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tó en la Reducción, ya que las autoridades naturales se pusieron al frente de la colectividad, con intentos, además, de elevar la condición de los indios. Aprovecharon los jesuitas la tendencia de los naturales á la imitación, iniciando en ellos las artes, y por el trabajo en común, estrechamente vigilado, lograron tales rendimientos, que en la fecha de su expulsión alimentaban las Reducciones á 150.000 indios, organizados de tal manera que supieron resistir y vencer las guerras que les hicieron los mamelucos y las bandas de ladrones de mestizos europeos y brasileños. La religión informaba toda la actividad, social de las Reducciones, cuyo régimen de colectivismo no era un ideal, sino un sistema transitorio para llegar á la propiedad privada, según testimonia Azara, citado por Sagot, al referir que los jesuitas, para acostumbrar á los indios al ejercicio de la propiedad particular, les entregaban tierras que cultivasen á su guisa en dos días de la semana. Decretada la expulsión de los jesuitas, fenecieron las Reducciones. Los «jacobinos del Paraguay», escribe el economista liberal Vilfredo de Pareto (1), dignos émulos de los jacobinos europeos, robaron á los pobres indios los bienes que les daban la vida. ¡Siempre encontramos al liberalismo destruyendo la civilización cristiana y aprovechando en provecho exclusivo de sus parciales sus beneficios materiales! Es inútil buscar hoy en los territorios sobre que asentaron las Reducciones aquella su prosperidad, en los cuales, como consigna Martín de Moussy, «los jesuitas dieron al mundo el notable ejemplo de millares de salvajes gobernados por la simple autoridad de algunos sacerdotes, sin guardias, sin soldados, consiguiendo lograr de seres esencialmente perezosos e indolentes, maravillas con relación al trabajo. El resultado obtenido, añade, fué magnífico; cien mil almas vivían cómodamente allá donde hoy en día no es más que un desierto...» (2)

Y es que solamente puede ser actuable el colectivismo á base de una doctrina religiosa, como régimen particular voluntario y salvo casos no muy comunes—según nos muestra el ejemplo de las Reducciones organizadas por los jesuitas en el Paraguay—en pequeñas circunscripciones. No se concibe predicar el odio á la Religión y hacer la apología del comunismo. Si las sociedades estuvieran animadas por las doctrinas de mi glorioso Padre San Francisco de Asís, el comunismo podría ser una realidad. Un convento es una comunidad verdadera,

(1) Ob. cit., páginas 197-98, tomo I.
(2) Véase Martín Moussy y Alfredo Deveersay: Description Géographique et Statistique de la Confédération Argentine, citada por V. de Pareto, ob. cit., tomo I, pág. 134.
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y en el orden del comunismo agrario los monjes de la Trapa pueden presentar modelos de organización agraria en que caben todos los progresos técnicos y han sido alabados aún por la prensa anticlerical española.

Si es verdad que los socialistas y anarquistas anhelan implantar el régimen del comunismo agrario, habrán necesariamente de inspirarse en las doctrinas cristianas, cumplir los consejos evangélicos y hacerse franciscanos ó trapenses para lograr sus propósitos. Presumir verlos realizados predicando odio á la religión, es vano empeño, sueño irrealizable, una utopía.

AMANDO CASTROVIEJO.
(Profesor de la Universidad de Santiago).
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EL CRÉDITO AGRÍCOLA

UN PROYECTO DE LEY

Dábamos la voz de alarma á las entidades rurales que el amor de los católicos hacia el pueblo fundó en considerable número y las decíamos, al comentar el cuestionario que el Ministro de Fomento repartió por España en busca de consejos, que desde luego declaraba ineficaces, que nuestro temor era grande, fundado en la manera de pensar y de ser que habían mostrado los gobernantes que padecíamos. Y animábamos á todos para que se prepararan á la defensa que se haría necesaria, pues suponíamos que de lo alto vendría un plan atentatorio á la fecunda libertad autónoma de nuestras instituciones camperas.

No es muy de ponderar el acierto de quien á la vista del árbol profetiza sus frutas, y así resultaron atinados nuestros pronósticos sin hondo discurrir de nuestra cabeza.

El señor Ministro de Fomento ha presentado en el Senado un proyecto de Ley para la organización del crédito agrícola en España.

Si la intención es digna de gratitud en el pueblo agrario, ¿podemos decir lo mismo del texto articulado con el que se trata de conseguir el transcendental movimiento económico que ha de nutrir de progreso á los cultivadores? ¿Es perfecto? ¿Es útil? ¿Es viable á lo menos? El proyecto que comentamos es un lamentable yerro, ó mejor, un conjunto de errores amasados con la total ausencia de las exigencias económicas de nuestra agricultura, de las reglas bancarias universales y del sentido político con que se denomina el Ministro que lo presenta.

Empecemos por este último aspecto:

El actual Gabinete llámase democrata, ó lo que es lo mismo, sienta entre sus principios básicos el gobierno del pueblo por el pueblo mismo y, como lógico corolario de tal doctrina fundamental, anhela procedimientos descentralizadores. El Gabinete que nos rige no se limita á sostener estos elementos de su programa en la esfera especulativa, sino que, con una velocidad que promueve conflictos y levanta airadas protestas, los pone en práctica, llevándolos al campo de todas las variadas disciplinas en que entiende y se ocupa cada Ministerio. Y así
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vemos que las reformas sociales de Gobernación, como los proyectos económicos de Hacienda, orientan se al horizonte democrático, aun levantando espumas de odios en aquellos núcleos sociales que se consideran lastimados.

El señor Calbetón alardea de su democracia. El señor Calbetón es Ministro del Gobierno que preside el señor Canalejas. El señor Calbetón en asunto tan eminentemente transcendental ha hecho un proyecto de Ley rabiosamente antidemocrático.

¿Es que el Ministro de Fomento ha prescindido de su fe política para confeccionar lo más importante que podía salir de su Ministerio? ¿Es que el Ministro de Fomento no ha leído ó no ha parado bien su atención en el proyecto que presenta? ¿Es que el Consejo de Ministros no ha tenido tiempo de estudiar un articulado que de tal manera contradice sus generales procederes? ¿O es que la tan cacareada democracia no existe sino como deslumbradora plataforma para atraer á las izquierdas, entre las que se prodiga, negando sus dones á las derechas? Porque, es lo cierto, que lo primero que á la vista salta cuando se lee el proyecto de Ley á que nos referimos, es que en él se ha extremado de modo insuperable una tendencia política de absorción que produce verdadera extrañeza, teniendo en cuenta: primero que sus autores son demócratas, y segundo, que todas, absolutamente todas las informaciones recibidas en el Ministerio de Fomento, contestando al cuestionario que desde tal centro se desparramó por entre las entidades agrícolas, prensa técnica y particulares labriegos, vienen pidiendo con energía y sin excepción la libérrima autonomía, la desaparición del estatismo y la descentralización más absoluta para el desenvolvimiento del crédito rural en nuestros campos.

Pasemos á probar con el proyecto mismo la verdad de este aserto; que seguramente apenará como á ninguno á cuantos profesen ideas liberales.

La Delegación Regia de Pósitos era un organismo de duración accidental y corta, creado por las exigencias de un desbarajuste absoluto y dañosísimo en los mencionados establecimientos. Por eso, porque hacía falta destrozar añosas corrupciones, fuertemente enraizadas en las costumbres y salvar capitales críminosamente robados al peculio de la beneficencia municipal, hacía falta un organismo con facultades dictatoriales, con atribuciones tiránicas que removieran los fondos podridos de la sociedad agrícola, sacando á flor y arrojando después en alta mar, como las dragas que limpian y sanean una bahía, todo lo que estorbaba á la circulación del crédito labriego. Por ello (ya lo entendieron así los que hicieron la ley de 1906) no podía vivir en nuestros días por fuero de excepción y durante pe-
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queñísimo plazo por no acoplarse un exagerado autoritarismo á las modernas prácticas y teorías que exigen más amplia libertad en los gobernados.

Pues bien, el proyecto del señor Calbetón empadrona entre nosotros, da carta de naturaleza, para que enteramente viva en España como organismo normal, al anormal organismo de la Delegación Regia de Pósitos. El artículo 24 del proyecto dice «que el Instituto nacional de crédito sustituye y reemplaza á la Delegación Regia de Pósitos». Y el artículo 1.º afirma «que el instituto dirigirá los Pósitos con todas las atribuciones que competen al gobierno y autoridades por él delegadas». Es decir, con las atribuciones que se consignan en la Ley de 1906, que parece dictada por cónsules romanos.

Y no puede argúirse que el Instituto, ya que sea dictatorial, sea en cambio independiente de gobiernos y política; toda vez que los artículos 3.º, 4.º, y 5.º y 23 ponen en manos de gobernantes la parte orgánica de la entidad que es en suma la sustancia y dirección y manera de obrar de la misma. En efecto, el Ministro de Fomento, según el artículo 2.º, es el que determinará la creación de los Bancos regionales; según el artículo 3.º, es el que nombrará el Director del Instituto; según el artículo 4.º, el que hará los nombramientos del Consejo de Administración más principales; el artículo 5.º afirma que el Director obrará como Delegado del Ministro, y es de advertir que á tal cargo directivo se le concede toda la suma de facultades ejecutivas de que dispone el Instituto; el artículo 6.º deja á la elección del Ministro el cargo de Secretario general; por último, el artículo 23 establece el recurso contencioso administrativo como único á entablar contra las decisiones de las autoridades de esta gran entidad.

¿Puede decirse, después de leído esto, que el Instituto es ajeno á los gobiernos y posee suficientes garantías de independencia para evitar su intromisión? ¿Puede afirmarse que es democrático un proyecto que perpetúa la autoridad omnímoda de la Delegación Regia de Positos? Hemos de ir viendo en el examen sucesivo que este articulado es absorbente y centralizador aun en mayor grado que el organismo y la ley á los cuales suplanta. Para mayor orden y más claro método seguiremos en nuestra crítica el orden de los artículos que contiene el mencionado proyecto.

Ya en el primer artículo nos encontramos con una disposición que habrá de producir tempestades de protesta en los campos culturales, así que ellos se enteren de la misma. Porque en su tercer párrafo afirma que este Instituto, que al fin y á la postre es el Estado mismo, «inspeccionará la marcha de las demás sociedades de crédito ó seguro agrícola, de las cajas ru-
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rales de todo género, de los sindicatos de riego, juntas de pantanos y cualesquiera otras instituciones análogas establecidas en beneficio de la agricultura ó que se establezcan en lo sucesivo.»

No queremos olvidar que esto lo ha escrito un Ministro democrata pretendiendo extender, no ya á los Pósitos, sino á las entidades autónomas que vivían felices con su libertad, la fiscalización estatista con todas las secuelas abominables del caciquismo de arriba para obtener votos, y del caciquismo de abajo para gozar logros que compense la fidelidad del amigo y producir daños que castiguen la oposición del adversario. Todas las negruras que oscurecen la historia de los Pósitos, todo el fango en que se revolvieron durante el último siglo, levántanse por mano del Ministro en una ola poderosa que avanza hacia las asociaciones autónomas. ¿Dejarán éstas que les impongan el yugo servil sin protestar, sin resistirse con todas sus fuerzas y por todos los medios? ¿La labor católica de 20 años morirá sin un grito, sin un murmullo de condenación?

En los artículos 3.º, 4.º, 5.º y 6.º desarrolla el proyecto, con toda la fecundidad de nuestros burócratas, una amplia escala de altos empleados que habrán de disfrutar sueldos sustanciosos, dando un tono particular á este proyecto que, al mostrarnos en éstos y en sucesivos artículos el número cuantioso de nuevos cargos que estatuye, nos da la sensación de un proyecto de colocaciones y por ello nos inclinamos, más que á llamarle proyecto de ley de crédito agrícola, proyecto de ley de empleados agrícolas. ¿No hay medio de realizar el crédito rural sin cargar con más peso las agobiadas espaldas del labrador? ¿No hay una institución, no hay un Banco que, como los de España é Hipotecario, desenvuelva como fin fundacional suyo el crédito agrícola, pagándose á sí mismo con las naturales ganancias los gastos de administración?

Porque no es poco lo que han de sumar las dietas que marca el artículo 7.º á más de los sueldos mencionados; y en cambio son poquísimas las sesiones mensuales del Consejo que establece dicho artículo, porque en ellas es imposible que pueda enterarse de los movimientos económicos y administrativos de toda la España agrícola, que harán pasar ante sus ojos con velocidad de bala de cañón, si han de nombrarlos no más, sin detallar hechos y fundamentos jurídicos ó bancables que arrojen del empleo, en 9.000 pueblos rurales, de diez ó veinte mil millones de pesetas que exige el agro y habrá que concederle con el tiempo.

Hay entre los cargos que citamos varios de ellos que se cubrirán por personas designadas por los Pósitos y sindicatos y cajas rurales, exclusivamente agrarios. ¿Está clara la excepción?
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ción? ¿Se enteran las asociaciones agrícolas que tienen en sus reglamentos artículos dedicados á una declaración confesional? ¿Los que oyeron la voz sapientísima de S. S. renegando de las comunidades anodinas en materia religiosa, se disponen á soportar la exclusión de que son objeto las cajas y sindicatos francamente católicos? Los partidos avanzados han apreciado el inmenso valor de los frutos obtenidos por el celosísimo clero español, en sus trabajos campesinos, y quieren ahogar la planta suavemente, sin ruidos, en silencio. Y he aquí por millonésima vez á los eternos cantores de la libertad encadenando los brazos de sus enemigos, mientras predicán aparatosamente el respeto á las ideas y á la asociación en todos los terrenos.

En el artículo 10.º resucita el Sr. Calbetón un muerto que ya en vida exhalaba los hedores nauseabundos de la podredumbre. Forma un consejo regional que no es cosa distinta de las famosas comisiones permanentes de Pósitos; de aquellas comisiones que tenían en algunas provincias dos mil cuentas anuales sin estudiar; que hacía, como en otras, más de diez años que no celebraban sesión; que en muchas partes servían para tapar verdaderos débitos ejecutados á costa de los caudales del pueblo. Nueve consejeros que se reunirán dos veces al mes, percibiendo cada uno diez pesetas por sesión, y que no harán otra cosa, si son buenos, que firmar lo que ante su pluma ponga el Director Gerente.

En el artículo 11.º sanciona el Ministro el más híbrido y el más estéril de los matrimonios, toda vez que concede á los llamados Bancos regionales, que no son sino las actuales secciones provinciales de Pósitos, una función administrativa y otra función bancaria. ¡El Estado convertido en banquero! ¡La Administración pública, con toda su vieja fama de inepta e inmoral, realizando operaciones que tienen la quebradiza delicadeza bancaria! ¡Los empleados del Estado descontando letras, abriendo cuentas corrientes de crédito, realizando giros y manejando en suma el capital circulante de la agricultura nacional! ¿Requiere esto comentarios? ¿Habrá poder humano que pueda juntar en estas oficinas al capital, siempre celoso, y al pegujalero, exageradamente suspicaz, cuando se trata de empleados públicos?

Pero aun hay más; por si todo ello no fuera voz de espan- to para el capitalista, el párrafo segundo del mencionado artículo pone de su parte cuanto puede para ahuyentarlo, ya que ordena que se consulte al Instituto central cuando los Bancos regionales hayan de hacer préstamos á las entidades agrícolas, poniendo en mano de la central de Madrid el crédito de toda España, aunque esta oficina desconozca los elementos
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que le integran en cada caso concreto, aunque sea un trámite que retarde la circulación del dinero, aunque forje un arma de insuperable fuerza puesta al servicio de los que en Madrid nombre el Ministro de Fomento.

Y enseguida reviste á los Bancos aludidos de toda clase de exenciones. Pareceríamos esto bien, si dichos privilegios se concretaran á las operaciones y documentos que realicen directamente con las asociaciones agrarias, pero dejando sometidas á la ley común de gabelas é impuestos, aquéllas otras operaciones que efectúe de distinta índole y con diferentes personalidades, no les está vedado por el proyecto el ejecutarlas; sin embargo, libres se hallan de toda clase de pagos, incluso del que corresponda á sus ganancias como entidades financieras. Mientras esto ordena el Ministro de Fomento, añade el de Hacienda una contribución más á los banqueros, la de las cuentas corrientes. Es la justicia distributiva virtud muy ensalzada por los que glorifican la democracia.

Estos Bancos regionales, fundados con el capital valiente, heroico, que á ellos se atreva á ir, habrán de prestar dinero á los Pósitos para que éstos lo presten al labrador. Veamos cómo puede ser la operación dicha. El Pósito tiene que prestar, según el artículo 12, al 4 por 100 de interés legal. De este interés ha de pagar un 3 por 100 á lo menos al capitalista que entregue su dinero al Banco, un 1 por 100, próximamente para administración local. Ha de pagar, pues, el 5 por 100 y ha de cobrar el 4. ¿Cómo resolverán este problema? Y es de advertir que al 3 por 100 no encontrarán dinero los Bancos, pues su precio está en relación con el riesgo y el riesgo aquí es enorme. «El resto de ganancias—dice el mismo artículo con candidez paradisiaca—irá á engrosar el caudal del Pósito.»

Por si acaso no había especificado con bastante transparencia la facultad vigilante é inspectora del Instituto sobre toda clase de asociaciones agrarias, el artículo 12 reproduce el mandamiento delegando para ello á los Bancos regionales. Y notemos de paso cómo acrecienta este procedimiento los gastos de inspección, que si ya eran muy caros cuando se deven-gaban por funcionarios que vivían en la capital de la provincia, serán enormes cuando haya que pagar el coste de los viajes desde la capital á la región, y será además muy deficiente el servicio, por razón de distancias, y en fin y sobre todo, los abusos de los subdelegados, en los pueblos lejanos del centro de acción regional, no llegarán nunca á conocimiento de éste ó irán enturbiados y oscurcidos por el polvo de una larga trayectoria.

En nebulosa de extraordinaria amplitud se desarrolla el primer párrafo del artículo 13.º donde se afirma que los Pósitos se
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transformarán acomodándose á la administración y procedimientos de crédito moderno. ¿Qué quiere decir aquí? Las instituciones modernas levántanse todas sobre la base de asociación. ¿Es que se van á socializar los Pósitos? ¿Y con qué derecho? ¿Y con qué socios? Los Pósitos municipales pertenecen en esto á todos los vecinos mayores de edad, y en potencia, á los que en potencia también poseen esta condición de vecindad. Si se socializan los Pósitos, ¿serán miembros de la entidad todos los vecinos, lo podrán ser en su día los hijos de estos vecinos? No vemos entouces las ventajas de la socialización. ¿Se condicionará la calidad de socio con circunstancias onerosas? Esta es una merma de los derechos propietarios y usufructuarios del pueblo. No olvidemos que el Ministro de Fomento forma parte de un gabinete democrata.

El mismo artículo 13.º dice que los Pósitos podrán comprar maquinaria, aperos, abonos, etc., «ajustándose á las prescripciones reglamentarias.» Esta frase es toda una laguna que llenará después la administración pública con una serie de artículos en el Reglamento interpretador, arrojándose facultades ejecutivas y directoras de tales compras, que por lo menos dan pasto á la murmuración, calumniosa quizás, que atribuye el nacimiento de ganancias indebidas, de lucros venales, á la sombra del espeso ramaje de facultades autoritarias, en todo aquello que significa empleo de dineros del acervo común. ¿Por qué no se dice que las entidades agrícolas comprarán cómo y dónde quieran aquello que juzguen más conveniente? ¿Es que los empleados burocráticos van á dar lecciones de cultivo á las entidades labriegas, que de las sustancias y prácticas del cultivo hacen su única y constante ocupación?

«Serán—dice después—los Pósitos sucursales para las operaciones de giro y descuento. ¿Con qué aptitudes? ¿Con qué fondos de reserva?

Ordena que paguen los Pósitos de contribución el 1 por 100 de su capital circulante. Contribución que tanto encarece el dinero ¿no puede disminuirse? Porque hoy entre ésta y la de administración local, pagan los Pósitos 1.600.000 pesetas al año; y si suponemos que su caudal acrezca, podrá llegar tal cantidad á límites desconocidos, lo cual diría mucho en favor de un recaudador de la Hacienda, pero dice muy poco en loa del que intentó organizar en España el crédito rural agrario. Veamos la tiranía de un Estado que quiere cobrar á las entidades agrícolas el 1 por 100 de los dineros que les facilite el capitalista.

Termina el artículo 13.º regalando á los Pósitos las franquicias y exenciones que ya venían disfrutando desde hace más de dos siglos. El obsequio no es de agradecer. Pero en