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patronal puro, que voluntariamente se hayan formado o se formen en la localidad. Pertenece rán obligatoriamente a la Asociación local pecuaria, todos los propietarios de ganados, engruesadores, recriadores y traficantes en reses que ejerzan esa industria en el término municipal. Asimismo pertenecerán a ese Asociación los Sindicatos ganaderos, Cooperativas y Mutualidades ganaderas y en general todas las Asociaciones ganaderas de carácter patronal puro, que voluntariamente se hayan formado o se formen en la localidad. Las Asociaciones agrícolas y ganaderas, deberán estar constituidas legalmente, bien con arreglo a la ley de Sindicatos o a la de Asociaciones.

BASE III. - Cada Asociación local agrícola estará regida por una junta directiva compuesta de un Presidente, un Vicepresidente, tres Vocales, un Secretario y Vicesecretario. De los tres Vocales dos serán necesariamente propietarios y uno arrendatario. Los Presidentes, Vicepresidentes, Secretarios y Vicesecretarios, pueden ser indistintamente propietarios o arrendatarios de tierras. Podrán, además, formar parte de estos organismos con carácter voluntario cuantos vecinos lo deseen y tengan profesiones inmediatamente ligadas con la agricultura, tales como los vendedores de abonos, maquinaria, titulados en la agricultura, etc., que tendrán la condición de electores y elegibles.

BASE IV. - Los Vocales de la Junta directiva se elegirán por seis años, renovándose por mitades cada tres años y procediéndose por sorteo para la primera renovación, que tendrá lugar al final del primer trienio, pudiendo ser reeligidas las mismas personas que desempeñen dichos cargos. Tendrán derecho electoral todos los contribuyentes por rústica del término municipal, así como los arrendatarios y aparceros de las tierras de dicho término, de todos los cuales formará el Ayuntamiento en la primera elección y la Asociación provincial en las siguientes, el oportuno Censo.

Los Sindicatos y demás entidades agrícolas tomarán parte en la elección del mismo modo que los electores individuales, votando en nombre de todos los socios del Sindicato el Presidente del mismo y computándose sus votos en la forma proporcional y legal que se establezca.

BASE V. - Los Ayuntamientos consignarán en sus Presupuestos una cantidad que no será inferior al 0,50 de su presupuesto para subvenir a la enseñanza agrícola experimental. Para estos fines de enseñanza experimental, los Ayuntamientos se agruparán voluntariamente en forma de subvenir a los gastos que esta enseñanza origine, y a este fin, cada Agrupación de Ayuntamientos designará entre los Ingenieros Agrónomos, Peritos Agrícolas y Veterinarios, uno que se encargue de su Cátedra experimental, el
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cual residirá en la localidad, y será designado libremente por los interesados, por un plazo de tres años, que podrá renovarse. La experimentación y divulgación, la realizarán estas Cátedras en las fincas de los agricultores del término, procurando variar estos campos de experiencia cuanto sea compatible con la índole de las mismas, y abonando a los dueños los perjuicios que les originen. El sueldo mínimo de estos técnicos lo fijará el Ministerio de Economía y habrá de proporcionárseles asimismo habitación y local para oficinas. Estarán en relación con las Granjas y Estaciones oficiales para divulgar los resultados obtenidos por éstas. Serán inspeccionados por el Ministerio, que será quien pueda separar-les de sus destinos por causa justificada y se considerará como un mérito en sus títulos los servicios prestados con eficacia en tales Cátedras.

BASE VI. - En cada provincia se formará una Asociación provincial agrícola y otra Asociación provincial, pecuaria. Cada una de estas estará compuesta de tres Vocales por cada partido judicial de la provincia. Estos Vocales serán elegidos por votación entre los Presidentes de las Asociaciones locales agrícolas y ganaderas, respectivamente. La duración de los cargos será la misma que se ha establecido para las Asociaciones locales, y su elección se verificará dos meses después de la de éstas. Pertenece además a la Asociación provincial agrícola, como Vocal nato de la misma y representante del Gobierno en ella, el Ingeniero Jefe de la Sección Agronómica de la provincia, que en materia de plagas tendrá las funciones y cometidos que le confiere la ley de Extinción de plagas del campo y defensa contra las mismas, de 21 de mayo de 1928, y las que en esta materia le atribuye el Real Decreto del Ministerio de Economía de 4 de febrero de 1929. Las atribuciones conferidas a las Cámaras agrícolas por este último Real Decreto se transfieren a las Asociaciones provinciales agrícolas. No podrán ser Vocales de las Asociaciones provinciales agrícolas ni ejercer en ellas cargos permanentes los funcionarios públicos afectos a los servicios agrícolas y pecuarios o los que están directamente relacionados con los intereses que las Asociaciones provinciales representan, a menos que dichos funcionarios tengan el carácter de propietarios o cultivadores de terreno ajeno. Las Juntas directivas podrán, no obstante, designar a alguno de dichos funcionarios técnicos en calidad de Vocales asesores, con voz, pero sin voto, señalándole dietas o indemnización por sus asistencias o sus trabajos. Cada asociación provincial tendrá un Secretario general nombrado por la Junta y retribuido en la forma que ésta acuerde. A los efectos de los intereses distintos de cada sector agrícola, dentro de la provincia, podrá la Asociación provincial dividirse en secciones especiales.
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agrupándose en ella sus Vocales, según los intereses de cada uno o de sus aficiones personales. Igual organización se dará a las Asociaciones provinciales pecuarias, de las que formará parte el Inspector de Higiene Pecuaria, en las mismas condiciones que en las de carácter agrícola se ha determinado para el Ingeniero Jefe del Servicio Agronómico Provincial.

BASE VII.-Los Presidentes de la Asociación provincial agrícola y de la Asociación provincial pecuaria constituirán el Consejo Agropecuario provincial en unión de los Secretarios de ambas Asociaciones, presididos todos por el Presidente de la Diputación Provincial. A estos Consejos provinciales pertenecerán también tres representantes agrícolas y tres pecuarios, designados en votación de segundo grado por las respectivas Asociaciones locales agrícolas y pecuarias de la provincia. También formarán parte de dicho Consejo el Ingeniero Jefe del Servicio Agronómico y el Inspector de Higiene Pecuaria en unión de dos Diputados provinciales designados por el Presidente de la Diputación.

BASE VIII.-Los Consejos Agropecuarios provinciales estarán afectos a las respectivas Diputaciones, las cuales, además de facilitarles el local y personal preciso, delegarán en ellos las funciones que en materia agrícola confieran a las Diputaciones las disposiciones vigentes en los recursos que dichas Diputaciones puedan alegar para el cumplimiento de dichos fines.

BASE IX.-Quedan suprimidas las Cámaras Agrícolas Oficiales.

BASE X.-Las Asociaciones provinciales agrícolas y pecuarias residirán, por regla general, en la capital de la provincia respectiva y en Ceuta y Melilla, pero podrá su residencia establecerse en lugar distinto de la capital cuando el Ministerio de Economía Nacional lo disponga, o lo acuerde la correspondiente Junta directiva por mayoría absoluta de votos de los que la componga siempre que se justifique el cambio de residencia por manifiesta importancia agrícola de la población a que se traslade, significación en ese orden, extensión de su término o número de habitantes de que se componga. El Consejo agropecuario o Provincial, residirá siempre en la capital de la provincia.

BASE XI.-La actuación de los Consejos agropecuarios provinciales será autónoma, pero inspeccionada por el Ministerio de Economía, que tendrá facultades para imponer multas, tanto a éstos como a las Asociaciones provinciales agrícolas y pecuarias y locales, de 500 a 10.000 pesetas, por negligencia en su funcionamiento, y de concederles premios de 1.000 a 50.000 pesetas, a propuesta del Consejo Superior agropecuario, pudiendo destinarse a estos fines de estímulo hasta la cantidad de 1.000.000 de
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pesetas, que se consignará en el Presupuesto de dicho Departamento.

BASE XII. - Será facultad e iniciativa obligada de las Diputaciones provinciales, mediante sus Consejos superiores agropecuarios, la experimentación y la demostración agrícola, el cumplimiento de la Ley de plagas del campo, de las disposiciones que se dicten en materia de fitopatología y, asimismo, de la Ley y Reglamento de Epizootias; la facilitación de semillas selectas y su multiplicación industrial y la propuesta al Gobierno de toda clase de mejoras de orden técnico, económico y social que interesen al campo. Podrán mancomunarse las Diputaciones y sus Consejos agropecuarios provinciales para la realización de ciertos servicios de carácter agrícola y pecuario; contratarán ellas o sus mancomunidades el personal técnico con título oficial; pero cuya designación podrán hacer ellas libremente, y en caso de necesidad podrán pensionar a estos técnicos para que especialicen sus estudios en el extranjero o traer con carácter definitivo, o por un plazo más o menos largo, técnicos del extranjero, cuyos servicios se juzguen aquí necesarios.

BASE XIII. - Las Asociaciones provinciales agrícolas y pecuarias se sostendrán con una cuota máxima que fijará el Ministerio de Economía Nacional. Esta cuota no podrá exceder en ningún caso del 2 por ciento de la riqueza líquida imponible territorial, rústica y pecuaria. El Ministerio de Hacienda se encargará de la recaudación de dicha cuota, que se efectuará por medio de los recaudadores de la Hacienda pública. En dicha cuota se considerará incluida la de 0,50 por ciento que como máximo se destina actualmente a la lucha contra las plagas del campo y con ella deberá atenderse también al gasto que origine la organización corporativa agraria que realiza el Ministerio de Trabajo y Previsión. El Ministerio de Economía señalará cada año y para cada una de las Asociaciones provinciales, el tanto por ciento necesario para el cumplimiento de sus fines y que en ningún caso podrá exceder del 2 por ciento del líquido imponible. El Ministerio de Economía Nacional podrá imponer sanciones a las Asociaciones que no cumplan debidamente su cometido, imponiendo multas a los Presidentes y Secretarios e incluso desfiluyendo a las Juntas directivas, cuando fuera patente su descuido o mala administración. Caso de que alguna Asociación provincial o Consejo agropecuario no cumpla con sus fines será intervenido con cargo a sus propios fondos por el Ministerio de Economía Nacional, que organizará su dirección y administración.

BASE XIV. - Se crea un Consejo Superior agropecuario, del que formarán parte los Presidentes de los Consejos Agropecuarios provinciales. Serán además vocales del mismo todos los Di-
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rectores generales del Ministerio de Economía, y presidente nato el Ministro de Economía; el presidente del Consejo Agronómico y el Inspector general de Higiene Pecuaria. Este Consejo Superior Agropecuario se reunirá una vez cada año y siempre que lo estime necesario el Ministro de Economía para estudiar en forma de ponencia y propuestas al Gobierno, organización de Congresos, etc., etc. todas aquellas cuestiones que afecten a la agricultura patria y ganadería, y para su funcionamiento normal tendrá un Comité ejecutivo, del que formarán parte únicamente los Directores generales del Ministerio, dos presidentes de las Asociaciones Agropecuarias provinciales, designados por los demás que a él pertenezcan, los dos Secretarios de las mismas, el Presidente del Consejo Agronómico y el Inspector general de Higiene Pecuaria, pudiendo presidir esta Comisión ejecutiva por delegación del Ministro el Director general de Agricultura.

BASE XV.-El Consejo Superior Agropecuario tendrá a su cargo la vigilancia de toda la organización agraria planeada en estas bases, a cuyo efecto designará cinco inspectores para que constantemente la realicen, extendiendo su acción hasta las Asociaciones y Sindicatos locales. Esta inspección se realizará por zonas constituyendo la primera la del Norte y Noroeste de España; la segunda, el Centro; la tercera, el Sur; la cuarta, Levante; y quinta, Extremadura y León. El Consejo Superior Agropecuario fijará las facultades que han de tener estos inspectores, las condiciones que deben reunir y la forma en que hayan de ser remunerados.

EL MARQUES DE LA FRONTERA - - Y EL SR. BAHAMONDE -

El Marqués de la Frontera, Secretario de la Asociación General de Ganaderos y alma y médula de esta entidad es el primero que ataca el proyecto de organización agropecuaria. Sus razones pueden condensarse en los siguientes párrafos:

Le asusta el concepto de asociación obligatoria que pretende remediar de una manera imperativa la supuesta falta de espíritu de asociación y la debilidad de las asociaciones existentes; y esto a base de unas selecciones con sufragio universal que llevarán dentro de sí los vicios, errores y peligros de tal sistema. Y que el sufragio será universal, dícelo el hecho de que en muchas poblaciones de España son labradores y ganaderas el 80, el 90 y el 100 por ciento de los vecinos.

No cree que en suma logre hacerse Asociación, se hará no más que cuota obligatoria, un recargo contributivo para sostener unas entidades privilegiadas que nacerían sin el apoyo del agrí-
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cultur y del ganadero, y que habrían de tener hasta la comodidad de no cobrar las cuotas referidas, encargándose la Hacienda de efectuarlo.

Se queja del importe de esta contribución que es un aumento del 6 y pico por ciento sobre la ya existente, pues el 1,20 de que se habla en el proyecto, es sobre el líquido imponible, viniendo a resultar que alcanza la suma de 13 millones de pesetas, que representa el 6,9 por ciento de recargo en la contribución.

Canta un himno a la asociación voluntaria que es cooperación y confianza y esfuerzo particular, y así pronostica que se impondrá el tributo, pero no la asociación. Y esto es más lamentable según él cuando todo el mundo muestra una tendencia definitiva a la desgravación de impuesto. No paran estos en lo que va dicho, ya que el proyecto añade que las Diputaciones provinciales contribuirán con el 5 al 20 por ciento de sus presupuestos, y seguidamente se lamenta de la situación angustiosa económica que tales Corporaciones atraviesan, cuya vida se agravará notablemente con lo que se pretende.

Estima que todo esto es algo burocrático y oficial sin la vibración vivífica de los cuerpos naturales y así ocurre que todas las zonas agrícolas españolas a pesar de ser tan variadas a veces contradictorias han de regirse por unas mismas normas según este plan.

Con esto lograríase no hacer asociación, pero además destruir lo ya existente en este orden, lo cual no es tan poco como algunos creen, pero no podrá resistir la competencia de unas entidades favorecidas con sumas de dinero tan importantes como las que van dichas. Y si algo se hiciera veríamos el caso absurdo de que cada provincia aislada marcase un programa y se desenvolviera en un sentido sin nexo ni unión con las demás en un plan general. Ha citado después la Confederación Católico Agraria como elemento bien ordenado y demostrativo de que existe un valor real en el plano de las asociaciones agrícolas. Junto a ella pone la Asociación de Ganaderos con sus 1.800 juntas locales. Entonces propugna un procedimiento intermedio para lograr lo que el Gobierno pretende, esto es, el ensanchamiento de la Corporación agrícola, remedio que él señala en el voto particular que hubo de presentar al dictamen y consiste en buscar medios indirectos favorecedores de los que se asocien y cuyos beneficios no alcancen al no asociado. Tal por ejemplo el de las tarifas ferroviarias, que pudieran rebajarse para los transportes de abonos, cereales, ganados, etc., efectuados por asociaciones y para asociaciones, lo que forzaría a los labriegos y ganaderos no asociados a meterse dentro de las asociaciones. Sería conveniente primero constituir los organismos locales agropecuarios de la índole de
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los que ya existen en los pueblos en donde no los hubieren que son una mitad de los pueblos españoles y entonces las comunidades agropecuarias haríanse a base de las asociaciones existentes en la actualidad. Lo contrario es dar carácter oficial y poner trabas burocráticas a una actuación que necesita gran libertad de movimientos para defender sus intereses a veces en pugna con los centros oficiales.

El señor Bahamonde, Director General de Abastos al contestar el discurso anterior dice que lo básico del proyecto presentado es la descentralización de los servicios o de la acción mejor dicho en materia agrícola y pecuaria, descentralización completa y amplia a fin de que cada provincia pueda atender con mayor conocimiento de causa las verdaderas necesidades de la misma. Cuando el señor Marqués de la Frontera decía que este proyecto trataba de unificar provincias tan distintas agropecuarias olvidaba que por el contrario cada provincia podrá guiarle a tenor de sus intereses; lo cual no presupone desparramamiento de esfuerzos, pues ellos están coordinados hasta culminar en un Centro cumbre que enlaza a todos los demás.

De la Asociación particular dice que aun las consideradas más perfectas son deficientes, pequeñas, y viven de la munificencia de los gobiernos. Así por ejemplo, la de Ganaderos entre los Ministerios de Economía y Ejército le dan 300.000 pesetas; y el año pasado para libros genealógicos la regalaron 200.000 y con unas y otras cosas alcanza subvenciones cercanas a un millón de pesetas. Y a pesar de esta protección no ha logrado ni con la rapidez ni con la intensidad que el Gobierno desea ha desarrollar el espíritu de asociación por la Península.

En cuanto al recargo contributivo dice que del fijado hay que deducir el 0,50 para plagas que se paga ya y el 0,10 calculado y ordenado para Corporaciones que da pues un 0,60 solamente y éste vendrá a substituir todas las subvenciones que hoy se dan a estas organizaciones y que pagaba el contribuyente. Por otra parte las Diputaciones tienen hoy que atender ya a servicios de esta índole. Y en fin que según el artículo 15 del Proyecto no sólo no han de destruirse las organizaciones ya existentes sino aumentarse y perfeccionarse.

En una serie de párrafos subsiguientes, el señor Bahamonde ha puesto de manifiesto la poquedad de la Asociación de Ganaderos en relación con otras similares del Extranjero, el descrecimiento de número de cabezas de ganado y kilos de carne y litros de leche y en suma la inutilidad del esfuerzo del Gobierno
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dado redactado por el de 8 de marzo último, considera atribuciones de estos organismos, entre otras, determinar para el oficio o profesión respectiva o conjunto de oficios y profesiones, las condiciones de reglamentación del trabajo (retribución, horarios, despidos u otras concordantes), y en general, las de orden social que puedan servir de base a los contratos de trabajo, imponiendo a los contraventores de sus acuerdos, las oportunas sanciones*. Es claro, pues, que obran dentro de sus atribuciones, cuando disponen los días en que se haya de interrumpir el trabajo. Y no se objete que existe una legislación que prescribe el descanso en domingo, pues esta legislación no prohíbe que se huelgue en otros días. De igual modo, no será lícito al Comité paritario implantar, por regla general, una jornada superior a la máxima legal de ocho horas, sin perjuicio, claro está, de las estipulaciones referentes a horas extraordinarias; pero cabe admitir la posibilidad legal, de que fije una jornada menor.

Estimamos, pues, ajustados a la legalidad en este sentido, tanto los acuerdos que fijan como profesional la Fiestas del Primero de Mayo, como los que prescinden de determinadas fiestas religiosas, sin perjuicio de las razones de fondo que en contra de la conveniencia puedan aducirse.

* * *

¿Conviene que los Comités paritarios sancionen la festividad del Primero de Mayo?

Sería conveniente, ante todo, que cada profesión, o si se quiere, todas las profesiones, tuviesen un día de fiesta cívica, día consagrado a solemnizar las glorias de la profesión y a estrechar los vínculos entre los profesionales, mediante festejos y solemnidades comunes. Nuestro deseo de creyentes - ¿quién lo duda? - sería, que esas fiestas tuviesen carácter religioso, y ciertamente, en el copioso santoral de la Iglesia católica, hallaríamos abogados para todas las profesiones consagradas por la devoción de nuestros padres. Pero es preciso colocarse en el terreno de la realidad, y esa realidad es, nuestra sociedad dividida, es una parte considerable del proletariado indiferente u hostil a la idea religiosa, y por ello, hoy por hoy, sería vano pretender la restauración de las antiguas fiestas profesionales con carácter general.

Pero también es indudable, que el Primero de Mayo tiene una marcada significación histórica socialista, y que por ello, ni los patronos que ven en el socialismo un enemigo, ni los obreros que profesan distinto ideario, pueden ver lógicamente en esa fecha su «fiesta». Por ello, sería preferible separar la conmemo-