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lujo de detalles el estado de la cuestión y sus precedentes. En su larguísimo discurso es evidente el propósito de calmar los ánimos y de llegar á una tesis conciliadora en lo posible.

En nombre de la disciplina, sin la cual, dice, toda victoria es imposible, condena á los badenses y califica de imperdonable su conducta, pero á pesar del calificativo ruega que se les perdone «por esta vez». No es equitativo expulsar más que á los traidores, y ellos no lo son. Su buena fé está por encima de toda sospecha, y constituye una circunstancia atenuante en sumo grado. Se han dejado engañar por la pérdida elocuencia del ministro de Hacienda de su país, Bodman, que para atraerlos los cubrió de flores, calificando de «grandioso» el movimiento socialista, palabra que los deslumbró y les hizo caer en la emboscada. Guillermo I en 1884, Guillermo II en 1890, el canciller Bismarck en repetidas ocasiones, han pronunciado elogios parecidos, confesando el último varias veces que á los socialistas se debían los progresos de la legislación social en el Imperio, y todos esos elogios no consignaron seducir á los interesados, que se mantuvieron siempre hostiles á la sociedad capitalista y á sus concepciones. Los badenses han obrado mal faltando á esa línea de conducta, y son acreedores á castigo; pero éste ha de ser leve, en consideración á lo recto de sus móviles, pues pensaban servir así mejor los intereses de la causa. Lo justo y lo lógico es pronunciar contra ellos un voto de censura, en el que conste el desagrado con que han visto sus compañeros su manera de proceder, y la esperanza de que no reincidan en igual error. Si después de esta admonestación paternal reinciden, entonces sí que no tendrían excusa, y procederá expulsarlos. Pero resérvese esta medida extrema hasta que la impenitencia constante la haga necesaria.

A este requisitorio agrídule replicaron, en nombre de todos sus colegas, dos diputados badenses: Franck y Kolb.

El primero, representante de Manheim, empezó afirmando que la cuestión se presentaba desde un falso punto de vista, y que para resolverla, lo más indispensable era ponerla en su verdadero asiento. No es cuestión de principios, pues en los principios todos estamos conformes, sino de táctica. En tesis general hay que negar á la sociedad capitalista sus presupuestos burgueses; pero en casos concretos, ¿no será conveniente, por excepción, votar, hoy, tal presupuesto determinado, si de ese voto resultan evidentes y considerables ventajas para el socialismo?

Este es el caso de Baden. Si allí se prestan los socialistas á colaborar en los presupuestos, se los nombra presidentes ó cuando menos ponentes de las comisiones informadoras del
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Landtag, y se les permite introducir en la legislación buena parte del programa socialista. Ejemplo de ello, la secularización de las escuelas badenses, debida á esa colaboración. La escuela laica habría tardado aún largos años en triunfar si los socialistas se niegan á votar los presupuestos. Ese es un resultado apreciable que hay que tener en cuenta, y como ese otros muchos, principalmente en materia tributaria.

Kolb insistió en los mismos argumentos, añadiendo otro nuevo para desvirtuar en parte la famosa prohibición absoluta de Nuremberg. Es verdad, dijo, que aquel Congreso en una de sus sesiones fulminó amante contra los diputados de la Social Democracia que votasen los presupuestos burgueses; pero los que tal recuerdan, se olvidan de añadir que en otra sesión subsiguiente se discutió una proposición incidental en la que se decía: ¿Y si se ofrece el caso de que los socialistas en un parlamento particular se encuentran con dos presupuestos diferentes, uno abiertamente reaccionario, abrumador para el pueblo, y otro impregnado de espíritu democrático, muy favorable al proletariado, eximiéndole de cargas onerosas, y el voto de los socialistas ha de decidir entre ambos, dando fuerza de ley al primero, si se abstienen, y al segundo, si votan? ¿Cuál será su deber?

El Congreso de Nuremberg resolvió que en ese caso, y sólo en ese caso, habría que hacer reservas y dejar iniciativa á los diputados.

Pues ese es el caso de Baden, y no hemos faltado en nada á los acuerdos de Nuremberg.

Agotados los debates, se pasó á sancionarlos con su voto, que ha tardado tres días en obtenerse, y que, si bien se mira, deja las cosas como estaban, y el problema sin resolver.

Cediendo á los ruegos de Bebel, los 207 delegados del Norte, que habían firmado la demanda de expulsión de los badenses, la retiraron, y en su lugar se presentó otra haciendo constar que la Social Democracia esperaba que en el Landtag de Baden no volverían los diputados socialistas á votar ningún presupuesto, y que, si lo votaban, se les advertía de antemano que serían expulsados del partido.

Dicha moción fué aprobada por 228 votos contra 64, habiéndose abstenido todos los diputados de Baden y otros muchos del Sur.

Antes del escrutinio anunció Kolb que él y sus colegas se retiraban del local, para no quedar ligados con lo que se votase, y que estaban decididos á no perdonar sacrificio de amor propio, ni de intereses, ni de ninguna clase, en pro de la unidad, pero que no consentirían nunca que se los maniatase en el punto concreto de la votación del presupuesto, admirable
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terreno para la propaganda, al que ya debían grandes victorias y del que esperaban otras mayores.

Después del voto volvieron á la Sala, y se manifestaron, á lo menos en la apariencia, muy indiferentes y tranquilos sobre la amenaza.

Verdad es que en Baden no se votan los presupuestos anualmente, sino cada dos años, y por lo tanto hasta 1912 no volverá á suscitarse el conflicto, lo cual quita á éste el carácter de agudo.

Liquidada esta magna cuestión, si eso ha sido liquidarla, el Congreso no trató ya de nada práctico, perdiendo en divagaciones retóricas, tales como el informe del diputado Norke sobre el estado de la legislación social en el Reichstag, informe que se redujo á una violenta diatriba contra el Emperador, que sólo piensa en recargar los gastos militares y navales y en aumentar su lista civil, provocando al pueblo con sus teorías absolutistas sobre el derecho divino.

Rosa Luxemburg presentó una moción pidiendo que se trabajase «por toda clase de medios» para obtener el sufragio universal y la huelga general.

El Congreso adoptó el primer inciso, relativo al sufragio, y rechazó el segundo, relativo á la huelga.

Después se discutieron varias proposiciones relacionadas con la Alsacia-Lorena y con Finlandia, desprovistas en absoluto de interés general, y se procedió á una confusa discusión sobre las cooperativas, en la cual no se llegó á voto firme, por no haberse podido poner de acuerdo los congresistas.

El postulado era que las cooperativas deben estar impregnadas del espíritu socialista. Pero contra el postulado hay el hecho opuesto: en Alemania la mayor parte de las Cooperativas están imbuidas del espíritu antisocialista.

¿Cuál es el deber, ó cuál la conveniencia de la Social Democracia? ¿Combatirlas, como enemigas del partido, ó favorecerlas para atraerlas á éste?

Ni lo uno, ni lo otro, porque cualquiera de ambas soluciones sería peligrosa.

Se resolvió, pues, dejarlo todo reservado á la iniciativa individual, y excitar á los socialistas áirse adhiriendo á las Cooperativas, como particulares, á ver si llegaban á ser mayoría y modificaban sus tendencias burguesas.

Con lo cual se agotó el Congreso, terminando sus sesiones con el discurso de Dietz, á que más arriba he aludido, protestando contra las palabras del Emperador Guillermo que llamó á los socialistas «gentes sin patria».

Injuria que Dietz rechazó, en nombre del Congreso, afirmando que, por el contrario, «la idea de patria, así como la
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de civilización, estaban profundamente arraigadas en los cerebros y en los corazones de los socialistas, y no tenían campeón más resuelto que la Social Democracia».

Tomen nota Keir Hardie, Jaurés y Hervé de la declaración, y vean si no es un mito lo de la perfecta unión del proletariado socialista europeo.

* * *

Pocos días después de reunirse los socialistas alemanes en Magdeburgo, han celebrado los socialistas franceses su Congreso de Tolosa.

Congreso lo llaman ellos, cuando en realidad ha sido una especie de tribunal de justicia.

Cinco días ha durado, de los cuales los cuatro primeros se han invertido en instruir procesos, en oír autos de acusación, en escuchar defensas y en depurar cuentas embrolladas.

Levy, Guévard, Niel, Ivetot y tutti quanti se han sentado sucesivamente en el banquillo de los acusados para responder de la malversación de fondos.

Después de tirarse los trastos á la cabeza, cada uno de ellos ha probado que el otro era peor, y lo único que se ha sacado en limpio es que la Confederación General del Trabajo es una ladronera, y los secretarios de los sindicatos rojos unos viles explotadores, que dan ciento y raya al más rapaz de todos los burgueses.

Allí se roba con motivo de la Casa de las Federaciones, con pretexto de propaganda antimilitarista, con ocasión de las huelgas, á tuertas y á derechas, y las cotizaciones de los infelices obreros «conscientes» se evaporan, sin que nadie pueda descubrir adónde han ido á parar.

Después de pasar cuatro días lavando la ropa sucia en público, llegó el quinto y último, y en él hubo que agotar, á la carrera, todo el programa profesional, al que no se había atendido para nada hasta entonces, á pesar de que debía haber sido objeto exclusivo de las deliberaciones del Congreso.

En un tiempo y cuatro movimientos se despacharon, pues, los cuatro temas principales: duración de la jornada de trabajo, contrato colectivo, accidentes del trabajo y antimilitarismo.

Sobre el primero de dichos puntos se votó por aclamación, apenas leída y sin discutirla, la siguiente anodina proposición:

«Considerando que la reducción de la jornada de trabajo permitirá á la clase obrera perseguir su emancipación y luchar eficazmente contra los paros que resultan de los crecientes pro-
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gresos de la maquinaria, el Congreso invita á todas las organizaciones obreras á inscribir dicha disminución al frente de todas sus reivindicaciones y á concertar todos sus esfuerzos para obtener la jornada de ocho horas.»

Respecto al contrato colectivo, 1.229 votos contra 11 acordaron rechazarlo, tal como el proyecto del Gobierno lo propone, porque niega á los obreros la facultad de romperlo á su capricho, una vez firmado. La C. G. T. acepta un contrato colectivo que ate á los patronos y deje libres á los obreros, y no otro.

Por consecuencia lógica de esa concepción de la libertad, rechazó el Congreso la idea del arbitraje obligatorio, «á no ser que el juez arbitral fuese el sindicato» (ó sea juez y parte), y rechazó igualmente el proyecto de Briand, concediendo á los sindicatos personalidad jurídica, con facultad comercial y derecho á poseer y administrarse (concepción del Conde de Mun), porque el día que los sindicatos fuesen propietarios tendrían preocupaciones burguesas y atenderían más á sus intereses profesionales, entibiándose en la propaganda de los principios.

¿Cabe confesión más palmaria de que la C. G. T. no es, ni se considera ella misma, un centro profesional, sino un foco revolucionario y anárquico?

Idéntica repulsa sufrió la ley sobre accidentes del trabajo, que es excesivamente favorable á los obreros y amenaza arruinar á los patronos, tal como está redactada, pero que la C. G. T. estima demasiado burguesa.

Por último, llegó la cuestión batallona, la única que apasiona los ánimos de aquellos salvajes, la del antimilitarismo, presentándose dos mociones, la revolucionaria y la reformista. La primera, reproducción de la votada en Marsella, fué adoptada por 900 votos contra 307.

El texto aprobado es larguísimo, pero puede extractarse así:

«El Congreso, precisando los acuerdos del de Marsella, cree que las huelgas no serán más que irrisorias, mientras el soldado pueda reemplazar al huelguista ó hacer fuego contra él.

»Por consiguiente, colocándose en el terreno exclusivamente económico (?), el Congreso acuerda que hay que instruir á todas los proletarios, antes de que cumplan la edad de entrar en quintas, para persuadirles de que, como miembros de la familia obrera, su primer deber es no hacer nunca uso de sus armas contra sus hermanos, ni sustituirlos en el trabajo.

»Los Sindicatos deberán formar listas de todos los miembros suyos que caigan quintos, seguirlos cuidadosamente en el
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regimiento, ayudarlos con fondos de una caja fundada ad hoc, que se llamará la caja del soldado, cuidar de que frecuenten la Bolsa del Trabajo del sitio donde presten servicio de guarnición, y fomentar en ellos la indisciplina.

»Los trabajadores no reconocen fronteras geográficas, que puede cambiar un capricho de los capitalistas; no reconocen más que una frontera económica, la que separa á las dos clases irreconciliables, la obrera y la capitalista; por lo tanto el Congreso recuerda á los proletarios la frase de la Internacional: «el obrero no tiene patria». En virtud de ello hay el deber, si estalla una guerra extranjera, de negarse á combatir, y tirar las armas, ó volverlas contra el propio gobierno que manda hacer fuego.»

En oposición á ese texto bárbaro y criminal, los reformistas habían redactado el suyo, limitando la propaganda antimilitarista á pedir que los soldados no interviniesen nunca en las huelgas.

Ya se ha dicho más arriba en qué sentido y en qué proporción de votos se pronunció el Congreso.

Para terminar con la nota bufé, antes de separarse los congresistas, recordando que el día siguiente, 8 de Octubre, es una de las cuatro fechas del año en que, según la costumbre local de París, se pagan los alquileres al casero, decidieron votar una moción felicitando á los inquilinos que aquel día tuvieran la habilidad de mudarse clandestinamente, sin pagar á su propietario lo debido, porque así verificaban, por mínima que fuese, una reprise ó reivindicación sobre el capital.

Y después de votada esa pueril y siniestra incitación al robo, se separaron muy persuadidos sin duda alguna de haber dado un paso más en la emancipación del proletariado.

F. M. MELGAR.
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ó sea regular más equitativamente las relaciones entre propietarios y arrendadores y transformar estos últimos en pequeños propietarios. Para lograr el primero, Palmerston hizo reconocer en el arrendatario el derecho á indemnización por mejoras, y Gladstone diez años después, en 1870, le garantizó en la posesión de la tierra mientras pagase el canon, y la libre cesión á otro arrendador; y como la subida excesiva de la renta de parte de los lores, grandes terratenientes, podía ser una evicción disfrazada, y aunque así no lo fuera, una exacción injusta, el mismo Gladstone en 1881 integró en una nueva ley todas las anteriores ventajas (1), añadiendo la fijación de un canon establecido por los tribunales durante quince años y renovable ulteriormente. Así se restauró el condominio medieval introduciéndose el Estado en el país clásico del liberalismo económico, como dispensador de la justicia. Las leyes agrarias de Gladstone, unificadas después en 1887, 1891 y 1896, han sido juzgadas por todos como una obra grandiosa y con el carácter de un mensaje de paz entre las clases sociales.

Para el segundo de los fines, más radical, pues tendía á facilitar al arrendatario la propiedad de las tierras por él ocupadas, procedió la legislación paralelamente y ya fué preparado por Brihgt y Gladstone mediante el parcial préstamo de los 3/4 de capital de adquisición hecho por el Estado, aumentado al total por Lord Ashbourne en varias leyes, que además crearon una oficina especial encargada de reunir las tierras muy subdivididas en los distritos de extraordinaria población y de atacar el contrario mal del latifundio mediante compras á los grandes propietarios de tierras incultas y después repartirlas mejoradas; leyes que perfecciona Balfour en 1896 y últimamente Wyndham con la de 1903, encaminada á la abolición del landlordismo en Irlanda, ó sea la inmensa propiedad, multiplicando las facilidades de préstamo á los aldeanos para comprar, y útiles combinaciones financieras y premios pecuniarios á los propietarios para vender.

Los resultados de esta legislación serán la trasfusión de la tierra de Irlanda á manos de los irlandeses en forma siempre facultativa y con el concurso financiero, por parte del Estado, de más de dos mil y medio millones de francos, operación que constituye la más gloriosa reparación conocida en la historia contemporánea, eficacísima además por ser acto de justicia y de pacificación civil. Y lo es tanto más en cuanto tal legisla-

(1) Quienes deseen conocer más ampliamente las leyes agrarias de Gladstone, pueden ver el jugoso estudio que de ellas se hace en el Tratado de Derecho político según los principios de la Filosofía cristiana, del Dr. D. Enrique Gil y Robles, Apéndice I al cap. VIII del lib. II, tomo I (Salamanca, 1899.
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ENSEÑANZA.—Durante los días 20, 21 y 22 del corriente Octubre se celebrará en Valencia y bajo la presidencia de monseñor Chesnelong, Obispo de dicha ciudad y del Senador M. Lamarselle el XXXIV Congreso de los Jurisconsultos católicos franceses, organizado por la «Revue catholique des Institutions et du Droit.»

«La Enseñanza y el Estado» es el tema puesto á discusión, el cual por cierto es de grandísima importancia en las circunstancias presentes.

Dos cuestiones principales abarca dicho tema:

Una, el derecho de enseñar. Otra, la legislación francesa.

Supuesta la misión divina de la Iglesia, fiel depositaria de la fe y las costumbres y su derecho de enseñanza, consecuencia necesaria del fin mismo de la educación y los servicios que á través de los tiempos ha prestado la Iglesia, trata del derecho de los padres, derecho que nace de la constitución esencial de la familia, de la necesidad de la autoridad paterna y del mismo interés del niño, y termina la cuestión primera con el oficio del Estado en la enseñanza. ¿Ha recibido el Estado la misión de enseñar? ¿Puede él ejercer el monopolio de la enseñanza, bien decretando la instrucción obligatoria, ó reglamentando las condiciones de existencia de la escuela, ya sea por parte de los maestros exigiéndoles títulos oficiales, ó por parte de la misma enseñanza imponiendo determinados problemas?

Cita en la segunda parte las leyes de 1875 sobre la enseñanza superior; las de 1850 y 1880 acerca de la segunda enseñanza y las de 1882 y 1886 que tienen por objeto la enseñanza elemental juntamente con los fines que dichas leyes persiguen y forma en que han sido aplicadas, deduciendo entre otras las siguientes consecuencias sociales: el odio de clases y el aumento de criminalidad en la juventud.

No termina aquí el programa, sino que indicando también como temas el estado de la enseñanza en los países extranjeros; la escuela católica y el protectorado francés en los países no cristianos, y la lucha que por la escuela religiosa han sostenido el Canadá, la Alsacia-Lorena, Polonia e Irlanda, indica las reivindicaciones que son necesarias y los medios para obtenerlas.

Libertad absoluta á la Iglesia, para que en virtud de su misión divina y el derecho del
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niño á conocer la verdad revelada, pueda enseñar en los púlpitos de sus iglesias y en sus escuelas.

Excluir de la escuela las influencias políticas, que deben sustituirse por la vigilancia de los padres de familia, y que la enseñanza de la religión pueda darse en la misma escuela por los ministros del culto.

Tales son las principales reivindicaciones.

Para alcanzarlas señala los medios siguientes: la asociación de los padres de familia; la formación de maestros cristianos y la convicción por parte de los católicos de la obligación que tienen de preferir para sus hijos los centros de enseñanza fundados por la Iglesia.

También aquí D. Julio Burrell, ministro de Instrucción pública ha ideado la celebración de una Asamblea general de enseñanza y educación «en que se discutan ó propongan las reformas necesarias ó convenientes á la cultura nacional», aunque á juzgar por el hostil recelo que ha demostrado á la enseñanza de las Congregaciones, y el elogio casi continuo de la enseñanza neutra, junto con la descortesía al no invitar á la Iglesia, como si ésta no hubiera recibido de su Divino Fundador la misión de enseñar á todas las gentes, hacen sospechar que el fin principal de la Asamblea es suprimir la Religión, apenas reconocida por la ley Moyano. Supresión que no hace muchos días, el día de la inauguración oficial del curso, oíamos se pedía en la Universidad Central por el profesor encargado del discurso inaugural.

La Asamblea general, de la que según el artículo 4.º pueden formar parte los profesores públicos de todos los grados de la enseñanza, los vocales de las Corporaciones oficiales de Instrucción pública, los tratadistas de las diferentes materias comprendidas en el cuestionario de la Asamblea, los directores de los colegios privados, representantes de la prensa y cuantas personas se interesen notoriamente por la educación nacional, se divide en las siguientes secciones:

«1.ª De primera enseñanza, que comprenderá: escuelas públicas y privadas; de instrucción primaria; Escuelas Normales de maestros y maestras; inspección de primera enseñanza; Escuela Superior del magisterio y colegios públicos y privados de anormales.»

«2.ª De segunda enseñanza y enseñanzas especiales dependientes del ministerio.»

«3.ª De enseñanza universitaria y superior, comprendiendo todos los estudios que con este carácter dependen de dicho ministerio, Consejo de Instrucción pública y Juntas superiores facultativas.»

«4.ª De servicios especiales pertenecientes al ministerio de Instrucción pública».