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tribunales para que decidan en lo tocante al gobierno familiar. Así llegaron a proponer a la nueva ley una enmienda, según la cual, «para que uno de los cónyuges pueda ejercer una profesión mercantil o una función pública precisa el consentimiento del otro». Por cierto que el ministro Hymans, contestando a los autores de la enmienda, les decía que de adoptarse dicha proposición no podría un hombre ser llamado a las funciones de gobierno sin el consentimiento de su esposa (1).

* * *

Indudablemente tienen razón los católicos belgas en mostrarse partidarios del mantenimiento de la antigua fórmula, que responde perfectamente a la concepción cristiana de la Familia, que tampoco contraría por lo demás, entendida en su tenor literal, la dispuesta por el Gobierno. En esa concepción el poder directivo de la Familia ha de corresponder a uno de los cónyuges y ese es el marido, el cual se encuentra por regla general más capacitado que la mujer para regirla. Son innumerables por otra parte los textos sagrados que sancionan la autoridad del marido sobre la mujer, y en ellos se apoya la enseñanza moral de la Iglesia como en indestructible base.

Nada hay por lo demás en esa obediencia de humillante para la mujer, como no lo hay en la obediencia del hijo al padre o del súbdito al superior en el seno de la sociedad civil. Es el reconocimiento de una verdad impuesta por la naturaleza de las cosas: que para que subsista toda sociedad y llene sus fines es indispensable una autoridad, que ella no puede residir en dos órganos a la vez, y que ha de radicar en el más apto. Sólo el orgullo que late en el fondo de algunas diatribas feministas, como en el igualitarismo nivelador, hijo de la revolución, puede desconocer esas realidades.

Hay, pues, que consagrar en la ley civil la autoridad marital; pero a la vez es preciso que se dote a esa misma ley de medios eficaces para que aquella autoridad no se convier-

(1) Véase la «Chronique sociale» de marzo último, de donde tomamos la referencia.
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Revista Católica de Cuestiones Sociales

PUBLICACIÓN MENSUAL

CONSAGRADA A JESUCRISTO REY DE LAS NACIONES
Y DESTINADA A LAS CLASES DIRECTORAS

Director: JOSÉ IGNACIO SUAREZ DE URBINA

Leírado Consultor: ILTMO. SR. D. MANUEL ENRIQUEZ BARRIOS
EX-DIRECTOR GENERAL DE PRIMERA ENSEÑANZA

Del Vaticano 31 de Agosto de 1920.

Ilmo. y Rvdmo. Señor: Los señalados servicios que ha prestado a la buena causa en sus primeros veinticinco años de existencia la benemérita REVISTA CATÓLICA DE CUESTIONES SOCIALES, de la cual V. E. Iltma. y Rvdma. es digno Alto Asesor, no permiten á S.S. el dejar pasar la fausta fecha jubilar sin una especial bendición que signifique al mismo tiempo aliento y alabanza.

El Padre Santo extiende de corazón esta bendición al director, a los redactores, a los lectores de la REVISTA, y alegrándose con unos del gran trabajo realizado, con otros del cordial apoyo prestado a una publicación hoy más que nunca oportuna, se permite augurar que las ideas católicas, de las cuales la REVISTA es eficaz defensora en el campo social y a cuyo servicio no cesará de consagrarse en adelante con no menor energía, prevalecerán finalmente sobre las malsanas teorías que combatte, dando cuanto antes a la sociedad, hoy perturbada, la justa y estable pacificación.

Con los sentimientos de la más distinguida y sincera estima, me es grato repetirme de V. E. Iltma. y Rvdma. servidor,

D. Cardenal Gasparri.

Ilmo. y Rvdmo. Sr. Monseñor Juan Bautista Benlloch, Arzobispo de Burgos (España).

AÑO XXXIII. JULIO—1927 NÚM. 891.

ASUNTOS DE REDACCIÓN Y DIRECCIÓN:
OFICINA CENTRAL
CALLE FUENCARRAL, NÚM. 138, 1º, DCHA.
MADRID (10)

ASUNTOS DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS:
TALLERES Y ALMACENES
CALLE REY HEREDIA, NÚMERO 13
SUCURSAL DE CÓRDOBA (16)
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ta en tiranía y determine la ruina de la sociedad familiar, cuya existencia y finalidad es su justificación. En este como en otros puntos de que nos hemos ocupado en este mismo lugar (equiparación del marido y de la mujer en materia de fidelidad conyugal, obligación para uno y otro cónyuge de vida común con todas sus consecuencias, etc.) tienen razón los feministas y es justo dársela.

* * *

Para lograr esta finalidad la ley puede adoptar disposiciones indirectas y puede también establecer remedios para ciertos casos excepcionales.

A la primera categoría pertenecen aquellas reglas que deben tener acceso en el Código civil, encaminadas a traducir la idea de colaboración entre el hombre y la mujer en el seno de la sociedad conyugal. Hay que reconocer en primer término en la mujer lo que el Código alemán llama «potestad de las llaves», es decir, el derecho a regir el interior del hogar doméstico bajo la dirección suprema del marido. Hay que proclamar el derecho de la mujer a ser oída por el marido antes de adoptar decisiones de trascendencia para la sociedad. Hay que llevar al Código aquel sentido de mutua asistencia, de compañía, que informa la Epístola de San Pablo. Hay, en fin, que proclamar que la potestad patria se ejerce en común sobre los hijos por el marido y por la mujer.

A mí me produce siempre penoso efecto aquel artículo del Código civil que dice: «El padre y en su defecto la madre tiene potestad sobre sus hijos, etc.» ¿Qué es eso de en su defecto? Siempre, en todo momento, vivo o no, presente o ausente el padre, la madre tiene sobre sus hijos potestad y sus hijos la deben respeto y reverencia. Más conforme la ley religiosa con las exigencias de la naturaleza ha dicho: «Honrarás a tu padre y a tu madre».

Claro está que si el padre y la madre discrepan en las resoluciones que hayan de adoptarse respecto de los hijos, habrá de seguirse el parecer del padre, que es el jefe de la sociedad y que sólo él en igual caso podía utilizar los medios coercitivos que las leyes le conceden para reducir al
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hijo rebelde; pero es innegable que la madre es participe con el padre en la potestad sobre los hijos y así debe proclamarlo la ley civil.

Pero no sólo por modo indirecto hay que realizar la situación de la mujer en el seno del hogar doméstico, a fin de que el deber de obediencia aparezca en su sentido. Es preciso que se adopten precauciones para que en determinados casos el ejercicio de la autoridad marital no produzca la ruina de la sociedad. Ya se ha puesto remedio por algunas disposiciones recientes a la injusticia que resultaría de atribuir a esa autoridad un valor absoluto; pero el remedio debe generalizarse.

El Código del trabajo previene que la mujer casada necesita autorización de su marido para contratar sus servicios; pero también establece que el Juez podrá autorizarla para percibir su salario. En efecto, es preciso evitar que el capricho del marido a veces olvidado de sus deberes, impida a la mujer atender con su trabajo honrado al sostenimiento de la Familia.

Casos semejantes pueden darse en la mujer de la clase media. Contra la negativa caprichosa del marido a conceder su autorización a la mujer para ejercer su actividad, hace falta otorgar recurso en todo caso ante los tribunales. Claro es por lo demás que estos sólo deben contrariar la autoridad marital cuando, de mantener sus decisiones, se sigan a su juicio graves perjuicios para el organismo familiar.

Si esto puede acontecer en familias que se desenvuelven en condiciones normales, con mayor motivo ocurrirá en algunos casos de divorcio. El trabajo de la mujer no puede perjudicar en este caso a la vida de familia que no existe, y en cambio puede proporcionar a la mujer ingresos que el marido no se halla en estado de prestarle. ¿Quién duda que en estas circunstancias y no obstante la oposición del marido, debe autorizarse a la mujer para contratar su trabajo?

Hay, por último, decisiones de grave trascendencia para la Familia, adoptadas por maridos notoriamente ineptos para regir la vida familiar y a quienes sin embargo no cabe llevar a un juicio de prodigalidad. ¿No sería conveniente facilitar
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en estos casos la intervención de los tribunales en beneficio de los mismos intereses familiares? Sin duda que la Familia es sociedad autónoma y que la intervención excesiva del Poder público ofrece graves peligros; pero no creemos pueda ni deba evitarse en absoluto siempre que se reduzca a casos excepcionales y notorios y que se prescriba como norma a los tribunales que se inspiren en sus decisiones en el interés de la sociedad familiar, procurando evitar en lo posible que disminuya su cohesión, que sólo puede lograrse bajo la autoridad de un jefe. Así sólo cuando el ejercicio de esa autoridad resulte notoriamente nocivo para la vida de la sociedad podrán quebrantarse o reformarse sus decisiones.

Este punto de vista es también el mantenido por los católicos en Bélgica. Hay que sostener la autoridad marital; pero hay que adoptar las medidas necesarias para que esa autoridad no degeneré en tiranía. Esto tiene bastante más importancia que modificar el texto del Código civil para complacer a los feministas. Pero todos los sectarios y muy singularmente los sectarios de la Revolución se pagan fácilmente con palabras. Lo esencial no es otorgar a la mujer casada una emancipación nominal que tropezaría necesariamente con los obstáculos de la realidad más poderosa que todas las utopías. Es conceder los remedios adecuados no a ella precisamente sino a la sociedad familiar, a la que el marido y la mujer se deben, ante todo para que esa autoridad confiada al marido para el bien común, no se convierta en un instrumento de opresión y de desorden, contrariando su propia razón de ser.

JUAN DE HINOJOSA
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PROBLEMAS SOCIALES

CÓMO DISMINUYE LA EMIGRACION

En los primeros días del pasado mes de junio publicó la Dirección General de Emigración, una estadística halagüeña, según la cual se ha iniciado un descenso considerable en la emigración española. Este descenso aparece en la estadística correspondiente a 1926, y se tiene la creencia de que se acentuará en el año presente, a juzgar por los datos que se obtienen durante los meses que van transcurriendo.

En 1926 el número de los españoles que emigraron a América fué de 21.118, menos que en el año anterior. Y como el número de los que regresaron en el mismo lapso de tiempo fué de 5.600 más que en 1925, los hombres que ganó la península en el año pasado fueron entre los que volvieron y los que se quedaron 26.718.

Análogo resultado ofrece la estadística de emigrantes a otras naciones del continente europeo, y el hecho revela un mejoramiento en las condiciones de vida dentro de la patria, para los miles de trabajadores que, por carecer de medios de defensa para subsistir, no emigraban al modo italiano —la emigración «golondrina»— sino que más bien huían, abandonando el patrio solar, con la amargura del vencimiento.

Porque ha sido en España donde se ha dado repetidamente el caso de huir de los pueblos el censo masculino entero, cuando no la población en masa, como ocurrió en cierto lugarón de la provincia de Salamanca, y donde la emigración aventurera de los ambiciosos y emprendedores, que soñaban con la conquista del vellocino de oro, se transformó en el éxodo triste de los que a millares llenaban las bodegas de los trasatlánticos para ir a buscar en otras tierras, no la
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fortuna ni la riqueza, sino sencillamente el pan de cada día a costa de presentidas y aceptadas amarguras.

Era hosca la vida para el emigrante español, en su casi totalidad gentes del campo, que a la miseria de aquí preferían la esperanza de redimirse, ni ellos sabían cómo, lejos de la patria. Y esa emigración, no sólo acusaba un estado social gravísimo, creado como nadie ignora por errores de Gobierno, o de desgobierno, de que fué el inicial la funesta desamortización liberal, sino que poco a poco esa emigración había creado el problema gravísimo del absentismo en los campos, con el empobrecimiento natural que dimana de la decadencia de la agricultura.

Decir que la estadística publicada, correspondiente a 1926, puede satisfacer plenamente a cuantos claman por la restauración de la vida agraria, revelaría una alegría de conceptos, que no hay razón para sentir. Pero que la emigración, en un año, haya descendido en 20.718 individuos, ya es una cifra que permite abrigar esperanzas, si la progresión se acrecienta en lo sucesivo.

Así como sería servil atribuir ese descenso emigratorio a la gestión del Gobierno actual, solamente, aunque sea de justicia reconocer que la gestión gubernamental ha cooperado poderosamente, con sus aciertos, a retener en el solar patrio a esos millares de trabajadores—en su inmensa mayoría agrarios—y que ha de contribuir en lo sucesivo a retenerlos, con la creación del Crédito Agrícola, tan beneficioso y tan floreciente, con la creación de las Cajas foreras en las provincias gallegas, con la constitución de los Patronatos provinciales de acción social agraria, el primero de los cuales acaba de inaugurarse en Badajoz, con la gestión que desarrolla la Dirección general de Acción Social agraria, y con la adopción de una política proteccionista para las industrias nacionales, que van camino de rápido desarrollo, con la garantía del orden, la desaparición de las huelgas, la atracción del capital, y las disposiciones encaminadas a impedir los conflictos entre los elementos de la producción, por medio de los comités paritarios.

Al descenso de la emigración, a preparar el resultado de
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la halagüeña estadística que comentamos, a este fruto patriótico, que conserva en territorio nacional los brazos de sus hombres, lo que ha contribuido poderosamente es la acción católica, la organización sindical católica agraria, esas Federaciones y esas Cajas rurales, que se han extendido por todas las comarcas, y de las que son propulsores valiosísimos los párrocos rurales. Organización que, infundiendo en las instituciones sociales el espíritu fraternal de la caridad cristiana, ha logrado redimir al campesino de la usura, hacerle económicamente independiente, confiar en su propio esfuerzo, convencerle de que trabaja para sí y, en tantos casos, enraizarle a la tierra con el sentimiento y sentido de la propiedad, al proporcionarle el modo y los medios de adquirir, con la parcelación de tierras compradas en común y equitativamente repartidas y adjudicadas.

Claro está que esta obra social, de carácter privado, como tiene que ser, ha venido desarrollándose con lentitud, sin merecer el apoyo de los gobiernos del régimen político parlamentarista, cuando no encontrando durante éste trabas y obstáculos, y de ahí el contraste plausible que ofrece la Dictadura, que no sólo ha facilitado el desenvolvimiento de la sindicación agraria, sino que como se ve, coopera resueltamente a él, le secunda y marca el rumbo de una política, que en el futuro ha de tener insospechadas derivaciones en beneficio indudable para el interés supremo de la patria, toda vez que, al retener en ella a los que antes consideraban que su salvación estaba en emigrar, fomentará no ya el cultivo del suelo, que es cuestión de orden material, sino que hará que aquellos hombres que emigraban, para no volver, creando sus familias lejos de la patria, y contribuyendo a poblar y a engrandecer otros pueblos, ofrezcan a España su sangre y su esfuerzo, con la natural prosperidad para la vida nacional, para la grandeza y riqueza de la península, despoblada e inculta en tantas de sus comarcas, donde en kilómetros y kilómetros no se advierte ni un hombre ni un árbol.

Los españoles del noroeste y de Castilla han poblado y han cultivado sur-América. Los españoles de Aragón son los trabajadores que rinden su trabajo y riegan con su sudor los