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Revista católica de las cuestiones sociales (1923-10-01 00:00:00), página 54

«Directorio militar.—Nota oficioso a las clases patronales.
En los actuales momentos el órgano que ejerce las funciones de Gobierno se considera en el deber de dirigirse a los grandes sectores sociales para indicar su orientación, siquiera sea en grandes síntesis, respecto a los más importantes problemas nacionales, convencido de que el apostolado de la palabra, difundida por la Prensa, prepara y educa a los pueblos, con más fruto que las mismas leyes substantivas, máxime en los momentos en que las voluntades se encuentran bien dispuestas a servir al patriotismo. Y como el problema de la producción es vitalísimo, como ayer a los obreros, hoy el Directorio se dirige a los patronos, representantes del capital en la organización del trabajo.

Una forma de recio gubernamentalismo como la que representa el Directorio no tiene que declarar que está dispuesta a mantener el orden en las luchas sociales y en su justa y muy amplia medida la autoridad patronal. Pero es preciso que se consigne su criterio moderno y humano sobre las relaciones que han de ligar a los patronos y obreros y el derecho de éstos a buscar por Asociación legal y pacífica las mejores condiciones de prestación de un concursa a la producción, derecho tanto más fuerte cuanto más unido vaya al propósito de rendir el esfuerzo contratado en cada caso.

De esperar es que el tipo del patrono violento codicioso y arbitrario haya desaparecido de nuestra sociedad, cuando tantos han anticipado en sus fundaciones una legislación particular más protectora del obrero que la más generosa de carácter oficial concedida en ningún Estado, como se ha puesto de relieve en aquellas en que a los obreros ninguna clase de inducción les ha podido llevar al apartamiento de sus puestos y labores. Pero los que no procedan así, los que sean rémora al progreso y al reconocimiento de los derechos de los obreros, nada pueden pugnar con los de los patronos, pues el de las dos clases están comprendidos por inmediatos deberes, hacen deplorable labor social, agrían y entorpecen la vida nacional.

No hay que tener en cuenta la excepción, más ruidosa coaccionada e impuesta que numerosa e importante, de los obreros que pretenden subvertir revolucionariamente los principios de derecho y los fundamentos sociales y económicos susceptibles de evolutiva modificación; pero es primordial deber de toda forma de gobierno defenderse de embates destructores. Pero sí hay que tener muy en cuenta la representación de las conquistas sociales modernas, encuadadas por vías legales y encarnadas en la legislación, que tienden a seguir su marcha progresiva acaso no solamente el logro de ventajas de clase, sino de más paz y armonía social y de un mayor rendi-
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miento que proporcione mejora a ambos y, por ende, especialmente, a la patria toda.

No puede corresponder al Directorio, de modo tan imperativo e inmediato como el mantenimiento del orden y del derecho, desarrollar la legislación del trabajo, encomendada a órganos bien ponderados de representación y bien acreditados de serenidad y preparación; pero sí le incumbe alentar a éstos en su labor, en que seguramente procuran hacer compatibles todos los intereses y aspiraciones, atendiéndolos con la debida ponderación y con audiencia de ambas representaciones, lo que, si puede parecer herético a espíritus cerrados a toda idea de progreso, no hay clase patronal culta y moderna que no admita, sin que en ello vea el peligro ni para el orden social ni para la merma de sus indiscutibles facultades de organizar y dirigir los trabajos a que dediquen su capital y su esfuerzo, dirección que no puede ser intervenida ni controlada más que en los casos de organizaciones cooperativas o de aparición, debidamente escrituradas, con tan notorio y brillante resultado para todos ensayadas en diversos negocios en España.

Es al Estado, en los demás casos, a quien corresponde velar con su paternal y neutral intervención por que las condiciones y relaciones sociales de capital y trabajo sean efectivas de completa buena fe entre patronos y obreros, impidiendo que los unos sean arbitrarios, dictadores de jornadas y jornales; que los otros incumplan su obligación de rendimiento o se confabulen para modificaciones o imposiciones e introduzcan novedades caprichosas en las normas convenidas, o conciencen revolucionaria e ilegalmente huelgas o resistencias a que la dignidad y el deber del Poder público habían de imponer inmediato y duro remedio.

Queda, al parecer del Directorio, claramente definita su orientación en esta materia; réstale sólo excitar hoy a la clase patronal, como ayer lo hizo a la obrera, a la más desinteresada actitud, en bien del interés público y de la prosperidad de España, seguro de no haber caído en su ideario, respecto al trabajo, en estrabismo por clases, sino haberse colocado en el punto que señala el progreso, la justicia y el orden».

La Confederación Patronal de España, que preside el señor Graupera, ha dirigido al Directorio militar, como contestación al Manifiesto dirigido a las clases patronales, el siguiente escrito:

«La Confederación Patronal Española ha examinado con
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singular interés al llamamiento que el Directorio ha dirigido a todos los elementos patronales del país, y considerando que el régimen de excepción, que las circunstancias imponen, no entorpece en lo más mínimo la expresión leal y sincera de su programa, al recoger aquel patriótico llamamiento, somete su actitud y su criterio al juicio del Poder público y de la opinión.

La Confederación Patronal Española y las Federaciones que la constituyen no nacieron para sostener luchas enconadas ni adoptar actitudes violentas, a que incidentalmente se vieron arrastradas, ante la virulencia de una campaña anárquica y destructora, interesada en el desquiciamiento de la industria y el relajamiento de todos los vínculos del orden social, para imponer fácilmente absurdas tiranías. Más elevada su misión, preocupadas en restablecer el equilibrio armónico en la vida del trabajo, no titubearon en adoptar aquellos principios radicalísimos y extremados que la moderna ideología imponía a la sana razón, aunque pugnaran con la marcha tradicional de la vida del trabajo.

El obrero es para nosotros el hombre cooperando con la iniciativa y la técnica, únicos elementos esenciales del patronaje, en la producción de la riqueza, con idéntica libertad, con idénticos derechos, con la imperiosa obligación idéntica de laborar eficazmente por la intensificación de la producción nacional y el acrecentamiento de la riqueza pública. El capital, elemento propulsor de esas energías, nexo de relación entre esos tres elementos, no necesita sino del interés estabilizador y de las previsiones de reserva; y para movilizarlo, debe recurrir el Estado, audaz y enérgicamente, a perseguir la riqueza oculta, a favorecer el crédito industrial, comercial y agrícola y a fomentar la exportación, mediante la conquista de mercados extranjeros.

Las reivindicaciones legítimas, por avanzadas que fueren, han de hallar entre los elementos patronales organizados favorable acogida para regularlas de acuerdo con las necesidades de la industria nacional, a fin de que los elementos obreros interesados en obtenerlas colaboren cordialmente con los elementos patronales a la consecución de sus comunes aspiraciones. Para ello la Confederación Patronal Española no regateará jamás su concurso, y entendiendo imprescindible la actuación cooperativa de ambos factores, demanda con extremada urgencia la ley de Sindicación profesional, con la imprescindible condición de establecer mutuas garantías pecuniarias a fin de garantizar la responsabilidad colectiva en la contratación y colaboración del trabajo, supliendo así las deficiencias de una situación ventajosa, basada en la total ausencia de esa respon-
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sabilidad, de que goza actualmente una de las partes contratantes.

Nuestro respeto a las organizaciones obreras, legítimamente profesionales, lo proclama el constante empeño con que solicitamos esa ley reguladora de la sindicación profesional, donde hallarán los asalariados plena satisfacción a sus aspiraciones de mejoramiento.

Entiende asimismo la Confederación Patronal Española que el actual sistema de remuneración del trabajo se halla en pugna con todo principio de justicia y de equidad y con el espíritu cristiano que debe presidir las relaciones entre todos los hombres. Por un desviamiento de la vida social, persiste el hecho de considerar al salario como pago de un servicio, como precio de una mercancía, y así vocea la realidad que la remuneración que los asalariados perciben se halla a merced de la ley económica de la oferta y de la demanda. Ello es la negación del principio de cordial colaboración de los distintos factores que en la producción intervienen, y al que la Confederación Patronal se adhirió desde su constitución. Precisa arrancar del espíritu de las gentes, del sentir de algunos patronos y del criterio de los obreros aquel concepto antieristiano y absurdo, en manifiesta oposición con el concepto moderno de la vida social.

Propugna la Confederación Patronal Española por el establecimiento de un jornal mínimo, sujeto a las contingencias de cada localidad y de cada industria, que asegure al elemento obrero de las necesidades mínimas de su vida y que corresponda a un mínimo de producción eficiente, con objeto de que el precio de coste de los productos sea siempre proporcional al esfuerzo realizado y compatible con las posibilidades del mercado y de los consumidores, completándose dicho jornal mínimo en el convenio colectivo, con la aplicación de cualquiera de los distintos sistemas ideados por la sociología, como son la participación en los beneficios, primas a la superproducción, primas Rowen, salario a destajo, etc., etc., ya que no siendo posible la general aplicación de uno de dichos sistemas, cada industria debe adoptar el que su especial organización permita, desde un punto de orientación general, en interés de los obreros y patronos y en el de la producción nacional.

No cree, sin embargo, la Confederación que termine su misión en los propósitos consignados. Advierte que la contraposición de distintos factores y la realidad misma han de inducirle a rendir un mayor tributo de atención a las normas imperativas de justicia social. El alejamiento propugnado por las organizaciones sindicalistas entre los factores obrero y patrono, arrebatando a unos y a otros el sentimiento proverbial de su
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pundonor profesional, hicieron al patronaje indiferente ante las necesidades del obrero y a éste extraño a todo afecto e interés por la Empresa donde prestaba sus servicios. Creyeron unos y otros que les bastaba obtener un rendimiento y percibir una remuneración a tenor de tarifas, expresas o tácitamente establecidas. Contra tal criterio se eleva nuestro sentir colectivo, señalando a los elementos patronales el deber moral de atender también a las necesidades familiares de los asalariados. Los obreros de mañana no son algo indiferente o ajeno a nosotros; su preparación técnica y cultural es algo que interesa a la producción, para que sus factores rindan el provecho de su competencia, haciendo para ello obligatorio el aprendizaje en escuelas profesionales de positiva eficacia y estimulando a los elementos patronales para la implantación de cuantas instituciones, nacidas de la iniciativa privada, tiendan a una real reconciliación, evitando que tales instituciones sean impuestas por mandatos legislativos, porque al tener tal carácter desvirtuarían fundamentalmente la finalidad propuesta de conseguir la compenetración de ambos elementos por el reconocimiento de sus mutuas solicitudes.

En cuanto al retiro obrero de vejez e invalidez, reiteradamente ha expuesto la Confederación Patronal el criterio que la anima. Entiende de necesidad inmediata el establecimiento del régimen de retiros como una función social, a la que no regateamos nuestro concurso, y para el que estamos dispuestos a todo género de colaboraciones. Pero combatimos enérgicamente el sistema implantado por el Instituto Nacional de Previsión, por absurdo e irrealizable, no prestándonos a participar de la enorme responsabilidad que incumbirá por su fracaso a quienes, ejerciendo un monopolio desmoralizador, no quisieron en momento alguno aceptar nuestro concurso para asegurar el éxito de la empresa.

El fomento de la previsión en todos sus órdenes, la asistencia de los necesitados, la participación en la riqueza colectiva de todos los factores que en su producción intervienen, la protección legal de los que sufren las durezas de su condición, la imposición de un régimen de justicia equitativa e inflexible, la cultura primaria y profesional, mediante la creación de escuelas profesionales y de aprendizaje, la educación cívica para el debido ejercicio de los derechos ciudadanos, la creación de Comités paritarios y cuanto tienda, en fin, a la protección social y al mejoramiento de los elementos trabajadores, hallará en la Confederación Patronal Española desinteresada colaboración y entusiasta apoyo.

Para esa política social tendrá el Poder público en nuestra organización un instrumento de gobierno que sea un acicate a
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sus iniciativas y un estímulo a sus esfuerzos, porque no aspiramos a un régimen de excepción, no intentamos ni queremos entablar una lucha funesta para los intereses comunes de patronos y obreros, no pretendemos suplantar a quienes ostentan atributos soberanos y legítimos poderes; tan sólo laboramos por un régimen de justicia distributiva y de equidad inflexible.

Ni pretendemos, ni toleraría el Poder constituido, imponer nuestro criterio ni aprovechar los momentos actuales para derogar aquellas leyes o disposiciones a que nos obligan compromisos internacionales, aceptados por los delegados españoles con singular ligereza, dado el estado precario de nuestra industria; pero entendemos que en la aplicación de dichas leyes, en la ponderación de sus preceptos con las realidades de la vida industrial, se imponga, como en todos los países industriales, un criterio ajeno a los dogmatismos y conveniencias políticas que hasta el momento actual imperaron, despojando a dichas leyes de su inflexible rigidez, tan perturbadora para el normal desenvolvimiento de los problemas actuales.

Los órganos que el antiguo régimen utilizó para elaborar las leyes del trabajo necesitan de una radical depuración, para transformarlos, de acuerdo con las aspiraciones coincidentes de obreros y patronos, en órganos de colaboración, donde las genuinas representaciones profesionales no sean absorbidas por otras representaciones, que, con rara excepción, demostraron su ineptitud o su ignorancia, extirpando las representaciones políticas, y exigiendo en aquellos órganos que administren intereses económicos una escrupulosa administración, una labor de reconciliación, y no de divergencia, y una responsabilidad, de que hasta ahora carecieron, por influencias e imposiciones de quienes sin competencia ni preparación hicieron de tales organismos banquete de clientelas.

Finalmente, como afirmación postrera que sintetiza el criterio propulsor de nuestra organización, el patronaje español no pretende continuar la triste historia de los últimos años, en que, avivadas las pasiones de modo despiadado, se ha llegado a entorpecer peligrosamente la marcha de nuestra producción. Laboramos por una obra de armonía y de paz, de saludable renunciamiento a utópicas tiranías, de sincera reconciliación entre quienes se observaron como enemigos, en lugar de ayudarse como colaboradores, y si para ello es preciso el sacrificio de nuestros particulares intereses, la Confederación Patronal Española está dispuesta a laborar por la consecución de tales fines y a prestar su desinteresado concurso, consciente de las responsabilidades que con ello contrae.

Madrid, 2 de octubre de 1923».
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Las limitaciones de estos derechos son de dos clases:
Económicas.—Primera, participación tributaria convenida con los municipios; segunda, cuota proporcional concertada con el Estado.
Jurídicas.—Primera, responsabilidad por la gestión administrativa y económica de la Junta saliente, residenciada por la que la sustituya; segunda, necesidad del consentimiento de las comarcas y municipios manifestado por referéndum para las enajenaciones, empréstitos y cambios que a su juicio constituyan cambios extraordinarios en los tributos; tercera, respeto y acatamiento a los derechos de las demás regiones y a las leyes generales del Estado.
Se ocupa del régimen parlamentario comparándolo con el representativo. En aquel se expresa la soberanía «política», en éste la soberanía «social», y señala las ventajas de este régimen, de las relaciones entre las Cortes y el jefe del Estado.
Sobre el problema de Marruecos dice:
Razones para ir a Alhucemas. Reserva mineral de Europa, vega espléndida, uno de los primeros puertos del Mediterráneo y aniquilamiento de los beniurriagueles, base estable de la paz. Después la base de operaciones en la costa. Alcazabas con caminos protegidos al mar, un pequeño aeródromo en cada una para que tengan comunicación triple por radiotelefonía, por el aire y por el mar. Líneas paralelas a la costa, y en caso de necesidad de castigo, correrse hacia el interior paralelamente a los ríos; pero no internarse por cábilas sospechosas y sin dispersar sus fuerzas en posiciones aisladas y convoyes. Se podría repatriar la mayor parte del Ejército; pero teniendo una división reforzada en Algeciras.
Supresión de los puertos francos en Melilla y Ceuta, para evitar la competencia extranjera, que quita al comercio español más de trescientos millones anuales.
Objetivos fijos, los históricos y geográficos: Estrecho, Federación con Portugal, Unión con América, Alianzas variables, porque son medios. Yo pedí, cuando no existía la cuestión de Marruecos, y para las colonias, la alianza con Francia y Rusia, y cuando todo había cambiado, con Alemania. La pediría hoy con los Estados Unidos, pero con esta previa condi-
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La Federación Patronal de Madrid contestó a la alocución del Directorio con una nota que dice:

«Desde hace muchos años los elementos patronales organizados de Madrid vienen solicitando de los Poderes constituidos amparo a sus derechos, constantemente hollados, pidiendo una revisión de todo lo legislado con carácter social para que dicha legislación y sus beneficios no fueran lo que hasta el presente han sido, motivo de distanciamiento entre los factores de la producción, patronos y obreros. Pues si bien en apariencia han existido y existen órganos consultivos del Poder público, cuya misión preventiva y asesoradora les obligaba a proponer el establecimiento de leyes sociales que tendieran a procurar mantener la armonía entre los factores de la producción, estos organismos, tal vez por vicio de origen, por haber sido creados en condiciones inadecuadas que les han obligado a actuar sin la independencia que esta clase de cuestiones requiere, han producido efectos en la mayoría de sus intervenciones completamente contrarios a los fines que se proponían, quizás por la inoportunidad en la implantación de leyes, que se ha hecho generalmente, más que atendiendo a un espíritu de justicia, a acallar reclamaciones globales del proletariado sin el estudio y preparación indispensable para que la evolución en el sentido de aquellas leyes pudiera tener eficacia.

Como ciudadanos conscientes de sus deberes, los elementos patronales organizados de Madrid han luchado tenazmente en todas ocasiones para alcanzar el respeto a su derecho a colaborar directamente en la legislación que en materia social se hiciera. Pues no podrá decirse que las diatribas ni los duros ataques que se han lanzado contra sus contados representantes en los organismos a quienes está confiada la labor de la legislación social les han hecho retroceder en la defensa de los derechos que representan; pero de un lado, la fuerza moral que la debilidad de los hombres a quienes estaban encomendadas las funciones del Poder ejecutivo, daba a las representaciones de los elementos obreros para combatir a nuestros representantes, y en otros casos la disciplina política de los elementos ponderativos, disciplina que tanto daño ha causado al país allí donde se ha manifestado, dieron lugar a que existiera fuerza numérica suficiente para que se lanzaran leyes y más leyes, que la falta de aquella preparación, de que antes hablábamos, en los elementos para quienes se dictaban las hicieron ineficaces, siendo motivo al propio tiempo para que se lesionaran, no ya solamente intereses particulares, sino los sagrados intereses de la nación, pues su implantación dio lugar a resistencias legítimas, que motivaron en muchos casos rupturas entre patro-
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nos y obreros que impidieron el normal desenvolvimiento de la producción.

Sirvenos de satisfacción ver reconocido en el manifesto dirigido al patronaje español que un gran sector de él, anticipando y sustituyendo al poder legislativo en sus funciones, y dando prueba evidente de la capacidad del elemento patronal en punto a los problemas sociales, implantó una legislación particular más generosa que la de carácter oficial concedida en ningún Estado.

La situación precaria a que muchas de nuestras industrias han llegado por las imprevisiones de la legislación social oficial, no permitiría su resurgimiento en tanto no se prescinda de las ideologías y luchas estériles por predominios injustificables, persiguiéndose todos del deber que tenemos de atender a la función pública que desempeñamos como elementos de la producción.

La barrera infranqueable de los salarios mató el estímulo para los que trabajaban más y mejor, estímulos que hay que restablecer buscando el costo de la mano de obra en toda unidad de trabajo, lo que permitirá, por medio de primas de sobreproducción, estimular al obrero hábil y laborioso, haciéndole participar directo de la producción.

Ardua es la labor que pesa sobre los hombres que con gran voluntad y elevado patriotismo han asumido la dirección del Estado; pero para toda obra eficaz en favor del restablecimiento de la Justicia y del respeto del Derecho, el patronaje madrileño que representamos no ha de rehuir prestar su decidida colaboración, imponiéndose para ello los sacrificios y esfuerzos que fueren necesarios.

Por el Comité ejecutivo.—El presidente, F. Criado.—El secretario, V. Hepinosa».

Cuando escribimos estas líneas, la mayor parte de los Obispos españoles se han dirigido a sus diocesanos ordenando rogativas en las iglesias y excitando a todos a elevar a Dios oraciones fervientes implorando el divino auxilio para nuestra España y los hombres que han tomado a su cargo el nuevo régimen de la Nación.

Al hablar de este, dice el Cardenal Arzobispo de Toledo Dr. Reig, en su circular:

«Lleva consigo tales consecuencias y hace concebir tales esperanzas y podiera envolver tales peligros, que ante él no puede permanecer indiferente la Iglesia, ni puede dejar de apoyar para el acierto de su funcionamiento el concurs de la ora-