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mos movidos a combatir el mal es forzoso conocerlo. En este sentido merece sincero aplauso el folleto últimamente publicado por la Liga valenciana, que tenemos a la vista (1), donde se enumeran las manifestaciones de la pornografía, citando ejemplos y casos, como ya lo hizo en Francia Pourrésy, uno de los apóstoles de estas propagandas, en su libro La gangrene pornographique. Es preciso, pues, que en la proyectada Asamblea se dé a conocer la gravedad del mal, poniéndolo desde la tribuna a la vista de todos. Es preciso también formar una especie de museo de la pornografía, disponer de una estadística de las publicaciones pornográficas, que puedan servir de base para ulteriores estudios y campañas.

Pero esa realidad a que aludimos, y que consiste fundamentalmente en el incremento alarmante adquirido por las diversas manifestaciones de la inmoralidad pública: crecimiento de la prostitución, progresiva licencia de los espectáculos, difusión y procacidad alcanzada por la llamada literatura pornográfica, tráfico de los estupefacientes, propaganda anticoncepcional, no representan otra cosa que la consecuencia de un relajamiento general de las costumbres en materia sexual, que se traduce igualmente en el descoco de la moda femenina, en la liviandad de las danzas en boga, en la libertad excesiva en las relaciones sexuales.

Infiérese de aquí, que la acción de las Ligas, si ha de ser eficaz, debe atacar el mal en sus raíces, que no puede contentarse por lo tanto con perseguir la pornografía, o preconizar el abolicionismo en materia de prostitución por ejemplo, sino que debe aspirar a sanear el ambiente social, procurando la total reforma de las costumbres en la materia, y difundiendo las normas que rigen los actos humanos en este orden.

De aquí la necesidad de que las Ligas posean una doctrina religiosa que sirva a esas normas morales de indestructible fundamento, y no hay que decir que para nosotros esa doctrina religiosa no es otra que la de Cristo, profesada

(1) Salvemos a la juventud. Valencia, 1927.
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El Cardenal recibió la absolución muy devotamente, y dijo al Padre Beltrán:
—Muchas gracias, muchas gracias. Dios se lo pague.
Después de la absolución y dichas esas palabras, el Primado de España no volvió a pronunciar ninguna más.
En el momento de su muerte rodeaban el lecho, además del indicado doctor Delgado, el Obispo auxiliar, el secretario de cámara, don Francisco Vidal; el mayordomo de su eminencia, don Ricardo Pla; el primo del Cardenal, sacerdote don Roque Reig; don Juan Miñana, que fué secretario del Cardenal en Valencia; su director espiritual, Padre Beltrán; las religiosas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, que le han asistido durante la enfermedad y toda la servidumbre del Palacio arzobispal, que se hallaba en la alcoba.
Amortajaron el cadáver las hermanas Hospitalarias y el mayordomo don Ricardo Pla, con ornamentos pontificales de color morado, llevando puesto el palio arzobispal de la Primada. Junto a éste tiene el cadáver del Cardenal Reig los palios de Barcelona y Valencia, que son las diócesis que rigió antes de la de Toledo.
El cadáver, así amortajado, fué colocado sobre una mesa revestida de paño negro. Se habilitó el dormitorio de Su Eminencia como capilla mortuoria hasta el traslado del cadáver a la capilla de Palacio.
El entierro del Cardenal ha constituido espléndida manifestación de duelo, prueba inequívoca del amor que le profesan sus diocesanos y España entera. Millares de personas han desfilado ante el cadáver, orando por el alma del Cardenal. Y la fúnebre ceremonia, celebrada en Toledo, cuyo comercio cerró sus puertas y cuyos edificios ostentaban negras colgaduras, constituyó la demostración ostensible del luto que guarda la ciudad por su padre y pastor.
Contra la voluntad del Cardenal, pero cumpliendo el deber de gratitud que tenía, el Gobierno ha rendido al cadáver del Cardenal Reig honores militares. Y el féretro fué conducido a hombros de obreros de Madrid, Toledo y Valencia, que de esta suerte han querido dar testimonio del amor que
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por la Iglesia. Por haber vuelto la espalda a sus enseñanzas, teóricamente unas veces, prácticamente otras, los individuos y las sociedades experimentan actualmente una especie de reacción hacia el paganismo. Hay que proclamar, pues, en este orden, resuelta y francamente, el retorno al sentido cristiano de la vida, la restauración del concepto cristiano de las relaciones sexuales subordinadas al cumplimiento de su fin providencial.

Porque, hay que convencerse de ello: así como el fin de la acción religiosa no es precisamente obtener que en la Constitución se declare el catolicismo religión oficial, sino que el catolicismo informe la vida toda de la sociedad, y sólo como resultante traduzca la Constitución el catolicismo de esa sociedad, el fin de una acción en defensa de la moralidad pública estriba en difundir las buenas costumbres, de tal modo que la sanción de los atentados que contra ellas se cometan no represente otra cosa que la reprobación social hacia ellos y el medio de impedir que las propagandas corruptoras prosigan sus estragos en las conciencias.

Claro es que las Ligas contra la inmoralidad no han de limitarse a abominar de esa inmoralidad y a ponderar las excelencias de la observancia de las normas morales. Han de procurar, por el contrario, la persecución y castigo de las manifestaciones inmorales. Pero este no es el único, ni acaso el principal de sus fines, y si procuran que ellas sean objeto de sanción por el Poder público, es principalmente con la doble mira de educar la conciencia social y de proteger a los débiles contra las sugestiones del vicio.

Mas a la vez que un programa de acción social y de propaganda en favor de la moralidad pública—difusión de la doctrina católica por medio del mitín, de la conferencia, del folleto, protección y fomento de las lecturas sanas, organización de espectáculos moralizadores, compromiso entre los asociados de la abstención de asistir a ciertos espectáculos, etc., etc.—a la vez que todo eso que presupone la acción que pudiéramos llamar positiva de estas sociedades, y que es para mí la más importante, deben aquellas preparar, discutir y adoptar otra forma de medidas encaminadas a la
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represión de la inmoralidad pública en sus distintas manifestaciones.

La primera de esas medidas es sin duda la aplicación rigurosa de las normas vigentes en la materia. Deficientes son, sin género de duda, las armas que el Poder público tiene hoy en su mano para luchar contra el mal; pero mientras no existan otras es preciso valerse de ellas, y no hay duda que con su empleo pueden obtenerse resultados de consideración.

En el Estatuto Provincial, que faculta a los Gobernadores para la imposición de multas por ofensas a la moral, en las disposiciones sobre cafés cantantes y sobre policía de la prostitución, en los artículos del Código penal que castigan los delitos de escándalo público y corrupción de menores y las faltas contra la moral pública, se encuentran medios poderosos y eficaces, contando por supuesto con la colaboración social para que los gobernantes puedan reprimir el mal que nos ocupa. A este respecto, merece detenido estudio la copiosa jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo en numerosos casos sometidos a su decisión. Son todos estos puntos que la Asamblea debe examinar detenidamente a fin de fijar su plan de campaña actual contra la pública inmoralidad.

Pero, ya lo decíamos, los medios actuales son insuficientes para combatir el mal en su integridad. En una reciente conferencia (1) he analizado la legislación española en la materia, y a lo allí dicho me remito. Precisa ir, en materia de prostitución, a la abolición del sistema reglamentario que sanciona la desigualdad de los sexos ante la moral; precisa castigar las prácticas anticoncepcionales, el tráfico de los estupefacientes, reformando la legislación en la materia; precisa establecer eficazmente la previa censura de determinadas publicaciones, así como la de las películas cinematográficas, hoy vehículo poderoso de corrupción con dolorosa

(1) Leída en la Academia de Jurisprudencia el 22 de enero último y organizada por el Grupo de la Democracia cristiana.
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frecuencia (1). En Italia, en Alemania, en Bélgica, en los Estados Unidos, existe una legislación, ya copiosa, que es forzoso conocer y estudiar para organizarla. Inspirándose en ella y en las lecciones de la realidad puede llegarase a una modificación profunda y necesaria de la legislación en este punto.

He aquí señalados a grandes rasgos los puntos que las Ligas contra la inmoralidad pública deben estudiar en su próxima Asamblea, a fin de formular un programa de reformas concretas que puedan ser llevadas a la práctica. Así lo demandan el porvenir de nuestra raza, la defensa de la espiritualidad, la protección de la infancia y de la juventud, y por encima de todo la restauración de la sociedad en Cristo, por la que debemos trabajar sin descanso.

JUAN DE HINOJOŚA.

(1) Este punto—la previa censura de las películas cinematográficas, así como la de las publicaciones—es de particular trascendencia. Hace falta determinar cómo esa censura ha de organizarse, pues de esta organización depende, no sólo su eficacia sino la de la represión. Si la censura es defectuosa, si deja pasar escritos o películas vituperables moralmente ¿cómo imponer sanción a los que las escriben o venden? Para eso sería preferible suprimir toda censura y entregar a los infractores a la represión.
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LA PROTECCIÓN SOCIAL A LOS CIEGOS

El Gobierno tiene, entre otros proyectos en orden a reglamentos, la mendicidad callejera,—la mendicidad constituye, a nuestro juicio, un derecho inuestionable de la pobreza que es inherente, además, a la libertad del menesteroso—el de apartar a los ciegos de la dolorosa situación en que viven, cuando por carecer de todo elemento de defensa, se ven impelidos a implorar la caridad pública.

Con excelente criterio, el Gobierno actual no ha derivado en sus reformas de policía urbana hacia la prohibición de la mendicidad, achaque propio de gobernantes liberales que, en la presencia de los mendigos en las calles, ven no sólo una mancha para el ornato de las ciudades, sino una manifestación del dolor y de la miseria que hiere al egoísmo de las gentes. Y así, el propósito de librar a los ciegos de la mendicidad, que ahora se apunta, no está inspirado en el afán de evitar el contraste entre la indigencia y el lujo provocativo que hace alarde en las ciudades populosas, sino en el sentimiento caritativo de hacer más llevadera su desgracia a los desventurados que padecen la angustia de no ver, sumidos en eterna noche.

Constituye un caso típico de asistencia social, éste de la protección a los ciegos, porque nadie tan desvalido e indefenso como el privado de la visión. Y nadie más obligado que el Estado, dadas las corrientes estatistas imperantes, a velar por esa legión de seres humanos que tan tristemente caminan por la vida.

No faltan en España instituciones dedicadas a proteger a los ciegos. Algunas de carácter particular—pocas—; otras, creadas y sostenidas por ellos mismos, como la existente en Madrid, que les proporciona educación musical con el fin de
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que no mendiguen como indigentes, sino que ejerzan como una profesión, en la que son muchos los que se distinguen, por cierto, en el arte de la música en características orquestas populares; y otras fundaciones son del Estado, como la Escuela de anormales, donde se enseña a los ciegos a leer con arreglo al método para ciegos, se les educa e instruye, y se les proporciona el aprendizaje en artes manuales, conforme a las grandes aptitudes que los ciegos tienen, por la sabia y providencial compensación que Dios les otorga exaltando en ellos otras facultades.

Dos aspectos tiene la obra que el Gobierno se propone realizar para aminorar la desventura de la ceguera: uno preventivo y otro reparador. El aspecto preventivo es la acción sanitaria que ya se ha iniciado contra el tracoma, y la difusión de enseñanzas higiénicas, para evitar tantas y tantas cegueras como tienen su origen en la ignorancia y en la incuria. El aspecto reparador es el proyecto para dotar a los ciegos de una profesión posible a su invalidez, para que puedan ganar su vida en el trabajo.

De momento, en Madrid, la Asociación Matritense de Caridad, autorizada para expender participaciones de billetes de Lotería, ha resuelto que esta ocupación se limite a los ciegos indigentes, aunque ese intento de favorecerlos no alcance más que a una minoría exigua.

La situación social de los ciegos preocupa en todas partes, y revela una bondad de sentimientos en la Humanidad, una efusión de caridad cristiana, que es lo más noble que puede poseer la sociedad organizada. No poco ha contribuido para ello el horror de la guerra, que en tan crecido número ha aumentado la estadística de los ciegos en las naciones beligerantes, despertando la compasión general hacia los centenares de hombres que, en plena floración juvenil, perdieron la vista en los campos de batalla y quedaron inútiles para toda ocupación laboriosa, siendo en Francia donde, a partir de aquella catástrofe, se publican de continuo estudios y ensayos acerca de la situación social de los ciegos, y del deber que la sociedad tiene y el Estado, por cuyo supremo interés se sacrificaron, de protegerlos y ayudarlos.
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Juan Broune, Alberto Mahaut y Pedro Villey, son los cruzados de esta causa y, en poco tiempo, tal ha sido la repercusión de la cruzada en la opinión francesa, que es digna de especial consideración la perfección lograda por instituciones sociales, como «La Unión nacional de ciegos civiles», «Los amigos de los ciegos de Francia» y «La Unión de ciegos de la guerra», entre otras.

Aunque no hayan alcanzado la eficacia que de antiguo tienen las instituciones para la protección de los ciegos que funcionan en Suiza y en los Estados Unidos, cuya obra social a este respecto puede servir de ejemplo, no hay en ambas naciones un solo ciego que carezca de oficio o profesión, ni que se halle fuera de la acción de las sociedades protectoras.

En Suiza las asociaciones de este género se cuidan no sólo de educar a los inválidos por ceguera, sino de proporcionarles trabajo adecuado a las aptitudes y habilidades de cada uno. Anualmente se organizan exposiciones de los trabajos realizados por los ciegos, y los propios miembros de las sociedades protectoras son los corredores de las manufacturas, vendiéndolas al comercio o directamente a los particulares, obteniendo lo suficiente para impedir que jamás un ciego se vea en la necesidad de implorar la caridad pública, en una nación donde la asistencia social al ciego a todos alcanza, a tal punto, que la roceta amarilla que los ciegos llevan sobre el lado izquierdo del pecho, constituye como una orden para que los transeúntes les guíen y acompañen y para que la circulación rodada se detenga, respetando el paso de los inválidos.

Dos grandes letreros se ven profusamente colocados en las calles y caminos de Suiza, como consejo y como mandato a los ciudadanos de la confederación: «Proteged a los niños», «Proteged a los ciegos». Y la misma leyenda campea sobre el fondo de la roceta amarilla colocada en los establecimientos públicos y en el interior de los tranvías.

Sin que termine ahí la protección, porque, además, son frecuentes los donativos materiales y, lo que más vale, los donativos espirituales, que se traducen en gratos esparcimientos, en fiestas que no pueden llamarse espectáculos para ellos, como son los conciertos con que se les obsequia.
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A ese grado de perfección en la protección a los ciegos, ¿cuánto tiempo se tardará en llegar entre nosotros?

Ciertamente que hoy no hacen gracia las picardías de los lazarillos, ni las «jugadas» hechas al desgraciado que no ve. Los ciegos son los preferidos de la caridad callejera y los que mayor conmiseración despiertan en las gentes. Pero la limosna dada al paso, con ser meritoria, si se hace por Dios, para quien la hace en su Nombre, no basta ni constituye esa protección social debida a los seres desgraciados, que por carecer de la vista están tan indefensos como los niños.

La acción social requiere educación y organización para prestarla, lo que hace que sea plausible toda iniciativa en favor de esa cooperación, que será tanto más eficaz cuanto mayor sea el espíritu de caridad cristiana en que se inspire, porque por manifiesta que sea la filantropía, nunca tendrá la afección cordial, el calor de fraternidad que es la característica del sentimiento caritativo, a cuyo fuego es donde se funde el corazón y se establece la verdadera solidaridad entre los hombres...

MANUEL S. CUESTA.
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SECCIÓN DOCUMENTAL

PRINCIPIOS Y BASES DE REORGANIZACIÓN
DE LA
Acción Católica Española
(CONTINUACIÓN)

Art. 14. Las atribuciones de las Juntas Centrales son: A resolver las diferencias y divisiones que se susciten entre las Asociaciones, las cuales acatarán el fallo como resolución definitiva; B) admitir o desechar las Asociaciones de carácter nacional que aspiren a formar parte de la Acción Católica Española; C) introducir el espíritu católico y las virtudes cristianas en el conjunto de las obras sociales, penetrar en el fondo de los corazones la ley moral y religiosa, el deber y la práctica del bien, no sólo porque sirven de perfeccionamiento del individuo, sino porque constituyen la primera fuerza social de progreso y prosperidad, así como la garantía más segura de la armonía y del orden; D) arbitrar recursos para el desarrollo de la obra y para el funcionamiento del Secretariado general. Estos recursos pueden obtenerse: a) por colectas hechas en todas las Parroquias de España el día que celebre la Acción Católica su fiesta, que será todos los años el domingo de octubre, señalado por el Romano Pontífice Pío XI, para conmemorar el reinado social de Jesucristo; b) por las cuotas de las entidades asociadas; c) por donativos, fundaciones de personas particulares y por otros medios que ingenie la Junta Central; E) nombrar entre los miembros de las Juntas Centrales comisiones encargadas: a) de organizar y dirigir, valiéndose del Secretariado Central, las semanas católicas y las semanas sociales; b)
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de promover las Federaciones provinciales y la Confederación de los Círculos Católicos de obreros, que son necesario complemento de los Sindicatos profesionales, y de fomentar la Federación de Mutualidades y Cooperativas católicas; c) de crear entre los patronos e industriales el espíritu católico de asociación profesional para que, profesando una misma verdad social y abrazando un mismo programa doctrinal en materias económicas, establezcan las relaciones justas con los Sindicatos Católicos obreros; d) de propagar entre los particulares y ante los Poderes públicos las escuelas profesionales de enseñanza agrícola, industrial y comercial.

Secretariado Central.

Art. 15. Se establece el Secretariado Central, dependiente de la Junta Nacional y Centrales de la Acción Católica Española, con una oficina permanente, que será el instrumento puesto al servicio de las mismas Juntas. Tendrá por objeto ejecutar los acuerdos de dichas Juntas, resolver dudas y dificultades, coordinar las relaciones de las Juntas Centrales con las Juntas diocesanas, ayudar a la organización de la Acción Católica Española.

La oficina del Secretariado residirá en Toledo, y constará de un Director general y de los auxiliares necesarios, que podrán ser sacerdotes o seglares adornados de espíritu católico y de la ciencia y prudencia que exigen cargos tan delicados.

El Secretariado Central organizará dentro de su seno los siguientes servicios: 1.º, la orientación armónica de la Acción Católica Española en conformidad con los Estatutos; 2.º, las relaciones de protección y cooperación en favor de los Secretariados diocesanos; 3.º, la publicación y divulgación de escritos y folletos convenientes; 4.º, la ordenación de Congresos católicos y semanas sociales; 5.º, la ayuda y protección de las Asociaciones nacionales adheridas a la Acción Católica Española; 6.º, la formación de estadísticas, resolución de consultas y proposición de proyectos; 7.º, el fomento de la propaganda, etc.

Recursos económicos.

Art. 16. Las Juntas Centrales arbitrarán los recursos pa-
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ra el desarrollo de la obra y para el funcionamiento del Secretariado, cuyo personal ha de ser retribuido. Los recursos pueden obtenerse: a) por las colectas; b) por las cuotas; c) por los donativos, según se especifica en el art. 14.

Los recursos recaudados en la colecta anual se distribuirán proporcionalmente entre el Secretariado Central y los Secretariados diocesanos y las parroquias en la forma que determine la Junta Central y las Juntas diocesanas.

BASE 4.º

Juntas diocesanas.

Art. 17. Las Juntas Centrales ejercitan sus funciones directivas en las diócesis, por medio de las Juntas diocesanas y en las parroquias, por medio de las parroquiales, con dependencia de los Prelados en las diócesis y de los Párrocos en las Parroquias.

Art. 18. La Junta Diocesana tomará el nombre de «Junta diocesana de...», con el título de la capital de la diócesis. Es el centro directivo de la Acción Católica general de la misma.

Tiene por oficio: a) reunir en cada diócesis las organizaciones que componen la Acción Católica Española; b) Ordenar la Acción Católica respecto de las manifestaciones religiosas públicas, de la familia y de la escuela cristiana, de la moralidad, de la observancia de los días festivos, de la lucha contra la blasfemia, etc.; c) hacer cumplir los acuerdos de las Juntas Centrales; d) Promover la constitución de las Juntas parroquiales y asistirlas en su funcionamiento.

Art. 19. Las Juntas diocesanas se formarán de un Presidente y dos Vocales, nombrados por el Prelado de la Diócesis y de los presidentes de las organizaciones diocesanas masculinas y femeninas, incorporadas a la Acción Católica.

Art. 20. La Junta diocesana es órgano deliberativo con todas las facultades para el normal desenvolvimiento de la Acción Católica en las diócesis. Al fin de cada año, hará una relación de sus trabajos y el balance económico, que comunicará al Prelado y a la Junta Central.

Art. 21. El Prelado de la diócesis nombrará los Consiliarios diocesanos, que estarán en relaciones con los Consiliarios.