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Grandes fueron los esfuerzos del Marqués y de la Junta para completar la organización, creando Juntas diocesanas y locales. Para ello se fundó y costeó la Revista Parroquial, que ha dejado de publicarse hace poco. No se ha logrado lo que del esfuerzo había derecho a esperar. Funcionan con vida y acierto algunas Juntas diocesanas de Acción Católica, como la de Oviedo en primer término, que puede presentarse como modelo, y las de Barcelona, Vitoria, Pamplona, Valladolid, Oviedo, etc., pero estamos muy lejos de la organización completa y robusta, que alcance hasta el último rincón de España, y pueda ser baluarte de los intereses espirituales religiosos y patrios frente a las pérdidas sufridas y a las contingencias del porvenir.

Con lo que decimos en la Introducción sobre las modificaciones introducidas por las Normas del Cardenal Aguirre en 1910, y por las Reglas sobre la federación de las obras católicas sociales en 1912, y sobre lo tan acertadamente actuado por los Cardenales Guisasola y Almaraz, queda completa la rápida reseña histórica de la Acción Católica en España.

Resumiendo podemos decir que, desde el principio y sin interrupción, la Acción Católica entre nosotros ha tenido los caracteres que la Santa Sede inculca; esto es, ha sido apolítica en cuanto a sus fines directos, se ha adaptado en su organización a la Jerarquía Eclesiástica con Juntas, Central, Diocesanas y Parroquiales; ha estado sometida totalmente a los Prelados; ha tenido dirección única. Debemos añadir que ha estado constantemente combatida o desdichada por unos o por otros; pero ha contado siempre con las más elocuentes pruebas de aprobación y apoyo de todos los Pontífices que se han sucedido, y ha realizado, a pesar de la indisciplina constante con que ha luchado, labor verdaderamente importante, que, por no entrar en nuestro plan, no reseñamos. Tan sólo, de pasada, haremos alguna indicación en el párrafo siguiente.

XII

Reformas que necesita nuestra organización actual.

No se crea por lo dicho anteriormente que ha sido inecun-
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da la labor de nuestro laborioso clero y de nuestros celosos seglares. Existen abundantes obras católicas; sembrada de ellas está España entera. Solo de las consagradas al fomento y difusión de la prensa católica conocemos seis. ¿Qué nos ha faltado? La coordinación de todas las fuerzas. No se ha llegado a concertar entre todas una acción común, a pesar de los intentos para ello realizados, como acabamos de ver, y sin esto, no se podrá nunca llegar a hacer nada de definitivo provecho. Reclaman las circunstancias, y las mismas asociaciones dispersas existentes en España, se sacuda el marasmo en que nos encontramos y se dé unidad a las fuerzas católicas, como venimos propugnando. Debemos mirar todos esta unión de fuerzas y de obras con amor y entusiasmo, por tratarse de la defensa eficaz de los intereses y derechos del catolicismo, que están antes que todos los intereses y derechos.

Para realizar esta unión es menester, sin duda, reformar nuestra organización de Acción Católica y Social, como demandan los tiempos y las condiciones y necesidades públicas de la sociedad, cambiados en estos últimos años, principalmente por las consecuencias dimanadas de la guerra europea. La Acción Católica debe reunir nuestras fuerzas, ya numerosas, debe mudar lo que requiere mudanza, debe vigorizar lo que anda desfallecido, debe concentrar todos los esfuerzos y aspiraciones del campo católico.

Nuestra reforma ha de sujetarse a estas reglas: suprimir lo que ha perdido su eficacia, modificar lo que exige modificación, y hacer que la nueva obra de Acción Católica surja espontáneamente de los organismos vivos, en los cuales se ha de fundamentar y de los cuales ha de recibir y a los que ha de comunicar a su vez la vida, como lozanos injertos. Conservando, por tanto, en todo su vigor las Normas de la Acción Católica y Social, promulgadas en 1910 por el Cardenal Aguirre, y teniendo en cuenta en sus líneas generales los Reglamentos de la Junta Central y de las Juntas Diocesanas de Acción Católica, lo mismo que los Estatutos del Consejo Nacional y de los Consejos Diocesanos de Corporaciones Católico-Obreras, instituciones que tantos méritos han alcanzado en la historia de la Acción Católica y Social de España, ya que a ambas se ha de-
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tramos elocuentes demostraciones de la eficacia de aquella colaboración ciudadana tenaz y discretamente procurada en aquel periodo de exclusivo régimen de libertad subsidiada en el seguro de vejez que imperó desde la creación del Instituto Nacional de Previsión hasta el comienzo del régimen de retiro obrero obligatorio (1908-21).

Una política social de verdadera altura, orientada hacia lo que venía siendo postulado de la ciencia y realidad en los pueblos más cultos y progresivos, abrevió el periodo que pudiéramos llamar de transición, que en otros países fué mucho más largo e hizo posible que ni las frecuentes crisis políticas variasen el rumbo de la nación en aquel sector, ni se interrumpiesen sus avances y que la obra que iban afirmando gobiernos de diversos matices encontrase en las clases populares la acogida del cariño y el entusiasmo de la conquista sin que para lograr la que tué refrendada el 11 de marzo de 1919 se tuviesen que enardecer los ánimos, ni excitar las pasiones, ni mucho menos avivar los odios de clase.

Así, sin estridencias, sin que llegaren a plantearse pugnas o antagonismos, como lógica consecuencia de una coincidente labor gubernamental y popular perseverantemente desarrollada, España alcanzó para su legislación obrera el honor del Seguro Obligatorio, y el Instituto Nacional de Previsión, que fué quien obró el prodigio, acreditó que plenamente había correspondido en su funcionamiento al fin principal de su creación y que destaca en la primera palabra de su denominación oficial (1).

El pensamiento de la ley de 27 de febrero de 1908 de

(1) Comentando la actuación del Instituto Nacional de Previsión decía en uno de sus documentados artículos el sabio Arzobispo de Tarragona don Antolín López Peláez: «Con ser tan grandes los beneficios que a las clases más necesitadas el Instituto otorga, no es menos de apreciar por todos la propaganda intensa, perseverante e inteligente que en favor del seguro viene realizando con resultado de día en día más visible. Nunca se comprenderá bien, ni se olvidará bastante, la trascendencia que para la pacificación social, la mejora de las costumbres y la prosperidad del pueblo representa el que sean muchos los asegurados contra las mil calamidades que nos acechan y pueden acometermos en el camino de la existencia». («El Seguro». Artículo reproducido recientemente por «El Previsor» órgano de la asociación Hispano-Americana propagadora de la Previsión y del Ahorro, en su número de abril del corriente año).
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bido el origen, la propaganda y la fundación de casi todas nuestras obras católicas, con el mayor respeto, con agradecimiento profundo y con el beneplácito de las entidades citadas, acometemos la empresa, con la ayuda de Dios y con el consejo y conformidad de nuestros Hermanos en el Episcopado, de transformar esos organismos, pasando sus atribuciones a la Junta única Nacional de Acción Católica Española, como después veremos. Asimismo, la fuerza de los hechos nos obliga a modificar las «Reglas sobre Federación de las obras católico-sociales, complementarias de las Normas de 8 de enero de 1910», puestas en vigor por el Cardenal Aguirre en 4 de mayo de 1912, ya que, por fortuna, la Acción social agraria ha llegado a tener una organización completa, con propio Reglamento, aprobado por las autoridades eclesiásticas, por nuestros predecesores y por Nos mismo; y los Sindicatos obreros profesionales han logrado lo mismo, con la constitución de la Confederación Nacional Católico-Obrera. Por este motivo quedarán sin vigor en adelante las Reglas segunda y tercera respecto a las organizaciones agrarias y la regla cuarta con sus 16 capítulos sobre la Federación Católica Nacional de Sindicatos Obreros. Estas dos grandes confederaciones, la agraria y la obrera, tanto la masculina como la femenina, se unirán a la Acción Católica Española, teniendo representación en las Juntas Centrales respectivas, conservando al mismo tiempo su propia autonomía.

Sólo ha resultado sin eficacia la regla 5.a en la que el Cardenal Aguirre proponía la Federación de los Círculos Católicos de Cooperativas y Mutualidades, obras importantísimas en la Acción social y que en adelante, la Junta Central de Acción Católica correspondiente, por medio del Consejo Nacional de las Corporaciones Católico Obreras, procurará llevar a cumplido efecto, para que cada una de esas instituciones formen asimismo Confederaciones que puedan tener propia representación en la Acción Católica Española.

Hechas estas advertencias necesarias, veamos ya lo que ha de ser la Acción Católica Española.

Respondiendo al espíritu y a las tendencias manifestadas hace tiempo, relativamente a la Junta Central de Acción Cató-
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lica y a las Normas de Acción Católica y Social del Cardenal Aguirre, reorganizamos la Acción Católica Española conforme a las exigencias y circunstancias presentes y al estado actual de nuestras obras católicas y sociales. El Cardenal Aguirre, en el prólogo que puso a las Normas, ya perseguía esta aspiración. «Parécenos, decía, que lo primero era trazar algunas normas generales que, sin perjuicio de la necesaria autonomía de cada obra social y del funcionamiento propio, según sus múltiples circunstancias, unificaran en lo posible su acción y resumieran los principales medios de realizar las aspiraciones comunes»; y después, en la Norma 9.ª, presentaba el cuadro de organización, en que, con las debidas variantes, quedaron trazados los rasgos generales que aparecen en la reciente de la Acción Católica Italiana, y que han de servir para las que Nos intentamos. Decía así: «Como muy bien se reconoció en una de las conclusiones del Congreso Católico de Zaragoza, «la unidad de acción, el mutuo estímulo y el mayor acierto en el ejercicio de las obras de celo, son ventajas importantísimas que aconsejan la Federación para las obras católicas en cada Diócesis o localidad; las Juntas parroquiales, compuestas por el Párroco y los Presidentes de cada obra o asociación, que se entiendan a la vez con la Junta Diocesana que el Prelado respectivo organice, constituye el medio práctico de realizar dicha Federación». En cumplimiento de los acuerdos del Congreso Católico de Tarragona, y realizando las aspiraciones de los anteriores, se redactó el Reglamento de la Junta Central y de las Juntas Diocesanas de los Congresos Católicos o de Acción Católica, y conocidos son sus trabajos y los excelentes resultados obtenidos... Por la importancia excepcional de las obras en favor de la clase trabajadora, se vió la conveniencia de crear organismos especiales para este efecto. Según lo resuelto en las Asambleas Nacionales de Valencia y Madrid, se fundó en la capital de España el Consejo Nacional de Corporaciones Católico Obreras, a que con gusto tributamos los elogios que le son debidos y se formó el Reglamento de los Consejos Diocesanos a fin de uniformar la Acción social en toda España, y hacerla más extensa y más activa»

Nos complacemos en repetir que estos dos organismos, la
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Junta Central de Acción Católica y el Consejo Nacional de Corporaciones Católico Obreras alcanzaron, aun supuestos los defectos inherentes a toda obra humana, especialmente a obra que depende de la cooperación de los demás, frutos excelentes: a ellos se debió, cuando en España apenas se conocían ni ideas ni instituciones de acción católica social, cuando muchos espíritus eran hostiles a este movimiento, la fundación de los Obreros Católicos que es necesario de nuevo reorganizar, extender y federar, por la formación religiosa, moral y cívico cristiana de los obreros, el Banco de León XIII, primeras propagandas de los Sindicatos agrícolas, la idea de organización de los Sindicatos obreros católicos, campañas de acción católica y otras muchas iniciativas, que poco a poco fueron como sembrando múltiples y variadas instituciones en el solar patrio, lleno de individualismo y esquilmando, por la revolución, de toda agremiación social. Es también muy de alabar la conducta de la Junta Central de Acción Católica y del Consejo Nacional de Corporaciones Católico-Obreras, que a pesar de tener confiada la dirección de la propaganda y de las obras sociales en toda la nación, no limitaron la esfera de trabajo a los particulares, dejando, con alto espíritu de quien mira sólo el bien general, el campo libre a las iniciativas privadas.

En el entretanto, a los oídos de todos llegaron las diferencias, quejas y censuras de algunos contra la Junta Central de Acción Católica y contra los Consejos Diocesanos, porque no se acomodaban ya a las circunstancias y no transformaban sus métodos y reglamentos. Pero quizá no había sonado la hora de la Providencia. Porque ¿quién no veía en estos últimos años que era necesaria la modificación de la Junta Central y del Consejo Nacional de Corporaciones Católico-Obreras? Muchas veces el Presidente de la Junta Central de Acción Católica, el Excmo. Sr. Marqués de Comillas, dijo a quien le quiso oir: «Es menester cambiar esto; han pasado muchos años y muchas cosas por el mundo y por España, se requiere hacer con todas las fuerzas y obras organizadas existentes un solo organismo nacional de Acción Católica, al estilo de lo que han hecho los católicos holandeses al constituir la Acción Católica Social, y principalmente los católicos italianos últimamente, al estable-
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cer la Acción Católica Italiana, que por cierto viene a confirmar nuestras ideas antiguas de que la Acción Católica en España debe ser una obra sola, nacional, disciplinada, con órganos vivos en cada una de las Diócesis, y teniendo como base la parroquia, una obra donde se reúnan todos los católicos españoles con conciencia de solidaridad y responsabilidad para defender, como católicos y como ciudadanos de una nación católica, los intereses del cristianismo, no sólo en el orden profesional, sino también en otros órdenes muy sagrados, más altos, más generales y sublimes». Esta idea se llevó al sepulcro aquel ejemplar de caballeros católicos, que sólo anhelaba el momento de que se pusiese en práctica. Cuando fuimos promovido a la Sede Primada Nos dijo, y nos repitió más tarde: «Afronte y lleve a término, sin consideración alguna personal, la reforma que estime oportuna de la Acción Católica. Prescinda de mí, o relégueme al último lugar; estoy gastado con tantos años de actuación. Donde quiera que esté, contará siempre conmigo, y hasta es muy posible que pueda prestar aún mejores servicios a la Iglesia, como soldado de filas». Al hablar así, tenemos la seguridad de que era intérprete a la vez de los sentimientos en que abundan los miembros todos de la Junta Central de Acción Católica y del Consejo Nacional de las Corporaciones Católico-Obreras.

Teniendo presentes estos datos y las aspiraciones de los católicos, creemos interpretar los anhelos de todos al reorganizar la Acción Católica Española.

Trataremos, pues, en puntos separados, de su constitución, de su objeto, de las obras que ha de abrazar, de su organización y de los medios eficaces que ha de emplear para conservar la unión.

(Continuará.)
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REVISTA SOCIAL INTERNACIONAL

La Carta del Trabajo en Italia.—La ley inglesa sobre las huelgas.—La trata de blancas y la Sociedad de las Naciones.—La Iglesia contra la pornografía.—Congresos católicos en Francia.

Pocos acontecimientos más importantes en estos últimos años desde el punto de vista social que la publicación de la Carta del Trabajo por el Gobierno fascista de Italia.

Comienza esta disposición sentando el principio de que la Nación es un organismo dotado de medios de vida y de acción superior a los individuos que la componen, proclamando que el trabajo, bajo todas sus formas, es un deber social y sentando el carácter nacional de la producción (arts. 1.º y 2.º).

Declara libre la organización profesional «pero únicamente aquellos Sindicatos reconocidos legalmente y sometidos a la vigilancia del Estado tienen derecho a representar legalmente a los trabajadores» (1). A estos Sindicatos se atribuye la doble función de estipular las condiciones de los contratos colectivos de trabajo y de ejercer cerca así de los patronos como de los obreros la función de delegados del interés público (art. 3.º)

Las Asociaciones profesionales legalmente reconocidas representan íntegramente los intereses de cada grupo productor. Las corporaciones que son su resultado son, pues, organismos del Estado dado que los intereses de la producción son intereses nacionales (art. 6.º).

Considera el Estado corporativo la iniciativa privada como un instrumento eficazísimo para el fomento de la producción y por eso la respeta. La mano de obra técnica, los empleados y obreros son «colaboradores activos» dice el art. 7.º, en la obra

(1) Tomamos las citas de la traducción de El Debate, cuya amplia reseña extractamos.
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productora, pero la dirección y la responsabilidad incumben al patrono.

«Tendrá lugar la intervención del Estado en la producción económica—dice el art. 9.º—cuando sea insuficiente la iniciativa privada o cuando se hallen en juego intereses políticos del Estado». Son formas de tal intervención la vigilancia, la subvención y hasta la incantación de la industria.

Las asociaciones de trabajo tienen a su cargo la reglamentación de los contratos colectivos de trabajo (art. 11) en los cuales se fijarán bajo pena de nulidad las normas que han de regir la jornada de trabajo, su remuneración, la forma del pago de sueldos o salarios, etc.

Independientemente de las reglas que en cada contrato colectivo se adopten la Carta establece algunas disposiciones de carácter general. Así la equidad del salario habrá de regularse (art. 12) «por las necesidades de la vida, las posibilidades de la producción y el rendimiento del trabajo», «las consecuencias de la producción (art. 13) y los fenómenos monetarios deberán ser equitativamente soportados por todos los factores de la producción» los obreros tendrán derecho a un día de descanso semanal que se procurará coincida con el domingo, y después de un año de prestar sus servicios en determinado establecimiento a las vacaciones anuales.

La materia de despidos se halla minuciosamente regulada. La despedida sin causa dá lugar a una indemnización en relación con el número de años de servicio del operario. Ni el servicio militar ni la enfermedad (a no ser que ésta exceda en su duración del tiempo fijado en el contrato) son justas causas de rescisión del contrato.

Es de notar que el contrato rige así para el obrero como para el patrono, aunque se verifique cambio de empresa. Es la ley del trabajo que todos vienen obligados a aceptar por el hecho de dedicarse a él.

Por lo que a los conflictos se refiere, la Carta alude a la magistratura del trabajo encargada ya de velar por el cumplimiento de los contratos existentes, ya por el establecimiento de las futuras condiciones del trabajo (art. 6.º). Toda acción judicial ha de ir precedida de un intento de conciliación ante la magis-
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tratura ordinaria asesorada por representantes de las asociaciones (art. 10).

Por lo que toca al problema del paro forzoso, establece la Carta oficinas de colocación oficiales, de carácter paritario, es decir, integradas por representantes patronales y obreros. Pueden los patronos elegir entre los obreros que figuren en las listas de desocupados formadas por estas oficinas; pero tendrán preferencia en todo caso los afiliados a las sociedades fascistas por orden de antigüedad.

En materia de seguros sociales se sienta el principio de que la carga pecuniaria que ellos suponen debe ser sufrida proporcionalmente por los patronos y por los obreros, facultando al Estado, para unificar los esfuerzos en este punto valiéndose de las asociaciones profesionales.

Repitidas veces hemos formulado ciertas reservas acerca de algunos de los principios inspiradores del Fascismo, reservas que responden a la actitud de la Iglesia, que diferente con el gobierno de Mussolini, que ha restablecido el orden en Italia y ha emprendido una plausible obra de restauración nacional, no ha vacilado en condenar hace poco más de un año el Catecismo fascista; pero ello no ha de ser obstáculo para que reconozcamos que, salvado el principio nacionalista, que se vislumbra en algunos de sus artículos, la carta del Trabajo merece cumplido elogio, pues viene a traducir en ley muchas de las ideas dominantes entre los católicos sociales y consagra la organización pública de las corporaciones, único medio de que reine la paz entre los elementos de la producción.

Después de establecer las necesarias distinciones—decía L' Osservatore Romano del 21 del pasado—que la Carta del Trabajo debe «ser acogida con justo reconocimiento de su valor social y político, de las intenciones pacificadoras y elevadoras en que aparece inspirada, de la sencillez de los medios que preconiza para llevarlas a cabo y principalmente con una sincera persuasión de la reforma que se ha introducido en el modo de pensar y en la existencia del país, pues no hubiera podido predecirse en la época de la post guerra que Italia pudiera llegar a entender y llevar a cumplimiento los graves deberes sociales y cívicos que el citado documento afirma y proclama.
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Cuando escribimos esta crónica acaba de iniciarse en la Cámara de los Comunes la discusión de la nueva ley sobre los Trade Unions, presentada por el Gobierno inglés.

Esta disposición es una consecuencia de la huelga minera inglesa del año último, que puso la economía nacional a un paso de la ruina. El Gobierno ha comprendido la necesidad de reforzar su autoridad y de dotar de garantías a la sociedad para luchar contra los egoismos corporativos, y la necesidad igualmente de poner a los obreros en condiciones de resistir la tiranía sindicalista.

El proyecto en cuestión declara la ilegalidad de toda huelga general, adoptando el criterio seguido por un tribunal inglés en una reciente decisión. Aun tratándose de huelgas no generales proclama el proyecto la ilicitud de todo medio coactivo, sin que por lo tanto pueda ser nadie forzado a dejar el trabajo por medio de amenazas o de violencias. No es esto solo. En lo sucesivo por el hecho de pertenecer un obrero a un sindicato no se le podrá obligar como se viene haciendo ahora en Inglaterra a contribuir al sostenimiento de un partido político (el Labour Party, es naturalmente el visado por esta prescripción). Por último todos los que sirvan al Estado deberán prestar juramento de fidelidad a sus mandatos.

El proyecto como se ve no tiene desperdicio. Suprimida la huelga general, perseguidos los medios coactivos, puesto el obrero en libertad de sostener o no con sus recursos las organizaciones políticas proletarias, alejado el peligro de que los empleados u obreros del Estado apoyen las pretensiones obreras cuando éstas sean contrarias al interés público, es evidente que la tiranía sindicalista sufriría gravísimo quebranto.

No es de extrañar por eso la agitación que reina entre los elementos pertenecientes al Partido del trabajo y a las organizaciones obreras. Se han organizado mitins en todo el territorio a los que han respondido los elementos conservadores con numerosas reuniones de propaganda en favor del proyecto, cuya discusión parece ha de ser muy animada.

El Gobierno no se opone a hacer aplicación al lock-out (huelga personal) de la interdicción establecida respecto de la huelga general obrera. Según ha declarado por boca de sus minis-