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Fundándose en que la «corrección» es el fin de la pena y en que existe una interna oposición de la fe cristiana con el derecho penal que incluye entre las penas legales, la pena de muerte, se ha pedido antes muchas veces y se ha pedido ahora también la abolición de la «última pena». ¿Se conseguirá ahora?

Pero se consiga ó no, bien saben nuestros ilustrados lectores, que los fundamentos que ahora se exponen para pedir la abolición de esa terrible pena no son tan irrefragables como muchos suponen. Porque el fin de la pena no es la corrección: el fin primero, principal, esencial de la pena, de toda pena, es la expiación del delito, habida la necesaria proporción para que la pena sea justa.

Ya decía esto el insigne maestro Fr. Alfonso de Castro, fundador en el siglo XVI de la «filosofía del derecho penal». He aquí sus palabras: «El malhechor debe ser juzgado digno de castigo, antes que se haya pensado en sacar de su «pena» alguna utilidad para él ó para sus conciudadanos». Y definiendo la pena dice que es «padecimiento» Poena est passio. Esto mismo enseñó más de un siglo después, el padre del moderno racionalismo, el famoso filósofo alemán Kant al decir que «el derecho de castigar es el derecho que tiene el soberano de afectar dolorosamente al súbdito por causa de la transgresión de la ley» y no dice que para corregirlo primero y principalmente, sino que dice es para restaurar el orden, el derecho, perturbado «por causa de la transgresión voluntaria y punible».

Por otra parte—y esto lo ha dicho recientemente el señor Montero Ríos (Rev. Penit. Tom. II, Entr. 4.a, pág. 193, Abril, 1905) «el Estado, cuya acción se caracteriza por la fuerza, no es, ni puede ser, una institución eficaz para obrar (la corrección) directamente sobre el espíritu libre é inteligente del hombre». Y por tal razón, afirma el señor Montero Ríos que los establecimientos penitenciarios «sirven para asegurar el castigo del culpable, pero no su corrección y enmienda».

En cuanto á lo que se afirma de esa interna oposición de la fe cristiana, etc., véase lo que dice Rohrbacher (Tom. I
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pág. 169 Hist. Gen. de la Igl.) apoyando su juicio en el libro por excelencia, la sagrada Biblia.

«Una de las causas que movieron á Dios á decretar el Diluvio parece que fué la ferocidad y los asesinatos de aquellos primitivos hombres. Para apartar á los nuevos de tanto horror, promulgó el Señor su ley: «Derramada será la sangre de cualquiera que derramare sangre humana». Aquí se ve ya dibujada en cierto modo la constitución natural de la sociedad humana. Dios, único dueño de quitar la vida porque es único dueño de darla, promulga la ley... Y no dice que se reserve el derecho de aplicar esa ley; pues entonces ¿á quienes manda que la mantengan en vigor? A los mismos ante quienes la promulga: á Noé y á sus tres hijos, únicos hombres que existían á la sazón, únicos cabezas de familia que había entonces... Mandó á cada uno de ellos (Eccl., XVII, 12) que cuidara de su prójimo, y por consiguiente que velara por su vida y castigara el homicidio. Mas ¿quién juzgará el caso? ¿Quién aplicará la pena? Natural es, que los mismos á quienes la ley fué entregada y la guardan en depósito.»

Y en el Nuevo Testamento, según el Evangelio (Math. XXVI y XXVII) constan estas palabras de N. S. Jesucristo, dichas al príncipe de los Apóstoles «los que tomaren espada á espada morirán» que parecen confirmación directa de la Ley Antigua: «Derramada será la sangre de cualquiera que derramare sangre humana».

Luego según esto, no se oponen el concepto cristiano de la «culpa» ni el de la expiación ultraterrena á la conservación en las leyes sociales de la «última pena».

La Asociación de la Prensa, establecida en Madrid, ha publicado un documento, que creemos deber insertar en estas páginas por que se refiere al duelo ó desafío y al proceder de la prensa en este orden de cosas. Dice así:

«En el domicilio de la Asociación de la Prensa, á 24 de Octubre de 1906, se reunieron 15 directores de periódicos de Madrid, con el propósito de atajar primeramente el abuso y
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luego el uso del duelo, por todos los medios puestos á su alcance.

•Á reserva de consultar á los demás, antes de tomar acuerdos definitivos, se planteó la cuestión, comenzando, como era natural, por el duelo entre periodistas, y se convino después en que, no sólo para los efectos gremiales, sino para los generales, podía y debía la prensa periódica ejercer una acción social, digna de su ministerio.

«Fueron reconocidas en principio:

1.º Las ventajas de suprimir ó reducir la publicidad que en el origen, curso y desenlace de los duelos viene prodigándose á los duelistas y á sus representaciones.

2.º La conveniencia de instituir un Tribunal de pares, capacitado para mediar á tiempo en las controversias que notoriamente derivan hacia la contienda personal, y para discernir más tarde ó en los casos imprevistos la causa y razón de cada uno de los contendientes.

«Esto afirmado, atendidas las observaciones que acerca del asunto se interpusieron, y hecha la declaración de que todo compromiso habría de ser voluntario, pues que sobre el libérrimo concepto individual del honor no cabe jurisdicción ni tutela, los congregados nombraron una ponencia formada por los Sres. D. Torcuato Luca de Tena, D. Clodoaldo Piñal y D. Alfredo Vicenti, encargándola de redactar unas bases que se ajustasen á aquellas proposiciones y que en nueva reunión general fuesen extensamente discutidas.

«La ponencia, que ha estado de acuerdo desde la primera entrevista, somete á la deliberación de sus compañeros el siguiente proyecto de bases:

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•Las noticias del lance de honor, tanto en su origen como en su curso, no se insertarán en sección aparte ni en forma tipográfica que á la simple vista reclame y cautive el interés de los lectores, sino en la sección ordinaria y correspondiente. Aparecerán en los periódicos como simples noticias, si el choque, en los comienzos ó en los fines, no ha teni-
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do consecuencias lamentables. Y como cualquier otro suceso vulgar, si las ha tenido.

• Queda totalmente suprimida la publicación de actas.

Tribunal de árbitros

«Se instituye un Tribunal de árbitros, formado por cinco periodistas y elegidos en votación secreta por la colectividad de directores de periódicos.

• Cada director solicitará para este fin y para todos los concernientes al duelo, la conformidad libre, voluntaria y espontánea de los redactores que trabajen á sus órdenes, y en manera alguna se opondrá al sentir de los que nieguen su adhesión y reivindiquen su independencia.

• Asumirá la representación de los primeros y dará cuenta, antes de procederse á la votación, de los nombres de los exceptuados, ya que éstos, por tal causa, no deben ser elegidos.

• El tribunal funcionará durante un año, y sus miembros podrán ser reelegidos una vez; pero transcurridos los dos años, no podrán volver á serlo hasta después del periodo de tiempo igual al de su anterior ejercicio.

• De año en año cesarán en su cargo dos individuos del Tribunal, los cuales, también en votación secreta, serán reemplazados por otros dos periodistas. La primera sustitución se determinará por sorteo; las restantes se efectuarán por turno.

• Son electores los directores de periódicos que se hayan adherido al acuerdo.

• Son elegibles todos los periodistas, incluso aquellos que pertenezcan ó durante varios años hayan pertenecido á la profesión, aunque no la ejerzan de momento en un periódico determinado.

Facultades y obligaciones del Tribunal

• Deberán ser las siguientes:
  1.º Intervenir amigablemente, en el instante opportuno, y dirigiéndose á las dos partes, á fin de que una controversia periodística no degene por el apasionamiento mutuo en contienda personal.
  2.º En los casos imprevistos invitar á los periodistas
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adheridos, que hayan nombrado ya padrinos, á que manifiesten á estos el voluntario compromiso de honor que con el Tribunal tienen contraído, á fin de que los padrinos lleven el asunto á consulta del referido Tribunal si no se lo impide su conciencia.

3.a En las cuestiones suscitadas entre un periodista y una persona de distinto carácter, hacer saber ó tener previa y públicamente declarado que el tribunal está dispuesto también á prestar sus buenos oficios.

4.a Y por último, aspirar constantemente, extremando la rectitud, que es madre de la autoridad, á que no solo la clase periodística, sino todas las clases sociales, enteradas de su funcionamiento y seguras de su justificación, acudan á él en los litigios que, por insuficiencia de la ley y por aberración de las costumbres, traen aparejado el duelo.

•De derecho, si los periodistas se le otorgan con poderes bastantes, el Tribunal de árbitros no conocerá sino de las cuestiones entre periodistas.

•Por deber, y con la esperanza de que tribunales análogos, instituidos á semejanza suya, lo ayuden en esta reparadora acción social, escuchará á todos los que le pidan mediación ó consejo.•

Salvando todos los respetos, y aplaudiendo la buena intención ó propósito que revela este documento tenemos que confesar que no nos satisface y que seguramente no será eficaz para extirpar de las costumbres el pecado y delito conjuntamente del duelo ó desafío, desde el momento en que se declara y reconoce el erróneo principio de que sobre el concepto individual del honor no cabe jurisdicción y tutela.

Á nuestro pobre entender, lo que debiera hacer la prensa, con relación al duelo y á los duelistas era denunciarlos siempre y en cada caso como denuncia otras transgresiones de las leyes; y también, expulsar de las redacciones de los periódicos á todos los que provocasen ó aceptasen desafíos. ¡Esto sí que contribuiría poderosa y rápidamente á acabar con la peste de los desafíos!

B. LÓPEZ CENTENO.

Tipografía de la REVISTA CATÓLICA.
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nión, porque no hay idea, y nada puede, porque no la mueve un impulso consciente, y penetrado de su libertad.

Para arrancar al espíritu público de ese fatalismo, cuyo resultado sería el marasmo absoluto, el quietismo nirucánico, sólo resta un despertador, un aguijón poderoso, es á saber, la suma y complejidad de intereses utilitarios correspondientes á la múltiple variedad de las imperiosas necesidades físicas. Todos los descarrios especulativos juntos son impotentes para acallar la voz y ahogar los apetitos de la parte más baja y tirana de nuestra naturaleza, y á sacar de su sitio y posición las cosas del mundo físico y sensible, suprimiendo las solicitudes que dirigen y los goces con que brindan á las facultades sensitivas del alma.

Pero ¿qué vale ni significa el apetito no iluminado por la inteligencia ni rectamente dirigido por la voluntad libre, subordinándolo al apetito racional y al bien honesto, propio de la naturaleza humana? Los intereses materiales, cuando la soberana armonía moral que los enlaza y concierta, cae derribada del alto solio adonde la elevó el Cristianismo, son como turba rebelde y anárquica, desenfrenada y ciega, que no sabe lo que quiere y que impone despóticamente variables y pasajeros caprichos tiránicos, mientras otra fuerza superior no la encadena y subyuga. Lo que son las ideas sueltas y discordes son los intereses diversos y encontrados, faltos de vínculo moral unitivo, elementos sin cohesión ni virtualidad alguna que veoan y se agitan sin propósito ni provecho hasta que otro interés, también privado de razón y de ética, pero con superiores recursos coactivos, lo paraliza y aun lo amordaza, si se le antoja.

Eso son hoy los gobiernos anticristianos; un interés omnipotente y avasallador que se alza sobre otros intereses disgregados y desvalidos, entre los cuales no hay garantía segura más que para una mínima parte de ellos, para los que son compatibles con las conveniencias y concupiscencias de la oligarquía gobernante.

Cobertera, é instrumento, á la vez, de tal tiranía son los partidos que nada social reflejan ni representan, sino sus propias ideas, y ni esto siquiera, sino sus torpes anhelos. An-
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tes eran los partidos lo extrínseco, aunque no lo ajeno, ni contrario á la opinión, y de ella, de su espíritu vital, recibían norma, autoridad y potencia; hoy simulan la opinión misma, sus ficticios y opuestos factores, los sumandos heterogéneos de una suma absurda é imposible. Esto significan una supuesta conformidad de pensamiento y acción políticos, una representación fingida del espíritu público, al que suponen dividido y repartido entre las mismas agrupaciones y fracciones que concurren á las Cámaras.

Y en un principio, en los fatales comienzos del gobierno representativo, estaba la opinión partida en dos, así en el Parlamento como en el pueblo, sin discrepancia grave y honda de ideas, ni gran pugna y barullo de intereses entre los partidos turnantes; pero, después, esa dualidad, en la mayor parte de las naciones, se ha diferenciado y desarrollado en varias agrupaciones, grupos y subgrupos. De modo que, si ni siquiera, podía decirse que había opinión, cuando se hallaba cortada por la mitad, mucho menos después de los fraccionamientos ulteriores que la han subdividido en más trozos. Y esto aparte de que, en los albores del nuevo régimen, la opinión verdadera estaba fuera de él, proscripta y perseguida, como aún lo está hoy, bien que más mermada y quebrantada cada vez.

Aun en aquellos países donde, hasta cierto punto, se mantiene la dualidad de los partidos gobernantes, en Inglaterra y España, por ejemplo, se necesita un exquisito cuidado de oportunismo para que aquélla no se rompa y desmenuce, sobre todo cuando las dos fracciones de la oligarquía perdieron la neta simplicidad y pureza primitivas, y son agrupaciones y coaliciones para el gobierno, como sucede en la Gran Bretaña con los dos partidos sucesores de los torys y de los wigs (1).

Por esto, porque no puede ya hablarse de una opinión

(1) En España esta dualidad se conserva más fácilmente por acuerdo y esfuerzo de los dos bandos turnantes, porque aquí son aun más artificiosos y falsos y no tienen con el pueblo relación ni contacto alguno.
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única, y hay que amoldarse, por fuerza, á las dos opiniones cuando menos, han hecho los tratadistas y políticos liberales de la necesidad ya que no virtud, principio y dogma de la política nueva; y de aquí la indispensable condición y requisito de los dos partidos como ruedas precisas é indispensables de la maquinaria, sobre todo si son dos para que marche más expeditamente el vehículo constitucional. Es que, á falta del amplio y popular ambiente en que se movían y respiraban los antiguos gobiernos cristianos, hay que habilitar con los partidos una atmósfera de respiración artificial.

ENRIQUE GIL Y ROBLES.
Catedrático de la Universidad de Salamanca.
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REVISTA CATÓLICA
DE LAS CUESTIONES SOCIALES

LOS COPIANTES DEL EXTRANJERO

Cuando hace algún tiempo entendieron ciertos políticos de profesión que para animar la política menuda de los partidos era preciso enardecer las pasiones, se olvidaron de que es muy fácil destruir un edificio por el fuego, y muy difícil reedificarlo después de destruido. ¿Con qué elementos contaban para la reedificación nuestros profesionales de los radicalismos de la política? En realidad tiene sus dificultades hallar una idea original en nuestros hombres del radicalismo. Hablan mucho de progreso, pero sus progresos consisten única y exclusivamente en importar de Francia modas científicas ó literarias más ó menos anticuadas. Si algún discreto averiguador de cosas que no importan mucho, se dedicara á buscar el génesis de los principios, doctrinas é instituciones presentadas aquí como novedades en las Cortes, en la prensa, en ateneos y sociedades, se vería por modo bien claro cómo ese progreso de que se habla no es otra cosa que traducción literal de mercancías traídas aquí hace cientos de años en algunos casos, rechazadas en otros casos por el buen sentido de nuestros mayores.

Quizás sea preciso en algunas ocasiones destruir leyendas más ó menos aclimatadas. El silencio puede convertirse en complicidad por lo que hace á las consecuencias que estas leyendas producen. Á buen seguro que, si aquí hubiese
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pena y deber, porque ha de comer el pan amasado con el sudor de su rostro, no hay ley alguna que le obligue á emplearse en un determinado trabajo, á servir con determinado amo, por lo cual, si abandona su ocupación ordinaria y se niega á prestar su trabajo en beneficio de determinado patrono, no falta á ningún deber, ni puede, por lo tanto, impedirsele que así obré. Á esto seguramente se objetará invocando los compromisos contraídos, la autoridad y fuerza obligatoria del contrato de trabajo que liga al obrero con el patrono y no le deja libertad para obrar contra lo que libremente ha consentido y aceptado, sin incurrir en cierta responsabilidad, ya que en ese supuesto existe una obligación contractual de continuar trabajando y no le es lícito al obrero, en su consecuencia, abstenerse de trabajar, ó sea, declararse en huelga. Para contestar á esta objeción empezaremos por reconocer existe en ella un fondo de verdad, porque es muy cierto que el que se obliga por medio de un contrato no puede librarse á sí mismo del compromiso contraído, pero debe tenerse también en cuenta que esto sólo sucede cuando el contrato es perfectamente válido, para lo cual se necesita que el consentimiento sea verdaderamente libre, el objeto lícito y lo convenido justo. De ahí que cuando existe sólo un consentimiento en apariencia libre, ó las cláusulas del contrato entrañan injusticia ó, en fin, versan sobre un objeto que no lo puede ser de la contratación, el contrato ni es válido, ni obliga por lo tanto y los contratantes quedan libres de cumplir ó no lo convenido (1). Según esto la huelga no pierde su licitud porque implique falta á un compromiso contractual si el contrato que se quebrauta no es contrato verdaderamente válido por adolecer de algún vicio de nulidad. Por lo tanto el obrero tiene derecho á la huelga aunque medie contrato de trabajo y por consecuencia de aquélla resulte el contrato violado siempre que á dicho contrato le falte alguno de los requisitos exigidos por el derecho para su validez, cosa

(1) En el número 139 de esta REVISTA, pág. 20 del tomo de 1906 al ocuparnos del contrato de trabajo tuvimos ocasión de demostrar la nulidad de muchos contratos de arrendamiento de servicios válidos en apariencia.
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que ocurre con bastante frecuencia (1). Del anterior razonamiento se infiere lógicamente que cuando el obrero haya celebrado un contrato de trabajo válido no tiene derecho á declararse en huelga mientras ese contrato conserve su validez y eficacia, y que si faltando al compromiso libre y válidamente contraído se declara en huelga obrará no sólo sin derecho sino contra derecho y la huelga por lo tanto no será lícita. Mas aunque ilícita la huelga en ese caso no será constitutiva de delito, pues no todas las acciones ilícitas son delictuosas ó criminales, aunque todas determinen cierta responsabilidad en sus autores. El deudor que voluntariamente retrasa el pago de una deuda obra ilicitamente, pero no delinque y esto sucede en general al que no cumple lo pactado que podrá ser compelido tan sólo á cumplir la obligación que contrajo y á indemnizar los daños y perjuicios que á su acreedor se hayan originado por su conducta. Eso es únicamente lo que puede hacerse con el huelguista. Ahora bien, como la obligación que el obrero huelguista deja incumplida es una obligación de hacer y «nemo precise ad factum cogi potest» no puede ser compelido á la fuerza á realizar su trabajo sino sólo á que costee la ejecución de lo que dejó por hacer, como así lo ordena de conformidad con los demás códigos civiles el art. 1.098 del nuestro.

Infiérese de cuanto hasta aquí llevamos dicho que la huelga, al menos dentro del régimen liberal moderno, es en ocasiones un deber, en muchas un derecho, en otras un acto ilícito que determina responsabilidad civil, pero nunca un delito. Esto último se evidenciará cada vez más á medida que avancemos en el curso de este estudio y desvanezcamos

(1) Al pensar de esta manera coincidimos con el parecer de economistas católicos de tanto prestigio como el P. Antoine, S. J. que en su «Cours d'Economie Sociale», pág. 432 declara legítima la huelga «cuando las condiciones del trabajo son desde su origen injustas para con los obreros. No obstante su consentimiento libre en apariencia, los obreros que, en realidad, sólo han aceptado tales condiciones, porque la necesidad les forzaba á ello, no están ligados por ellas; y mediante la amenaza de cesar inmediatamente en el trabajo, pueden exigir que esas condiciones sean modificadas hasta su conformidad con las exigencias mínimas de la justicia.
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ciertas confusiones que han sido causa de que algunos hayan incluido las huelgas de cierta clase, por lo menos, en el catálogo de los hechos punibles.

Consideremos ahora las causas ó motivos de las huelgas para mejor esclarecer la inconsistencia de la clasificación frecuente de las huelgas en lícitas y delictivas. En un principio obedecieron á la necesidad de conservar la vida, constituyeron el único medio de defensa contra las tendencias absorbentes del capital libre, pero bien pronto los triunfos obtenidos hicieron concebir ilusiones y esperanzas de mejora y se pensó en alcanzar, esgrimiendo el arma de la huelga, algo más que lo estrictamente necesario. Por fin, cuando se llega á la época de esplendor de las Trade-Uniones, de los Sindicatos y de toda clase de asociaciones obreras de resistencia, la huelga se presenta como un arma de más poder, los obreros se envanecen de ella y alzapríamos por las predicaciones igualitarias y de nivelación, aspiran á ejercer una verdadera tiranía en el mundo industrial, á que prevalezcan sus más extrañas é infundadas pretensiones, tan luego como reconociéndose con fuerzas suficientes creen poder imponer su voluntad caprichosa á la clase capitalista. De esta suerte, se piensa menos en el bien propio que en el mal ajeno y de cualquier cosa se toma pretexto para declarar la huelga y arrimar si es posible, ó al menos causar graves daños á la clase patronal. Dominados los obreros por la sociedad ó sindicato, dirigidos de ordinario por los más exaltados si es que no por «parásitos ambiciosos» «renegados del trabajo que no viven sino de agitaciones, miserias y ruinas» y que no tratan sino de «enervar al obrero por medio de continuas huelgas y sumirlo en la miseria á fin de excitar en él deseos subversivos, apresurando así la anhelada revolución que convertiría á estos apóstoles de hoy en nuestros amos de mañana», (1) los obreros se ven obligados, muchas veces sin saber por

(1) Palabras consignadas en un manifiesto dirigido á los obreros de Calais por la Unión social de los obreros libres de Lión citada por el señor Sanz y Escartín en su discurso pronunciado en el centro de obreros de Pamplona el 17 de Enero de 1904, publicado en esta REVISTA CATÓLICA pág. 98 del tomo de 1904.