## La Sindicatura de Comptes prevé una repercusión “muy significativa” de la riada en la deuda de la Generalitat “si no recibe una adecuada financiación extraordinaria” del Estado

*** El informe alerta de diferentes medidas adoptadas recientemente que perjudican a la Comunitat, como la condonación de las liquidaciones negativas de 2020 o el reparto en función del PIB del impuesto a la banca
* La Sindicatura lamenta que el actual “debate” sobre la condonación de la deuda autonómica esté centrado en el impacto de la crisis de 2018 sobre el PIB, “pero no se habla de la parte de la deuda que es consecuencia de la discriminación en el modelo vigente”**

La Sindicatura de Comptes prevé que el coste asociado a la reconstrucción tras la riada, tanto en forma de ayudas e inversiones de reposición de infraestructuras como en medidas preventivas a futuro, va a ser “cuantiosísimo” para la Generalitat, hasta el punto de que tendrá un impacto “significativo” en su endeudamiento “si no recibe una adecuada financiación extraordinaria por parte de la Administración General del Estado”.

El ente señala que la tarea a la que se enfrenta la Generalitat en los “próximos meses y años es abrumadora y va a tener una repercusión muy significativa en las cuentas futuras de la Generalitat, tensionando, sin duda, sus presupuestos” por el coste esperado que va a representar la recuperación y reposición de todos los activos públicos y privados destruidos.

Así lo señala la Sindicatura de Comptes en su auditoría financiera y de cumplimiento de la legalidad de la Cuenta de la Administración de la Generalitat de 2023, entregada este lunes en Les Corts por parte del síndic major, Vicent Cucarella. Posteriormente, el síndic ha presentado los resultados de la fiscalización al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y a la consellera de Hacienda y Economía, Ruth Merino.

La insuficiencia de recursos del sistema de financiación autonómica y su impacto sobre el endeudamiento de la Generalitat vuelven a ocupar un lugar relevante en el informe, al que este año se suma la estimación sobre el marcado aumento del pasivo esperado por la mencionada respuesta a la riada.

Como ya explicó en su informe sobre la deuda pública valenciana emitido en 2022 a petición de Les Corts, la Sindicatura subraya que el déficit presupuestario estructural que sufre la Generalitat, que ha provocado que sea la autonomía más endeudada respecto a su PIB, “no viene provocado por efectuar unos gastos superiores a la media autonómica, sino por unos ingresos inferiores a ella, entre los que destacan los procedentes del sistema de financiación autonómica”.

“Con una financiación autonómica al nivel que correspondería en proporción a su población ajustada y respetando las necesidades estimadas por el propio modelo vigente, la Generalitat habría podido evitar una parte muy importante de la deuda acumulada (el 78 %)”, incide el organismo.

Además, la Sindicatura resalta que “diferentes medidas concretas” aplicadas en los últimos han seguido perjudicando a la Comunitat, como por ejemplo la decisión tomada en 2022 por el Gobierno de España de asumir las liquidaciones negativas correspondientes a las entregas a cuenta del ejercicio 2020, medida de la que se beneficiaron la mayoría de comunidades, pero no la Comunitat “por el efecto combinado perverso de los diferentes fondos de reparto, a pesar de ser la comunidad peor financiada históricamente”.

**El reparto del impuesto a la banca, un perjuicio añadido**

El ente lamenta que “ha vuelto a ocurrir recientemente” con el acuerdo para el reparto de la recaudación procedente de un nuevo impuesto a partir de 2025, que el Gobierno de España sacó adelante la semana pasada en el Congreso con el apoyo de sus socios de investidura que determinará que la recaudación del impuesto a la banca se reparta entre las autonomías en función de su PIB en lugar de por el habitual criterio de población ajustada.

“Con el reparto en función del PIB se beneficia a las comunidades autónomas más ricas y se perjudica a aquellas con mayor diferencia negativa entre su aportación al PIB y su peso poblacional, como es el caso de la Comunitat Valenciana”, alerta el informe entregado este lunes.

Por todo ello, la Sindicatura recuerda la necesidad de “avanzar” en el diseño de un nuevo modelo de financiación, pero también considera que la Generalitat debe “seguir exigiendo un resarcimiento de la parte de la deuda acumulada durante los últimos años a causa de la infrafinanciación”. Al respecto, el informe destaca que el “actual debate” sobre el endeudamiento autonómico solo se centra en el resarcimiento de parte de la deuda originada por las necesidades no satisfechas por la crisis, que afecta a todas las comunidades autónomas, y del coste financiero asociado, “pero no se habla de la parte de la deuda que es consecuencia de la discriminación en el modelo vigente y que solo padecen unas pocas comunidades autónomas, entre las que destaca la Comunitat Valenciana.

Asimismo, insiste en la conveniencia de “implantar de inmediato un mecanismo transitorio que resuelva dicha infrafinanciación durante el tiempo que transcurra hasta que se apruebe el nuevo modelo”. “De lo contrario, la Administración de la Generalitat seguirá viéndose sometida a la dificultad de conciliar simultáneamente la presupuestación adecuada de los gastos del estado de bienestar, el respeto a la estabilidad presupuestaria y un tratamiento ortodoxo de las previsiones de ingresos”, asegura la Sindicatura en su fiscalización de la Cuenta General.

**Mejora el resultado presupuestario en 2023**

En cuanto a la evolución del resultado presupuestario de la Generalitat, el informe recuerda que este se deterioró en los años 2018 y 2019, pero mejoró en 2020 y 2021 como consecuencia de los fondos extraordinarios recibidos para dar respuesta a la crisis provocada por la COVID-19, por importe de 1.485,6 millones y 1.400 millones, respectivamente.

Al desaparecer esa “financiación adicional incondicionada” del Estado, el déficit revisado de la Generalitat aumentó en 2022 y, aunque se produjo una mejoría en el ejercicio 2023 con una reducción del 17,3 %, la Sindicatura considera que “será difícil llegar al equilibrio con el actual sistema de financiación autonómica”.

En este punto, cabe recordar que el Consell ha solicitado al Gobierno de España el envío de recursos a fondo perdido a la Generalitat, como ya se hizo para combatir la pandemia ante los costes previstos para afrontar la reconstrucción económica y social tras la riada.

En cuanto a los derechos reconocidos, en 2023 experimentaron un aumento del 16,2 % respecto al ejercicio 2022 (7,5 % respecto a 2021), mientras que el gasto real estimado se elevó un 9,6 %.

**Indicios de Responsabilidad Contable**

Por otro lado, el informe de la Sindicatura revela que se han hallado indicios de responsabilidad contable en el caso de un reintegro de 1,8 millones de euros a efectuar por una asociación, motivo por el cual se ha decidido remitirlo a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas.

En concreto, señala que “pudieran concurrir las características básicas de la responsabilidad contable”, dado que el beneficiario “ha incumplido las obligaciones y condiciones que constituyen el fundamento causal de la subvención”.

En el apartado de incidencias en derechos a cobrar por la Generalitat, el informe relata que la Conselleria de Educación requirió en 2018 el reintegro de 1,8 millones de euros (1,2 millones de principal más 0,6 millones de intereses) de la subvención a una asociación para la rehabilitación de un inmueble que posteriormente vendió a una sociedad mercantil. La asociación entró en procedimiento concursal que se resolvió en 2020, pero a 31 de diciembre de 2023 este reintegro sigue pendiente de cobro, “con riesgo evidente de prescripción del derecho a cobrar”.

En cuanto a la evolución de los expedientes de resarcimiento por enriquecimiento injusto (EEI), informa de que en 2023 se aprobaron un total de 783 expedientes por un importe conjunto de 1.668,4 millones, de los cuales 1.473,5 millones de euros (88,3 %) corresponden de la Conselleria de Sanidad.

El informe llama la atención de que estos EEI “absorben un porcentaje muy significativo de los créditos presupuestarios iniciales”, lo que provoca, en consecuencia, “el incremento de obligaciones reconocidas devengadas no imputadas al presupuesto que se registran en la cuenta 413”. El saldo recogido en el balance en esa cuenta (Acreedores por operaciones devengadas) se situó en 1.767,7 millones.

Fecha: 23/12/2024