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Revista católica de las cuestiones sociales (1926-04-01 00:00:00), página 85

La Catalana

SEGUROS CONTRA INCENDIOS Y EXPLOSIONES DE TODAS CLASES
Contra la Pérdida de Alquileres, Riesgos Locativo, de Recursos y de Paralización de Trabajo a causa de Incendio.

FUNDADA EN 1865
Inscrita en el Registro del Ministerio de Fomento
Domiciliada en BARCELONA.-Paseo de Gracia. núm. 2
Delegación en MADRID.-Gran Via, 16
CAPITAL SUSCRITO: Pesetas 5.000.000.—CAPITAL DESEMBOLSADO: Pesetas 2.000.000
RESERVA ESTATUTARIA: Pesetas 1.000.000

SITUACIÓN Y DESARROLLO DE LA COMPAÑÍA

    AÑOS
    PRIMAS
    Siniestros indemnizados
    Reserva de riesgos en curso
    Reservas estatutaria y para eventualidades

    1873
    289.842'59
    32.361'21
    88.088'37
    64.132'49

    1883
    484.093'40
    230.658'08
    161.091'25
    342.421'08

    1893
    918.442'73
    339.050'14
    306.147'58
    634.448'53

    1903
    1.721.879'91
    812.178'73
    573.626'74
    819.713'90

    1913
    3.409.774'75
    1.332.569'69
    1.255.939'85
    1.449.055'10

    1923
    16.799.939'15
    8.539.211'17
    6.120.634'15
    2.100.000'00

Autorizado por la Inspección de Seguros en 14 de Julio de 1923.

ANTOLIN, LANDA Y C.A.
FABRICA DE MOSAICOS
ESCALERAS, F REGADEAS, TUBERIAS.
Balaustradas.-Mosáico Romano.
OBRAS DE HORMIGÓN ARMADO
Obras de albañilería y hormigón armado del Hotel Real de Santander,
construídos por la casa Antolín, Landa y Compañía.

Elcano, 17.-Teléfono, núm. 655.
BILBAO.
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VINOS FINOS
R. López de Heredia y Cía
HARO-RIOLA
Domicilio Comercial y Depósito Central
MADRID.

PIDANSE EN TODAS PARTES

VIÑA TONDONIA
COSECHA DE 1913

Telégrafo, Teléfono y Cable: EREDIAVINO.—Madrid

Esta Casa acepta Agentes-Representantes bien reputados en todas partes del Mundo en que no los tenga, haciendo referencia a esta Revista al dirigirse sus ofertas y proposiciones.
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hecho antes el alcalde, invocando el artículo 41 del reglamento. Y así es como el obrero, ante la amenaza de ver prescrita su acción por el transcurso del breve lapso de un año establecido para ejercitarla por la ley de Accidentes, impetró el auxilio del Ministerio del Trabajo, para obtener el reconocimiento de su derecho, invocando el artículo 40 que faculta a los interesados para recurrir ante el ministro contra los acuerdos de los gobernadores. Reconozcamos que es triste esta odisea de un pobre obrero a través de diversas dependencias oficiales en busca de protección; pero abstengámonos de atribuir el resultado a mala voluntad de los funcionarios, quienes, sin duda, se atuvieron a las prescripciones legales. Es que nuestras leyes son fecundas en trámites de resultado dilatorio y se inspiran con frecuencia en un criterio de desconfianza hacia el funcionario que impide a éste buscar libremente el camino más adecuado para el cumplimiento de su función.

Vengamos ahora al examen de la disposición a que nos referimos, y que, sin resolver el caso del recurrente soluciona con carácter general las dudas a que la aplicación de la ley ha dado lugar.

Después de establecer en unos cuantos considerandos donde se revela un hondo sentido social—ese mismo sentido social que inspiró al Tribunal Supremo al resolver que las dudas ocurridas en la aplicación de la ley de Accidentes, deben resolverse a favor del obrero—los vacíos, las lagunas y las contradicciones de la legislación actual y la necesidad de evitar dificultades «a la efectividad del derecho de los accidentados» establece lo siguiente:

En cuanto al reconocimiento previo de los obreros, que cuando éste no se verifique por dejación de la facultad que el patrono tiene para llevarlo a cabo, se presuma iuris tantum la sanidad del obrero. Es decir, la presunción equivalente a la establecida a favor del patrono y en contra del obrero para el caso de que éste no se preste a ser reconocido.

En lo tocante a la información previa, se señala el procedimiento y la autoridad ante quien ha de seguirse. Las infor-
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REVISTA CATÓLICA

DE CUESTIONES SOCIALES

(Con censura eclesiástica).

Donativo:
José Luis de Arrese y Magra

EL DIA DEL LIBRO

¿Cómo va a invertirse el dinero de la comunidad?

La innovación del llamado «Día del Libro» merece, de modo preferente, que dediquen a ella su atención cuidadosa las corporaciones y entidades, a quienes se encomienda que destinen una parte de su presupuesto a la adquisición de obras, que han de ser gratuitamente distribuidas; y dicho está que esta atención cuidadosa que achacamos a las corporaciones oficiales, es la atención de todos y cada uno de los miembros que las forman, sobre los cuales pesa la responsabilidad moral y social de las lecturas que se pongan al alcance del pueblo.

Ya hemos dicho en otra ocasión, que este afán por la difusión de la cultura es arma de dos filos; que el «Día del Libro» no puede reducirse a una mezquina finalidad de proteger la industria editorial, comprando las ediciones que el público lector rechaza y deja de cuenta de los editores; y que no por mucho que lea se educará mejor el pueblo, sino porque sea bueno lo que lea.
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Se compondrán de un presidente y de los vocales patronos y obreros que se fijarán en la disposición que dé vida al organismo, elegidos los vocales según las reglas contenidas en el R. D. de 5 de octubre de 1922 sobre comités paritarios profesionales, siendo presidente, a falta de designación unánime por el Comité, la persona que designe el Ministerio del Trabajo a propuesta del Patronato.

La principal atribución de estos comités es la fijación de las retribuciones mínimas de la mano de obra.

Como base para dicha determinación se asimilará la retribución «a la que un obrero de capacidad media y de igual categoría perciba en los trabajos de la misma clase o de la más semejante posible en los talleres, fábricas y centros de trabajos de la región no sometidos a dicho régimen», teniendo en cuenta las fluctuaciones normales del trabajo por razón de la estación o de otras circunstancias, así como los gastos que supongan para el obrero el alquiler de las máquinas o el uso de los motores mecánicos y cualesquiera otros gastos que afecten a la generalidad de los obreros empleados por el patrono, tales como los de traslado de dichos obreros al taller, y excluyendo desde luego el valor de los materiales o accesorios necesarios para la fabricación, que serán proporcionados por el patrono y abonados aparte.

Una vez fijadas las tarifas con arreglo a las normas que se indican, se comunicarán a los interesados, quienes podrán formular sus observaciones ante el Comité. Contra la decisión que éste adopte cabrá alzada ante el Ministerio del Trabajo.

Los tipos así fijados regirán por dos años, salvo circunstancias extraordinarias que puedan motivar su revisión a instancia de los interesados. En todo caso tres meses antes de transcurrido el lapso de tiempo de su vigencia, serán sujetos a revisión.

* * *

Contiene el decreto que nos ocupa otras prescripciones que tienden a garantizar a los obreros contra abusos posibles en la remuneración o en la práctica del trabajo. Así, se esta-
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blece que el pago habrá de verificarse por semanas, en caso de mayor aplazamiento, y en metálico sin descuento de ninguna especie por entrega de materiales o venta a crédito; que se regulará la entrega de la obra, sin que en ningún caso se pueda exigir al obrero más de media hora de espera para la operación; que dicha entrega habrá de verificarse a las obreras por personal femenino; que habrá de hacerse constar por medio de una tarjeta registrada u hoja-talonaria, donde se exprese la entrega y la tarifa aplicable. Y por último se consigna terminantemente la obligación de los patronos a domicilio de cotizar para constituir a sus obreros la pensión de vejez que proceda con arreglo a la legislación del Retiro obrero.

Para asegurar el cumplimiento de sus disposiciones, establece el decreto la obligación de los patronos a domicilio de inscribirse como tales en los comités paritarios y en la Inspección del Trabajo, expresando el local donde verifique la entrega de la obra a los trabajadores, la obligación de llevar un registro de los obreros a quienes dió trabajo, la de exhibir dicho registro a los Inspectores, etc., etc. Las infracciones se castigarán con multas de 25 a 500 pesetas, presumiéndose juris tantum la culpa del patrono, y las sanciones se impondrán por los procedimientos establecidos en el Real decreto de 21 de abril de 1922.

* * *

El juicio que ha de merecernos el decreto sobre trabajo a domicilio no puede ser más favorable. Da normas flexibles; pero seguras para la fijación del salario mínimo, buscándolas en la estimación media de análogos trabajos ejecutados fuera del domicilio, (1) confía su aplicación a organismos profesionales, presididos por una persona imparcial, equipara a estos obreros a los demás, por lo que toca al régimen de re-

(1) Pudiera echarse de menos en este punto la afirmación del salario vital, es decir, la de que el salario no ha de ser inferior a lo necesario para hacer vivir al obrero «sobrio y honrado», de que habla León XIII; pero ha de tenerse en cuenta que, fijado el salario por tarea realizada, no cabe aplicar el principio con todo rigor, puesto que esta puede ser mayor o menor, por más que debe calcularse la labor que ha de realizar un obrero en la jornada legal, para fijar el salario por tarea o por piezas.
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tiros y adopta precauciones contra las explotaciones de que puedan ser objeto. Convencido en fin de la necesidad de la cooperación social en este punto, crea un alto organismo que estudie y divulgue las cuestiones relativas a esta índole de trabajo y sea como una alta magistratura que dirima las contiendas de clase en torno del salario.

Esta ley, como todas las leyes sociales, y más que otras, necesita de la cooperación social de instituciones tutelares de estos obreros, que velen por el reconocimiento de sus derechos y faciliten la obra de la Inspección. Los católicos sociales españoles tienen aquí una gloriosa tradición a que responder. Sus hermanos de otros países han emprendido en favor de ellos, de las obreras de la aguja en particular, campañas que están en la memoria de todos. En nuestras grandes capitales, la mujeres que se ocupan algo de acción social, las han hecho también objeto de su solicitud en los últimos años. Ahora que disponen de un arma legal, poderosa, que pueden hacer eficaz su actuación, es la hora de que redoblen sus esfuerzos en beneficio de estos trabajadores, los más desvalidos y por tanto los más necesitados de amparo.

JUAN DE HINOJOSA.
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LA ACCION SOCIAL AGRARIA

EL NUEVO ORGANISMO OFICIAL Y SU TITULAR

Va para mes y medio—pudiéramos decir que está terminando la cuarentena—de la creación del nuevo organismo oficial dependiente del Ministerio del Trabajo y denominado «Dirección general de Acción Social Agraria».

¿Qué pretende, qué fines persigue, qué es lo que aspira a dirigir y orientar el nuevo centro?

Cuanto tiene relación con el cultivo de los campos, en el aspecto técnico, con el fomento de la industria agraria y sus mejoras, está vinculado en la Dirección general de Agricultura, cuya intervención se extiende además a otros aspectos de carácter social. Y es de creer que esta otra Dirección general de Acción Social, limitada a la vida del campo, no ha de invadir la esfera ya delimitada de la otra Dirección, por lo cual se supone que su misión ha de concretarse a procurar el mejoramiento (material y moral), no de los campos, sino de los hombres, restaurando la vida plácida y patriarcal, y creando una clase social de agricultores que por la pureza de las costumbres, por la independencia económica y por la sindicación o agremiación, constituya una fuerza socialmente conservadora, baluarte de los principios básicos y fundamentales del orden.

Tal vez parezca suspicacia partidista el decir que la creación de este nuevo organismo está inspirada en el deseo del Estado de cooperar y tutelar la de día en día más eficaz y difundida acción social que en los campos realiza la organización católica; pero debe de ser así, porque de otra suerte, si la acción social del Estado se apartara de esas tenden-
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cias, sería un mal lo que sin duda persigue un bien. Y sería un mal porque hay que reconocer que la organización de los trabajadores rurales y su alejamiento de las funestas teorías socialistas, que aplicadas al campo son la revolución, se debe única y exclusivamente a la acción católica, que tanto tuvo que luchar en el pasado régimen contra el sectarismo, unas veces, y el miedo pueril a ser tiildados de reaccionarios otras, de gobernantes que no supieron o no quisieron estimar la trascendencia patriótica, económica y pacificadora de la sindicación agraria católica; obra exclusiva, en la concepción y planteamiento, de unos cuantos hombres de espíritu apostólico, y en la realización de esa legión benemérita de Párrocos rurales, sobre quienes pesa la responsabilidad enorme de mantener unidos a los principios doctrinales de la Iglesia en materia social los humanos intereses, que fácilmente se desbordan cuando se persigue el provecho material, sin freno alguno que contenga el impulso en los límites de la equidad y de la justicia.

Puede creerse, pues, con fundamento, que la nueva Dirección general de Acción Social Agraria es una consecuencia de la obra magna realizada por la sindicación católica, que se inspira en los fines y procedimientos de ésta, para conseguir una evolución pacífica y cristiana en la organización actual de la propiedad de la tierra, que es el problema social de carácter material, de éste y de todos los tiempos. Y así lo da a entender el propósito enunciado ya, de que la obra principal de la nueva Dirección será la de crear no colonos sino propietarios en pequeña escala, corrigiendo acertadamente la orientación liberal de la ley de colonización, cuyo fracaso es patente, y que había fracasado desde su promulgación, por sus errores técnicos en gran parte, pero más tal vez por hurtar las posibilidades de convertir al jornalero o colono en dueño de la tierra, que había de transformar con su esfuerzo en fuente de riqueza para el común provecho.

No es de la competencia del Estado, ente de condición variable según los principios en que se inspiren los que ejercen el Poder en su representación y nombre, dirigir, impo-
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niéndola, la acción social de los ciudadanos. Al Estado solo le toca cooperar y no estorbar, esto es, ejercer una acción de tutela y defensa. Lo contrario, es caer en el socialismo, que equivale en la práctica a la tiranía. Por lo cual, bien que el Estado, por medio de sus organismos adecuados, apoye la obra en marcha, pero sin que las instituciones sociales pierdan su independencia y autonomía.

El Gobierno actual es un Gobierno de buenas intenciones. Lo evidencia el hecho de seguir las huellas y el rumbo de la acción social agrario-católica, que en su desenvolvimiento, aunadas la justicia y la caridad, persigue las legítimas reivindicaciones del proletariado rural, dentro del respeto absoluto a los principios fundamentales de la constitución social, que tiene sus cimientos en la eterna Ley evangélica, y su Código inmutable en los Mandamientos. Y es de recordar aquí la declaración reiterada del Presidente del Consejo, quien siempre que habla del problema social reconoce y proclama que su resolución sólo se encontrará buscándola en los principios católicos, porque todo lo demás son utopías en el mejor caso, cuando no son, como es lo corriente, pres- misas de la revolución, cuya consecuencia, si se logra, es la más feroz anarquía.

Ha sido nombrado para regentar la nueva Dirección general, don Luis Benjumea y Calderón, hombre de vasta cultura, de larga práctica en la acción social agraria e intención bonísima. Al ocupar el cargo ha declarado que el propósito que le anima es el de acometer una rectificación total en la acción del Estado, por lo que respecta a la aplicación de los medios económicos con que cuenta en la obra de protección a los trabajadores de la tierra.

Fracasada y derogada de hecho, por desvío e ineficacia, la ley de Colonización; desvirtuado el Pósito, que de auxilio al agricultor fué transformado por la política liberal en arma caciquil y en provecho de desaprensivos, el señor Benjumea pretende invertir esos recursos en elevar la condición social de los jornaleros, y crear un pueblo libre donde sólo existen parias.

Treinta millones de pesetas se invirtieron en la aplica-
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ción de la ley de Colonización, para poner en cultivo montes y pizarrales, para crear colonias, de las que huyeron los colonos que ningún porvenir veían en ellas, que ninguna raíz echaban que en ellas les retuviera. Lo que se ha malbaratado o malversado de los Pósitos, debe elevarse a cifra exhorbitante.

Pues bien, la rectificación que el señor Benjumea hace en esto es radical. Nada de colonias; nada de cubileteos con el capital de los Pósitos. Para el auxilio al labrador ahí está el Crédito agrícola, fácil, rápido, providente. Y el capital de los Pósitos se colocará en algo de positiva conveniencia local y social, tal como la adquisición de predios que se adjudiquen en parcelas de propiedad inajenable entre los braceros de cada localidad respectiva, contribuyendo así a la creación de familias campesinas, célula de municipios, que vayan poblando el territorio despoblado, para que desaparezcan esas grandes extensiones de tierras, como en Extremadura y Castilla, donde se da el caso de existir veinte kilómetros o más sin una casa y sin un árbol a la vista; y no hay que decir que sin un hombre que se alce en la soledad de los campos, mientras los jornaleros desocupados piden limosna bajo los porches de las Casas Consistoriales en los pueblos o emigran a las ciudades para provocar con la concurrencia crisis absurdas de trabajo.

Indudablemente, mucho puede el Estado hacer, con los medios de que dispone, para cooperar a la intensa acción social agraria que en España se está realizando, para prosperidad de la patria y afirmación del orden social, por la admirable organización católica. Y siendo quien es y como es el Director de la nueva Dirección de Acción Social, mucho puede esperarse de él por su preparación y por la excelencia de su espíritu, y así lo esperamos nosotros de don Luis Benjumea, al que felicitamos y deseamos constantes aciertos.

D. INCÓGNITO.
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ROMA SOCIAL

A la hora de reanudar estas crónicas, interrumpidas por mi estancia en Norteamérica, se celebra en Castelnuovo Fogliani la gran Semana Religioso-Social, organizada por el Instituto Apostólico del Sagrado Corazón.

Se trata de otra iniciativa que salió de las aulas de la Universidad milanense. El Papa la ha acogido con efusiva complacencia, y en carta suscrita por el Cardenal Gasparri se hace resaltar en términos muy expresivos la transcendencia del propósito que va por triunfales caminos de realización. Se comprende el autorizado encomio después de conocida la finalidad de este empeño y la forma en que se verifica.

Casi al mismo tiempo se han celebrado en diversas regiones de Italia actuaciones de análoga tendencia y carácter; Congreso de Directores de la Acción de las diócesis de Campania en Caserta, donde se discutió acerca de la naturaleza, fines y normas directivas de esta modalidad del celo. Curso de vulgarización dedicado a los sacerdotes, en Pádua, donde se analizó punto por punto el documento fundamental acerca de esta materia publicado por Pío XI, UBI ARCANO DEI; la celebración, ya periódicamente anual, del curso académico en el Instituto de ciencias sociales de Bérgamo, cuyo índice de temas abarca las cuestiones más interesantes del momento; ciclo de conferencias de formación social para señoras en Pinerolo; Semana Social para la Federación de la juventud milanesa, de cuya importancia puede juzgarse con sólo indicar el pensamiento orientador: «El joven católico y el problema de su porvenir». También debemos citar el hecho de haberse unificado en Florencia las diversas asociaciones
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católicas que hasta la fecha no actuaban con aquel sentido de coordinación preciso para el máximo rendimiento.

Pues con reflejar en parte las mentadas manifestaciones la fervorosa actividad que desarrolla el catolicismo italiano, con verse aquí los hitos y guiones que marcan la ruta por donde marcha, todavía no constituyen el índice representativo de su pujanza y menos aún de su orientación, que es lo esencial.

Menester es, para dar con la clave de esos éxitos, pararse un poco a considerar la génesis de la Semana Religiosa Social de Castelnuovo Fogliani.

En la preparación de los directores de la acción católica, —dice el P. Gemelli, rector del Instituto Apostólico— para imprimir al movimiento unidad orgánica, para seleccionar, en fin, los elementos más acomodados y más aptos, no bastan las grandes reuniones.

Así es efectivamente; el aparato y la escenografía lo anublan y envuelven todo, de tal suerte que la quietud y el sosiego necesarios para meditar sobre las ideas expresadas se convierten y cambian en un entusiasmo febril, en una movilidad continua que debilita las energías.

Cursos de propagandistas, retiros, asambleas locales y regionales, bien está que se celebren; son formas múltiples y convenientes para la expansión de las ideas, para robustecer las organizaciones. Son anillos de la gran cadena; pero hay que eslabonarlos, y esta tarea, peculiar casi y hasta podría añadirse consustancial a la naturaleza del sacerdocio, requiere, para obtener la debida eficacia, un esfuerzo intelectual, una disposición de espíritu. ¿Cúmplense de ordinario ambas condiciones, preliminares necesarios para una dirección feliz, entre el ruido y la disipación de los Congresos y Asambleas?

Así como hay una «casa de ejercicios» donde en soledad y reposo el alma se encara con Dios Nuestro Señor, debe haberla también para estos menesteres del régimen y gobierno de los organismos católicos, que al cabo son natural y directa derivación del sacerdocio.

He aquí la razón de ser, harto justificada, del Instituto