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1900, reglamento de 13 de Noviembre del mismo año—es digno de encomio el artículo 6.º de la ley que prohíbe ocupar á las mujeres menores de edad en talleres donde se tiran «escritos, anuncios, grabados, pinturas, emblemas, estampas y demás objetos que, sin estar bajo la acción de las leyes penales, sean de tal naturaleza que puedan herir su moralidad». Lo que no merece alabanza es que no haya prohibición y sanción penal para todo lo que puede ultrajar la moral pública, y que los jóvenes mayores de diez y seis años y las mujeres mayores de edad tengan que soportar la vista y sufrir la tentación de publicaciones impúdicas, ó de cualquiera otra manera ilícitas.

Escaso es el tiempo de las tres semanas posteriores al alumbramiento en que no se permite el trabajo de aquellas; pero justo que á la obrera que solicite el cese por la proximidad del parto, se la reserve el puesto desde entonces y las tres semanas ulteriores al suceso (artículo 9 de la ley). El mismo derecho se las concede (artículo 18 del Reglamento) cuando solicitan el cese, empezado ya el octavo mes de embarazo, y aun más allá de las tres semanas siguientes al alumbramiento, si resulta de certificación facultativa que, sin perjuicio de la salud, no pueden reanudar el trabajo, manteniendo en tal caso su derecho por una semana más.

El artículo 9 de la ley y 19 del Reglamento revelan una humanitaria previsión en favor de las madres y de los niños de pecho (en el periodo de la lactancia, dice el legislador por no emplear la frase corriente, expresivamente consagrada por el uso, y que nada tiene de indecorosa ni mal sonante). Una hora, sin descuento de jornal, y dividida en dos ratos (periodos dicen ley y reglamento, sin duda porque les parece poco fino el otro término más exacto) en dos ratos de treinta minutos ó en cuatro de quince, compartidos por igual entre la mañana y la tarde, pueden dedicar las obreras á la lactancia de sus hijos, y aún más tiempo del fijado, si por el que excediere de la hora se someten al descuento correspon-

tiene siempre ante el consabido peligro de arruinar la industria nacional en la competencia con las extranjeras.
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diente. En el caso de que opten por los cuatro cuartos de hora, es condición precisa que sea llevado el niño al taller ó establecimiento donde trabaja la madre.

No hay para qué decir el juicio que tal disposición merece. Ese escasísimo tiempo que el legislador concede, movido de un laudable sentimiento de misericordia, se presta, sin embargo, á las consideraciones más punzantes en apoyo de la absoluta tesis de proscribir el trabajo extradoméstico de la mujer casada y, sobre todo, de la madre. ¡Ni un minuto más de la hora ha de emplear la sierva infeliz del liberalismo capitalista, y ni esos minutos puede repartir á su arbitrio! Una reglamentación sin entrañas se lo impide. Ha de ir la pobre madre, apresurada, jadeante, congojosa á su domicilio, si es que no hay imposibilidad de llegar á él por la distancia, ó hacérsela salvar al desdichado niño, arrostrando las inclemencias del tiempo unas cuantas veces al día. Ya en el materno regazo, no hay que perder segundo en caricias de la madre ó en los caprichos y juegos dilatorios del tierno infante; los minutos apremian y es preciso embutir incontinenti el pecho en la boca de la criatura y arrancárselo de los labios cuando complacido y todavía hambriento lo saborea. El angelito, largas horas solo, abandonado en casa, desgarrándose á llorar, expuesto á mil peligros; las angustias con que á la madre aflige la prolongada ausencia acibarada por la inquietud y el cuidado ¡no hallan más compensación que esa fugaz entrevista de más amargura que consuelo!

La intención del legislador es sana; pero, al legislar sobre el caso, poniendo freno irrisorio á la impiedad del industrialismo, ha logrado, sin pretenderlo, que se destaque en toda su repugnante desnudez y con los caracteres más odiosos.

Producir y más producir es la preocupación y el ansia insaciable de la moderna industria; y en aras de la competencia internacional hay que sacrificar á los seres más interesantes y repetables, la mujer y el niño, sin que á la codicia homicida quiera ni aun pueda oponer prevención y represión suficientes y condignas el moderno Estado. En la mayor parte de las naciones, la protección que presta al trabajo ni siquiera procede de convicciones profundas y de honrados sen-
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timientos de justicia y de misericordia, sino del menguado oportunismo impuesto antes por el temor á la fuerza de la masa obrera, que por los clamores de su desventura.

El martirio de los niños trabajadores requiere artículo aparte.

ENRIQUE GIL Y ROBLES.

(Se continuará.)
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LA IMPUNIDAD DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS

Es un hecho por desgracia cierto y comprobado en demasia, esa impunidad en nuestra patria. Su trascendencia para todas y cada una de las manifestaciones de orden social, no es menos evidente; y sin embargo, no hemos visto tratada de propósito y especialmente esta cuestión, cuando se hallan agotados, digámoslo así, por la fecundidad literaria de nuestros días, temas de mucha menos influencia para el porvenir y bienestar de los pueblos.

No sería imposible seguramente aventurar algún juicio sobre los motivos de tal preterición; mas hemos de anticipar desde luego, que por desgracia ella está lejos de favorecer en poco ni en mucho, al modo de ser y al concepto moral de la época, pues á primera vista, y á poco que se reflexione sobre este punto, ha de reconocerse que bastan para dar razón más que suficiente del fenómeno, por una parte la indulgencia, ya sistemática y convencional, con que son apreciadas las extralimitaciones oficiales, y por otra y principalmente, el egoísmo en que por necesidad, ha de caerse en una nación sometida á lamentables excesos burocráticos. En esta España moderna, por ejemplo ¿quién de algunos años á esta parte, y entre las clases directivas, sobre todo, no ha desempeñado funciones públicas ó vive fuera de toda conexión con empleados del Estado?

Sea como quiera, reconocido el hecho y con él, su carácter eminentemente social, está indicada la oportunidad de su estudio como propio para figurar en esta revista; y á él consagramos el presente artículo. Sus causas, sus efectos y los remedios posibles á un estado de cosas que acusa una verdadera debilidad en el sentido moral de la generación actual, son por tanto los puntos que han de ser materia de nuestro escrito.
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I

Con respecto á las causas, se han hecho arriba indicaciones que las señalan de un modo general, pero hay que completarlas con las observaciones especiales que sugiere el estado del asunto, aplicándolas á lo que pasa entre nosotros. El hic et nunc de las escuelas es cosa sustancial en estas cuestiones de índole y valor relativos.

En el número de las razones explicativas que se trata de señalar, á propósito del tema de estos apuntes, figura una de naturaleza verdaderamente doctrinal, ya que algunas de las parcialidades políticas y administrativas militantes han hecho de ella un principio que con más ó menos fortuna ha llegado á tener cabida en las leyes y constituciones modernas.

Nos referimos á la exigencia legal proclamada en ellas, de una autorización previa de los gobiernos, para que pueda dictarse procesamiento contra los funcionarios públicos por hechos relativos al ejercicio de sus atribuciones.

Hemos de limitarnos empero á mencionar aquí simplemente, y en el sentido que se indica, esa institución, una de las creaciones de las escuelas centralizadoras, dejando para después el emitir sobre ellas las observaciones que su estudio requiere. Los otros motivos, factores principales del hecho de la impunidad, cuya explicación nos hemos impuesto, refiérense y están en relación inseparable y necesaria con un estado de cosas, que si no es peculiar de nuestro país, ha alcanzado en él un carácter de gravedad capaz de originar, y que desde luego viene originando, una serie interminable de cuestiones de orden público de las cuales nunca salen bien librados los prestigios gubernamentales.

Este estado de cosas arranca por modo particular de dos hechos constitutivos de otras tantas necesidades políticas, á saber: el libre funcionamiento de los poderes supremos, de una parte; y la situación holgada de la Hacienda pública, de otra, con todas y cada una de las exigencias que traen consigo estas bases de existencia política y estos puntos de vis-
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ta que, como es consiguiente, son aquí capitalísimos y cuyas ruidosas incidencias se enlazan á no dudar con toda la larga historia de nuestros infortunios.

En efecto: si bien se mira, una buena parte, la más nutrida seguramente, de los hechos justiciables á que aquí se alude, tienen su materia propia y su teatro de exhibición, bien en los actos electorales, casi siempre risibles, pero á veces cruentos, bien en los procedimientos, no menos repugnantes, que preceden, acompañan y siguen á la imposición y cobranza de toda clase de tributaciones. Los gobiernos que se suceden, por un lado viven en riña con la opinión de un país que los detesta, y por otro están siempre condenados fatalmente á asistir al suplicio de Tántalo, en que está convertida para ellos la nivelación de los gastos con los ingresos; y ante situación semejante, no hay trabajo que no emprendan, esfuerzos que no empleen, connivencia punible que rehusen, ni perpetración en que no caigan con tal de conseguir la realización completa y simultánea de aquellos dos ideales únicos del Estado moderno: imperar sobre los demás, y tener á la mano grandes masas de valores para su distribución entre la hueste amiga.

No es menester hacer observar ahora que conocida cual se halla por todos, esta disposición de los ánimos en las esferas superiores, en las cuales ha llegado á causar estado y regla de conducta, cuantos funcionarios inferiores se mueven en una y otra de las esferas antedichas, reputánse sustraídos de antemano y en absoluto á toda posibilidad de represión, por cuantas extralimitaciones se permitan contra cosas y personas, con sólo invocar en su defensa el Salus populi adecuado al caso, que ha de consistir precisamente en el hecho real ó de simple apariencia, de haber obrado al servicio de los supremos intereses que representan la estabilidad de los gobiernos y el fomento de las recaudaciones.

Y es menester menos todavía recordar, con tal motivo, que esos funcionarios, resortes que llegan á ser indispensables de las fuerzas conservadoras de las situaciones políticas, no han de ser tan poco avisados que no procuren realizar siempre y en toda circunstancia propicia, actos análogos
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rían muchas de estas exigencias legítimas con menoscabo de este derecho al producto íntegro del trabajo? ¿No son por ventura menoscabeos á este derecho aun las cuotas que á los socios impone la organización de las agrupaciones socialistas? (1)

Por otra parte, si en la producción de riqueza, en la forma actual de la organización social económica, interviene desde luego tres factores esenciales, el trabajo del hombre, la naturaleza y el capital, ¿por qué la riqueza, que es producto de estos tres elementos, ha de pertenecer íntegra á uno solo de ellos? (2)

Ciertamente están en lo exacto los socialistas cuando afirman que en muchos casos se han formado los capitales por modo muy irregular. Pero ¿acaso no es irregular muchas veces el trabajo que el obrero realiza en el taller ó en la fábrica? Si ha de privarse al capital de sus derechos, por las irregularidades de su constitución, ¿es posible absolver al trabajo por irregularidades no menos censurables? ¿Es posible tener en estos casos dos pesos y dos medidas? Por lo demás, el capital, en la inmensa mayoría de los casos, sólo ha podido constituirse por el ahorro, y el ahorro sólo ha podido obtenerse por el trabajo, mejor quizás, por privaciones y por excesos en el esfuerzo que el trabajo supone. ¿Han de atribuirse derechos preferentes al trabajo simple sobre el trabajo acumulado? Y si no es posible despojar de sus derechos al trabajo acumulado, ó sea al capital, ¿cómo es posible justificar ante la ciencia jurídica la pretensión de que el obrero tiene derecho al producto íntegro de su trabajo?

Es evidente que las legislaciones, obra de las clases capitalistas hasta ahora, han guardado todas sus benevolen-

(1) Carlos Marx, afirma que «una parte del producto del trabajo social será siempre social».—Das Kapital, libro I, capítulo 1.º, tercera edición de 1883.

(2) «Preciso es reconocer que aun en una organización social socialista los precios históricamente tradicionales del trabajo serían conservados, ó solo aumentados con una cantidad correspondiente á la renta de los propietarios suprimida».—Antonio Menger, Le Droit au produit integral du travail, pág. 16.
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á los practicados por ellos mismos en servicio de sus patrones, para beneficiar á su vez, y en agravante alternativa, sus intereses particulares y privados, cubriéndolos con la inmunidad que para otros fines y otros elementos distintos les ha tocado en suerte disfrutar.

La consecuencia de esta especie de compenetración constante de actos punibles de arriba abajo y viceversa, ha sido juntar en uno, y en forma de constelación siniestra colocada á la cabeza de la sociedad, los innumerables agentes de corrupción que forman cuerpo bajo la razón social del Estado contemporáneo, representando de hecho, más que la protección debida á los derechos de todos, una amenaza y un peligro constante contra ellos.

No ha dejado de ser también un factor de cuenta en la ausencia de punición que se lamenta, lo que como preciada conquista del siglo, vienen atribuyéndole los partidarios de ciertas ideas. Refiérese esto á la lenidad de los castigos, que elevada á principio práctico, ha podido penetrar en los códigos modernos. Y es así que siendo un hecho la introducción efectiva de ese sentimiento humanitario en la doctrina penal de referencia, influyendo activamente en cuantos casos ésta es aplicable, no se descubre razón bastante para que él haya dejado de alcanzar á los actos y omisiones cometidos por funcionarios públicos que puedan merecer el calificativo de delitos.

Verdad es que esa lenidad hace relación por modo propio á las penas en sí, determinando la mitigación de estas, más bien que al mismo hecho criminoso en su entidad moral objetiva. Era natural, sin embargo, que se apuraseen los resultados lógicos; mas llegar á estos últimos extremos, y borrar de raíz en aquél toda nota punible, debía ser la obra nefanda de otra doctrina que negando la existencia de la libertad, y con ella la de toda clase de responsabilidad personal, y sistematizada con el aparato científico consiguiente, ha llegado á figurar en la historia de los conocimientos humanos con el nombre de determinismo.

Nuestros lectores nos habrán de perdonar que al llegar á este lugar les hagamos entrar, siquiera sea brevemente, en
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los dominios de la filosofía. Buscar los primeros principios en toda discusión, y apoyar en éstos las conclusiones que hayan de sostenerse en ella, es un procedimiento que se recomienda por sí mismo. Cuando los filósofos discuten, ha dicho Balmes, discute la humanidad entera.

Diremos, pues, siguiendo nuestro razonamiento, que aun limitada á los términos fijados la regla ó criterio de lenidad invocada antes, su filiación puramente racionalista, debía llegar por virtualidad propia á todas sus consecuencias lógicas, contenidas en los principios, y producir los efectos que venimos señalando.

Sabido es de todos que esta última doctrina, resumen ó lazo de unión al menos de todos los errores, tuvo á bien suprimir y quitar de enmedio la regla objetiva de las acciones humanas, quedándose sólo con la regla subjetiva, identificada con la razón de cada uno, y único juez por tanto de sus actos; y de este modo, elevado á la categoría de dogma científico el error que proclamara tal identidad, poco tenía que hacer la lógica para llevar á los ánimos el corolario de la ilegitimidad de todo juicio en materias de moral que no hubiera obtenido el concurso y la sanción de los entendimientos individuales en cada resolución voluntaria. Y claro es que sometido el derecho de castigar, como todos los derechos, á los predicados de la moral, la misma lógica ha hecho llegar á la esfera de aquél los preceptos de ésta, tal cual resultan formulados por el racionalismo, sosteniendo que todo castigo, para ser reputado legítimo, ha de haber merecido el consentimiento del sujeto sometido á él.

Precisamente la forma de enjuiciar del jurado moderno, reducida en puridad á una refundición estrafalaria de procedimientos y reminiscencias de la Edad media con las indicadas teorías racionalistas, ha querido hacer practicable el requisito del consentimiento personal para la imposición de toda pena. Sólo que, retrocediendo ante una pretensión que supone extinguido todo sentido jurídico, y parándose á la mitad del camino, al entrar en la práctica del sistema, ha querido mitigarlo un tanto, realizando, sí, la promulgación del previo juicio individual prescrito en la doctrina, pero no
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directamente, sino por el medio, puesto al alcance de su iniciativa, de exclusión de todos ó la parte necesaria, por lo menos, de los jueces de hecho que no sean del agrado del reo.

No es maravilla, por tanto, que viviendo y obrando los gobiernos dentro del ambiente intelectual y social creado por estas ideas, la lenidad se haya abierto paso en las varias maneras en que cabe ser tomada como regla de acción, ni que ella se aplique también y con mayoría de razón, á las personas de los funcionarios públicos.

Ni son las expresadas las únicas causas de la favorable situación de aquellos ante los problemas y las prácticas procesales, pues las ideas centralizadoras que profesan los gobiernos del día, tanto más acentuadas cuanto más se alegan y proclaman, con doblez ya descontada por la opinión, aspiraciones enteramente opuestas, tenían que hacer por necesidad instrumentos de ellas á los empleados, cubriéndolos con un escudo que los tornara intangibles é inmunes; y así hemos podido ver constituido un estado especial de derecho con la necesidad de autorización anterior para procesarlos, á que hemos hecho alusión en otra parte de este artículo.

La constitución vigente reconoce el principio, aunque dejando para otra ley, hecha ad hoc, la determinación de los casos en que haya de aplicarse: bajo el imperio de la de 1845, se estableció el mismo precepto; otras hubieron de omitirlo; y esto demuestra la rigorosa exactitud de la sentencia de Taparelli, según la cual, la misión de nuestros políticos, reduzcase, en último término, á la obra estólida y destructora de cuadrar lo redondo, para venir después á redondear lo cuadrado.

Lugar es este oportuno de consagrar algunas reflexiones á esa doctrina de la autorización previa, con la cual ha querido restablecerse sin duda algo parecido á la conocida potestad enómico-tuitiva de la monarquía tradicional. Pudo acaso tener ella cabida en aquel orden de instituciones y de costumbres, y ser defendida, con más ó menos fundamento, en medio de aquel conjunto de circunstancias y de hechos políticos; pero tratar de mantenerla hoy y hacerla compati-
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ble con los predicados de la ciencia nueva, es un anacronismo que ha de costar trabajo implantar á sus mismos partidarios.

Así es que al tratar de hacerla viable, Colmeiro, uno de nuestros mejores tratadistas, apenas si alega en su abono una razón convincente, desempeñando su cometido con visible timidez, que por otro lado puede explicarse por la circunspección y los compromisos á que obedecen generalmente las obras didácticas, sobre todo en la época en que fué publicado el derecho administrativo de aquel escritor, de cuya doctrina sobre el punto en cuestión nos ocupamos ahora.

El único concepto de algún peso, en que nuestro autor presenta como defendible la autorización, consiste en admitir ésta como una necesidad de gobierno, dado el supuesto de que el funcionario encargado se hubiese visto en el trance de proceder por obediencia debida á sus superiores gerárquicos. Sólo que este argumento es de aquellos que se prestan á fácil y perentoria retorsión, volviéndose contra sus autores; porque tratándose propiamente de una desviación del derecho común por insuficiencia existimada de éste, en el presente caso la tal desviación resulta innecesaria, y por ende contraproducente, con solo recordar que ese hecho alegable es en el código una de las circunstancias eximentes de responsabilidad, cuya concurrencia, lo mismo que las demás del acto punible, son los tribunales los que han de apreciarlas en uso de facultades privativas.

No había, pues, la menor precisión de abandonar el código para apreciar en el terreno de las exculpaciones la obediencia prevista, ni menos para fundar en ella el requisito especial de una permisión gubernativa que deja mal parado el decoro de los tribunales, á quienes ella indudablemente supone incapaces de juzgar con acierto acerca de estas circunstancias en los delitos públicos; y como todo esto es elemental, y se halla al alcance de los menos versados en materia de derecho y administración, hay que explicar estas antinomías por las necesidades de orden artificial que se han creado en nuestro suelo los gobiernos del día, y que los obliga á invocar constantemente el noli me tangere á favor de la
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falange de sus cooperadores en la tarea incesante que se han impuesto, de hacer entrar en moldes arbitrarios y formados á priori la vida toda de la sociedad civil.

Debe recordarse, por último, y á este propósito, que por un conjunto de causas y hechos fácilmente conocibles, ni aun la policía, con ser institución destinada de suyo á prevenir todo género de infracciones justiciables, puede poner en práctica nada que responda á tal misión cerca de los actos de los empleados públicos, ya que su personal resulta sumado y dependiente de ellos, y los citados actos no se ajustan ni avienen con los procedimientos y la manera de ser de aquel cuerpo oficial.

FERNANDO GRANADOS Y RUIZ.

(Se concluirá.)