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cercana á la culpa patronal, concretan los números 1.º y 2.º del artículo 1908, referentes á la que contraen los propietarios de máquinas y sustancias explosivas en caso de explosión por falta de la debida diligencia y á la que les corresponde por los daños que en las personas ó en las propiedades produzcan los humos excesivos (1). Lo que puede censurarse en el Código es haberse limitado á incluir estas disposiciones en aquel título del Libro IV, cuyo epígrafe es «De las obligaciones que se contraen sin convenio», en vez de especificar y puntualizar en el lugar oportuno todos los casos de culpa levísima del arrendatario en la lesión corporal del arrendador cuyo trabajo utiliza. Y, si acaso esto parecía exceder de la jurisdicción de las leyes civiles, ó por el aspecto principalmente público de la materia, ó por la variedad de casos y circunstancias que habría que prever, que, cuando menos encabezase el Código la materia, dándole criterio é inspiración, armonizando la doctrina económica con los rectos principios de la ley natural.

XXVII

Pero á más que sancionar la culpa levísima del patrono y á incluirla entre las condiciones esenciales del contrato, ó sea de las que no pueden modificarse por pacto contrario, quiere extenderse el concepto y los efectos del accidente, según la moderna teoría de lo que se llama riesgo profesional. ¿Qué es lo que este término compuesto significa?

Dos acepciones tiene: una racional y corriente, la que expresan las dos palabras componentes de él, en perfecta

(1) Artículo 1902.—El que por acción ú omisión, causa daño á otro, interviniendo culpa ó negligencia, está obligado á reparar el daño causado.

Artículo 1908.—Igualmente responderán los propietarios de los daños causados: Primero, por la explosión de máquinas que no hubieran sido cuidadas con la debida diligencia, y la inflamación de sustancias explosivas que no estuviesen colocadas en lugar seguro y adecuado. Segundo, por los humos excesivos que sean nocivos á las personas ó á las propiedades.
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consonancia con la idea; otra acepción convencional, nacida de circunstancias y teorías económicas contemporáneas.

Siempre ciertos oficios han ofrecido lo que se llama riesgo, ó sea una contingencia más ó menos próxima de daño; pero la naturaleza de ciertas industrias modernas, la transformación de las antiguas por la introducción y progresos de la maquinaria, la potencia destructora de las máquinas, que, al menor descuido, mutilan y matan con la misma facilidad con que producen, han multiplicado las causas y la probabilidad de las eventualidades nocivas hasta salvar la distancia que media entre el simple riesgo y el peligro, ya no muy lejos de ser inminente. Nunca podrá decirse que hay industrias esencialmente peligrosas, pero de tal manera pueden menudear en ellas los accidentes que lleguen á constituir ese estado que con un convencionalismo ya admitido se llama riesgo profesional. De modo, que la acepción nuevamente convenida consiste, á primera vista, en una diferencia de pura cantidad, esto es en que el riesgo industrial sea mayor en la edad contemporánea que en las anteriores; es el riesgo de siempre elevado al máximo de posibilidad y frecuencia por las condiciones de la moderna industria en una gran parte de sus manifestaciones y formas. Lo que no puede afirmarse es que ese peligro no se pueda evitar por el patrono y por el obrero, poniendo cada uno la diligencia que respectivamente les corresponde, ni que la acción de las mismas industrias insalubres no sea contrarrestable con precauciones tales que no afecten aquellas grave y considerablemente á la vida destruyéndola con la enfermedad aguda ó minándola y acortándola con paulatino influjo mortífero.

Y mucho menos puede justificarse la actual significación de riesgo profesional, esto es, de presunta responsabilidad del patrono en el daño del obrero, mientras el patrono no destruya con prueba contraria de fuerza mayor, caso fortuito, ó culpa del operario la presunción juris tantum de la culpabilidad patronal. De ningún modo un riesgo, por probable y repetido que sea, puede confutar y destruir la doctrina racional de la culpa que en substancia es la teoría evidente de la imputabilidad y la responsabilidad así ética como jurídica.
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ca. ¿Puede sostenerse en buenos y notorios principios de derecho que en una relación contractual, lo mismo la ciencia que la ley presuman, mientras no se pruebe lo contrario, no sólo que no puede haber más negligencia que la del patrono, sino que el daño del obrero sólo procede de acción ó omisión patronal y no de caso fortuito ó fuerza mayor? No vacilo en afirmar que no; que el principio axiomático de Moral y de Derecho natural es superior á todas las variaciones impuestas á las leyes positivas por cuantas circunstancias y consideraciones quepa imaginar, aunque parezcan muy humanas, justas y atendibles.

Y esto no es falso individualismo ni burguesismo sin entrañas; porque bien se puede llevar la protección al obrero hasta los extremos de la más generosa misericordia sin atentar á la justicia que se debe á todos los hombres, sin distinción de clases; y afirmar y practicar la razonable y equitativa intervención tutelar del Estado en la esfera económica en favor del operario sin lesionar por ello ni para ello un precepto primario de la ley natural. En el que mal llaman socialismo cristiano ó católico, hay su más y su menos; sus grados de acción protectora que son cuestiones discutibles dentro del criterio y programa comunes, no de otra suerte que en el socialismo verdadero y auténtico, en la aberración á que únicamente puede aplicarse tal nombre, hay un máximo y un mínimo y situaciones intermedias entre las tesis más radicales y las inevitables atenuaciones y agregaciones eclécticas.

Con más razón es aplicable esta doctrina del accidente en sentido estricto, ó sea, de la causa exterior violenta é involuntaria que produce muerte ó lesiones, á una acepción todavía más amplia, según algunos autores y leyes, á la enfermedad contraída en el ejercicio de una industria oficialmente considerada como insalubre.

En este punto y para llegar á una misma conclusión, hay que distinguir entre la acción lenta con que ciertas industrias van minando la vida, y lo que podría denominarse más bien accidente ó riesgo morbosso, la enfermedad repentinamente ocasionada por esas industrias antihigiénicas. Creo
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que acerca del primero de estos accidentes puede afirmarse sin vacilación que no hay remedio posible, sino cuando más atenuación del continuo é irremediable influjo enfermizo mediante el mayor número de prevenciones, exigiendo al patrono que rodee el trabajo de cuantas precauciones protectoras aconseja la higiene y exige la salud del obrero. Mermar y quebrantar la acción de los agentes patológicos, no sólo con los recursos que señala y enseña la ciencia, sino sustrayendo de tales peligros á mujeres, niños y adolescentes, y empleando á los mismos adultos poco tiempo en semejantes trabajos, por medio del turno de los operarios, es cuanto puede exigirse al patrono.

Después de todo, no son solamente las industrias materiales las que van socavando la salud y acortando la existencia; también el trabajo intelectual la combate y arruina: el foro, la cátedra, el periódico, el libro, la tribuna parlamentaria, la poltrona ministerial.

En cuanto á la enfermedad que asalta inopinadamente al obrero, debe también considerarse caso fortuito, como la insolación, la pulmonía, el paludismo, que atacan en el campo ó en la ciudad al obrero que no puede menos de trabajar á la intemperie ó entre las emanaciones de un pantano, sin responsabilidad alguna para el patrono, siempre que éste haya hecho para evitarla lo que exigen la seguridad del operario y la naturaleza de la industria. En una palabra, el patrono en estos casos sólo está obligado á prestar la culpa levisima, nada que exceda á la doctrina común de la imputabilidad para la responsabilidad consiguiente de las acciones, nada que traspase el límite á que pueden alcanzar la previsión y el poder del hombre, armado hoy y provisto de todos los medios y recursos que le proporciona el innegable progreso material de nuestros tiempos. Solamente, y eso por vía de pena, responderá el patrono del caso fortuito, sin más averiguaciones, cuando no tenga montado el taller, la fábrica, la industria, sea cual fuere, á la altura de las sagradas exigencias de la vida, la integridad y la salud del trabajador.

En cuanto al Estado, no puede extender su protección
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más allá de una escrupulosa y asidua vigilancia, de una inspección severa y minuciosa en las industrias, sancionando las faltas con la proporcionada corrección, además de la pena dicha de imputar el caso fortuito al patrono descuidado aun levísimamente. Y no hay para qué añadir que este deber y derecho del Estado son, como tutelares, impuestos por las circunstancias, esto es, por la deficiencia de una sociedad que no ejerce esas funciones ni cumple esos oficios por ministerio de más adecuados órganos, el gremio, el concejo, la provincia, la región:

XXVIII

Con idéntico criterio de justicia racional ha de resolverse, en mi entender, la agitada cuestión de la prueba. En todo caso, ésta incumbe al actor, grande ó pequeño, pobre ó rico, poderoso ó desvalido; y esto por la más lógica y evidente aplicación de un principio primario de Derecho natural. De la misma manera que nemo praesumitur malus, nisi probetur, tampoco, por idéntica formal razón, nadie culpable, sino diligente en la medida y proporción que exijan el caso y relación jurídicos de que se trate. Y si alguien arguyera que de aquí no se sigue que la prueba de la diligencia, como la de la moralidad, hayan de hacerla el actor ó el demandado, se contestará que la presunción lo mismo de la rectitud que del cuidado debido constituyen un estado y bien que no han de someterse y entregarse á la incertidumbre precaria de una alegación frecuente para mantenerlos, bastándoles con estar á la defensiva contra posibles acusaciones. Estirando el argumento contrario, se comprende mejor todo el absurdo que encierra: según él, una suposición de culpabilidad cualquiera, por ligera que fuese, en el daño experimentado por un tercero, obligaría á instancia de éste, ó por ministerio de la ley al presunto culpable á presentar prueba directa de inocencia y diligencia. No creo que se haya meditado larga ni seriamente en la iniquidad radical que implica la inversión de la prueba. En este punto, el princi-
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das las clases las enseñanzas de vida tomadas del Evangelio.

En estas enseñanzas evangélicas á que el Papa se refiere, se halla la única solución de la llamada cuestión social: no es que la Iglesia sola baste para resolverla prácticamente, sino que su concurso tiene una importancia excepcional y prescindir de él, equivale á dejarla insoluble. Trátase de un problema extraordinariamente complejo á que no puede darse satisfacción cumplida y cabal si se dejan á un lado algunos de los factores de que consta, ó se hace caso omiso de importantes fuerzas sociales que en su planteamiento y desarrollo intervienen.

El Vicario de Cristo, felizmente reinante, ha definido por modo en verdad admirable, en su Encíclica Rerum novarum, la naturaleza y eficacia de la acción del Estado para resolver la cuestión obrera. «Los que gobiernan un pueblo, dice, deben primero ayudar en general y como en globo con todo el conjunto de leyes é instituciones, haciendo que de la misma conformación y administración de la cosa pública espontáneamente brote la prosperidad, así de la comunidad como de los particulares... con lo que pueden también aliviar muchísimo la suerte de los proletarios... Y cuanto mayor sea la suma de provechos que de esta general providencia dimana-re, tanto será, menos necesario tentar nuevas vías para el bienestar de los obreros.» El principal deber de los gobernantes es «proteger todas las clases de los ciudadanos por igual;» pero como para la producción de los bienes corporales y externos «no hay nada más eficaz ni más necesario que el trabajo de los proletarios,» hasta el punto de que «con grandísima verdad puede decirse que no de otra cosa sino del trabajo de los obreros salen las riquezas de los Estados,» exige la equidad «que la autoridad pública tenga cuidado del proletario, haciendo que le toque algo de lo que aporta él á la común utilidad;» y «en el proteger los derechos de los particulares, deben tener cuenta principalmente con los de la clase ínfima y pobre.» Después de desarrollar con lucidez prodigiosa estas ideas, trata el sapientísimo León XIII de los deberes del Estado respecto á la propiedad privada, á las
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pío de derecho procesal fluye notoriamente del citado axioma de Ética.

Es cierto que para el rico es más fácil la prueba; pero debiera serlo también para el pobre. Si no lo es, hay que atribuirlo no á la naturaleza misma de aquella, sino á circunstancias accidentales: los vicios de la ley procesal, la carestía de la administración de justicia, las condiciones de la magistratura y sobre todo las de la sociedad. A obviar tales inconvenientes, á allanar semejantes obstáculos y entorpecimientos, no al expediente más expedito, pero más injusto de invertir la prueba, habrá que acudir en cuanto sea posible, amparando además al pobre con cualquiera otra clase de protección tutelar, menos á restablecer en la ley las dos castas, la de la diligencia y la de la culpa, la del pobre siempre diligente, la del rico siempre descuidado.

Con que éste tenga que pagar siempre su defensa contra la demanda que nada cueste á aquél, no es escasa la defensa ni ineficaz; y si aún parece poco el justo beneficio de la administración de justicia gratuitamente á los pobres, añádanse mayores precauciones por parte del Estado; por ejemplo, simplificando el procedimiento é interviendo siempre en él el ministerio público, como en asunto de menores que son siempre los obreros. Después de todo, en éste, como en muchos casos y circunstancias, no podrá el poder borrar las diferencias de social posición ni los respectivos inconvenientes y ventajas propios de ella, mientras no llegue á la nivelación de las clases, es decir, al imposible y al absurdo.

No puede desconocerse que aun esto no es bastante: que la desaparición del gremio ha dejado al operario sin las garantías y protecciones de la solidaridad industrial; que la moderna maquinaria multiplica los casos de accidente y la naturaleza de ciertas industrias los de enfermedad y abreviación de la vida; que la previsión está en razón directa de la educación y la cultura; que el cansancio físico y moral de una larga jornada, á la par que rinde el cuerpo, distrae el espíritu de las medidas preventivas del riesgo.

Todo esto, sin embargo, á lo que puede mover es á reforzar la beneficencia pública en defecto de la beneficencia so-
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cial, á sobrecargar las funciones de caridad que abruman al Estado, á sustituir á los otros órganos sociales que apenas actúan en el social auxilio por aberración, vicio y la consiguiente atonía; pero sin que jamás consiga llenar el vacío de aquella variedad de potencias que son naturales agentes de cooperación en todos los órdenes de la vida y del derecho, sino suplirlas en mínima parte, y siempre mal, como se empeñaría en vano un hombre, por gigantesco y atlético que fuera, en echar sobre sus hombros el peso antes repartido entre varios hombres de regulares fuerzas.

¿Y podría ser el seguro el medio con que el poder civil atendiera á la tutela del obrero, necesitado hoy de más protección que la ordinaria del derecho común, y cuando no fuera suficiente, ni en justicia pudiera exigirse responsabilidad al patrono; por estar exento de culpa aun levísima?

XXIX

La tesis rectamente individualista es la libertad del seguro así en el asegurado como en el asegurador. En éste es una de las manifestaciones y consecuencias de la libertad industrial; en aquel es el fruto de la cultura, de la moralidad y de la previsión que puede tener un obrero en sociedades más que medianamente adelantadas en la senda del progreso cristiano. Pero esta indicación es suficiente para que nos penetremos de que tal estado intelectual y moral del trabajador es un sueño irrealizable, un ideal cada vez más lejano en estos tiempos de inmoralidad e incultura del pobre pueblo; á lo cual hay que añadir que el seguro sale del ahorro, y contra el ahorro atentan no solo la molicie y el ansia de goces, el vicio desenfrenado que invaden á todas las clases y de los cuales no está inmune, ni mucho menos, la clase obrera, sino la insuficiencia del salario que no llega generalmente á cubrir las necesidades de una familia no muy numerosa.

Por otra parte, la libertad de asegurar en épocas en que la corrupción y el fraude dominan en las relaciones mercantiles como en las demás de la vida, sin represión legal sufi-
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ciente, y con gran dificultad de prevenir los abusos y estafas, imponen al Estado una acción tutelar por razón de necesidad doble, la situación del obrero y de la desconfianza en el asegurador. De aquí el que la hipótesis, la prudencia más elemental aconsejen que sea el seguro ni especulación libre ni monopolio odioso de una compañía, sino funciones y servicio extraordinarios del Poder civil, una carga más del Gobierno.

Mas no es esta la más grave dificultad, con no ser pequeño inconveniente el recelo fundado que inspiran actualmente los Gobiernos de ciertos infortunados países. El mayor obstáculo es el de determinar de donde ha de proceder el fondo del seguro, si del patrono, si del obrero ó del Estado. Cuando la retribución del trabajador fuere suficiente, no puede imponerse al capital la carga del seguro, sin incurrir en la injusticia de una exacción indebida; y en todo caso no podrá hacerse efectiva esta obligación, mientras no se llegue á la tasa del salario; porque de otro modo, el patrono descontaría de aquél la parte que para el seguro le impusiera el Estado; pero no creo pueda tacharse de socialista tal medida mientras que salario y seguro no excedan de la equitativa y proporcionada retribución del trabajador, más allá de la cual hay verdadero atentado contra la propiedad privada. Y no hay ya necesidad de añadir que del salario insuficiente no puede distraerse, sin ataque, aun mayor, á la justicia, cantidad alguna para las contingencias del porvenir ante los apremios de las atenciones presentes, del infeliz obrero y de su familia.

Es para mi más que dudoso que pueda hacerse de esta materia una simple cuestión de beneficencia pública, de la que corre á cargo del Gobierno. Por próspera que sea la situación económica de una nación y de su hacienda, no hay derecho á sobrecargar al contribuyente en general con una obligación que las relaciones entre el capital y el trabajo asignan al primero por razón del lugar que ocupa en la empresa productora y de los rendimientos y ventajas superiores que de ella obtiene. Mientras el seguro no pase de una porción del salario equitativo que el Estado cobra del patro-
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no para montepío del obrero, sin consentir, por razón de tutela, que pase á disposición de éste, no hay injusticia alguna ni reprobable ingerencia en esta previa deducción.

A esta solución me inclino, aunque no con pocas ni leves dudas, máxime, cuando tampoco me he atrevido á resolver el problema, en las notas del capítulo dedicado á punto tan grave y espinoso en mi Tratado de Derecho político según los principios de la filosofía y el derecho cristianos (1).

De todas suertes siempre se tropezará para el acertado acuerdo en una ley racional y discreta con los mismos obstáculos que en la mayor parte de las cuestiones particulares que componen la compleja y magna cuestión social. Casi todos, por no decir todos, los oficios y funciones que en este orden pesan sobre el Poder civil, aunque sean verdaderamente tutelares y no usurpados, son deberes y derechos que la naturaleza y Dios su autor confiaron al cuidado y celo de otros órganos. Violentando la naturaleza y los divinos designios, se ha tenido que hacer cargo de tales obligaciones el Estado; y por eso la naturaleza y la Providencia no dejan sin la sanción consiguiente, bien que harto benigna, la de una acción complementaria erizada de dificultades y de peligros y perpétuamente amenazado de esterilidad ó cuando menos, de insuficiencia, esa infracción de las leyes naturales en que los pueblos y sus gobiernos han contraído tan tremenda responsabilidad.

ENRIQUE GIL Y ROBLES.

(Se continuará.)

(1) Capítulo VIII, Lib. II, Tomo 1.º, pág. 343 y 344. El epígrafe de este capítulo es: Continúa la materia del anterior. Reacción á un concepto más racional y cristiano de la propiedad y sus deberes.
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DEL SOCIALISMO Á LA ANARQUÍA

I

Las últimas elecciones de diputados á Cortes han puesto á la vista del observador dos fenómenos dignos de ser estudiados: la disciplina con que los obreros socialistas de las pequeñas poblaciones han acudido á las urnas para contarse en ellas y adquirir hábitos de lucha en las contiendas políticas, y el empeño de los anarquistas por imponer el retraimiento electoral á las masas trabajadoras de Barcelona principalmente. También ha podido observarse que, en las grandes poblaciones, á pesar de los bandos de buen gobierno del partido, dictados por los jefes, muchos socialistas han dado con amor sus votos á los candidatos republicanos. ¿A qué han sido debidos estos actos de indisciplina? Indudablemente, á que de los tres dogmas fundamentales del socialismo dos son comunes á nuestros republicanos y á los socialistas, el republicanismo y la secularización del Estado (1). Por otra parte, no es posible olvidar que salieron de las filas del partido republicano los que, en los días más terribles de nuestra revolución de Septiembre, trataron en varias provincias de repartirse los bienes de no pocos grandes propietarios.

Preciso es no contentarse, sin embargo, con lo apuntado, penetrar en la raíz de estos fenómenos sociales y declarar por qué deben ser estudiados detenidamente.

Según habrá de verse más adelante, el socialismo español carece por completo de originalidad. Hay más todavía, puesto que no ha sabido adaptar á la psicología de nuestras clases obreras ni la dogmática, ni la crítica de los grandes pensadores del socialismo que en el extranjero han brillado

(1) John Rae, Contemporary Socialism. Londres 1891.