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gún día, que ojalá sea pronto, sus seguidores y admiradores, cuantos estiman la justicia, cuantos comprendieron al Apóstol, le erigen el monumento que se le debe, joh, nobles diocesanos de Jaca, reclamad se levante en vuestra ciudad episcopal! Porque ahí fué donde vivió más años, donde alcanzó más nombre y fama, donde se inmortalizó e inmortalizó vuestra Sede. España toda reconocerá vuestro derecho y preferencia y no podrá negaros sus aplausos y los medios y elementos precisos. ¡Los millares de admiradores del sabio Arzobispo, gustosos os prestarán su concurso, para que las futuras generaciones puedan decir que los contemporáneos del gran Prelado le hicieron justicia y cumplieron con su deber! (1)

FRANCISCO NABOT y TOMAS
Profesor de la Universidad de Barcelona.

(1) Cuando nos disponíamos a publicar en el pasado mes este artículo nos hirió la desgraciada noticia del fallecimiento de nuestro Alto Asesor Excmo. Sr. Dr. D. Julián de Diego y García-Alcolea; y ante el perentorio deber de dar cabida al artículo necrológico del Arzobispo de Santiago (q. e. p. d.) hubimos de demorar hasta el presente número esta publicación de un justo y laudatorio recuerdo para otro Prelado insignie, que nos favoreció también con su alta amistad y paternales consejos, el Dr. D. Antolín López Peñaz, verdadero apóstol de la Buena Prensa en España, que fue el primer Alto Asesor de la Revista Católica de Cuestiones Sociales y del «Patronato Social de Buenas Lecturas».—N. de la D.
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La orientación de la Dirección General de Acción Social Agraria

El propósito de difundir la pequeña propiedad

En términos generales, la orientación del Gobierno, revelada en la organización de la Dirección General de Acción Social Agraria, a cuyo frente se halla don Luis de Benjumea, es una orientación plausible.

Advertidos los gobernantes de la realidad del problema social agrario; convencidos—como todos lo estamos—de que la única solución adecuada y eficiente es aquella que universalizó Su Santidad León XIII, al aconsejar la difusión de la propiedad, creando muchos pequeños propietarios; con el propósito resuelto de impulsar esa solución, que es solución de paz, y además de paz firme, el Gobierno, por conducto de la Dirección General de Acción Social Agraria, desarrolla una política que ha comenzado a dar frutos, que ojalá no malogre la tendencia estatista que aún defienden algunos.

Tiene la labor de la Dirección de Acción Social Agraria doble aspecto: de una parte, es labor de destrucción de lo antiguo, fracasado en la práctica, y que por lo tanto debe arrumbarse; tal la disolución de la Junta de colonización interior, la liquidación de las antiguas colonias agrícolas, la reforma del régimen de los Pósitos, convertidos en arma política. Y de otra parte, es labor de construcción, cuyos cimientos puede decirse que son la propia organización de la Dirección General y el carácter y extensión dado al Servicio de crédito agrícola, del que es muestra la creación últimamente acordada de las Cajas provinciales para redención de foros en Galicia, Asturias y León, con el intento de resolver una situación social que, especialmente en la región gallega, motivó con frecuencia lamentables perturbaciones del orden
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y del derecho, y ha sido siempre causa ocasional de odios latentes.

No se detiene el Gobierno—se lo permite su carácter dictatorial—en restricciones de la ley escrita para resolver pleitos seculares, cuando trata de servir los intereses de la paz y de la justicia. Anhela inspirarse, más que en el texto frío de las leyes, en los principios de equidad y de moral que le dicta su conciencia. Y así se ha dado el caso, insólito hasta el día, de anunciar una disposición—que a las fechas en que escribimos está propíncua—para resolver de plano el caso que se ofrece a su consideración en la aldea de San Nicolás, en Canarias, que por la gravedad que encierra la resolución, ha de promover discusiones doctrinales muy interesantes.

Es de notar que el Gobierno proclama su absoluto respeto al sagrado derecho de propiedad, incolmovible ciertamente, pero es de notar también la teoría que sustenta, según la cual hay una causa de utilidad pública, que no sólo afecta a los intereses materiales, sino al interés moral supremo de la paz, y en el cual se apoya para proceder a la expropiación, tasando en conciencia la compensación adecuada, de forma que no sea—dice el jefe del Gobierno—ni larga ni corta, sino la que en justicia corresponda.

Muchas cuestiones árduas plantea esta actitud de quien ejerce el poder, y entre ellas la de la plus valía, y la resolución va a establecer un precedente que sólo tiene paridad en las resoluciones del «buen juez».

Es del ministro de Gracia y Justicia tras de quien está la fuerza del Poder público, que es la fuerza del Estado quien ha planteadlo el problema en términos diáfanos. Los actuales propietarios de esos terrenos de la aldea de San Nicolás fueron antes colonos, algunos de los cuales eludieron el pago de las rentas. Lograron un día adquirir la propiedad de aquéllas tierras, por un total de 500.000 pesetas, y las arrendaron a su vez.

Los nuevos colonos, que iban «a servir a quien sirvió» pagaron sus arrendamientos; convirtieron con su trabajo tierras de producción escasa en tierras de producción copiosa.
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El aumento de valor que les dieron, motivó pretensiones de aumento en el precio de los arrendamientos y se suscitó un grave conflicto al negarse los colonos de consumo al pago del aumento y al abandono de las tierras por ellos cultivadas, por estimar propio el mayor valor dado a la tierra.

¿Cuál ha de ser la solución? El Gobierno, siguiendo la orientación en que se inspira, resuelve que sea la adquisición por los colonos de la tierra que cultivan. Para ello el Gobierno les facilita el capital necesario, con hipoteca de las fincas para responder al pago. Pero se encuentra con que los propietarios de la tierra adquirida en 500.000 pesetas, exigen 25.000.000 al comprador, cantidad exhorbitante y desproporcionada, aun concediéndoles la plus valía que dimana del trabajo ajeno.

No considera el Gobierno moral esta codicia, y para resolver en justicia y dar fin a conflictos de carácter social y de orden público, anuncia su resolución de publicar un decreto que, en virtud de la dictadura, incluso podrá modificar leyes fundamentales en un régimen que en el pasado fué el normal.

No es el momento ni oportuno ni favorable para exponer las consideraciones que sugiere el hecho, pero no se puede desconocer la bondad de la intención.

El Gobierno vé, y está convencido de ello, que existe un peligro seguro en los campos españoles. No desoye las quejas de los campesinos, no es sordo al rumor de reivindicaciones que ganan de día en día más ambiente. Conoce y aprecia el alcance de una situación que deriva en el abandono ineficundo y empobrecedor del campo español, en la congestión jornalera que perturba la vida del trabajo en las grandes ciudades, en la despoblación rural, en la emigración de brazos a otras latitudes, en el silencio de soledad que se adueña de pueblos enteros, de donde huyen los trabajadores agrícolas, en la esterilidad dolorosa del esfuerzo que hace el propio Estado para fecundar con obras hidráulicas las tierras pobres de secano, de las que se van los agricultores, como ocurrió con los cultivadores de tierra a ambas márgenes del canal del Ebro...
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No se pueden atajar esos problemas (que afectan a la vida, a la riqueza pública y a la producción y porvenir de un país más), que por dos procedimientos: o la revolución, que los resuelve anegándolo y destruyéndolo todo en una explosión vesánica de odios, para acabar con la rabia matando el perro; o las soluciones cristianas, inspiradas en la justicia y, cuando ésta no alcanza, en el sentimiento de caridad. Labor que con un sentido patriótico y social, que nunca se agradecerá lo bastante, viene realizando por su propio esfuerzo la sindicación agraria católica, fuera de la cual no encontraba soluciones, dados los rumbos del mundo en la actualidad, el ilustrísimo don Manuel Lago, fallecido Arzobispo de Santiago de Compostela.

—La redención de los agricultores y sus reivindicaciones legítimas—decía—solamente se podrán encontrar dentro de la organización sindical católica.

En el fondo de esa obra social y eminentemente patriótica tiene sustancia el Gobierno, buscando las huellas de León XIII, para seguir el consejo de difundir la propiedad y crear un gran núcleo, un núcleo numerosísimo de pequeños propietarios. Y de ahí la difusión del crédito, tan perfectamente establecido, que no constituye quebranto ni hace temer el menor peligro para los intereses del Tesoro, que por la percepción de los intereses, podrá poseer capital propio sin necesidad de consignaciones presupuestas; y de ahí la creación de Cajas de préstamo, exclusivamente para la redención de foros; y de ahí la liquidación de las colonias agrícolas que, por proporcionar a los colonos tierras malas y escasas, les condenaban a un trabajo penoso sin adecuada remuneración; y de ahí la reforma de los Pósitos, de la que desmerezce no más el tinte burocrático y peligrosamente político de los patronatos provinciales.

Pero lo demás, la orientación, las líneas generales, el propósito, muchos de los procedimientos de ejecución, ¿quién duda que están bien?

Hay que crear muchos pequeños propietarios; es un acierto ligar al labrador a la tierra que cultiva; es obra de acertada política poblar las tierras; es plausible la difusión
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dad por motivos de interés social, todas las que limitan la libertad de contratación (por ejemplo nuestra ley de usura), son disposiciones de carácter eminentemente social, sin que formen por eso parte del derecho obrero. Y son sociales porque significan el predominio del bien de los más sobre la particularidad de algunos. Son—como las mismas disposiciones de la legislación obrera—manifestaciones de un espíritu nuevo que se va infiltrando insensiblemente en el cuerpo del antiguo derecho civil, espíritu que tiende a la protección de los débiles y a la represión de los abusos de los fuertes.

El derecho obrero no es, pues, a nuestro juicio, un derecho cuyos principios inspiradores le sean peculiares y privativos. Sin duda se caracteriza por una mayor sencillez con respecto al derecho civil, cuyos preceptos modifica aun tratándose de las relaciones de orden familiar. Así, el obrero mayor de dieciocho años puede comparecer en juicio, y al menor de veintitrés no le es lícito verificarlo a no hallarse emancipado; la mujer obrera puede percibir su jornal y aplicarlo a las necesidades de la casa, apesar de la oposición del marido, si el Juez lo autoriza, cosa que no puede hacer la mujer no obrera. Otra de las características es la protección que el legislador concede a los trabajadores, hasta contra los peligros nacidos de su propia inexperiencia, por ejemplo, cuando declara irrenunciables los beneficios que les otorga o cuando, según el novísimo Código del Trabajo, faculta al Juez para que oponga su veto a la transacción convenida por el obrero, si la estima lesiva para éste. Pero ninguno de estos caracteres son exclusivos del llamado derecho obrero. No hay mas que recordar las disposiciones radicalísimas de nuestra ley de usura. Allí se faculta a los tribunales para anular los contratos más solemnemente concertados, formando para ello «libremente» su conciencia, es decir: sin atenerse a las pruebas practicadas, aun por las meras «alegaciones» de las partes, siempre que éstas estimen que el prestamista abusó de la situación precaria del prestatario y obtuvo un lucro excesivo y desproporcionado con las circunstancias del caso. Lo propio ocurre con el régimen de arrendamientos de fincas urbanas imperante a partir del R. D. de 21 de
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del crédito, como lo es cuanto estimule el trabajo personal y la producción; es prudente y sabio estimular la constitución del patrimonio familiar...

Aunque la médula de todo eso,—no debe olvidarlo el Gobierno—no es otra que el arraigo que tengan en las masas trabajadoras, agrarias o de otro género, los principios sociales del catolicismo, la conciencia de los deberes que los hombres tienen para con Dios y con el prójimo.

MANUEL S. CUESTA.
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ROMA SOCIAL

Siempre que estampamos el epígrafe de estas crónicas, parámonos a considerar la máxima importancia de su significado. Decir Roma equivale a señalar el meridiano de la fe, la patria ideal del creyente, la casa solariega de la gran familia. Decir Roma, equivale a señalar la ruta de luz que orienta y guía. Si la Acción Católica ha de lograr eficacia y permanencia, forzosamente tiene que poner en Roma su pensamiento y corazón. De aquí nuestro propósito de espigar cuidadosamente en las publicaciones que directa o autorizadamente interpretan el designio pontificio, L' Osservatore Romano, La Civiltà, El Boletín Oficial de la A. C. I. Casi a diario ocupa L' Osservatore dos o tres columnas cuando menos, con reseña y análisis de la actuación del celo en sus diversas modalidades. A la vuelta de cada mes, puede darse casi por seguro, que la mitad de las diócesis italianas, han dejado en las páginas del historial periodístico el resumen de sus obras y la exposición de sus proyectos. Y se advierte enseguida una coincidencia, indicadora de esa unidad de dirección que suele ser garantía de éxito; los más bríosos entusiasmos, los fervores más entrañables consagraronlos a la preparación y adiestramiento de las futuras generaciones. La juventud de ambos sexos y específicamente la juventud universitaria, es la preocupación del Episcopado.

Ha alcanzado también una extensión general y una intensidad correspondiente a la superficie en que se mueve, la obra de los Hombres católicos. Ya se señalaron en crónicas anteriores las características de esta milicia. Aquí en España parece ofrecer analogías, de organización y fin, la llamada con bello nombre Legión Católica.
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Es labor de madurez y consolidación; de esfuerzo diario por tanto, de vigilancia sostenida. Puede recoger y afirmar la herencia juvenil, eliminando de paso un periodo en la vida que suele ser peligroso, y puede, también, dar ocasión a que se manifiesten lozanos y saludables los frutos que en la primera época poco más que en flor se indicaron.

Pero sobre todo, lo que en esta sección de L'Osservatore advertimos, es el resultado de la coordinación que enlaza y engrana todas y cada una de las empresas diocesanas con la norma directriz, que viene del Prelado y vuelve a parar a él, y luego la solidaridad de todas las obras en todas las diócesis, organizadas de un modo análogo, aunque sin perder el carácter propio y peculiar de la región; el eco más o menos resonante de una misma voz, el reflejo de una misma luz. Otra vez volvemos a nombrar Roma.

¿Os agradará, lectores, ver cómo se desenvuelve y funciona la Acción Católica de Italia? Tomamos por guía el Boletín Oficial; un número cualquiera; todos ostentan casi por igual el panorama que deseamos contemplar; la palabra del Papa en primer término, y los actos oficiales inmediatamente después. Ya ésto sólo es un preciso indicador del rumbo a seguir que marca el verbo inicial y directivo.

Luego se determina, mejor dicho, se encarece y exalta el valor del máximo instrumento en la propaganda: la prensa. La Acción Católica exige conocimiento, amor, difusión. Ninguno de estos tres preliminares puede obtenerse cabal y certeramente sin periódicos que sean nuestros, que tengan influencia sobre la masa popular. En este punto el avance progresivo de Italia es notorio. Cuéntense primeramente las mejoras de redacción, información y presentación de L'Osservatore que el pasado año comentábamos; añádase que en el espacio de pocos meses han reaparecido el Correo de Venecia; la Voz del obrero y La Armonía, en Turín; la Vida trentina, en Trento; La Voz del Mediodía, en Roma, editada por la benemérita Sociedad de San Pablo, con destino a las diócesis de la Italia meridional; El Ciudadano, en Monza, otro semanario en Biella y otros en Pinerolo, Sorrento, Crema y Sassari. Las Juntas diocesanas de Acción Católica
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y los Prelados apadrinan y protegen resueltamente estas publicaciones.

El Boletín Oficial que reseñamos, refiérese luego al desarrollo y actividad de dos Secretariados: el de la Escuela y el de la Moralidad. Ya nadie regatea la importancia práctica de los Secretariados; sin ellos la fidelidad a las normas directivas, la unidad en la acción, la continuidad en el esfuerzo, el trabajo documental, en fin, lograríanse tarde y mal. Una oficina bien montada, con personal apto, con ficheros de información, facilita el orden y por consiguiente multiplica la eficacia.

Notas de organización llama el Boletín a la Sección que sigue, y generalmente está dedicada a explicar de manera clara y breve la forma en que deben constituirse las Asambleas, las Juntas, los Patronatos. ¿Quién ignora que fracasan muchas obras buenas porque faltó el acierto en la organización? Hemos de poseer ideas precisas y justas, y este ideario relativo a leyes eclesiásticas, civiles y sociales, ofrécese a maravilla en la mencionada Sección.

A renglón seguido el Boletín reproduce y comenta los discursos, los documentos Pontificios, las Cartas Pastorales: todas aquellas manifestaciones orales o escritas, de parte del Papa o de los Obispos, que contienen enseñanzas o aclaraciones relacionadas con la Acción Católica. Echase de ver al punto que el director de obras o simplemente el ciudadano católico, va reuniendo poco a poco un archivo de ideas directrices que, sobre aumentar su cultura, le impedirán desviaciones y errores que podrían ser funestos. Algo de esto hace nuestra Revista Católica de Cuestiones Sociales, y ello es uno de sus méritos indiscutibles; pero como por la incompreensión y la apatía que no acabamos de eliminar, la revista no está lo suficientemente difundida, acontece que no siempre el éxito corresponde al intento.

Organizaciones nacionales, es el título genérico que califica y distingue al apartado siguiente, y gracias a esta labor divulgadora, en pocos momentos se averigua el estado de los grandes núcleos de Juventud, de cooperación, de acción misionera etc., etc. Ya no aparecen estas grandes organiza-
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ciones desparramadas y sueltas, sino que las une un vínculo de relación esencial y todas tienen un puesto en el organismo supremo.

En las nuevas normas ya en aplicación, que a fines del año pasado publicó nuestro amadísimo Sr. Cardenal Príamo, esta tendencia de coordinación y enlace obtiene todo el valor que merece. S. E. insiste con la autoridad de legislador, maestro y padre, en la necesidad de poner fin a las demasiás individualistas y también otorga a las organizaciones nacionales una representación proporcionada en la Junta Central.

Lo que aquí no tenemos todavía es un Boletín, que a semejanza del que se comenta en esta crónica, sea portavoz de los trabajos que se están realizando y recoja las palpitaciones de la vida española. Lo tendremos sin duda, pues no en vano ha pisado el Sr. Cardenal todos los caminos del celo, recogiendo experiencias que ahora son para nosotros orientación segura y provechosa rectificación de procedimientos. Los tendremos, sin duda, contando también con que los católicos en España acaben de persuadirse de que es indispensable la cooperación pecuniaria para la defensa de los intereses morales.

Ultima parte del Boletín es una referencia sintética de la acción de las Juntas diocesanas. En este que nos sirve de guía, menciona la nueva escuela de propagandistas establecida en Bérgamo; los propósitos que animan al Presidente de nuevo elegido para la Junta de Trento; la relación de trabajos que expone la Junta de Como; el movimiento catequístico de la diócesis de Tarento iniciado por las Juventudes; el historial, en fin, de actividades en los obispados de Ischia, Casalmonferrato, Alba, Vercelli, Ivrea, Crema, Chieti, Pienza y Cosenza. El lector tiene aquí un mapa de la acción, y aprecia con datos y cifras la extensión e intensidad que alcanza al presente en Italia.

De intento hemos prescindido este mes de la reseña y crítica detallada de los hechos más salientes, por entender que una ojeada de compendio y resumen al modo de concebir y realizar en Roma y en Italia el apostolado de la fé, po-
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día ser más provechoso y aleccionador, tanto más cuanto que la reorganización briosalemente acometida en España tiene puntos esenciales de contacto con las directivas romanas, como es lógico. Con lo que se afirma y consolida una vez más la tradición romanista española.

J. POLO BENITO.
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SECCIÓN DOCUMENTAL

PRINCIPIOS Y BASES DE REORGANIZACION
DE LA
Acción Católica Española
(CONTINUACIÓN)
IV
La Acción Católica y sus relaciones con la Autoridad Eclesiástica.

Si consideramos atentamente los documentos pontificios, y la conducta observada por los Obispos del Orbe Católico, deduciremos en consecuencia que es un principio cierto la dependencia general de la Acción Católica de la Jerarquía Eclesiástica.

Así León XIII, en su Encíclica Nobilitissima Gallorum gens (8 de febrero de 1884), decía: «Es necesario que los seglares escogidos, adheridos a la Iglesia, Madre común de los hombres, cuyos discursos o escritos pueden ser muy útiles para la defensa de los derechos católicos, trabajen mucho bajo el patronato de la religión... Los que se dan al trabajo de la pluma... deben obedecer de corazón las órdenes de los Obispos, a quienes el Espíritu Santo ha encargado el gobierno de la Iglesia de Dios, respetar su autoridad y no emprender nada contra su voluntad, ya que los Obispos son, en los combates por la Religión, los jefes que es necesario seguir». En parecidos términos había dicho especialmente a los españoles en la Encíclica Cum multa (8 de diciembre de 1882) lo siguiente: «Sabido es que los enemigos nada desean tanto como las divisiones de los católicos...