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de caballerías, ó la de nuestras comedias clásicas) que abata los brios, que contenga los ímpetus, que torne á los hombres remisos y desconfiados. Es por el contrario, enseñanza y ejemplo que fortifica los corazones, enaltece á la propia persona y estímulá á la realización de altas é imposibles empresas. Encuentrense relatos fabulosos, hazañas inverosímiles, que traspa- san los linderos de la cordura; pero tal es la recia fé que todo ello revela en el esfuerzo individual, que siempre dejan en el espíritu el encanto dulcísimo de una narración consoladora, y si Platón acertó al deseiar que los ciudadanos de su República tuviesen constantemente á la vista bellas y proporcionadas esculturas, para habituarse á la armonía, esencia de la bondad, hacían muy bien asimismo aquellos caballeros españoles del siglo XIII, que gustaban de que los juglares les dijesen cantares de gesta, «porque oyéndolos, les crezcan los corazones, et esforzábense haciendo bien, queriendo llegar á lo que otros fecieran ó pasara por ellos»; ó aquellos del siglo XVII, á quienes encantaban las lozanías de Lope, la noble gravedad de Alarcón, el brío aparatoso de Vélez de Guevara y los arrebato- sos líricos de Calderón. Así ha podido escribir Huszar (no con exactitud completa, pero sí con algún fondo de verdad) que en nuestro teatro clásico «las situaciones son siempre llevadas al extremo... los personajes, lo mismo en su manera de obrar, que en sus sentimientos ó en sus ideas, desconocen la medida... Trátase de amor, de odio, de lealtad, de fidelidad, de magnanimidad, de crueldad, de traición ó de venganza, el hombre y la mujer españoles se abandonan enteramente á la pasión que les domina. Y esto contribuye también á la identidad del lenguaje y de acción de los personajes de la comedia». Don Gabriel Maura, en su contestación, hace una acabada crítica de la personalidad del ilustre polígrafo señor Bonilla, cuya portentosa actividad examina, indicando el valor y significación de muchas de sus obras (y no todas, puesto que su bibliografía hasta 1918—después muy acrecida—ocupa un nutrido folleto de S. A. Galvarriato), presentándolo también como inspirado poeta, á cuyo efecto inserta dos sentidas composiciones del re- cipiendario, de quien cabe esperar mucho como colaborador de la Academia Española.

IV.—Otra monografía digna de los es la escrita para su ingreso en la Academia de la Historia por el tan modesto co- mo eminente agustino Fray Guillermo Antolín y Pajares, bi- bliotecario del Escorial á cuya Real Biblioteca consagró su discurso de recepción. Como es de rúbrica tributa á su ante-
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cesor don Manuel de Foronda una sucinta nota biográfica y después para historiar la tesis comienza analizando el Memorial de Páez de Castro, primera propuesta á Felipe II para la fundación de la Biblioteca, debiéndose á sus indicaciones la organización y funciones de la misma, tras profusas vicisitudes, apuntadas por el docto agustino. Analiza éste las procedencias de los fondos (librería particular de Felipe II, de Roma, de Francia, de Flandes, librería de Gonzalo Pérez, idem de Juan Páez de Castro, idem del Conde de Luna, del Archivo de Simancas, de Venecia, librería de don Pedro Ponce de León, de Portugal, de Francisco Patricio, de don Diego Hurtado de Mendoza, de don Jorge de Beteta, del Monasterio de Guadalupe, de la Capilla Real de Granada, librería de don Antonio Agustín, de don Silvestre Maurolico, librería de Arias Montano, del viaje de Ambrosio de Morales, del Prior del Monasterio de Ronesvalles y del Conde Duque de Olivares) y una vez mostrada la constitución de la biblioteca señala los diversos trabajos de organización y catalogación, apreciando los méritos de cada uno de los catalogadores (generales ó particulares). En los capítulos IV y V historia el incendio de 1675 y la reconstitución de la biblioteca, su desorganización y reordenación durante la guerra de la Independencia en cuyo tiempo se llevaron sus fondos á Madrid; en el VI—interesantísimo para el estudio de la cultura patria—narra la contribución de la Biblioteca al desenvolvimiento literario, concluyendo su notable trabajo con un capítulo dedicado á exponer la meritisima labor realizada por los PP. Agustinos en la Biblioteca del Escorial, desde el 10 de agosto de 1885 en que se les entregó el Monasterio hasta nuestros días. Aunque modestamente el P. Antolín no habla de su fecunda actividad, lo hace de un modo muy cumplido don Julián Ribera al contestar á su nuevo compañero, de quien concluye diciendo: «El P. Antolín no sólo ha cuidado de que se formaran los índices, sino que ha realizado su publicación con la ayuda de la Real Casa y además está dispuesto siempre á ponerse á disposición de todos los que reclamen su informe, su consejo y hasta sus propias y personales investigaciones.» No son éstas ciertamente pocas, porque el P. Antolín no es de los bibliotecarios que conocen los libros por el tejuelo y se constituyen luego en perro de presa de las obras; sino un bibliotecario que ordena, cuida y se entera de lo que existe en la biblioteca y de su valor para comunicar los tesoros del saber puestos bajo su custodia á cuantos estudiosos quieran aprovecharlos.

AMANDO CASTROVIEJO.
Catedrático en la Universidad de Santiago.
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CRÓNICA SOCIAL

AGOSTO, 1921.

La campaña contra la pornografía.—Una circular de la Fiscalía del Supremo.—Una exposición de la C. N. C. A. sobre apelazamiento del régimen de retiros obreros.—Declaración del Ministro del Trabajo.—La caja de previsión social de Aragón.—Un acto del Patronato de Previsión de Santander.—La sindicación católico-agraria: estado próspero de los sindicatos extremeños; brillante situación del sindicato de Montilla.—Un cincuentenario: las Siervas de Jesús y la asistencia á los enfermos.

Se ha generalizado la campaña contra la pornografía, en la que ya toman parte escritores de todos los campos.

Aquellos argumentos de razón que los escritores católicos han empleado constantemente al lado de los argumentos de moral, para pedir la persecución á reja tabia de esa plaga social que tantos estragos causa en las gentes—espiritual y materialmente—, se reproducen ahora por todos, que al cabo de los años, vienen á convenir en que es necesario acabar con ese escándalo de la pornografía en libros, folletos, grabados y espectáculos.

Quienes tildaban de timoratos y asustadizos á nuestros periódicos, quienes se burlaban, calificándolas de aspavientos, de nuestras protestas contra la llamada «ola verde», y quienes alguna vez sacaron á relucir la «libertad» para defender el derecho de los inmorales á serlo, convencidos ahora del daño, horrorizados de las consecuencias del mal, claman por una acción del Poder público, enérgica y contundente, que haga desaparecer para siempre cuantos mercaderes indignos, explotadores despreciables de las más bajas pasiones, utilizan con miras utilitarias, para vivir á costa del envilecimiento y de la perversion de sus semejantes.

Por el señor fiscal del Tribunal Supremo se ha dirigido á los de las Audiencias una interesante circular en la que se previene y aconseja lo siguiente:

«Una triste experiencia viene demostrando que no basta la acción gubernativa para la eficaz represión de publicaciones obscenas ó pornográficas, su exhibición, propaganda por el co-
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rreo y venta de tales caracteres, que de todos los ámbitos del territorio español acuden los padres de familia á esta Fiscalía protestando de la manera más energica contra el hecho de recibir nun y otro día anuncios asquerosos, ora de publicaciones con aquellos caracteres, ora de específicos ó medios para obtener ciertos resultados en orden que afecta á la moral y á la decencia pública. Pues no se diga de la exposición en kioscos y otros puntos para la venta, de fotografías, grabados, folletos ó libros destinados, evidentemente, á la perversión de nuestra juventud.

La reforma del número 2.º del artículo 435 del Código de 1850, realizada por el del 586 del vigente, circunscribió los límites de la falta á la mera exhibición de estampas, etc., ó, como dijo el Tribunal Supremo en 14 de octubre de 1897 y 7 de abril de 1900, á ponerlas á la vista del público.

Claro que á la mera tenencia, la expedición ó venta en almacén ó tienda, por más que hoy serán indiferentes á la ley penal positiva, no obstante actos contrarios en su esencia á la decencia pública, si bien por elevadas razones de orden público y la necesidad de más rápida represión no se ha creído oportuno deferirlos á la pasada, aunque más segura acción de los Tribunales, habrán de ser reprimidos por las autoridades gubernativas ó de Policía, en virtud de las facultades que les están concedidas por las leyes, especialmente el artículo 22 de la ley Provincial.

Deber es de los fiscales municipales colaborar con la Dirección general de Seguridad para que desaparezca de una vez el espectáculo repugnante que se nos ofrece en todos los puestos de venta de periódicos con la exhibición de producciones de esta clase, cumpliendo la obligación de formular las denuncias procedentes á tenor de lo prescrito en el artículo 104 de la ley de Enjuiciamiento criminal, y ya que esta falta en manera alguna pueda estimarse, para los efectos de la competencia, comprendida en el artículo 19 de la ley de Policía de imprenta.

Así, en cuanto de propia observancia, por denuncia de la Policía ó por manifestación de cualquiera persona, las Sociedades de padres de familia y otras análogas que de manera principalísima coadyuvan á la extinción de tan inmunda propaganda, tengan noticia de un hecho definido y castigado en la citada disposición, requerirán el auxilio del agente de la autoridad cuya intervención estimen más eficaz al objeto y procederán á denunciar la falta con la mayor urgencia, esto sin perjuicio de que la Dirección general de Seguridad ó las autoridades gubernativas locales se incauten de cuantos ejemplares de dichas producciones se encuentren, y acuerden respecto á las mismas lo que haya lugar, procurando que se remitan al
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Juzgado los necesarios para que obren sus efectos en el juicio correspondiente.

En la tramitación de éstos ha de emplearse toda urgencia, á fin de que la pena siga á la infracción con la ejemplaridad consiguiente.

La Confederación Nacional Católica-Agraria ha elevado al excelentísimo señor Presidente del Consejo de Ministros una instancia, solicitando que se aplace para la agricultura, por un plazo máximo de seis meses, la implantación del régimen de retiros obreros, de conformidad con lo prevenido en la primera base transitoria del real decreto de 21 de Marzo de 1919.

Dice así la referida instancia:

«Excelentísimo señor: Respondiendo á una aspiración general igualmente sentida, justo es reconocerlo, por las clases obreras que por las patronales, que en muchos casos particulares se habían anticipado ya á satisfacerla y atenderla, acaba de dictar el Gobierno un Real decreto, fecha 21 de Enero último, reglamentando los retiros obreros, que con carácter obligatorio habían sido establecidos; ya por otro Real decreto de 11 de Marzo de 1919.

Pero entendemos que el nuevo Real decreto, cuya misión era exclusivamente la de desarrollar y articular las bases de que consta el Real decreto de 1919, se excede en dos puntos muy esenciales del contenido de las mismas, y de la misión, por lo tanto, que le estaba encomendada.

Decía taxativamente la base primera transitoria del Real decreto de 11 de Marzo de 1919:

«En el periodo inicial de la aplicación del régimen de intensificación de retiros obreros, y en un plazo máximo de seis meses, se realizarán los estudios y trabajos preparatorios necesarios para hacer extensivo á la agricultura el seguro de vejez.»

Como se ve, la citada base quiere que en el período inicial de la aplicación del nuevo régimen se empiecen los estudios para extenderlo á la agricultura; mas el Real decreto de 21 de Enero del corriente año, prescinidiendo de la citada base, dispone que al mismo tiempo, ó sea, en 24 del actual, se inicie la aplicación del régimen á la agricultura y á la industria, pues en el número primero del artículo cuarto, previene que se hallan sujetos á sus disposiciones «los obreros, cualquiera que sea su sexo, su patrono, la clase de su trabajo, agrícola, industrial ó mercantil, y la forma de su remuneración», y en el número dos del artículo cuarto transitorio se dice que el Regla-
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mento que por el expresado Real decreto se establece «entrará en vigor desde la fecha de su publicación».

Es decir, que á un mismo tiempo y con unos mismos preceptos, se implanta el seguro de la vejez para los obreros del campo y para los obreros de la ciudad, en vez de procederse escalonadamente, como preceptúa la citada base transitoria del Real decreto de 11 de Marzo de 1919, que dispone al mismo tiempo que preceda un estudio especial y una reglamentación también especial, como consecuencia para los obreros agrícolas, estudio y reglamentación que, con muy buen acuerdo, el Real decreto de 1919 quiere que se fundamenten en las enseñanzas de la práctica, por lo que, sin duda, previene que una vez iniciada la aplicación del régimen de intensificación de retiros, ó sea en el período inicial de la misma, se realicen los expresados estudios y trabajos preparatorios para hacer extensivo á la agricultura el seguro de vejez.

Además, el Real decreto de 11 de Marzo de 1919, previene en su base sexta que «para la práctica de las operaciones de seguro de vejez sean admitidas todas las entidades aseguradoras, así de carácter oficial como mercantil ó social, domiciliadas legalmente en España y que reúnan las condiciones de garantía que determinará el Reglamento»; pero esta base, de carácter general y lógico, no tiene traducción ninguna en los artículos del Real decreto de 1919, sin admitir «para la práctica de las operaciones de seguros de vejez», como dispone la citada base sexta, á todas las entidades aseguradoras, así de carácter oficial como mercantil ó social.

Por todo lo expuesto, la Confederación Nacional Católico-Agraria, que representa á 57 Federaciones agrícolas de toda España, con cerca de 5.000 Sindicatos y más de 600 000 familias de agricultores, se atreve á suplicar á vuecencia:

Primero. Que de conformidad con lo que previene el Real decreto de 11 de Marzo de 1919, no se aplique á las clases agricultoras de España el Real decreto de 21 de Enero de 1921, hasta que en el período inicial de aplicación del régimen de intensificación de retiros, y en un plazo máximo de seis meses, se realicen los estudios y trabajos preparatorios necesarios para hacerlo extensivo á la agricultura, que tiene especialidades y características tales, que es imposible sujetarla al mismo régimen que las industrias de la ciudad; y

Segundo. Que para la práctica de las operaciones del seguro de vejez en las clases agrícolas sea aceptada la Confederación que suscribe con todo su organismo de Federaciones y Sindicatos agrícolas extendido por toda España como el más general y el más adecuado para la implantación de este nuevo régimen, tanto más cuanto en el número ocho del artículo pri-
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mero de la ley, por que se rigen los Sindicatos agrícolas, se recomienda á éstos la misión de atender el auxilio y retiro de los inválidos y ancianos de la agricultura.

Es de advertir que de no accederse á lo que rendidamente suplicamos, el Real decreto de 21 de Enero de 1921 quedará en absoluto incumplido, por lo que se refiere á las clases agrícolas, no por resistencia voluntaria á los preceptos de la ley, sino por imposibilidad natural de atender á su cumplimiento.

Es, pues, el deseo de velar por los prestigios de la ley y no el de poner obstáculos á su observancia, el que nos pone en el caso de elevar á vuecencia la presente solicitud, que esperamos ha de ser favorablemente atendida.

Madrid, 13 de Julio de 1921.—Confederación Nacional Católica Agraria.—El Presidente, Antonio Monedero Martín.

Contra la precedente exposición han protestado numerosos elementos sociales.

El Ministro del Trabajo, en intervención celebrada con el correspondiente en Madrid de El Noticiero, de Zaragoza, portavoz de la protesta, ha declarado que la aplicación del régimen de retiros obreros no sufrirá aplazamiento alguno, implantándose allí donde las organizaciones agrarias estén constituidas.

Se ha constituido en Zaragoza, en el local concedido al efecto por la Diputación provincial, la Caja de Previsión Social de Aragón, organizada para ostentar la representación reglamentaria del régimen del retiro obligatorio.

Las dos instituciones más importantes del nuevo régimen han de ser la referida Caja, colaboradora del Instituto Nacional, y el Consejo de Inversiones Sociales, llamado á definir importantes orientaciones de la política económica aragonesa. Para la Caja se ha elegido presidente á don Basilio Paraiso, y vicepresidente á don Manuel de La Puerta, significado elemento patronal, y director general á don Inocencio Jiménez, cuya autoridad en todas las obras de acción social es bien conocida.

Los estatutos de la Caja aragonesa han influido ya en iniciativas análogas de otras regiones.

Toda la actuación aragonesa de previsión social se ha distinguido por la rapidez en llevar los proyectos á la práctica. Esto significó la anticipación del régimen de retiro obligatorio llevada á cabo por muchos patronos zaragozanos, y por bastantes de ellos asegurando voluntariamente más de una peseta diaria de retiro, y ahora iniciando las tareas de la Caja regional.

Al poner en circulación los padrones de afiliación de obre-
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ros, se recordó con satisfacción que el Instituto Nacional atendió una aspiración formulada en la Casa de Ganaderos de Zaragoza, cuando se preparaban, en relación con patronos y obreros, las bases del régimen vigente, relativa á la forma de orientar la diferencia de imposiciones de los trabajadores jóvenes y viejos, que implicaría la eliminación de estos últimos en el trabajo. La solución consistió en la cuota uniforme de recan-dación.

En el Ateneo de Santander ha celebrado un acto público el Patronato de Previsión Social, cuyo alcance expuso el señor Pérez del Molino, presidente del Monte de Piedad y Caja de Ahorros, al referirse á la labor del Instituto Nacional de Previsión.

El señor Malnquer hizo afirmaciones explícitas acerca del nuevo régimen, siendo las de más actualidad las siguientes:

El Instituto Nacional y las Cajas regionales, con el apoyo del ministerio del Trabajo, cuidan de que empiece el retiro obligatorio para los trabajadores del campo, en completa coincidencia con los de la industria y el comercio.

Tan educadores para el país la puntual observancia de una ley social, como que se afirme el carácter principal de la función que delega el Estado en el organismo que para este fin preparó, inspirándose precisamente en el feliz atisbo de un manifiesto dirigido al país en 1899, que firmaba el insigne autor de «Escenas montañesas», don José María de Pereda, consejero de la Caja de Ahorros santanderina.

Laudable y aun necesaria es la discusión preparatoria y la subsiguiente de desarrollo, que en el Instituto Nacional se realizará cada vez con mayor asesoría patronal y obrera; pero ahora estamos en el periodo de ejecución, en que la menor vacilación perjudica la obra.

Todas las mejoras deben implantarse cuando esté en marcha el sistema, y sería aventurado anticipar sus futuras líneas sin meditado estudio y gran información, pues han de ser, no sólo justificados, sino viables los avances para ser tan firmes como la iniciación.

Aragón tiene, sin molestia de región alguna y con satisfacción de todas, la verdadera puñecia jurídica de España en esta tarea de transformación social, y no nos faltan expresiones de mucho espíritu práctico respecto á la eficacia de la acción regional, la decisión de los patronos y la colaboración obrera, en que han de competir las regiones para el bien de la Patria.

El deber ciudadano impone sustituir en la fecha social me-
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dad está dividida, porque los obstáculos naturales limitan la inspección de la finca, pues los ojos del dueño alcanzan un horizonte limitado, mientras que en las llanuras es inmenso, y los linderos que establece lo quebrado del terreno, impone un cierto número de máquinas, y el que permite la profundidad del terreno, que suele ser muy escasa, lo que no sucede en la llanura. Por eso el que quiera legislar debe hacerlo no uniformemente con esa manía uniformadora que ha establecido el centralismo. El que quiera legislar para Galicia, para Asturias, para las Vascoungadas, debe hacerlo de manera diferente que se legisla para Andalucía ó Extremadura. Eso de legislar uniformemente para todas partes es querer que la realidad social y la realidad geográfica se acomoden á la ley, en vez de ser la ley la que se acomode á la realidad geográfica y social.

Yo creo que la cuestión agraria,—afirma el ilustre filósofo,—con la aparcería, sustituyendo el arrendamiento, siempre que se pueda, con la enfitosis depurada de algunos defectos accidentales, con la coparticipación que establece en la propiedad y que la hace un como arrendamiento secular, y con el Sindicato y la Federación de éstos, formando el Banco agrario de abajo á arriba mejor que de arriba á abajo, puede resolverse.

¿Cómo no coincidir en un todo—decimos nosotros—con quien tenemos por maestro en estas dificilísimas cuestiones?

El buen deseo, ha llevado á no peor propagandistas, á formular conclusiones radicales, tratando de la resolución de ese problema de la tierra, que ha sido en la historia, es y será, el problema de la humanidad, problema que ha de girar siempre sobre los mismos puntos para venir á parar siempre también en la misma solución. De esas soluciones radicales á que aludimos preconizadas y defendidas por propagandistas impulsivos, destaca el «reparto de la tierra» cuando la propiedad se ha convertido en «grau propiedad latifundista».

Es de tener muy en cuenta el error latente que hay en esto, puesto que la propiedad es de derecho natural y no sufre alteración alguna en su índole ni en su justicia con arreglo á su extensión y cuantía, lo que hace notar sabiamente el citado señor Azara al llamar la atención sobre palabras de León XIII, pues en efecto, al decir el sabio Pontífice en su imperecedera