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nes, y hay algunos establecimientos apropiados á este objeto, son aquéllas y éstos en número tal, que no pueden considerarse suficientes para realizar, con la extensión necesaria, la acción indicada, si bien es de justicia confesar que en estos últimos tiempos se han despertado generosas iniciativas, que para el estudio y la realización de las reformas apetecidas han de dar copioso fruto en plazo no lejano. Pero entretanto, y para no malograr el intento, parece prudente acomodar la reforma á la modestia de nuestros medios, en la seguridad de que el éxito mismo de ella alentará á todos, Gobiernos, Sociedades y particulares, á proseguir el camino emprendido y establecer por modo definitivo y con aplicación general los Tribunales infantiles».

Como hemos dicho, en la Gaceta (viernes 25 del pasado Octubre), se ha publicado el reglamento por el que han de regirse los «Destacamentos penales», destinados al trabajo en obras públicas, primero y principalmente.

La nueva orientación (como ahora se dice), ha merecido general aplauso de cuantos entienden en estos asuntos jurídico-sociales. Aunque en rigor no pueden decirse nuevas. Ya en nuestra antigua legislación penal existieron; y al presente y antes que en España se volviera á ellas, ahora, se concretaron en leyes y reglamentos, que están vigentes, en Inglaterra, Alemania, Italia, Austria, Estados Unidos y otras naciones.

Se ha dicho—y lo tenemos por indudable—que, además del beneficio económico grande que supone el empleo, el trabajo de los penados que pueden ser destinados ó empleados en obras de utilidad pública ó de particulares, hay que considerar otros beneficios no menos grandes y en verdad provechosos á la sociedad. Y es que la ocupación, el trabajo, es factor muy importante en la reformación moral del delincuente y elemento bienhechor de salud y vigor corporales.

Y hoy, circunstancialmente, en que empieza á sentirse los efectos de la emigración labriega ya á remotos países, ya á las grandes ciudades y centros fabriles, con evidente perjuicio de la agricultura, los «Destacamentos penales» pueden ser un sustitutivo de bastante eficacia en la racional explotación de los campos cultivados, manteniendo así la primera y principal fuente de producción y riqueza, la industria agrícola, que con harto motivo ha recibido de los economistas el nombre ó dictado de «industria madre».

La «Federación Agrícola Mirobrigense» y la «Sociedad
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Cooperativa Agrícola», ambas de Ciudad Rodrigo (en la provincia de Salamanca, que es una de las más agrícolas de España) han solicitado de los propietarios de dehesas y tierras laborables una reducción de rentas ó precios de arrendamientos de fincas rústicas.

Entre las consideraciones que fundamentan la petición de los arrendatarios ó colonos, merecen atención, las que más directamente se relacionan con el fin que intentan.

Basta—dicen en su exposición—conocer someramente las condiciones en que se desarrolla en nuestro país la industria agrícola, para convencerse de la carestía actual de las rentas.

Ellas importan generalmente del 25 al 30 por 100 del producto bruto anual de la finca; del 70 al 75 por 100 restante han de salir los gastos totales de la explotación, incluso el impuesto territorial, en la mayor parte de los casos, el interés del capital de explotación, el beneficio industrial y las amortizaciones y riesgos.

¿Pueden cubrirse todas estas atenciones—dicen—con ese menguado resto?

Gradualmente se han venido aumentando todas; la mano de obra, en los últimos veinte años, se ha elevado en más de un 60 por 100; pues antes el precio de los jornales permanentes (soldada del gañán) no llegaba á 1'25 pesetas y ahora pasa de 2 pesetas; siendo aún mayor el alza en los jornales temporales de siembra y recolección.

El capital de explotación se ha elevado del mismo modo, por la necesaria introducción de máquinas y el uso de abonos minerales, y por tanto, el interés de ese capital es más crecido y el beneficio exige más remuneración, á causa de la mayor carestía de la vida.

Las rentas, á pesar de ésto, se han venido aumentando gradualmente durante los últimos veinticinco años.

Es cierto—dicen los exponentes—que en esta alza injustificada la menor parte de la responsabilidad corresponde al propietario, que ha atendido solamente á la demanda de los arrendatarios, los cuales, por un error lamentable, hijo de unos años de buenas cosechas y de un mayor precio en los productos (consecuencia de los cambios), fueron espontáneamente disputándose las fincas y ofreciendo más renta, hasta un término ya insostenible; pero no por eso es menor el daño. Hoy los colonos lamentan este error y ven, como consecuencia, en un porvenir más ó menos próximo, la pérdida de su capital y la anulación de sus esfuerzos.

El lector discreto apreciará en su justo valor estas alegaciones.
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Los exponentes formulan su petición á los propietarios de fincas rústicas arrendadas, con estas palabras:

«Invitamos, por tanto, en nombre de los agricultores, á los propietarios de fincas rústicas, para que, atendiendo á las razones expuestas y meditando sobre los hechos que les dan origen, tiendan su mano protectora á sus colonos, en las presentes circunstancias, no dejándoles caer en poder de la usura para cumplir las obligaciones que de sus contratos (de arrendamiento) se derivan, aplazando en los casos necesarios el pago del arrendamiento ó facilitándoles las semillas necesarias y tratando de buscar en los contratos sucesivos una mayor equidad en la participación de los beneficios agrícolas, bien por medio de aparcería, bien haciendo una rebaja prudencial.»

En este litigio—llamémoslo así—será muy difícil formar juicio sin conocer muy bien los encontrados intereses de una y otra parte.

No sabemos lo que hayan podido contestar los propietarios á sus colonos. Sólo sabemos que se inicia ahora una cuestión social de mucha importancia y transcendencia. ¡El tiempo dirá!

La Junta permanente de peregrinaciones á «Tierra Santa» y á Roma, ha publicado una circular, primera de la serie que se propone publicar (por cierto, primorosamente editada y adornada con un precioso fotograbado de S. S. Pío X) para organizar una peregrinación á Roma con motivo de las fiestas que en Abril del próximo año se celebran en la capital del Orbe católico en conmemoración de la Paz de la Iglesia por Constantino el Grande (su Edicto de Milán en 313); y también á Malta con motivo del XXIV Congreso Eucarístico Internacional que allí ha de celebrarse por los mismos del mes y año dichos.

La «Junta permanente», que ha recibido el honroso encargo de promover en España estas peregrinaciones, reside, como es bien sabido, en Bilbao, siendo su Presidente don José María de Urquijo, y Secretario don Luis Guzitagoitia.

La peregrinación—dice la circular—saldrá de Barcelona próximamente el día 11 de Abril del año venidero 1913, y regresará al mismo punto de partida hacia el 30 de dicho mes.

El precio aproximado de los billetes, incluidos absolutamente todos los gastos, y según el buque en que se embarquen, serán: en primera clase, de 750 á 900 pesetas; en segunda, de 550 á 650, y en tercera, de 350 á 400.

Aquí en Madrid, puede pedirse noticias en la Secretaría de Cámara del Obispado (Pasa, 1) al presbítero don Luis Be-
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jar, aunque la circular ya enumera las condiciones con que se pueden inscribir las personas que deseen concurrir á la peregrinación, á la cual han prometido asistir, presidiéndola, muchos señores Obispos.

Si para el católico tienen evidentemente gran importancia en el orden espiritual, estas piadosas peregrinaciones y excursiones agradabilísimas, no menos la tienen para los buenos católicos, que emplean sus estudios, su actividad y sus medios ó recursos, en los sautos y patrióticos fines de la acción católica, incluso en el orden de «cuestiones» que se denominan «sociales», por referirse directamente á mejorar en el obrero su condición religiosa, moral, intelectual y económica, á lo que la Iglesia concedió siempre importancia suma, y más aún, hoy día, por circunstancias conocidas de todos. Lo demuestra en el pasado, la historia misma de la Iglesia: y en el presente, la incesante y paternal solicitud con que los Romanos Pontífices León XIII (de santa memoria) y hoy mismo nuestro amadísimo Padre S. S. Pío X, atentos á la salvación de las almas y á la posible y verdadera felicidad temporal de todos los fieles, pero singularmente del pobre pueblo, en solemnes documentos, Encíclicas, Motus proprios, Alocuciones, Normas y Estatutos, y con el ejemplo de su munificencia y ardiente caridad, han constituido el tesoro riquísimo de las más sabias enseñanzas, con las que prácticamente resolver en paz y con provecho de todos, la llamada cuestión social, que en nuestro tiempo agita al mundo, á veces con tremendas y harto dolorosas secuencias.

La visita al Papa, la participación en las fiestas centenarias del triunfo providencial de la Iglesia en 313 después de las cruentas y tremendas persecuciones, que en lo humano parecía habían de aniquilarla, la asistencia á un nuevo Congreso Eucarístico, no pueden menos de reflejar en la acción social católica, encendiendo más vivamente en los corazones el fuego de la caridad, reina de todas las virtudes, hija del Cielo y de la que dice León XIII en su monumental é imperecedera Encíclica Rerum novarum, se ha de esperar el remedio de todos los males que hoy afligen á las Sociedades modernas.

¡Quiera Dios que á muchos de nuestros lectores les sea posible responder al llamamiento de la «Junta permanente de peregrinaciones», acudiendo á Roma y á Malta, en donde dar testimonio de adoración y amor á Jesucristo, de fidelidad á su Iglesia y devoción y rendida filial obediencia al Romano Pontífice!

MANUEL S. ASENSIO.
Abogado.
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LEGISLACIÓN SOCIAL

MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN

Ley reformando la de 19 de Mayo de 1908 sobre Tribunales Industriales

(CONCLUSIÓN)

Art. 26. Si la demanda fuere admisible, el Juez señalará, dentro de los ocho días siguientes, el día y hora en que haya de tener lugar el acto de conciliación ó antejuicio, citándose á las partes y haciéndose entrega á la demanda de la copia de aquélla. Deberá señalarse un término mayor en los casos de ausencia del demandado, ó de tener éste su domicilio fuera del partido judicial, con sujeción á la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Art. 27. El Juez intentará la conciliación. Lo convenido por los partes en el acto de conciliación se llevará á efecto por los trámites de ejecución de sentencia.

Si no hubiese conciliación, el Juez dispondrá que se proce da, á presencia de las mismas partes, al sorteo de los dos jurados y un suplente de cada lista, que con aquél han de constituir el Tribunal.

Las partes podrán avenirse, no obstante, durante el curso del pleito y antes de la sentencia, haciendo constar en acta el acuerdo, el cual se llevará á efecto por los trámites de ejecución de sentencia.

Art. 28. En el acto mismo del sorteo de los jurados, á medida que se vayan sacando sus nombres, podrán las partes ó sus representantes recusarles por alguna de las causas señaladas en el artículo 660 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para la tacha de testigos.

El Juez oirá al recusante y al recusado y decidirá de plano sobre la recusación sin ulterior recurso.

Art. 29. El Juez, dentro de los ocho días siguientes al del sorteo de los jurados, señalará día y hora para la celebración del juicio, previniendo á las partes que comparezcan con todos los medios de prueba de que intenten valerse, y acordando la citación de los jurados electos para el día señalado.

Art. 30. Si el demandante no compareciese, alegando ex-
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cusa bastante, se le citará segunda vez, bajo apercibimiento de tenerlo por desistido si no compareciese de nuevo.

No alegando dicha excusa, se le tendrá por desistido de la celebración del juicio. El Juez, según las circunstancias del caso, podrá imponer á este demandante la multa de 5 á 50 pesetas.

Cuando el demandado citado personalmente no compareciese ni alegase justa causa, continuará el juicio en su rebeldía, sin volver á citarlo.

Si la citación se hubiese verificado por cédula ó por medio de edictos, ó hubiese alegado justa causa para la no comparecencia, se le citará por segunda vez, con apercibimiento que de no comparecer continuará el juicio en su ausencia, sin retroceder, aunque después se personase en autos.

Art. 31. Si alguno de los jurados no asistiese, le substituirá el suplente.

Si faltasen dos ó más y no pudiese celebrarse el juicio, cada uno de los que hayan faltado pagará 10 pesetas de multa, á no ser que se alegue causa justa estimada por el Juez.

Art. 32. Si á la segunda citación no se constituyese el Tribunal, se seguirá el juicio solamente ante el Juez de primera instancia por los trámites del juicio verbal, fijados en los artículos 717, 719 al 730, ambos inclusive, y 731, párrafo primero, de la ley de Enjuiciamiento Civil, siendo aplicable el art. 21 de la presente ley.

Las apelaciones, en los casos en que procedan con arreglo al art. 732 de la citada ley de Enjuiciamiento Civil, se sustanciarán ante la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial respectiva, por los trámites establecidos en los artículos 703, párrafos primero y segundo; 704, 840 y 888 á 902, ambos inclusive, de la repetida ley de Enjuiciamiento, y el recurso de casación, conforme á lo dispuesto en la presente.

Art. 33. Constituido el Tribunal en audiencia pública, el Secretario dará cuenta, y hecho, el actor ratificará ó ampliará su demanda, aunque no podrá hacer ninguna variación sustancial. El demandado contestará afirmando ó negando concretamente los hechos de la demanda y alegando cuantas excepciones estime procedentes; también podrá formular reconvención, pero siempre que los hechos en que la funde sean por razón de la materia, de la competencia del Tribunal industrial.

Las partes hablarán después cuantas veces el Tribunal lo estime necesario.

Las cuestiones previas ó prejudiciales civiles ó administrativas que propongan las partes, si fueren de puro hecho, se comprenderán en el Cuestionario que deba someterse á los ju-
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rados; si fueren de derecho, las resolverá el Juez en la sentencia.

Tendrá aplicación en su caso, lo dispuesto en el art. 514 de la ley de Enjuiciamiento Civil.

Se admitirán las pruebas que se presentaren en el acto respecto á los hechos en que no hubiere conformidad; también deberán practicarse los medios de prueba que requieran la traslación del Tribunal fuera del local de audiencia, si el Juez lo cree indispensable para el esclarecimiento de la verdad. En este último caso se suspenderá el juicio por el tiempo estrictamente necesario al objeto, continuando después sin interrupción. El Juez y los jurados podrán hacer, tanto á las partes como á los peritos y testigos, las preguntas que estimen necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

Los litigantes ó sus defensores podrán ejercitar previamente el mismo derecho.

Art. 34. La pertinencia de las pruebas y la de las preguntas que puedan formular las partes con arreglo al artículo anterior, se resolverá por el Juez, y si el interesado protestare en el acto contra la inadmisión, se consignarán en el acta la pregunta, la resolución denegatoria, los fundamentos de la misma y la protesta, todo á los efectos del recurso de casación por quebrantamiento de forma.

Art. 35. Practicadas las pruebas, las partes ó sus defensores, si asistieren, formularán oralmente sus conclusiones definitivas, y podrán informar sucintamente sobre los hechos y el derecho aplicable á la cuestión.

Art. 36. Acto seguido, el Juez formulará por escrito, con claridad y precisión, las preguntas que los jurados hayan de contestar referentes á todos y cada uno de los hechos alegados por las partes en relación á las cuestiones previas ó prejudiciales, á sus pretensiones definitivas y á los elementos de prueba acumulados en el pleito, cuidando de omitir toda apreciación, calificación ó denominación jurídica, que se reservará para los fundamentos de la sentencia.

Art. 37. El Juez podrá formular cuantas preguntas fueren necesarias, procurando que á cada una de ellas corresponda un hecho alegado ó un elemento de prueba practicado, y evitando siempre comprender en una misma pregunta términos que puedan dar lugar á respuestas contradictorias.

Art. 38. Las partes ó sus defensores podrán reclamar al Juez contra cualquiera de las preguntas formuladas, por defectuente, por defectuosa, por contradictoria, ó por inclusión ó omisión indebida de alguna pregunta, resolviendo el Juez en el acto la reclamación.

Contra la decisión del Juez procederá el recurso de casa-
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ción por quebrantamiento de forma, preparándose en el acto por las partes ó sus defensores, mediante la correspondiente protesta, que deberá consignarse en el acta.

Art. 39. El Juez entregará las preguntas escritas á los jurados.

Art. 40. Los jurados deliberarán á puerta cerrada, fuera de la presencia del Juez, pudiendo examinar los autos ante el Secretario y pedir al Juez que aclare cualquier concepto que estimaren dudoso. La votación se verificará en la forma y del modo que acuerde la mayoría de los jurados, contestando uno por uno á cada pregunta sí ó no. La mayoría absoluta de votos formará veredicto, y en el caso de abstención de algún jurado, bastará la mayoría relativa.

Art. 41. Ninguno de los jurados podrá abstenerse de votar, salvo indisposición repentina u otro caso de fuerza mayor.

El que sin causa insistiere en abstenerse después de requerido tres veces por el Juez, incurrirá en las responsabilidades á que hubiere lugar.

Art. 42. En caso de empate respecto á una ó varias preguntas, el Juez oirá la opinión de cada uno de los jurados y resolverá con voto de calidad.

El veredicto será firmado por los jurados y se unirá al acta.

Art. 43. Publicado el veredicto, el Juez podrá acordar de oficio ó á petición de las partes que sea devuelto á los jurados para que lo reformen en los casos siguientes:
1.º Haber dejado de contestar categóricamente alguna de las preguntas de influencia en el pleito.
2.º Existir en las de esta última clase contradicción en las contestaciones, ó faltar entre ellas la necesaria congruencia.

Art. 44. Cuando el veredicto se dictare por mayoría y el Juez entienda que se ha incurrido en error grave y manifiesto al contestar una ó varias de las preguntas fundamentales del pleito, acordará someter éste á nuevo Jurado.

La revisión se verificará en el término más breve posible, que en ningún caso podrá exceder de diez días, y los jurados que hubiesen dictado el veredicto, serán excluidos de toda intervención y del número de los sorteados para el nuevo juicio.

Art. 45. El Juez, en vista de las declaraciones del veredicto, dictará sentencia en el término de segundo día, publicándose inmediatamente y notificándose á las partes ó á sus representantes.

Art. 46. En los casos de los artículos 924 y 925 de la ley
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de Enjuiciamiento Civil, y siempre que por virtud de una sentencia dictada en estos juicios resultare condena de daños y perjuicios, sea en vía principal, sea subsidiariamente, el Juez, ateniéndose á las declaraciones del veredicto, fijará en la resolución la cantidad líquida de que en su caso deba responder el obligado.

Art. 47. Si por el resultado del veredicto el Juez estima-se que alguno de los litigantes obró con mala fe ó temeridad notoria, podrá en la sentencia imponerle una multa de 50 á 500 pesetas.

Art. 48. Contra la sentencia del Tribunal industrial se dará el recurso de casación por infracción de ley ó por quebrantamiento de forma.

El Juez, al publicar la sentencia, advertirá á las partes, ó á su Abogado ó Procurador, de su derecho á interponer el recurso y el término para interponerlo, bastando para considerarlo preparado la mera manifestación de cualquiera de ellos, al hacérsele la notificación de aquélla, de su propósito de entablarlo.

También podrá prepararse por comparecencia, ó por escrito de la parte ó de su Procurador, ante el Juez, en el término de diez días desde el siguiente á la notificación.

Art. 49. Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley ó de doctrina legal, en los seis primeros casos del artículo 1.632 de la ley de Enjuiciamiento Civil, cualquiera que faese la cuantía del litigio.

Art. 50. Habrá lugar al recurso de casación por quebrantamiento de forma:

1.º Por falta de emplazamiento de cualquiera de las partes.

2.º Por falta de representación legal de algún menor no comprendido en el art. 21 ó incapacitado.

3.º Por denegación de cualquiera diligencia de prueba admisible, según las leyes, y cuya falta ha podido producir indefensión.

4.º Por haber sido dictado el veredicto por menor número de jurados que el señalado por la ley.

5.º Por haber sido dictada sentencia sin haber resuelto en la misma una cuestión previa propuesta.

6.º Por cualquiera de los motivos determinados en los artículos 34 y 38 de esta Ley.

Art. 51. Cuando se trate de sentencia condenatoria al pago de cantidad por cualquiera de los conceptos á que se refiere la presente ley, será indispensable la consignación, ante el Juzgado correspondiente, de dicha cantidad, sin cuyo requisito quedará firme la sentencia.
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LAS HUELGAS FERROVIARIAS
ANTE EL DERECHO

El asunto ferroviario, cuya transcendencia social no escapa á ningún criterio, hálase en plena fermentación dentro de España. Por el momento, el punto más culminante ó más actual del vasto problema, es su regulación en el derecho positivo, buscando cada uno la postura cómoda, ya que no justa, dentro de la nueva ley ó de las nuevas leyes que tal cuestión regulen.

Empresas ferroviarias, obreros ferroviarios, jefes sindicalistas, políticos de la izquierda; y con menos interés que éstos las diversas fracciones de la política y el comercio y la industria nacionales, y, en fin, el público todo, la sociedad conturbada, tratan de amañar los proyectos y las leyes ferroviarias en forma útil para los intereses respectivos.

Nosotros queremos recordar algo de lo acaecido en tierras de Europa y en tiempos recientes, que guarde relación con el aspecto jurídico de las huelgas ferroviarias, dejando á un lado en lo posible otras fases del aspecto social y económico de éstos movimientos.

*

Francia

Cuando surgió en 1910 en la vecina República el serio conflicto de los Cheminots, no contaban los gobiernos franceses para oponerse á tales movimientos con más disposición legal vigente que la de 27 de Diciembre de 1892, incompleta e ineficaz ante la magnitud y carácter revolucionario de aquel paro; pues la conciliación y el arbitraje que en ella se establecían, no eran obligatorios ni para los patronos ni para los obreros.

Presidía Briand el gabinete francés, al finar el verano de 1910, cuando los ferroviarios, excitados por los sindicalistas, comenzaron á mostrar inquietudes temerosas, requiriendo de las Compañías las siguientes mejoras: aumento de salarios, efecto retroactivo de la ley de retiros de 11 de Julio de 1909, reglamentación del trabajo, y descanso dominical.

El gobierno francés, capacitándose de la importancia del