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recho defiende que á tal ome como éste non le den en su vida ninguno de los sacramentos de santa Iglesia, non faziendo en su vida penitencia deste pecado non sería razón que le diesen sepultura entre los otros cristianos.» Lo que acerca de castigar la usura se dispone en el Ordenamiento de Alcalá merece coplarse íntegro: «La cobdicia es raiz de todos los males en tal manera, que ciega los corazones de los cobdiciosos, que no temiendo á Dios, nin aviando verguenca a los omes desvergonzadamente dan á veuras en muy grant peligro de sus almas e daños de nuestros pueblos, por ende mandamos, que qualquier Christiano, Christiana de qualquier estado, o condicion que sea, que diere á usura, que pierda todo lo que diere, o prestare, e sea de aquel que lo rescivio prestado, e que peche otro tanto como fuere la contia que diere á logro, la tercera parte para el acusador, e las dos partes para la nuestra Oamara. Et si despues que alguno fuere condenpado en esta segunda pena, fuere fallado que dió otra vez á logro, que pierda todos sus vienes, e se partan como dicho es. Et los contractos usurarios que son fechos fasta aqui, que non son pagados e que han rescibido los que los dieren mayor contia de la que dieron, e les finca alguna contia por racon dellos, que seyendo fallado que han rescibido lo que dieron e prestaron, que no puedan aver mas.» Después de ello se trata de la prueba de usura dando reglas para facilitarla á fin de que se pueda penar á los que tan grave falta cometieren.

D. Enrique III rogó y encargó á los Prelados, que publicaran sentencia de excomunión contra los usureros, diciendo que lo hacía por guardar su alma y por evitar los daños que de la permisión de la usura se seguían á los pueblos, de lo cual aducía las siguientes razones: «Porque se halla que el logro es muy gran pecado, y vedado así en la ley de natura, como de escritura y de gracia, y cosa que pesa mucho á Dios; y porque vienen daños y tribulaciones á las tierras do se usa, y consentirlo y juzgarlo y mandarlo entregar es muy gran pecado, y sin esto es gran quebrantamiento y destruimiento de los algos y de los bienes de los moradores de la tierra do se usa.»

Los Reyes Católicos confirmaron las penas diversas que contra la usura habían sido dictadas en sus reinos y las agravaron dando por motivo que la prohibición de derecho divino y humano «no basta para refrenar los logros y la codicia con que se mueven los que la ejercitan para adquirir los bienes ajenos por exquisitas y malas maneras.»

Para probar el delito de usura, que, según se ha visto, en la reincidencia llevaba por penalidad, amén de la infamia, la pérdida de la mitad de los bienes, y si otra vez en ella se incurre, la privación de la hacienda toda, bastaba durante la Edad
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Media el testimonio jurado de dos testigos; y la mitad de la multa cedia en beneficio del acusador, á fin de estimular á la denuncia de acción tan grave y perniciosa que era mirada con el horror de nefando crimen.

Porque los siglos aquellos comprendían todo el alcance de la malicia de tan vil explotación, y la opinión pública ratificaba la pena de infamia escrita en las leyes, apenas dándose el caso de que un cristiano se atreviera á ejercer tan denigrante comercio por muy lucrativo que resultase, y siendo casi solo los judíos, cuya insaciable avaricia hacíales desoir las indignadas protestas del público y los clamores de la propia conciencia, los que no tenían escrúpulo ni reparo en enriquecerse injustamente con el préstamo, explicable la prevención con que los miraban las leyes; el Ordenamiento de Alcalá revocó todos los privilegios de que en su calidad de acaparadores del comercio se prevalían; y Enrique III, á principios del siglo XV, á petición de las Cortes, declaró nulo todo contrato entre cristianos y judíos, buscando, si bien no pudo conseguirlo, el cortar de raíz la cruel usura con que éstos esquilman al trabajador y desolaban países enteros peor que la más dañina langosta.

El protestantismo, al establecer el libre examen como norma religiosa del cristiano, sembró gérmenes de exagerada y falsa libertad, de verdadero libertinaje, que en materia de contratos habrían de hacer sentir igualmente su pernicioso influjo. Los calvinistas, siguiendo las doctrinas sustentadas en el siglo XVI por su maestro, enseñaban que la usura sólo era pecado ejercida contra los pobres, no con los ricos; los economistas del siglo XVIII, sacando las conclusiones del racionalismo del anterior, suprimieron esta distinción para defender la absoluta libertad de pactar intereses dejando al arbitrio de los contratantes determinar é imponerse mútuamente condiciones: teoría que la revolución francesa encarnó en el derecho positivo, primero por medio de la Asamblea nacional y luego más descaradamente en las votaciones de la Convención. Triunfantes los principios revolucionarios, el feroz e insensato individualismo que los informaba se fué más ó menos apoderando de todas las legislaciones, siendo en Inglaterra, el año 1854, donde primero se consagró la absoluta libertad de fijar el producto del dinero. De nuestro Código de comercio, conforme con la ley del 56, es el siguiente artículo. «Podrá pactarse el interés del préstamo sin tasa ni limitación de ninguna especie»; y en el Código civil la libertad á los contratantes en general reconocida de «establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente», no tiene expresa limitación alguna para el interés convencional. Hay un interés legal, que por la ley de 1899 es el 5 por 100, para los casos en que nada se pactara expresamen-
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te; pero la tasa legal, ó sea el límite máximo del rédito que al dinero entregado podía fijarse, desapareció de nuestros cuerpos de leyes.

El quitar todo castigo contra la usura, dejando de tenerla por falta grave, partía del supuesto de que al traducirse en libertad jurídica efectiva la libertad psicológica es igual siempre en el que da dinero á réditos y en el que lo recibe, cuando, á poco que se reflexione, aparece claro que para la lucha, y todo contrato lo es, se halla en mejores condiciones y maneja más poderosas armas el prestamista, ya que el prestatario ordinariamente, sujeto á la férrea ley económica de la oferta y de la demanda, vése obligado á pasar por las horcas caudinas, sujetándose á las más onerosas estipulaciones. El tomante del dinero se halla en circunstancias anormales, en angustioso estado, con la voluntad coartada ó impedida por la fuerza mayor de su situación aflictiva y misérrima, de la cual, para explotarla, se aprovecha el dador tiránicamente. El que estipula entregar interés superior al que corresponde, al usual, al que la ley ó las costumbres establecen, al que es de justicia ó de conveniencia, al que normalmente se habría pactado, sufre verdadera coacción por la apremiante necesidad de encontrar dinero. Del mismo modo que se declaran nulas por lesión enorme ciertas ventas de tierras, y determinados manejos de los comerciantes ó acaparadores son castigados, ¿por qué habría de dejarse sin castigo á quienes cometen abusos punibles en el contrato de préstamo?

Los argumentos que contra la represión de la usura se aducen no merecen larga refutación. Se dice que así el capital huirá del préstamo con daño del crédito público y de las transacciones comerciales, sin tener en cuenta que se presta al Estado á módico interés, y por lo mismo no faltaré quien deje suficientes cantidades, aunque el rédito no sea usurario, con tal que se den bastantes garantías: al castigar la usura, no se castiga el sacar de los empréstitos lucro, sino el exceso, el abuso ó el fraude.

No negaremos que, á pesar de todas las penas, la polilla hebráica continuará viviendo y los usureros engordando con el sudor y muchas veces la sangre de los infelices trabajadores. Lo mismo ocurre con todas las leyes penales. Aun cuando más terriblemente se enfrenaba la usura, seguían devorando al pueblo y añadiendo afición al adicto. En los tiempos en que todo interés se prohibía percibir del mútuo, inventáronse multitud de contratos que no eran sino el mismo con diferente disfraz ó con el solo cambio de nombre, para eludir la acción penal. No todos los usureros tendrán la osadía, el talento ó la suerte de pasar por la malla de la ley sin enredarse en ella, y con una
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sola víctima que de entre sus garras se saque puédese dar cualquier labor por bien recompensada. Para penar legalmente este delito, aun suponiendo que sus estragos no se aminorasen, bastaría la conveniencia de protestar desde lo alto de las columnas de la Gaceta contra la iniquidad avasalladora, y advertir de modo auténtico que por el uso no se legitima tamaño abuso, y esclarecer la inteligencia de los súbditos enseñándoles las verdades con la solemnidad augusta de las leyes. Inspirar éstas en la justicia siempre es provechoso; y la intención, el pensamiento que el legislador expresa de infiltrar el bien en la masa social es sembrar gérmenes que no tardará el tiempo en hacer fécondos.

En todos los países se viene obrando saludable reacción contra las exageraciones del individualismo económico que el racionalismo alemán inoculó en la Enciclopedia francesa y los soldados de Napoleón llevaron en sus bayonetas por toda Europa. Se creía que dando libertad política al pueblo se le libertaba de la miseria, pues el no ser libre le hacía ser pobre; y pronto se vió que cruzarse de brazos el Estado pronunciando las palabras famosas: «Dejad hacer, dejad pasar», ante las luchas económicas de los individuos, era consagrar para unos la libertad de oprimir escandalosamente á sus semejantes y para otros la libertad de morirse de hambre ó desesperación.

No, el Poder supremo no puede ver impasible cómo los súbditos más laboriosos y menos capaces de valerse, sucumben á los golpes rastreños de los que se proponen vivir sin trabajar aprovechándose del trabajo de sus vecinos so color de facilitar el poder realizarlo: eso sería contra sus fines de asegurar el derecho, mantener el orden interior en las relaciones de aquisición de la propiedad, vindicar la justicia perturbada, proteger al débil contra el poderoso y evitar que sean desgraciados aquellos de cuyos bienes tanto necesita. No basta defender á los súbditos contra la violencia, debe defendérelos asimismo cuanto sea posible contra la astucia. Castigar al que hurta un panecillo para quitar el hambre y no al que para acrecentamiento de sus tesoros reduce al hambre multitud de personas, es contradicción tan inexplicable como injusta.

Por eso la teoría intervencionista del Estado respecto al asunto presente es aceptada por no pocos individualistas, que prácticamente reniegan de los principios fundamentales y de la tradición de su escuela ante sus terribles corolarios; y contra los románticos lirismos de los cantores de una libertad que, al modo de la fabulosa lanza de Aquiles, ella misma cura las heridas que produce, el buen sentido, el conocimiento de la realidad se va imponiendo en todas las legislaciones. Principió Austria con su ley de 1877, la cual fué imitada en la mayor
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parte de los países; y en todos ellos se ha visto que, si no se dió el golpe de gracia á la usura, se la reprime no poco, disminuyendo el número de sus víctimas.

Aunque muy tarde, nuestra legislación siguió la nueva corriente en materia de usura; y en 1908 sancionóse una ley declarando «nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso ó en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario á causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia ó de lo limitado de sus facultades mentales» y también «el contrato en que se suponga recibida mayor cantidad que la verdaderamente entregada, cualesquiera que sean su entidad y circunstancias». En lo que no otra cosa se hace sino declarar, concretar, aplicar lo que el derecho natural establece acerca de la nulidad de los contratos donde falte verdadero consentimiento, y lo que en el Código civil se expresa acerca de aquéllos «sin causa ó con causa ilícita».

Digna de aplauso esta medida, podría modificársela de manera que resultase más provechosa. No se determina cuál sea el interés usurario, el ilícito, el notablemente superior al normal, sino que se deja á la resolución de los tribunales en cada caso «formando libremente su convicción en vista de las alegaciones de las partes». No habría inconveniente de orden jurídico en señalarlo. El poder público está capacitado para regular estas convenciones como regula la relación económica entre patronos y obreros precisando en ocasiones el límite inferior de los salarios, y como fija periódicamente el cambio, el valor de los francos, para las tasas telegráficas y para el pago en oro de los derechos de las Aduanas.

Orientamente, la reglamentación legal del interés, cambiadas radicalmente las circunstancias, no ofrece tantas ventajas como en anteriores tiempos. Su rigidez inflexible se aviene mal con lo vario é inestable de la presente condición económica. Aparte de la consideración en que han de tenerse las diversas garantías con que se puede realizar un préstamo, en la tasa del interés influyen la copia de capitales circulantes disponibles y la productividad de las industrias en cada momento, sufriendo los efectos y fluctuaciones de la ley del pedido y de la abundancia en los respectivos mercados; y así una tasa justa, cambiadas las circunstancias tenidas presentes por el legislador, puede llegar á ser injusta ó inconveniente. Sin embargo de ello, respetando la libertad contractual, y dejando al arbitrio de los juegadores el resolver en cada caso si hubo ó no usura punible, fuera útil que la ley determinase un máximum suficientemente
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subido para que el exceso de él desde luego se juzgase usurario, reservando la calificación de los tribunales solamente para los réditos inferiores. Al legislador asiste el derecho de hacerlo así, por tratarse de algo que afecta al bien de la sociedad en general, y haciéndolo habríamos evitado muchas raposierías y ardides de los que convierten en oficio el fraude. Tal fué la opinión de ilustres parlamentarios, pertenecientes á diversos partidos políticos, en las amplias discusiones habidas en ambas Cámaras. A lo menos, como proponen algunos tratadistas, podría todos los años, por provincias ó comarcas, asignarse por la autoridad pública el interés normal del dinero y los más frecuentes contratos que de usurarios merezcan el nombre.

La penalidad de la ley española consiste en que el prestamista condenado no tenga derecho á reintegrarse sino del capital, sin rédito ninguno; y pague todas las costas del juicio; y si se le anularon tres contratos de préstamo, se le imponga una multa de 500 á 5.000 pesetas. Se trata con demasiada lenidad á los usureros. La ley rusa los condena á deportación á la Siberia y á dos años de cárcel la austriaca. El autor del proyecto de nuestra ley proponía que además de la multa se les castigase con arresto; y por haberse aceptado una enmienda en el Congreso, se suprimió esta pena, con lo cual quedaron sin ninguna los insolventes. De dejarse únicamente la primera, debería aplicarse á la primera vez, aunque sólo una vez se delinquiese.

Para que pueda conocerse la reincidencia de los usureros, dispónese que el Ministerio de Gracia y Justicia forme un «Registro central de contratos de préstamos declarados nulos, con expresión en cada caso del prestamista contra quien se dictó la sentencia». Tampoco nos parece suficiente. No basta registrar los nombres de los prestantes desaprensivos y tramosos; habríanse de publicar periódicamente en la Gaeta, no con el propósito de que se avergonzasen, pues son incapaces de ello, y pocos por temor á verse en la picota, para evitar que su nombre aparezca en la prensa con el estigma del oprobio, apartarán la mano del bolsillo ajeno, sino con el fin de que se les conozca y se huya de sus casas como de la guarida del crimen y antro de las trapacerías más perjudiciales.

En los Proyectos de reformas sociales que en 1899 publicó la benemérita Asociación general para el estudio y defensa de los intereses de la clase obrera se proponía que «todo préstamo á interés deberá formalizarse en escritura pública ó en documento privado, extendido á la presencia de cuatro testigos mayores de edad y vecinos del lugar del contrato, haciendo constar en todo caso, bajo la responsabilidad civil y penal de todos los presentes, la verdad del préstamo, ó sea la efectividad de la
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suma prestada, ya se confíese como entregada, ó ya se entregue de presente en su totalidad ó solo en parte. En el primer caso (confesión de deuda) se expresará con exactitud cuándo, cómo, dónde, para qué, ante quién, y en qué clase de valores se hicieron la entrega ó entregas, y en general todas las circunstancias de la deuda, de suerte que pueda comprobarse su verdad; y en el segundo caso se expresará también con igual exactitud la verdad de la entrega». En este sentido sería oportuno pedir la modificación de la ley vigente, ya que contratos privados son la mayor parte de los que anulan los tribunales, y los anulados en escritura notarial suelen serlo por poder probarse que se entregó menos cantidad de la figurada. A fin de facilitar la contratación, creyéndolo preciso, podría para este efecto, en los puntos donde no hubiese Notario, concederse la fé pública á alguno de los funcionarios allí existentes. El que tuvieran los préstamos mayor publicidad no les serviría de trabajo ni traería para el crédito público dañosas consecuencias; habría así generalmente para el prestamista garantías mayores, y además se contendrían muchos, ante el temor de que se supiese, para no pedir al fiado dinero con que satisfacer su lujo ó sus caprichos arruinándose.

De poco valen las buenas leyes sin las buenas costumbres. Incorporado un principio al derecho positivo, débese trabajar por que la sociedad participe eficazmente de su influjo. Sería bueno que hubiese una asociación que velase por el cumplimiento de la ley contra la usura, excitando el celo y sosteniendo la voluntad de los encargados de aplicarla, y que se ocupara en defender á los víctimas de estas sanguijuelas de la sociedad, cuando fuesen llevados á los tribunales. De lo mucho que para poner trabas al desenfreno de la codicia podrá hacerse, es muestra el conocido ejemplo del abate Dasbach, á quien sus campañas en la prensa y en el libro contra la usura dieron gran celebridad y llevaron al parlamento de Alemania. Organizó una sociedad que se comprometía á tomar el proceso por su cuenta siempre que cualquiera de sus individuos hubiese sido injustamente complicado en causa criminal por motivos de usura ó algún usurero tratara de dañarle en sus intereses, establó contra éstos una serie de denuncias casi siempre por el éxito coronadas, y de él pudo decir una gran revista protestante, que con su intervención habían quedado más aterrados los judíos que con la ley contra la usura.

Desgraciadamente, aun siendo muy provechosa la tutela de la pública autoridad, activamente secundada por el celo e inteligencia de muchos particulares, es difícil extirpar esta yerba dañina de la usura, que mil veces arrancada, otras tantas arraiga y retosía, como cizaña siempre maldecida y nunca muerta,