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conocido; está, por lo tanto, preparado para esa obra grande á que yo antes invitaba al Gobierno. ¡Quiera acometerla su señoría! Dios le dé arrestos para que la empiece, porque quiero confiar en que, con la ayuda de Dios mismo, ha de llevarla á feliz término, no sólo con gloria para su nombre, sino lo que vale más, con provecho para la Iglesia y para la Patria. (Muy bien).

RECTIFICACIONES

I

Ante todo tengo que manifestar mi más profunda gratitud al señor Presidente del Consejo de Ministros por el honor que me ha hecho al contestarme.

Ahora, respecto de su contestación empezaré por sus últimas palabras, que parecen un eco, pero un eco agravado de las primeras. Yo no sé que en conciencia haya procurado dejar en el ánimo del Gobierno el motivo de resquemor, y si en la exposición de la doctrina y de las reclamaciones inmediatas más urgentes para el culto y Clero, he puesto acaso alguna viveza, recuerde el señor Presidente del Consejo de Ministros la manifestación con que comencé á hablar y con la que desde entonces ya me encomendaba á la benevolencia del Gobierno y de la Cámara, por mi falta de experiencia y de adaptación á este ambiente del Senado.

No ha estado, pues, en mi ánimo molestar en lo más mínimo al Gobierno de S. M., pero no puedo menos de mantener, no el tono que ha molestado al señor Presidente del Consejo de Ministros—yo le pondré toda la sordina de que sea capaz,—pero sí el fondo de mis afirmaciones.

Yo estoy dispuesto, señor Presidente del Consejo de Ministros, á tomar sus lecciones, porque es grande y aventajado maestro, como tal lo he considerado siempre que lo he leído. Decía S. S. que en lugar del sesgo que he dado á mi discurso hubiera sido preferible que me hubiera enfrascado en unas cuantas materias ó puntos de compensación en favor de la Iglesia y en contra del Estado por incumplimiento por parte de éste de las obligaciones naturales ó legales contraídas con la Igle-
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sia. Desde luego hubiera podido haber lugar en mi discurso para eso, como lo hubiera habido (y lo digo ahora para defenderme de las veladas inculpaciones á que aludía antes el señor Presidente del Consejo de Ministros de haber producido casi agravios) para exponer tantos actos de incumplimiento, por parte del Gobierno español, del Concordato, del cual ahora se muestra tan celoso, precisamente en cosas que significan dinero, como el descuento á que aludía antes el señor Presidente del Consejo de Ministros, como el producto de la Cruzada, como la reparación de templos, como el tipo mínimo á que se ha acogido desde el primer momento en la dotación del clero parroquial; pero de nada de eso he querido hacer mención, porque no me proponía presentar una relación de agravios, sino más bien de presentar algo, una memoria de peticiones, y de peticiones, señor Presidente del Consejo de Ministros, que tuvieran una realidad más tangible, que pudieran tener una realización más inmediata, por ser más fácil que obtener esas compensaciones, no por justas menos difíciles de conseguir, á que ha aludido S. S. Porque indudablemente, si nos cuesta trabajo, señores Senadores, obtener 100 pesetas de mejora para toda una clase que suma de cuatro á seis mil personas; si nos cuesta trabajo en el año 1919 obtener una mejora insignificante para esa clase que pasa hambre, y aún eso se nos condiciona con una compensación á buscar, si no he entendido mal, dentro del presupuesto general eclesiástico, ¿cómo es posible que yo pudiera hacer aquí reclamaciones de millones por cuenta de los expedientes que haya en Hacienda, en la Dirección de la Deuda y de Clases Pasivas y en otras dependencias del Estado, durmiendo el sueño de la muerte ó por lo menos estando en un letargo de que no han podido sacarles las reclamaciones de los prelados más autorizados de España? ¿Qué había de sacar yo, el último de todos, con invocar eso que ya casi va pasando á la categoría de recuerdo histórico? Tenía que atender á la realidad más palpitante, pidiendo lo que he pedido, y respecto de eso que se nos ha concedido, ya he manifestado mi gratitud. Por ello y en atención á ello retiro nuestra enmienda, después de las manifestaciones que he hecho y votaremos este proyecto de ley, que de momento atiende á esta necesidad tangible, agra-
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decidiendo esa pequeña mejora que se ha hecho á las ínfimas clases del clero parroquial; pero debo manifestar, como es nuestro deber y un deber inexcusable, la necesidad angustiosa de nuestros curas, de nuestros capellanes, de nuestros beneficiados y, si me permitís decirlo, de nuestros canónigos (que perciben 43 duros al mes y tienen que pagar 500 pesetas de casa), no para obtener en la sesión de hoy, ni en la de mañana, una promesa concreta del Gobierno, pero sí, señor Presidente del Consejo de Ministros, señor Ministro de Hacienda y señor Ministro de Gracia y Justicia, si estuviera presente, para que el Gobierno de S. M., defiriendo á nuestros ruegos, que tenemos por fundados y por justos, no se contente con la mejora hoy concedida; y no será para nosotros razón buena, cuando volvamos á reiterar nuestras peticiones, lo que se ha concedido ahora, como no lo ha sido la de que se hizo una mejora el año pasado, porque todas ellas son mezquinas, son pequeñas, son insuficientes para el fin que perseguimos y que creemos de justicia; especialmente que, midiendo lo nuestro con lo que ha pasado en otras clases del Estado, vemos que se han mejorado en uno y otro año, y no por cantidades de 100 á 200 pesetas, sino por cantidades de 500, de 1.000, de 2.000, acaso por cantidades superiores á 2.000 pesetas en un solo ascenso.

Viendo esto, ¿qué menos hemos de hacer nosotros, repito, más que levantar la bandera y mantenerla enhiesta, aunque digamos al Gobierno de S. M. que agradecemos mucho lo hecho, que creemos que se ha dado un paso hacia adelante de mucha importancia por la subida de los coadjutores á 1.000 pesetas, porque ya hemos logrado lo que teníamos por ideal para el Clero parroquial? Para mí, de todo lo que habéis concedido, lo que más agradezco es esto, porque ya, de 1.000 pesetas para abajo no hay que hablar. Hablaremos de 1.000 pesetas para arriba y tendremos que hablar forzosamente—vosotros, Gobierno y Senadores, lo comprenderéis—por la consideración que antes hacía de que estas cantidades van siendo insuficientes para las necesidades que impone la vida.

Decía también el señor Presidente del Consejo de Ministros que la negociación está entablada. Yo, en este punto, no puedo hablar con absoluta certeza, porque soy moderno en el
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cargo y esas cosas las sé por referencias; pero, si no estoy mal enterado, me parece que el año 1904, con diferencia de días ó de un mes, se iniciaron dos negociaciones: una para obtener de la Santa Sede licencia á fin de imponer tributos á las Congregaciones religiosas y otra sobre reformas del Concordato. No sé si la primera terminó ó no; lo que sí me parece que sabemos todos es que las Congregaciones religiosas pagan contribución. La segunda, que se refiere al Concordato, si no estoy mal ente-rado, tenía más amplitud, un marco mucho mayor que la que ha de iniciar el Gobierno, por virtud del proyecto de ley que estamos discutiendo, en cuanto sea votado. Aquella era para reforma del Concordato, y, por tanto, si así era (repito que en esto no hablo con seguridad, y si me rectifica el señor Presidente del Consejo de Ministros, no solamente no se lo llevaré á mal, sino que lo agradeceré por lo que con ello aprenda) la negociación iniciada y aceptada, en principio, el año 1904, tenía por finalidad una reforma más amplia del Concordato, que me parece que es algo semejante á lo que nosotros pedimos en la enmienda, al hablar de un plan completo de dotaciones eclesiásticas en armonía con las exigencias de los tiempos actuales, y si hablamos de plazo breve es, no solamente porque creemos que urge esta cuestión, sino para responder de alguna manera á la brevedad mayor que el dictamen de la Comisión exige del Gobierno para iniciar y para terminar una negociación orientada á la compensación.

He aquí la diferencia, y porque está en la realidad esa diferencia, está en nuestra apreciación. En esta segunda cuestión decimos que, siendo cantidad que el Estado español debe pagar, no tiene derecho á pedir compensaciones, y, por tanto, que no procede, que no hay buen camino abierto para esta negociación. En cambio, para la otra del año 1904, el camino está siempre abierto, aunque entonces no se hubiera iniciado, porque siempre tendría el Gobierno español el derecho, y acaso el deber de proponer á la Santa Sede las modificaciones que estimara procedentes en orden al bien de la Iglesia y del Estado, en la cual negociación grande podían tener cabida (y me alegraré que el señor Presidente del Consejo de Ministros se decida á iniciar esa conversación, porque estoy seguro de que la
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llegará á feliz término para todos), en la cual podían tener cabida, digo, esas compensaciones grandes y antiguas que Su Señoría me invitaba á tratar, en vez de aquellas de que yo me he ocupado.

No respondo á otras manifestaciones del señor Presidente del Consejo de Ministros sobre compensaciones porque no he logrado entenderlas. Me parece que S. S. establecía dos géneros de compensaciones: una, ¿quiere decir que la compensación que se propone en este dictamen haya de consistir en retraer de otras partidas del mismo presupuesto general eclesiástico? No, eso no. Pues entonces, ¡en dónde está la compensación que se busca! Porque el texto del proyecto de ley dice «que ese aumento será cantidad á compensar en el arreglo pendiente con la Santa Sede», y á continuación añade «que el Gobierno presentará á las Cortes antes de que comience á regir el presupuesto para 1920-21 la propuesta definitiva de distribución del de culto y Clero, tomando en cuenta la compensación, etc.» De aquí había querido yo deducir, acaso erróneamente, que la compensación de que se habla en el inciso anterior había de ser restando de otras partidas dentro de este presupuesto general de culto y Clero, á que se refiere inciso posterior. Si no es así, nada tengo que decir.

Finalmente, decía el señor Presidente del Consejo de Ministros que no había descortesía con la Santa Sede en este acuerdo. Yo me felicito de oír esa afirmación á S. S. Ya estaba yo seguro de que ni en el ánimo del señor Presidente del Consejo ni en el de ninguno de los miembros del Gobierno que aceptaron esa fórmula en el Congreso estaba desconsiderada la Santa Sede. Esa seguridad ya la tenía yo; pero, de todos modos, me complace mucho oír ahora de labios del señor Presidente del Consejo de Ministros y desde la cabecera del banco azul, que la fórmula, en sí misma, no lleva ningún género ni asomo, ni atisbo, ni sombra de descortesía para la Santa Sede. Celebro mucho eso, porque repito que, aunque personalmente yo esperaba ya eso, me satisface más el haberlo oído al Gobierno de S. M. antes de iniciar esa negociación á que se refiere la fórmula. ¡Ojalá que á fuerza de sutilizarla se evapore esa compensación y quede solamente, en realidad, la mejora obtenida
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para la asignación del Clero parroquial, y después vaya progresando hacia arriba y haciéndose extensiva á todas las demás clases y jerarquías!

II

Las últimas palabras del señor Presidente del Consejo de Ministros me obligan á extremar mi gratitud por la distinción, tan grande como inmerecida, que me dispensa al entrar en un género de consideraciones interesantísimas de suyo en este momento histórico, pero que á mí personalmente no me atañen tan directamente, por referirse más bien al conjunto de la política española.

Respecto de sus primeras palabras, quisiera ver si acabábamos de entendernos y ponernos, por lo tanto, de acuerdo, lo que sería para mí la mayor satisfacción que pudiera experimentar esta tarde. Me parece haber entendido que «compensación» para el señor Presidente del Consejo de Ministros, en los momentos actuales, y por tanto, en el dictamen sobre el proyecto de ley de la Comisión de presupuestos que se discute, es sencillamente que el Gobierno español, en uso de su soberanía hace dos cosas: una mejora en la dotación, que considera insuficiente, de las últimas clases del clero español, y después de esto va hacia la Santa Sede á negociar una compensación de eso, como hace en relación con todas las demás materias concordadas; pero sin que se busque ni por asomo una correlación directa, ni mucho menos una proporcionalidad entre la suma de las cantidades aumentadas á que ascienden las mejoras hechas al Clero y la compensación que se busca.

Si esto es lo que dice el señor Presidente del Consejo de Ministros, yo le felicito y me felicito de ello, porque de este modo quedan muy reducidas las compensaciones de que se habla en el proyecto, y siendo así, yo tendría el gusto de hacer menos salvedades al votar el dictamen del proyecto que estamos discutiendo.
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hemos apuntado, aquella que tiene por objetivo ó finalidad ya imponer á los obreros el vínculo de la asociación, ya obligarles á cumplir sus acuerdos, ya forzar á los patronos á acatar su voluntad omnipotente. En este sentido cabe comprender en este género de delincuencia dos grupos claramente determinados de delitos: delitos relacionados con el ejercicio ó derecho de huelga (declaración de esta sin previo aviso en los casos en que la ley lo exige, realización de actos de coacción ó amenaza durante la huelga) y delitos comunes llevados á cabo fuera de la huelga por vía de represalias ó por otro motivo. Cabría también distinguir los atentados perpetrados contra las personas y contra la propiedad, y en el primer grupo comprender los cometidos contra los patronos, contra los obreros ó contra los mismos funcionarios encargados de promover su persecución y castigo. El catálogo sería largo. Casi comprendería la mayor parte de las figuras de delito dibujadas en nuestro Código penal. Todas estas distinciones, por lo demás, tienen un interés relativamente secundario. Todos sabemos perfectamente de lo que se trata cuando oímos hablar de delincuencia societaria. Nos referimos á aquellos delitos que son producto de las organizaciones revolucionarias, preparados ó combinados por ellas, ejecutados por sus hombres ó por personas extrañas, pero pagadas por las sociedades obreras y con una finalidad marcadamente sindicalista: imposición de las decisiones del sindicato ó sanción por su inobservancia ó, finalmente, eliminación de las personas dañosas para la causa sindicalista.

Esta triste guerra social á que asistimos carece de gallardía y de belleza. Sus crímenes sociales se fraguan en la sombra, se ejecutan alevosamente, se ejerce luego coacción sobre los jueces—los Jurados—y sobre los mismos testigos para conseguir su impunidad. Esto es lo que hace el mal tan terrible. Como no se sigue al delito la ejemplaridad del castigo, los atentados se multiplican con aterradora frecuencia. No hay más que pasar la vista por cualquier periódico para apreciar el crecimiento experimentado en los últimos meses por esta llaga social de difícil extirpación.

Como se trata evidentemente de delitos premeditados y preparados con cuidado—pues hay que rechazar desde luego la
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III

Ese Convenio de 1904 es, por decirlo así, una ley de Bases, son los jalones que se sientan; no hay acuerdos concretos sobre supresiones de ninguna clase. Son negociaciones que después no se han proseguido, que no se han llevado á término; pero, además, en ese mismo, texto encuentro una ratificación de las que han sido las ideas fundamentales de mi discurso. El Gobierno tiene el derecho y acaso tenga el deber de ir á una negociación amplia para arreglar muchas cosas que puede que necesiten arreglo, y si entonces se llega á compensaciones, á supresiones, á reducciones, que, siendo decretadas por la Santa Sede, desde ahora las prometemos el acatamiento y la obediencia sinceros que todos debemos al Santo Padre; pero mientras eso no se haga, seguimos entendiéndolo que para mejorar las dotaciones del Clero, con arreglo al Concordato, el Estado no necesita negociar ni tiene derecho á una compensación por ello: si en una negociación amplia, terminada y promulgada se contienen compensaciones en beneficio del Estado y, si es posible, de la Iglesia, las aceptamos desde ahora. No tengo más que decir.
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INSTITUCIONES Y HOMBRES

La Caja de crédito confederal de la Confederación Católico-agraria.—Las mutualidades infantiles de la Confederación.

Como continuación á nuestro anterior artículo de conjunto acerca de la Confederación Nacional Católico-agraria, vamos á ocuparnos hoy de dos de sus instituciones; una de ellas—la Caja de crédito confederal—pieza esencial del sabio mecanismo que la constituye, obra la otra que se ha ido estableciendo en todos ó casi todos los sindicatos á ella afiliados y cuya existencia representa un gran paso para la educación social de la clase agrícola, base y supuesto necesario de toda reforma social.

I

La Caja de crédito confederal actúa como complementaria y reguladora de las Cajas centrales de las Federaciones. Su capital se halla constituido por acciones ó participaciones de garantía, pudiendo ser accionistas únicamente aquellas entidades regionales, provinciales ó locales que formen parte de la Confederación. Estas acciones serán de 100 pesetas, de las que sólo se desembolsarán 10 por cada acción. Dichas acciones garantizarán hasta 1.000 pesetas.

Con objeto de aumentar el capital social, por cada préstamo de 1.000 pesetas otorgado por la Caja, la entidad que reciba el préstamo tiene obligación de suscribir una acción de 100 pesetas, no desembolsando de momento más que 10 pesetas, según la regla general antes establecida.

La Caja de crédito confederal admite imposiciones no sólo de entidades, sino de particulares, en las condiciones siguientes:

El interés varía, como es natural, según los casos. Es de un
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3 por 100 si los fondos pueden retirarse á la vista, de 3,60 al trimestre, del 4 á los seis meses y del 4,50 al año.

Las cantidades impuestas empiezan á devengar interés los días 1 y 16 siguientes á la fecha de la imposición, y dejarán de percibirlo el 1 15 anteriores del reintegro.

El plazo para el reintegro es variable. Hasta 500 pesetas se hará á la vista, hasta 2.000 pesetas á ocho días de la petición, y de ahí en adelante á los veinte días. De no avisarse con la mencionada antelación al vencimiento de las imposiciones hechas á plazo fijo, se entenderán estas prorrogadas por un plazo igual.

Vamos ahora á examinar las operaciones que principalmente realiza.

La Caja puede conceder préstamos ó abrir cuentas de crédito, ya directamente á las Federaciones á ella afiliadas, ya á los sindicatos que de ellas formen parte, en este caso con la correspondiente garantía.

Según el artículo 12 del Reglamento, la capacidad para obtener el préstamo se halla determinada por las condiciones siguientes: primera, que la Federación se halle organizada según el sistema Raiffeisen; segunda, que goce de personalidad civil; tercera, que tenga buena administración; cuarta, que tenga acciones suficientes para el crédito que solicite; quinta, que se destine á fines reproductivos de la industria agro-pecuaria.

La percepción del préstamo constituye á la entidad prestataria en la obligación de pagar el capital del préstamo á su vencimiento y á abonar el interés fijado por trimestres anticipados. En las cuentas de crédito el interés no se abonará hasta que se retiren cantidades. Por virtud de condiciones especialísimas de estos contratos, se obliga además á permitir la inspección de sus libros y cuentas cuando la Caja confederal lo tenga por conveniente, á remitir á la propia entidad una Memoria explicativa de la inversión del préstamo y á no contraer operación alguna sin haber liquidado antes con la Caja confederal ó haber sido autorizada por ésta para verificarla.

Tres clases de operaciones realiza la Caja de Crédito Confederal: primero, operaciones á corto plazo, no mayor de un año; segundo, operaciones á largo plazo, mayor de un año y
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menor de cinco; tercero, préstamos extraordinarios por el tiempo que el Consejo directivo determine. En las de la primera clase sólo puede facilitarse hasta el 50 por 100 del valor de la garantía (prenda, talones de facturación, etc.), computándose como tal, además de ésta, la social de la Federación prestataria. En las de la segunda clase, que tienen por objeto atender á la realización de obras de riego, adquisición de fincas para parcelación entre los socios de los Sindicatos, roturación de terrenos, redención de foros y censos, arrendamientos colectivos y replantación forestal, se puede facilitar hasta el total del valor de las acciones, siempre que la entidad interesada aporte un 25 por 100 sobre la suma que solicite. Lo propio sucede en las operaciones de la tercera clase, pero aportando un 50 por 100 sobre la suma pedida, y considerándose los edificios y productos como complemento de garantía. El objeto de las operaciones de este tercer grupo es la constitución de casas sociales, bodegas, almacenes y fábricas cooperativas.

Cabe además que la Caja otorgue préstamos á cortísimo plazo para «obtener beneficios de pronto pago» en las compras de las Federaciones y que venga en socorro de aquellas entidades que se vean obligadas en un momento dado á reembolsar sumas cuantiosas, por medio de los llamados créditos de auxilio.

La Caja Confederal—lo hemos visto—ejerce una especie de tutela moral sobre las entidades prestatarias. Se fija siempre el destino del préstamo el que necesariamente ha de invertirse en el fin propuesto. Particularmente se prohiben las operaciones aleatorias y especulativas en gran escala, los acaparamientos que no se cobonensten por fines puramente sociales y la ayuda á personas extrañas á la sociedad.

Se fija un interés máximo que no puede exceder en los préstamos del 5 por 100 anual, en las cuentas de crédito del 5 y medio por 100 y en las operaciones restantes del 6 por 100.

Los Estatutos preven en la siguiente forma la repartición de los beneficios líquidos obtenidos.

Se abona en primer término á los accionistas el 4 por 100 del capital desembolsado, un 25 por 100 se emplea en beneficiar las acciones; pero con la limitación de que el interés que perciban los accionistas no puede exceder en ningún caso del