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en «España y América», números del 15 de Enero y 1 de Febrero.
—Guanina (leyenda puertorriqueña), por Cayetano Coll Topete, en «Nuestro Tiempo», núm. citado.
—Páginas extranjeras: cuento (conclusión), por J. W. Goethe, en «La Lectura», número citado.

Marina
El desarrollo del poder naval alemán, por Leandro Cubillo, en «Nuestro Tiempo», núm. citado.

Modernismo
El modernismo. V.—El tercer principio modernista: la evolución, por Paul Blandel, en «La Nouvelle France», número citado.

Municipalismo
El municipio y la cuestión obrera (continuación), por José María Gide, en «Revista Social», núm. de Diciembre y Enero.

Población
Confesionabilidad y proliferidad matrimonial, por Dr. Hans Rogt, en «Soziale Kultur», núm. citado.
—Pueblos sin Dios, hogares sin hijos (continuación), por L. Guizerix, en «Le Mouvement Social», número citado.
—La asistencia á las familias numerosas,—Estudio práctico de la ley del 14 de Julio de 1913, por J. Hadum, en «Revue de l' Action Populaire», núm. citado.

Política
La representación proporcional, por Julio Martínez de la Fuente, en «Nuestro Tiempo», núm, citado.
—Política extranjera: El Congreso socialista de Amiens.
—Crisis del gobierno portugués, por Mariano Marfil, en idem, idem.
—La profesión representada en la región organizada.—Información de «La Réforme Sociale» y respuestas de Pol de Corbier, Henry de France, P. Doin y A. de Fontgalland.
—El Congreso de Toulouse, en «La Réforme Sociale», números del 15 de Enero y 1 de Febrero.

Psicología
Sueño y ensueño, por Miguel Loy, en «Revista Calasancia», núm. citado.
—Las teorías psicológicas modernas sobre los estados místicos, por V. de Peralta, en «Estudios Franciscanos», número citado.

Religión y Constitución
La capilla y escuelas protestantes de la calle del Noviciado, por P. V., en «Razón y Fe», núm. citado.

Sacerdocio
Palabras de Obispo: Mgr. Péchenard: Para las vocaciones sacerdotales, en «Le Courier des cercles d'études», núm. citado.
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Trabajo
Una información sobre la semana inglesa, por A. G., en «La Vie Syndicale», núm. citado.

—El trabajo á domicilio y el salario mínimo, por A. Dau-set, en «Revista Social», número citado.

Vagancia y Mendicidad
Juventud, pordiosería, vagos y mendigos en las grandes ciudades, por P. G. Müller, en «Soziale Kultur», número citado.

Viticultura
La delimitación en Champagne, por G. de Boham, en «La Réforme Sociale», número citado.

R. M. DE T.
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CRÓNICA SOCIAL ESPAÑOLA

MARZO, 1914

Hacia el laicismo social.—Palabras del Sr. Obispo de Santander.—Reivindicaciones justas.—Los Sindicatos de la Rioja.—Sindicato ferroviario.—Una circular del Fiscal del Supremo.—El precio del pan.—Bazar del Obrero.

Nuevamente ha venido á alarmar las conciencias en la sociedad española el problema de la enseñanza del catecismo en las escuelas del Estado.

Recogemos esta última tentativa laicizante en una crónica social, porque persuadidos de que la solución del problema obrero y capitalista requiere como factor primordial la influencia de la Iglesia, nada se opone tanto á ella como la supresión, más ó menos hipócrita, de la enseñanza de la Religión en las escuelas públicas. La acción de las doctrinas católicas ha de ser moral, obrando por convencimiento y persuasión. Y ¿cómo han de convencer y persuadir, si se desconocen?

De ahí la magna gravedad que, bajo el punto de vista propio de esta Crónica, encierra todo paso hacia la escuela neutra ó laica.

Ahora, la tentativa anticlerical se disfraza con apariencias de respetos jansenistas y fervores puritanos.

El Excmo. Sr. Obispo de Santander ha dirigido al Sr. Ministro de Instrucción Pública una luminosa carta abierta, en la que se refutan los sofismas y se desvanecen las sombras acumuladas.

A tan notable documento pertenecen los párrafos que siguen:

Vucencía halla reparo en que «no puede siempre encomendarse al maestro la función de la educación religiosa, por no encontrar bien definido en la ley el precepto que haga obligatorio, para ser maestro en España, profesar la Religión Católica, Apostólica y Romana», y luego añade: «yo no diría la educación religiosa de un hijo mío á aquel maestro de quien tuviera el convencimiento de que no profesaba con fe la religión que había de enseñar».

Esta última resolución de V. E. es digna de aplauso; pero
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la lógica va descaminada; porque, partiendo de esa resolución, en vez de llevar á V. E. á relevar á los maestros del trabajo de enseñar la Doctrina cristiana, parece que debía haberle traído á esta deducción: «Puesto que no fiarías la educación de tus hijos á un maestro laico ó protestante, tampoco debes fiar la educación de otros: no debes permitir que sean educados por tales maestros los niños de las escuelas públicas; porque la Religión verdadera que profesas, te manda amarlos como á los tuyos: y si es cierto que en la ley no hallas bien definido el precepto que haga obligatorio al maestro ser católico, por lo mismo que no está bien definido, puedes tú definirlo sin agravio de la ley. Por tanto, cumpliendo el mandato de la Suprema Ley, que es la de Dios, amarás á todos los niños como si fueran tuyos; y los libras del peligro de perversión, advirtiendo á los que aspiren á regentar nuestras escuelas católicas, que deben profesar la misma Religión que nosotros profesamos, y enseñar siempre, como asignatura, la más importante, la Doctrina cristiana.»

Para adoptar esa resolución, directamente derivada de la primera, podía V. E. contar con el poderoso auxilio de La Constitución de la Monarquía, y de la Ley de Instrucción pública. La Constitución declara que la Religión del Estado es la Católica: por tanto ¿qué ha de hacer un ministro católico sino respetar y venerar esa Santa Religión, y procurar que sea por todos respetada? ¿Podría ese ministro gloriarse de la fe que profesa, si, en caso de duda, en vez de resolver en favor de la Religión (que da honra y gloria á Dios, y á los hombres los medios de llegar á la felicidad eterna), resolviese en detrimento de sus sagrados derechos, por complacer á los que la desconocen y persiguen? No es así como los buenos hijos corresponden al amor de su madre. Además, la vigente Ley de Instrucción pública desvanece cualquier perplejidad de un ministro católico; da ya resuelta la duda ante la cual se detiene; porque esa ley manda que se enseñe en las escuelas la asignatura de Doctrina cristiana é Historia sagrada; y que el maestro sea intachable en su conducta religiosa y moral: y bien se entiende que en un pueblo católico no puede ser intachable la conducta religiosa de un maestro que no profese nuestra santa Religión. Y si ahora hubiere al frente de alguna escuela maestro que no sea católico, aun á ese se le ha de exigir que cumpla con la obligación que la ley le impone de enseñar el Catecismo. Guarde en sus adentros las ideas que tenga, pero cumpla con su oficio pedagógico.

La Iglesia jamás ha dejado de cooperar con el Estado al engrandecimiento de los pueblos; y considerando que el auxilio debe ser mútuo ó recíproco, al ver ahora en grande riesgo
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los intereses supremos, ó el imperio de la Religión católica en las almas—base firmísima, la más sólida, del bienestar de la sociedad—no pudiendo por sí sola en España impedir esa ruina, por boca del menor de sus Obispos pide al Sr. Ministro de Instrucción Pública que mantenga siempre en vigor la obligación de los maestros de enseñar en las escuelas la Doctrina Cristiana, el Catecismo. Sin ese auxilio, la acción docente de la Iglesia no puede ser ni tan extensa, ni tan eficaz como es de desear, y como lo demandan la dignidad é importancia de la educación religiosa.

El favorable despacho de esta petición lo reclaman el honor y la gloria de Dios, los fueros de la Religión, la justicia y la caridad para con los niños y la recta conciencia cristiana.

Pondré término á esta carta y la sellaré con la autorizadísima palabra de Nuestro Santo Padre León XIII: «Así como no es lícito descuidar los propios deberes para con Dios, de los cuales el primero es profesar de palabra y de obra no la religión que á cada uno acomoda, sino la que Dios manda; así tampoco pueden las Sociedades políticas obrar en conciencia como si Dios no existiese; ni volver la espalda á la Religión, como si fuese extraña; ni mirarla con esquivez, ni desdén, como inútil y embarazosa; ni en fin, otorgar indiferentemente carta de vecindad á los varios cultos.» «Los Jefes, Príncipes (ó gobernantes) de los Estados deben poner la mira totalmente en Dios y proponérsele como ejemplar y ley en la administración de la cosa pública.. Los hombres nos reconocemos inclinados por naturaleza y razonablemente movidos, á la consecución de un bien final y soberano, que está colocado por encima de la fragilidad y brevedad de esta vida, en los cielos, á donde han de aspirar todos nuestros propósitos y designios: preciso es, pues, no crear obstáculos sino más bien proveer oportunamente, cuanto sea posible, toda comodidad á los ciudadanos para que logren y alcancen aquel bien sumo é inmutable que naturalmente desean.»

Pidiendo á Dios se digne dar á V. E. luz y acierto en el desempeño de su elevado cargo, se ofrece de V. E. a. s. s. y ep. q. b. s. m.,

✦ V. SANTIAGO.

La protesta contra los propósitos sectarios objetivamente, cualesquiera que sean las intenciones subjetivas del Gobierno, ha surgido potente y universal. ¡Dios haga que sea más constante y más eficaz que otros movimientos análogos, á los cuales pueden aplicarse las famosas frases: «fuego de viruta» y «espuma de cerveza.»
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La Federación de Sindicatos agrícolas católicos de la Rioja ha acudido al Gobierno en demanda, no de favores, sino de algo que cae dentro de la ley.

Ateniéndose al precepto legal ha pedido: la administración de los Pósitos para los labradores, el respeto á los Sindicatos agrícolas y la representación congrua en los Consejos provinciales y en el Fomento nacional de la producción.

Finaliza la razonada súplica con una serie de conclusiones que recomendamos á la meditación de todas las Federaciones agrarias, muchas de las cuales gozan ya de la plena capacidad económica y jurídica necesaria para contraer las responsabilidades que solicita la Federación de la Rioja.

He aquí el texto de las cláusulas:

1.ª Que se autorice y se estimule á los Municipios á que cedan la administración de los Pósitos municipales á los labradores organizados en Asociaciones agrícolas, legalmente reconocidas, que lo soliciten.

2.ª Que la Delegación Régia pueda imponer como obligatoria esta cesión á los Municipios que dejen inmóviles y sin prestar los fondos de su Pósito ó á los que los administren mal, siempre que haya una Asociación agrícola, legalmente constituida, que solicite esa administración.

3.ª Que donde sea el Ayuntamiento el administrador del Pósito, tenga la Asociación agrícola derecho de preferencia sobre los individuos.

4.ª Que los fondos liquidados y administrados por la Delegación Régia de Pósitos y que no pertenezcan á Pósitos municipales determinados, se destinen á fundar Pósitos de la Tierra.

5.ª Que esos Pósitos de la Tierra pasen á ser propiedad de las Asociaciones agrícolas (Sindicatos, Cajas rurales, Cooperativas y Mutualidades agrarias y pecuarias) de una comarca, provincia ó región, como los Pósitos municipales, que son propiedad de los Municipios que los poseen.

6.ª Que dichos Pósitos de la Tierra, propiedad de las Asociaciones agrarias, sean administrados por Juntas nombradas por las mismas.

7.ª Que el Pósito de la Tierra y su Junta no pueden tener por ese título, en la vida de las Asociaciones, otra intervención que la que el banquero tiene en las Asociaciones con que opera.

8.ª Que dicha Junta garantice la honradez de su gestión, presentando sus balances cada año á la Comisión provincial de Pósitos más próxima, y sometiendo sus libros á las inspecciones que se quieran.

9.ª Que los 72 Sindicatos de la Rioja solicitan la creación
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de un Pósito de la Tierra, no sólo para ellos, sino para los que en lo sucesivo se funden en la provincia de Logroño.

10. Que para la creación del Pósito de la Tierra riojano, en las condiciones precedentes, solicita 250,000 pesetas del capital de Pósitos liquidados que hoy administra la Delegación Itégia.

11. Que ese capital, con las creces convenientes, interés y demás recursos con que ya cuentan, es necesario, pero suficiente, para resolver el problema del crédito agrícola en la región riojana, y para estimular el movimiento asociacionista de toda la clase campesina.

12. Que cada uno de los Sindicatos y demás Asociaciones adheridas, se comprometan á acrecer el capital social con un mínimo de cinco pesetas por socio y de 200 por Asociación, á las que renuncian para el caso de disolución, aunque dando facilidad para hacer esta entrega en sucesivas cuotas á las Asociaciones que de una vez no puedan darlo.

13. Que con toda urgencia se acabe con la burla que se viene haciendo á las clases campesinas, escamoteándoles la ley de Sindicatos con reformas de carácter fiscal y general, de que no han tenido noticia, y contra cuya injusticia no se han podido defender.

Que por Real decreto ó Real orden se declare, por tanto, la sana doctrina jurídica de que una ley general no deroga una ley especial, y, por tanto, no afectan á la ley especial de Sindicatos las leyes fiscales de carácter general á ella posteriores.

14. Que por hacer imposible el crédito hipotecario á las Asociaciones agrarias, se derogue el art. 11 de la ley hipotecaria de 1909, que obliga á renovar cada tres años la escritura de constitución de hipoteca.

15. Que finalmente, se ponga en vigor la reforma del señor González Besada, cuando fué ministro de Fomento, respecto á los Consejos de Fomento y al Consejo Nacional de la Producción y del Comercio.

El cinco de Febrero cumplióse un año de la fundación en Valladolid de un Sindicato para empleados y obreros de la Compañía del Norte y líneas varias que en la capital castellana concurren.

El fin de la fundación era constituir una Caja social, que libertase á los ferroviarios católicos de la tiranía de los socialistas.

La obra ha prosperado notablemente en los doce meses que lleva de vida.
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Se ha levantado el edificio social, se han repartido manifiestos, celebrado mítines, demostrado la incapacidad de los socialistas y probado su intervención en la huelga de Barruelos.

Para que mejor se conozca su organización y relaciones con las Secciones de varios puntos de España, el Sindicato ha repartido las adjuntas bases:

Primera. La Sección adopta el Reglamento general del Sindicato (susceptible de toda modificación en las Asambleas generales) y un Reglamento particular que consta de 16 artículos en donde se manifiesta el funcionamiento de cada Sección. (Artículos 1.º y 2.º)

Segunda. La representación de las Secciones ante las autoridades la llevan las Juntas directivas de cada Sección, en los asuntos que no son generales del Sindicato.

Tercera. Se eligen las Juntas de Sección por todos los socios que la forman. (Artículo 5.º)

Cuarta. Los derechos de las Juntas son: para las Secciones, los mismos del art. 30 del Reglamento general.

Quinta. Las Secciones en nada dependen del Círculo Católico, ni de la Federación de los Sindicatos de Valladolid, forman todas una unión profesional nacional, cuyo centro es la ciudad de Valladolid.

Sexta. Las Secciones contribuyen con el 50 por 100 de su recaudación para establecer el capital social; con este capital se forma la Caja para subvenir á las necesidades de huelga, despédida intencionada, paro y cese, traslado, defunción y la administración general de todas las Secciones.

Más claro, cuando á una Sección se le hayan agotado los recursos y tenga que cumplir alguna prescripción reglamentaria recurrirá á la Caja central, quien se encargará de enviar fondos.

Séptima. Hoy la Junta directiva de Valladolid y mañana el Comité Central (cuando sea nombrado por la Asamblea), tiene el derecho, para la mayor moralidad administrativa del Sindicato, á revisar los libros de las Secciones, intervenir en los asuntos del bien general del Sindicato y resolver en último término, los conflictos de las Secciones con la Compañía.

Al mismo tiempo las Secciones están obligadas para la mayor fuerza y unidad de acción, á comunicar todos los meses del 15 al 25, su estado social, altas y bajas de socios, cuentas, etcétera, etc.; tienen también la obligación de cumplir el art. 4.º, artículos adicionales, página 51 del Reglamento general.

Octava. Las Secciones tienen derecho á ser representadas en las Asambleas generales por el presidente ó por un socio elegido por la Junta general de la Sección, el cual tendrá voz y voto en todos los asuntos comunes al Sindicato y derecho á la
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elección de las personas que han de ocupar los cargos en el Comité central.

Novena. Asimismo las Secciones tienen la potestad de presentar en las Asambleas generales las reformas convenientes del Reglamento y cuantas mejoras juzguen acertadas para la clase ferroviaria.

Décima. En este Sindicato no hay la más pequeña intervención de personas extrañas ni en el gobierno, ni en la administración.

Y, por último, este Sindicato en la Sección de Valladolid, además de la Caja general, tiene establecida una segunda Caja mutual de seguro para la enfermedad, conforme al art. 5.º, artículos adicionales, del Reglamento general...

El Sr. D. Juan Maluquer y Viladot, persona favorablemente conocida de cuantos prestan atención á los estudios sociales, en funciones de Fiscal del Tribunal Supremo, ha dirigido á los fiscales de las Audiencias una energética circular.

En el notable documento se urge la persecución de los delitos de imprenta, singularmente los cometidos en publicaciones injuriosas para el Rey ó la real familia, y en las que se ataca á la moral y buenas costumbres, ó se hace lucro de la injuria personal.

Dice el Sr. Maluquer:

«No debe tampoco olvidar V. S. que hay que perseguir, sin contemplación de ningún género, las publicaciones, cada día mayores en número y descoco, en las que se ataca á la moral y buenas costumbres; porque, como dije en otra ocasión en circular telegráfica, se van preparando con ello generaciones de decadentes, en vez de las viriles que la Patria ansía, como sus defensores del mañana. Sobre este particular será siempre poco el celo que demuestren los fiscales en la persecución de tales delitos, que buscan la Prensa, la estampa, la fotografía y aun la película cinematográfica, para su escandalosa exhibición.

Es de notar también y se han dado casos repetidos, de que algunos periódicos se permitan llevar la injuria personal hasta extremos que, al darles publicidad, cometen el delito penado en el art. 456 del Código penal reformado, y si bien lo primero no puede perseguirse de oficio, es indispensable que sea objeto de castigo lo segundo, ya que con esas revelaciones, sean verídicas ó fantásticas, se causa el mismo daño que en un artículo inmoral ó en una estampa obscena. El particular persiga si quiere lo que constituya para él injuria ó calumnia, pero el fiscal persiga á su vez, si hay méritos, lo que tenga la injuria ó calumnia.
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ción económica, hay ejemplaridad educativa. Si triunfa el usurero es porque no tiene fondos el Sindicato.

De este modo los 4.000.000 de pesetas se repartirían pres- tamente, efectuando un bien imponderable á la agricultura y un ingreso para los pósitos de 160.000 pesetas anuales.

Donde no haya asociaciones y el dinero del pósito no circule, débense crear propagando la sana doctrina del crédito y de la cooperación y dando ejemplo las personas pudientes é ilus- tradas. Pueblo conocemos cuyos vecinos más ricos, acudieron al pósito ó al Sindicato, pidiendo préstamos que no necesita- ban, para deshacer el estúpido criterio popular que hemos re- gistrado.

Si se promulgase una ley, estableciendo el registro munici- pal de toda clase de obligaciones contractuales, negando con- dición jurídica obligatoria á los contratos privados no inscritos, y sacando, por consiguiente, á luz los silenciosos tratos de la usura, habriasela dado un golpe de muerte. De todas maneras y antes de esto hay que ir preparando dinero barato que la sustituya.

Pero pudiera suceder que un pueblo cuyo pósito estuviera sin funcionar, no sólo careciese de instituciones rurales, sino que se negase á formarlas, por ignorancia, por enconos intesti- nos, por presión del cacique, ó por otra causa cualquiera; en tal caso la Delegación Régia debe recoger los fondos y entre- gárseles en prestación al Pósito de la Tierra que funcionara en aquella provincia, á la federación regional de entidades agrar- rias de aquella zona, ó á la Caja ó Sindicato del pueblo más cercano.

No hay derecho á privar á un pueblo de la propiedad de su pósito, pero no hay ley divina ni humana que obligue á sopor- tar la administración de un incapaz. La propiedad no puede arrebatarse; la administración, el usufructo sí, cuando de no ha- cerlo se sigue grave daño á los intereses generales, mucho más sagrados que los intereses locales. Al individuo mismo se le de- clara pródigo, se le incapacita, por malversador, por inepto; á las sociedades torpes, las interviene una administración judi- cial; los intereses justos son para el dueño, pero la manipula- ción, el empleo del capital, dirijenlo otras manos y otras ca- bezas.

El dinero de los pósitos es de la agricultura y para la agricultura. Prestados á una federación, ó á un Sindicato, los dineros de un pósito inmovilizado, habrá que reservar para éste, á más del derecho de propiedad sobre tales bienes, un pro- ducto racional, el dos por ciento al año, pero conviene pri- varle del uso de estos fondos hasta que se capacite adminis- trativamente. No puede verse con impasibilidad, que donde el