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apaga el agua y la limosna resiste á los pecados. Dios es quien mira á aquel que hace bien y acordarse de él para lo venidero y en el tiempo de su caída le apoyará.» (1). Y en otro lugar, «Hijo no defraudes la limosna del pobre y no apartes tus ojos de él. No desprecies el alma hambrienta; y no exasperes al pobre en su necesidad. No aquejes el corazón del desvalido ni dilates el dar al angustiado... No apartes tus ojos del menesteroso á causa de la ira; y no des lugar á que los que te buscan te maldigan por detrás. Porque oída será la plegaria del que te maldijese en la amargura de su alma.» (2).

El carácter social de la propiedad resplandece del mismo modo por lo que á la herencia se refiere.

La propiedad es eminentemente familiar. Las diversas tribus de Israel se reparten la tierra de promisión, y dentro de cada tribu el terreno se divide por familias. Toda la preocupación del legislador estriba en conservar el patrimonio familiar.

En primer lugar, la sucesión es masculina. Sólo los hijos varones heredan, en el caso de que los haya.

Los padres no tienen obligación de dotar á las hijas. Es el futuro esposo el que las dota. Si existen solamente hijas, ellas heredarán al padre; pero solamente podrán contraer matrimonio con un hombre de la misma tribu para que de este modo se conserve en la tribu el patrimonio de su padre (3). De otro modo perderían todo derecho á heredar.

La institución del levirato revela en alto grado el sentido familiar de la propiedad entre los hebreos. «Cuando los hermanos viven juntos y uno de ellos muere sin dejar sucesión, la mujer del difunto no se casará con un extranjero, su cuñado la tomará por mujer y cumplirá con ella su deber de cuñado. El primogénito que conciba sucederá al hermano difunto y tomará su nombre, para que este nombre no sea borrado de Israel. Si el cuñado no quiere casarse con su cuñada, ésta irá á los ancianos y les dirá: mi cuñado se niega á perpetuar el nombre de su hermano en Israel, no quiere cumplir con su deber

(1) Eclesiástico III 33-34.
(2) Idem IV 1-6.
(3) Números XXXVI, 8-9.
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legislación vigente en Inglaterra respeta más la libertad y la equidad que la francesa, y si bien no constituye un ideal, á lo menos en ciertos detalles sería muy conveniente que se imitase.

En Inglaterra la enseñanza pública está, legalmente, bajo la dirección del «Board of Education», que es simplemente un negociado del ministerio de Instrucción pública.

Cada año el «Board of Education» presenta al Parlamento un programa (los ingleses le llaman un «código») especificando las materias que en aquel curso deben enseñarse en las escuelas, unas como obligatorias y otras como facultativas, materias que suelen variar de vez en cuando, pero ordinariamente comprenden la lengua inglesa, la escritura, la aritmética, el dibujo, la geografía, la historia, el solfeo, la gimnasia, la carpintería para los niños, y para las niñas los trabajos de costura, la cocina y la higiene doméstica.

La instrucción elemental es obligatoria de 8 á 14 años, pero á partir de la edad de tres años, ya se reciben niños en las escuelas infantiles.

La enseñanza, fuera de la universitaria, está confiada á las autoridades locales, en teoría á los ayuntamientos, pero en la práctica estos delegan sus poderes en la «Local Education Authority», ó sea en abreviatura, como siempre se designa, L. E. A., comité formado, en tres cuartas partes, por concejales, y en la otra cuarta por miembros que aquellos escogen entre personas versadas en materia pedagógica. Esos miembros representan, por regla general, las diferentes creencias religiosas.

Hay escuela de día, escuelas de noche y escuelas técnicas. Las escuelas de día son de dos clases: las edificadas por el ayuntamiento y las construidas por particulares, pero mantenidas (por lo que atañe á los gastos de instrucción) por los municipios. En unas y en otras se siguen los mismos programas, y unas y otras cobran la misma subvención, en dinero.

Las escuelas nocturnas, generalmente poco frecuentadas, son facultativas, y sólo están abiertas los meses de invierno.

Las escuelas técnicas son para los adultos y para los que obtienen el diploma de enseñanza elemental. En ellas hay becas, que se ganan por concurso.
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Todos los profesores deben recibir el placet de la L. E. A. Mediante esta condición las escuelas de particulares tienen libertad de designar y de despedir á sus maestros, que cobran el mismo sueldo que los de las escuelas oficiales, sueldo variable según las regiones. El término medio es 250 libras esterlinas para un director y 180 para una directora; 150 libras para un adjunto y 120 para una adjunta. Ese es el sueldo de ingreso, que va aumentando en proporción á los años de ser vicios.

La instrucción religiosa pueden darla los profesores ordinarios, sea antes sea después de las horas reglamentarias, que son de las diez á las doce de la mañana y de las dos á las cuatro y media de la tarde, con diez minutos de intervalo para el recreo por la mañana y otros diez por la tarde. Ninguna clase puede exceder de veinte minutos, ó á lo sumo de media hora, salvo las clases de costura, cocina y carpintería, bi-hebdomadaarias, que duran dos horas.

Los recursos provienen de las subvenciones votadas por el Parlamento, y que son:
1.º Una subvención fija de 22 chelines y 6 peniques, anuales por alumno.
2.º Otra subvención de honorarios de 10 chelines al año.
3.º Otra subvención suplementaria, variable, que suele llegar á cuatro chelines en los países pobres, y mucho menos ó nada en los ricos.

Si esas cifras, cuyo total es de una libra y catorce chelines, no bastan para cubrir los gastos, la L. E. A., está autorizada á extinguir el déficit imponiendo una tasa en el distrito.

El presupuesto de las escuelas varía entre 3'14 y 2'10 libras esterlinas, según las localidades.

La L. E. A. está encargada de cuidar de la higiene escolar y paga en todas las escuelas médicos, enfermeras, una clínica, un dentista y un especialista para las enfermedades de los ojos y de los oídos. Proporciona además, gratuitamente, anteojos á los niños que los necesitan.

Dependen de la L. E. A. dos comités: uno llamado «Comité de asistencia», que proporciona ropas á los alumnos necesitados, y otro «Comité de asistencia post-escolar», que examina
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á los niños á los pocos meses de haber dejado la escuela y les busca empleos; si ellos no los han encontrado conforme con sus aptitudes.

La L. E. A. provee, igualmente, á la educación de los ciegos, los sordos y los mudos, en escuelas especiales, y también á la de los niños atrasados, hasta la edad de diez y seis años, pasados los cuales los coloca bajo la vigilancia de las autoridades municipales.

Como se ve por el anterior resumen, toda la enseñanza primaria en Inglaterra depende de la L. E. A. y las escuelas libres están casi á su merced.

Por fortuna en la Gran Bretaña de hoy, el espíritu sectario es mucho más raro que en Francia, y los católicos por regla general, son tratados con gran espíritu de equidad, y aún en muchos puntos con benevolencia, y no se quejan de ese régimen.

La mayor dificultad, y esa es de orden material, con que luchan las escuelas libres es que á ellas incumbe la construcción y las reparaciones de sus edificios escolares, lo cual no significa gran sacrificio en las comarcas rurales, pero supone un esfuerzo enorme en los grandes centros urbanos, como Londres, donde los terrenos y las construcciones cuestan grandes sumas.

***

Los católicos italianos han celebrado en Roma los días 17, 18 y 19 de Enero importantes reuniones que bien pueden considerarse como un Congreso nacional, aunque no se les haya dado este nombre.

Oficialmente no estaban convocadas más que las delegaciones de las «Juntas diocesanas», á fin de examinar los progresos efectuados en la reorganización de las fuerzas católicas durante el año último, con arreglo al plan trazado por Benedicto XV en Febrero de 1915, pero á esas delegaciones se unieron la mayor parte de los miembros de los «Consejos generales» de las cinco grandes asociaciones católicas, lo cual dió á aquellas reuniones el carácter de verdadero Congreso.
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Mis lectores conocen en qué consiste la reforma llevada á cabo por S. S., pues en tiempo oportuno la expliqué en todos sus detalles.

Recordémosla brevemente, en sus líneas generales.

Bajo Pío X los católicos italianos se distribuían según su condición, sus gustos y sus aptitudes, en cinco grandes Uniones: la Juventud católica; la Unión de las mujeres cristianas; la Unión electoral; la Unión económico-social, y la Unión popular. Basta enumerar los nombres de las cuatro primeras para comprender cuál era su esfera de acción respectiva. La última, la Unión popular, tenía un objetivo más amplio que las otras. Por la palabra y por la pluma, por conferencias y publicaciones de todo género, emanadas de la Secretaría Central debía hacer intensa y constante propaganda de todas las ideas del programa social cristiano, y organizar, cuando fuese preciso, los movimientos de opinión sobre puntos determinados, por ejemplo: la defensa de las libertades escolares, ó la salvaguardia del matrimonio religioso.

En principio, las cinco Uniones eran independientes; su acción no era convergente sino paralela, no mediaba entre ellas otro vínculo que las fraternales relaciones establecidas entre sus jefes y el respeto común de todas á las direcciones de la suprema autoridad pontificia.

No para coordinar su acción, sino simplemente para cambiar impresiones, las juntas directivas de los cinco grupos, se reunían periódicamente en lo que se llamó Dirección general de la Acción católica italiana, de la que formaban parte los presidentes, vicepresidentes y secretarios de las cinco Uniones, presidiendo por turno la sesión cada uno de los presidentes.

Ese contacto, que sólo se producía muy de tarde en tarde, no satisfacía al Soberano Pontífice que á principios del año 1915 resolvió una transformación radical, dando la preeminencia y la dirección de toda la acción social á la Unión Popular, de tal suerte que, según el símil empleado por el Cardenal Gasparri, las otras Uniones fueran en adelante, relativamente á la Unión Popular, lo que son las especies respecto al género.

La Unión Popular debía ejercer su poder mediante un Consejo Supremo que recibió el nombre de Junta directiva, com-
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puesto de once miembros; los cinco presidentes de las Uniones, miembros de derecho, y otros seis elegidos por el Consejo general de la Unión Popular. El Presidente de ésta se hallaba á la cabeza de la Junta directiva.

Por decisión de Su Santidad todos los católicos de Italia fueron invitados á escribirse en la Unión Popular, aunque ya figurasen en otro grupo, y á pagar la cuota, bien modesta por cierto, de una lira anual.

Los adherentes debían agruparse, desde el momento de su inscripción, por parroquias, y esos grupos parroquiales debían ser organizados y dirigidos por otro comité, convertido en órgano principal de la Unión Popular: la Junta diocesana. El deseo del Papa y de la Unión Popular es que en cada diócesis exista un comité en estrecha correspondencia de una parte con la Junta Directiva, y de otra con los grupos parroquiales.

El reciente Congreso de Roma ha tenido por objeto principal dar cuenta del estado en que se halla esa reorganización, según el resultado que arrojan las estadísticas formadas por la Unión Popular.

El Conde della Torre, presidente de esta y del Congreso, anunció que la Unión Popular contaba á la fecha de hoy, muy cerca de cien mil socios, en números exactos 97.200, incluyendo solamente en este número los que el 31 de Diciembre último estaban al corriente de sus cotizaciones. Esos socios se reparten en 3.600 grupos parroquiales.

La estadística más interesante fue la de las Juntas diocesanas, que hoy se hallan regularmente constituidas en 168 diócesis y en formación en otras 75. En 90 diócesis no ha sido posible todavía proceder á organizarlas.

Adviértase que las diócesis, en Italia, son 325. De suerte que la Unión Popular vive ya y funciona en más de la mitad de la Península, y en la mitad más considerable, porque las diócesis organizadas son, precisamente, las más extensas y las más interesantes.

De esas 168 Juntas diocesanas, 148 han enviado á Roma delegados, investidos de poder en regla.

Esos delegados discutieron las cuestiones inscritas en el programa: 1.º Organización de los católicos en la Unión Po-
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pular; adherentes y grupos parroquiales; juntas diocesanas. 2.º Prensa: publicaciones de la Secretaría Central; relaciones de la Unión Popular con los diarios católicos; proyecto de una Agencia Central para la prensa católica italiana. 3.º Relaciones entre la Unión Popular y las otras Uniones. 4.º Resoluciones para asegurar la disciplina entre los católicos.

Sobre todos esos puntos los debates fueron muy animados, manifestándose el primer día discrepancias de opiniones que fueron disipándose en las sesiones sucesivas, hasta llegar á la más completa unanimidad en el voto final.

Esas discrepancias versaron sobre la actitud general que deben adoptar los católicos en los acontecimientos actuales. El Conde della Torre ya hizo observar que esta cuestión escedia la competencia de la Unión Popular, dependiendo más bien del criterio individual, sin desconocer la conveniencia de que reinase la mayor concordia posible. El delegado de Mantua observó á este propósito que el grupo parlamentario católico afectaba demasiada independencia respecto á la Junta Directiva, cuyas indicaciones no seguía siempre, olvidando que al fin y al cabo esta Junta es el órgano de las masas electorales católicas. Como á la reunión asistían algunos diputados (Bertini, Coris, Longinotti, Mauri, Migliole, Tovini) terciaron en el debate para justificarse, asegurando que no se hacía la justicia debida á sus intenciones, y que en realidad el grupo parlamentario no sólo acataba á la Junta directiva sino que encontraban que las direcciones de ésta respondían á las necesidades de la situación, dado lo delicadísimo de esta, y á que cada cual, según su temperamento y su conciencia, se inclinase más que otros, sea á la guerra sea á la paz.

No hay que olvidar que los católicos italianos, al estallar el conflicto europeo, eran neutrales, como el Gobierno, y que sólo cuando este declaró la guerra le siguieron incondicionalmente, pero no tanto por convicción personal como por patriotismo y espíritu de disciplina, lo cual no impide que desde entonces hayan dado ejemplo á todos conduciéndose con irreprochable lealtad, sean cuales fuesen sus sentimientos íntimos, y no cediendo á nadie en valor ni en sacrificios.

La discusión terminó votándose, por unanimidad, y sin una
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sola protesta, la orden del día presentada por los diputados Bertini, Longinotti y Mauri y por el señor Cingolani en la que se afirma que los católicos italianos deben prepararse, ante todo, «al trabajo que consiste en reconstituir las fuerzas populares durante el periodo que seguirá á la paz».

«Esta paz, añade el texto, debe estar penetrada del espíritu de justicia y ser conforme á las legítimas aspiraciones de Italia».

Para estudiar la solución de los graves problemas que han de seguir á la guerra, el Congreso á propuesta de la Unión económico social, nombró una comisión, presidida por el señor Angelo Mauri, con este programa: Política de la producción del trabajo y de la emigración; Política social en general; Política agraria; Hacienda y aduanas; Política escolar; Medidas que han de adoptarse en las provincias meridionales; Medidas para las provincias nuevas; Navegación é industria marítima; Tránsito del régimen de guerra al régimen de paz en el momento de la desmovilización.

El último acto del Congreso fue votar, también por unanimidad, un mensaje á Bélgica, que fue enviado por telégrafo al señor Cauton de Wiart, ministro de la Justicia belga.

F. M. MELGAR.
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SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA

LIBROS

I.—Tratado de Derecho político, por Adolfo Posada, Catedrático de la facultad de Derecho en la Universidad de Madrid, Segunda edición revisada. Madrid, Librería general de Victoriano Suárez, 1915-1916. Dos tomos en tres volúmenes, de LV más 356, 335 y XIII más 580 págs. de 129 por 204 mm., 6 y 6'50 pesetas cada uno de los dos primeros en Madrid y provincias y 10 y 10'50 pesetas el último.—II. Anuario financiero de valores mobiliarios, 1916, Director, D. Daniel Riu Periquet, Diputado á Cortes, Doctor en Derecho, Abogado del Ilustre Colegio de Madrid y Director de la «Revista de Economía y Hacienda». Madrid, s. e. VII más 539 páginas de 132 por 224 mm., 12 pesetas, encuadernado en tela.—III. El impuesto sobre el aumento de valor de los bienes inmuebles. Exposición de doctrinas y hechos, por Daniel Riu, Doctor en Derecho y Diputado á Cortes. Madrid, Establecimiento tipográfico «La Túlica». 158 páginas de 127 por 193 mm., s. p.

I.—El Sr Posada, catedrático laborioso, publicista de extraordinaria fecundidad y uno de los jefes del Instituto de Reformas Sociales, acaba de completar la publicación revisada de la segunda edición de su «Tratado de Derecho político», vasta enciclopedia de política y derecho constitucional, en cuyo examen minucioso no es posible entrar, ni aún en lato artículo bibliográfico. La obra consta de tres volúmenes dedicados á una Introducción á las ciencias políticas, á la Teoría del Estado y al Derecho constitucional, subdividiéndose los dos primeros, aparte de un estudio preliminar á modo de razón de la obra, en siete libros, y éstos en capítulos, con la siguiente distribución: Introducción (La política, La ciencia política y las ciencias políticas, El derecho, el derecho político y la teoría del Estado), Concepto del Estado (Función del concepto y de la teoría del Estado, Elaboración del concepto del Estado, El Derecho y el Estado), La teoría de los Estados de Derecho y el Estado político (Teoría de los Estados de Derecho, Sociedades políticas y Estados, Caracteres positivos del Estado político), Origen del Estado (El problema del origen del Estado, Las conclusiones de las modernas teorías acerca del origen de la Sociedad y del Estado, Sociología animal y Sociología humana, La familia y las Sociedades primitivas, El Estado político en su origen), Naturaleza del Estado según sus elementos componentes (Conclusiones generales acerca de la naturaleza del Estado, Base física del Estado, La acción del
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Estado y el país, Territorio del Estado, La población y el Estado, Idea del pueblo, La composición y distribución geográfica de la población en el Estado, La población atendiendo á su carácter dinámico y al momento de su evolución política, Estados y Uniones de Estados, El carácter étnico de la población, El Estado y la estructura social de la población, El Estado según todo lo expuesto), Fin del Estado (Las doctrinas, El fin del Estado), La actividad del Estado (Caracteres de la actividad del Estado, El poder político, La soberanía, Las doctrinas acerca de la soberanía, Teoría de las funciones del Estado, Las teorías de la división de los poderes), Forma del Estado (Teoría de la Representación, Teoría del Gobierno, Las formas de Gobierno, Doctrinas y clasificaciones). El volumen tercero, dedicado al derecho constitucional comparado, abarca en sus seis libros:—El derecho constitucional, Teorías generales y plan, Las fuentes del derecho constitucional positivo, Bibliografía, Del principio de la soberanía en el derecho constitucional positivo, Los derechos de la personalidad en el derecho constitucional, La organización del Estado constitucional y Organización del Gobierno,—cuanto puede ambicionararse en un manual ricamente documentado y minuciosamente desarrollado, aunque especialmente contraído á las constituciones de Inglaterra, Francia, Estados Unidos de América, Alemania y España, países que se toman como tipos de comparación, si bien las referencias trascienden á otros muchos pueblos, y lo copioso de la bibliografía (libros y artículos de revistas), da indicaciones y guía para ampliar hasta agotarlos los más variados temas del derecho constitucional. Salvadas algunas opiniones, poco tendría que indicar, aparte de lo expuesto si el Tratado del Sr. Posada fuera sólo esta segunda parte, que muy bien puede correr suelta y así se vende separada del resto de la obra. Pero el Tratado en sí, cuya crítica en detalle (baste pensar en la división antes expuesta) exigiría una serie de artículos, requiere que se patentice su principio general directriz, manifestado bien paladinamente por su autor en el estudio preliminar de la segunda edición. La idea básica del Sr. Posada radica en la afirmación liberal de que el hombre y el Estado, que es la colectividad individualizada, han de regirse libremente, sujetándose al freno ético puesto por sí mismos, ó sea antolimitándose. Si esto no acaece ni sucedió basta ahora, depende de que la maduración ética no ha llegado aún
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á su sazón, pero la actual guerra señala el momento de crisis de las dos políticas hasta ahora seguidas, la política ética y la mecánica, siendo ésta la que educa al príncipe para la dominación y el engrandecimiento. El supuesto de la bondad nativa del hombre, la afirmación de la evolución generadora de un perfeccionamiento cada vez mayor por virtud de impulsos internos propios, palpita en todo el Tratado, que busca en el reino animal los antecedentes y no las semejanzas para la sociabilidad, y en las sociedades primitivas, por salvajes, el punto de partida para la constitución social, sin distinguir, como Rosmini por ejemplo, las degeneraciones que á la sociedad trajo la caída del primer hombre y las regeneraciones de la sociedad humana, no por la ética surgida á impulsos del actuar de los hombres, sino de la ética divina, transcendente, impuesta de lo alto, cuya luz en medio de los decaimientos, impidió la total degeneración y destrucción de la sociedad humana. Las concepciones opuestas de política ética y mecánica no tienen ningún valor si no se precisan bien los conceptos de ética, de bien y mal, de justicia e injusticia, y sólo buscándoles en una autoridad superior al hombre, en Dios, es lógico admitir las autolimitaciones, á tenor de lo que se dice en el libro del Eclesiástico: «Ha sido probado y encontrado perfecto; su gloria será eterna: pudo trasgredir la ley de Dios y no la trasgredió; hacer el mal y no lo hizo» (1). Para que exista política ética es necesario substantivar el adjetivo, admitir ó fundamentar la ética de modo que no sea un nominalismo ó una arbitrariedad. Y sólo quien creó al hombre, dió leyes á su naturaleza, y por ende á la sociedad. La crisis de la idea del Estado, manifestada en la actual guerra, no es más que la bancarrota del mismo liberalismo, de que tan entusiasta se muestra el Sr. Posada. El hombre deificado se torna, como Nabuco, en una bestia; la sociedad, sin otros frenos que los impuestos por ella, crearía el Estado agresor, dominante, maquiavélico. Si el Sr. Posada tuviera afición á nuestros tratadistas de Derecho público, vería que nuestra literatura política se caracteriza por antimaquiavélica, precisamente por ser eminentemente ética, y de ética verdad, católica. La actuación de la soberanía—y conste una vez más mi afirmación de democrata cristiano y demócrata á secas, términos que no han de confundirse

(1) Eclesiástico, cap. XXXI, v. 10.