Revista católica de las cuestiones sociales (1899-06-01 00:00:00), página 15

de la situación de Gambetta, un personaje decía, sin contradicción, entre los diputados: «Nosotros tenemos un César civil». El pretendido César fué volcado del poder, y ni después de su caída ni de su muerte han sufrido cambio las instituciones. Vivimos bajo un cesarismo tanto más temible, porque reviste la forma impersonal, que se llama estatismo, es decir, divinización del Estado, que equivale al culto de la ciudad entre los griegos. Si se quisieran pruebas las tendríamos en el hecho reciente, de que dos diputados que se jactaban de odiar los principios imperialistas, no han temido exhumar el cadáver del Imperio para tomar de sus restos un texto apolillado, conteniendo seguramente las más tiránicas disposiciones que se dictaron desde el 18 brumario del año VIII, hasta el 30 de Marzo de 1814. Alude á la ley del 4 de Mayo de 1806, creadora del monopolio universitario. Muchos actos injustos se han censurado á Napoleón, pero se limitaban á ciertas circunstancias ó personas; el privilegio de la enseñanza abrazaba al porvenir, como al presente, y atacaba á todos. Ciertamente que esto no era nuevo, y que tenía precedentes en Grecia, donde llegaba el estatismo á sacrificar los individuos mal conformados y que no prometían bellos tipos á la comunidad. Más ¿qué razones pueden invocarse para el monopolio universitario? ¿Qué resultados se hacen valer? ¿Será cierto, como sostuvo Paul Bert en 1874, en la Asamblea nacional, que bajo el antiguo régimen el ejercicio de la enseñanza fué un derecho concedido por el Soberano? Si no existe tal abuso en la historia de Francia, ¿lo realizado en 1806 ha constituido un progreso? ¿Vemos renacer las conjeturas que sirvieron de pretexto para erigir la profesión pedagógica en corporación con privilegio exclusivo? Estas hipótesis, únicamente, excusarían, más ó menos plausiblemente, el restablecimiento del monopolio universitario. Examinemos si tiene justificación alguna de estas suposiciones.

El estudio concienzudo del pasado permite afirmar que antes de 1789 ningún texto legislativo había reivindicado, como función pública, el cuidado de enseñar, ni convertido en profesión cerrada la de propagar toda clase de conocimientos. En el siglo XVI solamente los legistas comenzaron á extender la doctrina que era una prerrogativa soberana el conceder permiso para la enseñanza ó reservarse la tarea de educar á la juventud; la jurisprudencia se formó en este sentido y los filósofos del siglo XVIII, que pasan como emancipadores del espíritu humano, tomaron de los legistas sus principios destructivos sobre la libertad de enseñanza. Más, ¿por qué hemos de igualar á las leyes las opiniones sectarias, sin facultad de suplirlas como reglas restrictivas de libertad? La jurisprudencia de los tribunales tampoco puede invocarse como contraria á la libertad de enseñanza, pues la condescendencia del gobierno monárquico en frente de actos judiciales, que le pertenecía revocar, no constituye el equivalente de un edicto sobre el ejercicio de la libertad de enseñanza. Sin duda en los antiguos archivos existen una multitud de cartas-patentes que consagran la existencia de establecimientos de instrucción; pero esto no quiere decir que fuesen necesarias para ser licitas. En todos los títulos se manifiesta el funcionamiento más ó menos antiguo de estas obras, sin declarar en ello nada reprensible; los actos reales tendían á dar aptitud á las instituciones escolares para adquirir y poseer bienes propios, observándose que en los colegios fundados antes del siglo XVII, no se nota huella de documentos reales para declarar su aptitud posesoria. En cuanto á las escuelas primarias, creáronse antes de 1789 sin ninguna autorización administrativa ó universitaria, y lo que los reyes no impedían, lo estorbaban algunas veces los Municipios, para lección de los descentralizadores que confun-