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Y termina afirmando, que del celo y entusiasmo de las Diputaciones provinciales, de la gestión sincera y abiertamente colaboradora de las entidades agrícolas y pecuarias y del calor y confianza que los labradores en general otorguen al desarrollo de la reforma, deben esperarse las mejores fuentes de ilustración, para ir creando en posteriores y escalonadas disposiciones, una legislación completa, que no sólo perfeccione los servicios agropecuarios en forma que alcancen su máxima utilidad práctica, sino que coloquen a la industria madre y a cuantos en ella intervienen, en el plano de elevación social y económica que en justicia les corresponde, y que tan vivamente ha deseado siempre el Gobierno.

CONSEJOS PROVINCIALES

El R. D. que nos ocupa, transfiere a las Diputaciones provinciales el fomento y cuidado de los intereses agrícolas y pecuarios detalladamente condicionados.

Esta resolución descentralizadora, que pone en manos de los pueblos su principal riqueza, para que la rijan y perfeccionen, es todo el Decreto. Entraña inusitada transcendencia y responde a un viejo anhelo de la opinión labradora y a unos incontrastables postulados del sentido común.

Quejábanse los que labran la tierra y las asociaciones de pe- guajeros, de que desde el centro se legislara sobre el campo, sin suficiente conocimiento del mismo y sus cultivos; decían que la centralización era rémora y acción retardataria, cuando no torpe y dañina, y clamaban por un sistema antonómico de la mayor amplitud posible

Además, el sentido común venía sentenciando, que siendo España de tan varios y encontrados cultivos, según la enorme variedad de su suelo y de su clima, no era conveniente legislar uniformemente desde el centro para toda la agricultura.

Ahora ya, cada zona, cada Diputación, cuidará y mimará los especiales frutos de su tierra; y Valencia, por ejemplo, hará prodigios en el laboreo y obtención de los agríos, como Zaragoza hará que prosperen su remolacha y sus frutas, como Ciudad Real se dedicará en cuerpo y alma a sus viñedos, etc. etc.

Nosotros que veíamos a las Diputaciones provinciales sin contenido, viejas momias de un organismo político-electorero, reducidas a cuidar de un Hospicio y un Manicomio, creemos que acaban de nacer con unos fines de tal modo levantados y poderosos, que serán, si lo entienden así y se ponen a tono con ellos, el pueblo español, España.

El R. D. crea en cada Diputación un Consejo provincial agro-
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pecuario, compuesto por una comisión permanente de tres diputados que la Corporación designará, seis vocales asesores elegidos por las Asociaciones agrícolas de la provincia, el delegado de Hacienda, el presidente de la Cámara de la Propiedad Rústica, el presidente de la Junta provincial de Ganaderos, el jefe de los Servicios Agrícolas de la Diputación, el inspector de Higiene y Sanidad pecuarios y el ingeniero jefe de la Sección Agronómica. Este Consejo tendrá su residencia en la capital de la provincia, o en el pueblo de más importancia agrícola de ella.

Abarca esta organización, todos los sectores que conectan con la Agricultura y la Ganadería, y ello es prenda de buen gobierno.

Es importante lo que añade a la elección de vocales representantes de las Asociaciones Agrícolas de la provincia. Para ello los consejos provinciales agropecuarios, formarán un censo de asociaciones, emanado del registro que abrirán con las que en la provincia existan. En el censo electoral dicho, constará el nombre de las entidades y su domicilio, su número de socios válido para la elección y número de votos que le corresponde, con arreglo a un voto por cada veinticinco socios, sin contar las fracciones menores de ese número; siendo los socios colectivos, contados como un miembro, cualquiera que sea el número de personas que les integren.

Hay algunas asociaciones que se hallan ramificadas por toda la nación, tal como la de Ganaderos, por ejemplo; a éstos solamente se les contará los miembros que radiquen en la provincia donde la entidad tenga su domicilio legal.

En artículos de prolijia especificación, regúlase el tiempo y forma de verificar las aludidas elecciones, siendo de señalar la disposición ordenadora de que en las primeras elecciones para vocales, figurarán en las candidaturas seis para propietarios y seis para suplentes, de los que tres de cada clase han de ser arrendatarios y apareros y otros tres lebradores de tierras propias, y de ellos cuatro a lo menos, serán agricultores y ganaderos a la par. Los elegidos tomarán posesión en la primera reunión que celebre el Consejo en el mes de enero siguiente a la elección.

Los Consejos eligen de entre los vocales, el presidente y el vicepresidente, que se renovarán cada tres años, pudiendo ser reelegidos.

La primera atención que se encomienda a los Consejos una vez constituidos, es la de efectuar la propuesta a la Diputación de la persona que deba encargarse de la jefatura de los servicios agrícolas de la Corporación y el pago de las remuneraciones co-
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rrespondientes. Será entonces el pleno de la Diputación quien acepte o rechace la propuesta, y en este último caso se proveerá el cargo por libre concurso, y quien le ocupe, será el secretario del Consejo provincial agropecuario.

Para evitar competencias de jurisdicción, marca ya la referida Ley qué actuaciones caen bajo la férula de los Consejos y cuáles han de ser ejecutadas por la Diputación. Al efecto, aquéllos atenderán a la organización de los servicios agrícolas y pecuarios y vigilarán su cumplimiento; pero lo que se refiere a los presupuestos generales de los servicios, como a las cuestiones que no contarán con el acuerdo unánime del Consejo, habrán de ser regidos por el pleno de la Diputación provincial.

Serán los miembros del Consejo en todo momento inspectores de los servicios agropecuarios de su provincia y quienes vivan fuera de la capital, disfrutarán dietas que atiendan únicamente al gasto que su actuación en el Consejo les proporcione.

SERVICIOS AGROPECUARIOS

He aquí la relación interesantísima de los servicios que se encomiendan desde luego a las Diputaciones:

1.º La creación y sostenimiento de las Granjas Agrícolas que estudien los problemas agropecuarios concernientes a la comarca que les asigne la Diputación o Diputaciones que la sosientan.

2.º La creación y sostenimiento de campos de experimentación y demostración, para divulgar las prácticas que se crean más convenientes.

3.º La divulgación por medio de la cátedra experimental, de los resultados obtenidos en las granjas, campos de demostración y los demás centros de carácter agrícola.

4.º La multiplicación industrial de las semillas obtenidas en las estaciones de selección, la introducción y divulgación de abonos anticiptifogámicos, insecticidas, o cualquiera otra sustancia que los ensayos realizados demuestren su conveniencia para incrementar o conservar la riqueza pecuaria.

5.º El estímulo de la Asociación de los Agricultores con fines económicos.

6.º El establecimiento y conservación de toda clase de centros especializados, que estudien los problemas concernientes a las provincias, tales como los que se dediquen al estudio de la ampelografía, la enología, la olivicultura, la olayotecnia, la prati-cultura, la industria de la sidra, el cultivo del arroz, del naranjo, de las industrias lácteas, de la avicultura, de la apicultura, etcétera.
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7.º La enseñanza post-escolar a los hijos de los agricultores, de las cuestiones encomendadas a los centros anteriores.
8.º El establecimiento y conservación de paradas de semen-tales, de todas las especies ganaderas.
9.º El servicio de libros genealógicos y el control lechero.
10.º La organización de concursos locales y provinciales de ganados.
11.º El mejoramiento de las condiciones sociales del agricultor, mediante el estudio de la higiene rural, la habitación, el vestido, los alimentos, la crianza y educación de los niños, los recreos, etc. etc.
12.º La difusión del crédito agrícola, cooperando a la obra del Servicio Nacional de Crédito Agrícola, en la forma establecida para las Cámaras Agrícolas por las disposiciones vigentes.
13.º El estudio de los medios conducentes a la parcelación de la propiedad, o concentración parcelaria más conveniente a los intereses agrícolas y sociales de la provincia.
14.º La divulgación, estudio y estímulo para combatir las enfermedades de las plantas y de los animales.

En esta larga relación, puede decirse que está metida la agricultura, a lo menos la práctica; y con tal holgura pueden moverse dentro de estos enunciados las Diputaciones y tal substancia las llevan para su nuevo contenido, que la que no acierte, será porque la falte voluntad.

Cuando una actuación sea tan ancha que abarque zonas en las que se hallen varias provincias, podrán las respectivas Diputaciones agrupar sus servicios agropecuarios, condicionándolos según sus conveniencias.

En lo atañente a entidades sociales agrarias, los Consejos procurarán crear y favorecer el desarrollo de Sindicatos, Cooperativas y Mutualidades agrícolas, dándoles preferencia en la utilización de los servicios, y pudiendo acordar la devolución de una parte de las cuotas cobradas como recargo en la contribución de los socios para aquellas asociaciones que realicen una labor digna de excepcional recompensa.

En cambio deberán llevar un registro de Asociaciones y Sindicatos, y comprobar la veracidad de los datos que ofrezcan sus memorias.

Hay un artículo en el R. D. que es éste del que vamos a tratar, el artículo 17, que ha armado un revuelo de iras y hechos, porque pone mano en intereses personales, que son siempre los que más inquietud despiertan, a diferencia de lo que debiera acontecer, pues antes y preferidos debían ser los asuntos generales y patrióticos que los individuales, por respetables que parezcan.
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Dice así textualmente:
•Las Diputaciones provinciales, contratarán libremente el personal técnico que crean necesario para la dirección y mejor funcionamiento de los servicios agropecuarios, eligiendo según las conveniencias en cada caso, entre ingenieros agrónomos, peritos agrícolas, profesores veterinarios, licenciados en ciencias u otros técnicos con título o sin él que se hayan distinguido en las especialidades que se les encomienden. También podrán, en casos justificados, contratar personal extranjero que posea una especialización técnica que se juzgue preciso aprovechar.•

La discusión abierta, las disputas más bien, en corrillos y cenáculos, alcanzan tonos de apasionamiento encendido. Dicen unos, que •los técnicos deben ser para la agricultura, y no la agricultura para los técnicos• y así antes ha de atenderse al bien de los cultivos, aunque ello haya de provenir de una persona que no sea ingeniero, que al medro de estos ingenieros. Replican otros, que en cuestiones de Medicina, si intervienen los que no son médicos se les llama intrusos y se les prohibe su ejercicio; y así en cada profesión actúan solamente los titulares que acreditaron poseer la teoría y van a través de los años acumulando práctica. Contestan los primeros que el caso de la agricultura difiere de los demás; en ésta, la práctica tiende el labriego heredada y comprobada, y es asunto en el que más sabe el que cultivó, salvo adelantos y asuntos en que la ciencia es señora; y en éstos, todos han acudido y acudirán a quien la tenga, si son ingenieros, como si no lo son.

Añaden, que en cosas de ganadería tal argumento vuélvese en contra de los agrónomos, pues los veterinarios hacen unos estudios de biología, de higiene, de zootecnia y de ciencias complementarias, que los ingenieros desconocen, ya que sus estudios sobre esta materia en la Escuela, son casi rudimentarios.

Y así continúan los dimes y diretes en letanía inacabable. Porque quienes defienden a los Ingenieros agrónomos, traen a cuenta lo que ocurre con los de Montes y los de Caminos, que las Diputaciones han de tomar forzosamente para cosas de su profesión; y aquí sí que hay paridad entre la agricultura, los montes y las carreteras y canales.

A lo que oponen sus contrincantes, que Diputaciones como las de Santander y Guipúzcoa y Vizcaya y Pontevedra, vienen rigiendo muy a satisfacción de todos sus asuntos agropecuarios, con directores que no son ingenieros agrónomos; y que este artículo 17, no ha hecho más que sancionar tal hecho, dando igual facilidad a las demás Corporaciones provinciales, bien entendido que con él y sin él, los ingenieros que valgan serán los preferidos y
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buscados por encima de los demás. ¡Si no se mete por medio — replican desde la otra acera — el caciquismo, los intereses basurados, las influencias, etc. etc., en cuyo caso el título del Ingeniero, que debiera darle a su poseedor como los demás títulos, un derecho de preferencia y de exclusión contra quienes no le tengan, deja de ser útil y puede romperse impunemente.

Tal vez hay exageración en unos y otros; por encima de lo escrito está la realidad, y entre las exageraciones el término medio, al que la vida empujará a todos.

RECURSOS PECUNIARIOS

¿De dónde han de sacar las Diputaciones los fondos necesarios para atender al gasto enorme que exigirán los servicios que las encomienden?

Por de pronto, de un recargo sobre las contribuciones rústica y pecuaria de las provincias, que no podrá exceder nunca de un 5 por 100 de las cuotas que aplica el Tesoro.

Los contribuyentes por territorial rústica y pecuaria que tributen por predios que tengan arrendados, cobrarán de sus arrendatarios un tercio de la cuota que por este concepto satisfagan, considerándose a estos efectos, que los dos tercios de dicha contribución corresponden a la renta del suelo, y un tercio al beneficio del cultivador e interés del capital en explotación.

El impuesto que venían cobrando las Cámaras Agrícolas para combatir las plagas del campo, queda suprimido. A estos fines se destinará la mitad del recargo que han de cobrar las Diputaciones según se dijo antes. Con dicha mitad formarán un fondo separado, que se empleará en lo que marca la Ley de 21 de mayo de 1908 y el R. D. de 4 de febrero de 1929.

Se vé pues, que aquel impuesto del 5 por 100, queda reducido al dos y medio como novedad, pues el otro dos y medio ya le pagaban.

Ya en marcha la dirección de sus bienes agropecuarios, bajo la férula de la Diputación, deberá ésta, asesorada por el Consejo de que hemos hablado, trazar su plan de servicios agrícolas. A él se unirá el presupuesto de gastos, ateniéndose a las disponibilidades de ingresos, más las aportaciones de la Corporación y del Estado. Un proyecto adicional puede señalar las mejoras de servicios que podrían intentarse, mediante mayor aportación del Estado.

En el presupuesto de referencia deberá incluirse: 1.º gastos para personal; 2.º para material y propios de los servicios; 3.º total de gastos presupuestados. Este total de gastos deberá quedar cubierto con el presupuesto de ingresos, integrado por los
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conceptos que siguen: a) Importe del tanlo por 100 (el 5 como máximo) que la Corporación estime preciso fijar sobre la riqueza rústica y pecuaria; b) Aportación de la Diputación provincial: c) Veinte por 100 de esas dos partidas con que el Estado incrementará los recursos; d) Ingresos procedentes de los mismos servicios por venta de productos u otros conceptos.

Reunido todo lo antedicho, se eleva al Ministerio de Economía quien lo aprueba, reforma o rechaza, razonando la resolución, entendiéndose aprobada la propuesta, si pasa un mes sin recaer resolución sobre ella. Es el moderno sistema del llamado «silencio administrativo», de mágica virtud, contra la pereza de la Administración.

Conviene fijarse en esta disposición transcrita, que constituye un freno formidable en manos del poder central. Argumento contra los que auguran toda clase de atropellos y cacicatos, cuando estos asuntos pasen a las Diputaciones provinciales.

Más adelante hemos de hablar de aquellos servicios que se reserva el Estado para sí. Por ahora diremos que en las provincias donde el Estado sostenga alguno de ellos, lo que le cueste, se deducirá del 20 por 100 antedicho, con el que debe ayudar a la Diputación. Podrán las aportaciones llegar hasta el 50 por 100 de los recursos que las Diputaciones provinciales destinen en sus presupuestos.

Las Diputaciones podrán añadir un presupuesto y proyecto adicional, en el que figuren los servicios que montarían con una mayor ayuda del Estado y el alcance económico total y proporcional a los demás ingresos que ello representaría.

La aprobación por parte del Ministerio de Economía del proyecto y presupuesto, deducida la falta de resolución en el mes transcurrido después de la presentación de la propuesta, no alcanzará en ningún caso al proyecto y presupuesto adicional, que necesitará siempre una especial y razonada aprobación del Ministerio

Llegamos a la mitad del R. D. agropecuario y el espacio de que podemos disponer en estas páginas se ha agotado totalmente. Tenemos que dejar para otro número la continuación del comenzado estudio.

Suponemos que el lector se habrá dado cuenta de la inusitada importancia y excepcional transcendencia de esta disposición legal, que llega a la médula de la nación y puede cambiar la faz social, económica y por ende política de España. Continuaremos.

COLOMA
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REVISTA SOCIAL INTERNACIONAL

Dos centenarios. Varias Semanas sociales.—Congreso de los «Trade Unions» ingleses.—Congreso de la Confederación del Trabajo francesa.—Unas conclusiones sobre racionalización. Congresos católicos en Francia.

Aun cuando no constituyan materia propia de estas crónicas, no queremos dejar de consignar aquí dos acontecimientos profundamente consoladores: la solemne conmemoración del Acta de Emancipación de los católicos ingleses celebrada en todo el país, pero singularmente en Londres, con inusitado esplendor, y el milenario de San Wenceslao, rey de Bohemia, festejado con no menos entusiasmo por los católicos checoslovacos.

Uno y otro acontecimiento han constituido soberbias revistas de la pujanza y valía de las fuerzas católicas en ambos países, a despecho de todos los ataques de la impiedad y de la herejía. Ellas ponen de relieve la perenne juventud del catolicismo en la sociedad contemporánea, y serán seguramente un argumento poderoso en favor de nuestra fe para nuestros hermanos separados. En particular, los disidentes que viesen el imponente cortejo de más de veinte mil hombres que desfilaron el día de la conmemoración del Acta por las calles de Londres, experimentarían como un confuso presentimiento del retorno del pueblo inglés a Roma.

* * *

A las Semanas sociales francesa e italiana a que nos referimos en la crónica anterior, debemos agregar otras dos: la Semana social de los católicos belgas en Lovaina y la de los católicos polacos en Dublín.

La primera se verificó a mediados de septiembre último, y versó acerca de «las aspiraciones obreras y la doctrina católica». Pronunciaron conferencias los Padres Rutten, Janssen y Anicet, y los señores Van Bladel, Rubens y Bodoit, entre otros; confron-
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tando las diversas corrientes de ideas que atraviesan hoy el proletariado con la doctrina de Cristo.

Por entonces, se celebraba también en la Universidad de Dublín la Semana social de los católicos polacos. Por cierto, que estas asambleas tienen en Polonia caracteres muy diversos de los que distinguen a las Semanas sociales de otros países. En secciones distintas, se estudian problemas muy varios y se admite la discusión. He aquí una indicación de los temas tratados: actualidad de la filosofía católica, la justicia y la caridad en la vida social, la cooperación, los extravíos del nacionalismo, el pacifismo cristiano, la acción católica, la psicología del pueblo polaco, las influencias masónicas en la Historia de Polonia.

Indicaremos por último, la feliz iniciativa de la Unión católica de Estudios internacionales, organizando, con ocasión de la reunión en Ginebra de la Sociedad de las Naciones, una Semana católica internacional, donde diferentes conferenciantes han expuesto el pensamiento católico en orden a la educación, al patriotismo, a la familia, a la profesión y a la vida internacional.

* * *

Se ha celebrado en Belfast el LXI Congreso de los Trade Unions ingleses, con asistencia de seiscientos delegados, representantes de tres millones seiscientos setenta y tres mil sindicados.

El presidente Ben Tillel hizo notar, al abrir las sesiones del Congreso, el largo y victorioso camino recorrido por los Trade Unions, que pueden hoy considerarse como un elemento fundamental en la organización de la industria británica. Su discurso fué de tonos muy moderados, y abogó en él, por el desenvolvimiento de una política realista. Se ocupó, en particular, del problema del carbón, preconizando diferentes medidas encaminadas a facilitar la salida de los productos.

La asamblea votó una moción, rechazando la política comunista. También fué desestimada una proposición de los elementos revolucionarios, desfavorable a la participación de las asociaciones obreras en las conferencias internacionales. Además, se votaron diferentes resoluciones relativas a cortar los abusos de la especulación, a la protección de los obreros y a la racionalización industrial.

Los directores del movimiento obrero en Inglaterra, experimentan, como se ve, las responsabilidades del Poder y se apartan, cada vez más, de los elementos revolucionarios.