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po). Termina expresando el deseo de que Castilla y España, elevadas por el trabajo de los ferroviarios y demás ciudadanos, resplandezcan un día coronadas por el amor a la justicia y a la paz sociales.

Don Antonio Gistán, vicepresidente de la Asociación general de ferroviarios, expuso brevemente, los beneficios producidos por ésta y su estado próspero. Fundada en 1888, cuenta actualmente con 50.000 asociados y un capital social de 24 millones de pesetas, efectivos; paga cuatro millones de pesetas anuales a viudas y huérfanos, y facilita a los asociados anticipos y pagas por valor de cuatro millones y medio; tiene en construcción o próximos a inaugurarse edificios en Madrid, Valladolid, Alcázar de San Juan, Aranjuez y Bilbao. El orador enumera otras mejoras de carácter social.

Para resolver el problema de la vida de los huérfanos trata de construir un Colegio, para lo cual se recabará que concedan subvenciones todas las Compañías ferroviarias españolas. La Asociación tiene ya aseguradas las subvenciones de 25 Compañías, y cuenta con 40.000 duros para empezar la construcción del Colegio. Para aumentar los fondos se gestiona la creación de un sello ferroviario.

Y terminamos esta Crónica—aun dejándonos de reseñar asambleas como las agrarias celebradas en Monforte y en Astorga, de que sólo diremos que han patentizado una vez más el florecimiento de la acción social católica agraria—dando cuenta de la parcelación que hay que apuntar en el haber de la O. N. O. A.

Unas 600 hectáreas, en el término municipal de Madrona (Segovia), han pasado a ser propiedad, en lotes de diversa cabida, por el precio de 300.000 pesetas a los 40 socios del Sindicato Católico Agrícola del pueblo.

La tercera parte del precio de las parcelas la satisface el comprador, y las otras dos don Daniel García Jove, que realiza el pago en concepto de anticipo, a largo plazo y con módico interés a los colonos.

El señor García Jove, en primer término, pues a su largueza se debe la feliz conclusión del contrato; el señor Adrados, consejero de la Federación Católica-Agraria de Segovia, promotor del asunto, y los elementos intelectuales de Madrona, que acogieron desde el principio la idea con el mayor entusiasmo, pueden hallarse satisfechos por el inmenso beneficio social que entre todos han conseguido.
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Es lamentable por ser injusto, que los poderes públicos no tengan más en cuenta de lo que tienen, los servicios que presta a la paz social y a la redención del proletariado campesino la O. N. C. A. y es sencillamente doloroso, que esta gran agrupación sea a veces comparada con organizaciones cuyo fin se desvirtúa por los intereses políticos que animan a quienes las dirigen.

Bien merece mayor atención la O. N. C. A. que es por su importancia y por su obra antes que todo, la institución más trascendente de cuantas existen en el campo de la acción social.

A. DE MIRABAL.
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Informaciones

El contrato de trabajo

La Secretaría general del Instituto de Reformas Sociales ha publicado el texto del proyecto de contrato de trabajo aprobado por el pleno del Instituto.

Comienza el proyecto defendiendo el contrato de trabajo en esta forma: «El contrato de trabajo tiene por objeto la prestación retribuida de servicios de carácter económicoo, en las condiciones que se pacten, según reglas que tiendan a la normalidad de las relaciones entre los elementos que intervienen en la producción y en la forma más equitativa de derechos y deberes.

La ley se aplicará al trabajo industrial y mercantil, salvo los de carácter familiar, en los que solamente estén ocupadas personas de una misma familia o por ella acogidas, bajo la dirección de uno de sus miembros, y los que se ejecuten ocasionalmente, mediante los llamados «servicios de buena vecindad.»

Los preceptos de la ley serán obligatorios y de estricta observancia, aun en el caso de que nada se haya consignado en el contrato acerca del contenido de aquéllos.

El contrato podrá ser individual o colectivo, y se celebrará por escrito o de palabra. Los colectivos se celebrarán siempre por escrito, y los realizados por escrito estarán exentos de toda clase de impuestos.

Las obligaciones del patrono se refieren a observar los preceptos legales sobre higiene y sobre seguridad física de los obreros, a la remuneración puntual, a la alimentación, vestido y trato del obrero, cuando viva con el patrono y éste haya de prestárselo, y a dar al obrero las facilidades necesarias para el cumplimiento de sus deberes religiosos, cívicos y sociales.

El obrero está obligado a cumplir las disposiciones de la Dirección y el reglamento del trabajo, a trabajar en casos de urgencia y circunstancias anormales de la obra, a guardar el secreto profesional, a ejecutar por sí mismo el trabajo convenido y a las indemnizaciones al patrono por negligencias inex-
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cusable o desobediencias de que se hayan derivado daños o perjuicios.

Es nulo todo pacto en que se limite el ejercicio de los derechos civiles o políticos, así como la renuncia hecha por el obrero de las indemnizaciones legales.

Se fije la duración de la jornada en las ocho horas de la legal, salvo las excepciones que también consignan las leyes.

En los contratos relativos a trabajos con carácter de continuidad con plazo indeterminado o que no baje de un año, se estipulará la concesión de un período de vacaciones retribuidas de nueve días por lo menos en el año, en la época que convengan obreros y patronos, pudiéndose exceptuar de esa disposición los trabajos en que se empleen normalmente menos de cinco obreros o de dos dependientes, siempre que lo acuerden las partes.

Las faltas por causa de enfermedad del obrero se regirán por disposiciones especiales.

Sobre retribución del trabajo se establece que deberá ser suficiente para asegurarle un nivel de vida decoroso. La retribución será igual, sin distinción de sexos, para todo trabajo de igual valor. Se organizarán Mutualidades que establezcan el sobresalario familiar, a cargo de los patronos. El Gobierno dictará un reglamento especial sobre este asunto.

Cuando el número de obreros o la importancia del trabajo, a juicio del inspector lo requieran, existirá un reglamento de trabajo, que será expuesto en sitio visible del lugar en que los obreros trabajen.

El artículo 41 consagra la libertad de trabajo en los contratos individuales, al prescribir que ni los patronos ni los obreros podrán inmiscuirse recíprocamente en el hecho de que unos u otros pertenezcan a cualquier Asociación. Pero no se acompaña el artículo de ninguna garantía de cumplimiento, lo cual es debido a la tiranía socialista, enemiga de la libertad de trabajo.

Esto y la ausencia de reglamentación del contrato colectivo, al que se dedican tres artículos, que únicamente lo definen, son los defectos esenciales del proyecto, que hemos extractado.
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difusión, sino en el aspecto harto más importante de su carácter.

Repetidas veces nos hemos ocupado en estas páginas de la necesidad social de atender con todo escrúpulo y constancia a la escuela, donde la inteligencia del niño debe recibir la semilla de los principios de la religión católica, punto de partida para que pueda florecer después la acción social católica, que se desarrolla cuando el niño, convertido en hombre, es atraído por la influencia revolucionaria que sobre él se ejerce, y a la que se quiere contrarrestar para evitar los resultados funestos que de ella dimanan.

Se pretende ahora por el Directorio militar, al que preocupa en mucho combatir la falta de instrucción, extender la acción oficial del Estado hasta donde sea posible, y aquí es opportuno consignar: primero, que debe cooperarse a la difusión de la enseñanza en los términos más amplios por lo que a extensión se refiere, de forma tal que llegue a todos; segundo, que esa enseñanza ha de ser fundamentalmente religiosa, por ser necesario así, tanto para el bien particular como para el bien común.

Airadamente, invocando el consabido tópico liberal de la libertad de la conciencia, lo que al tratarse de privar a los alumnos de la enseñanza religiosa, equivale a condenar su inteligencia al error, los escritores racionalistas se oponen a la propuesta hecha por el Consejo Superior de Instrucción Pública, que informa al Directorio en sentido de que establezca como obligatoria para el profesorado y para el cuerpo escolar aquella enseñanza, en consonancia con el unánime deseo de la opinión nacional, como lo demuestra el hecho de que, concedida a los padres la facultad de privar a sus hijos de la enseñanza de la Doctrina Cristiana, ni un solo caso se ha dado, desde que la disposición fué dictada, en que se haya acogido a ella nadie.

Y es natural que sea así, porque está en el ánimo de todos, no sólo el freno moral que la religión es para las malas pasiones del hombre, sino que la educación de los sentimientos no se adquiere con fórmulas algebraicas, sino inculcando los divinos preceptos en los corazones.
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Un brillante escritor católico ha dicho:

«La cultura liberal es esa que por la pluma de Renán rechaza a Jesucristo y aplaude a Judas, que era ladrón; y con la política de sus secuaces condena a Cristo y salva a Barrabás, que también era ladrón.

»La cultura liberal ha tenido aplausos para Caín, fratricida, y para la banda de Coré, sacrílegos revolucionarios, no digamos para Satanás, con el estro de Carducci».

Pase que la enseñanza sea obligatoria, pero sin que el Estado usurpe este derecho que corresponde a la paternidad, ni menos que imponga un género determinado de enseñanza, pues lo que al Estado toca es ejercer una acción tutelar e inspectora y viene obligado en todo caso a acatar y a someterse a las enseñanzas de la Iglesia, a la que como sociedad más perfecta y sobre todo por su origen divino, corresponde ejercer el supremo magisterio, al que todos los demás se hallan subordinados.

Esto en el aspecto moral, mas en el aspecto político ¿qué enseñanza sino la católica puede hacer de los hombres, temerosos de Dios, buenos hijos, buenos padres, exactos cumplidores de los deberes para consigo mismos y para con sus semejantes, que es en suma hacer buenos ciudadanos? Quien no ama a Dios ni observa su santa Ley ¿en virtud de qué razón ha de obedecer las leyes humanas, ni ha de respetar las jerarquías sociales, ni ha de someterse a la autoridad dentro del orden instituido?

La autoridad humana es respetable en cuanto procede de Dios, y nada más; porque contra la fuerza existe la fuerza, contra la imposición la rebeldía, contra el convencionalismo social la inadaptación, y si a la jerarquía se le despoja de su origen verdadero, si la resignación—que es virtud exclusivamente cristiana—desaparece ¿qué mucho que la anarquía estalle, y el comunismo busque la nivelación, y la democracia revolucionaria destruya, con las prerrogativas inherentes a cada clase, el funcionamiento social, el orden, sin el cual la sociedad se deshace?

El ejercicio del magisterio en todos sus grados debe consti-
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tuir una vocación. No puede ni debe ejercerle quien no se sienta impelido por el deseo de comunicar a sus semejantes los principios eternos del Bien y de la Verdad. El Bien y la Verdad nacen de la fe religiosa. De esto se deduce que el maestro ha de ser profundamente religioso y estar capacitado para moldear a la vez la inteligencia y el corazón de sus discípulos. Enseñarlos y educarlos. Esa es la misión docente. De ella dejó muestra elocuentísima el glorioso P. Manjón. De ella da ejemplo don Manuel Siurot en sus famosas escuelas del Sagrado Corazón, en Huelva.

De aquí que esa misión de enseñar compete, con grandes demostraciones de su razón, a los sacerdotes.

En los claustros de los templos españoles nació la escuela pública. Desde los principios de la labor docente fueron los clérigos los encargados de trasmitir la cultura. La gotana fué traje escolar de aquellos «sopistas» que elaboraron la hegemonía intelectual española de nuestros siglos de oro.

No puede ser más acertada y oportuna la propuesta del Obispo de Córdoba al Rey. ¿Quién mejor que el párroco puede desempeñar la función docente en los pueblecillos abandonados por la indiferencia oficial?

Una de las asignaturas que debieran cursarse en los Seminarios es la Pedagogía. El sacerdote podría muy bien obtener título profesional de maestro. El «dejar que los niños se acerquen a mí» debe ser más que lema, precepto cuyo cumplimiento debiera recobrarse. La escuela parroquial debiera existir en todas las parroquias, junto al templo, como en el pasado. Es misión del sacerdote la de enseñar. «Id y enseñar a todas las gentes».

Encomendar la enseñanza primaria al clero, en aquellos pueblos por lo menos a donde no llegue el presupuesto del Estado, no haría gravoso un desembolso por gratificación, que al propio tiempo resolvería la situación precaria del humilde clero rural.

Y si el sectarismo liberal grita, recabando para el laicismo la escuela, la contestación que ha de dárselle, después de despreciar los tópicos—como aconseja Mussolini—es la de mostrar el estado de incultura afrentosa de la inmensa mayoría de
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Revista Católica de Cuestiones Sociales

PUBLICACIÓN MENSUAL
CONSAGRADA A JESUCRISTO REY DE LAS NACIONES
Y DESTINADA A LAS CLASES DIRECTORAS

Alto Asesor: Emmo. Sr. Cardenal Beniloch y Vivó
ARZOBISPO DE BURGOS

Director: JOSÉ IGNACIO S. DE URBINA

SECRETARIO DE REDACCIÓN: JESÚS R. COLOMA

Del Vaticano 31 de Agosto de 1920.

Ilmo. y Rvdmo. Señor: Los señalados servicios que se prestado a la buena causa en sus primeros veinticinco años de existencia la benemérita REVISTA CATÓLICA DE CUESTIONES SOCIALES, de la cual V. E. Ilma. y Rvdma. Señor Alto Asesor, no permiten a S.S. el dejar pasar la fausta fecha jubilar sin una bendición que signifique al mismo tiempo aliento y alabanza.

El Padre Santo extiende de corazón esta bendición, director, a los redactores, a los lectores de la REVISTA, y alegrándose con unos del gran trabajo realizado, con otros del cordial apoyo prestado a una publicación hoy más que nunca oportuna, se permite augurar que las ideas católicas, de las cuales la REVISTA es eficaz defensora en el campo social y a cuyo servicio no cesará de consagrarse en adelante con no menor energía, prevalecerán finalmente sobre las malsanas teorías que combaten, dando cuanto antes a la sociedad, hoy perturbada, la justa y estable pacificación.

Con los sentimientos de la más distinguida y sincera estima, me es grato repetirme de V. E. Ilma. y Rvdma. servidor,

P. Cardenal Gasparri.

Ilmo. y Rvdmo. Sr. Monseñor Juan Bautista Beniloch, Arzobispo de Burgos (España).

AÑO XXX. ENERO—1924 NÚM. 349.

OFICINAS:
PUENCARRAL, NUM. 158, 1.º, DERECHA
MADRID (10)
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que ha llevado a la América española elementos de cultura y difusión literaria en que campean la moralidad y la pureza del lenguaje, corresponde instituir, con carácter permanente, un premio para escritores españoles y americanos, que se denomine «Cardenal Benlloch».

¿Cómo ha de hacerse esto?

Bastará con que los buenos católicos y patriotas se unan a esta iniciativa, cooperando todos a constituir dicho premio.

Por su parte, nuestro Patronato premiará desde luego la mejor Crónica del viaje del Cardenal a América que se escriba; Crónica que, editada en un tomo de la Biblioteca PATRIA, se pondrá a la venta para destinar también el importe íntegro a instituir, de un modo permanente, el «Premio Cardenal Benlloch», que todos los años se adjudicará al autor de una producción literaria en público concurso.

Esto es lo que al Patronato Social de Buenas Lecturas, por sí y aceptando la cooperación de los que quieran unir su nombre a la realización de la iniciativa, toca hacer. Y mejor cuanto antes.

Hemos tenido presente que la conquista espiritual de los pueblos está encomendada en nuestros días a los escritores. Es la pluma el arma de pacífica conquista que se esgrime hoy con mayor eficacia. Reciente está, y es de todos los días, la campaña que se realiza en América contra la influencia del idioma español. El decreto yanqui disolviendo el comité del idioma español de Manila, es un síntoma de las tendencias que privan con respecto a América, de donde ha salido ya por boca de la representación de Puerto Rico la primera protesta.

Religión e idioma, son los lazos más firmes para unir a los pueblos. Ambos elementos de unión espiritual, los únicos elementos indestructibles, los poseemos nosotros, que dimos a la América española, con nuestra sangre, fe y lenguaje, y por ello estamos en el deber de defenderlos y propagarlos.

Nuestra obra modesta, pero exaltadamente patriótica tiene de a ésto, y así será ofrenda muy grata para nuestro amadísimo Alto Asesor, quien la ha acogido con gran complacencia.

Y ahora, que el Cardenal Benlloch se digne también recibir en nombre de la REVISTA CATÓLICA DE CUESTIONES SO-
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CIALES la bienvenida por su feliz regreso a España, la felicitación por el éxito alcanzado y la enhorabuena, que a él y a sus acompañantes en la Misión sólo corresponde, con el ferviente deseo de que Dios conserve su preciosa vida para bien de la Iglesia y gloria de España.

LA REVISTA CATÓLICA DE OUESTIONES SOCIALES,
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EL ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS

A PROPÓSITO DE UN REAL DECRETO

El Real Decreto de 20 de Junio de 1921 sobre arrendamiento de fincas urbanas, ha sido nuevamente prorrogado por otro Real Decreto de 13 de Diciembre del pasado; pero esta prórroga va acompañada de ciertas modificaciones que es interesante examinar, ya que se trata de una disposición de inegable carácter social por afectar al régimen de la propiedad.

* * *

Recordemos ante todo, a grandes rasgos, el ordenamiento del decreto Bugallal.

Para remediar la crisis originada por la escasez de viviendas y poner coto a la avaricia de ciertos propietarios que, prevaleciéndose del amparo que les prestaba la legislación individualista y liberal, subían exageradamente los alquileres, se estableció la tasa de estos, o por mejor decir, se reconoció a los inquilinos la facultad de pedir su reducción dentro de ciertos límites.

A la vez se limitó la acción del desahucio a casos muy excepcionales, facultando a los inquilinos desahuciados por falta de pago para enervar la acción del propietario mediante la consignación de la renta.

Por último, para dirimir las contiendas entre inquilinos y propietarios a que el Real Decreto pudiera dar lugar, se creó una jurisdicción especial y un procedimiento rápido, sencillo y que dejase cierto margen al criterio judicial.

Tres años de constante aplicación del Real Decreto han
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EL ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS

puesto de relieve imperfecciones y deficiencias que ahora se pretenden remediar, por lo menos en parte.

En primer término, el ámbito de aplicación del Real Decreto, en el espacio, era muy reducido (sólo se aplicaba en las poblaciones de 20.000 habitantes). La tasa a que se sujetaba el precio del arrendamiento de fincas urbanas, no tenía en cuenta frecuentemente el interés del propietario, pudiendo llegar fácilmente a soluciones faltas de equidad.

La simulación, por último, lepra de la vida jurídica, falseaba fácilmente en la práctica, las sabias normas dictadas por el legislador.

Veamos cómo se ha procurado remediar estos inconvenientes.

*

La disposición que comentamos comienza declarando (artículo 1.º) que el Real decreto de 1921 regirá en todas las poblaciones de más de 6.000 almas, a partir de 1.º de Enero actual. La innovación no puede ser más acertada, pues la escasez y la carestía de las viviendas no son males peculiares de las grandes poblaciones, sino que se producen igualmente en las de escaso vecindario.

El artículo 2.º introduce una variación en el apartado D del artículo 3.º, donde se establecen las excepciones a la prórroga de los contratos de arrendamiento. Una de aquellas se refiere al caso de que el arrendatario subarriende la vivienda sin permiso del dueño. El Real Decreto del 20 hablaba de subarriendo solamente. El que nos ocupa se refiere al total lo mismo que al parcial.

Bastará, pues, con que el inquilino subarriende una parte de la vivienda sin permiso escrito del dueño, para que este pueda intentar el desahucio.

Es justo que así sea, porque desde ese momento falta la razón especial de protección al inquilino: la dificultad de encontrar vivienda, esto aparte de que se debe reconocer al propietario el derecho a intervenir de algún modo la transferencia
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que del derecho al disfrute de la casa puede hacer el arrendatario.

El artículo 4.º del Real Decreto de 1920 establecía los límites que las rentas o alquileres no podían rebasar. Sus normas podían, sin embargo, ser alteradas en atención a determinadas circunstancias (obras o mejoras hechas en las fincas, principalmente las que hayan contribuido a la higiene y salubridad de las viviendas, relación de los precios con el resultado de la investigación y comprobación de rentas practicada por el registro fiscal, notable elevación en los precios de suministros especiales hechos por el arrendador).

Para aclarar más el concepto, sin duda alguna, el último apartado del citado artículo 4.º, quedará redactado en esta forma: «elevación en los precios de suministros y servicios que el propietario preste al inquilino, como los de calefacción, agua y otros análogos».

El artículo 3.º establece algunas reglas importantes en la tramitación de los juicios de desahucios.

En primer término la competencia del Tribunal se determinará por razón del lugar en que radique la finca arrendada, sin sujeción a reparto donde haya varios Juzgados, buscando sin duda la mayor idoneidad en el juzgador.

Estableció el Real Decreto de 1920 que para designar los vocales que, en unión del Juez municipal, han de constituir el Tribunal cuando hubiese asociaciones de inquilinos y de propietarios constituidas, serían estas requeridas en lugar de los interesados para la designación de vocales. Ahora se establece por el contrario, que los vocales nombrados por el arrendador o el arrendatario para formar parte del Tribunal paritario serán siempre preferidos a los designados por las Cámaras o Asociaciones de propietarios e inquilinos.

Acaso hubiera sido preferible en este punto suprimir los vocales citados sustituyéndolos por elementos técnicos. No es raro el caso que aquellos lleven a los Tribunales el peculiar punto de vista de los intereses que representan, con lo que la solución, en definitiva, corresponde al Juez.

No indicaba el Real Decreto la naturaleza del recurso llamado de revisión establecido contra las sentencias del Tribu-