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Estados generales, con una grandiosa manifestación que se celebrará en la Haya.

En Rusia, la Duma ha discutido en las primeras sesiones de Mayo una nueva Ley reglamentando el trabajo.

Fija el artículo 1.º en 12 el número de horas de trabajo con un descanso de dos horas.

Los artículos 2.º y 3.º autorizan para que la jornada de trabajo pueda aumentarse dos horas, pero no pasando de 40 días al año, y que los obreros podrán tener un trabajo suplementario, mas con estas dos condiciones: 1.ª necesidad urgente; 2.º, consentimiento del obrero é indemnización especial.

Por el artículo 4.º se autoriza para que puedan trabajar más de 12 horas, pero no más de 15, algunas fábricas que enumera, mas á condición de tener dos equipos que se renueven.

El artículo 9.º hace obligatorio el descanso semanal, prohibiendo trabajar los domingos, las 12 grandes fiestas de la Iglesia ortodoxa, el día siguiente á la Natividad, el lunes de Pascua y el 1.º de Febrero, aniversario de la emancipación de los siervos. Añade el artículo 11 que las fiestas locales deben ser consideradas como de obligación para el descanso semanal.

En Francia, según L'Action Populaire, el Ministro del trabajo ha presentado el siguiente proyecto de ley:

«Artículo 1.º En los establecimientos, fábricas, hornos, talleres y canteras, minas en las que la duración del trabajo no esté establecida por leyes especiales, y en las dependencias de estos establecimientos, públicos ó privados, laicos ó religiosos, aun los de enseñanza profesional y de beneficencia, el trabajo efectivo de los obreros adultos no podrá exceder de 10 horas.

Esta disposición no comenzará á regir hasta pasados cuatro años de su promulgación. A contar de su publicación, la jornada de trabajo no podrá exceder de 11 horas, que será reducida á diez y media pasados dos años.

Artículo 2.º En los establecimientos citados en el artículo anterior, el trabajo de los obreros adultos podrá prolongarse á 12 horas, por un término de 60 días al año, que podrá llegar á 80 días para las industrias al aire libre señaladas en el Reglamento de administración pública.»

Ha presentado también otro proyecto respecto de las horas de descanso en los almacenes y comercios, en la forma siguiente:

«Artículo 1.º En los almacenes, tiendas y despachos del comercio y de la industria, al trabajo de todo empleado debe seguir un descanso no interrumpido de 11 horas como minimum.

Podrá ser reducido á 10
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para los establecimientos determinados por un reglamento de administración pública. Como medida transitoria y por espacio de dos años, á contar de la promulgación de la presente ley, el límite de 10 horas podrá regir en todos los establecimientos á que se refiere el artículo 1.º

Art. 2.º El Consejo municipal podrá, á petición de las tres cuartas partes de los dueños de establecimientos interesados, decidir el cierre, á hora determinada, de una clase de almacenes del Municipio, comprendiendo todos los que se dediquen al mismo ramo y tengan la misma clientela.

La orden no será obligatoria sino tres meses después de la fecha de su publicación, pudiendo ser llevada al Consejo de Estado durante el mes de puesta en conocimiento de los interesados.

¡En este caso no tendrá fuerza de obligar antes de la decisión del dicho Consejo.

PRENSA.—A. de Boucher-ville, en la Revue Catholique des Institutions et du Droit, indica una diferencia notable que hay entre Francia é Inglaterra en la instrucción de un proceso criminal.

En Inglaterra se prohibe á la prensa hablar de los delitos antes de que hayan sido juzgados y de hacer comentarios que puedan influir en la opinión. Toda falta contra esta disposición constituye lo que llaman con tempt of Court, especie de crimen de lesajusticia, que castigan con severas penas.

Para confirmarlo está el caso siguiente: En la Isla Mauricio un colono fué acusado de maltratar con tanta crueldad á uno de sus trabajadores, que le ocasionó la muerte. Como sucede siempre, se publicaron narraciones diversas del suceso, disminuyendo unas la responsabilidad del acusado y agraviándola otras.

Los cinco periódicos que las publicaron fueron citados ante los Tribunales, y á pesar de las excusas presentadas por los periodistas, los condenaron á penas que variaban entre 100 rupias de multa y un mes de prisión, y 700 rupias y cuatro meses de cárcel.

Para los ingleses la justicia es una institución revestida de una majestad particular y cuya independencia debe guardarse con gran cuidado.

Según su manera de pensar, es necesario que desde sus comienzos su corriente sea limpia y nada de extraño se mezcle. Si el público, representado por los periódicos, trata de un asunto que está sub judice; si las pasiones políticas ó otras cualesquiera, tratan de intervenir en el examen frío e imparcial, para el cual sólo á la autoridad judicial reconocen competente; si los jueces ó los jurados es-
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tán expuestos á influencias externas, la justicia se contamina, y como es necesario que permanezca pura, castigan tan severamente á quienes contra ella cometen tan grave atentado.

A esto responderán algunos que siendo la Magistratura una institución social, está sometida, como las demás, á las condiciones de publicidad exigidas por las costumbres modernas, y que si la publicidad ofrece graves inconvenientes, ella misma lleva en sí el remedio, pues atendido el gran número de periódicos, los errores que de una parte se cometan, serán corregidos por otra, y aun muchos inocentes serían condenados sin la vigilancia de la Prensa.

Esta tesis, que no deja de tener algún valor, le pierde cuando se trata de la prensa que busca su popularidad al dar toda clase de detalles en los crímenes, aún los más vulgares y repugnantes, para hacerlos más apasionados que los inmundos folletines que publican.

No sólo el peligro de crear una corriente de opinión en pro ó en contra del acusado, se hace así palpable, sino que además si luego el acusado es inocente, ¿no es una grave injusticia el revelar detalles de su vida á todo el mundo donde llega un periódico, y unir su nombre y el de su familia á un crimen que no ha cometido? Si es culpable, esa publicación es una agravante que no consta en la ley. Además que la importancia que dichos periódicos dan á esos héroes de nuevo género, publicando su retrato y biografía, puede excitar la emulación de los demás y aun enseñar el medio de huir de la acción de la justicia.

No estaría mal una medida parecida para la prensa inmoral de aquí. ¡Cuántos periódicos no sacarian ni aun para multas! Por cierto que al oír todos los días los repetidos gritos con que los revendedores publican el crimen del día, ocurre preguntar: ¿no está mandado que únicamente se voceé el título del periódico y prohibido el pregonar toda otra clase de detalles? Y si lo está, ¿por qué no se cumple?

Tienen la palabra los que deben dar la respuesta.

AURELIO LÓPEZ.
Profesor del Seminario de Madrid.
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EL CRÉDITO AGRÍCOLA

UN PROYECTO DE LEY

(CONCLUSIÓN)

Cuando los grandes problemas nacionales quieren concretarse deprisa y corriendo, traduciéndolos en unos cuantos artículos de premeditada vaguedad que lo digan todo y no digan nada, se corre el riesgo de caer en confusiones ó armar, como en el presente caso, un enredo inextricable que requiere para desarrollarle y comprenderle más operaciones de reflexión que el binomio de Newton. Veremos si llegamos á descifrar en definitiva lo que el Ministro ha querido disponer en los artículos 19, 20, 21, y 22.

Porque el artículo 19 dice que podrán funcionar las entidades económico-agrarias «con independencia de los bancos regionales, aprobadolo el Ministerio de Fomento, previo el informe del Instituto, constituyéndose con toda libertad y en cualquier forma».

En el 20 establece que si obtiene «la aprobación del Ministerio de Fomento, tendrán la consideración de Sindicatos agrícolas según la ley de su creación».

Esto se halla complementado con las afirmaciones que se hacen en el citado artículo 19 y en el 21, concediendo que las entidades que se suscriban en el Instituto tendrán el beneficio exclusivo de recibir del mismo toda clase de auxilios.

Hasta aquí se ve alguna claridad de concepto, aunque expuesto en forma enmarañada. Las entidades que quieran ser autónomas, obtendrán los beneficios de la Ley de Sindicatos; las que quieran supeditarse al Instituto, gozarán los beneficios de esta ley en proyecto. Pero llegamos al artículo 22 y éste hace constar que «el Instituto hará la propuesta de declaración de Sindicatos para que las Sociedades á que se refieren los artículos anteriores y se inscriban en el Registro, puedan gozar de los beneficios asignados á dichos Sindicatos por la Ley de su creación».

¿Es que los que no se inscriban no gozarán de tales beneficios? Pues sobran los artículos 19 y 20. ¿Es que se ha queri-
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CRÓNICA SOCIAL ESPAÑOLA

15 AGOSTO-15 SETIEMBRE

El centenario de Balmes.—La huelga.—Otra vez los Consumos.—La emigración.—El Laboratorio Municipal de Higiene en Madrid.—Los Sindicatos agrícolas y la Ley y Reglamento del Timbre.—Ejemplo de previsión popular.

Por iniciativa del Ilmo. Sr. Obispo de Vich, se ha celebrado en aquella nobilísima ciudad catalana con muy solemnes fiestas religiosas, literarias y cívicas, el primer centenario del natalicio (28 de Agosto de 1810) de Balmes, su más preclaro hijo, que en el breve espacio de su vida (treinta y ocho años) supo multiplicar prodigiosamente los talentos, de Dios recibidos, con una labor fecundísima, harto meritoria en servicio de Dios y de su Iglesia santa y gloria de las más esplendentes de la ciencia católica y española.

El sapientísimo Cardenal Fr. Ceferino González ha dicho que Balmes es «el tipo del filósofo cristiano.» Y Menéndez Pelayo, después de afirmar que la obra de Balmes es «santa y bendecida por Dios» que «en su infinita misericordia le suscitó en el instante de la tremenda crisis, en la aurora de la revolución», para dar «el pan de vida intelectual á una generación próxima á caer en la barbarie», dice la última palabra de la crítica docta al juzgar esa portentosa labor filosófica, histórica y social del insigne maestro que en sus libros y «en los artículos de sus revistas La Civilización y La Sociedad y en los mismos artículos políticos de El Pensamiento de la Nación, recorrió con admirable seguridad de criterio, todos los problemas de derecho público, llamó á examen todos los sistemas de organización social, y nos dejó un cuerpo de política española y católica, materia de inagotable estudio... En alguna ocasión pudo equivocarse, juzgando personas: nunca erró juzgando ideas. Sus palabras fueron de paz; sus proyectos, de concordia entre cristianos, nunca de amalgama ni de transacción con el error... Con el error no transigió nunca; con la iniquidad aplaudida y encumbrada, tampoco.»

La España católica ó tradicional, la que se ha dado en llamar España vieja, ha rendido el tributo de su admiración
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y gratitud al egregio filósofo de Vich; la España nueva, por una felicísima contradicción consigo misma, también.

¡No hay quien dispute la gloria de la ciencia católica, que en Balmes, por la misericordia de Dios, tiene encarnación tan brillante!

La Revista Católica de Cuestiones Sociales, aunque modestísima en el campo de la acción social católica, cumple el grato deber de reverenciar públicamente á Balmes, como á maestro y gloria de las más puras de nuestra católica España.

A la hora en que esto escribimos la huelga minera en Vizcaya, que empezó en los primeros días del pasado Julio y tuvo ramificaciones—por solidaridad—en otras poblaciones importantes (como Barcelona y Zaragoza, aunque efímeras) y se agravó en los últimos días de Agosto, hasta motivar la suspensión de garantías en Bilbao, parece va á terminar, puesto que ya se trabaja en algunas de las minas de su zona, por ceder sus propietarios á la pretensión de los obreros, rebajándoles media hora en la jornada de trabajo. Sin embargo, la Asociación de Patronos mineros no ha hecho aún otras concesiones que las ya antes conocidas y mencionadas en nuestra Crónica del mes pasado. A la fecha á que alcanza la presente (día 10 de Setiembre) las noticias oficiales eran satisfactorias: en las minas «Unión» y «Amistosa», propiedad del Sr. Martínez Rivas, habían entrado por la mañana al trabajo 310 obreros, esperándose para el segundo cuarto del trabajo á 320 mineros.

En los cargaderos de la Diputación, en la fundición de Ibarra y en otros talleres trabajaban cerca de un centenar, esperándose también que concurren otros tantos en el segundo cuarto del trabajo.

El total de mineros que habían cesado en la huelga fué próximamente de 1.500.

En las primeras horas de la mañana funcionaron los tranvías aéreos de las citadas minas del Sr. Martínez Rivas, y también los de la mina «Milagros», de Sopuerta, propiedad del Sr. Echevarrieta. Y salieron ya algunos trenes mineros, preparándose otros varios,

En dichas minas de los señores Martínez Rivas y Echevarrieta, se ha seguido trabajando con todos los obreros que tenían antes de comenzar la huelga, y admitiéndose á cuantos huelguistas de otras minas vayan presentándose. El Sr. Maestre, presidente de la Compañía minera «Arrazola» ha concedido también á los obreros la rebeja de «me-
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dia hora» que éstos solicitaban y admitido al trabajo á cuantos se presentaron.

El ferrocarril de Triano, propiedad de la Diputación, ofreció arrastrar el mineral de Martínez Rivas, cumpliendo el contrato, reanudándose los trabajos de dicho ferrocarril en las mismas condiciones que con anterioridad á la huelga regían.

La Compañía del ferrocarril de Galdames ha hecho saber eso mismo al Sr. Echevarrieta, por lo que se refiere á la mina «Milagros».

En las minas en que no se concede la ventaja de la media hora, continuaban el día 10 paralizados los trabajos.

Estos son los hechos, de los cuales todavía nos parece prematuro formar un juicio exacto y verdadero, y en tal estado dejamos la cuestión, que seguramente ha de ser objeto de estudios más adelante. Por hoy sólo notaremos que la prensa periódica ha dado noticia de la disensión habida entre los patronos asociados y el señor Martínez Rivas, por las concesiones que éste ha otorgado á sus obreros mineros.

La actitud del Sr. Martínez Rivas ha motivado el acuerdo de la Asociación de Patronos, separándole de la Asociación. Los fundamentos principales para haber llegado á tal extremo son—según los ha publicado la prensa—los siguientes:

«Primero. Que D. José Martínez Rivas, director gerente de la Sociedad «The Somorrostro Iron Company Limited» y socio hasta ahora de la Asociación de Patronos mineros de Vizcaya, olvidando deberes de solidaridad como asociado, ha rehusado cumplir los acuerdos y resoluciones de carácter general tomados por esta Asociación, y, más aún, el compromiso de honor aceptado por el dicho señor mediante la conformidad que prestaron sus representantes de aceptar y mantener la actual jornada de trabajo en las minas, de cuyo acuerdo se ha separado el señor Rivas, otorgando á sus obreros rebajas que fueron rechazadas y dificultando con ello gravemente el desenvolvimiento pacífico y ordenado del conflicto hacia la solución.

»Segundo. Que no sólo ha significado el señor Martínez Rivas en la forma expresada su oposición á las resoluciones de esta Asociación, que en general aceptaron todos los asociados, sino que de manera especial y concreta ha demostrado su incompatibilidad con aquélla en dilema propuesto á su contratista Agustín Iza para que optase entre abandonar la Asociación ó dar por terminado el contrato de explotación de la mina «Unión», propiedad de Rivas.
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La última palabra de la Asociación que fija la actitud definitiva de los Patronos asociados en lo que toca á la solución de la huelga, por parte de ellos, se revela en estos otros acuerdos:

«Que si para el día 19 del corriente no cuentan los patronos con el número suficiente de obreros para recomenzar los trabajos y organizar los servicios debidamente, quedarán cerrados los talleres hasta que los obreros, libres de coacciones, manifiesten su deseo de volver á ellos en las condiciones anteriores á la huelga.

»De conformidad con este acuerdo, los patronos expoudrán desde el lunes próximo en las respectivas oficinas, durante las horas reglamentarias, listas en las que podrán inscribirse los obreros que deseen volver al trabajo en condiciones iguales á las anteriores á la huelga.

»Estas listas seguirán abiertas durante toda la semana próxima, advirtiéndose que los patronos tendrán en cuenta el orden de inscripción, concediéndose 10 pesetas á cada obrero que se inscriba en los dos primeros días de la semana y continúe su trabajo hasta fin de Setiembre.

»Caso de reunirse el número suficiente de obreros, al reanudar las tareas, darán cuenta diaria á la Asociación del resultado obtenido en sus respectivas listas, quedando á la resolución de la comisión el determinar, en su vista, si durante la semana ó el lunes 19 de Setiembre se reanudarán los trabajos.»

Nuevamente ha sido planteado el problema de la supresión ó transformación del impuesto de consumos, que parecía abandonado después de los grandes trabajos preparatorios que se hicieron en los pasados años por una Comisión parlamentaria y otra extra-parlamentaria.

Ahora ha sido el Ayuntamiento de Madrid el que se ha propuesto acabar con el tan impopular impuesto, sustituyéndolo con otros que no recaigan directa ni principalmente sobre las materias ó alimentos de primera necesidad.

Del impuesto de consumos hemos tratado ya muchas veces en estas páginas (artículos y crónicas) demostrando la conveniencia de suprimirlo y solucionar la cuestión al modo que el macedonio desató el «nudo gordiano», es decir, renunciando á los ingresos que produce esa especial forma de tributación, en absoluto y completamente, sin buscar compensaciones y arreglando los gastos generales, provinciales ó locales á los recursos de la nación, de la provincia y del
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municipio, que no graven lo que generalmente necesitan todos para mantener la vida, pues á nuestro pobre juicio, si no es así, nunca será más que una mutación de nombre ni se logrará jamás abaratar las subsistencias.

Al presente, parece ser que no se trata más que de una transformación y son muchos los proyectos fundados en cálculos más ó menos exactos, que se han presentado, y cuya relación no sólo sería fatigosa sino que ocuparía aquí un espacio muy grande. ¿Qué se conseguirá al fin con todos ellos?

Por lo pronto—y con mucha razón lo ha recordado La Época—el impuesto de consumos es una ley de carácter general y constituye por mandato expreso de la ley un recurso ordinario del Estado y de los Ayuntamientos que no pueden variar lo resuelto por el Parlamento, ni por tanto suprimir el impuesto, sin estar previamente autorizados por una ley: y esta ley no existe hoy.

Los Ayuntamientos encabezados con la Hacienda para el pago del cupo que ésta les asigna, pueden escoger, para recaudar el impuesto, entre los medios que la ley vigente taxativamente enumera: la administración directa por el mismo Ayuntamiento; el arriendo á venta libre ó la exclusiva; y el reparto vecinal. Fuera de estos cuatro modos de recaudación, ni los Ayuntamientos por sí solos ni con la respectiva Junta de asociados pueden acordar nada, ni mucho menos crear caprichosamente nuevos tributos, para lo cual carecen en absoluto de potestad y consiguientemente de competencia.

A creer lo que ha dicho la prensa periódica tratando de este importante asunto, el señor Ministro de Hacienda cree que si hoy día renunciase el Estado al cupo de consumos, la mayor parte de los Ayuntamientos continuarían cobrándolo porque no ven manera de sustituirlo; de modo que perdería la Hacienda ese ingreso y los contribuyentes saldrían perjudicados, porque tendrían que pagarlo dos veces.

El señor Sánchez de Toca ha hecho recientemente en este asunto declaraciones, en general, muy puestas en razón.

Ha dicho que cuando la realidad quite la venda de muchos ojos, se verá que no hay posibilidad para otra cosa mejor que el arriendo del impuesto, á venta libre y por su tiempo normal de existencia; y que la iniciativa de cuanto se intente hacer sobre la supresión de los consumos no puede partir más que del Ministerio de Hacienda, y esto no en un plazo breve, sino con el suficiente para estudiar la cuestión mucho y muy despacio.

Finalmente, entiende el señor Sánchez de Toca que una
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prudente política de abaratamiento de las subsistencias sería más fácil y de más provechosos resultados que la pretendida sustitución del impuesto, y llama la atención sobre el caso probable de que se creen tributos directos en compensación del de consumos, pues pasado algún tiempo, no sólo se pagarán los géneros al precio de ahora, sino también los nuevos tributos.

El señor Presidente del Consejo Superior de Emigración ha publicado—y ruega á la prensa española que la dé publicidad—una extensa nota basada en un minucioso informe del Inspector de la emigración, teniente de navío, señor Gamboa, referente á los emigrantes españoles en el Brasil. Este importante y grave documento se halla compendiado en el preámbulo del Real decreto de 26 de Agosto último pasado, prohibiendo la emigración al Brasil con billete gratuito y por tanto declarando nulo todo contrato que desde dicha fecha se intente celebrar para el transporte de emigrantes gratuitamente.

He aquí ahora el preámbulo, que nos releva de copiar íntegro el informe del Consejo Superior de Emigración:

Dice así en los párrafos que explican y motivan la prohibición de que se trata, y que ha merecido un justo aplauso de la opinión pública porque verdaderamente es en protección de nuestros trabajadores pobres.

«Los informes oficiales demuestran, sin dejar lugar á duda, que la situación de los emigrados españoles en el Brasil es verdaderamente lastimosa.

»Las condiciones del clima les hacen víctimas de enfermedades, como las pulmonías, la anquilotomosis y el terrible tracoma, enfermedades que si son de difícil curación en todos los casos, lo son mucho más cuando aquellos que las padecen, ó no tienen asistencia médica ó no pueden cumplir las prescripciones facultativas, por exigirles gastos muy superiores á los recursos económicos de que disponen, pues, según las noticias referidas, la visita de un médico en muchas de las haciendas del Brasil no cuesta menos de 100 ó 120 pesetas, y aun ocurre muchas veces que el facultativo no puede acudir donde se reclaman sus servicios, por la gran distancia que tiene que recorrer.

»Por otra parte, los contratos que los inmigrantes suelen celebrar en las hospederías con los representantes de las haciendas carecen con frecuencia de las garantías necesarias para asegurar su cumplimiento, y no son obstáculo para que nuestros compatriotas sean víctimas en el país de dolo-