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ESTUDIOS SOCIALES SOBRE EL CÓDIGO CIVIL

ARRENDAMIENTO DE INDUSTRIA

XIV

A primera vista se descubre que la cuestión de hecho, planteadal final del número anterior, es de pura hipótesis política, es decir de mera prudencia jurídica y gubernativa en la aplicación de un principio incontrovertible per se; la necesidad de que un poder público, hoy el del Estado, fije y sancione el valor del trabajo y su retribución; y que el doble criterio para apreciar y discernir la oportunidad de la medida es que el Poder civil pueda realizarla, y que circunstancialmente, secundum quid, no resulte nociva al interés del obrero y al procomún nacional.

No hay para qué ocultar que la efectividad de esta tasa ha de tropezar con una seria dificultad común á la que encuentran todas las funciones tutelares é históricas de que tiene que encargarse el Estado á falta de los otros órganos sociales á quienes naturalmente aquellas incumben. Tales oficios son, en cierto modo, contra el orden natural de las cosas, y los obstáculos para su cumplimiento están en proporción no solo de la cantidad y entidad de estas prerrogativas extraordinarias en que el Estado substituye á los demás sujetos propios del correspondiente deber y derecho sociales, sino del número, posición y jerarquía de los factores públicos, cuya deficiencia se ve precisado ó se entromete á suplir. Porque de las facultades tutelares que el Poder civil forzosamente acepta ó arbitrariamente se arroga, hay, por ley natural, unas más lejanas que otras de la acción soberana, esencial y característica, siendo, por decirlo así, más violentamente, más contra naturaleza tutelares aquellas funciones en que el soberano suple no sólo al órgano pro-
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pico de ellas, sino á otros complementarios é intermedios más obligados en defecto de aquél á quien la obligación naturalmente incumbe. Es decir, cuando el Estado substituye á la autoridad regional en actos que esta no puede ejecutar, por razón de circunstancial impotencia, aunque naturalmente la correspondan, es el tutor inmediato á quien por título directo toca este deber, y entonces el oficio tutelar se cumple más fácilmente y con menor esfuerzo, que cuando el Poder central substituye al provincial, concejil é al doméstico, estando la dificultad en razón directa de la posición y categoría inferiores de esas personas sociales que no son elementos directamente constitutivos de la nación. Quien, por naturaleza, es menos tutor que otra persona, también por naturaleza ha de desempeñar con menos vigor y éxito una tutela que antes que á él corresponde á otros.

Y este principio y ley son más indefectibles y patentes cuando no es el órgano autoritario de una sociedad completa, familia, concejo provincia ó región, sino una sociedad especial ó incompleta, que forma parte de la completa correspondiente, la que no realiza sus funciones intrínsecas, y es sustituida en ellas por el Estado, por ejemplo, la Universidad, el Gremio.

Una de las naturales funciones de éste es la fijación del salario por acuerdo de maestros y oficiales, concertados en el seno de la corporación gremial, mediante la representación respectiva y la inteligencia y concordia de una y otra por ministerio de un organismo común. Este sindicato mixto, producto natural de una evolución histórica, no de violentas transacciones de intereses, hubiera armonizado, sin esfuerzo y con la expontaneidad, eficacia y seguridad de la tradición, las legítimas conveniencias de los que ya hemos dicho que fuerán en gran parte, y todos con el tiempo, trabajadores y capitalistas á la vez. Probablemente, en estos conciertos concejiles de los gremios, apenas hubiera tenido que entender la autoridad del concejo, sino para una acción suplementaria de varias clases, por ejemplo, reclamación del cumplimiento de las ordenanzas, mejora y complemento de ellas, é inteligencia con otros municipios á su
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de que no hubiera grandes diferencias en la retribución del trabajo en una misma región.

De todos modos, aunque la intervención de los poderes públicos intermedios entre el organismo gremial y el Estado, se extendiera á más, y tuvieran que fijar la cuantía del salario, no en cantidad invariable, sino en cierta flexible escala de máximum y minimum, y cambiando el tipo según diversas circunstancias que no es ocasión de puntualizar aquí, la autoridad regional, y no la soberana, hubiera sido la más apta para determinar, en vista de la mudable situación económica, la justa retribución de la obra. Para el Estado esta función es difícilísima, porque habría de tener en cuenta las distintas condiciones de localidades y comarcas, mientras que la asamblea ó el poder gubernativo de cada región pueden, al efecto, orientarse más directa y fácilmente en las necesidades y posición económica de circunscripciones menos extensas, y donde la observación detenida y minuciosa es más cercana y dispone de auxiliares mejor dispuestos y más seguros. La justicia y la oportunidad de la tasa las confía la naturaleza á órganos más idóneos e interesados y con menos atenciones y oficios de los que abruman, y más ahora, al Poder civil.(1) Este tropezará aquí siempre con obstáculos de la misma clase y entidad que los que encuentra en la realización de atribuciones que no sean exencial y estrictamente propias.

XV

No es tal consideración la que el individualismo impe-

(1) No nos incumbe, y sería poco pertinente, ir puntualizando qué funciones corresponden en materia de tasa al gremio y cuales otras á las autoridades municipales, provinciales y regionales ora, por naturaleza, ora por necesidad tutelar. Este problema es más que económico, de la competencia de las varias secciones del derecho público interno, que no del político solamente. El estatismo contemporáneo lo ha descartado de las otras esferas de la acción pública para circunscribirlo por sistema, ó por el imperio de las circunstancias, á la cuestión de las atribuciones del Estado.
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rante opone á la conveniencia y posibilidad de la fijación del salario. Iremos recorriendo brevemente las principales.

Hay una, la más radical y dogmática, que hemos refutado en el artículo anterior, es á saber, la incompetencia del Poder civil, en apoyo de la cual, ó no se da razón alguna, ó se repiten las generales de la escuela clásica y de todo individualismo que, á la kantiana, descarga al Estado de los deberes y oficios que le incumben. En el curso de este trabajo queda demostrado que el soberano, si no es el órgano de todo el derecho, lo es de todo derecho, y que, por función ó rigurosamente federal, ó por tutelar acción supletoria, no hay acto gubernativo extraño á la competencia del Estado, ni intervención que le sea vedado cuando es justa, y además la hace necesaria la abstención de los otros órganos, cuya es la función, pero que no quieren ó no pueden efectuarla. El absolutismo del Poder civil no consiste en ingerirse, sino en ingerirse sin precisión en esferas de ajena autarquía; y para afirmar la incompetencia de esta tasa, había que demostrar ó que la retribución justa del salario es la que exige la estricta subsistencia del obrero, según la ley de la oferta y la demanda, ó que, consistiendo la justicia en algo más que la medida de lo que el obrero necesita para no morir, pero para vivir agonizando, hay en la actualidad otras personas ó entidades que el Estado, que quieran y puedan imponer y sancionar la retribución debida.

Otra objeción es la de las fluctuaciones del salario que no es inmóvil é invariable sino que está sujeto á las varias causas de oscilación del mercado. Acerca de esta dificultad hay que observar 1.º que todo lo más que puede argüir es mayor trabajo, más exquisito cuidado para seguir esos cambios y tomarlos en consideración, no retardando la variación de la tasa, cuando la mudanza de estado económico, sea acentuada y durable, y no se adapte á la flexible escala comprendida entre el máximum y el minimum del salario; 2.º esas fluctuaciones no son tan rápidas ni tan hondas que obliguen á frecuentes revisiones y rectificaciones del tipo; 3.º si ahora menudean, más es por razón del defecto ó inconveniente que con la justa tasa trata de evitarse; porque las os-
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cilaciones actuales son producidas principalmente por los cálculos y maquinaciones del desalmado interés utilitario, por la pugna entre el del capital y el del trabajo, por la inconsistencia de norma tan movediza como lo es la ley de la oferta y la demanda; 4.º lejos de eso, cuando las relaciones económicas se fundan en la armonía de la justicia de distribución entre los dos factores productivos, las alteraciones no son bruscas, repentinas ni profundas, sino que se verifican por evolución acompasada, suave e imperceptible, no exigiendo en este ramo de legislación modificaciones mucho más frecuentes y señaladas que en los demás.

Invocando el interés del trabajador, se supone que la imposición del salario es contraria á la masa y mayoría de los obreros menos aptos, porque el capitalista, ya que le cuesta más cara la obra, elige á los más capaces operarios, quedando sin ocupación y pan una porción considerable de los más torpes. Pero apenas se concibe que se conceda importancia á tan especiosa objeción, porque en todo caso, lo mismo cuando el capitalista contrata caro que cuando arrienda el trabajo á mínimo precio, procurará, si puede, esta selección de aptitudes, lo cual tampoco es tan fácil por falta de tiempo y medios de aquilatar méritos, máxime siendo como es, la obra industrial de perentoria urgencia y no necesitando las operaciones, sobre todo, después de la introducción y difusión de las máquinas, más que un término y nivel medios de capacidad asequible á la mayoría de la población obrera. Y, después de todo, si fuera del apremio de la necesidad que obliga al capitalista á contentarse con trabajadores menos vigorosos y diestros, escoge los más aptos, por no haber trabajo para los peor dotados de fuerza, habilidad y honradez, es esta una ley natural y ética á la cual no es dado sustraerse, y contra la cual no cabe ni procede remedio alguno, porque, lejos de constituir mal y daño, es un bien que proviene de la realidad misma, obra de Dios, una exigencia de la justicia distributiva, un premio para los beneméritos y un estímulo para todos los trabajadores de cualquiera clase de industrias.

Más serio obstáculo es el que procede del estado actual
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de las relaciones internacionales del mercado. Mientras no haya un acuerdo, punto menos que imposible, entre las naciones para fijar la retribución del obrero, á fin de que, atendidas las circunstancias económicas respectivas, tenga este en cada país un salario, sino idéntico, proporcionado, y según lo que cueste la vida, se exponen los Gobiernos, que procedan aisladamente, á encarecer el producto con el encarecimiento de la obra, y, por consiguiente á qué sus nacionales luchen con desventaja y sucumban al fin en ese campo de batalla, sin límites ni fronteras, de la competencia internacional. La derrota afecta en general al país y de rechazo al obrero, porque la decadencia ó ruina de las industrias le deja sin trabajo y queda herido con el que se creyó instrumento de su rehabilitación y fortuna.

Tengo, en verdad, por inalcanzable este inconveniente, mientras no se cambien, (y no llevan camino) la naturaleza y los caracteres de la concurrencia. Reviste esta lo mismo en las relaciones interiores que en las internacionales, la forma más odiosa é inhumana. No es coincidencia de industria y recíproco complemento y auxilio para satisfacer armónicamente las necesidades de un consumo que ha de ser el regulador y la medida de la producción y del consiguiente trabajo industrial; es, por el contrario en todos los concurrentes una empresa aleatoria y, no pocas veces, insensata en que se juega el albur de la propia ganancia, y si se puede, de la súbita fortuna y opulencia contra la pérdida y aún la ruina de los demás, convirtiéndose así la competencia razonable y equitativa en pugna brutal, en lucha desesperada, que, solo por sarcasmo, puede llamarse pacífica, ó porque se sucumbe y se triunfa respectivamente sin alardes violentos ni efusión de sangre y no cae ni muere el contendiente sobre el desolado campo de batalla. A esa sosegada contienda van los beligerantes dispuestos á matar ó morir, esto es á vivir á costa de la vida del enemigo; y lo que sucede en el mercado nacional, como si dijéramos en el teatro de la guerra civil, acontece en el mercado adonde acuden las naciones impulsadas no por un sentimiento fraternal de sano cosmopolitismo para suplir las deficiencias de unos productos con la abun-
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dancia y sobra de sus similares de otros países, sino para lograr la preponderancia y si es posible la exclusiva, el monopolio, la victoria por medio de una desenfrenada libertad, la de acometerse sin cortapisas ni traba de ningún género. Hay que ir al combate pertrechado de todas armas, y una de las principales es la baratura del producto, uno de cuyos factores es la baratura del salario. Este fin, este criterio es el que informa y dicta los tratados comerciales entre las potencias, conciertos económicos de día en día más inclinados hacia el libre cambio, el cual vienen casi á establecer sino en principio y por disposición general, por numerosas convenciones particulares y extendiendo cada vez más la cláusula de nación más favorecida.

La conducta y procedimiento contrarios, ó sea, aranceles marcada y acentuadamente protectores, pueden producir una situación económica en que cada nación, sin necesidad de concertarse con otras, fije el salario equitativamente remunerador, sorteando el riesgo de quebrantar sus industrias y de hacer de rechazo más afflictiva y miserable la suerte de los trabajadores. Porque desde luego se comprende que el sistema económico, que sin cerrar las fronteras á los productos extranjeros, encerrándose en un aislamiento irracional y nocivo, sólo las abra á las importaciones necesarias ó muy útiles para fomentar y desarrollar así su riqueza y asegurarse su mercado, no tiene por qué temer ni cuidarse de que le resulte más cara la mano de obra; el arancel salvará la diferencia que de otra suerte favorecería á los productos extraños (1).

(1) A no pocos, bien que no entre los lectores de nuestra REVISTA, parecerá no sólo extraña, sino absurda, tal opinión, y preñada de inconvenientes y desastres la teoría. Fundamentarla y justificarla ahora sería inoportuno y contrario á la unidad y trabazón del actual tema, porque son varias, complejas y de amplias conexiones las fases de la cuestión. Probablemente, y cuando esta serie se concluya, será objeto de otro ó otros artículos, Dios mediante, el examen y crítica del estado actual de las relaciones económicas entre los pueblos que de todo tiene menos de lo que aparenta, y de la que fantasean y falazmente proponen los apóstoles de la solidaridad y comunicación universales.
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ESTUDIOS SOCIALES SOBRE EL CÓDIGO CIVIL

No es de esperar este nuevo rumbo de política económica, que habría de formar parte de un íntegro sistema y plan de gobierno, inspirado en principios esencialmente contrarios á los que impulsan al mundo por los derroteros del presente progreso.

XVI

Las consideraciones anteriores nos relevan, en mi entender, de la obligación de una respuesta concreta y categórica sobre si el actual Estado puede ó no puede imponer la tasa de un salario equitativo, según la moral y el derecho católicos, tan admirablemente trazado en la Encíclica «Rerum novarum» y aun según los dictámenes e inspiraciones de esa ética y economía que la luz de la razón, reflejo del divino lumen, descubre á los hombres no fieramente preocupados contra la armonía entre la ciencia y la fe.

Con el pesimismo que fluye no de las amarguras del corazón, sino de las experiencias de la vida, y sobre todo de la convicción profunda del absurdo y vicio esenciales de las modernas instituciones, tengo necesariamente que inclinarme á la opinión de que la economía y la política actuales difícilmente podrán conseguir la medida de reivindicación, rehabilitación y mejora, que de consumo, clamorosamente reclaman la misericordia y la justicia vulneradas por igual en la aciaga y dolorosa suerte de los obreros de la ciudad y del campo, de la industria extractiva, agrícola, fabril y comercial. Si Cristo es la solución de todas las dificultades, el pensamiento y la vida contemporáneos, apóstatas de El, no tendrán solución para ningún problema, y los hechos lo van demostrando á posteriori, y señalando como más generosos qué fecundos los esfuerzos de los católicos empeñados en restaurar el orden por ministerio de legalidades esencial é irremisiblemente desordenadoras. No juzgo, ni, mucho menos, condeno la viril y heroica empresa; pero harto más que dudas me asaltan respecto de su eficacia, y de la discreción que implica no curarse del instrumento previo ni del terreno propicio de todas las restauraciones.

Sea de esto lo que quiera, contra la acción del Estado,
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no creo que pueda oponerse la ineficacia de una sanción irrealizable de la tasa, que sufrongan fácilmente eludible, por libre y clandestino acuerdo de las partes, es decir, por la fuerza de la necesidad en que se ve el obrero, siempre más desvalido y apurado que el patrono. De este argumento ya me hice cargo al tratar de otra tasa, la del préstamo, y nada se puede añadir aquí. Cuando el Estado señale el salario, no ha de dejar el precepto desamparado de algún género de sanción, aunque no salga de los límites de la mera culpa civil, lo cual es ya bastante para imponer á la mayor parte de los patronos que es la de los menos audaces infractores de la ley. Sin esto, cuando la ley humana refuerza un precepto de la moral, le da más consistencia ante la conciencia y la opinión pública, haciendo más deshonrosa su infracción, y de mayor impulso y fuerza la coacción moral que el honor implica. (1) Finalmente, aunque el precepto no pasara de la declaración de un deber civil, siempre sería lección legislativa de moralidad, y estímulo para que el obrero la hiciera cumplir en su contrato de trabajo, máxime en el estado actual de material potencia, y de espíritu de asociación en que se hallan los trabajadores.

Lo menos que puede hacer el Estado, y de lo que no debe excusarse es de asignar el salario justamente retributivo en todas las obras que tengan el carácter de públicas, y lo mismo cuando se ejecuten por administración que cuando se efectúen por contratas. No puede dejar de considerarse monstruoso que el Estado, la provincia y el municipio, como cualquier egoista é interesado burgués, se atengan exclusivamente á la férrea ley, dando el escandaloso y corruptor ejemplo de tiránico abuso contra un ciudadano á quien sarcásticamente se proclama poseedor de la plenitud de sus de-

(1) Bien se ve marcadísimo este efecto, aun tratándose de leyes injustas e inconvenientes, revestidas de sanciones poco vigorosas. Dígalo, si no, la depredatoria contribución de consumos, que, aun siendo una exacción inicua á todas luces, sin obligación moral per se, de cumplimiento, cohíbe, sin embargo, á muchas personas, aun ilustradas, acerca de sus deberes morales y cívicos, por librarse de la indecorosa nota de matuteros.
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rechos, el de soberanía inclusive. El salario equitativo en las obras públicas, incluído en las condiciones de adjudicación, cuando se contratan, mejora por de pronto la condición de cierto número de obreros, los empleados en aquellas, y además de cumplimiento de un deber estricto de justicia, es un acto de moralización práctica realizado por los poderes públicos con toda la eficacia que prestan al hecho la categoría, posición y poder de quien lo ejecuta. Y hay más; á medida que las obras públicas se multiplican y extienden, no sólo por necesidades inmediatas del Estado, provincia y municipio, sino por la precisión, cada vez más apremiante y desarrollada, de tal forma de pública beneficencia, además de aliviar la suerte de porción más considerable de la población obrera, resultan tipo regulador más eficaz del salario en los contratos con patronos particulares.

Y no se puede argüir que la celosa administración de los intereses públicos obliga, en obsequio del contribuyente, á ejecutar ó contratar lo más barato posible la obra, porque interés público es también el de la población operaria, y no pueden hacerse nunca economías contra justicia, lesionando el derecho, aun más sagrado de los humildes y menesterosos, á los cuales, en razón y proporción de su necesidad y desamparo, deben consagrarse preferentemente las atenciones y los desvelos de los poderes públicos.

Podrá acontecer que, cuando sean tantas las obras públicas (forma violenta, pero necesaria de la socialización de la propiedad), que impongan indirectamente la tasa en los contratos privados, encareciéndose la obra industrial, atraigan á ella brazos empleados en otras industrias, produciendo de rechazo la carestía de los demás productos y su desventajosa posición en el mercado internacional. No lo negamos, pero ya hemos dicho cuál podría ser el remedio; si no se emplea el preventivo del arancel protector no puede imputarse la falta á la recta economía y á la justa y prudente política, sino á las complicaciones insolubles de la ciencia y de la vida emancipadas.

ENRIQUE GIL Y ROBLES.

(Se continuará.)
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REVISTA CATÓLICA
DE LAS CUESTIONES SOCIALES
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LA LIBERTAD DEL TRABAJO
EN LOS PUEBLOS MODERNOS

II

En el hombre todas las facultades están de algún modo subordinadas á la razón, y ésta parte casi siempre, por ley de su naturaleza, de principios conocidos, y por todos aceptados, en sus juicios y raciocinios. Así ha podido declararse que todo acto de conciencia, como todo acto de la voluntad, tiene su raíz y su origen en el entendimiento, y que existe una relación estrecha e íntima entre lo que el entendimiento piensa y los actos que la voluntad realiza (1). Así ha podido añadirse que, cuando la caridad informaba las relaciones sociales, y los patronos y los obreros tenían por regla de conducta «no perjudicar á nadie», «dar á cada uno lo suyo», «no querer para los demás lo que para sí no querían», «amar al prójimo como á sí mismos», aquellas relaciones eran buenas por fraternales, y buenas por inspiradas en las eternas normas de la justicia, y que ahora que se inspiran no pocas veces en la utilidad y en el egoismo han forzado de algún modo á Villani á declarar que «la suerte de gran parte de nuestro pueblo ha empeorado con el entronizamiento de los gobiernos de libertad»; á Pani-Rossi y á Turiello, á sostener que la división de otras veces entre feudatarios y vasallos existe entre burgueses y plebeyos, y á Lotourneau, Molinari y Vaccaro, á afirmar resueltamente que «la condición de muchos labradores es actualmente peor que la de los antiguos esclavos». (2)

Con efecto, basta analizar los conceptos de utilidad y de

(1) Divi Thomae Aquinatis Doctoris angelici, Ordinis praedicatoris, Summa de veritate catholicæ fidei contra gentiles, libro III, capítulo 129, páginas 247 y 248. Madrid, 1750.
(2) Citados por Roscher y por Leroy-Beaulieu.