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¿Quién lo duda? La Iglesia en España poseía bienes más que suficientes. Buena prueba de ello, eran los pueblos acogidos a su protección. No hay que decir que nunca hubo sacerdotes mereserosos.

Este caso estaba reservado al Estado liberal que lo empobreció todo, porque si como obra del sectarismo la desamortización fué un robo, como lo califican de común acuerdo el gran Menéndez y Pelayo y el catedrático de la Universidad granadina y conspicuo socialista don Fernando de los Ríos, como obra económica es la brutalidad, el desatino mayor que pudo ocurrirse. Destrozó la economía nacional y el Estado perdió dinero. Fué una ruina en todos los aspectos.

La Iglesia, despojada y empobrecida, se ve desde entonces, sin otros recursos que los del presupuesto para culto y clero, donde figuran esas asignaciones misérrimas que, de percibirlas el proletariado, se llamarían «jornales de hambre», en ese léxico expresivo de que usan sus caudillos.

Asignaciones de hambre son las eclesiásticas, y por eso, se da el triste caso del sacerdote, que cuando la enfermedad hace estragos en el cuerpo o en la inteligencia, alza la mano que consagra y bendice para asir el aldabón del asilo, donde pedir a la caridad que se tiene con cualquier otro, el refugio para terminar sus días.

A prevenir y evitar esto, obedece la institución creada por el Cardenal Segura en Burgos.

No importa, ha dicho el Primado, que la enfermedad haga estragos en el sacerdote, impidiéndole el ejercicio de su sagrado ministerio; porque en esta casa, que ha levantado la diócesis, hallarán cumplido descanso y afable trato para mientras dure su existencia.

Y ha dicho más: «El capital íntegro de la diócesis hubiera gastado en fundarle, de haber sido necesario».

He aquí, además de esa obra de amor paternal del Prelado para con su clero, una obra social de benéfica previsión, que nunca será bastante alabada. Es una obra en favor de la ancianidad desvalida, y de la ancianidad desvalida sacerdotal.

Y una respuesta dada, a los que buscando por todos los medios susiaraer vocaciones, como dice el Prior de la Universidad Eclesiástica Burguense, pintan el porvenir de penuria del clero para apartar a la juventud del Seminario.

¡Que Dios haga florecer y prosperar la «Casa de Venerables» de Burgos, con tanta caridad y amor fundada por el Cardenal Segura, y que vea Su Eminencia extenderse la Institución, con la rapidez y lozanía que merece y deseamos!

MANUEL S. CUESTA.
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EL PROBLEMA DE LA TIERRA

RAZÓN DE MÉTODO

El problema de la tierra es muy complejo; de él se nutren todos los problemas humanos o con sus aristas diversísimos conectan. Por eso, fué motivo de la más honda preocupación de los pueblos en todo tiempo y lugar.

Nuestros días son singularmente oportunos para tratarle, en razón a tres causas de extraordinaria importancia: 1.ª La posible insuficiencia de las actuales recolecciones, para alimentación de una humanidad que comienza a desbordar sus ansias de consumo, por encima de su producción. 2.ª El amontonamiento de las muchedumbres en las grandes ciudades, que deja el campo en soledad y hace imposible la vida de la urbe populosa, y 3.ª El fermento de enjundia revolucionaria que bulle en muchas naciones, ya por las promesas que fueron hechas al proletariado durante la gran guerra, para que no desertase de sus deberes patrios, ya por la acción catalítica, de ensayos avanzados y filosofías inquietadoras que, mantenidas en algunos países, repercuten sobre el ideario social jurídico y técnico de los demás.

Para que sea comprensible lo que hemos de exponer, preciso se hace sujetar la balumba enmarañada de datos e ideas, de afirmaciones y sucesos, a una disciplina rigurosa, y de aquí el método que habremos de adoptar, indicado por los siguientes grupos de doctrina: Político, jurídico, social, técnico y económico mercantil e industrial.

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GRUPO POLÍTICO

Intervención del Estado en el régimen de propiedad de la tierra. Latifundios y minifundios. Parcelaciones y concentraciones. Organo estatista, capacitado para el desarrollo de estas ac-
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tuaciones; modos y capital. Influencia de todo lo antedicho en el éxodo rural, en el aumento de la producción y en la paz social.

INTERVENCIÓN DEL ESTADO

Antes de ver si es posible y cómo ha de ser regulada la función intervencionista del Estado en el régimen de la propiedad, debemos examinar si es justa, si las leyes que ordenen y estatuyan tal intervención, se hallarían o no en pugna con el derecho natural. No nos basta leer en todos los Códigos, que lo único prohibido al propietario, es hacer de sus bienes «uso vedado por las leyes o reglamentos», hay que probar la justicia de esta común ordenación.

En efecto, el derecho de propiedad es de derecho natural. Dios creó al hombre para vivir en sociedad con derecho a formar una familia y con el deber de subvenir a las necesidades de ella, para lo cual, necesita el derecho de poseer. Sin éste, no serían posibles la paz social, el buen orden y la prosperidad de los pueblos. Sin el derecho de propiedad, no podría el hombre cumplir en innúmeros casos los deberes con su familia, impuestos por la naturaleza.

La universalidad y permanencia del derecho de propiedad privada, demuestran que tienen su fundamento en la naturaleza humana.

Enemigos de los mantenedores de esta escuela, Dalloz Bendaut, Thiers y Frank, llegan sin embargo a conclusiones que sirven igualmente nuestra tesis, opinión de que la propiedad, sin ser un derecho innato, arranca de un derecho innato que es la libertad, de la cual emerge necesariamente la propiedad, no siendo ésta más que un corolario de la libertad individual, tan indispensable a la existencia del hombre, como la libertad misma; es, en suma, la misma libertad bajo una de sus formas más esenciales. «Y pues el hombre tiene derecho a ser libre, tiene derecho a ser propietario».

Ahora bien, si el derecho de propiedad surge de la naturaleza del hombre como ser social y tiene como fin el sostenimiento del individuo, de la familia y de la sociedad, en el momento en que un determinado derecho de propiedad perjudique a la sociedad, puede ser intervenido y regulado sin faltar al referido derecho natural, antes bien, manteniendo su verdadero sentido jurídico.

No es la propiedad el jus utendi, fruendi et abutendi re suae quatenus juris ratio patitur de Ulpiano, hasta el Código de Napoleón; es más bien, el jus disponendi et dispensandi de Santo Tomás. El régimen «quiritario» ha de tener una traba, y un límite la salud pública, el bien social. La fórmula de Batbie, que susten-
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REVISTA CATÓLICA
DE CUESTIONES SOCIALES

(CON CENSURA ECLESIÁSTICA)

EL CATOLICISMO Y ALGUNOS PROBLEMAS INTERNACIONALES

Es evidente la preocupación cada vez más intensa que experimentan los espíritus por los problemas internacionales. La tremenda lección de cosas que ha sido la gran guerra, les hace buscar cuanto puede servir para estrechar los lazos de unión entre la familia humana, a fin de prevenir el retorno de semejantes hecatombes y procurar cauces jurídicos a la solución de los conflictos entre los pueblos. Y los católicos que se muestran conscientes de su misión, siguen con interés ese movimiento, buscan en los libros de sus teólogos y en los documentos emanados de sus Papas, la luz necesaria para resolver las cuestiones que plantea la vida internacional y ponen de manifiesto los afiches de sus doctores en este orden. El catolicismo se presenta, como consecuencia de sus trabajos, a los ojos de sus mismos adversarios, si no como una religión sobrenatural y divina de la que sólo puede esperarse la salvación del mundo, como una gran fuerza civilizadora, con la que es preciso contar en la obra de la universal pacificación.

Apuntemos - rápidamente - algunas de esas intervenciones católicas.
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EL PROBLEMA DE LA TIERRA

IV

GRUPO JURÍDICO

Limitación de los derechos propietarios en el uso de la tierra. Ocupación de los terrenos incultos, mal cultivados, para ceder su uso en distintas formas jurídicas de explotación.

Arrendamientos; derechos de tanteo y retracto a favor del colono. Censos, foros y enfiteusis. Patrimonio familiar. Hogar rural. Aranceles. Tratados de Comercio. Influencia de todo lo antedicho en el éxodo rural, en el aumento de la producción y en la paz social:

LIMITACION DE LA PROPIEDAD

Si hemos justificado el derecho y la conveniencia de privar de la propiedad de un fundo a su legítimo dueño, dadas determinadas circunstancias que aconsejaran y legalizasen su parcelación, justificada está la limitación más recortada de los derechos propietarios en iguales razones cimentada. Este razonamiento encierra cuanto dijimos para probar el derecho del Estado a intervenir en la forma consignada en anteriores artículos en esta REVISTA.

OCUPACION DE TERRENOS

Debemos decir sobre la ocupación de terrenos que son necesarios, dos requisitos para que deba ser realizada. 1.º Que responda a un problema técnico de favorable solución. (Terrenos incultos o mal cultivados que bien labrados puedan dar un superior rendimiento útil en agricultura o ganadería, con herbáceas o arbustos). 2.º Que satisfagan una necesidad social (empleo de brazos desocupados o mal retribuidos). Han de ir, pues, por delante la técnica agronómica y la comercial, que aseguren la posibilidad económica del negocio.

Y aun en caso afirmativo, para entrambas necesidades ha de procederse sin violencia, o suavizándola cuanto sea posible, y
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huir de aquel error fundamental de las «ocupaciones» de la posguerra en Italia, donde los campesinos procedieron violentamente a la apropiación, incluso de las tierras pequeñas que estaban bien cultivadas, para apoyar en la fuerza de tal hecho la obtención irremediable de largos plazos de dominio útil, con escasa renta. Y ha de huirse también de la legislación italiana creadora de las Comisiones provinciales de ocupación por los años 1919-20, que entregaba por cuatro años el laboreo de fincas a los braceros. Con lo cual no hizo otra cosa que enmarañar la propiedad y arruinar a muchos sin enriquecer a ninguno; ya que en cuatro años ni hay tiempo para un radical perfeccionamiento de cultivo, ni menos para su cambio.

Realmente, en los parciales acortamientos del derecho de propiedad que vamos a ver, las discusiones han sido y son más encarnizadas y tenaces que en la absorción absoluta del mismo. Tal vez porque muchas gentes piensan que por aquí anda la buena solución de los conflictos de la tierra y el trabajo; y no por la parcelación y el trueque de obrero en terrateniente, a lo cual aseguran un resultado desastroso, fundándose en numerosas consideraciones objetivas y subjetivas.

Por eso, esto de arrendamientos y sus cercanías en práctica y ley tiene grandes discuidores que gritan desde los dos extremos del problema; así desde el campo socialista y el de las entidades católico agrarias obreristas, cuyos enemigos criterios se juntan para exaltar al colono y a veces pedir la cabeza viva del terrateniente, como desde el de las Cámaras de propiedad rústica, Cámaras agrícolas, Comunidades de labradores y otras entidades formadas con propietarios, que a todo trance propugnan la inviolabilidad del concepto de la propiedad sin limitaciones.

Y no sólo nos hallamos en periodo de discusiones, sino de ensayos, algunos de gran atrevimiento, como los arriendos coactivos.

ARRIENDOS COACTIVOS

En todas las modificaciones de régimen de la tierra, que atropelladamente dictaba Italia, figuraba el arriendo coactivo regulado de distinta manera por cada texto legal.

Y al llegar aquí, conviene dejar advertido que si acudimos tan frecuentemente al ejemplo de Italia, es porque su suelo agrícola es muy parecido al suelo hispano, y las condiciones subjetivas raciales de los italianos son parejas de las de los españoles.

Desde el proyecto Falcioni al del fascismo, desde el año 20 al 25, los planes se suceden y multiplican. Queriendo el fascismo intensificar los cultivos y proveer a las poblaciones agrícolas, abrió la concesión de tierras a las asociaciones agrícolas que se
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obliguen a conducirlas bien y pagar al propietario la renta anual acordada. Para ello es preciso que la tierra se venga cultivando deficientemente. La duración de los arriendos es de nueve años. El subarriendo queda prohibido. El desahucio puede tener lugar si la asociación no cumple las reglas de la concesión.

Estos arriendos forzosos ofrecen puntos de vista dignos de alabanza, y por otro lado escollos y peligros de mucha consideración.

Es cierto que si el plazo del arriendo es largo (quince años, o seis con prórroga por otros seis) evitan expropiar a un sujeto sin pruebas de que el sucesor va a mejorarlo. Durante el lapso de los quince años el colono demuestra o no suficientemente sus aptitudes y sus medios. Además en este intervalo habrá numerosas y favorables circunstancias que provoquen y realicen la venta.

Mas es cierto también que una gran heredad tomada en arriendo coactivo por un Sindicato, por ejemplo, y parcelada entre sus miembros, resultará probablemente en muchos casos desigualmente cultivada; y usuarios habrá que labren muy bien su parcela y otros que la tengan peor que antes. Terminado el plazo de arriendo o antes si hay desahucio ¿qué ocurrirá? Si tras del arriendo coactivo se ha decretado la posibilidad de que el colono se haga dueño de su lote por tales o cuales fórmulas jurídicas ¿qué hará el dueño primitivo recogiendo pedazos esparcidos de su finca que fueron mal labrados y dejaron sus labradores? Con la primitiva unidad de la finca podría él seguir su disfrute; atomizada y desparramada, no. El caso, que puede ser frecuente, lleva en sí el desastre para el arrendador y un gran fondo de injusticia. Y si se fuerza al Sindicato con una responsabilidad subsidiaria, sería el Sindicato quien se arruinase.

Desde luego, los arriendos coactivos no pueden dejarse al arbitrio de entidades libres y particulares. En todo caso debe estar al frente de ellos un organismo estatal.

ARRENDAMIENTOS

El contrato sobre el uso del suelo o vuelo de un fundo se llama arrendamiento. También se llaman arriendos a los aprovechamientos concertados de rastrojos, bellota, hoja, uso de ganados, máquinas y enseres de labor. El precio o renta se da en metálico o en especie, unas veces tasada, otras en tanto por ciento de cosecha (aparcería).

El contrato dicho sigue paralelamente la marcha de la humanidad, lo que obliga al legislador a inspirarse en la realidad de la vida cultura para regularle; y así la ley ha de arrancar de abajo, de las costumbres de los pueblos.

Como el cultivo de la tierra es irregular en sus resultados in-
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cierlos y exige un promedio de tantas o cuantas recolecciones, hay que otorgarle por tiempo largo y debe ser favorecido con moratorias, con la tácita reconducción, etc., etc. En este y en otros razonamientos se apoya también la justicia o la conveniencia de establecer los derechos de tanteo y retracio a favor de los colonos para el nuevo arriendo de la finca que llevan, una vez expirado el contrato a cuyo amparo venían disfrutándola. Así también, nuestra legislación antigua exigía que para el despido hubiera el dueño de avisar a su rentero con un año de anticipación. Claro está que duración de contrato sin estabilidad no es duración. De esta suerte, ocurra lo que ocurra con el dominio directo de la finca, el que tiene su dominio útil no deberá perderle mientras el contrato dure. Estas reformas de nuestra legislación actual son necesarias y urgentes. Como la tierra puede perder valor con un mal cultivo, el dueño de ella tiene derecho a fijar en el contrato de arriendo aquellas condiciones que regulen la forma de cultivarla; las semillas o arbustos que ha de tener, los abonos, labores, etc., etc. Claro que una exageración en este punto hace al colono mandatario del dueño; y por ello y porque el labriego cultiva cada vez mejor, la ley inglesa de 1906 prohibió los pactos en este sentido; pero hay que huir del extremo contrario. No sólo ofrece interés para el dueño que la finca no se esquilme, sino que en esto se halla interesada la nación y en último término la humanidad. Ello mismo prohíbe al terrateniente el abuso de que tenga improductiva su heredad. La ley anda en tal punto vaga e inconcreta; los Comités locales de Acción Social, debidamente autorizados, prestarían un magnífico servicio al país, cuidando la tierra contra los explotadores ambiciosos o los amos negligentes.

Parte en estos daños tuvo y tiene el abusivo subarriendo; no el que cede al gañán un pedazo de barbecho para que siembre unos garbanzos o unos yerros, sin otro pago que la mullida labor que da al terreno, más apto luego para recibir semilla de frigo, sino el de los que acaparan grandes predios, ofreciendo al latifundio la comodidad de entenderse sólo con un arrendatario solvente, y luego dividen en hojas o quiñones la heredad, duplicando su renta.

En cuanto a ésta, puede ser en trabajo, dinero o frutos. Este último sistema, muy seguido en España, tiene un alto espíritu de igualdad. Así el dueño participa como el colono de lo malo y de lo bueno cada año, de los precios altos o bajos de los frutos, y en ambos casos hay clara justicia.

Y cuando es nula la cosecha no debe cobrar nada el arrendador, ya fuera concertada la renta en pago metálico o pago en especie, ni aun cuando se hubiese concertado lo contrario, límite que nuestro Código Civil fija a estas condonaciones. Para que
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los terratenientes se libren de este posible mal y de igual modo el labrador no lo padezca, llegan a buen andar los seguros del campo, que en muchas naciones tienen arraigo hondo y desarrollo amplio, y que entre nosotros comienza a implantar la Mutualidad del Seguro agropecuario.

El sistema de renta variable ha preocupado a muchos tratadistas; entre los tipos de más tradicional aprecio está el llamado aparcería y el de rabassa-mortá.

Las mejoras que el labrador pone en las fincas sin previo acuerdo del dueño, deben serle de abono en parte; mas teniendo cuidado de impedir que un afán alocado de mejoras ponga al dueño en trance de dar más de lo que vale la finca o cosa así. Ha de haber una prudente legislación que regule este peligroso derecho de tanteo y retracito para casos de venta a favor del colono, sería un primer paso en este camino.

De otras más avanzadas nos ocuparemos después. Decía Caziot que la estructura agrícola de un país debe fundarse en la pequeña propiedad; y Carlos Marx que el pequeño propietario es el baluarte de la sociedad vieja.

PROYECTO DE LEY

El señor Osorio y Gallardo estudió un proyecto de ley modificando la legislación existente sobre esta materia. Sus características eran:

1.º Estabilidad del colono por contrato de duración mínima preceptiva, variable con los diversos cultivos. Para cereales y leguminosas el menor periodo diez años. Olivares y viñas menos tiempo. Pastos, hoja y montanera, contrato anual.

2.º Inventario previo, cuidadoso, de la finca; y estipulación detallada sobre cultivos y métodos que van a seguirse. Posibilidad de revisión.

3.º Renta justa, aprobada por el «Tribunal agrario». Podrá variarse a instancia de parte, y en caso de no aceptarse por la otra decidirá sin apelación dicho Tribunal.

4.º Indemnización por mejoras hechas de común acuerdo. En caso de negativa de alguna parte, decidirá el Tribunal.

5.º Derecho de retracto a favor del arrendatario en caso de venia. Obligación de respetar cualquier comprador los contratos vigentes en los fundos. Si desea cultivar por sí la finca, habrá de dar dos años de plazo máximo para abandonarla e indemnizar a los colonos.

6.º No habrá condonación de renta por malas cosechas. Podrán, sin embargo, acordarse moratorias en el pago.

El referido Tribunal habrían de integrarlo dos propietarios y dos colonos, elegidos de modo automático por sus censos res-
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peclivos, presididos por una autoridad local que designara el Registrador de la Propiedad o el Juez de Instrucción. Los miembros cesarían cada dos años. El presidente no sería reelegido, para evitar caciquismos perdurables. El Tribunal, que ejercería jurisdicción en todo el término municipal de su Ayuntamiento, visaría los contratos, llevaría registro de ellos y fallaría, según se ha dicho, las controversias entre colonos y dueños. Los recursos ante la Audiencia.

ALGUNAS ÓTRAS REFORMAS

Próximas a adoptarse, por hallarse flotando en el ambiente de esferas oficiales, donde se estudia este interesantísimo problema, hállese las reformas que vamos a enumerar.

Respecto a las mejoras de las fincas y su pago, cuando nazcan de obras de conservación las abonará el arrendatario; cuando sean extraordinarias las pagará el arrendador. Las mejoras útiles no contractuales, si se pueden levantar fácilmente y separar del fundo, pertenecerán al rentero; en caso contrario se abonarán por partes iguales. Cuando el cultivador emplee procedimientos de cultivo que mejoren positivamente la finca, le será de abono tal mejoría.

Ningún arrendatario podrá cambiar el cultivo de la finca de herbácea a arboreo, sin el permiso del dueño.

Se concederá el retracto a los arrendatarios de predios en que el precio convenido no exceda de 10.000 pesetas anuales. Tendrán preferencia los renteros para nuevo arrendamiento. Y si fijase el dueño condiciones exageradas para anular o esforzar el ejercicio de este derecho, el perjudicado podrá llevar el asunto al Comité paritario local.

En cuanto al desahucio, seguirán siendo causas suficientes para él las marcadas en los números 1 y 2 del artículo 1.569 del Código Civil, o sea la expiración del contrato y la falta de pago; mas no la tercera, «Infracción de cualquiera de las condiciones estipuladas en el contrato». La cuarta causa «Deslininar la cosa arrendada a usos o servicios no pactados, que la hagan desmerecer, o no sujetarse en su uso a lo que ordena el número 2.º del artículo 1.555», se modificará diciendo en lugar de «según costumbre de la tierra» como dice el numerado de este último artículo, «según costumbre recibida por la técnica».

Se establecerá la revisión periódica del precio del arriendo al realizar un nuevo contrato.

En fincas cuyo valor en renta no pase de 10.000 pesetas, los arriendos durarán seis años, prorrogables por otros seis, a voluntad del colono. Si el dueño quiere cultivar directamente, interrumpe el contrato; pero dando la respectiva anualidad de renta