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en Rusia el Zar Alejandro III dió la ley de 1890 por la que prohibía la usura bajo penas gravísimas, declarando nulos y de ningún valor los contratos usurarios y estableciendo contra los usureros la pena de deportación á la Siberia; en Inglaterra la ley de 8 de Agosto de 1900 llega á determinar los casos en que los prestamistas pueden contraer una responsabilidad criminal; en Austria las leyes de 19 de Junio de 1877 y 28 de Mayo de 1881, en Alemania las de 24 de Mayo de 1880 y 19 de Junio de 1893 y en Suecia la de 14 de Junio de 1901 salen también al encuentro de los escandalosos abusos de los prestamistas.

En el orden doctrinal está igualmente desautorizada la teoría de la libertad de los préstamos y cada vez cuentan con más partidarios las leyes contra la usura y la tasa del interés que siempre han de reportar las dos ventajas positivas que señala Gianturco de contener á los usureros timidos y negar la tutela judicial al derecho de los más audaces. Se observa que los que figuran en las filas más avanzadas del derecho reclaman las medidas contra la usura. Así Menger sostiene que «ampliando la aplicación de las leyes sobre la usura se mejoraría jurídica y moralmente la posición de cada individuo pobre, precisamente en aquellas circunstancias en que, su situación económica, le amenaza con ponerle en las condiciones de mayor angustia.» El argumento más repetido contra la tasa es el de la inutilidad que, exactamente, puede hacerse contra toda clase de leyes, pues ya dice el adagio que quien hizo la ley hizo la trampa; pero prácticamente se ha demostrado que lo que ansían entusiastas defensores de la restricción del interés ha sucedido y al argumento de razón puede agregarse el de experiencia, pues como señala Azcárate (loc. cit.), la estadística de Austria y Alemania demuestra que si no en todos los casos «se logró lo bastante para justificar las leyes en cuestión, puesto que próximamente tuvieron aquella aplicación en la mitad de los casos reclamados». Aunque esto no hubiera ocurrido, aun podríamos decir con Posada: «¿qué puede, en suma, perder la moral de las sociedades con que las leyes se inspiren en tendencias más profundamente justas? Nada, y en cambio pue-
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de ganar mucho. Realmente, cada disposición legal que contiene el sacrificio de un interés del que puede, en beneficio del necesitado y que, por tanto, supone, teóricamente al menos, un paso en el pensamiento del legislador, hacia el reconocimiento libre, voluntario, del derecho indefenso, si no determina desde luego la práctica y positiva consagración de tal derecho, por lo menos implica la posible desaparición de un obstáculo, por pequeño que sea, de tantos como existen en las leyes mismas para que se haga efectiva la fusión plenamente humana de las clases sociales, hoy en pie de guerra y acariciando un porvenir de luchas*. Pero es el caso que las medidas contra la usura no sólo son convenientes sino además necesarias, no sólo responden á una exigencia de la realidad sino también de la justicia. El fundamento de las leyes contra la usura y de la tasa del interés, no es tan sólo el deleznable, aunque atendible, de la conveniencia social sino, como dice Gil y Robles, «el deber perfecto de no enriquecerse en perjuicio de otro con ganancia desproporcionada, que es un despojo efectivo de la otra parte contratante, y la obligación que tiene el Estado de imponer con sanción un deber moral y jurídico á la vez, cuando la triste experiencia haya demostrado que no bastan las demás sanciones á contener y reprimir la usura, y que el amparo de la justicia del débil contra la iniquidad del poderoso es medida tutelar exigida por las circunstancias».

Mas no se crea que nosotros nos conformamos con que en las leyes se limite el interés ó se confie la determinación prudencial á los tribunales en cada caso, como quiere Azcárate. No pueden satisfacernos plenamente las leyes contra la usura, por muy perfectas que sean, pues ni negamos la posibilidad y mil medios que hay de eludirlas, ni por otra parte puede sernos grata su aplicación, como no nos es grato, ni muchísimo menos, sino altamente doloroso, ver aplicar la ley penal al delincuente, por más que jamás protestemos de la justa aplicación de la pena. ¡Ojalá que las leyes penales cayeran en desuso por falta de delincuentes á que aplicarlas! Esta debe ser la aspiración de todos y no el dejar impunes los delitos. Es decir, debemos aspirar á la supresión del de-
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lito en lo cual vá envuelta la inaplicación de la pena, pero no á la supresión de ésta que deja que crezcan los delitos y queda sin satisfacer la justicia. Por eso aunque tengamos gran confianza en la eficacia de las penas justas debemos preferir el empleo de otros medios para llegar al mismo resultado, optando, siempre que las circunstancias lo permitan, por la higiene antes que por la medicina, y de ahí que no debamos contentarnos con hallar un enérgico medicamento, y debamos aspirar siempre al empleo de los más eficaces preservativos. La higiene social, como la individual, debe ser objeto de muy detenido estudio y sus preceptos deben ser fácilmente observados y por eso los medios higiénicos de preservar de la usura y de concluir con ella tienen, á juicio nuestro, una importancia inmensa y merecen ser muy bien estudiados y puestos en práctica, pues harán desaparecer el mal sin acudir al remedio (pena) siempre de aplicación dolorosa.

Con el detenimiento que merecen los estudiaremos, Dios mediante, en otros artículos.

LEÓN LEAL RAMOS.
Doctor en Derecho.
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CUESTIONES DE REGIONALISMO

IV

No hay autor liberal, por individualista que sea, que no refute con argumentos casi idénticos á los de la ciencia antigua los absurdos y paradojas del Contrato; pero en los principios, en los fundamentos de la tesis inicial se quedan, y de ahí no pasan, la crítica y la refutación, manteniéndose en pié, dominando casi en absoluto en toda la sociología y en la política, así teórica como práctica, las consecuencias de la doctrina pactista. Todavía en la especulación lo mismo que en las constituciones y en las leyes, y desde los códigos que llaman fundamentales hasta los códigos civiles apenas se disputa á Rousseau un imperio de que sólo podían derrocarle la restauración del pensamiento tradicional y la reconquista que lenta y trabajosamente y no en días ni en años, sino en siglos fuera logrando en la ciencia y en la vida, que, en reedificar no tardan las generaciones y las edades menos de lo que emplearon en levantar las fábricas que el tiempo, la incuria y la culpa minaron y que en un momento deshizo y pulverizó la Revolución.

Es que siempre será Rousseau en frente de las filosofías, de las sociologías y de las políticas antipersonalistas, el autor que, dando en el extremo opuesto, endiosó la personalidad humana, convirtiendo la humana libertad limitada, desigual y relativa en libertad absoluta de todo individuo, igual á cualquiera otro é independiente de todos los demás. Y aunque la consecuencia de individualismo tan absurdo fué el socialismo que ya quedó señalado en el artículo anterior, al fin y al cabo, contra él se revuelve el sofista, presumiendo que del conjunto social reivindica y recobra el individuo otro tanto que lo que enajenó en el todo, y recuperando cada sujeto la soberanía inmanente é inalienable que, mediante el voto, ejercita, en uso de funciones ú ordinarias ó consti-
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su acción en el mundo. ¿Quién puede desconocer que aun hoy perdura en las escuelas la influencia de Platón y Aristóteles, de San Agustín y Santo Tomás? ¿Quién puede dudar de que todavía viven en sus efectos sociales, jurídicos y aún artísticos Grecia y Roma, por ejemplo?

Evidente es que no puede ser igual en su influencia la acción de Aristóteles sobre la humanidad que la de un pensador adocenado; ni la de Grecia y de Roma sobre las sociedades modernas, que las de los trascaltecas y mejicanos de la época del descubrimiento de América sobre los Estados que existen actualmente en lo que fué territorio de la Nueva España. Evidente es también que de ordinario, la acción de las grandes colectividades, cuando es honda ha de serlo naturalmente en mayor grado que la de los individuos. Mas no puede desconocerse, por otra parte, que se dan individuos, casi todos los autores de los más grandes inventos, que dejan más huellas de su paso por el mundo que muchas colectividades.

Sin embargo, preciso es no perder de vista que en la obra de la civilización del mundo, como en casi todas las obras grandiosas de la humanidad, han trabajado principalmente tres factores: el individuo, la sociedad y el Estado. El individuo ha trabajado ya por iniciativa propia, ya arrastrado por el medio social en que ha vivido, ya obligado por el poder público. La sociedad ha trabajado casi siempre estimulada en los comienzos de su acción, por iniciativas individuales, y en ocasiones por la acción externa de colectividades diversas. Por lo que hace al Estado, evidentemente su acción capital ha sido la conservación del orden en la sociedad, determinado por el derecho, y la coacción para el cumplimiento de la ley de parte de aquellos que no la cumplen voluntariamente. ¿Cuál de estas acciones es la más natural para la formación de relaciones entre individuo é individuo, entre unas y otras colectividades, entre uno y otro Estado? Indudablemente la que nace de la naturaleza misma de las cosas; la que brota espontáneamente en el seno de la sociedad, sancionada luego, ó al menos consentida por el Estado, ya respondiendo á iniciativas individuales, ya por movimien-
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tuyentes de una nueva sociedad civil. El liberalismo individualista de la Revolución tiene un carácter todavía humano en el mal sentido de la palabra, como humano es el orgullo y el non serviam; bien que desnaturalizado, por soberbia-mente enaltecido, el libre albedrío subsiste y flota en medio de la borrasca que desencadenó; pero en las filosofías monis- tas el hombre desaparece; y aunque intelectuales y pensado- res se avengan á esta anulación—meramente especulativa, por supuesto—de la persona, nunca se resignarán las gentes al papel de células del hiperzoario social, y mientras se las declare con derecho al voto soberano, de que nunca despoja- rá al pueblo ningún liberalismo, ese voto no podrá fundarse lógicamente en monismo alguno, porque á nadie le ocurre que sean las células las que dispongan á su arbitrio de tegi- dos y órganos, y arreglen, á su antojo, las superiores funcio- nes cerebrales. Va el mundo camino de una servidumbre so- cialista ejercida por parlamentos, ó por dictadores, cuando surjan hombres de arrestos y empuje suficientes á simplifi- car el artefacto tirano de pública esplotación, pero dictado- res y parlamentos mandarán y oprimirán en nombre y re- presentación del pueblo soberano, llamando libres á los mis- mos siervos, sin que á los opresores les pase siquiera por las mientes tratar de buscar y fundar títulos en el panteísmo ó en el positivismo materialista, ni cohenestar el despotismo con lucubraciones de Schäffle ó de Espinas.

V

Por esto, y en tanto que perduren la soberanía popular y su natural consecuencia la representación individualista y numérica, es decir, el pacto, y con él la composición ató- mica de la masa social, todos los conatos de restauración orgánica no pasarán de pueriles ilusiones ó de indignas super- cherías, sin más valor que pegaduras en la letra de la ley, sin resultado ni efecto alguno en la realidad y en la prácti- ca, lo mismo cuando estas agregaciones provengan de un doctrinarismo que carezca de filiación filosófica, y hacia el pasado vuelva de mala gana la vista oscurecida por el error,
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para buscarle correctivos y apuntalar lo que cuartéó el sofisma, que cuando el naturalismo sociológico y político se dirija á una filosofía propia y suya en demanda de base y sistemática orientación.

Los doctrinarios no han tratado de subir tan alto; se han limitado á imitaciones y arreglos sacados del antiguo régimen sin tomarse el trabajo de ver si eran ó no compatibles con la política nueva y susceptibles de soldadura á ella, imaginando acaso que, para el propósito, bastaba cualquiera clase de mixtura, aunque no se incorporaran los ingredientes. De la misma manera que agregaron el antiguo órgano soberano, la monarquía, al nuevo, el parlamento, sin pensar que incompatibles en sistema, uno tenía que estar anulado y sujeto al otro en la práctica, así también cayeron en la cuenta de que había que restaurar la vida corporativa y pegar de cualquier modo la representación orgánica á la representación individual, aunque esto fuera menos eficaz y posible que lo otro. Porque, al fin, la monarquía puede rehacerse habiendo dinastía y persona, y en las naciones donde la revolución ahondó poco y no pasó de la superficie constitucional la mudanza, sobreponerse la realeza á las nuevas asambleas ó cuando menos contrarrestar su acción con el prestigio y poder de la jefatura unipersonal del Estado; pero, después de desarticulado y deshecho el organismo social, obra de los siglos, no se le improvisa en un día sin más que decretarlo en una constitución ó en cualquiera otra ley orgánica, por haberse apercibido de que hay que poner puertas al campo, que á esto equivale la ilusión de atajar el torrente devastador del sufragio moderno ó tratar de encauzarlo por el canal corporativo.

Y el éxito ya se ha visto en los ya no pocos años que tienen de fecha las ingerencias orgánicas, que datan del año 76 del pasado siglo en la Constitución, en la ley electoral del Senado de un año después, y de 1890 en la del Congreso, llamada del Sufragio universal. Buena prueba de ello es el resultado de la representación universitaria en la Alta Cámara. Si alguna Corporación podía haber dejado sentir su influjo parlamentario, es la Universidad, la cual, aun despojada
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no sólo de su autonomía, sino de su existencia, independiente y convertida en oficina científica del Estado, todavía reúne en su seno personas que, por su cultura y su inamovilidad cuentan con sobrados elementos para que renazca, á pesar de los hierros que aprisionan á la Escuela, el espíritu corporativo. Debían formar los senadores universitarios una fracción que, sin abdicar de sus ideas ni limitar su cooperación á los asuntos de la Universidad, los mirara, sin embargo, con especial interés, debiendo ya, al cabo de veintiocho años de presencia en el Senado, haber impreso una benéfica influencia y señalado honda huella en la legislación del ramo, más necesitado que otro alguno, aunque no fuera más que de poda y ordenamiento, porque es mucho pedir libertad al liberalismo y descentralización verdadera al Estado moderno. Pues en efecto, esos representantes en todo han pensado menos en la especialidad y en el carácter orgánico de su mandato, y se han limitado á proceder como perfectos liberales ó conservadores, hablando ó votando (más lo segundo que lo primero) según ha convenido á las miras de los respectivos partidos no contrarias, seguramente, á las particulares y propias (1).

Y por supuesto; esa misma Constitución que ingirió en el artículo 20 el elemento corporativo, para nada se acordó de las regiones en la ley orgánica del Senado, donde se desarrolla el precepto constitucional, porque son las Diputaciones provinciales, con los compromisarios de los Ayuntamientos y mayores contribuyentes de los pueblos, los que eligen á la máxima parte de los senadores que no lo son por derecho propio, ó nombrados por la Corona (art. 2.º de la ley de 8 de Febrero de 1877). Si el conato de restauración orgánica hubiera sido algo más que una simulación ó un alarde pueril de erudición política y de sabiduría y prudencia gubernamentales, ninguna ocasión más propicia para un intento restaurador de la vida regional, trasladando á las regiones el dere-

(1) Solamente un señor senador, enviado por la más histórica y célebre de nuestras Universidades, se ha señalado en la Cámara, como fuera de ella, por bizarras iniciativas en favor de... los judíos. ¡Pobre, pecadora Escuela!
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cho de elección que indirectamente ejercen las provincias por el conducto y medio de sus diputados con la adición de los compromisarios concejiles y de los mayores contribuyentes de los pueblos. (1)

Difícilmente, dentro del régimen liberal-constitucional, pudo mostrarse más sincero anhelo de contribuir al renacimiento regionalista, ni tomarse medida de mayor trascendencia y eficacia, como punto de partida de otras reivindicaciones autonómicas en la esfera de gobierno interior de las regiones. A la estimación que así se las demostraba y al deseo de restituirlas, en cuanto posible fuera, vida y autarquía, juntábase la ventaja de adelantarse á las legítimas as-

(1) Cualquiera averigua la significación orgánica y el carácter corporativo de los mayores contribuyentes, que no son ya los mayores señores, sino los mayores ricos, quiero decir, los ricos de la localidad,—y aún esto es dudoso—los cuales ni siquiera representan un efectivo principio conservador, aún entendido al modo doctrinario.

El título III de la Constitución y la correspondiente ley orgánica, son los más curiosos ejemplares de complicado método misto de formación de la Alta Cámara, sin que sea fácil descubrir la finalidad, como ahora dicen, del amasijo y amontonamiento de ingrediente inglés francés y belga en las más complicadas combinaciones de aristocracia, burocracia, plutocracia y democracia (embolada y capitidisminuida), sufragio directo, indirecto voto de sociedades incompletas y de sociedades completas, sufragio de inteligentes y de ricos. Más que cúmulo de rutinarias é inconscientes cautelas abogadiles parecen título y ley entreterrimiento de muchachos listos y constitucionales, ateneístas y académicos de la de Jurisprudencia que ensayan y ejercitan sus propios talentos jugando á la Constituyente y aguardando el día de consumar los inevitables estropiezos legislativos, como padres ó abuelos de la Patria.

No me explico cómo Cánovas, á quien no puede negarse cumplido magisterio en estas materias y amplia ciencia de estadista, consintió tan embarazosa é innecesaria urdimbre, á no ser que fuese para dejar lucir á su entonces colega y correligionario Alonso Martínez toda la riqueza de recursos y expedientes de su acreditada jurisprudencia. O acaso fué que, convencido de lo que van significando y valiendo las Cámaras altas, entendió que tanto montan métodos puros como mixtos y que lo mismo había de sopar el instrumento, fuese sencillo ó fuese complicado, y que no era cosa de perder la ocasión de que se admirase dentro y fuera el precioso artefacto de la industria doctrinaria.
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piraciones regionales, previniendo las desmedidas exigencias y desarmando al separatismo que se disfraza con máscara de autonomía. En el seno de esa asamblea podían fomentarse no este ni el otro regionalismo, sino todos, y concertándose entre sí, armonizarse también con la unidad y en la solidaridad de la patria común; y se lograría, al mismo tiempo que simplificar la constitución del Senado, iniciar el carácter íntegra y verdaderamente orgánico que tiene la alta Cámara en los países federativos (los Estados Unidos, Suiza, Alemania), y aligerar el peso de la burocracia centralista, distinguiendo en las leyes lo que es de incumbencia nacional y lo que corresponde más bien al interés, cuidado y celo de las regiones; por ejemplo, el encabezamiento tributario y el contingente militar.

Se argüirá que en esas naciones tienen las regiones verdadera personalidad; que en Alemania son Estados semi-independientes, y que en las dos repúblicas, la europea y la americana, los cantones y los estados han mantenido, apesar del crecimiento del estatismo en todas partes, una amplia y poderosa autarquía; en una palabra, que esas son federaciones formadas y consolidadas por la historia; mientras que aquí intento y labor no podían pasar de una desconcentración tan bien intencionada como se quiera, pero impotente, al fin, para improvisar organismos muertos y fundar sobre ellos una verdadera representación. Esto es, nos argumentarán tal vez con nuestras propias razones.

Convenido; pero ¿acaso tienen más personalidad las Universidades, las Academias, las Sociedades económicas que llaman de Amigos del País, y que, por cierto, necesitan desarticularse, para la agregación numérica regional prescrita por la ley? (Art. 1.º) ¿Hay quien se atreva á afirmar sin duda ni vacilación que son las provincias más comunidades naturales que las regiones? ¿Por ventura, una representación corporativa ha de fundarse en sistema tan fraccionario y heterogéneo como el de la ley de 1877, que atribuye el mismo derecho electoral á sociedades incompletas que al Concejo y á la Provincia, como si la sociedad nacional se compusiera inmediatamente lo mismo de unas que de otras so-
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ciedades, y no por un orden jerárquico de menos á más y de inferior á superior, que es el mismo con que ha de organizarse armónicamente la representación de manera que sean las regiones el órgano representativo pleno y directo en la asamblea federativa? Y nada quiero decir, ni hay para qué, de los fracasados conatos de ingerto corporativo en la misma ley electoral del Congreso que restablecía el sufragio universal, cuya filiación pactista no es posible desconocer ni suprimir.

No se le ocultará al lector que discurro en los términos y dentro de la hipótesis del nuevo derecho y de la actual situación política de las naciones; porque no la alta Cámara, sino la baja, la de la representación nacional común, es el natural ásiento del mandato corporativo, que á través de las otras asambleas públicas inferiores debiera ir condensando y concertando todos los intereses de personas y de clases, para elevarlos, ya integrados y armonizados, desde la región, por medio de los diputados regionales, á las Cortes federativas. Pero ya que esto no sea posible en los modernos sistemas, ya que el Congreso sea el obligado órgano de la soberanía nacional, y la más nueva orientación constitucionalista traslade á la alta alta Cámara el elemento corporativo, que sea al menos el de las corporaciones inmediatamente integrantes de la sociedad nacional, y no de otras que, por lo mismo que no la forman directamente, tampoco pueden ser vehículos directos de representación. Ya que no se puedan improvisar federaciones, que al menos se las imite, con algún resultado beneficioso, mediante toda la desconcentración compatible con sistemas esencialmente centralistas. (1)

Para ello, bueno hubiera sido que al frente del título X de la Constitución (De las Diputaciones provinciales y de los Ayuntamientos), se hubiera escrito no sólo que habrá dipu-

(1) Hasta los políticos de los partidos tradicionalistas han incurrido en el error de la representación gremial, no para Ayuntamientos, que es donde procedería, sino para el Estamento popular, donde no la ha habido ni debe haberla, por no ser los gremios los inmediatos factores de la nación, ni, por consiguiente, el órgano representativo nacional.