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Base 2.a Con el fin de habilitar a las Diputaciones provinciales para el mejor ejercicio de las nuevas funciones que se le encomiendan, se afectarán a ellas los Consejos provinciales agropecuarios que se establecen por la base séptima.

Base 3.a En cada pueblo de carácter agrícola o ganadero, se organizarán libremente Asociaciones profesionales, puras o mixtas, para cuya constitución bastará la agrupación de veinticinco vecinos dedicados a esta clase de producción.

Para las selecciones a que se refiere la base séptima, cada veinticinco asociados representarán un voto.

El voto personal o individual, no será tenido en cuenta; no obstante, los no asociados que ejerzan actividades de esta índole, no estarán exentos del recargo o cuota que abonen los organizados, quienes serán objeto de especiales bonificaciones.

Base 4.a Las Asociaciones pueden tener, además del carácter de cooperativas para fines propios, el obligatorio de contribuir a los de interés general y votar los representantes agropecuarios que han de constituir las entidades asesoras de las Diputaciones provinciales:

Base 5.a Las Diputaciones provinciales, debidamente asesoradas por sus Consejos, según sus necesidades y carácter con relación a la Agricultura y a la Ganadería, proyectarán y formarán los presupuestos sobre la organización de Granjas, Campos experimentales, Cátedras de demostración, laboratorios, paradas y establecimientos de industrialización que juzguen necesarios, señalando el aumento de tributación que se deduzca como preciso para cumplir los fines que se proponen.

Si al mes de elevar su propuesta al Ministerio de la Economía Nacional no hubiese recaído resolución, se entenderán aprobadas.

El Estado se compromete a incrementar los recursos que las Diputaciones provinciales destinen de sus presupuestos, más los que como recargo recauden para estos fines, con cuotas que no podrán bajar del veinte ni subir del cincuenta por ciento del presupuesto destinado a estos servicios.

Las provincias contiguas podrán agrupar los servicios agropecuarios que así convengan al interés común.

La exacción de cuotas a los no asociados, se hará por el total de su contribución agropecuaria, al tipo o tanto por ciento que se señala.

Base 6.a Las Diputaciones provinciales contratarán los ingenieros agrónomos y personal que crean necesario para la dirección de estos servicios que se les confieren, y asimismo adquirirán las semillas, abonos, máquinas, sementales y material que
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precisen para los servicios experimentales y de demostración que les compete; pero dejarán en libertad, tanto a los particulares como a los Sindicatos, para formar cooperativas y hacer las adquisiciones que individual y corporativamente convenga a sus intereses.

Siendo misión de las Diputaciones favorecer el progreso agrícola y pecuario, si constituyen Cajas de crédito propias o por inteligencia con el organismo central del Crédito agrícola o establecimientos semejantes, deben encauzar y facilitar la concesión de recursos, tanto a las Asociaciones como a los particulares, siempre con preferencia a las primeras.

Base 7.a La designación de usuarios colaboradores de los Consejos agropecuarios de las Diputaciones provinciales, se hará por votación de los presidentes o representantes nombrados por los locales, computándose para la designación de éstos un voto por cada veinticinco socios inscritos con tres meses de anterioridad, y debiendo recaer la votación sobre seis vocales y seis suplentes, de las que dos terceras partes han de ser a un tiempo ganadero y agricultores, y del total, la mitad arrendatarios o aparceros, y la otra mitad, agricultores labrando tierras propias.

Los seis asesores, con una Comisión permanente de tres diputados provinciales, el delegado de Hacienda, el ingeniero-jefe de servicios agronómicos de la Diputación y el inspector-veleirario, constituirán el Consejo provincial agropecuario; pero los acuerdos definitivos, corresponderán al Pleno de la Diputación provincial cuando no haya habido acuerdo en el Consejo.

Base 8.a Se reconoce la condición de Asociaciones locales para los fines anteriores, tanto a las mixtas constituidas con fines económicos y cooperativos, como a las puras de propietarios, arrendatarios o aparceros, pudiendo una misma persona perfeccionar a tanlas como su varia condición justifique.

En cada término municipal que cuente con más de cien vecinos dedicados en cualquier concepto a la ganadería o a la agricultura y no exista una Asociación agropecuaria integrada, por lo menos, por veinticinco, se estimulará la organización de ella.

Base 9.a Se entenderán comprendidos en los intereses agropecuarios y corresponderá, por tanto, la organización y vigilancia a las Diputaciones provinciales, los servicios de avicultura, apicultura, floricultura, etc., y entre sus funciones, la extinción de las plagas del campo, así como las ferias, certámenes y concursos de carácter provincial.
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muy distantes del derecho de propiedad de tipo romanista que predominó en la legislación civil de los comienzos del pasado siglo.

Más interesante es, si cabe, a nuestro propósito el artículo 28 referente al trabajo.

• Todo español o extranjero – dice – podrá dentro de las leyes por sí mismo o en unión de los de su oficio contratar libremente su trabajo. No se entenderá que es libre el contrato, y por consiguiente no tendrá validez cuando en él se pacte a perpetuidad o se establezcan jornadas agotadoras, salarios usurarios o condiciones de trabajo nocivas para la salud. La cesación en el trabajo de patronos y obreros será también libre; pero las leyes podrán declararla ilícita cuando se acuerde con caracteres de generalidad para fines no económicos o tenga por objeto o resultado privar a una o varias poblaciones de elementos útiles o paralizar funciones públicas o servicios de interés común. El trabajo de los españoles gozará de la especial protección del Estado dentro y fuera de España. El Estado proveerá, con el concurso de las clases interesadas por el seguro o por otros medios a la conservación de la salud y capacidad de trabajo del obrero manual e intelectual y a las consecuencias económicas de la enfermedad, de la vejez y los accidentes que procedan del riesgo profesional. Asimismo encaminará su acción tutelar a facilitar a los obreros mediante su trabajo productivo el mínimo del necesario sustento y la constitución de patrimonios familiares para la clase media y la del trabajo manual*. Entre los derechos de los españoles en su vida de relación, consigna el número tercero del artículo 29 el de coligarse con los de su oficio o profesión para la defensa y el mejoramiento de sus intereses*.

La Constitución reconoce por lo tanto que por encima de las estipulaciones del contrato de trabajo, que puede ser individual o colectivo – •por si mismo o en unión de los de su oficio•, dice el texto legal– hay principios superiores de justicia, derechos que asisten al obrero por su condición de hombre y que el contrato no puede eficazmente desconocer, sanciona el derecho de asociación y coligación obrera o patronal con las limitaciones requeridas por el interés público, consigna el especial deber del Estado para con las clases trabajadoras y preconiza el seguro social contra los riesgos de la vida obrera y el establecimiento del patrimonio familiar.

No hemos agotado la materia por lo demás. El examen, así de la Constitución como de sus leyes complementarias, nos pondría de manifiesto otros aspectos sociales de aquellas disposiciones (por ejemplo, en lo referente a la representación corporativa)
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Por excepción, el Estado podrá ayudar a los que tengan carácter nacional e internacional.

Base 10.ª Del Consejo Nacional Agropecuario. - Corresponderá su presidencia al Ministerio de la Economía Nacional, y su vicepresidencia, al director general de Agricultura.

Formarán parte de él, los cincuenta presidentes de los Consejos agropecuarios provinciales; los presidentes de las Asociaciones nacionales de agricultores y ganaderos; los directores generales de Montes, Comercio y Abastos; el director de la Escuela Especial de Ingenieros Agrónomos y el inspector general de Higiene pecuaria.

Este Consejo funcionará, salvo los dos plenos anuales, por medio de un Comité permanente, que presidirá el ministro o director de Agricultura, y del que formarán parte, además, los presidentes de las Asociaciones nacionales de Agricultura y Ganadería, el director de la escuela de ingenieros agrónomos, el inspector general de Higiene y Sanidad pecuaria y siete presidentes de Consejos provinciales, que se designarán: uno, por las provincias del Centro; otro, por las de Levante; otro, por las de Andalucía; otro, por las del Norte; otro, por Canarias; otro, por Baleares, y otro, por Aragón y Cataluña.

Base 11.ª Constituido el Consejo Nacional Agropecuario, quedará de hecho suprimido el Consejo agronómico, y sus atribuciones pasarán a aquél, lo que se tendrá al efecto en cuenta al redactarse el correspondiente Reglamento.

Base 12.ª También al constituirse los Consejos Agropecuarios provinciales cesarán en su funcionamiento las actuales Cámaras Agrícolas, con el traslado a aquéllos de sus atribuciones.

Por el Ministerio de Economía Nacional se precederá a reglamentar la propiedad rural, procurando la máxima eficacia corporativa, y se modificarán, las disposiciones atañientes a Sindicales y Cooperativas de carácter agropecuario.

Base 13.ª Las Diputaciones provinciales quedan autorizadas a señalar un recargo para todos los conceptos y atenciones a que se refiere este Real decreto, que en ningún caso excederá del cinco por ciento de las cuotas que se satisfagan al Estado, como tributos de esta índole.

En este recargo queda comprendido el actual, destinado a la extinción de plagas del campo, se destinará exclusivamente a los fines señalados en esta disposición.

La recaudación la efectuará el Estado donde las Diputaciones no se hayan encargado de este servicio, llevándose la contabilidad por separado.

Base 14.ª Si las Diputaciones provinciales no cumpliesen a
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satisfacción los fines que se les encomiendan en el presente Real decreto, el Estado podrá incautarse de los servicios y organizarlos, administrando directamente los fondos destinados al efecto, incluso las partidas consignadas en sus presupuestos por los organismos negligentes procedentes de sus ingresos peculiares, sin perjuicio de otras sanciones proporcionadas a los hechos que las requieran.

El ministro de Economía Nacional, al reglamentar la aplicación de este Real decreto, revisará toda la actual organización agropecuaria central, descargándola con el mayor rigor de gastos y dependencias que pudieran resultar dobles o interferentes con la nueva estructuración que se da a este servicio.

Dado en Palacio a 26 de julio de 1929. - ALFONSO. - El presidente del Consejo de Ministros, Miguel Primo de Rivera y Orbaneja.*

* * *

No nos atrevemos a pedir más espacio al director de nuestra Revista. La crítica al proyecto irá breve en otro lugar del número próximo, en el que Ruiz de Tudanca utiliza para dar noticias y juzgarlas.

COLOMA.
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REVISTA SOCIAL INTERNACIONAL

A propósito de un Congreso. - Dozava reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo. - La Iglesia y la Oficina Internacional del Trabajo.—La victoria laborista y los católicos ingleses.—Semana de los escritores católicos franceses. - Los retiros intelectuales.

Esta crónica debiera abrirse con la reseña del Congreso de las asociaciones internacionales pro Sociedad de Naciones verificado en Madrid en el pasado mes de mayo. No lo haremos, por tratarse de un acontecimiento suficientemente conocido por los relatos de la prensa diaria. Tampoco nos detenemos en extractar los brillantes discursos pronunciados por los oradores de los diversos países, en el gran mitin de afirmación internacional católica celebrado en los locales de la Acción Católica de la Mujer.

Unicamente queremos recoger una nota: la de la estrecha colaboración prestada por los católicos de todo el mundo a la causa de la paz universal y a la obra de la Sociedad de Naciones. A pesar de sus indudables deficiencias, ella representa un esfuerzo generoso por la paz de los pueblos y por la realización de la justicia, a la que no pueden sentirse extraños los discípulos del Príncipe de la Paz ni los obreros del reinado de Dios.

* * *

Se ha verificado en Ginebra la dozava reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo.
Han asistido a ella delegados de más de cincuenta Estados, aparte de los representantes patronales, obreros y técnicos, unos cuatrocientos asambleístas en total.
La Conferencia, a propuesta del delegado francés, eligió presidente a un eminente católico alemán: el presbítero Branns, ministro del Trabajo en Alemania en doce gabinetes consecutivos, hasta que dejó de serlo hace poco menos de un año.
El discurso del señor Branns, al hacerse cargo de la pre-
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sidencia, ha sido importantísimo. Lo resumimos en sus puntos capitales, incluyendo algunos de sus párrafos, que traducimos del gran semanario francés «La Vie Catholique».

Después de indicar nuevos terrenos a cultivar en el campo de la política social (trabajadores intelectuales, clases medias), indica como orientaciones a seguir, en primer término, «la salvaguardia del capital humano». «Ningún capital —dijo— produce un interés más elevado que el que se dedica al mejoramiento y al sostén de la salud de los trabajadores».

Al hablar de los trabajadores, no alude sólo a los adultos, sino también a los niños, cuyas condiciones de vida y de salud es preciso mejorar. La medicina social viene a convertirse en higiene social.

Hay que garantizar, mediante un sistema de seguros sociales, al trabajador, contra todos los riesgos que le amenazan, especialmente, el del paro. «Sólo un derecho obrero que proteja la vida, la salud, su capacidad de trabajo», puede darle la justa retribución de su esfuerzo.

La tendencia a hacer de ese derecho obrero un «derecho colectivo», la estima como «un progreso jurídico considerable», y vé en los Consejos de empresa, en los Sindicatos, en la organización profesional, en los Comités paritarios, Instituciones destinadas a hacer reinar el verdadero orden inseparable de la justicia en el mundo del trabajo.

Acerca de la racionalización del trabajo, preconizada sin las reservas suficientes por algunos católicos, emite un juicio que totalmente suscribimos.

«Los obreros no han recibido siempre la justa parte de los frutos de sus esfuerzos; ni bajo la forma de un aumento general de los salarios, ni bajo la de una disminución correspondiente de los precios. En cambio, la racionalización de las empresas ha traído tres consecuencias desfavorables para la clase obrera. Ha aumentado el paro, principalmente, entre los empleados de cierta edad, y ha puesto con frecuencia a los obreros ancianos, en una situación casi desesperada. Ha acelerado el ritmo del trabajo, y al aumentar su rendimiento, ha aumentado en mayor grado la tensión nerviosa del trabajador. Por encima de todo, ha favorecido la mecanización de las operaciones del trabajo y ha hecho del obrero, más aún que antes, una rueda que, desprovista de voluntad, no obedece más que a un impulso exterior. Por último, ha privado de todo interés, la mayor parte del trabajo laylorzado, y así, ha quitado toda alegría a la actividad profesional. Aquí es donde radica el inquietante problema moral de la época contemporánea.»
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•No me atrevería a pretender, en el punto a que ha llegado la técnica moderna, un retroceso en la tendencia a la mecanización de las grandes empresas. Unicamente cabe suprimir en parte en éstas los efectos nocivos de la racionalización. Una doble compensación se impone. El obrero, como miembro del personal, debe estar facultado para ejercer una justa influencia en el seno de la empresa, de modo, que la considere en parte como suya y se estime en parte responsable de ella; las iniciativas que lienden a hacer participe al trabajador de los beneficios de la empresa, no tienen una importancia únicamente económica. La duración del trabajo debe ser regulada de modo, que el obrero tenga el tiempo, las fuerzas y el placer, de llenar sus misiones de padre de familia, de ciudadano y de hombre.•

La reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo que nos ocupa, ha versado sobre las cuestiones siguientes: prevención de los accidentes del trabajo; protección contra accidentes a los obreros ocupados en la carga y descarga de los barcos; trabajo forzoso y jornada legal de los empleados.

Los dos primeros temas que habían sido objeto de una amplia preparación por parte de las comisiones respectivas, han dado lugar a la adopción de proyectos de convenios, que habrán de ser ratificados por los diversos Estados, con la particularidad, de que el referente a la prevención de los accidentes de los obreros que se emplean en la carga y descarga de los buques, deberá ser materia de una ratificación que pudiéramos llamar plurilateral, ya que las medidas de previsión adoptadas por aquéllos, habrán de afectar a los trabajadores de distintas nacionalidades.

El relativo a la prevención de los accidentes, es amplísimo, y se refiere a las causas de los accidentes, a los medios adecuados para prevenirllos, a la colaboración en este punto de obreros y patronos, a la misión de la escuela en este orden, a la contribución de las sociedades aseguradoras, a las responsabilidades del patrono y a las facultades de los inspectores del trabajo.

El tema del trabajo forzoso, es relativamente antiguo en las deliberaciones de la Conferencia. Cuando la Sociedad de las Naciones acordó proceder al estudio de la situación actual de la esclavitud, designó para llevarlo a cabo una comisión, cuyo informe fué una condenación del trabajo forzoso en los territorios coloniales y de mandato donde se practica, estimándolo como una nueva forma de la esclavitud. El trabajo forzoso aparece rechazado en principio en uno de los artículos de la convención, sobre la esclavitud adoptada por la Asamblea en sus sesiones de 1925 y 1926. Se llamó la atención de la Oficina Internacional del Trabajo sobre el particular, y el Consejo de esta
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institución, después de oír a una comisión de expertos, determinó someterlo a la presente Conferencia, mediante la elaboración de un Cuestionario que habrá de ser remitido a los Gobiernos. He aquí el texto de la cuestión fundamental en él comprendido, que indica el pensamiento de la Oficina Internacional sobre dicho asunto.

¿Debe adoptarse un proyecto de convención que tenga por objeto suprimir el empleo del trabajo forzoso u obligatorio bajo todas sus formas? En lo afirmativo, ¿sería necesario un período de transición antes de realizar completamente esta supresión? Caso de no estimar posible o de refutar necesariamente el período de transición aludido, ¿debería adoptarse un proyecto que tuviera por objeto limitar y reglamentar el empleo del trabajo forzoso u obligatorio?

Como se ve, el ideal para los redactores sería, la supresión absoluta del trabajo forzoso; pero temen que ésta no resulte factible, y para ese caso, plantea la cuestión de su reglamentación.

En lo relativo al último de los temas enunciados, hay que recordar, en primer término, que los empleados resultaron excluidos del principio general de la jornada de ocho horas, sentado en cuanto a los obreros industriales por la Conferencia de Washington de 1919. Algunas de las Conferencias posteriores, han afirmado que tal eliminación no implicaba negación de dicha jornada a los empleados, sino una separación del problema respecto de éstos. Sometido el punto en cuestión a la presente Conferencia, ésta ha elaborado un Cuestionario, cuyas respuestas servirán de base a la decisión que haya de tomarse en la próxima Conferencia. De los antecedentes legislativos y de costumbre reunidos por la Conferencia, aparece que la jornada de ocho horas es norma corriente en los establecimientos bancarios y comerciales.

Las Asociaciones católicas internacionales, han tenido al margen de la Conferencia, interesantes reuniones.

La Conferencia Internacional de los Sindicatos Cristianos (cuyo representante, señor Panwels, se adhirió en nombre de éstos a la supresión del trabajo forzoso) ha estudiado las cuestiones que formaban materia de las deliberaciones de la Conferencia.

Por su parte, la Unión Católica de Estudios Internacionales, ha emprendido una notable encuesta sobre el trabajo en las colonias, a la que los jurisconsultos, y sobre todo, los misioneros católicos, han aportado importantísimas contribuciones. Monseñor Beaupin resumió las conclusiones que de ella se desprenden en la reunión organizada por la Unión, en la que un misionero
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eminente – el Padre Aupiais –, expuso el fruto de los estudios realizados acerca del trabajo en los pueblos africanos.

Como se vé, estos católicos, fieles a lo que de ellos demanda su cualidad de tales, van a la vanguardia de ese movimiento humanitario y civilizador, por la supresión de las supervivencias de la esclavitud, que se acentúa cada vez más en el mundo.

* * *

Alberto Thomas, el eminente director de la Oficina Internacional del Trabajo, ha dedicado en la Memoria presentada a la última Conferencia, páginas de excepcional interés a la doctrina social y al sindicalismo cristiano. No podemos resumirlas aquí; pero sí consignar la afirmación que ella se hace de que «la fuerza moral de la Iglesia católica puede ayudar poderosamente a la obra de justicia social».

• ¿Hay que deducir de aquí – se pregunta seguidamente –, que entre la Iglesia y la Organización Internacional del Trabajo deban establecerse vínculos orgánicos?•

• Recientemente se ha planteado la cuestión, a propósito de los acuerdos de Leitrán. Algunos publicistas han referido, que habíamos solicitado del Vaticano, la adhesión a la organización citada, y que el Vaticano había respondido, que sólo entraría en una organización cuya presidencia y dirección tuviese. Pura fantasía. Es cierto que hemos estudiado cómo habría podido ponerse en práctica la gran colaboración moral a que hemos aludido, ya mediante el artículo 404 del Tratado, ya de otro modo. De hecho se ha convenido, que un sacerdote podría recibir de su ordinario, la autorización para colaborar en los trabajos de la Oficina y asegurar las relaciones necesarias. Es lo que se ha hecho con pleno éxito.•

* * *

La crisis política inglesa que ha elevado al Poder al partido laborista, en el que por cierto figuran numerosos elementos católicos, hasta el punto que, de los cuarenta y cuatro candidatos católicos que se presentaron a la última lucha electoral, veintisiete pertenecían a dicho partido, ha dado lugar a que el Cardenal Bourne, arzobispo de Westminster, precise admirablemente la posición de la Iglesia con respecto a las distintas agrupaciones políticas.

• Sean cuales fueren nuestras opiniones políticas y nuestro juicio sobre los resultados de la elección – ha dicho el Prelado –,