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Revista católica de las cuestiones sociales (1904-03-01 00:00:00), página 82

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PROTECTORES DE LA REVISTA EN EL EXTRANJERO

Argentina
Rvdo. P. Grotto, Redentorista.
Sr. D. Fortunato F. Devoto, Pbro.
Sr. D. Bernabé Piedrahita, Pbro.
Sr. D. Juan Otamendi, Cura Párroco.
Rvdo. Padre Fray Salvador Vázquez, Dominico.
M. I. Sr. D. Samuel E. Bustos, Canónico Provisor.
Sr. D. Ángel Brasasco, Cura Párroco.
Sr. D. José Maumies, Cura Párroco.

Bolivia
Sr. D. Crispín González, Cura Párroco.
Sr. D. Nicolás García Romero.
Sr. D. Bollisario Saenz, Secretario-Contador.

Cuba
Sra. D.ª Josefina de Zaldívar, Viuda de Saxon.
Sr. D. Joaquín Alsha, Presbítero.
Sr. D. Nicanor Troncoso, Párroco.

Chile
Sr. D. Luis Friedrich, Párroco

Ecuador
Excmo. é Ilmo. Sr. D. Benigno Palacios, Obispo de Guayaquil.
Sr. D. Fidel Coballos, Párroco.
Sr. D. Romiglio Romero L., Abogado.
Sr. D. Virgilio Drouet, Escritor.
Sr. D. José María Hurtado, Párroco.
Sr. D. Julio Antonio Vela, Abogado.
Sr. D. Emiliano M. Granizo, Abogado.
Sr. D. J. Virgilio Oñateada, Abogado.
Sr. D. Virgilio Chiriboga, Abogado.

Sr. D. José Ochoa León.
Dr. D. José Antonio Díaz Ll., Sacerdote.
Sr. D. Vicente Aguilera P., Presbítero.
Sr. D. José M.ª Paredes Ramírez, Empleado.
Sr. D. Elroy Abad, Pbro.
Sr. D. Gusto Abad, Pbro.
Sr. D. Emilio Morales, Pbro.
R.R. PP. Filistas del Sagrado Corazón.
Sr. General Dn. D. Alberto Muñoz Vernaza.
Dr. Aparicio Torán, Abogado.
Sr. D. Virgilio Morla Pardueci, Estudiante.
Sr. D. Agustín Salazar H., Abogado.
Sr. D. Darío Mendoza, Administrador de Correos.
Sr. D. Alejandrino Mendoza, Comerciante.
Sr. D. Manuel Elias Mora, Industrial.

México
Excmo. é Ilmo. Sr. D. Ramón Ibarra, Obispo de Chiapas.
M. I. Sr. D. Rodrigo Herrera, Canónico.
Dr. D. José Solorio Gil, Sacerdote.
Sr. D. Teodulo Gamarrilla, Párroco.

Perú
Sra. D.ª María Luisa Silva.

Trinidad
Rvdo. Padre Fray Eugenio Minguez, P. P.
Rvdo. P. Perdomo, P. P.
Rvdo. P. Álvarez, P. P.
Sr. D. Evaristo J. Montenegro.
Sr. D. Carlos D. Siegert.
Sr. D. Alfredo C. Siegert.
Sres. Juan Campoy y Compañía.
Sr. D. Enrique García Peruy.
Sr. D. Carlos Carmona.
Sr. D. Henry Caracciolo.
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AYUNTAMIENTOS DE ESPAÑA

PROTECTORES BENEMÉRITOS DE ESTA REVISTA (1)

Excma. Ayuntamiento de Madrid, Alcalde Presidente, Excmo. Sr. Marqués de Lema.
Excma. Ayuntamiento de Sevilla, Alcalde Presidente, Sr. D. Fernando Checa.
Excma. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, Alcalde Presidente, Excmo. Sr. Marqués de Casa-Hernuca.
Ilmo. Ayuntamiento de Mieres, Alcalde Presidente, Sr. D. Manuel Gutiérrez.
Ayuntamiento de Villanueva del Fresno, Alcalde Presidente, Señor Don José Rodríguez Infante.
Excma. Ayuntamiento de las Palmas, (Gran Canaria), Alcalde Presidente, Excmo. Sr. D. Miguel Navarro Sotillo.
Ayuntamiento de Cuacos, Alcalde Presidente, Sr. D. Gregorio Pérez Castaño.
Ilmo. Ayuntamiento de Villanueva de Castellón, Alcalde Presidente, Señor D. Fernando Uheros
Ayuntamiento de Santa Eulalia de Cabrera, Alcalde Presidente, Sr. D. José María del Llano Junco.
Excma. Ayuntamiento de Vich, Alcalde Presidente, Sr. D. José Soler Aloy.
Ilustre Ayuntamiento de Pobla de San Pedro, Alcalde Presidente Sr. D. José María R. de Vera.
Ayuntamiento de Piedrabuena, Alcalde Presidente, Sr. D. Juan M. González.
Ilmo. Ayuntamiento de la fidelísima ciudad de Ceuta, Alcalde Presidente, Sr. D. Francisco Ibarra.

Ilustre Ayuntamiento de Nava del Rey, Alcalde Presidente, Sr. D. Lucas Cruzado.
Ayuntamiento de Torreciervo, Alcalde Presidente, Sr. D. Bruno del Rey.
Ayuntamiento de Cartelle (Ourense), Alcalde Presidente, Sr. D. Casto Castilleira.
Ilustre Ayuntamiento de Plasencia, Alcalde Presidente, Sr. D. Pedro Triguero.
Ayuntamiento de Villarreal (Castellón), Alcalde Presidente, Sr. D. Manuel Gumbar.
Ayuntamiento de Illas, Alcalde Presidente, señor D. Fructuoso García.
Ilustre Ayuntamiento de Navas del Marqués, Alcalde Presidente, Sr. D. Cirilo L. Yagüe.
Ilmo. Ayuntamiento de Estrada, Alcalde Presidente, Sr. D. Manuel Cajide.
Ilustre Ayuntamiento de Jimena de la Frontera, Alcalde Presidente, Ilmo. Sr. D. José M. de las Rivas.
M. I. Ayuntamiento de Agroda, Alcalde Presidente, Sr. D. Emilio Jiménez.
Ayuntamiento de Puebla de D. Padriqne, Alcalde Presidente, Sr. D. Óscar Fernández.
Ayuntamiento de Colla, Alcalde Presidente, señor D. José Lanzuela.
Excma. Ayuntamiento de Tuy, Alcalde Presidente, Sr. D. José Barriento Ozores.
Ayuntamiento de Cabuérniga, Alcalde Presidente, Sr. D. Fidel Díaz.
Ayuntamiento del Castillo de los Guardas, Alcalde Presidente, Sr. D. Francisco Javier Infante de Artenaga.

(1) Los Ayuntamientos podrán dar noticia de los cambios de los Sres. Alcaldes Presidentes para hacer las oportunas rectificaciones.
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PRESIDENTE
Sr. D. Juan Maingué y Viladot, Diputado á Cortes, Abogado y Propietario.

VOCALES
Sr. D. Luis Fernando de Alón y de Martín, Marqués de Dou, Abogado y Haciendado.
Sr. D. José Ferrer-Vidal y Soler, Senador del Reino y Propietario.
Sr. D. Manuel M.ª Pascual de Bofarull, Abogado y Propietario.

Sr. D. Luis Llamas y Aronas, Abogado y Propietario.
Sr. D. Agustín Vilanueva y Vilaseca, Vice-Presidente de la Diputación, Fabricante y Propietario.
Sr. D. Luis Ferrer-Vidal y Soler, Ingeniero, Fabricante y Propietario.
Sr. D. Gaspar Rosés y Arús, Abogado y Haciendado.

DIRECTOR GERENTE
Sr. D. Tomás de Aquino Boada y Borrell, Abogado y Propietario.
Revista católica de las cuestiones sociales (1904-03-01 00:00:00), página 86

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sonales también de carácter concejil y político más que de colonato servil; en los de abadengo, por ser más blanda la autoridad del señorío eclesiástico y mayores las convenencias de que disfrutaban las familias decriazón, que gozaban de hecho, lo esencial de los derechos personales. Aparte de que, en Castilla y en Navarra no llegó la situación del colono ó collazo á la miserable condición que en Cataluña los pagenses de remenza, y, sobre todo en Aragón, los vasallos signi servitú y aun los llamados de parada, los señores así eclesiásticos como legos, á imitación de los reyes, y en competencia con ellos, para atraer la población á las tierras señoriles, otorgaban cartas pueblas y fueros con tan amplio dominio útil y con franquicias tan democráticas como los mismos monarcas.

Por esto, si gimió la agricultura bajo servidumbre á la sombra del empinado castillo roquero, en cambio floreció en el concejo tan libre como ahora, especialmente en el realengo, porque las cargas de aquel dominio útil, equivalían en especie ó en dinero á la contribución de ahora, bien que de mucha menor cuantía, y eran las prestaciones personales deberes de ciudadanía concejil y nacional. Los agricultores libres, atrajeron el otro trabajo industrial y la población necesaria para él, y así en grandes villas y en pequeñas ciudades se estableció un afortunado equilibrio entre la agricultura y la industria, sin que se concentrase esta en las grandes urbes, ni quedara aquella confinada en miserables aldeas ni en las serviles manos del colono ó collazo, adscripto todavía.

Como el patrimonio en tales lugares de mediana población no era sólo de dominio individual, sino de aprovechamiento común en los bienes comunales, y los de propios bastaban ó casi llegaban á las atenciones concejiles, no se enseñoreó de esos pueblos la miseria, que hoy aflige á aldeas, villas y ciudades, y además moraban en los concejos, así señoriles como realengos, muchos hidalgos de regular fortuna y aún caballeros poderosos que no necesitaban buscar en las grandes capitales las comodidades y satisfacciones de la vida civil y del más amplio trato de gentes.

En esto, como en todo, el espíritu y carácter de la Edad Media iban rectificando los errores del paganismo y corrigien-
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REVISTA CATÓLICA
DE LAS CUESTIONES SOCIALES
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VIII

Obligaciones de justicia para los capitalistas y patronos, son estas: pagar lo justo á los operarios; no perjudicar sus justos ahorros ni con violencia, ni con frialdad, ni con usu- ras manifiestas ó encubiertas; darles su libertad para cumplir con los deberes religiosos; no exponerles á seducciones corruptoras y á peligros de escándalos; no apartarlos del amor de la familia y del ahorro; no imponerles trabajos desproporcionados á sus fuerzas ó mai avenidos con la edad ó con el sexo. (Encíclica Rerum novarum.)

IX

Obligación de caridad de los ricos y de los que poseen es socorrer á los pobres y á los indigentes según el precepto evangélico. El cual precepto obliga tan gravemente que en el día del juicio se pedirá cuenta especial del cumplimiento del mismo, según dice el mismo Cristo. (Mat. XXV.) (Encíclica Rerum novarum.)

X

Los pobres no deben avergonzarse de su pobreza, ni rechazar la limosna de los ricos, sobre todo teniendo delante el ejemplo de Jesús Redentor, que pudiendo nacer en la opulencia, se hizo pobre para ennoblecer la indigencia y enriquecerla con méritos incomparables para el Cielo (Encíclica Rerum novarum.)

XI

A la resolución del problema obrero pueden contribuir en gran parte los capitalistas y los mismos obreros con instituciones encaminadas á proporcionar oportunos socorros á los necesitados y á aproximar y unir las dos clases lo más íntimamente posible. Tales son las Sociedades de socorros
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mútuos, las de seguros privados, los Patronatos para los niños, y especialmente las Escuelas de Artes y Oficios. (Encíclica Rerum novarum.)

XII

A tal fin va dirigida de un modo especial la Acción popular cristiana ó Democracia Cristiana con sus muchas y variadas Instituciones. Esta Democracia Cristiana, desde luego, debe entenderse en el sentido ya autorizadamente declarado, el cual, completamente distinto del de la Democracia Social, tiene por base los principios de la fe y de la moral católica, sobre todo el de no lesionar en modo alguno el derecho inviolable de la propiedad privada. (Encíclica Graves de communi.)

XIII

Por lo demás, la Democracia Cristiana no debe jamás inmiscuirse en la política, ni deberá servir jamás á los partidos ni á miras políticas; nó es este su campo; debe realizar tan sólo una acción benéfica á favor del pueblo, fundada en el derecho natural y en los preceptos del Evangelio (Encíclica Graves de Communi) (Instrucción de la S. C. de los AA. EE. SS.).

Los demócratas cristianos en Italia deberán abstenerse en absoluto de tomar parte en cualquiera acción política, que en las presentes circunstancias, por razones de orden altísimo, está prohibida á todos los católicos (Instrucción citada).

XIV

Para cumplir con su deber, la Democracia Cristiana tiene la estrecha obligación de depender de la Autoridad eclesiástica, prestando á los Obispos y á los que los representan plena sumisión y obediencia. No es celo meritorio ni piedad sincera realizar empresas hermosas y buenas en sí cuando
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no están aprobadas por el propio Pastor. (Encíclica Graves de communi.)

XV

Para que la acción democrata cristiana tenga unidad de dirección en Italia, deberá ser dirigida por la Obra de los Congresos, y de los Comités católicos, cuya Obra, durante tantos años de laudable trabajo, ha merecido siempre bien de la Iglesia, y á la cual Pío IX y León XIII, de santa memoria, confiaron el encargo de dirigir el movimiento general católico, siempre bajo los auspicios y la guía de los Obispos. (Encíclica Graves de communi.)

XVI

Los escritores católicos, en todo lo que se refiere á los intereses religiosos y á la acción de la Iglesia en la sociedad, deben someterse plenamente, en entendimiento y voluntad, como todos los demás fieles, á sus Obispos y al Romano Pontífice. Deben guardarse sobre todo de tomar con prevención, en cualquier asunto grave, los juicios de la Sede Apostólica. (Instrucción citada.

XVII

Los escritores democratas cristianos, como todos los escritores católicos, deben someter á la previa censura del Ordinario todos los escritos que se refieran á la Religión, á la moral cristiana y á la ética natural, en virtud de la Constitución Officiorum et munerum (art. 41). Los Eclesiásticos, en virtud de la misma Constitución (art. 42), aún publicando escritos de carácter meramente técnico, deben previamente obtener el permiso del Ordinario (Instrucción citada.)

XVIII

Deben hacer además todos los esfuerzos y todos los sa-
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críficios para que reinen entre ellos la caridad y la concordia, evitando toda clase de injurias y de frases molestas. Cuando surjan motivos de discusión, antes que publicar cosa alguna en los periódicos, deberán acudir á la autoridad eclesiástica, la cual proveerá según justicia. Una vez resuelto el caso, cbedezcan pronto, sin tergiversaciones y sin dar al público sus quejas; sin perjuicio de recurrir en forma debida y cuando el caso lo requiera, á la autoridad superior. (Instrucción citada.)

XIX

Finalmente, los escritores católicos, al patrocinar la causa de los proletarios y de los pobres, deben abstenerse de emplear un lenguaje que pueda inspirar al pueblo desvío hacia las clases superiores de la sociedad. No deben hablar de reivindicaciones y de justicia, siendo así que se trata de simple caridad, como queda antes explicado. Recuerden que Jesucristo quiso unir á todos los hombres con el vínculo del amor recíproco, que es perfección de la justicia y que trae consigo la obligación de procurar el bien recíproco. (Instrucción citada.)

Las anteriores reglas fundamentales, Nos, de motu proprio, y con completo conocimiento, las renovamos en todas sus partes con Nuestra Apostólica autoridad, y ordenamos que se transmitan á todos los Comités, Círculos y Uniones Católicas de cualquier naturaleza y forma. Estas Sociedades deberán fijarlas en sus domicilios y leerlas con frecuencia en sus reuniones.

Ordenamos también que los periódicos católicos las publiquen íntegras, declarando observarlas, y que las observen en efecto religiosamente; y de lo contrario, que sean severamente amonestado, y si después de la amonestación no hubiera enmienda, deberán ser puestos en entredicho por la autoridad eclesiástica.

Así como de nada sirven las palabras más vigorosas de
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la acción si no van precedidas, acompañadas y seguidas constantemente del ejemplo; la necesaria característica que debe brillar en todos los miembros de cualquier Obra católica, es la de manifestar abiertamente la fe con la santidad de la vida, con la moderación de las costumbres y con la escrupulosa observancia de las leyes de Dios y de la Iglesia. Esto debe ser así, porque es el deber de todo cristiano, y, además para que nuestros contrarios se avergüencen y no puedan encontrar nada censurable en nosotros (Tit. II, 8).

De estos Nuestros cuidados para el bien común de la acción católica, especialmente en Italia, esperamos, con la bendición divina, copiosos y felices frutos.

Dado en Roma junto á San Pedro el 18 de Diciembre de 1903, año primero de Nuestro Pontificado.

Pío, PAPA X.
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EL IMPUESTO DE CONSUMOS Y EL SISTEMA

I

Como era de rigor; al discutirse este año los Presupuestos para el próximo, fué una vez más anatematizado el execrable impuesto de Consumos por oradores de los partidos turnantes que lo mantienen sin embargo con trazas de perpetuidad.

Terminantemente expuestos ó recordados é indicados, por vía de referencia, salieron á relucir los inconvenientes de la contribución onerosa y odiosísima que gravita sobre la materia menos imponible en justicia y en recta política económica, que encarece la vida, que atenta á la producción y dificulta y entorpece el comercio interior, alzando entre las provincias las de muchas aborrecidas aduanas internacionales, y que, con apariencias de una absoluta igualdad tributaria, abruma bajo el peso de esas monstruosas desigualdades, propias de todos los absurdo igualitarismos, á la clase más pobre é infeliz.

El orador gubernamental que contestaba al orador oposicionista desde los bancos de la Comisión le recordó lo que á continuación copiamos del «Extracto oficial» de las sesiones del Congreso, correspondiente al sábado 19 de Diciembre de 1903.

«Ha sido siempre lugar común en los liberales y democratas españoles, pedir la abolición del impuesto de Consumos. Esto, dicho ante la Nación, alucina á las muchedumbres que creen que con la supresión del impuesto de Consumos va á abaratarse la vida y va á convertirse en un paraíso terrenal la vida amarga en que las clases desheredadas de la fortuna viven. En efecto, cuando se han aproximado los grandes movimientos revolucionarios de nuestra patria, los liberales han prometido siempre la supresión del impuesto de Consumos, y en los primeros momentos del
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triunfo, han llevado á efecto esta resolución suya. En la revolución de 1854 se prometió la supresión del impuesto de Consumos, y, en efecto, por la ley de 9 de Febrero de 1855 y por Real Decreto de 15 de Diciembre de 1856, todavía viva aquella revolución, fué preciso restablecer ese impuesto.

En la revolución de Septiembre también se prometió la abolición del impuesto de Consumos, y una orden del Gobierno provisional, fechada en 12 de Octubre de 1868, suprimió ese impuesto, pero se volvió á restablecer por la ley de 20 de Febrero de 1870 para las Corporaciones populares, y en el decreto ley de 26 de Junio de 1874, antes de la Restauración, para el Estado. Tienen, pues, gravísimos peligros estas predicaciones que se hacen para ilusionar á las masas, porque luego no es posible cumplirlas».

Equivalen las palabras trascritas al desahucio de toda esperanza de próxima supresión y al mantenimiento indefinido del impuesto; y se comprende tal conducta en gobiernos cuya ciencia económica y rentística se encierra en este principio: sacar dinero cómo y de donde se pueda y sea más segura, fácil y expedita la exacción; bien que también pueden alegar, y no sin algún fundamento, que más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Y esto hubiera podido argüir el Sr. Silvela (D. Eugenio) al Sr. Riu, su contrincante, cuando este trataba de sustituir los consumos en la forma siguiente:

«El Sr. Osma, á quien reconozco grandísima competencia en estas materias, y que conoce tan bien el impuesto de alcoholos, sabe que ese es un artículo capaz de grandes desarrollos, que de los alcoholos y azúcares, y yo me atrevería á demostrarlo con cifras y números, se pueden obtener los 83 millones que da el impuesto de consumos.

No tendría inconveniente, si no temiera molestar mucho á la Cámara... en demostrar numéricamente que aún la industria alcoholera y la industria azucarera, repartiendo á sus accionistas dividendos del 10, del 12 y del 15 por 100, puede el azúcar producir 40 millones y el alcohol otros tantos en muy pocos años de administración de ese impues-
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El impuesto de consumos y el sistema

eto, ó de creación de él, puesto que en España no puede decirse que existen. (Un señor Diputado: Sería sacrificando al vinicultor). Hay forma de que no se sacrifique al vinicultor, sino al contrario, de que no se falsifique el vino, que es lo que hace falta hoy para aumentar su venta. Actualmente el vino que se encabeza con alcohol, el vino que se hace en el interior de las poblaciones, defraudando el impuesto de consumos, es el que perjudica al vinicultor, no el otro, no el gravado, que es precisamente el que se salva ría recargando el alcohol enormemente y administrando el impuesto de una manera como en España no está administrado; aparte de que hace dos años nos preocupamos mucho del impuesto sobre el vino; pasó la crisis vinícola, y ahora nadie habla de desgravar el impuesto sobre el vino; ¿por qué? Porque este año precisamente ha habido baja en la producción, y no hay aquella depreciación que existía cuando nos ocupábamos del problema del consumo sobre el vino.

También entendemos, como el Sr. Riu, que sería preferible aligerar los consumos, trasladando al alcohol, sobre todo al no álico, parte del gravamen de consumos (del azúcar no me atrevería á decir otro tanto al menos con igual seguridad); pero ¿quién ignora las protestas suscitadas por estos encontrados intereses, que no dejarán de tener su parte de razón cuando alegan el peligro de herir, por inoportunidad é impaciencia, á industrias nacientes ó débiles todavía, comprometiendo su vida y, por consiguiente, seguros ingresos ulteriores, el día en que esta se asegurase con solidez y prosperidad? Tampoco es infalible el cálculo, sino tan sólo de probables ingresos, y las bajas, ó no presumidas ó imprevistas, ocasionan conflictos y crisis graves, difícilmente soportables en las actuales circunstancias de apremiante precisión de cuantiosos é inaplazables recursos para los municipios y para el Estado. Sólo cuando una severa administración y una prudente economía, y otros recursos y aun sobrantes de presupuesto municipal y nacional, permiten en la sociedad pública, como en una familia morigerada y próspera, tiempo y plazo suficientes para meditar, tantear y en-