Revista católica de las cuestiones sociales (1899-06-01 00:00:00), página 16

den la independencia de los magistrados y corporaciones locales con la emancipación de sus habitantes. Como prueba de la inexistencia de la libertad de enseñanza, en la Edad Media se invoca que los despachos expedidos en esta época contenían las palabras: licentia docendi. Un poco de reflexión muestra cómo estas palabras están mal traducidas al francés, por las de permiso de enseñar; pero pasando adelante, se ve que las leyes modernas de 1833, 1850 y 1875, que han garantido la libertad de enseñar en las tres clases, primaria, secundaria y superior, exigen dos condiciones para ejercer: un diploma que pruebe la aptitud y un certificado de moralidad: la licentia docendi no tenía otro objeto. En principio, la libertad de enseñanza no estaba encadenada bajo el antiguo régimen.

Las excitaciones de legislas y filósofos hubieran debido conducir á la Asamblea constituyente á que asumiera el Estado el derecho de educar á la juventud. Mas, ¿cómo hacerlo en un tiempo en que se desataron todas las libertades, y cómo negar á los sabios lo que se permitía en los clubs á los hombres ignorantes y apasionados? Pero si en algunos colegios se abrieron sus profesores á las ideas nuevas, en otros se conservaba el influjo de las antiguas en materia de religión, de moral y de psicología. Contra éstos, encontraron los juristas el expediente de nacionalizar los bienes de las universidades, colegios y escuelas, inventando después el juramento cívico exigible á los que se dedicaban á la enseñanza, con objeto de desposeer de sus cargos á todos los profesores fieles á sus opiniones religiosas. La Convención encontró insuficiente el juramento, estableciendo el certificado de civismo, cuya otorgación, absolutamente discrecional, se hacía previo informe del club jacobino, sociedad popular, del Municipio en que se iba á abrir la escuela. Este sistema irrisorio no impide á algunos autores y políticos el celebrar el espíritu liberal de la Convención en materia pedagógica. A pesar de todo, es preciso confesar que la Convención no se atrevió á confiscar explícitamente el derecho de los padres de familia, sin duda por el temor de crear un gran número de discontentos que pusieran de manifiesto las ventajas del pasado. El régimen constitucional en 1895, trajo una detención en la vida social; por fraude ó por violencia, había adquirido las dos terceras partes en los Consejos legislativos, mas no así en la elección de administradores locales, de tal suerte que en muchos departamentos, cantones y municipios, los electores dieron sus votos á ciudadanos cuyas ideas no se relacionaban con las de las sociedades populares, por lo que la libertad de enseñanza resfloreció, tomando gran vida durante dos años, es decir, hasta el golpe de Estado del 18 del fructidor, año V. Desde este momento, el Directorio ejecutivo emprendió una guerra encarnizada contra las escuelas rivales, de los establecimientos oficiales, con el fin de destruirlas. Para resumir las vicisitudes de la profesión pedagógica antes del siglo XIX, se puede decir: que una completa libertad reinó en la Edad Media; que desde el Renacimiento á la Revolución las tiranías de los magistrados de orden administrativo ó judicial restringieron esta libertad; que desde 1789, los principios la consagraron de nuevo, escamoteándola por medios ocultos. En este estado las cosas, Chaptal sacó del Consejo de Estado un proyecto de ley sobre instrucción pública, por el cual el Estado asumía la facultad de dar la enseñanza superior; se reservaba el autorizar á los particulares á concurrir con él á la enseñanza secundaria y se abandonaba á la iniciativa privada la creación de las escuelas primarias, en concurrencia con las de los municipios y establecimientos de beneficencia. Los resultados de este régimen fueron desastrosos; el personal docente se compuso en su mayoría de personas poco recomendables: frailes seculari-