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Revista católica de las cuestiones sociales (1909-09-01 00:00:00), página 69

de la crueldad: «Matad, robad, destruid, gozad sin escrúpulos ni trabas», les habían dicho plumas y labios depravados.

Véase cómo se expresaba un apóstol de la rebeldía: «Jóvenes bárbaros de hoy, entrad á saco en la civilización decadente y miserable de este país sin ventura; destruid sus templos, acabad con sus dioses, alzad el velo de las novicias y elevadlas á la categoría de madres para virilizar la especie; penetrad en los registros de la propiedad y haced hogueras con sus papeles para que el fuego purifique la infame organización social; entrad en los lugares humildes y levantad legiones de proletarios para que el mundo tiemble ante sus jueces despiertos.

»Hay que hacerlo todo nuevo, con los sillares empolvados, con las vigas humeantes de los viejos edificios derrumbados; pero antes necesitamos la catapulta que abata los muros y el rodillo que nivele los hogares... Seguid, seguid... No os detengáis ni ante los sepulcros ni ante los altares... Hay que destruir la Iglesia... Luchad, matad, morid...»

Parece que en estas frases están comprendidos todos los números del satánico plan, tres años después de escrito, practicado en Barcelona.

Y por estos rumbos degeneró en hecatombe la que aparentemente se había anunciado como manifestación pacifista. Y es que la propaganda por el hecho correspondió plenamente á la propaganda de la idea. Ya ha dicho un pensador ilustre que entre la siembra y la cosecha no media más que el tiempo necesario para que la semilla fructifique.

Porque es preciso, por otra parte, ver con ojos de gobernante lo que ha sido el meeting, tenazmente cultivado como instrumento de propaganda entre las clases más propensas á acoger, sin preparación para el bien, sin reflexión tranquila, sin inteligencia abierta á la selección de las ideas, todo cuanto halaga las pasiones y encona las diferencias de posición social. A escuchar las afirmaciones más radicalmente exageradas han acudido durante mucho tiempo, en falanje enorme, mujeres y niños, cuyo espíritu se ha formado en el contacto de toda doctrina disolvente, pregonada á la vez en el libro, en el periódico y en la escuela.

De ahí proceden las Damas radicales y rojas; de ahí ha salido esa juventud capaz de actuar briosa y decidida contra todo lo humano y lo divino.

* * *

¿Habrá que tomar en cuenta este movimiento como síntomas contrarios á los sentimientos católicos del país?...
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DOCUMENTOS EPISCOPALES

CARTA PASTORAL
SOBRE LA SECULARIZACIÓN DEL ESTADO
DEL
Ilmo. y Rvmo. Señor Dr. D. Remigio Candásegui Gorrochátegui
Obispo-Prior de las Órdenes Militares

(CONTINUACIÓN)

X
Los anticlericales, la Iglesia y el Estado

Aunque esta rápida ojeada por el campo de la historia nos ha demostrado plenamente la incompatibilidad absoluta de la Iglesia Católica y de la libertad del ciudadano con el principio pagano, anti-cristiano, anti-liberal (1) y anti-democrático de la secularización, cuyos dogmas de confinar al santuario de la conciencia y al recinto de los templos el objeto y finalidad de la religión, y de no admitir la probabilidad siquiera de un poder superior á la potestad civil (2), han sido dignamente representados y violentamente defendidos, mucho antes que á favor de los mismos abogaran nuestros convencidos anti-clericales, por el cesarismo de Roma, el absolutismo de Bizancio, la arbitrariedad de los Príncipes alemanes, el naturalismo del Renacimiento, la negación de la Reforma, el galicanismo de Luis XIV, el despotismo regalista, por la Revolución, en fin, y la francmasonería; sin embargo, como los fervientes adoradores del Estado laico y pagano, despreciando la voz augusta e infalible del Supremo Jerarca de la Iglesia, y considerando sin duda que los Obispos no son otra cosa que figuras decorativas, destinadas á lucir las mitras en las Catedrales y ostentar el hábito morado en las confirmaciones de los pueblos, sin dere-

(1) En el sentido gramatical de la palabra.
(2) No creo que deba ni pueda haber un poder superior á la potestad civil. (Excmo. Sr. D. Segismundo Moret en su discurso de Zaragoza).
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Tanto valdría vincular la representación de éste en el revuelto montón de trincheraires y ácratas que lo realizaron.

Gentes de más consideración social, aun dentro de su humilde condición de pobres labriegos, eran las congregadas tumultuariamente, no hace muchos meses, frente al histórico monasterio de Osera, en la provincia de Orense, y allí, exaltados y enardecidos, aquellos vecinos, que llegaron á atentar contra la fuerza pública, no quemaron el templo, ni se mostraron hostiles al culto, ni declararon á Dios su enemigo personal. Alardearon, por el contrario, de defender sus creencias, protestando de la desaparición de un viejo artefacto, cuyo valor artístico é histórico era nulo, cuya significación tenía, sin embargo, para sus almas sencillas toda la importancia que da nuestro pueblo á los símbolos y representaciones de la fé.

No; de estos hechos no cabe desprender enseñanza alguna en la dirección que por algunos se ha pretendido. Son salvajes espasmos de un cuerpo cuya vida orgánica está hondamente perturbada.

Actuó también, con influencia innegable, la sorpresa. Barcelona pudo creer, y creyó sin duda, en los comienzos del tumulto, que se trataba sólo de impedir la marcha de los soldados á la guerra. Después, cuando se desataron, amenazadores, los vientos de la destrucción y la rebeldía, el espanto sobrecogió los ánimos; la aparición, repentina y tempestuosa, de lo inesperado, produjo el estupor que engendra el pánico.

Nadie se dió cuenta exacta de lo que se presenciaba, mientras la curiosidad llevaba á los vecinos á las azoteas, desde donde se percibía la sensación que debió provocar la ferocidad del César romano al decretar el incendio de la imperial ciudad.

¿Cómo dudar que el pueblo catalán condena resuelta y ardorosamente los sucesos? Yo he podido apreciar su indignación ante los efectos de la catástrofe. Aun los mismos que por sus tendencias, por su desafección á las Ordenes monásticas, por su escepticismo, pudieran contemplarla con indiferencia, han aprendido que tras las agresiones á la Iglesia, al fraile, al pároco, á la monja, surgen fácilmente los atentados contra la fábrica, contra el interés privado, contra el rico.

Y por encima de toda fugaz satisfacción insana de menuguadas aspiraciones de secta ó bandería, se han enterado de que el peligro les emplaza seriamente para el día en que, salvando los diques que hoy ha respetado la corriente, ésta les anegue allí donde se creyeron indemnes de la inundación y sus estragos.
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Las conmociones populares se sabe cómo empiezan, pero es muy aventurado predecir cómo acaban. Desgraciadamente, en la historia de Cataluña abundan los ejemplos de terribles conflagraciones, que han dejado en sus páginas horrenda huella.

Durante la última época, unas veces en defensa del régimen constitucional, otras veces sin ideal definido, respondiendo sólo á estímulos revolucionarios compartidos en ocasiones por los más distintos elementos políticos, Barcelona se ha distinguido por las exaltaciones de la pasión popular, que la condujeron á derramar sangre en reñidos combates, cuyas terribles consecuencias aparecen en desproporción notoria con la relativa importancia de la causa que los promoviera.

Dato es éste del cual no es lícito prescindir para juzgar con acierto del último movimiento. Pero, ¿se quiere juzgar de éste con perfecto conocimiento de causa?... L' Humanité de M. Jaurés ha hecho la siguiente preciosa confesión: «Hemos ido á la batalla cumpliendo un acuerdo de Stuttgart. Hemos luchado ejecutando un mandato de la Internacional. Colocados siempre en el terreno del más puro internacionalismo, estamos dispuestos á acabar con las fuerzas de opresión religiosa, militarista y capitalista que oprimen y deshonran á la Nación española á los ojos de la Europa culta y civilizada. Que la clase gobernante española se dé por advertida.» (Número del día 20 de Agosto último). ¿Cabe hablar con mayor claridad?

* * *

Declarado el estado de guerra, el capitán general reservó á su autoridad el conocimiento de cuantos delitos afectasen al orden público ó social, pudiendo sus autores ser juzgados en juicio sumarísimo. Además previno que serían considerados como reos de sedición los que publicaren noticias ó conceptos que en cualquier forma tendieren á quebrantar la disciplina militar y los que atentaren contra la libertad del trabajo, causaren desperfectos en la vía férrea, tranvías, líneas telegráficas y telefónicas, hilos conductores de electricidad y cañerías ó depósitos de agua ó gas, debiendo los Tribunales y autoridades civiles continuar ejerciendo su jurisdicción en cuanto no se opusiere á tales prescripciones, que, según la legislación vigente, adquieren fuerza de ley en virtud de las facultades concedidas para estos casos á los generales en jefe de Ejército y capitanes generales de las regiones por la ley de Orden público, las Reales ordenanzas y el Código de Justicia militar.
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Al día siguiente, por Real decreto de la Presidencia del Consejo de ministros, se suspendieron temporalmente en las provincias de Barcelona, Gerona y Tarragona, las garantías expresadas en los artículos 4.º, 5.º, 6.º y 9.º y párrafos 1.º, 2.º y 3.º del art. 13 de la Constitución del Estado, medida que más tarde se hizo extensiva á toda España.

Algunos días después y ante el rumor circulante de que los enemigos del orden pretendían obligar de nuevo á los obreros hourados á suspender sus trabajos, el capitán general advirtió en otro bando que castigaría con todo rigor cualquier coacción encaminada á realizar aquel propósito y que serían pasados por las armas en el acto los que fueren cogidos en flagrante delito de pillaje ó incendio.

Y así constituido el poder judicial dentro de la anormalidad creada por las excepcionales condiciones del estado de guerra, los jueces y Tribunales militares comenzaron á funcionar, sin que la jurisdicción ordinaria tuviera desde entonces otra misión, respecto de los hechos indicados, que auxiliar en su caso, como lo hizo con exquisito celo, la acción independiente de la justicia castrense.

No es posible negar que, dadas las condiciones de realización del alzamiento, éste resulta debidamentepreciado, conforme á dicha calificación.

Pero el hecho se diversificó, al perpetrarse, en otros delitos cuya naturaleza y efectos legales conviene también tener en cuenta. Los rebeldes, no sólo se alzaron en armas contra el Gobierno legitimo y actuaron constituyendo distintas partidas con el mismo fin, hostilizando ó no, según los casos, al Ejército, sino que cometieron además los delitos comunes de incendio y robo y los de levantamiento de carriles, interceptación de las vías de comunicación y destrucción ó deterioro de los efectos destinados á la explotación y comunicaciones en territorio declarado en estado de guerra, puesto que esta declaración estaba hecha por el Capitán general de Cataluña antes de la comisión de los mismos, en su inmensa mayoría, según acusa la fecha del Bando de la mencionada autoridad militar, por lo cual se hallan igualmente sometidos á la jurisdicción castrense, al tenor del número 3 del art. 9.º del Código de Justicia militar. En este sentido nada hay tampoco que oponer á su competencia ni á la libertad de criterio con que, dentro de su función, los ha hecho objeto de sus fallos.

Acerca de las que llama «causas inductoras», dice la «Memoria entre otras cosas lo siguiente:
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En Barcelona se han tocado manifestamente los efectos de la propaganda anárquica, realizada por medio del libro, del mitin, de la asociación y de la escuela... ¿Puede el Estado defenderse contra la agresión que con tales armas se le infiere?... Alguien, muchos, todos los que se dejan impresionar por los espejismos de una inconsciente devoción á la libertad individual, contestan negativamente.

Repitámoslo una vez más; el pensamiento es irresponsable, carece de títulos el Poder público para perseguir las ideas en tanto se mantengan en la alta esfera de la especulación teórica. Pero hay doctrinas que por sí mismas constituyen una provocación á la perpetración de determinados delitos; son una agresión al orden legal establecido por el asentimiento general del espíritu público; se esgrimen como arma de acción por quienes se anticipan á declararse en pugna con la conciencia nacional, renunciando espontáneamente á todo amparo de una legalidad que niegan, y cuya tutela, por consecuencia, no tienen derecho á reclamar. El caso es excepcional y debe ser de excepción el criterio legal que á él se aplique. Se trata de sobreponer la libertad individual al funcionamiento de todas las leyes y de todos los poderes legítimos... ¿Cómo pedir á aquéllas y encontrar en éstos la protección debida á la libre emisión del pensamiento, si de esa protección, dentro del régimen que la estatuye, empieza por abdicar el que, en sus más esenciales fundamentos, lo combate, lo atropella, lo disloca?... Vis vi repellere licet. Procediendo así, no se hace otra cosa que rendir merecido homenaje á la conciencia nacional, que cuando se pronuncia unánime (la unanimidad tiene que ser siempre relativa) es como la expresión del sentido común y de la verdad, en frase de Niebuhr.

Y si el fin del Estado, el destino permanente del Estado, es realizar el Derecho manteniendo la armonía social y asegurando su propia conservación, no cabe negar que debe disponer de cuantos medios conduzcan á reprimir el mal en las relaciones de persona á persona y de ciudadano á Poder, so pena de circunscribir la idea del Estado á una simple empresa de seguros, ó á considerar como mejor Gobierno el que gobierna menos. Mientras la inteligencia, la voluntad y el sentimiento colectivos, que forman el espíritu público, proclamen la legitimidad del orden jurídico establecido, éste tendrá un título de incuestionable eficacia para defenderse. De ahí nacen, en suma, las determinaciones de
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las leyes orgánicas y hasta las prevenciones y sanciones del Código penal. El día en que el espíritu público se declare vencido ó convencido por las propagandas disolventes de nuestra actual organización, y estime que el Poder debe estar caracterizado por la debilidad é ineficacia del mando, reconociendo que no hay patria, que no hay familia, que no hay propiedad, que no hay honor, desaparecerán de la ley los delitos de traición, de rebelión, de adulterio, de robo, de injuria, etc., etc.

Mientras tanto, habrá que afirmar que el arte de gobernar los pueblos responde á los tres predicados de la razón, la moral y el derecho, tales como los entendemos los que nos sentimos suficientemente asistidos de cuantos medios facilitan la vida del hombre y del ciudadano, dentro de los moldes de la vida jurídica moderna.

Sin atentar á la libertad, el Código penal castiga las manifestaciones ó reuniones realizadas con el concurso de determinadas circunstancias; considera delincuentes á los que dan vivas ó otros gritos que provocaren aclamaciones directamente encaminadas á fines delictivos; á los que pronuncian discursos, ó leen, ó reparten impresos, ó llevan lemas ó banderas de cierta especie; delimita el concepto de manifestaciones ó reuniones pacíficas, y persigue y pena las que no lo son; califica de ilícitas las asociaciones que por su objeto ó circunstancias sean contrarias á la moral pública, y las que tengan por objeto cometer algún delito; condena á los que fundaren establecimientos de enseñanza que por su objeto ó circunstancias sean contrarios á la moral pública; somete á reglas las publicaciones, y hasta prohibe la divulgación de noticias falsas, la apología de acciones calificadas por la ley de delito, y las ofensas á la moral, á las buenas costumbres ó á la decencia pública. ¿Se ha ocurrido á alguien suponer que tales disposiciones de nobiliario linaje reconocido en todas las legislaciones penales, mermán, quebrantan ó confiscan la libertad humana, según la ley general extensiva á todos, de que habla Kant?

Sirvan estos hitos de mera exposición de doctrina, como guiones de más detenida deliberación y crítica.

Insistamos en dedicar vigoroso esfuerzo á descubrir la llaga para emplear ventajosamente el cauterio, oponiendo á la patología del crimen la saludable terapéutica del Derecho, á partir de la base de que enfermedades como éstas no se curan con revulsivos, sino con reconstituyentes. Y no es dudoso que toda organización social constituida á la sombra del Derecho tiene títulos indiscutibles para defenderse de cuantos intentos tienden á quebrantarla ó destruirla.
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El mundo evoluciona, marchando á compás del tiempo con pasos de gigante. Exigencias imperiosas de hoy eran totalmente desconocidas entre las generaciones de ayer. No hay, por ello, que culpar á éstas de que no se preocuparan de males que no padecieron; pero los más elementales cánones de la higiene obligan á precavernos de peligros presentes que, por no serlo entonces, no hubieran de alarmar á nuestros antepasados.

Conocida la tesis, no es difícil razonarla. Las asociaciones deben estar reguladas por preceptos que garanticen sólidamente la legitimidad de sus fines; las reuniones deben someterse á moldes que las circunscriban ineludiblemente dentro de las predicaciones consentidas por la ley. Las escuelas, los libros de texto, las enseñanzas, en fin, deben subordinarse á los predicados de la conciencia social, herida en sus fibras más delicadas por todo cuanto tienda á deshonrarla.

Y no es dudoso que, emprendida esta tarea en acorde concierto de todas las voluntades no contaminadas por la influencia del fenómeno patológico de que habló Lombroso, se serenará el ambiente, purificándose de las emanaciones de ciénagas que lo infectan.

La repercusión de estas previsiones ha de resonar necesariamente en el Código penal. A las leyes orgánicas toca la regulación del principio; á la ley penal la sanción que lo fecunda y lo condiciona.

Es menester que, sin llegar á los recursos extremos de las situaciones anormales, haya en la legalidad ordinaria medios suficientemente eficaces para atender á las exigencias impuestas, aun en momentos de perturbación y alarma, por los intereses sociales amenazados. Pugna con todo principio fundamental de organización jurídica la necesidad, tantas veces sentida en nuestro país, sometido á todos los influjos turbulentos, de tener que apelar á la suspensión de las garantías constitucionales y hasta á la declaración del estado de guerra para reprimir actos punitivos, contra los cuales debiera actuar el Poder, libre y desembarazadamente, sin tener que saltar las fronteras de la ley, en sus aplicaciones naturales y comunes.

* * *

La «Memoria» del señor Fiscal del Supremo termina con los siguientes párrafos:

Y al sondear las profundidades de psicología del delito para sorprender los estímulos que lo alientan, los obstáculos que contrariarán la acción del Juez y del Fiscal, tropiezase
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con dificultades, complicaciones y entorpecimientos, nacidos de las mismas leyes que debieran ayudar á reprimirlo, dando positiva eficacia á las sanciones del Código penal. ¿Quién no incluye en este desdichado indice de aflojamientos aponeuróticos, los suplicatorios, trinchera tras de la cual se defienden hasta los reos de delitos comunes, convirtiendo la inmunidad de la representación parlamentaria en intolerable impunidad á favor de una clase así indebidamente privilegiada; el indulto, que esteriliza los fallos de los Tribunales, á cuya virtualidad atenta, fomentando el mal ejemplo de otra impunidad igualmente nociva, pues no por venir el golpe de la mano de la clemencia deja de romper en pedazos la espada de la Justicia, y, en fin, otros y otros parapetos, resguardos, cobertizos, cobejeros y salvoconductos que, dentro de una legislación desquiciada por interpretaciones de enervante convencionalismo, contribuyen á tejer la espeseta de araña, en la cual se enreda lastimosamente el maltrato oficio de los encargados de perseguir, enjuiciar, acusar y condenar el crimen?

Para fortalecer este criterio, preciso es que se vigorice la vida del derecho en la atmósfera oxigenada del asentimiento general. Los Poderes oficiales son impotentes para propulsar la total renovación de la vida pública. En un célebre programa, que aun sigue siendo el señuelo de cierta agrupación predominante en Cataluña, se considera al «Estado como un artificioso mecanismo de odiosa oligarquía sin comunión de pensamiento ni de vida con el país». Y hay que declarar que si el Estado, como también se ha dicho, es sociedad por acciones, en la cual tienen participación todos los ciudadanos, conviene cuidar que á cada cual llegue el disfrute de su parte alicuota, sin dar sombra de verosimilitud ó fundamento á la queja de los que se supongan preteridos en el reparto.

Habrá entre los hombres rencores y disidencias mientras en vez de invocar tan á menudo el derecho, no practiquemos todos con más frecuencia el deber. Mientras una la complicidad en el delito y no se organice fuerte y poderosa la asociación del bien; mientras existan pasiones negativas del espíritu nacional, intransigencias, desconfianzas y pesimismos que debiliten la disciplina social y esterilicen todo intento de vida normal, tranquila y progresiva, ni la perturbación dejará de dominar en los espíritus, ni se contendrá la violencia ante las innovaciones generosas y reflexivas de las leyes. Pueblo grande no es el que se divide en atómicas disgregaciones que paralizan ó entorpecen su acción, sino aquél que, convergiendo en cordial comunidad