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Revista católica de las cuestiones sociales (1918-04-01 00:00:00), página 49

CRÓNICA SOCIAL ESPAÑOLA

ABRIL, 1918

La huelga de funcionarios públicos.—Un caso de sindicalismo.—Las huelgas y el interés público.—La acción social y la acción política.—Una campaña que comienza á extenderse.—La minoría socialista del Congreso.—La caridad en los momentos actuales—Pastoral del señor Obispo de Dora sobre la necesidad urgente de extender la caridad cristiana.—El Palacio de la mujer que vive de su trabajo.—Asambleas sociales en Barcelona y en Madrid.

Acaba de darse en España un caso nuevo, fruto evidente de las ideas societarias y que es de suponer que tanto á sociólogos como á gobernantes habrá inducido á meditar en los actuales momentos, no ya sobre lo pernicioso de las propagandas disolventes, para cuya lamentación es tarde después de un siglo de aplicar en la práctica todas las funestas teorías del liberalismo doctrinario, sino sobre los medios de que aún sea posible hacer uso, para contener los avances de un mal que en sus primeras manifestaciones graves, ha demostrado cuán inútiles son todas las recetas de la terapéutica legal para dominarle, ateniéndose el poder público al formulario de una constitución, informada en los principios erróneos del llamado «Derecho Nuevo.»

No es necesario, á nuestro entender, dada la publicidad y resonancia que ha tenido la huelga de empleados públicos, afectos á los servicios de Correos, Telégrafos y Hacienda, repetir aquí con el detalle minucioso, todo lo que ha sucedido en nuestra nación durante la segunda quincena del pasado mes de Marzo, y damos por supuesto que nuestros lectores, á más de enterados perfectamente de cuantas causas del paro colectivo de los citados Cuerpos se han hecho públicas, han sido víctimas también del trastorno originado en la vida de relación social, y aun de los perjuicios que á gran parte de
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IV

Un mismo principio domina á nuestro juicio la solución que ha de darse á estos dos problemas: el predominio del supremo interés de la sociedad, que es la conservación del orden, el respeto á la autoridad.

El Estado tiene obligación de cumplir para con sus funcionarios sus deberes de patrono. Debe mejorar su condición en cuanto sea posible. Igualmente habrá de contar con el consejo de sus funcionarios para toda reforma en los servicios públicos. Alentará á sus funcionarios á que cultiven más y más su valor profesional. Pero si deja incumplidas esas obligaciones, no es posible imponérselas por medio de la fuerza. No cabe, por ejemplo, una huelga de funcionarios públicos. No cabe la formación de asociaciones de combate contra el Poder público. Por nobles, por grandes que sean los fines que se propongan, es más noble y más grande servir. Por importantes que sean los bienes que se sigan á la sociedad, es mal mucho mayor que esos bienes el abandono y la orfandad de aquellos servicios indispensables para la vida de la sociedad, la desconceptuación del Poder público, el germen de anarquía que se siembra precisamente por los que están llamados á ser los más firmes baluartes del orden social.

¿Quiere esto decir que condenemos toda asociación de funcionarios, toda representación, incluso pública, que estos dirijan á los Poderes públicos? Indudablemente que no.

Bien está que los funcionarios se asocien para la práctica de la mutualidad, para el estudio de aquellas cuestiones que interesan á su función, para la dignificación de su clase exigiendo de todos, incluso del Estado, el respeto del honor profesional, para eliminar á los elementos nocivos que desprestigian la profesión con su conducta irregular, para procurar dentro de lo justo y de lo posible la obtención de ciertas ventajas patrimoniales que, refiriéndose á cada uno de ellos, son, sin embargo, de interés común—subida de sueldos, pensiones de jubilación, etcétera—para defenderse de las intromisiones de ese Poder irresponsable y anónimo de la política, que trata frecuentemen-
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la nación se han causado, con la interrupción de las comunicaciones de modo tan inconsiderado y absoluto.

Una petición de mejoras, indudablemente atendibles por justas, pero que por serlo no debieron jamás formularse fuera de la legalidad para que no perdieran la fuerza de la razón que las amparaba, motivaron en los empleados del Estado una actitud de violencia que no dejó de sorprender á los más, y esta actitud, enérgicamente sostenida, ha venido á demostrar junto con la indefensión en que se hallan los intereses colectivos de la patria, la extensión adquirida por cierto sindicalismo en España, que al calor de la libertad de asociación, obtiene un desarrollo tal, que es gran peligro que se alza en el porvenir, tanto para el orden social como para los intereses individuales ó sociales más respetables, que han de vacilar ante el empuje formidable de las llamadas sociedades de resistencia.

Estúdiese detenidamente este problema—ya que también dentro del campo católico tiene partidarios la organización sindicalista—porque además de que consideramos reprobarle toda violencia, tenemos por peligrosa la sindicación para la resistencia, considerando que las organizaciones sindicalistas pueden ser armas ciegas, cuyos daños es imposible prever, pues siendo sumamente fácil lanzar al proletariado de levita ó de blusa á la perturbación, es también sumamente difícil poner un límite á las consecuencias que de la perturbación dimanan, y temerario en todo momento dotar de una fuerza á las masas y hacerlas conscientes de ella, cuando es sabido que las masas se mueven siempre no por reflexión sino por pasión, y que las multitudes sólo se aquietan y tranquilizan con la victoria, aunque para lograrla queden arrolladas la equidad y la justicia, no pocas veces.

Tal ha ocurrido durante el último movimiento huelguista, primer caso dado en España donde no se conocía la huelga de funcionarios públicos, pues es evidente que por la querella suscitada entre el Estado y sus empleados, ha venido á padecer y se ha resentido el interés general, siendo la única víctima de la huelga la nación en masa, el ciudadano, el contribuyente, el tercero en la discordia, que entregando cuanto por el Estado se le exige para costear servicios públicos, se ha visto privado de ellos sin merecer la menor consideración, no obstante constar su inocencia á los elementos huelguistas, que fueron derechos á vencer desde el primer mo-
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mento, como lo han conseguido, arrollando al poder público y arrancándole por la violencia del paro general en los servicios, cuanto contenían las peticiones formuladas.

Siempre fuimos—habla el autor de estas líneas—enemigos declarados del llamado derecho á la huelga, que una ley, por cierto liberal conservadora, reconoce y sanciona. Creemos esa ley disolvente, como lo demuestra su aplicación á la realidad, y lo abona el recuerdo de las huelgas ferroviarias planteadas acogiéndose á los absurdos preceptos legales, y hoy más reputamos ilícitas las huelgas y condenamos, sobre todo, el paro en los servicios públicos, tachándole de revolucionario, sin temor á que se nos contradiga.

El empleado público, y no digamos el funcionario, carece del derecho á la huelga. Es más, aunque ese derecho lo reconozca y garantice una ley, esa ley no puede en modo alguno extender su error hasta amparar á los empleados del Estado.

Y hay que distinguir, claro está, entre estos dos términos, entre estas dos denominaciones de funcionario y de empleado. Porque mientras el empleado es el serviciario cuyo trabajo se utiliza mediante una retribución llamada sueldo ó salario, el funcionario público es un elemento del Estado mismo, que ejerce funciones en nombre de éste, y por éste delegadas, al extremo de que así como sería válida en cualquier caso para los efectos del trabajo, la sustitución de la persona del empleado por otra igualmente apta para el fin que aquél realiza, no lo sería la sustitución de la persona del funcionario, aunque éste fuera tan modesto como un alcalde de barrio, si el sustituto no estaba investido de la representación y autoridad delegada que el funcionario ostenta.

Y lo prueba el ejemplo siguiente: Un telegrama trasmitido por quien conozca la manipulación del aparato trasmisor, cumple su fin y es válido, sea ó no empleado quien le trasmita: una simple fé de vida, un informe de conducta, no es válido, sino nulo, si carece de la firma del alcalde de barrio, que es el funcionario que ha de autorizarlo, y al cual no puede sustituir quien no esté investido de su autoridad y carácter.

Por eso de una huelga de funcionarios no es posible ni aún hablar. Sería siempre revolucionaria. Supondría el Estado en disolu-
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ción, puesto que serían sus propios elementos luchando contra su propia constitución. ¿Pero es posible admitir tampoco la huelga de empleados?

Aparte ya del derecho á la huelga que negamos, el empleado público no está en las condiciones del obrero libre, por ejemplo, para poder disponer á su antojo de la libertad de no trabajar.

Dada la situación en que se halla la empleomanía española, existe de hecho entre el Estado y sus empleados un contrato bilateral. En virtud de él, el Estado se compromete á dar un estipendio al empleado por el trabajo que realiza, á pasarle una pensión de retiro en caso de inutilidad por vejez, á sostener y amparar á su viuda ó huérfanos en caso de fallecimiento.

Por su parte, el empleado que acepta de modo implícito estas condiciones, al aceptar la credencial de su empleo queda comprometido á trabajar en la forma, tiempo y condiciones que el empleo exige.

Cualquiera de los dos que falte á estos compromisos, incurrirá en un incumplimiento de contrato, y para regular y fallar sobre estos asuntos, entre otros, existe el tribunal de lo Contencioso-Administrativo.

Por tanto, el empleado público no puede holgar; desdora su firma si quebranta el contrato aceptado libérrimamente, y, en todo caso, si llega un momento en que estima lesivo para él el contrato realizado, lo más que en buenos principios de derecho le corresponde hacer es pedir la rescisión de ese contrato, de acuerdo con la otra parte contratante, para proceder á su reforma.

Y de lo escrito se deduce que toda otra conducta es esencialmente revolucionaria. Constituirse en asociación de resistencia, cualquiera que sea su denominación, supone el empleo de la violencia, el uso de la fuerza que da el número y el conocimiento de los servicios, para ejercer una coacción decisiva con el paro general, con la huelga absoluta.

Y esta conducta es la que se ha seguido en el último movimiento, del que tan maltrecho ha salido el poder público, que ha tenido que ceder á la presión de los huelguistas, aparte ya de la razón que pueda asistirlas.
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Y es el daño mayor, de los muchos que con esto se han originado, el del ejemplo funestísimo que constituye, porque dada la complicación de las funciones y servicios que exige la vida moderna, apenas la armonía que entre ellos reina sufre una perturbación de la naturaleza que apuntamos, todo se trastruca y todo viene á refluir contra el orden social establecido, lesionando la paz pública, sin la cual es imposible ni la prosperidad nacional, ni el desarrollo de la actividad colectiva, ni aquella ponderación y equilibrio que debe existir entre todas las clases.

Y que estos movimientos y organizaciones no se pueden permitir, ni es posible cohonestarlos con una legislación medianamente previsora y prudente, lo está pregonando el hecho de haberse visto España advocada, á las pocas horas de plantearse tan excepcional situación, á una revolución ó á una dictadura, castigos igualmente temibles y que sólo se pueden evitar con una organización política y social eminentemente cristianas, y una legislación de la que estén ausentes principios tan erróneos como utópicos que sólo el sectarismo ciego puede aceptar, partiendo de un falso concepto de la libertad individual, punto de partida que, lógicamente, conduce á la última consecuencia, que es la que obtienen fatalmente las masas revolucionarias.

En diferentes ocasiones hemos defendido en estas páginas, la necesidad, porque así lo indican de consumo la prudencia y la previsión, de encauzar las fuerzas organizadas de la Acción Católica Social hacia el campo de la política.

Esa teoría tan generalizada de que la Acción Social Católica debe mantenerse ausente de toda intervención en las luchas políticas por la conquista del poder ó á lo menos por la consecución de una influencia, directa y positiva en la gobernación del Estado, siempre la reputamos un error funesto, y hoy vemos con satisfacción que publicaciones de carácter social, por cierto con bien ganado crédito dentro de esta esfera de la actividad de los católicos, se pronuncian y aconsejan en tal sentido.

Aunque tarde, bueno es que esta semilla haya prendido al fin, y de desear sería que fructificara espléndidamente, porque es indu-
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dable que en la lucha entablada con nuestros adversarios de nada é de muy poco valdrán cuantos esfuerzos realicemos por conseguir la dignificación y regeneración de las masas obreras, si dejamos libre el camino que conduce al poder á los que desde él pueden perseguirnos y anularnos.

Algunos periódicos de nuestra significación y tendencias, estiman significativo y se lamentan por ello, del crecimiento que en las pasadas elecciones ha tenido la minoría socialista del Parlamento, y aunque realmente tal aumento de representantes del partido socialista en las Cortes, se ha debido á circunstancias especiales que han despertado en los afiliados al socialismo junto con sentimientos de rebeldía, sentimientos de commiseración hacia los cuatro diputados electos que todavía se hallan en el penal de Cartagena, ello es que el triunfo de ahora no puede negárseles, y que su ejemplo se ha de imitar, si se quiere contrarrestar el avance de un peligro cierto que amenaza al orden social con tanto mayor fundamento, cuanto mayor es el número, y la decisión de las agrupaciones socialistas españolas, francamente revolucionarias como constantemente afirman sus jefes.

Y hay además otra razón para que los católicos aspiren á intervenir en la vida pública si es que quieren existir y ser respetados. Porque en efecto, ¿de qué sirven actualmente cuantas conquistas y mejoras legales se puedan obtener de los Poderes públicos?

Estimados colegas en la prensa social, indican la necesidad de conseguir del Parlamento nuevas leyes sociales que vengan á mejorar la situación de los trabajadores y de los obreros, estableciendo reformas como las pedidas por el Sindicato de Obreras de la Inmaculada, por ejemplo, pero hay que convenir, en que ni las leyes obtenidas hasta aquí, ni las que en lo sucesivo se obtengan, servirán de nada si no se consigue al propio tiempo su exacto y fiel cumplimiento, que es lo que está pasando con numerosas disposiciones, tal, la del descanso dominical, por ser la que más á punto recordamos, que se cumple á medias, cuando se cumple, motivando las justas protestas de gremios, á los que la infracción de la ley lesioná.

El Social, de Barcelona; La Integridad, de Tuy, cuantos ya piden que se extienda á la calle el radio de acción de las agrupaciones católico-sociales, están en lo firme al reclamarlo.
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Para esa campaña tan necesaria, y de cuya urgencia no es necesario hablar porque es harto clara, suponemos que ha de encontrarse apoyo en todos los que estén decididos á separar los campos y á buscar dentro de los partidos políticos católicos españoles tiendas de campaña para la lucha que ya está planteadá en el mundo con el socialismo arrollador que amenaza invadirlo todo.

El Excmo. Sr. Obispo de Dora y Prior de las Ordenes Militares, Dr. Irastorza, acaba de publicar una hermosa exhortación pastoral acerca de «Los deberes de la caridad en la hora presente». Es este trabajo, debido á la docta pluma del virtuoso Prelado, un estudio social en el que brilla la llama de la caridad cristiana, y lleva por lema el mismo que campea en su escudo prelacial, «La caridad de Cristo nos apremia», lema en que se inspiran las consideraciones que el Obispo hace á sus amados diocesanos para estimularlos á la práctica de la virtud más necesaria y eficaz en los días presentes.

«Es un error suponer—dice—que las necesidades de la vida quedarían convenientemente atendidas con solo respetar y traducir á la práctica, los principios salvadores del derecho y los supremos postulados de la justicia social. Hay vacíos que no pueden llenarse, lagunas que no pueden cubrirse, abismos que no pueden salvarse por la justicia divorciada de la caridad, pues sin la caridad, en frase de Donoso Cortés, no existe, ni ha existido nunca, ni existirá jamás, una equitativa distribución de las riquezas: Solo Dios podía resolver este problema, que es el problema de la humanidad y de la Historia».

Hace el autor de la pastoral que nos ocupa, una síntesis de los diversos aspectos que puede tener la caridad y de su influencia en cada caso y encamina sus consejos, á recomendar el apoyo y cooperación de sus diocesanos para sostener en próspero estado, los Comedores de Caridad; las beneméritas instituciones del «Ropero» y de la «Gota de Leche»; la Cocina Económica, y especialmente las Conferencias de San Vicente de Paul, que dice desearía ver extendidas como una inmensa red protectora de los débiles, por toda la diócesis prioral.

A todos los párrocos, sobre quienes ejerce jurisdicción, recomienda el Prelado la fundación de las Conferencias, y les exhorta á co-
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menzar una cruzada de caridad, con carácter permanente, anunciando que crea en Ciudad-Real, capital de la diócesis, un organismo diocesano, que se llamará Comisión de Beneficencia, con la misión de organizar instituciones de caridad, estimular su fundación, promover su desarrollo, velar por su conservación y sobre todo infundirles espíritu de abnegación y sacrificio, porque siendo el espíritu de Cristo, es la mejor garantía de prosperidad.

La sesión celebrada por el Montepío de Santa Madrona, en la iglesia de Santa Ana, de Barcelona, para tratar de favorecer á las mujeres que viven de su trabajo, ha sido un acto social interesante.

Leída la Memoria por la señora Secretaria, ocupó la Tribuna don Ramón Albó y Martí, quien empezó su trabajo dedicando unos sentidos párrafos á la memoria del doctor Gatell, recientemente fallecido, fundador que fue del Montepío que celebraba el acto.

Entró, luego, en el tema de su conferencia, comenzando por describir con una claridad meridiana la situación actual de las obreras y especialmente la de las de la aguja y las causas que contribuyen á empeorarla.

Animó á las obreras á asociarse cristianamente para la defensa de sus derechos profesionales, y les dijo que era cuestión de examinar si lo que no podían los demás hacer por ellas, podían hacerlo ellas mismas.

Citó á este efecto, lo mucho que llevaba realizado el Montepío de Santa Madrona, y propuso la fusión de todas las entidades análogas, para crear el «Palacio de la mujer que vive de su trabajo», que de no hacerse así, puede crearse emitiendo acciones de 25 pesetas entre las cinco mil asociadas, las cuales pueden realizar el proyecto suscribiéndose á pagar 25 céntimos al mes.

Dicho está que el proyecto fue acogido con caluroso entusiasmo, y que el «Palacio de la mujer que vive de su trabajo», será una realidad muy pronto en Barcelona. Lo celebraremos.

La diócesis de Barcelona celebrará este año Asamblea diocesana de Centros obreros, en la que se discutirán los temas siguientes:
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I.—Finalidad de las Asociaciones obreras.—Formación integral del obrero.—Cooperación del obrero á la obra de su dignificación y mejora.

II.—Fin religioso.—Catequesis y apologética en los centros obreros.—Prácticas religiosas.

III.—Fin instructivo.—Escuelas en los Centros obreros.—Círculos de estudios.—Educación por la prensa.—Necesidad de fomentar las obras post-escolares para nutrir los centros obreros.

IV.—Fin económico.—Ahorro, Mutualismo, Previsión, Cooperación, etcétera.

V.—Fin social.—Secretariados populares.—Bolsas de trabajo.—Necesidad de la sindicación profesional y relaciones entre las uniones profesionales y los centros obreros.

VI.—Fin recreativo.—Indicaciones prácticas acerca de los diversos géneros de recreación en los círculos.

Durante los días 4 y 5 de Abril se habrá celebrado en Madrid, la Asamblea general de la Confederación Nacional Católico Agraria.

El programa de las reuniones, según ha hecho público el Presidente señor Monedero, era el siguiente:

Reunión preparatoria del Consejo Directivo

Dia 2, á las catorce.—Preparación de los trabajos de que se ha de ocupar la Asamblea.

Dia 3, á la diez.—Lectura y perfeccionamiento de los acuerdos tomados durante el año, referentes á las Secciones y ordenación de los trabajos sobre las mismas.

Idem á las catorce.—Idem, idem sobre otros asuntos y proposiciones.

Asamblea general

Dia 4, á las diez.—Presentación de representaciones y exposición de asuntos á tratar.

Idem á las catorce.—Estudio del primer tema, sobre la intensificación de la acción moral en nuestras obras.
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Idem de los medios más á propósito para ayudar á los obreros del campo.

Dia 5, á las diez.—Perfeccionamiento de la organización de las secciones é intensificación de su acción.

Idem á las catorce.—Continuación y proposiciones, ruegos y preguntas.

Dia 6, á las doce y media.—Banquete y despedida.

Oportunamente daremos cuenta de estos actos, así como también de otros celebrados y de que hoy no hacemos mención en atención á las proporciones de extensión de la presente Crónica.

A. DE MIRABAL.
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Informaciones

Las Cooperativas rurales en Servia

Las Cooperativas rurales de Servia, que estudia el Boletín mensual de Instituciones Económicas y Sociales, en su número publicado en Julio último, se fundaron y comenzó á funcionar la primera en 1894.

Además de las causas de carácter general que hacen más tardía la creación de las cooperativas rurales en comparación con las urbanas (como, por ejemplo, el más bajo nivel medio de cultura, la falta de capitales, la escasez de administradores inteligentes), la creación de las Cooperativas rurales en Servia tropezó con dos obstáculos especiales que merecen ser señalados:

1) La preponderancia, hasta la segunda mitad del siglo pasado, de la economía natural en el campo; y
2) La identificación de la hacienda económica en la comunidad familiar. Estas familias, con frecuencia muy numerosas, se componían á veces de 50 y más personas.

Se comprende enseguida que este ambiente no fuera el más conveniente para la constitución y el funcionamiento de las Cooperativas.

La producción particular, en efecto, basta para satisfacer las necesidades propias, y el agricultor no puede darse cuenta de la contribución que tendría que pagar á sus proveedores en caso en que se viese obligado á comprar en el mercado lo que necesita. Por lo tanto, no siente la necesidad de librarse de la misma por medio de la creación de Cooperativas de Consumo; además, en una economía natural y en el cultivo extensivo, la importancia del capital es relativamente poco considerable, por lo tanto se siente menos la necesidad de crear Cooperativas de crédito. Y se siente también menos la necesidad de crear Cooperativas de producción y de trabajo,