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corporación se la ama como á una familia. Ahora bien, esto es contrario al interés del Estado al cual las corporaciones harían concurrencia, y esto podría dar á los unos algunas ventajas sobre los otros; cosa contraria al principio de la igualdad.» Por esto dice muy bien Taine: On découpe géométriquement la France comme un damier.

En efecto; la sociedad ya no es un organismo de miembros jerárquicamente enlazados y coordinados armonícamente; es una colectividad, un agregado numérico, una masa que se divide aritméticamente y mecánicamente como place al poder, representante de la voluntad general; y á esta distribución matemática de la muchedumbre corresponde la partición del territorio en porciones geométricas, sin tener para nada en consideración y cuenta el hogar de las antiguas sociedades públicas, á cuya personalidad había asignado la historia el solar correspondiente como á las familias sus respectivas casas.

Con tales teorías y prácticas era tan incompatible la subsistencia regional, como la de la provincia y la del pueblo y como la de la misma familia que, si no desapareció, reduciéndose á una subdivisión del concejo; á un encasillado numérico de individuos municipales, es porque la naturaleza no consiente hasta tal extremo que el absurdo la combata y hiera, y no deja que el sofisma, loco y tirano, consume la demolición social hasta arrancar la primera hilada y disolver el cimiento del edificio.

La enemiga del liberalismo atómico y uniformista es aun mayor que contra las provincias contra las regiones, no sólo porque las necesita menos para sus fines de absorvente burocracia é invasor centralismo, sino porque tuvieron en el antiguo régimen personalidad más señalada y poderosa en razón de la autonomía ó de la absoluta independencia que disfrutaron, como asiento de verdaderos Estados y naciones y solar de razas históricas, y por lo que un sano y vigoroso renacimiento regionalista puede comprometer, restaurando las legítimas y más pujantes libertades, la obra del despotismo y de la tiranía liberal. Las regiones no son necesarias ni útiles para la nueva maquinaria gubernamental, antes
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»obligada á proveerles del objeto de sus goces, sino que sus »facultades tengan libre campo para conquistar lo que ha de »constituir su dicha» (1).

Para el anarquismo la autonomía individual es intangible é inviolable; es arca santa á la que no pueden extender su mano impura la autoridad ni la ley, sin cometer horrible sacrilegio. Sólo el individuo, y nadie más que él, absolutamente nadie, tiene derecho á juzgar de lo que es capaz, de lo que necesita ó le conviene, y nadie puede impedir que lo ejecute. «No, exclama con indignación el autor antes citado: »no, el individuo no debe aceptar restricciones á su desarrollo, no debe sufrir el yugo de ninguna autoridad, sea cual fuere el pretexto en que se apoya. Sólo él está en circunstancias para juzgar qué necesita, de qué es capaz, y qué puede serle nocivo» (2).

Calcúlese ahora si serían flojos y de poca monta los conflictos que esta soñada autonomía habría de suscitar en las agrupaciones libertarias. Supongamos, por un momento, establecido y consolidado el régimen anarquista. En esta suposición, ó no existirá para nadie deber alguno, y en tal caso viviremos en pleno salvajismo, ó, si alguno existe, será muy escasa su influencia en la conducta privada del individuo y en sus relaciones sociales. Porque, ¿quién ha de juzgar de este deber, ó exigir su cumplimiento? Si la voluntad individual es libérrima é intangible; si cada uno de nosotros ha de decidir, sin que nadie tenga derecho á intervenir en este juicio, de lo que conviene ó se debe hacer; si, en fin, el libre querer individual es la única regla de conducta, ¿cómo evitareis que la voluntad prevalezca y se sobreponga al deber, si, como frecuentemente ocurre, el deber y la voluntad están en pugna y se hacen inconciliables?

Es que, replican los anarquistas, el hombre del porvenir no será comparable al de los tiempos presentes: el sano ambiente de la sociedad libertaria le trasformará poco á poco, le infundirá paulatinamente sentimientos, costumbres y há-

(1) J. Grave, obr. cít. tom. 1 pág. 183.
(2) Ibid. pág. 211.
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bien embarazarían, si es que no imposibilitaban su nocivo funcionamiento.

Así es que de la misma manera que la Revolución francesa sustituyó la natural y orgánica división histórica, por la repartición geométrica de territorio y gente en departamentos administrativos, las revoluciones y constituciones inspiradas en los principios del liberalismo atómico y abstracto distribuyeron de igual modo país y población en análogos círculos burocráticos, sin otro fin é intento que el del más fácil gobierno para la única autoridad que se alza sobre la multitud, el Estado.

En efecto; «el art. 10 (de la Constitución española de 1812) expresa la composición regional del territorio español, enumerando los Estados de que se formó la España continental y la ultramarina; aunque sin nombrar la palabra región ni hacer referencia alguna á su autarquía. En el artículo siguiente amenaza á esta distribución orgánica histórica del territorio con una división más conveniente del territorio español, por una ley constitucional luego que las circunstancias políticas de la nación lo permitan (1). Todo el Título VI (Del gobierno interior de las provincias y de los pueblos) así en su capítulo I (De los Ayuntamientos) como en el II (Del gobierno político de las provincias y de las Diputaciones provinciales) manifiesta que el Estado omnipotente crea una nueva organización municipal y provincial, á su antojo, y según su pensamiento idealista y apriorístico, sin tener más cuenta de la realidad presente, al hacer la ley constitucional, que de las circunstancias futuras, cuando se le antoja modificarla ó abrogarla. Aquí la descentralización consiste en conceder más ó menos facultades, en encargar mayores ó menores atribuciones á esos organismos, de los cuales se ha conservado el que no puede menos de existir, el concejo, y el que por ser histórico y hoy principalmente burocrático, hace y deshace el legislador cuando le place, la provincia.»

Por esto, han adoptado igual norma y seguido el mismo

(1) Mi «Tratado de Derecho político... tomo 2.º, página 89 y 90.
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rumbo, todas las constituciones informadas, si no en la teoría del pacto, cuyos principios ya nadie acepta, en sus consecuencias prácticas y en el estado y hábito social y político que han creado, es á saber la directa composición social de individuos, no de sociedades; de átomos, no de órganos, y el derecho de la única autoridad pública, el Estado, á manipular la masa, á tratarla por modo matemático como á colectividad puramente numérica. Lo mismo se hace con el territorio, no en concepto, también orgánico, de solar de las varias sociedades constitutivas del todo nacional, sino como mero asiento contínuo é indiviso de la multitud asociada contractualmente, y en el cual puede y debe el soberano practicar el encasillado más uniforme y proporcionado que le sea posible, para encajar en él como en un gran cuartel ó un gran hospicio, dividido en compartimientos, la suma ó agregado en que consiste la población nacional.

Subsisten las provincias, no porque sean sociedades naturales, sino por su carácter predominante de círculos burocráticos que necesita el Gobierno para funciones administrativas que, por propio derecho ó por motivos circunstanciales le corresponde, ó que indebidamente se atribuye; pero, en cambio, las regiones, de más natural fundamento y origen, y de mayor arraigo en la historia y de superiores títulos tradicionales, porque fueron estados independientes, ó gozaron de amplia autonomía y conservan su personalidad de raza histórica, esas han desaparecido y ni siquiera las nombra en el título X la vigente Constitución de 1876. Es cierto que hay sobre las provincias más superiores circunscripciones para ciertas funciones y determinados servicios que no son de administración civil común; pero, para determinar esas demarcaciones administrativas y las correspondientes atenciones de gobierno central, de ningún modo se ha tomado en consideración ni se tendrá en lo sucesivo las antiguas divisiones que trazó la naturaleza y consolidó la historia, por haber sido el asiento de sociedades públicas, casi siempre anteriores á la formación del Estado nacional que fué constituido por ellas, en lugar de haber recibido de él vida y organismo. Con su territorio podrán coincidir las
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nuevas jurisdicciones, y aun conservar los nombres antiguos; pero de ahí no pasan esas conexiones puramente exteriores y superficiales que no arguyen relación alguna esencial é interna.

Y lo extraño, bien que sólo á primera vista, es que todos los teóricos y autores de liberalismo abstracto y atómico, es decir todavía (¡á estas alturas!) rousseauiano, y lo mismo los radicales que los doctrinarios hablan de descentralización, la defienden y aseguran que la aman, abominando del centralismo y de sus excesos como contrario á derecho; y por igual reñido con la justicia y con la conveniencia nacional. Mas, á poco que se pieuse, se nota que de tales beneficios no pueden disfrutar las regiones, porque ya nada queda de ellas, y habrá antes de restituirlas todos ó parte de sus derechos, que resucitarlas, cosa tan difícil, como sustituir con una ley ó con un decreto la obra creadora encomendada al tiempo y realizada por los siglos. Mientras que del pueblo y aun de la provincia todavía subsiste lo que de aquel no puede arrasar la insania de los modernos sistemas, y de ésta lo que al centralismo le conviene para sus fines dejar en pie y respetar por conveniencias de gobierno, sólo resta de las regiones el recuerdo, el nombre, sin más alcance que el geográfico, ni más significación que la de división territorial para servicios especiales de burocrática oficina. Ha resurgido en la población regional lo que ahora se llama regionalismo, esto es, el recuerdo de lo que fueron estas sociedades, mejor dicho, de su personalidad, aunque sin el propósito, en los regionalistas liberales, de restaurarla sobre sus bases históricas; se pronuncia con fuerza el anhelo de que esa autonomía renazca vigorosamente, aunque en todo piensa la mayoría menos en que tal renacimiento sea informado por el espíritu tradicional, el único que pudiera restituir á las regiones su vida y su pujanza; mas del organismo no quedan ya ni las cenizas, y falta el sujeto á quien restituir la autarquía que le arrebató el centralismo.

Pero, aunque la región no hubiera muerto, sino que conservara la flaca y ruín existencia que el pueblo y la provincia, la descentralización, que profesa el liberalismo abstrac-
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to, la que de tal tiene sólo el nombre, porque no es sincero reconocimiento de una personalidad pública, incompatible con el sistema, sería tan emancipadora de la región como de las otras sociedades que el moderno Estado retiene en servidumbre. Descentralización no puede compaginarse y armonizarse con la composición nacional, directamente formada por mero agregado numérico de individuos, con la negación y carencia de organismo social constituido por factores orgánicos enlazados jerárquicamente; y así lo que llaman descentralización, aunque tal la crean ó simulen creerlo, no pasa de una delegación más ó menos durable de funciones centrales en órganos de administración local, en un alivio de plétora burocrática, en un revulsivo desconcentrador, más para mejoría de la cabeza que para restituir vigor y sanidad á los miembros. Es que la oficina central se descarga, por comodidad más que por generosidad, del peso abrumador de sus atenciones gubernativas y echa sobre los hombros de sus funcionarios provinciales y concejiles una parte de aquellas, bien que recelosamente, con toda clase de cautelas y prevenciones, y dispuesta á asumir, cuando le parezca, las atribuciones de que se desprendió, de las cuales sólo gozarán un disfrute precario esos órganos subalternos, cuyos derechos, y aun la misma existencia, en absoluto dependen de la única persona pública, dueña, á título de supuesta representación, de la suerte de los mismos individuos representados por sufragio universal, ó restringido. Todo queda reducido á que se consienta á los ayuntamientos ejercicio algo más amplio de local gobierno; en que el Ministerio delegue más ó menos funciones en el alcalde; en que la Diputación provincial y el gobernador hagan algunas cosas que antes hacía el Ministro y que volverá á hacer en cuanto al Estado plazca retirar el mandato. Es como la autonomía que, por lo visto, se maquina devolver á la Universidad, que va á poder (¡ahí es nada!) elegir el rector, en terna, por supuesto, para que el Ministro del ramo pueda excluir al que no piense como él, y favorecer al candidato que sea más amigo, ó que menos discrepe del criterio de Su Excelencia (1).

(1) A esta pseudodescentralización la han llamado desconcentra-
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Todas las yuxtaposiciones eclécticas de doctrina orgánica, vengan de donde vinieren, ya procedan de una concepción filosófica, ya las dicte el mero buen sentido, y las imposiciones con que la realidad y las lecciones de la experiencia se abren camino á través de los errores, mitigando y conteniendo sus efectos y desastres, no lograrán restaurar en teoría una recta idea de la descentralización, ni entrar en seguras vías de restablecerla, aunque sea con la prudencia más exquisita. Ninguna dirección de la nueva política ha logrado desprenderse de la aberración del sufragio individual, universal ó restringido, como fuente y origen de una representación absolutamente soberana ó cosoberana en más ó menos proporción con la magistratura unipersonal que llaman Jefatura del Estado (rey constitucional ó presidente de república). Mientras se mantenga este error, consecuencia inmediata del pacto social, y que, desglosado de él, no tiene fundamento posible, del único poder único, la representación del pueblo soberano, saldrá la organización local, las leyes municipales, provinciales y regionales lo mismo que las que se refieren al conjunto nacional; y aunque las leyes ó las otras disposiciones sean distintas, los poderes centrales no el pueblo, ni la provincia, ni la región (si por ventura existiera) son los que arreglan y organizan lo mismo la colectividad general que sus porciones matemáticas. La principal función autárquica, la autonomía, en el sentido estricto y etimológico de la palabra, el derecho de elaborar la propia legislación por forma y modo consuetudinarios ó escritos, es incompatible con el concepto sociológico y político de la soberanía nacional, es decir, con la tesis más comprensiva y característica del derecho nuevo; y mientras ella subsista, hará irrisorias é inútiles todas las agregaciones con que el liberalismo orgánico ha querido corregir al liberalismo clásico, esto es, al abstracto y atómico del Contrato.

Pero ¿es que, rompiendo con la tradición rousseauiana,
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restituiría el liberalismo pseudoorgánico su existencia y derechos á las regiones, y de la misma manera á las demás personas sociales, provincia, municipio, universidad y aun á la misma familia? ¿Puede un regionalismo efectivo y sano abrigar fundada esperanza de restauración en doctrina y sistema que no rompa antes con el liberalismo?

ENRIQUE GIL Y ROBLES.
Catedrático de la Universidad de Salamanca

(Continuará).
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LA SEPARACIÓN DE LA IGLESIA Y EL ESTADO EN FRANCIA

III

Los sucesos ocurridos últimamente en Francia, con ocasión de las primeras aplicaciones de la ley de separación de la Iglesia y el Estado, son focos de luz que deben alumbrar los entendimientos de no pocos españoles que miran con los brazos cruzados cómo la ola revolucionaria avanza sin tregua ni descanso. En los días en que estas líneas se escriben se ha revelado aquí un síntoma que implica grave dolencia. En el círculo de la Unión mercantil de esta Corte se han reunido representantes de varios gremios y han resuelto pedir á los poderes públicos que impidan á las congregaciones religiosas que viven de su trabajo manual, la venta de sus productos en los mercados. El argumento de los comerciantes de Madrid no está mal hilvanado. ¿Se trata de religiosos y religiosas consagrados á la oración y á la penitencia? Se les declara vagos, ociosos, inútiles para la sociedad y el Estado. ¿Se trata de religiosas y religiosos que trabajan y producen riqueza? Se fulmina contra ellos pena de muerte, toda vez que se trata de impedirles la venta de los productos de su trabajo.

Esta es la lógica que para su uso han inventado los comerciantes de Madrid, eternos defraudadores, en su mayoría, de los intereses del fisco y de los intereses de su clientela.

Hay que advertir, sin embargo, que la pretensión de nuestros comerciantes tiene algo que la hace aun más odiosa. Se trata, por lo visto, de establecer una ley especial contra las congregaciones religiosas. Todos los españoles pueden comprar y vender conforme á las prescripciones del Código de comercio, menos los españoles que pertenezcan á Institutos religiosos, en los casos y todo en que estos Institutos cubran, como las cubren, con regularidad notoria, las cargas de impuestos y contribuciones que el Estado les im-
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pone. Claro es que los católicos de Madrid tenemos un medio bien sencillo de matar en germen este conato de gangrena anti-católica: señalar con lápiz rojo las tiendas de los comerciantes que han iniciado este movimiento, y no volver á comprar en ellas productos de ningún género ni especie. Aun pudiera hacerse más dentro siempre de la ley: denunciar todos los géneros adulterados que se venden en Madrid por géneros de ley, y entregar á los tribunales de justicia á todos los que defraudaran al comprador ya en la cantidad, ya en la calidad de los productos. (1)

Claro es que hasta ahora los socios del Círculo de la Unión mercantil no se han atrevido á desembozarse por completo. Hay entre ellos gentes muy honradas, muy dignas, muy cristianas, que les negarian su concurso si de algún modo se claraseu y pusieran de manifiesto el veneno de su tendencia á iniciar aquí un movimiento anti-católico. De aquí la cautela con que proceden y el carácter de legítima defensa que dan á su labor. Pero no ha de olvidarse que con esta misma cautela comenzaron los sectarios la obra de separación de la Iglesia y el Estado en Francia hace unos treinta años. Los católicos franceses despreciaron aquellos comienzos, seguros de su gran fuerza, y los resultados se tocan ahora, sin que ni siquiera puedan esperarse grandes éxitos así de la lucha moral como de la lucha material establecida, aproósito de los inventarios de las iglesias, en muchos templos de París y de otras muchísimas poblaciones de Fran-

(1) El docto catedrático de la Facultad de Ciencias D. Alberto Segovía y Corrales publicó la lista de las principales adulteraciones de los productos que se venden en los mercados. La manteca de vaca se sofisticá con la de puerco ó con la grasa de la ternera, sustancias solubles e insolubles en el agua, como el carbonato de cal, yeso, carbonato de plomo, cromato de plomo, féculas, harina de trigo, alumbre, etcétera, etc. A las confituras se les da color con materias minerales, y si éstas son á base de arsénico, plomo ó cobre, originan los consiguientes envenamientos. El café verde se sofisticá con granos artificiales, formados en gran parte de arcilla. Los granos de café tostado se imitan con una pasta de achicoria. Los chocolates se falsifican con polvos vegetales. Los té verdes se tiñen con diferentes materias colorantes no siempre inofensivas.
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cia. En realidad los católicos franceses han hecho mucho más de lo que podía y debía esperarse. Pero sus protestas han sido sofocadas con poco esfuerzo, y los inventarios prescritos por la ley de separación se llevan adelante sin daños de más bulto. (1)

Aquí conviene apuntar un hecho para enseñanza de todos. La prensa llamada de gran circulación, trata de presentar la protesta de los católicos franceses como producto de una maniobra de política menuda, á la medida de las que suelen realizar aquí nuestros políticos. Sin embargo, leyendo atentamente la prensa de París se advierte á simple vista que han tomado parte en la protesta miles de hijos del pueblo sin filiación ninguna política, muchos individuos de la clase media sin filiación ninguna política, y muchos aristócratas cuyos nombres jamás han figurado en las contiendas de los partidos. ¿Quiere decir esto que no han tomado parte en la protesta legitimistas, orleanistas, bonapartistas y republicanos conservadores? No, ni muchísimo menos. Quiere decir que en la protesta han tomado parte cuantos aspiran á restaurar á Francia en Cristo, prescindiendo de escuelas y partidos. La común persecución ha unido esta vez á todos los hombres de buena voluntad de Francia contra los judíos y masones que reinan y gobiernan en la nación hermana para ruina de ésta y daño considerable de Europa en la que Francia ha ejercido y ejerce siempre tan considerable influencia.

(1) «Art. 356. El que con cualquier mezcla nociva á la salud alterase las bebidas ó comestibles destinados al consumo público ó vendiere géneros corrompidos, ó fabricare ó vendiere objetos cuyo uso sea necesariamente nocivo á la salud, será castigado con las penas de arresto mayor en su grado máximo á prisión correccional en su grado mínimo, y multa de 125 á 1.250 pesetas.» Medina y Marañón, Leyes Penales, pág. 79.

Si este artículo se aplicara ¿cuántos tenderos libre-pensadores irían á la cárcel? Porque ha de saberse que sólo el pan se adultera, según los casos, con sulfato de zinc, sulfato de cobre, carbonato de amoníaco, carbonato y bicarbonato de potasa, carbonato de cal, tierra de pipas, borax, yeso, fécula de patata, salep, harinas de habichuelas, etcétera, etc.