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Art. 11. El precio que se saque en venta de los animales muertos ó inutilizados se deducirá de la cantidad reintegrable. Los dueños vendrán obligados á quedar con estos despojos por el precio que prudencialmente sea justipreciado, si no se realice la venta.

TÍTULO IV
De los asociados ó suscriptores

Art. 12. Toda persona con derecho á contratar puede ser admitida en la sociedad presentando su adhesión que especifique el estado y número de animales que desee asegurar. La Dirección extenderá un resguardo mútuo expresivo de los nombres, apellidos y domicilio del suscriptor, especie y sexo de animales que asegure, su edad, talla, reseñas necesarias, trabajos á que los dedican, valor en tasación, cuota que ha entregado y duración del seguro. Estos resguardos mútuos irán respaldados con los presentes Estatutos y sellados con el de la Compañía; los firmará el Director gerente y el suscriptor, á quien se le entregará uno para su resguardo.

Art. 13. El seguro durará un año, pasado el cual deberá presentar su resguardo el interesado para su renovación, y si pasados los últimos treinta días del seguro no diese aviso de querer continuar para el próximo año, se entiende que se retira de la sociedad.

Art. 14. En el caso de venta, permuta ó traslación por herencia de los animales asegurados, el socio primitivo dará aviso por escrito á la Dirección ó sus representantes de si el nuevo dueño se conforma con el seguro para hacer las anotaciones correspondientes, y de no hacerlo queda obligado á pagar las cargas sociales que ocurran y le correspondan durante el año del seguro.

Art. 15. La Compañía tendrá veterinarios ó albéitares nombrados donde sea necesario, para los reconocimientos y justiprecios de los animales, cuyas operaciones practicarán bajo su responsabilidad, procurando que se les fije por lo menos una quinta parte menos del valor que tengan y certificando su estado de salud; estos reconocimientos y tasaciones serán pagados
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por los socios. Podrá la sociedad, de su cuenta, disponer se retasen cuando lo juzgue conveniente para cerciorarse de la exactitud de los valores.

TÍTULO V
Declaración y pago de las pérdidas

Art. 16. En caso de enfermedad ó accidente sobrevenido á los animales asegurados, el suscriptor deberá dar desde luego aviso por escrito á la Dirección y llamar al abéitar nombrado por la Compañía á fin de que practique el oportuno reconocimiento y sin perjuicio de la curación que hará el veterinario que le asista.

Art. 17. Si se reconoce haber pasado más de tres días desde que un animal esté enfermo sin haber dado el competente aviso al representante y al abéitar de la sociedad, según previene el artículo anterior y sobreviene algún accidente siniestro, queda éste de cuenta del suscriptor.

Art. 18. Siempre que ocurra algún siniestro, el suscriptor está obligado á hacerlo constar inmediatamente por medio de certificado del abéitar ó persona autorizada, y por justificación ante el Director gerente en la ciudad, y de sus delegados en los partidos en donde se comprueben todos los pormenores del siniestro que hagan ver palpablemente que no ha existido dolo, descuido, abandono, temeridad, ni mala intención contra la vida del animal.

Art. 19. En los tres días siguientes desde que tuvo lugar el accidente, el suscriptor está obligado á remitir al jefe de la sociedad en la provincia el expediente instruído y de que habla el artículo anterior para que pueda ser examinado por la Junta de vigilancia, de modo que antes de quince días pueda ser dirigido á la Dirección para su examen y aprobación por la Junta de gobierno.

Art. 20. Cualquiera infracción en los artículos 17 y 18, priva á los suscriptores de su derecho á la indemnización del accidente siniestro.

Art. 21. Aprobado el expediente del siniestro, será satisfecho, pero ninguna socio tendrá derecho á reclamar hasta que
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hayan transcurrido 60 días desde la muerte, que es el tiempo necesario para la justificación é indagación legal, y 90 si el siniestro ocurriese fuera del partido.

TÍTULO VI

Del capital de la Compañía y sus ingresos

Art. 22. El capital de la Compañía se compone del valor de todos los animales asegurados, y por su naturaleza es responsable de los siniestros que sufra cada asociado, esto es, que todos están obligados á satisfacer la parte que les corresponda para el pago de los siniestros que ocurran durante el año del seguro, aunque después se retiren de la sociedad por cualquier concepto.

Art. 23. Para atender á la indemnización y pago de los siniestros ocurridos cada año, todo suscriptor contribuirá en proporción del valor de los animales que tuviere asegurados y según la clase á que pertenezcan por razón de los riesgos expresados en el artículo 6.º, con la cantidad que le corresponda.

Art. 24. Estas cantidades se repartirán en las proporciones siguientes:
Los de la primera clase pagarán el dos y medio por ciento del valor asegurado.
Los de la segunda clase pagarán el tres por ciento.
Los de la tercera clase el tres y medio por ciento.
Los de la cuarta clase el cinco por ciento.
El ganado caballar extranjero pagará uno por ciento más que el español sobre lo que está fijado para cada clase.
En caso de ser necesario recurrir al dividendo durante el año, se hará observando las proporciones anteriores y el artículo siguiente.

Art. 25. El año social se cuenta desde 1.º Enero á 31 Diciembre; pero á fin de equilibrar las cuotas contributivas, los que ingresen desde 1.º Abril á fin de Junio, pagarán sólo tres cuartas partes de lo que corresponde á los asociados de Enero, Febrero y Marzo; los que ingresaren desde 1.º Julio á fin de Septiembre, pagarán una mitad, y los que ingresaren desde 1.º Octubre á fin de Diciembre pagarán una cuarta parte.
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Art. 26. Las cuotas contributivas deberán satisfacerse por los asociados en metálico en poder del tesorero ó banquero que nombre la Junta de gobierno y vigilancia y en el plazo que ésta designe, sin que puedan excusarse de su pago, y no haciéndolo podrá la Dirección proceder con arreglo á derecho contra el deudor para hacerla efectiva; siendo de cuenta de aquéllos los gastos que se originen, y quedando entre tanto en suspenso los efectos del seguro, y sin derecho á indemnización en caso de siniestro.

TÍTULO VII
Del fondo de reserva

Art. 27. Para cumplir debidamente con lo que dispone el artículo 23 en cuanto al pago de siniestros y evitar el inconveniente de hacer varios repartos en un mismo año, habrá un fondo llamado de reserva.

Art. 28. La cantidad de que se haya de componer este fondo, será el tres por ciento del valor asegurado, y para él contribuirán todos los asociados del modo y forma que determinan los artículos 23, 24 y 25.

Art. 29. La cuota que corresponda á cada asociado la hará efectiva al tiempo de entregarle la póliza ó nuevo estado, y se le descontará de la cantidad que se le haya señalado al fin del año en el reparto general.

Art. 30. De este fondo anticipado se satisfarán los siniestros que ocurran y se atenderá á su renovación con la anticipación correspondiente, á juicio de la Junta de Vigilancia.

TÍTULO VIII
De la administración de la Compañía

Art. 31. Don Francisco Ortega del Río, será Director gerente exclusivo de la sociedad, como fundador de ella, debiendo dar fianza por su cualidad también de administrador, á satisfacción de la Junta de gobierno y vigilancia; y cuando deje de serlo corresponde su elección á la Junta general con arreglo al Real decreto de 25 de Octubre último; podrá nombrarse
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un vicegerente para que desempeñe sus funciones en ausencias y enfermedades.

Art. 32. Al Director gerente corresponde:
1.º Administrar, dirigir y ejecutar todos los acuerdos y operaciones de la Compañía.
2.º Nombrar y separar los empleados y agentes de la administración.
3.º Firmar la correspondencia y proveer á todos los representantes de la Compañía de lo necesario para sus gestiones, y á los socios de los datos y noticias que puedan necesitar.
4.º Llevar con toda claridad y exactitud un registro matriz y diario general de la Compañía con los libros y documentos necesarios para la contabilidad de los cuales podrán entrase los asociados cuando lo pidan.
5.º Atender á todos los gastos de alquileres de edificio, impresiones, sueldos de empleados, porte de correspondencia, oficina, mueblaje, alumbrado y demás que sea necesario para el buen servicio de la administración; los gastos judiciales, extraordinarios y los recursos judiciales serán de cuenta de la sociedad.

Art. 33. Por la gerencia de todos estos cargos y para atender á los sueldos de empleados é indemnización de los gastos y adelantos hechos para la Compañía se cobrará tres cuartillos por ciento anual del valor de los animales asegurados y además cuatro reales por cada resguardo mutuo, que serán pagados al tiempo de firmarlo, siendo indispensable su renovación anual y un resguardo por cada animal.

TÍTULO IX

De la Junta de gobierno y vigilancia

Art. 34. La Junta de gobierno y vigilancia se compondrá de nueve individuos socios de la capital y tres suplentes nombrados por mayoría absoluta de los votos que concurren á la Junta general.

Art. 35. Se renovarán por terceras partes cada año, cesando los más antiguos, y en el primero y segundo los de más
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edad. Los nueve vocales serán elegidos también como expresa el artículo anterior, pudiendo ser reelegidos los salientes.

Art. 36. El cargo de vocal de la Junta será gratuito y voluntario.

Art. 37. La Junta de vigilancia al tiempo de su constitución, elegirá de entre sus individuos, presidente, vicepresidente y secretario, que lo serán de la Junta general.

Art. 38. Es privativo de la Junta de gobierno y vigilancia:
1.º Acordar la renovación del fondo de reserva cuando lo juzgue prudente, y antes de consumirse totalmente el anterior, dando después cuenta á la Junta general.
2.º Nombrar el tesorero ó banquero en cuyo poder han de depositarse los fondos de la Compañía.
3.º Autorizar el reparto anual de indemnización y fijar el plazo para su pago.
4.º Vigilar el exacto cumplimiento de los presentes Estatutos y proponer las reformas convenientes á los mismos.
5.º Examinar minuciosamente los trabajos de la Dirección.
6.º Aprobar los expedientes justificativos de los siniestros que ocurran y acordar su pago.

Art. 39. La Junta de gobierno y vigilancia se reunirá siempre que fuere necesario y cuantas veces tenga por conveniente; los acuerdos serán válidos con el número de individuos que asista.

Art. 40. Los acuerdos de la Junta se extenderán en un libro de actas y se firmarán por el presidente y secretario.

TÍTULO X
De la Junta general

Art. 41. La Junta general se reunirá todos los años en los primeros quince días del mes de Enero siguiente, convocada por la Junta de gobierno con la debida anticipación y por medio de los periódicos.

Art. 42. La Junta general la componen todos los socios de la Compañía, por sí ó representados debidamente.
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Art. 43. Las votaciones serán por mayoría absoluta de los que asistan á la Junta. Sus decisiones obligatorias á todos, cualquiera que sea el número que concurra.

Art. 44. Pertenece á la Junta general:
1.º Nombrar la de gobierno y vigilancia y al Director gerente.
2.º Fijar la cantidad que á de exigirse para el fondo de reserva.
3.º Examinar las operaciones, fiscalizar el estado de la Compañía y aprobar ó desaprobar los trabajos del Director gerente.

Art. 45. Las deliberaciones de la Junta general se extenderán en el libro de actas de la Compañía, y serán firmadas por el presidente, un miembro de la Junta y el secretario.

Art. 46. Las controversias que puedan ocurrir entre la Compañía y uno ó otro socio, se juzgarán por árbitros amigables componedores nombrados por la Junta de gobierno, y por un tercero en caso de no avenirse, que nombrará la autoridad local. El fallo que pronuncien será inapelable.

Art. 47. Sólo la Junta general podrá hacer alteración en estos Estatutos.

En Junta general de socios celebrada en este día, han sido reformados estos Estatutos, al tenor de lo prevenido en el Real decreto de 25 de Octubre de 1854, y aprobados por unanimidad de votos para que puedan regir en lo sucesivo.—Valencia, 4 de Marzo de 1855.—El Presidente de la Junta general, Vicente Camilleri.—El secretario, Victoriano Duarte.
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NOTAS DE ÚLTIMA HORA

DE ACCIÓN CATÓLICA

Otra Junta diocesana

El Emmo. Sr. Arzobispo de Toledo se ha dignado nombrar la siguiente Junta Central Diocesana:
Presidente, M. I. Sr. Dr. D. Gregorio del Solar Metola, canónigo doctoral.—Vocales, M. I. Sr. Lic. D. Antonio Ladreda Fernández, canónigo; M. I. Sr. Dr. D. Pedro Vázquez Rueda, Capellán de Reyes; Dr. D. Justino Alarcón de Vera, Beneficiado; Dr. D. Benito Muñoz de Morales, Cura económico de San Pedro.—Depositario-Tesorero, D. Tomás Santas Alonso, Director espiritual del Seminario.—Secretario, Dr. D. Ramón Molina Nieto, Párroco de Santa Leocadia.

Acción Social Católica

Por los respectivos prelados han sido nombrados los siguientes consejos diocesanos de acción católica:
Valladolid.—Presidente, D. Antonio Gimeno Bayón, Abogado del Estado.—Secretario, D. Francisco Mendizábal.—Tesorero, D. Eduardo Callejo.—Vocales, D. José M. González Echavarri, D. Ildefonso Muñiz, D. Antonio Jalón, D. Rafael Alonso Lasheras, D. Juan Duro, D. Alejandro Jiménez y don Justo Garrán.

El orden social y el principio de autoridad.

La Junta diocesana de Acción Católica de Barcelona, secundando la iniciativa de la Junta Central de Acción Católica, ha acordado la celebración de cuarenta conferencias en otros tantos centros de importancia sobre temas referentes al orden social, al principio de autoridad, solidaridad de las clases sociales, catolicismo y socialismo, capitalismo y anarquismo, el derecho de propiedad y otros igualmente interesantes.

El programa de estas conferencias ha sido repartido con una circular que termina de esta manera:

«Los frutos de semejante obra, apologética y práctica, no instantánea sino perseverante, habrán de ser con el divino favor, una mayor seguridad de criterio, la firme concordia de voluntades y la más eficaz concentración social para cuanto las posibles contingencias del presente y del porvenir exijan de
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REVISTA CATÓLICA
DE CUESTIONES SOCIALES

(Con censura eclesiástica).

LA LEY DE TRIBUNALES PARA NIÑOS

I

Por fin tiene España una ley de tribunales para niños. Por fin va á cesar el triste espectáculo de las puertas de la cárcel, cerrándose sobre un niño, cuyo principal delito es la desgracia. Va á cesar el en este caso odioso aparato de togas, de guardias y de esposas. Temis implacable se humaniza al fin. Buscará en lo sucesivo al culpable, no en el sér desvalido, expuesto á todas las solicitudes perversas que ejecuta materialmente los hechos, sino en los ejemplos perniciosos, en el ambiente viciado que todos contribuimos á crear. Y convencida de ello, usará con el delincuente niño de infinita misericordia, misericordia que será en este caso un acto de justicia,—darle lo suyo, aquello á que tiene indisputable derecho si sus padres no están capacitados para dárselo—la posibilidad de vivir una vida plenamente humana.

La delincuencia infantil crece de modo aterrador, porque el abandono de la infancia, que es su causa principal, adquiere proporciones aterradoras también. Es urgente poner al mal eficaz remedio. Ya sabemos que el verdadero remedio estaría en formar á los padres que no tienen por regla general ni la más re-
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los católicos en bien del orden y de los principios fundamentales de la sociedad».

La Junta Central de Acción Católica ha recibido numerosas adhesiones á la campaña emprendida por dicha Corporación en favor del principio de autoridad y de la defensa del orden social.

Por de pronto se adhirieron todos los Consejos diocesanos y en su defecto, los organismos de acción social que los suplen.

Alguna de dichas adhesiones son muy entusiastas y entre ellas merecen cita especial la Junta de Acción Católica de Barcelona, la Confederación de sindicatos profesionales católicos de Burgos que cuenta con 1.400 socios; el Gremio de Obreros y la Juventud Católica Social de la misma población; la Federación de Obras, la Juventud Católica de Murcia, el Centro Católico de Obreros de la Sagrada Familia de Igualada, la Junta de Defensa de los intereses católicos y patrios, y otras corporaciones de análoga importancia.

C. DE LA P. C.

Nuevo legado testamentario á favor del «Patronato Social de Buenas Lecturas»:

Don José Ruiz de Eguino, socio protector de esta benemérita Institución social, ha tenido la bondad de enviar á la Dirección del Patronato, como albacea testamentario del virtuoso sacerdote D. Juan Ignacio Munita y Eceizabarrena, párroco que fué de Andoain, un legado de 250 pesetas que el finado consignó en su testamento á favor del Patronato Social de Buenas Lecturas.

Al hacer público el hecho en estas páginas, hemos de manifestar nuestros votos porque cuando el ejemplo entre cuantos pueden favorecer las buenas lecturas, y pedimos á nuestros consejos y lectores una oración por el alma del señor Munita, que en la paz del Señor repose.

Deseando el Patronato honrar la memoria del finado y procurar á nuestras clases populares el beneficio de su generosa acción, acuerda costear con dicho legado un volumen de su biblioteca gratuita de cultura popular, el cual se editará próximamente, distribuyéndose entre los asociados de la Institución en los términos de costumbre, para que por ellos sea repartido al pueblo, realizándose así la obra de piedad cristiana á que aspira con sus publicaciones el Patronato Social de Buenas Lecturas.
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mota idea de las funciones educadoras que por ley Divina vienen obligados á desempeñar y en la que nadie—entiéndase bien nadie, ni el cura ni el maestro—pueden sustituirles del todo porque es de todos los momentos. Estaría en definitiva en la sólida y práctica formación religiosa de todos. Pero entretanto hay que hacer lo que se puede, hay que amparar á esos huérfanos morales, cuyo Padre celestial no puede menos de castigar con terribles penas ese gran pecado colectivo del abandono de los niños, expuestos al mal por una sociedad sin entrañas. El mal es de esos que estamos acostumbrados á ver todos los días—la prisión corruptora, el odioso mercado del vicio funcionando públicamente, el alcoholismo cerrompiendo la raza, los tribunales convertidos por efecto de leyes absurdas en amparadores de la mala fe—y por eso no despierta nuestra indignación. Temamos ese embotamiento de nuestra sensibilidad moral, como una especie de endurecimiento en el mal. Acaso esté más cerca de lo que creemos uno de otro. Mal seremos justos si cada injusticia que contemplemos, cada dolor que vean nuestros ojos no despierta en nosotros una santa rebeldía, y una profunda compasión.

II

La ley de bases establece tribunales para niños: primero, en todas las capitales de provincia; segundo, en las cabezas de partido donde haya establecimientos especiales consagrados á la educación de la infancia abandonada y delincuente.

Si la comparamos con los proyectos anteriores—Montero, Burgos y Mazo y Alvarado (1)—observaremos una gran ventaja sobre ellos. Ponían estos proyectos la creación de tribunales para niños, en relación con la existencia de aquellas sociedades, de tal modo que solo se establecerían donde las hubiera, con lo que, dada la penuria entre nosotros de instituciones de esa naturaleza, ó se creaban circunscripciones muy extensas, que al alejar al tribunal del medio en que el niño se ha desenvuelto imposibilitaban su función, ó se daba el absurdo

(1) Véase nuestro artículo Por la infancia culpable, en REVISTA CATÓLICA DE CUESTIONES SOCIALES, Abril de 1917.
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de aplicar únicamente la ley á los niños que hubiesen tenido la suerte de nacer donde hubiese sociedades de patronato. Por eso nosotros proponíamos que se creasen tribunales especiales allí donde las circunstancias locales lo consintieran y se invistiese en los demás sitios á los Jueces de 1.ª Instancia de las atribuciones que la ley da á los jueces de niños. La ley viene á remediar el inconveniente creando tribunales en todas las capitales de provincia, sin perjuicio de hacerlo en aquellas cabezas de partido donde existan establecimientos tutelares.

El tribunal será presidido por el Juez de 1.ª Instancia—sin perjuicio de que se designe un Juez especial en las localidades donde por el número de niños delincuentes se hiciere necesario—y estará formado por éste y por dos vocales designados por la Junta provincial de protección á la infancia, entre las personas residentes en la localidad, que por sus condiciones especiales ó sus conocimientos profesionales se hallen más indicadas para el desempeño de la función que se les encomienda. Esto, no obstante, podrá el ministro de Gracia y Justicia, nombrar Presidente del Tribunal de niños, á propuesta del Consejo Superior de Protección á la infancia á persona extraña á la carrera judicial.

La ley, como se ve, opta, á diferencia de lo que ocurría con los proyectos anteriores, por el Tribunal colegiado sobre el unipersonal. El juicio que nos merezca en este punto será distinto, según concedamos la preferencia á una ó otra forma de constitución. No hemos de reproducir aquí la polémica vieja en el derecho procesal entre los partidarios de uno y otro sistema. Es de alabar en principio la tendencia á aprovechar los organismos existentes, otorgando á las Juntas de Protección á la infancia la facultad de designar los vocales del Tribunal. Pero ¿viven en muchos casos esas Juntas en la realidad? ¿No son, como ocurre frecuentemente entre nosotros, organismos que solo en el papel existen?

En cuanto á la competencia de los tribunales, se extenderá al conocimiento de los delitos y faltas cometidas por los menores de quince años, á los casos previstos en la ley de 26 de Julio de 1878, sobre trabajos peligrosos de los niños; ley de 23 de Julio de 1903, sobre mendicidad de menores, y artículo 22 de
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REVISTA CATÓLICA
DE CUESTIONES SOCIALES

(Con censura eclesiástica).

LA ACCIÓN DIRECTA Y SUS PRÁCTICAS

I

El sindicalismo revolucionario tiene su filosofía, filosofía que como toda doctrina por errónea que sea encierra una parte de verdad. Esa parte de verdad, esas verdades que el sindicalismo ha puesto de manifiesto constituyen para nosotros el secreto de su fuerza cada vez más expansiva, más conquistadora en la sociedad contemporánea. Enseñando al obrero á confiar en sus propias fuerzas más que en la fuerza del Estado, haciendo la apología del productor, fustigando la ideología fuera de ciertos intelectuales, abominando de la política y del parlamentarismo, el sindicalismo ha sido un elemento poderoso de formación moral para el proletariado. Es imposible desconocerlo, sin perjuicio de que condenemos la exaltación de la violencia, el dogma social de la lucha de clases que se oponen al ideal de armonía social propuesto por el cristianismo y á la mansedumbre evangélica (1).

En la doctrina sindicalista juega papel importantísimo la

(1) Véanse dos recientes é interesantes artículos publicados por P. Thirion en La Revue des Jeunes L'action syndicale et ses del formation (25 Abril 1918) y Los doctrines syndicalistes (25 Enero 1919).