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ta a abandonar su trabajo y perder su salario o sea porque, abandonando el taller, se dedica luego a trabajos más penosos que los que abandonó. No conviene, pues, conservar disposiciones legales que, según el unánime sentir de los inspectores del trabajo, de antes y de ahora, no pueden ser aplicadas».

Algunas leyes han intentado garantizar la situación de la obrera, a la vez como madre y como asalariada, concediéndole el derecho de abandonar su trabajo algún tiempo antes de los partos, bajo la presentación de un certificado médico o sin él y de reclamar, en seguida, su reintegración. España, Francia, Noruega y Suecia, reconocen expresamente a la obrera en estado de embarazo, el derecho de abandonar el trabajo sin dar aviso. En España, durante el octavo mes, en Noruega, durante las últimas 4 semanas; en Suecia, durante las 2 últimas. En Suiza, una mujer embarazada puede dejar su trabajo en cualquier tiempo y no puede ser por ese hecho despedida por el patrón. En España, Francia, Grecia, Rumanía y Noruega, la ley estipula expresamente que la mujer conserva su empleo en el establecimiento (caso de la ley argentina). En Suiza, no sólo la obrera no puede ser despedida durante la ausencia provocada por su parto, sino que su contrato de trabajo no puede terminar en esa fecha.

(Continuará.)
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POR NUESTROS CONSOCIOS DIFUNTOS

Han entregado su alma a Dios, después de haber recibido los Santos Sacramentos, los señores siguientes, consocios nuestros en el Patronato Social de Buenas Lecturas:
D. Maximino Santamarina, de Viavélez (Oviedo).
D. José Ibáñez Fernández, de Atar del Rey (Palencia).
D. Juan Mompó, de Ayelo de Malferit (Valencia).
Justamente habrán recibido ya el premio debido a sus buenas obras. Pidan al Señor nuestros asociados por sus almas, y los numerosos sacerdotes que con nosotros cooperan por la propaganda de la Buena Prensa, recuérdenles en el momento de la santa Misa.
REVISTA CATÓLICA envía su pésame más sentido a las familias de los finados.

OBSEQUIO A LA PRENSA

Nuestro querido amigo y compañero don Eduardo Navarro Salvador, tan reputado estadístico como publicista, ha escrito una obra muy original y notable (que se halla en prensa y seguramente se agotará muy pronto) acerca de la mortalidad infantil y de la demografía general (matrimonios, nacimientos, abortos y defunciones) en España, de 1859 hasta 1922.
El trabajo, cuyo precio de venta es de dos pesetas el ejemplar, se enviará certificado por la administración a cuantos remitan dicho importe al autor a su domicilio, calle del Noviciado, 14, principal.—Madrid—8.
El señor Navarro Salvador enviará gratuitamente prospectos detallados al público en general que los pida y obsequiará con ejemplares a toda la Prensa católica de España que también los solicite de su autor.
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ciales deben existir, no primeramente para el bienestar individual de los profesionales, sino para la más perfecta realización de la justicia en el seno de la profesión. Y como no hay una moral corporativa distinta de la individual, no les es lícito emplear para obtener el bien propio de esa profesión los medios que aquella repugna. Y por último, y de igual modo que la autoridad pública se halla encargada de dirimir y resolver los conflictos individuales, hay que atribuirle, so pena de sancionar la más tremenda y perturbadora anarquía, el derecho a actuar de supremo moderador en los conflictos corporativos, de suerte que no debe ser lícito a la corporación, como no lo es al individuo, imponerse por medio de la coacción o de la violencia al Poder del Estado.

Esta sumisión de los cuerpos sociales al Estado no descansa en otro fundamento que en la misión que a este incumbe de promover el bien común de la sociedad entera. Se confunde pues, con el reconocimiento del origen divino de toda autoridad, con el acatamiento a la ordenación divina a la que resiste, según la frase del Apóstol, el que resiste a la autoridad humana. Para que esta sumisión se imponga a las inteligencias y encarne en las costumbres, se hace pues, preciso, restaurar el sentido cristiano de la vida, cuyo oscurecimiento, nunca se repetirá bastante, es la causa profunda del malestar reinante en la sociedad.

Lo que se dice de los organismos profesionales en general es igualmente aplicable a los organismos constituidos por las diversas categorías de empleados públicos.

El abuso que del derecho de asociación pueda hacerse por estos no debe hacernos desconocerlo. Los funcionarios públicos como todos los profesionales, tienen el derecho de asociarse para obtener el bien común a su respectiva profesión. El ejercicio de este derecho debe tender ante todo al perfeccionamiento de esta, y por lo tanto al bien de la sociedad entera. Por virtud de circunstancias notorias a todos constituye además un poderoso medio, un medio insustituible en el estado actual de las cosas para alejar el favoritismo y la influencia de los políticos, o de los que por un eufemismo hemos convenido en calificar de tales, del ejercicio de las funciones públicas.
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Pero, esto sentado, hay que reconocer que los principios de toda organización corporativa se aplican igualmente a los funcionarios públicos; y más aun que la naturaleza especial de los servicios que desempeñan, hace inadmisible para ellos el empleo de ciertos medios de defensa—la huelga, por ejemplo—que son tolerables en el estado actual de la sociedad respecto de otros profesionales. Y no se arguye que con ello se veda a los funcionarios el derecho a hacer reivindicaciones acaso justas porque, aunque así fuera, sobre el bien particular de un grupo social está el bien común de la sociedad entera, ante el cual debe ceder aquel de igual modo que el bien particular del individuo ante el bien del grupo profesional a que pertenezca. Por desconocerlo así, por olvidarse de la alta misión que bajo el nombre hermoso y tradicional de «servicio público» se expresa, se han dado los tristes espectáculos que hemos presenciado y que no son sino un ejemplo más de los estragos profundos que el individualismo, fruto del egoísmo, y este a su vez de la indiferencia religiosa ambiente, han causado en el seno de nuestra sociedad.

JUAN DE HINOJOSA.
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SECCIÓN DOCUMENTAL

ALGUNOS PECADOS SOCIALES

CARTA PASTORAL
DEL
Excmo. e Ilmo. Sr. Dr. D. Juan Bautista Luis Pérez
OBISPO DE OVIEDO

«Et ne quis supergreditatur, neque circumveniat in negotio fratrem suum; quoniam vindex est Dominus de his omnibus».
(AD TRES. IV. 6.)

Y que nadie opima a su hermano, ni le engañe en ningún asunto; puesto que Dios es vengador de todas estas cosas.
(THEA. TOBRES AMAT.)

INTRODUCCIÓN

Cuando horas antes de salir de Valencia para Asturias Nos postramos ante la imagen de Nuestra Señora de los Desamparados para implorar en aquellos momentos solemnes su poderoso patrocinio, aquella piadosísima Reina, cuya imagen expresiva de una inmensa ternura diríase que está animada, pues a veces parece que sonríe, y a veces parece que llora, inundó nuestro corazón de consuelo y esperanza y dió robustez y fortaleza a nuestro espíritu. Una voz interior parecía decirnos: ¿Qué temes? Otros prelados valencianos han amado y han sido amados de Asturias. El pueblo a que te destina la Providencia no es una tierra extraña; es, al igual que ésta, un dilatado y glorioso reino de la gran Señora, que tiene allí un trono y un altar y un Señorío, Covadonga, a donde todos los días y a to-
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REVISTA CATÓLICA
DE CUESTIONES SOCIALES

(Con censura eclesiástica).

ILICITUD DE LAS HUELGAS

La huelga de los funcionarios de Correos puso una vez más de actualidad, el tema de la licitud o ilicitud de la huelga, de aquellos que sirven empleos o profesiones de carácter público.

Comencemos por declarar, que a nuestro juicio, en pugna con el de no pocos sociólogos, la huelga, cualquiera que sea el carácter de los huelguistas y la función o trabajo que desempeñen, es procedimiento de lucha inadmisible.

Es el trabajo, un deber ético, que por serlo obliga a todos los hombres, sean de la condición que fuesen; y a tal punto es el trabajo obligación, que quienes lo eluden, infringen el mandato divino—«ganarás el pan con el sudor de tu frente»—burlan un deber de cooperación social, y están incursos en el pecado capital de la pereza, de la holganza, en el vicio de vagar, y son dignos de la aplicación de esas leyes de vagos, que inspiradas en un principio de moral y de justicia, persiguen a los que niegan su concurso a los fines sociales.

Indignos de la estimación pública son, no sólo los vagos «profesionales» indigentes, sino los vagos que mantienen su vagancia en la opulencia, por ser la riqueza en sus manos, como agua estancada, como fuerza estática, cuando no medio de corrupción corpo-
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«En algunas ramas importantes de la industria, la duración normal se fija por contrato colectivo en una y una y media a tres horas por bajo del máximo legal». Entre los ejemplos citados figura la industria textil, donde la duración de la jornada, salvo en los países ocupados, es de cuarenta y seis horas semanales.

En cuanto a la otra encuesta a que aludimos, el resultado que arroja es que, de 1.389.413 obreros sujetos a los contratos colectivos en las regiones investigadas, 601.594 trabajan cuarenta y ocho horas semanales, al paso que 787.819 trabajan menor número de horas (de cuarenta y dos a cuarenta y siete y media a la semana) (1).

Veamos ahora lo sucedido en Holanda. La jornada legal de ocho horas fué introducida en este país por una ley de 1.º de Noviembre de 1919. La convicción de que su adopción «impedía toda concurrencia con los países limítrofes, sobre todo con Alemania, donde la moneda tenía menos valor y los salarios eran menos elevados» (2), ha determinado la modificación de dicha ley por otra que ha entrado en vigor en 10 de Junio último.

Esta última ley establece como regla general la jornada de ocho horas y media; pero esta regla es susceptible de numerosas excepciones concedidas—esta es la diferencia fundamental con el régimen anterior—con relativa facilidad.

El Jefe de distrito y el Ministro, según los casos, gozan de la mayor amplitud para otorgar individual o colectivamente (a los patronos de una determinada industria, de una cierta región) la facultad de establecer horas de trabajo reglamentarias. Pueden igualmente, aunque con mayores limitaciones, suspender la aplicación de la semana inglesa, autorizar el trabajo nocturno e incluso el trabajo en domingo. La autorización concedida por el Jefe de distrito necesita por lo común la aprobación del Ministro; pero éste puede en ciertos casos dar al Jefe de distrito una aprobación anticipada.

(1) Los datos están tomados del artículo Renseignements nouveaux sur la journée de huit heures, de G. Tessier, en la Revue des Fennes, de 10 de Junio último.
(2) La revision de la loi relative a la journée de 8 heures en Hollande, por Verschann, en Chronique Sociale de France, de Julio último.
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EN TORNO A LA JORNADA DE OCHO HORAS

Estas autorizaciones no pueden, por lo demás, rebasar determinados límites. Así, el trabajo de los obreros mayores de dieciocho años no puede exceder de once horas por día y sesenta y dos por semana, y el de las mujeres y obreros mayores de dieciseis y menores de dieciocho, de diez horas por día y cincuenta y cinco por semana.

En toda industria, los obreros y los patronos de la misma profesión (1), de común acuerdo, pueden convenir en establecer una jornada mayor que la legal, siempre que dicho acuerdo obtenga la aprobación ministerial. Dicha aprobación sólo podrá otorgarse a la supresión del descanso del domingo, cuando este afecte a los hombres, y respecto de la duración del trabajo habrán de observarse en todo caso las reglas siguientes:

a) Los obreros de menos de dieciseis años no pueden trabajar nunca más de diez horas por día y cuarenta y ocho por semana.

b) Los obreros de dieciseis a dieciocho años y las obreras no pueden trabajar nunca más de diez horas diarias, cincuenta y cinco horas por semana y dos mil quinientas por año.

c) Los obreros mayores de dieciocho años no pueden trabajar más de once horas por día, sesenta y dos por semana y dos mil quinientas por año.

Como se vé, solo se autoriza la intensificación del trabajo en ciertas épocas, sin alterar la totalidad de horas que el obrero ha de rendir durante el año.

Por lo que se refiere al trabajo nocturno, no podrá ser sancionado un acuerdo que imponga a los menores de dieciocho años y mujeres el trabajo entre las horas de las diez de la noche a las cinco de la mañana.

Contiene, finalmente, la ley disposiciones especiales sobre el trabajo por cuadrillas, los trabajos preparatorios, el trabajo en las oficinas y en las panaderías, inspiradas en el punto de vista de facilitar la aplicación de aquellas excepciones al régimen legal que se estimen convenientes (2).

En Suiza la elevación del número de horas de trabajo no

(1) Se necesita la conformidad de los patronos y obreros de la profesión, no tratando, por lo tanto, con la de los de la misma fábrica o establecimiento.
(2) Tomamos los anteriores datos del artículo últimamente citado.
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tiene todavía estado legal. Efectivamente, las Cámaras suizas han adoptado un proyecto de ley del Consejo federal que consiente, dentro de determinados límites, elevar a cincuenta y cuatro el número de horas de trabajo semanales; pero este proyecto solo llegará a ser ley si dentro de los tres meses subsiguientes a su aprobación se produce una demanda de referendum suscrita por 30.000 personas.

Como se vé, aparte del aumento de media hora en la jornada normal de trabajo que revela la ley holandesa, que es relativamente mínimo, la jornada de ocho horas sigue siendo la regla general y únicamente se dan mayores facilidades para el aumento de la misma, supuestas determinadas condiciones.

Estas modificaciones han sido acaso necesarias por la escasa flexibilidad de la legislación en este punto, defecto de que adolece, dicho sea de paso, nuestra legislación (1).

Veamos ahora otras leyes que se distinguen por una mayor amplitud en este punto: la francesa y la belga.

La ley francesa de 23 de Abril de 1919 estableciendo la jornada de ocho horas, sólo es aplicable en una industria determinada cuando ha sido objeto de una reglamentación administrativa (2).

La ley belga de 14 de Junio de 1921—la más perfecta en este punto—merece consideración especial. Dicha ley estableció la jornada de ocho horas y la semana de cuarenta y ocho en los establecimientos industriales especificados en su artículo 1º. (la inmensa mayoría de las profesiones no agrícolas). Respecto de ciertos establecimientos (almacenes al detal, fondas, obreros y empleados comerciales con exclusión de los de oficinas) se encomienda al Gobierno la facultad de resolver en el término de un año acerca de la aplicación de la ley a los mismos puramente o con ciertas limitaciones. Por último, se exclu-

(1) Véase el Real decreto de 3 de Abril de 1919 y disposiciones complementarias.
(2) Véase el artículo de G. Tessier antes citado.
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yen nominalmente los trabajos realizados por los miembros de la familia, bajo la autoridad del padre.

Veamos ahora las posibles derogaciones al principio de la jornada legal de ocho horas.

En primer término patronos y obreros pueden de común acuerdo establecer la jornada de cuarenta y ocho horas semanales con el descanso de la tarde del sábado, acuerdo que deberá ser sancionado por decreto y que habrá de renovarse si ha de tener eficacia al año siguiente de la adopción para un período de tiempo igual.

Cuando se trata de trabajo que por su naturaleza no puede sufrir tan larga interrupción, se admite la elevación a cincuenta y seis de las horas de trabajo semanales por espacio de tres semanas, salvo que por decreto se autorice por mayor tiempo, debiendo concederse por el patrono a los obreros que se hallen en este caso ciertos períodos de descanso compensatorios.

También puede ampliarse la jornada legal en igual forma, es decir, mediante Decreto real por un tiempo mayor en las industrias sujetas al paro estacional, en aquellas en que se utiliza el viento como motor, en aquéllas donde la fuerza motriz es el agua y que se hallan expuestas al paro por sequía o inundación, en las industrias donde las materias primas se hallan expuestas a rápida alteración, en aquéllas en que la duración del trabajo no puede determinarse de modo preciso. Y finalmente cuando el trabajo se verifica por equipos o cuadrillas.

Se atribuye asimismo al Rey la facultad de suspender la aplicación de la ley en caso de guerra o cuando «según el dictamen del Consejo superior del trabajo y del Consejo superior de la industria y del comercio hay necesidad nacional de asegurar, por el desenvolvimiento de la exportación, los medios de cambio indispensables para la importación de las subsistencias».

Por regla general la jornada de trabajo debe estar comprendida entre las seis de la mañana y las ocho de la noche con excepción de los trabajos preparatorios o complementarios, de los encaminados a evitar o reparar las consecuencias de un accidente.

Las excepciones a la regla general de la jornada de ocho ho-
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ras sólo pueden acordarse previo informe de las asociaciones obreras y patronales, de las secciones competentes de los consejos de la industria y el trabajo, del consejo superior de higiene pública, del consejo superior del trabajo y del consejo superior de la industria y del comercio (1).

***

A pesar de las facilidades que otorga la ley francesa para la aplicación de una jornada mayor, el patronado le es profundamente hostil con alguna excepción como la del gran industrial católico Rodel, que escribía hace poco, lo siguiente: (2) «La batalla está entablada contra las ocho horas. La opinión pública debe saber que hay patronos dispuestos a no permitir que se toque a esa ley.

Es falso pretender que sea ella la causa del marasmo económico. Al día siguiente de la guerra cuando la producción no podía bastar al consumo la consigna general era: «producir». Entonces la ley de las ocho horas era denunciada como la causa esencial de la crisis.

Hoy la situación es diametralmente opuesta. El paro impera. Los industriales encuentran dificultades para proporcionar trabajo a sus obreros... Y sin embargo, se hace a la ley de las ocho horas responsable de la crisis.

En realidad los unos la combaten porque esperan así conseguir de un modo indirecto la baja de los salarios sin preocuparse de la situación de los que vendrían a aumentar el ejército de los sin trabajo; otros la combaten porque no quieren ninguna reglamentación del trabajo, pretendiendo hacer triunfar de nuevo las teorías antisociales e inhumanas que a pretexto de defender la libertad del trabajo rechazan toda intervención legal».

Por otra parte el Congreso de los trabajadores cristianos del Sud-Este de Francia celebrado en Mayo último, votó a favor

(1) V. J. Terrel La journée de huit heures et la loi belgo, en Chronique sociale de France, de Febrero último.
(2) Véase La Jeune République, el periódico de Marcos Sagnier, de 24 de Febrero último.
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de la aplicación de la jornada de ocho horas a las profesiones a que no ha sido extendida todavía, insistiendo en la necesidad de que en los reglamentos administrativos se tenga en cuenta la opinión de los obreros sobre el particular, y prescindiendo en absoluto del trabajo en los días feriados (1). En otro lugar de este número se ve el acuerdo del Congreso de Innsbruck favorable a la jornada de ocho horas.

*

Que la jornada de ocho horas, y aún de menos, en ciertos trabajos, es el ideal, porque sólo así se pone al trabajador en condiciones de que pueda vivir una vida verdaderamente humana, como padre de familia, como profesional y como ciudadano, nadie que discurra serenamente puede desconocerlo. Que el interés de la industria—producir mucho y barato—debe armonizarse, y aún subordinarse, dentro de ciertos límites, al interés humano a ningún católico le es lícito negarlo tampoco. Es, pues, de aplaudir, a nuestro juicio la tendencia en que se inspiran en su mayoría los elementos católicos sociales de otros países al oponerse a toda derogación de la jornada de ocho horas que no descance en una razón poderosa. Pero por otro lado no hay que desconocer que todas las leyes, y con mayor motivo las leyes sociales, deben ser aplicadas con una gran amplitud, procurando adaptarlas a las condiciones de la realidad y huyendo de todo espíritu sistemático. El ideal en este punto sería sin género de duda que existiese una organización profesional verdad a la que encomendar la aplicación de esta como de otras normas sociales. Pero en su ausencia es inevitable encomendarla al Gobierno que debe procurar armonizar el interés de la industria—que no es lo mismo que el interés egoísta de los industriales—con el supremo interés humano.

JUAN DE HINOJOSA.

(1) Véase G. Tessier loc. cit.
Revista católica de las cuestiones sociales (1922-10-01 00:00:00), página 16

SECCIÓN DOCUMENTAL

ALGUNOS PECADOS SOCIALES

CARTA PASTORAL
DEL
Excmo. e Ilmo. Sr. Dr. D. Juan Bautista Luis Pérez
OBISPO DE OVIEDO

(CONCLUSIÓN)

Si es una grave violación del contrato del trabajo, no pres- tar un trabajo en correspondencia con la merced recibida, no menos grave y complicado aparece otro género de abuso que se va generalizando en daño de la sociedad; y es que en las transacciones comerciales se prescinde del precio justo de las cosas.

Nos entendemos por precio justo de una cosa el coste de producción que, sumados todos los factores, concurren a ella y una discreta ganancia para el vendedor. Un precio mayor lo estimamos generalmente injusto, y peca contra la justicia el que lo exige sin un nuevo título, que ordinariamente no existe. Hoy no es difícil al vendedor fijar el precio justo, pero, en último resultado, la común estimación puede ser una norma directiva. No es, por lo tanto, lícito exigir un precio ilimitado de las cosas, atendida sólo la cantidad de la demanda, ni puede quedar tranquila la conciencia por el hecho de que se paga lo que se pide por aquellas cosas que son necesarias o convenientes para la vida, pues muchas veces sólo Dios sabe a costa de qué sacrificios se han podido adquirir ciertos productos, por otra parte necesarios. Nos denunciamos este pecado público, cuyo verdadero autor tal vez es desconocido de todos; pues a