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años de vida cristiana, cuando era de creer que la semblanza, el carácter, la conducta y la peculiarísima fisonomía de los hijos de la fe, se mostraría en medio del siglo con un vigoroso e inconfundible relieve, como un modelo expuesto a todas las miradas, he aquí que una inmensa mayoría desconocen o aparentan desconocer el concepto integral del verdadero cristianismo». Palabras que yo suscribo y por las cuales recomiendo sincera y calurosamente, su producción libre de pesadez y erudiciones, lo que no obsta para haber sabido hacer revivir el ambiente, usos y caracteres de aquellos cristianos a los cuales es preciso mirar para conformar nuestra vida con lo que exige la religión que profesamos.

—El vol. CLXXII. «Del pasado y sus grandes» debido a don Vicente de Diez Vicario es un libro de impresiones de un viaje por la Italia septentrional en el cual se refleja la grandeza artística de Génova, Turín, Alejandría, Milán, Como, Pavía, Parma, Mántua, Verona y Venecia, a través de un temperamento de artista que ha sabido acertadamente huir de la fría descripción de las guías artísticas (cuya importancia y mérito no trato de amenguar) para proporcionar cuadros de emoción y acertadísimos juicios personales.

—Los volúmenes CLXXXI y CLXXXV están dedicados a dos novelas, «Corazón de oro» y «Los amarillos», escritas respectivamente por el Agustino Fr. P. Fabo, correspondiente de la Real Academia Española, y por don Rafael Pamplona Escudero, laureadas con los premios Conde de Villafuertes y Sauzal. La relación de Fr. P. Fabo, de costumbres americanas, y muy estimable desde este punto de vista por muchos motivos, entretiene galantemente y se lee con mucho agrado, apesar de su extensión, mayor en un tercio a la acostumbrada en los volúmenes de la Biblioteca PATRIA, patentizando en ella los ocultos senderos del Señor para que las almas alcancen su perfección, según aparece en la final vocación de su protagonista. La novela «Los amarillos», del señor Pamplona Escudero, tiene en su desenlace un cierto dejo romántico análogo al del héroe del P. Fabo, si bien por distinto camino, ya que aquí acaba en boda lo que en la anterior termina en profesión religiosa. Son episodios de la lucha social los que dan motivos al autor para tejer
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su fábula, y aunque de las ideas de los personajes se desentiende en el prólogo, estas son lo interesante para juzgar de la acción y desarrollo de la trama.

—De Ortega Monilla es el libro de «Madrid al Chaco» (Un viaje a las tierras del Plata), y si del admirado prosista cabe esperar siempre cosa deleitable, con este relato se superó a sí mismo, ya que se le ofrece ocasión para mostrar las varias galanuras de su estilo con las mil incidencias y episodios de un viaje marítimo largo y pintoresco, y explayar los anhelos de su alma de patriota, considerando lo que fuimos y lo que hicimos y de entusiasmarse con el progreso y riqueza de la Argentina, país en cuya visita pudo apreciar la reacción a favor de la Madre España. Libros de esta índole son los adecuados, no sólo para rememorar nuestras proezas, sino para afirmar los lazos de cordialidad entre España y las repúblicas de allende los mares sus hijas, por la efusión de común afecto que se desborda de sus páginas.

AMANDO CASTROVIEJO.
(Catedrático en la Universidad de Santiago).
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ne de espiritual la convivencia de los hombres, es una huelga odiosa, que no se concibe en un pueblo civilizado.

El funcionario público no puede bajo ningún motivo holgar. El servicio que presta no es tanto servicio asalariado como de cooperación al supremo interés colectivo. La vida, el orden, el desenvolvimiento normal de la nación, descansa y reside en el celo, en la asiduidad, en la probidad, en la laboriosidad del funcionario a quien están encomendadas funciones de carácter general, que es lo mismo que decir nacional. Y el funcionario, que no es un asalariado vulgar, sino una pieza de la complicada máquina del Estado, cuando priva a la colectividad del servicio que viene obligado a prestarla, no ejercita un derecho individual, sino que rompe la solidaridad social, quebranta la vida de relación en la sociedad organizada, y lesiona derechos que como funcionario, tiene el deber de velar porque no se lesionen.

Cuando el funcionario público, deserta de su puesto, perturba la marcha normal de la sociedad, rompe su armonía, obstaculiza su legítimo desarrollo, se convierte en rémora para el natural avance de la vida nacional, y no cabe otra resolución frente a tal actitud hostil al interés público, que la de apartar del núcleo social el estorbo que aparece, eliminándolo, y practicando en el cuerpo de la colectividad la operación quirúrgica de extirpar un órgano enfermo para sustituirle por otro sano.

Todo funcionario público al aceptar la función que se le encomienda, conoce a lo que se obliga y la retribución con que sus servicios han de ser remunerados. Ímplicitamente, quién por medio de su esfuerzo en la lucha de una oposición, o por designación graciosas, entra al servicio del Estado, adquiere con él compromiso, realiza contrato. Y así como si el Estado dejara incumplidas sus obligaciones, o violara los preceptos legales con daño del funcionario, éste se apresuraría a reclamar contra el incumplimiento de lo establecido e ímplicitamente pactado y contratado, así el funcionario viene obligado a cumplir el servicio que se comprometió a prestar, y al holgar, es él quien se desliga violentamente del contrato que aceptó, quién lo quebranta y anula, siendo natural y justo que pierda desde tal instante cuantos derechos se le otorgaban por la otra parte contratante, que queda en libertad para contratar de nuevo.

Viniendo ahora a lo que la práctica enseña, notorio es, que a
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Informaciones

Conferencia Internacional del Trabajo, reunida en Washington

(CONTINUACIÓN)

En nuestro país, la obrera madre está autorizada para dar de mamar al niño (ley 5291). Lo mismo ocurre en Francia, Italia, Noruega, España y Suecia. En Dinamarca se exige en las fábricas la existencia de un local especial a estos efectos, cuando el número de las obreras ocupadas excede de 25. En Italia, un local deber ser puesto a disposición de la madre en las fábricas que, a lo menos, emplean 50 obreras. Es el caso de Portugal. En Francia, los grandes establecimientos que ocupan más de 100 mujeres de más de quince años, pueden ser obligados a establecer salas para que las madres amamanten a sus hijos.

Pero, sin duda, toda esta legislación no es eficaz sino a medias. El punto capital en materia de protección a la obrera madre, reside en la protección debida a su situación económica. Lo indispensable es que, durante el abandono de su trabajo por razón de su embarazo o parto, cuente con el importe de su salario o con una parte de él. Resulta satisfactorio dejar consignado el que de los 29 países cuyas leyes estudió el Comité Organizador de la Conferencia de Washington, 12 tenían organizados socorros o subvenciones que, en ciertos casos, están en relación con la duración de la interdicción del trabajo, y en otros no. En siete de estos países, tales socorros constituyen parte de los socorros pagados por las cajas de seguro de enfermedad. En Italia funciona una caja especial de seguro a la maternidad, y en Francia las mujeres indigentes reciben una indemnización especial de maternidad sin tener que pagar ninguna cotización de seguro. En África del Sur la obrera que vive de su salario puede, previo informe del inspector, recibir una indemnización de fondos que a tal efecto vota el Par-
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lamento, durante un período de doce semanas. Algo semejante establece una ley de Dinamarca. En Noruega las mujeres indígenas reciben socorros que varían de 17 a 45 coronas por mes, suma de la que se deducen los socorros abonados en virtud de lo que dispone la ley sobre seguro a enfermedad.

Estas indemnizaciones son pagadas por la caja comunal durante los seis meses que siguen al nacimiento del niño, a condición de que éste sea alimentado por el seno materno. En Suiza, los cantones practican el seguro de enfermedad, equiparando el parto a un caso de enfermedad. En Tcheco Slovaquia, Alemania, Noruega y Rumanía, el monto del socorro maternal es el mismo que el de socorro de enfermedad, generalmente de un 50 a un 60 por 100 del salario. En Inglaterra, el seguro matrimonial (Husband's insurance), abona, cuando el marido está asegurado, una prima de maternidad de 30 chelines. Antes, una mujer asegurada recibía, además, la indemnización ordinaria de enfermedad, pero una ley de 1913 ha sustituido una nueva prima de maternidad de 30 chelines de socorro hebdomadario de enfermedad durante las cuatro semanas que siguen al parto. Si el marido no está asegurado, la mujer recibe, por su propio seguro, un doble socorro de maternidad que llega a 3 libras. El socorro inglés de maternidad se paga en una sola vez y no se limita a las mujeres ocupadas en la industria; pero establece como condición que la mujer que lo reciba debe abstenerse durante cuatro semanas (después del parto) de trabajar. En Holanda, no se paga, en caso de parto, una parte de salario, sino el salario entero. En Polonia, un decreto reciente establece lo propio. Por lo demás, conviene recordar la existencia de la ley australiana de 1912, que acuerda una prima de 5 libras a toda mujer australiana, obrera o no, que dé a luz un niño.

Si la cuestión del salario de la parturienta es importante, no lo es menos la que se refiere a los cuidados médicos que debe recibir. Tanto es así, que en cierto número de naciones se agrega al socorro pecuniario el de la asistencia médica a cargo de facultativos o parteras. La mujer no tiene derecho a cuidados gratuitos en Inglaterra, Italia y Holanda; pero en Inglaterra la obrera incapacitada de trabajar durante su embarazo tiene derecho al socorro de enfermedad y la asistencia médica, como si se tratase de una enfermedad común. La obrera inglesa puede igualmente reclamar el bene-
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ficio de diversas instituciones creadas por las autoridades locales para aconsejar, alimentar y cuidar a las mujeres durante sus embarazos y sus partos.

Estas instituciones son sostenidas por el Ministerio de Higiene, recientemente instituido. En Buenos Aires, cuidados semejantes están a cargo de la Asistencia Pública, que, entre otras cosas, tiene su dispensario de Lactantes. En Bélgica existe un servicio médico especial organizado con el propósito de asegurar la higiene en los establecimientos industriales. Ese servicio debe especialmente ocuparse de las obreras madres y de sus niños. Las leyes de seguro de otros países acuerdan gratuitamente a las parturientas los cuidados de una partera o de un médico, al mismo tiempo que socorros en dinero. En Norte América, la Oficina de los Niños del Ministerio de Trabajo recomienda la adopción de un programa de subvenciones federales a los diversos Estados, como ayuda a la obra de protección de las madres y de los niños durante su período infantil. El proyecto de ley al respecto, según se informa, está listo y será sometido en 1920 al Parlamento norteamericano.

Sin duda alguna, una de las dificultades con que se tropieza es la que se deriva del cumplimiento de las leyes sobre prohibición del trabajo de la mujer embarazada. El Comité Organizador de la Conferencia de Washington, lo reconoce así. En la mayor parte de los casos —dice el informe,— el patrón y los inspectores ignoran el nacimiento o la fecha, y las leyes generalmente establecen que los patronos no cometerán infracción sino cuando «conscientemente» hacen trabajar a una mujer durante el período de embarazo. La solución de esta dificultad no parece que haya sido encontrada aun, pero existen tentativas dignas de mención. Así, en Suiza, la ley estipula expresamente que el oficial público encargado de registrar los nacimientos, entregará al patrón de la obrera un certificado del acta de nacimiento. En Holanda, el procedimiento es distinto. Toda mujer casada que acepta un empleo, debe recibir una libreta de trabajo de la autoridad local que, a su vez, lleva un registro de dichas libretas. Cada nacimiento se inscribe en dicha libreta, que queda en poder del patrón. Con todo, el informe del Comité Organizador termina con estas palabras, a mi juicio perfectamente exactas: «ninguna de las disposiciones precedentes es capaz de dar en general, resultados satisfactorios. La mejor manera de alcanzar el fin
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perseguido consiste en conceder socorros en dinero a la maternidad, pues esto suprimirá en la obrera el deseo de reanudar demasiado pronto su trabajo».

Con el material informativo de que sintéticamente acaba de darse cuenta, la Conferencia de Washington entró a estudiar el asunto. En la sesión de 25 de Noviembre, la comisión especial presentó su informe, con disidencia de la minoría de la misma. En el seno de la comisión, las opiniones estuvieron divididas, aunque en lo principal todos estaban de acuerdo. La minoría decía: «según nuestro modo de pensar, que es también el de muchos médicos de las maternidades más importantes, no es necesario que las mujeres habituadas a trabajar en las fábricas, cesen en sus trabajos seis semanas antes del parto, por lo que no podemos aprobar esa cesación sino cuatro semanas antes. Pensamos, también, que no es justo que una mujer reciba una indemnización durante un período de más de cuatro semanas, si el médico ha cometido un error en la apreciación de la fecha del parto. Es preferible no fijar ninguna reglamentación estricta y definitiva respecto al momento en que debe cesar todo trabajo antes del parto; pero conviene convertir en obligatoria la cesación del trabajo durante las seis semanas que le siguen». En el curso de los debates, varios delegados presentaron diversas modificaciones a uno y a otro despacho hasta que, en la sesión del 28 de Noviembre (penúltima de la Conferencia), la señorita Smith (Inglaterra), tomó la palabra para informar en nombre de la comisión.

Dijo que todos se habían puesto de acuerdo en lo que respecta a conceder una indemnización de maternidad, pero que la comisión no había querido fijar en forma concreta el montante de esa indemnización, porque había parecido que ello no era posible. Se estimó que era peligroso fijar en medio salario, en dos terceras partes del salario o en el salario íntegro el monto del socorro y se dejó esa fijación a cargo de cada uno de los Estados, bien que «afirmando el principio de que ella deberá ser suficiente y corresponder a las necesidades de la parturienta». Agregó que también había quedado convenido «dejar a cada país la libertad de elegir el medio o método para el pago de tal socorro». El señor Edstrom, informó en seguida a nombre de la minoría, siendo de advertir que tal minoría estaba constituida por un grupo de representantes pa-
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ionales. La base fundamental de la disidencia reside en esta afirmación: «no niego que la mujer tenga el derecho de abandonar su trabajo a la presentación de un calificado médico certificando que está embarazada y que su alumbramiento es próximo; pero, repito, que los certificados médicos, tal como son empleados en ciertos países, dan malos resultados. La minoría no acepta que la mujer embarazada debe abandonar su trabajo seis semanas antes del parto. En ciertos países sólo se conceden cuatro semanas y, en la mayor parte, sólo dos. Según los médicos, conviene que la mujer obrera siga trabajando el mayor tiempo posible antes del parto. Por lo demás, el trabajo de las mujeres en la mayor parte de las fábricas, ni es penoso ni es fatigador». La discusión fué interesante. Un orador (la señorita Mac Arthur, Inglaterra), dijo: «en Inglaterra, las organizaciones médicas son excesivamente poderosas y representan a la unanimidad de los médicos. Ellas han declarado que el mayor número de casos de enfermedades de mujeres provienen precisamente del hecho de que concurren al trabajo cuando carecen de fuerzas para hacerlo». Cartberg (Noruega), expresó que «después de la guerra, deben ser reparadas las bajas y que es el deber de todos hacer lo posible en el sentido de proteger la natalidad protegiendo a la madre y al niño». En este debate, se articuló —creo que por vez primera,—la cuestión de saber si se beneficiarían de la ley sólo las mujeres ocupadas en la industria o también las ocupadas en el comercio. Puede creerse que la Conferencia no comprendió bien lo que se votaba, pues con pocos minutos de diferencia aceptó el principio en un artículo y lo rechazó en el siguiente. Pero en la sesión definitiva (última sesión), la equiparación quedó consentida como podrá verse en el capítulo pertinente.

(Continuará).
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Excmo. Sr. Marqués de Comillas
Presidente-Fundador del "Patronato Social de Buenas Lecciones".
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Grandioso monumento erigido en Cádiz en honor del ilustre prócer D. Claudio López Brú, segundo Marqués de Comillas y gloria de España.
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ningún funcionario público se obliga a serlo contra su voluntad y a la fuerza. Lejos de ello, son conocidos los empeños, las influencias, las recomendaciones, que se ponen en juego para ingresar en todos los ramos de la Administración pública. Y si de oposiciones se trata, libre es todo el mundo, para decidirse a opositar o no opositar, ante la publicación de una convocatoria.

Sirve al Estado, quién quiere y lo consigue, y le sirve con previo conocimiento de lo que el Estado ofrece a sus servidores y lo que les exige. Aprovechar después la organización que el mismo Estado dé a sus servidores, para privar a la nación del servicio público que ésta les encomendó, constituye un abuso sin calificativo, un atropello sin nombre, y un estado de tiranía, odio*o, como todo cuanto se apoya en la razón de la fuerza y nada más que en la razón de la fuerza. Porque si fuere cierto, que el celo por la perfección de los servicios era el móvil de las huelgas de funcionarios, no se pondrían los huelguistas en contradicción consigo mismos, ni darían el espectáculo de aparecer tan inconscientes, pretendiendo la perfección de lo existente, con la anulación de lo ya establecido, sino que procurarían conservar lo bueno y además trabajar sin descanso para conseguir lo mejor.

Tienen además las huelgas de funcionarios públicos, un carácter de subversión que es inherente a ellas. Tal huelga es la protesta violenta, la rebeldía declarada por los inferiores a los superiores. Y como en estos casos el superior es el poder constituido, la huelga es contra la autoridad, contra el Estado mismo, puesto que síntesis y representación del Estado, es el Gobierno.

De ahí, la necesidad en que se halla todo Gobierno, apenas la huelga de funcionarios estalla, de dominarla con energía, porque además de ser ilícita, esta huelga es siempre ilegal y a más de ilegal, revolucionaria, puesto que atenta a la soberanía que reside en quien ejerce las funciones del poder.

No toca al funcionario público, más que guardar acatamiento al principio de autoridad y obediencia al superior jerárquico, y respetar y velar por el cumplimiento de la ley. Cuando el funcionario adquiera el convencimiento de serle imposible servir al Estado, tiene libre y expedito el camino para dejar de servirle. Todo, menos alzarse frente a los poderes que por ser poderes del Estado, es el funcionario el primero en tener que acatar. Ya que lo contrario,
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equivale a pretender sustituirlos o dominarlos que es igual, sino es peor, imponiéndoles coactivamente una voluntad ajena, a la de ellos, con lo cual—de ocurrir—los poderes públicos se evidenciarían inferiores a los organismos creados para estar bajo su dependencia, o consentirían en el absurdo de la existencia de otro estado dentro del Estado.

MANUEL S. CUESTA.
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EN TORNO A LA JORNADA DE OCHO HORAS

La jornada de ocho horas atraviesa por una crisis. Los obreros y muchos que no son obreros se empeñan en mantenerla como una conquista inatacable. Los patronos, y algunos que no lo son, la acusan como una de las causas de la disminución de la producción y proclaman la necesidad de suprimirla. Y como un argumento de hecho indican países—Alemania, Holanda, Suiza—donde dicha jornada ha sido abolida. ¿Qué debemos pensar de todo esto?

*

Ante todo, hay que rebajar mucho en las afirmaciones que son corrientes en cierta prensa relativas a la supresión de la jornada de ocho horas. Examinemos ante todo lo tocante a Alemania, donde el régimen de las ocho horas fué introducido por la Ordenanza de 17 de Diciembre de 1918. Contra lo estatuido, se asegura que los obreros alemanes trabajan doce y catorce horas diarias.

Afirmación harto ligera y aun gratuita si hemos de dar fe a los datos consignados en dos informaciones recientes: la practicada por la Comisión holandesa nombrada para investigar, como preparación de la reforma de que en otro lugar nos ocupamos, la duración del trabajo en la industria alemana, y la llevada a cabo por la Federación general de los sindicatos alemanes acerca de la duración del trabajo, desde Septiembre de 1921, con arreglo a los contratos colectivos.

He aquí las conclusiones de la primera: «La duración normal del trabajo por trabajador y por semana no excede en Alemania, aparte de algunas excepciones que se presentan igualmente en los Países Bajos, de cuarenta y ocho horas».
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REVISTA CATÓLICA
DE CUESTIONES SOCIALES

(Con censura eclesiástica).

EL MONUMENTO AL MARQUÉS DE COMILLAS

En la Crónica Social del número de nuestra REVISTA correspondiente al pasado mes, dábamos cuenta de la solemnisima inauguración del monumento que la ciudad de Cádiz, siempre patriótica, ha erigido en honor de don Claudio López Brú, segundo marqués de Comillas.

Ha pagado Cádiz, en nombre de España, una deuda de gratitud que la patria tenía con el ilustre prócer católico, gloria y honor de la nación a que pertenece. Y Cádiz ha satisfecho esa deuda como únicamente se podía satisfacer: mostrando en vida al marqués de Comillas, que el pueblo que recibió los beneficios sin tasa que de su grandeza de alma ha recibido, no se conforma con que la memoria del marqués de Comillas se perpetúe solamente en las obras por él realizadas, que son ya bastante corona de gloria, sino que quiere que se perpetúe también ante la posteridad cómo la generación que fué testigo de la vida ejemplar de este aristócrata supo ser agradecida y rendir tributo de admiración a quien tanta inspira, y unánimemente hacer justicia a sus excepcionales merecimientos.

Tiene el «Patronato Social de Buenas Lecturas», que edita