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Informaciones

El nuevo régimen municipal

A continuación publicamos un extenso y detallado extracto del importante decreto-ley que ha de originar en la vida de los Municipios una transformación tan honda como necesariamente sentida:

El estatuto municipal aprobado por Su Majestad se ajusta en sus líneas fundamentales al proyecto de Maura de 1907 y al de las Exacciones locales que el Gobierno nacional presentó a las Cortes en 1918. El criterio autonomista se afirma, sin embargo, con mayor intensidad y pureza que en los dos proyectos expresados, que en el de Canalejas de 1922 y que en el de la Comisión extraparlamentaria reunida por el Gobierno del conde de Romanones.

El proyecto comienza dando el concepto del Municipio como persona del Derecho público que la ley reconoce, pero no crea; y suprime los requisitos de artificio que la ley actual y casi todos los proyectos de reforma exigían para la creación de un Municipio.

El Estatuto reconoce además la personalidad de las que llama entidades locales menores, o sean las parroquias, aldeas y anejos que dentro de un término municipal forman conjunto de personas y bienes con derechos e intereses propios. Estas entidades locales menores se regirán por sus Juntas vecinales o parroquiales, y cuando se trate de apexos de las grandes poblaciones formarán verdaderos Ayuntamientos de barriada, con recursos propios y facultades privativas. Además, representantes de ellas intervendrán en ciertas sesiones del Ayuntamiento con iguales derechos que los concejales; tal sucederá con las que tengan por objeto la aprobación de cuentas y de presupuestos.

Mancomunidades municipales.—Se regula y se fomenta su constitución, no sólo para fines propios de los Municipios, sino para obtener y explotar concesiones del Estado.

Agrupación forzosa de Ayuntamientos.—Se autoriza su formación para la unificación de la funciones delegadas del Poder central.

Alteración de términos municipales.—Los acuerdos de agre-
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gación y segregación de Municipios serán adoptados por las Corporaciones y vecindarios interesados, requiriéndose una ley cuando falte la conformidad entre todos ellos.

Población y empadronamiento.—Además de los vecinos, domiciliados y transeúntes, se crea la categoría de cabezas de familia, entendiéndolo por tal el jefe de una casa, sea español o extranjero, varón o hembra. Las reclamaciones contra los acuerdos de la Comisión municipal permanente en materia de empadronamiento serán resueltas por los jefes provinciales de Estadística.

Concejo abierto.—Los municipios de menos de 500 habitantes se regirán en sistema de Concejo abierto, siendo concejales todos los vecinos. En los de más de 500 y menos de 1.000 habitantes, regirá igual sistema, estableciéndose dos turnos para que cada bienio sean concejales la mitad de los vecinos.

Elección de concejales.—En los Ayuntamientos de más de 1.000 habitantes habrá un número de concejales de elección popular, que oscila entre ocho y 48. Al propio tiempo habrá un número de concejales de representación corporativa, que oscilará entre tres y 16. Estos no excederán en ningún caso de la tercera parte de los primeros y de la cuarta total. La renovación será bienal, y se prohibe la reelección.

Régimen electoral.—Serán electores todos los españoles de veintitrés años y las españolas de igual edad que tengan carácter de cabeza de familia con casa abierta. Se entiende que una mujer es cabeza de familia a estos efectos cuando, viviendo con casa abierta y estando avencindada en un término municipal, no se halle sujeta a patria potestad, autoridad marital o tutela. Se crea el carnet de identidad para todos los españoles, y en especial para los electores. La elección se ajustará al sistema de representación proporcional y escrutinio de lista.

Los partidos o agrupaciones propondrán estas listas, que podrán ser individuales o contener tantos nombres como puestos hayan de cubrirse. La propuesta podrá hacerse por antecipación por exconcejales o por petición escrita y auténtica de la vigésima parte de electores. Ningún candidato podrá figurar en varias listas. Estas se publicarán en el Boletín Oficial de la provincia. Las papeletas llevarán el emblema, signo o marca del partido, agrupación o persona que hayan propuesto la lista. En cada una se votarán un número de concejales suplentes igual al de concejales. El voto será secreto, para lo que se dispondrá una cabina o local aislado en cada colegio. El elector entrará en la cabina con candidaturas de todas las listas, y en un sobre especial y oficial, que le dará el presidente de la mesa, encerrará la papeleta por la cual desee votar.

Cuando el Ayuntamiento elija menos de 16 concejales, for-
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mará una sola circunscripción; si elige de 16 a 32, dos, y si elige más de 32, tres circunscripciones. Hecho el escrutinio, se dividirá el número total de votos válidamente emitidos por el de puestos a cubrir y a cada lista se le adjudicarán tantos puestos como veces cubra el cociente así obtenido. Si quedaran residuos y puestos sin cubrir se dividirá el total de aquéllos por el número de puestos aún vacantes, más uno, y se hará lo mismo con este segundo cociente electoral. Si aún quede algún puesto, se adjudicará al mayor residuo. En cada lista se adjudicarán los puestos por el orden de votación que hayan obtenido los candidatos, y caso de empate, por el de su colocación en aquellas listas.

Se dictan algunas disposiciones para evitar fraudes, extendiéndose la fe notarial, dándose a los notarios preeminencias y funciones como autoridad, exigiéndose la presencia de un fedatario en la Junta municipal del Censo, a medida que lleguen a ella las actas originales de votación, obligándose a la entrega inmediata de éstas después de cada escrutinio, y prohibiéndose a las Juntas municipales escrutar las actas de votación cuando se hallen en pugna con un acta notarial de presencia.

Se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas en establecimientos públicos mientras se celebre la elección.

Representación corporativa.—La tendrán todas las Corporaciones y Asociaciones domiciliadas e inscritas en el censo especial que a este efecto se establezca, a excepción de las religiosas, políticas, recreativas y mercantiles. Dichas Sociedades formarán tres grupos: en el primero figurarán las obreras; en otro, las de riqueza y producción; y en el último, las culturales e indefinidas. Cada grupo elegirá una tercera parte de los concejales corporativos. Las Sociedades de cada grupo designarán sus compromisarios, y estos, ante la Junta municipal del Censo, elegirán a los concejales.

Condición del cargo de concejal.—Para ser concejal de elección popular se exigirá ser elector, saber leer y escribir y tener veinticinco años. La mujer cabeza de familia podrá serlo reuniendo condiciones. Para ser concejal de representación corporativa será preciso pertenecer a una Sociedad con voto desde un año antes. No tendrán voto las Sociedades que no existan desde seis años antes de la ley. Aparte las incapacidades que actualmente existen, se establece, para ser concejal, la de abogados y procuradores de litigantes contra el Ayuntamiento y la de presidente o abogados de gremios profesionales formados por personas que se dediquen a industria o comercio relacionado directamente con los abastos públicos. Se suprime la incompatibilidad de los maestros de primera enseñanza y la de los diputados a Cortes y provinciales y senadores.
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Sin embargo, los que tengan investidura parlamentaria no podrán ser alcaldes ni tenientes de alcalde, excepto en Madrid. Se declara causa de pérdida del acta de concejal el nombramiento como empleado del Ayuntamiento de un pariente dentro del cuarto grado, salvo que se haya hecho por oposición.

Todo lo relativo a validez de elección y capacidad de concejales será de la exclusiva competencia del Ayuntamiento, y contra el acuerdo de éste sólo se dará recurso de nulidad en única instancia, ante la Sala de lo civil de Audiencia territorial.

Alcaldes y tenientes.—El alcalde será elegido en todo caso por el Ayuntamiento, ya entre los concejales, ya entre los electores. La elección se hace por un trienio, pero cabe la reelección por otro trienio; para la reelección por un tercer trienio será preciso acuerdo en referéndum por mayoría de electores. En cada Ayuntamiento habrá tantos tenientes de alcalde como distritos, siendo el mínimo, dos, y el máximo, 10. Los tenientes serán elegidos por los concejales conforme al sistema mayoritario.

Concejales jurados.—En los Municipios de más de 30.000 almas habrá un número de concejales jurados igual a la mitad de tenientes. Sus funciones serán imponer las sanciones que procedan por faltas contra las Ordenanzas.

Se regula la constitución y funcionamiento de las Corporaciones, estableciéndose garantías de publicidad para sus acuerdos. El Ayuntamiento pleno se reunirá en tres períodos cuatrimestrales de diez sesiones, como máximo, cada uno. La Comisión permanente, formada por el alcalde y dos tenientes, se reunirá, al menos, una vez por semana. Se prohibe la deliberación sobre asuntos políticos del Estado. Los Ayuntamientos podrán constituir comisiones vecinales de colaboración gratuita.

Régimen de carta.—Cada Ayuntamiento podrá adoptar una organización peculiar a sus necesidades y características, sin otro límite que lo dispuesto sobre la forma de designar concejales, las facultades de la competencia municipal, los funciones delegadas del Poder central y las relaciones tributarias con el Estado.

La carta municipal, una vez aprobada por las dos terceras partes de concejales, se someterá al Gobierno. Este sólo podrá rechazarla cuando contenga innovaciones que alteren aquellos límites.

Los Municipios en que se conserven tradiciones locales podrán conservarlas y validarlas, previa consignación por escrito en forma oficial de sus costumbres.

Los Municipios de más de 50.000 habitantes, o cuyo presu-
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puesto de gastos exceda de 50 pesetas anuales por cada habitante, a petición de la vigésima parte de los electores y mediante referéndum, podrán implantar el sistema llamado de Gobierno por Comisión, y el de Gobierno por gerencia; en el primero, asumirá la plena autoridad municipal una Comisión presidida por el alcalde y formada por cuatro a diez consejeros, jefe cada uno de un departamento municipal. En el segundo, asumirá los plenos poderes un alcalde gerente.

En uno y otro caso ha de reconocerse a los electores el derecho de iniciativa o propuesta de acuerdos, el de impugnación o protesta contra los mismos, el de referéndum, y el de promover la remoción de consejeros. Estos y los gerentes tendrán un sueldo y depositarán fianza.

Competencia municipal.—Se ensancha y amplía ésta, extendiéndola a todos los fines del Municipio, dentro de la totalidad del territorio de cada Municipio. Se autoriza a los Ayuntamientos a subrogarse en lugar del Estado, al terminar los actuales contratos de concesión de líneas férreas y líneas telefónicas; se les concede funciones amplísimas en materia de enseñanza y política social, y plena autoridad respecto al régimen de empleados y redacción de Ordenanzas municipales. El Estatuto especifica las funciones que son potestativas del Ayuntamiento pleno y las que corresponden a la Comisión permanente, y enumera, además, los requisitos especiales de algunos acuerdos importantes, cuales son: el ejercicio de acciones judiciales o administrativas, la enajenación de valores y bienes, la emisión de empréstitos, el disfrute de bienes y aprovechamientos comunales, en los cuales habrá de atenderse, cuando sean gratuitos, al número de personas que sostenga cada vecino, y los contratos de obras y servicios que habrán de otorgarse, en general, por subasta, salvo los casos especiales que se indican, en que podrá acudirse al concurso, el concierto o la administración. Para estas excepciones se eleva el límite máximo que actualmente rige.

Municipalización de servicios.—Se concede expresamente a los Ayuntamientos la facultad de municipalizar, incluso con monopolio, los servicios de carácter general y de primera necesidad que afectan a una parte considerable del vecindario. Sólo se autoriza la municipalización con carácter de monopolio en los servicios de aguas, electricidad, gas, alcantarillado, limpieza de calles y recogida y aprovechamientos de residuos, mataderos, mercados, hornos y panadería, pompas fúnebres, teléfonos, ferrocarriles urbanos, suburbanos e interurbanos hasta una distancia de 40 kilómetros del término, y los que el Gobierno acuerde. Se fijan minuciosamente los requisitos de estos acuerdos.
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EL NUEVO ESTATUTO MUNICIPAL

Se trata, en efecto, de una obra de buena fe de los gobernantes a la que debe responder la buena fe del país. Las leyes pueden algo sobre las costumbres, y por eso no es indiferente que sean buenas o malas; pero las costumbres pueden infinitamente más sobre las leyes.

Estamos en momentos críticos para la nación. Es hora de que todos, cada cual en la medida de sus fuerzas, contribuyamos al bien común. Esa contribución exige, en este caso, el deseo y la firme intención de vivir la ley, inspirándonos en el espíritu que la informa. Exige, sobre todo, el entusiasmo y el optimismo, sin los cuales nada puede conseguirse; ¿a qué eforzarnos por modificar el actual estado de cosas si partimos de la convicción de que todos nuestros esfuerzos han de ser vanos para conseguirlo?

Desnudémonos, pues, del mezquino espíritu de crítica, del estéril pesimismo, del punto de vista partidista. No nos preocupemos del camino por donde haya venido la reforma. Esta es aceptable, bien orientada, bien intencionada. Esto basta para que le prestemos nuestra colaboración con decidido empeño.

JUAN DE HINOJOSA.
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Este procedimiento será transitorio hacia la forma de gestión directa que, no obstante, podrá aplicarse desde el primer momento a los servicios que no hayan de ser monopolizados, y aun a éstos en aquellos casos en que se precisa abaratar sus tarifas en cuantía incompatible con su explotación industrial. La gestión directa se hará constituyendo una administración independiente del Ayuntamiento, con consejo, del que los concejales tendrán sólo una tercera parte y presupuesto y contabilidad separados de las municipales.

Ensanche. Saneamiento y urbanización.—Esta materia, sobre la cual ningún proyecto de reformas ha consignado reglas, es regulada: Primero. Concediendo validez a los acuerdos municipales, sin otro trámite que la aprobación de los proyectos desde el punto de vista técnico-sanitario por las comisiones sanitarias provinciales o la central, según los casos. Segundo. Dando al acuerdo municipal la eficacia precisa para ahorrar los dos primeros trámites de la expropiación forzosa. Tercero. Extendiendo los beneficios de la ley del Ensanche a las obras de abastecimiento de aguas y alcantarillado y la desecación de lagunas y terrenos pantanosos y otros análogos. Cuarto. Suprimiendo la segunda instancia en la vía gubernativa cuando se formulen reclamaciones contra los justiprecios. Quinto. Facilitando la incautación de las fincas previo el depósito de su justa valoración. Y sexto. Facilitando la compra o permute de los terrenos o edificaciones del Estado, para lo cual es preciso actualmente una ley especial, que en lo sucesivo se sustituirá con simple acuerdo del Consejo de ministros.

Funciones de los alcaldes.—Estos tendrán las que corresponden al presidente de la Corporación y jefe de los servicios municipales, y además las de carácter delegado. Cuando en el desempeño de estas últimas procedan irregularmente, podrán ser exonerados, debiendo substituirles en cuanto a ellas otro concejal, un vecino o un funcionario. El alcalde exonerado conservará toda su autoridad en las funciones municipales, y la exoneración quedará sin efecto cuando sean convocadas elecciones, se verifique renovación trienal o vacie la alcaldía. Se amplía el límite de la escala de multas, que en las grandes poblaciones podrá llegar a la cantidad de 400 pesetas. Su ejecución se hará conforme a lo dispuesto en la vigente instrucción de recaudación y apremio.

Obligaciones de los Ayuntamientos.—Se sistematizan las obligaciones que tienen los Ayuntamientos en el orden sanitario, en el social, en el de la enseñanza, en el de la beneficencia y en el comunal propiamente dicho. En el sanitario se escalonan las obligaciones en proporción al número de Ayuntamientos de cada Municipio. Se hace forzoso el servicio de
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profesora en partos para familias pobres y el de casas de baños gratuitas o económicas, así como el de la vacuna y otros preventivos y profilácticos. Cada Municipio tendrá un inspector municipal de Sanidad. Se prohiben las consignaciones para socorros domiciliarios. Se obliga a los Ayuntamientos a secundar el cumplimiento de las leyes sociales, especialmente la de Casas baratas, Retiro obrero, Seguros de enfermedad e invalidez y demás que tengan este carácter. Se les obliga a dotar de locales a las escuelas nacionales y a vigilar la asistencia de los niños, a las mismas, así como a crear o auxiliar establecimientos de enseñanza profesional, técnica o artística, según las condiciones especiales de cada localidad. Finalmente, se les impone la repoblación forestal de los montes comunales y el cuidado de la higiene pecuaria y la redacción de una Memoria anual.

El referéndum.—A petición de las tres cuartas partes de concejales o de una vigésima de electores, deberán ser sometidos a ratificación por todos los del término, los acuerdos que aquéllos juzguen de transcendencia. El referéndum será obligatorio para la enajenación de bienes de común aprovechamiento; la de bienes patrimoniales, cuya cuantía ascienda a más del 15 por 100 del total ingreso; las citas o esperas cuya cuantía exceda de la mitad del presupuesto; las concesiones que duren más de treinta años y los empréstitos y acuerdos de municipalización de servicios que supongan un gasto anual superior al 3 o al 2 por 100, respectivamente, del presupuesto corriente. El referendum se verificará como las elecciones, votando «sí o no» cada elector.

Se crea el cuerpo de secretarios de Ayuntamiento, en el que se ingresará por oposición. Habrá dos categorías: una para los Municipios que sean capitales de provincia, cabezas de partido o tengan más de 4.000 habitantes, y otra para los restantes. Para ingresar en la primera será preciso tener título de abogado. Los Ayuntamientos harán los nombramientos por concurso entre los individuos del Cuerpo. La destitución sólo podrán acordarla los Ayuntamientos, dándose contra ella recurso judicial. Se regulan los derechos y obligaciones de los secretarios, procurando dignificar su condición, alejarles de la política y constituirles en garantía técnica de los vecinos.

Interventores municipales.—Los actuales contadores se denominarán interventores de fondos municipales. Subsiste el régimen de oposición para ingresar en el Cuerpo, y se dignifica la misión de estos funcionarios dándoles voz en las sesiones. El Gobierno podrá establecer intervenciones de partido para fiscalizar la contabilidad de todos los Ayuntamientos del mismo.
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Empleados municipales en general.—Se establece el nombramiento por concurso u oposición, en todo caso, en los Municipios de más de 4.000 habitantes. Se obliga a los Ayuntamientos a formar Reglamentos orgánicos de sus funcionarios, garantizando la estabilidad, competencia y decoro de éstos, concediendo la mitad de las vacantes a la antigüedad, regulando sus derechos y deberes, limitando el coste total de este reglón del presupuesto y asimilándoles en lo posible a los del Estado.

Recursos contra los acuerdos municipales.—Los acuerdos en materia administrativa serán impugnables tan sólo ante el Tribunal contencioso desapareciendo los recursos gubernativos, incluso en los casos de extralimitación. Esta sólo podrá ser corregida por aquellos Tribunales, de los que desaparecen los diputados provinciales, que serán sustituidos por catedráticos, funcionarios y abogados con ciertas condiciones y requisitos. El recurso podrá interponerse por lesión de los derechos del recurrente o por infracción de disposiciones administrativas, aunque no haya lesión particular. Cuando su cuantía sea inferior a 4.000 pesetas no habrá segunda instancia. Contra las multas y sanciones penales se da recurso ante el juez de primera instancia, y tanto en éste como en el anterior será preciso promover trámite previo de reposición.

Los recursos serán completamente gratuitos. Podrá comparecerse en juicio por abogado sin procurador, por procurador sin abogado o personalmente. En los de menos de 1.000 pesetas podrá representar al interesado quien no sea procurador.

Se facilita el recurso de responsabilidad civil suprimiendo el trámite previo de recordatorio escrito de la disposición aplicada. Las cuestiones o desavenencias entre las entidades municipales serán resueltas también por el Tribunal contencioso administrativo, considerándose resueltas las reclamaciones o peticiones sobre las que no recaiga acuerdo en el plazo legal, sin perjuicio de la responsabilidad de los funcionarios respectivos.

Los acuerdos de establecimiento de impuestos municipales serán recurribles ante el delegado de Hacienda y ante el ministro. Las Ordenanzas administrativas para el cobro de exacciones municipales sólo lo serán ante el delegado de Hacienda, y en su caso ante el Tribunal provincial contencioso administrativo. Los acuerdos sobre el cobro y efectividad de exacciones municipales sólo lo serán ante el Tribunal provincial de Arbitrios y el contencioso-administrativo, que resolverá en única instancia.

Desaparece en absoluto, por tanto, la intervención guber-