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la libre voluntad de todas las sindicadas, que se prometen, al agruparse, cooperación y amor.

El espíritu mutualista es de interés; el espíritu sindicalista es de sacrificio. Las sindicadas trabajan por obtener el mejoramiento de la condición de las generaciones futuras de obreras, si no se puede conseguir el mejoramiento de su propia generación. Para esto necesita esforzarse, luchar. En el nacimiento de una organización sindicalista, son necesarias almas bien templadas que acepten esos esfuerzos y esas luchas, aunque no tengan la certidumbre de que han de redundar directamente en su provecho personal, pero con la esperanza de preparar un porvenir mejor á las que habrán de seguirles.

Ha pasado ya en nuestro Sindicato ese periodo de lucha, sin resultado inmediato, pero con magníficos efectos en la actuación posterior. Las sindicadas actuales recogen los frutos de la labor generosa realizada por las fundadoras, verdaderas sembradoras de la idea; sigue vivo entre ellas el espíritu sindical, y si bien las sindicadas de hoy perciben los beneficios de la agrupación, no por ésto carece de generosidad su labor, que prepara el terreno en mejores condiciones para las sindicadas futuras.

Tales son, muy sucintamente expuestos, los rasgos fundamentales de la sindicación católica. Frente á ella tenéis á la sindicación roja, con su violencia de procedimientos, con sus caudillos que usan de la obrera para el logro de fines políticos. El fundamento de este sindicalismo rojo, es la lucha entre dos clases sociales (la obrera y la patronal) de tal índole, que cada una de ellas es el natural complemento de la otra, que no pueden subsistir aisladas, y que no pueden, por tanto, ser enemigas. Es hecho probado la necesidad de la sindicación; tenéis que elegir, por consiguiente, entre los dos sindicalismos, y no creo que, una vez expuesto lo anterior, la opción sea dudosa. El problema social no se resuelve con odios y antagonismos, sino con justicia y amor.
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ANTEPROYECTO DE LEY AGRARIA

Recogiendo una aspiración general de la clase agraria, en armonía con el movimiento general de Europa y con las necesidades económicas y sociales de la sociedad moderna, manifestada continuamente en reuniones, conferencias y mitines, prensa, folletos y libros por personas de toda clase de posiciones e ideas, me he decidido á condensar en un anteproyecto de ley la aspiración que me ha parecido más común y más en armonía con las normas de la equidad y la justicia social.

No tengo la pretensión de creer que mi modesto trabajo estará hecho á gusto de todos, ni que sea perfecto ni mucho menos; de ahí que, después de consultado antes de proponerle, lo consulte de nuevo, antes de ultimarle, en una esfera más amplia y variada.

Agradeceré á los que estén y no estén conformes con lo propuesto, que me razonen por qué, y á todos que me hagan cuantas observaciones estimen convenientes, mirando al bien de la patria y al mejoramiento de los humildes.

En cuanto á aquellos que han de creerse lesionados en lo que ellos llaman «sagrado derecho de la propiedad», he de recordarles la facilidad con que admiten las expropiaciones de sus terrenos para un ferrocarril, carretera, canal u otras necesidades públicas, no tan importantes como el mejoramiento de la clase trabajadora, cuyo derecho á la vida es mucho más sagrado, y hacerles ver que anejo al derecho está el deber, y que á aquel que cumple los deberes de la propiedad, explotando sus fincas y ayudando con trabajo á los necesitados, se le respeta plenamente su derecho y aún se le ayuda.

Dicho esto, he de manifestar también que mi trabajo es independiente de la actuación e influencia del Gobierno actual ni de otros, y de toda clase de partidos y entidades: es obra exclusivamente personal mía y no lleva más valedero ante la opinión que el buen deseo de un ciudadano de servir á su país, y dentro de él, especialmente, á la clase más abandonada y necesitada.

ANTONIO MONEDERO.

Madrid, Septiembre 1919.
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PATRIMONIO FAMILIAR

CAPÍTULO PRIMERO

Artículo 1.º Por esta ley se autoriza la constitución del patrimonio familiar y obrero en las condiciones y límites marcados por la misma.

Art. 2.º Podrá constituir el patrimonio familiar todo español mayor de edad y cabeza de familia que se encuentre en el pleno goce de sus derechos civiles.

Se entiende por cabeza de familia para los efectos de esta ley toda persona casada, con ó sin hijos; todo viudo ó viuda, con hijos y ascendientes ó adoptantes, que tenga á su cuidado descendientes ó adoptados menores de edad.

También podrá constituirse el patrimonio familiar por un tercero mayor de edad y con el pleno goce de sus derechos civiles, en favor de las personas marcadas en el párrafo anterior.

Art. 3.º El patrimonio obrero puede constituirlo en beneficio propio todo español obrero agrícola mayor de diez y ocho años, soltero, viudo, sin hijos ni descendientes bajo su custodia, ó un tercero mayor de edad en beneficio del obrero que se encuentre en las condiciones de este artículo.

Art. 4.º Se entiende por obrero agrícola el que se dedica á trabajos del campo, á jornal ó destajo, por lo menos una cuarta parte del año.

Art. 5.º No podrá establecerse en favor de una persona más de un patrimonio familiar ni obrero, siendo incompatible la existencia de los dos en un mismo sujeto.

Art. 6.º El patrimonio familiar lo constituirán una casa y tierras cultivadas por la familia ó un miembro de ella, siempre que el valor total no exceda de 10.000 pesetas.

Art. 7.º El patrimonio obrero lo formarán tierras cultivadas por el obrero, siempre que su valor no exceda de 2.500 pesetas.

Art. 8.º Será condición indispensable para constituir el patrimonio familiar y obrero que las tierras se cultiven, labren ó exploten directamente por la familia ó obrero en cuyo favor se constituyen.
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Si adquirieron fincas para constituir el patrimonio, han de hacer el ofrecimiento de labrarlas directamente, entendiéndose que, si transcurrido un año no lo realizaren, salvo causa mayor, quedarán nulos los beneficios del patrimonio, y el vendedor ó donante con derecho á rescindir el contrato, sin indemnización.

Art. 9.º El marido puede constituir el patrimonio familiar con bienes propios y de la sociedad de gananciales, necesitando autorización de la mujer para constituirlo con sus bienes.

La mujer casada no podrá constituirlo con sus bienes sin autorización del marido. Si estuviese separada y tuviese hijos bajo su custodia, no necesitará autorización del marido ni judicial para constituirlo con sus bienes propios ó con los bienes de la sociedad conyugal que tenga en administración.

Art. 10. Los bienes del patrimonio familiar y obrero se declararán inembargables por toda deuda contraída por el beneficiario, después de su constitución, y no provenientes de delitos contraídos para constituirlo, ni de jornales devengados por obreros. También se declaran inembargables los aperos, útiles de labranza y ganado necesario para el cultivo del patrimonio.

Art. 11. La inalienabilidad del patrimonio familiar dura toda la vida del constituyente ó beneficiario su cónyuge, y mientras haya hijos descendientes ó adoptados menores de edad y de las condiciones exigidas en el artículo 2.º

Art. 12. El patrimonio obrero será inalienable mientras el constituyente reuna las condiciones exigidas por los artículos 3.º y 4.º. Si contrajere matrimonio, convertirá el patrimonio obrero en familiar.

Art. 13. A pesar de lo dispuesto en los artículos anteriores, el patrimonio familiar y obrero podrá enajenarse en todo ó en parte en caso de necesidad, previa justificación y licencia de la Junta provincial.

También podrá ser cedido en arrendamiento en caso que la familia ó obrero, por causa justificada, no pudieran cultivarlo por sí mismos, previa la licencia de la misma Junta.

Art. 14. Todo patrimonio familiar ó obrero se constituirá mediante escritura ante notario, y se inscribirá en el Registro.
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La constitución de patrimonios estará exenta de todo pago de derechos al Estado. Los derechos de Notaría y Registro se exigirán por la cuarta parte del arancel.

La adquisición de bienes hecha por obreros ó familias pobres para constituir patrimonio estará también exenta del pago de derechos reales. Se entenderá familia pobre, para los efectos de esta exención, la que no posea bienes en cantidad á cubrir el máximum señalado al patrimonio en el artículo 6.º

Art. 15. Los obreros agrícolas que encontrándose en las condiciones marcadas por los artículos 2.º y 3.º no puedan constituir patrimonio familiar ni obrero por carecer de tierras para ello, podrán adquirirlas para este fin en la forma y condiciones marcadas por esta ley y su reglamento de ejecución.

Se entenderá por obrero, para los efectos de este artículo, todo español mayor de diez y ocho años que, careciendo de bienes en propiedad, aparcería, arrendamiento ó censo, ó los posea en cantidad menor á 2.500 pesetas, si reúne las condiciones del artículo 2.º, y 1.500 si reúne las del artículo 3.º y se dedica á trabajos del campo, á jornal ó destajo, la cuarta parte del año.

Art. 16. Para dar efectividad al artículo anterior, y á fin de que todos los obreros que se encuentren en condiciones de ley puedan constituir su patrimonio, se les concede derecho á pedir la cesión de terrenos por el siguiente orden: bienes del Estado, bienes de la Provincia, bienes del Municipio y bienes de particulares, estableciéndose dentro de los bienes de particulares el orden siguiente: bienes abandonados, bienes mal cultivados y bienes acumulados.

CAPÍTULO II

Bienes del Estado, Provincia y Municipio.

Art. 17. Se comprenden dentro de este epígrafe y sujetos al derecho establecido en el artículo anterior todos los terrenos cultivados ó cultivables poseídos por el Estado, la Provincia y el Municipio.

Exceptuando los destinados á repoblación forestal, montes de utilidad pública, necesidades militares ó análoga necesidad
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nacional, y los de aprovechamiento común de pastos ó leñas, siempre que su transformación no sea más productiva, á juicio de peritos.

Art. 18. Las enajenaciones en venta las hará el Estado, Provincia ó Municipio á precios módicos, pagaderos á plazos durante un periodo no menor de quince años ni mayor de veinte. También podrá hacer cesiones en arrendamientos y censo.

Art. 19. Para los efectos de esta ley, y concedido plazo para levantar las cosechas pendientes, se declarará caducada desde su promulgación toda concesión de terrenos hecha por el Estado, Provincia ó Municipio, para explotación agrícola ó pecuaria:

Exceptuándose las concesiones hechas con sujeción á las leyes de colonización interior, las otorgadas para granjas agrícolas ó á entidades agrícolas para disfrute de sus socios y las concesiones en favor de obreros, en propiedad ó arrendamiento, siempre que éstos las exploten directamente ó subsanen la falta en un plazo de tres meses.

Art. 20. Se consideran también bienes del Estado, para los efectos de esta ley, toda la propiedad rústica que aparezca adjudicada al Estado por débito de contribuciones ó derechos.

Art. 21. Los actuales poseedores de los terrenos y edificios á que se refiere el artículo anterior, y que fueran dueños ó herederos de los propietarios á quienes se les confiscaron, y siempre que reúnan las condiciones que determina el art. 2.º y no posean otros bienes cuyo valor exceda de 10.000 pesetas, tendrán derecho preferente sobre los bienes confiscados para la constitución de patrimonio familiar.

El mismo derecho preferente tendrán los obreros agrícolas para la constitución de su patrimonio sobre los bienes de esta clase poseídos, siempre que no tengan bienes cuyo valor no exceda de 2.500 pesetas.

En uno y otro caso, si poseyeran bienes de esta clase que por sí solos ó unidos á otros de propiedad plena excedan de los valores consignados en el párrafo anterior, el derecho preferente se entenderá sólo en la cantidad necesaria para completar los mencionados valores.

Art. 22. A las mismas condiciones quedarán sometidos to-
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dos los bienes que en adelante, y previo agotamiento de los trámites legales vigentes, fuesen adjudicados al Estado por débitos de contribuciones ó derechos.

Art. 23. El precio de enajenación de los bienes á que hacen relación los artículos 20 y 22, no podrá exceder del total del débito y costas del expediente de adjudicación al Estado, cuando sean sus poseedores y dueños, según el artículo 21, los que traten de reivindicarlos; en otro caso se determinará su precio justo.

Art. 24. Si dentro del plazo de un año, á contar desde la publicación de esta ley en la Gaceta, no invocaren los actuales poseedores de las condiciones señaladas su preferencia de derecho, perderán el beneficio de preferencia.

Art. 25. Los bienes propiedad del Estado, Provincia ó Municipio, poseídos por los particulares sin título legítimo, entrarán dentro de la categoría de bienes destinados á los efectos de esta ley. Tendrán derecho preferente á su adjudicación las personas que, encontrándose en las condiciones de los artículos 2.º y 3.º, los posean en la actualidad, siempre que el total valor de los bienes de todas clases poseídos no exceda de las 10.000 pesetas y 2.500 respectivamente; en cuanto exceda cederá la preferencia de derechos.

Art. 26. La concesión de terrenos del Estado, Provincia y Municipio, para los efectos de esta ley, no podrá exceder del valor de 2.500 pesetas en patrimonio familiar, y 1.500 en patrimonio obrero.

Art. 27. Las peticiones las harán los obreros que reunan las condiciones marcadas en los artículos 2.º y 3.º del terreno poseído por el Estado, Provincia y Municipio dentro del término municipal donde vivan, con el carácter de vecinos y residentes.

(Concluirá).
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una vez sino por etapas. Una de ellas ha sido sin duda—la primera—la reglamentación del trabajo de la mujer y del niño. Después ha venido la limitación del número de horas de trabajo en determinadas industrias—las minas por ejemplo;—y por último se ha llegado á extender la reglamentación á todos los adultos.

Ya antes de la guerra se veía alborear el día en que la fijación de la jornada de trabajo sería una realidad. El verdadero obstáculo para su implantación—el riesgo de la concurrencia internacional en aquellas industrias por lo menos donde la concurrencia existe—se allanaba en espera de que llegase la época de su desaparición. Las legislaciones iban adoptando el principio, que había ya adquirido carta de naturaleza en la práctica social. Como decía Pic, resumiendo la posición de las legislaciones, los Estados podían repartirse en tres grupos: «Un primer grupo de Estados que no admiten ninguna reglamentación legislativa; un segundo grupo en que ha prevalecido la reglamentación directa (Francia, Austria, Suiza, Rusia). Por último un tercer grupo comprende los Estados que sin legislar directamente sobre el trabajo del adulto le protegen indirectamente, ya sujetando á ciertas prescripciones especiales las industrias cuyo funcionamiento interesa particularmente la seguridad del Estado ó su desarrollo económico... ó las industrias peligrosas, ya reglamentando el trabajo del domingo, ya asignando á la jornada de trabajo un máximo legal para la ejecución de trabajos públicos». Y añadía: «La experiencia demuestra que estos caminos indirectos permiten operar una reducción sensible de la jornada normal». (1) A este último grupo perteneció España donde en los últimos años anteriores á la guerra se llegó á fijar la jornada máxima en los trabajos de las minas (ley de 27 de Diciembre de 1910) y en la industria textil.

La guerra no ha hecho sino acelerar esta evolución. El intervencionismo ha llegado á su grado máximo á virtud de las nuevas necesidades. La revolución social ha hecho pensar para desarmarla en dar satisfacción á exigencias legítimas de la cla-

(1) Pic. Traité elementaire de Legislation industrielle. Paris 1912. páginas 629-630.
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SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA

LIBROS

I y II. Real Academia de Ciencias Morales y Políticas: Proceso del sindicalismo revolucionario. Discurso leído en el acto de su recepción, por D. Julio Payol y Alonso, y contestación de D. Adolfo Bonilla y San Martín, el día 11 de Mayo de 1919. Madrid, 1919. Sobrinos de la Suc. de M. Minuesa de los Ríos. 79 páginas de 163 por 230 mm. 2 pesetas.—La organización económica nacional: Discurso leído en el acto de su recepción por el Excmo. Sr. D. Luis Marchalat y Manrique, Vizconde de Era, y contestación del Excmo. Sr. D. Eduardo Sant y Escartín, Conde de Linarraga, el día 13 de Abril de 1919. Madrid, imprenta de Bernardo Rodríguez, 1919; 113 páginas de 193 por 271 mm., 3 pesetas.—III. Las reformas de Carlos III en el régimen local de España, por D. Manuel Fériz Bua, Doctor en Derecho y en Filosofía y Letras, correspondiente de la Real Academia de la Historia. Madrid, imprenta de Fortanet, 1919; 35 páginas de 165 por 241 mm., s. p.—IV. La misión educativa del Ejército: Conferencia pronunciada por el Excmo. Sr. D. Antonio Rey y Villanova, el día 26 de Abril de 1919. Madrid, imprenta Gráfica Excelsior, 1919; 36 páginas de 154 por 209, s. p.—V. El impuesto municipal en los pueblos rurales..., por D. Constante Amor y Naveiro, Pbro., Doctor en Teología y en Derecho, etc., con licencia eclesiástica. La Coruña, Imp. Artística, 1919; 55 páginas de 121 por 170 mm., una peseta.—VI. Valvanera. Imagen y santuario: Estudio histórico, por el Ilustrísimo y Reverendísimo P. Fr. Toribio Minguela y Arnedo, de la Orden de Agustinos Recoletos, Obispo titular de Basiliopolis (dimisionario de Sigüenza), C. de la R. A. de la Historia. Madrid, Hijos de Gregorio del Amo, 1919; 118 páginas de 121 por 188, s. p.—VII. Fernandes Valbuena. La religión á través de los siglos. Estudio histórico comparativo de las religiones de la Humanidad. Tomo II. Tip. de «El Eco de Santiago», 1919. XIII más 365 páginas de 170 por 260 mm., 8 pesetas.

I y II.—Los discursos de ingreso en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, tienen en ocasiones—cuando el recibiendario es hombre de verdadero valer y no uno de los figurones de la política al uso—el mérito singular de constituir preciosas monografías doctrinales dignas de la estima del estudioso. Tal se asemece en la ocasión presente con los discursos motivo de la presente nota. El primero, debido al doctísimo señor Payol, se consagra al «proceso del sindicalismo revolucionario», cuya exposición doctrinal, evoluciones de táctica, permeabilización de su influjo en las distintas clases sociales, las cuales, en mucho, se pliegan á sus procedimientos, se examinan minuciosa y documentalmente en 64 páginas, admirable
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resumen de lo que es y significa este sindicalismo revolucionario, cuyas tendencias materialistas inspiran tedio al autor y le impulsan á escribir una hermosa confesión de fe. De la propia manera que el señor Payol hace una acertada semblanza de su antecesor en el sillón académico, señor Conde de Casa Valencia, el ilustre polígrafo don Adolfo Bonilla y San Martín pone de manifiesto la ejecutoria literaria del nuevo académico con un primoroso discurso de contestación en el que además, al incidir sobre el tema, trae muy á colación un texto de Max Stirner, con el que se critica muy honda y cerdadamente la careta idealista que sirve de antifaz á la idea sindicalista para encubrir las faltas contra el séptimo mandamiento. No se entienda por lo anteriormente consignado que ni el señor Payol ni el señor Bonilla se manifiestan enamorados del actual régimen social, sino que saben esbozar las lagunas del régimen sindicalista como remedio adecuado á los males de la sociedad contemporánea.

—El señor Vizconde de Eza dedica la obligada conmemoración á su antecesor el señor León y Castillo, y particularmente á su gestión diplomática en los asuntos marroquíes, abordando después el tema de su discurso, el cual, en otro formato, merecería los honores de libro. Su discurso, como muy acertadamente dice el señor Sanz y Escartín al contestarle, «versa sobre materia de palpitante actualidad. El señor Vizconde de Eza, más aún que hombre de ideas, es un hombre político, en el más noble sentido de esta palabra. Su trabajo es un estudio notabilísimo que se asemeja mucho á esos luminosos rapports que preparan en el Parlamento francés la obra del legislador. No se propone tanto una finalidad de especulación ideológica como el estudio de los medios conducentes á solucionar grandes problemas de interés público que se agitan hoy en todas partes y se imponen en España con no menos intensidad y apremios». La tesis del señor Vizconde de Eza acerca de la organización económica nacional pudiera condensarse en este párrafo de su discurso: «Un pueblo que solo cuente con átomos esparcidos y diseminados por su territorio no obtendrá jamás el nexo de la unión espiritual y económica que lo constituya en nación. Las células forman un organismo viviente
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cuando se atraen, se conciertan, se centralizan y recíprocamente se vivifican. Igual ha de ser el proceso de las colectividades humanas para convertirse en síntesis nacionales que mediante el broche de su composición, realicen la finalidad de todos por el resorte potente y robusto de cada individualidad» (pág. 93). La tesis así condensada viene esclarecida en las páginas de su disertación con sagaces observaciones de lo que ocurre fuera de España, principalmente á causa de la guerra, y de los hechos patrios indicadores de la necesidad de la coordinación y dirección al mayor y más pujante bien de la patria. El ilustre economista y sociólogo señor Sanz y Escartín, tan autorizado en la materia, después de enaltecer la personalidad y representación del nuevo académico y elogiar el discurso tan efusivamente como antes queda indicado, lo acota con sabias observaciones y juicios de alto valor práctico, como por ejemplo el penúltimo párrafo de su contestación en el que expone todo un fecundo plan de reconstrucción social y económica, ciertamente no en oposición sino en consonancia con lo apuntado por el señor Vizconde de Eza.

III.—El señor Pérez Bue publicó no hace muchos años un interesante estudio acerca de la «promulgación y publicación del Estatuto de Bayona» notable por la crítica de la bibliografía sobre el tema y sus conexiones; este trabajo lo hizo para doctorarse en Filosofía y Letras. Para idéntico fin en la Facultad de Derecho compuso la tesis «Las reformas de Carlos III en el régimen local de España» ahora publicada como una monografía sobre el tema, digno á la verdad de ser investigado á conciencia y en el que su autor lo ha examinado desde el punto de vista legal con fácil estilo y de modo, aunque sumario, completo.

IV. La conferencia del señor Royo y Villanova sobre «La misión educativa del ejército», no es una orientación para señalar cómo el ejército ha de educar, sino una amena e interesante lección práctica de cómo y en qué manera educa el ejér-