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**Comissió Especial d'Estudi de les Situacions de Dependència de la Comunitat Valenciana realitzada el dia 2 de maig de 2006.
Comença la reunió a les 10 hores i 10 minuts.
Presideix l'il·lustre diputat senyor Manuel Miguel Bustamante Bautista.
Reunió número 4/XII.**

 

 

***Compareixença de la Defensora del Discapacitat de la Comunitat Valenciana, senyora Juana Andrés Cambra.***

 

 

**El senyor vicepresident:**

 

Vamos a continuar con la Comisión Especial de Estudio de las Situaciones de Dependencia.

 

Hoy tenemos el honor de contar con la Defensora del Discapacitado de la Comunidad Valenciana, doña Juana Andrés Cambra, congratulándonos de su reestablecimiento de las dolencias que le aquejaban.
Y vuelvo a repetir, sinceramente es un placer, un honor, contar con su presencia esta mañana en esta comisión.

Tiene usted quince minutos para su intervención, pero adelantarle que esta presidencia será flexible con los horarios.
Y volverle a repetir que está usted en su casa.

 

**La senyora Andrés Cambra, Defensora del Discapacitat de la Comunitat Valenciana:**

 

Moltes gràcies, senyor president.

En primer lluc, vull felicitar a tots vostés per l'interés que estan tenint per conèixer de primera mà totes les dificultats de les persones amb discapacitat.

Després, donar-los les gràcies per haver-me convidat a tenir una compareixença amb vostés.
I disculpar-me per no haver pogut vindre per qüestions de salut, en la compareixença que tenia ja concertada abans.

A continuación, y con permiso de todas sus señorías, voy a leer la comparecencia, y lo voy a hacer en castellano, porque como habrán podido comprobar, mi intención es muy buena, pero mi valenciano es fatal.

La comparecencia la he dividido en dos partes.
Creo que estoy ajustada en el tiempo, pero si no es así, les ruego me disculpen.
Una primera son las consideraciones o reflexiones generales sobre el proyecto de ley, y luego he hecho una contestación numerada a todas las preguntas que consideran en esta comisión que son importantes que se pongan en conocimiento.

Reflexiones generales.
La aprobación por el gobierno de la nación del Proyecto de ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia es por sí misma motivo de honda satisfacción, por lo que comporta de madurez de una sociedad que reconoce y aborda por primera vez, y con pretensión global y solidaria, la realidad que ha venido siendo escandalosamente ignorada durante decenas de años.
Pero ello no debe dejar de ejercer una reflexión crítica sobre aquellos aspectos del proyecto que pueden ser mejorables y/o necesitan mayor concreción para que su aplicación como ley sea más justa y efectiva.

Una reflexión previa y fundamental que no puede dejar de hacerse es la relativa a si esta regulación legal, del derecho a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, es suficiente para configurar o no de manera completa un auténtico derecho subjetivo, de la configuración de un auténtico derecho subjetivo.

Es clásica la distinción que, en razón a su naturaleza, separa los llamados derechos de libertad o que sirven a la delimitación negativa de una esfera de libertad del individuo donde cualquier intromisión pública o privada es rechazable: derecho a la libertad personal, a la intimidad, inviolabilidad del domicilio, libertades de pensamiento y expresión, etcétera; y los derechos de prestación, que son aquellos que requieren de una correlativa actividad de los poderes públicos para hacerlos efectivos: derecho a la educación, a la salud, acceso a la cultura, etcétera.

En la Constitución de 1978, más importante incluso que esa clasificación conceptual, es la que resulta del régimen de garantías previsto para los distintos derechos del título I.

 

En primer lugar, los derechos comprendidos dentro de la sección primera, de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, en sus artículos 15 a 29, del capítulo II, junto al artículo 14, derecho general de la igualdad, gozan de un sistema complejo y reforzado de garantías, que además del acceso a los tribunales ordinarios a través de un procedimiento singular basado en los principios de preferencia y sumariedad, incluye la posibilidad de que bajo determinados requisitos, la ciudadanía pueda dirigirse al Tribunal Constitucional mediante el recurso de amparo, artículo 53.
2.
Estaríamos ante derechos fundamentales de protección reforzada.

De otra parte, los derechos reconocidos en el capítulo I, de los españoles y los extranjeros, artículos 11 al 13, y sección II, de los derechos y deberes de los ciudadanos, artículos 30 a 38, del capítulo II, poseen un sistema de protección calificable de ordinaria, aun cuando también es posible su protección por la vía del recurso de inconstitucionalidad contra las leyes que los desarrollan.

Por último, el grupo de los incluidos en el capítulo III, artículos 39 a 52, son denominados principios rectores de la política social y económica, siendo difícil entenderlos como verdaderos derechos.
En comparación con los anteriores, presentan una protección atenuada limitada a la general de todo precepto constitucional, y solo en cuanto se dicten normas legales de desarrollo, gozarán de la protección que el ordenamiento les otorgue en cada caso.

Se da la paradoja de que la mayor parte de los denominados derechos de prestación, propios del moderno estado social y democrático de derecho que la Constitución de 1978 proclama, régimen público de Seguridad Social y sus prestaciones, artículo 41; derecho a la salud, artículo 43; derecho de los discapacitados, artículo 49; derechos de la tercera edad, artículo 50, etcétera, se ubican en el capítulo III, por lo que su protección es la de menor intensidad de entre las constitucionalmente previstas.

Respecto a su eficacia jurídica, los derechos y libertades del capítulo II, artículos 15 a 38, vinculan a todos los poderes públicos, según el apartado primero del artículo 53 de la Constitución, que añade que solo por ley, en todo caso, deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades.
Mientras que para los derechos del capítulo III, el apartado tercero del citado artículo 53, señala que el reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el artículo tercero, informarán la legislación positiva la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos.
Solo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria, de acuerdo con lo que disponga las leyes que los desarrollen.

Por ello, los derechos reconocidos en la sección primera, del capítulo I, que disponen de protección reforzada, junto a los recogidos en la sección segunda del mismo capítulo, dotados de protección ordinaria, tienen naturaleza de auténticos derechos subjetivos y, por consiguiente, son plenamente exigibles frente a los poderes públicos.

 

Por el contrario, los llamados principios rectores de la política social y económica, del capítulo III, no poseen naturaleza de derechos subjetivos y, por consiguiente, aun cuando tienen un valor informador del ordenamiento jurídico y actúan como mandatos y/o límites para el legislador, no serán ejercitables directamente ante los poderes públicos, salvo en la medida que sus normas legales de desarrollo lo dispongan.

 

Es decir, que con el diseño actual del título I de la Constitución de 1978, queda a disposición de los poderes públicos, y muy especialmente de la acción de gobierno, la determinación del alcance y de la mayor o menor cobertura de un conjunto de derechos esenciales para la consecución de una auténtica dignidad humana y una libertad e igualdad real y efectiva de las personas y los grupos sociales en que se integran.

Por consiguiente, la configuración del derecho a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación en dependencia como un auténtico derecho subjetivo, podría ser alcanzada de manera más completa si este, junto a algunos de los más significados derechos de prestación arriba citados, pasara a ubicarse al menos en la sección II, de los derechos y deberes de los ciudadanos, del capítulo II de la Constitución, mediante una adecuada reforma constitucional.

 

Con ello, el contenido de tales derechos vincularía de manera efectiva a todos los poderes públicos.
Las leyes que los desarrollasen vendrían obligadas a respetar su contenido esencial y pasarían a gozar de la protección que se ha denominado ordinaria, definida en el artículo 53.
1 de la Constitución, de la garantía de las condiciones básicas y el contenido común de derechos para los beneficiarios, nivel mínimo de prestaciones y calidad de las mismas en todo el territorio nacional.

La opción por el establecimiento de un sistema nacional de dependencia, que no menoscaba el ámbito competencial y la responsabilidad de las distintas administraciones públicas territoriales, así como dotar de una posición central en el mismo a un consejo territorial, constituyen un acierto en orden a la instrumentación de la futura ley.
Si bien no hay certeza de que la cooperación interadministrativa, imprescindible para la viabilidad y eficacia del sistema, pueda ser confiada exclusivamente a instrumentos jurídicos, tan frágiles como simples convenios de colaboración.

 

Así, se están confiando aspectos fundamentales, para el efectivo acceso a la realización de derechos que se quieren subjetivos y comunes a todas las ciudadanas y ciudadanos en cualquier parte del territorio nacional, a la suscripción bilateral de instrumentos con eficacia jurídica limitada, sujetos a coyunturas políticas y presupuestarias y con fuerza de obligar, por ello mismo reducida, ante cuyos fallos, carencias o incumplimientos nos pueden ejercer prácticamente ningún control ni exigencia jurídica los verdaderos titulares de los derechos que instituye la propia ley.

Deberían arbitrarse mecanismos de garantías más estables, seguros y eficaces, que meros convenios de colaboración, en defensa de los derechos de la población destinataria y de la seguridad jurídica que cabe esperar de un acuerdo de un adecuado sistema nacional de dependencia.

Se sugiere para ello, cuanto menos el plan integral de promoción de la autonomía personal a las personas en situación de dependencia, adopte la forma de una auténtica norma jurídica básica aplicable en todo el territorio nacional.

De otra parte, los mecanismos previstos en el proyecto de ley, en orden a la determinación de la intensidad de la protección, condiciones y cuantía de las prestaciones, su nivel mínimo, la calidad de los servicios, así como los criterios de participación de los beneficiarios en todo el territorio nacional, no aparecen suficientemente explicitados ni garantizados, remitiéndose a los acuerdos adoptados en el seno del consejo territorial, que a su vez carecen de rango jurídico, confiándose, finalmente, a los distintos procesos de negociación bilateral, susceptibles de ser mediatizados por coyunturas políticas y/o presupuestarias, como ya se dijo, la determinación de aspectos fundamentales para la viabilidad y eficacia del sistema; pudiendo considerarse esta una de las mayores debilidades potenciales del mismo, de la garantía de la financiación del sistema con la reducción del copago a las prestaciones no básicas o complementarias del sistema.

La configuración de un auténtico derecho subjetivo de carácter universal no resulta compatible con el establecimiento de condiciones subjetivas de renta o patrimonio a priori.
Parece más adecuado, a la naturaleza del derecho que se quiere establecer, que exista un mínimo de prestaciones garantizados con carácter general e independencia de la situación económica personal y que las condiciones de renta y/o patrimonio tan solo sean tenidas en cuenta de manera obligatoria en orden a la determinación de prestaciones complementarias, siendo preferible de, entre dichas circunstancias, que sea ponderada la renta antes que el patrimonio, ya que de lo contrario podría producirse un efecto perverso de desincentivación del ahorro privado.

Por otra parte, la limitación de la participación de los beneficiarios en la financiación del sistema impone la necesidad de que las administraciones públicas incrementen correlativamente su contribución económica para la garantía del mismo.
Una posibilidad adicional podría ser extender la contribución a la financiación del sistema mediante el establecimiento de una aportación de la población activa y los empresarios, a través del sistema recaudatorio de la Seguridad Social, en cuantía similar a la fijada para los sistemas de financiación de la formación profesional o el desempleo, haciéndose efectiva la corresponsabilidad de toda la sociedad con situaciones a las que toda la ciudadanía está expuesta en cualquier momento de su ciclo vital.

 

De la necesidad de determinar claramente los criterios de establecimiento, plazos de implantación, currículum y administración competente para la fijación de las titulaciones necesarias.
Uno de los aspectos beneficiosos del proyecto que nos ocupa es la existencia de un efecto social de retorno derivado del afloramiento y regulación de multitud de situaciones de trabajo sumergido y precario, desarrollado actualmente por personas sin especialización alguna, junto a la creación de nuevos empleos para perfiles profesionales aún por definir.

La creación de una gama de titulaciones específicas, preferiblemente en el ámbito de la formación profesional, por lo que tiene de facilidades en cuanto a su acceso y de inserción laboral inmediata, no solo supondría una dignificación de la actividad de ese personal que hoy por hoy se asemeja al del servicio doméstico, lo que comporta un efecto perverso adicional en cuanto parece socialmente reservado a la mujer, sino que redundaría además en una atención de mayor calidad de los servicios que recibirían los beneficiarios.

Por ello, la futura ley debería precisar con claridad la naturaleza y entidad de los conocimientos y titulaciones, en su caso, que deban poseer los profesionales, así como los criterios que deban tomar en consideración las administraciones autonómicas con competencias en materia de enseñanza, para acometer, con criterios homogéneos y dentro de plazos razonables, las reformas educativas que sean necesarias para alcanzar tal finalidad.

De la necesidad de establecer un sistema adecuado de garantías administrativas y jurisdiccionales para los beneficiarios del sistema, aun cuando el proyecto de ley incorpora en el artículo 4.
4.
j el derecho de las personas con dependencia a iniciar las acciones administrativas y jurisdiccionales en defensa del derecho y a acceder en condiciones de igualdad a las prestaciones y servicios previstos en esta ley, no parece que dicha declaración genérica constituya un plus adicional de garantía respecto de la que ya ostenta cualquier persona frente a las decisiones y/o inactividad administrativa.

Es obligado insistir en este punto, en la garantía general que otorgaría a los derechos, que viene a reconocer la ley, su reconocimiento constitucional como un auténtico derecho subjetivo a través de su reubicación en la sección segunda del capítulo II del título I de la Constitución, tal y como ya se ha expuesto anteriormente.

Por último, y en sintonía con las recomendaciones del Consejo Económico y Social, debiera reservarse a la administración estatal la función de garantía y verificación del cumplimiento de las competencias estatales y de las comunidades autónomas a través de un órgano similar a la alta inspección sanitaria.

Otras cuestiones insuficientemente reguladas.
Se hace notar que existen otras cuestiones que la futura ley no alcanza a definir con claridad y que pueden tener una importante incidencia en orden al cumplimiento de la finalidad de la norma.
Llama la atención que aun reconociéndose el importante papel de las entidades locales en la garantía del sistema, no se hayan habilitado espacios de participación y cooperación de las mismas para la definición de políticas y servicios.
A este efecto debiera contemplarse la posibilidad de integrar una representación de las entidades locales, bien directa o bien a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, en el mismo consejo territorial.

Por otra parte, destaca la imposibilidad o dificultad en muchos casos de que el sistema de la Seguridad Social puede incluir bajo su protección a cuidadoras, cuidadores informales de más de 65 años, que los hay, o de edades cercanas que de no haber acumulado períodos de cotización anteriores no alcanzarían ya a reunir los requisitos que les permitiesen acceder a pensión alguna, salvo que se estableciese un régimen excepcional y transitorio para tales supuestos, siendo este un argumento más a favor de reducir al máximo el recurso a cuidadoras-cuidadores informales a situaciones muy específicas, casos excepcionales, núcleos aislados de población etcétera, y bajo estrictos criterios objetivos de evaluación de su conveniencia en el caso concreto.

Otro aspecto importante que debiera contemplar la futura ley serían las medidas a adoptar para los supuestos de situaciones de dependencia que aun pudiendo ser graves tengan carácter transitorio o temporal.

 

Por último, la dotación económica destinada a ayudas técnicas y para la adecuación de viviendas, además de ser uno de los supuestos de ayudas complementarias en los que si debiera tomarse en consideración la capacidad económica de las personas con dependencia, merecería garantía real de prestaciones de la atención a la futura ley.

Dicho esto, ahora paso a la segunda parte, que es la contestación de las preguntas que sus señorías ya han formulado.
El enunciado de las mismas, como todos ustedes supongo que las tienen, pues no lo voy a hacer.
Voy a contestar directamente lo que yo creía que era adecuado para cada pregunta.

La pregunta primera, entiendo que necesariamente y con carácter previo, hay que distinguir entre residencias para personas mayores y residencias para personas con discapacidad.
Y dentro de estas últimas, las dedicadas a personas afectadas por discapacidades de distinta naturaleza.
El empeño en rentabilizar económicamente las instalaciones no debería llevarnos a confusión acerca de las necesidades y derechos de los diferentes tipos de beneficiarios.

Salvado esto, el modelo que pudiera hacer viable la prestación de servicios de proximidad a no residentes, debiera, en primer lugar, basarse en un estudio demográfico y social para determinar el número de potenciales beneficiarios que pudieran recibir servicios en el propio centro y aquellos que requiriesen el desplazamiento de profesionales a su domicilio.
En ambos casos, ello obligaría a redimensionar las plantillas inicialmente previstas para atender a los residentes y generar nuevos espacios físicos sin los cuales parece difícilmente viable abordar de manera coherente y eficaz esas nuevas propuestas en los centros actualmente existentes.
Sería necesario, por consiguiente, definir nuevos modelos de centros que pudieran abordar mediante un programa de inversiones centrado en la nueva construcción.

La segunda.
Lo más adecuado sería invertir en la ampliación de la red existente de centros de proximidad, dedicados a la prestación de servicios específicos: centros de día, centros de noche, centros ocupacionales, etcétera.
Dicha red debería integrarse por establecimientos de tamaño medio adecuada a las características demográficas y sociales del entorno, con dotaciones homologadas, sujetas a un régimen de supervisión, control e inspección netamente públicos.

 

La tercera.
Existiendo unanimidad entre los expertos y profesionales en reconocer que la situación actual se funda en el esfuerzo desarrollado principalmente en el ámbito familiar y, dentro de este, por las mujeres, lo que ha contribuido a una nueva forma de desigualdad social basada en el género, de lo que se trataría es no tanto de preservar el actual sistema de cuidadoras informales sino de tender a reemplazarlo por un modelo en el que la sociedad en su conjunto se responsabilizara de las situaciones de dependencia.

Dicho esto, en tanto se alcanza ese objetivo deberían establecerse prestaciones complementarias que permitieran la conciliación del desarrollo personal de la cuidadora informal y la atención a su familiar dependiente por medio de la asistencia de este, bien a centros de la red de proximidad y, en los casos en que resulte necesario, por medio de prestaciones económicas suficientes para la contratación de personal profesional, sustitutivo del cuidador informal.

Adicionalmente, debiera considerarse la peculiar situación de las personas con discapacidad que viven solas en su propio domicilio para las que es necesario arbitrar recursos adecuados.

La cuarta.
En cuanto a la autonomía y la promoción para las personas con discapacidad debe alcanzar no solo a la relacionada con los aspectos físicos, sensoriales o intelectuales, sino también a la autoridad moral que exige el ejercicio de los derechos de autogobierno, participación y libre elección.
En ese sentido, debería potenciarse al máximo tanto la formación personal, laboral e intelectual de la persona así como de su entorno familiar y de los profesionales de los recursos formales y de apoyo que utilice, a través de planes específicos de formación que permitieran adquirir a la persona conocimientos y habilidades suficientes para desarrollar al máximo su capacidad de autogestión.
(So d'un mòbil)

 

Cinco.
El sistema de bono no debe actuar como una coartada para que las administraciones implicadas eludan sus obligaciones de creación y mantenimiento de una red suficiente de recursos ni de ejercer sus obligaciones respecto de la autorización, control e inspección de los centros privados.

 

Dicho esto, entiendo que cualquier servicio y/o recurso podría adaptarse al sistema de bonos siempre y cuando este cumpla con los requisitos indicadores de calidad estatales establecidos para los distintos tipos de centros y servicios.

Seis.
La determinación de la participación del usuario en el coste del servicio debiera entrar en juego exclusivamente para ciertas prestaciones de carácter complementario, y en tales casos con carácter inversamente proporcional a la renta disponible del mismo.
No obstante, sea cual sea el caso y tal como ya se ha dicho con anterioridad, tomar en consideración la capacidad económica puede ser perjudicial para el ahorro privado, además de comportar un agravio respecto del acceso a otros servicios públicos, como los sanitarios y educativos, en los que no se consideran la renta y el patrimonio de los beneficiarios.

Por otra parte, en caso de que finalmente se opte por el sistema de copago, con el cual en principio no estoy de acuerdo por lo anteriormente expuesto, este deberá ser siempre igual tanto para el acceso a servicios públicos como de gestión privada o concertada.

 

Siete.
A mi entender, lo fundamental es establecer qué profesionales, con qué formación y especialización, con qué criterios y en qué tipo de centros habrán de valorarse las distintas situaciones de dependencia, dado que se trata de una situación claramente diferenciada de la discapacidad.
Es imprescindible acometer cuanto antes la selección y/o formación de los profesionales adecuados y en número suficiente, junto a la dotación de los medios técnicos y económicos necesarios.
Y tal y como afirma el proyecto de ley, en enero de 2007 los futuros usuarios del sistema nacional de dependencia comenzarán a acceder al mismo.

Estos equipos deben ser multidisciplinares, ya que han de conocer las múltiples variables que determinan los distintos tipos y niveles de dependencia: edad, tipo de discapacidad, situación sociofamiliar, entorno sociocultural, situación geográfica, etcétera.

 

Urge también establecer criterios y baremos uniformes a nivel estatal para todas las situaciones, así como la elaboración de indicadores que determinen de manera objetiva los distintos grados y subgrados de dependencia.
Considerando la experiencia existente, la ubicación de los centros autonómicos de valoración debería ser como mínimo comarcal, con el fin de agilizar al máximo el proceso de valoración.

Ocho.
En razón a lo ya expuesto a lo largo de esta comparecencia y no siendo favorable a la implantación generalizada del sistema de copago, pienso que debería regirse por el mismo sistema de financiación que se aplica en la sanidad y en la educación, sin perjuicio de que pudiera arbitrarse una aportación de trabajadores y empresarios al sistema, tal y como ya se ha expuesto.

Nueve.
El artículo 13 del nuevo Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana impone a la Generalitat el deber de garantizar a toda persona con discapacidad los derechos a las prestaciones públicas necesarias para asegurar su autonomía personal, su integración socioprofesional y su participación en la vida social de la comunidad.

Esta proclamación de derechos de las valencianas y valencianos con discapacidad requiere de una norma legal que haga efectiva tal declaración, lo que superaría el carácter fundamentalmente programático del actual estatuto del discapacitado, que fije medios materiales, económicos y técnicos adecuados y articule un catálogo de actuaciones positivas y de garantías jurídicas suficientes, siendo necesario, entre otros aspectos, que la norma legal autonómica complete la declaración estatutaria relativa a la accesibilidad espacial de las instalaciones, edificios y servicios públicos, extendiéndola también a la necesaria accesibilidad sensorial.

Diez.
Los poderes públicos deben responsabilizarse en una adecuada sensibilización social y promoción de la participación en igualdad de condiciones de las personas a todos los niveles: social, cultural, educativo, en el empleo, etcétera.
En una palabra, normalizar la vida de las personas con discapacidad a través de remover todos los obstáculos sociales y materiales que les impiden en la actualidad desenvolverse con normalidad en las actividades básicas de la vida diaria.

Los poderes públicos deben garantizar la igualdad de oportunidades para todas las personas, cumpliendo y haciendo cumplir estrictamente las normativas vigentes en materia de accesibilidad, igualdad de oportunidades, etcétera.
Es importante que la sociedad asuma que la dependencia es una situación que puede afectar a cualquier persona a lo largo de su ciclo vital, y que no solo está limitada a personas de avanzada edad, afectadas por discapacidades congénitas adquiridas o como resultado de graves enfermedades.
Las situaciones de dependencia pueden producirse en cualquier momento de la vida alcanzando a todo tipo de personas.

 

Once.
La protección económica de las situaciones de dependencia debe ser adecuada y suficiente para atender las especiales necesidades de las personas que padecen tales situaciones, y no pueden moverse en el orden de las cuantías asignadas a las pensiones no contributivas.
En tanto las prestaciones económicas directas tienen carácter subsidiario, respecto del acceso al servicio público, deberán ponderarse de manera singular las circunstancias no solo personales e intelectuales de la persona sino también las condiciones sociales y geográficas en que se encuentre.

No obstante, cabe recordar que los servicios sociales han venido siendo progresivamente confiados al esfuerzo de las entidades locales, lo que dada la precariedad financiera de las mismas, ha devenido en una multiplicidad de situaciones escasamente homogéneas y, por ello mismo, de no reforzar la colaboración económica de la comunidad autónoma para con los ayuntamientos, difícilmente podremos hablar de la universidad y garantía igual de derechos para todas las personas con independencia de la localidad donde residan.

Doce.
La red sanitaria debe estar dotada y preparada con los recursos técnicos y humanos necesarios para atender a aquellas personas cuyo aspecto principal en su situación de dependencia es la necesidad de una atención sanitaria y no social, para lo cual debieran ser atendidas en centros sanitarios dotados de unidades específicas y accesibles para el tratamiento de estas situaciones.
Así quedaría delimitada, reconocida y contemplada la atención sanitariosocial en los casos en que el componente más necesitado de atención sea el sanitario.

De igual modo, todos los centros sanitarios deben disponer de personal cualificado que informe, asesore e indique a la persona que por accidente o enfermedad queda en situación de dependencia, así como a sus familiares, de los recursos a los que tiene derecho, dónde y cómo ha de solicitarlos.

Dicho esto, señorías, yo ya he finalizado mi intervención.
Quedo a su disposición, por si consideran oportuno hacerme alguna pregunta.

Muchas gracias.

Dejo copia de mi intervención en un CD al presidente de la mesa.

 

**El senyor vicepresident:**

 

Muchas gracias, doña Juana, por esta su primera intervención.

Y a continuación tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida el ilustre diputado señor Cardona, por cinco minutos.

 

**El senyor Cardona i Pla:**

 

Gràcies, senyor president.

En primer lloc, agrair-li la compareixença i la intervenció que ens ha aportat.
Li agraïxc especialment que no s'haja limitat a una valoració del projecte de llei estatal, perquè en este moment les Corts tenim esta comissió muntada, tenim esta comissió que intenta avaluar les situacions de dependència i quina podria ser l'actuació autonòmica respecte a este tema.
Sabem que l'actuació autonòmica està mediatitzada per la llei estatal, és important, és rellevant el que diu la llei estatal, però a nosaltres ens preocupa especialment què es podrà fer des d'esta autonomia, des del País Valencià, per a atendre les situacions de dependència, dins del marc de la llei estatal existent, però també dins del marc de les nostres competències.

Per tant, com a nosaltres ens preocupa especialment què hem de fer, què podem fer des d'aquí, jo vaig a dirigir les meues qüestions respecte a eixe tema fonamentalment.

Jo, la primera, i aprofitant que vosté és la defensora del discapacitat, també sabent que el seu càrrec no és un càrrec semblant al que puga ser el Síndic de Greuges, que és un càrrec que depén d'ací, de les Corts, sinó que en el seu cas vosté és nomenada per la mateixa conselleria, per tant, no és un càrrec totalment independent, però jo valore en la seua mesura que vosté siga la defensora del discapacitat i m'agradaria saber quin tipus de queixes li arriben, a què es referixen de manera majoritària, quin tipus de dificultats estan valorant les persones que tenen discapacitats hui en dia ací, en la nostra terra.

A mi em sembla important, perquè a nosaltres sí que ens arriben queixes, ens arriben queixes de tipus sobretot que tenen a vore amb aspectes d'accessibilitat; ens arriben queixes que tenen a vore amb la tardança en les valoracions; ens arriben queixes, sobretot, en l'accés a serveis necessaris, gent que no pot accedir a recursos residencials, fonamentalment, i eixes queixes ens arriben continuadament.
Nosaltres el que podem fer amb eixes queixes és plantejar-les moltes vegades a la conselleria, fer proposicions no de llei, etcètera, però vosté probablement les pot plantejar a la conselleria i ens agradaria saber quin tipus de queixes els arriben de manera majoritària, per saber també en quina cosa devem actuar fonamentalment.

En segon lloc, vosté parla del paper autonòmic.
.
.
Ha parlat en el document del paper autonòmic, que no es deuria limitar a uns processos d'acords bilaterals.
De totes formes, a mi m'agradaria saber si vosté opina que les comunitats autònomes poden establir millores respecte al que s'establix en la llei estatal, quines limitacions podrien establir a eixes millores.
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Ho dic jo perquè n'hi ha moltes vegades una insistència que no han d'existir diferències en tot l'estat, però no sé si això s'interpreta com que una comunitat autònoma no puga establir millores per a anar per davant del que puguen fer unes altres.

Moltes voltes jo pense que el que una comunitat autònoma establixca millores moltes voltes suposa una manera d'estirar les altres cap a eixe aspecte, cap a eixe nivell superior de prestació, més que significar una discriminació o una diferència.
A mi m'agradaria saber eixa qüestió, si se poden establir millores.

A mi m'agradaria saber què li demanaria vosté a una norma legal establerta ací, en el País Valencià.
És a dir, tindrem una norma estatal?
, sí, però és que aquí.
.
.
I vosté, quan ha comentat el caràcter merament programàtic de l'estatut del discapacitat, és una de les crítiques que nosaltres feem a una llei que no veiem que tinguera suficients mesures pràctiques.
M'agradaria saber quin tipus de mesures pràctiques li pareix que deurien figurar en la norma autonòmica que es poguera fer, de quin tipus deuria ser la norma, quin tipus de prestacions se deurien establir, quin tipus de concreció tindria de tindre eixa norma.

A mi m'ha resultat interessant el que ha parlat del paper local.
Nosaltres estem apreciant una situació dels serveis socials locals realment molt precària, unes situacions.
.
.
, els pressupostos els arriben cada any, no n'hi ha una determinació plurianual dels pressupostos per als serveis socials, moltes voltes els ajuntaments no saben quin pressupost tindran l'any que ve, per tant, els resulta difícil mantindre programes i establir programes que puguen durar.
Quina actuació autonòmica deuria donar-se per a garantir l'estabilitat dels serveis socials locals, quant de pressupost, quines característiques deuria tindre eixe pressupost per a garantir una major estabilitat i duració.

Jo, per una altra part, voldria comentar-li molt ja, perquè ja se m'ha acabat el temps, dos coses.
Vosté ha parlat de la separació entre residències de la tercera edat i residències de discapacitat: què opina dels últims anuncis que les residències de la tercera edat tindran persones amb malaltia mental dins de les seues instal·lacions?

 

Segona.
Vosté ha proposat una necessitat d'un programa d'inversions.
En este moment, nosaltres, en els pressupostos, quan analitzem veem que les inversions reals han caigut d'una manera espectacular a canvi de passar les inversions a la iniciativa privada: què opina vosté dels programes d'inversions?
, durien ser públics?
, deuríem deixar-los a la iniciativa privada?
, deuríem augmentar la inversió pública per a garantir que se construïxquen les suficients residències no només a la tercera edat sinó del discapacitat per a les persones que estan en situació de dependència?

 

Tinc algunes coses més, però, com pot comprovar, el temps que tenim és bastant limitat i, en principi, si em contesta això, em donaré per molt satisfet.

Gràcies.

 

**El senyor vicepresident:**

 

Bien, muchas gracias, señor Cardona.

A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Nuria Espí.

Cuando usted quiera, ilustre diputada.

 

**La senyora Espí de Navas:**

 

Muchas gracias, señor presidente.

Buenos días, señora Andrés, y muchas gracias por su comparecencia en esta comisión que, desde luego, para nosotros es muy importante en función de que es una comisión de carácter especial y que, de alguna forma, lo que pretendemos, y así, en el desarrollo del debate de la misma estamos viendo, es cómo nosotros, cómo nuestra comunidad, vamos a ser capaces de poner en marcha y mejorar la situación actual en cuanto a situaciones de dependencia, y cómo además y en este momento.
.
.
, ha tenido la primera parte de su exposición, que se ha dirigido de lleno a lo que es el desarrollo de lo que es el desarrollo de la ley o de la futura ley del sistema nacional de dependencias que, efectivamente, quedan temas que aún no están claros.
Que no me gustarían tanto hablar de la parte de la ley general, porque, bueno, finalmente veremos cuál es su aprobación y qué temas se mejoran.

En cualquier caso, para nosotros queda claro, y con las modificaciones en el último preámbulo, el tema de la subjetividad.
Es verdad que usted nos plantea una reforma constitucional y, efectivamente, la garantía de derecho, pasando al capítulo dos sería mucho más intensa.
Eso es cierto.
En cualquier caso, pienso que la última modificación ha dejado bastante claro el tema de la subjetividad, del derecho subjetivo de la ley.

Por otro lado, es verdad que es una ley de carácter estatal, que está condenada a funcionar por el consenso y por esa comisión territorial, que es una norma básica donde al menos sí que es indiscutible, y ahí sí que quisiera, por lo menos, despejar cualquier tipo de duda, que tanto lo que son los derechos básicos sí que están garantizados -la forma de aplicación es lo que tendremos que ver cómo lo hacemos-, los básicos, iguales y comunes a todo el estado, lo que es la prestación de servicios; y, por otro lado, lo que son los sistemas de valoración, en lo que no deja ninguna puerta de entrada a la interpretación.

Los sistemas de valoración, lógicamente, hay que finalmente desarrollarlos, eso será un reglamento de la propia ley, pero el sistema de valoración será único, universal y con protocolos de actuación comunes a todas las comunidades autónomas.
Por lo tanto, eso creo que sí que en parte tranquiliza parte de lo que eran las cuestiones que a usted más le preocupaban del desarrollo de la ley, independientemente de otras que ya son de tipo de opinión personal, como el tema del copago.

En cualquier caso, me gustaría, si me dijera.
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, yo sí estoy totalmente de acuerdo con el sistema del copago, pero,.
en cualquier caso, me gustaría que me dijera qué modelo europeo, incluso el contributivo, que es en Alemania, si conoce alguno dónde el copago no sea una fórmula de financiación del propio sistema de dependencias.
Porque, claro, yo creo que eso también sería importante, que viéramos los raseros de los distintos sistemas de los países.
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, los nórdicos en fiscal, Francia es un sistema mixto, pero, en cualquier caso, tanto el patrimonio como la renta se tienen en cuenta, por lo que los propios expertos del ministerio así nos han manifestado a través no solo del libro blanco sino de los estudios previos a la hora de la redacción de la ley.

En cualquier caso, ese tema ahí está y, bueno, para discutir, afortunadamente, hay un consenso importante con respecto.
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En fin, vamos acercándonos a un consenso general con todos los colectivos, también con las comunidades autónomas, cuestión que, por otro lado, considero importante para la aprobación de la ley.

Vamos a ir al tema autonómico, que para nosotros, desde luego, sí que nos parece muy importante.
En cuanto a las preguntas concretas, en cuanto a los tipos de beneficiarios, yo creo que lo matiza usted con cierta claridad, el empeño en rentabilizar económicamente las instalaciones no debe llevarnos a confusión acerca.
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Claramente, yo le pregunto, el señor Cardona lo ha hecho también, pero, ¿qué opinión le merece el anuncio de la diversificación de los actuales recursos residenciales a través de creación de módulos en un mismo contenedor?
Es decir, en este caso sería no solo la salud mental sino personas mayores con discapacitados psíquicos.
Lo ha anunciado la consellera, esa creación de módulos a través de los medios de comunicación, y nos gustaría saber cuál es su opinión con respecto al que en un mismo recurso, donde fundamentalmente, y hoy, los que más se han creado y han crecido en el tiempo son los de tercera edad, puedan estar, pues, personas con problemas de discapacidad física o psíquica jóvenes o personas con problemas de salud mental.

En este caso nosotros tenemos nuestra opinión, y es que los recursos se tienen que implementar desde la mejora de cada uno de ellos y cada sector tiene unos distintos.
Es más, yo incluso no sé si podrían estar la discapacidad física y psíquica en una misma residencia.
Pienso que tampoco, pero es una opinión nuestra.

En cualquier caso, nosotros no estamos de acuerdo con ese modelo pero sí queríamos conocer cuál es su opinión, en cualquier caso, en la primera pregunta, de alguna forma, lo deja entrever.

En esa primera pregunta también, dice que sería necesario hacer un estudio demográfico y determinar cuáles son las necesidades reales.
¿No sirve el estudio de dependencia que hemos hecho en la Comunitat Valenciana, el que ha hecho y ha financiado la conselleria?
¿Sería válido ese estudio para que fuera la guía de recursos, o el propio libro blanco, la guía de recursos?

 

En cuanto a la segunda, bueno, esto sería el tema de.
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Las prestaciones complementarias.
Es verdad que las prestaciones complementarias de apoyo a las situaciones familiares y cuidadores, sí que lo recoge la ley, la ley estatal de dependencias.
Es verdad que puede ser mejorado por la comunidades autónomas.
Hay que también tener en cuenta que nosotros.
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, y la Constitución también consagra las competencias en materia de acción social son de las comunidades autónomas y es verdad que la propia ley, el límite que tiene es el de mínimos, que garantiza que todos los ciudadanos españoles van a tener una cobertura igual en los derechos mínimos que emanan de la ley, pero cualquier comunidad autónoma puede mejorar la situación.

Es decir, lo puede haber hecho hasta ahora, no hacía falta que existiera la ley para que hubiera unas prestaciones específicas, ni hacía falta que existiera la ley para que hubieran recursos, las comunidades lo podíamos haber hecho.
Es verdad que va a haber un impulso.

En cualquier caso, insistir que las prestaciones complementarias sí que están recogidas en la ley del sistema nacional y podría ser un poco la respuesta a esta pregunta que nosotros formulábamos en cuanto a la Comunidad Valenciana, que hicimos mucho antes de tener un primer texto de ley, porque cuando nosotros empezamos a trabajar sobre esta comisión, partíamos de un, supuesto y es que iba a haber un sistema nacional de dependencias; y partíamos de otro supuesto, y es que el libro blanco nos iba dar conclusiones para saber cómo teníamos que abordar.

Otro tema, los discapacitados que viven solos.
Pregunto: ¿la figura de asistente personal que plantea la ley puede ser ese recurso al que usted se refiere?

 

El tema de los centros de valoración.
Nosotros sí que apostamos por un modelo de valoración donde la puerta de entrada claramente sean los municipios, reforzando esa fuerza de entrada, y el valorador es la figura personal.
Para nosotros es muy interesante, y ese es un debate en que tendremos que profundizar, y es que el sistema de valoración en las comunidades autónomas sea un sistema donde la puerta de entrada es el municipio, el lugar donde vive la persona con problemas de dependencia, y el valorador es una persona que va al domicilio de la persona a hacerle la valoración.
O sea que tiene que haber un esfuerzo importante por reforzar los servicios sociales más esos equipos de valoración que dependerían, en todo caso, de la comunidad y de las entidades municipales.
Por tanto, importante.

En el tema sanitario.
Bueno, en nuestra comunidad.
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**El senyor vicepresident:**

 

Vaya terminando, señora diputada.

 

**La senyora Espí de Navas:**

 

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estamos un poquito a la cola en el tema de recursos sanitarios sociales.

 

En cualquier caso, recordar que la ley nuestra, la Ley de sanidad recoge claramente como competencias del sistema sanitario la prevención, la promoción de la salud, la asistencia y la rehabilitación, así como el apoyo y la incorporación social.
Sencillamente es que hay que implementar recursos en el sistema sanitario que refuercen también el sistema, lo que se llama como sistema sociosanitario.

 

Pero, efectivamente, me parece muy bien la diferenciación que usted marca en cuanto el sistema sanitario si uno tiene obligaciones y competencias que cumplir, y el de servicios sociales es otro, que hay cuestiones en las que nos hemos de coordinar, pero que ya hay cosas que hoy en derecho están y que lamentablemente por una falta de inversiones no están funcionando desde nuestro punto de vista como debieran.
La falta de inversión en el sistema sanitario ha producido el recorte de trabajadores sociales, el que haya centros, y en el sistema público de servicios sociales exactamente igual.

Muchas gracias por su generosidad, señor presidente, y gracias, señora Andrés, por su colaboración.

 

 

**El senyor vicepresident:**

 

Gracias, señora diputada.

A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la ilustre diputada, señora Franco, por cinco minutos.

 

**La senyora Franco Aliaga:**

 

Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar, desde el Grupo Parlamentario Popular agradecemos la presencia aquí de doña Juana Andrés.
Nos congratulamos y, además, quiero remarcar que usted está aquí porque el Partido Popular cuando llega al gobierno crea precisamente la figura del defensor del discapacitado, que antes era totalmente desconocida porque no existía.
Además de agradecerle todo lo que usted ha expuesto aquí, le felicito porque lo ha hecho magníficamente.

 

Yo sí que quisiera plantearle también alguna serie de preguntas porque considero que a nivel de la Ley estatal nos encontramos con muchas deficiencias, independientemente de que aquí hayamos oído que va a ser la solución a todos los problemas.
Al Grupo Parlamentario Popular le preocupan muchas cosas, hay muchas lagunas en esa ley y sí que nos gustaría, bueno, pues, lo hemos pedido a nivel de autonomía, el poder colaborar, el poder opinar, puesto que si de alguna manera vamos a ser los que vamos a tener que financiar el 80% de esa ley, del desarrollo de esa ley, pues, lógicamente, sí que nos gustaría poder opinar, cosa que hasta ahora no se ha hecho.

También me gustaría saber si a usted como defensora del discapacitado o asociaciones que usted representa se le ha llamado, en algún momento se le ha pedido opinión para el desarrollo de esta ley.
Creemos que no, pero, bueno, a lo mejor sería bueno que usted nos lo aclarase, y creemos que no porque lo que nos consta es que solamente han participado sindicatos, empresarios y el Estado.

Con relación a la financiación, también me gustaría saber si ustedes tienen confianza en que esa financiación va a existir, porque, claro, cuando se anuncia esa ley hay unas cifras que nada tienen que ver con las que se están poniendo ahora en la realidad pura y dura de los presupuestos.
Se hablaba de 1.
000 millones, tenemos 50, hace como un mes el presidente Rodríguez dijo que iban a ser 200 millones con lo que se iba a iniciar esa ley.
Realmente 200 millones de euros para todas las comunidades, para todo el Estado, pues, consideramos que no va a llegar prácticamente ni a cubrir lo más básico que pueda ser.

También me gustaría saber si ustedes confían en esa valoración que nos han dicho aquí, que va a ser igual en todos los sitios, que va a ser una valoración ecuánime, equilibrada, con unos parámetros para todos igual.
Nosotros no pensamos que pueda ser así porque de entrada no lo contempla.

Yo le diría que en esta comunidad sí que es cierto que hay cosas por hacer, pero también es verdad que hemos avanzado mucho desde el año 95, que es nuestro punto de referencia porque gobernaba otro partido.
Y, lógicamente, a algo nos tendremos que referir.
Y, ¡fíjese!
, nosotros las promesas que hemos hecho las cumplimos, nosotros hemos aumentado el número de plazas para la atención a personas con discapacidad, nosotros hemos mejorado las barreras arquitectónicas, nosotros hemos mejorado esos centros que atienden a esas personas.
Sabe usted que recientemente se ha publicado el mapa social donde lo que pretendemos y lo que realmente vamos a conseguir es acercar lo más posible los recursos a las personas que tienen algún tipo de dependencia.

Yo le diría que la labor que están haciendo es importante, que realmente si hoy está usted aquí es porque esta figura existe, y le animo a que siga trabajando en esta línea porque, realmente, desde el Grupo Parlamentario Popular no nos queda más que felicitarle por esa labor que hace día a día y que, además, consideramos que es muy importante.

Nada más y muchas gracias.

 

**El senyor vicepresident:**

 

Muchas gracias, señora diputada.

A continuación, para dar respuesta conjunta a los grupos parlamentarios que han intervenido, tiene la palabra doña Juana Andrés.

 

Cuando usted quiera, doña Juana.

 

**La senyora Andrés Cambra, Defensora del Discapacitat de la Comunitat Valenciana:**

 

Bueno, voy a ver si soy capaz de contestar a todas las preguntas que me han planteado sus señorías.
Lo intentaré.

El señor Cardona me preguntaba inicialmente qué tipos de quejas, en qué número y qué dificultades exponen las quejas que vienen al despacho.
Bueno, pues, hay quejas de todo tipo.
Hay un queja que es fundamental a todas las discapacidades, y es la falta de la consecución del empleo.
Pero, claro, eso es una queja que va con todo el resto de la ciudadanía, no todos los ciudadanos tienen acceso por desgracia al empleo.
Sí que es cierto que se han ido incrementando medidas que facilitan el acceso al empleo de personas con discapacidad.

 

Recientemente se han aprobado unas medidas para el acceso al empleo público de las personas con discapacidad que creo que son importantes y eran necesarias.
Pero, eso no quiere decir nada porque un número muy elevado de personas con discapacidad todavía, hoy en día, en la actualidad, no pueden ejercer el derecho al trabajo, con lo cual, no tienen la autonomía que les daría su propia manutención.
Una persona es independiente en tanto en cuanto puede planificar su propia vida a través de los recursos que ésta tenga.

 

Las dificultades.
A parte de ésa, que es la fundamental, pues, mire, la falta de sensibilización de las comunidades de propietarios para permitir que se haga o se construya una rampa de acceso en un edificio privado, que se ponga un ascensor o una plataforma elevadora en el zaguán o en el portal de la residencia, la lista de espera en el reconocimiento del certificado de minusvalía, falta de plazas en algunos centros porque, efectivamente, hay todavía carencia de centros, y peticiones o quejas de todas las características.

 

Las necesidades.
Los padres que ya son mayores tienen mucha angustia, algunos de ellos, en pensar qué será de sus hijos el día de mañana cuando ellos no estén.

 

En cuanto a los acuerdos bilaterales, que decía usted, en los convenios, bueno, pues, yo veo que los convenios tienen una parte positiva y otra parte negativa, refiriéndonos ya a la ley de autonomía, porque se van a tener que firmar 17 convenios distintos, con 17 distintas comunidades autónomas.
Yo no le podría decir o no podría decir aquí cuál sería la opción más adecuada, pero pienso que el convenio justamente está sujeto a.
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-¿cómo diríamos?
-, a una mayor sintonía en un momento determinado con los gobiernos que en ese momento estén en las distintas comunidades autónomas y en el gobierno de la nación.
Pero, siempre, no ahora ni luego, siempre.

 

Por lo tanto, pienso que sería más oportuno el buscar otra figura jurídica que no fuera a través de convenio.
Si me preguntan cuál en este momento, pues, no sabría decirles cuál, pero creo que es así.

¿Pueden establecerse mejoras en las comunidades autónomas para la atención a las personas dependientes?
Por supuesto que sí, por supuesto que sí.
Y de hecho, en algunas comunidades autónomas, pues, por ejemplo, si miramos el País Vasco, la atención y los recursos que tienen en el País Vasco no se tienen en el resto de las comunidades autónomas por los presupuestos, porque tienen su propia recaudación fiscal y dedican mucho dinero y mucho esfuerzo a eso.
Pero, también depende de cómo se obliga a esas comunidades autónomas a que se generen recursos.

Por eso, yo he empezado haciendo un estudio del proyecto de ley para establecer un paralelismo con la legislación autonómica.
Porque todo lo que yo digo que me gustaría que la ley contemplara en materia jurídica para preservar el derecho subjetivo, me gustaría que lo mismo lo recogiera el nuevo Estatuto de Autonomía de aquí.
O sea, es un paralelismo.
Yo lo que quiero son derechos subjetivos.
Y, ¿por qué?
Yo como persona, ya no como defensora del discapacitado, sino como persona con discapacidad desde hace muchos años, tengo 62 y tuve la discapacidad a los 11, pues, entonces cada vez estoy más dependiente.
Y, por supuesto, como persona nunca estoy satisfecha con todos los recursos que tenemos, ni nunca lo estaré porque creo que cada vez se van generando nuevas necesidades que tienen que dar lugar a la creación y habilitación de nuevos recursos, pero como el resto de la sociedad.

 

Y sí que tengo que decir una cosa.
Yo soy claramente crítica con el tema del avance que ha tenido la discapacidad, el mundo de la discapacidad, porque en unos años España se ha modificado muchísimo, ha avanzado muchísimo.
Pero, desde luego, el sector de la discapacidad no ha avanzado al mismo ritmo que han avanzado otros sectores.
Y lo digo en general.

 

En cuanto a la norma legal, ¿qué medidas propondría?
Bueno, pues, creo que con esto ya queda explicado.

 

El tipo de prestaciones.
El tipo de prestaciones es tan variado que no se puede decir una prestación.
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Miren ustedes, el tema de la adaptación, adaptaciones físicas.
Lo que me sirve a mí para poderme desenvolver con cierta normalidad, pues, a otra persona que también es usuaria de silla de ruedas no le sirve, porque tenemos tantas necesidades como personas somos.
Entonces, no se puede establecer una norma única.
Ahora sí, un nivel básico de prestaciones que sean igual para todo el mundo, efectivamente.
Pero, dentro de eso con una flexibilidad y con un estudio de lo que necesita cada persona.
De ahí lo que yo comentaba de la formación de las personas que tienen que valorar la dependencia.
¿Vale?

 

El presupuesto.
Pues, cuanto más, mejor.
Yo pienso que, además, no hay que inventar nada nuevo, todo está inventado, pero lo que hace falta es presupuesto, y presupuesto que verdaderamente esté destinado y vaya aumentando porque la dependencia aumenta cada día, afortunadamente el índice de vida, el proyecto de vida cada vez aumenta más, pero, claro, eso también lleva a que las personas tengan más dependencias.
Por lo tanto, eso hay que ir pensándolo, porque hay que envejecer con dignidad y teniendo todos los recursos a disposición.

 

Opinión de las residencias mixtas.
Bueno, pues, ya lo he dicho y vuelvo a decirlo.
Como persona con discapacidad creo que han tenido que pasar muchos años para que haya una sectorización.
Y esa sectorización es necesaria porque no todas las situaciones son las mismas y no los recursos que necesitan las personas en situación de dependencia y/o discapacidad son los mismos.
No es lo mismo una residencia de personas con una discapacidad intelectual profunda, severa o media, empezando por ahí, que para personas con discapacidad física o con enfermedad mental.

Las inversiones públicas o privadas.
Bueno, pues yo de toda la vida siempre he dicho que todo tenía que ser público, hasta que me di cuenta, ya hace unos cuantos años, de que todo público no podía ser.
Pero, pero, dentro de eso, sí que abogo porque lo público no se desentienda de lo que son los servicios básicos generales de atención a toda la ciudadanía.
Porque pienso que es necesario, ya no solamente en la inversión, siendo importante, sino en el control.
El control tiene que ser público y tiene que ser muy estricto para que, efectivamente, todos tengan la misma atención.

 

Creo que le he contestado a casi todo lo que me ha planteado usted.
Ahora voy a contestar a la señora Espí.

Ya se lo he dicho al señor Cardona, señora Espí, he empezado analizando la ley con el fin de establecer un paralelismo, porque me parecía que era interesante, puesto que las comunidades autónomas y esta nuestra, que es donde estamos, tienen las competencias transferidas además desde hace muchos años y que pueden implementar, y de hecho hay cosas que tenemos en esta comunidad autónoma que no existen en otras.
Pues, entonces, yo quería establecer un paralelismo con el fin de que jurídicamente se haga lo que sea para que los derechos verdaderamente sean subjetivos.

 

Mi obsesión desde que empecé a leer el anteproyecto de ley, ahora proyecto de ley, que verdaderamente era necesario, es muy interesante y no se le pueden poner pegas, se pueden hacer reflexiones y pensar lo que cada uno quisiéramos que fuera, es el reconocer el derecho subjetivo.
Porque así está reconocido, pero en una ley.
Pero si no está constitucionalmente reconocido, dependiendo de quien gobierne en un momento determinado, esa ley puede ser derogada y quedarse todas las personas.
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Sería difícil, porque, claro, esto es como una bola de nieve, cuando ya están unos derechos adquiridos es difícil que te los quiten, pero sí que pueden ir en retroceso.
Entonces, eso es lo que a mí me interesa mucho.

El copago ¿por qué?
Pues, mire usted, porque la educación es un servicio social que está a disposición de todo el mundo y nadie tiene la educación básica gratuita hasta una determinada edad.
Entonces, si eso está para todo el mundo y la dependencia resulta que no todo el mundo, afortunadamente, somos dependientes, pues yo creo que se tendría que hacer un esfuerzo mayor.
Y un esfuerzo mayor sin que fuera una cuestión muy gravosa para la administración pública que tiene que determinar y tener ahí el dinero.
Y de hecho, como bien ha dicho antes la señora Franco, se han ido modificando las cantidades o pensando en las cantidades que se van a tener que aplicar.
Porque, claro, esta ley es una ley muy ambiciosa y es una ley que requiere una inversión enorme.

Por lo tanto, si hubiera una participación por parte -porque los sindicatos sí que han participado en la elaboración de este anteproyecto y los empresarios también, pero eso no lo han dicho- una participación en la recaudación en la seguridad social, yo creo que no sería muy gravoso.
Porque eso tampoco es una cosa que afecte a los trabajadores que están en activo y a los empresarios económicamente de una manera muy grande y, sin embargo, sí que beneficiaría y permitiría que el estado dispusiera de un dinero fijo para eso.
Además, teniendo en cuenta, que ya en distintas encuestas que se han hecho, la población en general dice que no le importaría pagar por tener un acceso.
Bueno, pues si eso es así, pues sería como el sistema de seguridad social, pienso yo, no sé, lo mismo estoy equivocada.
Pero por eso no estoy a favor del copago.

En cuanto a la diversificación y la utilización de residencias mixtas, pues ya he dicho lo que me parece.
Lo que sí que es cierto es que en la actualidad, y por el conocimiento que yo tengo del asunto, todos sabemos que existe carencia en centros públicos y que hay unos centros que tienen unas plazas libres.
Desde luego, yo eso no entiendo que esas unidades vayan a ser definitivas, ni vaya a ser el único modelo ese, si no para dar salida a unas situaciones.
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Mire, ahora hay dos o tres casos, en concreto que yo conozco y desde luego no dudo que habrá muchos más, de personas con una grave dependencia que no pueden estar en su casa y que no tienen un sitio donde acudir.

El hacer una residencia, el construir una residencia lleva un tiempo, ya no hablo de la inversión, lleva un tiempo.
Pues si hasta que se hacen esas residencias que, vuelvo a repetir, como he dicho antes, que pienso que la administración autonómica tiene que invertir también en la construcción de centros, se llega a una solución para atender a estar personas, siempre y cuando estén las unidades debidamente delimitadas, pues no es la situación ideal, pero se da solución a un problema angustioso para la persona y para las familias.

 

El estudio demográfico sí, se hizo un estudio de la dependencia.
Pero yo me refería al estudio demográfico, señora Espí, del entorno de las residencias que dicen si podrían o preguntan ustedes si podrían prestar servicios a personas del entorno.
Porque, claro, el estudio demográfico de la Comunidad está hecho.
Pero, a lo mejor, imagínese que aquí hay una residencia, aquí, y que nos dicen que se puede dar servicio a personas con discapacidad, con una dependencia equis y que vivan por aquí.
Bueno, pues tendríamos que tenerlas localizadas, porque sabemos cuántos, pero dónde yo creo que no.
Y eso sería importante.

Asistente personal.
El tema del asistente personal es interesante.
Pero yo creo que se tiene que estudiar con mucho detenimiento.
Porque una persona con una grave dependencia, que tenga que estar atendido, no cuidado, porque a las personas que han acuñado esta fase o esta denominación de asistente personal no les gusta que les digan cuidador.
Pues la persona que tiene que estar atendida por un asistente personal y tiene una grave discapacidad, desde luego por un asistente personal no puede estar atendida en ningún caso solamente.
Porque, incluso, cuando a esa persona se le contraté y esté residiendo en el propio domicilio, el tiempo de la esclavitud hace mucho que finalizó y las horas de trabajo son ocho horas al día.

Suponiendo que esta persona o este asistente personal tenga lo que se llama retribuciones en especie, porque viva en la casa o en el domicilio de la persona dependiente, podría trabajar, como mucho, ocho o diez horas, pero desde luego cinco días a las semana porque tendría que tener dos días libres.
Con lo cual, la persona con dependencia necesitaría cubrir, con grave dependencia que tuviera que estar atendida todo el día, necesitaría cubrir ese espacio de tiempo que no tiene atención.
Además, los días de fiesta y las vacaciones.

Los asistentes personales están muy bien para un tipo de personas.
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**El senyor vicepresident:**

 

Le agradeceríamos que fuera terminando.

 

**La senyora Andrés Cambra, Defensora del Discapacitat de la Comunitat Valenciana:**

Muchas gracias.

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para unas personas con una determinada dependencia que no necesiten la atención las 24 horas del día.
Y yo, por supuesto, soy partidaria de que el mayor número de años posible la persona resida en su domicilio, que es donde mejor está, donde mejor se encuentra y donde está más satisfecha.
Pero, desde luego, lo que no cabe duda es que determinadas dependencias requieren por necesidad centros específicos, porque se necesita un número determinado de profesionales que en una casa no pueden estar.

Los equipos de valoración, ya no digo nada, porque ya se ha dicho.
Y, luego, lo del sistema sociosanitario, pues, bueno, me alegro que esté de acuerdo la señora Espí conmigo.
Efectivamente, se han hecho cosas, pero, como siempre, yo nunca estoy satisfecha y quedan cosas por hacer.

Contestando ya, para terminar, a la señora Franco, le agradezco su felicitación.
Y, en cuanto a la participación, desde luego, a mí no me han llamado, porque la figura del defensor del discapacitado es una figura de andar por casa, muy de andar por casa.
Y, claro, sí, en Madrid saben que existe, pero a mí no me han llamado porque yo allí no tengo.
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De vez en cuando sí que mando algún escrito.
Y tengo que decir que se tiene en consideración alguna de las cosas que digo.
Entonces, a mí por supuesto no me han llamado.
Sí que sé que las organizaciones de personas con discapacidad si no han participado directamente en la elaboración, bueno, pues, han aportado las ideas que hayan tenido con respecto a la ley.

La financiación.
Pues la financiación yo no sé si había que tener o no tener confianza.
Yo lo que sí que quisiera es que quedara muy claro que había financiación suficiente para las 17 comunidades autónomas del estado español, en igualdad de condiciones.
Y por eso pienso que lo de la recaudación por vía de retención en las nóminas y del empresariado, pues no estaría nada mal, que no sería muy gravoso para los ciudadanos y que, verdaderamente, aportaría una solución, una seguridad en la financiación del sistema.

La confianza en los parámetros igualitarios, desde luego, es que eso es fundamental, se tienen que elaborar, yo entiendo que se tienen que elaborar.
Porque, claro, el proyecto, cuando yo tenía que venir aquí era un anteproyecto de ley, ahora ya es proyecto porque ya se aprobó el día veintitantos en el Consejo de Ministros.
Pero de aquí a que se apruebe la ley, pues las Cortes tendrán mucho que decir, y ya no las Cortes sino también toda la ciudadanía que yo supongo que a todos los grupos parlamentarios les irán trasladando aportaciones.
Pero, desde luego, los parámetros eso tiene que estar y determinar qué personas, qué personas y cómo van a hacer esa valoración.
Eso, desde luego, es fundamental.

Y, luego, en cuanto a que aquí, en la Comunidad Valenciana, ha habido aumento de plazas.
Pues, efectivamente, sí, si dijéramos otra cosa no sería cierta.
Ha habido aumento de plazas en residencias de personas con discapacidad, de servicios, de recursos, el mapa social se presentó el otro día, pero continuamos todavía teniendo unas carencias.
Y por esas carencias existentes es por lo que se ha pensado de momento, de momento, porque yo el conocimiento que tengo es que no es una cosa inamovible ni para siempre, ni muchísimo menos, pues es dar una cobertura a personas que en este momento tendrían difícil.
Porque, claro, es duro pero las residencias que hay hay unas listas de espera importantes.
Y esas listas de espera muchas veces supone que para que una persona acceda a ese recurso, tiene que desaparecer otra.
Y, claro, eso es duro, es difícil, y a veces eso se dilata en el tiempo, afortunadamente.

Por lo tanto, pues, bueno, lo que yo pienso al respecto ya se lo he dicho a todos ustedes.
Espero que haya contestado como ustedes creían o que les haya, no sé, abierto, permitido exponer con más claridad mi exposición.

Muchas gracias a todos.

 

 

***Compareixença de la representant de l'Associació Empresarial de Residències i Serveis Socials de la Comunitat Valenciana (Aerte), senyora Ana María García Rubio.***

 

**El senyor vicepresident:**

 

Muchas gracias a usted, doña Juana.

Esta presidencia, en nombre de la comisión, le quiere agradecer, en su condición de defensora del discapacitado de la Comunidad Valenciana, su comparecencia y colaboración tan importante por los trabajos que ha presentado a esta comisión.
Y, en prueba de ello, hemos redactado estos documentos de los que le hacemos entrega.

A continuación suspenderemos la comisión durante quince minutos para dar paso al próximo compareciente.
(Pausa) Haremos copia del CD y se lo haremos llegar a todos los grupos parlamentarios.

(Se suspén la reunió durant uns minuts)

 

Bien, vamos a continuar dándole la bienvenida a doña Ana María García Rubio, presidenta de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios Sociales de la Comunidad Valenciana (Aerte), y a doña María Jesús Cabezón, gerente de dicha asociación.

Para su primera intervención tiene diez minutos, diciéndole que esta presidencia será flexible con el tiempo, como es lógico.

Gracias.

 

**La senyora García Rubio, representant d'Aerte:**

 

Muchas gracias.

Bueno, en primer lugar agradecer a esta comisión la oportunidad que le ofrece a nuestra organización para expresar nuestra opinión.

Aerte es una organización empresarial.
Su ámbito de aplicación es la Comunidad Valenciana.
Representa a 145 empresas mercantiles que trabajan en el sector de atención a la dependencia.
En este momento aglutina unas 18.
000 plazas residenciales y a unos 8.
500 profesionales.

El contexto en el que se mueve la atención a la dependencia nosotros lo vemos como derivado de un proceso sociológico.
Demográficamente somos el segundo país más envejecido del mundo.
Las previsiones para el 2050 es que el 28% de las personas sean mayores; pero, de ese 28%, el 21% van a ser mayores de 80 años.
Esto es lo que, en términos coloquiales, se le está llamando el fenómeno del "envejecimiento sobre el envejecimiento".
Y las encuestas del Eddes nos sitúan en 3,5 millones de personas discapacitadas en nuestro país, aunque el Libro blanco estima la atención a la dependencia en un 1.
125.
000, de las cuales el 80% son mayores de 65 años.

Evidentemente, nosotros entendemos que esto requiere de una protección social desde las administraciones públicas, con instrumentos de evaluación que estén avalados y reconocidos internacionalmente, pero que sean ágiles en su adecuación, puesto que hay que evaluar a muchísimas personas; hay que evaluar en el primer año, en el 2007, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana probablemente unas 30.
000 personas.
Hay que utilizar, desde nuestro punto de vista, recursos formales e informales.
No tenemos que perder de vista que el 80% de las personas dependientes están siendo atendidas en el ámbito familiar.
Hay que disponer de una red de recursos variada, suficiente y de calidad público-privado.
Y cuando de privado, no solamente hablo de las empresas mercantiles, hablo también del tercer sector o del llamado sector solidario.
Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, en plazas residenciales en este momento la media del país de plazas públicas es un 25% de las existentes; aunque luego un porcentaje muy alto de las plazas privadas están concertadas.
Y, evidentemente, hay que buscar la correlación entre coste y calidad.
Con esto podríamos, desde nuestro punto de vista, llegar a generar una autonomía, una calidad de vida y una dignificación de la dependencia.

Bien, el grupo de expertos, en las conclusiones del Estudio general de la dependencia en la Comunidad Valenciana, hablaba de potenciar los servicios de proximidad y atención domiciliaria partiendo de la red ya existente; y hablaba de compatibilizar, con garantías de calidad, servicio y dignidad a las personas, los espacios existentes para el cuidado y la atención de las personas mayores con aquellos destinados a personas con discapacidad.

En este momento hay una red en toda la Comunidad Valenciana que sobrepasa las 300 residencias para personas mayores.
Nosotros entendemos que prácticamente la mitad de estos recursos podrían prepararse para atender a otro tipo de discapacidad.
Esto no sería una novedad.
Hay otros países que están atendiendo la dependencia desde hace mucho más tiempo, y que lo están realizando de esta manera.
A nosotros nos parece que es una oportunidad para optimizar recursos.
Evidentemente, creemos que hay que hacerlo adaptando las estructuras y normativizando los requisitos que garanticen la calidad de las prestaciones.

Todo esto que les acabo de contar está en la.
.
.
Me paso las transferencias deprisa porque, más o menos, se lo he.
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.
se lo he sintetizado.

Instrumentos de respiro y apoyo familiar.
Voy a intentar dar respuesta a todas las preguntas que la comisión nos ha planteado.

Evidentemente, las prestaciones económicas dirigidas a los cuidadores en la Comunidad Valenciana se están haciendo, es una de las propuestas que hace la Ley de autonomía personal y atención a la dependencia.

Hay un aspecto que yo creo que está en todas partes un poco dejado y que sería importante abordar, y es la formación en habilidades para el afrontamiento de los cuidados.
Le estoy hablando en lo que se refiere al cuidador informal.

Las estancias temporales en residencias y centros de día también, no solamente estancias permanentes, sino también estancias temporales y la ayuda a domicilio.
Yo creo que en este momento la Comunidad Valenciana dispone de buenos instrumentos de respiro.
La puesta en marcha del bono centro de día y del bono estancias temporales pues es un instrumento a utilizar y el "Major a casa" i el "Menjar a casa" también, como una ampliación de la ayuda a domicilio.
Mejoras que nosotros entendemos: implementar la atención domiciliaria con sistemas de seguimiento de los niveles de dependencia, esto nos está haciendo y nos parece que en muchos casos hay personas atendidas a través de este servicio, que no deberían de estar, pero que a lo mejor en su momento, cuando se determinó este servicio, sí que era el idóneo; evidentemente, ampliar la red de servicios domiciliarios y de centros de día; adaptar el sistema bono a las garantías de derechos que propone el proyecto de ley.
El sistema bono en este momento es una subvención anual, y habrá que ver, más adelante yo, si me da tiempo, les explicaré, porque creo que tiene aspectos muy importantes, pero hay que ver esta adaptación como se hace, y poner en marcha recursos para la formación del cuidador informal.

Ustedes me hacían una pregunta sobre cómo trabajar en la promoción de la autonomía personal.
Hay un aspecto, y enlazando con el tema anterior, cuando hablamos de la autonomía personal casi siempre hablamos de la autonomía funcional, de la física, la intelectual, la sensorial; pero hay otro aspecto importantísimo de la autonomía, y sobre todo en los colectivos de discapacitados lo están reclamando, y es la capacidad de autogobierno y de libre elección.
Esto, en todo el estado español, menos en un par de autonomías, cuando se asigna un recurso, pagado por la administración, un recurso propio o privado que esté concertado a una persona dependiente que lo requiere, simplemente se le asigna el recurso y se le dice "mire usted, usted necesita esto y va a ir a este sitio".
Nosotros entendemos que hay un aspecto muy importante en la Comunidad Valenciana con el Programa bono residencia y todas las versiones que está ahora, y es la libre elección de un servicio; que además esta libre elección - y se lo planteo, no aquí, sino más adelante, bien, ahora veremos esta otra-, esta libre elección genera un propio control de calidad en el propio mercado, pero esto no tendría por qué afectar al mercado privado exclusivamente, sino al público también.
Usted asígneme una residencia, si yo necesito una residencia, pero dígame "en estas 19 residencias hay plaza, y usted elija la quiera; y además, si no le interesa, si no le gusta, usted solicita cambiar a otro centro o, si hay plaza en otro centro, usted mismo elija ese centro".
A nosotros nos parece muy sano, desde el punto de vista del ciudadano, y además nos parece sano desde el punto de vista de la libre competencia y de los estándares de calidad que de forma natural, e independientemente de los normativos, se genera en esta situación.

Bien, estos son datos de la Comunidad Valenciana, del Programa.
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Si hablamos de residencias, el bono y accesibilidad, las plazas de bono y accesibilidad para los ciudadanos es exactamente lo mismo, no tiene diferencias en este tipo de plazas; sí para los operadores que trabajan en ellas, pero no para el ciudadano.
Funcionan exactamente igual.

Yo tengo que decir, además me toca porque represento a la iniciativa privada mercantil, que ésta, en la Comunidad Valenciana, entre el 2003 y el 2007, ha generado todo el aumento de plazas que existe en este momento.
Prácticamente 10.
000 plazas nuevas, de las cuales el 85% están, mediante un modelo u otro, concertadas con la administración.
Es un nivel mucho más alto que la media nacional, que es alrededor del 60.
Y eso ha llevado a la Comunidad Valenciana a que su media de plazas entre públicas y concertadas, o sea, plazas para el ciudadano pagadas por la administración, pues sea mayor que la media nacional, 65,43.

Bueno, ahí tienen datos ustedes del gasto del programa.
Y yo sí que tengo que decir que el programa este año todavía requiere de un aumento presupuestario de 7 millones de euros.
Esta es una situación que se produce todos los años.
Hay un presupuesto inicial que luego progresivamente, a lo largo del año, se va ampliando.

Evidentemente, el modelo futuro de atención va a ser la Ley de promoción de autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.
Hay que tomar un poco de aire para contarlo entero el título.

Estoy segura que ya todos ustedes saben y conocen los dictámenes del Consejo de Estado, del Consejo Económico y Social, de la Federación Española de Municipios y Provincias, de los informes de Cermi, de Ceoma.
Bien, el proyecto de ley ha mejorado en algún aspecto.
Yo solamente quiero resaltar, no quiero entrar, porque eso sería cuestión de otro debate, lo que pensamos en su conjunto.
Pero quiero entrar en dos aspectos importantes en los que ha mejorado, y es: en reconocer la garantía del derecho para la promoción de la autonomía y la atención a la situación de dependencia en el artículo 1, que ha quedado mucho más claro, esa garantía del derecho que se adquiere; y la mención expresa e iniciar acciones administrativas y jurisdiccionales en defensa del derecho que se garantiza, y que está en el apartado de derechos y obligaciones para las personas en situación de dependencia.

Ésta la voy a pasar muy rápida.
Estoy segura que me he pasado ya de tiempo.
Bien.

Solamente quiero incidir un poco.
Una piedra angular de la atención a la dependencia va a ser el modelo de valoración que se utilice, porque va a determinar el número de dependientes a atender y va a determinar qué tipo de recurso se le asigna a cada persona en función del resultado de la valoración.

Nosotros pensamos que la valoración tiene que ser homogénea para todo el país.
No puede ser que un ciudadano de la Comunidad Valenciana, en la Comunidad Valenciana, se le valore y tenga derecho a acceder a una residencia, y un ciudadano del País Vasco pues tenga derecho solamente, por el sistema de valoración, a acceder a una ayuda a domicilio.

Por lo tanto, también pensamos que hay que establecer, si no se hace en la ley, en toda la reglamentación que se derive de ella, tiempos tasados para la valoración.
No se puede tardar dos años en hacer una valoración y asignar un recurso, el derecho quedaría totalmente en el aire.
Si no podemos asignar un recurso hasta que no tenemos la valoración, debemos de fijar un período para hacer las valoraciones, y así que el derecho pueda aplicarse en la forma en que sea correcto.

Bien.
La aportación económica del usuario a ese sistema, y que además se ha debatido mucho (so per interferència d'un mòbil).
A nosotros este es un tema que nos preocupaba bastante porque, evidentemente, la atención a la dependencia hay que financiarla y cuesta un dinero importante, no tan escandaloso como muchas personas están diciendo.
Es dinero pero si nos damos cuenta que es un 0,66 que hay que complementar en el PIB en nueve años y, además, tenemos en cuenta el crecimiento del PIB en los últimos años y que ese 0,66 ya la propia ley prevé que el 0,22 lo pague los usuarios, al final, prácticamente es un tema de prioridades.
O sea, evidentemente, hay que aportar dinero importante, pero con el crecimiento que España está teniendo en este momento, bueno, no hay que rasgarse las vestiduras tampoco, por lo menos con los números de los que en este momento se está hablando.

Yo creo que aquí, y yo me he leído los informes de todos los organismos que lo han emitido cuando el proyecto era anteproyecto, y yo creo que hay un consenso general por parte de la sociedad civil, de aceptar el copago en la atención a la dependencia.
¿Qué ocurre, qué ocurre con las situaciones patrimoniales?
Pues bueno, nuestro país tiene un modelo de ahorro muy característico que no se produce en otros países de Europa.
Hoy se producen situaciones tremendamente injustas, porque las pensiones de nuestras personas mayores, tengan patrimonio o no, son casi todas pensiones bajas.
Entonces, se producen situaciones, dado que solo se tienen en cuenta los ingresos, de personas que tienen una pensión bajita y, por lo tanto, ingresan en un servicio público concertado, a pesar de tener un patrimonio inmenso, y otra persona que tiene una pensión un poquito mayor, pero ningún patrimonio, y que no ingresa en ese servicio porque no le ha llegado, porque el cupo se ha terminado; la otra sí y esta no.

Nosotros nos plantearíamos que sí a tener en cuenta el patrimonio.
¡Ojo!
Pensamos que el acceso debe ser gratuito, plenamente, ni copago ni patrimonio, porque no lo habría, por debajo de ciertos niveles económicos; que hay que tener en cuenta en los ingresos en residencia un mínimo común para gastos personales mayor del que existe ahora en casi todas las comunidades, que además está relacionado con la pensión, con lo cual, si la pensión es muy bajita es una pensión asistencial, la cantidad que ese mayor se queda es tremendamente bajita.
O sea, no le sirve prácticamente para nada.

El patrimonio debe de contabilizarse con carácter retroactivo a la solicitud para evitar donaciones oportunistas.
Y debe regularse e incentivarse instrumentos de transformación de activos inmobiliarios, hipoteca inversa, renta vitalicia que ayuden a la persona mayor a realizar sus activos sin necesidad de desprender.
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, inmobiliarios sin necesidad de desprenderse de ellos.

El modelo de financiación, a nosotros nos hubiese gustado que hubiese sido diferente.
Entendemos que la dependencia es un riesgo, un riesgo con poca probabilidad en el contexto de la totalidad de la ciudadanía y con un impacto financiero sin embargo relevante cuando se produce.
Nos hubiese gustado que se tuvieran en cuenta de una forma muy seria los servicios de previsión, o sea, la posibilidad de seguros privados que cubriesen la atención a la dependencia para bajar el impacto económico en las administraciones.
En la modificación del Irpf se ha tenido en cuenta de una forma muy residual pero, en fin, esperamos que a lo largo de todo el proceso de implantación, pues en las revisiones que se vayan haciendo se tenga en cuenta este aspecto que nos parece que aporta aspectos muy positivos.

Creemos que en todas las comunidades se tienen que realizar adaptaciones normativas al modelo, en el momento en que la ley esté aprobada.
Evidentemente en la Comunidad Valenciana también entendemos que habrá que hacerlo, pues en la Ley de servicios sociales y en los decretos que corresponda, con la introducción del derecho y el sistema de financiación en la parte que le corresponda a la comunidad.

Y, por último, ustedes me hacían una pregunta sobre la intervención de.
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¿Qué papel tiene sanidad aquí?
Hay una ley de 2003, que es la Ley de cohesión y calidad del sistema nacional de salud en la que en el artículo 14, y yo voy hablándoles a ustedes sin.
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(rient) -lo tienen ahí en pantalla-, en el artículo 14 ya se habla de que pueden beneficiarse de las actuaciones simultáneas y sinérgicas de los servicios sanitarios y sociales.

Les digo "ustedes", porque esto, que es del 2003, en casi todas partes está prácticamente sin desarrollar, pero que está perfectamente regulado como hay que hacerlo.
Luego hay otro apartado que dice que en el ámbito sanitario la atención sociosanitaria se llevará a cabo en los niveles de atención que cada comunidad autónoma determine.
Y otro apartado en el que dice que la continuidad del servicio será garantizado por los servicios sanitarios y sociales a través de la adecuada coordinación entre las administraciones públicas correspondientes.

Pensamos que es necesaria una mejor coordinación.
En líneas generales, la coordinación entre bienestar social y sanidad no se está dando más que en dos comunidades en este momento: Cataluña y País Vasco.
En el resto de las comunidades, no se está dando.
Y pensamos que es absolutamente necesario y, además, creemos que hay un aspecto a determinar en la atención: cuál es la carga sanitaria, y que la asuma el departamento que corresponda, y cuál es la carga social, y que la asuma el departamento que corresponda.

Muy bien.
Yo, por mi parte, nada más.

 

**El senyor vicepresident:**

 

Muy bien.
Muchas gracias, doña Ana María, por su primera intervención.

A continuación, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, el ilustre diputado señor Cardona, por cinco minutos.

 

**El senyor Cardona i Pla:**

 

Gràcies, senyor president.

En primer lloc, agrair-li, senyora presidenta d'Aerte, la seua compareixença i les aportacions que ens ha fet.
Nosaltres tenim la missió de traure al final un dictamen sobre totes les coses escoltades en esta comissió, i la seua visió també ens aporta dades i punts de vista que hem de tindre en compte.

Jo, de totes formes, tenia al principi fetes unes preguntes o unes coses que volia plantejar-li.
Algunes vosté me les ha contestat en les dades que ens ha donat.
Però vaig a canviar també una miqueta el sentit de la meua intervenció.

En primer lloc, sincerament, jo m'alegre que vosté considere que l'aportació de recursos per a la dependència no és una qüestió absolutament insostenible.
És a dir, vosté mateixa valora que és una qüestió de prioritats i que un 0,66 del producte interior brut d'augment en els anys és una cosa perfectament assumible.
Ho dic això perquè moltes voltes n'hi han reclamacions o algunes declaracions molt, molt, molt.
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-com ho diríem?
- escandaloses respecte a la insostenibilitat de la possibilitat d'atendre les necessitats de la nostra gent, de la gent major en el tema de les pensions o de la gent dependent.

Jo, clarament considere que és un tema de prioritats i que si la prioritat es posa a on toca, n'hi han suficients recursos per a atendre les persones majors, les pensions i les persones dependents.
Això per una part.

Ara, jo, de la seua intervenció sí que n'hi ha un aspecte que m'importa i m'interessaria valorar.
A on queda el dret universal a rebre atenció?
A on queda el dret subjectiu a rebre atenció a situacions de dependència quan n'hi ha una necessitat subjectiva si l'atenció es va a fer per part d'una.
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, una part, que és universal i és per a tots, i una altra part que no és per a tots?
És a dir, si vosté planteja el tema del pagament, n'hi ha una part que sí que és pública i que és per a tots i una altra que no, això vol dir que n'hi han aspectes de drets o aspectes de necessitats subjectives de persones dependents que no van a ser ateses pel servei universal?
Eixe és un tema que em preocupa extraordinàriament perquè precisament la valoració d'una necessitat com a sí cobrible o com a no cobrible d'una manera necessària i obligatòria, em pareix bàsica.
I no em pose, en estos moments, si la cobrix un servei públic o un servei privat.
Jo em pose que n'hi han necessitats que crec que han de ser ateses de manera universal, però eixa diferenciació.
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Sí, sí, necessitats que tots, en tots els casos se cobriran, i necessitats que no se cobriran en tots els casos.
I em preocupa.

La segona, el tema de la lliure elecció, independentment de la situació econòmica?
És a dir, a mi me pareixeria molt bé que tot el món triara la residència o el recurs a què vullguera acudir, però jo, el que plantege és: la capacitat econòmica de la persona determinarà a quin tipus de recurs accedix?
Si ho determinarà, jo crec que la lliure capacitat d'elecció és un poc un camuflatge per a dir que cada u que trie segons els recursos econòmics que té.
A mi no em pareix mal que una persona defense això, però crec que hauria de quedar clar que no és exactament lliure elecció sinó elecció d'acord amb els recursos.

Tercer tema.
M'importa molt el tema de.
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Ha parlat del tema de valoració i jo, dels aspectes que vosté ha comentat en l'avaluació, en la valoració, coincidiria en els requisits a tindre.
El sistema de valoració ha de ser ràpid, ha de ser.
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Un sistema de valoració que ajorna molt la valoració d'una persona la deixa en situació precària durant molt de temps.
Eixa valoració.
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Ahí vosté ha comentat que deuria ser per part d'agències autonòmiques.
Públiques?
Privades?
M'interessa el caràcter d'eixe tipus de valoració.

Jo, sobre eixe tema, lligat un poc a la possibilitat d'entrar en la valoració a l'aspecte privat, també me pareix important el tema de la inspecció.
Tots són coneixedors i a tots ens dol que hagen aparegut casos de residències o de serveis que no atenen adequadament els seus residents, els seus atesos.
Això ens preocupa a tots.
Jo, el que volia preguntar-los era pel paper que creuen que deu jugar la inspecció.
A quin grau, quins aspectes sí que són possibles valorar per una autovaloració del servei de qualitat, i quins aspectes no deurien mai ser valorats per un aspecte d'autovaloracio i deurien ser valorats per la inspecció?
Jo, en eixe aspecte, en eixe tema.
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, perquè a més considere que cada vegada que ix un tema d'estos no afecta només l'única residència afectada, un servei afectat, sinó que afecta tot el servei oferit, inclús el servei públic.
Per tant, a mi me pareix molt important de quina manera deuria actuar la inspecció, si ara és suficient, a quins punts deuria arribar i deuria intervindre.

I, finalment, a mi n'hi ha un tema que m'agradaria parlar, que és el tema del copagament.
Jo considere que els serveis socials, sempre, al final, són copagats.
D'alguna manera, les pensions públiques provenen d'un pagament per part de la gent.
El problema és d'on ve el copagament.
Si ve d'una aportació feta al llarg de la vida o ve d'una aportació feta puntualment en eixe moment concret.

Tots els servies deuen ser motiu de copagament?
Uns deurien ser concedits de manera universal sense copagament i uns altres deurien dependre de copagament?
Quins deurien ser.
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I me referisc al copagament directe per part de la persona, encara que jo voldria deixar molt clar que, al final, tots els serveis socials, tots acaben sent pagats pels impostos de les persones.
Jo li dic això perquè vosté, per exemple, ha ficat el tema que la valoració de patrimoni.
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**El senyor vicepresident:**

 

Vaya terminando, señoría.

 

**El senyor Cardona i Pla:**

 

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-sí, de seguida- deuria ser prèvia a la concessió de la situació de dependència, precisament per a evitar ordenacions inadequades, quan nosaltres considerem que el més just seria un pagament per part de la declaració de la renda a on n'hi han unes inspeccions determinades i a on, evidentment, si una persona s'escapa és perquè vol fer un frau de manera voluntària i concreta.
I nosaltres considerem que pagar per la declaració de la renda els serveis que tots necessitarem quan siguem dependents, ens pareix una bona raó.
Però vist des del seu punt de vista, quins serveis serien copagats per pagament directe de la persona, i quins no serien copagats.

Gràcies.

 

**El senyor vicepresident:**

 

Gracias, señor Cardona.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la ilustre diputada señora Espí.

 

**La senyora Espí de Navas:**

 

Gracias, señor presidente.

Bueno, en primer lugar buenos días, y muchísimas gracias por estar con nosotros en una comisión que, bueno, lo repito todas las veces en que tenemos una comparecencia.
Pero insisto que para nosotros es muy importante, independientemente de que desde cuando nosotros creamos o empezamos a funcionar, ya en junio va a hacer un año, en el debate de esta comisión, pues no teníamos un proyecto de ley encima de la mesa, y por tanto hay variantes que son importantes sobre todo en cuanto a los recursos futuros, que esto ya de alguna forma responde parte de las preguntas.

En cualquier caso, sí que me gustaría entrar en algunos temas puntuales de los que usted ha preguntado.
Sobre todo porque hay algunos datos que no me.
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no cuadran, al menos con la información que nosotros tenemos, la información que tenemos a través de los presupuestos de la propia Generalitat.
Entonces.
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o no lo he entendido bien, posiblemente me haya confundido; según sus cuentas usted decía que en torno a 15.
725 plazas funcionaban con financiación de la Comunidad Valenciana, que era aproximadamente el 85% de las plazas.
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(remors) existentes, que son 18.
500 plazas según nosotros.

Porque usted, aquí al final también da datos basándose en el año 2007.
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Bueno, ponía 2007 y ha dicho 2007.
Posiblemente sea un error.
Por eso le pregunto que eran dudas que tenía, que imagino que obedecen a un error más que a.
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En cualquier caso, me imagino que se referirá a 2006, aunque ponía en su.
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(remors) Exactamente, pero a nosotros, desde luego, no nos sale que tengan un 85% de cobertura, y no nos sale que hayan 15.
725 que serían financiadas por la Generalitat.

Porque, por las cuentas más o menos de lo que significa la inversión en el bono residencia, más lo que hay de plazas de accesibilidad, que usted sabe que tampoco hemos llegado a conseguir lo que se planteaba a través del concurso de las 9.
000 plazas, porque finalmente no han sido finalizadas.
Nosotros en este momento no hablamos más, o entendemos que no hay más allá de unas 7.
000 plazas, 7.
500, concertadas.
La cifra es bastante distinta a los datos que usted nos daba.
Entonces nos gustaría saber de dónde sacan ese dato, no?
porque sería interesante conocerlo.

A nosotros desde luego nos parece que tenemos que adecuar, y usted lo decía, la legislación autonómica para poner en marcha la ley estatal.
Así tendrá que ser la Ley de servicios sociales, todas las órdenes que emanan de la propia ley o de la futura ley que tengan que ver con atención a la dependencia, con servicios, con prestaciones.
Y lógicamente también con los mecanismos de inspección y acreditación.
Y es un trabajo que tendremos que hacer.

Pero hay algo, y en eso coincido plenamente con ustedes, y es que tenemos un reto importante y que por esto, este año, independientemente de lo que nos parezca a cada uno el esfuerzo, antes de estar aprobada la ley que va a hacer el ministerio con esos 200 millones de euros.
Que efectivamente, la Comunidad Valenciana va a percibir en torno a 21 millones de euros para ese cometido, pues uno de los elementos básicos y más importantes será poner en marcha el Plan de valoración.

A nosotros, desde luego, nos parece que es fundamental para que la ley tenga.
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la cifra puede ser, son los datos que más o menos se comentan, pero bueno, según el libro blanco, hablamos de que en la Comunidad Valenciana.
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Y también es discutible, porque yo creo que sabremos verdaderamente la dimensión, independientemente de los estudios, una vez empecemos los procesos de valoración.
Pero sí estaremos ajustándonos en un primer año, a como mínimo tener que dar respuesta a 30.
000 personas que serían los graves, los casos de mayor gravedad o de situaciones de dependencia severa.

Entonces, lógicamente esto tiene que funcionar y tendríamos que hablar de que en este último trimestre tendríamos que poner en marcha el modelo de formación y de lo que.
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los futuros sistemas desde nuestro punto de vista, los futuros sistemas de valoración.
Nosotros tenemos una opinión.
I me gustaría que usted nos diera también su opinión al respecto.
Pero nosotros tenemos una opinión que para agilizar y no crear entes extraños, tenemos y contamos con un sistema público de servicios sociales que tiene una extensión territorial perfecta.
Es decir, con un ámbito de aplicación en las entidades locales.

Nuestro criterio sería unos servicios de valoración vinculados, en lo que es la parte administrativa, a los servicios sociales municipales, a través del refuerzo lógicamente profesional.
Nosotros incluso en su momento hablaremos de propuestas más concretas.
Nosotros pensamos que hay que reforzar los servicios sociales con un trabajador social como mínimo cada 20.
000 habitantes.
Y luego un equipo de valoración, que sería prácticamente el mismo número de personas que se contrate en los servicios sociales, dedicados a la valoración que en ningún caso tendría que ser ni parecido a lo que son los equipos de valoración y orientación de la discapacidad.

Es decir, tiene que ser algo vinculado al territorio, cercano al ciudadano.
Y además el valorador o valoradora debe ser una persona que se dirija al domicilio de la persona que solicita el recurso, porque estamos hablando de una ley que habla de la limitación de la persona a realizar las actividades de la vida cotidiana.
Por tanto, algo que sí que sería importante, y que nos pusiéramos de acuerdo todos los sectores afectados en el desarrollo de esta ley.
Y de entrada sí manifestar que pienso que hemos de contar con el concierto de toda la sociedad, y sobre todo con todos aquellos que hoy tenemos algo que ver con este tema.
Los que de alguna forma hemos de legislar, los que están trabajando en el ámbito de los servicios sociales, los que conciertan y trabajan con la administración, como es el caso de los empresarios.

Y por nuestra parte ninguna duda en que, lógicamente, hay que seguir con un sistema mixto y donde, es verdad, nos gustaría tener un tercer sector mucho más potente en la comunidad del que tenemos, pero que hay que seguir concertando.
En cualquier caso el tema de la inspección no me ha quedado.
Yo creo que es uno de los grandes déficits que tenemos y me gustaría conocer su opinión con respecto a los temas de la inspección.

Y una duda, porque primero como no veo el número de plazas, y luego lo de la libertad de elección que usted ha remarcado me parece básico, importantísimo en cualquier servicio público.
Ojalá consiguiéramos en todos que eso fuera una posibilidad, incluso en la educación pública, pues que.
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Pero claro, hay una cosa que son los derechos universales, y entran en una contradicción porque yo es que creo que este sistema tampoco garantiza la libertad de elección, porque desde mi experiencia y el conocimiento -el actual sistema de bono residencia-, porque desde el conocimiento, pues aquella persona que su familia tiene recursos o posibilidades, o posibilidad de invertir mensualmente una cantidad hasta que le den el recurso, yo elijo la residencia a que llevar a mi familiar.

La persona que no tiene posibilidad de endeudarse a través de un préstamo, o no tiene posibilidad de financiar la plaza de su familiar durante un período de tiempo.
O esa persona no lo puede financiar, sencillamente la persona dependiente, la libertad de elección, como menos, como mínimo, desde nuestro punto de vista es cuestionable.
Y luego, porque nosotros también partimos, y quizá y usted hoy igual me da datos distintos.
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**El senyor vicepresident:**

 

Vaya terminando.
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**La senyora Espí de Navas:**

 

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pero partimos de que hay una enorme lista de espera en el tema del bono residencia, y me parece importante qué opina usted de la propuesta.
Yo creo y usted representa a Aerte que es el sector empresarial de atención a los mayores.
Una cosa son situaciones de emergencia en que hay que actuar ante los recursos, y otra cosa es que hayan recursos que tienen que ser muy especializados, con perfiles profesionales profundamente distintos.

Y para.
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es decir, para que la propuesta que tenemos parte de la conselleria de crear módulos en las residencias para atender a otros sectores, bien sea salud mental o discapacitados psíquicos o físicos en las mismas residencias de tercera edad.
Nosotros entrar a decir que pensamos que las residencias de mayores, con la capacidad que tienen actualmente con un buen sistema de concesión de plazas se pueden llenar de personas mayores, y no es necesario cambiar los módulos, y que hay que crear centros especializados.
Es nuestro punto de vista.

En cualquier caso, sí me gustaría comentar si hay posibilidades en este momento, que ustedes, con los perfiles profesionales que tienen, a qué tipo de convenio tendríamos que llegar o qué tipo de planteamiento.
No es hacer un módulo nuevo porque los perfiles profesionales son distintos, sino cómo tendríamos que hacer, y qué sentido tiene que el no crear nuevos recursos para atención a la dependencia, los mayores que tengan la atención que corresponde y las personas con discapacidad a la suya.

Perdón, señor presidente, por mi extensión en el tiempo.
Agradecerle.
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**El senyor vicepresident:**

 

Está usted perdonada.
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**La senyora Espí de Navas:**

 

Muchísimas gracias.

 

**El senyor vicepresident:**

 

Gracias, señora Espí.

A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la ilustre diputada señora Franco.

 

**La senyora Franco Aliaga:**

 

Gracias, señor presidente.

En primer lugar nuestro agradecimiento a doña Ana García presidenta de Aerte, una.
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asociación o una entidad muy amplia por el número de plazas y por el número de residencias que tienen en funcionamiento.
Y además le felicito porque realmente el trabajo que vienen realizando es un trabajo muy importante, que lógicamente sin ese sector que necesita la administración, sería muy difícil el poder llegar a cubrir todas las necesidades de los ciudadanos.

Yo le felicito por la exposición porque ha sido muy amplia y además con un contenido muy importante.
No voy a discutir si el número de plazas que se atiende es el que no.
Yo sé que usted es una persona rigurosa en sus informes, y lógicamente, los datos que usted ha presentado son los reales y no los que se discuten en este momento.

Pero de ninguna manera su comparecencia tiene que ser una especie de examen, sino todo lo contrario, es una aportación que usted nos hace y que vamos a tener en cuenta para ese futuro estudio y dictamen que vamos a elaborar.
Realmente.
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yo, me gustaría preguntarle algunas cosas, porque creo que tiene mucha información y sería bueno que nos hiciese partícipe de ella.

Se ha hablado aquí de la libre elección.
Realmente el gobierno del Partido Popular, cuando llega en el año 95, sí que considera que es importante que las personas dependientes puedan optar libremente al lugar o a la residencia que quieren ir, y no dedicarnos a tener unas listas de espera muy largas porque las plazas de atención pública son muy escasas.
De hecho así lo demuestran los números que tenemos y que obran en el poder de todas sus señorías.

Considero que el bono residencia es un avance muy importante que posiblemente se puede mejorar, como usted ha puntualizado, y que me consta que se está trabajando en ello.
Pero que sí tenemos que reconocer que ese avance ha hecho que nuestra comunidad, como usted ha manifestado en algún momento, es una comunidad modelo a seguir por otras comunidades.
Que, bueno, que vamos en avances en muchas actuaciones (Remors)

Yo también he tomado nota que nos decía que las plazas públicas de la comunidad son un 65%, y que en el resto de España (so d'un mòbil) es un 60.
Luego ahí estamos trabajando.
(remors) (so d¡'un mòbil) Un 33 la media nacional, con lo cual pues yo creo que podemos ser modélicas, y sentirnos orgullosas de las políticas que en servicios sociales estamos desarrollando.

Con relación al copago, yo creo que queda claro que la posición, que sí que es cierto que hay que tener en cuenta muchos matices que sería importante que se tuviesen en cuenta.
Pero lógicamente, habrá servicios o prestaciones que una persona querrá tener que no entran dentro de esas prestaciones comunes.
Y que, ¿por qué no?
, si tiene recursos, ¿por qué no pagarlos?
A mí me gustaría que nos dijese el seguro de dependencia, que usted en algún momento me ha parecido que recogía, cómo podría hacerse, porque quizá también fuese una solución importante para tener en cuenta.

Sí que es cierto que estamos ante un proyecto de ley, que, bueno, veremos a ver qué resultados nos da, porque lo que está claro es que algunas recomendaciones se están recogiendo, otras todavía no las tenemos muy claro.
Esperaremos a ver cómo se solucionan, porque realmente lo que sí estamos es ante una sobreabundancia de palabras, y una pobreza de hechos que se ven reflejados en los incumplimientos que con relación a la Ley de dependencias se están llevando a cabo por el gobierno que preside el señor Rodríguez.

Yo vuelvo a terminar como he empezado, felicitándole por su comparecencia aquí con los datos que nos ha aportado.
Y le animo a que siga colaborando porque realmente sus aportaciones son muy importantes.

Muchas gracias.

 

**El senyor vicepresident:**

 

Muchas gracias, señora Franco.

A continuación, para dar respuesta conjunta a los grupos parlamentarios que han intervenido, tiene la palabra durante diez minutos dona Ana María García Rubio; volviendo a decirle, doña Ana María que esta presidencia será flexible con el tiempo.

Muchas gracias.

 

**La senyora García Rubio, representant d'Aerte:**

 

Se lo agradezco porque además no me caracterizo por mi capacidad de síntesis, (rient) y que son muchas preguntas.

Bueno, en cuanto a la atención universal.
Yo creo que la ley, el proyecto de ley va a estar ahora en trámite parlamentario, y que todos los grupos políticos van a tener la ocasión de hacer las aportaciones que consideren.
Inicialmente, previo al anteproyecto, ya la mesa del pacto social, donde están implicados tanto las organizaciones patronales como las organizaciones sindicales, y que además creo que fue el primer grupo en consultársele cuál era su planteamiento al respecto de esto.
Y el planteamiento que hizo la mesa del pacto social no difiere mucho del que después ha hecho el propio anteproyecto.

Evidentemente, yo entiendo, desde mi punto de vista, que un ciudadano con unos recursos importantísimos, pues debe de hacer la aportación que corresponda a sus recursos para que se le atienda en su situación de dependencia.
Y el ciudadano que no tenga recursos suficientes, pues debe de ser gratuita la atención de su dependencia.
Si no somos capaces.
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Yo decía al principio, efectivamente, con los números que daba con.
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, sobre todo con los porcentajes que se establecen de aumento de gasto para la atención a la dependencia, que no hay que rasgarse las vestiduras tanto.

Ahora, a lo mejor si nos plantemos que todo el mundo tiene que acceder a esto de forma gratuita y universal cualquier ciudadano, y además no tiene que hacer aportaciones personales, a lo mejor habría que plantearse que por ese modelo los ciudadanos tendrán que pagar, a través de sus impuestos y de las subidas de sus impuestos, la atención a la dependencia.
En definitiva, como usted decía, de una o de otra manera el ciudadano lo está pagando.

Yo creo que un sistema de aportación en función de los ingresos de cada cual, protegiendo a las esferas más bajas, es el sistema, desde nuestro punto de vista, más racional, sobre todo, porque además el ciudadano debe ser consciente del esfuerzo que realiza a la hora de recibir un servicio público.

El modelo de valoración.
¡Hombre!
, yo con el modelo de valoración, que evidentemente yo le echo mucho énfasis, porque también me parece tremendamente importante.
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Vamos a ver.
No vayamos haciendo -y es mi punto de vista- la casa antes de tener los cimientos.
Si nos planteamos que el modelo tiene que ser igual para todo el Estado, porque esa es la garantía de que un ciudadano tenga la misma.
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sea igual ciudadano de primera en una comunidad que en otra.
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Y yo creo que en cuanto a los criterios básicos que debe establecer la ley, también los dictámenes que ha hecho el Consejo de Estado van por esa misma línea, por la de que se haga una ley de bases que garantice la igualdad de todos los ciudadanos españoles, tendremos que ver qué es lo que ocurre y qué criterios de mínimos se marcan para a partir de ahí construir lo que haya que construir en cualquier comunidad; en la nuestra también.

Creo que, evidentemente, hay que reforzar los sistemas de evaluación.
Desde mi punto de vista, hay que crear estamentos nuevos para hacer la evaluación, porque no tienen que estar mediatizados por lo que se ha hecho anteriormente.
Yo creo que aquí hay que aportar un espíritu nuevo y fresco.
Y, desde mi punto de vista, es tremendamente complejo que se hagan desde la proximidad del ciudadano.
Ahora, utilizar los equipos base municipal, que ya están ahí, para que emitan todos los informes al órgano que se establezca, evidentemente, evidentemente sí.
Evidentemente, yo creo que sí.

La inspección.
Estoy totalmente de acuerdo.
O sea, no tengo absolutamente nada que decir.
Cuando yo hablaba de una autorregulación de la calidad a través de la libre elección, estoy hablando de un más a más, de un valor añadido a los propios servicios de inspección y de regulación de la administración.
Yo creo que la administración tiene un papel fundamental en la atención a la dependencia y en muchos otros servicios.
Y es regular normativamente y controlar los estándares de calidad que establece, desde el punto de vista normativo.
Y a mí me parece que ese es el papel fundamental de las administraciones públicas en la atención a la dependencia.

Pero si me preguntan en otro tipo de servicios, de responsabilidades que tiene la administración con respecto al ciudadano, le diré también que sí, que ese es el papel fundamental.
Y que, evidentemente, nosotros, desde nuestra organización, hoy en este momento, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana todas las residencias de tercera edad, trimestralmente, pasan una documentación -es el anexo 14, que está dentro, en este momento, dentro de la norma-, con todos los datos de atención, de ratio, de figuras profesionales, de ratio de plazas, y se pasa trimestralmente a la administración, con una declaración jurada del empresario, y fue una propuesta que Aerte le hizo a la administración en su tema como un más a más de los controles de calidad que se deben realizar en los centros.
Evidentemente, la inspección tiene que ser potente y tiene que ser el órgano principal para la atención a la dependencia.
Y en función de que los servicios tengan que ir ampliándose, se tendrá que adecuar a esas necesidades.

¿Qué pasa con la libertad de elección?
Vamos a ver.
En este momento, en el modelo de atención que hay en las residencias, pero que se está extendiendo a los centros de día a través del bono-centro de día ya desde el año pasado, desde mi punto de vista hay un modelo tremendamente ágil.
El centro que quiere, privado mercantil o del tercer sector y que reúne los requisitos, se adhiere al sistema de forma automática.
No necesita que se hagan concursos públicos, etcétera, etcétera, que a lo mejor a veces no son todo lo ágiles que deberían ser.
Con lo cual, yo creo que la oferta se retroalimenta de una forma muy cómoda.
Evidentemente, a ese centro se le inspecciona, se le revisa y se ve que cumple los requisitos no solamente que marca la normativa de mínimos, sino los que añada el programa al que se adhiere.
Y automáticamente está en un.
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-llamémoslo catálogo, por asimilarlo al proyecto de ley de la dependencia- está en un catálogo de centros que están adheridos a este sistema.
El ciudadano solicita una plaza residencial, que en la mayoría de los casos nunca dice dónde, porque, entre otras cosas, a lo mejor no lo conoce.
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estas situaciones no son situaciones preparadas con antelación, sino que surgen.
Y solicita una plaza, y se le concede sin asignarle un recurso.
Se le concede y a la vez que se le concede, se le da un listado de centros, que es, digamos, el catálogo de servicios que tiene el sistema.
Y en ese listado elige.

¿Qué podía ocurrir hace un tiempo?
Que encontrar una plaza era complicado.
Como resulta que en dos años la Comunidad Valenciana ha crecido en un número de plazas.
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-y hablo de plazas residenciales, a lo mejor en otros recursos todavía hay que avanzar mucho- ha crecido de forma considerable, y son muchísimos los centros que están adheridos a este sistema, hoy el ciudadano elige el centro donde está, de verdad, mediante ese sistema.
Mediante otro, no.
Yo no digo que tenga que ser ese, puede que sea otro diferente.
Pero si es diferente, que mantenga los aspectos importantes de este sistema, en el que yo creo que elige cuando se le concede la plaza.
(Veus) ¡Hombre!
, evidentemente.
Claro, claro.
(Veus) ¡Claro, claro!
(Rialles i veus)

 

**El senyor vicepresident:**

 

Señorías, por favor.

 

**La senyora García Rubio, representant d'Aerte:**

 

Cuando se le concede la plaza, evidentemente, evidentemente.
(Veus)

 

Y yo en todo momento, cuando estaba haciendo la exposición, estaba hablando de la plaza concedida.
No es lo mismo conceder una plaza y decir: "usted elija", que conceder una plaza en la residencia no sé qué, que está en el sitio no sé qué, (veus) que es lo que se hace normalmente en casi todas las comunidades.
Los centros están concertados mediante concurso público y la administración, cuando concede una plaza, le dice al ciudadano a la plaza que tiene que ir, porque además tiene un compromiso de mantenimiento de las plazas desocupadas, que, por desgracia para la iniciativa privada, eso no ocurre en la Comunidad Valenciana, pero que nosotros entendemos que beneficia mucho al ciudadano, porque le permite elegir, cuando tiene la plaza concedida, sin necesidad de que la administración tenga ahí ese déficit con el centro a, con el centro b, que podemos entender que a lo mejor el que tiene plazas desocupadas, de las concertadas, sea el que peor lo está haciendo, puesto que no las ocupa.

El modelo de servicios a discapacitados dentro de los módulos de tercera edad.
Claro que las figuras profesionales muchas de ellas son diferentes.
¡Hombre!
, yo jamás me plantearía que en residencias de tercera edad, y en todas hay algún discapacitado.
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Hoy por ejemplo, por cuestiones de no separar la unidad familiar, se dan muchas situaciones en las que una persona mayor necesite ingresar en la residencia, y ha tenido toda su vida a su hijo discapacitado a su cargo, y para no romper esa unidad familiar, ingresan las dos personas en la residencia, porque las dos necesitan atención.
Sería una barbaridad.
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el daño que se produciría separar a esas personas, sería mucho mayor que el beneficio que se le puede dar.

Ahora, cuando yo hablo de integrar otros modelos en las residencias, hablo de módulos separados y de las figuras profesionales en el módulo correspondiente que correspondan.
Hay un modelo, que es el modelo anglosajón, que en Estados Unidos está muy extendido.
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Aunque el modelo de Estados Unidos sea diferente y a mí no me guste, porque, entre otras cosas, la garantía de la prestación es distinta.
Sin embargo, nosotros hemos cogido el camino por un modelo de gran centro, y no a lo mejor como otros países del norte de Europa, que van al pequeño centro, que es difícil encontrar un centro de más de 40 plazas.
Por decir algo, nuestro modelo ha ido por el centro más grande, y desde mi punto de vista, eso tiene sus grandes ventajas, servicios profesionales más potentes, mucho más multidisciplinares, porque es posible en el centro grande, pero hay que modular y hay que modular mucho.
Y eso en otros países está muy avanzado.
Entras en un gran complejo, que a lo mejor está atendiendo 800 plazas, pero la modulación son 15 servicios diferentes, un servicio para alzheimer de un grado, otro servicio para alzheimer de otro grado, otro servicio para personas mínimamente dependientes, otro servicio para discapacitados.
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Quiero decir que solamente tienen aspectos en común, como pueden ser cocina, servicios generales y demás, y el resto está perfectamente modulado y con los profesionales cada uno de los servicios que corresponda.
Así es como yo me planteo los servicios conjuntos.
No se me ocurriría planteármelos de otra manera.
Y cada uno con los profesionales que requieran para su atención.

Creo que tenía una pregunta sobre el copago, que ahora no la recuerdo.
(Remors) Vale.
Yo creo que es sano que todos los servicios lleven copago.
Y una vez dicho esto, y una vez dicho esto, haciendo la salvedad de tener muy en cuenta los recursos económicos de cada ciudadano, eliminando del copago a las personas con recursos mínimos, y que habría que establecer cuáles son esos recursos mínimos susceptibles de no tener copago, y estableciendo muy bien cuál es el copago de cada uno de los servicios.
Evidentemente no puede ser el mismo copago, no por lo que cueste.
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O sea, no establecer este copago en función de lo que cueste el servicio, sino en función de la necesidad del ciudadano.

La aportación que un ciudadano puede hacer a una plaza residencial nunca va a ser la misma que la que puede hacer a un centro de día.
¿Por qué?
Porque el ciudadano cuando va a una plaza residencial va a vivir a ese espacio, por lo tanto, sus necesidades se reducen muchísimo.
Y, sin embargo, el que va a una plaza de centro de día sigue manteniendo su vivienda y tiene que hacer una serie de gastos, con lo cual su aportación tiene que ser infinitamente mejor en un caso que en el otro.
¿Cuál tiene que ser?
La adecuada, la que le permita seguir manteniendo la calidad de vida que tenía anteriormente en ciertos aspectos, porque debemos entender que en la atención a sus discapacidades tiene que mejorar, pero la que permitía seguir atendiendo sus obligaciones, seguir, si vive en su casa, pagando su luz, teniendo sus recursos para complacer a sus nietos cuando vienen a visitarle.
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¡Qué les voy a decir!
Los que hacemos todas las personas todos los días.
Pero creo que el copago es sano y el esfuerzo personal hace entender muy bien la participación de las administraciones públicas y el esfuerzo que se hace desde ella.
Evidentemente, perfectamente reglado y adecuado a no distorsionar ninguna de las situaciones.

No sé si me queda alguna de las preguntas por contestar que me planteaba.
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(Remors) ¡Ah!
, sí.
Perdón.
Y las que me ha planteado la diputada del Partido Popular.
Vamos a ver.
Plazas residenciales.
El dato de plazas residenciales es absolutamente exhaustivo, y además es público.
Nosotros tenemos una mesa permanente con la administración donde vamos trabajando determinados datos que al sector privado mercantil le interesan, sobre todo para ver los desarrollos.
Y no era un error el 2007, es la previsión.

Plazas residenciales en la Comunidad Valenciana, totales, ¿eh?
, cuando hablé de plazas residenciales no hablo solamente de las privadas, de las totales.
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(Algú diu: "De mayores") Sí, de mayores.
Diciembre del 2003: 18.
566; abril del 2006: 23.
199; y previsión para final del 2007: 28.
000.
Cuando hablamos de estas 28.
000, la diferencia entre 23.
000 y 28.
000 son los proyectos que están ya iniciados, ¿eh?
, y que nosotros conozcamos -puede que haya algún proyecto que nosotros no conozcamos.
Procuramos esforzarnos mucho porque, además, pensamos que en este momento incluso hay un exceso de plazas, a día de hoy, no sé qué pasará en el 2007 con la puesta en marcha de la ley, pero a día de hoy hay incluso un exceso de plazas en la Comunidad Valenciana con respecto a la demanda.
Lo del 2007 es la previsión.

Y cuando hablamos del 65% y el 43%, hablamos de en torno.
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Aquí hay otro dato que es el programa de ayudas, que recoge el bono y la accesibilidad, que no tiene nada que ver con el dato de plazas públicas y concertadas.

Evidentemente, el programa de ayudas financiado a través del bono y la accesibilidad atendió en el 2005 -completas, personas completas que terminan el año.
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, porque acaba atendiendo a muchas- 6.
157.
El dato estaba en la transparencia.
Ahora, cuando hablamos del porcentaje de plazas públicas o concertadas, de este 65% estamos teniendo en cuenta las plazas de centros puramente públicos, todas las plazas de centros municipales que mantiene la conselleria.
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**El senyor vicepresident:**

 

Ana María, he de pedirle, por favor, que vaya terminando.

 

**La senyora García Rubio, representant d'Aerte:**

 

Las plazas del tercer sector, que están mantenidas por la administración pública y las plazas concertadas a través del programa Bono y Accesibilidad Social.

O sea, el conjunto de plazas a las que accede un ciudadano mantenido con fondos públicos, no solamente las del sector privado mercantil.
Esa era la diferencia.

Y con el seguro de dependencia, que creo que es la única pregunta que me faltaba, bien, a nosotros nos hubiese gustado y nos hubiese parecido una forma mucho más clara de saber cuál es el gasto, y lo hemos transmitido no solamente desde Aerte sino desde la Confederación Española de Atención a la Dependencia, que es la patronal nacional, la cual presido, lo hemos transmitido también al gobierno, y es que si hubiese tenido en cuenta la posibilidad de concertar un seguro de dependencia con las empresas que trabajan en el campo del aseguramiento, un seguro pagado por la administración hubiese sido.
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, es un modelo muy similar, pagado por la administración en los niveles de alta dependencia y pagado de forma mixta administración-usuario en los niveles de dependencia más bajos.

¿Con qué objeto?
Con el objeto de que a través de ese seguro se tuviese muy claro cuál es el gasto público que se genera.
Yo, como administración, si determino un sistema a través del modelo de aseguramiento, sé que 1.
125 personas que voy a atender a través de ese modelo me van a costar el precio que he establecido por asegurado.
Punto.
Da lo mismo que atienda a 1.
200.
000 que que atienda a 1.
700.
000.
Desde el punto de vista de que pago por todos los ciudadanos mayores, sé lo que me va a costar.

Esa era la parte que a nosotros nos parecía más interesante, el que dentro de unos años no nos podamos encontrar -yo espero que no, que se hagan las cosas muy bien- con un modelo como el alemán, que en este momento está en crisis por el coste que está representando.
Yo espero que aprendamos de los errores de los demás, y esa es la ventaja a veces de llegas más tarde, para que esto no nos ocurra.
El modelo del aseguramiento, pues, nos parecía que de entrada garantizaba esto.
No ha sido recogido, pues, bueno, aceptaremos como todas las organizaciones lo que llegue y trabajaremos, evidentemente, por mejorarlo y por ayudar todo lo que sea posible para que salga adelante, porque la base fundamental es que el modelo salga adelante y yo creo que no hay que hacer partidismos de este tema, creo que la dependencia nos interesa a todos y que todos debemos de pelear para que salga lo mejor posible y, sobre todo, para que salga.

 

**El senyor vicepresident:**

 

Muy bien, muchas gracias, doña Ana María.

Esta presidencia, en nombre de la comisión, le quiere agradecer, en su condición de presidenta de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios Sociales de la Comunidad Valenciana, por su comparecencia y colaboración tan importante por el trabajo presentado a esta comisión, y en prueba de ello hemos redactado estos documentos de que le hacemos entrega.

 

**La senyora García Rubio, representant d'Aerte:**

 

Muchas gracias.

 

***Compareixença dels representants a nivell autonòmic designats pel Fòrum de Vida Independent, senyora Rosa Segrelles Doménech i el seu assistent personal i senyor Javier Romañach Cabrero.***

**El senyor vicepresident:**

 

Bien, señorías, suspendemos la sesión durante cinco minutos.

(Se suspén la reunió durant uns minuts)

 

(Inoïble) .
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de las situaciones de dependencia, agradeciendo la presencia de comparecencia de los representantes a nivel autonómico designados por el Foro de Vida Independiente, doña Rosa Segrelles Doménech y don Javier Romañach Cabrero.

Para su primera intervención, doña Rosa, tiene usted 15 minutos, diciéndole que esta presidencia será flexible con los tiempos, como no podía ser de otra forma.

 

**La senyora Segrelles Doménech, representant del Fòrum de Vida Independent:**

 

Muchas gracias.

Lo que van a disculparme es mi tono de voz, porque soy un poco distrófica y, entonces, suelo cansarme bastante.

Comparecemos ante esta comisión asumiendo el protagonismo de nuestra vida.
Combatimos el paternalismo y la marginación desde la reflexión sobre nuestra realidad, reivindicando medidas y acciones que nos equiparen en oportunidades al resto de la población.

Hay dos cosas que queremos dejar desde el principio muy claras.

La primera es que las necesidades y demandas de las personas con diversidad funcionalidad -discapacidad para ustedes- y sus familias, aún no atendidas, deben buscar su respuesta en las legislaciones y políticas públicas generales, a través de la transversalidad y sólo a través de legislaciones y políticas públicas sectoriales, cuando afecten a cuestiones específicas.
En otro caso, lo que debe de hacerse es cumplir la ley y no mirar hacia otra parte cuando se incumpla.

La segunda cuestión es el delimitar lo que es "vida independiente", para evitar que, al socaire de conceptos políticamente correctos y de moda, se vendan servicios o programas que nada tienen que ver.
La Liondau es clara: se entiende por vida independiente la situación en la que persona con discapacidad ejerce el poder de decisión sobre su propia existencia y participa activadamente en la vida de su comunidad, conforme al derecho al libre desarrollo de la personalidad.

Para que la cosa quede más clara, en estos momentos sólo hay funcionando un Programa de vida independiente desde 2004 en el País Vasco; y pendiente otro de entrar en funcionamiento en Madrid, porque existe una línea de crédito nominal en los presupuestos de 2006.

En nuestra comunidad se hizo el año pasado un proyecto piloto - copia del cual les hemos intentado hacer llegar y que, en todo caso, está a su disposición- que hasta la fecha no ha sido aceptado, pero que ha servido de referencia para otros presentados en distintas comunidades autónomas, Andalucía, Galicia, Cataluña, donde sí se llevarán a cabo en los próximos ejercicios.

El Consejo de Ministros del pasado 21 de abril aprobó una subvención de 200 millones a las comunidades autónomas, condicionada, por un lado, a que sean gastados en contratar y preparar los equipos para tallar, pesar, sexar, revisar los bolsillos y controlar que no se gasten las prestaciones monetarias en vino y mujeres u hombres, según el caso.
Todo esto las personas que quieran entrar en el Sistema Nacional de Dependencia.
El resto del dinero es para teleasistencia, residencias, centros de día y de noche, "servicios de arresto domiciliario".
Pero además, la subvención está condicionada a que las comunidades autonómicas aporten otro tanto para los mismos conceptos, por lo que se limita la discrecionalidad en el gasto que éstas tienen.

Por otro lado, otros programas y proyectos conveniados o subvencionados por diferentes administraciones nada tienen que ver con la filosofía de vida independiente.
Así programas del tipo "Independencia Asistida", "Apoyo a familias con personas con discapacidad", etcétera, donde se prestan ayudas de una hora diaria, dos a lo sumo, de lunes a viernes, y que para ciertas actividades que nada tienen que ver con una filosofía en la que el fundamento está en que el usuario controla el servicio.
Poner el nombre de un centro residencial las palabras "vida independiente" también es torticero de esta filosofía.

Esta comisión pretende afrontar las actuaciones que la sociedad debe asumir para garantizar los derechos, la dignidad y la igualdad de oportunidades, que la Constitución Española y la Declaración de los Derechos Humanos, por citar sólo unas normas, reconocen a las personas que han perdido o no han llegado a tener la suficiente autonomía física o intelectual para ser autosuficientes.

En definitiva, trata, en primer lugar, de los que no podemos rascarnos la nariz.
Para ello han llamado a especialistas, y los primeros especialistas somos lo que vivimos el día a día, la realidad de una situación de completa discriminación.
Pongamos mi caso, para que ustedes lo evidencien con total claridad.
Yo soy una especialista de primera desde el día nací, y rondo los 50 años.
Hace muchos años, hace muchos años que vivo sola, actualmente en una vivienda de protección oficial, supuestamente adaptada; y sólo, pues no sé, sólo con la hipoteca de la misma vivienda se me lleva casi la totalidad de mi pensión.
También preciso de apoyos constantes de tercera persona.
Pero Servicios Sociales como me concede unas horas semanales de lunes a viernes, ya que los festivos no existo, y en los horarios que además que a ellos les interesa, sirva el ejemplo que vienen a acostarme de siete a ocho de la tarde, que yo creo que esto no es muy normal.

Ningún especialista médico, asistente social, fisioterapeuta, psicólogo, etcétera, etcétera, tiene tanta experiencia como yo.
Sin embargo, a mí nunca me han preguntado cuáles son mis necesidades.
Pago tanto o más impuestos que mis vecinos, mientras que mi poder adquisitivo empequeñece cada año.

Llama poderosamente la atención el hecho de que las primeras preguntas del formulario estén referidas al modelo residencial.
Miren, la primera residencia que se montó en Valencia para disminuidos físicos, con 14 plazas en la actualidad, fue para sacar a personas que desde prácticamente su nacimiento habían estado en el Cotolengo.
Eran personas muy jóvenes, que convivían con personas muy mayores.
Si partimos de ahí, no podemos volver al mismo sitio, es lógico.
Desde allí han aprendido a ver que eran capaces de llevar una vida autónoma con limitaciones.
Para ello han tenido que sufrir un tratamiento de rehabilitación, como los cuadros, se han ido arrancando capas y capas de paternalismo.
Educados por la sociedad y sus padres en la creencia de que no eran normales fueron formados como buenos minusválidos.
Y en esto les puedo asegurar que sacaron nota.
Las experiencias vitales son muchas y variadas, desde la persona que ha perdido a sus padres y no tenía más remedio que ir, pasando por aquella que ha querido ir a la residencia porque no podía salir de la casa por las condiciones de accesibilidad de la vivienda, y en la residencia ha podido a acceder al entorno urbano o a un mimetismo con otros residentes.

Nosotros no somos partidarios de las residencias.
Pensamos que el sitio de las personas está en la sociedad.
Y que, con los apoyos necesarios, en función de sus limitaciones funcionales, pueden ser autogestores de su vida y asumir riesgos.
Obviamente, si negamos todo tipo de apoyos y ponemos como único menú la residencia, pues ahí estamos, como diría aquel lentejas, si quieres, las comes, y si no, las dejas.

Tampoco podemos poner como alternativa, frente a la institucionalización, la mini-institucionalización.
Se trata de mantener a la persona en su domicilio con la ayuda mínima indispensable de lo que la administración llama "servicio de ayuda a domicilio" y nosotros "servicio de arresto domiciliario".
Si se dan cuenta, tienen las mismas siglas.
Que vaya a tu casa cuando la persona que tiene la obligación de atenderte no puede con su alma para levantarte de la cama y asearte, en el mejor de los casos, porque en otros lo que se hace es cambiarte los pañales.

¿Conciben ustedes que una persona que controla esfínteres tenga que llevar un pañal porque la persona que convive con ella no puede movilizarla para ayudarle a hacer sus necesidades fisiológicas y, en el peor de los casos, cambiarle el pañal?

Veo que contamos aquí con señoras diputadas en edad fértil.
Pues bien, ¿qué les parecería si, estando encamadas porque no hay quien les levante o acueste, les viene el período un viernes, después de que ya les han cambiado el pañal, y no se lo vuelven a cambiar hasta el lunes siguiente?
Porque, esa es otra, los sábados y los domingos las personas con necesidad de apoyo generalizado libramos.
Para la administración no hay sábados, ni domingos ni festivos.
Las residencias, en todo caso, deben estar integradas en el casco urbano.
La tranquilidad y el silencio para el campo santo.

Hay otra cuestión que les preocupa mucho, y es la del respiro familiar.
Estamos de acuerdo con la argumentación que las representantes de Frater hicieron en esta comisión el pasado 7 de marzo.
Nosotros no ahogamos a nadie, es el estado quien nos encadena a otra persona y la ahoga.

Mientras las personas con necesidad de apoyo permanente, en mayor o menor intensidad, hemos sido unos pocos la cosa ha funcionado.
Pero es un problema estrictamente familiar, y la familia que se las componga.
A lo largo de la historia una pareja tenía muchos hijos, el mayor heredaba todo, a las hijas las iban colocando y la pequeña siempre se reservaba para el cuidado de los padres cuando fueran viejos.
Los llamados discapacitados severos no suponíamos gran problema porque las tasas de mortalidad eran altísimas.
Pero hoy en día la cosa ha cambiado.
Por ejemplo, hasta hace pocos años la mayoría de personas con accidentes graves de coche se iban al otro lado; hoy se quedan.
¿Cómo se quedan?
Sí, señorías, esto es otro tema.
Pero lo que importa es que la familia, que es la familia la que tiene que hacerse cargo de solventar el día a día.
La necesidad de apoyos de esa persona, por un lado la ley, con el Código Civil en la mano, lo tiene resuelto: los padres deben cuidar de los hijos, los hijos de los padres y los esposos entre si.
Eso está muy bien.
Pero, por otro lado, la Constitución dice que el estado garantizará a las personas una atención mínima.
Y aquí viene el meollo de la cuestión, lo que tanto les preocupa a los partidos que ostentan responsabilidades de gobierno.
¿Quién paga la atención?
En nuestra intervención no queremos entrar en ello porque relacionar derechos y precios creemos que es de necios, y no queremos parecerlo.

Nosotros queremos que la futura regulación de la atención a las personas con necesidades de apoyo generalizado se configure como un derecho subjetivo, con la misma consideración que los otros tres pilares del estado de bienestar: educación, sanidad y pensiones.
Nadie paga por levantarse de la cama por la mañana y por tomar el desayuno o ducharse.
Una reflexión sobre el copago es el coste sanitario en los servicios sociales.
De entrada es lo que debe asumir Sanidad.
Es decir, no tenemos por que pagar en servicios sociales prestaciones sanitarias, y menos si hay contraprestaciones.
Porque entonces ¿qué es este sistema de atención?
¿La puerta trasera para hacer pagar la sanidad?
¿Existe una doble imposición para las personas que son atendidas por la vía de los servicios sociales?
Entendemos que si entre los costes de residencias y manutención lo tendrá que pagar el usuario, los servicios personales y toda la atención profesional deben ser gratuitas, porque así dice la ley que deben ser las prestaciones sanitarias.

Por otro lado, el Estatuto del Discapacitado dice, ¡bien clarito!
, que la atención domiciliaria para las personas con diversidad funcional, que tenga reconocida la condición administrativa de persona con discapacidad, es gratuita.

En el programa Parlamento, de Televisión Española, Psoe, PP, CiU i IU reconocieron públicamente que más del 85% de los españoles estaba dispuesto a pagar más impuestos si ese dinero se utilizaba para la asistencia a personas con diversidad funcional y mayores.
Curiosamente, la solución de todos los partidos políticos es copago.
Evidentemente, los partidos políticos no oyen al pueblo en este asunto.
Por cierto, para nosotros la palabra que mejor lo define es repago, como acertadamente dijo en esta comisión el representante de Avapace.

En el Congreso ya se han oído varias voces diciendo que eso del repago no es justo ni equitativo, y que si no hay dinero para todo, para los cuatro pilares del estado del bienestar, pues, habrá que repartir ese dinero.
Lo que no puede ser es que ahora me llegan los que no pueden moverse al reparto del pastel, estos pobrecitos que tienen que pagar una parte de esa tarta.

Miren, esta frase es una discriminación pura y dura.
Personalmente no entiendo hasta dónde, y, además, es una discriminación pura y dura, lo disfracen como lo disfracen, o sea, me lo firmen agentes sociales, el gobierno y la conferencia sectorial de servicios sociales, quienes quieran poner.
Hay quien dice sin ruborizarse: "el mundo de la discapacidad y el Cermi han aprobado por unanimidad el anteproyecto de ley".
Desde aquí quiero dejar claro que el Cermi no ha aprobado ese anteproyecto de ley.
El Cermi tiene por costumbre consultar a las entidades a las que agrupa y, desde luego, no ha sacado ningún documento oficial posicionándose sobre el proyecto.

En el debate que se está produciendo sobre la participación del usuario en el coste de la atención que precisa, se leía en el Diario de Sesiones del Congreso la intervención de una diputada que aludía a que había recibido varios correos electrónicos en los que le mostraban la disconformidad con la movilización de los activos inmobiliarios para el pago de la atención que se recibe.
Y la diputada argumentaba que: "no estaba de acuerdo con que mis impuestos y con los de otros ciudadanos se generase herencia a unas terceras personas".
Este argumento es válido y respetable, pero igual de respetable es el no estar de acuerdo con que cuando una persona pierde la autonomía o nace sin ella resulte que le tienen que atender, la mayoría de las veces su madre o un familiar directo.
El caso es que la persona que pierde la autonomía ve como su familia y los amigos desaparecen a la velocidad del rayo.
Como resulta que el único que sabe cómo atenderle es el padre o la madre, pues, lo típico, ahí los dejan solos.
Y no nos acerquemos, no vaya a ser que aprendan a cómo atenderle y le toque hacer el doble trabajo.
¡Ojo!
, y el primero que sale en correr es el Estado, que dice que esto es un asunto privado de los familiares de primer y segundo grado.
Esto, señorías, tiene narices, pero, bueno.

En consecuencia, hay muchas personas que argumentamos que no queremos que con nuestros impuestos se beneficien otros, y estemos generando herencias para terceras personas.
Me explico.
Con los impuestos que pago por comprar el pan, la luz, el gas, la calefacción, resulta que estoy financiando las carreteras que no uso porque no salgo de casa, el déficit de Renfe que no me permite viajar en condiciones dignas hasta dentro de 15 años, la urbanización de unos terrenos para construir una zona de recreo a la que no puedo ir, y así un sinfín de servicios.
Si no hubieran estos gastos, los impuestos serían menores.
Pero, señorías, estos impuestos los pagamos quienes no nos beneficiamos de ellos.

En fin, que tres millones y medio de personas pueden decir que no quieren que con sus impuestos se generen herencias para terceros por el hecho de que unos tienen la capacidad momentánea de moverse y otros no la tienen.
Por cierto, a esto hay mucha gente que le llama demagogia.
Por eso dice el 85% de la población que está dispuesto a que le aumenten los impuestos para que sean atendidas convenientemente las personas con discapacidad y los mayores que han perdido su autonomía y precisan de apoyos personales, porque todos están dispuestos a pagar dos euros más para esto, son dos euros, no es más, para que su tía no tenga que estar todo el día atendiendo a su prima o a su abuela en exclusiva, porque todos querríamos que para nuestra tía o la persona que tenga una diversidad funcional tenga la misma libertad de opciones que cualquiera de nosotros.

Me van a permitir que alargue un poquito mi intervención porque somos las últimas personas que representando a los destinatarios de la ley van a comparecer en esta comisión.
A partir de ahora comparecerán todos los profesionales que saben cómo debemos vivir y qué es lo mejor para nosotros.
Hasta noviembre los comparecencientes basaron todas sus intervenciones en función del Libro blanco de la dependencia, desde enero hasta la pasada sesión.
En el anteproyecto de ley, para exponerles a ustedes la opinión sobre el proyecto definitivo aprobado por el gobierno, solo estamos nosotros ahora.

Creo que me voy a quedar sin voz de un momento a otro y, si me lo permiten, va a terminar mi asistente personal.

Gracias.

 

**L'assistent personal de la senyora Segrelles Doménech, representant del Fòrum de Vida Independient:**

 

No repetiremos las argumentaciones que otros comparecientes hicieron, pero sí las citaremos.

Carlos Laguna, Cermi, hizo que los planteamientos del Libro blanco de la dependencia y del estudio de la dependencia estuvieron focalizados hacia la realidad de la tercera edad.
Dijo alto y claro que entre las personas con diversidad funcional el sentimiento imperante era alcanzar la independencia y la autonomía, no la institucionalización, reivindicó la figura del asistente personal para las personas con diversidad funcional con necesidad de apoyos generalizados, señaló el precio que pagan los familiares de personas con limitaciones severas, padres que acuden reventados al trabajo después de haber tenido que movilizar al hijo cada dos horas por la noche y el retraso escolar de los hermanos por la falta de atención de los padres por tener que dedicar el tiempo a la atención del hermano afectado.

 

Especialmente buena fue la intervención del señor Pastor, de Cima, cuando contaba que un abuelo al que sus hijos iban a llevar a una residencia se metió en el coche con las escrituras de sus campos debajo del brazo porque sus tierras iban con él.
Ya sabía aquel viejo que sus tierras eran codiciadas por todo el mundo, no solo por sus hijos, sino también por el ministro y los consejeros de servicios sociales.

Vicente González, representando a los enfermos mentales de la Ribera Baixa, dejó testimonio de su implicación personal y patrimonial.
Lo que no avalaba la Generalitat lo avalaba él con otros padres.
Igual alguien de la Generalitat tiene que lucir en el traje publicidad que diga: "con el aval de los padres de enfermos mentales de la Ribera Baixa".

Javier Ruiz, aquel compañero que utilizó una grabación de un programa de voz para su intervención, ya dijo que él se cuidaba solo si le daban los apoyos para ello.
Nadie tiene que decidir por él ni asumir la responsabilidad de sus decisiones.
Sus riesgos los asume él, como todos ustedes, porque no hay nadie que lo pueda incapacitar judicialmente y desposeerle de lo más sagrado: su dignidad y sus derechos civiles.
¿O sí?
También dijo que lo que necesitaba era un asistente personal y que si el Estado le proporcionaba el importe necesario para retribuirle él se encargaba de dirigirle y de justificar con nóminas y recibos de los ingresos de las cuotas de Seguridad Social y retenciones de Irpf.

Eugenio Jiménez, de Fesa, aludió a que ya en la primera reivindicación de autonomía estábamos los valencianos con limitaciones funcionales severas.
Para que no quede duda traemos el testimonio gráfico.
Lo dijo con rotundidad: "nada sobre nosotros sin nosotros", y dejó meridianamente claro que el lugar de las PDF no son los centros específicos, señaló que si el diferencial de inversión de producto interior bruto en atención de la dependencia era de un 2% con respecto a los países de nuestro entorno, se nos debía un 20% del producto interior bruto.

Mariano Lloria, Avapace, dejó patente que el bien a proteger es la autonomía personal, para la cual deben estar cubiertas las necesidades que posibiliten la calidad de vida que haga posible vivirla con dignidad.
Para ello, se tiene que tener la capacidad de dirigir la propia vida.
Dijo alto y claro que: "los recursos deben de adaptarse para atender a las necesidades de las personas y no al revés, que la mejor manera de controlar la calidad del servicio que prestan los AP a un PDF, es que éste sea su jefe y dar protagonismo a la autogestión de los recursos a los PDF es la mejor iniciativa para mejorar su percepción social.

Pepe Balaguer, Aspaym, abogó por la implantación de la figura del asistente personal mediante el pago directo, la persona con diversidad funcional por la accesibilidad integral de los entornos y la ayuda técnica desde el prisma de diseño universal para todos.

Rosa Gual y Dolors Vázquez, Frater, además de reivindicar los apoyos necesarios para que las personas con diversidad funcional autogestionen los apoyos para su autonomía, señalaron que la respuesta a buena parte de las necesidades de las personas con diversidad funcional se encuentran, no en la falta de legislación, sino en la falta de desarrollo reglamentario de las leyes y en la falta de control de su cumplimiento, teniéndose la percepción de que se legisla para completar estanterías con volúmenes de leyes rotuladas, como hacían los virreyes españoles en tierras americanas: se acata pero no se cumple.

El proyecto de ley ha pillado a todo el mundo con el paso cambiado.
Se esperaba que su fundamentación jurídica estuviera en la Seguridad Social, y lo que aparece en el texto es un enganche a la competencia en materia de servicios sociales, que es autonómica, pues, así, la importancia que adquiere esta comisión es de primera magnitud.
Esta comisión, que por el tiempo que lleva en funcionamiento y por la lentitud que el desarrollo de la misma, debido a la percepción de los grupos de que la legislación iba a ser de ámbito estatal, tiene ahora que acelerar los trabajos y nosotros pensamos que hay señales objetivas de que eso se está haciendo.

 

Por primera vez los comparecientes han podido leer todas las comparecencias anteriores, porque la última se ha publicado a los 21 días de su celebración.
Damos las gracias a los servicios de publicaciones de les Corts por ello y queremos transmitirles que los Diarios de Sesiones de esta comisión son leídos por muchas personas que están pendientes de su publicación.

 

Se ha intentado hacerles llegar a sus señorías documentos del foro para que el desarrollo de la sesión se produjera con un conocimiento previo por ustedes de aspectos que consideramos relevantes.
Entre los documentos figura uno con el posicionamiento del foro sobre el anteproyecto de ley que, en gran medida, está vigente respecto al texto remitido al Congreso.

Vamos a dar unas breves consideraciones sobre el mismo y quedamos a su disposición para cualquier consulta o aclaración.
No tengan ninguna prevención en preguntar porque lo que no contestemos los presentes les será contestado por cualquiera de los más de 30 compañeros que han contribuido en la redacción de esta comparecencia.

Es un sistema intervencionista y paternalista en el que el individuo con necesidad de apoyo no le reconoce participación en la autogestión de la atención y recursos que precisa, siendo simple receptor de decisiones, sin capacidad real para elegir y gestionar en desarrollo de su libertad individual, sus necesidades de apoyo dentro de un catálogo amplio y flexible de asistencias.

El proyecto no concreta aspectos esenciales de la aplicación de la ley, como: el baremo, las características y la intensidad de la cartera de servicios, las prestaciones económicas, la participación económica de los usuarios, la prestación de asistencia personalizada, las condiciones de la prestación económica vinculada al servicio, las prestaciones económicas para el cuidado en el medio familiar, la integración en la Seguridad Social del personal cuidador no profesional, etcétera, y los remite a su posterior desarrollo reglamentario tras la presentación al consejo territorial del Sistema Nacional de Dependencia.
Es una constante remisión a otra partida que se está jugando por debajo de la mesa, prueba de ello es que el Consejo Económico y Social dice en su informe que "el desarrollo normativo de la ley debería serle consultado".
El informe del Consejo de Estado en ese sentido no es menos preocupante porque dice que "en él se decidirá la intensidad básica aplicable en todas las comunidades autónomas", y lanza la pregunta de qué sucedería si no se alcanzara un acuerdo entre el Estado y una sola comunidad autónoma.

El proyecto opta por los servicios, que tienen carácter preferente.
También establece alternativas para cuando no sea posible la atención en servicios, excepciones, atención por cuidadores familiares y meras posibilidades, asistencia personalizada, que en la práctica configura un sistema complejo y poco claro, que es de prever dificultará su aplicación.

Para que lo tengan claro desde ya, los miembros valencianos del Foro de Vida Independiente queremos que desde el primer día que entre en funcionamiento el sistema nacional de dependencia sea elegible la opción de una prestación para la contratación de asistente personal, entre otras cosas porque el servicio idóneo para las personas con grado de dependencia 3, son las primeras a las que el servicio nacional de dependencia atenderá.

Si el sistema nacional se va a financiar con base a ingresos del estado procedentes de impuesto, la capacidad económica de los eventuales beneficiarios ya fue tenida en cuenta y surtió efectos en su tributación, ya fue objeto de imposición fiscal.
Volver a considerarla sería una doble imposición.
No puede alegarse una insuficiencia de recursos por parte del estado cuando el Consejo de Ministros, en el mes de febrero, acordó llevar a cabo una rebaja de 4.
000 millones de euros en la recaudación del Irpf.
No parece razonable hacer una rebaja de 4.
000 millones al año cuando está alegando dificultades para cubrir un gasto tan productivo, según él, como es la atención a la dependencia, que con un coste de 24.
000 millones de euros en 9 años, 12.
000 la administración general del estado y 12.
000 las comunidades autónomas, resulta que va atener según el informe FDA un retorno fiscal global por impuestos generales y cotizaciones que llegará a cubrir hasta las dos terceras partes del gasto asociado al despliegue del sistema nacional de dependencia, según consta en la memoria económica del anteproyecto de ley, cuya lectura la diputada señora Mendoza recomendó a una compareciente el pasado 7 de marzo en sesión de esta comisión.

Por otra parte, ha desaparecido la disposición transitoria segunda del anteproyecto, que vinculaba a la financiación del sistema nacional de dependencia los ingresos resultantes del pago de deuda con el estado y que este hubiera reconocido como derechos pendientes de cobro en ejercicios anteriores a la aprobación de esta ley.
Estos derechos pendientes de cobro suponen unos 26.
000 millones de euros, cantidad más que suficiente para financiar el sistema nacional de dependencia los 10 años.

Nosotros no somos especialistas en economía y la mayor parte percibimos los 400 euros al mes de una pensión no contributiva.
Otros, ni eso, porque son personas que en el libre ejercicio de sus derechos civiles se han casado y el estado se ha encargado de castigar esa osadía con la retirada de la cobertura de la protección social.
Pero en un mero ejercicio de raciocinio vemos que hay cosas que no resultan del todo razonables.

Hemos escuchado decir con insistencia que quien no tenga nada no pagará nada.
¿Puede ser de otra manera?
Si alguien no tiene nada, no puede pagar, al menos que se hubiera planteado el sacarle los ojos o cualquier otro órgano.
También se dice que el que tenga contribuirá en función de su renta y patrimonio.
Miren, esto no está nada claro o, por lo menos, merece que introduzcamos algún elemento de reflexión por nuestra parte.
Supongamos que el presidente de una institución bancaria tiene un accidente cardiovascular y se queda como el marinero gallego.
Ese ciudadano precisa de apoyos para todos, pero conserva lúcida su mente y continúa manejando la entidad y es miembro de un montón de consejos de empresa.
Al final de año hace sus declaraciones de renta y patrimonio y contribuye en la parte que le corresponde a la hacienda pública.
El buen hombre decide pedir su inclusión en el servicio nacional de dependencia y le someten al correspondiente tercer grado los asistentes sociales.
La pregunta es: ¿a este contribuyente no le corresponde ser beneficiario del servicio nacional de dependencia?
¿Después de haber contribuido para que el estado cubra todas las necesidades tiene que pagar otra vez por lo que ya ha pagado?

Resulta llamativo el interés en controlar los ingresos y patrimonio del solicitante y el poco interés que se pone en controlar el buen uso y el grado de satisfacción del usuario, cuando está atendido en el ámbito familiar o mediante asistencia personalizada.
Nosotros queremos entender "asistente personal controlado por el usuario".
El Consejo del Estado dice que aunque no se ignora que podría ser fuente de abusos, debería reconsiderarse esta prestación para el cuidado en el ámbito familiar.
Y nosotros añadimos que "con los oportunos controles e inspecciones".

Ha quedado patente, o al menos eso creemos, que nosotros somos partidarios de la implantación de la figura del asistente personal con pago directo.
A tal respecto queremos señalar que la cuantía de la prestación debe asegurar la capacidad para dar cobertura efectiva a la necesidad que se pretende proteger, cuestión que es señalada por el Consejo Económico Social cuando en su informe hace referencia a las prestaciones económicas vinculadas a un servicio.

El que nosotros seamos partidarios de la asistencia personal con pago directo, no significa que estemos en contra de que se destinen fondos para asistencia residencial.
Lo que pedimos es que en el restaurante que va a ser el sistema nacional de dependencia pongan en la carta el plato de AP y, quien quiera, que pida residencia.
Si igual al final no somos más que cuatro chalados, lo que queremos es responsabilizarnos de nuestra vida y decidir cómo queremos vivir y asumir riesgos, como creen ustedes.
Por favor, pongan en el menú ese plato, aunque sea por si un día les dan la carta a ustedes para elegir.

Recientemente se publicó la orden convocando el Bonat.
El importe de la partida era 800.
000 euros, y resulta que para personas con un 55% de discapacidad y necesidad de ayuda de tercera persona de 15 puntos hay dinero, concretamente 27.
893,3 euros cuesta la plaza.
Pues bien, en el proyecto que a ustedes se les ha hecho llegar, hay una persona de esas características -82% de discapacidad y 15 puntos de necesidad de ayuda de tercera persona-, que pide de ayuda 6.
515.
69 euros.
Y para eso no se ha contemplado ninguna partida.
Personas con esas limitaciones pueden vivir en cualquier tipo de solución habitacional más adecuada al desarrollo de sus capacidades, desde vivienda propia a vivienda asistida.

El caso es que con los apoyos que precisa puede estar activa e integrada en la sociedad, (so d'un mòbil) pero son muchas las personas de estas características las que ocupan plazas residenciales.
Por lo que corresponde a las otras personas que forman parte del proyecto, estarían con toda probabilidad en los niveles 3 y 4 del Bonat, y la administración, conselleria y ministerio están dispuestos a gastarse 30 y 33.
000 euros para que estén en una residencia y no están dispuestos a gastar menos para que sean ellos los que controlen los apoyos que precisan.
Eso sí, en la residencia está establecido que yo tendré actividades ocupacionales y terapia ocupacional, medio médico, un ATS, un fisioterapeuta, medio terapeuta ocupacional, tres educadores, 18 cuidadores y un cuarto de personal del servicio.
Ah!
, y lo mejor de todo, cuidados afectivos para lograr mi bienestar.

A cambio de no tener que organizarme la vida, porque para eso hay personal titulado superior, puedo morir viendo todos los días a gente tan limitada como yo.
A mí, la verdad, lo digo confidencialmente para que no salga de aquí.
.
.
-lo dirá ella, yo no-, (remors) prefiero que si me dan servicio de rehabilitación me lo den en el centro de salud más próximo a mi casa porque allí seguro que tengo la posibilidad de ligar con alguien que esté en proceso de reparación.
En cambio, en el módulo de residencia todo es material caducado, como ellos.

Y terminando, dos cositas que les han comentado otros compañeros que han pasado por esta comisión y otros que están pendientes de hacerlo.
(Pausa)

 

**La senyora Segrelles Doménech, representant del Fòrum de Vida Independent:**

 

Pues las dos cositas que me han comentado y no puedo dejar de decirles aquí, una es que la entrada de la calle Libertad no es accesible, se mire por donde se mire.
No voy a extenderme pero, súbanse ustedes en una silla de ruedas e intenten acceder desde la acera o desde la calzada.
(So d'un mòbil) No se puede.

Dos: reiterar la petición de que sus señorías sean accesibles a los ciudadanos poniendo un enlace de dirección de correo electrónico en su página personal, como ya ha hecho un solo diputado, que está aquí presente.
Solo les pido que lo accesibles que son para mí lo sean para con el resto de mis compañeros.

Muchas gracias y, una vez más, ruego disculpas por la extensión de mi intervención.
Y este pequeño contratiempo, como veréis, solucionado gracias a mi asistente personal.

Gracias.

 

**El senyor vicepresident:**

 

Gracias, doña Rosa Segrelles.

Bien, yo quiero pedir disculpas a los miembros del Foro de Vida Independiente por en mi anterior intervención no haberles dado la bienvenida, cosa que si ustedes me permiten, hago ahora.

A continuación, tienen la palabra los grupos parlamentarios.
En este caso, Izquierda Unida, el ilustre diputado señor Ramon Cardona.
Pero sí quiero decirles que, por favor, hagan gala de esa amabilidad y profesionalidad que les caracteriza y utilicen el tiempo estipulado.

Muchas gracias.

 

**El senyor Cardona i Pla:**

 

Gràcies, senyor president.

En primer lloc, com en tots els casos, agrair la presència, en este cas, del Fòrum de Vida Independent, i agrair també l'exposició que ens ha fet.

Sempre que vénen persones afectades aquí, afectades directament, no els experts, no inclús els seus representants d'associacions, les compareixences canvien molt de sentit, i canvien molt inclús d'intensitat i de concreció i d'exigències.

Resulta difícil després del que han expressat, tota la sèrie de reivindicacions, tota la sèrie de mancances, resulta difícil a vegades fer algunes preguntes, però jo vaig a intentar tocar els aspectes que més me semblen com a rellevants i importants.

Es repetix diverses vegades, i ho coneixem per les enquestes, el tema que el 85% de la població estaria disposada a pagar per atendre les persones majors o les persones dependents d'una manera adequada.
A vegades un no sap si no és això una miqueta la contestació políticament correcta, la que tot el món esperaria, perquè la veritat és que quan ens fiquem a parlar de les reformes fiscals i de les reformes a l'hora dels impostos, sempre es planteja com un benefici inqüestionable la reducció dels impostos.

Quan me referisc a "inqüestionable" estic referint-me exactament a això.
És a dir, quines poques veus s'alcen dient que l'augment dels impostos, si eixos impostos s'anaren a utilitzar en qüestions prioritàries, seria un benefici o una cosa important i positiva.
Jo això ho ressalte perquè d'alguna manera, en la meua organització estem insistint en la qüestió que la pressió fiscal no és l'adequada, podria ser més alta sempre que s'adreçara a objectius adequats.
També hem vist a vegades que la pressió fiscal ha pujat però els diners recaptats no s'han adreçat a aquelles necessitats que nosaltres considerem prioritàries.

Jo, en eixe sentit, sí que els preguntaria.
.
.
Vostés diuen que la qüestió de copagar seria repagar, ens diuen que el cost seria de 2 euros, he de suposar que per habitant, probablement seria la qüestió, que no seria més alt.
Jo crec que en això, possiblement vostés han de fer una referència explícita de quin és el cost que suposa tindre un assistent personal per a atendre a totes les persones a qui els puga fer falta.

D'alguna manera els estic preguntant quan, particular o general, és el seu cas, si és que són poques persones o que si sent moltes persones el cost és perfectament assumible pels recursos públics.
A mi em pareix important perquè en este moment dóna la sensació.
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-aixina ho expressen i aixina apareix en la llei- que la qüestió de l'assistent personal està fora de l'agenda i no serà una qüestió que s'estiga plantejant d'una manera clara i explícita.

Segona pregunta.
Bé, això té a vore també que m'expliquen un poc el cost i la sostenibilitat, perquè les qüestions que es plantegen davant de les seues demandes és que la seua petició no és sostenible a nivell pressupostari.
Per tant, jo pense que davant de la crítica única que se planteja, quin tipus de raonament plantegen?

Segon: ¿s'ha fet alguna experiència ací?
, ¿s'ha fet algun programa de mitjà termini, de llarg termini, que garantixca la prestació d'un assistent personal a aquelles persones que ho necessiten?
, ¿quina duració ha tingut?
, ¿a quantes persones ha arribat?
, ¿quin cost ha tingut?
, ¿quins resultats?
, ¿qui ha valorat els resultats que haja pogut tindre?
, ¿quins beneficis ha produït i quins perjudicis?
Me pareix també que és una qüestió bastant important.

Un tercer punt: si la llei estatal no arriba a un nivell que vostés consideraren adequat, si la llei estatal no contemplara l'assistent personal, ¿vostés considerarien adequat que les lleis autonòmiques, encara que foren diferents d'una comunitat a una altra, contemplaren eixa figura?
Jo ho plantege pel següent: moltes voltes es planteja que l'atenció ha de ser igual en tot l'estat, i a vegades també se planteja com una discriminació la qüestió que les valoracions foren diferents en una comunitat o en una altra, però la qüestió que els plantege és la següent: si la llei estatal és una llei de mínims i es poden establir millores sobre eixa llei, ¿s'acceptaria que una comunitat autònoma establira millores encara que les altres no establiren eixe tipus de millores?

Jo plantege moltes voltes que les millores d'una comunitat autònoma servixen de model i d'estímul perquè unes altres arriben a eixe nivell que una altra ha adquirit, però a vegades es planteja com una qüestió de discriminació que una comunitat autònoma intente assolir nivells superiors.

Bé, jo en principi els preguntaria això, perquè se m'ha acabat el temps.
He vist que ens han presentat uns documents a on algunes de les preguntes que jo els he fet estan expressades en detall, però crec que explicar-ho de paraula dóna ocasió que figure en el Diari de Sessions, que també considere que és important a l'hora de plantejar estes coses.

 

**El senyor vicepresident:**

 

Gracias, señor Cardona.

Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista la ilustre diputada señora Espí.

 

**La senyora Espí de Navas:**

 

Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por su comparecencia y, desde luego, es intensa y quedan muchísimos temas para la reflexión.
A mí sí me gustaría por lo menos.
.
.
El sistema nacional de dependencias, que en un principio se iba a llamar así solo la ley, yo, de entrada, me parece importantísimo el debate que no solo a través del foro sino de todos los colectivos que tienen que ver con el ámbito de las personas con discapacidad, ha conseguido que la ley tenga una parte muy importante de potenciar la autonomía personal, y hay algunos temas que a mí me parece.
.
.
, digo, el proyecto de ley, porque la ley, como todos sabemos, entra en un debate parlamentario, que espero que alguna de las cuestiones que están, sobre todo, en lo que era a desarrollar posteriormente en la ley, que es lo importante, y alguna de las cuestiones que planteabas como duda, yo, particularmente, no tengo ninguna duda referente a la figura del asistente personal, lo entiendo tanto en la parte de prestaciones económicas como en la parte de apoyo, en el propio de la ley.
No tengo duda alguna, es más, estoy segura de que será uno de los temas.
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, porque, además, ha sido de los más debatidos, más planteados por parte del colectivo de personas con discapacidad y, por tanto, sí que entraría en la ley.
.
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(Inintel·ligible) veremos el desarrollo de la misma.
(Veus)

En el tema.
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Están, está en la ley, pero, vamos, en cualquier caso, como taxativamente, y comentaba també el señor Cardona que el tema del asistente personal no figuraba o que parecía que llegaba congelado, yo al menos no solo es que tenga la tranquilidad sino que el propio texto de la ley sí que.
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Luego hablaremos de intensidades, ¿no?
En cualquier caso, me parece importante esa aportación al modelo inicial de situación de dependencia, que venía no solo a través de la discusión del pacto de Toledo y con lo que es la consolidación del estado de bienestar en el resto de países del entorno europeo, pero la dependencia, habitualmente, y es verdad, se ha interpretado como.
.
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, y uno de los fenómenos que se ha analizado es el envejecimiento, el nivel de crecimiento de las demandas sociales a través de ese fenómeno, que en nuestro país es especialmente virulento.

En cualquier caso, es verdad que yo creo que finalmente hemos conseguido que quede claro a qué nos estamos refiriendo con la ley, que el tema de la autonomía personal quede de una forma yo creo que clara, susceptible de ser mejorable y, desde luego, tampoco tengo ninguna duda de que finalmente cada comunidad autónoma no pueda hacer de su capa un sayo, que el consejo territorial, en definitiva, es una fórmula legal y jurídica que emana de la propia ley y que hay dos temas que la propia ley marca como garantía, o al menos así nosotros decimos e interpretamos, y es tanto la baremación como la cartera de servicios.

La cartera de servicios, lógicamente, está por desarrollar, pero tiene cuatro pilares básicos: prestaciones económicas y de ayuda individual; los centros, desde residencial hasta el centro de noche o de día, no primando precisamente el residencial, sí teniendo en cuenta que en sector del envejecimiento es un elemento incuestionable e indiscutible que tiene una enorme necesidad, pero no es uno de los recursos que más priman.
Es más, toda la ley y la filosofía de la propia introducción, incluso el haber mejorado.
.
.
, afortunadamente no ha habido informes del CES, valoraciones y debates que incluso no están cerrados, donde se garantiza el derechos subjetivo, desde mi punto de vista, de una forma ya clarísima, desde mi punto de vista queda perfectamente claro, por tanto, tampoco requiere a los familiares de primera grado responsabilidad alguna en cuanto a la prestación.
No; el modelo que tenemos hoy en los servicios sociales sí.

Luego, claro, esto es un proceso en cadena, porque en el momento en que se apruebe la ley del sistema nacional de dependencias, habrá que modificar las leyes autonómicas.
Pero es lo que hay que modificar, porque, entre otras razones, las competencias en materia de política social y de servicios sociales las tienen las comunidades autónomas.
Y las prestaciones, yo antes mencionaba de forma clara el tema del estatuto del discapacidad en la comunidad, pues, da unos derechos claros, por ejemplo, de gratuidad en un servicio en función del grado de la discapacidad para servicio a domicilio, la realidad es que no se ha aplicado.

Esperemos que esta ley esta vez se aplique, que hayan unos fondos, hay un compromiso de financiación.
Podemos valorar la insuficiencia o la no suficiencia, pero que haya unos fondos de financiación que garantice la puesta en marcha, porque me parece básica.
Desde luego, con el concurso de todo el mundo, con el debate abierto, si hay que impulsarlo hacia fuera, desde luego, es fundamental, y a ser posible con el consenso de todas las fuerzas políticas y de todos los que de alguna forma tienen algo que decir sobre esta ley.

El debate no está ni muchísimo menos cerrado.
Es más, ahora empieza el proceso de debate parlamentario, para el cual, desde luego, nosotros, una vez más, nos ofrecemos para todas aquellas sugerencias que se tengan que hacer defenderlas allá donde se tienen que defender, en el parlamento, un tema que me parece importante, porque, además, ha diferenciado mucho la oposición desde el principio el tema del copago o no.

Nosotros, es verdad que finalmente se ha optado por un modelo claramente fiscal.
A mí el que se recorte el tema.
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, has comentado los 4.
000 millones dentro de lo que es la política económica del gobierno, pues, yo creo que no vamos a hablar aquí de reforma fiscal, pero, bueno, porque tendríamos materia de mucho debate, pero también es verdad que hay un enorme compromiso como contrapartida al recorte del pago a hacienda de un control del fraude, que se supone va a amortizar en mucho esto, que indiscutiblemente hay que hacerlo igual, pero también las rentas más bajas quizá estaban pagando en exceso a hacienda y a lo mejor hay que cargarlo a las más altas.
Eso es otro tema.

El copago, mirad un ejemplo de un país en todo el mundo que no tenga un sistema de copago vinculado al sistema nacional de dependencias.
En los más avanzados en el estado del bienestar y los cuatro pilares (veus), ni los más ricos de Europa: no hay ningún país que no tenga ninguna parte de pago comprometido por el usuario.
Si lo conocéis, ponedme un modelo, porque lo hemos estudiado en Noruega, hemos estudiado Finlandia, hemos estudiado todos.
Nosotros nos hemos basado en el modelo, el Partido Socialista se ha basado en los modelos de los países nórdicos.
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**El senyor vicepresident:**

 

Termine, señora Espí.

 

**La senyora Espí de Navas:**

 

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vinculado, lógicamente, al pago desde el sistema fiscal, pero por la recaudación directa desde el estado, no necesariamente teniendo que subir el nivel.
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Vamos a hacer una subida de impuestos, pero hemos decidido el contributivo no, Alemania ha sido un mal ejemplo y está teniendo problemas para mantener con un sistema contributivo el propio sistema.

Finalmente, vamos, es un poco.
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(Veus) Sí, se ha hecho mal, pero que, vamos, gratuito, sin corresponsabilidad fiscal no conocemos ningún país del mundo, ni los más ricos, que lo tengan, y los que tienen el estado del bienestar más.
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De todas maneras, lamentar muchísimo no tener más tiempo para discutir.
Seguiremos discutiendo, desde luego.
Muchísimas gracias, y lamentar también a lo mejor no poder escuchar tu respuesta, porque tengo que salir de viaje y me tengo que ir ya, de verdad, lo siento muchísimo, me da vergüenza intervenir y tenerme que ir (veus), pero mi compañera María José y Antonio y.
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Bueno, ya siguen aquí.
Lo siento.

 

**El senyor president:**

 

Gracias, señora Espí.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la diputada señora Franco.

 

**La senyora Franco Aliaga:**

 

Gracias, señor presidente.

Señora Segrelles, presidenta del Foro de Vida Independiente.
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(Veus) Bueno, es igual, nuestra comunidad ya puede ser la presidenta, porque realmente es la persona que creo que más está luchando por conseguir todas las reivindicaciones que usted nos ha traído aquí, en estas Cortes.
(Veus)

Ha sido una magnífica exposición y, realmente, le diré que es cierto que tenemos muchas cosas por hacer y quisiera, bueno, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, pedir disculpas por esa barrera arquitectónica que parece ser que han encontrado en esa calle.
Normalmente deberían haber entrado por la puerta principal, que es por la que hay una accesibilidad adecuada.
Lo sentimos y, bueno, intentaremos de alguna manera que estas cosas se vayan solucionando, que a veces son fruto de esa inexperiencia y de esa falta, a veces, de ponernos en ese lugar para darnos cuenta de todas las cosas que ustedes tienen que.
.
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, o los obstáculos que tienen que vencer para situaciones muy sencillas de la vida cotidiana.

Estamos hablando de una ley a nivel nacional y, realmente, yo tengo que decir que tenemos pocas expectativas con relación a las reivindicaciones puntuales que ustedes hacen, por una sencilla razón, y es que el recurso económico con el que va a ser dotada esta ley, según las palabras del presidente del gobierno, pues, va a ser mínimo, con lo cual, pues, no sé muy bien si vamos a poder hacer frente a esas necesidades.

Es cierto que desde las comunidades autónomas se tiene una responsabilidad y creo que es importante el reconocer el esfuerzo que a lo largo de estos años, desde el año 1995, ha venido haciendo el Partido Popular con relación a los discapacitados.
Fuimos la primera comunidad que creó el estatuto del discapacitado (veus), hicimos acciones puntuales que han sido recogidas en las publicaciones que hemos tenido año tras año, los presupuestos demuestran que nos preocupa y nos ocupamos de las personas con discapacidad.
.
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(Veus)

Señor presidente, pido su amparo.

 

**El senyor vicepresident:**

 

Sí.
Señores diputados, por favor, pido, al igual que cuando ustedes tienen el uso de la palabra, los de ese grupo parlamentario, ruego respeten el turno de la señora diputada.

 

**La senyora Franco Aliaga:**

 

Como le decía -señor presidente, gracias-, creemos en los derechos de los discapacitados y este gobierno se ha preocupado, porque cree que es el deber el cuidar de ellos.
Sabemos que otros partidos llevan la bandera de lo social, pero, realmente, a la hora de demostrarlo muy pocas cosas hacen por estas personas.

Yo quisiera, de alguna manera también, reflejar todos los avances que hemos hecho en el mundo de la discapacidad, porque es justo reconocer también las cosas que se han estado haciendo y, bueno, no siendo todas las necesarias, sí que es verdad que hemos avanzado mucho, pues, con las barreras arquitectónicas, con las playas de accesibilidad, con los parques y jardines, con todos los deportes a los que se puede acceder que antes era impensable.

También es cierto que hay personas discapacitadas que no se conforman o no son capaces de vivir solas, y es cierto que hemos avanzado mucho en lo que son las plazas residenciales, las viviendas tuteladas que, de alguna manera, quizá es más fácil dar una atención en grupo que a nivel independiente.
¿Por qué?
Pues, porque los recursos están ahí.

Y yo quisiera preguntarle, como persona que está ayudándonos a elaborar, en un momento dado, y cubrir las necesidades que ustedes nos van planteando, ¿cree que el actual proyecto de ley de dependencia da respuesta a las necesidades de vida independiente?
¿Han recabado su información?
¿Han participado en esta elaboración?
¿Es partidaria de reformar las ayudas domiciliarias?
¿Es partidaria de reformar o de cambiar la figura del cuidador?
-y díganos, por favor, como deberíamos hacerlo-.
¿Cree que deberían existir residencias, o, por el contrario, no las considera oportunas?

El tiempo se agota, no quiero abusar del tiempo.
Y termino como empecé, dándole las gracias a usted y a todo el resto de personas que han venido aquí a hacernos partícipes de sus preocupaciones, y no tenga duda de que tomaremos buena nota para hacer, en la medida de lo posible, todo lo que esté en nuestra mano.

Nada más y muchas gracias.

 

**El senyor vicepresident:**

 

Muchas gracias, señora diputada.
Gracias doblemente, porque ha sido usted concisa y contundente en su intervención sin agotar el tiempo.

A continuación, para dar respuesta conjunta a los grupos intervinientes, tiene la palabra doña Rosa Segrelles por diez minutos.
(Remors) Disculpen.
Va a ser don Javier Romañach Cabrero el que va a dar respuesta a las preguntas de los diversos grupos parlamentarios.
Y tiene diez minutos.
Pero vuelvo a repetir la flexibilidad de esta presidencia, porque entendemos que quién mejor que un chino conoce a otro chino.
Quiero decir que quién mejor que una persona con diversidad funcional puede informarnos de otra persona con diversidad funcional.
(Remors)

 

**El senyor Romañach Cabrero, representant de Fòrum de Vida Independent:**

 

Felicitar al presidente por el uso de la palabra.
Intentaré al final de la exposición, digamos, entrar un poco en por qué esa palabra.

Començant pel senyor Cardona, jo sóc català, i no sé si el català o valencià s'entén o no s'entén,,,.
Com ho ha fet en valencià, està bé?
(Remors) Val.

Vosté ha fet unes quantes preguntes, sobretot, sobre la pressió fiscal, sobre si és veritat que els ciutadans estarien disposat a fer una pressió fiscal.
Quan jo era jove, a mi em van vendre que l'Otan era dolenta.
Val?
Però a base d'una campanya de màrqueting, al final estem a l'Otan i ningú es va queixar, i vam fer un referèndum.
El que vull dir és que el poder de màrqueting estatal és molt poderós.
Llavors, si nosaltres promoguem les polítiques dient: és molt bo que es baixen els impostos i fem una guerra entre partits a vore qui baixa més els impostos, mai tindrem una societat on estigui ben vist pagar els impostos.
Llavors, ara mateixa la guerra és aquesta.
Llavors, la qüestió principal és: quina societat volem?
Volem una societat que sigui més europea, que sigui més social, volem complir els seus programes electorals, volem de veritat aixecar la pressió fiscal?
Aquesta és la qüestió: volem una societat més social o menys?
Llavors, és una qüestió que no afecta solament a aquesta llei, afecta a tot.

Llavors, si no fem una pressió social i política que si aixequem els impostos ho farem per això, per això, per això, i vosté guanyarà, mai ho aconseguirem.
Llavors, és veritat que hui segurament no seria factible, però d'aquí a quatre anys, amb una campanya de màrqueting de tots els partits, segurament la societat estaria conscienciejada que amb més calés públics es podria fer una societat millor.
Ara mateix jo crec que no, encara que la resposta sigui simple.

Després ens demana si.
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Em fan gràcia aquestes preguntes, perquè és que tot el món se les comença a fer ara.
Tenen vostés moltes experiències d'assistència personal?
Cony!
Amb quins calés?
Si no existeix la figura, si no ha estat mai regulada.
A vere.
Ens demanen a nosaltres una experiència per una cosa que mai se'ns ha donat.
I la resposta és: jo, personalment, fa catorze que tinc assistent personal.
I jo tinc la meva experiència.
La meva experiència és que em consta aproximadament, a mi, uns 20.
000-18.
000 euros/any -a mi, estic parlat de mi-, i diguéssim, em dóna una llibertat que ningú dels meus congèneres es podrà pagar la té, ni els qui estan a les residències ni a cap lloc.

Ara, la figura.
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això no és estadística.
Llavors, nosaltres no podem fer estadístiques en casos puntuals privilegiats.
Ara, d'on tenim les estadístiques?
De Noruega, de Suècia, de Gran Bretanya, d'Irlanda.
Funciona?
Clar que funciona.
Funciona tant que el Blair farà de la política de pagament directe amb assistent personal, l'estratègia els pròxims vint anys de política social.
El pla estratègic Blair està basat en aquest concepte: assistència personal més pagament directe.
Llavors, sí és sostenible, o almenys els britànics ho pensen.
No solament és sostenible, sinó que és susceptible de canviar tota la política social.
I a més, genera drets, ciutadania, llibertat.
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tot, tot.
Llavors, no ens demanen l'experiència a Espanya quan mai ens han donat l'oportunitat, que és la primera vegada que ens deixen demanar-ho.
És la primera vegada que ho demanem.
Llavors, no podem mentir, no tenim cap, no tenim res.
A Espanya tenim les experiències puntuals dels qui s'han buscat la vida.

I després.
Nosaltres som lluitadors polítics per política social global.
No entenem en comunitats versus centralisme.
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No.
Nosaltres volem que sigui el que sigui qualsevol ciutadà espanyol, visqui i tingui els mateixos drets i les mateixes realitats allà on estigui.
I quan dic qualsevol ciutadà, vull dir qualsevol ciutadà sense o amb diversitat funcional.
Llavors, si jo quan em canvio de comunitat tinc assistència personal, i si torno a la meva no la tinc, què és això?
Jo no puc acceptar.
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Jo sóc espanyol, jo sóc català, sóc espanyol, ara estic a València.
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m'és igual, però visc a un estat.
És més, nosaltres demanem que si anem a Europa es mantinga igual.
Nosaltres el que volem és el nostre espai polític, ho considerem la nostra terra, que ara mateixa és Europa.
Sí, el mateix.
El mateix vol dir els mateixos drets.
Ja no entrem en les especificitats de llengua o del que siga.

Entrando en la pregunta de la señora Espí sobre el copago.
A ver.
Sobre el copago hay muchos malos entendidos, y hemos hecho un documento explícito para intentar explicar los malos entendidos.
Nosotros no estamos en contra del copago, estamos en contra del copago en función de ingresos, que no es lo mismo.
Es decir, el copago, como ustedes lo llaman, es un tope de prestaciones y está en todos los pilares del bienestar.
Es decir, las pensiones están topadas, la sanidad está topada, todo está topado.
Nosotros lo único que pedimos es que este pilar del bienestar, si se genera, sea como los otros.
Entonces, en los otros lo que no hay es copago en función de ingresos, pero sí tope de prestaciones o copago, como ustedes dicen.

Entonces, el copago en función de ingresos, eso es lo que es repagador, porque de alguna manera vuelve a tener en cuenta los ingresos cuando uno hace un servicio.
Es decir, cuando pago a Hacienda, se tienen en cuanto mis ingresos, y ahora vuelvo a pedir un servicio y se tienen en cuanta mis ingresos.
No.
Eso se llama discriminación.
Y generaría situaciones tan curiosas como, por ejemplo, si yo quisiera ser diputado en Valencia y me sentara allí con ustedes, ganaría un 30% menos que ustedes, porque como ganaría dinero.
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-supongo que los diputados están más o menos a nivel nacional, no sé cuánto ganan, desde luego deben andar por ahí.
Eso en cualquier baremo social sería pagar el 90% del salario de asistencia personal.
Entonces, yo, si fuera un diputado como ustedes sentado allí, ganaría unos 30.
000 euros, el 90%, el 25 como he dicho antes, 20.
000 menos que ustedes por realizar el mismo trabajo.
Si fuera mujer, ustedes no admitirían eso, que yo ganara 20.
000 menos.
O ¿sí?
Entonces, ¿por qué -por ser diferente, que es lo único que soy- tendría yo que, si me sentara a su lado, digamos, ganar menos?
Luego, ese es el quid de la cuestión.
Lo que haya que pagar, que se pague para todos, como se hace con las recetas médicas, como se hace con todo.
Pero que el copago no sea en función de ingresos.
Y no es una cuestión económica, es una cuestión de discriminación, es una cuestión conceptual.
No hablamos de dinero, hablamos de conceptos.
Entonces, no queremos ser eternamente discriminados o que se nos haga pagar, como siempre, por ser diferentes.

Y por terminar, la señora Franco nos ha hecho un montón.
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una retahíla de preguntas al final que nos ha dejado un poco desconcertados.

Entonces, ¿se nos ha escuchado en la ley?
Nosotros hemos hecho llegar nuestro punto de vista a todo diputado viviente que se ha dejado.
Hemos llenado sus buzones y nos han recibido personalmente en el Congreso de los Diputados y han escuchado nuestras peticiones.
De hecho, entendemos que el gobierno ha hecho un esfuerzo y ha incluido, o ha hecho un esfuerzo escuchador, y ha incluido la figura del asistente personal, mal llamada, y el pago directo, mal llamado, pero está incluido en la ley.
Y eso entendemos que ha sido por petición nuestra.
Es decir, que sí que se ha escuchado hasta un cierto punto.

Lo que pasa es que, claro, cuando uno, digamos, cuando el cien por cien de lo que pides acaba donde empiezan los demás.
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Es decir, si se nos concede el cien por cien de cosas que pedimos, estaremos como el resto de ustedes todos los días.
Entonces, claro, si me dicen: "me han escuchado el 60%", es que yo lo que quiero es tener la igualdad de oportunidades.
Entonces, el 60% de la igualdad de oportunidades sigue siendo desigualdad de oportunidades.
Entonces, no nos vale.
Pero sí hay que reconocer que se ha hecho un esfuerzo por parte del gobierno y por parte de todos los partidos, el Partido Popular, Convergència i Unió, Iniciativa per Catalunya, CiU.
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todo el mundo.
Entonces, sí que hay que reconocer que se nos ha escuchado.
¿Se nos ha hecho caso?
Relativo.
El problema es que nosotros no podemos ceder porque están nuestros derechos en juego, está nuestra igualdad de oportunidades en juego.

Entonces, ¿qué ocurre con esta ley?
Que no está basada en eso.
Esta ley no está basada en el principio de igualdad de oportunidades ni en los principios de vida independiente.
Es un avance, pero es un avance insuficiente e incompleto.
Es un retroceso en derechos.
Es una ley más antigua que la ley de igualdad de oportunidades que se aprobó antes.
Entonces, las figuras de los cuidadores están mucho mejor delimitadas, porque al cuidador le han cambiado el nombre de cuidador familiar a cuidador profesional en la última versión, y además está contemplado el asistente personal.
El asistente personal no está ni mencionado en el reglamento que tiene que regular su figura, con lo cual es difícil hacer estadísticas sobre asistentes personales.
Para que lo sepan ustedes, señorías, habitualmente contratamos con servicios doméstico, porque no hay otra figura que nos permita esa flexibilidad y que podamos pagar económicamente.
Entonces, está mal definido, pero entendemos que es la época en la que nos van a dejar todavía incidir, porque le llaman asistencia personalizada, que no es lo mismo personalizar algo que tener algo personal, porque personalizar lo personaliza alguien de fuera.
Tener algo personal es algo propio, interno.

Y si estamos a favor o contra de las residencias, esta es una pregunta controvertida.
Se la devuelvo.
¿Ustedes, señorías, están a favor de ir a una residencia ustedes mismos o no?
(Pausa) Pues píenselo.
Lo mismo que piensan ustedes estadísticamente pensamos nosotros: ¡hombre!
, si no hay otro remedio, que es lo que piensa mi abuela, que no está en una residencia, y que es lo piensa cualquiera.
¡Hombre!
, si no hay otra solución, pero puestos a elegir.
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Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo?
Nuestro trabajo no es ir en contra de las residencias.
Nuestro trabajo es dar a las personas la libertad de elegir, y que esa elección sea en igualdad de oportunidades, de manera que no se vea obligado a ir a una residencia porque no hay otro remedio, sino que si alguien quiere una residencia que sea por propia voluntad y porque a pesar de poderse quedar en su casa con asistencia personal, pudiendo estar en su entorno con sus amigos, saliendo en su calle de toda la vida, prefiere, por lo que sea -que eso es libre y cada uno es libre-, ir a una residencia.

Ahora bien, voy a terminar haciendo una pequeña reflexión, y con esto acabo.
Y es tan sencillo como lo siguiente.
Ustedes y nosotros siempre nos hemos visto de una manera, se llama modelo médico.
Ustedes nos ven como seres mal hechos, nosotros nos hemos visto siempre como seres mal hechos.
Nosotros, desde el Foro de Vida Independientes, y esa es la novedad que hemos aportado, nos vemos simplemente como un colectivo en la diversidad.
Cuando uno deja de estar enfermo para pasar a la diversidad, deja de estar en el mundo de los médicos para estar en el mundo de los homosexuales, las mujeres, la gente de otra religión, la gente de otra raza.
Y cuando la perspectiva de la lucha es desde la diversidad por discriminación, no tiene nada que ver con la perspectiva de la lucha cuando uno se siente enfermo, un ser mal hecho.

Entonces, cuando ustedes me hacen una pregunta, yo se la devuelvo siempre a ustedes, porque ustedes somos nosotros y llegarán a ser como nosotros.
Lo que han tenido la suerte es que nosotros hemos llegado antes, y así les allanamos el camino para que cuando lleguen tengan mejores opciones.

Muchas gracias.

 

**El senyor vicepresident:**

 

Muchas gracias a usted, don Javier.

Bien.
Esta presidencia, en nombre de la comisión, le quiere agradecer a los representantes a nivel autonómico designados por el Foro de Vida Independiente, a doña Rosa Segrelles Doménech y don Javier Romañach Cabrero, su comparecencia y colaboración tan importante, por el trabajo presentado a esta comisión.
Y en prueba de ello, le hemos redactado estos documentos, que les hacemos entrega.
(Remors)

 

**El senyor Romañach Cabrero, representant de Fòrum de Vida Independent:**

 

Ah!
, sí.
Señorías, creo que tenemos unos CD.
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¿Los tenemos repartidos ya o no?
Como nosotros no hacemos más que generar documentación, para que tengan ustedes un buen soporte documental, les repartimos también.
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, y se están generando nuevos documentos ahora sobre el nuevo proyecto de ley, sobre la ley de biomedicina.
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Seguimos en la tarea.

 

**El senyor vicepresident:**

 

Ahora vamos a repartir los CD.

Y a sus señorías comentarles que se suspende la comisión, y en breve les informaremos de cuándo reanudamos la comisión.

Nada más y muchas gracias.

(Se suspén la reunió a les 14 hores i 30 minuts)