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llevarla a la práctica sino a los católicos que, en tanto lo son, en cuanto obedecen los mandatos de su más alto Jefe?

Sea pues, Venerados Hermanos y amados hijos, la primera de las obligaciones sociales, la de escuchar con todo respeto la voz del Papa, ajustando en un todo nuestra conducta a sus prescripciones, porque de otro modo pudiera suceder que personas celosas como ninguna de la pureza de su fe y de la integridad de sus costumbres, en sus relaciones sociales se olvidasen de las normas pontificias y procediesen con arreglo a los axiomas de un individualismo tan funesto como anticristiano.

Pero no basta con que individualmente se cumpla con toda exactitud los deberes que la justicia o la caridad nos impongan respecto a nuestro prójimo; la hermosa misión que el Sumo Pontífice ha confiado al celo de los buenos católicos, llega hasta convertirlos en heraldos de paz; que por todos los medios procuren acabar con una lucha fratricida que nunca debió haberse entablado.

Ningún buen cristiano puede admitir, como legítimo, el principio de «la lucha de clases», como si unas fueran por naturaleza enemigas de otras, cuando es ciertísimo que, así como en el cuerpo se unen miembros entre sí diversos y de su unión resulta esa disposición de todo el ser que bien pudiéramos llamar simetría, así en la sociedad civil ha ordenado la naturaleza que aquellas dos clases se junten concordes entre sí y se adapten la una a la otra de modo que se equilibren.

Mas, para conseguir esta armonía, tanto los patronos como los obreros necesitan del abnegado concurso de hombres imparciales que les repitan, hasta la sociedad, cuáles son sus derechos y sus deberes y eviten con ello que se dirima por la fuerza un litigio que hay que fallar conforme a derecho.

Y si siempre es bueno propalar la verdad cuando se ventilan cuestiones que, por su extraordinaria transcendencia, han dividido a la humanidad en bandos opuestos, silenciaría llegaría a tener todas las apariencias de una deserción del deber.

Cada día son más numerosos los hombres seducidos por las falaces predicaciones de los que, como decía León XIII, «manifestamente les pone delante desmedidas esperanzas y grandísimas promesas, arrastrados por las cuales arman sediciones y hacen juntas con hombres malvados que los llevan a excesos, a que se sigue, casi siempre, un arrepentimiento inútil y la ruina de sus fortunas».

Merecerán bien de la sociedad los que, sin perdonar diligencia alguna, procuran separar las justas peticiones de los obreros de utópicas quimeras con las que se compromete el triunfo de la justicia; porque si es cierto que la mayor parte
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de los obreros quieren mejorar su suerte a fuerza de trabajar honradamente y sin hacer a nadie injuria, también es igualmente verdad que hay no pocos imbuidos de torcidas opiniones y deseos de novedades, que de todas maneras procuran trastornar las cosas y arrastrar a los demás a la violencia.

Deber es, por lo tanto, de los católicos enseñar constantemente que si bien es permitido esforzarse, sin mengua de la justicia, en mejorar la propia suerte, quitar a otro lo que es suyo y, se color de una absurda igualdad, apoderarse de la fortuna ajena, es cosa que prohibe la justicia y que la naturaleza misma del bien común rechaza.

Y si a esto—como a toda injusticia—se opondrá decididamente la Iglesia, en cambio tendrá siempre toda su influencia al servicio de los que honradamente trabajan por salir de su tristísimo estado y alcanzar una vida menos penosa de la que actualmente llevan.

La historia entera del cristianismo pone de manifiesto la solicitud con que la Iglesia ha atendido en todo tiempo a las clases más necesitadas, que por sus incesantes esfuerzos fueron poco a poco emancipándose de aquella dura servidumbre a que estuvieron sujetas durante el paganismo. Como madre común de ricos y pobres, promovió en todas partes la caridad en grado sublime y, perfeccionando aquella excelente doctrina que la filosofía vislumbró sobre el uso de las riquezas, llegó a conseguir que los ricos fuesen como instrumentos de la divina Providencia a los que Dios había confiado la suerte de los necesitados.

Si la Iglesia enseña que no han de tener fin en este mundo las penalidades, porque los males que al pecado signaron son ásperos de sufrir, duros y difíciles, y necesariamente han de acompañar al hombre hasta lo último de su vida, con lo que abiertamente se pone frente a los que prometen al desgraciado pueblo una vida exenta de toda fatiga y dolor, regalada con holganza e incesantes placeres, igualmente amonesta que deben acordarse los ricos y los amos de que, oprimir en provecho propio a los indigentes y menesterosos, y de la pobreza ajena tomar ocasión para mayores lucros, es contra todo derecho divino y humano. Lejos, pues, de oponerse la Iglesia a las legítimas aspiraciones de los que, por medios lícitos tratan de hurtar sus cuerpos a los fieros zarpazos del egoísmo ajeno, resueltamente se coloca al lado de los que sufren las injusticias de los hombres y hace de las víctimas de la maldad humana objeto preferente de sus desvelos y de sus cuidados.

Las consecuencias que de este proceder de la Iglesia podrían derivarse no se han ocultado a los verdaderos enemigos del bienestar de los pobres y con astucia satánica han querido
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presentar a la religión como aliada complaciente de la iniquidad de los poderosos; logrando de este modo separar de la Iglesia a masas enormes de obreros, que hay quien considera perdidos para siempre. Pero, frente a este pesimismo desalentador, que tantas energías reste, abrigamos la consoladora esperanza de que las puertas de la misericordia divina llegarán a abrirse para los que se extraviaron por una ignorancia de que ellos no son los únicos culpables. Que se les explique con toda claridad lo que los soberanos Pontífices, y de modo especialísimo el gran León XIII, han escrito sobre la forma de solucionar la cuestión social; que se les expongan en toda su integridad las categóricas enseñanzas de la tradición cristiana sobre el uso de los bienes de acá abajo; que se les presente en toda su hermosura la figura nobilísima de nuestro adorable Redentor, pobre entre los pobres, y la verdad iluminará sus inteligencias y la verdad les librará.

Urge, por consiguiente, que los católicos se esfuercen en llevar a todas las clases sociales estas elevadas enseñanzas, trocando su pecaminosa indiferencia por una incansable actividad, de la que seguramente vendrá la justa solución que anhelamos para el asiduo problema social. Todos están obligados porque todos han cooperado, más o menos directamente, a que aumenten las proporciones de una contienda que no se hubiera provocado, si la justicia y la caridad cristianas hubieran prevalecido en el corazón de los hombres. Quizás en ninguna otra parte aparezca tan marcada la influencia de la solidaridad, como en el campo social. La íntima trabazón que existe entre las diversas partes del sistema económico de un pueblo, es causa de que repercutan sobre él las agitaciones que en un principio tan sólo afectaron a uno de sus componentes.

Como cuando en la superficie tranquila de un lago se produce alguna alteración, se forman ondas que llevan a todas partes el movimiento que sobrevino en un punto determinado, del mismo modo los intereses de una clase no pueden lastimarse sin que se resienta y padezca la sociedad entera. Origínase de aquí el hecho, repetido a diario, de que tanta o mayor parte que los directamente interesados en las contiendas que continuamente se entablan entre el capital y el trabajo, toman en sus soluciones los que, aunque parezcan ajenos a la lucha, no pueden proceder como meros espectadores, sino que con su actitud y manifestaciones forman lo que se llama opinión y cuyos juicios suelen ser definitivos en asuntos de esta índole. Al deber de formar una opinión que vuelva siempre por los fueros de la justicia no puede sustraerse nadie, porque es un medio aptísimo de velar por la paz social, que a todos interesa conservar.
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Y así como los fines de la acción social católica han sido taxativamente fijados por la suprema autoridad de la Iglesia, también los medios más idóneos para conseguirlos han sido aualizados por los Sames Pontífices. Tienen los tiempos su fisonomía propia y es evidente que a los actuales les caracteriza ese afán de asociación que sienten todas las clases sociales y a la que acuden presurosos, como a requisito indispensable, para el logro de sus aspiraciones. Aquella libertad, tan ardientemente deseada por los hombres de la pasada centuria, ha sido ferreamente disciplinada en la presente por medio de asociaciones de toda clase que han regulado minuciosamente ocupaciones y trabajos que antes se determinaban por la libre voluntad de cada uno.

La experiencia de la pequeña de las propias fuerzas, nunca tan a las claras percibida como en las incidencias de la lucha social, movió a todos a formar sociedades privadas, cuyo fin había de ser la defensa de los intereses profesionales. El individualismo personal fue sustituido por el de clase y en adelante la lucha quedó concertada entre potentes asociaciones, cuyos directores manejaban, a discreción, a millares de hombres dispuestos a realizar toda clase de sacrificios a trueque de conservar una estrecha unión de la que sabían, por experiencia, que dimanaba toda su fuerza.

Este nuevo espíritu corporativo fue desde un principio benignamente alentado por la Iglesia que no podía olvidar aquellas terminantes advertencias de la Sagrada Escritura: «Mejor es que estén dos juntos que uno solo, porque tienen la ventaja de la mutua compañía. Si uno cayere, le sostendrá el otro. ¡Ay del solo que, cuando cayere, no tiene quien le levante!»

Ni encontraron las sociedades privadas más elocuente defensor que León XIII, quien, en su Encíclica «Rerum Novarum», dice: «El derecho de formar tales sociedades privadas, es derecho natural al hombre, y la sociedad civil ha sido instituida para defender, no para aniquilar, el derecho natural; y si prohibiera a los ciudadanos hacer entre sí estas asociaciones, se contradeciría a sí propia, porque lo mismo ella que las sociedades privadas nacen de este único principio, a saber: que los hombres son, por naturaleza, sociales».

Pero si alentó y tuteló el espíritu de asociación, no pudo aprobar de igual modo todas y cada una de las sociedades en que se concretó, porque en su tiempo, y mucho más en el nuestro, hay multitud de ellas de las que no es éste el lugar de examinar de dónde nacen, qué quieren y por qué caminos van. Créese, sin embargo—y son barto notorias las pruebas que confirman esta creencia—que las gobiernan, por lo común, ocultos jefes, quienes les dan una organización que no dice
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REVISTA CATÓLICA
DE CUESTIONES SOCIALES

(Con censura eclesiástica).

EL NUEVO ESTATUTO MUNICIPAL

De todas las reformas acometidas por el Directorio militar, ninguna de tanta trascendencia seguramente como la introducida en el régimen de los municipios por Real Decreto de 8 de Marzo último, que ha empezado a regir en primero de Abril.

A estas horas, y para que el conocimiento de la ley por el pueblo no sea una ficción más, se dan conferencias en las principales poblaciones de España, para divulgar los principios básicos de la reforma.

Creemos de nuestro deber contribuir desde aquí a esta labor de divulgación, tanto más necesaria cuanto que creemos firmemente que el estatuto es un eficaz instrumento para la liberación de España, si nos decidimos a utilizarlo con la amplitud de miras, con la generosidad de espíritu y con el resuelto optimismo que sólo pueden dar el triunfo.

El estatuto parte de una verdad fundamental: la existencia del municipio como entidad real, independiente del Estado, dotada de vida propia, constituida por el núcleo de personas que viven en una aglomeración urbana. No hay que decir cuán
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bien con el nombre de cristiano y con el bienestar de los Estados, y que comparando todas las empresas, obligan a los que con ellos no se quieren asociar, a pagar su resistencia con la persecución y la miseria. Siendo esto así, preciso es que los obreros cristianos elijan una de dos cosas: o dar su nombre a sociedades en que se ponga a riesgo su religión, o formar ellos entre sí propias asociaciones y juntar sus fuerzas de modo que puedan animosamente libertarse de aquella injusta e intolerable opresión. Y que esto se deba absolutamente escoger ¿quién habrá que lo dude, si no es que quiere poner en el más inminente peligro el bien supremo del hombre?

Y aunque fueron muchos a quienes faltó el valor necesario para oponer una resistencia que podía comprometer su porvenir y el bienestar de sus familias, hubo otros, tanto más dignos, cuantos menos numerosos, que lucharon denodadamente por recabar su independencia y procuraron aplicar con toda integridad la moral católica a los complejos problemas de la vida del trabajo, dando su nombre a sociedades francamente católicas. Es deber ineludible de los que aspiran a llevar dignamente el nombre de cristianos, ayudar a esta porción escogida de obreros que, rodeados por todas partes de enemigos, tienen que lamentar a menudo, más que los ataques de éstos, el desvío o la indiferencia de los suyos.

Unas veces interviniendo directamente en estas asociaciones con enseñanzas y consejos que conserven la pureza de la doctrina, otras facilitando su propagación y arraigo con medios económicos que les permitan desenvolverse con mayor desembarazo y siempre con el calor moral que tan necesario es para los que luchan, deben todos demostrar su interés por los que con esforzada valentía pregonan su fe conforme a las exigencias de los tiempos modernos.

Al alentar a éstos a que perseveren en su noble empresa, y al exhortar a aquellos otros a que tomen parte activa en ella, recomendamos encarecidamente paternalmente a todos que mediten, dentro de su corazón, sobre la gravedad de estas palabras de León XIII: «La solución buena la darán los buenos cristianos, si, unidos en sociedad y valiéndose de prudentes consejeros, entran por el camino que, con singular provecho suyo y público, siguieron sus padres y antepasados».
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III

Quizá nunca haya sido tan necesaria una intensa actuación política de los católicos como en los presentes momentos en los que una poderosa corriente de opinión ha cambiado radicalmente la situación política de todas las naciones de Europa. Los inmensos sacrificios que, durante la guerra, realizaron los pueblos beligerantes destacaron con insusitado relieve la idea de patria, en cuya defensa habían inmolado, sin titubear, vida y hacienda, intereses y afectos. La trágica emoción de aquellos años de penosa y ruda lucha en los que la muerte reinó con indiscutible señorío sobre las generaciones más jóvenes de cada pueblo, formó en los hombres un concepto más serio de la vida, en la que la abnegación y la moralidad tuvieron amplia cabida en el vacío que dejaron frívolas diversiones y criminales placeres, incompatibles con las privaciones y estrecheces de la postguerra.

Vehementes ansias de regeneración se apoderaron de los corazones y, cuando no encontraron suficiente cauce en los instrumentos de Gobierno que hasta entonces habían imperado, pugnaron por crear nuevas organizaciones, que, abandonando el pesado lastre de ideas y procedimientos ya en pleno descrédito, porque habían naufragado en un mar de sangre, estuviesen capacitados para recoger un movimiento que enarbola, como lema, las nuevas ideas con que se inauguraba otra época en la historia de la humanidad.

Los viejos tópicos de los gremios políticos del pasado siglo perdieron en un momento su antigua eficacia para arrastrar a las muchedumbres, y en su afán de sostenerse, quisieron suplir el arraigo en la opinión, de que carecían, con debilidades y transacciones que, al desprestigiar la autoridad, hicieron más patente el divorcio entre cada una de las naciones y sus gobernantes. Los viejos odres no tuvieron fortaleza para encerrar el vino nuevo y la fuerza misma de las cosas facilitó el advenimiento de los que se alzaron pidiendo autoridad y disciplina, trabajo y patriotismo.

La dictadura que, abiertamente en unos pueblos y con veladas formas en otros, es en la actualidad el sistema de gobierno que prevalece en Europa, no hubiese sido posible, ni podría mantenerse sin el decidido concurso de masas enormes de ciudadanos en quienes la idea de patria y el respeto a la autoridad se ha exaltado en tales proporciones, que, para expresar esta nueva forma de ciudadanía, sus candillos han di-
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cho que es mística. Y esta palabra con la que pretende significarse el valor religioso inspirado en altos pensamientos y desinteresado en absoluto, que se atribuye al actual movimiento político, indica con toda claridad la aportación que a él deben hacer los católicos.

Por lo que hace a nuestra España, V. H. y a h., no tan sólo en las presentes circunstancias en las que, por la fortaleza de los que con brazo robusto dirigen la cosa pública, se facilita extraordinariamente la obediencia de los súbditos, sino aun en aquellas ocasiones en que el poder se ejerzite con censurable lenidad, tienen aquéllos la obligación de respetar a los que ejercen la autoridad como representantes de Dios en la tierra. Porque es una verdad claramente expresada en las Sagradas Escrituras, que el poder público proviene de Dios, y resistirlo es hacer frente a la misma voluntad divina, que es la que da vigor a las disposiciones de los que gobiernan.

En el sagrado libro de los Proverbios, en el que el más sabio de los reyes cantó de manera maravillosa la sabiduría divina, se leen estas palabras que fundamentan en el mismo Dios la doctrina católica sobre el origen del poder: «por mí reinan los reyes y decretan los legisladores leyes justas; por mí los príncipes mandan y los jueces administran justicia». Y el autor del libro de la Sabiduría afirma resueltamente: «escuchad reyes, y estad atentos, dad oídos a mis palabras vosotros que tenéis el gobierno de los pueblos, porque la potestad os la ha dado el Señor; del Altísimo tenéis esa fuerza». Podrán los hombres envilecer con sus actos esta participación que Dios le confiere de su poder, pero aunque la autoridad se manche, jamás perderá la grandeza de que le ha investido su origen divino. Nunca llegará a extinguirse el eco de aquella hermosa respuesta con que el celestial Maestro, momentos antes de morir, acató las decisiones de una autoridad que cobardemente había de consentir que se perpetrase el horrendo delicidio: «no tendrías poder alguno sobre mí, si no te fuera dado de arriba».

Para los católicos la obediencia a la autoridad es un deber de conciencia que ha de cumplirse con la misma exactitud con que prestan acatamiento a los mandatos divinos.

La voluntad de Dios que se manifiesta directamente en los preceptos de la ley natural y de la ley de gracia, siempre fielmente interpretados por su Iglesia, ha querido utilizar, como instrumentos suyos, a los que en su nombre rigen a los pueblos, avalando con su autoridad suprema las disposiciones que ellos dicten.

Así lo afirma expresamente San Pablo, y dirigiéndose por cierto a cristianos que estaban sometidos a príncipes paganos: «No hay potestad que no provenga de Dios y Dios es el que
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ha establecido las que hay en el mundo. Por lo cual, quien desobedece a la autoridad, desobedece al mismo Dios y los que tal hacen, ellos mismos se acarrean la condenación... Por tanto, es necesario que le estéis sujetos, no sólo por temor del castigo, sino también por obligación de conciencia».

No podrá buscarse fundamento más incombustible al espíritu de ciudadanía tan necesaria en los tiempos modernos. Porque si la autoridad procede directamente de Dios y se ejerce en su nombre, para que la respeten los buenos católicos no ha menester de concesiones externas, ni de violencias de ninguna clase, sino que por imposición de su propia conciencia habrán de entregarse sin reservas a lo que de ellos pidan los gobernantes que son, ante todo, ministros de Dios.

«Por lo cual será preciso que los ciudadanos estén sujetos y obedientes a los príncipes como a Dios, no tanto por temor de las penas cuanto por reverencia a la majestad, no tanto por motivo de adulación, cuanto por conciencia del deber. Con lo que estará el imperio más sólidamente establecido, puesto que los ciudadanos, sintiendo la fuerza de este deber, se apartarán de toda malicia y contumacia, persuadidos, como deben estar, de que resistiendo a la potestad divina o negándose a dar honor a los príncipes se lo niegan al mismo Dios.»—León XIII. (Diuturnum).

Y del mismo modo que fomenta en los súbditos la disciplina hasta hacer de ella una virtud, la doctrina católica señala con noble entereza a los gobernantes sus deberes, exigiéndoles que gobiernen con arreglo al supremo ejemplo de Dios, fuente de su autoridad.

Frente a los abusos que en todos los tiempos han cometido hombres desaprensivos, que hicieron de los cargos públicos motivo de granjerías y ocasión de lucro, la Iglesia ha sostenido que el poder no ha de ejercitarse en provecho propio, sino en utilidad de la nación.

Y no podía ser de otra manera, porque jamás habrá autoridad que reuna aquellos sagrados e imprescindibles derechos que, por su misma naturaleza, posee el Señor de los señores y el Rey de los que dominan, y, sin embargo, se complace en manifestar que «no vino a ser servido, sino a servir», aunque para ello tuviera que despojarse, por un prodigio de su amor, de la soberana majestad que en el cielo constituye la dicha eterna de los bienaventurados.

Es ley de la divina providencia juzgar a cada hombre en proporción a los favores que ha recibido, y las múltiples atribuciones del poder público no son, en definitiva, sino títulos que aumentan la responsabilidad de los que lo ejercen. Mientras mayor sea la jurisdicción de un gobernante, más estrecha