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Y cambiamos de tema.

En estos últimos pasados días se han planteado en las Cámaras dos asuntos de constante actualidad, por desgracia, acerca de los cuales dos oradores católicos han pronunciado sendos y admirables discursos.

Uno de estos asuntos ha sido el relativo á la enseñanza en las escuelas públicas; el otro ha sido el referente al duelo ó desafío.

El Excmo. é Ilmo. Sr. Arzobispo de Tarragona, ha hablado ante el Senado del primero, reproduciendo una vez más la protesta del episcopado español contra las tendencias laicizantes que de poco tiempo acá se han despertado en los gobiernos.

Un proyecto de ley anuncia el Sr. Ministro de Instrucción Pública, con el que afirma trata de armonizar las diferentes tendencias en cuanto sea posible, y al paso de ese proyecto non nato y ya conocido ha salido el señor Arzobispo con estas palabras:

«Esas tendencias—ha dicho—á que se refiere el Sr. Ministro de Instrucción Pública, no son distintas, son realmente contradictorias; son la tendencia religiosa ó eclesiástica y la tendencia laica. La tendencia religiosa, que aspira á unir el espíritu divino con el espíritu humano, y la tendencia laica, que quiere romper toda relación del hombre con Dios; es la tendencia religiosa que no quiere nada, que no desea nada nuevo, sino que se cumpla la ley, que se respete lo establecido, y la tendencia laica, que aspira á avasallarlo todo, á trastornarlo cuanto ella lo tiene por conveniente.

¡Armonizar! ¡Cómo se armonizan las cosas distintas, si suponemos que distintas son y no contradictorias? Ya lo sabéis. Cediendo cada cosa de su derecho, sacrificando las tendencias distintas en aquello que tienen de más distinto, á fin de que se confundan, se junten, ó por lo menos se aproximen; de manera que es preciso sacrificar algo, quitar algo, suprimir algo de la tendencia religiosa. Pues bien; en el mismo discurso de la Corona se dice que esa tendencia á que aludo es la que profesa—la que comparte dice así—la inmensa mayoría de los españoles. De modo que vamos á sacrificar el deseo, la voluntad de la inmensa mayoría de los españoles, por una minoría insignificante y sin importancia, al menos por el número, que es lo importante en esta época en que vivimos. ¿No estamos en un régimen de mayorías? ¿No vivimos en un país democrático? ¿No es el pueblo, según decís vosotros, el que debe gobernar por medio del mayor número de sus representantes? Pues si la inmensa mayoría tiene la tendencia católica, ¿por qué se la va á sacrificar? Eso sería un acto de despotismo.»

«El artículo 11 de la Constitución consta de dos partes:
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una, en que se dice que el Estado tiene una religión, y que esta religión es la católica, apostólica y romana. Si, pues, el Estado es católico, ¿no lo han de ser sus funcionarios? ¿Es que puede existir un Estado sin funcionarios? Esto me parecería un gui- sado de liebre sin liebre. El funcionario de un Estado católico ha de ser católico, puesto que está pagado por un Estado cató- lico, y debe ser católico el maestro, porque es la base de todo en la sociedad.»

«Además el artículo 176 de la ley de Instrucción Pública dice, que para ejercer el profesorado en todas las enseñanzas se requiere justificar buena conducta religiosa, de donde se de- duce que deben ser expulsados inmediatamente de sus cátedras muchos catedráticos de Institutos, Universidades, aun repre- sentantes de la Nación, que no acreditan buena conducta reli- giosa, porque no son católicos».

«Estando vigente esta ley de Instrucción Pública; el que no justifique buena conducta religiosa, y no siendo católico no la podrá justificar, no puede ser maestro.»

Este discurso del señor López Peláez ha sido de un efecto sorprendente y es nuncio de que si de nuevo se plantea la cuestión de la enseñanza por el Gobierno, la actitud de los ca- tólicos ha de responder á la tomada en la Alta Cámara por el ilustre prelado.

Tanta resonancia ha tenido también cuanto en el Congreso hubo de manifestar el diputado católico señor Senante conde- nando la pasividad del Gobierno ante la serie de desafíos que con escándalo de toda España se han verificado en Madrid re- cientemente.

Virilmente condenó la absurda y punible tolerancia de las autoridades con tales delitos, contrarios á las leyes divinas y humanas, al Derecho natural y á la razón, y de paso hizo no- tar cómo esa barbarie del duelo, no es costumbre en nuestra patria—en lo que pretendió ampararse el Gobierno olvidándo- se de la existencia de una Ley vigente—donde el ambiente es hostil á tales actos punibles.

Ha merecido bien de todos el brioso diputado católico, que con su discurso aplicó el canterio que necesitaba la llaga social abierta de nuevo una vez más por incuria de quienes tienen el deber de atender á su total curación y no descuidarla.
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Hay en la actualidad varios pleitos de carácter social pendientes, que atraen el interés de cuantos en estos problemas se ocupan.

Uno es, el suscitado entre armadores y marineros, que ha tenido origen en el incumplimiento de un laudo con el que se puso fin, ha tiempo ya, á determinadas diferencias entre las empresas y los tripulantes de vapores mercantes, diferencias debidas á las peticiones formuladas por éstos en pro de un aumento en los sueldos.

El pleito está en estos momentos pendiente de un arbitraje del Gobierno, pero sin que su mal cariz haya desaparecido:

El presidente de la Federación de marinos acaba de hacer estas declaraciones:

«La huelga será muy larga, pues, en contra de lo que algunos suponen, la gente de mar cuenta con medios para resistirse todo el tiempo que sea necesario.

»Por nuestra parte, queda nuestra misión reducida á ser simples espectadores.

»He agotado todos los medios que la prudencia me aconseja. He ofrecido toda clase de facilidades, á veces llegando á rebajarme más de lo que la dignidad me permitía, en pro de una solución conciliadora.

»Varían hoy las cosas de aspecto. Conocidas son nuestras justas peticiones, y bien definida está nuestra actitud. Yo permaneceré en mi puesto; no iré á llamar á ninguna puerta; pero cualquiera que á las puertas de la Asociación llegase, abiertas las encontrará de par en par.

»La lucha será dura, y en tal forma se ha planteado, que ya no caben transacciones. De ella no pueden salir más que victoriosos y derrotados. Veremos con el tiempo á quien corresponde el uno ó el otro papel.»

Sin embargo, no parece ser la situación tan desconsoladora; y decimos esto, por constarnos que el Gobierno ha anunciado que tendrá un éxito resonante en el arbitraje que va á ejercer.

Otro asunto, que por cierto también está para terminar, es el de las farmacias cooperativas, á las que los farmacéuticos quieren negar derecho á la vida.

Este pleito de verdadero y amplio carácter social, casi no debe ya ocupar nuestra atención, toda vez que de seguro cuando estas líneas aparezcan estará solucionado con una R. O. del Ministerio de la Gobernación.
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Baste decir, que los farmacéuticos han luchado y luchan para lograr que sean declaradas ilegales las farmacias cooperativas cuya competencia afirman no poder soportar, y baste decir también que el Gobierno entiende que la licitud de las cooperativas farmacéuticas—¡cómo no!—es innegable, y en este sentido y en esta tendencia parece que irá inspirada la R. O. próxima á publicarse.

Otros elementos, los panaderos, también están en vías de obtener un señalado triunfo y un mejoramiento en las condiciones de trabajo, que hace ya tiempo debían disfrutar, porque no hay motivo fundado para que no lo disfruten.

Nos referimos al trabajo diurno. Desde hace años era esta una aspiración de los obreros panaderos, á quienes un régimen de trabajo inmotivado, aleja del hogar en las horas que para el descanso en él transcurren, y al fin van á lograr que la quietud de la noche se extienda también á los hornos.

Los gobernantes, atentos al fin á todas las razones lógicas, que por no alargar esta crónica desistimos de enumerar y razonar, ha estimado de urgente estudio legislar esta reforma, que es de esperar sea un hecho en breve.

Otros trabajadores, los carteros y los dependientes de comercio, en vista de que solo trabajando por sí, es como han de conseguir algo, han comenzado á prepararse el camino para llegar al logro de aspiraciones legítimas que tienden á mejorar sus respectivas condiciones de trabajo.

El ya viejo proyecto de abolir la costumbre del reparto de correspondencia (en las grandes ciudades especialmente) entregándola piso por piso en las casas, teniendo que subir cientos de escaleras, con detrimento innegable de su salud, le resucitan ahora los carteros, que piden la instalación de timbres en las porterías para avisar á los destinatarios la llegada de sus efectos postales.

A este fin tienen ya convocadas reuniones, paso que han empezado los dependientes de comercio, los cuales celebran un Congreso en Madrid, que hace pocos días comenzó.

Su fin principal es lograr una ley que establezca para la dependencia mercantil la jornada máxima de diez horas.
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El Consejo Superior de Emigración acaba de publicar datos muy interesantes referentes á la emigración española en el pasado año 1913.

Las proporciones por 10.000 habitantes—dice—en orden de menor á mayor emigración, son: Alemania, con el mínimo de 2 emigrantes por 10.000 almas; Holanda, con 3; Suiza, con 14; Finlandia, con 29; Dinamarca y Austria-Hungría, cada una de ellas con 31; Suecia, con 36; Bélgica, con 44, y Noruega, con 54. El grupo siguiente comprende á Portugal, con 100; el Reino Unido de la Gran Bretaña é Irlanda, con 102, é Italia, con 112. La suprema proporción pertenece á España, con 120 emigrantes por cada 10.000 nacionales.

Esta última proporcionalidad de España corresponde á 240.000 emigrados declarados por el Gobierno; pero agregando los que el Consejo de Emigración calculó en 1912, como ocultación, ó sean unos 60.000, se elevan los fugitivos á la enorme suma de ¡300.000! Aunque esta no debe ser todavía la verdadera cantidad, si la admitimos resultará una proporción monstruosa: 150 errantes por 10.000 almas.

¡Qué enormidad! ¡Y qué responsabilidad tan grande para los causantes de esta despoblación del país, de esta huida de los hijos de España!

Y cerramos esta Crónica con un párrafo que viene á ser como glosa de algo de lo que decimos al comienzo de ella.

El día 15 del presente mes conmemoramos el 23 aniversario de la Encíclica «Rerum Novarum» del gran Pontífice León XIII, el Pontífice de los obreros.

Hablando de esta conmemoración dice un publicista católico:

«No acierto á explicarme cómo esos obreros que se dicen hartos de sentir restallar sobre sus espaldas el látigo del patrono y de verse orillados por las clases directoras, empleen todo el año sus pulmones y todas las cuerdas de su voz en gritar contra la Iglesia.

»Nadie, fuera de los trabajadores, ha reconocido, y defendido y sancionado los derechos del obrero si no es la Iglesia católica.

»Desde que Cristo vino al mundo, nadie defendió al pobre contra el rico sino el cristianismo. Las primeras leyes contra la esclavitud fueron dadas por la Iglesia; las primeras corporaciones de oficios, que eran propiamente Sociedades de defensa profesional, fundadas y sostenidas fueron por la Iglesia; las
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primeras luchas contra el liberalismo, que disolvió las corporaciones, y es la causa de todo este desquiciamente social, fueron reñidas por la Iglesia.

«Y cuando azuzado por socialistas y anarquizantes—añade—el obrero de nuestra época amenazó destruirlo todo, y las clases sociales amenazadas creyeronle fiera escapada del cubil, y al cubil quisieron volverle á palos, la Iglesia católica por boca del Pontífice de los obreros, concretó las aspiraciones del proletariado y las afirmó y sancionó ante la sociedad atónica.

»Sin embargo, aún el trabajador socialista cierra los ojos á la luz.»

A. DE MIRABAL.
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INFORMACIONES

El Crédito Agrícola en Túnez

El desarrollo del crédito agrícola entre las poblaciones musulmanas ofrece un interés especial en atención á los preceptos del Corán que prohiben á todo buen musulmán, no la remuneración de un préstamo, sino el interés proporcional al tiempo transcurrido. Es, pues, por lo tanto, digno de señalarse el estudio que publica el Boletín de Instituciones económicas y sociales del Instituto Internacional de Agricultura, en su número de Julio, dedicado al Crédito agrícola en Túnez.

El Gobierno de la Regencia al fomentar el Crédito agrícola en Túnez, se ha propuesto ante todo luchar contra la usura. Con este objeto se han constituido sociedades que se proponen: 1.º hacer que mediante préstamos en especies ó en dinero puedan realizar sus adheridos las siembras, desarrollar y mejorar sus cultivos y plantaciones, y aumentar y mejorar su material agrícola y su ganado; 2.º conceder préstamos á otras sociedades indígenas de previsión; 3.º auxiliar mediante socorros temporales á los indígenas pobres labradores y obreros, víctimas de enfermedades, accidentes, plagas del campo, epizootias, etcétera; 4.º contratar seguros colectivos contra el incendio, el pedrisco, etcétera; 5.º crear sociedades cooperativas de compra y de venta entre sus adheridos. Un decreto de 1911 añade á estas operaciones los préstamos á largo plazo (máximo 15 años).

Durante la campaña 1910-1911, los préstamos de semillas concedidos por las sociedades de previsión ascendieron á francos 1.737.523, con lo cual queda demostrada la utilidad de la institución.

Hay que añadir que independientemente de las sociedades de previsión indígenas funcionan desde 1904 Cajas mutuales de crédito, que tienen por objeto facilitar á sus miembros operaciones agrícolas productivas de beneficios directos, como la adquisición de animales de cría ó la ejecución de los trabajos de la recolección. Estas Cajas no pueden prestar más que pequeñas cantidades (4 ó 5 mil francos como máximo), pues la responsabilidad social no puede soportar grandes riesgos; en ellas se admiten á los indígenas; para los agricultores franceses no sólo representan un interés moral, sino también un interés
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material, ya que la prosperidad colectiva hace aumentar el valor de las tierras. El crédito mútuo comprende una Caja regional establecida en Túnez y veintidós Cajas locales afiliadas, distribuidas en los principales centros del norte del país. De 571 socios 458 son franceses y 113 indígenas; estos últimos habían recibido préstamos por valor de 35.180 francos en 31 de Diciembre de 1911.

Hasta ahora el reembolso de las cantidades prestadas á los indígenas se ha efectuado generalmente en el vencimiento establecido, no habiendo ocasionado pérdidas. De acuerdo con la última asamblea general, el Consejo de Administración de la Caja regional estudia la posibilidad de que entre mayor número de indígenas en las Cajas locales existentes é incluso crearlas para ellos en donde no existen. El pequeño número de indígenas adherentes á las Cajas locales depende no sólo de los preceptos del Corán á que hemos aludido, sino también del hecho de que los administradores de la Caja regional se hallaban ocupados hasta ahora por las dificultades de la organización; era necesario además educar al prestatario, enseñarle el respeto al vencimiento, etc. Pero poco á poco, á medida que comprendan su utilidad, los indígenas se irán adhiriendo más numerosos á las Cajas de Crédito.

Cómo se establece el justo precio del arrendamiento en la Gran Bretaña é Irlanda.

Habiendo manifestado el Gobierno inglés la intención de realizar en Inglaterra y en Gales una reforma agraria de gran alcance, en que se halla comprendida también la institución de Comisiones agrarias encargadas de establecer los justos precios de arrendamiento, es oportuno investigar qué principios se tienen en cuenta en Irlanda, para establecer dichos justos precios, donde actúan las Comisiones agrarias desde 1881. De ello trata A. P. Margill en un artículo intitulado «Las disposiciones de las leyes agrarias irlandesas relativas al justo precio de arrendamiento», publicado en el número de Enero del Boletín de Instituciones Económicas y Sociales del Instituto Internacional de Agricultura.

Hasta el 31 de Marzo de 1913 se había fijado el justo precio de 380,116 arrendamientos por un primer periodo de quince años, sin contar un gran número de arrendamientos fijados por un segundo periodo. Pero á pesar de este número tan elevado de evaluaciones, no deja de sorprender el observar que no
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pedazo de pan con sus marineros en caso de apuro, de análoga manera el industrial tiene el deber, en caso de crisis ó de un desastre comercial, de recibir su parte de sufrimiento como sus obreros y aún de recibir la parte mayor.»

«Todo esto—sigue el autor de Unto this last—parecerá sin duda inaudito. Pero lo inaudito es que lo parezca.» Y añadía: «Cualquiera otra doctrina es imposible de conciliar en la práctica con el verdadero progreso de la vida nacional» (1). No tenemos más que leer en el libro de la realidad para convencernos de ello. El profundo malestar que reina en la sociedad actual, la lucha implacable, sorda ó ruidosa entre unas y otras clases, nacida á virtud del feroz individualismo y del positivismo grosero, y acentuada cada vez más, ha de ser á la larga funesta para el mismo progreso material, que sólo puede realizarse en la paz. Una vez más se cumplirá la palabra evangélica: «Buscad el reino de Dios y su justicia y lo demás se os dará por añadidura.» No se busca ante todo el reino de Dios, y llegará un día en que la añadidura faltará. Por lo menos, falta hoy la tranquilidad de espíritu para gozarla.

La Iglesia católica ha desenvuelto en su moral todas estas ideas.

IV

La doctrina corriente de los moralistas católicos sobre los deberes de estado, revela el sentido profundamente social de la Iglesia católica, para la que todos los actos humanos tienen un aspecto moral que cae bajo su jurisdicción. Según ella, al lado de los deberes generales que á cada uno impone la condición de hombre, hay otros que emanan del estado—modo habitual de ser ó estar de cada uno—y que son en definitiva la moral misma «en las aplicaciones más inmediatas de sus principios á la multiplicidad de las condiciones humanas». Estos deberes de estado son unos de justicia y otros de caridad. Los primeros se concretan en la fórmula de dar á cada uno lo suyo. Indicaremos alguno por vía de ejemplo: «Si viene un juez—recomendaba á los confesores San Alfonso de Ligorio—preguntadle si ha hecho acepción de personas, si ha tratado las causas con ligereza, si ha juzgado con pasión ó sin información previa... Si viene un comerciante, preguntadle si ha defraudado en el peso ó la medida, si ha vendido en más del justo precio...» (2). El

(1) Idem, p. 55-56.
(2) Citado por Ch. Calippe en la notable conferencia pronunciada en la «Semana Social de Versalles» sobre la conception catholique des devoirs d' état, en Semaine Sociale de France. Versailles, 1913.—Paris, 1913, p. 77 y sigs.
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se ha definido nunca de manera satisfactoria la expresión «justo precio de arrendamiento» y que no se ha establecido ningún principio general para la evaluación. La ley de 1881 decía sencillamente que los justos precios de los arrendamientos se establecerían después de oídas las partes, teniendo en cuenta los intereses respectivos del propietario y del arrendatario y considerando todas las circunstancias del negocio y las condiciones de la finca y del distrito. La Comisión agraria no tenía facultad para establecer principios para la evaluación, y los Comisarios se guardaron muy bien de hacerlo. En la práctica los Comisarios juristas dictaminan acerca de los efectos legales de los testimonios recogidos por el tribunal, y atribuyen, por ejemplo, al propietario ó al arrendatario las mejoras objeto de las declaraciones. Actualmente la evaluación de las tierras corresponde á los otros miembros de la Comisión que son peritos tasadores que tienen la facultad de tasar según sus principios propios. Naturalmente, se obtienen variaciones considerables que con frecuencia han disgustado á la vez á los propietarios y á los arrendatarios. Sin embargo, las partes interesadas tienen derecho á saber de qué manera ha procedido la Comisión agraria para establecer el justo precio, pues esta última se halla obligada á facilitar, si se solicita, un formulario en que se indiquen la superficie de las diversas clases de pastos y de tierras labrantes comprendidas en la finca, el arrendamiento por acre que se atribuye á cada clase de terreno, la cantidad debida respectivamente al propietario y al arrendatario, la cantidad añadida por la proximidad del mercado ó de los ferrocarriles, o deducida por la lejanía de todo centro de negocios ó de las vías de comunicación, así como todas las demás circunstancias que se han tenido en cuenta para establecer el justo precio del arrendamiento.

Aunque los comisarios no obran á base de principios generales, pueden indicarse, sin embargo, los factores que consideran de ordinario. En primer lugar reconocen, al parecer, que el arrendamiento debiera ser igual á la cantidad que el arrendatario podría pagar en realidad si poseyese el capital y la experiencia agrícola necesaria. Partiendo de esta base, el factor más importante para realizar la evaluación, se halla constituido por los precios de los productos agrícolas y las variaciones probables de estos precios durante los quince años por que se fija el arrendamiento. Mas, los precios por sí solos no constituyen un dato suficiente; un precio elevado puede ser debido á una mala cosecha y puede ocurrir también que el rendimiento varíe considerablemente, sin que por ello los precios experimenten grandes variaciones. En efecto, el artículo en cuestión contiene un cuadro en que se hallan comparados los precios