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tro y que impele a los espíritus un poco elevados hacia la Iglesia como hacia la única fuerza capaz de renovar la faz del mundo.

*    *    *

Y precisamente por eso, porque la sociedad se halla amenazada en su existencia, y no principalmente por los que sueñan con alterar su constitución por un cambio violento, sino por la pérdida de la visión del fin de la existencia humana, es imposible igualmente que la acción nuestra, aun dirigida de modo inmediato a lograr el bienestar moral y material de los hombres socialmente considerados, pueda encerrarse en el terreno estrictamente social. Para combatir el mal social es forzoso comenzar por combatir los males individuales. Es preciso para ello poseer una concepción clara del hombre y de la vida, que sólo puede darnos la filosofía católica. Es preciso conocer la vida y el culto de la Iglesia, en el que se refleja su sentido social, y para ello estudiar la historia eclesiástica, los escritos de sus doctores, las vidas de sus bienaventurados, conocer siquiera sea someramente su liturgia, que nuestra fe sea en suma el obsequio racional de que habla San Pablo, y que, siéndolo, y cooperando nuestra voluntad y nuestro corazón lleguemos en lo posible a realizar en Cristo nuestra vida individual, familiar, profesional, cívica. Nada de esto puede ser indiferente desde el punto de vista social. Así, si consultamos el programa de los círculos de estudios franceses, observaremos que lo propiamente social proporciona algunos pero no todos lo temas de deliberación o de estudio (1); si seguimos la acción social católica en otros países, Alemania por ejemplo, veremos cómo se acentúa su carácter religioso hasta el punto de confundirse a veces con la propiamente tal. Las mismas reformas de carácter pura-

(1) He aquí las diferentes rúbricas que contiene el programa anual para los grupos de estudios de Francia, de 1924 a 1925: El pecado original, la formación de la voluntad, los deberes de estado, la vida comunal, la Iglesia y los conflictos sociales, actualidades, centenarios.
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llores podrán hacerse peritos en cuatro cursos, y los maestros obreros en tres.

La enseñanza facultativa se dará en las Escuelas de Ingenieros Industriales, y sus estudios tendrán por base una sólida preparación científica, técnica y económico social, completada por un curso de especialización. Para obtener el título de ingeniero industrial, además de las condiciones exigidas, se debe acreditar haber trabajado durante doce meses en un establecimiento industrial, bajo la inspección de la Escuela. No podrán comenzarse los estudios de ingeniero sin ser bachiller, y comprenderán dichos estudios cuatro períodos: preparación para el ingreso, estudios científicos en dos cursos, estudios técnicos en tres cursos y un curso de especialización. Para los peritos industriales se establecerán pruebas especiales de conjunto sobre las materias que se señalan y que facultarán para ingresar en el tercer período.

Se dedica un capítulo a los estudios de investigación y de ampliación; se establecen Residencias obreras en el extranjero, y se facilita para organizar el intercambio de profesores españoles y extranjeros.

La orientación y selección profesionales serán funciones de los Institutos de enseñanza industrial en sus cuatro grupos, y de la Comisión permanente, y comprenderán dos clases de organismos: Institutos de orientación profesional y Oficinas de orientación profesional. En el plazo máximo de cinco años deberá constituir toda Escuela de enseñanza industrial una sección de orientación profesional, de acuerdo con las instrucciones del Instituto de orientación profesional correspondiente.

Se regula el régimen del profesorado. El ingreso en el mismo será normalmente por oposición; excepcionalmente, a propuesta de los Claustros extraordinarios y previo informe favorable de la Comisión permanente, podrán nombrarse profesores numerarios a personas de reconocido mérito. El profesorado de las Escuelas industriales constituirá su Claustro ordinario, y todos los profesores y peritos industriales que ejerzan su profesión en la región constituirán el Claustro extraordinario de la Escuela. Asimismo, el profesorado numerario y auxiliar de las Escuelas de Ingenieros industriales constituirá su Claustro ordinario. A cada una de estas Escuelas se le asignará una zona geográfica, y todos los ingenieros que ejerzan en ella su profesión constituirán el Claustro extraordinario. Se determina en el decreto la misión especial de cada uno de estos Claustros.

Los centros oficiales de enseñanza industrial en todos sus grados coadyuvarán con las organizaciones administrativas para la promulgación de las normas industriales a que deben someterse los productos fabricados. Contribuirán también con
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sus trabajos prácticos de estadística industrial a los que realiza el Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria.

Las diferentes Escuelas oficiales cuidarán de fomentar las Asociaciones escolares y post-escolares.

El Estado establecerá enseñanza por correspondencia con carácter oficial.

Las Escuelas privadas pueden ser libres o inspeccionadas. Estas últimas quedarán sometidas a la intervención del Estado, y estarán exentas de toda tributación sobre sus locales, talleres y laboratorios. Las Escuelas privadas quedarán obligadas a expedir a sus alumnos certificados de los estudios en ellas cursados, haciendo constar el nombre de la Escuela y su carácter de inspeccionada, si lo tiene. Se fijan las condiciones en que estas Escuelas podrán expedir diplomas y certificados de aptitud.

El ejercicio de todos los oficios o profesiones de la industria privada se declara libre en todos sus grados. El Estado podrá exigir determinadas pruebas de aptitud o exámenes psicotécnicos para autorizar el ejercicio de los que puedan comprometer la seguridad pública. La dirección de las industrias será libre si bien el Estado podrá ejercer una protección sobre las protegidas o que exploten servicios públicos.

Dicho Estatuto, por lo que se refiere a planes de enseñanza, comenzará a regir el 1.º de Octubre de 1925.

A. DE MIRABAL.
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Informaciones

Convenio Internacional para la represión de la circulación y tráfico de publicaciones obscenas

Artículo 1.º Las Altas partes contratantes convienen en tomar todas las medidas para descubrir, perseguir y castigar a toda persona culpable de alguno de los actos enumerados a continuación, y, en consecuencia, deciden que será delito punible:

1) Hacer, producir o poseer escritos, dibujos, grabados, cuadros, impresos, imágenes, anuncios, emblemas, fotografías, cintas cinematográficas u otros objetos obscenos, con fines de comercio, distribución o exhibición pública.

2) Importar, transportar, exportar o hacer importar, transportar o exportar, a los fines indicados, cualesquiera de dichos objetos obscenos o ponerlos de algún modo en circulación.

3) Mantener o participar en el comercio público o privado de los referidos objetos obscenos, tratar en ellos de algún modo, distribuirlos o exhibirlos en público o dedicarse a alquilárlos.

4) Anunciar o dar a conocer de cualquier modo, con objeto de favorecer dicha circulación o tráfico punible, que una persona se dedica a los citados actos delictivos, o anunciar o dar a conocer cómo y por quién dichos objetos obscenos pueden procurarse directa o indirectamente.

Artículo 2.º Los individuos que hayan cometido alguno de los delitos previstos en el artículo 1.º caerán bajo la jurisdicción de los tribunales de la Parte contratante en cuyo territorio se haya cometido el delito o alguno de los actos constitutivos del delito. Caerán igualmente bajo la jurisdicción de los Tribunales del Estado de que son súbditos si las leyes lo autorizan y se encuentran en él, aun cuando los actos constitutivos del delito se hayan llevado a cabo fuera de este Estado.

Corresponde, sin embargo, a cada Estado contratante aplicar la máxima non bis in idem, según las reglas admitidas por su legislación.
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Artículo 3.º La transmisión de exhortos relativos a los delitos previstos en el presente Convenio tendrán lugar:
1) Ya por comunicación directa entre las Autoridades judiciales.
2) Ya por el intermedio del Agente diplomático o consular del país exhortante en el país a que se dirige el exhorto; este Agente enviará directamente un exhorto a la Autoridad judicial competente, o a la designada por el Gobierno del país exhortado y recibirá directamente de esta Autoridad los testimonios comprobantes de la ejecución del exhorto.
En ambos casos se dirigirá al mismo tiempo copia del exhorto a la Autoridad superior del Estado exhortado.
3) Ya por vía diplomática.
Cada Parte contratante notificará, por comunicación dirigida a cada una de las demás Partes contratantes, el modo o los modos de transmisión arriba indicados que admite para los exhortos de dicha Parte.
Cualesquiera dificultades que puedan suscitarse con motivo de las transmisiones que tengan lugar en los casos 1 y 2 de este artículo serán arregladas por la vía diplomática.
Salvo acuerdo en contrario, el exhorto será redactado en la lengua de la Autoridad a quien se dirija, o en la lengua convivida entre los dos Estados interesados, o bien irá acompañado de una traducción en una de estas dos lenguas, certificada conforme por un Agente diplomático o consular del Estado exhortante, o por un traductor jurado del Estado a que se dirige el exhorto.
La ejecución de los exhortos no podrá dar lugar a reembolso de derechos o gastos de ninguna clase.
Nada podrá interpretarse en este artículo como obligatorio para las Partes contratantes a adoptar en sus Tribunales formas o métodos de prueba contrarios a su legislación.
Artículo 4.º Las Partes contratantes cuya legislación no sea actualmente suficiente para dar efecto al presente Convenio se comprometen a adoptar o proponer a sus respectivas legislaturas las medidas necesarias para este objeto.
Artículo 5.º Las Partes contratantes cuya legislación no es suficiente en la actualidad, convienen en disponer el registro de los locales en que haya motivos para creer que se fabrican o depositan objetos obscenos, mencionados en el artículo 1.º para los fines indicados en dicho artículo, o en violación de sus disposiciones, y su confiscación, incautación y destrucción.
Artículo 6.º Las Partes contratantes convienen, en el caso de infracción de las disposiciones del artículo 1.º, cometida en territorio de una de ellas, cuando haya motivo para creer
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que los objetos de la infracción han sido fabricados o importados de territorio de otras de las Partes, en que la Autoridad designada en virtud del Acuerdo de 4 de Mayo de 1910 indicará inmediatamente los hechos a la Autoridad de esta otra Parte, suministrándole informes completos que le permitan tomar las medidas necesarias.

Artículo 7.º El presente Convenio, cuyos textos francés e inglés harán igualmente fe, llevará fecha de hoy y quedará hasta el 31 de Marzo de 1924 abierto a la firma de todo Estado representado en la Conferencia, todo Miembro de la Sociedad de las Naciones y todo Estado al cual el Consejo de la Sociedad de las Naciones haya comunicado a este fin un ejemplar del Convenio.

Artículo 8.º El presente Convenio está sujeto a ratificación. Los instrumentos de ratificación se enviarán al Secretario general de la Sociedad de las Naciones, quien notificará el recibo a los Miembros de la Sociedad que son signatarios del Convenio y a los demás Estados signatarios.

El Secretario general de la Sociedad de las Naciones comunicará inmediatamente al Gobierno de la República francesa copia certificada de cada instrumento depositado relativo a este Convenio.

Conforme a las disposiciones del artículo 18 del Pacto de la Sociedad de las Naciones, el Secretario general registrará el presente Convenio el día de su entrada en vigor.

Artículo 9.º A partir del 31 de Marzo de 1924, todo Estado representado en la Conferencia no signatario, todo Miembro de la Sociedad de las Naciones y todo Estado al que el Consejo de la Sociedad de las Naciones haya comunicado a este efecto un ejemplar, podrá adherirse al presente Convenio.

La adhesión se efectuará por medio de instrumento comunicado al Secretario general de la Sociedad de las Naciones, para su depósito en los archivos de la Secretaría. El Secretario general notificará inmediatamente este depósito a los Miembros de la Sociedad de las Naciones signatarios del Convenio y a los demás Estados signatarios.

Artículo 10. La ratificación o adhesión al presente Convenio llevará consigo ipso facto y sin notificación especial la aceptación concomitante y completa del acuerdo de 4 de Mayo de 1910, que entrará en vigor en igual fecha que este Convenio en todo el territorio del Miembro de la Sociedad o Estado que lo ratifique o se adhiera al mismo.

No se deroga, sin embargo, por la disposición precedente el artículo 4.º del citado Acuerdo de 4 de Mayo de 1910, que continúa aplicable al caso en que un Estado prefiera adherirse sólo a aquel Acuerdo.
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Artículo 11. El presente convenio entrará en vigor a los treinta días del depósito de dos ratificaciones en la Secretaría general de la Sociedad de las Naciones.

Artículo 12. El presente Convenio podrá denunciarse por notificación escrita dirigida al Secretario general de la Sociedad de las Naciones. La denuncia tendrá efecto al año de la fecha de su recibo por el Secretario general, y sólo alcanzará al Miembro de la Sociedad o Estado denunciante.

El Secretario general de la Sociedad de las Naciones notificará el recibo de toda denuncia a los Miembros de la Sociedad y Estados signatarios o adheridos al Convenio.

La denuncia del presente Convenio no llevará consigo ipso facto la concomitante denuncia del acuerdo de 4 de Mayo de 1910, a menos que se consigne expresamente en la notificación.

Artículo 13. Todo Miembro de la Sociedad de las Naciones o Estado signatario o que se adhiera al presente Convenio, podrá declarar que su firma o adhesión no obliga a todas o alguna de sus colonias, posesiones de Ultramar, protectorados o territorios bajo su soberanía o autoridad, y podrá ulteriormente adherirse por separado en nombre de las colonias, posesiones de Ultramar, protectorados o territorios excluidos en su declaración.

La denuncia podrá solamente efectuarse por separado especial a toda colonia, posesión de Ultramar, protectorado o territorio bajo su soberanía o autoridad, aplicándose a tal denuncia las disposiciones del artículo 12.

Artículo 14. El Secretario general llevará un registro especial de las Partes que han firmado, ratificado, se han adherido o han denunciado el presente Convenio. Este registro podrá consultarse en cualquier momento por los Miembros de la Sociedad de las Naciones o Estados signatarios o que se hayan adherido al presente Convenio, y se publicará con la frecuencia posible.

Artículo 15. Las discrepancias entre las partes sobre la interpretación o aplicación del presente Convenio, si no pueden arreglarse por negociación directa, se someterán a la decisión del Tribunal permanente de Justicia internacional. Si ambas o alguna de las Partes discrepantes no hubiera aceptado el protocolo de firma del Tribunal permanente de Justicia internacional, la discrepancia se someterá, a elección de las Partes, al Tribunal permanente de Justicia internacional o al arbitraje.

Artículo 16. A petición de cinco de las Partes signatarias o adheridas al presente Convenio, el Consejo de la Sociedad de las Naciones convocará a una conferencia para su revi-
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sión. En todo caso, el Consejo estudiará la conveniencia de convocar a una conferencia al término de cada período de cinco años.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios infrascritos firman el presente Convenio.

Hecho en Ginebra el 12 de Septiembre de 1924, en dos ejemplares originales, de los cuales uno quedará depositado en los archivos de la Sociedad de las Naciones y el otro en los del Gobierno de la República francesa.

Madrid, 25 de Septiembre de 1924. El Presidente interino del Directorio Militar, Antonio Magaz y Pers.

De la Trata de Blancas

Arreglo Internacional para asegurar una protección eficaz contra el Tráfico Criminal conocido con el nombre de «Trata de Blancas», firmado en Paris el 18 de Marzo de 1904.

(CONCLUSIÓN)

Art. 4. En el caso de que la menor o mujer repatriada no pueda reembolsar ella misma los gastos de su transporte y si no tuviere ni marido, ni padres, ni tutor, que pagaren por ella, los gastos ocasionados por la repatriación serán por cuenta del país en cuyo territorio resida hasta la próxima frontera o puerto de embarque en la dirección del país de origen, y a cargo del país de origen los gastos que excedan.

Art. 5. No quedan derogadas, por virtud de las disposiciones de los artículos 3 y 4 precedentes, las convenciones particulares que puedan existir, entre los Gobiernos contratantes.

Art. 6. Los Gobiernos contratantes se comprometen, dentro de los límites legales, a ejercitar, en tanto sea posible, una vigilancia sobre las Oficinas o agencias que se occupen de los empleos de las mujeres o jóvenes en el extranjero.

Art. 7. Los Estados no signatarios quedan autorizados para adherirse al presente Arreglo.—A este efecto, notificarán su intención por la vía diplomática, al gobierno francés, quien lo pondrá en conocimiento de todos los Estados contratantes.

Art. 8. El presente Arreglo entrará en vigor seis meses después de la fecha del cambio de ratificaciones.—En el caso en que una de las partes contratantes lo denunciare, esta de-
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nuncia no tendrá efecto con respecto a dicha parte, hasta dos meses después de la fecha del día de la denuncia.

Art. 9. El presente Arreglo será ratificado; y las ratificaciones serán cambiadas, en París, en el más breve plazo posible.

En fe de lo cual los Plenipotenciarios respectivos han firmado el presente Arreglo y estampado en él sus sellos.

Hecho en París, el 18 de mayo de 1904, en un solo ejemplar, que quedará depositado en los Archivos del Ministerio de Negocios Extranjeros de la República Francesa, y una copia del cual, certificada conforme, se remitirá a cada Potencia contratante.

(S. L.) (Firmado.) Edmund Monson.
(S. L.) (Firmado.) Radolin.
(S. L.) (Firmado.) A. Leghait.
(S. L.) (Firmado.) F. Reventnow.
(S. L.) (Firmado.) F. de León y Casti'lo.
(S. L.) (Firmado.) Delcassé.
(S. L.) (Firmado.) G. Tornielli,
(S. L.) (Firmado.) A. de Stuers.
(S. L.) (Firmado.) T. de Souza Roza.
(S. L.) (Firmado.) Nelidow.
(S. L. (Firmado.) Akerman (por la Suecia y Noruega.)
(S. L.) (Firmado.) Lardy.

Protocolo de Firma

Las infrascriptos Plenipotenciarios, reunidos este día con el fin de proceder a la firma del Arreglo tendiente a asegurar una protección eficaz contra la «Trata de Blancas», han consignado la declaración siguiente en lo que concierne a la aplicación de dicho Arreglo a las respectivas Colonias de los Estados contratantes:

Art. 1. Los países signatarios del Arreglo antes mencionado tienen el derecho de acceder a él en todo tiempo, para sus Colonias o Posesiones extranjeras.

Ellos pueden a este efecto, bien hacer una declaración general por la cual todas sus colonias o posesiones sean comprendidas en la accesión, bien nombrar expresamente aquellas que sean comprendidas, o limitarse a indicar las que quedan excluidas.

Art. 2. El Gobierno de Su Majestad Británica declara reservarse el derecho de adherirse al Arreglo y de denunciarlo para cada una de las colonias o posesiones británicas, separadamente.
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El Gobierno alemán declara reservar sus resoluciones con respecto a sus colonias.

El Gobierno Danés declara que se reserva el derecho de adherirse al Arreglo para las colonias Danesas.

El Gobierno Español declara reservar sus resoluciones respecto a sus colonias.

El Gobierno Francés declara que el Arreglo se aplicará a las colonias francesas.

El Gobierno Italiano declara que el Arreglo se aplicará a la colonia Erythrée.

El Gobierno de los Países Bajos declara que el Arreglo se aplicará a todas las colonias holandesas.

El Gobierno Portugués declara reservarse decidir ulteriormente que el Arreglo se pone en vigor en alguna de las colonias portuguesas.

El Gobierno Ruso declara que el Arreglo será aplicable integralmente a todo el territorio del imperio en Europa y en Asia.

Art. 3. Los Gobiernos que a continuación hicieren declaraciones con respecto a sus colonias, las harán en la forma prevista en el artículo siete del Arreglo.

En el momento de proceder a la firma del Arreglo, Su Alteza Serenísima el Príncipe de Rodolín, Embajador de Alemania, solicita, a nombre de su Gobierno, hacer la declaración siguiente:

«Hace constar el Gobierno Alemán, que los acuerdos que pudieran existir entre el Imperio Alemán y los países de origen, concernientes a la asistencia mutua de indigentes, no son aplicables a las personas que sean repatriadas, en virtud del presente Arreglo, que pasen por Alemania.»

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios han firmado el presente Protocolo.

Hecho en París, el 18 de mayo de 1904.

(Firmado.) Edmund Monson.
(Firmado.) Rodalín.
(Firmado.) A. Leghat.
(Firmado.) F. Reventlow.
(Firmado.) F. de León y Castillo.
(Firmado.) Delcassé.
(Firmado.) G. Tornielli.
(Firmado.) A. de Stuers.
(Firmado.) T. de Souza Roza.
(Firmado.) Nelidow.
(Firmado.) Ankerman. (Por Suecia y por Noruega).
(Firmado.) Lardy.
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Y para su publicación en la Gaceta Oficial de la República, expido la presente, traducción al castellano del Arreglo Internacional firmado en París, el 18 de mayo de 1904.

Asimismo certifico que la adhesión de la República al referido Arreglo, según lo dispuesto en el Decreto Presidencial número 553 de 5 de abril de 1923, fué notificada al Gobierno de la República Francesa, el día 9 de julio de 1923.

Habana, mayo 29 de 1924.—G. Patterson, Subsecretario de Estado.

Convención Internacional Relativa a la Represión de la Trata de Blancas.

Firmada en París, el 4 de mayo de 1910.

Los soberanos, Jefes de Estados y Gobiernos de las Potencias más abajo designadas.

Igualmente deseosos de dar la mayor eficacia posible a la represión del tráfico conocido bajo el nombre de «Trata de Blancas», han resulto concluir una Convención, y a este efecto y, después de haber confeccionado un proyecto en una primera Conferencia reunida en París del 15 al fin de julio de 1912 han designado a sus plenipotenciarios, quienes se han reunido en una segunda Conferencia en París, del 18 de abril al 4 de mayo de 1910 y han convenido las disposiciones siguientes:

Art. 1.º Será castigado quienquiera que, para satisfacer las pasiones de otros alohuetearse, violentare a sustrajere, aunque fuere con su consentimiento, a una mujer o a una joven menor de edad para fines inmorales, sin embargo de que los diversos actos que sean los elementos constitutivos de la infracción hubieren sido cometidos en países distintos.

Art. 2.º Será castigada quienquiera que, para satisfacer las pasiones de otro, por fraude o medios de violencia, amenazas, abuso de la autoridad o por cualquiera otra clase de coacción, alohuetearse, violentare o sustrajere a una mujer o una joven mayor de edad, para fines inmorales aunque los diversos actos que sean los elementos constitutivos de la infracción hubieren sido cometidos en países distintos.

Art. 3.º Las Partes contratantes cuya legislación no fuere ya suficiente para reprimir las infracciones previstas en los dos artículos precedentes, se comprometen a adoptar o proponer a sus legislaturas respectivas las medidas necesarias para que estas infracciones sean castigadas de acuerdo con su gravedad.

Art. 4.º Las Partes contratantes se comunicarán por mediación del Gobierno de la República Francesa, las Leyes que