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EL CONTRATO DEL TRABAJO

(Conclusión)

XVIII. A quién corresponde la solución de las cuestiones obreras. El individualismo y la reacción antíindividualista.—XIX. Qué incumbe al Estado.—XX. Funciones del Estado con respecto á la clase trabajadora.—XXI. Eficacia de la legislación social.

XVIII

Visto, en anteriores artículos, el actual estado de las cuestiones obreras, la existente tirantez de relaciones entre patronos y obreros, ocurre preguntar ¿deberá confiarse todo á la libre estipulación de las partes que intervienen en el contrato de trabajo? ¿Deberá tener el Estado alguna intervención, ó se confiará todo á la iniciativa de los particulares? Indudablemente no hay persona que teniendo fines sociales que cumplir no esté por lo mismo obligada á procurar la solución de las cuestiones obreras, desde el individuo por el que toda regeneración y reforma debe comenzar hasta la sociedad y muy particularmente el Estado que tiene no pocas ni insignificantes funciones sociales no sólo en el orden jurídico, sino en el económico, que son los dos principales órdenes en que las cuestiones de trabajo se presentan. Aunque lo frecuente sea esperarlo todo del Estado, encomendarle la solución de todas las cuestiones y pedirle el remedio para todos los males que se lamentan, no es ciertamente el único obligado á trabajar por la obra de la pacificación social. La acción individual, aunque por lo limitada no puede ser muy eficaz, es no obstante la primera que debe desplegarse, la raíz de todo movimiento social, pues sin las iniciativas individuales son imposibles las sociales que resultarán de la sin-
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tesis de todas aquellas y es completamente inútil toda acción del Estado si su buena obra se estrella ante la resistencia de los individuos aislados ó reunidos. Bien puede asegurarse que si el Estado nada puede y si la sociedad nada hace es porque el individuo no está capacitado para hacerlo ó malévolamente, que es lo más probable, se niega á ello. Antes que buenas leyes si prioridad puede establecerse entre dos cosas absolutamente indispensables para la vida, debe desearse espíritu de justicia en los que han de cumplirlas, pues de otra suerte serán aquellas siempre letra muerta. Por eso, una de las cosas que dado el estado actual de la sociedad, hay que apetecer muy de veras, es mucha propaganda de ideas conciliadoras, de sanas doctrinas verdaderamente educadoras que dispongan favorablemente el entendimiento y la voluntad de los hombres para el cumplimiento de los deberes impuestos por Dios á ricos y pobres y grabados indeleblemente en la conciencia de todos. Mas hoy el cumplimiento de los deberes sociales está muy descuidado, los órganos sociales intermedios entre el individuo y el Estado hoy casi puede decirse que no existen, y por eso toda la esperanza se cifra en la acción del Estado, que es por lo mismo la hoy más discutida.

Aunque de hecho y en la práctica se vé que el Estado va aumentando y ampliando cada vez más sus funciones, es lo cierto que en el orden teórico los que se ocupan del problema de la esfera de acción y fines del Estado no siempre encuentran justificada esa extensión de facultades, y tratando de cercenar muchas de esas funciones, pretenden contener la irresistible tendencia hacia una centralización abarbolante. No es de extrañar ésta si se considera que la acción del individuo y el Estado suelen estar en razón inversa, como colocadas en los opuestos platillos de una balanza que cuando el uno sube el otro baja, resultando que cuanto menos hace el individuo, más tiene que hacer el Estado. No es mi propósito desarrollar cumplidamente lo que ni aun siquiera puede ser capítulo de una especial rama jurídica, ó sea el aludido problema de los fines del Estado, pero es imposible prescindir de hacer algunas referencias á esa cuestión á fin
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de quedar sentados los fundamentales principios que á nuestro juicio deben servir como norma de toda recta intervención del Estado por medio de la ley en las cuestiones económico-jurídicas que el contrato de trabajo entraña.

Inspiradas en el individualismo pactista las modernas legislaciones, afirmaron una libertad abstracta que consideraron intangible, haciendo que la conducta del Estado fuera de sistemática abstención tanto en el orden económico como en el jurídico en general. (1) Al Estado, mero espectador y á lo sumo polizonte, le fué vedado mezclarse en la casi totalidad de los asuntos de la vida, los cuales habían de ser regidos exclusivamente por el individuo. La fórmula de este individualismo en el orden económico fué el laisser faire. laisser passer, ó sea el reconocimiento y consagración de una concurrencia absoluta, como única ley reguladora de las relaciones económicas, lo cual implica la condenación de toda ingenerencia del Estado ó gobierno, que es en sentir de Molinari «un mal necesario que importa suprimir en lo posible.» Pero los males de ese idealista individualismo habían de tocarse en la práctica y las funestas consecuencias de una libertad sin sentido ético y de una concurrencia sin freno habían de provocar violenta reacción, pasándose de un extremo al extremo contrario, de una aberración á otra aberración, de la omnipotencia del individuo á la omnipotencia del Estado, del sistema de la no intervención al de la intervención absoluta. De esta suerte hubo de trabarse reñida lucha entre el individualismo y el socialismo, sistemas ambos que pretenden sin acierto resolver lo que Proudhon llamaba la «antítesis entre el individuo y el grupo,» pues como observa Sales y Ferré «el socialismo y el individualismo contienen parte de verdad y parte de error». La verdad está en lo que afirman, el interés individual el uno, el interés social, el otro. El error en lo que niegan, cada uno lo que su con-

(1) Con mucho acierto observaba el Sr. Rodríguez de Cepeda que «hay en nuestros tiempos una tendencia y sentimiento general, que pudieramos llamar de superstición ó fanatismo de la libertad que no nos deja mirar con frialdad y apreciar detenidamente cuál es la naturaleza y cuáles los límites de la libertad.»
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trario sustenta. Ninguno de los dos pueden salvar á la sociedad, pero los dos pueden perderla. El triunfo del individualismo la disolvería, el triunfo del socialismo la asfixiaría. (1) Aun sin llegar al error socialista nótase una reacción contra esa libertad individualista y abstracta y se busca el medio de armonizar de la mejor manera posible, la libertad personal con los derechos de todos, pretendiendo llegar á ese «tercer período en el progreso de la libertad» de que habla Miréns, (2) ó sea una libertad armónica que sólo pretende subordinar la emulación y la concurrencia, sin excluirlas, á los principios de la equidad y de la justicia. Hoy se suele tildar de socialismo toda doctrina que condene la abstención sistemática del Estado á fin de evitar que suprimida la intervención de éste y aplicado rigurosamente el dejad hacer absoluto, todo sea objeto de presa, como dijo Bossuet, y así se llama socialismo católico á la doctrina económica que no es sino condensación lógica de los principios «esencialmente contenidos en la Moral y en el Derecho natural cristianos», sustanciosamente expuestos en la inmortal encíclica Rerum Novarum del glorioso Pontífice de los obreros. Lo cierto es que ya, gracias á la acción de esos reales ó aparentes socialismos la escuela individualista, clásica ó hortodoxa vá perdiendo sus adeptos y cayendo en el mayor de los descréditos, no tan sólo por sus manifiestos errores doctrinales, sino también por las funestas consecuencias de la aplicación de sus principios y por eso ya apenas hay quien por mantenerse fiel á las enseñanzas del padre de la economía, considere impasible é indiferente, esa lucha inhumana en la que los más débiles sucumben víctimas de la opresión y tiranía de los poderosos, mientras el Estado, órgano según se dice para el derecho y la justicia, presencia también inmutable la escandalosa consumación de innumerables injusticias. Esa economía que hizo del trabajo una mercancía y la lanzó al mercado, para que su precio se rigiera por la sola ley de la oferta y el pedido, formuló una justificación con apariencias

(1) Sales y Ferré.—Función del socialismo, discurso, pág. 22.
(2) Curso de Derecho Natural.
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de científica de todos los excesos del industrialismo moderno. Es natural, se dice, la ley de la oferta y la demanda; si la oferta es muchísima, el precio es poquísimo; si los brazos que piden trabajo son numerosos, su retribución será escasa, tal vez insuficiente para atender aun á las más apremiantes necesidades de la familia obrera; y sí, como consecuencia de esto, la miseria hace sus estragos y la muerte sus víctimas en la desvalida clase jornalera, no hay por qué estremecerse, que no ha hecho más que cumplirse una ley de la naturaleza. Según esto, mientras la esposa e hijos lloran en la más angustiosa pobreza la muerte del único sostén de la familia, víctima del exceso de trabajo á que le sometió la ambición desmedida de un amo sin conciencia, ya puede éste entregarse al goce tranquilo de los placeres con que le brinda su deslumbradora fortuna, sin que ningún remordimiento perturbe la alegría de su corazón, puesto que no hizo más que aprovecharse de las ventajas que le ofreció la ley natural del mercado de hombres, siendo sólo imputable aquellos tristes resultados, ora al infeliz que consintió en trabajar en unas condiciones notoriamente perjudiciales á su salud, ora á la casualidad que dispuso de tan fatal manera las condiciones en que el trabajo había de prestarse; pero nunca al avaricioso amo que pagó mezquino salario á sus obreros, que les hizo trabajar sin descanso día y noche, en locales reducidos, respirando un ambiente nocivo en continuo peligro de perder la vida, etc., etc. ¡De qué manera una pseudo-ciencia económica, al erigir en ley natural y justa la absoluta libre concurrencia, ampara y proteje las más enormes injusticias y los más vergonzosos crímenes! puesto que como ha dicho Ruskin (1) «aprovecharse de la desgracia de un hombre para obtener á precio vil su trabajo ó su propiedad, es la forma comercial del robo.» Natural será esa dura y odiosa ley, pero no por eso debemos olvidarnos de sus infelices víctimas. Natural es la enfermedad, y sin embargo todos tratamos de evitarla y combatirla. Nos preocupamos

(i) Citado por Sanz y Escartín en el prólogo á la obra de D. Alfonso Ruiz «El contrato de trabajo.»
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de las víctimas de ciertas leyes naturales y una falsa ciencia preten de nos olvidemos de las que hacen las leyes económicas. También en el orden económico es precisa una terapéutica, ya que en la fisiología del organismo social, como llamó Roscher á la economía, caben sus desarreglos, estados anormales y patológicos, que porque sean naturales no deben dejar de preocuparnos. El Estado, no único médico, pero sí uno de los llamados á procurar el remedio, no debe cruzarse de brazos ante la gravedad alarmante del enfermo sociedad.

XIX

Si el Estado ha de responder cumplidamente á la misión que se le asigna de ser el órgano para el cumplimiento del derecho, es evidente que no puede limitarse su papel al de mero polizonte, mantenedor del orden (léase statu quo actual), sino que debe poner obstáculos á la consumación de toda injusticia, procurar la reparación de las cometidas, secundar las buenas iniciativas, prestando eficaz ayuda al necesitado de ellas, unas veces directa y otras indirectamente, garantizando una igual libertad jurídica á los contratantes, pero no caiga en la tentación de considerar iguales al ilustrado que al ignorante, al hombre que al niño, á la mujer que al hombre, al rico, en fin, que al pobre. De igual suerte que sin caer en privilegio odioso, ayuda al niño y al ignorante puede y debe ayudar al pobre cuando contrata con el rico, á fin de que no sea una pura ficción el consentimiento y pueda por lo tanto ser el contrato válido. No tema imponer ciertas restricciones á los derechos, que para ser dignos de respeto deben contenerse dentro de racionales límites, no consagre jamás el bárbaro jus abutendi y haga en lo posible efectivos los deberes sociales que sean jurídicamente exigibles y graven toda la propiedad; procure, en fin, que el derecho se cumpla espontáneamente, más no lo abandone en absoluto al libro arbitrio de los individuos.
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XX

Las funciones del Estado con respecto á la clase trabajadora, acertadamente (1) las clasifica Santamaría de Paredes en jurídicas, benéficas y patronales.

Ya nos referimos á éstas al hablar del arrendamiento de servicios públicos; no nos incumbe hablar de las segundas y sólo hemos de hacer ahora especial mención de las primeras. Indudablemente es en la contratación donde se pide una libertad más completa, tocando solo al Estado garantizar el cumplimiento de lo libremente estipulado y de ahí que á propósito del contrato de trabajo se diga no tiene aquél nada que hacer sino respetar los libres convenios entre patronos y obreros. En esta afirmación, verdadera en la apariencia, se oculta un fondo de injusticia. Cierto es que no debe haber nada más libre que la contratación; mas esto no quiere decir que la conducta del Estado deba reducirse á dar validez y hacer efectivo todo lo contratado, incluso se halle consignado en público documento, pues no faltarán ocasiones en que lo escrito no sea sino apariencia de contrato al parecer suscrito libremente, siendo así que tuvo lugar bajo la presión de las más angustiosas necesidades lo cual en casos generales no es difícil de apreciar, puesto que hay cláusulas que de no ser en las más tristes circunstancias jamás se suscribirían. Hay que buscar, pues, una libertad efectiva en los contratos, no meramente una libertad abstracta, con la que algunos se contentan, y decimos abstracta porque ¿en rigor puede afirmarse que el que suscribe en un contrato de préstamo su ruina, obra libremente?, ó que es libre el infeliz obrero que apremiado por atormentadora hambre, tiene que pasar, porque otro remedio no le cabe, por las horcas caudines de un codicioso patrono; trabajar dia y noche en condiciones antihigiénicas y en constante peligro de su vida por un irrisorio jornal? En rigor tan libres son esos infelices que por librarse de un mal presente consienten en su segura y no lejana ruina como el caminante que en medio de la jornada se

(1) El movimiento obrero contemporáneo.
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vé sorprendido por atrevido salteador al que por salvar la vida tiene que entregar la fortuna entera que consigo lleva, quedándose en la más espantosa miseria. Al contrato en que se imponen á una de las partes las durísimas cláusulas aludidas no debe por tanto reconocérsele validez y el Estado si no quiere hacerse cómplice de una injusticia y proteger una inmoralidad deberá negar la tutela judicial al que en el contrato representa la parte poderosa, declarando de antemano nulos semejante clase de contratos en los que hay infracción terminante del deber perfecto que á todos obliga de no enriquecerse en perjuicio de otro con ganancia desproporcionada. Hay otra razón más que justifica esa conducta del Estado. El derecho de la vida, según enseñan los tratadistas de derecho natural, comprende el conjunto de condiciones de que depende la conservación de la vida en la integridad de sus funciones y órganos y exige no tan sólo el respeto de la vida ajena, sino además la abstención de todos aquellos actos que vayan enderezados contra la propia, consecuencia de existir no sólo un derecho á la vida sino el deber de conservarla, que será irrenunciable. Síguese de aquí que si alguno se comprometiese á la realización de algunos actos atentatorios á la propia vida ó salud no será exigible el cumplimiento de ese compromiso, y el consentimiento, aunque fuera realmente libre, sería completamente inútil. Ahora bien, si el Estado debe proteger la vida de un ciudadano, debe protegerle en toda la integridad de este derecho y por lo tanto contra los malos designios y la imprevisión de los individuos, y como uno de los casos en que con más frecuencia se da esa imprevisión es al celebrarse el contrato de trabajo, de ahí que con respecto á éste debe mostrar singular solicitud. Para ello, y por la misma razón que puede y debe ordenar el derribo de un edificio ruinoso deberá ordenar el cierre de una fábrica que no reuna las debidas condiciones de higiene y seguridad, y por la misma razón también deberá prohibir los trabajos que sean notoriamente peligrosos y determinar en otros las condiciones en que han de ser realizados, declarando desde luego nulo todo compromiso de trabajar si por él se infringiese aquella prohibición ó se faltase á estas prescrip-
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ciones. Siendo notoriamente perjudicial el trabajo nocturno de la mujer y de los niños podrá prohibirlos, y siendo sumamente peligroso, pero necesario, por ejemplo, el trabajo de las minas ó de construcción de edificios, habrá de permitirlo, pero especificando las precauciones que han de adoptarse, y para mejor garantir, en fin, todo, especialmente en aquellos puntos olvidados en la legislación, podrá atribuir cierta responsabilidad al empleador en los accidentes del trabajo á fin de que de esta suerte tenga un más marcado interés en evitarlos. Así el Estado vendrá á coartar en cierto modo la libertad de contratación, pues si establece, por ejemplo, que necesariamente responde el patrono de los accidentes que ocurran en su fábrica, mientras no pruebe que tuvieron lugar por imprudencia y culpa del obrero, claramente se prohíbe toda otra cláusula en contrario é implicitamente se declara nula la de que incumbirá al obrero para percibir la indemnización, la prueba de que el accidente ocurrió por desidia del amo; y si se prohíbe el funcionamiento de una fábrica mientras las máquinas no estén rodeadas de los correspondientes aparatos protectores, implicitamente también se niega validez á la cláusula ó contrato en que un obrero se comprometiese á trabajar fuera de esas condiciones. De esta suerte se vé que no hay necesidad de que se haga un examen detenido en cada caso de las condiciones del contrato y calcular por ellas si el obrero consintió ó no en ellas libremente; no hay necesidad de casos concretos, pues al legislador le basta observar la vida, ver cuales son las cláusulas más frecuentes en los contratos, considerar cuáles son insoportables y consentidas poco menos que á la fuerza, y declararlas nulas, negando por consiguiente acción judicial para reclamar su cumplimiento si no fuera de temer el abuso, si la experiencia no enseñase que un contrato que como todos debe ser otorgado con libertad completa, ha sido suscrito bajo el apremio de una angustiosa necesidad, si, en fin, no se repitieran los contratos en que se falta á los deberes de humanidad y de justicia, entonces no habría inconveniente en reconocer la más absoluta libertad para celebrarlos; pero como lo que sucede es precisamente todo lo contrario de ahí que lo
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dejado á la libre estipulación de las partes tenga que ser cada vez menos, y de ahí que deban determinarse en la ley una serie de obligatorias cláusulas de aceptación forzosa para los otorgantes, haciéndose así una reglamentación bastante detallada del contrato de trabajo. Ya lo dijo el Pontífice León XIII en su Discurso á la peregrinación de obreros franceses de Octubre de 1889: «no es absolutamente necesario que el poder público se ocupe de la situación de los obreros, cuando el trabajo y la industria están de tal modo reglamentados que no sufran menoscabo la moralidad, la justicia, la dignidad humana y la felicidad doméstica del obrero. Pero desde que ha sido atacado alguno de estos bienes, ó esté en peligro de serlo, el Estado debe intervenir porque á él corresponde proteger y guardar los intereses de sus súbditos» (1). Teniendo en cuenta que esto es exigencia de la justicia y consejo de la conveniencia social, la mayor parte de los Estados modernos, con aires de novedad, no siempre ciertos, van saliendo de la sistemática abstención en que por algún tiempo permanecieron, obedeciendo á eso las numerosas leyes de industria que van dictándose en todos los países. El legislador español, que hace algunos años ha iniciado aunque sin la suficiente perseverancia, la tarea de dictar leyes sobre el trabajo, debe acometer con decisión la monumental obra de las reformas sociales, no con un criterio socialista, siempre funesto, sino de verdadera conciliación entre los elementos productores, buscando en nuestra olvidada legislación lo aprovechable, copiando de otras extrañas lo que siendo bueno tenga aquí aplicación y dictando las disposiciones nuevas que las especiales circunstancias del país reclamen. Bien sé que la labor no es fácil ni exenta de inconvenientes; intereses lastimados aunque indignos de respeto levantarán vigorosas protestas contra las leyes protectoras del trabajo; razones de interés nacional se alegarán

(1) El mismo Pontífice en su encíclica Rerum Novarum insiste sobre la misma idea al decir que «los límites (de la intervención) los determina el fin mismo por el que se apela al auxilio de las leyes: es decir, que no deben éstas abarcar más ni extenderse á más de lo que demande el remedio de estos males ó la necesidad de evitarlos.»
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REVISTA CATÓLICA
DE LAS CUESTIONES SOCIALES
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contra ellas, y vergonzosa apatía, en fin, las convertirá en letra muerta. Por eso es preciso en el legislador prudencia y energía inquebrantable; lo primero para no dictar medidas intempestivas, poco meditadas y en completo desacuerdo de la realidad, y lo segundo para vencer los obstáculos que sin derecho ni razón alguna traten de levantar gentes poderosas, haciendo llevar á la práctica, sin contemplaciones ignominiosas las medidas aceptadas y traducidas en leyes. Para lo primero y no dar palos de ciego, poniendo tal vez en grave riesgo la naciente industria nacional, deberá el legislador hacer un detenido estudio de la vida, de las condiciones en que se desarrollan y viven las industrias dentro de su nación, la situación de los trabajadores y todo lo demás concerniente al régimen del trabajo, para lo cual deben organizarse bien la estadística y la información, por medio de institutos especiales. Para lo segundo, y evitar que, cual ha sucedido en España en la ley sobre trabajo de niños y mujeres, las leyes sean burladas y quebrantados sus preceptos de la manera más pública y ostensible, deberán establecerse enérgicas sanciones y al mismo tiempo una inspección esmerada que evite y denuncie las trasgresiones de la ley.

XXI

Contra las leyes sociales, protectoras del trabajo y del trabajador se ha hecho repetidas veces el conocido argumento de la inutilidad por la imposibilidad ó casi imposibilidad de evitar y reprimir las trasgresiones á causa de haber innumerables modos de eludir la ley por ser numerosas sus trampas y difícil ejercer una inspección suficientemente eficaz. Este argumento de la fácil trasgresión de las leyes sobre trabajo no es muy de tener en cuenta porque si lo fuera habría que concluir con la inutilidad de toda legislación, puesto que no hay ninguna que con más ó menos facilidad no pueda eludirse. Mas hay que tener en cuenta que la eficacia de la ley positiva no se reduce solo á su íntegro cumplimiento por voluntaria y espontánea sumisión al mandato legislativo y no hay que olvidar la eficacia educadora de la ley que siempre ejer-