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manos necesitados. No se culpe, pues, a Dios de lo que es efecto exclusivamente de la maldad humana; Dios da al hombre la fuerza con que alza su brazo y maltrata a un semejante, sin que por esto Dios sea responsable en modo alguno de este empleo abusivo que el hombre hace de las fuerzas que le habían sido dadas para el bien; del mismo modo Dios, que ha dado abundancia de bienes a los ricos para que con ellos socorran a los pobres, no puede ser culpable de que aquéllos, olvidando sus deberes, cierren sus oídos a la caridad y den a éstos malos tratos, de los que Dios en su día ha de pedirles estrecha cuenta.

Y si de esta manera se limitan en el reino de Cristo los derechos de unos y otros en orden de la caridad, ¿qué no hará cuando esté de por medio la justicia en sus exigencias ineludibles? Urge sobre manera llevar a este terreno de la justicia las luminosas enseñanzas de Cristo, porque claramente se advierte que, sin ser el Evangelio una teoría económica, quedaría, no obstante, pacificada la sociedad si todos cumpliesen los sabios preceptos de su moral divina. Discuten los hombres apasionadamente lo que en justicia corresponde a cada uno, y como la pasión les impide llegar a un acuerdo, busca cada cual imponer su criterio o por la fuerza del número, o por la coacción de la ley. Muy otra es la ley que se establece en el reino de Cristo, en la que ante todo se procura asentar la justicia en los corazones y para ello hace de ésta una virtud cardinal y la infunde juntamente con la gracia en toda el alma que se justifique. De este modo, con anterioridad a toda ley, independiente de la coacción externa, hay en el interior del hombre una fuerza que le inclina de continuo a dar pronta y fácilmente a cada uno lo suyo aunque, para hacerlo así, tenga que cercenar su propio provecho. En todos los casos que en el trato con los demás hombres vayan presentándose, la justicia dicta su fallo y lo promulga por la voz de la conciencia, que conmina con un castigo inexorable a los que desoigan sus indicaciones. Resulta de esto que lo que se presentaba como una cuestión de intereses o a lo sumo de legalidad externa, se convierte en una cuestión de conciencia, tan capital en la vida cristiana, que de su recta solución depende la eterna salvación de nuestras almas. He aquí, pues, V. H. y a. h., la primera aportación que la moral de Cristo hace para acabar radicalmente con las modernas luchas sociales, vergüenza de la humanidad, bancarrota de la civilización, prueba fehaciente de la decadencia de una sociedad que se obstina en vivir alejada de las doctrinas del divino Maestro, Salvador del mundo.

Cuando de la lucha social se aparta todo lo que la pasión, el prejuicio o el interés han acumulado de obstáculos y dificultades, queda reducida a una mera colisión de derechos, a la que ha de aplicarse exactamente el mismo criterio que a cualquiera otra. Y
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sabido es que, para resolver estos casos, basta hacer examen de cual de los dos derechos es el más importante, dentro de la jerarquía que la moral católica establece entre ellos, según el deber a que correspondan, la necesidad de que se deriven o la función a que se haya de proveer. Determinado esto, resta ya tan sólo hacer que a él se subordine el opuesto aunque radique en un sujeto que, por su posición o por su número, sea el más fuerte. Imponer la fuerza del derecho al derecho de la fuerza es una de las más provechosas consecuencias de aplicación de la moral cristiana a estas cuestiones de justicia.

Su índole especial nos lleva como de la mano a señalar otra de las grandes ventajas que se derivarán de implantar en la sociedad el reino de Cristo. En efecto, cuando se estudian cuestiones morales, sus contornos no pueden aparecer definidos con la precisión con que se acusan los de los objetos físicos, y así ocurre que hay entre la caridad y la justicia una zona intermedia en la que difícilmente se puede precisar lo que es propio de cada una de estas dos virtudes. Esta inevitable confusión ha dado y dará lugar a pleitos sin fin que tan sólo pueden desaparecer aceptando íntegramente las normas cristianas. Con toda claridad enseñan éstas que la justicia, aun actuando dentro de su campo propio, está muerta y carece de toda eficacia, si no es informada, sostenida y dirigida por la caridad; a la complejidad de las cuestiones corresponde en el objeto este íntimo consorcio de ambas virtudes que, así unidas, pueden resolver aquellas sin dificultad alguna. No hay que inquirir ansiosamente los límites de una y otra, sino unirlas en la vida, como están unidas en el corazón y fallar siempre en favor del necesitado, sin parar mientes en si es de justicia o de caridad el auxilio que se le concede. Más aún: de esta fecunda unión de la caridad con la justicia ha nacido todo el progreso social del que con perfecto triunfo se ufana la sociedad. Busca la justicia dar a cada uno su derecho, pero como la caridad ha sabido hacer cada vez más amplio este derecho, exigiendo para nuestros semejantes la misma suma de perfecciones y comodidades que constituyen el ideal de nuestra propia vida, por obra de la caridad e impelida por ella tiene la justicia que extender sus fueros recabando para sí la satisfacción de muchas necesidades que estaban antes fuera de su campo propio. Y así la caridad, en las efusiones de su amor que pide para el próximo todo el bien que para nosotros deseamos, va siendo la precursora de la justicia, que viene luego a confirmar y a defender con sus fallos imperiosos estas conquistas y son ambas los pilares incombustibles en que se asienta, como en su trono, la paz social.

Nos extenderíamos excesivamente si fuéramos a analizar uno a uno todos los beneficios que a la sociedad reportó en el pasado
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y reportaría en el presente la aceptación sincera de la Realeza de Cristo; por ello nos hemos de limitar a recordar tan sólo las luminosas rutas que, al proyectar la luz de sus principios a la cuestión social, trazaron los Sumos Pontífices y especialmente León XIII, Pío X y Benedicto XV, cuyas sabias enseñanzas son la prueba palmaria de cómo dentro del reino de Cristo se solucionan armónicamente los problemas sociales más pavorosos y señalan a la vez un camino lleno de luz por el que necesariamente ha de ir la sociedad, si quiere hallar remedio a sus males.

Siendo, como hemos visto, el reino de Cristo sobre los bienes temporales extraordinariamente beneficioso para los hombres, no es menos útil, ni menos provechoso, en lo que se refiere a la sociedad civil y política, segundo y último punto a que más arriba hacíamos referencia. Que la sociedad haya de estar sometida al supremo dominio del Rey de reyes, es verdad clarísima, en la que, sin embargo, es preciso insistir, porque aún perdura entre nosotros ese funesto criterio, origen de tantos males que, haciendo una do-nosa distinción entre el orden privado y el público, relega exclusivamente la religión al primero y reclama plena independencia en el segundo. Todavía son muchas las personas que, aun preciándose de católicos, estiman como atentatoria a la dignidad del poder civil toda influencia de la Iglesia en la dirección de la cosa pública. La Historia demuestra, por el contrario, hasta qué extremo ha respetado ésta en todo tiempo la legítima autonomía del poder civil que, como representación de una sociedad que es en su orden perfecta, ha podido ejercer plenamente sus funciones con la obses-quiosa cooperación de la Iglesia, sociedad igualmente perfecta y en un orden mucho más elevado. Pero esta delimitación de facultades que permite, tanto a la Iglesia como al Estado, realizar su peculiar fin con perfecta autonomía, no puede ser motivo para que la sociedad, como tal, deje de rendir pleitesía a Cristo Rey, cuya soberanía sobre la colectividad se basa en idénticos títulos que la que con todo derecho ejerce sobre los individuos.

Porque no es la sociedad un ser incausado que se haya dado a sí mismo la existencia y pueda, por consiguiente, prescindir de toda subordinación al Hacedor de todo lo creado. La sociedad es la consecuencia natural y necesaria de la condición humana y, siendo Dios el autor y regulador de ésta, dicho se está que es a la vez la causa de aquélla. La indigencia y limitación en que, por haberlo Dios dispuesto así, se encuentra todo hombre para realizar por sí mismo los fines de su vida, le lleva a unirse con sus semejantes para que, ayudándose mutuamente, se beneficien los unos de los trabajos de los otros y puedan todos gozar de un bienestar al que cada uno por sus solas fuerzas nunca hubiera llegado. Dedúcese de aquí que, si la sociedad tiene su origen en la limitación del
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hombre, tiene por esto mismo su fin en proporcionarle los medios oportunos para que pueda satisfacer todas sus necesidades. Son éstas de muy diverso género; unas naturales, que afectan ya a su cuerpo, ya a su espíritu; otras sobrenaturales, que se compendian en la imprescindible, en la suprema, en la única necesidad, la de salvar el alma. Puede el Estado satisfacer las primeras por sus propios medios, pero se encuentra en la más absoluta impotencia respecto de la segunda y, si quiere cumplir su misión, ha de dejar el campo libre a la acción de la Iglesia, cuyas enseñanzas debe recoger reverentemente para que sus súbditos, lejos de encontrar el menor obstáculo cuando trabajen en su salvación eterna, tengan, por el contrario, toda clase de facilidades. Si, pues, la sociedad nace de un hecho libremente querido por la voluntad divina y tiene como la más elevada de sus misiones la de facilitar y coadyuvar, en la medida de sus fuerzas, a la consecución del fin supremo del hombre, que es el mismo Dios, ¿cómo podrá proclamarse independiente del poder divino y no acatar la augusta soberanía de Cristo?

Abusan, pues, de la autoridad que les ha sido confiada, los gobernantes que en el ejercicio de sus funciones no reconocen este supremo dominio del Rey inmortal sobre la sociedad que rigen. Es un viejo error, incompatible en absoluto con la doctrina católica, pretender que el Estado es independiente en absoluto de la religión, o sostener que la Iglesia debe estarle sometida. Tan lejos están del Reino de Cristo los que afectando una indiferencia que de hecho nunca existe, eximen al Estado de toda preocupación religiosa y conceden igual libertad a todos los culios, como los que, por espíritu sectario o prejuicios regalistas, pretenden que el poder civil ha de inmiscuirse en el régimen de la Iglesia y contrastar sus leyes y regular su libre actividad. La aceptación de la Realeza de Cristo supone, por el contrario, el reconocimiento en primer lugar de las dos potestades, civil y eclesiástica - cada una dentro de su órbita, suprema, libre y expedita como enseña León XIII - entre las cuales el mismo Dios ha repartido el gobierno del linaje humano para que la una esté al frente de las cosas divinas y de las humanas la otra. Pero como ambas potestades se ejercen sobre los mismos súbditos y ambas persiguen la perfección de los mismos individuos, de aquí que en segundo lugar sea preciso reconocer que entre las dos debe existir una íntima unión, que León XIII no vacila en comparar con la que existe entre el alma y el cuerpo dentro de un mismo hombre. Y así como en éste, alma y cuerpo se ayudan mutuamente, sin que por eso pierda cada uno de ellos su naturaleza propia, del mismo modo el Estado y la Iglesia han de prestarse mutua ayuda; y la potestad civil, aunque primaria y directamente instituida para procurar el bien temporal
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de sus súbditos, ha de ayudarles a alcanzar la felicidad eterna promulgando sabias leyes, conservando entre ellos la paz y la concordia, promoviendo el libre ejercicio de la religión y dando público ejemplo de piedad; así como la potestad eclesiástica, aunque ante todo trabaje por la salvación de las almas, presta de continuo valiosísimos servicios al Estado, inculcando el respeto y la obediencia a las leyes civiles, moderando las costumbres y velando por el cumplimiento de los deberes sociales y políticos de sus miembros. Toda alteración de las relaciones normales entre alma y cuerpo, implica enfermedades y trastornos para el individuo; del mismo modo no puede romperse la armonía entre la Iglesia y el Estado sin que la sociedad entera padezca males sin cuento, y no es ciertamente el menor de ellos ese doloroso conflicto que surge en la conciencia del hombre cuando una cosa le pide su fe y la opuesta el Estado; y que sea cualquiera la solución que se le dé, será siempre con detrimento de alguna de las dos potestades entre las que Dios distribuyó el gobierno del hombre. La Iglesia, fiel en absoluto a las enseñanzas que recibió de su divino Fundador, pone siempre de su parte toda clase de medios para permanecer concorde y avenida con el poder civil e insistentemente le invita a cooperar con ella en la magna obra de conducir a las hombres por un camino de paz a su perfección suprema; pero con haría frecuencia sus esfuerzos son inútiles en muchas partes porque los poderes públicos, rebeldes a la autoridad de Dios y hostiles al reino de Cristo que la Iglesia representa, se han negado a toda concordia y han emprendido una funesta labor de destrucción que en el último resultado más dañaba a ellos que a la Iglesia, porque ésta cuenta con la asistencia divina que en ningún tiempo le ha de faltar: en cambio desiertado Dios y Jesucristo de las leyes y de la gobernación de los pueblos —como lamentaba Su Santidad Pío XI en su Encíclica «Ubi Arcano»— y derivada la autoridad, no de Dios, sino de los hombres, ha sucedido que... hasta los mismos fundamentos de la autoridad han quedado arrancados, una vez suprimida la causa principal de que unos tengan el derecho de mandar y otros el deber de obedecer. De lo cual no ha podido menos de seguirse una violenta conmoción de toda la humana sociedad privada de todo apoyo y fundamento sólido.

Las consecuencias de esta apostasía son bien patentes: un mundo destrozado por la guerra, dividido en bandos irreconciliables en los que el odio y el egoísmo suplantan el lugar que debieran ocupar la paz y la ayuda mutua; la inestabilidad y el desprecio en las instituciones más fundamentales; la desorganización y el desconcierto en todos los sectores de la vida mundial; la autoridad mediatizada viviendo de precario, sin que acierte a mandar
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ni logre ser obedecida; y por encima de todo eso, cerniéndose cual negra nube que presagia grandes tormentas, un espíritu de rebeldía que no respeta nada y va contra todo. Y es que todo pecado, por la inflexible lógica con que Dios ha trabado los acontecimientos de este mundo, lleva aneja una sanción que es precisamente del mismo orden a que pertenecía el delito. Los pueblos han pecado negándose a reconocer la soberanía de Dios y Dios los castiga a que pierdan su propia soberanía; se rebelaron contra el poder supremo de Dios y su propia rebelión ha originado esa continua lucha de poderes, legítimos los unos, ficticios los otros, pero todos igualmente ansiosos de implantar su dominio, sin que ninguno de ellos consiga ser acatado, ni siquiera reconocido.

(Continuará.)
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INSTITUCIONES Y HOMBRES

FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS

No llevaba mucho tiempo Fray Bartolomé de las Casas al frente de su diócesis cuando hubo de volver a España para responder de los cargos de sus enemigos. La ocasión que desencadenó la furia de éstos fué la publicación de los avisos y reglas para los confesores de las Españas que tienen a su cargo a los indios en las Indias del mar Océano, escrito en respuesta, según parece, a las consultas de los misioneros de su Orden sobre las reglas aplicables a los penitentes. En ellas prescribe a los sacerdotes que nieguen la absolución a éstos mientras no restituyan a los indios los bienes mal adquiridos, estableciendo algunas diferencias de escasa importancia, según los casos, ya se trate de conquistadores, de encomenderos o de simples mercaderes; pero con la particularidad de que no deberán absolverlos en el artículo de la muerte sin que otorguen previamente testamento facultando al confesor para operar las restituciones, buscando a los propietarios desposeídos y repartiéndolo en último término esos bienes entre los pobres. En dichas reglas insistía particularmente sobre la responsabilidad en que incurriría el sacerdote que absolviese a un penitente sin haber restituido, haciéndose así cómplice de su pecado.

Puede juzgarse cuál sería la indignación que estas medidas despertarían en el ánimo de los numerosos poseedores de esclavos indios y de tierras arrebatadas a los pobladores del país, sobre todo cuando vieron que el clero las llevaba a la práctica (aunque admitiendo ciertas atenuaciones en casos dudosos que el propio Las Casas autorizó) y que los grandes teólogos de la época, Cano, Sotomayor, Miranda, las aprobaran en principio. Se produjo en el Nuevo Mundo una gran agitación entre los colonos, que encontraron en Bartolomé Frías de Albornoz un teólogo complaciente (recuérdese su Tratado de la conversión y conquista de los Indios, donde sostiene la tesis de la legítimidad de su esclavitud),
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a la vez que procuraban presentar al Obispo de Chiapa ante Carlos V como un peligroso revolucionario, hasta el punto de hacer vacilar la confianza del monarca, quien le hizo llamar para que explicase su conducta ante el Consejo de Indias.

La respuesta de Las Casas fue su obra capital: las Treinta proposiciones acerca de los derechos que la Iglesia y los principios cristianos pueden tener sobre los infieles, impresa poco después (en 1553) con el título de Tratado comprobatorio del imperio soberano y del principado universal que los reyes de Castilla y de León poseen sobre las Indias.

Estudia en ella los diferentes títulos alegados en apoyo de dicha posesión y rechaza con energía el de la fuerza de las armas. El verdadero fundamento de la potestad real sobre aquellos territorios no es otro que la donación hecha por el Papa. Pero la donación no fue absoluta sino condicional y ab interpositam causam, de donde se deduce no sólo que aquellas condiciones deben ser satisfechas para que el título reciba todo su valor jurídico, sino que no debe producir perjuicio a aquellos en cuyo interés se produjo, es decir a los indios.

Sostiene Las Casas que el Pontífice tiene sobre todos los hombres, fieles e infieles, el mismo poder que Jesucristo; pero ese poder sólo lo tiene in potentia en cuanto a los infieles, a los que está llamado a predicar la buena nueva.

Como quiera que los Príncipes seculares vienen obligados a cooperar en esta empresa apostólica, puede el Papa reclamar su auxilio y colaboración en la medida necesaria para tan elevado fin, y a ello obedece la atribución a España por la Santa Sede de determinados territorios en el nuevo continente, a la más fácil propagación del Evangelio entre los infieles.

El dominio otorgado a los reyes de España es una especie de alta tutela, de benévolo protectorado en interés de los propios indígenas, compatible con su independencia territorial y que, lejos de desconocer, presupone el reconocimiento de los derechos individuales de los indios, libertad, propiedad, etc. Si los españoles deben recibir una remuneración justa por el ejercicio de esa tutela, de ese protectorado, hay que evitar cuidadosamente que esa recompensa se convierta en el fin de su actividad en este punto, que no debe ser otra que la acción misionera y civilizadora.

Esa acción debe ejercerse pacíficamente y respetando siempre la autonomía de los indígenas, los cuales no pueden ser reducidos a esclavitud, ni siquiera privados de sus señores naturales por la idolatría. Únicamente podrían provocar el empleo de la fuerza los ataques directos a la libertad del culto católico.

Haciendo aplicación de estos principios a los hechos, Las Casas legitima el poder de los reyes de España sobre las tierras des-
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cubiertas; pero condena la repartición y la encomienda y sostiene que casi todo lo que se ha hecho en las Indias es «nulo y sin valor».

La impresión de las «Treinta proposiciones» fué considerable. Enfrente del ilustre dominico se levantó Ginés Sepúlveda, tratando de dar un fundamento teológico a las pretensiones de los conquistadores, en su libro El segundo demócrata. Toda su tesis de la legitimidad de la conquista y de los procedimientos crueles empleados con los indios descansaba en una pintura caprichosa de los vicios y de la inferioridad de la raza y en ciertos textos del antiguo Testamento que nos presentan al pueblo elegido castigando implacablemente a los pueblos idólatras.

Los dos puntos de vista fueron expuestos por ambos contrincantes ante Carlos V, asistido del Consejo de Indias y asesorado por una comisión de teólogos. Fué la memorable «disputa» entre Las Casas y Sepúlveda que no tenía en la mente del monarca otro objeto que decidir «si contra los habitantes del Nuevo Mundo se puede lícitamente y según justicia, y sin que hayan cometido otras faltas que las cometidas en la ignorancia de su fe, hacerles las guerras llamadas conquistas». ¡Admirable ejemplo de sano liberalismo en una monarquía absoluta y de laudable sumisión de la política a la teología llamada á ilustrarla y á juzgarla!

Expusieron, primero Las Casas y después Sepúlveda, con gran amplitud los argumentos aducidos en sus obras en pro de sus respectivas tesis, y fué concedida luego la palabra al Obispo de Chiapa para contestar á su contradictor. Durante cinco días habló Las Casas refutando los sofismas de Sepúlveda. No era cierto que los indios fueran seres degenerados ni menos eran exactos los crímenes que se les atribuían. No lo era tampoco que los ejemplos de la Antigua Ley pudieran aducirse eficazmente en apoyo de la guerra de conquista. Y siguiendo á San Agustín y á Santo Tomás, expuso la verdadera doctrina acerca del apostolado de los infieles, haciendo ver el resultado contraproducente del empleo de las armas como medio de introducción del misionero. Imposible analizar aquí esta disertación admirable. En el libro que nos ocupa se halla resumida con gran acierto la argumentación de Las Casas y a él nos remitimos.

El gran corazón de Carlos V fué ganado nuevamente á la causa de los indios. De acuerdo con lo interesado por el eminente dominico, prohibió rigurosamente la esclavitud y adoptó sabias medidas para evitar los excesos de los encomenderos.

De retorno á América Las Casas, casi octogenario, prosigue sin desfallecer al peso de los años sus gestiones en favor de los indios. Dos años antes de su muerte -en 1564- escribe su última obra Consulta acerca de los derechos y obligaciones de los con-