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propuesto por la Junta directiva, así como los medios de satisfacerle sus honorarios, resolviéndose en definitiva en Junta general; quedando nombrados aquellos que obtengan mayor número de votos y ofrezcan más confianza á la Sociedad.

Art. 16. Para que los socios puedan cobrar los socorros que marca el artículo 7.º, se observarán las reglas siguientes:
1.ª No hallarse en descubierto del pago en más de dos mensualidades.
2.ª Que el socio enfermo sea asistido, como médico de cabecera, por el de la Sociedad.
3.ª Guardar las reglas que le señale el médico de la misma para su más pronto restablecimiento, ó las que se acordaren en consulta con otros facultativos, perdiendo el derecho á socorro, si así no lo verificase.
4.ª Que no obstante lo expuesto en las reglas anteriores, los socios pueden tener por su cuenta propia las consultas que estimen conveniente con otros médicos, contando siempre con el de la Sociedad para los efectos del socorro.
5.ª El Presidente, cuando lo juzgue conveniente, podrá nombrar á uno ó más socios para visitar al que se halle enfermo, y vigilar si cumple ó no las prescripciones facultativas y que no defrauden los intereses de la Sociedad, dando cuenta de lo que observaren.

Art. 17. En tiempo de epidemia, en que se halle oficialmente declarada, se abonará á los socios que cayesen enfermos de ella, el socorro que marca el art. 7.º; pero no la peseta por cada socio que señala el artículo 9.º si fallecieran. Si en el intermedio de la epidemia falleciera alguno que no fuera de indicada enfermedad, y sí de las ordinarias, previa certificación del médico, se abonará lo que marca el citado artículo 9.º

Art. 18. Si á consecuencia de los gastos de la Sociedad, no hubiera en alguna ocasión fondos suficientes con que poder atender al socorro de los enfermos, se aumentará una peseta mensual á cada socio, ó más si fuera necesario, según lo crea conveniente la Junta directiva, sin que ninguno pueda negarse á este recargo, el cual cesará tan pronto como lo permitan las circunstancias, y si alguno se negase al pago de dicho aumento, quedará expulsado de la Sociedad tan pronto como exprese su negativa.

Art. 19. Cuando algún socio tenga que ausentarse de la ciudad, por tener que cambiar de domicilio, lo pondrá en conocimiento del Presidente, quedándole derecho á socorro, en caso de enfermedad, durante los tres primeros meses, previo certificado del médico que le visite y pago puntual de las mensualidades, pasados los cuales, cesa en el pago y en el derecho á socorro alguno; pudiendo ingresar en la Sociedad, si nuevamente
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se estableciese en la ciudad con sólo el pago mensual y nuevo reconocimiento del facultativo.

Art. 20. A los socios que por necesidad tengan que salir á trabajar fuera de la ciudad por un mes, dos ó más, siempre que no muden de domicilio, se les considerará lo mismo que si estuvieran en ella, previo pago de las mensualidades corrientes; y en el caso de caer enfermos hallándose fuera, lo acreditarán por medio de un certificado del facultativo que los asista, para poder recibir el socorro de la Sociedad; pues de lo contrario, ésta no podrá abonar cosa alguna.

Art. 21. Ningún socio que se halle enfermo y percibiendo socorro de la Sociedad, podrá salir á la calle sin permiso del facultativo que le visite, yendo provisto de una orden por escrito del mismo; y si así no lo hiciera, perderá el derecho al socorro durante la enfermedad. Asimismo, si los visitadores observaran, en unión del médico que le asista, que por descuido ó mala fe su curación se retrasaba, se le considerará como estafador á la Sociedad y será expulsado de ella en Junta general.

Art. 22. Esta Sociedad «La Bienhechora», no podrá disolverse á petición de uno ó más socios, ó sea mientras haya cinco que deseen su continuación; pero, si lo que no es de esperar dados los fines benéficos de la Asociación, circunstancias especiales y por orden superior de la autoridad, se hiciera precisa indicada disolución, los fondos que pudiera haber existentes en la misma serán repartidos entre los socios, en regla de proporción á lo que cada uno haya ingresado, y sólo entre aquellos que fueran socios en el acto de darse por disuelta la Sociedad.

Art. 23. Los socios honorarios, ó más bien protectores de esta Sociedad, tienen derecho á poder asistir á todas las reuniones generales que se celebren, y exponer en ellas todo aquello que crean conducente al bien de la misma.

Cuando alguno de dichos socios falleciere, se cumplirá por los numerarios lo que previene el artículo 10 de este Reglamento; y si la familia del finado es gustosa, se cubrirá la caja mortuoria con el monto que la Sociedad tiene para semejantes casos, con lo cual la Asociación dará una prueba de reconocida gratitud hacia aquel que noble y generosamente contribuía al sostén y engrandecimiento de la misma.

Art. 24. Cuando un socio enfermo se halle excluido del socorro de la Sociedad, bien por haber transcurrido el tiempo que marca el artículo 7.º, ó bien por otras causas, la Junta directiva, teniendo en cuenta los fines de la Asociación, podrá á su juicio, y según el estado de los fondos, acordar se le auxilie lo que buenamente sea posible, y sin que ninguno, en tales casos, pueda considerarlo como precisa obligación de la Sociedad.
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Ya iremos viendo con el tiempo que por ser voluntaria la adhesión al organismo federativo, no llegará éste á funcionar.

Quiere el Reglamento que sirva la federación para unificar é intensificar el crédito agrícola entre los Pósitos; y la asigna tres fines capitales: 1.º, las operaciones de préstamo entre los Pósitos federados; 2.º, las operaciones de préstamo á las entidades rurales agrarias; y 3.º, las operaciones de préstamo á particulares para mejoras agrarias, obras de irrigación ó implantación de nuevos cultivos.

Realmente la orientación de las actuaciones federativas cristalizada en las finalidades señaladas, merece un fervoroso aplauso; porque sobre ellas el capital de los Pósitos rebasa las murallas de su cárcel, y volando no sabemos como, por encima de los preceptos de la ley de 1906, sale al campo aireado de las instituciones libres; y algo más: roto el grillete del plazo de prestación, del año de préstamo y el año de prórroga, puede ser utilizado en el caso último, en el de los préstamos para obras agrarias, durante más de diez años.

¿Por qué no será obligatorio esto en principio?

Algo vemos que puede enmendar en pequeña parte el yerro á que aludimos, pues al hablar del capital de las federaciones provinciales de los Pósitos, á las que se concede los derechos de personas jurídicas, se dice que, entre otros fondos, estará formado por las donaciones que las haga la Delegación Regia. Y he ahí cómo el halago de un premio en numerario puede suplir en algunos la falta de precepto obligatorio.

Ya que esto último no se hizo, pretende el R. D. forzar á los Pósitos que tengan su caudal inmovilizado, á que lo depositen en el Banco de España, cobrando el 4 por 100 de interés de lo detenido á los administradores de aquellos institutos que retuvieran, sin prestar y sin depositar, más del 15 por 100 del capital total. No sabe el ministro cuán fácil es simular un reparto á última hora, para evadirse del castigo y del depósito en el Banco; que en todo caso, para nada sirve, si no es para refrendar la pereza social de nuestros capitales.

* * *

Dos autoridades han de regir la Federación; la constituida por la Junta general y una Comisión ejecutiva, compuesta de dos representantes de los que figuren en la Junta general, donde estará una persona por cada Pósito federado.

Estos dos miembros habrán de ser presididos por el Jefe de la Sección provincial. La citada Comisión ejecutiva será la ad-
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Art. 25. Las multas que se impongan á los socios por la falta de asistencia á las Juntas generales, entierros y honras de los socios que fallezcan, se harán efectivas cuando cobren socorros de la Sociedad, para lo cual el Tesorero llevará un libro donde anote dichas multas y pueda hacerlas efectivas cuando tenga que hacer pagos por socorros al socio que las tuviere.

Para los socios que viven en los pueblos inmediatos, no es obligación la asistencia á los entierros, como no lo es para asistir al de ellos, sino únicamente voluntaria; pero sí lo es para las Juntas generales y honras, puesto que estas últimas han de celebrarse para unos y otros en esta ciudad.

ARTÍCULO ADICIONAL

Si la experiencia hiciese conocer que debiera modificarse ó aclararse en alguna forma este Reglamento, la Junta directiva propondrá á la general las modificaciones que crea convenientes, las cuales no podrán llevarse á efecto sin la aprobación de la Sociedad y de la autoridad competente.

En Junta general del 6 de Enero de 1901, presentó la Directiva varias reformas á los artículos 3.º, 4.º, 7.º, 9.º, 10, 11, 12, 13, 16 y 17, y aumento del artículo 25, que fueron aprobadas, y se someten asímismo á la aprobación de la autoridad competente para su debido efecto.

Torrelavega 10 de Enero de 1901.—Presidente, Lorenzo Guerra.—Vicepresidente, Victoriano del Campo.—Secretario, Luis Córera.—Vicesecretario, Alfredo Rivas.—Tesorero, Angel Alonso.
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Informaciones

LA COOPERACIÓN EN LA AGRICULTURA ESPAÑOLA

La cooperación es de época reciente en España. Aunque la fundación de alguna de las cooperativas sederas de Valencia se remonta a mediados del siglo pasado, puede decirse que el principio cooperativo no se ha manifestado franca y firmemente hasta que la promulgación de la ley de 1887 garantizó el ejercicio del derecho constitucional de asociación: la región de Cataluña, que constituye hoy el centro cooperatista de mayor importancia del país, contaba en 1883 con cinco asociaciones cooperativas. En la agricultura, el movimiento cooperativo, aunque también se inicia con la ley de asociaciones indicada, es aún más reciente puesto que, como veremos, no entra en una fase de verdadero desarrollo hasta después de la ley de 1906 sobre los Sindicatos agrícolas.

Aunque en la actualidad casi no existe asociación agrícola en los campos españoles sin actuaciones cooperativas, pocas son todavía las manifestaciones de la cooperación en la agricultura que se presentan independientes y especializadas.

Las instituciones sociales agrarias que han contribuido en España al desarrollo de la cooperación son: los Sindicatos agrícolas, comprendiendo en esta denominación las cajas rurales, y en general, las asociaciones agrícolas de carácter técnico ó profesional que poseen en su mayoría secciones cooperativas; las Cámaras agrícolas, creadas por Real decreto de 14 de Noviembre de 1890, para fomentar y tutelar los intereses de la agricultura, entre cuyos fines se hallan: a) fundar en provecho de los asociados Cajas de Ahorros y de Seguros; b) adquirir y revender ó alquilar máquinas, herramientas, abonos, semillas y ganados, y garantizar el pago de las compras de cualquiera de estos objetos, realizadas por los asociados mismos; c) recibir depósitos de todas clases, tomar fondos en cuenta corriente, etc.; las Comunidades de labradores, establecidas por la ley de 8 de Julio de 1898, que al lado de sus funciones de policía rural han establecido secciones cooperativas de consumo, crédito, trabajo; las Cajas de Ahorros y Montes de Piedad, por último, que conceden préstamos á las cajas rurales, fomentando su constitución.

En 1912 existían en España 2.029 entidades agrarias, distribuidas del modo siguiente: 93 Cámaras Agrícolas; 80 Comunidades
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de Labradores; 85 Cajas de Ahorros, y 1.771 Sindicatos agrícolas: en la actualidad el número de estos últimos pasa de 2.000.

No existe en España una ley especial para las sociedades que nos ocupan, hallándose reglamentadas las cooperativas en general por la ley de Asociaciones de 30 de Junio de 1887 que regula el derecho de asociación, y gozando las cooperativas agrícolas de los beneficios de la ley de 28 de Enero de 1906 sobre los Sindicatos agrícolas.

Las actuaciones cooperativas en la agricultura española se cristalizan en su mayoría en los sindicatos agrícolas. Si quisiésemos establecer aproximadamente en qué proporción se dedican éstos á cada una de esas actuaciones, podríamos decir que casi no hay sindicato que no se proponga las compras en común de abonos y semillas, siendo la actuación más frecuente después de ésta, la cooperación de crédito. La cooperación de artículos de consumo no figura en proporción mayor del 20 al 25 por ciento. La adquisición de máquinas y aperos de labranza figura en un 15 ó 20 por ciento de los sindicatos; la producción cooperativa se limita á los sindicatos naranjeros y á pocas bodegas.

Una de las dificultades con que se tropieza al estudiar el movimiento cooperatista en la agricultura española, consiste en la falta casi absoluta de datos estadísticos y de estudios monográficos de carácter general. Resulta, por lo tanto, sumamente interesante el estudio que dedica á la cooperación agrícola española el Boletín de Instituciones económicas y sociales, publicado por el Instituto Internacional de Agricultura en sus números de Marzo y Mayo de 1915.

La manifestación principal de la cooperación de crédito en España se halla constituida por las Cajas rurales, que empezaron á fundarse por los años de 1901 y 1902.

De las cajas rurales españolas, las más importantes por su organización, así como por sus recursos y operaciones, son las de la provincia de Badajoz, que juntas con las de la provincia de Cáceres, se conocen con el nombre de Cajas rurales Extremeñas, ó sea de la región de Extremadura. La diferencia esencial entre las cajas de la provincia de Badajoz y las de Cáceres, consiste en que las primeras se hallan constituidas por propietarios ricos, mientras que quienes forman las segundas son modestos labradores. Las cajas rurales extremeñas están basadas en el sistema Reiffesien, con modificaciones esenciales que hacen de ellas un tipo especial.

En la mayoría de las cajas existentes se ha constituido el capital inicial abriendo un crédito en el Banco de España con la garantía personal de los vocales del Consejo de Administración. Este crédito ha oscilado, según los casos, entre 100.000, 150.000 y hasta 200.000 pesetas, como el abierto por los Consejeros de la Caja de Fregenal de la Sierra.
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El límite máximo de los préstamos—en las cajas en que existe limitación—suele oscilar entre 1.000 y 5.000 pesetas para los préstamos personales y pignoraticios, y entre 20.000 y 50.000 para los hipotecarios. En las cajas en que no existe limitación se han concedido préstamos hasta de 100.000 pesetas.

El interés usual es de 5 y 1/2 por 100 en las operaciones hipotecarias y de 6 por 100 en las personales y pignoraticias. Las imposiciones en cuenta de ahorros devengan el 4 por 100 de interés libre de toda tributación.

La situación de las 20 cajas rurales existentes en 1912 en la provincia de Badajoz, era como sigue: número de socios, 6.009; préstamos personales, 1.430.779 ptas.; préstamos pignoraticios, 336.687 ptas.; préstamos hipotecarios, 7.844.050 ptas.; capital solidario, 156.380.035 ptas.; débitos al Banco de España, 3.661.859 pesetas; imposiciones, 6.350.670 ptas.; inmuebles y fondos públicos, 1.924.011 ptas.; capital propio (fondo de reserva), 678.394 pesetas.

Estas cajas forma la «Federación Agraria Extremeña».

Al lado de las cajas de Extremadura, existen otras en las demás regiones españolas en mayor ó menor número. En 1910 se contaban en Navarra 143 cajas rurales, cuya acción se extendía á 417 pueblos. Las cajas navarras son también de responsabilidad ilimitada.

Las cajas locales navarras, se hallan federadas en cajas de distrito, que son cinco: Pamplona, Estella, Tudela, Aoiz y Tafalla. Sobre las cajas de distrito está la caja provincial de Navarra, domiciliada en Pamplona y fundada con un capital de 500.000 pesetas.

Los 40 sindicatos agrícolas que integran la Federación Agrícola Montañesa (provincia de Santander), cuentan todos con cajas rurales de sistema Raiffeisen. Esta Federación tenía en 1910, pesetas 412.979 en Caja de ahorros y 482.009 en préstamos.

Pocas son en España las sociedades cooperativas del tipo de las Landschaften alemanas. Como modelo de ellas indicaremos la que actúa en Tortosa (provincia de Tarragona), bajo la razón social de «Sindicato agrícola la rama de olivo», que fue fundada en 1913.

De las instituciones generales que fomentan mediante sus préstamos la constitución de cajas de crédito cooperativo, las principales son: el Banco popular de León XIII, el Banco de España y el Banco Hipotecario.

Las actuaciones más importantes de la cooperación de producción y venta se hallan representadas por los sindicatos naranjeros. El movimiento cooperatista de los productos de agríos que se cristaliza en estos sindicatos es de fecha sumamente reciente, pues puede decirse que no se inició hasta el 1908. Esto no obstante, los sindicatos naranjeros constituyen una de las formas más perfectas
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de la cooperación agrícola española, tanto por su organización y funcionamiento como por su actividad.

Actualmente existen 25 sindicatos naranjeros, que comprenden 3.214 socios, todos en la región de Valencia, que forman la Federación Naranjera.

Entre los fines que la Federación desarrolla, los principales son:
1) Compra en común de abonos, maquinaria y materias y artefactos para combatir las enfermedades del naranjo; 2) Aprovechamiento de los residuos de los naranjales; 3) Adquisición y fabricación de materiales para la exportación de la fruta; 4) Seguro mútuo contra los riesgos del transporte marítimo y terrestre; 5) Organización de los transportes; 6) Establecimiento de agencias y casas de representación y venta en el extranjero; 7) Organización de expediciones comerciales para explorar las plazas del interior y mercados extranjeros; 8) Estudio y defensa de los intereses agrícolas de los organismos que integran la Federación.

En la campaña de 1911-12 las entidades que integran la Federación Naranjera exportaron 322.279 cajas que, á un promedio de 620 naranjas por caja, dan unos 200.000.000 de fruta preparada que representa un valor aproximado de 3.500.000 pesetas.

Existen también en España otras manifestaciones de la cooperación de producción y venta. Son estas las bodegas y lecherías cooperativas y las cooperativas azucareras. Sin embargo, estas actuaciones de la cooperación de producción y venta aún no han alcanzado en España gran desarrollo, siendo acaso las más importantes las cooperativas azucareras.

Las compras colectivas son la actuación cooperativa más frecuente en la agricultura española. Mas, á pesar de ser esta manifestación común á casi todas las agrupaciones rurales, son pocas las asociaciones que cuentan con una organización especial para este servicio. Sin embargo, casi todas las federaciones agrícolas regionales, diocesanas y algunas de las asociaciones más importantes, cuentan con secciones especiales para las compras cooperativas.

Las federaciones que más se distinguen por sus compras cooperativas son: la Federación Agrícola Mirobrigense (Ciudad Rodrigo, provincia de Salamanca), integrada por 30 sindicatos que reúnen más de 1.500 agricultores, cuyas compras colectivas ascienden anualmente á unos 900.000 kilogramos de primeras materias; la Federación de Sindicatos agrícolas católicos de la Rioja, domiciliada en Logroño, que cuenta con 73 sindicatos federados, cuyas compras importaron en 1913, 583.646 pesetas; la Federación Vallisoletana, la Montañesa (Santander), la de la Diócesis de Burgos y alguna otra.

Al lado de las federaciones, una de las entidades agrarias que más se distinguen por las compras colectivas para sus socios es la «Asociación de Labradores de Zaragoza», que en 1913-14 suminis-
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tró á sus asociados abonos por valor de 723.061 pesetas y semillas por valor de 31.388.

Merecen también especial mención: el «Sindicato Agrícola de Yelo», notable por sus compras cooperativas de maquinaria agrícola; el «Sindicato Agrícola de Piloña», que se distingue en el suministro de abonos, semillas y empleo de sementales escogidos; el Sindicato de Casbas, el de la Villa de Hecho y otros, notables por sus compras cooperativas en general.

Los progresos realizados en estos últimos tiempos por el movimiento cooperatista, demuestran que la cooperación agrícola se halla en España en un periodo de verdadero desarrollo y es dado esperar que con el auxilio de los Poderes públicos pronto llegará á la altura que le corresponde en un país cuya primera fuente de riqueza es el cultivo de los campos.

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LA DEUDA HIPOTECARIA FRUCTÍFERA

ITALIANA Á FINES DE 1915

La deuda hipotecaria en Italia ha tenido una importante evolución de 1903 á 1910, debido al notable mejoramiento de la economía nacional y de las condiciones de los deudores. Puede resumirse: en el desarrollo del crédito, que ha afluido en gran parte á favor de las empresas edilicias y agrícolas y en la rebaja de las tasas de interés, además que en ese período de tiempo ha disminuido extraordinariamente el número de hipotecas, mientras que ha crecido el valor, lo cual prueba el creciente movimiento y el aumento de valor en el cambio de la propiedad inmueble.

Estos fenómenos no se producen en la misma intensidad en todas las zonas del territorio del Estado. Las diferencias hacen relación en general, al diferente grado de desarrollo económico, al número y á la acción de los Institutos de crédito y especialmente el crédito territorial, y á otras circunstancias especiales, como por ejemplo, al desarrollo de la emigración en algunas regiones.

Esta investigación ha sido dirigida por el Ministerio de Hacienda italiano en la última Stadistica del debito ipotecario fruttifero e delle operazioni degli instituti di credito fondiario al 31 dicembre del 1910, extractada é ilustrada en sus principales aspectos, en un artículo que apareció en el número de Mayo del Boletín de Instituciones Económicas y Sociales, debido á la pluma del Dr. Domenico Polizio, jefe de sección del Ministerio de Hacienda.

Señalaremos algunos de los principales resultados.

Los créditos hipotecarios, al terminar el año 1910, ascendían