Revista católica de las cuestiones sociales (1899-03-01 00:00:00), página 6

apretar el resorte de la tutela gubernamental, según convenga. Nuestros aldeanos y artesanos desconfían de todos los funcionarios actuales. Es preciso, repetimos, cambiar el nombre á nuestras autoridades, á nuestras corporaciones y hasta á los empleados de ellas.

Los caciques y mandarines de nuestras aldeas están hoy dirigidos, manejados y defendidos por los Alcaldes de los Ayuntamientos, por las Diputaciones provinciales, por los Diputados elegidos por el Gran Señor de la provincia. Es necesario destruir de un golpe todo este engranaje de caciques, Alcaldes, Diputados, etc. Y no hay otro camino que organizar cada región según sus libertades tradicionales, sus fueros, su historia y hasta su naturaleza territorial y sus condiciones topográficas y climatológicas. ¿Para qué cuatro Gobiernos civiles y cuatro Diputaciones en Galicia? ¿Para qué 324 Municipios en un territorio de 29.378 kilómetros superficiales y dos millones muy escasos de habitantes? La sencillez de la división territorial exige que á Galicia se le conceda la Diputación única, que se supriman los Gobiernos civiles, que se eleven á Municipios todas las capitales de provincia y de partido, que se supriman todos los demás Municipios rurales, que la Administración local se separe de la Hacienda, que ésta conste de empleados que formen la estadística de la riqueza regional, que distribuyan equitativamente el impuesto y que recauden con la mayor exactitud y la más intachable probidad las cuotas distribuidas.

Mientras esta descentralización no se lleve á cabo, mientras se anden los Gobiernos con palativos y sólo echen remiendos á las malísimas leyes administrativas actuales, nada conseguirán para resolver el gravísimo problema de la emigración. Las gentes continuarán escapando de su país, donde las autoridades sólo sirven para explotar al pobre y vivir á cuenta del trabajo horrado.

Pero no bastaría esta reforma descentralizadora. Los tributos han de establecerse según la riqueza de cada región y las costumbres, los hábitos contrados, la posición económica de las familias y las necesidades de cada clase productora. Ha sido una locura esa unificación brutal de la tributación, estableciendo reglas absolutas para todos los países de España. Reconocidas en las leyes y en la práctica las notorias diferencias regionales, se debió crear una tributación propia y exclusiva de cada territorio provincial, exigiendo el Tesoro un cupo ó encabezamiento general, fijado de acuerdo con los organismos de cada región, y dejando á ésta el régimen y la reglamentación especial de cada impuesto.

Por esto nosotros vamos á ensayar en este tercer artículo un plan de tributación gallega, en armonía con las necesidades, con la riqueza, con la población y con los demás elementos que constituyen la traza y la fisonomía peculiar de nuestro país nativo.

Comenzando por los impuestos personales, nos hallamos con el más impopular: el de cédulas personales. En nuestro sentir, tendría que dejar de ser en Galicia, como lo es en la actualidad, una contribución progresiva sobre las cuotas tributarias, los sueldos y los inquilinatos.

La cédula personal debe convertirse en un documento de policía y seguridad, según el criterio de la legislación de 1854. Por lo tanto, sólo la obtendrían en Galicia los que fuesen cabezas de familia, que podrían adquirir las que necesitasen para sí y los individuos de su casa mediante una sola cuota. Para esto habría que derogar la ley de 31 de Diciembre de 1881, el Reglamento de 1884 y todas las disposiciones y los arriendos posteriores.

Para la exacción del impuesto podría hacerse una clasificación de las ca-