ferjorosa/bne-hemeroteca-ocr-xix huggingface dataset:
Revista católica de las cuestiones sociales (1929-08-01 00:00:00), página 2

En efecto, el proyecto mencionado consigna prescripciones relativas a la misión del Estado, a la Familia, a la Propiedad, al Trabajo, que indican un profundo sentido social.

•El matrimonio y la vida familiar – dice el artículo 24 – estarán bajo la especial protección del Estado. Las leyes protegerán la maternidad, contra todo género de actos o propaganda a ella opuestas; ampararán a la infancia y defenderán a la juventud contra la explotación, la ignorancia y el abandono moral. La educación e instrucción de la prole, será facultad y obligación natural de los padres, sin perjuicio de los derechos y deberes supletorios del Estado. En relación con este último extremo, el artículo 22, en su número tercero, enumera entre los deberes de los españoles, el de •dar a los hijos que tuvieran o a los menores confiados legalmente a su cuidado, la instrucción elemental por los medios a su alcance o haciendo que asistan a la escuela pública•.

Como se vé, se proclama solemnemente la obligación del Estado de proteger a la institución familiar contra los riesgos que la amenazan, y se sancionan los deberes que se originan del vínculo familiar libremente contraído. Toda la legislación protectora de las familias numerosas, todas las disposiciones tutelares de la infancia viciosa o delincuente, todo el orden de la lucha contra la inmoralidad en materia sexual se hallan consagrados en el proyecto que nos ocupa como manifestaciones de una función primordial del Estado.

Veamos ahora lo relativo a la propiedad. Dice el artículo 25:
•La propiedad como facultad de gozar y disponer •inter vivos• y •mortis causa• de los bienes y obligación correlative de usarlos de modo que no lesione el interés general, está garantizada por la Constitución. Las leyes fijarán los límites a que deberá estar sujeto ese derecho en consideración a su fin individual y social. Nadie estará obligado a pagar contribución que no haya sido establecida por las Cortes o por corporaciones legalmente autorizadas para imponerlas. No se impondrá jamás la pena de confiscación de bienes. Nadie podrá ser privado de su propiedad ni de ninguno de los derechos que la integran sino por autoridad competente por causa justificada de interés público consignada en las leyes, y previa siempre la justa indemnización•.

No hay más que fijarse en las palabras que hemos subrayado para comprender que la constitución, a la vez que proclama la inviolabilidad del derecho de propiedad, afirma su carácter social al estatuir que el uso que de su derecho haga el propietario no deberá lesionar nunca el interés general y que la propiedad tiene un fin individual y un fin social que cumplir. Estamos, pues,
Revista católica de las cuestiones sociales (1929-08-01 00:00:00), página 20

se refiere a las presidencias antedichas. Y así la Sección quiere que cuando una Diputación por la forma en que esté constituida, por los elementos que la integran no sienta los problemas agrarios no actúe porque lo haría perturbándolo; en cambio, cuando la Diputación o su Presidente conozcan cuanto integra el laboreo de la tierra deben actuar con preferencia a ningún otro organismo.

JORDANA DE POZAS Y MEDINA DE TOGORES

Comienza por alabar el proyecto que tiene una indiscutible oportunidad, ya que la representación oficial de la agricultura española no es satisfactoria ni está bien organizada. Aplaudo también que el proyecto acometa el problema en toda su integridad. Juntas, Cámaras, Consejos, Comisiones, Comités, todo ello quedará ahora encuadrado en una sola organización.

En la agricultura hay tres esferas determinadas. De una parte, la actividad del Estado en orden a la agricultura, satisfaciendo una serie de necesidades públicas, mediante actividades consagradas a su servicio; estos servicios débense organizar como lo están los demás del Estado, sin atomizarlos ni desparramarlos entre interesados designados por sufragio, que carecen de la competencia técnica necesaria para la dirección.

El Estado ha de tener sus servicios agrícolas sostenidos por fondos de la Hacienda. Frente a eso está la actividad propiamente privada, y la actividad social de los agricultores, que se concreta en asociaciones, en sindicatos en organismos, a veces tradicionales; a veces tomados de ejemplos extranjeros, pero movidos por la voluntad y nutridos por las aportaciones de los interesados y desenvueltos y perfeccionados en el campo de la libertad más completa.

Pero hay además una zona intermedia, en la cual el Estado necesita conocer la opinión y escuchar los deseos, recibir las iniciativas y solicitar los consejos, incluso someterse a la inspiración, al control de los interesados, y en esta zona intermedia es donde desde tiempos de Bravo Murillo nacen una serie de instituciones oficiales.

Ninguno de esos tres estados ha llegado a la perfección, como no ha llegado nuestra agricultura. Ni en plagas, ni en enseñanza, ni en política arancelaria, ni en política interna, ni en colonización, en nada en suma de lo que a política agraria se refiere, puede estar satisfecha, y la menos satisfactoria es la de los servicios del Estado.

Hablando de las asociaciones libres dice que estas hubieron de nacer y medrar en lucha contra el presiamista, el tendero, el
Revista católica de las cuestiones sociales (1929-08-01 00:00:00), página 21

cacique, contra el alcalde, contra el Gobernador, contra el Estado; y ante la Asamblea se ha dicho que la carta magna de estas entidades, que es la ley de Sindicatos, ni ha sido nunca cumplida ni jamás se ha podido lograr que se respete; y sin embargo, estas organizaciones han llegado a presentar un cuadro de riqueza, de esfuerzos y de resultados útiles que merece toda clase de alabanzas. Después de esto no cabe afirmar, como se ha hecho, que el fracaso de estas asociaciones es rotundo.

En cambio, el campo tiene que mirar con terror cada uno de estos movimientos de reforma porque basía consignar que desde 1904 a 1917 se han dictado 13 disposiciones fundamentales, reorganizando completamente lo relativo a los Consejos de Fomento, Consejos Agrícolas, etc., etc., y si después de tanto tejer y destejer ahora resulta que está desorganizada la agricultura, es para perder la fe en los nuevos planes de reorganización.

El señor Jordana de Pozas ha ponderado después extraordinariamente la Asociación de Ganaderos, y ha condenado el uniformismo del articulado por el cual se pretende que una organización agrícola idéntica, funcione en zonas y entre hombres tan distintos como las vegas levantinas y la meseta castellana en poblaciones tan diferentes como Barcelona, y el pequeño poblado rural, Y este uniformismo le llevan también a la forma de elegir y al cómputo de votos y a la competencia y le llevan incluso a la tributación.

Además, dentro del proyecto encuentra muy mal lo establecido en cuanto a la obligatoriedad de la asociación. Una cosa es la asociación obligatoria, otra la contribución obligatoria, otra la corporación, que puede hacerse sin asociación obligatoria, y otra la corporación basada en el criterio social. En esto se ha seguido un criterio; no es la primera vez que se hace obra corporativa; se ha hecho ya y hay que suponer que el criterio que el Gobierno ha tenido al estructurar corporativamente un campo de la economía debe ser el mismo que, por análogas razones, tenga el estructurar otro sector económico.

Tenemos ahora estructurada la industria y el comercio con los Comités Parlamentarios, y ¿qué se ha hecho? Allí se ha dicho que hay en las profesiones todas, dos categorías de hombres: los que sienten la profesión en globo, los que viven los problemas industriales, los que comprenden la necesidad de la unión, los que son apios para el esfuerzo colectivo, y los egoístas, los que se meten en su casa, los que se limitan a aprovechar la labor de los demás y los que son absolutamente ineptos para realizar una obra colectiva. Y entonces se ha hecho lo lógico, diciendo: vamos a respetar, vamos a dejar la dirección en manos de los que han de-
Revista católica de las cuestiones sociales (1929-08-01 00:00:00), página 22

mostrado que tienen capacidad para ello; pero no vamos a consentir que estos señores egoístas se lucren, se beneficien sin que tengan el peso económico consiguiente. Y se ha dejado la dirección a los capaces, a los que sienten los problemas, a los que pueden llevarlos a debido término; pero se ha obligado a la contribución a todos. Y han llegado los Comités parlamentarios y se ha dado voto a los que forman parte de las Asociaciones, de los Sindicatos, y no se ha concedido voto a los que no integran estos organismos y el Patrono que pertenece a un Sindicato patronal paga y tiene voto, y el que no pertenece a un Sindicato o Asociación, paga pero no vota. Ese mismo criterio es el que las Asociaciones, Sindicatos y Confederaciones de todo orden piden que se aplique, y no hay Monopolio ni peticiones egoístas, porque esos señores que no pertenecen a Asociación alguna están en su derecho de fundar una. De modo que si no pertenecen a ninguna Asociación, por cualquier motivo, por la dirección, por la tendencia, por la forma como desarrollan su labor, no tienen más que fundar una y gozarán de los mismos derechos que los primeros.

Pero el proyecto lleva a la siguiente conclusión: decir: muy fuerte, muy importante es la Asociación agraria española, pero son una minoría los agricultores que están metidos dentro de ella. Muy bien, pero vais a crear una organización, poniendo en manos de la mayoría la dirección de esos servicios; es decir, poniendo en manos precisamente de los que han demostrado que no tienen competencia, ni voluntad, ni empuje, ni sentimiento de las necesidades colectivas, el timón de ese barco, que lo único que le puede ocurrir es que se estrelle.

En esto de la Asociación obligatoria hay que tener en cuenta que la ley es un instrumento eficacísimo, pero peligrosísimo también. Almas generosas e ingenuas cuando ven en sus manos o tienen acceso a quien tiene en sus manos el instrumento legislativo, quieren hacerle servir para conseguir la felicidad, para conseguir el bien, para conseguir todo lo que es bueno, y dicen: puesto que la ley puede obligar, que oblique a lo mejor. Hay un error en esto; la ley tiene sus límites, y los que los fuerzan, aunque sea con buena intención, traen consigo el fracaso y la ineficacia de la ley.

El señor Medina Togores comienza diciendo: en primer término importa considerar cómo han nacido a la vida, y cómo se han desarrollado las Asociaciones agrícolas. No es de hace cincuenta años de cuando arrancan las organizaciones agrarias en España; tienen de vida la mitad o menos de ese lapso de tiempo. De 1.906 es la ley de Sindicatos Agrícolas, la ley bien pensada, bien redactada, pero ley que desde el primer momento produjo un resultado
Revista católica de las cuestiones sociales (1929-08-01 00:00:00), página 23

que no estaba en la mente de sus inspiradores. En aquella ocasión, como en otras, fué una enorme sorpresa para los políticos la aparición, la manifestación, mejor dicho, de la enorme fuerza católico-social existente en España, y desde el momento en que aquella ley fué primera y principalísimamente recogida y aprovechada por las fuerzas católico-sociales de España, se hico cuanto se pudo por frustrar, por desvirtuar, por falsear, por no aplicar aquella ley; y el Reglamento de Osma; y la conducta sistemática de unos y otros Ministros, que detenían los expedientes en los Ministerios, sin despacharlos, y la afirmación de que no eran Sindicatos profesionales los Sindicatos agrícolas porque tenían a un santo por patrono, como si la Infantería española no fuera arma del Ejército porque tiene por Patrona a la Purísima, o la consideración de que no eran Sindicalos profesionales porque tenían consiliarios ajenos a la profesión, como si todas las organizaciones, incluso las obreras, no tuvieran —y hacen bien en tenerlos— consejeros, que son de todos conocidos, extraños a la profesión, pero hombres de cultura y de pensamiento que saben orientar a las Asociaciones; y la resistencia de los caciques, que veían que, tras de aquella liberación económica que podían traer los Sindicatos, podía venir la liberación política; y la lucha con la incultura de la masa social española y con el egoísmo, sobre todo, de los grandes terratenientes; y la resistencia que oponía incluso nuestra primera entidad bancaria al cumplimiento de las disposiciones oficiales que obligaban al Banco de España a prestar a los Sindicatos, sin más garantía que la responsabilidad solidaria e ilimitada de sus socios, y exigía, en cambio, firmas personales; y la lucha con el ambiente, con las personas, con las autoridades, con los organismos oficiales, con todo, y esto hecho en un período de veinte años; cuando tantas luchas y tantas dificultades ha sido necesario sostener y vencer, no hay derecho a decir ni que se ha hecho poco, ni que la organización e iniciativas privadas han dado de sí todo lo que podían dar.

Pero aun así, vale la pena de ver qué se ha hecho.

La Confederación Nacional Católicoagraría, o mejor dicho, los Sindicatos y Federaciones adscritos o integrantes de la Confederación Nacional Católicoagraría, hace unos años ofrecían estos magníficos datos: cerca de cuatro mil Sindicatos con mil seiscientas Cajas rurales que habían invertido en préstamos trescientos millones de pesetas; con doscientos millones de pesetas depositados en sus Cajas de ahorros; con once fábricas de harinas; con veinte molinos de aceite; con quince bodegas cooperativas; con siete centrales eléctricas; con varias fábricas de sulfuro, de hielo, etc.; con cuatro periódicos diarios y setenta revistas; con un
Revista católica de las cuestiones sociales (1929-08-01 00:00:00), página 24

movimiento de fondos que en el año 1925 fué de mil millones de pesetas. Esta Confederación está integrada por cincuenta y siete Federaciones, con dos millones y medio de asociados, que vienen a ser seiscientas mil familias labradoras. En abonos se han gastado en el año 1925, catorce millones de pesetas; treinta y ocho millones en seguros contra pedriscos; se han parcelado fincas, en total, por valor de veinte millones de pesetas; hay arrendadas, en común, cincuenta mil hectáreas. En el año 1925, importaron los capitales asegurados, siete millones, quinientas veinticuatro mil novecientas siete pesetas; se pagaron de primas netas, cuarenta y cuatro mil y pico de pesetas; de seguros contra pedriscos, en ese sólo año, dos millones, ciento ochenta y cinco mil doscientas cuarenta pesetas, etc. En el año actual, a la emisión de Deuda amortizable efectuada por el Estado en 7 de mayo, acudieron, sólo de una provincia pequeña, Castellón, los Sindicatos católico-agrarios de Alguera, con quinientas mil pesetas; el de Vall d' Uxó, con quinientas mil; el de Castellón, con un millón; el de Almazora, con quinientas mil; el de Villarreal, con quinientas mil, y el de Burriana, con doscientas mil. ¡A ver qué se ha hecho en España, ni por el Estado, ni con el auxilio del Estado, ni con marchamo oficial de ninguna especie que admita comparación, ni en la proporción de uno a ciento, con estos datos que he leído!

Además, han mostrado estas organizaciones agrarias, una sensibilidad y una comprensión de los problemas actuales que... ¡ojalá, ojalá la sintieran, y la vieran, y la comprendieran en la misma medida hombres de mucha altura! Porque se fundó la Confederación Hidrográfica del Ebro y los Sindicatos católicos de Aragón, bien pronto advirtieron la enorme trascendencia que aquella tenía para toda la riqueza hidráulica y agrícola regional, acudieron a las elecciones de síndicos para la Asamblea de aquélla Confederación, con setenta mil votantes, contra tres mil de alguna otra Asociación de labradores de Zaragoza, muy en relación con los organismos oficiales.

Y cuando se trató de constituir, y se constituyó luego, felizmente, la Confederación Hidrográfica del Duero, fueron los Sindicatos católicos agrarios de aquellas Federaciones castellanas, los primeros que se pusieron al servicio de la magnífica idea del señor Conde de Guadalhorce, y quienes prepararon el ambiente con manifestaciones, con mítines y con toda suerte de actos de propaganda.

De modo, que por su movimiento económico, por su espíritu, por su incorporación a todas las necesidades de la vida presente, por sus esfuerzos en servirlas y en satisfacerlas, y por algo
Revista católica de las cuestiones sociales (1929-08-01 00:00:00), página 25

que tampoco se puede olvidar: por el heroísmo con que algunos Sindicatos, en otro tiempo, defendieron la paz social y la libertad de trabajo; por todo eso, señores, a estas instituciones hay que declararlas beneméritas de la Patria y defenderlas, y protegerlas, y darles la máxima asistencia por el Gobierno, y por todas las fuerzas sociales que tengan instinto de conservación.

No creo haberme apartado del examen del proyecto con cuanto he dicho; lamentaría haber incurrido en error, pero en el preámbulo del proyecto y en manifestaciones hechas aquí, se ha afirmado que el origen de la necesidad de estas instituciones que se pretenden crear, estaba en la insuficiencia, en la deficiencia de las organizaciones privadas; y por esto, he procurado detenerme en el examen de la actuación de éstas.

Se ha dado también otra razón. Ya advirtió el señor Jordana de Pozas, que las Cámaras de Rumanía eran Cámaras departamentales. Pero es que hay más. El texto de la ley rumana, en su lengua nativa, nos dice que las Cámaras agrícolas de Rumanía así se parecen a las instituciones que él dice similares de España, como las de España pudieran parecerse a las de Indochina. En primer lugar, la Cámara de Agricultura de Rumanía, es una entidad de derecho público; es, ni más ni menos, que un órgano consultivo y administrativo. No solamente es de carácter departamental, o sea, que excluye todo el complicado mecanismo que aquí se quiere instituir de las organizaciones locales, las pecuarias y las agrarias, y todo lo demás, sino que es superdepartamental, digámoslo así; es decir, que una misma Cámara puede comprender a varios departamentos o provincias.

Y finalmente, en orden a esta prisa por procurar conseguir la organización agraria, deben tenerse en cuenta algunas nociones de biología social enteramente elementales. Ni los hombres, ni los pueblos, ni las organizaciones, pueden proceder a saltos. Hay que afianzarse al desarrollo gradual de todas las cosas de la vida, y si la sociedad española se resiste a la Asociación, si opone resistencia a entrar fácilmente por estos caminos y no se ajusta a estos moldes, es enteramente vano forzar estas realidades y empeñarse en imponer la Asociación, porque además, una Asociación es una personalidad jurídica que tiene una personalidad independiente y distinta de la de cada uno de sus socios, y no se consigue integrar este ser vivo —y si no es vivo, es cosa que queda en la Gaceta— y no sirve para nada—, no se consigue formar aquella personalidad, con un mandato por el que a todos se obligue a constituir una Asociación. Porque se ha oído hablar del estímulo que debe darse a la Asociación, y se ha de decir, que un estímulo no es un mandato. Se trata de dos conceptos
Revista católica de las cuestiones sociales (1929-08-01 00:00:00), página 26

enteramente distintos. Y cuanto a los efectos estimulantes del mandato, hay que recordar el ejemplo de los efectos de la ley seca en los Estados Unidos. No es fácil comprender qué clase de organismo es el que se trata de crear y qué naturaleza es la suya; porque si es meramente un organismo consultivo de la Administración pública y un nexo que se quiere establecer entre la agricultura nacional y el Estado, es evidente que sobran muchasísimas de las funciones que a tal organismo se atribuyen. No es la Corporación agraria, porque en el Ministerio de Trabajo y con reglamentación ya dictada, es donde radica la organización corporativa; allí está con sus Tribunales paritarios, con sus Asociaciones, etc. Y no lo sería en ningún caso, porque no se puede hablar de una Corporación, donde falta una de las clases integrantes de ella; y en este proyecto, falta la clase obrera, y los obreros no tienen interés alguno en formar parte de estas Asociaciones agrícolas, que se refieren, principalmente, a problemas que a ellos no les afectan. Luego si ni es Corporación, ni entidad meramente consultiva, ¿qué es? ¿Asociación? Como Asociación, es una ficción completa, porque la Asociación no se impone a la fuerza, y la realidad ha de decirnos, que todos los individuos rehacíos a la Asociación, que no se interesan en esas agrupaciones, que no tienen interés, por dejadez, por negligencia, por lo que fuera, por los problemas que más personalmente les afectan, no podrán ser llevados a aquélla; y por más que el voto se declare obligatorio, el mandato y la obligatoriedad serán vanos, porque no votará quien no tenga interés en votar, y se repetirá el caso, de que una Cámara agrícola, representante de la agricultura de la provincia, fuera elegida por doce señores. De tal suerte, no habrá ni autoridad para realizar obra alguna ni asistencia de los labradores. Y si a pesar de no tener ni autoridad ni asistencia de los labradores, las Asociaciones oficiales se empeñaran en actuar, es evidente que no serían sino lo que se ha llamado siempre: un •finglado• manejado por una, dos, tres o más personas, que fabrican su personalidad sobre base tan poco firme. ¿No es esto así? ¿Me equivoco yo y estas Asociaciones van a tener un gran éxito? ¡Ah! Pues entonces, se dará este singular contrasentido: que empeñados en constituir organizaciones agrarias en España, es posible que se constituyan las que se proponen con abundantes recursos del Tesoro, pero matando las existentes.

Vamos a las funciones de los nuevos organismos. En este punto, el dictamen de la Sección ha empeorado el proyecto del Gobierno, y además, ha introducido en el texto equívocos, cosas ambiguas, un poco aclaradas ya por unas sinceras manifestacio-
Revista católica de las cuestiones sociales (1929-08-01 00:00:00), página 27

nes del señor Huesca, pero sobre las cuales conviene insistir. las bases que el Gobierno envió como puntos de meditación se habla de las atribuciones de estas entidades que se quieran crear y se les asignan en realidad, funciones meramente consecutivas, de estudio, de inspección, y como acción directa -demoslo así-, de enseñanza agrícola. Y viene el dictamen de Sección; y en realidad, cuando define las atribuciones, no se e de este marco; pero luego, viene la división de las Cámaras Secciones, y en el número diecisésis de la base onzava, se dice siguiente:
• Las Asociaciones provinciales podrán dividirse para el cumplimiento de sus fines, en las secciones siguientes:
    De carácter obligatorio:
    b) Cuestiones sociales agrarias, crédito, previsión, coor- ración y seguro.
    d) Comercial, compraventa de productos y elementos trabajo y otros.
Parece al pronto que, como al determinar las funciones atribuciones de las entidades no se hablaba más que de estudio de inspección, de proposiciones y de cosas semejantes, salvo enseñanza agrícola, única acción directa; estas Secciones tendrían a su cargo el estudio de las cuestiones sociales, de cuestiones comerciales, de las mejores condiciones de compraventa de productos, etc., pero no se trata de esto, sino de ejercer verdaderamente funciones sindicales: comprar, hacer ser- ros, dar crédito, etc., porque todo esto es «obligatorio». Así han afirmado, en cuanto a la realización de compraventas, con una salvedad que honradamente he de recoger, y es, que compraventas se harán siempre por cuenta y riesgo del que compre y no de las Cámaras. Cuando un organismo es vivo y potente, tiende a expansionarse. Esto es evidente, y en el mismo dictamen se comprueba.

TEXTO DEL REAL DECRETO

Número 1.709.-A propuesta de mi Consejo de Ministros, de acuerdo con éste, vengo en decretar lo siguiente:
Base 1.º El fomento y cuidado de los intereses agrícolas pecuarios estará a cargo, en lo sucesivo, de un modo primordial de las Diputaciones provinciales.
Esto no obstante, la formación oficial de técnicos, los laboratorios y campos de experimentación de carácter general, como la inspección, sanciones y estímulo de la obra provincial corresponderá al Estado.