Revista católica de las cuestiones sociales (1897-07-01 00:00:00), página 5

vilización. Esto implica, es cierto, poder al alcance de los ciudadanos medios generales de cultura, pero implica también con mayor razón y en primer lugar la protección y la seguridad de la existencia, desde el punto en que la abstención del Estado ponga esta existencia en peligro.

El conjunto de los ciudadanos y los ciudadanos en particular tienen derecho á instituciones públicas capaces de escluir en general todo daño á los bienes de que son propietarios; y en el caso en que cualquiera sea víctima de semejante daño en forma que viole su derecho, el Estado está obligado para con esta persona á una protección eficaz. Así mismo el ciudadano tiene derecho á que el Estado por medio de leyes ó instituciones públicas le garantice ó le procure la posibilidad de crearse un modo de vivir conveniente, y si, por motivos accidentales, alguno se viera privado de lo necesario no hallando en otra parte el socorro requerido podrá reclamar fundadamente en última instancia de los poderes públicos, del Estado, el socorro que le sea preciso. Aun más; esta asistencia á la cual tiene derecho el indigente no deberá limitarse á lo que le es indispensable para no morir de hambre, sino que deberá ser en relación con el grado actual de civilización de la Sociedad, aunque sin exageración. El temor de malas inteligencias ó de abusos no debe impedirnos reconocer este derecho y proclamarle. Pero es preciso prevenir las malas inteligencias explicándole con exactitud, y los abusos aplicándole con circunspección.

La asistencia del Estado, en los casos particulares no constituye una obligación sino muy en última instancia; el Estado no puede ni debe llegar á ser el padre nutricio universal. Esta asistencia no consiste tampoco necesariamente en el otorgamiento de una renta; corresponde á los poderes públicos decretar la forma bajo la cual se otorgará el socorro, que deberá ser de un modo razonable. Para el indigente apto para el trabajo, dispondrá la asistencia por el trabajo; solo aquellos que se hallan incapacitados para el trabajo, por agotamiento ocasionado por enfermedad ó por la vejez tendrán derecho á ser asistidos sin dar nada en cambio.

V

LOS PODERES PÚBLICOS Y LAS INSTITUCIONES PRIVADAS

CONSIDERADAS EN SUS RELACIONES EN MATERIA DE ASISTENCIA

Por otra parte no se puede entender el derecho á la asistencia por el Estado de tal modo que éste deba tomar sobre sí todo el peso de esta asistencia. No; es mejor que se limite á una influencia indirecta, con tal de que cuide de que los verdaderos indigentes reciban realmente la asistencia que les es necesaria.

Lo que el Estado debe no solamente proteger, sino estimular y sostener, es ante todo, la caridad privada, las instituciones fundadas por la Iglesia, para el alivio de los males más diversos. Si estas son suficientes, tanto mejor; si así no fuera, sí la obligación de una asistencia más extensa se impone al Estado, deberá este poner á la disposición de las instituciones caritativas ya fundadas por la Iglesia, recursos más abundantes y por su mediación socorrer con más larguez á los indigentes, antes que emprender él mismo directamente la asistencia por medio de establecimientos y organismos creados de oncio.

Lo que el Estado hace por sí mismo no tiene el prestigio sagrado de la Caridad de la Iglesia. Generalmente la caridad oficial no es más que el pago burocrático y frío de una cantidad determinada de socorro en especie ó en dinero capaz de subve-