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Con la aprobación del señor Obispo de Madrid-Alcalá, ha quedado constituida en la siguiente forma la Junta diocesana organizadora de la segunda peregrinación regional á Nuestra Señora del Pilar:

Presidenta.—Marquesa de Aguilaufuente.

Vicepresidentas.—Duquesas de la Conquista, de Terranova y de Zaragoza; Marquesas de Comillas, de la Mina, de San Félices de Aragón, de Unzá del Valle y viuda de los Vélez; Condesas viuda de Arcentales, de Gondomar, de Romanones y de Sobradiel y doña Constanza Gamazo de Maura.

Vocales.—Duquesas de Aliaga, de Hijar y de Lécera; Marquesas de Squilache y de San Vicente; Condesas de Orgaz y de Serramagna; Vizcondesa de Roda, y señoras doña Elena Azlor de Elorriaga, Mercedes Bordiú y Garcés de Marsilla, Carmen Cabero de Eulate, Juana Jordán de Urríes, Concepción Martínez de Pascual, Julia Nebot de Pascual, Joaquina Vegas de Tavira y señoras presidentas de las Juntas de parroquia.

Tesorera.—Marquesa de Echeandía.

Secretarias.—Marquesa de Griguy, María Luisa del Arco, Enriqueta Cárdenas y Pastor, Angela Loygorri, Asunción Loygorri y Clara Moreno y Villafranca.

RAFAEL ROTLLAN.
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PRÁCTICA SOCIAL

Sindicalismo agrario

FEDERACIÓN DE LOS SINDICATOS AGRÍCOLAS CATÓLICOS
DE LA DIÓCESIS DE BURGOS

PROYECTO DE ESTATUTOS

CAPÍTULO I

Constitución, objeto, domicilio y duración

Artículo 1.º Con el nombre de «Federación de Sindicatos agrícolas católicos de Burgos», se constituye la Federación de los Sindicatos agrícolas, Cajas rurales e instituciones análogas de la diócesis de Burgos que tengan carácter francamente católico.

Podrán también formar parte de esta Federación las instituciones establecidas en los pueblos de la provincia, aunque no pertenezcan á la diócesis de Burgos.

Art. 2.º El objeto de la Federación es la mutua ayuda de las Sociedades federadas y la realización de los fines enumerados en el art. 1.º de la ley de 28 de Enero de 1906 á la cual se acoge.

Art. 3.º La Federación de Sindicatos agrícolas católicos de Burgos tendrá su domicilio legal en la misma ciudad de Burgos y durará indefinidamente mientras responda á los fines de su fundación.

CAPÍTULO II

Régimen de la Sociedad

Art. 4.º Para el gobierno de la Sociedad habrá un Consejo directivo y un Consejo general.
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Del Consejo directivo

Art. 5.º El Consejo directivo se compondrá de Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Secretario y Vicesecretario.

También formarán parte del Consejo directivo, en calidad de Consiliarios, el Presidente y Director espiritual del Círculo Católico de Obreros de Burgos; estos Consiliarios no podrán votar, sino aconsejar.

Art. 6.º Para desempeñar los cargos de Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Secretario y Vicesecretario, será condición precisa ser mayor de edad, hallarse en el pleno uso de sus derechos civiles y que al menos tres de ellos residan habitualmente en la ciudad de Burgos.

Art. 7.º Los cargos de Consiliarios recaerán siempre en los que sean Presidente y Director espiritual del Consejo de Gobierno del Círculo Católico de Obreros; los demás cargos del Consejo directivo se renovarán por mitad cada bienio; al final del primer bienio cesarán en su cargos los dos individuos del Consejo que designe la suerte; al siguiente los otros tres, y así sucesivamente.

Si ocurren vacantes durante el bienio por fallecimiento, renuncia, ausencia u otras causas, se proveerán en la primera elección, cubriéndose entretanto dichas vacantes por designación de los demás miembros del Consejo directivo.

Art. 8.º Los individuos del Consejo directivo serán elegidos por el Consejo general, mediante votación por papeletas, y tomarán parte en ella los vocales presentes.

Para ser elegidos es necesario reunir la mitad más uno de los votos, y las dos terceras partes para ser reelegidos. La elección se hará en la primera quincena del mes de Noviembre, tomando inmediatamente posesión de sus cargos los nuevos vocales.

Art. 9.º El Consejo directivo se reunirá una vez al mes y siempre que lo disponga el Sr. Presidente del mismo ó lo pidan los Consiliarios ó tres vocales.

Art. 10. El Consejo directivo procurará:
a) Fomentar la fundación de Sindicatos y procurar la consolidación y desarrollo de los ya existentes y federados.
b) Tramitar instancias, expedientes, reclamaciones y demás documentos en las oficinas de la capital y evacuar las consultas que se le hagan referentes á los fines de los Sindicatos.
c) Servir de centro de información sobre mercados y
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compra de máquinas, semillas, plantas, animales, etc., y facilitar análisis de tierras y abonos.

d) Gestionar donativos del Estado y procurar que se den conferencias por los ingenieros agrónomos u otras personas competentes y organizarlas, valiéndose á este fin, si lo cree oportuno, de linternas de proyecciones.

e) Avisar á los Sindicatos el cumplimiento de las disposiciones legales, así como cuanto crea pueda convenirles, y establecer una Bolsa Central del Trabajo.

f) Servir de intermediario para préstamos entre las Sociedades federadas y, por fin, ejecutar los acuerdos del Consejo general.

Art. 11. Todos los cargos del Consejo directivo serán gratuitos. El Consejo general podrá, sin embargo, acordar que se dé alguna retribución á alguna entidad ó funcionario auxiliar.

Del Consejo general

Art. 12. El Consejo general estará constituido por los individuos del directivo y por los Presidentes y Secretarios de cada sociedad federada.

Art. 13. Las atribuciones del Consejo general son:
1.º Nombrar el Consejo directivo. 2.º Señalar la cuota de entrada y anual con que las Sociedades federadas han de contribuir á los gastos de la Federación. 3.º Nombrar, en caso necesario, algún funcionario auxiliar ó designar la entidad que haga sus veces y la retribución que haya de percibir. 4.º Tomar los acuerdos que estime pertinentes respecto á la compra en común de abonos, simientes, plantas, arbolado, máquinas, etc.; establecimiento de una Caja general, si no cree más oportuno servirse de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad del Círculo Católico de Obreros de Burgos; divulgación de impresos referentes á obras sociales y cuanto crea conducente á los fines de la Federación. 5.º Admitir en la Federación á las Sociedades que lo soliciten, y expulsar de la misma á las que crea se han hecho indignas de seguir perteneciendo á ella.

Art. 14. El consejo general se reunirá por lo menos una vez al año en la primera quincena de Noviembre, y siempre que lo acuerde el directivo ó lo soliciten tres de las Sociedades federadas. La asistencia á las sesiones de este Consejo es obligatoria; pero en caso de imposibilidad, cuando alguna de las Sociedades federadas no pueda enviar individuos de su
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seno, podrá delegar en uno de otra de las Sociedades federadas.

En este caso, y cuando sólo concurra el Presidente, ó solo el Secretario, ó uno sólo del seno de la Sociedad que debidamente la represente, concurrirán con un sólo voto y no podrán hacer uso de los dos votos que á cada Sociedad concede el art. 12 de este Reglamento.

Y en caso de delegación, para que ésta sea válida, ha de estar hecha en la forma que para casos análogos prescriban los Estatutos de la Sociedad que delega, copiando en el escrito que autorice la delegación el artículo ó artículos pertinentes.

Si nada prescribieran los Estatutos, la delegación vendrá autorizada con las firmas de los miembros de la Junta directiva.

Art. 15. Para que sean válidos los acuerdos del Consejo general tendrán que ser adoptados por la mitad más uno de los vocales que asistan ó estén representados.

De los cargos del Consejo directivo

Art. 16. Corresponde al Presidente:
1.º Llevar la representación judicial y extrajudicialmente de la Federación, yendo siempre refrendada su firma por la del Secretario.
2.º Convocar y presidir las sesiones del Consejo general y las del directivo, y dirigir los debates de las mismas.
3.º Firmar con el V.º B.º las actas de las sesiones y demás documentos de la Federación.
4.º Encomendar á cada vocal del Consejo directivo aquellas gestiones que crea convenientes para el cumplimiento de los fines del mismo, y velar por la buena marcha y administración de la Sociedad.

Art. 17. Corresponde al Vicepresidente substituir en caso de ausencia, enfermedad, vacante ó otro motivo justo al Presidente, en todos sus derechos y prerrogativas.

Art. 18. Corresponde al Tesorero:
1.º Recaudar y custodiar, depositándolos en la Caja de Ahorros del Círculo Católico de Obreros de Burgos, ó donde acuerde el Consejo general, los fondos de la Federación, y pagar las facturas y libramientos que lleven el V.º B.º del Presidente.
2.º Llevar un libro de cuentas de la Sociedad.
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3.º Recibir relación semestral del balance de las Sociedades federadas.

4.º Dar cuenta en las sesiones del estado económico de la Federación, formando á fin de año una relación detallada de los ingresos y gastos habidos durante el mismo.

El Tesorero será sustituido en las ausencias y enfermedades por el vocal que designare el Presidente.

Art. 19. Corresponde al Secretario:
1.º Extender y firmar las actas, comunicaciones, convocatorias, avisos, circulares é inventarios, y tramitar los acuerdos del Consejo general y directivo.
2.º Dar cuenta en las sesiones de los asuntos pendientes.
3.º Firmar con el Presidente todos los documentos, y custodiar el Archivo de la Federación.
4.º Recibir semestralmente y formar estadística anual de los trabajos y marcha de las Sociedades federadas.

Art. 20. Corresponde al Vicesecretario ayudar al Secretario y substituirle en caso de ausencia, enfermedad ú otro legítimo motivo.

Art. 21. Corresponde al Consiliario eclesiástico imponer su veto á toda proposición perjudicial á la religión ó á las buenas costumbres; y al seglar, informar al Consejo sobre las disposiciones legales que se relacionen con los asuntos puestos á discusión: los Consiliarios se sentarán en las sesiones al lado del Presidente.

CAPÍTULO III

De las Sociedades federadas

Art. 22. Las Sociedades tendrán derecho á disfrutar de todas las ventajas de la Federación y á tomar parte en las resoluciones del Consejo general en la forma determinada en este Reglamento.

Art. 23. Las Sociedades federadas tendrán el deber de acatar y cumplir todo lo acordado por el Consejo general y remitir semestralmente al directivo una relación de las obras llevadas á cabo por ellas, y otra del estado económico de las mismas.

Dichas Sociedades satisfarán las cuotas de entrada y la anual que señale el Consejo general. Las Sociedades fundadoras de la Federación no pagarán cuotas de entrada, y
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cuando en una misma localidad funcionen por separado el Sindicato y la Caja, pagarán una sola cuota.

Los Sindicatos federados no suministrarán abonos ni otros artículos á los socios que trasladen en los mismos géneros ni aun para su uso particular, quedando igualmente prohibido proporcionarlos á los que no sean socios, y admitir como tales á los vecinos de pueblos donde haya Sociedad federada ó sea fácil fundar un Sindicato.

Art. 24. Si, por renuncia voluntaria ó por decisión del Consejo general, dejara de pertenecer á la Federación alguna Sociedad, perderá ésta todos los derechos y prerrogativas que la Federación le concede y responderá únicamente de las obligaciones contraídas con anterioridad á la fecha en que se recibiese su renuncia ó se acordase su separación.

CAPÍTULO IV

De los fondos de la Sociedad

Art. 25. Los recursos con que ha de contar la Federación para su sostenimiento son:
1.º Las cuotas de entrada y anuales que satisfagan las Sociedades federadas.
2.º Los donativos, legados ó subvenciones que se reciban de las personas ó entidades que se interesen por la Federación.

CAPÍTULO V

De la reforma del Reglamento

Art. 26. Cualquier modificación que se introduzca en los presentes Estatutos y no desvirtúe el objeto de la Federación deberá ser votada en Consejo general por las dos terceras partes de los vocales del mismo, incluso el Presidente, teniendo en este caso igual fuerza ejecutiva y obligatoria una vez que conste en acta y sea aprobada por la superioridad gubernativa.

Art. 27. En todo lo no consignado taxativamente en es-
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te Reglamento, se regirá la Sociedad por las disposiciones de la legislación vigente.

CAPÍTULO VI

Disolución de la Sociedad

Art. 28. En caso de disolución de la Sociedad, el Consejo directivo se encargará de hacerla y los fondos existentes se pondrán á disposición de la Mitra para que los invierta en beneficio de la agricultura.

(Del Boletín del Círculo Católico de Obreros de Burgos, número 53. Enero 1913).
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INFORMACIONES

POR LA CLASE AGRICULTORA

EL «HOGAR INEMBARGABLE.»

Ahora que el Gobierno parece que pretende ocuparse de la cuestión agraria, dando un carácter marcadamente socialista á las reformas esbozadas en la «declaración» del señor Conde de Romanones, bueno será que insistamos en una petición que desde hace un año, y en repetidas ocasiones, venimos formulando en provecho de la clase más sufrida y vejada de todas las de España: de la clase agricultora.

Con más elocuencia que las palabras corroboran esta nuestra afirmación las tristísimas estadísticas que por la Dirección general de los Registros se vienen publicando, y cuyas aterradoras cifras ponen constantemente de manifiesto que el patrimonio del modesto cultivador español es, sin duda alguna, la presa en que más se ceban las insaciables garras de la usura. Tan sabido es esto, que resultaría verdaderamente pueril insistir sobre ello, debiendo preocuparnos tan sólo de pedir el remedio que evite este grave mal, valléndonos á tal fin de procedimientos legales que yacen olvidados en el cuerpo del derecho español, y que han sido aprovechados y adaptados á las circunstancias presentes por pueblos tan progresivos como Francia, los Estados Unidos, Suecia y Venezuela.

Los legisladores de todos estos países, comprendiendo que el único sostén del orden social lo constituye la pequeña propiedad campesina, han establecido en sus Códigos un límite, por virtud del cual la casa y el pedazo de tierra suficiente para el sostenimiento de una familia rural, quedan exentos de todo embargo, tanto judicial como administrativo.

Esta medida, tan democrática y tan opuesta á las doctrinas socialistas que parecen inspirar al actual Gobierno, va extendiéndose de día en día, y ahora mismo, según nos cuenta en una de sus admirables crónicas Severino Aznar, ha sido adoptada por el Estado de Jalisco (Méjico), á propuesta de un entusiasta grupo de diputados católicos.
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En toda obra de riegos se suman un conjunto de diversos intereses. Produce la riqueza del particular, mas ésta, constituye riqueza comercial e industrial de la región, y de la suma de las riquezas regionales se forma la nacional. He aquí pues, que en tal enlace de bienes encuentra el Estado una razón de asistencia.

Anotemos con brevedad algunas consideraciones robustecedoras de tales afirmaciones. El cultivo de regadío aumenta de manera enorme la producción cereal, que abarata la base del alimento nacional; esto es de interés general indudablemente. El aumento de la producción forrajera, determinará el abaratamiento de la carne; he aquí otra consecuencia social. La producción sobrecostada, puede llegar á conseguir que nuestra nación se baste á sí misma; razón política y social muy intensa.

Del aumento de riqueza que aporta el cambio de cultivos, surje la limitación de la emigración, el abaratamiento de las subsistencias y por ello el robustecimiento de la raza.

En las zonas donde prepondera el regadío, la población es muy densa; ello constituye una base de la buena defensa nacional.

El Estado percibe con el riego una cantidad muy notable de beneficios directos y relativamente inmediatos que aconsejan su intromisión en tales obras, ya que sin su esfuerzo no se hacen ó las que se hacen fracasan; así nos lo asegura lo ocurrido antes de la ley de 1883, que permitió á los regantes pedir el auxilio del Estado.

En efecto: sube la tributación de las tierras regables, pues se multiplica el valor de ellas y crecen la industria y el comercio y por tanto las tributaciones industriales y mercantiles; crece la capacidad individual de cada sujeto y por tanto los impuestos personales—cédulas, consumos, etc.;—los derechos reales de transmisión se aumentarían extraordinariamente.

Lo apuntado, es más que suficiente para determinar á priori, contra los individualistas que tanto predominaron en el siglo pasado, que el Estado debe intervenir en las obras de riego nacionales.

Toda labor hidráulica lleva anejos múltiples trabajos de tal importancia, que sin ellos, aún siendo marginales de la obra principal, se anula muchas veces la eficiencia de todo lo hecho; la repoblación forestal, la construcción de embalses, fábricas para la industrialización de la fuerza hidráulica, vías de comunicación, instituciones de crédito, centros de enseñanza técnica y otros parecidos esfuerzos accesorios.

Es teoría muy racional, que cada parte que se aprovecha de un beneficio, coadyuve con un sacrificio proporcionado en lo que cabe. El individuo y la región y el Estado, que disfrutan
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Resulta verdaderamente lamentable que en un país esencialmente agrícola como España se mire con tanto desdén esta institución del «hogar inembargable», seguro refugio de la familia campesina y acantilado ingente donde se estrelian las furiosas embestidas de la usura y del socialismo.

No ignoramos que su institución en nuestra Patria daría lugar á serias discusiones, en las que sin duda alguna se mostrarían sus más encarnizados enemigos aquellos que, con pacto de retro más ó menos disimulado, ó valiéndose de los infinitos subterfugios á que se presta la interpretación de los cuerpos legales, se apoderan insaciablemente de la pequeña propiedad rural; pero todas las objeciones y reparos que quieran hacerse, se han presentado también cuando lo que hoy son leyes en los pueblos citados, no tenían otro carácter que el de proyectos, y si la índole de los artículos periodísticos no nos vedase entrar en una prolija relación de los dictámenes y discursos emitidos y pronunciados con este motivo en las Cámaras respectivas, se vería por la ciencia y prestigio de sus autores y por la profundidad de sus argumentos alegados en defensa, que esta sana institución del «patrimonio de familia» ó del «hogar inembargable» sólo puede faltar en aquellos países donde el problema agrario está ya resuelto ó donde los Gobiernos no se preocupan de la angustiosa situación de los campesinos.

Claro es que el límite que señalan á este patrimonio las legislaciones extranjeras no tiene grandes proporciones, sino aquel que supone lo estrictamente preciso para que la familia no caiga en la más absoluta indigencia. La ley francesa de 12 de Julio de 1909 le fija 8.000 francos, y la recientemente votada en Jalisco le circunscribe á 1.500 pesos, si se trata de una casa ó fracción de casa, y á 3.000 si el inmueble se refiere á terrenos con ó sin edificaciones.

Vea, pues, el actual Gobierno de qué forma puede favorecer los intereses agrarios, si es verdad que tales son sus propósitos, llevando á los entenebrecidos campos españoles este rayo de sol, y no acumulando cada vez más los elementos adversos, que ya resultan sobrados para que el día en que estalle la tormenta, las carreteras se conviertan en avenidas y las capitales no sean suficientes para contener la desoladora impetuosidad de las aguas.

ALBERTO CORRAL Y LARRE.

(De El Debate, de Madrid, núm. 461, 6 Febrero 1918).
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de los bienes que reporta una obra de riego, deberán coadyuvar á su pago. Y así el Estado, debe ayudar á los particulares en sus obras de riego y los particulares regantes deben ingresar en arcas del Estado, los gastos que éste haya efectuado en dichas obras con dinero de toda la nación.

Hay otra razón peculiar á éste género de trabajos y es, que las obras de riego, trastornan enormemente el régimen normal de las aguas, variando su curso ó parándole.

La absorción, la evaporación y la filtración, son tres puertas muy amplias por donde se pierde agua. La absorción aumenta enormemente por los árboles de los bosques que hay que formar en torno de una obra de riegos; la evaporación crece desmesuradamente con los embalses y pantanos; y la filtración decuplícase por el suelo de pantanos, canales y acequias. Ahora bien, la absorción y la evaporación influyen de manera notable en la atmósfera, en el clima y la filtración en el caudal de las fuentes. Véase, pues, si no resulta justificada la intervención directa del Estado en obras que tan enorme transcendencia tienen.

Además, el Estado tiene el dominio inminente de las aguas y sobre su aprovechamiento y distribución es la suma autoridad, asistíendole un derecho legislativo de regulación y otro jurídico de sanción; de tal modo ha de conocer en el hecho que será materia de derecho para legislar y fallar. Así, pues, el servicio hidrológico del Estado, debe catalogar las aguas y fijar la manera, cuantía y derechos con que deben ser usufructuadas supliendo la incapacidad económica y jurídica del particular para realizarlo.

Es preciso sentar como regla general para los asuntos de índole privada, la no intervención del Estado, pues el régimen de libertad, exígese por todo individuo en sus propias cosas y como esta libertad es cercenada siempre que interviene el Estado, de aquí que esto deba ser la excepción, condicionada por un conjunto de reglas y necesidades previamente fijadas en atención á la impotencia del individuo, al derecho de un tercero y, en fin, correspondiendo á un acuerdo de todos los interesados.

No es razón bastante que intervenga para imponer los dictámenes de la ciencia agronómica; primero porque estos no son aún axiomáticos y, además, porque aunque les tomásemos como principios demostrados, tendrían fuerza para dar al Estado condición de tutor.

Así, pues, en el cultivo de fincas, en su transformación, en su desenvolvimiento comercial complementario, el Estado no debe intervenir; el particular se regirá por su libre albedrío.

De esto se deduce que la obra de riego, la obra matriz y las