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á la extrema facilidad con que los Tribunales acuerdan las rentas inferiores al 10 por 100 del salario, mientras que el obrero no ha sufrido realmente ninguna disminución en sus facultades profesionales que entrañen una real reducción de salario. Tanto es así, que en el sindicato en cuestión el número de las incapacidades permanentes parciales, de 10 por 100 de merma y menos, ha pasado de 55 en 1900, á 460 en 1907, ó sea el 1.293 por 100, mientras que los salarios asegurados no han aumentado, según hemos dicho, sino en un 96 por 100 durante el mismo período.

4.* En fin, los abusos de la asistencia judicial y de los gastos de justicia que provienen de que los obreros, envalentonados por los agentes de negocios, intentan procesos los más insostenibles, organizando de esta manera un sistema de chantage para impeler al jefe de empresa ó al asegurador al arreglo, y arrancarle, bajo la amenaza de gastos judiciales elevados, una indemnización de la cual se aprovechan en mayor grado los hombres de negocios. Y es de ver que si el jefe de empresa, herido por la exigencia de los obreros y de sus investigadores, no capitula siempre, y lucha, cueste lo que cueste, contra las reclamaciones injustificadas en absoluto, se ve amenazado á pagar gastos que han de aumentar todavía las cargas que la ley le impone por el pago de indemnizaciones ya de sí elevadas.

Tales son los abusos principales á los cuales ha dado lugar la aplicación de la legislación francesa y que han contribuido al aumento anormal de las cargas del seguro, las cuales, en determinadas profesiones han agrandado en 3, 4 y hasta 5 por 100.

M. Villemin señala, además, que estos abusos han dado una consecuencia verdaderamente grave: la desmoralización de un número cada día más grande de trabajadores por la propagación de una nueva epidemia, la historia del seguro, que uno de los médicos más ilustres franceses ha definido con la palabra sinistrose.

En fin, vamos á terminar esta relación con un rápido análisis de la memoria de M. Alfred Mayen, presidente del sindicato de las Compañías de accidentes, de la Reunión de los aseguradores contra los accidentes del trabajo, y director de la Prévoyance. Esta memoria lleva por título «El seguro privado contra los accidentes del trabajo en Francia». Hace resaltar en principio los incontestables servicios que el seguro privado ha proporcionado á la aplicación de esta ley social contra los accidentes del trabajo, así como también los beneficios que la industria y el comercio han recogido del seguro á prima fija. Pasa después á señalar las causas que han contribuido á hacer
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más insostenible el peso de la carga del seguro, citando de entre estas causas las modificaciones llevadas á efecto por la ley de 31 de Marzo de 1905, en el punto de partida de la indemnización temporal que se debe desde el día del accidente, cuando la incapacidad haya durado más de diez días, la sustitución en la tarifa de la asistencia médica gratuita de una tarificación especial prevista por dicha ley y que ha sido sancionada por la vigencia de una tarifa médico-legal oficial.

Parece hacer resaltar el aumento de cargas provenientes de la aplicación de la ley de 31 de Marzo de 1905, la memoria de M. Alfred Mayen y toma como puntos de comparación los años 1904 y 1906. El aumento de los salarios asegurados, en el transcurso de estos dos años, por las Compañías que componen el sindicato de las Compañías á primas fijas contra los accidentes, ha sido de 19 por 100, mientras que el aumento de los accidentes lo fué del 47 por 100, como término medio. De 56.461 en 1904, el número de accidentes ha llegado á 82.902; y es conveniente tener en cuenta que durante el año 1906, la duración de accidentes de 7, 8 y 9 días ha sufrido una reducción de 12, 18 y 21 por 100, respectivamente, con relación á los de 1904, probando así que los heridos presentan una tendencia muy marcada á rebasar el período de diez días de incapacidad, para cobrar su medio salario, á partir del primer día de incapacidad, mientras que bajo el régimen anterior á la ley de 1905 se excluían siempre los cuatro primeros días. ¿Es conveniente mantener un error legislativo parecido, aun cuando haya nacido de las intenciones más puras, si da por consecuencia excitar la desmoralización de aquéllos á los cuales se pretende proteger?

La memoria demuestra también las consecuencias desagradables que se convierten en un recrudescimiento de cargas para el asegurador y también para el industrial, que entraña la excesiva facilidad de los tribunales para acordar pequeñas rentas de enfermedad permanente parcial por lesiones de asistencia evidentemente quirúrgica, pero sin influencia apreciable sobre el valor productivo de las víctimas, toda vez que su salario futuro es imposible que sufra influencia alguna. Esta demostración se ha sacado de la comparación entre los años de 1904 y 1906, efectuada por las mismas Compañías del sindicato. En 1904 el número de accidentes que dieron lugar á rentas, que correspondían á la tasa de invalidez de 0 á 5 por 100, fué de 717; en 1906 subió este número á 1.125 ó sea un aumento de 57 por 100. En 1904 el número de accidentes que dieron lugar á rentas que correspondían á la tasa de enfermedades de 5 á 10 por 100, fué de 800; en 1906 este número subió á 1.197, ó sea un aumento de 50 por 100.

En lo que respecta á los gastos médicos y farmacéuticos, la
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que los adeptos del protestantismo que atravesaron los mares, no llevaron al nuevo mundo ni la antigua fe que Inglaterra acababa de regenerar, ni la libertad de religión, que rechazaba todavía; y fieles al principio general de la Reforma, de confundir la Iglesia con el Estado, se negaron á conceder los derechos de ciudadano á quienes no se mostraran fervientes discípulos de una determinada confesión. Por eso, cuando llegaron á prevalecer en la colonia, primero los puritanos á consecuencia de la victoria de Cromwell, y los episcopales después por efecto de la restauración de la monarquía en Inglaterra, unos y otros privaron de toda libertad á los católicos, la intolerancia reinó en las colonias puritanas de Massachusetts, Connecticut, New-Hampshire; el pastor protestante Rogers William, despreciado por los puritanos, arrojado de su comunión por los episcopales ó anglicanos, como defensor de la libertad de conciencia, pasó á la secta de los Baptistas, refugióse entre los indios, y fundó el primer establecimiento de Rhode-Island, la ciudad de Providencia, entre la cual y Baltimore, en el territorio que del nombre de su propietario William Penn, y á causa de los extensos bosques que encerraba, fué llamada Pensylvania, se abrió, cuarenta años más tarde, otro asilo á la libertad religiosa por el desprendimiento del referido William Penn, que levantó para los Cuáberos, aborrecidos y perseguidos en Inglaterra porque su doctrina, una de las mil divisiones del protestantismo, era la condenación más enérgica del estrecho rigorismo que prevalecía en las iglesias protestantes, y de la desigualdad de rangos, condiciones y derechos introducidos en la sociedad británica á consecuencia de las guerras civiles, la ciudad de Filadelfia, donde se admitió á los cristianos de toda comunión, hallaron favorable acogida los católicos arrojados de su colonia Maryland, fundaron una residencia los jesuitas, y el año 1708 pudo celebrarse públicamente el santo Sacrificio de la Misa.

A pesar de que la mayor parte de las colonias mostráronse intolerantes con los discípulos de la única religión verdadera, no por eso los católicos, cuyo patriotismo reflejase en obras de abnegación, mejor que en los cantos dedicados á la Patria de nuestros amores; los católicos, cuyo sentimiento patrio poderosamente vibra en lo más íntimo de su alma con más fuerza y fecundidad que en las elocuentes palabras pronunciadas bajo la impresión del momento, no dejaron de ofrecer sus vidas para la defensa de la independencia americana. Carlos Carroll, representante de Maryland, único católico en la Asamblea que declaró la independencia de los Estados, autoriza con su firma el acta memorable después de
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comparación entre los años 1904 y 1906 ha dado un aumento de 65 por 100 en el último con relación al primero.

Lo mismo en los aseguradores á primas fijas que en las mutuas, que en los sindicatos de garantía se encuentra hasta la evidencia, y con pruebas numéricas en su apoyo, un aumento debido á las numerosas deformaciones que la ley ha sufrido y á las facilidades que sus disposiciones han dado á las víctimas para abusar de la ley sin que sea posible remediarlo de una manera eficaz.

La conclusión de estas memorias francesas, cuyo interés es de los más palpitantes, es que la ley, excelente para su objeto, que nadie critica, es mala en sus disposiciones y en su aplicación, y que sólo una reforma seria y completa de esta legislación podrá dar fin á los abusos que todo el mundo proclama, y que importa que desaparezcan con el fin, como dice muy juiciosamente M. Villemín al terminar su luminosa memoria, de hacer de esta legislación una obra verdaderamente humanitaria, de justicia y de reparación, y no una obra de opresión de la industria y de desorganización social.

D. DÉLÉARDE.

NOTA IMPORTANTE.—Con objeto de ofrecer á nuestros asociados y amigos un aumento considerable en el texto de la REVISTA, que nos permitirá dividir ésta en dos tomos anuales, de unas 500 páginas cada uno, la Relación de miembros del Patronato Social de Buenas Lecturas sólo se insertará al final de semestre, ó sea en los números de Junio y Diciembre, que cierran los volúmenes.

Tipografía de la REVISTA CATÓLICA DE CUESTIONES SOCIALES.
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Franklin, Adams, Jeffersson y otros; su hermano, el jesuita Juan, forma con Franklin y Chase la comisión nombrada por el Congreso para trasladarse al Canadá y obtener el apoyo ó la neutralidad de ese pueblo, ofreciendo á los católicos respetar la libertad religiosa, que la tenían ya por el tratado de Quebec; dos Regimientos de canadienses, sin esperar la resolución de su provincia, corrieron á ponerse bajo las órdenes de Washington; otros tres regimientos componíanse de irlandeses, mandados por oficiales de su religión y raza; Vaine, confidente de Washington, y el amigo de éste Irvingh Shea, ambos nombrados generales del ejército por él, y Barry, el primer marino que mandó un buque de guerra bajo el pabellón americano, pertenecían también á la misma raza y religión (la católica).

Así es que, al mensaje dirigido por los católicos á Washington, ya elegido presidente, manifestándole la esperanza de que, en recompensa de la sangre derramada en su presencia, les concedería la igualdad con los demás ciudadanos en el goce de los derechos civiles y políticos, contestó aquél reconociendo la parte patriótica que los firmantes del documento habían tomado en la revolución; y, cuando diez años más tarde, ocurrió el fallecimiento del Magistrado Supremo de la nación, el Obispo Carroll pronunció en su Catedral la oración fúnebre del padre de la patria.

Como las colonias adquirieron la libertad religiosa á costa del destierro, no es extraño que, llevadas del amor exclusivo á sus creencias, no admitieran como ciudadanos á los disidentes, que bien podían convertirse en opresores, como sucedió con los puritanos y anglicanos respecto á los católicos de Maryland, adoptaran el sistema congregacionalista de Brown para evitar con más facilidad toda influencia extraña, toda expresión exterior en los asuntos religiosos, y formaran, á la sombra de esta desconfianza intolerante, el dominio de la libertad religiosa y de otros varios derechos reservados al individuo con independencia del poder civil, derechos cuyo respeto é inviolabilidad reclamaron los diferentes Estados antes de aceptar la Confederación, haciendo constar en el artículo 4.º de la Constitución, que ninguna profesión de fé sería exigida para ser admitido á los empleos públicos de los Estados Unidos, y aceptando la enmienda presentada por Madison, en virtud de la cual no podría el Congreso admitir ó rechazar ninguna religión.

La libertad de cultos no ha sido, pues, introducida en el derecho público americano por la indiferencia de los ciudadanos, sino por la intolerancia doctrinal de las numerosas Confesiones que integran la floreciente República; no ha si-
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REVISTA CATÓLICA
DE CUESTIONES SOCIALES

(Con censura eclesiástica.)

LAS NORMALIDADES Y LAS ANORMALIDADES
EN LA VIDA SOCIAL, ECONÓMICA, JURÍDICA Y POLÍTICA

A no dudarlo, y bien á la vista está, los individuos, como las colectividades, pasan por momentos correlativos en su existencia. En realidad, todos ó casi todos los Estados, grandes y pequeños, padecen dolencias de más ó menos consideración, de más ó menos gravedad. ¿Cuáles son los medios que deben aplicarse al organismo social cuyo estado patológico ha sido puesto á prueba por el diagnóstico? Para contestar á esta pregunta es necesario recordar que el organismo social tiene su fuente y raíz en las facultades esenciales y primarias del individuo y de las colectividades. De aquí que no pocos de los estados patológicos sociales presentan menos complicaciones que las enfermedades á que están naturalmente sujetos los organismos de la naturaleza, nuestro cuerpo inclusive. Mas la movilidad, la coordinación compleja, dan á las enfermedades sociales un carácter de fluctuación. Apenas la movilidad, la coordinación más compleja de los órganos sociales dan á las enfermedades sociales un carácter tal que los síntomas aparecen inciertos y de pronóstico muy difícil. Las enfermedades que sufren los organismos individuales están más netamente determinados, no sólo en lo que concierne á la parte del organismo atacado por la dolencia, sino también por lo que hace á la duración de la enfermedad. Un organismo social no se cura tan pronto de una grave dolencia como lo hace el individual. Realmente la degeneración incurable de los elementos anatómicos, constituye para el organismo individual un caso mórbido más frecuente que para el organismo social. Entonces generaciones enteras, sucediéndose las unas á las otras, miran
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por la tradición constante de su apostolado enseña que debe ser esencialmente libre, puesto al abrigo de toda violencia, el acto por el cual llega el hombre á la fe; la Iglesia, que reconoce en el hombre la facultad de adherirse libremente por la inteligencia ó la voluntad á lo que juzga en conformidad con la verdad y la moral, sin que poder alguno de este mundo pueda atribuirse el derecho de emplear la fuerza para arrancar un acto interno, imposible sin la voluntad, ó un acto externo, que en todo caso sería simulado; la Iglesia que ha sido la primera en proclamar la libertad, antes, mucho antes, que la Reforma, el tratado de Westfalia, la Revolución y la democracia, y ha demostrado su amor á la libertad, asombrando al mundo con el heroísmo de sus mártires, predicando que nadie puede entrar á formar parte de la sociedad cristiana sino en virtud de una libre elección, prohibiendo en sus cánones el empleo de la fuerza para arrastrar las almas al campo de la fe; la Iglesia, que reclama del Estado su ayuda y protección, no porque necesite de apoyos humanos una sociedad cuyo reinado no se deriva de este mundo, sino por las consideraciones que más arriba expuestas quedan; la Iglesia que sabe muy bien además que la religión y la moralidad privada de los individuos no caen directa y formalmente dentro de la misión y esfera del poder civil, cuya intervención exagerada en el orden de la conciencia, de las creencias y virtudes religiosas origina perturbaciones, de ninguna manera compensadas por algunos beneficios; esa Iglesia, que recuerda al Estado la obligación de velar por la prosperidad y paz temporal de los ciudadanos, su obligación de proteger eficazmente la religión de todo un pueblo que coloca su bien mayor en la verdad religiosa, contra los ataques de una insignificante minoría, cuya impía y libre propaganda perturba á la inmensa mayoría del país en la posesión tranquila de su más querido patrimonio, y puede colocarle en el duro trance de violentar su conciencia ó dejar incumplida la ley; esa Iglesia católica solemnemente declara que, si bien no es lícito poner los diversos cultos en iguales condiciones legales que la verdadera religión, sin embargo no por eso condena á los Jefes de Estado que, para conseguir un bien mayor ó impedir algún grave mal, toleran en la práctica que estos cultos sean admitidos por el Estado (1); y si condena las llamadas libertades modernas como derechos absolutos que deben incorporarse á la legislación de toda sociedad, no repreuba, sin embargo, la tolerancia de las mismas en sociedades en

(1) León XIII. Enc. Immortale Dei.
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que reina la división de espíritus y de creencias, en pueblos que no conservan ya la unidad moral.

Pero en España, ¿dónde están los disidentes? ¿dónde las confesiones distintas de la Iglesia católica, los núcleos de ciudadanos españoles que desean practicar un culto positivo, que no sea el de nuestra Santa Religión? ¿Acaso los mismos anticlericales, que democráticamente han monopolizado la representación del pueblo y en la adhesión de las muchedumbres fundan sus títulos para pedir el poder, no se apresuran á consignar en sus discursos la profesión más ardiente de fe católica? ¿No está suficientemente garantida por el artículo 11 de nuestra Constitución la libertad de conciencia de los indiferentes, de los incrédulos, que pueden dejar de bautizar á sus hijos é inscribirlos sólo en el Registro civil; que pueden contraer matrimonio civil, sin que nadie les moleste, abjurando, claro está, la Religión católica; que están autorizados para celebrar, hasta con ostentación, el entierro civil de sus deudos, y que cuentan con cementerios civiles edificados expresamente para ellos por los municipios bajo el imperio de la ley? ¿De qué les servirá á estos demoledores de toda religión la libertad de cultos? ¿No concede la ley á los pocos, poquísimos (1) adeptos de otras confesiones la facultad de erigir en todo el reino capillas donde puedan ejercer su culto y satisfacer los deberes de conciencia, y en esta misma Capital no hubimos de encontrar también uno de esos edificios que, gracias á Dios, pasa desapercibido para este católico vecindario? ¿Qué fuerza colectiva, qué opinión popular, qué derechos adquiridos pueden ostentar esos individuos aislados, para que el Estado español se vea obligado á reconocer al culto de ellos los mismos derechos concedidos al culto de todos los españoles? ¿Es que se pretende desacreditar, se pretende combatir solapadamente la Religión católica, llevando al derecho público la indiferencia religiosa, ofreciendo á sectas disidentes, que no representan factor alguno de la vida nacional, una libertad negada en repetidas ocasiones á los católicos, cuyas manifestaciones religiosas han sido perturbadas bajo el pretexto de que constituían una provocación para determinados

(1) La última estadística oficial, verificada el año 1877, de los adeptos de las diferentes religiones en España, arroja el siguiente resultado: católicos, diez y seis millones seiscientos tres mil novecientos cincuenta y nueve; cristianos no católicos, seis mil seiscientos cincuenta y cuatro; israelitas, cuatrocientos dos; racionalistas, nueve mil seiscientos cuarenta y cinco; otras religiones, quinientos diez; no consta de trece mil ciento setenta y cinco. (Dirección general del Instituto Geográfico y Estadístico.)
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elementos políticos, y rechazando hasta los Sindicatos agrícolas, fundados en favor del pobre labrador y para fomento de la agricultura, por el único delito de hallarse inspirados en la Religión y colocados bajo la protección de un Santo, prueba indudable de que los vínculos de la fraternidad cristiana perduran más allá todavía del sepulcro? ¿Es que los anticlericales defienden la libertad de cultos como testis? Pues dejen de llamarse católicos. ¿Es qué aspiran á esta reforma constitucional, como una necesidad exigida por las actuales circunstancias de la nación española? Pues carecen de motivos para ello. Con la Iglesia ó contra la Iglesia. No caben términos medios.

Pero conste también que, si la Santa Sede en sus altos juicios, que todos debemos acatar, determinara la necesidad de tolerar, como mal menor, la libertad de cultos, nada nos acobardaría luchar con las bien aceradas armas de la libertad, de esa bendita libertad, nacida al pie del Calvario, recogida y educada por el maternal cariño de la Iglesia católica, y ahora mismo defendida por la Religión contra los ataques de hombres, cuya eloquencia no basta, sin duda, para llevar al pueblo las hondas convicciones que ponen la voluntad al servicio de la idea, pues propónense apelar á la fuerza del Estado, con el objeto de imponer libremente á los ciudadanos, libres también, la infalibilidad omnipotente de los Pontífices anticlericales, anuncian que descargarán todo el peso de la ley sobre los Obispos que en virtud del imperativo ineludible de su conciencia dejaran de cumplir las definiciones dogmáticas de la comunión anticlerical (1), aun cuando fueran ellas contrarias á la Iglesia verdadera, y pretenderán acaso también que al pisar los umbrales de la cárcel expresemos todavía nuestro agradecimiento á los opresores, dirigiéndoles con rostro placentero este tan antiguo y tan democrático saludo: Ave, Cæsar, morituri te salutant... ¿Tendría razón Montalembert cuando afirmó que permitir el dominio de la democracia es condenar á muerte la libertad? (2).

No queremos trasladar á este documento la infame ca-

(1) «Yo juro que si algún día soy poder, la Iglesia será soberana en lo espiritual, y yo la respetaré en todo lo espiritual; pero seré fiero, implacable y tremendo para castigar sus desafueros y para no consentir que usurpe atribuciones del Estado.» (Discurso de D. Melquiades Álvarez en Toledo. El Imparcial de 1.º de Febrero).
Pero ya sabemos que D. Melquiades Álvarez es el encargado de señalar á la Iglesia este dominio espiritual.
(2) Montalembert á Mgr. Pie, 17 Dic. 1852.