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Lo que sucede en Berna, ocurre en las demás ciudades europeas, y no es necesario decir que las ciudades españolas, puesto que europeas son. Si en España alguien se ocupara en hacer una estadística como la publicada por la revista pedagógica suiza, las cifras no serían muy diferentes, como sabe cualquiera que frecuente las salas de espectáculos, puesto que la casi totalidad de películas tienen la misma procedencia.

Aún sin clasificar la delincuencia, hay películas que influyen nocivamente en el espíritu infantil, y en los hombres maduros, como son aquellas que para provocar la risa hacen objeto de ludibrio a un ser infeliz, como la que inspiró un artículo violento contra la tiranía de la ley del fuerte a escritor de significación tan radical como don Julio Senador Gómez, que en un periódico de las más avanzadas ideas, pedía la prohibición absoluta de cuanto puede no ya desmoralizar y corromper al pueblo, sino rebajar los sentimientos de commiseración y piedad para con los menos aptos, para defenderse de los combates de la vida y del trato abusivo de los semejantes.

El cinematógrafo, que además de un espectáculo de enorme sugestión, es el libro de los que no saben leer, y constituye la biblioteca del pueblo, y el elemento general de su cultura histórica, geográfica y literaria, reclama una vigilancia estrechísima, una aduana rigurosa y una resolución firme en los que gobiernan, para quitarle el veneno, que no siempre aparece a simple vista, sino que está diluido en un letrero, en una escena, en un gesto; cuando no va infiltrado en la misma acción, de modo tan hábil, que se desprende de ella, aun siendo ésta en apariencia inocua.

Otro escritor, que tampoco es de nuestro campo - el señor Hoyos y Vinent -, ocupándose en esta modalidad, advertía con qué suavidad se infiltra en los pueblos católicos, por medio de las películas americanas, la propaganda protestante; y cómo se procura difundirla. Algo análogo a lo que sucede con la campaña judáica, que por medio del procedimiento compasivo, procura despertar la simpatía hacia el judaísmo, explotando talmadamente el sentimentalismo fácil de las muchedumbres inadvertidas.

De las apologías que el cinematógrafo hace de la belleza física, de la fuerza material, del dinero, de la independencia filial, de la libertad de las costumbres, del lujo, y del concepto frívolo y sensual del amor, o dicho con más exactitud, de la atracción de sexos, no creemos que sea necesario hacer mención, ni aportar demostraciones, porque cualquier espíritu discreto sentirá el horror hacia sus efectos, bien visibles en la transformación que ha sufrido la vida social, lo mismo en las grandes ciudades que en las
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REVISTA CATÓLICA DE CUESTIONES SOCIALES (CON CENSURA ECLESIÁSTICA)

LA IGLESIA Y EL SINDICALISMO CRISTIANO

El documento emanado de la sagrada Congregación del Concilio con ocasión de la denuncia formulada por la asociación de patronos del Norte contra los sindicatos cristianos de obreros de Francia, es acaso el más importante que se haya publicado en los últimos años en materia de acción social católica. Su alcance trasciende de la querella concreta a que viene a poner término. Contiene enseñanzas de carácter general, aplicables por lo tanto a todos los países. De aquí que debamos ponerlas de relieve y subrayar su alcance.

* * *

El hecho es por demás sencillo. Los patronos industriales de la región de Lila, por medio de uno de ellos, el señor Mathou, se dirigieron recientemente a la Congregación del Concilio, formulando diferentes acusaciones contra los Sindicatos obreros afiliados a la Confederación general de obreros cristianos de Francia. Estas acusaciones podían resumirse así: «el nombre no correspondía a la cosa; los llamados Sindicatos cristianos estaban animados por el espíritu socialista».

La cuestión sometida a la deliberación de la Congregación, era grave. No es, pues, de extrañar que antes de resolver se hayan entregado los cardenales que la integran a un estudio doctrinal y que hayan recogido sobre los hechos las más abundantes y seguras informaciones.

Sobre este último punto la decisión es terminante: «La sagrada Congregación estima - se lee en el documento que nos ocupa -, que es deber suyo declarar amparada por irreducibles documentos y por los testimonios recogidos, que algunos de los motivos
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reses de los que ostenten la propiedad de la tierra, mientras los Consejos provinciales Agropecuarios, representan a los explotadores o cultivadores del terreno.

Y como ha de haber enlace riguroso entre una y otra entidad, van los Presidentes de la Cámara de la Propiedad Rústica, a formar parte de los Consejos provinciales Agropecuarios, y dentro de las mismas Cámaras, establécese secciones que atiendan a las diferentes modalidades de la propiedad con relación a los varios cultivos y aprovechamientos del suelo.

Es indudable, que el asiento de la Agricultura es la tierra y el propietario de la tierra es quien viene obligado a pagar a la Hacienda, desde la contribución territorial, rústica y pecuaria, hasta el nuevo impuesto que suponen los Consejos Agropecuarios provinciales. Y he aquí el origen insólito de que junto a tales gabelas y responsabilidades surja la representación auténtica de quienes han de soportarlas.

El Real Decreto de 6 de septiembre de 1929 ha recogido estos pensamientos y desarrollado sus facetas en un articulado interesantísimo para el campo.

Por virtud del mismo, en cada provincia habrá de constituirse una Cámara de la Propiedad Rústica, y así en efecto, se está ya haciendo en numerosas capitales, con más entusiasmo del que presidía y presidió al nacimiento y funcionamiento de las Cámaras Agrícolas; porque ahora los reunidos son propietarios puros, sin mezcolanza de colomos o arrendatarios, y por ello sienten por su afinidad mayores deseos de congregarse. Los fines concretos de la institución de referencia son fomentar y defender los intereses generales de cada propietario.

Por regla general, y salvo casos de excepción muy calificada, los citados organismos, habrán de residir en la capital de la provincia respectiva y en Ceuta y Melilla, sin embargo de lo cual puede su residencia establecerse en lugar distinto, si así lo dispone el Ministerio de Economía Nacional, o lo acuerdan los miembros electivos de la Cámara por mayoría absoluta de votos, siempre que puedan justificar el cambio de residencia por manifiesta importancia en la población a que se traslade, figurando entre otras la referente a la extensión de su término municipal, número de habitantes que cobije.

Establecese la obligatoriedad de figurar como miembros de la Cámara para todos los propietarios de cada provincia que por contribución territorial satisfagan más de 25 pesetas anuales.

Claro es, que no tendrá la importancia que ha querido dárselas a las Cámaras de la Propiedad rural, si no fueran institutos oficiales, dependientes del Ministerio de Economía, por eso se las
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ha otorgado esa condición, diciendo además que habrán de acudir la representación de los intereses de la propiedad rústica del territorio de la jurisdicción provincial, y serán personas jurídicas y tendrán capacidad para adquirir y administrar bienes.

La Administración Pública las toma asimismo como Cuerpos consultivos, imponiéndolas la obligación de suministrar al Gobierno y a los organismos administrativos provinciales y locales, todos los datos e informes que se les pida.

De continuo ocurre la queja consistente de que nuestras estadísticas no existen o están mal hechas, y he aquí, que varias fases, quizá las más importantes para ciertos estudios de la economía nacional, puedan ser detalladamente conocidas en los institutos de que hablamos, si se disponen a cumplir con sus deberes.

El cometido principal a que han de atender las Cámaras de la Propiedad Rústica, es el proponer y solicitar de los Poderes públicos cuantas resoluciones juzguen convenientes para el desarrollo y mejora de la propiedad rústica.

Asimismo, representar a la clase patronal agrícola en la organización corporativa de la Agricultura y en el Retiro obrero del campo.

Asumir esta misma representación ante los Ayuntamientos, Corporaciones y Oficinas públicas de todo orden de la provincia, promoviendo con tal carácter y representación las solicitudes, recursos y procedimientos legales que convengan al interés de la propiedad rural.

Cuando el Ministerio de Economía lo autorice para ello, podrán realizar las obras o servicios que entiendan convenientes para sus fines.

Deben ocuparse en el estudio y realización de las mejoras de las fincas rústicas.

Han de intervenir como árbitro en las cuestiones que surjan entre propietarios terrícolas cuando estos soliciten tal intervención.

Entre sus misiones más interesantes, hálase la de fundar en provecho de los propietarios de la tierra, Montepíos, Cajas de Ahorros, Mutualidades de Seguros, servicios cooperativos, en general, todas aquellas acciones sociales que redunden en beneficio de los miembros de la Cámara y del campo en general.

Como ya hemos dicho que tiene personalidad jurídica, concebe la ley a las Cámaras que pueden ejercitar ante los Tribunales de justicia si así se lo piden los propietarios, las acciones civiles, criminales o contencioso-administrativas, correspondientes a estos y que se relacionen con su propiedad.

Cuando los Tribunales de justicia necesiten informes pericia-
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les sobre asuntos relacionados con la propiedad rústica, serán las Cámaras rurales quienes evacúen los informes que las pidan.

No podían estar separadas de asuntos tan importantes como el de la enseñanza, y al efecto, las incita a que promuevan y organicen estudios y lecciones relacionados con la mejora de la propiedad rural.

Mucho fa en ellas el Poder público cuando entre las facultades que las asigna figura la de concertar con el Estado, Diputaciones, Ayuntamientos o mancomunidades, las cobranzas de la contribución rústica y de los impuestos y arbitrios que se refieren a esta propiedad.

Quedan a cargo de las Cámaras las estadísticas de la propiedad rústica de la provincia y las encargadas de su formación, y asimismo han de tomar la obra de llevar a cabo el Catastro y conservarle en la medida que el Estado las autorice y previa la intervención de éste, mediante las condiciones y garantías que se estipularán.

La Cámara será quien proponga y designe los individuos que haya de la propiedad rústica en las Comisiones y organismos y que con arreglo a las disposiciones vigentes, tengan intervención.

En su seno deberán acogerse cuantas iniciativas y trabajos persigan la mejora y el fomento de la propiedad rústica, como instrumentos de riqueza y de propiedad.

Tal como decíamos antes los Presidentes de las Cámaras provinciales serán Vocales natos de los Consejos Agropecuarios de las respectivas provincias.

Como los asuntos que han de pasar por estas entidades son tan múltiples y tan heterogéneos, tienen que formar secciones distintas, que se ocupen de grupos de materias diversificadas y en cada Cámara existirán por lo menos una Sección de cultivo de secano, otra de cultivo de riegos, otra de dehesas y pastizales y una cuarta de montes con arbolado. Pero además, habrá en cada entidad aquellas otras secciones que aconsejen los especiales cultivos de sus terrenos y costumbres, que según dichos cultivos rijan para los arrendamientos, aparcerías, etc., etc.

Ahora es cuando vamos a poder tener una cosa tan interesante como el censo de propietarios rurales que las Cámaras han de formar, al mismo tiempo que las estadísticas que reflejen las diversas particularidades de la propiedad rústica y de su aprovechamiento.

Para su constitución se ha dispuesto que cada Cámara esté integrada por tres miembros electivos que mande cada partido judicial, y por un número de Vocales cooperadores que no podrán nunca exceder de la tercera parte de los electivos.
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Estos últimos los designarán por sufragio los propietarios de fincas rústicas de cada jurisdicción.

Y cuando se haya constituido la Cámara con sus vocales electivos, ella nombrará los vocales cooperadores entre las personas que por los títulos profesionales que posean o las especiales condiciones que reúnan, puedan ser útiles a los fines perseguidos por la Corporación.

Está regulado de esta manera el derecho electoral. Todas las personas naturales y jurídicas que por ser propietario en la jurisdicción de cada Cámara y pagara al Tesoro más de 25 pesetas de contribución territorial y se halle inscripta en el centro de la corporación, tiene voto. Y no es menester que voten los propietarios precisamente, pues si se hallaren ausentes, podrán hacerlo en su nombre sus administradores u otras personas debidamente autorizadas. De esta manera, esos grandes propietarios que tienen fincas en distintas localidades, pueden quedar debidamente representados en todas las Cámaras, aunque las elecciones fueren al mismo tiempo. Sería caso de injusticia hacerles viajar a todos los puntos en donde posean tierra.

Las condiciones que se requieren para ser elegido miembro electivo de las Cámaras de la Propiedad Rústica, son: ser español, sin distinción de sexo, mayor de veinticinco años, y figurar como propietario de finca rústica en la provincia, con dos años cuando menos de anticipación, pagando al Tesoro más de veinticinco pesetas de contribución territorial anual. Cada tres años habrán de renovarse por mitad los miembros que integran las Cámaras y en la primera renovación, esa mitad será designada por sorteo.

Los años en que deba haber elecciones se verificarán estas durante el mes de noviembre, en un solo día festivo y previa convocatoria hecha por las Cámaras provinciales con quince días por lo menos de anticipación, de acuerdo con el Gobernador Civil y publicada en el Boletín Oficial de la provincia.

Serán las casas de Ayuntamiento donde las mesas electorales se constituyen, integradas por cuatro propietarios que designe y presida el Alcalde. Y en cuanto a la votación y al escrutinio, regirán las disposiciones generales de la Ley electoral vigente.

El acta de escrutinio, habrán de firmarla cuantos componen la Mesa, llevará nota de las reclamaciones que se hubieren formulado, enviando una certificación de ella al Presidente de la Cámara. Este organismo las estudiará, designando los Vocales según el número absoluto de votos, y comunicando al Gobernador Civil la designación que habrá de ser publicada en el Boletín Oficial, admitiendo reclamación durante quince días que en su caso serán
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elevadas al Ministerio de Economía. Los nuevos Vocales deberán tomar posesión de sus cargos en enero.

Las Cámaras designarán por votación entre sus Vocales, un Presidente, dos Vicepresidente, un Tesorero, un Contador y tres miembros más para que constituyan la Junta permanente. El secretario será nombrado por la Cámara en pleno teniendo voz, pero no voto y remuneración.

Los plenos deberán reunirse siempre que los acuerde el Presidente de la Cámara o lo soliciten dos terceras partes de sus Vocales, pero cuando menos celebrarán dos sesiones al año. En cambio, la Comisión deberá reunirse una vez cada mes, y además cuando lo acuerde el Presidente.

Los medios económicos concedidos a las Cámaras Rurales para cubrir aquellas aficiones que se derivan de las obligaciones que les han impuesto son: el tanto por ciento que cada una fije anualmente mientras no exceda del dos sobre las cuotas que aplique el Tesoro en concepto de contribución territorial, entendiéndose que se refiere a las cuotas superiores a veinticinco pesetas anuales.

Verificarán la cobranza de este impuesto por trimestres, semestres o años, según la importancia de las cuotas, y procurando facilitar el desprendimiento de este numerario por parte de los labradores bastante recargados con numerosas gabelas. Se verificará lo dicho al hacerse la recaudación de la contribución del Estado y por los Recaudadores de Hacienda, quienes liquidarán directamente con las Cámaras, pudiendo utilizar en los casos de resistencia al pago, el procedimiento de apremio administrativo que será encomendado a los Recaudadores de Hacienda.

Cuando las Cámaras envíen la liquidación de sus presupuestos anuales, darán cuenta al Ministerio de Economía del número y cuantía de las cuotas no satisfechas, causas de la morosidad; y tanto por ciento que representen los ingresos calculados.

Contra la costumbre de la Administración, establécese rápidamente la determinación de fallidos a los tres años de impagada una cuota, si hubiere ejercitado el procedimiento de apremio, será declarada partida fallida, dejando de figurar en el activo de la Cámara, debiendo justificarse ante el Ministerio estas bajas con certificaciones de la Delegación de Hacienda.

En la primera decena de diciembre las Cámaras presentarán al Ministerio de Economía los proyectos para el año siguiente para que los apruebe, modifique o deniegue, y dentro de la primera quincena del mes de enero elevarán al Ministerio su Memoria y Balance anual.

Puede el Ministerio de Economía suspender y disolver las Cá-
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maras cuyo funcionamiento no responda a la finalidad para que fueron creadas, y en este caso proceder a la nueva elección de Vocales.

Cuando las Cámaras hubieranse constituido, deben comenzar inmediatamente a redactar sus Reglamentos de régimen interior, que elevarán al Ministerio para que éste los estudie y apruebe.

El Real Decreto de referencia cuyas disposiciones hacen resaltar la singular trascendencia del mismo, termina con unas transitorias que es preciso extraer porque complementan los generales.

Los vocales electivos de las Cámaras Agrícolas, formarán interinamente la Cámara de la Propiedad Rural. He aquí salvado un puente del que tal vez trataban de aprovecharse elementos disconformes con la disposición. Serán además los encargados de convocar elecciones para el nombramiento de las Juntas definitivas en el mes de noviembre. Donde no haya posibilidad de formar las Cámaras de la manera dicha, el Ministerio de Economía, a propuesta del Gobernador Civil, las nombrará.

Las Juntas provinciales interinas se harán cargo de la documentación, fondos y oficinas de las Cámaras Oficiales agrícolas, mediante acta de entrega, con el correspondiente inventario, excepción hecha de todo el material que posean destinado a las campañas contra las plagas del campo que hubieran adquirido con fondos procedentes del impuesto especial de plagas del campo, que entregarán en las respectivas Diputaciones provinciales antes del día 1.º de noviembre próximo, remitiendo a la Dirección General de Agricultura acta de la diligencia de entrega e inventario de material y enseres entregados.

Las representaciones y los cometidos que en el orden de la defensa de la propiedad rústica correspondían a las suprimidas Cámaras Agrícolas, pasan a estos nuevos organismos. Provisionalmente los representantes de las Cámaras Agrícolas en Juntas y Organismos oficiales, continuarán en ellas con carácter de representantes de la propiedad rústica, hasta que la nueva organización corporativa consienta confirmarlos o sustituirlos en sus puestos, mediante oportunas votaciones.

CAJA DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD

La reforma agraria, afanosamente acometida el último decenio por diferentes Naciones europeas con dudoso resultado, tuvo en la obra del Gobierno español, tan feliz y prudentemente iniciada por el Real Decreto de 7 de enero de 1927, el resultado halagador
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de un éxito rotundo, a pesar de la modesta condición de ensayo a que se redujo durante los primeros meses.

No persiguió al parcelar terrenos de cultivos, como otros pueblos equivocados, la resolución de problemas políticos, con olvido o preferencia de los demás que le complementan: no buscó, al igual que en anteriores y poco afortunadas actuaciones de colonización interior, el logro de un fin social por completo desatendido de otros que deben ser tenidos muy en cuenta como esenciales: antes bien, con un lino que hubieron de reconocer y aplaudir nacionales y extranjeros, aunó en cada caso el elemento económico, sin cuyo cimiento la obra parcelaria muere rápidamente, y el elemento técnico que constituye la piedra angular de la colonización agrícola, y sobre tales basamentos realizó su plan, alcanzando frutos sociales o políticos que, como consecuencia natural y científica, surgían de los anteriores.

Y así fué multiplicada y difundida la propiedad de la tierra entre aquellos modestos labradores, cuyas generaciones venían cultivándola desde añosos tiempos, y la amaban como propia, y la deseaban por encima de todas las cosas, y ello sin daño para la producción nacional, pues a la categoría de dueño ascendió el peguajero capacitado para serlo, pues poseía la práctica del laboreo y los medios precisos para comenzar su nueva vida; y lo dicho se realizó siempre de acuerdo y con agrado del propietario, que gustoso cambiaba sus derechos de dominio sobre fincas que no cultivaba directamente, o lo hacía con abandono o desgana, obteniendo rendimientos escasos, por saneados capitales, de más fácil y grato manejo para él.

Silenciosa revolución democrática ancha y honda, que ha convertido a varios millares de braceros, colonos y arrendatarios, en dueños y señores de su peguajal, llevando a numerosas familias trabajadoras una paz y un sosiego engendradores de sanas virtudes sociales y patrióticas.

Más no fué sola esta labor de división y reparto de tierras la principal que hubo de llevarse a cabo en el camino de la colonización interior, ni ha de serlo en lo sucesivo, pues constituye no más que el comienzo de un plan que tiene muchos más amplios horizontes.

Parcelado el terreno cultor, preciso es, si se quiere que este esfuerzo no se esterilice, ayudar a su obra con esmero y constancia, indicando al parcelero los medios para mejorar sus procedimientos de cultivo, enderezándole hacia los elementos económicos que le permitan disponer de primeras materias, máquinas, abonos, etc., etc., aumentando el valor de su propiedad, abroque-