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En ese proyecto se sentaba como principio fundamental la prohibición del trabajo nocturno en la panadería durante seis horas consecutivas, que habrían de comprenderse entre las nueve de la noche y las cinco de la mañana; se concedían excepciones en casos muy justificados; se sometía la ley á la inspección del trabajo; se establecían las necesarias sanciones para casos de infracción, y se encomendaba al Instituto de Reformas Sociales la preparación del reglamento.

El dictamen de la comisión, que introdujo en este proyecto ligeras modificaciones, no alcanzó la aprobación del Congreso.

En 3 de Julio de 1916, el Gobierno de Vuestra Majestad reprodujo también ante el Congreso este proyecto de ley, y la nueva comisión dictaminadora, sin introducir ninguna variante de importancia, propuso la adición de un precepto referente á la suspensión de la vigencia de la ley por razones de interés general. Tampoco en esta ocasión llegó á ser aprobado el dictamen de la comisión.

En estas condiciones, el Gobierno de Vuestra Majestad, teniendo en cuenta las constantes demandas de la clase obrera, y que el proyecto, por dos veces sometido al examen de comisiones parlamentarias, está rodeado de toda clase de garantías de acierto, ya que fue preparado por el Instituto de Reformas Sociales, quien antes abrió una amplia información en que tomaron parte patronos y obreros, cree que no debe demorarse por más tiempo esa reforma que afecta á tan trascendentales intereses de carácter higiénico y social y se decide á proponer su implantación á Vuestra Majestad mediante un proyecto de Real decreto que somete á su soberana aprobación.

Ese proyecto del Real decreto está formado con el proyecto de ley que en 1914, se presentó en el Congreso de los Diputados, y con aquellas modificaciones y adicionés propuestas por las dos comisiones parlamentarias que han dictaminado sobre el mismo.

En atención, pues, á las razones expuestas, el Gobierno de Vuestra Majestad tiene el honor de someter á su soberana aprobación el adjunto proyecto de Real decreto.

Madrid, 3 de Abril de 1919.
Señor: A los reales pies de Vuestra Majestad.—Alvaro de
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Figueroa, Alejandro Roselló, Diego Muñoz Cobo, José María Chacón, Amalio Gimeno, José Gómez Acebo, Joaquín Salvatella, Leonardo Rodríguez.

REAL DECRETO

De acuerdo con lo propuesto por mi Consejo de ministros, Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Se prohíbe todo trabajo en tahonas, hornos y fábricas de pan durante seis horas consecutivas, que habrán de comprenderse necesariamente entre las ocho de la noche y las cinco de la mañana. Esta disposición se aplicará igualmente á la fabricación de pan de fondas, hoteles y posadas, así como á la de los artículos de confitería, pastelería ó repostería y demás similares.

Art. 2.º La jornada de trabajo tendrá la duración que patronos y obreros acuerden, sin que en ningún caso se puedan comprender en ella las seis horas en que el trabajo se prohíbe, según el párrafo primero del artículo anterior.

El contrato en que se estipule una jornada inhumana por notoriamente excesiva será nulo.

Conforme al artículo 7.º de la ley orgánica de Tribunales industriales, serán de la competencia de éstos las cuestiones que surjan entre patronos y obreros relativas á los contratos que se celebren.

Art. 3.º No será aplicable lo dispuesto en el artículo primero:

Primero: Durante un periodo máximo de treinta días al año, á los efectos de festividades, ferias, etc. etc., y sin que en ningún caso pueda utilizarse más de seis días seguidos.

Segundo. En caso de accidente, debidamente acreditado, que impida el trabajo de día.

Tercero. Por motivo de interés general ó de necesidad pública, y en caso de suministro á la fuerza armada.

Art. 4.º Las excepciones á que se refiere el artículo anterior serán declaradas, á solicitud de los dueños de establecimientos, por la Junta local de Reformas Sociales, y, en su defecto, por el alcalde, oyendo al gremio y ramo, tanto de patro-
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nos como de obreros, si los hubiere, y concediéndose recurso ante el ministerio de la Gobernación, que resolverá, oído el Instituto de Reformas Sociales.

En el caso de urgencia notoria á que se refieren los números segundo y tercero del artículo anterior, podrá conceder, desde luego, autorización el alcalde, dando cuenta á la Junta local de Reformas Sociales.

Art. 5.º El cumplimiento de este decreto será objeto de la inspección del trabajo del Instituto de Reformas Sociales, con arreglo á las disposiciones que regulan el funcionamiento de la misma.

Esta inspección podrán ejercerla también las Juntas locales, las autoridades gubernativas y municipales y sus agentes, acomodándose á lo que disponga á este efecto el reglamento para la ejecución del presente decreto.

Los inspectores del trabajo, las autoridades y sus agentes, podrán visitar los establecimientos á que se refiere este decreto á todas las horas del día y de la noche. Se declara pública la acción para denunciar las infracciones del presente decreto.

Art. 6.º Un ejemplar, por lo menos, de este decreto se colocará en sitio visible del local ó locales del establecimiento donde haya de ser aplicado.

Art. 7.º Las infracciones á este decreto se castigarán con la multa de 25 á 125 pesetas para los patronos, aplicable el máximo en caso de reincidencias.

Habrá reincidencias siempre que el penado por infracción incurra en otra igual dentro del año, á contar desde la fecha en que se cometió la anterior.

El reglamento determinará el procedimiento para imponer y hacer efectivas las multas. El importe de éstas ingresará en las cajas del Instituto Nacional de Previsión ó de sus agencias ó representaciones regionales y provinciales, con destino al fondo especial de pensiones para inválidos del trabajo.

Art. 8.º El Gobierno podrá suspender la aplicación de este decreto en una población ó región, ó en toda España, en caso de urgencia extrema, por razón de orden público ó de interés nacional.

Si la suspensión hubiera de prolongarse más de tres meses,
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será preciso oír al Instituto de Reformas Sociales y al Consejo de Estado.

Art. 9.º El Gobierno, oído el Instituto de Reformas Sociales, dictará el opportuno reglamento para la ejecución del presente decreto dentro de los dos meses siguientes á su promulgación.

Este decreto empezará á regir á los dos meses de publicado el reglamento.

Dado en Palacio, á 3 de Abril de 1919.—Alfonso.—El presidente del Consejo de ministros, ministro de Estado, Álvaro Figueroa.—El ministro de Gracia y Justicia, Alejandro Roselló.—El ministro de la Guerra, Diego Muñoz-Cobo.—El ministro de Marina, José María Chaoón.—El ministro de la Gobernación, Amalio Gimeno.—El ministro de Fomento, interino de Hacienda, José Gómez Acebo.—El ministro de Instrucción pública, Joaquín Salvatella.—El ministro de Abastecimientos, Leonardo Rodríguez».

REAL DECRETO IMPORTANTE

La Gaceta ha publicado en su número de 1 del mes de Mayo actual el siguiente Real decreto del Ministerio de Fomento:

«Señor: Una de las primeras y más hondas preocupaciones del Gobierno de Vuestra Majestad ha sido atender á los anuncios que, por diversos conductos llegan y que sucesos pasados presentan como muy atendibles, respecto á las dificultades de carácter social que pueden producirse para la obtención de la futura cosecha en algunas regiones españolas, y muy especialmente, en ciertas zonas de Andalucía y Extremadura.

Entre las varias obligaciones qué sobre el Gobierno pesan, la primera es, sin duda alguna, asegurar la efectividad de la recolección.

Por muy importantes que sean las luchas entre los diversos intereses encontrados, y sin dejar de reconocer la solicitud con que se ha de tratar esa materia, parece indudable que el Gobierno ha de desvelarse primordialmente para asegurar la
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normalidad económica, derivada de la recolección y agotar sus esfuerzos y previsiones, con el designio de que, en ningún modo sobrevenga el enorme quebranto que, la pérdida ó gran merma de la cosecha implicaría.

El presente decreto va encaminado á lograr esos fines. Ordena que en los campos, donde las circunstancias lo requieran, se formen Juntas que actúen como Consejos de conciliación-integradas por caracterizadas representaciones de los elementos patronal y obrero, y dedicadas á armonizar las aspiraciones de ambos.

En igual sentido protector se inspira otro artículo, por el cual se da preferencia á los obreros de la localidad sobre los forasteros y se dificultan los manejos de la codicia, ordenando que el obrero forastero haya de recibir la misma remuneración consentida para los de la localidad.

Si, á pesar de todo fracasaren los intentos de avenencia y la lucha social llegase á extremos que hicieran temer la pérdida de los frutos, el Poder público interpondrá su indeclinable ministerio, y por conducto del Gobernador civil podrá aplicar las previsiones de la vigente ley de Subsistencias, y aun arbitrar otras más extremadas decisiones, si fuera menester.

Complemento de estas prevenciones ha de ser el estímulo del seguro de cosechas, que hoy sólo existe contra los riesgos ordinarios que previene el Código de Comercio, y contra el incendio á que se refiere el Real decreto de 11 de Abril último.

Como el estrago puede tener diferentes orígenes, será útil que las entidades mercantiles, más especialmente las Mutualidades de labradores y las demás entidades relacionadas con la Agricultura nacional procuren cubrir aquellos riesgos.

Para lograrlo, el Gobierno ofrece su concurso pecuniario, que ha de ser, naturalmente, distinto según el carácter de las personas jurídicas que hayan de recibirlle.

El Gobierno ha tenido el propósito de no crear ningún organismo nuevo, sino alentar y desenvolver la acción de los que ya existan, ó de hoy en adelante se produzcan.

Imperdonable jactancia sería, por parte del Gobierno, presumir que ha acertado plenamente, y que lo que hoy propone á la aprobación de V. M. constituye una página perfecta.
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Muy al contrario, el Gobierno da á este proyecto carácter de mero ensayo en relación con la cosecha de cereales que se avecina, y descuenta que su actual iniciativa debe quedar sujeta á multitud de rectificaciones que la realidad irá imponiendo. Pero, sin duda, V. M. y el país entero harán al Gobierno la justicia de reconocer que, constituido hace muy pocos días y apremiado al tratamiento de problemas tan complejos y necesitados de asistencia jurídica tan nueva, le era indispensable hacer una ordenación que sirviera las necesidades de urgencia aunque careciese del preparatorio acopio de informes que ha sido imposible procurarse cuando sólo faltan aproximadamente un par de semanas para las primeras faenas recolectoras.

La experiencia dará consejo para variar y completar estas primeras medidas. En un artículo adicional se procura sistematizar las enseñanzas de la práctica, siempre insuperables, y allegar asesoramientos autorizados para cuanto sea necesario disponer en venideras ocasiones, buscando el mayor acierto, ya que no se aventaje la buena voluntad.

Por estas consideraciones, el ministro que suscribe tiene el honor de proponer á V. M. el siguiente proyecto.

Madrid, 30 Abril de 1918.—Señor.—A los R. P. de V. M.—Angel Ossorio».

REAL DECRETO

De acuerdo con mi Consejo de Ministros, y á propuesta del de Fomento, vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Antes de que comience cada una de las labores propias de la recolección de la próxima cosecha de cereales, los gobernadores civiles ordenarán al alcalde de cada localidad, donde estimen que la perturbación de relaciones entre patronos y obreros puede afectar á la normalidad de aquéllas, que organice una junta reguladora de las condiciones del trabajo y de su justa remuneración. Habrá en ella igual número de patronos que de obreros. Unos y otros serán designados por las sociedades que estuvieren constituidas con anterioridad á la publicación de este decreto y por las Juntas, Patronatos é instituciones de cualquier índole, asimismo preexistentes y de
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positiva influencia social. Donde no hubiere sociedades de una ó de otra especie, podrán hacer los nombramientos los obreros y los patronos, agrupándose para tal fin.

Actuarán estas Juntas como Consejos de conciliación y su misión será concertar los contrapuestos intereses. En caso de que no lo logren, pronunciarán su dictamen en el sentido que estimen práctico y justo.

Art. 2.º Si no llegase á establecerse avenencia entre patronos y obreros, el patrono que por cualquier motivo haya de emplear trabajadores extraños al municipio en cuyo término estén las cosechas, deberá admitir preferentemente á los operarios de la localidad que antes de la llegada de aquéllos acepten las mismas condiciones y salarios.

Si por falta de braceros suficientes, por huelga ó otro motivo, los patronos se vieren en la necesidad de utilizar braceros forasteros, estarán obligados á reconocerles las mismas condiciones y remuneración que hubiesen consentido para los obreros de la localidad.

Art. 3.º Donde aconteciere que la cosecha estuviese en inminente riesgo de perderse por falta de acuerdos entre patronos y obreros, podrá el gobernador civil proponer al Gobierno las medidas de urgencia que estime indispensables, en armonía con la ley sobre subsistencias de 11 de Noviembre de 1916, ó en otros términos de mayor eficacia si fuese menester.

Art. 4.º Si hubiese Compañías acogidas á la ley de Seguros, Bancos, Asociaciones, Sindicatos y Mutualidades ó otras entidades, de evidente solvencia á juicio del Gobierno, que establecieran el seguro de la Propiedad Agrícola contra las pérdidas que puedan producirse por actos de violencia, abandono colectivo de labores ó movimientos sociales análogos, el Gobierno podrá prestarlas auxilio en la siguiente forma:

a) Con las Sociedades de fines de lucro podrá concertar el reaseguro, hasta el 40 por 100 del riesgo asegurado.

b) A las Asociaciones de carácter mútuo, establecidas antes ó después de la publicación de este decreto, y que por derrota entre sus asociados inviertan en indemnizaciones por lo menos un 15 por 100 del capital que cada una asegurase, podrá entregarlas con carácter de subvención gratuita un 5 por
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SECCIÓN DOCUMENTAL

"EL GRAN PEDAGOGO, SAN JOSÉ DE CALASANZ,
FUNDADOR DE LAS ESCUELAS PIAS"

CARTA PASTORAL

DEL
Excmo. é Ilmo. Sr. Dr. D. Juan Benlloch y Vivó
Biendo Obispo de Urgel y Príncipe Soberano de Andorra

(CONTINUACIÓN)

IX
Primeros Protectores y Bienhechores de las Escuelas Pías

Cuando Calasanz se postró á los pies del Pontífice Clemente VIII, exponiéndole su plan de Escuela y propósito de hacer vida común con los maestros para mejor asegurar los frutos que ya empezaban á cosecharse, escuchó de labios del Papa palabras de consuelo y de aliento; supo que abrigaba firmísima convicción de la necesidad de escuelas populares para toda la cristiandad, aprobó y robusteció su resolución de vida común, le exhortó á que formase una Congregación de Clérigos para dirigir y perpetuar su floreciente Escuela y le despidió con la bendición apostólica.

Se habían trasladado las escuelas, ya estrechas para contener el creciente número de niños, al palacio de Monseñor Vestri, que quiso reservarse una habitación en el mismo «para edificarse con la vista y el trato de aquellos maestros ejemplares y aquellos niños, como por arte sobrenatural, trocados». Era Monseñor Vestri Secretario de Breves de Su Santidad Clemente VIII, y en particular audiencia con el Papa, dejó hablar á
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100 más, si con aquel 15 por 100 no alcanzara para sufragar la totalidad de los siniestros ocurridos.

c) Con las entidades de la índole marcada en el párrafo anterior y con cualquiera otras que, no persiguiendo una ganancia, establezcan un seguro directo con los agricultores, podrá formalizar un reaseguro en relación á la prima que ofrezcan.

Para poder acogerse á los beneficios señalados en estos dos últimos párrafos, será indispensable que los propietarios que los soliciten hayan aceptado las condiciones de trabajo señaladas como justas por la Junta local respectiva.

Art. 5.º La ejecución de los contratos que en el artículo anterior se previene quedará encomendada al Comité de Seguros marítimos.

Artículo adicional. El Comité de Seguros, las Juntas provinciales y locales de Reformas Sociales y las Secciones agronómicas informarán á la Dirección General de Agricultura de los efectos que la ejecución de este decreto produzca en las sucesivas operaciones agrarias, á fin de que el Ministerio de Fomento, asesorándose del Instituto de Reformas Sociales y de la Junta Consultiva Agronómica, pueda aplicar en lo porvenir, si hubiese de insistirse en este sistema protector, las enseñanzas que la experiencia aconseje.

Dado en Palacio, etc.»
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PRÁCTICA SOCIAL

Acción Católica de la Mujer

ESTATUTOS

CAPITULO I

Título, domicilio y objeto de la Asociación

Artículo 1.º Con arreglo á la Ley de 30 de Junio de 1887, y con el nombre de Acción Católica de la Mujer, se constituye en Madrid una Asociación, de carácter nacional, que tendrá su domicilio en la calle de Serrano, numero 16, primero.

Art. 2.º La Acción Católica de la Mujer tiene por objeto la defensa de los intereses religiosos, morales, jurídicos y económicos de la mujer española.

Art. 3.º Integran el fin de la Asociación:
a) El estudio y solución de los problemas femeninos;
b) El perfeccionamiento de la cultura y formación de la mujer, por medio de instituciones apropiadas;
c) Ejercer la acción social en toda su amplitud, fundando, impulsando y protegiendo obras femeninas de todo género, especialmente las que defendan á la obrera contra los abusos del patrono y le aseguren la justa remuneración del trabajo, llegando, en cuanto sea posible, á la supresión del intermediario;
d) Representar á la mujer española ante la opinión y los Poderes públicos;
e) Recabar de éstos y de los patronos el cumplimiento de los deberes de justicia y caridad cristianas, en cuanto á la jornada salario y demás condiciones del trabajo femenino;
f) Vigilar el cumplimiento de las leyes sociales referentes al trabajo de la mujer y del niño y procurar su perfeccionamiento;
g) Defender el derecho de la mujer á intervenir en la solución de los problemas que de algún modo le afecten, con la consiguiente representación en los organismos correspondientes, como Cámaras de Comercio é Industrias, Instituto de Re-
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formas Sociales, etc., etc., y el ámpleo ejercicio de los derechos de ciudadanía;
    h) Imponer el respeto á la mujer y al niño en todas partes, especialmente en la calle, en el taller y en la fábrica;
    i) Organizar campañas contra los vicios sociales y cooperar á toda noble iniciativa en defensa de la Religión y de la Patria.

Art. 4.º Para conseguir estos fines la Acción Católica de la Mujer celebrará Asambleas, Conferencias, Congresos, Semanas sociales y demás actos que considere oportunos; organizará Círculos de Estudios, publicará una revista, que será el órgano constante de comunicación entre las asociadas, y fundará y sostendrá un Secretariado femenino de carácter nacional.

CAPITULO II
De las asociadas

Art. 5.º Serán de tres clases: honorarias, adheridas y de número.

Art. 6.º Serán socios honorarios las personas de ambos sexos que den por una vez á la Asociación una cantidad no inferior á mil pesetas; las que se suscriban por una cuota anual no menor de doscientas, y las que, por sus trabajos en favor de la Asociación, se hicieran acreedoras á este título, á juicio de la Junta central.

Los socios honorarios tendrán, con el agradecimiento de las asociadas, el derecho de proponer á la Junta Central las iniciativas que estimen oportunas.

Art. 7.º Serán socias adheridas las Asociaciones femeninas que se inscriban y contribuyan con la cuota mensual de cinco céntimos por cada una de sus asociadas. Exceptúanse las Asociaciones de obreras, cuya cuota será de diez céntimos anuales por asociada. Las entidades adheridas deberán presentar previamente á la Junta central sus Estatutos ó Reglamentos.

Estas Asociaciones tendrán derecho:
    1.º A reclamar el apoyo moral y material de la Junta en que se inscriban y de la Central, que se lo prestarán en la medida posible.
    2.º A elevar al Secretariado femenino las consultas que les ocurran y encomendarle las gestiones que necesiten en relación con sus propios fines.
    3.º A que sean admitidas sus asociadas en las instituciones que funde la Acción en iguales condiciones que las socias de número.
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4.º A intervenir en la elección de las Juntas en la forma que determinan los artículos 35 y 38.

Las entidades adheridas cooperarán á los fines de la Acción, secundando las iniciativas de las Juntas y facilitándoles los informes que les pidan.

Art. 8.º Serán socias de número las mujeres españolas que tengan más de quince años y sean admitidas por la Junta de la Sección á que hayan de pertenecer, prévia la presentación por una asociada.

Las socias de número tienen derecho:
1.º A participar de los beneficios de la Acción y utilizar los servicios del Secretariado.
2.º A ingresar en las instituciones que funde la Acción con preferencia á las no asociadas.
3.º A intervenir en la vida de la Asociación en la forma que determinan estos Estatutos.
4.º A asistir á los Congresos, Asambleas, Conferencias y demás actos análogos que la Asociación organice.

Sus deberes son:
1.º Cumplir los Estatutos y acuerdos de las Juntas.
2.º Pagar la cuota de diez céntimos á una peseta cada mes.
3.º Cooperar con su celo y actividad á los fines de la Asociación, especialmente propagándola entre sus amistades y relaciones.

CAPITULO III
Del régimen de la Asociación

Art. 9.º El régimen y administración de la Acción Católica de la Mujer corresponde:
1.º A la Junta central.
2.º A las Juntas provinciales.
3.º A las Juntas locales.
4.º A las Juntas de Sección.
5.º A las Asambleas generales, provinciales, locales y de Sección.

CAPITULO IV
De la Junta Central

Art. 10. La Junta central, que residirá en Madrid, se compondrá de Presidenta, Vicepresidenta, Secretaria, Vicesecretaria, Tesorera, Vicetesorera y cuatro Vocales.

La Junta central será elegida en la Asamblea general ordi-
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naria, por mayoría absoluta de votos, y se renovará cada tres años. En la primera renovación cesarán las Vices y las dos Vocales que designe la suerte, quedando así establecido el turno para las renovaciones ulteriores. Todos los cargos son reeligibles.

Art. 11. La Junta central representa á la Asociación, es el órgano de sus decisiones en lo que concierne á su organización interior y á los fines que se propone y las ejecuta bajo su responsabilidad.

Art. 12. Debidamente autorizada por la Junta central, su Presidenta podrá llevar la representación de la Asociación ante los Poderes públicos.

Art. 13. La Junta central se reunirá una vez al mes, y siempre que la Presidenta lo estime necesario ó lo pidan dos terceras partes de los miembros de aquélla.

Art. 14. La Junta central es el órgano de la Obra que está en actuación perenne; á ella le incumbe el dar orientaciones, estudiar los problemas que las circunstancias planteen, buscar las solución adecuada á los fines de la Acción, crear Instituciones, fundar obras, organizar campañas de propaganda, depresión, de moralidad, de acción social y, finalmente, administrar los bienes de la Asociación.

Art. 15. La Junta central tendrá su Consiliario, sacerdote, nombrado por el Eminentísimo Cardenal Primado, á quien representará dentro de la Obra con derecho de veto á cuanto sea contrario á la Religión y á la Moral.

(Concluirá).