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IV.—Comisión permanente

6. Estatutos o bases de un organismo permanente que la Asamblea debe constituir para llevar a la práctica sus conclusiones, y que además pueda ser delegado del «Comité de Prensa» de Reverendísimos Prelados, con las atribuciones que ellos le confieran, y a la vez representantes de los periodistas y publicaciones católicas en las gestiones que éstos le confíen ante las autoridades eclesiásticas o civiles.

NOTAS.—Los trabajos que se presentarán a la tercera Asamblea Nacional de Prensa Católica en Toledo son de dos clases: 1.º) Memorias, más o menos extensas y razonadas, con sus correspondientes conclusiones. 2.º) Simples conclusiones, en forma de Proposición a la Asamblea. Indistintamente podrán presentarse trabajos de una u otra clase o de ambas a la vez, firmadas o anónimas, y en número limitado, a cada uno de los temas.

Dado el entusiasmo que el anuncio de la Asamblea ha despertado, es seguro que constituirá un éxito resonante, del que hay derecho a esperar y así será sin duda, grandes beneficios para la acción que desarrolla la prensa católica en nuestra patria, y para la prosperidad de las publicaciones católicas y de cuantos a ellas consagran su actividad y su talento, a los que no puede faltar, para obra de trascendencia social tan grande, la cooperación de los buenos.

El Directorio Militar, ha publicado una nota interesante, referente al problema del trabajo, nota que pudiera comentarse con la amplitud que merece, fuera de los estrechos límites que impone la crónica de sucesos sociales, en que es necesario recoger sintéticamente, los hechos de mayor relieve, que deben quedar reseñados.

La nota está inspirada en un elevado sentido patriótico y es de suponer que en el espíritu de aquellos a quienes está dirigida, habrá producido efecto saludable y habrá sido apreciada en todo su alcance.

La nota que reproducimos íntegra dice así:

«El Directorio tiene encomendado a las entidades adecuadas el estudio amplio de los problemas del trabajo en su aspecto económico-social, con el encargo expreso de que aquilaten todas las fórmulas conocidas y propongan cuanto juzguen ne-
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cesario para aportar a nuestra legislación los más modernos progresos en organización, así como las máximas garantías de que disfruten los países más adelantados. Pero como pudiera existir confusión en el aspecto gubernativo del asunto, derivado acaso de la diligencia con que el actual Gobierno ha acudido a inspeccionar ciertos centros de trabajo, tales como las minas de Almadén y otros, el Directorio ha circulado instrucciones terminantes y, de momento, precisas a las autoridades judiciales y gubernativas, relacionadas con su actuación y vigilancia sobre los llamados conflictos sociales, pues procede ratificarles el criterio firmemente sustentado de que las bases indispensables de toda resolución o mejora han de ser el previo acatamiento a las leyes que rigen el mantenimiento del orden y la eliminación de los elementos revolucionarios o promovedores de huelgas y resistencias.

»La ley debe imperar, lo mismo en cuanto respecta al régimen de trabajo que en lo que concierne al cumplimiento de pactos y contratos, tales como los de foros y otros, que continuas debilidades venían haciendo ilusorio.

»La legislación foral será también estudiada con miras a resolver el problema democráticamente, pero sin olvido del derecho, y de ninguna manera bajo presiones o imposiciones, vengan de donde vengan, y no tolerando por tanto la actuación de organizaciones de resistencia que hagan ilusiones las sentencias de los Tribunales, que así padecen en sus prestigios.

»En ciertas regiones españolas, principalmente en Cataluña, se ha incrementado el rendimiento de los trabajadores en los últimos meses, demostrando este hecho su grado de cultura y civismo; en cambio, en otras no parece aún comprendido por los obreros que el derecho a proporcionado salario y a la limitación justa de la jornada ba de estar correspondido por la máxima producción en las horas de trabajo convenidas. Otra cosa sería un contrato incumplido, una causa de encarecimiento de la vida y un estorbo para la competencia internacional, ya que en ningún país existe esta dolencia española, por fortuna no generalizada, de trabajar poco, mal y, en ocasiones, exigiendo mayor número de operarios de los que demanda la obra a ejecutar. Síntoma que acarrea males sociales y económicos gravísimos, ha de ser combatido por el Directorio, que de otro modo faltaría a lo más esencial de su significación.

»Los obreros buenos e inteligentes así lo comprenden, y si en ocasiones no lo practican es porque se sienten coaccionados, y de tal coacción está dispuesto a librarles el Directorio, con toda energía, dando órdenes categóricas a los dependientes de su autoridad.

»No habría fracaso mayor ni equívoco más grave para este
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Gobierno que el desatender o dejar vivo problema tan esencial de la economía y la educación españolas, pues su solución, unida a la extirpación de las tendencias separatistas, al restablecimiento del orden, garantías para la vida y la propiedad, así como la administración severa y austera del presupuesto, en su doble aspecto de gastos e ingresos, constituyen el nervio del programa del 13 de Septiembre.»

El problema de la vivienda, que no mejora a pesar de los trabajos que para su resolución se hacen y de los intereses generales a que afecta, preocupan al gobierno, quien en estos días ha dictado disposiciones encaminadas a fomentar la construcción de casas baratas, único procedimiento que podrá llevar el fin que se persigue. El presidente del I. de A. S. ha pedido al Presidente del Directorio, en nombre de aquélla entidad, que se proceda rápidamente a conceder préstamos hipotecarios con interés con destino a la construcción de viviendas, conforme la ley de Oasas Baratas preceptúa, para el fomento de la construcción de viviendas para una sola familia que amortizando el pago del capital invertido, llegue a obtener la propiedad del inmueble.

Muchas son las sociedades particulares que se hallan pendientes de que tal precepto legal comience a ser cumplido, y a ello esperan para comenzar a construir sobre solares ya adquiridos, consideración que al parecer ha movido el ánimo del Directorio para acceder a lo solicitado.

Por otra parte, la Gaceta ha publicado un R. D. cuya parte dispositiva dice así:

Toda casa en la que los alquileres de sus distintas viviendas o partidos no excedan ninguno de ellos de 75 pesetas mensuales, y que se terminen de edificar durante los tres primeros años que empiezan en 1.º de abril del corriente año, en poblaciones de más de 100.000 habitantes, satisfarán durante los primeros veinte años, a partir de su terminación, la mitad de la contribución territorial urbana correspondiente y de los arbitrios municipales impuestos o que se impongan sobre la propiedad inmueble.

Toda casa en la que los alquileres de sus distintas viviendas o partidos no exceda en ninguno de ellos de 125 pesetas mensuales, y que se terminen de edificar durante los tres primeros años que empiezan en 1.º de abril del corriente año, en poblaciones de más de 100.000 habitantes, satisfarán durante los primeros quince años, a partir de su terminación, la mitad
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de la contribución territorial urbana correspondiente y de los arbitríos municipales impuestos o que se impongan sobre la propiedad inmueble.

Los mismos beneficios, y para los mismos tiempos concedidos en los artículos anteriores, disfrutarán también las casas que en la dichas condiciones se edifiquen en poblaciones de 10.000 a 100.000 habitantes; pero reduciendo los límites de los alquileres a 50 y 100 pesetas, respectivamente.

Estos beneficios serán compatibles con la exención total del primer año, vigente en la actualidad.

Cuando alguno o varios de los departamentos del piso bajo no se dediquen a habitaciones, es decir, se dediquen a comercios, industrias, oficinas, podrán elevarse los alquileres de aquellos, sin que por esto deje toda la casa de disfrutar los beneficios expresados.

Si el propietario de una finca acogida a estos beneficios alterará los alquileres en forma que los pusiera fuera de la presente disposición, será obligado a reintegrar el importe de los beneficios obtenidos durante los cinco últimos años y a devolver al inquilino las cantidades que indebidamente le hubiera cobrado.

La Diputación foral de Vizcaya, atenta a la resolución del problema de la vivienda, proyecta la emisión de un empréstito de cuarenta millones de pesetas, secundando la iniciativa del diputado señor Ercoreca, que ha despertado en Vizcaya un gran entusiasmo.

El presidente de la Junta de casas baratas, de Bilbao, señor Posse, ha dicho hablando de este proyecto:

Hace años, en 1917, creó el Ayuntamiento de Bilbao la Junta de casas baratas, institución a la que concedió plena autonomía y a la que dotó de un capital fundación de 2.550.000 pesetas. Esta Junta actúa con intervención de la clase obrera, empleados de oficina, representación del Colegio Médico y de la Asociación de Arquitectos y delegación del propio Ayuntamiento por medio de dos concejales. Vive totalmente al margen de toda política, y la adjudicación de viviendas que construye la hace mediante la aplicación rigurosa de un reglamento por el que las casas se entregan a los que llevan mayor número de años de empadronamiento, y en igualdad de circunstancias, a los que tienen más familia y disfrutan de menos jornal.

Esta Junta ha construido ya el barrio de Solocoeche, con 91 habitaciones, de rentas que oscilan desde 17 a 55 pesetas
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mensuales, y está principalmente destinado a familias de modestos empleados. Cuenta también con el barrio de Torre Urrizar, que se puede asegurar que es lo mejor que se ha construido en el tipo de casa colectiva. Forma un bloque de 25 casas con 264 habitaciones, de rentas que oscilan entre 15 y 45 pesetas. En la actualidad prepara la construcción de un gran barrio con más de 200 habitaciones en Basurto para empleados de oficina, con renta media de 50 pesetas.

Si el clamor general de las cooperativas es la falta de dinero a tipo de interés reducido y a plazo de amortización largo, la moción presentada por el señor Ercoreca a la Diputación de Vizcaya, tiende a solucionar esta dificultad. Identificado con este problema, que es gravísimo en Vizcaya, quiere que se solucione de un modo grande y definitivo, como a Vizcaya corresponde, por la capacidad de sus medios económicos. Para ello propone la emisión del empréstito de la vivienda vizcaína por valor de cuarenta millones de pesetas, al cinco por ciento de interés, amortizable en cincuenta años. Ese dinero ha de servir para concesión de préstamos a las edificaciones baratas e higiénicas. Con muy justa razón eleva la categoría de beneficiario de casa barata hasta el haber de doce mil pesetas, y fija el límite de beneficio de renta de las casas construidas en seis por ciento. Un reglamento especial, confeccionado por la Diputación, determinará las condiciones de las viviendas y el modo como se han de otorgar los préstamos. Esto será por el valor máximo del ochenta por ciento del costo de la vivienda al tipo de interés del tres por ciento anual y al plazo máximo de amortización de treinta años.

Desea el señor Ercoreca, y lo desea en justicia, que las obligaciones emitidas por este empréstito puedan ser pignoradas en el Banco de España con el carácter más semejante posible al de los valores públicos.

También desea que todas las Cajas de Ahorros, tanto aquellas que caen bajo el protectorado del Estado como aquellas otras que sostienen las entidades bancarias, cooperen a esta obra. Y, finalmente, quiere también que de la recaudación de cuotas patronales procedentes de la aplicación del Retiro obrero obligatorio de Vizcaya se destine el máximo posible a esta inversión social.

La carga económica que representa la ejecución de este proyecto habría de pesar sobre la Diputación, que desea compensarse de ella creando el impuesto sobre plus valía y acaso contando con el auxilio de los Municipios vizcaínos.
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En la conferencia nacional por crédito agrícola celebrada en la Mancomunidad de Barcelona, y a la que asistieron representantes de toda Cataluña (D. Federico Castejón, catedrático de Derecho y diputado provincial por Sevilla, en representación de la provincia y de las Cámaras Agrícolas Oficiales de Jaén, Carmona, Almería y Córdoba; el diputado provincial por Valencia, don Julio Tarin; el presidente de Ochete Vinícola, D. Miguel Suay; el presidente del Fomento Nacional y varios representantes de entidades económicas de Cataluña), se han aprobado las siguientes conclusiones:

Préstamos con garantías hipotecarias, imperfectamente desenvueltos hoy por el Banco Hipotecario, a fin de que constituya un auxilio verdad para los agricultores, para cuyo objeto le fué concedido el privilegio de que goza de la emisión de cédulas hipotecarias.

Préstamos con garantía pignoraticia a base de la emisión de resguardos de propiedad y garantía con el aval del Estado para que puedan ser descontados por la banca privada y aceptados a la pignoración en el Banco de España como valores públicos del Estado.

Créditos con garantía personal facilitando el Estado los medios económicos y agronómicos a las Cajas Rurales existentes o que se creen.

Institución de cédulas de crédito territorial con garantía del Estado, a cuyo fin se rectificará el procedimiento catastral seguido hasta hoy.

La institución del retiro obrero, gana adeptos rápidamente entre el proletariado.

De todas partes llegan noticias de la campaña de propaganda que se está realizando, y de Barcelona, la de la reforma que aquellos trabajadores, quieren que se haga en la ley.

Al efecto, han enviado un documento al Directorio pidiendo que se mejore la ley de Retiros para que puedan alcanzar sus beneficios a todos los obreros que cobren sueldos inferiores a 3.000 pesetas anuales, única manera de que entren a participar de los beneficios de la ley los dependientes de comercio, Banca, Bolsa y profesiones liberales, a quienes ahora no alcanzan; que la edad sea fijada para el percibo de retiro a los sesenta años y de cincuenta y cinco para las profesiones agotadoras, y, por último, que la pensión mínima para el retiro sea de 1.000 pesetas anuales, en vez de las 375 que el artículo 12 actualmente señala.
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Estas mejoras pueden llevarse a la práctica previo el pago de una peseta mensual por parte de todos los trabajadores, que, unida a las tres que mensualmente pagan los patronos por cada uno de sus obreros y a la peseta que entrega el Estado por cada uno de los asalariados de la nación, puede dar fin también al escarnio que para los obreros viejos representa el ofrecimiento de un retiro de una peseta diaria a los sesenta y cinco años.

Entre las exhortaciones que las autoridades han hecho, merece interés la circular que el gobernador de Cáceres, coronel don José García, ha publicado, y que dice así:

«El régimen de severa disciplina social porque justamente ha venido clamando la opinión pública, y que es sin duda alguna la base de la paz y de la prosperidad de los pueblos, reclama de un modo especialísimo la puntual observancia de aquellas leyes que han recibido por antonomasia el nombre de leyes sociales, encarnando aspiraciones justas de las clases trabajadoras.

Por tener un fondo de justicia, y a la vez de tutela para los económicamente débiles, merecen esas leyes las simpatías y el apoyo de todos los hombres de orden y de corazón, y han de producir, fielmente cumplidas, un admirable efecto de pacificación, que acaso no comprendan de momento todos los intereses que se consideran lastimados por ellas.

Para vencer los obstáculos que esos intereses levanten, hace falta que actúe la autoridad con energía proporcionada a la magnitud de las resistencias, que a todo trance han de quedar vencidas.

No deben quedar esas leyes a merced de los obligados a cumplirlas, y por eso, interponiendo su autoridad y desplegando la acción educadora que para la formación de buenos hábitos y costumbres sociales les ha sido encomendada, los señores delegados cuidarán de que no sean burlados los derechos que a los trabajadores conceden las citadas leyes.

A ese efecto vigilarán la actuación de las autoridades municipales, a que esas leyes encomiendan funciones especiales, y harán que a los funcionarios encargados de la inspección se les presten todas las asistencias indispensables, poniendo en juego cuantos recursos les sugiera su celo y estén en sus atribuciones, para que sea un hecho la observancia de las leyes tutelares del trabajo.

De modo especial han de velar porque se cumpla la ley
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del Retiro obrero obligatorio, que por ser ley reciente, y por afectar a una gran masa de población, requiere especialísimo cuidado, no solamente para vencer las resistencias patronales propias de todo período de implantación de leyes de esta naturaleza, sino también para estimular al obrero en la colaboración a que la misma ley le invita y que es obra de educación popular, que es preciso acelerar.

Por su parte los señores alcaldes, además, cuidarán de cumplir inmediatamente, si ya no la tuvieren cumplida, la obligación que tienen de afiliar en la Caja Regional de Retiro obrero a todos los asalariados de su Ayuntamiento, haciendo las cotizaciones prevénidas por el decreto ley de 11 de Marzo de 1919 y reglamento de 21 de Enero de 1921; bien entendi-do, que no se aprobará presupuesto que no contenga la consignación necesaria para esta atención, ni cuenta en que no se justifique el pago de las debidas cuotas de retiro de los empleados, dependientes y obreros municipales.

De igual suerte, y con toda diligencia, facilitarán los señores alcaldes las relaciones de patronos y cuantos datos e informes les sean reclamados por la Inspección del Retiro obligatorio y prestarán a los inspectores y delegados del régimen legal del Retiro obrero su leal cooperación, para que el servicio pueda realizarse con la debida eficacia en su respectiva localidad, advirtiendo que será inexorable con los que dejen incumplido este deber, aunque traten de eludirlo con hablidosas evasivas.

A la vez recuerdo a toda clase de corporaciones y oficinas públicas el deber en que están de exigir la justificación previa de haber cumplido las prescripciones del régimen obligatorio del Retiro obrero a todo el que, teniendo la condición de patrono, trate de concurrir a los actos o ejercitar los derechos que enumera el artículo 43 del citado reglamento, a tenor de lo que dispuso, corroborando esta prescripción, la Real orden de 30 de Julio de 1921.

En que esta circular tenga el debido cumplimiento pondrán su patriótico empeño los señores delegados gubernativos, que en el fomento de los hábitos de previsión encontrarán un amplio campo para su trascendental labor de educación ciudadana, y con cuyo concurso tengo la seguridad de ver cumplida en toda la provincia esa ley justa y humanitaria que ha de ser la salvación de las clases pasivas del trabajo y la extirpación de uno de los focos de miseria y dolor que amargan la existencia de los que, trabajando, crean la riqueza de la nación.

No es posible tolerar que la ley sea burlada y que los trabajadores sean defraudados en su derecho a ver asegurado el pan de la vejez, y si el requerimiento que la autoridad hace en
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EL PROBLEMA SOCIAL MÁS IMPORTANTE

La enseñanza y la educación religiosa

El hecho de que en la provincia de Córdoba haya un 70 por 100 de analfabetos—hecho que no en tanta proporción se repite con excepción de dos o tres provincias en toda España, donde el analfabetismo es plaga—dio ocasión a S. M. el Rey, en conversación mantenida con el Prelado que rige la diócesis cordobesa, Excmo. Sr. Dr. Pérez Muñoz, para exponer sus deseos de fomentar la instrucción pública, y al Obispo para proponer que, allí donde la acción del Estado no llegue y no existan maestros, se solicite a los párracos para dar la enseñanza primaria.

He aquí dos cuestiones que se complementan y que merecen ser tratadas. En España faltan elementos de instrucción. El censo escolar pone de manifiesto que faltan escuelas, y que la deficiencia es tal, que dos terceras partes de la población infantil está privada de asistir a ella. Y por otra parte constituye un problema el carácter de la enseñanza pública, en la que se ha quitado importancia cuando se ha prescindido de la educación religiosa, con el pretexto sectario del respeto a la llamada libertad de la conciencia, que inspiró a un Gobierno liberal el decreto declarando voluntaria la enseñanza del Catecismo en las escuelas y de la Religión en los Institutos de segunda enseñanza.

La infancia y la juventud españolas que asisten a los centros docentes del Estado, carecen pues, salvo donde la Providencia hace que el maestro sea sinceramente católico, de aquella instrucción que es, no sólo principio de toda sabiduría, sino base de formación patriótica y ciudadana; y ese árduo problema de cultura de que se habla, no sólo lo es en su aspecto de
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nombre de la justicia y de la paz social es desoído, recaerán sobre los infractores, por altos y poderosos que presuman ser, las sanciones adecuadas conque por el bien de la patria es preciso procurar el general cumplimiento de las leyes sociales.

Dispuesto a aplicarlas con el debido rigor, espero que no sea necesario apelar a ellas en esta provincia, que tanto ha contribuido, en unión de la provincia hermana, dicho sea en honor de toda Extremadura, a la preparación, elaboración e implantación en España de la progresiva ley del Retiro obrero obligatorio.

En Valladolid, y para conmemorar el 36 aniversario de la fundación de la Asociación general de ferroviarios, se ha celebrado un acto en el que se pidió la creación del proyectado Colegio de huérfanos de ferroviarios, para lo cual hay ofrecidos 140.000 metros cuadrados de terreno.

Todas las autoridades de Valladolid, presentes en la fiesta, prometieron cooperar a que el proyecto se realice, y el Arzobispo señor Gandásegui, invitado a hablar, pronunció un eloquentísimo discurso, del que es esta referencia:

El trabajo—dijo—tiende, además de a un fin particular, a un fin social, y del trabajo, lo mismo manual que intelectual, se benefician todos, incluso las clases directoras y capitalistas, las cuales han de vivir hermanadas con los trabajadores, pues el dinero no debe constituir nota distintiva de clases.

Todos, altos y bajos, clases obreras y clases adineradas y directoras, deben realizar la justicia social con la caridad cristiana, y se obtendrá la paz pública. Es lamentable que al trabajador manual o intelectual, que da todo su esfuerzo a la sociedad, no se le retribuya adecuadamente o se le desampare cuando no puede trabajar. Por haberle desatendido en sus justas demandas, por haberle considerado como mercancía, acudió, buscando apoyo, a la revolución, la cual no ha sido buena madre del obrero; causó graves daños a él y a la sociedad y le llevó a muchos fracasos. Condena enérgicamente el individualismo, la libre concurrencia en el trabajo y la lucha de clases. Elogia la Asociación general de ferroviarios por sus fines benéficos en orden al mejoramiento material y cultural de sus asociados. Estima que el Colegio de Huérfanos ferroviarios debe construirse en Valladolid, pues no hay ciudad más ferroviaria que ésta.

El Prelado ofrece una beca gratuita para un alumno de ese Colegio. (Los ferroviarios ovacionan entusiastamente al Arzobis-