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la filosofía (1) y por ello no hay exageración ni injusticia en considerar y llamar á Descartes el padre del racionalismo. Por eso le llamé antes católico-racionalista, no de distinto modo y por otra razón que la que en política justifica la denominación de católico-liberales á los que profesan el eclecticismo de la fé privada y del liberalismo público.

Pero el procedimiento cartesiano de indagación filosófica, trasladado á toda indagación científica por la moderna Pedagogía, ha recibido plenamente la anterior influencia del racionalismo, y condensado en el actual sistema autodidacto, extendido desde el filosofante á cualquiera otro científico (ya no se puede decir discípulo ni disidente) toda la aberración individualista, característica del pensamiento moderno.

El autodidactismo es el individualismo en la construcción científica, la emancipación, por de pronto, de toda autoridad docente actual, y luego de la autoridad científica secular, garantizada por la razón colectiva humana, no de una generación, sino de todas, no de un sabio, sino de cuantos ha habido en las anteriores edades. Ciego estará quien no reconozca aquí la misma causa radical é idéntico criterio que el protestante en religión, el cartesiano en filosofía, el sociológico del pacto social y el político de la soberanía del pueblo.

IV

Tal significación tiene el supuesto absolutamente gratuito y nunca demostrado de que la interposición del magisterio no sólo impide el saber verdadero, sino que le debilita y al fin anula las facultades del discente, sustituyendo dogmas á raecoci- nios y produciendo una enseñanza memorista, ó sea de reten-

(1) En una larga nota del libro III, tomo II de mi Tratado de Derecho político según los principios de la Filosofía y el derecho cristianos (no recuerdo la página ni el capítulo, y no tengo ahora á mi disposición ejemplar alguno); el tratar del socialismo, hago amplia referencia á Hegel y á Descartes, probando que desde éste se va directamente á la construcción hegeliana, sin el intermedio de Kant ni de ninguna otra elaboración racionalista, y sin más que despojar el entimema de su conclusión ilegítima ergo sum por no estar contenida en el cogito.
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cluir á ninguno, que hoy tienen declarado su derecho) en plena propiedad, un capital que le produzca una renta igual á la mitad de su pensión actual (sin relación á la salud, edad y condiciones, porque no se trata de un seguro), y los otros 44 millones serán de economía para el Tesoro.

Hecha la liquidación del oneroso pasado, debe abordarse simultáneamente la organización del porvenir, publicándose una ley de clases pasivas, derogando todo lo hoy vigente y prohibiendo hacer en lo sucesivo nuevas declaraciones de derechos pasivos. Los que correspondan en el porvenir á los funcionarios públicos, se fundarán en el seguro individual y libre, proporcional á la cantidad que se entregue y al número de años, por los cuales se obligaría á la entrega, y además el funcionario inscrito podrá también asegurarse una renta ó capital, como en Inglaterra por la ley de 1872.

El reconocimiento de este principio de libertad en los servicios del Estado, para proveer en los casos de enfermedad, incapacidad y muerte, implica el de hacer obligatorio el seguro (á lo que tiene derecho el Estado, puesto que puede imponer condiciones á los que quieran entrar á su servicio), por el solo hecho de ingresar en el servicio público. Mas para esto es preciso: 1.º Que el Estado destine anualmente una suma (igual por lo menos á la cuarta parte de la cuota de los asegurados) á aumentar la cuota del seguro de sus empleados á semejanza de lo que hacen hoy todas las grandes empresas ó compañías industriales con los suyos, fijando claramente las plantillas, de suerte que si aumentara el número de funcionarios, hubiere de hacerse para cada uno de los nuevos una previsión especial que dejará á salvo los derechos de los otros. 2.º Que se creara una institución especial destinada á llevar á cabo este proyecto y confiada á los mismos interesados. Esta institución podrá ser del tipo de la Caja de Retiros francesa ó de la Caja belga para los militares. De todo lo dicho resulta que, á juicio del Sr. Moret, la organización que debe darse á las Clases pasivas ofrece dos distintos aspectos: 1.º La capitalización del pasado. 2.º Una ley de Clases pasivas fundada en la creación de una Caja de pensiones constituidas por los mismos empleados, por ellos administrada y subvencionada por el Estado, acrecentada con un tanto por ciento de los aumentos que tengan las rentas públicas administradas por el Estado, que deberá entregarse á la Caja de pensiones inmediatamente después de liquidado cada presupuesto.

En cuanto á los empleados que hoy tienen derecho á obtener pensión, pero que aún no la tienen declarada, por no haber transcurrido el tiempo ó no haber ocurrido el accidente que habilita para percibirlas, el Sr. Moret cree que se deben calcular sus derechos con arreglo á tablas de mortalidad, capitalizando por el valor total y llevando á la Caja de pensiones, como primera entrega á nombre del interesado, la cantidad que le sea reconocida, pero dejando al arbitrio del empleado la manera de invertirla en la Caja de pensiones.

KALL D'ERON.
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CRÓNICA SOCIAL

JUNIO 1904

Las cosechas en España.—La siembra mecánica.—Los alquileres.—Sueldos y retenciones.—Monte-Pío general de trabajadores.—Emigración e inmigración.

Cuando el presente número de la Revista llegue á manos de nuestros lectores, habrá ya empezado en los campos la ruda faena de la recolección, y miles y miles de fanegas de trigo vendrán á llenar las trojes, todavía no del todo desocupadas de existencias, resto de pasadas cosechas, gracias á las importaciones de trigos exóticos, que permiten nuestros bajos aranceles aduaneros.

En sólo un mes (el de Marzo), entraron en España más de diez millones de kilos de trigos rusos, indios ó americanos, sin contar unos cuantos miles más de kilos de harina. ¡Y sin embargo, nos sobra trigo cultivado en nuestros campos, y pudriéndose en paneras y almacenes, por falta de demanda en el mercado nacional!

Según la Memoria de la Junta Consultiva Agronómica, oficialmente publicada, nuestra cosecha de trigo en 1901, fué de veintitantos millones de quintales, necesarios para el consumo y siembra anual, dejando todavía un sobrante de otros diez millones de quintales. La de 1902, después de llenar las necesidades de la subsistencia y sementera, produjo un superávit de nueve y medio millones de quintales. Y la del pasado año de 1903, no obstante haber disminuido en 57.418 hectáreas el terreno dedicado al cultivo triguero y de haber sido la cosecha mala en Andalucía y Levante por la grande sequía de entonces, sólo regular en Castilla y Extremadura, y únicamente buena en las regiones menos agricultoras de este cereal, Vascongadas, Navarra, Galicia, y en Aragón y Cataluña, la recolección fué de 35.102.434 quintales, de los que; deducidos 23.404.111 para el consumo y 3.813.200 para la siembra, acreditan un sobrante de 7.865.114 quintales.
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Es decir, que en el trecento 1901-1903, se cosechó en España trigo bastante para las necesidades de la población y la agricultura nacionales, y sobraron nada menos que 27.375.263 quintales de trigo.

Véase, con estos datos oficiales á la vista, que de pecar de inexactos será en menos, por las inveteradas ocultaciones de propietarios y colonos, si no es hora de rectificar nuestra política económica y cerrar nuestros puertos y fronteras á los trigos extranjeros, innecesarios y aquí traídos por el comercio con daño grave de nuestros labradores que forman la porción más considerable de nuestro censo de población.

Y ya que de cosechas hablamos; en la Revista Minera hemos leído que al puerto de Bilbao, y procedente de los Estados Unidos, llegó hace poco un cargamento conteniendo 366 máquinas segadoras. Si se tiene en cuenta que de otras naciones de Europa se reciben también con harta frecuencia esas y otras máquinas agrícolas de las que en estos días se hicieron experiencias de que dió cuenta la prensa diaria y noticiéra, en la Moncloa (Madrid), en Soria, en Valladolid, en Sevilla, en Córdoba, en Badajoz, en Cáceres... fuerza será confesar que nuestro país es un excelente mercado para esos fabricantes extranjeros, y que aquí se adoptan ya los adelantos de la mecánica aplicada á la industria madre.

Sería insensato desconocer las ventajas de la máquina para el fin económico de la producción; pero también lo sería no contar con sus inconvenientes para el án humano y bienestar social; sobre todo, con el inconveniente, que es de evidencia, de que la máquina, sustitutivo artificial del trabajo del hombre, deje ociosos sin número de brazos, puesto que uno ó dos ó pocos más operarios que la manejan, hacen una labor más pronta y tan intensa como una veintena de obreros manuales. Claro es, que si la máquina sólo ahorrando fatiga empleara á esos desocupados ó ellos encontrarán ocupación distinta, el inconveniente no sería tal; pero lo primero no sucede y lo segundo no es tan fácil que suceda. Recuérdese que cuando la Tabacalera intentó poner en sus talleres las máquinas de cigarrillos mecánicos, eq
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talló formidable el «motín de cigarreras», y si no en todo, sí en mucho desistió la Compañía Arrendataria del adelanto, para no matar de hambre á miles de familias obreras. ¡Qué sucederá en España el día en que la sobreproducción extranjera y la concurrencia de fabricantes abarate el precio de sembradoras, segadoras, trilladoras, limpiadoras...! ¡Millones de hombres, dedicados hoy á esas tareas del campo, quedarán sin trabajo; la población rural caerá cuasi en masa sobre villas y ciudades, y... maquinalmente, con todos los adelantos de la mecánica, habremos producido, acelerada, la conflagración social más espantosa y temible.

Con razón ha podido decir Say que «se ve uno tentado á maldecir los inventos cuando mira el estado á que por ellos han venido á parar criaturas, que al fin y al cabo, son semejantes nuestros». Sólo un uso discreto de la maquinaria agrícola podrá hacerla útil socialmente, pues no hay que olvidar que el fin á que la producción se destina, no es á enriquecer, sino á sostener la vida del hombre y la paz, orden y felicidad pública; luego siempre será absurdo, por progresar económicamente, matar al hombre, sumir en la miseria y en la desesperación al trabajador, minando el orden social por el afán inmoderado de producir más y más pronto y más barato.

En Valencia hace celebrado un meeting de inquilinos (en general obreros) para protestar contra los propietarios de fincas urbanas por la subida de alquileres, acordando nombrar una Comisión ejecutiva que fije los que se han de pagar y en qué condiciones; comprometiéndose los reunidos á obedecer puntualmente las resoluciones de la Comisión.

Parece que es esto contra la propiedad, y realmente es contra la propiedad, tal y como la definen, garantizan y mantienen los códigos vigentes, según el principio individualista del absoluto derecho del dueño en sus cosas y la libertad de concertar con otros el uso y disfrute por éstos de las cosas puestas en su dominio.

He aquí una cuestión, que si en el terreno legal no es tal cuestión, pues está resuelta en el presente estado de derecho
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á favor del dueño, no es tan fácil de resolver en el terreno de lo justo y equitativo, en la esfera de lo social, en su más amplio sentido.

De un lado, parece irrefragable el derecho del propietario á y en su casa, y de otro, no lo parece menos el del inquilino para impedir que nadie por ningún título enriquezca con perjuicio, si no de su vida, sí de su vivir, más estrecho y difícil por la usura (si la hubiere y en tal supuesto) de inquilinato injusto é inhumano.

Cuestión es ésta, que nadie dirá haya de resolverla, ni el dueño de la casa, ni el inquilino, pues repugna que nadie sea juez y parte en asunto propio.

Pero alguien debe de haber que dirima esta contienda ó verdadera colisión de derechos, por cuanto siendo la habitación indispensable á la ordenada existencia, no puede dejarse á los particulares propietarios que las cierren inhabitadas por no convenir en el precio de arrendamiento con los desacasados, ni es justo que imponga la ley el más fuerte.

Indudablemente, al Estado, á la pública autoridad compete regular esta relación social en orden á la subsistencia y vida civil, y así en el antiguo régimen fueron previstos estos conflictos y resueltos satisfactoriamente en justicia por medio de la tasa de alquileres.

Poco versado ha de ser en nuestro derecho histórico, quien no recuerde las leyes particulares de inquilinatos en Salamanca ó Alcalá: los antos acordados, reales cédulas y disposiciones de la Novísima, para la corte unos, de general observancia otros, protegiendo á los inquilinos contra los abusos posibles de la propiedad, y á ésta, contra los fraudes de los inquilinos.

En vista de estas consideraciones y precedentes, y ante lo ocurrido en Valencia, ¿no sería prudente que los Gobiernos se adelantasen por medio de sabios preceptos á prevenir los abusos de unos, los fraudes de otros, concertando los encontrados intereses del único modo posible en lo humano, fijando la tasa y escala gradual de alquileres por inspección facultativa y justiprecio de peritos? Esto, que ya lo hace para salvar los intereses del Tesoro, ¿por qué no hacerlo para salvar la justicia social, la paz y el orden en los pueblos?
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ción de palabras en la memoria sensible, como si enseñar no fuera demostrar y ejercitar á la vez memoria y entendimiento, y á éste en la compleja variedad de sus funciones, desde la intelección á el más sutil discurso. La mala enseñanza, la del que habla y no demuestra y comunica palabras sin sentido en vez de razones, no debe confundirse con la enseñanza tradicional, dogmáticamente condenada y execrada también con frases, no con ideas, por motivos de prejuicios inspirados en antipatía, puramente pasional á todo lo antiguo. Es el hombre suelto de todo vínculo social, autor de su religión, de su filosofía, de la comunidad pública y del poder que ha de mandarle; nada nuevo más que las palabras y la literatura, cuyas perifrasis y trozos también se van ya ranciando.

Y claro es que contra tales desvaríos se alzan airadas la realidad y la misma conducta de los pedagogos contemporáneos; la realidad, que sigue imponiendo maestros y escribiendo libros que son también lecciones escritas, la conducta de los nuevos instructores, que siguen enseñando ni más ni menos que los antiguos, sin más que el subterfugio pueril de invitarle á pensar, á extraer la ciencia del propio fondo del pensamiento, sin perjuicio de extraerla el mismo profesor cuando se convence de que no llega á tanto el indagador principiante, y hay que ayudarle en la medida de su necesidad que, en los comienzos de la enseñanza, suele ser plena indigencia. Es el sistema antiguo, natural, bien que disfrazado y con la única diferencia del tiempo que se pierde y no me atrevo á decir de lo que padece la sinceridad, que á todos nos obliga, pero especialmente á los maestros.

V

Es absolutamente falso (así debe llamarse sin eufemismos antiretóricos lo que carece de verdad objetiva) que la pedagogía tradicional conspirase contra la personalidad y la iniciativa del discípulo. En esa especie debe reconocerse una vez más el error del falso individualismo, ó sea del que profesa la teoría de la absoluta independencia en todo orden, así especulativo como práctico, y que imagina que la independencia del pensamiento consiste en que nadie le suministre ideas, como la de la
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En el Congreso se ha presentado una proposición de ley para prohibir en absoluto que particular ni judicialmente se embarguen ni retengan, ni todo ni parte mínima de los sueldos de los funcionarios públicos y pensiones de las clases pasivas.

Ya por la ley de 5 de Junio de 1895 se fijó un límite á las retenciones de sueldos y pensiones, determinando la parte alícuota que puede ser embargada ó retenida á sus perceptores por nómina.

Esto tiene la razón de justicia de escudar á los funcionarios públicos y pasivos contra las acechanzas de la usura; pero lo que en la proposición de ley á que nos referimos se pide, nos parece exhorbitante y aun nocivo á las mismas clases sociales que se quiere favorecer.

En primer lugar, lo que ya es privilegiado (el límite legal puesto á las retenciones) se convierte en inmunidad de fuero tanto más irritante cuanto que otras clases (aun superiores en la jerarquía social á las de empleados públicos), no obstante la innegable justicia de sus fueros naturales, los ven abolidos por el absurdo principio igualitarista (que se intenta vulnerar ahora en favor de dichos empleados) de que unos mismos códigos y leyes regirán para todos.

En segundo lugar, es injusto hacer intangibles los sueldos y pensiones, por cuanto no toda deuda del empleado implica fuerza, injuria ó daño de derecho hechos al mismo, ni aun en contrato de préstamo, porque no todo interés es ilícito ni usurario. Los más ilustres moralistas-economistas cristianos contemporáneos (Ballerini, Palmieri, Costa-Rossetti, Cathreim, Pesch, nuestro compatriota P. Vicent, etc.), afirman que hoy, actualmente y en general, no puede decirse moral, jurídica y económicamente que sea mutuo todo préstamo, ni el dinero que se presta, cosa fungible é infructífera, sino que se trata ya de un contrato innominado que definen: «Contrato real bilateral oneroso, por el cual uno presta á otro dinero, con la condición de devolver la misma cantidad, vendiéndole al mismo tiempo por precio justo (interés) el derecho de usar de él».

En tercero y último lugar, se perjudica á los mismos que se
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quiere ó intenta favorecer y defender, porque si el sueldo de los empleados es por la seguridad y regularidad con que lo perciben, fundamento y motivo para que se les hagan préstamos ó anticipos á interés, en el momento en que una ley prohiba en absoluto toda retención, ya no existe realmente ese sueldo para el prestamista, pues no le garantiza ni principal ni intereses, ni es fianza para el que fia alquileres, vestidos, comestibles... y á poco, no habrá nadie que provea á los funcionarios públicos si no van éstos con dinero en mano.

A nuestro juicio, bien prueban estas consideraciones que el remedio que se busca para defensa de la clase de empleados, no está ni en el límite puesto á las retenciones, ni en la inmunidad del sueldo, sino en prohibir la usura, en castigarla como crimen que es, en regular la contratación de préstamos, fijando la tasa ó interés como tantas veces y con tan poderosos argumentos han dicho y demostrado en estas páginas nuestros más ilustres colaboradores.

No hace muchos días quedé constituido en esta corte el Montepío general de los trabajadores de España en Junta celebrada en el Monte de Piedad bajo la presidencia del Marqués de Camarines, autor del proyecto por encargo que recibiera del Rey D. Alfonso.

Faltos de espacio para reseñar esta reunión, he aquí una ligera idea de esta nueva institución de beneficencia:

El objeto del Montepío general es proporcionar á todos los trabajadores y dependientes de los patronos asociados un relativo bienestar cuando gozan de salud, y principalmente cuando se encuentren enfermos ó sean víctimas de algún infortunio no comprendido en la ley de accidentes del trabajo, asegurándoles pensiones para ellos, sus viudas ó sus hijos.

Se constituye ahora en Madrid, y después se establecerán sucursales en las provincias, que funcionarán independientemente.

El Montepío extenderá su acción á mejorar la alimentación, educación y viviendas de los obreros; pero, por lo pronto, atenderá á lo que es en él fin fundamental.
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Para realizar este fin tendrá como ingreso las cantidades que abonen los patronos asociados, por el 2 por 100 de los jornales que paguen á sus obreros. A esto se unirán las subvenciones que conceda el Estado, legados, donativos y otros medios de ingreso.

Seguramente, en el porvenir, el Monte de Piedad y Caja de Ahorros, que ahora cede su sala de juntas al Montepío, le otorgará luego su protección, con lo cual se dará gran fuerza á la institución inaciente, por la respetabilidad de aquella Corporación.

Todos los obreros—cuyos patronos formen parte del Montepío general y hayan cumplido tres meses de servicio, estando inscritos durante este tiempo—tendrán derecho, en caso de enfermedad, á percibir, en concepto de socorro, la mitad de su jornal y 50 céntimos de peseta más, diarios, por todo el tiempo que dure aquélla.

En caso de defunción del obrero, se señalarán pensiones á sus viudas ó huérfanos, con algunas excepciones y limitaciones.

Los obreros que lleguen á los sesenta años y cuenten con diez de servicios á las órdenes de cualquier patrono asociado, podrán jubilarse, disfrutando de una pensión conforme á la escala siguiente:

Hasta 2.000 pesetas de sueldo, el 50 por 100.
De 2.001 á 3.000, el 45.
De 3.001 á 4.000, el 40.
De 4.001 á 5.000, el 35.
De 5.000 en adelante, 1.800 pesetas.

Estos beneficios se aumentan en determinadas circunstancias.

Las ventajas que el Montepío reportará á las clases obreras no necesitan encarecimiento. Con el proyecto se viene á realizar un gran beneficio al obrero, sin imponer al patrono gran sacrificio.

El 2 por 100 que se pide del jornal de cada obrero representa un esfuerzo fácil de realizar.

Un patrono que tuviera á sus órdenes 20 obreros, á los cuales pagara un jornal de 10 reales, por ejemplo, sólo tendría que
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pagar 1,50 pesetas mensuales por cada obrero, ó sean 30 pesetas al mes.

Además puede realizarse en esto una inteligencia entre patronos y obreros, para que éstos abonasen alguna parte del tanto por ciento indicado.

En cambio, los patronos recogerían también sus beneficios, porque estableciéndose así lazos de solidaridad y gratitud entre el capital y el trabajo, el obrero que recibiera este beneficio de su patrono estaría más unido á él y más obligado á defender sus intereses.

En este Montepío podrán tener acogida no sólo los obreros manuales, sino otros obreros dedicados á trabajos intelectuales, los periodistas, por ejemplo, en favor de los cuales podrían hacer las empresas periodísticas un gran beneficio á muy poca costa.

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En estos días báse ocupado la prensa del incremento que la emigración vuelve á tomar de nuevo en Galicia.

Punto es este en que hemos de ocuparnos con el detenimiento que merece, por lo que arguye respecto al estado social actual.

Interin, vamos á terminar la presente Crónica con los siguientes datos que acaba de publicar el Instituto Geográfico y Estadístico de la emigración e inmigración de España en 1901 y 1902.

El número de españoles residentes en el extranjero, en el tiempo que abarca la estadística, era de 639.491. De éstos residían 274.120 en Naciones de Europa, 5.253 en África, 258 en Asia y 359.860 en América.

El país en que mayor era la inmigración española es la República Argentina, con 198.685 españoles. Seguía Francia y sus colonias, con 155.856. En Cuba recuerdan aún la nacionalidad española 66.917. En el Uruguay residían 55.997 españoles.

El número de extranjeros residentes en España era de 55.383. De éstos, 51.547 eran europeos, 745 africanos, 45 asiáticos y 3.043 americanos.