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CRÓNICA SOCIAL

FEBRERO, 1920

El sindicalismo: su discusión en el Parlamento.—El proyecto de sindicación obligatoria en las Cámaras.—Disparidad de criterio entre el Senado y el Congreso.—Católicos y socialistas rechazan la ley.—El peligro para la acción social católica.—Lo que dice el ponente de la comisión parlamentaria.—El partido socialista español es revolucionario.—La acción política de los socialistas: una proposición de ley.—El lock-out en Barcelona y la Casa Social Católica.—La propaganda católico-social en Madrid.—El vizconde de Eza y la Conferencia internacional del trabajo.—El ahorro español: la Hucha de honor.

La cuestión de Barcelona,—¿de Barcelona?—lleva ya varios días discutiéndose en el Parlamento, y en el momento en que escribimos esta Crónica han intervenido en ella oradores políticos muy significados.

Conocido lo que es la política en España, sería ocioso decir, que la cuestión de Barcelona que es la de España y la de todo el mundo actualmente, ha servido para que acerca de ella se pronuncien discursos muy elocuentes, pero sin sustancia alguna, ni finalidad práctica para resolver el aspecto social que presenta, aunque sin embargo ha servido para que hombres de los antecedentes revolucionarios del señor Lerroux hayan declarado, que el bolcheviquismo que ha hecho de Barcelona una ciudad de miseria y de muerte no merece ni piedad ni perdón.

Y algo es algo.

No queremos insistir otra vez en el examen que ya hemos hecho de esa organización obrera, que con el nombre de sindicalismo ha aparecido ostentando el marchamo ruso, porque sería repetir lo ya expuesto en Crónicas anteriores. Mas no hemos de dejar que pase la ocasión que la actualidad permanente, por desgracia, nos brinda, para clamar de nuevo en el desierto de la indiferencia española, contra ese peligro cierto que amenaza á la sociedad, á la que el bolchevismo aspira á destruir combatiendo lo establecido á sangre y fuego.
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Contra esa organización tirana, que amenaza de muerte á los obreros que no contribuyan con parte cuantiosa de su jornal á proporcionarla elementos pecuniarios; contra esa organización tenebrosa y cruel que ha hecho del asesinato procedimiento de lucha; contra el sindicalismo anárquico en fin, que ha hundido á Barcelona y que hundirá á España si le dejan, toda acción por enérgica que sea nos parece tibia, y creemos un deber de conciencia para todos el no omitir sacrificio alguno, hasta lograr ver estirpado el peligro, que es tan grande y tan seguro, como lo indica la frase de Groski que asegura en su libro últimamente publicado, que después de Rusia ninguna nación está tan preparada como España, para recibir la dictadura del proletariado, que tiene su forma de expresión en el soviet, y el ejemplo vivo de su gobierno en el estado caótico en que el pueblo ruso perece.

El gobierno español, que dentro de las doctrinas liberales reconoce el derecho á la expresión y propaganda de todas las ideas, no se atreve á oponer una barrera al paso del sindicalismo, atado para ello por los falsos principios que al liberalismo informan, y como no acepta el ejemplo que Cuba, la Argentina, los Estados Unidos, Suiza, Francia e Inglaterra, le dan, arrojando de su territorio á todos los sindicalistas extranjeros y persiguiendo como á fieras á sus nacionales, para atajar la propaganda sindicalista ha tenido la iniciativa de un proyecto de ley que los señores senadores han aprobado dormidos, y que es la enormidad más grande que por todos conceptos ha podido imaginar el autor del proyecto que lleva el título de «Sindicación obligatoria».

Como decimos esta enormidad ha salido del Senado; y tan enorme es, que al pasar al Congreso y al constituirse comisión dietaminadora, no sólo los elementos católicos, sino los propios elementos socialistas que por predicar procedimientos políticos son repudiados por el sindicalismo, que quiere la acción directa y aconseja y practica la propaganda por el hecho, han declarado que si eso fuera ley no la cumplirían, y que para evitar que lo sea, se opondrán á ello con todas sus fuerzas.
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Se confunde en efecto el sindicalismo con la sindicación, y es tan lamentable la confusión, que si ese proyecto fuera ley, tal y como están hoy las cosas, sería una ley hecha á beneficio del sindicalismo bolchevista y la muerte de las asociaciones y sindicatos católicos.

El señor Calvo Sotelo, ponente en este proyecto en el seno de la comisión en el Congreso ha dicho acerca de él:

«Apenas conocido llueyen los reparos de entidades á quienes afecta. El proyecto declara voluntaria la sindicación, pero quiere conceder al sindicato privilegios exclusivos y excluyentes. Si se aprobara tal como el Senado la ha aprobado, la acción social católica se moriría en flor.

Debe declararse—añade—la corporación sindical obligatoria, pero el sindicato libre: sin limitar á dos el número de sindicatos en cada localidad y menos aún negando á la minoría el derecho á la sindicación, pues es absurdo que el 20 por 100 de los obreros no pueda constituir un sindicato, por la razón de que el 80 por 100 forme ya otro. Hoy que respetar el sagrado derecho de las minorías.

Me parece—dice después—en desconocimiento craso de la realidad exigir como mínimo un sindicato de 300 obreros, por que la personalidad sindical debe reconocerse allí donde existe un núcleo definido por la común profesión: y este puede ser el número modesto de un taller pequeño igual que el opulento de un gran centro fabril».

Claro que estos son defectos de bulto, cosas que no es creíble que pasaran inadvertidas al Senado, porque hay más errores y torpezas de tanta trascendencia, que harán que el proyecto fracase, lo que por fortuna ocurrirá.

Mientras tanto, los diputados socialistas han presentado al Parlamento la siguiente proposición de ley, que reproducimos para que quede en nuestra colección como elemento de juicio para los tratadistas sociales.

Dice así:
«Al Congreso de los diputados:
Los diputados que suscriben, teniendo en cuenta que su
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deber les impele á recoger las aspiraciones mínimas y apremiantes del proletariado español y las ansias generales de mejora que existen en el país, aprovechan el debate mantenido en la Cámara sobre la cuestión social para proponer unas normas que, aceptadas por el Poder público, puedan dar satisfacción inmediata á las reivindicaciones más perentorias de las organizaciones obreras, á las clases medias y á la conciencia liberal de España. En su virtud, recaban del Congreso acepte las siguientes bases:

1.ª Se constituirá una comisión de carácter técnico permanente en donde se investiguen las deficiencias de nuestra Economía y las posibilidades industriales y comerciales que de su estudio se derivan, se crea un Consejo técnico económico encargado de preparar los proyectos de ley de orden fiscal y estudiar y proponer al Estado—óídas las representaciones permanentes de las organizaciones obreras y de las Asociaciones de carácter científico cuyos fines sean congruentes con los del Consejo—las medidas que juzgue mejor encaminadas para obtener de los medios económicos nacionales el rendimiento de que son susceptibles.

2.ª El Estado rescatará la economía nacional revisando la concesión de servicios (ferrocarriles, aguas, minas, etc.), de monopolios y los contratos de arrendamiento de administración de rentas estancadas (tabacos, explosivos, etc.) Las Empresas que se creen, ya para sustituir á las actuales, bien para cumplir fines de igual naturaleza, se considerarán «Empresas de Derecho público»; tendrán una administración autónoma y estarán dirigidas por un Comité nombrado por el Consejo de la Empresa, compuesto de los representantes del Gobierno, de los consumidores y—constituyendo una unidad—de los obreros y personal director.

3.ª El estatuto de las Empresas privadas, así comerciales como industriales, en lo que concierne á su relación con el personal, se acomodará á las siguientes bases:

a) El Sindicato profesional será, mediante la representación que libremente elija, el único llamado á concertar con los representantes patronales las condiciones del contrato de trabajo.
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b) El Sindicato nombrará un delegado que inspeccione así el cumplimiento de las condiciones del contrato como las prescripciones de las leyes sociales. El nombrado tendrá el carácter oficial de inspector obrero en tanto no lo revoque el Sindicato. El inspector obrero, de conformidad con el Sindicato, podrá nombrar subdelegados para que le ayuden en el cumplimiento de su misión.

c) Las cuestiones de derecho disciplinario que se susciten, los disentimientos que surjan á propósito de los salarios ó los conflictos que se originen con ocasión de elaborar el contrato de trabajo ó de su interpretación, habrán de ser llevados á un Tribunal industrial, con Jurado obrero-patronal y presidido por jueces especiales.

d) Las organizaciones obreras tendrán derecho á nombrar una Comisión con facultades para intervenir en las juntas de accionistas, si las hubiere, y en todo caso á revisar los libros de contabilidad y cuanto considere necesario para el conocimiento de la vida del órgano económico á que pertenezcan sus miembros.

4.ª Teniendo en cuenta que los instrumentos y medios materiales de producción han de estar en todo momento al servicio de ésta para cumplir su fin social, el Estado requisará tales instrumentos y medios inmediatamente que por sus poseedores sean negados á los trabajadores, y los pondrá á disposición de los Sindicatos y del personal técnico que á este efecto se nombre.

5.ª El Estado, mediante órganos especiales, en los que tenga representación la clase obrera, establecerá las bases del salario mínimo, determinando en la escala descendente un límite infranqueable; límite que señalará, en vista no sólo de las necesidades vitales del trabajador, sino de las elementales exigencias humanas que es preciso crear en él.

6.ª El Estado obligará á los Sindicatos patronales á crear el seguro contra el paro, modo el más eficiente de modificar conjuntamente con la realización de las demás medidas propuestas la actual situación social.

7.ª Teniendo la tierra para la economía un valor instrumental, es obligación del propietario darla el cultivo adecuado
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para su máximo rendimiento. Si, no obstante el requerimiento de las autoridades técnicas, no lo hiciese, la tierra será entregada al Sindicato obrero, quien la labrará inspirándose en el criterio del organismo técnico asesor.

8.a La propiedad que se encuentre en régimen de contrato de arrendamiento se considera que puede persistir en tal forma en tanto sea esta la voluntad del tenedor arrendatario, quien en todo tiempo podrá hacerla suya mediante el abono de la cantidad á que ascienda la evaluación del fundo arrendado, ó bien por la formalización de un contrato de venta pagado en veinte años. Las mejoras serán imputadas por entero á quien las hizo, y la renta podrá ser denunciada por usuraria.

El contrato de arrendamiento sólo puede revisarse cada diez años.

9.a En todo término municipal se reconstruirá un patrimonio comunal, tomando la tierra de las propiedades privadas, según una escala progresiva, la cual no afectará á quienes posean un fondo de la extensión que es necesaria para el sostenimiento y ocupación de una familia. La propiedad comunal debe alcanzar un mínimo del 10 por 100 del término. La administración de la propiedad comunal habrá de ser entregada á una representación mixta del Municipio y el Sindicato obrero. Se hará una revisión de los deslinde de propios y de los expedientes instruídos con ocasión de los mismos en los veinte años últimos.

10. Se declaran fincas expropiables las superiores á 250 hectáreas de tierra de sembradura ó 500 de sembradura, pasto y monte; pero en aquellas en que el propietario esté incorporado á la labor y el rendimiento sea superior á la medida de la provincia podrá conservar la casa-labor y 250 hectáreas y quedar como director de la empresa agraria.

11. Las grandes fincas expropiadas serán organizadas cooperativamente y dirigidas por un técnico.

12. Estimando que las medidas encaminadas á reforzar la economía individual de las clases obreras y medias son desvirtuadas, á veces incluso totalmente, si no se hace una política, de precios de las mercancías, se crearán «Oficinas públicas de Subsistencias» con las facultades ejecutivas de requisar y ta-
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sar los artículos de primera necesidad. Estas oficinas se convertirán para tales efectos en Cooperativas de consumo. Los derechos de transporte sobre los artículos consignados á una «Oficina pública de Subsistencias» serán objeto de un estudio especial sobre tarifas.

La resistencia por motivos de especulación á hacer los cultivos necesarios á la economía nacional justificará la requisición de la tierra.

13. Estimando que las anteriores bases requieren una política fiscal que facilite su logro, el Estado declarará exentos de toda tributación directa á los que tengan un ingreso total inferior á 3.000 pesetas; establecerá el impuesto fuertemente progresivo sobre la renta territorial, sobre la renta global y sobre sucesiones, llegando en éste á la incautación en el cuarto grado de parentesco.

14. El Estado creará como medida inmediata 5.000 escuelas primarias, y se irán aumentando en la proporción que lo haga posible el número de maestros que salgan de las Normales. Estas escuelas primarias tendrán cantina y ropero escolar, y en casos concretos deberán extender su función á la ayuda económica de la familia de niños necesitados.

La escuela debe preparar, entre los doce y catorce años, para la vida profesional.

Las escuelas de Artes industriales tendrán dotación bastante á fin de que no carezcan ni del «outillage» necesario para la plena eficacia de las enseñanzas, ni del local que han de tener para ello.

Todo trabajador que asista á las Escuelas de Artes industriales trabajará en su taller las horas menos que representen su ocupación en la escuela, la cual abonará las horas de enseñanza, según la tarifa de cada taller.

Los centros de enseñanza dispondrán de un 20 por 100 de matrículas gratuitas para quienes lo soliciten y pertenezcan á una familia que cuente con un ingreso no superior á 3.000 pesetas anuales ó con más de cuatro hijos e ingresos no superiores á 5.000 pesetas.

Las Juntas administrativas de los centros determinarán en qué casos debe además prestarse ayuda económica al estudiante.
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Las Universidades serán ampliamente dotadas, á fin de que sus bibliotecas y laboratorios brinden á todos fáciles medios de investigación.

Las clínicas serán objeto de especial cuidado para que ofrezcan seguridad á los que hayan de utilizarlas como pacientes y para que cumplan su misión docente.

Se crearán enseñanzas populares de cultura superior ó universitaria, cuya organización, horas de enseñanza, etc., permitan la asistencia de los obreros.

El mínimo de remuneración para los maestros deberá ser de 3.000 pesetas, y de 50 el número máximo de niños que están á su cuidado.

15. Estimando que toda política social se basa en un derecho social, los diputados que suscriben solicitan del Congreso se sirva declarar que los derechos de asociación, reunión y libertad de Prensa no podrán quedar jamás á merced de la apreciación de las autoridades; que á este efecto debe nombrarse en la Cámara una Junta permanente, encargada de conocer y acusar por las violaciones de derecho que se cometan y de convocar Cortes cuando no lo hiciere el Gobierno y estuvieren suspendidas las garantías constitucionales, y que en caso de delincuencia en alguna Sociedad legalmente constituida la responsabilidad será individual, pero nunca recaerá sobre la Asociación, á la cual no se la podrá clausurar, ni suspender, por tanto, los derechos de reunión, de libertad, de Prensa, etc., más que cuando lo autorice el Parlamento.

Por último, solicitan asimismo del Congreso los diputados que suscriben se sirva acordar que el Ejército y los Cuerpos armados no pueden intervenir en los conflictos sociales, ó que si lo hicieran, los delitos surgidos con ocasión de éstos ó de las luchas políticas exclusivamente podrán ser conocidos por la jurisdicción civil, asistida del Jurado cuando así corresponda, la cual juzgará á cuantos elementos hayan intervenido en el conflicto, bien sean civiles, ya militares; y

16. Los firmantes de esta proposición consideran ineficaces los esfuerzos que se hagan para orientar la transformación económica de la vida nacional mientras no se tomen las medidas necesarias encaminadas á destinar los recursos del Estado
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al fomento de la riqueza pública, empezando por rebajar los gastos improductivos y aún perturbadores de la buena marcha económica del país.

Al efecto proponen como medidas que consideran urgentes e indispensables el desistimiento de toda acción militar en Marruecos; la revisión de las plantillas de jefes y oficiales del Ejército, á fin de obtener una reducción considerable en las mismas; la disminución de un 50 por 100 del actual contingente armado, y por último, la rebaja del tiempo de servicio en filas para restituir al trabajo productivo el mayor número de fuerzas nacionales».

¡El partido socialista español! Al mismo tiempo que esa proposición de ley, que al jefe del Gobierno actual le parece muy interesante, ese partido ha publicado un manifiesto del que son los siguientes párrafos:

«Primero. Que los socialistas españoles reconocen que en los presentes momentos, que son los de las luchas decisivas para la conquista del poder burgués, hay que ejercer una acción de clase fuerte, intensa, perfectamente definida.

Segundo. Que creen indispensable para triunfar sobre el capitalismo la fusión de todos los organismos proletarios, que, reconociendo la lucha de clases, se hallen dispuestos á emplear procedimientos revolucionarios en la forma y medida que las circunstancias impongan, y aspiren á implantar el régimen comunista previsto por Marx y Engels en su manifiesto de 1847.

Tercero. Que esperan el triunfo de la clase obrera revolucionaria, no del logro de reformas que satisfagan parcialmente las aspiraciones de los trabajadores.

Cuarto. Que están conformes con la implantación de la dictadura del proletariado como medio de organizar la sociedad sobre bases socialistas y de asegurar la victoria revolucionaria de los obreros.

Quinto. Que estiman conveniente la acción electoral y parlamentaria; pero no creen que en las elecciones ni en el Parlamento se resuelvan las jornadas decisivas de la lucha obrera.

Entienden que esta acción es un medio de afirmar la con-
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ciencia de clase en el proletariado de llevar la batalla á los lugares desde donde la burguesía impone su dominio político, y de desgastar y desacreditar los instrumentos de acción y de represión del Estado capitalista.

Sexto. Que aspiran á substituir las instituciones y los órganos de gobierno de que actualmente se vale la burguesía, por el sistema de Comités elegidos por los trabajadores, los técnicos y las instituciones del poder proletario; Comités que dirijirán la producción y el cambio y organizarán el futuro régimen social».

Déjamos á la consideración del lector el comentario. Quede archivado también el documento en nuestra colección para cuando se hable del partido socialista español, de cuyos jefes y publicistas decía Nitti, el actual presidente del Consejo de ministros de Italia: «Son gente vulgar é ignorante que sólo saben blasfemar de Dios y atacar la propiedad».

Y volvamos á la situación de Barcelona, donde el «lock out» prosigue, y la actitud violenta de los sindicalistas continúa envenenando más y más la vida de relación, sin que se vislumbre el final.

La Casa Social Católica de Barcelona hace público el siguiente proyecto de bases generales del trabajo, con las cuales está dispuesta á tratar con las entidades patronales que lo deseen:

«Primera. Reconocimiento del derecho de sindicación obrera y patronal á base de la clasificación de industrias, siempre que los Sindicatos se constituyan y actúen dentro de la ley.

Segunda. Libertad de sindicación en los distintos matices sociales, siempre y cuando las Asociaciones respeten los principios fundamentales del derecho natural: religión, familia, propiedad, autoridad, etc., etc.

Tercera. Publicidad y responsabilidad directa de los elementos que figuran al frente de las Asociaciones profesionales por los actos ejecutados por la colectividad.

Cuarta. Las relaciones entre patronos y obreros qué se re-
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extremos se trata, un obstáculo para mejorar la condición del trabajador, porque al apreciar la influencia que aquella reforma pueda tener en la productividad ha de partirse del estado social presente. Sin embargo no es este, á nuestro juicio, un motivo para renunciar á su implantación, como el carácter revolucionario que suelen ostentar los sindicatos obreros no es una razón para negarles personalidad, sino para reprimir sus posibles desafueros. Igualmente urge buscar sanciones para esa especie de sabotaje manso que tanto influye en la productividad del trabajo; pero á la vez hay que ir á la reducción de la jornada de trabajo. Nada hay por otra parte más desmoralizador que el dar la ley carta de naturaleza á la inmoralidad de los súbditos.

***

De modo muy semejante cabe contestar á otra objeción que se hace á uno de los fundamentos que abonan la reducción de la jornada de trabajo: la necesidad de que el obrero cumpla mejor sus deberes familiares, sus deberes de humanidad y de ciudadanía. Se mira el estado actual del obrero desmoralizado por la irreligión y las predicaciones insensatas—¡no están desmoralizadas, ya que no en el mismo grado, las otras clases de la sociedad!—y se dice: ¡para qué conceder al obrero más horas de descanso si esas horas, en vez de emplearlas en instruirse y en cumplir sus obligaciones de padre de familia, las ha de pasar en la taberna ó en el club libertario!

Razonamiento endeble, si los hay, porque si no ponemos al obrero en condiciones de que se instruya, de que viva vida de familia, de que cultive su espíritu, de que sea, en una palabra, hombre á la vez que obrero, concediéndole para ello el tiempo necesario, no conseguiremos nunca que haga todas esas cosas. Búsquense en buen hora sanciones para los vagos y los viciosos, ciérrense los centros de disipación y de corrupción espiritual, grávense los alcoholés y proscríbase su consumo, si es preciso, como se ha hecho en los Estados Unidos; pero, no porque los obreros puedan emplearlo mal, dejemos de darle tiempo para que lo empleen bien. Esto aparte de que es indudable