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se va borrando de la memoria de los latifundistas el adagio «hacienda, tu amo te vea»; y no verla es, por regla general, verla por ojos de administrador.

A su vez el largo arrendamiento también depende de la voluntad del dueño que más que al bien y utilidad social y á la justa conveniencia del colono consulta y atiende á la suya, al interés presente y cercano, que generalmente no es otro que el de mejorar el arriendo, esto es, aumentar la renta que pueda ofrecerle un nuevo colono ó más necesitado de tierra, ó más acomodado, si es que no instigado, como suele suceder, por el odio ó la envidia á sustituir, arrojándole de la tierra, al anterior arrendatario, aunque éste merezca toda clase de consideraciones y respetos.

Es una ilusión creer que hoy pueda la buena voluntad de los ricos terratenientes resolver el problema social ó aplazar y alejar siquiera el conflicto tremendo que se nos viene encima.

XV

¿Y no podría el Poder civil hacer obligatorios esos medios, retrotrayendo la gran propiedad á un estado de limitación análogo al del antiguo régimen, bien que con derechos perfectamente definidos para el señor y para el colono y sin ninguna prestación que fuera, por parte de éste, contraria á la libertad y á la dignidad humanas bien entendidas?

No me atrevo á resolver la cuestión; tal es de árdua y difícil, y tan escasa una autoridad que diera acaso en presumido dogmatismo, aventurando una contestación categórica. Lo que sí puede afirmarse es que la solución no es la del proyecto de Whitley, porque, en todo caso, no se trataría de elevar la expropiación á sistema, aplicado, cuando al Estado ó al Municipio placiere, y ni siquiera de expropiar con arreglo al criterio dominante en la materia y según lo traducen las leyes actuales; sino únicamente de poner un freno y un remedio á una constitución nociva y morbosas de la gran propiedad, que contraría y daña gravemente al interés nacional, á la legítima conveniencia y fraternidad de las clases sociales.
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Pero, aun dando por claras la legitimidad y la utilidad de la medida, es de tal suerte la operación radical y arriesgada, que no hay estadista que no tiemble y lo mire mucho antes de poner mano en ella. Si la medida no es socialista, porque nunca habrá socialismo, ni siquiera intrusión, cuando el Estado se hace cargo de las funciones que abandonan ó cumplen mal los otros órganos sociales, están la idea y el procedimiento tan vecinos del socialismo, que es expuestísimo herir de muerte la parte que se quiere curar. Pasó la oportunidad de la repartición equitativa de los respectivos derechos, cuando había sujetos ciertos y vivos en la relación jurídica territorial, y es punto menos que imposible hacer ahora una revolución que exigiría la más minuciosa y casuística de las leyes, con tasa, fijación de años, distinción, por conceptos varios, de los terrenos, condiciones y preferencias en los concursantes á cada colonia y qué sé yo cuántas cosas más que, discurriendo ahora y escribiendo á la ligera, nos vienen á la mente. Salvar en esa ley el razonable arbitrio, inherente al dominio, sería colosal empresa. En vez de poderlo, se arrancó de cuajo el árbol secular, y se esterilizó el suelo donde ahondaron y se extendieron las raíces, y ahora ¡se pretende improvisar la fecundidad, la majestuosa grandeza criadas por los siglos! Y ¿cuál sería el gobierno con prestigio y potencia bastantes para contrarrestar la enemiga y la resistencia, la explosión que tal reforma provocaría de parte de los perjudicados, á quienes se arrancaría no sé si el absolutismo ó la libertad del derecho dominical?

Los que imaginen hacedera la mudanza me harán sonreír con tan compasiva incredulidad como los tradicionalistas que se figuran que puede rehacerse el verdadero gobierno representativo, así de golpe, sin más que una ley electoral fundada sobre el gremio que no fué nunca órgano de representación en Cortes, ni puede racionalmente serlo. Lo que hay es que, sin gobierno representativo, se puede ir pasando, aunque mal, aguardando á que el largo tiempo que lo engendró lo restaure y le dé vida más lozana, regular y fuerte que la que logré en la Edad media; pero, con la actual constitución de la propiedad, lo mismo puede irse tirando indefi-
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nidamente que ser sorprendidos, cuando menos se piense, con el estallido de la catástrofe.

XVI

¿Y qué hacer? Poco pueden la higiene y la terapéutica, cuando, ante la hondura y gravedad de la lesión, se detiene sobrencogido y desconfiado el operador. Desechada, ó aplazada cuando menos, reforma revolucionaria de tal entidad y trascendencia, no le quedan al Estado otros medios que sanciones indirectas y cuantos estímulos se le ocurran, aunque no confie mucho en su eficacia y poder.

La contribución territorial debe pesar en gran parte sobre los latifundistas que no usan de su derecho dominical, armonizando el interés privado con el público; la rebaja tributaria debe ser el premio de aquellos señores que, más penetrados de los deberes humanitarios y sociales anejos al gran dominio, cumplen racional, cristiana y patrióticamente los oficios propios de la riqueza caritativa y verdaderamente señoril. La disminución considerable á la propiedad dada en aparcería y en largo arrendamiento sustitúyase y compense con el correspondiente recargo al latifundio de corto y subido arriendo. Tributen menos los latifundios que el dueño cultiva por su cuenta, que los que da en arrendamiento de escasa duración y cuya renta exceda de un determinado tanto por ciento; y sobre todo cárguese la mano sobre los latifundios baldíos, esto es, no laborados ni adehesados y destinados á la caza ó á otros placeres del dueño. Siempre deben pagar menos la necesidad y la utilidad que el lujo y el derroche, los cuales, cuando llegan á ciertos extremos, han de soportar un impuesto que tenga así como carácter de pena; y tampoco puede extrañar que sanción de tal naturaleza recaiga sobre las rentas que, traspasando el límite de un interés legal y moral, equivalen al gran pecado y al grave atentado social de la usura.

Un estímulo acaso fuerte, así para el deseo de gloria legítima como para la gloriola (1) de la vanidad sería el enno-

(1) Traslado la misma palabra latina sin modificación alguna y con su significado, no sólo de pequeña, ligera gloria, sino con el que le amplió en el texto.
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blecimiento de los propietarios que se distinguieran en el cumplimiento de los oficios sociales de la gran terratenencia. En todos los tiempos debiera haber sido éste un honroso y no disputado origen de aristocracia y título legítimo para que la discerniera y señalara el Poder civil; pero, si en atrasadas y rudas épocas no se estimó ni premió otros merecimientos que las hazañas guerreras, que en todos tiempos son dignísimas de admiración y recompensa, ahora, en las sociedades de tipo civil, cuando están, ó debieran estar más consolidadas y seguras la paz y la normalidad públicas, no hay ocasión ni materia más continua y cierta de altas empresas humanitarias y patrióticas que las que ejecute el desprendido y magnánimo señor territorial.

Bien sé que se objetará, y no sin razón, que el otorgamiento de títulos de nobleza no puede ser objeto de reglamentación legal, y sí una de las cosas que hay que encomendar al justo arbitrio del soberano, como única norma de equidad y de acierto. Y en tal supuesto, convertido lo que debiera ser debido galardón en gracia injusta, títulos y grandezas son, por lo general, recursos y resortes del nepotismo parlamentarista para vanidosa satisfacción de grandes plutócratas que no entienden ni practican otro uso de la riqueza que el que dictan el egoísmo, el capricho y el apetito insano, y para engreimiento de régulos de alguna notoriedad y adelantado puesto en la gerarquía oligárquica caciquil. Pero, aunque ésta sea la lastimosa hipótesis, que en un asunto tan práctico como éste, hay que tener siempre en cuenta, no es imposible en cualquiera país una mudanza que ponga la soberanía en manos de realza efectiva y no ficticia; y aun en los mismos países de régimen parlamentario pueden otorgar con equidad y decencia las distinciones nobiliarias aquellos soberanos que no han abdicado ante el Parlamento y conservan preponderancia sobre él, como le acontece al Rey de Prusia y Emperador de Alemania.

Y aun allí donde el parlamentarismo domine en todo el vigor de la lógica y en toda la expansión, y fuerza de su nociva virtualidad, puede aprovecharse la contextura y organización de la Alta Cámara para los fines expresados. Así,
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por ejemplo, en la constitución española de 1876 pudiera exigirse que una de las condiciones requeridas en los miembros del Senado, la riqueza, ó mejor dicho, la posición pecuniaria consistible en propiedad territorial aparcaera y de largo arrendamiento, ó en productos de fundos cultivados por el mismo dueño, (1) no necesitando los Grandes de España para ser senadores por propio derecho los doce mil duros de renta, ni cuatro mil los Títulos del Reino para ser elegidos ó nombrados. Con esto, lo que se restara, en arraigo, á las garantías conservadoras de orden, entendidas y practicadas á la torpe manera del doctrinarismo, se ganaría en canciones, más seguras y efectivas, de verdadera conservación, y progreso juntamente, armonizando, con la justicia distributiva, remuneradora de la beneficencia, del trabajo y del patriotismo, el interés público, mejor servido en la Alta Cámara que por la aristocracia del bolsillo por la nobleza del corazón.

Y por tal título de nobleza individual y congénita, no sólo á Grandes y Títulos debiera abrirse el Senado, sino á grandes propietarios, aun sin titular, y sin el irrisorio mérito de la diputación á Cortes ¡la provincial! y ¡la alcaldía provinciana ó en pueblos de más de veinte mil almas!!

Pero, como ni aun en hipótesis factible, pueden acomodarse á estas razonables exigencias de derecho racional el criterio y práctica de gobierno de la gente que manda en

(1) Es claro que me refiero no á los funcionarios, sino á los Grandes de España y Títulos del Reino (artículo 21, párrafo 3.º, número 5 11 del 22), es decir, á los Grandes que son senadores por derecho propio, en razón de la renta anual de las 60.000 pesetas, procedentes de bienes propios inmuebles, ó de derechos que gocen la misma consideración legal; á los otros Grandes, que, á causa de la menor renta, (siete mil quinientas pesetas por lo menos), sólo pueden ser senadores por elección de las corporaciones ó por nombramiento real; y á los Títulos del Reino que poseen una renta anual de veinte mil pesetas ó paguen cuatro mil por contribuciones directas al Tesoro público, que tampoco pueden ir al Senado, por propio derecho.

No es necesario decir que discurso en los términos de la hipótesis actual no porque crea y opine del Senado cosa distinta de lo consignado en mi citada obra de Derecho político (tomo 2.º)
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turno, tampoco hay que pensar en tales medios y estímulos indirectos para promover el largo arrendamiento y la aparcería y el cultivo dirigido é inspeccionado por el gran señor, presente en sus tierras, con todos los bienes que produce, tantos como los males que causa el absentismo. La mayor parte de nuestros políticos apenas si se ha despojado, ó sólo en teoría, y en la práctica únicamente en materias de intervencionismo industrial, de las grandes ideas y principios del 89; y, si se aparta de ellos en algún punto concreto, será para dar en el opuesto extremo vicioso del estatismo socialista. Además sería preciso para estas modificaciones constitucionales abrir.—¡horror!—un nuevo periodo constituyente, aparte de que no está en la Constitución actual previsto el caso de la reforma, por olvido, que confesó Cánovas, de los legisladores de entonces.

ENRIQUE GIL Y ROBLES.
Catedrático de la Universidad de Salamanca.
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EL PROBLEMA AGRARIO

V

No cabe poner en tela de juicio la indiscutible importancia de la riqueza agrícola y pecuaria en nuestra nación; puesto que la excelente calidad de sus producciones, como los cereales, vinos, aceites, frutas, maderas, miel, cera, pieles, leches, lanas, etc., contribuye no poco á que sean tales producciones muy justamente apreciadas y requeridas en algunos puntos del extranjero. Y es obvio de comprender que cuanto más abundantes sean los productos de la agricultura y menores los gastos de cultivo, mayores rendimientos proporcionarán á los propietarios, ya porque el consumo de los productos será mayor, ya por que su exportación á donde no los haya, ó escaseen mucho, habrá de hacerse en grande escala.

Por otra parte, la abundancia de los frutos de la tierra disminuye considerablemente las probabilidades de que los propietarios y especuladores menos escrupulosos se den á mixtificarlos y adulterarlos; lo que, sobre ser inmoral en grado superlativo, ocasionaría gravísimos inconvenientes para la salud de los consumidores, en especial de la clase trabajadora, que es precisamente á la que, por su baratura, porque los toma al fiado, ó por otras causas, van á parar comúnmente los artículos de comer y beber averiados y de inferior calidad; mientras que, abundando dichos artículos, á los consumidores obreros sería dado comprarlos en mayor cantidad, de mejor calidad y á más bajo precio: lo cual, desde el doble punto de vista higiénico y económico, resultaría útil y convenientísimo á los interesados de la salud y la riqueza pública y particular.

Insistir en ese interesantísimo extremo no es impertinente, sino muy oportuno, dado que no cabe negar que los vicios y deficiencias de la agricultura transcienden á todas las clases de la sociedad y particularmente á la obrera, que, cuando aquella florece, se alimenta con artículos de comer y beber sanos y baratos, sucediendo lo contrario cuando cae
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en la postración y en la decadencia. Precisa, pues, tomar medidas realmente eficaces para castigar severamente los punibles abusos que, con una frecuencia harto dolorosa, se perpetraron en el expresado sentido y dar, como lo hizo el gran ducado de Baden, fórmulas y signos distintivos para conocer fácilmente la adulteración del pan, vino, aceite, harinas, leche, manteca, frutas, etc. Además es incuestionable que los artículos alimenticios, cuando son sanos, dan robustez y vigor á la naturaleza de los consumidores, acrecientan sus fuerzas y energías y mejoran sus condiciones y aptitudes para el trabajo intelectual y físico. Y eso cuán influyente es en la solución del problema social, no hay por qué encarecerlo; pues su simple enunciación lleva á la inteligencia el pleno convencimiento de tan palmaria y evidente verdad.

La agricultura es la sangre que transmite á todos los miembros del cuerpo social vigor y bienestar; ella es la que repone pacientemente y sin descanso los elementos y las fuerzas que para sostener la vida consume la humanidad; ella es la que restaura y regenera á menudo las familias anémicas, enclenques y enfermizas acumuladas en las grandes poblaciones, que necesitan para reconstituirse la vida tranquila y el aire puro del campo á la vez que los alimentos sanos y no adulterados que en el mismo se comen; ella es la que proporciona los mercados más seguros á la industria y al comercio, y ella es, en fin, la que contribuye á que los que á la misma se dedican, sean los que mejor conservan los principios indispensables para la subsistencia de la humanidad y del orden social: la religión, las buenas costumbres, la sobriedad, la templanza, la resignación en las contrariedades de la vida, el amor al prójimo y la sumisión y respeto á las leyes y al principio de autoridad en cualquiera institución que lo encarne y represente.

Colígese de lo enunciado el inexcusable deber en que se hallan los Gobiernos de dispensar á la agricultura, á ese primer factor de la riqueza pública y privada, todo género de protección y de amparo, favoreciendo la creación de instituciones de toda clase conducentes al desenvolvimiento de los intereses agrícolas, proporcionando á los que á la explota-
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ción de la tierra se dedican medios adecuados para que su labor resulte más fructífera y remuneradora, adoptando, en fin, previsoras medidas que podemos llamar de preservación y defensa, unas, las que tiendan á evitar por adelantado las desdichas que sobrevenir puedan á la agricultura y otras á las que cuadraría la calificación de medidas extintivas de los males que, más ó menos, afecten á aquella originaria fuente de la riqueza nacional y particular.

Hacerlo así, sobre aconsejarlo la más vulgar previsión gubernamental, lo imponen de consuno levantadas consideraciones de justicia y nobilísimos sentimientos de humanidad y de patriotismo, á los que no fácilmente y sin incurrir en gravísimas responsabilidades, pueden sustraerse los Poderes públicos.

Claro es que la acción de los Gobiernos no ha de excluir la de las clases productoras, antes bien ha de ser como la complementaria de la de éstas; incomparablemente más eficaz y poderosa la acción de las primeras y más amplia la esfera en que se ejercita, ha de empezar precisamente allí donde termina la acción de las segundas para extenderse y hacer sentir su bienhechor influjo hasta donde sea posible, útil y provechoso.

Y es patente, notorio y de simple buen sentido que los Poderes públicos, aparte de los deberes que tienen tocante á los extremos anteriormente apuntados, sobre mejoramiento de tratados internacionales, rebaja de contribución territorial, supresión de la de consumos, construcción de canales y pantanos, de carreteras y caminos vecinales, disminución de las tarifas de transportes para los productos agrícolas, etcétera, etc.; aparte de sus deberes acerca de esos particulares, los tienen también acerca de otros puntos importantísimos que brevemente expondremos.

Obligación ineludible de los Gobiernos es, si han de atender celosamente al desarrollo de los intereses materiales que les están confiados, fomentar la enseñanza agrícola por medio de clases, ambulantes ó fijas, suministrada en las épocas más apropiadas del año y en forma tan eminentemente práctica como fácilmente inteligible y adaptable á los labrado-
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quedó tan imperfecta e incompleta al advenimiento de la Edad moderna, que fuera aquella etapa de la humana historia poco interesante, si no ganara tanto en comparación con otras, la precedente en que casi en absoluto dominaron el error y el pecado, y las siguientes señaladas con el triste sello del apartamiento de las vías cristianas y, al fin, de la enemiga á Cristo, que es verdad y vida para los pueblos como para los individuos. La Edad media, si no fué siempre fiel, no dió en apostasía; y sus instituciones fueron como árboles pequeños y desmedrados, comidos de oruga, pero nunca secos y siempre sanables, susceptibles de rico verdor y sazonado fruto, sin otra condición que labor más asidua, inteligente y recta.

Así llegaron á la época de la Revolución esas instituciones, calificadas todavía en conjunto, de feudales, sin distinguir entre el feudo, institución sana, y la herrumbre servil antigua que lo rodeaba y carcomía (1). Precisamente, si las relaciones entre los señores y sus colonos, collazos, fermiers ó como quiera llamarse á la gente plebeya cultivadora de la tierra del noble, hubieranse fundado en obligación análoga al feudo entre el rey y los grandes vasallos ó el subfeudo entre éstos y otros nobles de fortuna, posición y poder inferiores, no hubieran contenido cosa alguna que fuere contraria á la dignidad y á la libertad humanas, y hubiera el cultivador obtenido del suelo más equitativos provechos, aunque no fueran tan cuantiosos como los del noble en la tierra donde tenía un dominio útil bien definido. El vasallaje, condición y estado nobiliarios, que, sólo por extensión y analogía, se atribuyó á todos los grados de la plebe rural, no aristocrata, desde el siervo adscripto al colono libre, implicaba tal relación y situación de igualdad que casi nivelaba al vasallo con el señor, aunque éste fuera el Rey, tantas veces víctima y juguete de los grandes, que hasta podían desnaturalizarse,

(1) Aun no hace dos días, cuando esto se escribe, que un señor ministro ha llamado feudos en grave documento oficial á los latifundios andaluces. Ese ministro, no ha tenido en cuenta que el feudo fué una propiedad coartada y que el latifundio es un dominio absoluto, á la romana.
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res; promover la celebración de Asambleas, Exposiciones y Concursos nacionales, regionales y hasta locales, favorecer la creación de todo género de sociedades y en particular los Sindicatos, los Bancos y las instituciones de seguros y crédito agrícolas, auxiliar el establecimiento de Granjas modelo y de campos de experimentación agrícola.

No dejaremos la pluma sin consignar una vez más la indiscutible conveniencia de dispensar todo género de protección á la agricultura. En demanda de tal protección deben acudir los propietarios á los Poderes públicos. Y cuenta que esa justa demanda vaciada estaría, no en el troquel de egoístas y bastardas pretensiones de clase, sino en el de una necesidad tan perentoria como indeclinable, cual es la de recabar sin dilación alguna remedio eficaz para los males y desventuras que con mayor viveza siente la olvidada y abatida clase agrícola y con ella las demás clases sociales.

Trabajen, sí, nuestros agricultores en estrechísima concordia de pensamiento y acción, sin desfallecimientos de ningún linaje, con entusiasmo y perseverancia y por todos los medios que á su alcance estén, para obtener de los Poderes públicos el amparo y protección que la agricultura con apremio necesita para salir, victoriosa, de la gravísima crisis que atraviesa. Y trabajen activamente no sólo para eso, para lograr resolver favorablemente la crisis esa, sino que también para elevar al primer agente de nuestra riqueza al mayor grado de prosperidad y de florecimiento posible; puesto que la consecución de esto último, sería imprimir vigoroso impulso al desarrollo de las valiosas fuerzas latentes y de los fecundos gérmenes de producción que en su suelo y subsuelo posee nuestra patria; sería subir el valor de la propiedad rural y acrecentar considerablemente sus rendimientos para el Estado y para los particulares; sería abrir nuevos horizontes al comercio y á la industria; y sería, en fin, avanzar en el camino de los progresos y de los adelantos legítimos y fecundos para trocar la vida de privaciones, estrecheces y abatimientos que hoy lleva la mayor parte de nuestros agricultores por otra de holguras, prosperidades y bienandanzas.

MANUEL CASASNOVAS SANZ.
Abogado.