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y aquellos que los compran, se suscriben y les envían anuncios, a tal punto, que ¡cuántos de esos periódicos y revistas morirían, si el ingreso del anuncio les faltara!

Como incurren en pecado de cooperación—añade, señalando una norma de conducta práctica—quienes pudiendo impedir que otros compren esas publicaciones, se suscriban a ellas o les proporcionen ingresos por publicidad, no lo hacen.

Así es. Porque, ¿de qué se quejan, tantos católicos, cuando se quejan de los excesos de esa prensa nefanda, si no consideran antes su conducta, y la culpa que les alcanza en la difusión y prosperidad de esa prensa, cuando menos por omisión?

A tal grado de inconsciencia y de insensatez se llega en esto, que no constituye caso extraordinario ver cómo en páginas de periódicos ambidextros se ha llegado al extremo de aparecer, juntas, esquelas de defunción de católicos y de protestantes, en repugnante vecindad, y como es corriente que en las mismas páginas se dé cuenta de entierros verificados fuera del seno de la Iglesia junto a invitaciones para sepelios encabezados con la Cruz.

El báculo del Cardenal Arzobispo de Toledo, por virtud del decreto a que nos venimos refiriendo, cae sobre estas promiscuidades y las separa. La palabra del Cardenal que dirige la acción social católica en España, define y declara la ilicitud de tamaña condescendencia vergonzosa. Y póñese de relieve la significación característica de su autoridad episcopal que, como queda dicho, es la de abominar de esa laxitud de las conciencias, la de condenar toda neutralidad en el pensamiento, en la denominación y en la conducta, y la de afirmar en síntesis, que todo aquello que no sea declarado y ostensiblemente católico, no puede ser admitido a la convivencia con cuanto es obra y acción esencial y exclusivamente del catolicismo.

Un ejemplo vivo, tangible, aleccionador, y que demuestra aunque tardíamente y en pleno fragor de la lucha, cual ha de ser la conducta y norma de los católicos por imperativo de su propia vida y de sus propios libertad y derechos, es
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el ejemplo de lo que ocurre en México. Cuando la persecución material y violenta ha llegado, aquellos católicos han apelado al boicot, al alejamiento, al vacío, alrededor de todo género de empresas, que por no estar con ellos están de hecho contra ellos.

Si a tiempo esa conducta, de actitud irreductible y hostil a lo no católico, se hubiera ejercido, a buen seguro que la persecución de violencia neroniana no hubiera llegado a estallar.

Pero aquellos hermanos nuestros se dejaron ganar el terreno, y cuando quisieron apelar a la defensa estaban cercados, sin otro recurso que el de formar el cuadro para morir heroicamente en defensa de la Fé, acometida con furia por el sectarismo.

Triunfarán, porque la sangre de los mártires es fecunda, pero nosotros que nos hallamos a tiempo, ¿no hemos de aprender la lección que México nos ofrece?

Es ahora, en esta tregua de paz material, que no es paz de los espíritus, cuando la organización es más fácil, como dice el Emmo. Cardenal Primado: no debe fiarse nada a la improvisación del momento si el día de la guerra llegara. Si queremos la paz, hemos de tener preparada siempre la organización para la guerra.

Teniendo en cuenta además que, si nosotros dormimos confiadamente, el enemigo vela, y además trabaja incesantemente sin omitir recursos ni medios, y que tanto mayor será nuestra culpa cuanto mayor nuestra laxitud, nuestra confianza, nuestra pasividad, o la culpable indiferencia cuando no pecaminosa condescendencia; siendo así que nos sobran los elementos para hacer nuestro campo inasequible e invencible.

MANUEL S. CUESTA.
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HACIA LA ORGANIZACIÓN CORPORATIVA

El Real Decreto-Ley de 26 de noviembre último estableciendo la organización corporativa nacional podemos saludarlo en cierto modo como la proclamación oficial de una de nuestras más caras reivindicaciones, la de la organización corporativa suprimida por las revoluciones, la de la restauración del orden profesional desconocido por el individualismo.

¿Recordáis aquellos párrafos inolvidables de la Encíclica Rerum Novarum que nos describen los sufrimientos del proletariado motivados por la inhibición del Estado en las cuestiones sociales y por la destrucción de las antiguas corporaciones, que llega en la legislación revolucionaria francesa hasta prohibir a los del mismo oficio que se reúnan para deliberar «sobre sus pretendidos intereses comunes?». ¡Así sobre la multitud amorfa no defendida por la asociación contra posibles agresiones llegaron a entronizarse como dueños absolutos del mercado del trabajo «aquellos hombres opulentos que hicieron pesar sobre las muchedumbres un yugo poco diferente del de los esclavos».

Pero los proletarios se miraron un día unos a otros y, conscientes de su fuerza y de su poder, consiguieron no sin grandes esfuerzos reconstituir la asociación profesional y hacerla reconocer después por la ley positiva. Fué el sindicato, el sindicato obrero que, hijo de las necesidades de la lucha, estuvo con frecuencia animado de un espíritu negativo y rebelde, que le convirtió en agente de disolución más bien que de reconstitución social.

Frente a él se levantó el sindicato patronal y fué la guerra a muerte entre ambos, cada uno de un lado de la barri-
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cada. Es la dolorosa historia que hemos vivido hace unos pocos años.

Pero las asociaciones obreras y patronales, depuradas del espíritu de lucha que les dió vida, animadas por una generosa aspiración a la justicia, son los órganos naturales de la sociedad profesional. Son indispensables en toda sociedad bien organizada y se hace preciso llevar a ellas, como a sus órganos adecuados toda la regulación de la vida profesional, hoy en gran parte dirigida y gobernada por el Estado. A esta idea—que es una idea propugnada por el catolicismo social—responde el R. D. que resumimos a continuación, por más que en él no llegue a despojarse el Estado enteramente, ni ello es posible en el estado actual de las cosas, de la función tutelar que las leyes le reconocen.

* * *

La primera rueda del engranaje corporativo la constituirán los comités paritarios, que define el art. 5.º del R. D. que nos ocupa como «instituciones de derecho público, con el fin primordial de regular la vida de la profesión o grupo de profesiones que corresponda dentro de la legislación vigente».

Dichos comités serán creados por el Ministerio del Trabajo, empezando por los grandes centros de población industrial obrera y dentro de ellos por las profesiones u oficios en que las especiales condiciones del trabajo lo exijan.

A los efectos de la organización paritaria se clasifican los oficios en veintisiete grupos, por razón de analogía entre los diversos oficios.

Estos grupos serán representados dentro de la localidad o localidades respectivas por tantos Comités paritarios como oficios o especialidades comprendan, pudiéndose crear por excepción cuando las circunstancias lo aconsejen Comités paritarios interlocales cuya demarcación será fijada en caso especial por el Ministerio del Trabajo.

Los Comités paritarios locales de cada industria se compondrán de cinco Vocales patronos, otros tantos obreros e igual número de suplentes, con un Presidente y un Vice-
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presidente ajenos a la profesión designados por el Ministerio a propuesta en terna del Gobernador civil de la provincia. Los demás cargos del Comité (Vicepresidente segundo, Vicesecretario, Tesorero y Contador) se nombrarán por el mismo Comité de entre sus miembros, de manera que sean desempeñados por igual número de patronos y obreros.

La elección para los organismos paritarios locales se verificará por las asociaciones patronales u obreras que se hallen constituidas legalmente y estén incluidas en el censo electoral social formado por el Ministerio del Trabajo.

Conforme al artículo 12, se consideran asociaciones obreras las formadas exclusivamente por trabajadores intelectuales o manuales para la defensa o fomento de los intereses profesionales del oficio a que se refiere el Comité paritario; y por asociaciones patronales las constituidas con arreglo a la ley de Asociaciones, y las sociedades civiles o compañías mercantiles que ordinariamente ocupen más de cien obreros.

El derecho electoral corresponde a los miembros de las asociaciones antes enunciadas, sirviendo de censo el registro de socios de las mismas, y verificándose las votaciones dentro de cada asociación obrera con arreglo a sus estatutos; y respecto de las asociaciones obreras concediéndoles un número de votos proporcional al de obreros que ocupan, en la forma prevenida en el número 6.º del artículo 12 del Real Decreto. El escrutinio y la proclamación se verificarán por las delegaciones regionales o locales del Consejo del Trabajo con recurso ante el Ministerio. Cuando no existan asociaciones los patronos y los obreros designarán sus representantes en reuniones separadas convocadas por el Presidente de la delegación del Consejo del Trabajo.

En cuanto al derecho electoral pasivo, todos los españoles mayores de edad y no incapacitados para ejercer cargos públicos, incluso las mujeres, pueden ser delegados miembros de los Comités paritarios.

Alguna modificación experimentan las reglas citadas tratándose de los Comités paritarios interlocales. Estos estarán formados por siete Vocales patronales y siete obreros e igual número de suplentes.
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Las atribuciones de los Comités paritarios locales e interlocales son las siguientes:

1.º Determinar para el oficio o profesión respectivos, o conjunto de oficios o profesiones, las condiciones de reglamentación del trabajo: distribución, horarios, descanso y en general las que puedan servir de base a los contratos de trabajo, imponiendo a los contraventores de sus acuerdos las oportunas sanciones.

2.º Prevenir los conflictos industriales e intentar solucionarlos si llegan a producirse.

3.º Resolver las diferencias individuales o colectivas entre patronos y obreros que les sometan las partes.

4.º Organizar Bolsas del Trabajo para procurar en todo momento dar ocupación a los obreros parados, a cuyo efecto llevarán un censo profesional de los patronos y obreros que existan de su ramo en la localidad.

5.º Realizar cualquier otra función social que redunde en beneficio de la profesión respectiva.

Los Comités paritarios podrán agruparse en entidades voluntarias que reciben el nombre de Comisiones mixtas del trabajo. Las constituirán tres representantes de los obreros y tres de los patronos de cada uno de los Comités paritarios. Los cargos de Presidente y Vicepresidente serán de designación del Ministerio del Trabajo y los restantes cargos se proveerán por elección de la Comisión mixta entre sus miembros.

Se constituirán por Real Decreto y formarán su propio reglamento, que será sometido a la aprobación del Ministerio del Trabajo.

En cuanto a sus atribuciones, establece el artículo 21 que entenderán a los efectos de su aprobación y eficacia en todos los acuerdos de los Comités paritarios relativos a las condiciones del trabajo, «teniendo en este punto las facultades que hoy están atribuidas a los Tribunales industriales y sin perjuicio de los recursos de casación que establecen los artículos 456 y siguientes del Código del trabajo». Podrán también imponer las sanciones pecuniarias procedentes por la infracción de dichas normas, aun sin que pro-
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ceda reclamación de parte, y hacerlas efectivas. Procurarán la conciliación en las desavenencias que se produzcan entre obreros y patronos, ejecutando los laudos que los interesados se hayan comprometido a aceptar, y promoverán por último la cultura social en sus diversas formas.

Las comisiones mixtas a que nos hemos referido son sin duda en la mente del Real decreto la regla general, pero se prevé el establecimiento de comisiones mixtas provinciales del trabajo y de una comisión mixta que las comprenda y represente. En este caso la Real orden del Ministerio del Trabajo que decrete su creación fijará el número de los vocales y las facultades y reglas del funcionamiento.

El conjunto de Comités paritarios de patronos y obreros de una misma industria constituye la corporación, personificada en el Consejo de corporación, radicante en el lugar donde más desarrollada se encuentre la industria de que se trate.

El Consejo de corporación se compondrá de un Presidente, Vicepresidente y Secretario, nombrados libremente los dos primeros por el Ministerio y el segundo a propuesta en terna del Consejo; y de ocho vocales patronos y ocho obreros, propietarios, y otros tantos suplentes elegidos por los Comités paritarios, siendo de notar a este respecto que si computados los votos emitidos por cada Comité resultase que alguna de las candidaturas en minoría representa el 20 por 100 de los patronos u obreros asociados de la profesión, se otorgará representación a la minoría, quedando compuesto cada grupo de seis vocales de la mayoría y dos de la minoría.

Las facultades de los Consejos de corporación se extienden a conocer de las reclamaciones que se susciten sobre asuntos de carácter general, a determinar las condiciones de trabajo en cuanto se excedan de los límites de una localidad o región, a resolver las alzadas contra los acuerdos de los Comités, a procurar la solución de las discordias, promover la celebración de Congresos sociales, a informar al Gobierno en los asuntos corporativos, a promover las instituciones de asistencia social, etc., etc.
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Por último, como órgano de relación entre los distintos Consejos corporativos, se crea la Comisión delegada de Consejos que actuará como órgano consultivo inmediato del Ministerio del Trabajo, aparte de sus facultades en materia de alzadas. Se compondrá de un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario, designados por el Ministerio del Trabajo, en forma análoga a la indicada respecto de los Consejos de corporación, y de siete vocales patronos y siete obreros, propietarios, y otros tantos suplentes, elegidos por compromisarios designados por los Consejos de corporación. A tal efecto, estas entidades designarán cada una un vocal patrono y otro obrero de su seno, los cuales, reunidos en Madrid, procederán a elegir los vocales de la Comisión delegada. Serán vocales natos de la misma el Director general de Acción Social y el Inspector general del Trabajo.

Los acuerdos, así de los Comités como de las Comisiones mixtas, se tomarán por mayoría absoluta de votos en primera convocatoria, y por mayoría absoluta de asistentes en la segunda.

Los Comités paritarios que integren una Comisión mixta del Trabajo tendrán que someter sus acuerdos a esta Comisión, y serán remitidos en todo caso a la Delegación regional del Trabajo, o a la Inspección y a la Comisión delegada de Consejos. Si el Delegado o el Inspector estiman que el acuerdo infringe alguna ley, o excede las facultades del Comité, lo pondrán en conocimiento del Gobernador, el cual podrá suspender tal acuerdo. El Comité podrá recurrir contra la suspensión ante el Ministerio del Trabajo.

También el Ministerio, oído el Consejo de corporación respectivo a la Comisión delegada, en casos urgentes podrá suspender los acuerdos de los Comités, si se trata de acuerdos que sin infringir la ley puedan producir lesión o quebranto a los intereses industriales.

La Comisión delegada podrá también proponer la revisión de los acuerdos tomados por los Comités paritarios por modificación de las circunstancias que les dieran vida.

Contra los acuerdos de los Comités paritarios, puede recurrirse en alzada, ya por los interesados, ya por los miem-
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bros del Comité, ante el Consejo de corporaciones; y contra los fallos de éste, si son de carácter general o afectan a una rama de la industria, ante el Ministerio del Trabajo; el cual resolverá, oída la Comisión delegada y la permanente del Consejo del Trabajo.

Contra la imposición de sanciones en la medida autorizada por el Real decreto, se concede recurso de alzada ante el pleno del Comité local o interlocal que impuso la sanción.

Por lo que se refiere a los acuerdos de las Comisiones mixtas del Trabajo, cuando estos sean de carácter general y afecten a una o varias ramas de la industria, se podrá recurrir en revisión ante la propia Comisión, y si se denegare la pretensión podrán los interesados recurrir ante el Ministerio del Trabajo.

Tienen por lo demás la misma obligación de comunicar sus acuerdos a las Delegaciones y a la Comisión delegada de Consejos, pudiendo ser suspendidos sus acuerdos en forma semejante a la indicada respecto de los Comités paritarios.

Por último, los Comités paritarios y las Comisiones mixtas pueden ser suspendidos interinamente por el Gobernador, y disueltos en definitiva por el Ministerio del Trabajo, por razones de orden público.

* * *

No es posible en los breves límites de este artículo hacer un análisis minucioso de esta importantísima disposición, ni una crítica de sus preceptos.

Como se vé, parte de la base ofrecida por la realidad—las asociaciones profesionales libremente formadas—para la constitución de los Comités paritarios, de donde arranca a su vez todo el edificio corporativo, llegando tan sólo a la agrupación por vía obligatoria donde dichas asociaciones no existen. Tanto en la organización de los Comités, como en la de los restantes organismos que integran la corporación, dominan los elementos profesionales; pero no se prescinde de la intervención de otros elementos de designación oficial, en los que radicará en definitiva la solución de las pug-
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nas profesionales. No es ello acaso el ideal; pero no es posible tampoco en el estado actual de las cosas conferir una plena autonomía a los organismos profesionales. Únicamente sería de desear que la designación de tales elementos fuera reglada y no libre por parte del Poder público. También sería conveniente reducir el número de vocales, que puede significar una traba para el funcionamiento de estos organismos. Por último, es de lamentar que el Decreto, que a diferencia de lo que hace la ley italiana de 3 del pasado abril, respeta la libertad sindical, no conceda a las minorías la debida representación en los Comités paritarios. La conferida a estas en el Consejo de corporación es en cierto modo «ilusoria», como decía El Debate (1), puesto que en los organismos básicos no se dá tal representación.

Leyendo la enumeración de las atribuciones vemos cómo se les otorga la regulación de la vida profesional, la aplicación de sus normas y el fomento de la cultura profesional. El campo es como se vé amplísimo y hay en él extremos que requieren puntualización. Así sucede, por ejemplo, con los Tribunales industriales, cuya desaparición parece anunciar el artículo 21, aunque éste deja subsistente por lo visto el recurso de casación contra las resoluciones adoptadas en caso de litigios individuales. Así también en lo relativo a la huelga, recurso que no se sabe si se sigue reconociendo a patronos y a obreros, puesto que los acuerdos sobre las condiciones del trabajo son obligatorios y susceptibles de revisión, y por otra parte, sus infracciones pueden y deben ser sancionadas.

Todo ello habrá de ser sin duda objeto de ulteriores disposiciones, sin perjuicio de que las del decreto que nos ocupa empiecen a aplicarse, desde luego tomando como punto de partida los Comités paritarios existentes, conforme a las disposiciones transitorias.

JUAN DE HINOJOSA.

(1) La organización corporativa. Número del 28 de noviembre.
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IMPORTANTE DOCUMENTO

La cooperación de los católicos a entidades y empresas que no lo son

Hasta hoy no ha llegado a nuestro poder el texto íntegro del decreto del Eminentísimo Cardenal Primado sobre cuestión tan importante como la cooperación de los católicos a las entidades y empresas que no lo son; y como ofrecimos, lo insertamos a continuación:

DECRETO
recaído en la instancia presentada por
don Alberto Hontana
Toledo 6 de diciembre de 1926.

Recibimos oportunamente la atenta exposición que se nos dirigió con fecha 8 del pasado mes, en queja justificadísima del proceder de personas y entidades católicas, que proporcionan trabajo y ganancia a individuos, sociedades, empresas o establecimientos que o son declaradamente hostiles a la Iglesia, o aceptan por igual los encargos y trabajos acordes o disconformes con la doctrina y moral de Jesucristo; en perjuicio notorio de aquellos que, obrando con sujeción a los principios que obligan a la conciencia cristiana, están dispuestos a sucumbir antes que poner a contribución su actividad y sus medios en nada que envuelva ofensa de Dios, y en la que a la vez se nos pedían normas de conducta en esta materia.

Reducida la queja al punto concreto de la lucha contra la pornografía, se dice en el escrito: «Porque se dá el caso,
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eminentísimo señor, que puedo demostrar, de que en las mismas máquinas que se produce esta repugnante literatura, y con las mismas tintas, y con los mismos caracteres tipográficos con que se han estampado los grabados más indecentes, se imprimen y se han impreso inmediatamente después, y alternativamente, revistas cristianas en que el nombre de Dios es alabado, y en cuyas páginas la pureza inmaculada de María y ese divino misterio del Amor Eucarístico, se sintetizan en profusos grabados».

Es verdaderamente inconcebible y muy de lamentar la inconsciencia en que en esto viven y actúan la generalidad de los católicos de nuestros días. En otros tiempos, en los que la libertad del trabajo era un mito y la seguridad personal poco menos, se explica de algún modo hubiera católicos que no quisieran arrostrar las molestias de huelgas, amenazas y peligros que envolvía el tomar obreros pertenecientes a organizaciones católicas, aunque debemos consignar, para honra de los que cumplieron con su deber, que no faltaron ejemplos de valor cristiano, en este orden. En la actualidad, ni siquiera esa cobarde excusa tienen para claudicar.

No hubieran llegado al predominio que tienen las organizaciones obreras hostiles a la Iglesia y al Estado, si desde un principio se hubiera cumplido con el deber de acudir en busca de personas a las organizaciones católicas. Se ha pretextado que éstas no lo tenían suficiente para abastecer a las demandas, que no era apto, que no daba rendimiento. Para excusar una cobardía o una claudicación no hay por qué acudir al insulto y a la calumnia. Con indignación hemos de rechazar las dos últimas, en nombre de los cincuenta mil obreros afiliados a los Sindicatos Católicos, y en cuanto a la suficiencia del número, de nadie, sino de los patronos o empresas sería la culpa. Porque, hay que confesarlo: en todas las clases y categorías sociales, los decididos, los que profesan ideas y principios, los que obedecen ante todo y sobre todo a los ideales, son una minoría; la mayoría, el montón obedece a la vez o preferentemente a otros estímulos, singularmente al de las subsistencias. Traslada a los Obreros Católicos el favor que por medio o por política mal entendi-