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cuentan los agricultores. Pese al Sr. Moret, autoridad insigne y poco sospechosa ha calificado la obra social realizada por el gobierno católico belga como «el más completo ensayo de legislación social de que la historia de nuestro tiempo puede presentar en ningún país del Continente europeo» (1).

Respecto al sindicalismo, es totalmente inexacto que sus apóstoles fueran Patie y Taems. El apóstol del sindicalismo á base pura lo ha sido y es el P. Rutten, de la Orden de predicadores, sin que en su empresa haya recibido de Roma más que estímulos y alabanzas. Potier, á quien sin duda por error de copia periodística añade el Sr. Moret, fué llevado á Roma para explicar teología, y en cuanto á Daens (también citado erróneamente y muerto por su fortuna dentro de la Iglesia católica), fué uno de los propagandistas de la democracia cristiana y propugnaba un programa que todos los católicos sociales suscribimos sin empacho (2). Ocurrió á este sacerdote que en lucha electoral con Woste en el Colegio de Alost, anduvo en discordias por cuestiones de disciplina del partido con los de la Liga democrática belga, siendo expulsado de ella y suspendo por su Obispo al descarrirse y predicar el amorfismo social ó la supresión de las jerarquías, sin que yo sepa defienda tales doctrinas el Cardenal Gibbons, cuyo catolicismo social está dentro de la más pura ortodoxia.

El párrafo último exigiría un libro para desentrañar toda su miga. En vez de aliar, según lo hace la Iglesia, al naturalismo con el sobrenaturalismo, los presenta el Sr. Moret en oposición irreductible, olvidando de paso ó desconociendo los conceptos de pobreza cristiana, que es desapego á los bienes terrenos, sólo buenos, no en sí, sino como medio para una vida mejor é instrumentos de perfección moral y de resignación que no estriba en cruzarse de brazos ante la injusticia, sino en trabajar para vencerla, esperando con tranquilidad de ánimo y perfecta equanimidad el resultado del esfuerzo. Y esta resignación, que está en los antipodas de la indolencia, es un sedante para el espíritu, y a fortiori se ven

(1) Fernand Payen, cit. por A. Vermeersch, S. J., en su Manuel Social, pág. 301 de la edición de 1904.—Louvain, A. Uyapuyst.—Passifard & Brine.

Recomiendo al Sr. Moret la lectura de esta opulenta obra, verdadera enciclopedia social alabada incluso por el Sr. Canalejas en el discurso de la Academia de Jurisprudencia y Legislación que versó sobre la legislación social.

(2) V. el programa en nota á la página 390 de la obra del Doctor T. Veggian, El movimento sociale cristiano nella seconda metà del 19.º secolo.—Vicenza.—Giovanni-Galla, 1902.
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REVISTA CATOLICA
DE CUESTIONES SOCIALES

(Con censura eclesiástica.)

UN LABORATORIO SOCIAL

«L' ACTION POPULAIRE» Y SUS PROGRESOS

Aunque L' Action Populaire, de Reims, suena en los oídos de cuantos están iniciados en las instituciones y literatura sociales, no es conocida tanto como lo debe ser, ni todos alcanzan á penetrar su espíritu. El título que le asigno de laboratorio social, expresa su objeto y determina su funcionamiento. A muchos parece impropia la denominación de laboratorios ó seminarios con que se designan ciertas cátedras ajenas á la experimentación material, inclinándose á pasar por el nombre de seminario, indicador etimológicamente de semillero ó lugar de formación de grupos de personas para un fin dado ó en una determinada doctrina. Y, sin embargo, es tan adecuado el título de laboratorio, porque expresa lo mismo y con más amplitud, por abarcar no sólo la formación doctrinal ó preparación de un grupo, sino lo que aun es superior á esto, la constitución del cuerpo de doctrina, la investigación propia, la elaboración, en suma, de aquello que está por crear y urge hacerlo aparecer, por exigirlo las necesidades de la vida.

En este sentido, la Action Populaire, de Reims, es un propio y verdadero laboratorio, destinado á la enseñanza y difusión social, á cuyo efecto precisa la depuración de lo que ha de propagar como bueno y, en caso de hallar lagunas en el cuerpo doctrinal, suplirlas con la propia investigación.

Una y otra labor depuradora, constructora y difusiva, es de
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ciones, se les abjudicaba, entre otras, la de «procurar el establecimiento de jurados mixtos de patronos y obreros y entender en las reclamaciones que unos y otros sometieran á su deliberación». (1)

El 28 de Julio de aquel mismo año de 1900 se promulgaba el Reglamento para la aplicación de la ley acerca de los accidentes del trabajo, y en su artículo transitorio se decía:

«Cuando se hallen establecidos los jurados mixtos de obreros y patronos, serán éstos los únicos competentes para conocer y decidir en todas las cuestiones que por la ley de 30 de Enero de 1900 y por este Reglamento, se sometan á la jurisdicción del juez de primera instancia. Si entretanto se acordase por patronos y obreros someterse á la competencia de las juntas creadas para ejecución de la ley de 13 de Marzo de 1900, relativa al trabajo de mujeres y niños, las juntas locales, y en caso de apelación las provinciales, intervendrán en el conocimiento y resolución de las cuestiones á que este artículo se refiere, excepción hecha de los casos de responsabilidad por delito ó falta, que quedan reservados á la jurisdicción de los tribunales ordinarios» (2).

Era ya una consejo de Conciliación y arbitraje oficial, permanente y voluntario. Los patronos y los obreros no tenían obligación de someterles sus contiendas. Pero en las obras públicas hechas por administración no era voluntario, sino obligatorio. Así lo mandaba un Real decreto relativo á las estipulaciones que deben consignarse en los contratos de obras públicas, publicado en la Gaceta del 22 de Junio de 1902. Decía así:

«Artículo 1.º.....
2.º Todas las cuestiones que surjan por incumplimiento de este contrato, se someterán á la Comisión local de Reformas Sociales, que funcionará como árbitro, presidida por la autoridad gubernativa, contra cuyos laudos podrán utilizarse los recursos que establece la ley de Enjuiciamiento civil.

Art. 2.º Lo dispuesto en el artículo anterior será aplicable á los contratos que se celebren por el Estado, la Provincia ó el Municipio, cuando las obras se ejecuten por administración.

Artículo 3.º Si las Diputaciones provinciales y los Ayuntamientos infringieran lo dispuesto en los artículos anteriores, se les exigirá la responsabilidad administrativa en que

(1) «Legislación del trabajo», pág. 261.
(2) «Legislación del trabajo» pág. 24.
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hubieren incurrido, sin perjuicio de las demás á que hubiere lugar en su caso».

Y en todos los proyectos de leyes tutelares del trabajo que los gobiernos presentaban, ratificaban y agrandaban esas funciones conciliadoras y arbitrales de las Juntas. Así, en el proyecto de ley sobre el aprendizaje (1) presentado á las Cortes el 1.º de Noviembre de 1906, y en su artículo 13, párrafo 3.º, se consignaba que «en caso de discordia resolverían los tribunales industriales, si los hubiere, la Junta local de Reformas Sociales, y en último extremo el juez municipal»; y en el referente al contrato del trabajo sometido el mismo dia al Parlamento, se decía:

«Art 30. Las cuestiones que se susciten acerca de la interpretación ó cumplimiento de los contratos de trabajo, serán decididas por jurados mixtos de patronos y obreros. A falta de éstos, las partes podrán someterse al arbitraje de las Juntas locales de reformas sociales» (2).

Es, pues, un hecho que el Instituto de Reformas Sociales, y más aún las Juntas locales á él sometidas, sustituían de algún modo á los Consejos de Conciliación y arbitraje en los conflictos entre patronos y obreros, y tenían ciertas funciones de tribunales industriales en las contiendas que surgían con motivo de contratos en que el Estado, la Diputación ó el Municipio ejercían de patronos.

Aun hoy mismo que tenemos ya esos Consejos y esos Tribunales, las Juntas de Reformas Sociales continúan siendo piedra angular para los Consejos de conciliación, organismo supletorio para los tribunales industriales.

IV

En el Parlamento

Al terminar el año 1901, la Comisión de Reformas Sociales terminaba la preparación de sus proyectos de ley, sobre Consejos de conciliación el uno; sobre tribunales industriales el otro. Casi inmediatamente, el 4 de Febrero de 1902, el Ministro de la Gobernación presentaba el primero de ellos al Congreso; cayó el Gobierno y no fué discutido ni aprobado.

El 27 de Abril del año siguiente, el partido conservador presentaba al Senado los dos.

(1) Es ya ley.
(2) «Legislación del trabajo».—Apéndice 2.º, pág. 272.
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El primero creaba «Consejos de Conciliación»; no quería que se llamaran de arbitraje, porque, según se decía en el preámbulo, «arbitraje es la transacción encomendada á terceros para evitar la provocación de un pleito ó poner término al ya comenzado, y todo pleito supone lucha entre derechos y deberes perfectos, nacidos de un contrato preexistente»; ahora bien, la nota característica de estos Consejos de Conciliación había de ser el que sólo intervinieran en los conflictos que surgieran «en el periodo de preparación», cuando todavía no había contrato hecho ni verdaderos derechos y deberes en litigio ni, por tanto, transacción ni arbitraje posibles.

La diferencia específica entre el Consejo de Conciliación y el Tribunal industrial, veíala el Ministro en que el primero sólo podía intervenir en las contiendas que surgieran al discutir las condiciones de un contrato de trabajo, mientras que el Tribunal industrial intervenía en el periodo de ejecución, «cuando patronos y obreros están ya ligados por la ley del contrato que ellos se han dado y pueden exigirse su recíproco cumplimiento». Por eso el Poder público, á juicio suyo, «sólo podía intervenir en el primer periodo por vía de conciliaciones, mientras que en el segundo podía intervenir también por la vía coactiva» (1).

Este principio justificaría el Tribunal industrial con fallos obligatorios en todas las ocasiones donde estuvieran en litigio derechos adquiridos y deberes contraídos con ocasión de un contrato de trabajo escrito ó verbal, expreso ó tácito, y por lo tanto, también en la mayor parte de las huelgas; pero no es el que informaba á los proyectos de ley presentados.

Los Consejos de conciliación eran establecidos «para prevenir y procurar resolver las diferencias entre patronos y obreros con motivo de la celebración ó la ejecución del contrato de arrendamiento de obras y servicios». Eso decía el artículo 1.º, dejando en mal lugar al ministro que había redactado el preámbulo, tal vez sin leer la ley, seguramente sin comprenderla.

Los Tribunales industriales de su creación no intervendrían con sus fallos obligatorios tampoco en las huelgas ó conflictos de carácter social, aunque allí hubiera incumplimiento de un contrato y supuestos derechos en litigio. Se limitarían á ser un tribunal más de orden civil que sólo en-

(1) Las diferencias entre la conciliación y el arbitraje las resume muy completamente, en su Discurso inaugural de principio de curso, el catedrático de la Central D. Tomás Montejo.
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tendería en los pleitos que surgieran entre patronos y obreros por lesión de algún derecho adquirido con motivo de los contratos de arrendamiento de obras, servicios y aprendizaje y á causa de la aplicación de la ley de accidentes del trabajo.

Los Consejos de Conciliación eran permanentes: imponían al alcalde, al patrono y á los obreros interesados la obligación de darle parte de la huelga: pero no la de presentarse ante el Consejo ni la de aceptar sus servicios; se esforzaban en recabar de las partes que «ni los patronos suspendieran el trabajo ni los obreros lo abandonasen mientras se tramitaba la conciliación».

Aunque no se dice una palabra de arbitraje, el Consejo de Conciliación, fracasada la avenencia de las partes, podía invitarlas á que designaran personas plenamente autorizadas para contratar en su nombre», es decir, árbitros, y sus oficios no tenían más sanción que la de poder «consignar en acta su opinión sobre el caso y publicarla de oficio».

El Tribunal Industrial lo presidia el Juez de primera instancia y lo componían además tres obreros y tres patronos elegidos por las partes interesadas, del cuerpo de jurados que por sufragio universal se formaría en cada partido judicial. Formaría ese cuerpo de jurados los quince patronos y los quince obreros que obtuvieran más votos en las elecciones del distrito. De los obreros que podían ser jurados no se exceptuaban los que prestan servicios domésticos. El jurado deliberaría sobre los hechos y daría sobre su fondo y consecuencias jurídicas el veredicto. Sólo en caso de empate, podrá el presidente formular un cuestionario al que los jurados contestarían afirmativamente o negativamente.

Contra el fallo podría interponerse recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Tampoco esta vez tuvieron fortuna esos proyectos de ley, y casi tres años más tarde, el 27 de Enero de 1906, los reproducía el partido liberal. Aunque el Ministro que lo refrendaba, el Conde de Romanones, aseguraba en el preámbulo que dichos proyectos «llevaban la autoridad y prestigios inherentes á los trabajos del Instituto de Reformas Sociales», desde la cruz á la fecha eran los mismos que había preparado la antigua Comisión de Reformas Sociales: el Instituto ninguna colaboración ni intervención había tenido en ellos.

Antes de terminar el mes, la Comisión parlamentaria daba dictámenes y el Congreso los aprobaba.

La Comisión introdujo en ellos importantes modificaciones.
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En la de Conciliación proponía, entre otras, las siguientes:

Cambió el nombre de la ley y la llamó ley de Consejos de conciliación y arbitraje industrial; acentuó su carácter de libertad (1); los interesados en el conflicto no tenían obligación de recurrir á estos Consejos ni de aceptar sus fórmulas de avencencia; libres serían también para aceptar ó rechazar el arbitraje y se fijaba su procedimiento. Los Consejos no serían permanentes: el Presidente inamovible sería siempre el Presidente de la Junta local de Reformas Sociales, que es el Alcalde, pero en cuanto á los jurados, los elegirían en cada caso los interesados. Sin embargo, si los conflictos eran muchos, se facultaba á los Consejos para constituirse en Secciones permanentes. Rechazaba del proyecto la delimitación de los casos de conflicto en que podía intervenir el Consejo, para que no quedaran excluidos otros en los que también convendría que entendieran. Extendía su jurisdicción á las huelgas de patronos y limitaba la obligación de dar parte del conflicto al causante del mismo, pero con sanciones pecuniarias; los obreros deberían avisar la huelga dentro de las veinticuatro horas de hecha; los patronos con una semana de antelación. Eran libres las partes para cumplir ó no el laudo de los árbitros, pero podían obligarse con sanciones pecuniarias. Por último, se decía expresamente que el Consejo no sólo podía intervenir en los conflictos surgidos, sino también en la preparación de los mismos.

Las modificaciones introducidas en el proyecto de ley sobre Tribunales industriales, las enumera así la Comisión parlamentaria al dar su dictamen:

«El derecho de sufragio activo y pasivo se amplía hasta tropezar con los límites fuera de los cuales la institución á que la ley responde, quedaría desnaturalizada, porque siendo esta reforma de esencia democrática, más sólida y robusta surgirá cuanto sea más amplia la base sobre que se asiente.

•Hayendo del centralismo nivelador que esteriliza tantas iniciativas fecundas, la Comisión, en el art. 13 del dictamen

(1) Ni la Comisión ni el Instituto de Reformas Sociales, ni el Gobierno, ni el Parlamento, han pensado un momento en dar carácter obligatorio al Consejo de conciliación y arbitraje, ni á sus fallos. El mismo espíritu de libertad suelen sostener los escritores sociales. El régimen de libertad es el que acapara el ambiente en España.
Sin embargo, hay una fracción pequeña pero importante de católicos sociales, partidarios de extender á los conflictos colectivos, Tribunales industriales sobre base profesional y con carácter completamente obligatorio.
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concede á los electores, patronos y obreros, plena autonomía para redactar el Reglamento electoral por que deseen regirse, y establece como garantía en el art. 14, el que deberá aplicarse si la unanimidad no se logra, creyendo salvar así á un tiempo el derecho del Cuerpo electoral y el de las minorías.

»La Comisión ha exonerado á los jurados de las funciones inspectoras y de estadística, que les atribuían los artículos 32 y 33 del proyecto, porque estima, que el problema de la inspección industrial requiere peculiar y detenido estudio, é involucrarla con el que ahora nos ocupa, nos expondría á resolver mal ambos.

»Una última reforma, la más sustancial de cuantas el dictamen contiene, queda por examinar. La Comisión ha entendido que los jurados industriales no tienen sólo la misión de ilustrar poco más que en concepto de peritos á los juzgadores, definiendo los problemas de hecho, sino la de colaborar en las sentencias, aliviando en la jurisprudencia del naciente derecho industrial, con el bálsamo de la equidad, los efectos, á veces causticos, del derecho civil escrito. La separación doctrinal del derecho y del hecho jurídico subsistirá siempre en la práctica; pero á la par que el juez ilustre con su competencia peculiar las deficiencias de los jurados en punto al derecho, éstos podrán contrarrestar con la autoridad y el provecho que sólo confieren la experiencia de la vida industrial, y los conocimientos técnicos en ella adquiridos, la rigidez dogmática del juzgador, legítima y explicable siempre, pero no siempre ponderada.

»Por eso el recurso de casación en el fondo que proponía el proyecto, se sustituye en el dictamen con el de apelación ante nuevo y más numeroso jurado, y se propone además que las sentencias se dicten como en todos los tribunales colegiados es práctica hacerlo. Los defectos de forma se sanarán, con mayor rapidez y baratura que ante el Tribunal Supremo, en la Audiencia territorial, por su sala de lo civil.»

Los Diputados no discutieron los dictámenes, los aprobaron sin más que una enmienda presentada por el señor Busillol, referente á los Consejos de conciliación que la Comisión admitió y que dice así:

«Artículo 24. Los Consejos de conciliación ó jurados mixtos ya establecidos en determinadas comarcas ó poblaciones, por medio de Reglamentos presentados en los respectivos Gobiernos civiles, que hayan funcionado con anterioridad á la promulgación de esta ley, serán respetados en su organización y funciones, reconociéndoles las mismas pre-
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rrogativas que esta ley concede, previa la aprobación del Gobierno.» (1).

Murieron de nuevo en el Senado dichos proyectos; subió el partido conservador, y los volvió á presentar juntamente con el referente á huelgas y coligaciones. En el preámbulo decía La Cierva que los tres tenían conexión intensa y que presentados al mismo tiempo, una misma Comisión podría armonizarlos. El, por su parte, no añadía una letra á los primeros: los presentaba tal como habían quedado aprobados por el Congreso en la anterior legislatura. El Parlamento no introdujo modificación alguna sustancial; pasaron casi sin discusión (2): entraban en el Senado el 7 de Marzo, y el 30 de Mayo aparecían ya en la Gaceta como leyes promulgadas, después de haber pasado por la Comisión senatorial que dio dictamen, por el Salón de Sesiones del Senado, por la Comisión dictaminadora del Congreso y por su salón de actos, por la Comisión mixta y en fin, otra vez por el Ministerio de la Gobernación.

Desde el 3 de Diciembre de 1883, en que un Gobierno liberal mandaba preparar un proyecto sobre jurados mixtos, hasta el 20 de Mayo de 1908, en que un Gobierno conservador los presentaba en la Gaceta convertidos en leyes sobre Consejos de Conciliación y arbitraje industrial y sobre tribunales industriales, habían pasado cerca de veinticinco años.

SEVERINO AZNAR.

(1) El diputado catalán Sr. Rusiñol presentó esta enmienda para salvar el Consejo de Conciliación y arbitraje de iniciativa particular, que con el nombre de Jurado mixto funcionaba con gran éxito en Manlleu (Barcelona). En todos los sindicatos agrícolas, fundados por iniciativa del P. Vicent ó á ejemplo suyo, se establece también por Reglamento el Jurado mixto.

Creo, sin embargo, que esta institución, de iniciativa privada, no ha tenido aplicación apreciable en España.

(2) El diputado Sr. Zulueta propuso que se extendieran los Consejos á los contratos del trabajo agrícola, y que, por tanto, no se llamaran de conciliación y arbitraje industrial. La Comisión y el Ministro se negaron á ello; pero la única razón algo seria que supieron darle es que, de extenderlos á la agricultura, ya no podría presentarlo el Ministro de la Gobernación sin entenderse con el de Agricultura.

Pensamos, como el Sr. Zulueta, que no hay fundamento para negar á la agricultura el instrumento de pacificación que se ha dado á la industria.
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FEDERACIÓN AGRARIA CATÓLICA NACIONAL

El P. Vicent ha colocado la primera piedra de la Federación Agraria Católica Nacional.

El culminante apóstol de los campos, el maestro de sociólogos españoles, ha colocado ya muchas «primeras piedras», pero se nos antoja que ninguno de sus planes tuvo la magnificencia del que nos ocupa hoy, ninguna de sus obras, con ser tan relevantes, prometió tan pingüe cosecha de bienes espirituales para el catolicismo y de beneficios económicos para los labriegos. Queremos dedicar á esta materia el detenido estudio que su transcendencia merece y comenzamos por insertar íntegras las planas en donde nos llega la noticia gratísima que mueve nuestra pluma.

ESTATUTOS

DE LA

Federación Agraria Católica Nacional

El día 6 de Enero del año 1912 nos reunimos en el Colegio de San José de Valencia varios sociólogos de diversas partes de España, y para alcanzar las luces del cielo hicimos cinco días de ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, terminándolos con la Comunión y Bendición papal. Principiamos la discusión sobre la Federación de los Sindicatos Agrícolas productores, y de los medios para unir á los jornaleros del campo con los Sindicatos Agrícolas; y teniendo presente que el actual Pontífice el Papa Pío X (1) manda que nuestras instituciones «deben desplegar valerosamente la bandera católica, porque no es leal ni digno simular la profesión de Catolicismo encubriéndolo con una bandera equivoca ó neutra, como si se tratase de una mercancía averiada y de contrabando»; de aquí el nombre de Federación Agraria Católica Nacional.

Así puede denominarse la organización de los Sindicatos productores y jornaleros del campo con sus Consejos regionales, constituyendo un todo, una unidad, instituido para los fines que á continuación detallamos.

Téngase presente que dividimos la España en Regiones antiguas, y éstas en Diócesis y Arciprestazgos ó Comarcas.

(1) Carta fecha 22 Noviembre de 1909 al Presidente de la Unión Económico-Social de Italia