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»Considerando que según el art. 493 del Código penal vigente, el juez municipal que autorizase matrimonio prohibido por la ley, incurre en responsabilidad criminal y en las penas en el mismo marcadas;
»Considerando que la responsabilidad señalada en dicha artículo á los jueces municipales, tiene su fundamento legal en que por la ley de matrimonio civil, vigente á la publicación del citado Código, en su art. 2.º, no se concedían efectos civiles á los matrimonios que no se celebrasen con arreglo á sus disposiciones, y por el 28 encomendaba exclusivamente su celebración á los jueces municipales;
»Considerando que derogada en parte aquella ley por el decreto del ministerio-regencia de 9 de Febrero de 1875, restableciendo en el matrimonio canónico los efectos civiles y encomendando su celebración á los Párrocos, éstos han venido á sustituir á los jueces municipales en su calidad de celebrantes;
»Y considerando que si el art. 493 citado quiso castigar á los jueces municipales, como únicos encargados de la celebración del matrimonio, las omisiones que en tal concepto cometieran, contra las disposiciones legales que los prohíben, aquella penalidad debe alcanzar hoy á los Párrocos, que como queda dicho, han venido á sustituirles en su calidad de autorizantes, porque donde existe la misma razón debe existir la misma disposición,
»S. M. el rey (Q. D. G.), conformándose con lo propuesto por dicho Consejo Supremo, se ha servido declarar que, los eclesiásticos que autoricen matrimonios de militares que no tengan las condiciones legales necesarias para contraerle, incurrén en la responsabilidad criminal y en las penas señaladas en el mencionado art. 493 del Código penal vigente.»
»De real órden, comunicada por el señor ministro de Gracia y Justicia, lo traslado á V. I. para su conocimiento y el de los Párrocos de esa diócesis, á los efectos procedentes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid, 5 de Agosto de 1882.—El subsecretario interino, Antonio Díaz Cañabate.—Señor Obispo de Ávila.»
Con gran sentimiento de nuestra alma publicamos el documento preinserto, y por el prestigio, honor y respeto á los altos funcionarios gerárquicos á quienes afecta, hubiéramos preferido dejarle en la oscuridad, colocándole en el lugar reservado para guardar los impresos y libros prohibidos, donec corrigatur.
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Mas habiéndose ya dado cuenta de él en la prensa, y debiendo publicarse tambien el Boletín oficial de nuestra diócesis para que, según lo que se previene en la mencionada real orden, tengan conocimiento los señores Párrocos de la responsabilidad criminal que allí se declara, y procuren no incurrir en ella; estando Nos obligado en conciencia, en virtud de nuestro cargo episcopal, á mirar por la pureza de la doctrina y de la sana moral, no podemos menos de protestar con el debido respeto contra la afirmacion que se hace en dicha real orden en los siguientes términos: «encomendando su celebracion á los Párrocos, éstos han venido á sustituir á los jueces municipales en su calidad de celebrantes.»

Semejante proposicion, en cuanto que da á entender que los Párrocos son mandatarios del poder civil y que por encomienda y facultad que él mismo les confiere celebran el matrimonio, y en cuanto que enseña que al autorizar este en concepto de tales Párrocos, sustituyen á los jueces municipales, como si las funciones que los segundos ejercian fueran lo mismo que las que ejercen los primeros, y el acto en que intervenian y que autorizaban los jueces municipales en virtud de la ley civil fuera de la misma naturaleza, del mismo orden y tuviera el mismo valor que el que autorizan y en el que intervienen los Párrocos en virtud da los sagrados Cánones, lo cual equivale á equiparar la dignidad y santidad del Sacramento del matrimonio, instituido por Nuestro Señor Jesucristo, con la iniquidad del llamado matrimonio civil que, entre católicos, es un torpe y execrable concubinato, instituido por gobiernos enemigos de la Iglesia, en odio á la misma y para perdicion de las almas; entendida dicha proposicion en ese sentido, que es el que de ella se desprende, y salvando la intencion que haya presidido al redactarla y consignarla en tan augusta resolucion, desde luego la condenamos como falsa, escandalosa, subversiva de la doctrina canónica establecida por la Iglesia en materia matrimonial, induc-tiva á la confusion de las dos potestades, civil y eclesiástica, que por derecho divino son distintas, y ofensiva á la piedad del pueblo cristiano.

Encargamos, pues, á nuestros amados Párrocos que procuren enseñar á sus respectivos fieles que las reales órdenes y disposiciones que emanan de la potestad civil, no constituyen la norma y la regla para las cosas eclesiásticas y para los asuntos de la Religión, sino que la fuente y principio legítimo y moderador de todo
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lo que se refiera á la misma, al culto y al ministerio sacerdotal, es la autoridad de la Iglesia, según la voluntad expresa de su divino Fundador, siendo por lo tanto á ella á quien hay que escuchar y obedecer en esas materias, y no al poder secular que, por su naturaleza misma, carece de toda potestad directa é indirecta en los asuntos eclesiásticos.

Avila, 14 de Agosto de 1882.—CIRIACO MARÍA, Obispo de Avila.

Hé aquí la enérgica respuesta que el señor Gobernador Eclesiástico de Coria había dado á la comunicación del ministro de Gracia y Justicia, condenada después por el reverendo Obispo de Avila:

«Al dar conocimiento á los señores Curas párrocos y Económicos de la preinserta disposición, que tendrán presente en los casos que ocurran para evitar la responsabilidad en la misma marcada, no puedo menos, en cumplimiento de mi deber, de rechazar la doctrina anti-canónica consignada en la real órden al afirmar que por el decreto de 9 de Febrero de 1875 «se encomendó la celebración de los matrimonios á los Párrocos, y que éstos han venido á sustituir á los jueces municipales en su cualidad de celebrantes.» No es esto lo que se consigna en el decreto; pero aunque así fuera, ni esa disposición ni cuantas sobre el particular dicten las autoridades seculares, pueden alterar la doctrina de la Iglesia, consignada terminantemente en el capítulo I del decreto de reformatione matrimonii de la sesión 24 del Concilio de Trento, vigente en España, que dice, entre otras cosas:

«Qui aliter, quam praesente Parocho vel allio Sacerdote de ipsius Parochi, seu Ordinarii licentia; et duobus, vel tribus testibus Matrimonium contrahere attentabunt eos Sancta Synodus, ad sic contrahendum omnino inhabiles reddit: et hujusmodi contractus irritos, et nullos esse decernit, prout eos praesenti decreto irritos facit et annullat.» Conforme con esta doctrina y muy pertinente á la cuestión, son las siguientes proposiciones condenadas en el Syllabus y tomadas de las Letras Apostólicas Ad Apostolicae Sedis de 22 de Agosto de 1851. «XLII. In conflictu legum utriusque potestatis jus civile prevaleet.» «LXXI. Tridentini forma sub insirmittatis poena non obligat, ubi lex civilis aliam formam praes-
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futuros se resúmen en estas palabras: «Yo mismo seré tu recompensa».—Mat., XXV, 21: «Entra en el gozo de tu Señor». ¡Qué destino el que consiste en tener á Dios como premio de nuestro amor, en participar de los mismos gozos de Dios! Los gozos de Dios son infinitos; podemos, pues, tomar parte en lo infinito de la dicha tanto como es posible á una criatura finita….. (Explánese.)

CONCLUSION

No nos contentemos con amar lo que ven nuestros ojos, lo que nuestras manos pueden tocar.—Este amor, sin duda, es legítimo; pero todavía hay un amor más legítimo.

Amemos al que hace las cosas que nosotros amamos aquí abajo.—Si las obras de Dios son dignas de ser amadas, porque contienen un perfume de la bondad y de la belleza divina, ¿no tiene Dios más derecho á nuestro amor que sus obras?

Estas obras son buenas, son bellas, pero sólo Dios es la bondad y la belleza infinita, sólo él debe ser, pues, perfectamente amado.

INSTRUCCION QUINTA

Resúmase la instrucción precedente.
No solamente observamos el primer mandamiento por la caridad para con Dios, sino también por la caridad para con el prójimo.
Hoy responderé, pues, á las preguntas siguientes:

I.—¿ESTAMOS OBLIGADOS Á AMAR AL PRÓJIMO?
Sí.
a) Pruebas tomadas de la Sagrada Escritura.—Mat. XXII, 39:
•Amarás á tu prójimo como á tí mismo.»
Juan, XV, 12: «Este mandamiento os doy: que os améis los unos á los otros así como yo os he amado».—Valor de estos textos…..
Juan, I, Ep. IV, 21: «Nosotros tenemos este mandamiento de Dios; que el que ame á Dios, ame tambien á su hermano».
No se puede, pues, separar el amor de Dios del amor del prójimo….. (Explánese.)
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»tinat, et velit hac nova forma interveniente matrimonium valere.»
«LXXIII. Vi contractus mere civiles potest inter christianos constare vere nominis matrimonium; falsumque est, aut contractum matrimonii inter christianos semper esse Sacramentum, aut nulium esse contractum, si Sacramentum excludatur.»

Hecha esta salvedad y protesta con el respeto debido, de lo que con gusto hubiera prescindido á venir concebida en otros términos la real órden, y no queriendo ni debiendo cooperar con el silencio á que se desconozcan los derechos de la Iglesia y se desfigure su doctrina tal como á mi juicio sucede en el presente caso, en esta misma fecha elevo la correspondiente reclamacion al excelentísimo señor ministro de Gracia y Justicia, pidiendo se sirva declarar que por la real órden citada no se pretende negar que los Párrocos intervienen en la celebracion del matrimonio en virtud de la autoridad que para ello les ha conferido la Iglesia, ni se quiere sostener que obren por ministerio de la ley civil, ni en sustitucion de los jueces municipales. Los señores Curas párrocos y Ecónomos, inspirados en esta misma doctrina, explicarán á sus feligreses que la mision de la potestad secular en esta materia, que no es de su competencia, está limitada á coadyuvar á la observancia de las disposiciones de la Iglesia, sin ponerse nunca en pugna con su dogma, moral y disciplina, legislando sólo sobre las cosas meramente temporales anejas al matrimonio, único medio de dar á Dios lo que es de Dios, y al César lo que es del César, sin producirse discordias ni conflictos.

Coria, 3 de Agosto de 1882.—Lic. Eugenio Escobar Prieto, Gobernador eclesiástico.

EXPOSICION

Excmo. Señor:—En 3 de Agosto último acudí á V. E. reclamando con el debido respeto contra el contenido de la real órden de 31 de Julio que me fué comunicada en contestacion á una consulta que elevé á ese ministerio sobre responsabilidad de los Párrocos que autorizan matrimonios de militares, y en dicha exposicion, fundado en poderosas razones, en textos legales de incontestable valor, y más que todo por no ajustarse la soberana disposicion
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á la doctrina de la Iglesia, solicité de V. E. que propusiese á Su Majestad la declaracion de que por la «real órden citada no se niega á los Párrocos el derecho exclusivo á intervenir en la celebracion de matrimonios en virtud solamente de la autoridad que para ello les ha conferido la Iglesia, ni se pretende tampoco por la misma que obran en la celebracion de los matrimonios por ministerio de la ley civil y como autorizantes en sustitucion de los jueces municipales.»

Cuando esperaba, por ser de justicia, una resolucion favorable, que sin menoscabar los derechos de la potestad secular, no desconociese y alterase los de la Iglesia y su santa doctrina, llega á mis manos con notable retraso y leo con profundísima pena la nueva real órden dictada sobre el particular en 28 de Agosto último á virtud de reclamacion del excelentísimo señor Arzobispo de Valencia, ilustrísimos señores Obispos de Segorbe y Tarazona y de la mia ya citada de 3 de Agosto.

Siento mucho molestar de nuevo á V. E., pero mi silencio sería hoy más culpable que nunca, tanto porque implicaria aquiescencia á doctrinas condenadas por la Iglesia contenidas en la primera real órden y no retractadas, sino más bien reproducidas y confirmadas en la segunda, doctrinas que si como católico y Sacerdote tengo la obligacion de rechazar, como encargado del gobierno de esta diócesis me urge más rigurosamente para no defraudar las esperanzas de mi Prelado al confiarle durante su ausencia este importante cargo, cuanto por haber partido de mí la consulta que motiva estas contestaciones. A fin, pues, de salvar tan grande responsabilidad y conseguir con la solucion que tengo propuesta no quede oscurecida la verdad católica por las perturbadoras y anticanónicas ideas emitidas en mal hora en la real órden de 31 de Julio, acudo con más confianza que antes á V. E., esperando que por esta vez dará satisfaccion cumplida á mi solicitud.

Haciendo caso omiso de la declaracion por mí propuesta sin adoptar sobre ella resolucion concreta y despues de historiar los hechos que motivaron la real órden del 31 de Julio, afirma V. E., en el primer considerando de la comunicacion á que tengo el honor de contestar, que por aquella real órden «no se resuelve ni siquiera se plantea cuestion alguna canónica, ni que se roce con la doctrina de la Iglesia sobre el matrimonio.» Eso es indudablemen-
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te lo que debió hacerse, y medios para ello tenia V. E. y el Consejo Supremo de Guerra dentro de los límites del derecho y de la más vulgar prudencia, y de haberlo así verificado, no sólo estarian demás las reclamaciones y protestas de hoy, sino que apareceria mejor fundada la real órden en cuestion. Mas lejos de eso, «y sin limitarse,» como dice V. E., «á enunciar dos hechos indiscutibles y á deducir de ellos una consecuencia perfectamente lógica y de todos modos ajena al dogma, y á la disciplina de la Iglesia,» sino por el contrario, faltando al dogma, á la disciplina y á la lógica, se permitió consignar de una manera clara y terminante estas dos proposiciones; que por el decreto del Ministerio-Regencia de 9 de Febrero de 1875 «se encomendó la celebracion de los matrimonios canónicos á los Párrocos y que estos han venido á sustituir á los jueces municipales en su cualidad de celebrantes.» Y ¿tendré necesidad de repetir y probar nuevamente que estas dos proposiciones se rozan tanto con el dogma y disciplina de la Iglesia, hasta el punto de llegar á destruirlas por su base, si se las admite sin la declaracion propuesta?

Recuerde V. E. el capítulo del Concilio de Trento y proposiciones del Syllabus citadas en mi primera exposicion, de donde se deduce que no hay verdadero matrimonio fuera del establecido por Nuestro Señor Jesucristo, que le sujetó exclusivamente á la autoridad suprema é independiente de su Iglesia; que este matrimonio es opuesto en naturaleza y sustancia al casamiento celebrado ante la autoridad civil, cuyo acto no es otra cosa entre católicos más que un concubinato condenado por los Papas desde Benedicto XIV hasta Leon XIII; que es nulo, totalmente nulo, el matrimonio que los cristianos intenten celebrar en otra forma que la marcada en el capítulo IV de reformatione matrimonii de la sesion 24 del Concilio de Trento. Y esta doctrina, bien comprende V. E. que dejaría de ser verdadera, si admitiésemos la contenida en la real órden. Por eso insisto una vez más en que este error gravísimo, defecto capital de que adolece la real órden, se subsane con la declaración correspondiente, único medio de reparar la ofensa inferida á la Iglesia en su doctrina y autoridad.

A ello está V. E. doblemente obligado, pues si medita un poco sobre los hechos enunciados, verá que en buena lógica no cabe deducir de ellos las dos proposiciones que tan justamente rechazamos. Y á la verdad; por mucho que se combinen los dos hechos
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en cuestion, esto es, que en 1870 se reformó el Código penal poniéndole en armonía con la ley de Junio del propio año, según la cual sólo producían efectos civiles los matrimonios que se celebraran ante los jueces municipales, etc., y que por el real decreto del Ministerio-Regencia se dispuso que el matrimonio que se contraje se con arreglo á los Sagrados Cánones producirá en España todos los efectos civiles que le reconocian las leyes vigentes hasta la promulgación de la de 18 de Junio de 1870, repito que por sutiles combinaciones que se inventén, nunca el más hábil ingenio llegará á deducir, como V. E. lo ha hecho, «que por el citado decreto se encomendó á los Párrocos la celebración de los matrimonios canónicos, ni que han venido á sustituir á los jueces municipales en su cualidad de celebrantes.»

Lo que sí se deduce lógicamente de esos hechos y parece convenir en ello V. E. en la nueva real orden siquiera tímidamente, es que restablecidos en el matrimonio canónico los efectos civiles, y habiendo por este motivo de ajustarse los Párrocos en su celebración además de lo ordenado en los Sagrados Cánones á las leyes civiles que estaban vigentes antes de la publicación de la ley de 18 de Junio de 1870, es hoy aplicable á dichos Párrocos en el caso de infracción de alguna ley civil la penalidad entonces establecida, que, como oportunamente recuerda V. E., es la marcada en el artículo 403 del Código penal de 1848 en su edición reformada de 1850, artículo que se armoniza mejor con la situación de los Párrocos que el 493 del Código vigente, ineficaz en su parte principal, toda vez que la suspensión del cargo que en dicho artículo se impone es nula por carecer los tribunales civiles de autoridad para imponerla á los Párrocos.

Esta consecuencia, que lógicamente se deduce de los hechos sentados por V. E. como premisas de su argumento, no tengo reparo alguno en admitirla, pero con la precisa condición de declararlo así V. E. terminantemente, dejando á la vez sin efecto la aplicación á los Párrocos del art. 493 del Código penal, sujetándolos únicamente á la responsabilidad consiguiente al art. 5.º del real decreto de 9 de Febrero de 1875. Esta declaración es tan fácil como necesaria en vista del art. 1.º de la parte dispositiva de la nueva real orden, en el que, sin mencionar ya el artículo 493 ni ocuparse de la sustitución, se limita V. E. á declarar que «incurren en responsabilidad criminal los eclesiásticos que
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autorizan los matrimonios de militares á quienes está prohibido casarse por la ley vigente de reemplazos.» La juzgo fácil por estar terminante el decreto del Ministerio-Regencia, base de la novísima legislacion en asuntos matrimoniales, y necesaria además esa declaración, porque si todas las leyes deben ser claras y precisas, más indispensable es este requisito en disposiciones que afectan á autoridades y fueros de distintos órdenes para prevenir dudas y conflictos; doblemente necesaria, no sólo por la satisfaccion que se debe á la Iglesia ofendida, sino también porque toda órden explícita no basta que sea revocada implícitamente; y necesaria por último, porque el contenido restante de la real órden, y el encargo especial hecho á los fiscales de las Audiencias, dan fundado motivo á creer y temer de que se trata de aplicar en los casos que ocurran el art. 493 del Código penal, y semejante atropello no puede en manera alguna consentirse.

La Iglesia, excelentísimo señor, en todos los tiempos, mirando siempre al bien de la sociedad, y buscando la concordia entre los dos poderes, ha aceptado multitud de disposiciones civiles, relativas al matrimonio mientras no afecten al vínculo, ni ataquen sus propiedades esenciales, ni estén en pugna con cuanto ella ha ordenado para su válida y lícita celebracion; pero en el momento en que la autoridad secular rebasa esos límites, la Iglesia rechaza su ingerencia aun á costa de los más grandes sufrimientos.

Réstame examinar, siquiera brevemente, la resolucion nuevamente adoptada por V. E. de circular instrucciones á los señores fiscales de las Audiencias, para que con arreglo al espíritu y letra de la real órden, persigan á los eclesiásticos que autoricen los matrimonios de que venimos ocupándonos. Mucha abnegacion necesita, excelentísimo señor, para discurrir y continuar hablando con calma á vista del estemporáneo acuerdo con que termina su comunicación. No contento con desentenderse, no sólo de mi humilde reclamacion, sino también de las más autorizadas de los venerables Prelados de Valencia, Segorbe y Tarazona, dejando sin reparacion la ofensa inferida á la Iglesia, no bastándole la publicación de la real órden de 31 de Julio, apela hoy á ese medio extraordinario usado generalmente cuando se trata de abusos inveterados y de gran trascendencia, no corregidos con las medidas ordinarias primeramente adoptadas.

Y, ¿todo ello para qué? para hacer sentir el rigor de la ley sobre
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el pobre Párroco, que ante las lágrimas de una infeliz deshonrada, y el desconsuelo de sus padres pundonorosos y cristianos, ó á vista de la brutal determinacion de un soldado licencioso que amenaza con unirse concubinariamente, si no se le casa, porque aprendió allá en las grandes poblaciones y vió en las bajas y elevadas clases sociales, que puede hoy impunemente una concubina ocupar el lugar que corresponde á la esposa, sin que venga ningun fiscal á molestarla, y mirando al bien espiritual y temporal de sus hijos, autoriza un matrimonio que, sin perjudicar á nadie, produce muchos beneficios y evita males de incalculable trascendencia. Los Párrocos que, por cumplir con los deberes de su ministerio y las exigencias de nuestra confusa e instable legislacion civil, son frecuentemente el blanco de los tiros de malvados clerófobos; esos Párrocos que con un celo y una solicitud dignas de encomio, y á costa muchas veces de dispendios pecuniarios, han restituido á la gracia de Dios y rehabilitado á los ojos del mundo á multitud de infelices que en un momento de ceguedad, y al amparo de la ley civil, se dejaron arrastrar á reprobados consorcios; esos dignos Párrocos, si por caridad, ó por deber de conciencia autorizan el matrimonio de un recluta disponible antes de pasar dos años en esta situacion, serán perseguidos de oficio por los señores fiscales.

Y mientras tanto ese inmenso número de públicos concubinarios, amancebados y adúlteros, cada dia más creciente, y mucho más criminales, no sólo por el escándalo que su delito produce, sino tambien por el daño que á la familia y á la sociedad acarrean; esa turba de escritores cínicos que diariamente insultan en folletos impíos e inmundas novelas la santidad del matrimonio, y desnaturalizan las relaciones, los derechos y deberes de marido, esposa e hijos; esos hombres tan perniciosos son mejor afortunados que los Párrocos; los modernos Códigos penales apenas se ocupan de ellos, y si lo hacen es con tales restricciones, que la penalidad viene casi siempre á resultar ilusoria.

Más aun; con esa punible tolerancia, de que son responsables en primer término los gobiernos, se está envileciendo la familia y preparando la ruina de la patria; porque no lo dude V. E., si la familia es el fundamento de la sociedad, el matrimonio lo es de la familia, y así como de las familias inmorales y corrompidas no pueden resultar pueblos morigerados y felices, tampoco de separaciones ilegales y de uniones escandalosas resultan familias felices,