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nombrar uno de sus consejeros para que actúe como su substituto. Esta noticia debe ser dirigida al Presidente antes de la sesión, á menos que haya una nueva cuestión para discusión en el curso de la sesión. La noticia indicará las sesiones en las cuales el substituto debe actuar.

Los substitutos pueden tomar parte en los debates y pueden votar bajo las mismas condiciones que los delegados.

Informes verbales

Art. 19. Un informe verbal será impreso al final de cada sesión por el Secretario. Será añadido al informe la lista de los delegados presentes á la sesión junto con los textos y el resultado de las votaciones.

Cada delegado puede pedir el derecho de revisar aquella parte del informe conteniendo un discurso que él ha hecho antes de ser impreso, en la forma final. Para que cualquier corrección propuesta pueda ser insertada, los señores delegados deben entregarla al Secretario en la tarde siguiente á la sesión.

El informe verbal, será firmado por el Presidente de la Conferencia y el secretario general.

Elección de los miembros del cuerpo de Gobierno de la Oficina Internacional del Trabajo

Art. 20.—La Conferencia procederá cada tres años, en el curso de sus reuniones á tomar los pasos necesarios para nombrar los miembros del cuerpo directivo de la Oficina Internacional del Trabajo de acuerdo con el artículo VII (393) de la Convención.

Con este propósito, los delegados de todos los gobiernos miembros, con excepción de los ocho miembros de las industrias principales por lo que significa dicho artículo, deberán reunirse para escoger los cuatro miembros cuyos gobiernos deberán nombrar representantes en el Cuerpo de Gobierno.

Los delegados de los patronos y los de los obreros deberán reunirse separadamente para nombrar los seis representantes del Cuerpo de Gobierno. Esos representantes deberán ser nombrados por nombre.
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En el caso de una vacante en el Cuerpo de Gobierno, entre los representantes de las organizaciones de los patronos ó trabajadores, y si el Cuerpo de Gobierno no ha tomado en cuenta el método para proveer dichas vacantes de acuerdo con el artículo VII (393) de la Convención, los delegados de la Conferencia pertenecientes á la categoría concerniente, deberán reunirse durante el curso de la próxima reunión, para proveer las vacantes en su representación en el Cuerpo de Gobierno.

Si el Cuerpo de Gobierno ha acordado para proveer las vacantes de acuerdo con el mismo artículo de la Convención, la Conferencia debe proceder al acuerdo de la decisión tomada por el Cuerpo de Gobierno en este respecto.

Si su decisión no es acordada por la Conferencia, inmediatamente se deberán tomar acuerdos para hacer nombramientos nuevos bajo las condiciones antes provistas con respecto á los nombramientos trienales del Cuerpo de Gobierno.

JORNADA DE TRABAJO

Cuando se estudian las cuestiones sometidas á la Conferencia, se conviene en que, naturalmente, la cuestión de la jornada de ocho horas debía ser la más importante y la que mayores discusiones provocase. Así lo reconoció el Comité en su informe preparatorio estableciendo que «la aplicación de la jornada diaria de 8 horas ó la semanal de 48 es el primero y más importante asunto puesto á la consideración de la Conferencia». La información previa suministrada al Comité fué abundante y completa. El Comité, en consecuencia, manifestó que la Conferencia tenía, á este respecto, toda la información deseable para llegar á una resolución sobre la materia. Por lo demás, el Comité Organizador manifiesta que no ha creído necesario entrar en la historia de la jornada de las ocho horas ni en la de la discusión de las razones que para implantar esta jornada existen. El punto, por lo demás, se encuentra implícitamente tratado en el Convenio de Paz. El artículo 427 se refiere á «los métodos y principios para reglamentar las condiciones de trabajo que todas las comunidades industriales tratarán de aplicar en la mayor medida en que se lo permitan sus circunstancias espe-
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ciales». Entre esas medidas figura «la adopción de una jornada de 8 horas ó de una de 48 por semana como base deseable en los países que no la tienen establecida aún». El principio, pues, aparece como establecido. La cuestión pendiente es la de su aplicación dentro de las actuales condiciones industriales. Conviene llamar la atención sobre el alcance dado por el Comité Organizador á términos técnicos generalmente discutidos. «El Comité entiende—dice,—que la cuestión propuesta á la Conferencia es la aplicación del principio á los trabajadores industriales. El comercio, la agricultura, el servicio por mar y otras ocupaciones no industriales no han sido investigadas por el Comité ni tratadas en su report».

La información recibida, como ya antes se dijo, es amplia. Surge de toda ella una síntesis: la limitación de la jornada, por ley, á 8 horas diarias ó 48 semanales, constituye la práctica en algunas ocupaciones ó ramos de la industria en la mayor parte de los Estados. Claro es que, dentro del principio general, los detalles aparecen como diversos y variados. Los tipos de legislación son:

1.º Leyes que limitan la jornada á 8 horas diarias ó á 48 por semana ó á una limitación equivalente en periodos más extensos (los ciclos de los decretos argentinos sobre trabajos de ferroviarios) y especifican en detalle las industrias, ocupaciones y categorías de trabajadores á las cuales tales limitaciones se aplican. Aparecen dentro de este tipo la ley de 1918 de Tcheco-Slovaquia, la ley de 1919 de Holanda y otras.

2.º Leyes que descansan en la fijación de la jornada de 8 ó 48 horas como base; porque permiten excepciones dentro de condiciones ó circunstancias definidas en decretos ó órdenes administrativas á los que generalmente se deja el detalle de la aplicación del principio. Se indican como tipos de este grupo, las leyes de Egipto, Francia y España.

3.º Leyes que proveen al arreglo de cuestiones relativas al contrato de trabajo, incluso jornada, por medio del arbitraje ó contratos colectivos. Se indican en este grupo las leyes del Commonwealth de Australia. La diferencia más clara entre las leyes del primer y del tercer grupo parece ser que, las primeras establecen una jornada obligatoria en tanto que las últimas sólo fijan una jornada básica á los efectos del cálculo del salario pero sin pretender reducir el número de las horas actualmente trabajadas. Cuando los
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obreros desean trabajar más de 8 horas y los patronos acceden á pagar el mayor salario que las horas complementarias exigen, la jornada de 8 horas se convierte en puramente nominal. Claro es que las leyes del tipo núm. 2 dependen, en su eficacia, del alcance de los decretos reglamentarios.

Si tomamos ahora las leyes de las principales naciones civilizadas para encuadrarlas dentro de uno de los tres tipos indicados, llegamos á la siguiente clasificación:

Tipo 1.º.—Theco-Slovaquia, Holanda, Noruega, Suiza, Uruguay, Nueva Zelandia.

Tipo 2.º.—Francia, España, Polonia, Portugal, Ecuador, Panamá, Finlandia, Rusia, Alemania, Austria Alemana.

Tipo 3.º.—Confederación Australiana, Queenslandia, Nueva Gales del Sur, Victoria, Australia del Sur, Australia del Oeste, Tasmania, algunos Estados de Estados Unidos y algunas provincias del Canadá.

Las leyes de Australia son de un gran interés.

La de Nueva Gales del Sur, por ejemplo, establece que en determinadas industrias (carbón, minas metálicas, etc.), los fallos arbitrales deben tener en cuenta una jornada de 8 horas diarias en seis días consecutivos á 48 horas semanales ó 96 horas en 14 días consecutivos. También estos jornales pueden ser fijados por arreglos colectivos. Las leyes de Australia del Sur dejan poder á la Corte para dar un fallo ó orden no restringido á las cuestiones expresas llevadas por las partes y que se refiera á cualquier punto que la Corte crea necesario ó conveniente fijar para evitar ó arreglar cuestiones. La misma Corte puede declarar, por medio de un fallo ó de una orden, que cualquier práctica, reglamento, regla, costumbre ó término de arreglo ó condición de trabajo determinada en un fallo en relación á una materia industrial, se convierta en regla común para toda una industria. Por lo demás, cada consejo puede, dentro del mecanismo de la ley, fijar el número máximo de horas por semana como base de los salarios ó precios á pagar. Las industrias comprendidas en este sistema, son numerosísimas, al extremo de que, prácticamente, abarcan á toda la actividad industrial.

Los países nuevos se presentan con una legislación obrera avanzada. Tal, por ejemplo, el caso de Tcheco-Slovaquia, cuya ley respectiva establece que «por regla general, la duración real del tra-
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Séame permitido á mi hacer algunas breves consideraciones sobre este tema, no enteramente nuevo en mi actuación periodística (1).

En la prevención con que se mira por algunas personas la acción colectiva en favor de los animales, palpita tal vez la hostilidad hacia la doctrina krausista, que representó exclusivamente durante muchos años para los católicos españoles la encarnación de la heterodoxia. Los krausistas sostenían, como es sabido, que los animales son sujeto de derecho, dentro de ciertos límites.

«La existencia de verdaderas relaciones jurídicas entre el hombre y los seres naturales—escribía don Francisco Giner, por ejemplo—es hoy todavía objeto de viva controversia. Contribuyen á ello por un lado la estrecha concepción reinante del derecho como una relación recíproca; por otro los vestigios de la preocupación antropocéntrica que, considerando al hombre como fin supremo del mundo, se niega á reconocer en la naturaleza exterior y sus reinos alguna especie de finalidad propia. Una vez desvanecido este error y aceptado conforme á lo que la razón dicta, que todo ser tiene como parte en el orden universal de las cosas su fin y su destino en sí mismo, aparte del que pueda corresponderle en relación con otros, no sería difícil resolver, á la luz de la conciencia jurídica, el problema tocante al derecho de los seres naturales. Conviven el hombre y éstos en una esfera común, influyendo necesariamente unos en otros. La acción del hombre como causa activa sobre el medio natural tiene una eficacia que puede ser favorable ó adversa á los seres que le rodean; pendan, pues, estos en alguna manera de las determinaciones que adopte; la libre actividad humana los condiciona, y esta condicionalidad libre estriba, según hemos visto, en el derecho.» La existencia de un derecho de la

(1) Aludo á mi artículo, (no recuerdo la fecha, aunque si que debe oscilar entre 1914 y 1916) publicado en la Revista Social, sobre Un espectáculo antisocial (las corridas de toros.)
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bajo de los obreros no debe exceder de 8 horas cada veinticuatro, ó debe alcanzar, cuando más, á 48 por semana». Tiene de curioso esta ley, la esfera de su extensión: rige, en efecto, para la industria agrícola ó forestal, siempre que las personas vivan fuera de la familia del patrón y reciban un salario diario, semanal ó mensual. La ley del Ecuador, no es menos terminante. «Ningún obrero, artesano, empleado de comercio, de oficina ó de empresa industrial y, en general, ningún empleado, sea cual fuere la naturaleza de sus servicios, puede ser obligado á trabajar más de 8 horas por día ni más de seis días por semana ni ejecutar un trabajo cualquiera en domingo ó en día de reposo legal». En Panamá, rige, por ley, la jornada de 8 horas para los obreros y para los empleados de comercio y «ninguno puede ser obligado á trabajar más allá de ese límite». En Polonia, la ley combina la jornada de 8 horas con el llamado «sábado inglés». La ley se extiende á todas las industrias, incluyendo expresamente á los transportes por tierra y á la navegación, lo mismo que al comercio. El sábado, sólo 6 horas.

La ley francesa señala que en los establecimientos comerciales ó industriales ó en sus dependencias, de cualquier naturaleza que sean, privados, laicos ó religiosos, con carácter de enseñanza profesional ó de beneficencia, la jornada diaria no puede exceder de 8 horas diarias, ó sea de 48 por semana ó de una jornada equivalente establecida para un período (ciclo), mayor de una semana. En Holanda, ningún obrero puede trabajar más de 8 horas por día ó 45 por semana en fábricas ó talleres. La excepción está dada para los jornaleros, para determinados días, en los que no podrá trabajar más de 11 horas. En las oficinas, ningún asalariado podrá trabajar más de 8 horas diarias ó 45 por semana. Portugal sienta en su ley el mismo principio de 8 horas por día, salvo el sábado, en que la jornada será de 6; y hace extensiva la ley á toda clase de trabajo, con exclusión de los agrícolas y de los servicios domésticos. A la categoría de estos últimos quedan asimilados los empleados de hoteles y restaurantes. En España, desde el 1.º de Octubre de 1919, la jornada legal es de 8 horas diarias ó de 48 por semana en todos los trabajos. En Suiza, la duración del trabajo en los establecimientos que emplean solo un equipo (cuadrilla ó turno), la duración del trabajo no puede exceder de 48 horas por semana para cada obrero. En la República Austriaca, el trabajo diario no
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puede exceder de 8 horas por día. En Rusia, un decreto de 11 de Noviembre de 1917, dado por el Comité Central de los Delegados de los Soldados y de los Obreros, aparece muy confuso aun cuando se desprende de él que establece la jornada de 8 horas. Grecia tiene un sistema curioso. Una ley de Noviembre de 1911, permite que, por decreto, se señalen las horas de trabajo para cada industria. En virtud de esa ley, la jornada de 8 horas ha sido fijada para algunas pocas industrias, predominando la jornada de 9 y 1/2. En la industria minera, la jornada queda, sin excepción, fijada en 8 horas. Parece que en Atenas existen convenios, entre obreros y patronos, fijando en 8 horas la jornada para ciertas industrias. Guatemala no tiene establecida la jornada de 8 horas. La R. O. del Uruguay, sí. No deja de ser curioso señalar el hecho de que en la India, la jornada de 8 horas por día y de 46 por semana, está impuesta por decretos de administración á determinadas fábricas. En los talleres de construcción de locomotoras y vagones, el promedio de jornada varía entre 45 a 48 horas en semana de 6 días. Los patronos notifican á los inspectores del trabajo con anticipación, cuál es la jornada implantada. En cambio, el Japón se presenta sin leyes ni decretos de administración sobre la jornada de trabajo. En la práctica (caso argentino), la jornada de 8 horas no existe sino por excepción. Según el informe respectivo, en el Japón se está en vías de una evolución: la industria familiar se convierte en industrial. Las fábricas, pues, sólo se encuentran ahora en pequeña proporción y los obreros no están habituados aún á un trabajo colectivo ó sistemático. Conviene hacer notar, sin embargo, que esta afirmación fué rechazada en un memorial que la Asociación de Japoneses Unidos del Norte América presentó particularmente á los delegados de la Conferencia. «Antes de la guerra—se dice en ese memorial,—el Japón poseía toda la maquinaria moderna necesaria para sus industrias y, en razón de su buena situación geográfica, los capitalistas han acumulado inmensas ganancias, mayores de las conocidas hasta el presente en toda la historia de aquel país. Todos los países que entraron en la guerra mundial han recibido un terrible golpe industrial; pero el Japón, tomando ventaja de los años que necesitarán las otras naciones para alcanzar las condiciones industriales de la pre-guerra, está planeando la forma de obtener el mayor provecho de sus industrias sobre la base de salarios bajos y
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de jornadas largas». El manifiesto ó exposición de la referencia no puede ser más categórico. Así es que se afirma que «los capitalistas japoneses han demostrado siempre su egoísmo hacia las clases trabajadoras y particularmente hacia las mujeres obreras, y han tratado siempre á los trabajadores como á seres inferiores, oprimiéndolos durante siglos y seguramente continuarán haciendo eso en el futuro, aprovechándose de la condición desvalida del pueblo trabajador para satisfacer su injustificado deseo». El Japón, sin embargo, ha presentado á la Conferencia un pequeño folleto redactado en inglés conteniendo las leyes obreras vigentes. No son muchas. La más antigua es de 28 de Marzo de 1911, esto es, 14 años posterior á la primer ley obrera argentina (descanso dominical). Se refiere al empleo de menores (de 12 y 10 años de edad son admitidos), á la jornada de trabajo (no mayor de 12 horas diarias para los menores de 15 y mujeres), á la prohibición del trabajo nocturno para las mismas, al descanso semanal (un día cada quincena), á la inspección de fábricas, á la indemnización de los accidentes, etcétera. El decreto reglamentario de esta ley es de 2 de Agosto de 1916. En el memorial á que se ha hecho antes referencia, se manifiesta que nunca se ha hecho un esfuerzo para cumplirla. Dejando ahora el Japón, puede cerrarse esta parte de la información mencionando el hecho de que en el Perú la jornada de 8 horas fué establecida (decreto de 15 de Enero de 1919) á los obreros del Estado y á los de las industrias que trabajan en virtud de contratos hechos con el Estado. El mismo decreto establece que en los establecimientos particulares de cualquier naturaleza, la jornada debe ser fijada por arreglos entre patronos y obreros, dando como norma la de 8 horas y sin que ello implique una posibilidad en la rebaja de los salarios. No deja de ser curioso que una disposición semejante destinada á regir, inclusive en los establecimientos rurales, haya sido impuesta por simple decreto y á la espera de un pronunciamiento del Congreso.

La información que antecede—y que es una síntesis de la que el Comité organizador presentó á la Conferencia—debe ser complementada. No hay que olvidar, en efecto, que no todas las leyes se refieren á toda clase de industrias. Las que generalmente contemplan son las minas de carbón, las de metales, los trabajos de selección de minerales, las industrias de marcha continua, el servi-
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cio de transportes, algunas industrias peligrosas (plomo, trabajos en «caissons»), etc.

En materia de transportes, aparecen como incluidos los empleados de telégrafos y teléfonos, mensajeros, personal de señales, etcétera. En materia de servicios públicos, muchos Estados de Norte América, lo mismo que el gobierno federal, limitan la jornada á 8 horas; y 29 Estados á 7, cuando se trata del servicio del personal administrativo.

(Continuado)
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POR NUESTROS CONSOCIOS DIFUNTOS

En la paz del Señor, falleció en Ibeas de Juarros (Burgos) doña Carmen Cañado de Delgado, benemérita socia protectora de este Patronato.

También muy cristianamente murió en Barcelona el banquero don Ramón Roses, socio protector, así mismo, de nuestra institución.

Suplicamos á nuestros numerosos compañeros que no olviden en sus oraciones á todos nuestros consocios difuntos; y á los sacerdotes nuestros amigos, un memento en sus misas para cuantos nos ayudaron y con nosotros cooperan al resurgimiento de las virtudes cristianas.
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naturaleza y sus seres respecto del hombre resulta ya de esa consideración, si bien no sería exacta la proposición inversa por no revelarse en dichos seres una actividad consciencia libre, espiritual y psíquica en mayor ó menor grado» (1).

La teoría que apunta en estas consideraciones tiene lados muy débiles sin género de duda, y la neo-escolástica de entonces no dejó de ponerlos de manifiesto (2). El derecho impone relación de igualdad entre el ser que exige y el que presta, y esa relación no puede darse entre el hombre y el animal, porque éste carece de conciencia y libertad. Además, si el hombre no es «fía supremo del mundo», como dice Giner, ¿quién duda que ocupando, como ocupa, un puesto superior en la escala de los seres, todos ellos se le encuentran subordinados y referidos á él en cierto modo, como él se halla ordenado á Dios, fin último de la creación?

Hay, por último, en esta doctrina un fondo panteísta. Se reconocen derechos en esos seres porque se les estima como parte del gran Todo, de la sustancia única en devenir perpetuo y constante.

* * *

Pero ¿se sigue de aquí que carezcamos de deberes en orden al uso que de los animales podamos hacer? ¿No podemos y debemos amarlos? El cristianismo que condena toda crueldad estéril ¿va á absolverla cuando se ejerce sobre un animal?

En manera alguna. Si los animales no pueden invocar frente á nosotros un derecho propiamente tal, de la misma manera que las cosas materiales en general no pueden exigirnos que respetemos el derecho que los demás hombres pueden tener en ellas, Dios á quien pertenecen todas las cosas en definitiva puede exigirnos y nos exige que usemos de ellas racionalmente, y el uso racional de los animales exige que no les infligamos ningún sufrimiento inútil, y esto por dos razones fundamenta-

(1) Giner y Calderón. Resumen de Filosofía del Derecho.—Madrid, 1898, páginas 39 y 40.
(2) Véase entre otros, Taparelli. Derecho natural.—Madrid, 1868, páginas 50 y siguientes, tomo IV.
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les: una que mira á nosotros mismos y otra que atañe á los mismos animales.

La razón que mira á nosotros mismos es esta: «No solamente—dice la carta á que nos venimos refiriendo—la Sociedad Protectora de animales hace una obra útil con respecto á ellos, sino que propaga hábitos de moderación que tienen su repercusión moral sobre los hombres mismos. Es una invitación á la lucha contra los instintos de violencia, una invitación á la dulzura, un estímulo á la virtud». No es posible que seamos dulces y benignos con los animales y duros e implacables con los hombres. La virtud es una, y cultivarla en una de sus manifestaciones es cultivarla en las demás. Y á la inversa, la crueldad con los animales suele ir unida á la crueldad con las personas. No hay persona de buenos sentimientos, humanamente hablando, que se goce en martirizar á los animales. Y no sólo esto, la crueldad va frecuentemente acompañada de la lujuria y hasta no es á veces sino una forma del vicio, como acontece con el sadismo. Minguijón habla en su artículo del señorito chulo. Podría citarse igualmente el ejemplo de «la fiesta nacional», donde en un ambiente de crueldad y de sangre se exacerbaba la sensualidad de las multitudes. Y estamos en un tiempo de desenfreno de pasiones, desenfreno de la lujuria—dígano el apetito frenético de goce, la licencia de la moda y de los espectáculos, etcétera, etc.—desenfreno de la ira—dígano los odios entre los pueblos y entre las clases, cada vez más enconadas.—Cuanto tienda á hacernos suaves, mausos, humildes, tiende á hacernos puros y debe por eso ser alentado.

La otra razón mira á los animales mismos. Los animales existen por obra de Dios, y por eso mismo debemos amarlos. Son, como se ha dicho con acierto, «nuestros hermanos inferiores», y hemos de amarlos como obra de las divinas manos que nos han hecho. Por eso, y no solamente por nuestra utilidad, hemos de usar de ellos conforme á los designios divinos, y no nos es lícito hacerlos sufrir estérilmente, y menos gozarlos en sus sufrimientos.

«El límite del derecho humano—decimos con Blanché—(1)

(1) La douceur de l' Eglise envers les animaux loc. cit.