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Comissió de Governació i Administració Local realitzada el dia 23 de març de 2010.
Comença la reunió a les 16 hores i 37 minuts.
Presideix la diputada senyora Alicia de Miguel García.
Reunió número 20.

Compareixença de la consellera de Justícia i Administracions Públiques, senyora Paula Sánchez de León Guardiola, per a explicar i informar sobre el Pla de modernització de la justícia a la Comunitat Valenciana, sol·licitada pel Grup Parlamentari Socialista (RE número 49.
766)

La senyora presidenta:

(Inoïble) .
.
.
por favor, señor secretario sustituto.

(El secretari passa llista per tal de comprovar si hi ha quòrum)

Muchísimas gracias, señor secretario.

Ahora, sí, pasaremos al primer punto: lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.
Si hay alguien que tenga algo que decir sobre el acta y, si no,
pues, la damos por aprobada.

Antes de continuar con el orden del día de la Comisión de Gobernación, decirles que hay una solicitud de aplazamiento de uno de los puntos,
concretamente del punto cuatro.
Solicitan a la presidencia de la mesa de la
Comisión de Gobernación y Administración Local el aplazamiento del punto cuatro sobre la toma en consideración de la Proposición no de ley sobre la desjudicialización de determinadas faltas, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Por lo
tanto, se aplaza este punto.

La senyora presidenta:

Ahora, sí, pasamos ya al segundo punto del orden del día.
Comparece la consellera de Justicia y Administraciones Públicas para explicarnos e informarnos sobre el Pla de modernització de la justícia a la Comunitat Valenciana, sol·licitada pel Grup Parlamentari Socialista.

Consellera, muchísimas gracias por estar hoy aquí.
Muchas gracias y adelante.

La senyora consellera de Justícia i Administracions Públiques:

Muchísimas gracias, presidenta.

Señorías.

Cuando en el año 2008 presentamos el Plan de modernización de la administración de justicia en la Comunidad Valenciana nos comprometimos a dinamizar, agilizar
y acercar la justicia a los ciudadanos.
Y, para ello, diseñamos un conjunto de herramientas y de procesos que afectaban a la renovación de infraestructuras y equipos, al desarrollo de aplicaciones informáticas propias, a la mejora de la gestión procesal y a la prestación de nuevos servicios al ciudadano.
Ya en su presentación avanzamos que se trataba de un proyecto progresivo, con un horizonte temporal
de cuatro años.

Nuestro planteamiento era -y sigue siendo- establecer una modernización de la justicia de forma continuada en el tiempo.
No se trataba de una simple
renovación de equipos informáticos, sino de algo más complejo; de una nueva concepción de la justicia más avanzada, dinámica y que apuesta por el futuro.
Y coincidirán conmigo que el futuro en la administración de justicia es el expediente electrónico.
Para ello, vamos a potenciar la implantación de las tecnologías de la información y de la comunicación en las oficinas judiciales hasta conseguir que los ciudadanos puedan cursar
todas sus peticiones en formato electrónico.
En definitiva, un nuevo modelo de justicia en red con menos papel, más rápido e interactivo.
Es un nuevo concepto de administración de justicia, más moderna, más ágil y más cercana a los ciudadanos.

Pues, bien, transcurridos dos años desde la presentación de este plan, creo que hoy estamos en condiciones de decir que los objetivos
que nos marcamos en su momento han sido sobradamente cumplidos.

Como les decía al inicio de mi intervención, hemos diseñado un conjunto de herramientas y procesos que afectan, en primer lugar, a la
renovación de infraestructuras y equipos.
Un proyecto de la dimensión que plantea el Moderniza.
just requiere sentar las bases de una infraestructura
informática y de telecomunicaciones sólidas sobre la que apoyar el resto de actuaciones.
En esta línea de trabajo se ha llevado a cabo una remodelación completa de las líneas de comunicaciones que engloban las sedes de la administración de justicia, dotándolas del ancho de banda suficiente para la tramitación telemática de los datos que deben confluir por esta red.
También, se ha abordado la renovación completa del cableado y electrónica de comunicaciones de todas las sedes judiciales.

Dada la criticidad de los datos gestionados en la administración de justicia, se ha elaborado un modelo de arquitectura de servidores en los
centros de proceso de datos de las ciudades de justicia de Valencia y de
Castellón.
También, se ha procedido ya a la renovación de un parque informático, en torno a 3.
000 ordenadores personales, estando prevista para este mismo
año la renovación de 1.
200 ordenadores adicionales.
Además, obviamente, de todo el equipamiento nuevo que se ha instalado en los
juzgados, que será inaugurado en estos últimos años.

Se han solicitado, además, 4.
728 tarjetas de autoridad de certificación para el uso de la firma electrónica, lo que supone que todos los funcionarios de la administración de justicia de la comunidad disponen ya de un certificado de firma digital.
Se
ha asignado en más de 6.
000 cuentas de correo electrónico.
Se han repartido casi 1.
300 ordenadores portátiles con las mayores garantías de seguridad, de forma que la información confidencial que contengan está correctamente protegida en caso de pérdida o sustracción del equipo.
Y, también, se ha realizado un esfuerzo en la renovación de los sistemas de impresión de las oficinas judiciales dentro del proyecto denominado Papiro, con la
instalación de 1.
050 dispositivos entre equipos multifunción e impresoras departamentales.

Respecto al desarrollo de aplicaciones informáticas -el segundo gran punto en el que hemos basado nuestro plan-, estamos desarrollando una serie de aplicaciones informáticas judiciales que, en breve, permitirán lograr el total acceso telemático a los procesos.
Así, por ejemplo, la aplicación informática específica para el servicio común de actos de comunicación de las grandes ciudades y, en particular, de Valencia, permitirá el cálculo de rutas para mejorar la distribución del trabajo entre el personal y distribuirlo de una forma más racional adaptada a las necesidades del servicio.

La aplicación de la gestión procesal Cicerone está continuamente adaptándose a las nuevas necesidades que demandan las reformas de las leyes procesales
y del Consejo General del Poder Judicial.
Actualmente, está completamente implantada en todos los órganos judiciales a los que se ha dotado de capacidad necesaria para realizar el
seguimiento automático de asuntos, y, también, va a permitir el registro de entrada automático, lo que evitará reiteraciones de trabajo.

Por su parte, la aplicación informática Melva va a ser la encargada de cubrir las necesidades de gestión de los institutos de medicina legal, tanto en el ámbito clínico como en el forense y en los laboratorios, facilitando la coordinación de las agendas de los forenses para citar a los ciudadanos a la vez para diferentes pruebas.

Asimismo, la aplicación informática E-procesos permitirá a los ciudadanos presentar, a través del portal GVA, peticiones iniciales de procesos monitorios y de demandas de
juicios verbales, de modo que los particulares podrán presentar la demanda o petición inicial y adjuntar documentos a través de la firma electrónica.
Esta iniciativa va acompañada de otras actuaciones, como en el caso de las peticiones de adopción, cuando corresponda su conocimiento a la administración de justicia y no requieran informe previo de las propuestas de la entidad
protectora de menores.

Señorías, todos estos sistemas representan el inicio del expediente electrónico en el que las oficinas judiciales de la comunidad recibirán las peticiones en formato electrónico.

Y como la modernización -decía- no es un fin en si mismo, sino un proceso de mejora constante, en el último trimestre del año 2009 se ha instalado en toda la comunidad la versión 4.
03 de la aplicación Fortuny, autorizada por la Fiscalía General del Estado para la gestión de las fiscalías.
Esta aplicación es la que permite que los datos estadísticos y de productividad resulten homogéneos en todo el territorio español.
Para que sus usuarios puedan familiarizarse con esta nueva versión, La Generalitat ha realizado acciones formativas destinadas a los fiscales y a
los funcionarios de las fiscalías.

En el primer semestre del año 2009 quedó, además, concluida la implantación de la aplicación Lexnet en la jurisdicción mercantil y de primera instancia de la comunidad.
Para los que no lo conozcan,
decirles que Lexnet es una aplicación que funciona de modo similar al correo electrónico y supone una alternativa muy ventajosa al transporte manual tradicional.
Este sistema permite la tramitación telemática de notificaciones a abogados, procuradores y graduados sociales, y, también, a otras administraciones e instituciones como la Agencia Tributaria y
registros de la propiedad.
En el pasado mes de febrero terminó su instalación en las tres audiencias provinciales y en los jugados de lo Penal de Alicante y
Valencia, así como en los de Benidorm, Elche y Torrevieja.
Es tal la importancia de esta
aplicación que en un año se ha pasado de poco más de 172.
000 notificaciones digitales a más de 900.
000 en el año 2009, lo que ha supuesto un incremento de un 423%.

También, durante el año pasado dimos los primeros pasos para la instalación de un nuevo sistema de videoconferencias conocido como Arconte, un sistema que
consiste en integrar las videoconferencias en el sistema de grabación de las salas de vista.
De esta forma, cuando se graba el juicio se puede también grabar la videoconferencia, una medida con el anterior sistema no se podía hacer.
Este sistema -al que me refería- ya se ha implantado de forma experimental en las salas de vistas de Nules,
Ontinyent y la audiencia de Alicante y Alzira, y está prevista su extensión a las 65 salas adicionales en los próximos meses.
Además, prácticamente la totalidad de las salas de vistas de la Comunidad Valenciana
cuentan ya con sistema de grabación.

En definitiva, lo que quiero transmitirles es que con estos datos en la
Comunidad Valenciana ya estamos preparados para grabar los juicios antes del
que el próximo 4 de mayo comience a funcionar la nueva oficina judicial, que obliga, de
acuerdo con la Ley 3/2009, a grabar los juicios en todas las jurisdicciones.

Por su parte, también los fiscales y médicos forenses han comenzado a disponer de sistemas de videoconferencias
individualizados de manera que pueden asistir a las vistas judiciales de manera
no presencial.
Así, los fiscales jefes de las tres provincias, los de Vinaroz, Alzira y Elche, y
los directores de los institutos de medicina legal de Alicante, Castellón y el forense de Xàtiva participan ya de esta iniciativa.
A lo largo de este año se van a implantar cien sistemas de videoconferencias en los portátiles de los forenses y de los fiscales.

Señorías, durante estos dos años hemos trabajado intensamente para ofrecer a los ciudadanos una justicia más ágil, más accesible y de más calidad.
Por ello, hemos diseñado nuevas actuaciones para prestar más y mejores servicios.
Me refiero a actuaciones como el Plan de choque para
reducir las colas en los registros civiles.
Pese a que se trata de un ámbito competencial del Ministerio de Justicia, hemos habilitado un sistema de
cita previa y se posibilitó que los certificados de nacimiento, matrimonio o defunción se soliciten a través de un portal específico.

Es evidente que todas estas actuaciones están suponiendo un esfuerzo inversor muy importante para La Generalitat, un
esfuerzo inversor que estamos asumiendo la Generalitat Valenciana en solitario
y que pagamos entre todos.
En los dos primeros años de ejecución del plan hemos invertido ya más de 23 millones de euros, y lo hemos hecho en solitario desde el Consell.

Pues bien, señorías, en modernización de la justicia el ministerio solo contempla actuaciones para comunidades autónomas sin competencias transferidas, olvidando, por ejemplo, la necesaria
interconexión entre los juzgados de todo el territorio nacional, olvidando los 200 millones
de euros anuales que el pasado mes de diciembre el ministro se comprometió a invertir en la modernización de la justicia, olvidando el mandato de las Cortes Generales de incrementar en
200 millones de euros adicionales el presupuesto destinada a la oficina
judicial y a la modernización de la justicia.

Miren, señorías, si el presupuesto total del ministerio para el año 2010 se ha incrementado tan solo en 160 millones de euros, no es nada extraña que se olviden del capítulo destinado a la modernización de la justicia.

En cualquier caso, puedo garantizar hoy aquí que el gobierno valenciano va a continuar trabajando en la mejora de la
administración de justicia en nuestra comunidad.
Nuestras prioridades son aumentar las
dotaciones de personal y de medios, poner en marcha la oficina judicial y
acabar con algunas carencias que todavía lastran el funcionamiento de la justicia.
Queremos acercar todavía más la administración de la justicia al ciudadano.
Queremos liderar la implantación de una justicia interactiva, rápida y eficaz, reflejo de una sociedad más moderna y avanzada en la que vivimos.
Y, para conseguirlo, vamos a culminar la
implantación de este plan de modernización con la máxima eficacia.

Muchas gracias, señorías.

La senyora presidenta:

Muchísimas gracias, honorable consellera.

A continuación, tiene la palabra, por diez minutos, aquel grupo que ha solicitado la
proposición no de ley que, en este caso, es el Grupo Socialista.

Señora diputada, adelante.

La senyora Huesca Rodríguez:

Gracias, señora presidenta.

El estado tiene competencia exclusiva en materia de administración de justicia conforme establece la Constitución española.
El Estatuto de autonomía de la Comunidad Valenciana establece que corresponde a La Generalitat ejercer
en la Comunidad Valenciana todas las facultades que la Ley orgánica del poder judicial reconozca o atribuya al gobierno del estado, y por real
decreto de 1995 se aprobó el traspaso de funciones de la administración del estado a la Comunidad Valenciana en materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la administración de justicia.

Sentadas estas bases, y dejándoles bien claro espero que, de una vez por todas, que salvo el nombramiento de
jueces, fiscales y secretarios judiciales, ustedes, el gobierno valenciano,
tienen las competencias exclusivas y la responsabilidad en materia de justicia
en lo referido a la provisión de medios, materiales y personales.

Por tanto, sabrán que el 95% del trabajo judicial se sigue haciendo actualmente en papel.
Todo
ello a pesar de que, como usted ha dicho, el próximo 4 de mayo entra en vigor la reforma que pretende modernizar la justicia y
reemplazar los folios por documentos informáticos, la nueva oficina judicial.

Por cierto, señora consellera, hablando del día 4 de mayo, ¿es usted consciente de que el Ministerio de Justicia y las demás comunidades autónomas con competencias están dando formación a todos los funcionarios de sus respectivos ámbitos, para que dicho día puedan aplicar eficazmente las reformas operadas en cerca de más de veinte leyes procesales y que en nuestra comunidad no se ha previsto nada
al respecto?
¿No se merecen los valencianos que sus funcionarios de justicia sepan aplicar
correctamente las leyes en vigor?
¿Qué información van a recibir nuestros ciudadanos el día 4 de mayo cuando se acerquen a un juzgado, si los que la tienen que facilitar
no han sido mínimamente formados por su departamento?

Pero es que, señora consellera, además, los obsoletos y antiguos servidores que ustedes tienen, que usted dice que
han reformado y han puesto nuevos, son antiguos y obsoletos, como le digo.
.
.
, que ustedes tienen, e impiden la modernización, todo ello por su incompetencia y su bancarrota.
No han invertido en servicios
públicos porque no creen ello, por su mala gestión y derroche, porque todo el dinero de la Comunidad Valenciana ha ido a parar a
grandes faustos y a manos ajenas que están o estarán en la cárcel y porque todo vale con tal de ir en contra del gobierno central, aunque las
consecuencias sean nefastas para los ciudadanos valencianos.
Y las reacciones
son diversas, existe inquietud entre jueces y secretarios judiciales, porque
los sistemas informáticos que usted dice no están preparados para aplicar la reforma, ni se conocen los planes de su
conselleria para modernizar la red.

Por favor, señora consellera, si tienen problemas para poder instalar unas simples estanterías, ¿cómo no van a tener problemas para que amplíen los servidores?
Y mire que les interesa que se sustituya el folio por los
documentos informáticos, porque no pagan a los proveedores para que les sirvan unos simples folios
oficiales para que puedan trabajar.

¿Usted se ha pasado por algún juzgado de la comunidad últimamente, de los que ya llevan funcionando tiempo, no los que inaugura?
No, señora consellera, no creo que se haya pasado para ver las condiciones en las que trabajan.
Porque si fuera así, se habría dado cuenta que tienen problemas de espacio, que diariamente se ven
desbordados por montañas de papeles, que tienen problemas de aplicación de nuevas tecnologías en sus métodos de trabajo, debido a su falta de inversión.

Aquí apareció un hombre de grandes bigotes de la mano del señor Camps, y dijo: «Me lo llevo.
» Y trincó.
¡Vaya si trincó, señora consellera!
¡Qué vergüenza!

Y dígame, señora consellera, de qué sirve que implanten, de manera experimental, un sistema informático para que los procuradores puedan recibir las notificaciones de los juzgados
a través de Internet, si los servidores se bloquean ante el gran volumen de información que se maneja.

Este sistema, el Lexnet, que usted ha mencionado, lo ha desarrollado el
Ministerio de Justicia y cedido gratuitamente a las comunidades autónomas, incluida la valenciana, como el resto de programas que usted ha
mencionado.
Son todos formados por el Ministerio de Justicia y cedidos
gratuitamente a las comunidades autónomas.
Y que lo único que usted tenía que haber.
.
.
, que aportar la comunidad es lo que precisamente está dando problemas, como es el caso de los servidores.

Hay juzgados que tienen implantado este sistema desde hace dos meses, y que más de la mitad de sus funcionarios no pueden usarlo porque La Generalitat todavía no les ha proveído de la tarjeta criptográfica con firma digital que se requiere.

Señora consellera, y ¿cómo explica que la misma resolución dictada por un juez se notifique a través de Internet al procurador y a la fiscalía, en papel?
No es de extrañar que, por ejemplo, la Fiscalía de Alicante, en la audiencia, una sala totalmente atestada de expedientes con
documentos que se usan frecuentemente, y estén buscando otro sitio para almacenarlos.

Lo que, señora consellera, ¿para cuándo la ciudad de la justicia de Alicante, que se lleva prometida desde el 2003?
Aunque ya tendremos ocasión de hablar de este tema, ya que los responsables del proyecto, tanto
Ayuntamiento de Alicante como conselleria, no se ponen de acuerdo.
No sé lo que les pasará con los de Alicante.

Pero usted sabe que yo no hablo si no es con razones, aunque usted intente
siempre quitarle importancia y echar balones fuera, o mejor dicho, despejándolos hacia la portería del gobierno.
Le voy a dar una serie de datos, que es en lo que me baso para
decir que son unos irresponsables.

Presupuestos: no se impulsa la información ni comunicación con la rebaja que ha habido; tampoco invierten en sistemas informáticos, ya que en los presupuestos de La Generalitat del 2010 hay una disminución de más del 13% en modernización.
Señora consellera, cómo no se van a colgar los sistemas informáticos, o el Infocentro, que no lo hacen porque no pagan.

Cuando usted anunció el nuevo plan de modernización de la justicia valenciana, usted ya sabía que el gobierno central, impulsado por el Ministerio de Justicia, había aprobado el Plan estratégico de modernización para la justicia para los años 2010-2012.
Lo sabía porque este plan se hizo con acuerdo y consenso de todos, es decir, contó con el apoyo del Pleno del Congreso de los Diputados, el pasado 2 de abril de
2009, además del Consejo General del Poder Judicial, de la fiscalía del estado y de todas y cada una de las comunidades autónomas.

Señora consellera, le faltó tiempo para anunciar su plan de modernización, ése que se sacó de la manga.
Sabía que, además, el plan del ministerio agrupa con carácter sistemático y de manera detallada el conjunto de reformas normativas, cambios
organizativos y mejoras tecnológicas que se desarrollarán durante los tres años del plan, con el objetivo de alcanzar un sistema de justicia que cumpla sus
funciones y que sea equiparable en su rendimiento al de los servicios públicos más avanzados.
Y sabía, además, que este plan del ministerio venía con una dotación presupuestaria muy importante, adicionalmente se van a invertir con el plan
estratégico más de 600 millones de euros.
Además, ya le dije que la Comunidad Valenciana recibirá, en 2010, 130 millones de euros de los fondos de compensación interterritorial, más de 2 millones para la ciudad de la justicia de Castellón y para la de Valencia, casi trece millones de euros.

Usted se queja continuamente que la comunidad contribuye con el 85% del gasto
de cada juzgado que se crea a soportar los gastos de funcionamiento y las
retribuciones de los funcionarios, frente al 15% que supone las retribuciones
de los jueces y secretarios judiciales.
Entonces, señora consellera, explíquenos cómo piensa pagar los juzgados que se creen este año si ha disminuido su presupuesto.

Ustedes, en nuestra comunidad, en los presupuestos del 2010 en justicia,
disminuyen más de un 5%, y el gobierno de Rodríguez Zapatero aumenta casi un 10%, que sumado a los 600 millones que he
mencionado antes, supone casi el 14% de incremento.
Y estos son los datos, y
por más que usted quiera manipularlos, no puede, porque es la pura realidad, quien
margina a la Comunidad Valenciana es su gobierno, el gobierno de Camps y el
partido de Rajoy.

Y para seguir demostrando que ustedes están mintiendo y mintiendo, les voy a decir los datos de planta judicial y de
jueces nombrados para que usted no siga por ese argumento.

Jueces: recordarles también que se han nombrado más jueces, secretarios judiciales y fiscales durante los gobiernos de Rodríguez Zapatero que en la época Aznar, 1.
089 en la legislatura anterior de Rodríguez Zapatero, entre jueces y fiscales, frente a los 521 de la última legislatura del PP.
Pero vamos a desglosarle los datos, y vamos a coger
cuatro comunidades -las que ustedes les gusta comparar-: Cataluña, Andalucía y vamos a incluir Madrid, dos gobernadas por el PSOE y dos, por el Partido
Popular.

Empezamos con las unidades judiciales creadas por el Ministerio de Justicia,
PP, 2001-2004, y PSOE, 2005-2008, y el año 2009.
Andalucía: PP, 51; PSOE, 103; en el 2009, 29.
Cataluña: 42, PP; PSOE, 86, y en el 2009, 23.
Madrid: PP, 30; PSOE, 109; 2009, 27.
Comunidad Valenciana: 34, PP; 71, PSOE, y en el 2009, 23.
Comprobamos que el
aumento de la creación de unidades judiciales por parte del gobierno socialista es más del doble, incluso el triple en el ejemplo de Madrid, comparándolo con el período de Aznar.

No puede decir que Rodríguez Zapatero margina a nuestra comunidad porque dobla en número la creación de unidades judiciales.
Usted sí que marginaba, frente a los 34 de Aznar, 71 de la época socialista.
Y me baso en el incremento de la planta judicial por comunidad
y que en esta última legislatura ha tenido debido a la creación de órganos judiciales, y que les detallo a continuación: Andalucía, un incremento del 14,93%; Cataluña, un 13,94%; Madrid, 21,37%, y la Comunidad Valenciana, un 17,49%.

Podrán comprobar que la Comunidad Valenciana salió bastante bien parada, mejor que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista, porque se ve que en solo cuatro años se incrementó más de un 17%.

Señora consellera, no diga que nuestra justicia no arranca del todo, o no se moderniza por el
gobierno central.
No se le vaya a ocurrir decirlo luego en la réplica, porque le he desmontado todos sus argumentos, los de la financiación o que no reciben suficiente dinero, o el argumento de la falta de nombramiento
de jueces.

Muchas gracias.

La senyora presidenta:

Señora diputada de Esquerra Unida, tiene ahora la palabra, por cinco minutos.

La senyora Sanz Alonso:

Muchas gracias, señora presidenta.

Señora consellera, es la primera vez que tengo la oportunidad de estar en una comisión con usted, pero me ha llamado muchísimo la atención la visión triunfalista con la que usted aborda el cumplimiento de los objetivos de ese
proyecto de modernización de la justicia valenciana.

Realmente la imagen que usted ha dado no es el sentir de los trabajadores de la
justicia del día a día, ni de jueces, ni de procuradores, que hace poco saltaba a los medios de
comunicación su gran preocupación por el avance hacia las fechas en que las diversas leyes orgánicas y procesales tienen que ponerse en marcha, en concreto, la puesta en
marcha de lo que hemos venido antes refiriéndonos, las oficinas judiciales.
Y realmente la Conselleria de Justicia no ha
comunicado sus previsiones en ese sentido.

Hace poco, en algunas reuniones que hubo en algunas provincias así se manifestaba, y saltó a los medios de comunicación, cuando la oficina judicial realmente sienta las bases de una importante
modernización de la justicia, efectivamente, de una justicia más cercana al ciudadano, más rápida, más accesible, etcétera.

Pero aquí no hay todavía reglamentos que hayan desarrollado la aplicación de los diversos extremos de lo que es la puesta en marcha de la oficina
judicial, tampoco se han iniciado las negociaciones de las RPT, la relación de puestos de trabajo con los sindicatos, ni los planes de formación para que los trabajadores y trabajadoras de la justicia asuman sus nuevas
responsabilidades o sus nuevas, digamos, realidades de su entorno de trabajo.

Y la verdad es que contrasta con otras comunidades porque Cataluña, por ejemplo, tiene muy adelantada ya los planes para su nueva oficina
judicial, y aquí realmente solamente conocemos un decreto.
.
.
, habilitando para dictar reglamentos para la creación de servicios comunes, pero no han desarrollado nada estando muy próxima la entrada en vigor de la ley.

Y, realmente, la aplicación de distintos procedimientos de modernización y, efectivamente, de agilización y de sustitución del papel por la red informática estará puesto en marcha en algunos sitios.
Pero cuando uno se va la oficina de Alcoy,
o uno se va a las oficinas de diversas cabezas comarcales, o se va a Liria se
choca con la cruda realidad de que se amontonan expedientes por los pasillos,
tienen que alquilar nuevos locales lejos de los centros judiciales para poder
archivar allí lo que no cabe, hay hacinamiento y, realmente, hay situaciones.
.
.
, realmente de falta de organización y de caos en muchos sitios.

Y, mire, otro de los problemas graves que tiene y que se suma a esta situación es el problema económico, el problema que vimos saltar hace pocas semanas en los medios de
comunicación, una falta de pago a proveedores por servicios, que es imposible.
.
.
, que no hay fondos para poder pagar y poder hacer de la justicia un servicio
digno y un servicio como exige la ciudadanía y como exige nuestra propia ley, y hay facturas que no se pagan en seis meses,
hubo taxis que se dejaron de pagar porque era imposible tener fondos para
pagarlos y una serie de desastres que.
.
.
, a los que se aquejó públicamente a la justicia por el caos interno y la falta de financiación y la falta de fondos para poder abordar problemas mucho más del día a día que los que ahora en estos momentos tenemos, que son mucho más trascendentes.

Por tanto, nosotros, o Esquerra Unida lo que sí valora es que nos estamos quedando rezagados, que podíamos tener la oportunidad de estar a la cabeza en la modernización de la justicia, de acuerdo con las nuevas leyes que se van a poner en marcha,
y nos vamos a quedar precisamente en la cola, porque en estos momentos no hay
orientaciones, los trabajadores de la administración de la justicia, como antes decía, igual que los jueces y los procuradores, en estos momentos están a la espera que la
conselleria dé orientaciones, y la verdad es que, más que modernización de la justicia, estamos ante una inmovilidad política del gobierno valenciano, sumada a la falta de medios materiales y
personales, que hace que nos encontremos ante una real involución de la administración de justicia.

Por tanto, nosotros discrepamos profundamente de esa visión triunfalista del plan de modernización de la justicia valenciana y creemos además que en estos momentos no saben como tirar para adelante con la aplicación de las leyes que tienen que entrar en vigor y la oficina judicial que tiene
que entrar en vigor y que tiene que estar puesta en marcha el 5 de mayo.

Muchas gracias.

La senyora presidenta:

Muchas gracias, señora diputada.

Señor diputado, por el Grupo Compromís, tiene cinco minutos.

Gracias.

El senyor Morera Català:

Moltes gràcies, senyora presidenta.

I moltes gràcies a la consellera per la seua exposició.

Realment mosatros tenim interés per a conéixer els plans del govern valencià, les realitzacions concretes del govern valencià, en una de les qüestions que sembla més necessàries, perquè una justícia ràpida, eficaç, transparent, doncs és una garantia de benestar democràtic.
En eixe sentit mosatros coincidim amb els objectius expressats per la
consellera i considerem que és necessari la modernització de la justícia.

Coincidim en els objectius però, clar, si mirem la realitat i els resultats és quan ens preocupa i ens dóna una sensació d'alarma, d'alarma total.
I considerem que si tot eixe treball que ha anunciat la consellera
que s'està fent, dóna estos resultats la justícia camina cap al col·lapse.
No és una afirmació meua, és una afirmació del senyor Pedro Viguer, que és el jutge degà de València.
La justícia camina cap al col·lapse.

Aleshores, si tot això que han fet vostés, que mos ha determinat ací, dóna estos resultats estem molt malament, la situació és alarmant.
Jo crec que un bon governant el que ha de fer és diagnosticar, precisament, la realitat, fer un bon diagnosi de la situació i a partir d'ahí prendre determinacions, perquè si mos quedem en la situació que tot està molt bé, tot és meravellós, però els resultats són catastròfics, de col·lapse -com diu el senyor Pedro Viguer-, aleshores n'hi ha una situació d'anormalitat total.
I un governant el que no pot fer és enganyar els ciutadans.

Vosté el que ha dit ací és pràcticament el mateix del que va dir el senyor Fernando de Rosa quan era
subsecretari, fins i tot subsecretari de l'administració valenciana.
Va dir el mateix, estava escoltant-la a vosté i dic: «s'hauran preparat el mateix?
», perquè fa tres anys d'això, «justicia interactiva, gestión procesal, Cicerone, plan de modernización, renovación de las infraestructuras y equipamientos»
, és que no pot ser, és que és el mateix, però els resultats són els resultats que n'hi han.

I a banda, era previsible, li ho vaig advertir en els pressupostos successius
de justícia.
És que estem els últims quant a inversió, últim govern autonòmic quant a inversió sobre el PIB en justícia, els últims.
No n'hi han diners per a la justícia i això se nota a l'hora del col·lapse que assenyala el senyor Pedro Viguer, es nota.

I vull preguntar-li perquè per a eixir d'este col·lapse caldran recursos.
Els recursos que vostés dediquen a segons quines coses, doncs, caldria que els destinàrem a la justícia.

Vostés van a fer un pla de xoc en la justícia i contractar 1.
000 professionals ja?
Me va dir que no en els pressupostos,
però és que per a eixir d'això.
.
.
No ho dic jo, ho diu el jutge degà.
És el que estan dient els professionals de la justícia, 1.
000 treballadors ja, per a traure el marasme que tenim.
Una qüestió.

Dos.
Va a posar vosté en marxa la nova oficina judicial?
Perquè portem molt de temps en tot açò.
A mi ja em dóna igual els embolics que tenen vostés amb el govern central.
El govern central ara diu que no tenim competències per a la gestió del litoral, arreglen-s'ho!
És que mos tenen avorrits amb eixe embolic permanent: govern central, govern autònom, si me has dado tanto, me has quitado esto, lo otro.
Anem a tindre oficina judicial?
Perquè és que.
.
.

I, per altra banda, l'oficina judicial -i s'han manifestat professionals, funcionaris de l'administració de justícia, davant les portes del seu departament-, van a comptar vostés amb els professionals, amb els sindicats, per a la definició de l'oficina judicial que tots volem que s'aplique i s'aplique ja?
Perquè és que, si no, caminen cap al col·lapse.
Van a negociar amb els treballadors, organitzats en juntes de personal o
en sindicats?
Van a fer-ho?
Què els puc dir als sindicats de l'administració de justícia?
Perquè no n'hi ha govern en estes entitats.
Tota la culpa «la tiene Zapatero».
Doncs, ni tenim oficina judicial ni tenim negociació interna i caminem cap al col·lapse.

Jo voldria que ens diguera tot això.
Inversió, si van a fer un pla de xoc per a no anar al col·lapse, si van a posar en marxa la nova oficina judicial, si van a negociar amb
els sindicats i les juntes de personals i, en això, de moment, em donaria per satisfet, perquè li done un consell, no continuen amb el discurs triomfalista, no continuen per
ahí perquè la situació és molt seriosa i el que reclama la situació dels nostres governants és responsabilitat, rigor i diagnosi dels problemes reals, no fantasies.

La senyora presidenta:

Muchas gracias, señor diputado.

Tiene la palabra la señora portavoz del Grupo Popular, por cinco minutos.

Muchas gracias.

La senyora Quinzá Alegre:

Muchísimas gracias, señora presidenta.

Señora consellera, buenas tardes y en primer lugar, y en nombre del Grupo Parlamentario Popular,
agradecerle una vez más que esté usted en esta comisión a fin de dar cuenta del tema que nos ocupa.

La verdad es que tengo que reconocer que he picado de ingenua.
Ingenuamente
pensé que por fin el Partido Socialista había abandonado el discurso al que lamentablemente nos tienen acostumbrados últimamente, y que por fin se iban a abordar temas tan importantes como el que
nos ocupa, o por lo menos a nosotros sí que nos parece importante, como el de la modernización de la justicia.
Pero, al parecer, continúan obedeciendo las consignas de partido que para ellos son mucho más importantes y priman más que el interés de los valencianos y, aunque sea forzadamente, introducir un tema como éste, temas como el Bigotes,
trincar y barbaridades como decir: «Trincar igual -me ha parecido escuchar, espero que sea una percepción errónea por mi parte-, trincar igual que el presidente Camps.
» Esas barbaridades no se deben consentir, no se pueden decir sin que pase nada y
mucho menos, señora consellera, en una comisión como la que nos ocupa, en la Comisión de Justicia, y mucho menos, todavía, por una persona que es abogada, que está en el ámbito de la justicia, que me consta, además, que se cree en la justicia, y que acaba de hacer una vulneración total y absoluta, con esas palabras, de la tutela judicial efectiva y de la
presunción de inocencia.

Decirle además, a la señora Huesca, que no es su estilo, que la verdad es que me ha decepcionado porque
no es su estilo.
Como tampoco lo es -y me ha parecido escuchar-, que decía que no se invertía porque el dinero había ido a parar -he tomado nota literal-, «ha ido a parar a manos ajenas que están o irán a la cárcel».
Si eso es así, señora Huesca, y a usted le consta, por responsabilidad debe usted, o retirar esas
palabras, o de aquí irse inmediatamente al juzgado de guardia a poner una denuncia contra quien
considere que ha prevaricado en ese sentido o ha malversado caudales públicos.

Centrado ya en el tema que nos ocupa que para nuestro grupo sí que es muy importante, señora consellera, poco más decir respecto de la modernización de la justicia.
Ha hecho usted un estudio exhaustivo y minucioso, y sí que decir que la justicia es hoy uno de los sectores públicos básicos, esencialmente para el normal funcionamiento de una comunidad, pues aunque
la justicia es uno de los valores superiores del estado, es también un servicio público esencial y exigente porque, de los sectores de la administración, la justicia es, quizás, el que se enfrenta a un mayor número de retos y ahí es donde entra de lleno la aplicación de las tecnologías de la información y comunicación en el mundo de la justicia.
Estas nuevas tecnologías no van a poder resolver todos los retos actuales
(tussen), pero sí una parte de ellos y pueden ser vehículos adecuados para conducir el cambio de la justicia actual en el que está inmersa.

Sin lugar a dudas, estas nuevas tecnologías, estas tecnologías de la información y la comunicación, son las aliadas perfectas para la justicia, en estos momentos, por varias
razones.
En primer lugar, porque es posible conseguir que los órganos judiciales dispongan con agilidad de toda la información necesaria para desarrollar su labor eficazmente y que van a servir también para acortar los tiempos de ejecución, pues permiten mejorar la organización en el trabajo de los órganos judiciales.
La sociedad actual demanda una justicia accesible, próxima y transparente, y estas nuevas tecnologías sí que favorecen esa tutela judicial efectiva, sin indefensión ni dilaciones que la Constitución establece como derecho fundamental de todos.
Hay que tener en cuenta, además, que la mayor parte de las críticas del sistema de justicia se origina, precisamente, por la lentitud en las
respuestas, y estas tecnologías de la información y de la comunicación también amplían el rigor con el que deben realizarse los procesos judiciales.
Gracias a ellas
se va a poder informar, además, a los ciudadanos, de la marcha de sus asuntos, haciendo cada vez más asequible a todo el mundo las actuaciones de los tribunales.
Todo ello supone
avanzar hacia una justicia clara, atenta y adaptada a las necesidades específicas de las personas.

Y, en este sentido, hay que destacar lo que ya usted ha dicho del plan
Moderniza.
just.
En este plan -como usted ya bien ha relatado-, en dos años de aplicación, se ha renovado la plataforma tecnológica de la administración de justicia en la comunidad que había quedado obsoleta en algunas aplicaciones, se ha logrado un doble objetivo, que
es economizar en recursos materiales y el proceso más accesible a los ciudadanos y a los profesionales del derecho.

Destacar, también -como usted ha dicho-, el envío telemático de escritos y notificaciones que permiten la implantación de la plataforma Lexnet.
Destacar, también, que se han pasado de las 172.
126 notificaciones digitales en 2008, a las más de 900.
000 en 2009.
Y eso es así gracias a que en el primer semestre de 2009 ha quedado concluida la implantación de la aplicación Lexnet -como bien usted ha referido- y destacar, también, la renovación completa de los ordenadores personales al servicio de la justicia, como también el proyecto de movilidad que usted ha destacado.

No me queda tiempo, se ha hablado aquí también, señora consellera, de financiación.
Creo que el tema es tan importante que da para abordar en una comparecencia
exclusiva de financiación, porque usted ya nos ha dicho, y tiene mucho que decir, a este respecto.
Así que se le emplaza para hablar de este tema.

Por todo lo demás, felicitar por el inmenso esfuerzo que están realizando desde la conselleria, con los medios además con los que contamos, como siempre solos.
Ya ha dicho usted que se han
abordado incluso temas como los planes de choque.
.
.

La senyora presidenta:

Señora diputada.

La senyora Quinzá Alegre:

.
.
.
-termino, señora presidenta-, como los planes de choque de registro civil que excede de su competencia.
.
.

La senyora presidenta:

Señora diputada.

La senyora Quinzá Alegre:

.
.
.
pero que son necesidades que están ahí.
Felicitarle por el inmenso trabajo que están haciendo y animarla a que continúe en esa línea.

Nada más y muchas gracias.

La senyora presidenta:

Para la réplica tiene la palabra la señora consellera.

Señora consellera, adelante.

La senyora consellera de Justícia i Administracions Públiques:

Muchas gracias, presidenta.

Bueno, antes de proceder a contestar a las intervenciones de los distintos
grupos quería, simplemente, hacer una alusión a las descalificaciones y a las alusiones personales que ha hecho la señora diputada y que comparto íntegramente la intervención que ha hecho la señora Quinzá.
Creo que todos los que estamos aquí, todos los ciudadanos, merecen una disculpa por su parte y, bueno, pues, desde
luego sería bienvenida, por parte de todos nosotros, esa disculpa, si lo tiene a bien.

Creo que no es este el foro que los diputados deben utilizar para insultar y
para descalificar, sobre todo temas que -como bien decía la señora Quinzá- están sub júdice y que, mientras no se diga lo contrario, todos merecemos todo el respeto y
la presunción de inocencia que nuestra ley prevé.

Dicho esto, intentaré ser lo más clara y, a su vez, lo más concisa posible respecto a todas las intervenciones que han hecho.
Coinciden
todos ustedes en decir, o en acusarme, de una visión triunfalista de la justicia.
Yo diría más bien que lo que he observado en ustedes tres -como portavoces de sus grupos- es una visión, de verdad, catastrofista y poco realista de la justicia en la Comunidad
Valenciana.
Comparto con el señor Morera que deberíamos hacer entre todos un intento de mesura y sin catastrofismo y sin
triunfalismo, nosotros, como responsables de gobierno -como decía el señor Morera- tenemos nuestra responsabilidad y ustedes, como responsables de la oposición, que también tienen esa responsabilidad, intentar hacer un diagnóstico sereno, realista y responsable de la situación de la justicia en la Comunidad Valenciana y en España, y en España.
Porque la realidad, señoría, les guste o no les guste, es que el gobierno de la nación tiene mucho que decir y una responsabilidad importante en materia de justicia.

La política judicial depende del gobierno de la nación.
Las comunidades autónomas, efectivamente, tenemos transferidas las competencias en medios
materiales, en medios personales y, no le quepa duda, señoría, no le queda duda, de que vamos a ejercerlas y vamos a seguir trabajando e
invirtiendo como lo hemos hecho hasta ahora con la máxima responsabilidad y el máximo rigor para que todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana puedan
disfrutar de una justicia de calidad a la que no sólo se merecen sino que tienen derecho reconocido legalmente.

Pero dicho esto, y en ese ejercicio de responsabilidad al que hacían ustedes alusión y que yo recojo el testigo, y creo que debemos hacer entre todos, me permitirán que, junto a esa visión catastrofista que han descrito ustedes, intente yo dar unos datos que creo que
sitúan a la justicia en sus justos términos, contraponiéndolos a los que han dado.

Podría empezar a hacer lo mismo que ustedes, a sacar titulares, que los tengo,
titulares positivos de los medios de comunicación en los que se habla de lo que estamos haciendo, de la inversión, de «la justicia abre sus ventanas al mundo», que el sistema de videoconferencias en la provincia de Alicante ha sido
pionero en España, etcétera, etcétera.

Eso es lo que han hecho ustedes.
Sumar todas las noticias negativas, todas
deficiencias, todos los problemas, todas las carencias, ponerlos en un listado
y describirlos.

No voy a caer, no voy a caer yo en eso mismo, porque de verdad creo que es
importante hacer ese ejercicio de responsabilidad al que aludían.
Pero hay datos que es necesario saber.

Desde el año 2003, desde que gobierna el presidente Camps, el presupuesto en justicia se ha
duplicado.
Hemos pasado de 123 millones de euros en el año 2003 a 240 millones de euros en el año 2010.
Ese es un dato un dato objetivo y constatable.

También es objetivo y constatable que en la Comunidad Valenciana seguimos estando una
vez más este año, y lo confirma el Consejo General del Poder Judicial, una vez más, año tras año, a la cola del número de jueces por habitante.
Y no podrán negar que esa responsabilidad no es de la Comunidad Valenciana.
Seguimos
siendo la tercera comunidad por la cola en número de jueces por habitante.
Sin embargo, somos, estamos a la cabeza, somos la
cuarta comunidad en número de funcionarios por juez.

Junto a eso, junto a eso, otro dato que creo que nos va a permitir hacer ese
escenario realista, insisto, en el que todos debemos movernos.
Sólo en esta legislatura hemos creado 63 nuevas unidades judiciales, con una
inversión por parte de la Comunidad Valenciana de 26 millones de euros en la creación de nuevas unidades judiciales.

Digo todo esto porque es necesario decirlo, para pediros, para pedirles, señorías, lo que ahora les voy a pedir.
Sin que caiga en la redundancia, sin caer, sin
intentar caer en la demagogia y sin caer en la reiteración, tengo la obligación, como responsable política, y creo que por eso nos votan los ciudadanos, y creo que sería una irresponsabilidad por mi parte no hacerlo, defender los intereses de todos
los valencianos en el ámbito que me corresponde, en el ámbito de la administración de justicia.
Y por eso tengo la obligación de repetir y reiterar una y mil veces, y tantas veces cuantas haga falta y
ante quien sea, como vengo haciendo en los últimos tiempos, por lo menos en el año y medio que llevo como
consellera, la situación en cuanto a la financiación de la justicia en que nos han situado a la Comunidad Valenciana frente a otras
comunidades.
Lo he dicho en esta sede, lo he dicho en estas Cortes, lo he dicho
a los ministros que se han sucedido durante este año y medio en el que yo tengo.
.
.

La senyora presidenta:

Señora consellera, permita que le interrumpa un segundo.

Señor Mata, si tiene usted ganas de estar de tertulia con la señora diputada, a mí no me importa, pero hágalo fuera, por favor.

El senyor Mata Gómez:

Disculpe, señoría, es que estábamos comentando los datos y nos sorprendía.
.
.

La senyora presidenta:

No, es que están ahí jugando no sé a qué.

La senyora consellera de Justícia i Administracions Públiques:

Es que son sorprendentes, realmente son sorprendentes.

La senyora presidenta:

Estaba usted ahí jugando a no sé qué.
Jueguen ahí fuera, si no le importa.

Muchas gracias, señores diputados.
Gracias.

Señora consellera, adelante.

La senyora consellera de Justícia i Administracions Públiques:

Les decía que hay una realidad que es evidente y a la que nadie nos podemos sustraer, ni
ustedes ni nosotros, no nos podemos sustraer.
A la Comunidad Autónoma de Cataluña se le sigue financiando año tras año desde la asunción de competencias la creación de nuevos órganos judiciales, mientras que en la Comunidad Valenciana seguimos asumiendo
con los impuestos de todos los valencianos la creación de nuevos órganos judiciales.

Ya les he dado el dato.
Solamente en esta legislatura hemos invertido 26
millones de euros.
Si esos 26 millones de euros nos los hubieran financiado,
como se lo financian a otras comunidades, seguramente el plan de modernización, que tenía una previsión de cuatro años, estaría ya finalizado, y no tendríamos que seguir hablando de él, como decía el señor Morera, que seguimos hablando lo mismo que el señor De Rosa.
Evidentemente, señor Morera, es que nosotros hacemos los planes para cumplirlos.
Sería absurdo y sería irresponsable que yo viniera a hablar de un plan distinto del que presentó el señor De Rosa, porque los planes plurianuales se ejecutan a lo largo de los años.
Y ahí estamos, ejecutándolo y cumpliendo, y dando cuenta de esa ejecución.

Pero insisto, y decía, seguramente, si la Comunidad Valenciana tuviera otras circunstancias podríamos haber finalizado, no en el 2012, sino mucho antes este plan, porque hubiéramos invertido en modernización todo lo que se nos está sustrayendo y se está dando a otras comunidades.

Les doy el dato porque es un dato también objetivo, y que es muy importante que los ciudadanos lo conozcan.

La Comunidad Autónoma de Cataluña desde que finalizó su proceso de transferencias ha recibido del estado 170 millones de euros en
materia de justicia por el traspaso de competencias.
La Comunidad Valenciana
hemos recibido 79 millones de euros por ese mismo concepto.
Hay una diferencia
de casi 70 millones de euros que la Comunidad de Cataluña ha recibido.
¿De verdad, señorías, creen que los ciudadanos catalanes son de mejor condición que los ciudadanos valencianos?
¿De verdad creen que los juzgados de la Comunidad Autónoma de Cataluña deben financiarse con los impuestos de todos los españoles y que los nuestros debamos financiarlos exclusivamente nosotros?

Yo creo que si partimos de esa premisa y de verdad queremos todos ejercitar con
responsabilidad, nuestra responsabilidad, la de cada uno, la de oposición y la de gobierno, deberíamos pedir conjuntamente al ministro que se ponga fin a esta situación de desigualdad, que se plantee la justicia como una cuestión de estado, como una cuestión en la que no existen partidos, en la que no existe diferencia entre
comunidades, en la que no existe una España de dos velocidades, sino una España única e igual para todos los españoles.
Porque algunos seguimos creyendo en el modelo de España.
Y los que creemos en el modelo de España creemos que el estado tiene unas competencias muy importantes en la
administración de justicia, y las vamos a seguir reclamando y reivindicando.

Por lo tanto, les digo, señorías, que sus inquietudes.
.
.
, pueden estar tranquilos.
Vamos, vamos a llevar a
cabo la oficina judicial, y la vamos a llevar a cabo de forma modélica.
Como hemos sido modélicos en tantas cosas en la Comunidad Valenciana, como hemos sido modélicos y referente en modernidad, y también en modernidad en la administración de justicia.
Vamos a seguir siéndolo.
Y por supuesto que lo vamos a consensuar.
Vamos a consensuarlo no sólo con los sindicatos, señor Morera, que por supuesto.
Tenemos ya un plan minucioso, detallado y
calendarizado de implantación de la oficina judicial, que vamos a consensuar, como decía, no sólo con los sindicatos y los trabajadores, sino con los jueces, con los fiscales,
con otros agentes, como abogados, procuradores, etcétera, con todos los agentes activos en el proceso judicial.

Y de verdad que volveré, si así lo estiman oportuno, a dar cuenta del modelo de implantación, porque una vez más vamos a ser modélicos.

A mí de verdad que para poder asumir este ejercicio de responsabilidad en el que,
insisto, yo me comprometo, me gustaría saber cuál es el compromiso del Partido Socialista y del gobierno de la nación con la justicia.
¿Cuál es su compromiso?
Yo hasta ahora no lo sé, no lo sé.
Yo sé que hemos estado seis años inactivos, seis años esperando la ejecución de ese gran pacto de estado al que los partidos mayoritarios llegaron, seis años que venimos arrastrando, que es un lastre que ahora estamos sufriendo todos.

Hablaba de inquietud de jueces, de inquietud de fiscales.
Evidentemente que hay
inquietud.
Tanta inquietud como que se ha producido la primera huelga de jueces
de la historia de España ante el Ministerio de Justicia.
La primera huelga se ha producido.
Tanta
inquietud como que hemos estado seis años de espera.
Después de esos seis años ha tenido que ser necesario un cambio en el ministerio para que el nuevo
ministro asuma la necesidad de impulsar ese pacto por la justicia, de impulsar
el desarrollo de las normas procesales para aplicar ese nuevo modelo en el que
todos habíamos llegado, a ese consenso al que todos habíamos llegado.

Presentó hace unos meses el ministro Caamaño un plan de modernización de la justicia.
Se comprometió a invertir 200 millones de euros en modernización.
La única realidad.
.
.
200 al año.
600 en total.
Si plurianualizamos esos compromisos globales en los que el
ministro se comprometió, la realidad es que en estos presupuestos del año 2010 debería haber una partida de 200 millones de euros para modernización y el incremento de los presupuestos de justicia en este año ha sido de 160 millones de euros, con los que hay que asumir los acuerdos
asumidos en materia retributiva, como consecuencia de esta primera huelga de
jueces que ha habido en la historia de España e, insisto, primera, porque creo que ha marcado un antes y un después en la historia de la justicia de este país.

Se comprometió asimismo en ese plan de modernización a crear 750 jueces, lo cual eran 250 jueces anual hasta el año 2012.
Se prevé únicamente este año la creación de la mitad, de 150 jueces para el ejercicio de 2010.

Lo mismo ha pasado con las fiscalías.
Se comprometieron a crear 200 y se prevé presupuestariamente la creación de 100.

No voy a seguir haciendo una visión catastrofista de la justicia desde el punto de vista nacional.
Insisto, no voy
a caer en ese error.
Pero los datos hay que conocerlos para situar las cosas en
su justo término.

No se ha abordado el plan de territorialización de los juzgados de violencia de género que venimos reclamando en las comunidades.
No se ha abordado y no sabemos
nada de la ley de demarcación y planta tan necesaria, tan necesaria en estos momentos en el que modelo de
administración de justicia está inmerso en un cambio profundo y absoluto con respecto al convencional y el
tradicional.

Por lo tanto, de verdad, señorías, que han hablado de muchos temas, de la oficina judicial, del plan de
modernización.
Les aseguro que pueden estar muy tranquilos, que la oficina judicial va a ser
una realidad, que las oficinas judiciales de la Comunidad Valenciana, que los
juzgados de la Comunidad Valenciana van a estar plenamente modernizados para
llegar al expediente electrónico, como decía en mi intervención, es el fin y la finalidad última a la que aspiramos todos.
Esa justicia del siglo XXI moderna, eficaz, ágil y que al final dé una respuesta rápida al ciudadano, que es la única finalidad con la que nos tenemos que mover.

En este modelo le tengo que decir, señoría, que hay una responsabilidad importantísima.
Hablaba al principio de su intervención del reparto de competencias.
Efectivamente, el estatuto nos atribuye las
competencias en medios materiales y humanos, y así las asumimos y las desempeñamos.
Así hemos creado los nuevos palacios de justicia.
Estamos invirtiendo en obras.
Haremos la Ciudad de la Justicia de Alicante.
Claro que haremos la Ciudad de la
Justicia de Alicante, y todas aquellas además que nos hemos comprometido.
Tenemos en estos momentos tres en marcha y se han
inaugurado a lo largo de estos últimos años muchísimas de ellas, y seguiremos inaugurando.

Claro que vamos a ejercitar nuestra responsabilidad.
Pero no vamos a consentir
lo que ha pasado.
Se nos ha postergado a un papel secundario en las comunidades
autónomas en la toma de decisiones de la política judicial.
Se nos ha postergado a un papel de meros pagadores, de mera
chequera.
Tenemos que pagar, pero no tenemos capacidad de tomar decisión.
Las decisiones las toma el ministerio y nosotros solamente asumimos el coste,
por lo menos algunas comunidades autónomas, como decía, no todas.
De hecho, de hecho, señoría, lo que antes era un orgullo, asumir las competencias en materia de justicia,
y todas las comunidades, en ese afán y en ese deseo de desarrollar nuestro autogobierno, teníamos la ilusión, porque creíamos que teníamos la capacidad con ello de prestar una justicia más cercana y más eficaz, hoy en día es un problema.
Y ninguna comunidad autónoma, de las que no tienen las competencias transferidas, quiere en estos
momentos asumir las competencias de justicia, porque la verdad es que el modelo
ha sido un fracaso.
Ha sido un fracaso, y venimos todas comunidades
reivindicando y reclamando al ministerio un nuevo modelo y un nuevo papel de
las comunidades, de reparto entre las comunidades y el estado para poder dar
una respuesta eficaz a todo eso que ustedes aquí están demandando y que los ciudadanos se merecen.
Y nosotros, dentro de nuestro ámbito de responsabilidad, desde luego vamos a estar día a día trabajando y prestándolo.

Muchísimas gracias.

La senyora presidenta:

Muchas gracias, señora consellera.

A continuación, para la réplica, tiene cinco minutos la señora diputada, por el Partido Socialista.
Gracias.

La senyora Huesca Rodríguez:

Gracias, señora consellera.

Me sorprende el doble rasero que hay aquí en la ley del embudo.
Pero, bueno, seguiremos con su comparecencia.

Videoconferencia, dice.
Hay cuatro salas.
Para usted eso ya es la oficina
judicial.

Dice que ustedes han invertido en presupuesto desde que gobierna Camps el
doble.
Le voy a decir que la dotación total en justicia del estado para el año 2004 ascendía a 1.
060 millones de euros; en 2010, 1.
804,82 millones de euros.
Esto es un
incremento en términos homogéneos de más del 70%.

Ha repetido lo de los jueces.
Ya le he dado los datos.
No siga por ese camino
porque ha visto que la Comunidad Valenciana está, junto con la de Madrid, en número de jueces, en creación de jueces, superior a la de Cataluña o Andalucía.

Dice lo de la inversión.
Dice que Cataluña recibe más, 6,1 millones de euros.
Nosotros 13, más 2 millones, como le he indicado antes para la Ciudad de la Justicia de Castellón y la de Valencia.

Ha utilizado el término «sustraer».
Ha utilizado ese término diciendo que el estado, el gobierno central, sustrae a la Comunidad
Valenciana.
Eso, en términos de derecho penal, es un delito.

Señora consellera, habla del.
.
.
Ah!
, discúlpeme.
Sobre la huelga.
Sobre la huelga, solo una asociación convoca la huelga para junio, antes de que se presentara el plan del
Ministerio de Justicia y los presupuestos, y justo la que decía que no existía derecho de huelga y esta misma convoca la huelga, coincidiendo con un período de renovación de cargos y de elecciones internas, cuando nunca había defendido el derecho de huelga.
Da mucho que hablar.

Compromiso del estado.
Le voy a decir el compromiso del estado, señora consellera.
El plan estratégico de modernización para la justicia impulsado por el ministerio, que ha sido consensuado con
todas las aportaciones de todos los operadores jurídicos, como le he dicho, comunidades autónomas, Fiscalía y consejo, con una partida presupuestaria y explicado a todos.
Usted se limitó a venir a la Comunidad Valenciana a anunciar como algo novedoso el plan de
modernización sin saberlo nadie, no ha contado con la oposición ni con los operadores jurídicos ni con nadie.
¿Por qué?
Porque no existe tal plan.
Ustedes vieron la puerta abierta para poderse
atribuir otra gestión del gobierno, como siempre hacen.
Pensaron: estos, los socialistas, impulsan y
ponen en marcha el plan de modernización de la justicia con presupuesto.
Como nosotros recibiremos el dinero, esta
partida, lo anunciamos como si fuera nuestro el plan.
Y el dinero que
recibamos, pues, es como si lo pusiéramos nosotros, como hicieron con el pago de los turnos de oficio esta última vez.

Señora consellera, esto no funciona así.
Ustedes, tal y como le dije al principio de mi intervención, tienen las competencias de justicia, salvo los nombramientos de jueces,
fiscales y secretarios judiciales, que hemos visto que duplican y triplican a
veces, comparado con la época Aznar.
Tienen la competencia de tener que modernizar la justicia, la
competencia de construir y adecuar los juzgados, dotarlos de personal
administrativo, gestores y tramitadores necesarios para descongestionarlos del
trabajo.
Competencia exclusiva de su gobierno.

El problema que se encuentra es que, como ya les dije en alguna ocasión, el grave problema que tienen es la morosidad y la falta de liquidez.
No pagan
a los proveedores de los juzgados, no funcionan los sistemas informáticos, no funcionan ni los ascensores.
Hay salas cerradas por falta de medios
materiales y personales.
No pagan los folios oficiales, no pagan a las empresas
que tienen que terminar las obras de los juzgados, como el de Villarreal, sin
ir más lejos, no pagan a los funcionarios las guardias, no pagan los taxis de
fiscales o funcionarios que tienen que llevar notificaciones.
Veremos si pagan
los turnos de oficio.

Señora consellera, se acaba de publicar el informe de actividad de este último año de la comisión de modernización e informática del Consejo General del Poder Judicial.
Es muy lamentable comprobar que
salvo un convenio firmado por todas las comunidades autónomas con dicho consejo para la gestión gubernativa de las secretarías de gobierno de los TSJ, la colaboración de la Generalitat valenciana con dicho órgano para impulsar la modernización de la justicia es totalmente nula.

En ese informe aparecen comunidades como Cantabria, Canarias y el País Vasco, donde se han firmado convenios para incrementar información con el Fogasa; con Canarias para la implantación de sistema de análisis y valoración de la calidad; con la Rioja para el acceso a la base de datos integral de las
víctimas; con Cataluña para la tramitación de requerimientos judiciales, etcétera, etcétera.
Con Baleares y Cantabria, con Andalucía.

Pero lo que resulta más preocupante, aunque nada sorprendente, es que la comunitat se encuentra entre las pocas que son objeto de reproche por parte del Consejo
General del Poder Judicial, al no haber implementado todavía en su sistema de gestión procesal el sistema de alertas para los asuntos de violencia de género que se consensuó con el consejo, el ministerio y las comunidades autónomas hace más de un año.

Señora consellera, ¿eso también es culpa del gobierno de Zapatero?
¿Es que el vicepresidente del Consejo General del Poder de Judicial, y a la vez
presidente de la comisión de modernización e informática, señor Fernando de Rosa, también nos tiene discriminados a los valencianos?

Mire, el problema no es de falsas discriminaciones, ni siquiera de escasa
financiación.
El verdadero problema es la total inoperancia de su conselleria.
Ya nos lo dejó claro el otro día.
Ustedes se creen la competencia que ostentan en materia de justicia lo es
solo para observarla.
Por eso crearon el inútil observatorio de la justicia.
O lo que es peor, ustedes no tienen ningún interés en que la justicia valenciana funcione bien, ya que en ese caso saldrían a la luz muchos asuntos que se encuentran sepultados durante años entre montañas de expedientes judiciales y en los que se hallan implicados dirigentes de su
partido.

Muchas gracias.

La senyora presidenta:

A continuación, por cinco minutos, tiene la palabra la diputada de Esquerra Unida.

Muchas gracias, señoría.

La senyora Sanz Alonso:

Muchas gracias.

Señora consellera, usted ha hecho referencia a un ejercicio de responsabilidad que nos pide a la
oposición para abordar los problemas de la administración de la justicia.
Y yo, sin embargo, que yo creo que nosotros estamos actuando
en todo momento con responsabilidad, lo que entiendo es que la responsabilidad
en este sentido tiene que empezar por quien tiene la capacidad de gobernar y
quien tiene en sus manos los resortes para poder administrar recursos para la
justicia valenciana.

Porque una de las cosas que hemos planteado y que he planteado en mi anterior
intervención era la.
.
.
qué previsiones podía tener o tenía la conselleria a la hora de implantar la oficina judicial, cuando estamos a muy poquitas
semanas de que acaben los plazos para su implantación o empiecen a estar vigentes, y cómo hay otras comunidades que han avanzado mucho más en previsiones.
Usted nos ha contestado que realmente no deberíamos tener ningún tipo de problema, que la oficina judicial se va a implantar, que tienen un
calendario que lo van a negociar con jueces, con procuradores, con sindicatos,
etcétera.

Sin embargo, cuando a nosotros nos preocupa esto porque realmente es la
aplicación de la ley orgánica del poder judicial, de leyes procesales destinadas a modernizar la
administración de la justicia, realmente nos tendría que haber avanzado los criterios que va a seguir la conselleria a la hora de implantar la oficina judicial y, sobre todo, los criterios y los
recursos que va a ampliar, por dónde va a empezar y de qué instrumentos se va a dotar para ponerla en marcha.

Quiero decir, cuando una oficina judicial va a abordar temas tan importantes
como son oficinas comunes para poner en marcha las citaciones, para
controlar.
.
.
, porque se ha visto una insuficiencia como se estaba haciendo en
el control de la ejecución de sentencias, ahí hay un reparto nuevo de la carga de trabajo entre los trabajadores de la
administración de la justicia, qué trabajadores van a ir a servicios comunes, qué parte no van a ir, qué porcentajes.
.
.
Todo eso hay que verlo.

Cuando se van a implantar juicios rápidos civiles, ¿realmente eso estamos en disposición ya de hacerlo o no de hacerlo?
¿Eso qué mecanismos va a llevar?
¿Qué criterios va a haber de liberalización de trabajo para los jueces, para repartir el trabajo con los secretarios de
juzgados?
Quiero decir, ahí todo hay una trama de redistribución de tareas, con criterios orgánicos, con criterios políticos, con criterios de profesionalidad, que tiene que repartir otra vez esa
carga de trabajo.
Eso son criterios de la
conselleria que usted no nos ha explicado, y yo creo que teniendo unos plazos, que son el 4
y el 5 de mayo, que los tenemos a la vuelta de la esquina, tendríamos que haber hecho eso y por los menos llevarnos nosotros la información que requiere una medida de este tipo, cuando tenemos unos plazos, a semanas
vista, que están ahí.

Por tanto, nosotros nos quejamos de eso, de que realmente nosotros.
.
.
Esquerra
Unida, en este caso, se queja de que realmente esa información ni la está recibiendo quien esta en estos momentos su responsabilidad como trabajadores de
la justicia, ni lo recibimos nosotros como oposición, que tenemos que hacer un seguimiento de la aplicación de las leyes.

Por tanto, eso está ahí, eso está ahí.
Y realmente, yo, de lo que me sigo quejando y trato de evitar caer en lo mismo
que caen ustedes, es en que siempre convertimos estos debates en una
confrontación con el gobierno central.
Nosotros tenemos un grupo parlamentario que está en Madrid y que plantea lo que tiene que plantear en Madrid, en el Congreso de
los Diputados, pero ustedes también tienen el mismo grupo parlamentario.
Y toda esa problemática en relación a la justicia que usted nos traslada aquí como
consellera, yo creo que ustedes donde tienen que plantearlo es allí, y venir aquí reconociendo cuál es el punto de partida que tienen, cuáles son las insuficientes y cuáles son los planes de trabajo que ustedes prevén.

Porque vamos a ver.
Que ustedes nos digan que tienen escasos recursos, y yo
entiendo que la Comunidad Valenciana no está bien tratada presupuestariamente en la financiación.
.
.
Pero entiendo también que si usted viene aquí y nos dice que un plan de modernización, de cuatro años vista, que empezó en el 2008, ya hoy se han cumplido ampliamente todos los objetivos, pues
realmente eso es triunfalismo o eso es decir que hemos cumplido nuestros
objetivos y no teníamos un duro, perdón, pero sí que los hemos cumplido.
Realmente hay contradicciones que no se entienden, señora
consellera.

Por tanto, si los objetivos se han cumplido sobradamente es porque había posibilidad de cumplirlos desde un punto financiero.
Y si no se han cumplido,
lo que queremos saber es qué es lo que falta por cubrir, qué es lo que falta por cumplir y cuáles son los planes de la conselleria para poderlo hacer.

Y yo sigo diciendo que realmente los juzgados, excepto aquellas grandes sedes
que ustedes ya han inaugurado, la mayoría de los juzgados no gozan de verdad con los recursos y con los medios y
modernización que usted nos ha planteado al principio de su exposición.

Muchas gracias.

La senyora presidenta:

Muchas gracias, señora diputada.

A continuación, para la réplica, el señor diputado de Compromís, adelante por cinco minutos.
Gracias.

El senyor Morera Català:

Moltes gràcies, senyora presidenta.

Consellera, molt malament ha d'estar la cosa quan vosté diu ací d'una forma tan solemne que.
.
.
una frase que a mi m'ha deixat molt preocupat, perquè diu: «Seguimos creyendo en el modelo de España.
» Això ho ha dit.
I és que s'han plantejat de no creure en el model d'Espanya?
És que ho pregunte.
Jo no ho sé.
És com ahir.
.
No.
És que com ha dit eixa frase tan taxativa, i ahir els seus col·legues de grup parlamentari se van declarar independentistes digitals, jo dic: bé, açò va per uns
derroteros, que jo ja no sé.
.
.

Perquè ha dit que «somos meros pagadores», que no.
.
.
Ho ha dit la consellera.
Jo me limite.
.
.
Jo m'he apuntat la frase, estarà en el llibre d'actes.
«Que no tenemos capacidad de decidir, que solo asumimos el coste.
» Em preocupa, denota, denota que hi ha una situació de col·lapse.

Li torne a dir: no és un retall de premsa que hem agarrat a la lleugera, és que és el degà dels jutjats de València qui diu això.
I diu més.
I no és sospitós de ser un progre recalcitrante, sinó que és el president de l'Associació Francisco de Vitoria en esta comunitat, el señor Pedro Viguer.
I diu una cosa, diu: «Seguimos igual o peor; estamos más que desbordados.
» (Veus) Sí, sí, ací està.
És el president dels.
.
.

Aleshores, quan este senyor, que mos mereix un respecte, diu que estem pitjor
que fa uns anys, vol dir que les coses no s'han fet bé del tot.
Si vosté vol fer les coses i vol comptar amb la col·laboració de tots els grups parlamentaris, jo li he de recordar algunes coses.

Primer.
El que hauria d'haver fet vosté, si té un mínim de respecte també a estes Corts, és haver-mos portat eixe plan minucioso de aplicación de l'oficina judicial.
Perquè si ja el té acabat, per què no mos l'ha dut ací i l'haguérem pogut analitzar?
Les Cortes Valencianes també mereixen un respecte institucional.
I si vosté diu que va a reunir-se amb els funcionaris, amb els sindicats, amb els jutges,
amb els procuradors, amb els fiscals, per què no ha facilitat als grups de la cambra este minucioso plan de implantación?
Primera qüestió.

M'ha donat a entendre que.
.
.
un cert tufillo anticatalanista.
Sí, i li diré per què.
Perquè vostés haurien d'haver fet millor els seus deures.
Si vostés no han negociat bé el sistema de finançament autonòmic, és culpa seua.
Encara no sabem el que ha cobrat el govern valencià amb este nou model de finançament autonòmic.
Li he de recordar que l'anterior model de finançament autonòmic, segons informes del mateix IVIE, ens marginava econòmicament, vulnerava el principi d'igualtat.
I senyora consellera, si Catalunya rep una inversió territorialitzada per part de l'estat és perquè en l'estatut d'autonomia que van fer van posar una clàusula d'inversió territorialitzada.
Sí, sí, no es riga.
Una clàusula que, segons el conseller Gerardo Camps, aplicaran i modificaran l'Estatut valencià.
.
.
No tenim mosatros la culpa que vostés hagen pactat un estatutet de segona divisió, no tenim la culpa.

És que fins i tot el govern central ara ens diu que no tenim ni competències per a gestionar el litoral.
Si vostés han pactat un Estatut com el que han pactat, ara no se queixen.
Si és que el conseller d'Economia ha anunciat que portarà una reforma de l'Estatut d'autonomia, l'actual, el que pactaren vostés, per incorporar esta clàusula, perquè, com a mínim, concreta la inversió territorialitzada pública per part del govern central a les autonomies.
Si els catalans han fet bé els seus deures, no se queixe que mosatros ho haguem fet malament.
Això està en el
Diari de Sessions, Diputació Permanent, del passat mes de juliol.
No m'invente res.

Ara cal reivindicar?
Clar que sí, clar que sí!
Clar que cal reivindicar un bon finançament, si és que no mos hem quedat per baix de la mitjana, si és que mos hem quedat els últims, els últims!
I encara estem esperant que el govern valencià convoca a Les Corts i explique com ha quedat el model de finançament.
És a dir, que això redunda en la qualitat de vida dels nostres ciutadans.

Entre altres coses, i és una pregunta que li vull fer, què van a fer vostés en eixir del col·lapse els jutjats del mercantil, que estan esperant una articulació.
.
.
?
I hi ha falta de reflexes total del govern valencià, perquè una de les causes econòmiques i de la crisi econòmica és la falta d'actuació diligent i la falta de reflexes de la seua conselleria en els jutjats del
mercantil.
Si el col·lapse de la justícia és evident, en mercantil.
.
.
Sap el que diu
el señor juez decano de los juzgados de Valencia, el senyor Pedro Viguer?
Que s'han incrementat un 649%.
I què ha fet el seu govern?

Col·laboració per a defensar els interessos del nostre poble, sí.
Si vol que modifiquen l'Estatut, endavant.
No mos facen anticatalanisme, que no mos interessa el
conflicte amb altres comunitats autònomes.
Reivindicar a Madrid, siga a Zapatero o siga a Aznar, perquè quan governava Aznar vostés no van obrir la boca.

La senyora presidenta:

Muchas gracias, señoría.

Señora consellera, tiene la palabra para cerrar ya su comparecencia.

Muchas gracias.

La senyora consellera de Justícia i Administracions Públiques:

Gracias, presidenta.

Bueno, veo que nos está costando asumir esa oferta a la que yo.
.
.
, ese reto que yo he asumido de hacer
ese ejercicio de responsabilidad, y sacamos.
.
.
, seguimos sacando la lista de
agravios y me obligan a mí a sacar, por lo tanto, la lista de triunfos.
Si se trata de ver quién tiene más, pues, podemos jugar a eso, podemos jugar a eso o podemos jugar a otra cosa.
Yo creo que vale la pena que juguemos a otra cosa, que juguemos a hablar de
verdad, a dejar la demagogia para otros temas, pero en justicia, ser serios y
ser realistas.

Yo creo, de verdad, que oyéndoles a ustedes lo único que puedo pensar es que lo único que le interesa de la justicia es utilizar la justicia con fines
partidistas, como se está demostrando en los últimos tiempos.
Han cambiado la política de las urnas por la política procesal.

Señora Huesca, ha hecho usted una alusión al principio de su intervención de la que, por cierto, lamento que no haya pedido disculpas.
Lo lamento por mí y por todos los ciudadanos, pero, bueno, así lo asumimos, pero la realidad es que han cogido ese mecanismo, ese mecanismo de
hacer política procesal, que los tribunales únicamente les sirven para hacer política, lo cual significa una falta de respeto a nuestro sistema jurídico absoluto.

Yo creo que valdría la pena, de verdad, hacer esa reflexión y en la próxima comparecencia que yo venga aquí, que vendré expresamente a explicar la oficina judicial, y si no me lo solicitan, lo pediré a petición propia, porque hoy no era el objeto de esta comparecencia.
Hoy creo que veníamos a hablar, a hacer un balance de un plan de modernización que se presentó en su momento, y es lo que he hecho.
Y, además, creo que tenemos la capacidad para decidir cómo y cuándo ordenamos la gestión de las políticas que decidimos.
Vamos a presentarlo en los próximos días ante los agentes procesales y, una vez consensuado con ellos, daremos cuenta
de la implantación de esa oficina aquí.

Pero, dicho esto, les decía que la única realidad es la que todos los españoles podemos ver de la justicia.
No lo he dicho yo, lo ha dicho una persona.
.
.
(Veus) No, Pedro Viguer.
.
.
Me gustaría que leyera bien la entrevista, porque está haciendo referencia a la política nacional, como también hacía esa misma referencia Felipe González el otro día, en una entrevista que le hicieron, que dijo que la justicia estaba hecha unos
zorros y que todos los que pertenecían, los miembros de la justicia, nuestros representantes en el poder judicial,
era «un ganado».
Creo, de verdad, <
span class="text18">(veus) señorías, que eso es lo que merece una reflexión conjunta de todos los que estamos aquí, trabajar conjuntamente y con responsabilidad por que el ciudadano tenga una
percepción de la justicia que le haga seguir confiando en nuestro estado de derecho y en
la seguridad jurídica que las instancias judiciales le proporcionan.
Yo, desde luego, le aseguro
que desde el gobierno de La Generalitat estamos trabajando, lo venimos haciendo
desde hace muchos años, pero vamos seguir haciéndolo día a día, trabajando e invirtiendo hasta la última peseta de nuestro presupuesto en mejorar la justicia por todos los
ciudadanos.

Y los que quieren hacer demagogia, ahí tienen el terreno abonado para hacer lo que quieran.
Ese no es nuestro
territorio y no vamos a entrar en ese juego, vamos a seguir trabajando,
invirtiendo, haciendo planes y cumpliendo planes, y viniendo a dar cuenta de la
ejecución de estos planes cada vez que ustedes lo deseen.

Muchísimas gracias.

La senyora presidenta:

Muchísimas gracias, señora consellera.

Vamos a suspender por cinco minutos la comisión y en cinco minutitos proseguimos.

Muchas gracias.

(Se suspén la reunió durant uns minuts)

Proposició no de llei sobre el desenvolupament normatiu de mesures a aplicar en l'administració valenciana, presentada per la diputada senyora Margarita Sanz Alonso (Agrupació de Diputats i Diputades No Adscrits) i quatre diputats i diputades més pertanyents a l'Agrupació de Diputats i Diputades No Adscrits i al Grup Parlamentari Socialista (RE número 50.
112, BOC número 212)

La senyora presidenta:

Bueno, señores diputados, vamos a proseguir con la sesión de hoy, con la comisión, y pasamos al tercer punto del orden del día: «Presa en consideració de la Proposició no de llei sobre el desenvolupament normatiu de mesures a aplicar en l'administració valenciana, presentada per la diputada Marga Sanz.
»

Señora diputada.
.
.
Ah, perdonen, ¡hay una enmienda!
a.
.
.
, ¿eh?
(Veus) Lo va usted a explicar, pero es que el señor letrado me ha dicho que tengo que decir formalmente como presidenta que «hay una enmienda», y yo siempre hago caso al señor letrado.

Señora diputada, tiene usted diez minutos, aunque.
.
.
(Veus) ¿Quince?
No, diez minutos.
.
.
(Veus) Sí, pero es que me han solicitado que acorte los tiempos.
Yo creía que había un consenso en el tema.
(Veus) Bueno, pues, yo le doy doce, ¿vale?
(Rialles i veus) Gracias, señora diputada, muchas gracias, señora diputada.

La senyora Sanz Alonso:

Muchas gracias, señora presidenta.

Ahora sí, señora presidenta y señorías, bien, efectivamente, hay una enmienda presentada pero que voy a defender el
texto incluyendo la enmienda.
Quiero decir, que el texto lo que.
.
.
, la enmienda
lo que hace es retirar una parte del texto que no correspondía, porque estaba fuera de las competencias nuestras, y entonces, pues, he
corregido la.
.
.
, en su redacción he corregido este extremo, ¿no?

Bien, la presente proposición no de ley que presenta Esquerra Unida tiene una finalidad clara y concisa que
es contribuir a recuperar la credibilidad en las instituciones y en la política gravemente dañada por un goteo de irregularidades conocidas en distintas administraciones públicas y de escándalos de corrupción.

Son irregularidades y casos de corrupción que socavan las bases del sistema democrático y dan pábulo a una afirmación injusta de que todos somos iguales, y, sin embargo, señorías, no hay nada más injusto que deslizar la sombra de la sospecha sobre los políticos cuando, por ejemplo, el 80% de los 5.
622 concejales electos en esta
comunidad no perciben ningún tipo de ingreso por el ejercicio de su cargo.

Pero lo cierto es que en esta última década los casos de corrupción se han multiplicado especialmente en zonas donde el desarrollo urbanístico ha sido desorbitado, la falta de trasparencia en la gestión pública, y el caso Gürtel especialmente en el País Valenciano, han llenado páginas enteras de diarios afectando gravemente al prestigio y la credibilidad de
La Generalitat.

El control de la corrupción realmente es una asignatura pendiente y hace falta abordar con rigor y
profundidad reformas que den garantías de trasparencia y posibiliten instrumentos de control efectivos, sociales, de
las cuentas públicas.
Y hace falta, como decía, restaurar la credibilidad de la ciudadanía hacia las instituciones democráticas y conseguir que el contribuyente tenga garantías de que su dinero es recaudado con equidad y gastado con eficiencia y en función de un beneficio colectivo.

La corrupción no es un juego maniqueo entre buenos y malos.
La corrupción nosotros entendemos que ha sido y es inseparable de un modelo económico que ha alimentado la especulación y las prácticas delictivas, especialmente en materia urbanística y en el sector de la construcción, amparadas en una legislación que la ha posibilitado, y en un juego de cambios de valores donde el dinero fácil ha dado mucho que ganar a unos pocos, provocando auténticos pelotazos urbanísticos, y, realmente, es verdad que el impulso de la burbuja inmobiliaria se ha
visto beneficiado por un déficit de la financiación municipal, cuya situación límite ha hecho depender los ingresos de los ayuntamientos, excesivamente del
ladrillo, sembrando un terreno propicio a la corrupción.
Y, efectivamente, como antes decía, hemos sufrido un crecimiento explosivo del parque residencial, que desde el
2001 hasta el estallido de la crisis creció en un 21%.

La corrupción también ha sido facilitada por una legislación débil e insuficiente, la ley de contratos del sector público, por la utilización clientelar de las instituciones, la externalización abusiva de actividades desempeñadas por funcionarios y empleados públicos, la insuficiente coordinación entre órganos administrativos o la debilidad de los controles políticos que, además, como es el nuestro, la oposición venimos exigiendo continuados.
.
.
, continuamente hemos tenido problemas para
acceder a la información necesaria que exige el papel fiscalizador que nos da y exige la ley.

Claro que ayuda a no combatir eficazmente la corrupción la escasez de medios de la fiscalía anticorrupción y del Tribunal de Cuentas, la lentitud de la justicia y la falta de
trasparencia y control de los procedimientos de recalificación urbanística y de contratación pública, ello, unido a un fuerte fraude fiscal y la persistencia de una economía sumergida, una ley electoral injusta y una ley de financiación de partidos meramente instrumental y opaca, destinadas ambas a favorecer el
bipartidismo e incrementar el gasto de campañas electorales que ha terminado por abonar más el terreno de la corrupción.

Y, la verdad, además, es que el balance del pacto contra el transfuguismo de 1998 deja en pobre el
balance ejemplarizador que debería de tener de cara a limitar el fenómeno y hacer desaparecer el fenómeno político que tergiversa la voluntad popular y denigra la democracia.
Instituciones
como el Banco Mundial sitúan a España en la cola de la lucha contra la corrupción y llegan a decir que el estado, en las diferentes administraciones, está dominado por grupos de interés y por elites económicas.
Pero en esto no hay corrupto sin corruptor y nadie cobra si alguien no
paga, por ello, hay que ser tan duros con el corruptor como con el corrupto.

Sobre los elementos que hemos analizado en estas palabras previas, en los que
descansa el fenómenos de la corrupción, caben medidas, muchas debatidas y no todas las posibles aprobadas en el
Congreso de los Diputados, pero en nuestro caso y desde nuestras competencias,
cabe tomar, y por eso planteamos, iniciativas urgentes, 13 iniciativas que
posibilitarían trabajar por la trasparencia y la confianza ciudadana en el uso adecuado del
dinero público y de las instituciones valencianas.

La proposición no de ley se estructura en cuatro bloques.
El primero se dirige a aplicar
medidas en la administración autonómica y contempla la dotación de medios para que la fiscalía del tribunal superior de justicia de la comunidad pueda actuar con normalidad,
rapidez y eficacia en las investigaciones y la persecución de los delitos relacionados con la corrupción, el establecimiento normativo de las limitaciones de los regalos e
invitaciones a los cargos y empleados públicos y la exclusión de la contratación pública de aquellas instituciones financieras que hayan colaborado con operaciones
de blanqueo de capitales, ocultamiento de bienes, evasión de capitales, etcétera.

Hay un segundo bloque que establece medidas preventivas para el control democrático de los procesos de contratación de las administraciones públicas, comisión de control y seguimiento a las consellerias, corporaciones locales, etcétera, y una comisión parlamentaria especial en las Cortes para el seguimiento de los procedimientos
de contratación en la administración pública.

Proponemos también una serie de reformas legislativas, la incorporación a todo el desarrollo de ordenamiento legal autonómico de las recomendaciones del Grupo de Estado contra la Corrupción (Greco) y las modificaciones de la LUV, haciendo desaparecer la figura del
agente urbanizador privado, entre otras medidas que establecemos.

Y, por último, Esquerra Unida propone una batería de medidas para asegurar la trasparencia en la gestión pública como es la regulación de los salarios de todos los cargos públicos con criterios de austeridad, la creación de un registro público donde consten las fuentes de ingreso profesionales y patrimoniales de los
cargos públicos de La Generalitat, así como las variaciones acontecidas durante el periodo del ejercicio del cargo.
También la creación de otro registro público de recalificaciones de suelo y de aumento de la fiscalidad de las plusvalías obtenidas para que los beneficios derivados de estas recalificaciones
reviertan en la sociedad, así como el impulso de un código ético y sostenible como guía de las provisiones y compra de las administraciones valencianas.

Junto a ello, creemos necesario el impulso de un código ético del cargo público que apoye la obligación de denunciar ante la fiscalía cualquier actuación que pueda considerarse ilícita, al igual que la urgencia de fomentar la participación ciudadana en la vida pública y trabajar por hacer real y vigente el pacto anticorrupción en todas sus facetas.

Y, para terminar, repito que la ciudadanía debe tener el derecho de confiar en la gestión honesta y eficiente del gasto y la inversión del dinero proveniente de sus impuestos, pero, sobre todo, darle garantías necesarias para que recupere su confianza y participación en la política.
Por eso, y en función de estas consideraciones, es por las que hemos presentado esta batería de 13 medidas que creemos que es necesaria para contribuir a recuperar la
credibilidad en las instituciones y en la política en el ejercicio que debemos todos ser cómplices de retrotraer a todas nuestras instituciones en un ejemplo de ética en la vida pública y de trasparencia de cara a la ciudadanía.

Muchas gracias.

La senyora presidenta:

Muchas gracias, señora diputada.

A continuación, tiene la palabra el diputado de Compromís.

Muchas gracias.

El senyor Morera Català:

(Inoïble) .
.
.
(Veus i rialles) Massa i tot.
.
.

No, simplement per a anunciar que el nostre grup parlamentari donarà suport a la iniciativa del grup d'Esquerra Unida en el que suposa una crida d'atenció al govern valencià perquè es pose les piles, perquè es pose les piles, perquè no considerem que l'actual situació siga positiva, siga positiva per a la nostra democràcia, per a la transparència, per al control democràtic del que ha de ser una gestió correcta de l'acció de govern, i sobretot tenint en compte el que indiquen les enquestes quant a
valoració dels partits polítics, i és una valoració injusta, perquè, efectivament, bons i roïns n'hi han en tots els partits, imputats n'hi han.
.
.
no en tots els partits, en el meu, no, però sí que considerem que un govern preocupat.
.
.
(Veus; rient) No, no tenim cap imputat, aixina que.
.
.
, tenim la dimensió que tenim, però no tenim cap imputat, (veus) però ja tenim alguna acció de govern en algun ajuntament important.
I amb això no vol dir que no puga passar, ens pot passar a tots, i, per tant, no posem la
mà en el foc.
És a dir, que una persona, utilitzant les sigles d'una organització política se puga cometre activitats delictives, pot passar, ens pots passar a tots.

El que considere que no és positiu és que no se vullguen assumir majors controls democràtics, majors dosis de transparència, major qualitat democràtica en allò que són els expedients de contractació i el que se planteja en esta proposta de resolució, que, efectivament, és una proposta.
Nosaltres també hem fet algunes propostes per a millorar la qualitat democràtica de les nostres institucions -amb poca fortuna-, però crec que amb el que està caient, i, ahir, se va saber que prompte s'alçarà el secret del sumari sobre uns assumptes que ens preocupen a tots i que poden
evidenciar responsabilitats altíssimes a alts dirigents d'este país, d'esta comunitat, doncs, jo crec que el més interessant en aplicar mesures que evidencien una clara voluntat de desterrar
estes pràctiques, és el grup de la majoria.
Crec que és el més interessat.
Si no ho aplica, i, si no ho té en compte, doncs, en definitiva, és el partit de la majoria el que haurà de donar explicacions del perquè no.

En tot cas, el nostre grup parlamentari considera que hem d'avançar encara més en una democràcia de major qualitat, que avance amb majors controls, és insuficient el control exercit per part de la Sindicatura de Comptes -un cas concret que assenyala ací-, i és que alguns documents no s'entreguen, o, fins i tot, la Sindicadura de Comptes indica que no els ha rebut.
Tenim constatació, però ens agradaria saber que s'han passat factures a empreses en paradisos fiscals.
Jo crec que no es pot
contemplar que el partits de l'oposició no tinguen informació fefaent de l'acció del govern, del nostre govern, no és possible.
Ara fa poc, a Catalunya, hem tingut notícies que el govern de la Generalitat de Catalunya ha contractat uns informes en
el procediment de menys de dotze mil euros, i l'oposició ha tingut accés a eixos informes, a eixos informes de menor quantia que el govern català ha utilitzat d'una forma molt extensa, doncs, com a mínim, l'oposició ha tingut accessos a eixos informes.
Ací no és possible, per posar un cas -que s'assenyala en el plantejament-, que l'oposició reclame del govern els informes, ni els de menor quantia, ni els de major
quantia, ni al senyor Ecclestone ni a res.
I davant això, doncs, se crea la base.
.
.
Sí, sí, i això només passa ací.

Per tant, crec que el grup majoritari, el grup que sustenta el govern, hauria d'estar interessat a prendre mesures per a exemplificar i per edificar d'una forma més constructiva, més positiva, el que són els controls democràtics que tota democràcia ha de tindre.

Esta proposició no de llei va en eixe sentit, i, per tant, el nostre grup parlamentari li donarà suport.

Moltes gràcies, presidenta.

La senyora presidenta:

Moltes gràcies, senyor diputat.

Té la paraula la diputada pel Grup Socialista, per 10 minuts.

Gràcies.

La senyora Huesca Rodríguez:

Gracias, señora presidenta.
Voy a ser muy breve.

Nosotros, el Grupo Parlamentario Socialista no vamos a rechazar esta proposición de ley planteada por los diputados del Grupo de no Adscritos.
La vamos a
aprobar porque creemos y estamos por la transferencia.
No podemos permitir que
hechos que, presuntamente, se han cometido por políticos que gobiernan en esta comunidad, que constituyen legal y éticamente conductas reprochables, y, en algún caso, constituye delito, se nos pueda adjudicar a todos los políticos esa manera de actuar, o, simplemente, no queden castigados o repudiados de
alguna manera.
No podemos dejar que socialmente sea algo normal cometer alguno
de estos delitos, como si todos, hombres y mujeres que nos dedicamos a la política fuéramos iguales.
No, no todos somos iguales.

Por esto, quienes actúan de esta manera, quienes tienen esas compañías como amigos del alma, quienes obstruyen a la justicia y a saber la verdad
tienen que ser apartados de la vida política antes de que puedan cometer tales fechorías.
Lo vemos en el día de hoy con lo que está pasando en Baleares, al ir a declarar el expresidente del gobierno Balear, del
Partido Popular, por los delitos presuntamente cometidos, como veremos,
seguramente, aquí, en nuestra comunidad.
No se puede consentir y está en nuestras manos poner todos los medios e instrumentos para que se facilite
toda la información o documentación para que haya transparencia y se sepa la verdad, y así no se pueda machacar a las personas que desean y trabajan por la dignificación de la clase política.

Es lamentable que se deba pedir que se dote de medios a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la comunitat para que pueda hacer bien su trabajo y pueda investigar estos delitos, cuando es
algo que debería hacerse sin más, sin tener que solicitarlo, porque es de cajón que el Consell deba dotar de estos medios, pues su competencia hacerlo.
Es
indigno que la ciudadanía ponga su confianza en unas personas para que gestionen sus recursos y
gobiernen, y estos, sin embargo, en vez de respetar esa confianza, les tomen el
pelo, les mientan, les timen y les roben.
Y sí, señores del Partido Popular, les roben, porque no habría tanto barracón, tanta lista de espera en los hospitales, no habría tanto proveedor impagado, ni tantos dependientes sin reconocerle su derecho ni
tanta rebaja en los presupuestos, ni deuda o morosidad, si ustedes no hubieran
dejado que una panda de delincuentes metieran, presuntamente, la mano en la
caja de La Generalitat.
Es indigno y, además, delito.
Y vemos que hay personas que se creen Dios y que no hay nadie por
encima de ellos, y, otros, que se creen que no les van a pillar y que tienen
las espaldas cubiertas por su partido.

Y visto que el panorama que hay es que ustedes siguen mirando a otra parte, por
ello, porque estamos de acuerdo con el espíritu de la proposición no de ley presentada por los compañeros, y porque más vale prevenir que ser la vergüenza nacional, por ellos votaremos a favor.

Muchas gracias.

La senyora presidenta:

A continuación, tiene la palabra la señora diputada del Grupo Popular, por 10 minutos.

Señora diputada, adelante.
Gracias.

La senyora Díaz González:

Muchas gracias, señora presidenta.

Bueno, para empezar, si han excluido un subapartado de un apartado de esta PNL
por competencias, podrían haberla retirado entera.

Luego, están hablando de delitos como Pedro por su casa, como si fuese lo que estamos
viendo todos los días.
Bueno, no, eso no es cierto.
De hecho, que yo sepa, que todos sepamos, los únicos que han sido condenados son de su partido, del Partido Socialista, que han
pasado por la cárcel.
Entonces, no sé qué está diciendo.

Si hablamos del caso Gürtel, le recuerdo que no hay ni un solo imputado de la Comunidad Valenciana.
Pero, ustedes, insisten.
Como parece, no han tomado nota de esa reflexión que les pedía la consellera de Justicia de dejar esa política procesal y basar su política en las urnas.
Van por muy mal camino, pero a nosotros eso nos viene muy
bien.
Sigan así, si quieren.
Seguiremos ganando nosotros en las urnas y los ciudadanos nos darán la razón.

No sé si se dan cuenta de que todo esto, que se repite una y otra vez, de todas estas
tramas de corrupción, bueno, en la que tanto insisten ustedes, claro, porque ustedes insisten en
una, está generando entre los ciudadanos percepciones que no son nada positivas, ni para
ustedes, ni para nosotros, ni para ellos, ni para los ciudadanos.
Hemos creado
un sistema democrático a base de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, y que nos lo hemos ganado; y se
lo están cargando con todos estos comentarios y con esta política procesal en la que se empeñan a seguir.

Pero, bueno, como le comentaba, sigan así.
No pueden lanzar (inintel·ligible) .
.
.
hay responsables acusaciones de corrupción generalizada porque estamos atacando directamente al sistema democrático.
Si los ciudadanos empiezan a sentir que los políticos o funcionarios atienden a su propio beneficio o al de su partido en lugar
de al interés general, que es para lo que nosotros estamos trabajando, el Partido Popular,
como está sucediendo actualmente por su parte, se está reflejando en las encuestas del CIS.
Entonces, pierden la confianza y será muy difícil después pedirles que se impliquen en lo público.

Sin ir más lejos, yo les puedo decir que desde la llegada al gobierno del Partido Popular
en 1996 la percepción sobre esa corrupción descendió muchísimo, descendió un 1%.
Y, ustedes, ahora, con esa política procesal, que no dejan, han conseguido que vuelva a aumentar.
Bueno, pues,
si quieren que los ciudadanos piensen así de nuestra labor, me parece bastante injusto y que valora muy, muy poquito su
trabajo.
Todos los que estamos aquí presentes sabemos que éste no es un problema que afecte solo a la Comunidad Valenciana, aunque ustedes
no hagan más que intentar que parezca que solo hay corrupción en la Comunidad Valenciana.
Es un problema mundial.
Pero, bueno, os puedo
decir que en el informe que ha presentado el fiscal general del estado sobre
los casos investigados en los partidos políticos, ha demostrado que el PSOE supera al PP en causas abiertas por corrupción, aunque no podemos pasar por alto que señale imputados de todas las siglas y de todos los colores políticos.

También quería señalar que pese al número de casos abiertos por corrupción, de los 66.
000 concejales y alcaldes, además de miembros de parlamentos autonómicos y órganos centrales del estado, hay poco más de setecientas investigaciones abiertas que afectan aproximadamente un 1% de
los cargos públicos españoles.
En definitiva, el número total de casos investigados, 730, es significativo pero en ningún caso justifica que se generalice la sospecha, como parece ser esta última moda de ustedes.

No se puede decir que en la actualidad la corrupción es un fenómeno generalizado, como quieren hacer ver.
Esta afirmación es una completa irresponsabilidad, pues pone en tela de juicio a todo el
sistema.
Es necesario dejar claro que la mayor parte de los representantes públicos desarrollan su cometido con honradez, por lo menos, nosotros.
Ahora, con
mayor intensidad, las alarmas y los resortes del estado de derecho están funcionando correctamente, como nunca antes habían funcionando.
Nuestro sistema contiene grandes procedimientos de control que
son expresión de un nuevo principio de seguridad democrática.

Si hablamos del sistema de contratación -al que aludían antes-, el sistema de contratación en la Comunidad Valenciana es de los mejores fiscalizados de España, no solo fiscalizada por la sindicatura, sino también por el Tribunal de Cuentas que la lleva fiscalizando desde el año 2001, y, desde entonces, nos dice que no existe ningún tipo de responsabilidad sobre el gobierno valenciano.
No sé si es que ustedes viven en otro mundo o lo único que pueden hacer es eso, es seguir con esa política procesal y utilizar ese tema de corrupción, que no existe aquí, por parte del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, y que utilizan
supongo que para intentar sacarnos de este gobierno puesto que los ciudadanos
no les apoyan en absoluto.

Si hablamos además de lo que estaban comentando, pues, para su tranquilidad, que dicen que no
hacemos nada.
.
.
Bueno, el Ministerio Fiscal es una institución estatal y centralizada, que depende del Ministerio de Justicia, y a éste, por tanto, compete cualquier potestad normativa.
Como el mejor o peor
funcionamiento de la fiscalía incide de forma directa en los ciudadanos de esta comunidad, La Generalitat, a
través de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, se ha comprometido a adoptar cuantas iniciativas contribuyan a mejorar
su funcionamiento, bien dotándola de medios personales y materiales, o bien proponiendo al gobierno un plan
para su desarrollo y el despliegue territorial, y con dotación, instalaciones, medios materiales y personal auxiliar.
El Plan de choque para
el desarrollo territorial de las fiscalías en la Comunidad Valenciana se presentó el 2 de junio de 2008, que reivindica al Ministerio de Justicia la creación de 49 plazas de fiscales y la territorialización de áreas y adscripciones de la fiscalía en partidos judiciales donde actualmente no existen.
Bueno, de esto sabemos
bien poco, pero aquí tiene una lista de todo lo que ha hecho La Generalitat por hacer cubrir todo
ese poco trabajo que hace el Ministerio de Justicia por la Comunidad
Valenciana.

Si hablamos de los salarios, hablamos de austeridad.
¿Cómo pueden intentar darnos lecciones a nosotros de austeridad, como si lo
hubiesen inventado ustedes?
Si lo único que hacen es copiar lo que hacemos.
Sin ir más lejos, si tenemos en cuenta, por ejemplo, un ejemplo de austeridad, en los
sueldos.
Los sueldos se aprueban en los presupuestos y, en el caso de la
Generalitat de Cataluña, para el 2009, se fijaba en 169.
446,78 euros brutos anuales las retribuciones
del president de la Generalitat de Cataluña, lo contrasta notablemente, notablemente no, sobresalientemente, con las
retribuciones que en 2009 cobraba el presidente Camps, 79.
548,12 euros.
Mucho
menos de la mitad.
Pero es que, además, está muy debajo de los secretarios generales, de los
consellers del ejecutivo, de los directores generales de la Generalitat de Cataluña.
¿Y nos quieren dar lecciones a nosotros de austeridad?
¡Venga, por favor!

A la vista de las consideraciones, es lógico y normal que proceda a rechazar esta PNL.

Muchas gracias.

La senyora presidenta:

Muchas gracias, señora diputada.

A continuación, ¿para la réplica?
Todos quieren réplica.
Pues, ¡ale!
, vamos a ello.

Tienen ustedes, eso sí, tres minutos.
Bien, pero, señora diputada, considero.
.
.
(Veus) Vamos a ver, vamos a ver.
¡Eh!
¡Eh!
¡Eh!
Señora diputada, silencio.
Vamos a ver.
Esta comisión ha funcionado como un reloj hasta hoy, y les aseguro que va a seguir haciéndose.
O sea, todos calladitos y la mesa interpretará a quién le da o no le da la réplica.

De momento, tiene usted tres minutos, señora diputada, tiene usted tres minutos, señora Sanz.
Señora Sanz, usted, tres minutos.

La senyora Sanz Alonso:

Muchas gracias, muchas gracias al Grupo de Compromís y al Grupo Socialista por el apoyo.

Pero, yo sí que quiero decir una cosa.
Cuando el señor Rajoy presentó el decálogo, el decálogo de medidas contra la corrupción, planteaba crear una comisión de vigilancia de la contratación obligatoria presidida por la oposición.
Nosotros estamos esperando todavía que algo por el estilo se pueda aplicar en las Cortes Valencianas, en el ámbito institucional valenciano, donde no hemos tenido posibilidad de conseguir
ni uno solo de los contratos que hemos pedido para poder estudiar algunas
cuestiones que nos interesaban.

El señor Rajoy planteó impedir el fraccionamiento y la concentración de los contratos.
Yo digo que eso que le hemos pedido aquí, la oposición, muchísimas veces, todavía estamos esperando que el Consell se digne a sentarse a ver estas cosas como
las hacemos.

Que cuando el señor Rajoy dijo que la oferta más económica sea la decisiva, excluyendo las bajas.
.
.
, bueno, (rient) las bajas temerarias, las ofertas bajas, ¿eh?
, nosotros estamos pidiendo precisamente que haya una transparencia en la
adjudicación de la contratación en base al conocimiento de las distintas ofertas que se hayan podido
presentar.

Todo esto, todo esto que el Partido Popular dice en Madrid, se niega a
aplicarlo en el Consell, en las Cortes Valencianas, y se niega.
.
.
, pero ni tan siquiera poderlo discutir con la oposición y decir, bueno, en qué nos ponemos de acuerdo, cuáles son los mínimos, cómo lo hacemos.
Esto no se ha hecho.
Esto, este decálogo que hay aquí, aquí no se aplica.
Yo no sé por qué no se aplica aquí y sí que se defiende allí.

Por tanto, la PNL que hemos presentado es una PNL que, perfectamente, de
algunas cuestiones coincide con ese decálogo, en algunas cuestiones, en otras va más allá.
Pero en aquellas cuestiones que son de plena aplicación y por competencias que tenemos, que son de aplicación para nuestra comunidad y en nuestras instituciones.
¿Por qué aquí no se hace?
¿Por qué aquí no se hace?
eh.
Suprimir cargos (inintel·ligible) .
.
.
en tribunales de oposición, perfecto.
¿Por qué no se hace?
Y sí que se da.

No, no.
Quiero decir.
.
.
, por eso cuando a nosotros nos dicen «parece que la corrupción esté generalizada».
¡Claro que no!
Yo en mi defensa de esta PNL he dicho que es injusto deslizar la
sombra de sospecha a todos los cargos públicos, cuando solamente el 80% de nuestros concejales cobran de las
instituciones, por ejemplo, y desarrollan su trabajo en las instituciones
porque tienen una vocación realmente de hacerlo.
Pero como realmente ha habido casos tan sonados, que han
abundado tanto en esa desconfianza de la ciudadanía con respecto a las instituciones, pues ese 1% que hay, que usted ha dicho,
realmente es un 1% que ha afectado por su volumen, por su implicación, por su gravedad a la credibilidad democrática.
Y no lo decimos nosotros, lo dice el Banco Mundial.

La senyora presidenta:

Señora diputada.
Señora diputada, termine, por favor.

La senyora Sanz Alonso:

El Banco Mundial es el que ha situado a España en la cola de la lucha contra la corrupción.
.
.

La senyora presidenta:

Señora diputada, termine.

La senyora Sanz Alonso:

Efectivamente, y dice.
.
.

La senyora presidenta:

Termine.

La senyora Sanz Alonso:

.
.
.
precisamente, que nuestras instituciones no son un ejemplo precisamente de
transparencia y de buena gestión.

La senyora presidenta:

Muy bien, señora diputada.

La senyora Sanz Alonso:

Muchas gracias.

La senyora presidenta:

Muchas gracias.

A continuación, ¿usted quiere replicar también?
¿A qué?
Pero es que ella no presenta la PNL, señora diputada.

La senyora Huesca Rodríguez:

Señora presidenta, usted en un principio iba a darnos la palabra a todos y cuando
ha saltado el Partido Popular negándolo.
.
.

La senyora presidenta:

Señora diputada, vamos a ver, le voy a dar dos minutos de tiempo.
.
.

La senyora Huesca Rodríguez:

Muy bien, con dos minutos me es suficiente.

La senyora presidenta:

.
.
.
y cerrará la señora diputada del Partido Popular con tres minutos.
¿De acuerdo?

La senyora Huesca Rodríguez:

Muy bien.

La senyora presidenta:

Muchas gracias.

La senyora Huesca Rodríguez:

Gracias, señora presidenta.

Le quería contestar a la señora diputada, los comentarios no hacen daño a la democracia.
Lo que sí que hace daño a la democracia, por la que muchos perdieron la libertad y la vida, son los
casos Cartagena, Fabra y Gürtel.

Y, por favor, la lista esa que usted tiene ahí diciéndonos los perjuicios del Ministerio de Justicia me gustaría que me la dejara para contrastar datos, porque se ve que la lista es distinta
en un lado y en otro.

Con respecto a los salarios del president de Cataluña, con razón, ahora nos explicamos por qué el señor Camps tiene nada más que 900 euros en su cuenta.

Y también decirle que, como ha dicho la señora diputada Sanz, ustedes promulgan o dicen unas cosas en Madrid que aquí no cumplen, como es la reducción del 25% de altos cargos que aquí no hacen, teniendo aquí un volumen de altos cargos exagerado.

Ustedes son de los que hacen lo que yo digo, pero no lo que yo hago.
Doble ética y moral.
Siguen mintiendo a la ciudadanía, y ésta se merece que nosotros devolvamos la confianza a las instituciones y en los
políticos.
Y, por lo visto, de la mano del Partido Popular no va a ser posible.

Muchas gracias.

La senyora presidenta:

Muchas gracias, señora diputada.

Y bueno, tiene, para cerrar este debate, por tres minutos, la señora diputada del Partido Popular.

La senyora Díaz González:

Muchas gracias, señora presidenta.

Ciempozuelos, Aldea del Fresno, Carral, Bigastro, Albatera, Sueca, Zarra, Santa
Coloma de Gramanet, Badalona, San Andrés de Llavaneres, Plasenzuela, Castro de Rei, Seseña, Hellín, Ohanes, Ibiza, Almogía, Estepona, Alhaurín, Armilla, Sevilla.
No acaba, ¡eh!
Granadilla, El Rosario, Pájara, la Gomera, Arrecife.
Todos casos del Partido Socialista.

Y si quieren que les hable de aquellos que sí que han estado condenados: GAL, Roldán, Barrionuevo, San Cristóbal, Vera, Chaves.

Entonces, ¿qué están diciendo?
¿Qué están diciendo?
O sea, me parece ridículo que sigan con esta política.
(Veus)

La senyora presidenta:

Señor Matas.
(Veus)

La senyora Díaz González:

Bueno.
.
.
(Veus)

La senyora presidenta:

¡Señor Matas, le llamo al orden!
(Veus)

¡Señor Matas!
¡Señores diputados!

La senyora Díaz González:

¡Es que me están hablando de Fabra!

La senyora presidenta:

Señores diputados, el tema.
.
.
¡Señores diputados, silencio!

Quieren dejar que continúe la señora diputada.

Señor Matas, ¡no altere la comisión!

Muchas gracias.
(Remors)

Adelante, señora diputada.

La senyora Díaz González:

Dejar, dejar claro que precisamente la política que llevan, bueno, la postura del Grupo Popular ni decimos que no haya
corrupción, ni que no se refuercen los controles.
Simplemente quiero llamarle la atención sobre ciertas actuaciones pendulares investigadas a destiempo con la única motivación de la presión mediática y las urgencias políticas de algunos.

Y le contesto porque no quiero dejar de contestarle a todo lo que estaba
diciendo.

Está hablando de una competencia estatal.
Está hablando de modificar una ley estatal.
Entonces, por supuesto nosotros estamos
de acuerdo con las propuestas de Rajoy, y las aplicaríamos gustosamente si desde el gobierno se hiciera lo que se tiene que hacer.
Como comprenderán, si no nos quieren dirigir la palabra y no nos escuchan en nada de lo que
proponemos, pues cójase usted a sus amigos y dígales que hablen con los de su partido allá del centro.
A lo mejor así les hacen caso.
No es ni más ni menos, es una competencia estatal y por eso nosotros aquí no lo podemos aplicar.
¿De acuerdo?

Nada más.
Muchas gracias.

La senyora presidenta:

Vamos allá.
Señores diputados, vamos a proceder a la votación.

Los que estén a favor de la propuesta que hemos tratado, por favor, tienen la oportunidad de
decirlo.
¿A favor?
Bueno, de votarlo; decirlo ya lo ha dicho.
6 votos.
¿Los que estén en contra?
8.
Y no hay abstenciones porque ya no queda más gente en la sala.

Bueno, pues nada.
Muchas gracias y hasta la próxima Comisión de Gobernación.

(S'alça la reunió a les 18 hores i 40 minuts)