulació del cos de bombers forestals, que està pendent; o el tema del cos únic de bombers.
Però també açò són qüestions que no tenen a vore directament amb les competències de l'estat.

Sí que és cert que els programes locals d'ocupació sí que poden estar dependent, lògicament, dels programes estatals i, per tant, en això estem d'acord.
Encara que també, el tema de la prevenció d'incendis, hi ha una part important que és el tema dels retalls en VAERSA que no tenen a vore en açò, però en el tema d'Emcorp i totes estes coses, evidentment, és molt important.

Els temes de l'UME, m'agradaria que el que s'ha dit ara també s'incloguera, el tema del protocol d'actuació, que no està ahí inclòs en la proposició no de llei.
Perquè jo entenc que és més un problema de protocol d'actuació que no d'on estiguen les UME.
Inclús, es podria qüestionar si el tema de l'UME és necessari o no; és a dir, si necessitem que l'exercit faça una funció que la poden fer bombers normals i corrents i, per tant, no fer-ho a través de l'exercit, que no sé per què ha de tindre l'exercit una unitat militar d'emergències, o si l'ha de tindre, l'ha de tindre en tot cas per a funcions pròpies, però no per a funcions que són recurrents i que són de caràcter civil, que no entenem.

I res més.

En termes generals, insistim, a pesar que trobem que ací hi han algunes qüestions que no acaben d'estar clares, entenem la voluntat que hi ha darrere de la proposició no de llei i compartim eixa voluntat.
I compartim també el fet que La Generalitat s'adrece al ministeri per a demanar una implicació major de l'administració central en la lluita contra els incendis forestals.
Entenem -i acabe, senyor president- que moltes de les coses que es plantegen ací no acaben d'entrar dins del marc de les competències de l'estat.

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Torró.

Pel Grup Parlamentari Compromís, té la paraula el senyor Ponce.

El senyor Ponce Guardiola:

Gracias, señor presidente.

Bien, desde Compromís, coincidir con lo que se acaba de argumentar.
Sí es cierto que estamos infrafinanciados y, por tanto, supongo que de ahí va la propuesta en general de pedirle al gobierno central que se implique más con los valencianos, aunque sea a nivel de prevención y extinción de incendios, ¿no?

Sí que es verdad que algunas de las cuestiones que se proponen, pues, se pueden hacer directamente por el gobierno central.
Otras, obviamente, ha de ser a través del gobierno autonómico.
Algunas desde los propios ayuntamientos.

Y, bueno, dando por hecho que se trata de reivindicar supongo que unas partidas extraordinarias y una serie de trabajos y reajustes en lo que está haciendo, por un lado, el gobierno central y, en base a esos recursos que nos llegan, lo que se puede hacer desde la Generalitat valenciana, pues, bueno, sí que coincidiríamos básicamente en todo lo que se está planteando, con matices.
Desde luego, siempre se pueden mejorar y modificar alguna de las cosas.

Pero, bueno, obviamente, de lo que se está pidiendo, ese estudio estadístico, pues, bueno, lo que nos va a demostrar es lo que ya sabemos, que es lo que también se ha comentado: la recurrencia de las sequías intensas que, con el escenario de cambio climático, va a ir a más.
O sea, las irregularidades de nuestro clima -que es un clima, ya de por sí, irregular- va a ser mucho más irregular.
Eso significa que los períodos de sequía van a ser más intensos.
Estamos sufriendo uno que no tiene precedentes en la historia.
Estamos viviendo un otoño que es un segundo verano, que tampoco tiene precedentes en la historia.
Y cada año estamos viendo cosas de las que no había precedentes en la historia.

O sea, estamos en medio del escenario del cambio climático, que no significa que vayamos a estar de sequías de forma eterna, o quizás más de lo que nos pensamos.
También es posible que lleguen períodos de lluvias torrenciales y estén esos períodos, bueno, pues, también causando daños como suelen causar, precisamente por su carácter torrencial, pero que es innato al clima mediterráneo.
Aquí las precipitaciones normalmente, casi la mitad del año, están en otoño, concentradas normalmente en octubre -cosa que este año tampoco se ha cumplido-.
Y, bueno, es la situación en la que estamos.

Desde luego, estudios, pues, sí que habría que hacerlos y, además, en continuo.
¿Que nos lleguen recursos para hacer más cosas?
Pues, desde luego que estamos de acuerdo.
Lo hemos reivindicado más de una vez.
Las brigadas de refuerzo deberían ser, al menos, las de 2010.
O sea, que con las cien personas adicionales que se han contratado este año, pues, nos faltarían todavía unas trescientas personas más para que las brigadas de refuerzo fueran las de 2010 que, recordemos, tenían un número de miembros superior al de ahora, con lo cual las de ahora son menos efectivas.
Estaban mucho más distribuidas por todo el territorio, cosa que ahora, al estar menos distribuidas, los tiempos de reacción son muchísimo más lentos.
Entonces, es fundamental recuperar al menos el número que teníamos en 2010 y no está de más pedirle dinero al estado para que lo haga.

Incrementar la financiación de programas locales de empleo que tengan incidencia en la prevención de incendios, pues sería recuperar en la medida en que había antaño los PAMER, los Emcorp, ese tipo de programas que recogían a parados y al menos durante tres o cuatro meses les daban trabajo para hacer este tipo de trabajos.

El tema del voluntariado forestal y del voluntariado ambiental en general es algo que nosotros le hemos dado mucha importancia.
Ya se hizo una interpelación esta semana pasada al respecto y, bueno, vamos a intentar que en la moción subsiguiente que presentemos y defendamos se pueda instar al gobierno autonómico a reforzar el papel de este voluntariado ambiental, que para nosotros es fundamental.

Algo que también se entiende implícitamente, el punto cuatro, mantener los medios de prevención y lucha contra incendios ampliando los meses de actuación.
Supongo que esto va sobre las unidades de vigilancia y los puntos de observación fijos que dependen de VAERSA y que durante cuatro meses al año no están trabajando.
Esa es otra de nuestras reivindicaciones, que la hemos pedido reiteradamente durante los últimos años.
Si se consigue dinero para esto, pues adelante.

Y respecto a un tema que se ha comentado sobre la repercusión de la sequía.
No solamente la sequía está matando nuestras masas forestales.
Las plagas se están desarrollando con mayor intensidad y virulencia porque precisamente hace dos años que se pegó un hachazo tremendo, o sea, despareció el servicio de brigada de plagas forestales.
Había técnicos pero ya no hay las brigadas, que lo que hacían era, recurrentemente, allá donde se detectaba un pequeño foco de plagas se actuaba.
Se ha dejado de hacer durante dos años, y tenemos una mortandad que no sabemos en qué dimensiones va a ser.
En determinados lugares va a ser más de la mitad de la masa forestal, en otros lugares puede ser el 100%.
Y estoy hablando de Vilamarxant, en concreto, el parque del Turia, pero también de la Calderona y Espadán.
Y eso es fruto directo de los recortes, 320.
000 euros creo que era lo que costaban estas brigadas anualmente.
Esos 320.
000 euros que nos hemos ahorrado, vamos a pagar millones y millones de euros solamente en poder hacer actuaciones para paliar.

Y lo que sí que vamos a perder es lo que yo siempre reivindico: una hectárea de monte bien conservado genera 1.
000 euros año de externalidades.
Si perdemos 100.
000, 200.
000 hectáreas al año, vamos a perder todos los años entre 100 y 200 millones solamente en prevención de avenidas, recarga de acuíferos, fijación de CO2, producción de oxígeno, y eso es algo que no nos podemos permitir, pero que tristemente las políticas del gobierno popular nos han llevado hasta aquí y ya veremos de qué forma lo piensan paliar.

En cualquier caso, apoyaremos la propuesta del Partido Socialista, porque en la filosofía y lo que pretende estamos de acuerdo.
Y aunque algunas de las competencias sean nuestras, no está de más pedirle al estado…

El senyor president:

Senyor Ponce.

El senyor Ponce Guardiola:

…lo que nos corresponde históricamente.

Muchas gracias, señor presidente, por su benevolencia.

El senyor president:

Moltes gràcies a vosté.

Ara, per part del Grup Parlamentari Popular, té la paraula la senyora Verónica Marcos.

La senyora Marcos Puig:

Gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados, el Partido Socialista ha empezado defendiendo esta proposición no de ley con la misma frase reiterativa de siempre, la de «los incendios se apagan en invierno».
Pues yo también quiero empezar la defensa en nombre del Grupo Parlamentario Popular, del turno en contra a esta PNL, diciéndoles que el Partido Socialista y la oposición siempre se acuerdan de santa Bárbara cuando truena.
Porque, claro, a ellos se les ve la intención a la hora de presentar esta proposición no de ley, que es ese cambio de mentalidad que ha sufrido el Partido Socialista en los últimos años, cuando ha dejado de gobernar en Madrid.
Es decir, antes callaban y agachaban la cabeza, y ahora todo es ruido y truenos y reivindicación hacia Madrid.
Y por eso me reitero en mi frase de que ustedes solamente se acuerdan de santa Bárbara cuando truena, señoras y señores diputados del Partido Socialista.

En primer lugar, decirles que España posee una base de datos de incendios forestales, la más antigua del mundo, señoras y señores diputados, no sé si ustedes se han parado a verla, pero vamos, que no es cosa ni del Partido Popular ni del Partido Socialista -fíjense que data del año 1968-, y que son actualizados anualmente por las diferentes comunidades autónomas.
Es una base de datos que estudia y analiza de manera permanente a nivel de toda España, como en el marco, por ejemplo, del grupo de estadística del Comité de Lucha contra Incendios Forestales.

En segundo lugar, decirles, señoras y señores diputados que quiero recordarles el anuncio que hizo el conseller Santamaría aquí, en esta comisión, hace apenas quince días, y que yo esperaba que, tras esa comparecencia, el Grupo Parlamentario Socialista hubiera retirado esta proposición no de ley.
El anuncio consistía en dar más transparencia y por tanto publicar periódicamente todos una estadística sobre incendios forestales de la Comunidad Valenciana a través de la página web de la Conselleria de Gobernación y Justicia.

En segundo lugar, señoras y señores diputados, la coordinación entre las diferentes comunidades autónomas y el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente en materia de incendios forestales ya se ha manifestado en reiteradas ocasiones en esta comisión, y ya hemos visto que existe una coordinación y que, gracias muchas veces a la Unidad Militar de Emergencias, pese a que los grupos de la izquierda vemos que en reiteradas ocasiones la critican, se han llevado a cabo unas actuaciones muy eficaces a la hora de luchar contra los incendios.

En cualquier caso, la Generalitat valenciana en el ámbito de sus competencias hemos visto justamente en esta campaña de 2014 que afronta medidas especiales para afrontar una campaña en este caso, por ejemplo, de 2014, especial, por una condiciones meteorológicas que ya nos explicó aquí el conseller de Gobernación y Justicia.
Y por eso se llevaron a cabo una serie de medidas para aumentar los recursos de prevención y extinción en el anticipo de inicio de la propia campaña, o la introducción de más medidas de prevención y de vigilancia, entre otras.

Además, se han destinado dos millones de euros más a la campaña de prevención y extinción de incendios.
También se han destinado más de cuatro millones de euros al programa de empleo destinado a fomentar la contratación por parte de entidades locales de personas desempleadas, haciendo especial hincapié, señoras y señores diputados, entre los colectivos más desfavorecidos, para trabajar en tareas como la prevención de incendios forestales.
Además de todo ello, me gustaría hacer especial hincapié en algunas de las medidas que se han venido realizando de prevención, pero sobre todo también en el gran esfuerzo presupuestario que realiza anualmente la Generalitat valenciana en su campaña de prevención y extinción de incendios.
Por ejemplo, la de 2014 este año ha sido dotada con 96 millones de euros y, como ya anteriormente he dicho, dos millones de euros más que el año pasado.

Por lo tanto, es muy fácil y muy recurrente la demagogia de decir que aquí ha habido recortes, cuando año tras año se van aumentando los recursos destinados a la prevención y la extinción de incendios.
Fíjese, si nos remontamos al año 1994, cuando gobernaba el Partido Socialista, miren si hemos multiplicado año tras año el presupuesto destinado a esto.

Diez nuevas brigadas de refuerzo y cinco autobombas, lo que permite disponer en la actualidad de 53 brigadas para el período de máximo riesgo.
Aumento también de más medios aéreos, alcanzando 25 medios aéreos, etcétera, etcétera.

Señoras y señores diputados, yo no me quiero reiterar porque ya lo explicó aquí el conseller hace quince días, hace tan solo quince días.
Y yo vuelvo a decirles, señoras y señores diputados, que este partido, el Partido Popular, está abierto siempre a los acuerdos, al consenso, a llevar a cabo propuestas para mejorar, como no puede ser de otra manera, la prevención y la extinción de incendios y cualquier otra cuestión que se plantee en esta cámara.
Pero, por favor, sean ustedes más novedosos.
No repitan siempre la frase de todos los días, y más cuando saben ustedes, señoras y señores diputados, que se han llevado a cabo todas las medidas y se han llevado a cabo muchísimos esfuerzos para que los incendios, esa lacra social que sufren nuestros montes, sea lo menos perjudicial posible para nuestro patrimonio arbóreo.

Nada más y muchas gracias.

El senyor president:

Moltes gràcies, senyora Marcos.

A continuació, el senyor Guillén té la paraula.

El senyor Guillén Galindo:

Sí, muchas gracias, señor presidente.

Bien, agradecemos el apoyo, he entendido, de los dos grupos de la oposición y lamentamos una vez más la falta de apoyo del grupo que sustenta al partido en el gobierno.
Quiero decirles al Grupo de Compromís y a Izquierda Unida que en cierto modo entendemos quizás las dudas que han tenido a la vista de la proposición no de ley.
Quiero aclararles que partimos de ser muy respetuosos con la cuestión competencial, y entonces en los términos en que está redactado, en cuanto al primer punto, habla de un estudio estadístico, que no empece que se pudiese realizar, porque entendemos que incluso tiene más medios técnicos por parte del estado.

Y en el segundo punto, que es donde se recoge luego el gran número -si no gran parte de las competencias- que son de la comunidad autónoma, lo que estamos solicitando es un plan extraordinario de recursos adicionales.
Es decir, lo que estábamos pidiendo, no sé si a lo mejor con la mejor redacción debida, es que por parte del estado y habida cuenta de las circunstancias -entendemos que sí, que extraordinarias, y ahora les diré por qué-, que lo que se hiciera es dotar con unos fondos unos recursos económicos de manera extraordinaria a la Comunidad Valenciana para que fuese la Comunidad Valenciana quien, administrando esos superiores fondos que le suministrara el estado, administrarlos y dedicarlos a estos menesteres.

Uno de los casos más claros es el tema de las dotaciones para los fondos de empleo.
Si hubiese habido los necesarios fondos de empleo que serían deseables, se hubiese podido retomar esos programas de empleo que existían del Emcorp, del Ezoint, con el PAMER, con todas las limitaciones y posiblemente mejorándolos.
Pero claro, si los fondos de empleo que proporciona el estado no vienen a la comunidad, la comunidad no puede hacer esos programas.

De hecho, y es por eso que este año hemos tenido -antes he hecho referencia a él, ¿no?
- esa especie de sucedáneo, quizás un poco para taparnos la boca a la oposición, pero seguramente más a los alcaldes, que yo creo que incluso su puesta en marcha les va a crear a los alcaldes más problemas que beneficio, que ese plan de empleo forestal, con solo cuatro millones para toda la comunidad, con unas ridículas condiciones de contratación.
Solo mil trabajadores, además, para toda la comunidad, empezarán a trabajar muy tarde, y con ese ir y venir de términos municipales que se incluyen o no se incluyen.

Y luego está el tema de la limpieza de cauces y barrancos, que es una competencia de la confederación hidrográfica, y que si tuvieran más recursos, posiblemente podrían atender ese tipo de trabajos.
Y ello básicamente es lo que pretendíamos: mayores recursos económicos por parte del estado para que luego la comunidad, en el ejercicio de las competencias que le son propias, los pueda utilizar, destinar a lo que están previsto y hacerlo de manera eficaz en materia de prevención de incendios.

Cuando he hecho referencia a lo de la sequía extraordinaria -bueno, aquí tengo los estudios y la evolución que ha existido-, estamos hablando de una situación que, siendo posiblemente previsible por parte de los técnicos, no se daba en los últimos sesenta y cinco años.
Entonces, yo lo he utilizado como argumento que refrendara esa -digamos- dotación extraordinaria de recursos, habida cuenta también de esta situación extraordinaria.

El señor Ponce ha empezado hablando de la infrafinanciación, y venía perfectamente a cuento de lo que estábamos hablando.

La señora Marcos ha empezado hablando de que solo nos acordamos de santa Bárbara cuando truena, pero yo le tengo que decir que en estos momentos está tronando mucho, y en Madrid, pero tampoco se acuerdan del presidente, que ahora es el que lleva barba.
Y digo por qué eso: pues porque mientras gobernaba el presidente Zapatero, era el responsable de todos los males de este país, incluso allende de los mares, y ahora que llevamos unos años que gobierna el señor Rajoy, pues parece que tengan una pérdida de memoria política reciente, porque ha pasado a no ser el responsable de absolutamente nada.
No les pedimos que lo sea en la misma medida que ustedes le atribuyen antes al presidente Zapatero, pero alguna responsabilidad tendrá el presidente Rajoy.
Y evidentemente -no voy a incidir ahora en el tema- no es suficiente con que pida perdón en el parlamento de sus despropósitos.

El tema de la Unidad Militar de Emergencias a que ha aludido la señora Marcos, nosotros no cuestionamos.
Porque ha hecho referencia a que toda la oposición como que nos manifestábamos en contra.
La oposición, el término ha sido «la oposición», pero bueno.
Para matizar y para aclarar, evidentemente, el Grupo Socialista no está en contra de la existencia de la UME ni en contra de sus actuaciones, sino todo lo contrario, y por el sentido de mi intervención iba en el de intentar mejorar las actuaciones.

Y, sobre todo, no sé si en grado de eficacia y de eficiencia, que posiblemente lo tenga, pero sí que el otro día se puso de manifiesto -y yo lo he podido incluso observar en otros incendios en que he estado y asistido- que falta la prontitud de la respuesta, de llegar al lugar y de comenzar a hacer las tareas que le son propias.
Y ahí sí que lo tenemos que mejorar.
No sé si es un problema de protocolo, porque el otro día aquí se hablaba de ello, de que habría que mejorarlo, o de un más estricto cumplimiento de ese protocolo.
Porque evidentemente, que llegue un oficial de enlace pasado tres o cuatro horas, pero luego venga la tropa restante, y utilizo un término castrense, vaya al solar después, pues no soluciona nada la presencia de enlace.
Pero, bueno, lo decía yo, hacía referencia a ello en aras a una mejora.

Nada más y muchas gracias.

El senyor president:

Muchas gracias, señor Guillén.

Per a finalitzar el debat, té la paraula la senyora Marcos.

La senyora Marcos Puig:

Gracias, señor presidente.

Evidentemente, no me refería al Grupo Parlamentario Socialista cuando he hecho alusión al tema de la UME, me refería a otro grupo parlamentario que en su exposición sí que ha hecho mención a la Unidad Militar de Emergencias, ¿no?
, como que no hace falta una unidad militar de emergencias y que aquí lo podríamos hacer todo, no me refería al Grupo Parlamentario Socialista.

Sí que me refiero al Grupo Parlamentario Socialista cuando hablo de una desmemoria, cuando hablo de una amnesia selectiva y cuando hablo de poca originalidad a la hora de presentar propuestas en estas Cortes, señoras y señores diputados, sí que me refiero al Grupo Parlamentario Socialista porque, mire, hay que recordar que en los últimos años los peores incendios se produjeron en el año 2010, año en el que el señor de la barba -como le ha calificado el señor diputado del Grupo Parlamentario Socialista- no gobernaba, gobernaba el señor Zapatero, y yo quiero agradecer al gobierno del señor Zapatero en aquel entonces la gran coordinación que tuvo con el gobierno de la Generalitat valenciana porque, desde luego, en las emergencias no tiene que haber color político, señoras y señores diputados, y ante todo lo que tiene que primar es la coordinación.

Y esa es una máxima en el Grupo Parlamentario Popular de estas Cortes, lamento que no sea una máxima para el Grupo Parlamentario Socialista de estas Cortes y que sí que fuera una máxima, afortunadamente, para el Partido Socialista en el año 2010 con los grandes incendios padecidos en esta comunidad.

Señoras y señores diputados, habla usted del Plan de empleo forestal y lo ha criticado aquí.
Pues me gustaría que fuera usted a todos los ayuntamientos donde gobierna el Partido Socialista a criticar el Plan de empleo forestal, me gustaría que fuera usted y lo dijera con la misma contundencia y la misma rotundidad como ha hecho las afirmaciones en esta Cortes.

Mire, señor diputado, nosotros desde la Generalitat valenciana, desde luego, no escondemos la cabeza ni dejamos de atender nuestras responsabilidades, y nuestra responsabilidad en esta comunidad es la prevención y la extinción de incendios, y por eso usted, ahora, hace una propuesta que insta al Consell a dirigirse al Gobierno de España.

Mire, nosotros reivindicamos al Gobierno de España ahora cuando gobernamos y cuando gobernábamos antes, a mí me hubiera gustado que usted en el año 2010, en septiembre del año 2010 hubiera reivindicado al Gobierno de España, también, lo mismo que reivindica aquí, pero, bueno, desde luego, queda de manifiesto que ustedes tienen un problema de amnesia selectiva -como decía al principio de mi intervención- y ahora son los más reivindicativos ustedes con Madrid y entonces callaban y no decían absolutamente nada.

Mire, decía que nosotros no eludíamos nuestra responsabilidad y por eso somos la segunda comunidad autónoma con mayor inversión por hectárea en terreno forestal, 69,16 euros por hectárea de presupuesto, señoras y señores diputados, nosotros no eludimos nuestra responsabilidad y por eso empleamos, año tras año, más recursos y más presupuesto a la prevención y a la extinción de incendios, este año dos millones de euros más.

Me hubiera gustado que el Grupo Parlamentario Socialista que hoy presenta esta PNL aquí hubiera apoyado ese presupuesto; ese presupuesto que incrementa en prevención y extinción de incendios, pero lejos de ello lo enmendaron para recortar los recursos destinados a la prevención y a la extinción de incendios.

Señoras y señores diputados, lamentablemente son unas PNL cargadas de muy buenas intenciones para eludir responsabilidades propias como hace siempre el Partido Socialista.

Mire, es totalmente incierto y está fuera de la realidad decir y afirmar, con esa ligereza que ustedes afirman que la Comunidad Valenciana carece de medios suficientes contra incendios -lo explicó el conseller Santamaría hace quince días-: se han adoptado medidas excepcionales para un año excepcional, por ejemplo éste, el año 2014; nos adelantamos siempre; apagamos los incendios en invierno, ¡claro que sí!
, señoras y señores diputados, como no puede ser de otra manera en un gobierno responsable y un gobierno que previene la situación; haciendo la campaña especial de Semana Santa -como hicimos- y poniendo en marcha un dispositivo especial en los días 17 y 28 de abril; hemos reforzado la vigilancia preventiva con el helicóptero de La Generalitat, 120 efectivos de la policía, treinta y cinco más que el año pasado; se incrementaron las horas de vigilancia de las brigadas helitransportadas y de las brigadas de la Generalitat valenciana tanto de día como de noche, señoras y señores diputados; y se ampliaron un 5% los turnos de personal, pero todo eso ustedes lo eluden porque les da absolutamente lo mismo; hemos reforzado el dispositivo de prevención con la incorporación de diez brigadas de emergencia más que, por cierto, me alegra que algún grupo parlamentario sí que lo haya reconocido; adelantamos al mes de mayo la incorporación de tres helicópteros y dos aviones, por lo tanto más medios aéreos también, señoras y señores diputados, 11.
200 efectivos que desgranó uno por uno dónde pertenecían el conseller hace quince días porque este Consell, como no puede ser de otra manera, es transparente y da las explicaciones que tiene que dar, cuando las tiene que dar y donde las tiene que dar, que es aquí, en la cámara autonómica.

Señoras y señores diputados, puedo hablar también de los vuelos de vigilancia del Jaume I, del control de las quemas, de la importante inversión en infraestructuras que nos han hecho que tengamos más de 1.
000 kilómetros en áreas cortafuegos y casi 8.
000 kilómetros en vía forestal principal, pero sería reiterar y repetir lo que se ha dicho en estas Cortes cada día que viene aquí el conseller y cada día que nosotros debatimos en estas Cortes sobre prevención y extinción de incendios.

Termino mi intervención diciéndoles, señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista y del resto de los grupos, que cuando ustedes presenten novedades que sean buenas para la prevención y la extinción de incendios aquí está el Grupo Parlamentario Popular para aprobarlas, pero mientras hagan ustedes un ejercicio de memoria y dejen ustedes de tener esa amnesia selectiva porque, desde luego, no les falla a ustedes la memoria cuando tienen que criticar a esta gobierno.

Nada más y muchas gracias.

El senyor president:

Moltes gràcies, senyora Marcos.

Senyories, finalitzat el debat, anem a procedir a la votació de la PNL sobre l'aprovació d'un pla extraordinari de prevenció d'incendis que presentava el Grup Parlamentari Socialista.
¿Vots a favor de la PNL?
7.
¿Vots en contra?
8.
Per 8 vots en contra i 7 a favor queda rebutjada la PNL.

Senyories, finalitzats els punts a tractar en la comissió, s'alça la sessió.

(S'alça la reunió a les 12 hores i 28 minuts)