## El Consell exige al Gobierno el 50 % de fondos en dependencia que le corresponde por ley y los 1.023 millones que adeuda a la Comunitat por la atención sanitaria a personas desplazadas

*** Ruth Merino pide al Ejecutivo central que “deje de mirar hacia otro lado” y “pague lo que debe” por ley a la Comunitat para prestar los servicios de dependencia, ya que sus aportaciones “ni siquiera llegan al 25 %”
* El Consell autoriza a la Conselleria de Sanidad a reclamar al Gobierno las cantidades que adeuda por la falta de compensación del Fondo de Garantía Asistencial y del Fondo de Cohesión Sanitaria desde 2012**

El Consell ha pedido este martes al Gobierno central que “deje de mirar hacia otro lado” y cumpla con la aportación del 50 % de los gastos que asume la Comunitat Valenciana para poder prestar los servicios de dependencia y que haga efectiva también la compensación por importe de 1.022,9 millones de euros que adeuda a la Generalitat por la atención sanitaria a personas desplazadas prestada desde 2012, según ha destacado la portavoz y consellera de Hacienda Ruth Merino.

En declaraciones realizadas en la rueda de prensa posterior al pleno, la portavoz ha informado sobre la aprobación del convenio entre Vicepresidencia y Conselleria de Servicios Sociales y el Imserso que desarrolla el marco de cooperación para financiar los gastos del sistema de dependencia en 2024 y sobre el acuerdo por el que se autoriza a la Conselleria de Sanidad a reclamar al Ejecutivo central las cantidades que se le adeudan del Fondo de Garantía Asistencial y del Fondo de Cohesión Sanitaria para remunerar la asistencia sanitaria prestada a pacientes de otras autonomías y a personas extranjeras.

Ruth Merino ha explicado que el Gobierno de España aporta este año 68,1 millones de euros para la promoción de la autonomía personal y para las personas en situación de dependencia, atendiendo al denominado como nivel acordado (que es el que se aprueba en el convenio autorizado este martes), y que a este concepto se suma un nivel mínimo, por el que concede otros 100 millones de euros. Sin embargo, sumando estas dos aportaciones, la del nivel mínimo y la del nivel acordado, “ni siquiera se llega al 25 % de todo lo que supone el gasto en dependencia de la Comunitat Valenciana, cuando el Gobierno de España debería estar aportando por ley el 50 %”, ha señalado.

Ruth Merino ha denunciado que estas cifras reflejan la “dejadez” y “desatención continuada” del Gobierno de España hacia las personas dependientes de la Comunitat y ha advertido que el Consell no va a dejar de exigir que “pague la parte que le corresponde”.

**Atención sanitaria a pacientes de otras autonomías**

Además, la portavoz ha extendido esta exigencia a la compensación por el gasto sanitario a personas desplazadas de otras comunidades y al colectivo de personas extranjeras. En concreto, el Ejecutivo estatal debe a la Comunitat, a través del Fondo de Garantía Asistencial, 23,1 millones de euros por la asistencia en Atención Primaria a visitantes de otras comunidades entre julio de 2012 y diciembre de 2013, así como 798,9 millones de euros más por la asistencia a personas desplazadas en Atención Especializada entre julio de 2012 y hasta la actualidad.

Además, el Gobierno central también tiene pendiente el pago, a través del Fondo de Cohesión Sanitaria, de más de 99,6 millones de euros por las liquidaciones de los ejercicios comprendidos entre 2013 y 2023, así como otros 101,3 millones de euros por la liquidación sobre la facturación generada en la Comunitat Valenciana por la asistencia sanitaria prestada a personas extranjeras.

En los sistemas de información de la Conselleria de Sanidad se están identificando y registrando, de forma individual, más de 199.000 asistencias de Atención Especializada prestadas anualmente a personas desplazadas procedentes de otras comunidades autónomas que suponen un gasto de 77,6 millones de euros al año que no ha sido remunerado.

**Nombramientos**

Por otro lado, el pleno ha aprobado el nombramiento de Vicente Huet Ballester como nuevo director general de Interior.

Igualmente, ha acordado el nombramiento, como miembros del Comité Económico y Social, de María Amparo Camarero Olivas y de Enrique Esteve Mollá, en sustitución de Francisco Javier Sanahuja Sanchis y de Purificación Baldoví Borrás, que cesan en sus cargos.

Fecha: 29/10/2024