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Indudablemente, la falta de intención de dar la relación por terminada no puede invocarse aquí, pues, como hemos dicho, se trata de algo que nada tiene que ver directamente con los contratos individuales cuyo cumplimiento queda en suspenso, por más que sea evidente que los obreros, al declararse en huelga, no tratan de abandonar definitivamente el servicio del patrono. Pero no es posible deshonocer que la huelga es hoy por hoy el único medio con que cuentan los obreros en casos tales para hacer respetar sus derechos. Declarar la extinción posible, por el hecho de la huelga, de todos los contratos individuales, equivaldría á hacer imposible á los obreros la defensa.

Por otro lado—y esta consideración es aplicable á todos y cada uno de los casos examinados—no se olvide que, si bien la legislación de huelgas regula la cesación del trabajo por lo que mira al Estado, no es menos cierto que reconoce á los obreros un derecho y que es inadmisible que lo que en el orden público es inocente, pueda constituir, como ocurre hoy con arreglo á las leyes, una falta en el orden privado. No cabe aceptar en efecto—hablamos siempre en el terreno de los principios—que sea lícito á los obreros declararse en huelga y que en la esfera privada pueda reputarse prima facie el ejercicio de ese derecho como caso de incumplimiento de una obligación civil. El que usa de su derecho no daña á nadie, es uno de los axiomas de la práctica jurídica. ¿Cómo es posible que variado el concepto de la huelga radicalmente en la esfera del derecho público, no traslade ese cambio al dominio del derecho privado?

No, la huelga, ninguna huelga lícita—y no toda especie de huelga, como hemos sostenido, debe ser reputada tal—debe llevar aparejada la ruptura del contrato del trabajo. Es necesario, es urgente declararlo así, mediante la reforma del Código, para poner de acuerdo la realidad con la ley escrita.

IV

Pero entonces—se dirá—teniendo en cuenta sobre todo el espíritu que predomina en el campo obrero, vamos á hacer á los trabajadores dueños de la situación, vamos á hacer imposible la reparación de los abusos que con la huelga puedan co-
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meterse, vamos á dejar á los patronos indefensos ante exigencias desmedidas, vamos á condenar á los capitalistas á tener á sueldo á sus mayores enemigos.

Nada de eso.

En primer lugar, al decir que la huelga no rompe el contrato de trabajo, no desconocemos el derecho que pueda asistir al patrono, como al obrero, después, como antes de la huelga, de dar por terminado el contrato, dando á la otra parte el aviso previo que establezca la ley ó la costumbre. Si el patrono toma esta determinación por causa de huelga ó por otro motivo, nada nos importa. Utiliza la facultad de disentir del contrato que la ley le reconoce. Lo que entendemos es que el hecho de la huelga no puede por sí sólo romper el contrato de trabajo, cuyo mantenimiento procura frecuentemente, so pena de ir contra la realidad de las cosas.

Tampoco creemos que la huelga por el hecho de haber sido declarada con las formalidades de ley no pueda dar lugar en casos de notoria injusticia á sanciones para los obreros, incluso á la rescisión del contrato mismo á instancia del patrono perjudicado. Lo contrario equivaldría á constituir al obrero en una situación privilegiada, y nosotros somos enemigos de todos los privilegios, á cubrir la injusticia con el manto de la ley escrita, y nosotros sufrimos contemplando cómo la ley es frecuentemente la amparadora del fraude y de la mala fe. Pero estas sanciones deben decretarse por el tribunal competente, á instancias del patrono, con vista de todos los elementos de juicio para apreciar imparcialmente si la huelga fue ó no fundada. Caso de no serlo, se habrá producido un abuso de derecho, y una de las consecuencias de esta declaración puede ser perfectamente la rescisión del contrato. ¿Cómo obligar en efecto al patrono á continuar en relación contractual con los obreros que sin motivo justo dejaron incumplida su obligación, ocasionándole tal vez enormes perjuicios?
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V

Y al terminar este artículo, como siempre que tratamos algún tema relacionado con la huelga, no podemos menos de considerar lo transitorio del estado actual de las cosas. El régimen de la huelga, que ha sucedido al régimen individualista, es una etapa hacia la organización de las profesiones. Todavía no ha alcanzado su perfección relativa—diganlo casos como el que ha dado lugar á este artículo—y ya aparece cuarteado. Ya se empieza á hablar, y con justicia, de la ilicitud de ciertas huelgas. Pero, ¿es que toda huelga no puede llegar á ser ilícita cuando el trabajo que se deja de prestar sea necesario á la vida de la colectividad?

En el horizonte se vislumbra—todavía muy lejano—el día en que la huelga volverá á ser un delito, porque existiendo organismos que aseguren la realización de la justicia en el seno de la profesión, habrá dejado de ser arma lícita de combate para obreros y patronos. El que se niegue á prestar su trabajo será entonces, no el oprimido que pide justicia, sino un desertor de su deber social, y lo que hoy debe ser en las leyes, mediante su reforma, una suspensión condicional de la ejecución del contrato será infaliblemente una ruptura inmotivada con todas sus consecuencias jurídicas.

JUAN DE HINOJOSA.
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SECCIÓN DOCUMENTAL

EL PRESUPUESTO ECLESIÁSTICO

DISCURSO del Excmo. é Ilmo. Sr. Obispo de Barcelona, Doctor D. Enrique Relg y Casanova, Senador del Reino por la provincia eclesiástica de Tarragona.

Sesión del Senado correspondiente al lunes 18 de Diciembre de 1916

(CONTINUACIÓN)

¿Incumplimiento del art. 36 del Concordato?

Yo ya sé que al acudir á Roma tal vez tenga su razón de ser; la tiene, indudablemente, y la tiene (yo siento decirlo, yo sentiría con ello mortificaros en lo más mínimo, porque repito mi propósito firmísimo de no molestaros) en la sospecha temeraria que yo me atrevería á tener, de que habéis acudido á Roma precisamente por razón del art. 36, para no cumplir el art. 36; que habéis acudido á Roma, porque el art. 36 os impone el aumento, y vosotros no estáis por el aumento; habéis acudido á Roma, para que en Roma se os conceda el quitar de acá para poner allá, para ver cómo dentro del mismo presupuesto encontráis esas 1.000 pesetas como mínimo para los párrocos. El citado artículo os impone indeclinablemente el aumento, realizada la condición de mejora de circunstancias. Luego únicamente para no hacer el aumento, á pesar de haberse realizado la condición, es por lo que acudís á Roma. Ahí está el fundamento de la sospecha; no es, pues, tan temeraria.

Yo ya sé que á esto hay una contestación terminante, que estoy seguro que á los señores de la Comisión y al señor Ministro se les viene á los labios, y esa contestación es sencillamente la siguiente: Pero ¿qué habíamos de hacer nosotros, si aun cuando entendiéramos que no se debe concordar con Roma,
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intensamente que las de orden social». Desde la reforma tributaria de Mon en 1845 se ha ido aumentando los derechos sobre el alcohol; especializado su impuesto en la ley de 26 de Junio de 1888, las que en lo sucesivo continuaron regulándole no dejaron de hacer aumentar su cuantía; y apenas ha habido presupuesto general donde no se le modificara, siempre en el sentido de hacerle más fructuoso. Así el hectólitro de alcohol á cien grados, que el primer año de este siglo pagaba 37 pesetas y media, diez años más tarde estaba ya cargado con 55.

No es entre nosotros, sin embargo, donde el alcohol sufre mayor peso de tributo. En Inglaterra se redactó un cuadro, tomando como base la media proporcional de los impuestos percibidos de 1901 á 1905, para saber, en vista del producto total de los derechos de consumos y aduanas que gravan la bebida alcohólica, la relación del producto de este impuesto en comparación con el producto total de los mismos, y resulta que dicha proporción es en España menor que en otra nación alguna. Los autores de la ley de 10 de Diciembre de 1908 expusieron las razones por las que se recarga aquí el alcohol menos que en otros países: el que en ellos sólo gradualmente y después de bastante tiempo se llegó á tal resultado; y la excesiva abundancia de viñas que no permite vender todo el vino, lo cual, junto con la defectuosa elaboración que dificulta el conservarlo, hace que una gran parte deba convertirse en alcohol. En Francia el alcohol de vino solamente representa el 10 por 100 de la producción total de alcoholes; y así se comprende que allí, como en otros países, no se haga apenas distinción entre el alcohol vinico y los restantes. Pero en España no sucede lo propio; por lo cual, y teniendo en cuenta que «las melazas son un verdadero residuo de una gran industria que del azúcar obtiene su remuneración completa, y los vinos y resíduos de la vinificación son el primer producto y acaso el único que sostiene á una gran parte de la agricultura del país», con mucha razón se deja el margen diferencial de 30 pesetas á favor del alcohol de vino, pagando al tenor de dicha ley 20 pesetas el aguardiente y alcohol de vino por cada hectólitro de volumen real, y los demás aguardientes y alcoholes neutros 50 pesetas. Aunque algo subido posteriormente el tributo, no puede compararse con el de
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nos hemos encontrado con una negociación entablada é iniciada en 12 de Julio de 1904? Si era una negociación precisamente para este caso concreto de aumento á los párrocos rurales, ¿qué íbamos á hacer?

No podíamos menos de continuar la negociación. No veo esa necesidad. Porque yo creo que cuando se ha incurrido en un error, en una equivocación lamentable, lo procedente, lo regular, es volver atrás y emprender, no el camino por que se iba, sino el debido, el que corresponde. Pero, además, os diré otra cosa: «Cur tam varie!» ¿Por qué razón es distinto el criterio cuando se trata del aumento á los párrocos y cuando se trata de imponer tributos á las Ordenes religiosas? No llevan un mes de diferencia una y otra negociación: entabladas están, la primera, la de los párrocos, en 12 de Julio de 1904, y la segunda, la de las Ordenes religiosas, poco antes, en 19 de Junio del mismo año de 1904, y en ésta se pide á la Santa Sede «conceder autorización para imponer á las Ordenes religiosas tributos por razón de sus bienes y por razón también de sus industrias»; y para imponer estos tributos no habéis esperado á continuar la negociación. ¿Cómo después de ésto podéis invocar la necesidad de continuar la negociación iniciada para mejorar la condición de los párrocos?

Yo no me explico, os lo digo de veras, esa necesidad de concordar, y no me la explico por la razón sencilla siguiente: imaginémonos el caso de un deudor en quiebra, de un deudor que provoca el concurso; el concursante es sólo uno, y ese concursante se presenta y le dice: «Me has de dar lo que corresponde á los intereses del capital que has consumido, que tienes en tu poder, que me pertenece», y aquél le responde: «Bien; cuánto quieres, cuánto deseas, cuánto te corresponde, qué es lo justo?» «Renuncio á lo justo, replica el acreedor, y me limito á pedir lo que necesito para mi decorosa sustentación, lo cual, si te parece y estás conforme (cuidado que es mucha benignidad pedir la conformidad al deudor en este caso), yo necesito 53 millones de pesetas». Y dice el deudor: «Efectivamente reconozco que te corresponden esos 53 millones de pesetas, pero yo no te los puedo dar por ahora, no te puedo dar más que 40 ó 41 millones, lo que sea; pero te prometo que, en llegando
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á mejor fortuna, yo te daré lo que te corresponde; te doy ésto, sin perjuicio de aumentarlo cuando venga á mejor fortuna, cuando las circunstancias me lo permitan». Y cuando llega este caso ¡necesitará otorgar nueva escritura, necesita de una nueva documentación, necesita de nuevos trámites para aumentar este tanto por ciento que ha renocido deber?

Opiniones muy respetables

Cánovas no opinaba se debía pactar con Roma el aumento. En este punto yo oí con mucho gusto al señor Sánchez de Toca, mi querido amigo, en aquella sesión memorable de uno de los días de la semana anterior, en la cual, recogiendo el ambiente de la Cámara, hubo de pronunciar palabras que sólo un parlamentario y un consumado orador de la fuerza y de la ponderación del señor Sánchez de Toca, podía pronunciar, subrayando con elocuente unanimidad, como se subrayan las grandes solemnidades, aquella manifestación del señor Presidente del Consejo y del señor Ministro de Gracia y Justicia, favorables á la concesión de las 1.000 pesetas á los párrocos. Pero parecía indicar que estaba conforme, que era verdad, que no sólo era de necesidad, sino de conveniencia, además, el concordar, en este caso; y yo necesito recordar á una autoridad indiscutible para el señor Sánchez de Toca, la del eminente estadista, gloria española, que tanto hizo por nuestra Patria, aunque en materia religiosa no hiciera lo que debió y pudo, al señor Cánovas del Castillo. En el año 61, sesión del 24 de Enero del Congreso, se estaba discutiendo la distribución, lo que procedería hacer de los 2.000 millones que el Estado iba á acrecer, con los cuales se iba á enriquecer mediante la conmutación de los bienes de la Iglesia.

El señor Orovio, al discutirse las bases en el Congreso, expuso sencillamente lo que estamos exponiendo hoy. Decía el señor Orovio: «Hace diez años tan sólo que se promulgó el Concordato y se señalaron las asignaciones mínimas»; y «el transcurso de esos diez años, decía el señor Orovio, ha hecho de todo punto... (Pausa.—Se producen grandes murmullos en la Cámara)».
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Dolorosa Interrupción

El señor Presidente: Llega en estos momentos la noticia, que parece confirmada oficialmente, de que nuestro querido compañero el señor Luaces, á quien hace pocos instantes tuvimos el gusto de escuchar, ha fallecido repentinamente en el Congreso, y lo pongo en conocimiento de la Cámara, suponiendo que participará del duelo que en este momento siente la Presidencia.

El señor Obispo de Barcelona: En nombre de los Prelados expreso el profundo sentimiento que la noticia que acababa de dar el señor Presidente nos ha producido, y no solamente hago esta manifestación, sino la promesa formal de oraciones por nuestro digno compañero. (Muy bien, muy bien).

El señor Ministro de Gracia y Justicia (Alvarado): Pido la palabra.

El Sr. Presidente: La tiene su señoría.

El señor Ministro de Gracia y Justicia (Alvarado): El Gobierno se asocia á la expresión de dolor de la Cámara y á las sentidísimas palabras que acababa de pronunciar el señor Obispo de Barcelona, con tanto más motivo, cuanto que hace pocos instantes me ví obligado á contestar á requerimientos del señor Luaces, en un asunto que interesaba grandemente á los electores que representaba en el Senado.

Lo ocurrido demuestra la rectitud con que todos debemos proceder en esta vida, porque siempre estamos en peligro de muerte.

El señor Presidente: Continúa en el uso de la palabra el señor Obispo de Barcelona.

Prosigue el discurso

El señor Obispo de Barcelona: El discurso del señor Orovio merecía reproducirse íntegro, porque tiene una actualidad muy grande.

Decía el señor Orovio: Han pasado diez años desde 1851 al 61; han cambiado las circunstancias económicas enormemente,
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la vida está más cara; las asignaciones eclesiásticas han resultado insuficientes de todo punto; es preciso aumentarlas, se han aumentado las de los maestros de escuela (de que precisamente se ocupaba el señor Arzobispo de Tarragona el otro día), se han aumentado las de los secretarios de Ayuntamiento, la de las clases militares, y el Clero permanece con esas mismas asignaciones, sobre todo el Clero rural, y deberá destinarse algo de esa millonada, que el Estado va á adquirir, á auxiliar á los pobres párrocos rurales. Y á esto—y ahora viene el caso—contestaba el señor Cánovas del Castillo, que era el presidente de la Comisión, en los siguientes términos:

«Todo el mundo reconoce que las asignaciones del Clero son bajas y son insuficientes. No será yo quien niegue á su señoría que un día, en ocasión á propósito, el Gobierno de S. M. deba venir aquí á hacer el aumento conveniente en las asignaciones actuales del Clero. No es eso lo que yo pretendo ni lo que yo quiero decir al señor Orovio; pero este aumento de asignación cuando tenga lugar, lo tendrá como una atención ordinaria de presupuestos ordinarios, y no en una ley extraordinaria de enajenación que conceda créditos extraordinarios, en virtud de un ingreso también extraordinario».

¡Dónde está aquí—y cuidado que atisbaba y tenía perspicacia—en lo más mínimo, la necesidad de la contratación con Roma, para dar cumplimiento al artículo 36, que era lo único que citándolo pedía el señor Orovio!

Ved por qué, alabando yo una y mil veces esa tendencia de concordar con Roma, entiendo y afirmo que en este caso no era necesario; y al no ser necesario y acudir, comprendereís los temores que han de asaltarme.

Reclamaciones de mejoras pendientes.—Los Seminarios. —

Quiero consignar—porque no me he levantado más que por deferencia singularísima, inmerecida, de mis dignos Hermanos—que no he venido sino á sentar algunos hechos y algunas afirmaciones y no á entrar en pormenores de ninguna clase. Por ello debo deciros que ha de entenderse que nuestro propósito
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no se limita á las 1.000 pesetas á los párrocos; esto es el primer jalón. Nuestro ideal constante (ya lo dijo muy bien el señor Cardenal de Toledo en la pregunta que formuló cuando se reservó su opinión respecto á la conveniencia, á la oportunidad y á la necesidad ó no de convenir con Roma y al afirmar que nuestras aspiraciones á las 1.000 pesetas para los párrocos eran las aspiraciones del presente), nuestro ideal que perseguiremos con tenacidad en lo futuro, es que no haya participe alguno del presupuesto eclesiástico, coadjutores ni capellanes de monjas, que no tengan las 1.000 pesetas como mínimo.

Algo más deseamos también: que se atiendan nuestros Seminarios, que están desatendidos en gran manera. No os puedo hablar más que del mío, en el que me he encontrado con que, hace veinte años, el señor Obispo Catalá, de grata recordación, se vió precisado á acudir á la Santa Sede para que se autorizara aplicar íntegro todo el producto de todas las capellanías al sostenimiento del Seminario; y han pasado veinte años y me encuentro sin poder beneficiar al pobre benemérito párroco que, rendido en la pelea, pide un pedazo de pan para dejar la parroquia en la que consumió sus años, su salud y su dinero y retirarse á terminar tranquilamente sus días; no le puedo atender, porque no puedo disponer de una capellanía; las consume todas el Seminario.

Y no solamente esto, sino que me he visto precisado á encargar, á imponer á los párrocos que binan, que dicen dos misas, el aplicar la segunda á mi intención; y mi intención, ¿sabeis de dónde viene la limosna? De Roma; misas de peseta que me facilitan desde Roma, que no todo ha de ser ir dinero de aquí á Roma, sino que también de Roma viene dinero para la Iglesia española, que está obligado á sostener el Estado español.

En este punto está el Seminario de la primera población de España; excuso deciros lo que serán todos los demás.

Reparación de templos

Queremos también para reparación de templos. ¡Y tanto! Yo he leído estos días, no se donde, la millonada á que ascienden
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los expedientes que hay en el Ministerio de Gracia y Justicia. No sé si cinco ó diez millones suman. (El Sr. Ministro de Gracia y Justicia: 50). Decidme, pues, si no requiere alguna atención esta necesidad suma y extrema.

Estos días, registrando libretes, me he encontrado con lo siguiente: Mirad qué oportunidad. Creo que todos sabéis, porque conocéis la historia política de España al dedillo, quien fue el ministro de Hacienda Salaverría. Este gran ministro de Hacienda, que vosotros debeis conocer más que yo, en virtud de Ley de 1.º de Abril de 1859 abrió unos créditos para los diferentes servicios extraordinarios de material, un presupuesto de 2.000 millones exclusivamente para lo material en España; no había nada asignado á personal.

Pues bien, yo quisiera que el ministro de Hacienda actual, señor Alba, fuera el señor Salaverría de entonces, y que de los millones—no sé cuantos son—de ese presupuesto de reconstitución que es equivalente á aquél, nos diese siquiera la mitad de lo que á la Iglesia dió aquel señor Salaverría, ante el cual creo que no tendría inconveniente alguno en descubrirse el mismo señor Alba; en aquel presupuesto tuvo la Iglesia 52 millones de reales de participación.

Ved, pues, que verdaderamente es una necesidad esta de la reparación de templos, y, quien se haga cargo, no puede menos de atender debidamente á ella.

Nada he de decir respecto á retiros para los párrocos, porque también en la conciencia de todos está la necesidad de acudir á esto.

La Iglesia no pide gollerías

Pero se dirá: «La Iglesia está pidiendo gollerías: la Iglesia pretende un presupuesto excepcional por su magnitud». No; la Iglesia pide menos, muchísimo menos de lo que para ella pedía, ¿quién? Mendizábal, el mismo desamortizador, el mismo á quien en romería, más ó menos sería, van á visitar anualmente algunas gentes á la plaza del Progreso.

Ved, si quereis, el «Diario de las Sesiones» de Cortes de 1836, y encontrareis que Mendizábal fijó, hace ochenta años—
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entendedlo bien—el presupuesto de Obligaciones eclesiásticas en 21.036.753 escudos, ó sean 52.591.881'50 pesetas: 52 millones y medio en cifras redondas. Ya veís que está bastante lejos de lo que el presupuesto es hoy y de lo que aspiramos nosotros á que sea; ya veís que han pasado ochenta años, que se ha realizado en el mundo la revolución económica más grande que vieron los siglos; ya veís que, en este transcurso de tiempo, las necesidades han aumentado extraordinariamente, así como la carestía de todo; asimismo el dinero ha disminuido enormemente en su valor.

Pues bien: si Mendizábal en 1836 consideraba indispensables 52 millones y medio ¿cómo nos hemos de contentar nosotros con un presupuesto de 32 ó 33 millones, porque aun cuando figuran 41 ó 42, figuran sólo en papel, bien lo sabéis, porque entre descuentos obligados al Clero, lo correspondiente á bulas y mil socalifías, queda reducido á 32 ó 33 millones...?

Y si os parece que esto puede ser una equivocación material de números sufrida por Mendizábal, ved lo que en el año 1839, tres años después, las mismas Cortes señalaban como presupuesto indispensable para la Iglesia y consignaban, no lo que consignaba Mendizábal, sino algo más, fijando ese presupuesto en 21.269.683 escudos, ó sean 53 millones 174.206'50 pesetas.

Es más, y aquí viene otra razón de la no necesidad de concordar con Roma. Llegó el momento decisivo del Concordato, y quería saber el Estado á qué se iba á obligar, naturalmente; y con la Iglesia, de común acuerdo, se hizo un avance de presupuesto de obligaciones eclesiásticas que arrojó la cantidad de 52.500.000 pesetas.

Claro es que el Estado se encontraba con grandes agobios, como suele encontrarse de continuo, y dijo que no podía pactarse esa cantidad, y entonces fue cuando se fijaron esas cantidades mínimas en el Concordato.

Entonces fue, señores de la Comisión y señor Ministro de Gracia y Justicia, cuando se redactó ese artículo 36, «sin perjuicio del aumento que se pueda hacer en ellas cuando las circunstancias lo permitan». Y que las circunstancias han cambiado y lo permiten, no he de decirlo yo; sólo apuntaré lo siguien-