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que ese precio no es el precio del trabajo sino el del mueble ya acabado siendo por tanto éste y no el trabajo el objeto del contrato. En cambio, cuando con una cuadrilla de segadores, por ejemplo, se conviene que éstos harán la siega de las mieses de una extensión determinada de terreno por un tanto cierto hay un verdadero contrato, no de compraventa, sino de arrendamiento, por lo cual ese tanto cierto no representa el valor de las mieses ya segadas sino el del trabajo de los que la segaron. Hay una especie de arrendamiento de obra, seguramente la que con más frecuencia tiene lugar, que ocupa una como situación intermedia entre las especies que venimos estudiando; me refiero á la construcción de edificios por contrata, caso en que, por regla general, el contratista ó empresario pone todos los materiales menos el suelo, que lo suministra el que encarga la obra. En este caso especial, no se dá en mi sentir contrato de arrendamiento sino de compraventa, siendo lo comprado el edificio construido sobre suelo ajeno que puede decirse se cedió temporalmente por el dueño al contratista de obras para que sobre él levantara el edificio que de antemano le compró. Al expresarnos así lo hacemos en el terreno del derecho constituyente, pues con arreglo á la legislación positiva establecida en nuestro código civil interpretado por nuestro Tribunal de lo Contencioso no cabe exponer semejante doctrina. La sentencia dictada por dicho Tribunal en 3 de Marzo de 1894 declara que si el contratista se obligó á construir determinado número de edificios siendo de su cuenta el suministro de materiales y todos los demás gastos de construcción debe estimarse el contrato como arrendamiento de servicios según expresamente lo autoriza el art. 1688 del Código civil, y tal contrato no debe estimarse como transmisión de bienes inmuebles á los efectos del pago de derechos reales. El caso sometido al Supremo Tribunal de lo Contencioso es un caso clarísimo de venta de edificios, sin que esto sea impugnar la sentencia en cuestión que no negamos está en perfecto acuerdo con la doctrina del Código civil, pero que desde luego sostenemos no lo está con los principios generales ya expuestos y que se nos presentan con incontroastable evidencia. De to-
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Romero Grande Hermanos.
J. Salvador Pillat.
J. Teófilo Sevilla.
J. Vicente Julia Pascual.

Señores Farmacéuticos

Alfonso Tarragona.
Amalia Ana López.
Antonino R. San Pedro.
Antonio Cabrera.
Constantino Herrero.
Enrique Meneguez Díaz.
Evaristo Núñez.
Francisco Trives.
Gregorio Gómez Roma.
Jacinto Baranguan.
Jesús Canahal.
José García Braga.
José M. Sanz Loscos.
José Bureda y Lliteras.
Juan B. Canales.
Juan del Campo.
J. Estrada Muñoz.
Juan Fernández López.
Juan Guarro y Robusté.
Juan Vivas Pérez.
Leandro Ortiz de Zárate.
Lorenzo Aguilar.
Mariano Moya.
Mauro Palomero Carretero.
Pedro A. Pizá y Serra.
Pedro Rivera.
Quirino de Pinedo.
Rafael Gutiérrez Bisternes.
Rafael Sánchez.
Ricardo Almagro Puigt.
Roberto Moreno Villena.
D. Tomás Caro-Patón.
Tomás Manzano.
Vicente Serraga Montañés.

Señores Industriales

Gallego.
Liberto Rodríguez.
Otilio Pajares.
Antonio Casados.
Antonio Madrigal.
Antonio Manresa.
Armelo Echevarría.
Armelo Velert.
Antor Álvarez Viejo.
Iego Carrillo Ruedas.
Menéndez Hermandos.
Evaristo Amoroto.
Edérico Aluhana.
Elías Herrero Caballero.
Francisco F. de Tejerina.
Francisco Pacheco.

Sr. D. Fructuoso Gómez.
Sr. D. Francisco Rivas.
Sr. D. Germán Avamburu.
Sr. D. Gorgonio Zuza.
Sr. Hijo de Jacinto Calshua.
Sr. D. José Álvarez.
Sr. D. José Carreira e Hijos.
Sr. D. José Duarte.
Sr. D. José Gallardo Fernández.
Sr. D. José García Humot.
Sr. D. José Hoya.
Sr. D. J. de Muller.
Sr. D. José Pazos.
Sr. D. José Soler.
Sr. D. Justo Rodríguez.
Sr. D. Juan Antonio Alonso.
Sr. D. Juan Espinoz.
Sr. D. Juan Fernández Peña.
Sr. D. Juan Rougian.
Sr. D. León Miquole.
Sr. D. Luis Díaz.
Sr. D. Manuel Vigil.
Sr. D. Martín Avila.
Sr. D. Mateo Ibboni.
Sr. D. Melchor López Peña.
Sr. D. Pedro de Larondo.
Sr. D. Pedro Padilla Espinosa.
Sr. D. Ramón Vidal.
Sr. D. Ricardo Pérez González.
Sr. D. Sabino Acelat.
Sr. D. Sangio Conejo.
Sr. D. Vicente Fernández.

Señores Ingenieros

Sr. D. Alejandro Izquierdo.
Sr. D. Angel Gimeno.
Sr. D. César Iglesias, de minas.
Sr. D. Eduardo Argenti, Civil.
Sr. D. Eduardo Elío de Lalaíve.
Sr. D. Eduardo J. Abela, Químico.
Sr. D. Enrique Narraju, Jefe de Minas.
Sr. D. Enrique Vilaplana.
Sr. D. Eugenio Saguler.
Sr. D. Evolito María Doría.
Sr. D. Gabriel Puig y Larraz, Jefe de Minas.
Sr. D. Fernando Barón, de Caminos.
Sr. D. Honorio Hernández Agero, Civil.
Sr. D. Jesús Girinda.
Sr. D. José Allende.
Sr. D. José E. de Olano.
Sr. D. José Gaytan de Ayala, de Caminos.
Sr. D. José Llovera.
Sr. D. José M. Tartiere.
Sr. D. José Matías Gómez, de minas.
Sr. D. José Prieto Franco, de Montes.
Sr. D. José Tellez, Agrónomo.
Sr. D. Juan Fatjó, de Caminos.
Sr. D. Justo Vilar, de Caminos.
Sr. D. Luis Molini Ulbarri.
Sr. D. Luis Villar, de minas.
Sr. D. Manuel Sana Brenón.
Sr. D. Nicolás Rodríguez Sanz, de Caminos.
Sr. D. Pedro Octavio de Toledo, Geógrafo.
Sr. D. Ricardo Sacuz de Cenzao, Propietario.
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do lo dicho á propósito del arrendamiento de obra síguese que no existe tal especie de arrendamiento puesto que, lo que corrientemente se ha venido conociendo con esa denominación, es una verdadera compraventa de cosa futura y que por lo tanto el contrato de trabajo existe allí donde se preste un determinado servicio en beneficio ajeno, pagado en cualquiera forma, siempre que la cantidad convenida para el pago represente sólo el valor del trabajo que se preste ó haya de prestar y no el de la cosa elaborada por ese trabajo. Por esto, las disposiciones contenidas en la sección de arrendamiento de obras por ajuste ó precio alzado, se deberán llevar unas al capítulo que se ocupa del contrato de trabajo, sección del trabajo á destajo ó con salario por unidad de obra ó tarea y otras al capítulo de la compraventa, sección de venta de productos futuros.

Para terminar el estudio de las especies de contrato de trabajo, que venimos examinando hemos de hacer mérito de la clasificación que suele hacerse por la condición de las personas que intervienen en el contrato de trabajo, según sean simples particulares ó bien sea uno de los contratantes alguna entidad ó corporación pública, existiendo en el primer caso prestación de servicios privados y en el segundo prestación de trabajos ó servicios públicos. Tres clases de servicios de esta índole deben distinguirse: 1.º servicios públicos obligatorios como es el del ejército organizado sobre la base de ser obligatorio, 2.º servicios públicos contratados por subasta y 3.º servicios públicos en que el empleado es directamente nombrado por la autoridad competente. Prescindiendo del primer caso, por no haber en él contrato, ya que el deber que obliga á la prestación de esos servicios tiene un fundamento distinto del contrato, nos limitaremos á hacer reflexiones sobre las otras dos especies de servicios públicos. En cuanto á los servicios contratados por subasta, hemos de dejar sentado que le son aplicables las reglas del contrato de prestación de trabajos privados; pues la forma de celebrar el contrato no altera en nada la naturaleza de este y por eso los contratantes, que serán por una parte el Estado, la provincia ó el municipio, y por otra el concesionario, deberán
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AYUNTAMIENTOS DE ESPAÑA
PROTECTORES BENEMÉRITOS DE ESTA REVISTA (1)

Excmo. Ayuntamiento de Madrid, Alcalde Presidente, Excmo. Sr. Marqués de Lema.
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, Alcalde Presidente, Sr. D. Fernando Checa.
Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, Alcalde Presidente, Excmo. Sr. Marqués de Casa-Bernucla.
Ilmo. Ayuntamiento de Mieres, Alcalde Presidente, Sr. D. Manuel Gutiérrez.
Ayuntamiento de Villanueva del Fresno, Alcalde Presidente, Señor Don José Rodríguez Infante.
Excmo. Ayuntamiento de las Palmas, (Gran Canaria), Alcalde Presidente, Excmo. Sr. D. Miguel Navarro Sotino.
Ayuntamiento de Cuacos, Alcalde Presidente, Sr. D. Gregorio Pérez Cañano.
Ilmo. Ayuntamiento de Villanueva de Castellón, Alcalde Presidente, Señor D. Fernando Uheros.
Ayuntamiento de Santa Eulalia de Cabrera, Alcalde Presidente, Sr. D. José María del Llano Junco.
Excmo. Ayuntamiento de Vich, Alcalde Presidente, Sr. D. José Soler Aleo.
Ilmo. Ayuntamiento de Peñes de San Pedro, Alcalde Presidente Sr. D. José María R. de Vera.
Ayuntamiento de Piedrahueva, Alcalde Presidente, Sr. D. Juan M. González.
Ilmo. Ayuntamiento de la fidelísima ciudad de Ceuta, Alcalde Presidente, Sr. D. Francisco Larín.
Ilustre Ayuntamiento de Nava del Rey, Alcalde Presidente, Sr. D. Lucas Cruzado.
Ayuntamiento de Torrecampo, Alcalde Presidente, Sr. D. Bruno del Rey.
Ayuntamiento de Cartelle (Orense), Alcalde Presidente, Sr. D. Castro Castilheira.
Ilustre Ayuntamiento de Plasencia, Alcalde Presidente, Sr. D. Pedro Irigoyen.
Ayuntamiento de Villarreal (Castellón), Alcalde Presidente, Sr. D. Manuel Gumbar.
Ayuntamiento de Illas, Alcalde Presidente, señor D. Fructuoso García.
Ilustre Ayuntamiento de Navas del Marqués, Alcalde Presidente, Sr. D. Cirilo L. Yagüe.
Ilmo. Ayuntamiento de Estrada, Alcalde Presidente, Sr. D. Manuel Oajide.
Ilustre Ayuntamiento de Jimena de la Frontera, Alcalde Presidente, Ilmo. Sr. D. José M. "de la Rivas
M. I. Ayuntamiento de Agreda, Alcalde Presidente, Sr. D. Emilio Jiménez.
Ayuntamiento de Puebla de D. Fadrique, Alcalde Presidente, Sr. D. Oscar Fernández.
Ayuntamiento de Cella, Alcalde Presidente, señor D. José Lanuza.
Excmo. Ayuntamiento de Tuy, Alcalde Presidente, Sr. D. José Germánio Ozores.
Ayuntamiento de Cabúñiga, Alcalde Presidente, Sr. D. Fidel Díaz.
Ayuntamiento del Castillo de lo Guardas, Alcalde Presidente, Sr. D. Francisco Javier Infante de Arteaga.

(1) Los Ayuntamientos podrán dar noticia de los cambios de los Árres. Alcaldes Presidentes para hacer las oportunas rectificaciones.
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HISTORIA DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
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Se publica en cuadernos de 32 páginas, al precio de dos reales cada cuaderno. Administración: Calle Rodríguez San Pedro, núm. 9, (antes San Rafael, barrio de Pozas).

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Á PRIMA FIJA
DOMICILIADA EN LA CIUDAD DE BARCELONA
Y CONSTITUIDA CON UN
Capital social, de 5.000.000 de pesetas
Dirección general: Plaza de Santa Ana, núm. 9

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
PRESIDENTE
Excmo. Sr. D. Juan Maluquer y Villadot, Senador del Reino, Abogado y Propietario.
VOCALES
Sr. D. Luis Fernández de Alós y de Martín, Marqués de Dou, Abogado y Haciendado.
Sr. D. José Ferrer-Vidal y Soler, Ex-Senador del Reino y Propietario.
Sr. D. Manuel M.ª Pascual de Bofarull, Abogado y Propietario.
Sr. D. Luis Llamana y Arenas, Abogado y Propietario.
Excmo. Sr. D. Agustín Vilamata y Vilaseca, Senador del Reino, Fabricante y Prop.º
Sr. D. Luis Ferrer-Vidal y Soler, Ingeniero, Fabricante y Propietario.
Sr. D. Gaspar Rosés y Arús, Abogado y Haciendado.
DIRECTOR GERENTE
Sr. D. Tomás de Aquino Boada y Borrell, Abogado y Propietario.
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LA UNIÓN ESPAÑOLA
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Agencias en todas las provincias de España
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Seguros sobre la vida    Seguros contra incendios

CASA DEL ANDORRANO
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SUCURSALES: BILBAO Y GIJÓN
ANTONIO LAFONT
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SEÑORES CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO

BUENOS AIRES. (República Argentina), D. Francisco de P. Oller, calle Belgrano, 1.658.

CUNCA. (República del Ecuador), D. Vicente Aguilar P., Presbítero.
GUAYAQUIL. (República del Ecuador), D. Virgilio B. Drouet, Agente de Libros y Periodicos. Apartado de Correos 132.
LAMBAYEQUE. (Perú), D. Z. E. Louise Montjoy.
LA PAZ. (Bolivia), Sres. Palza Hermanos, Librería, Ayacucho 12-14.
MEDELLIN. (República de Colombia), Sres. Abraham Moreno Hermanos, calle de Bolivar 16.
MÉXICO. D. Juan Buxó, Librería Madrileña.—D. Trinidad Sanchez Santos, Director del diario El País. San Andrés, 8.
MONTEVIDEO. (Uruguay), D. Luis Ottado, (Librería Católica) calle Uruguay, 147.
ORURO. (Bolivia), D. Criepin González, Presbítero.
PORT OF SPAIN. (Trinidad), D. Evaristo J. Montenegro.
PUJACAYO. (Bolivia), D. Belisario Senz.
QUITO. (República del Ecuador), D. Ricardo A. Ruiz, Abogado.
RIOBAMBA. (República del Ecuador), D. José Félix Gallegos M.
SAN JOSÉ DE COSTA-RICA. (América Central), D. Antonio Lehman. Librería Católica.
SAN SALVADOR. (América Central), D. Fernando Ayala, Escribano público.
SALVATIERRA. (México), Presbítero, Dr. D. Cayetano Núñez.
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ajustarse á las bases establecidas en los pliegos de condiciones que hacen las veces de escritura del contrato y á los principios generales de derecho contenidos en los códigos civiles, referentes á las relaciones entre empleador y empleado. Esto no obstante, la necesidad de asegurar la mayor imparcialidad en las subastas de servicios públicos y de evitar conveniencias para cometer verdaderos fraudes, exige se adopten ciertas precauciones, llevando algunas modificaciones no tan solo á la forma del contrato—que siempre que fuere posible y tratándose de servicios públicos debiera adoptarse la de subasta en pliego cerrado,—sino también en cuanto á la capacidad para contratar servicios ó sea para tomar parte en esas subastas, declarando algunas más incapacidades, como por ejemplo, la de los funcionarios que hayan intervenido ó deben intervenir en la formación de los respectivos expedientes. Por lo demás, como la prestación de los servicios públicos debe ajustarse á las reglas que el derecho civil establece para el contrato de trabajo, los pliegos de condiciones, deberán respetar aquéllas establecidas por la legislación privada, imponiéndose á los contratantes la necesidad del descanso dominical, la proscripción del trabajo infantil y de la mujer, la duración de la jornada de trabajo, la forma y todo lo referente al pago de los jornales, lo relativo á los accidentes del trabajo, etc., etc., pues todas estas medidas protectorias del trabajo, se deben aplicar siempre allí donde exista un contrato de servicios aunque estos se llamen públicos. La tercera forma de contratación de los trabajos públicos, que es la más frecuente y la que tiene lugar en los servicios de empleados, ejército voluntario, trabajadores de los arsenales públicos, encargados de la limpieza y ornamento de las poblaciones, personal afecto al servicio de incendios etc., etc., es indudablemente la que guarda más analogía con el contrato de prestación de trabajos privados, representando en esos casos á una de las partes la autoridad competente que hace el nombramiento de los trabajadores, que presta su consentimiento en la correspondiente credencial, entregada á los interesados, los cuales al aceptar el nombre-
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REVISTA CATÓLICA
DE LAS CUESTIONES SOCIALES

PROBLEMAS DE "INTERVENCIONISMO,"

(Continuación)

Whitley y los latifundios

IV

Á Whitley más que la reforma financiera le preocupa el problema social que hay detrás de ella, como se deduce de las siguientes palabras que el Sr. Maeztu transcribe en el artículo citado en el número anterior: «En un país en que toda la tierra está acotada por los llamados propietarios, aunque vastas extensiones permanezcan yermas, todos los hombres tienen que pagar por el derecho á vivir ó á trabajar en ellas. La facultad de obtener beneficios no depende del derecho á usar la tierra, sino del derecho á impedir que otros la usen. La cantidad del beneficio depende de la parte que el productor puede dar por el permiso de ser tal productor. A medida que la población crece y progresa la civilización, las condiciones son más desiguales y onerosas y ocasionan el fenómeno de que aparezcan ricos ociosos en un extremo de la sociedad, y pobres sin trabajo en el otro.»

Aunque del párrafo trascrito parece deducirse que el título moral de la propiedad es el trabajo, y consiguientemente que el agricultor tiene derecho á él en tierra ajena no tra-
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Las Cooperativas de consumo, para poder ser un instrumento de transformación social, deben ser católicas (1)

Si las cooperativas de consumo han de corresponder á los elogios que de ellas han hecho sus panegiristas, y á las esperanzas que en ellas han cifrado muchos sociólogos, no basta que sea grande el número de socios, ni que los organizadores y directores sean personas entendidas, de buena fé, de suficiente abnegación para trabajar desinteresadamente en bien del obrero; es preciso además que todo vaya informado por el espíritu católico: que sean católicos los cooperadores, ó por lo menos, la mayor parte de ellos; católica la Sociedad Cooperativa; católicas todas las instituciones que de ella dependan. Con razón dijo un cooperador inglés (2) en uno de los Congresos de Rochdale: «El espíritu religioso es necesario aun para el esfuerzo colectivo. La cooperación no obtendrá mejor éxito en una nación sin Dios, que en una nación sin cultura intelectual. Los hombres sólo se consideran hermanos, cuando se creen hijos de Dios: tal es la razón de las relaciones que necesariamente existen entre la cooperación y la religión».

(1) Tenemos singularísima complacencia en reproducir aquí un hermoso capítulo del libro Cooperativismo católico que acaba de dar á la estampa el sabio Jesuita é infatigable apóstol de los obreros Reverendo P. Antonio Vicent. Recomendamos á los lectores que adquieran esta interesante obra que derrama mucha luz sobre las ideas modernas de cooperación y que por lo que tiene de práctica para la solución del problema obrero debe ser estudiada por cuantos dedican sus esfuerzos á la acción social católica.

El libro Cooperativismo católico es una joya más de la literatura sociológica contemporánea, digna del renombre del celebrado autor de Socialismo y Anarquismo y del Manual de las Escuelas de Reforma social. Utilísimo complemento de dichas obras ha de contribuir poderosamente en la esfera de la práctica á la restauración del organismo social para bien de todas las clases.—N. de la R.

(2) Citado en Le XXme Siécle, Mayo de 1893.
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A nadie podrá causar extrañeza que nos apartemos en esto de muchos autores españoles y extranjeros, que no cesan de proclamar como principio fundamental, que en la cooperación se debe prescindir en absoluto de religión y de política. Por lo que toca á la política, claro es que estamos conformes; porque tal como solemos entenderla en España, es el virus ponzoñoso que esteriliza las más nobles y fecundas empresas; pero en ninguna manera podemos adherirnos á los que quieren que se haga caso omiso de la religión.

Que las asociaciones de obreros, para que sean provechosas, hayan de ser católicas, es cosa que no admite ningún género de duda; las que no lo sean, podrán dar á los obreros un poder que muchas veces ejercerán en daño propio; podrán proporcionarles, cuando más, algunas ventajas materiales, como disminución de trabajo, aumento de jornal ó economía en los gastos; pero ¿qué importa al obrero haberse hecho rico con la ayuda de la asociación, si por falta de su alimento propio, corre peligro de perderse su alma? (1) ¿Y qué puede esperar la sociedad de unas asociaciones, que sin mejorar el estado moral del obrero, no harán más que fomentar su ambición, que, como la de todos los hombres, nunca dice basta, y cuanto más tiene, más anhela y procura tener?

Lo que decimos de las sociedades obreras en general, es aplicable de un modo particular á las cooperativas; porque, ó estas sociedades tienen únicamente un carácter mercantil, y en este caso no pasan de ser sociedades individualistas como otras cualesquiera ó aspiran á algo de mayor trascendencia en el orden social; y entonces, ¿cómo podrán ser buenos los fines que se propongan, ó cómo los podrán realizar, si por ventura lo son, privadas del espíritu católico?

Las cooperativas patronal-obreras, ni siquiera podrán existir en esas condiciones; porque el único lazo bastante fuerte para unir estrechamente á ricos y pobres, es la caridad cristiana, que en vano pretenden muchos sustituir hoy con ese tan cacareado altruismo, cuyos prodigios no hemos visto hasta ahora, y seguramente tardaremos mucho en ver.

(1) Su Santidad León XIII, Enénclica De conditione opificum.