Revista católica de las cuestiones sociales (1899-03-01 00:00:00), página 19

cobinismo ó liberalismo, sino á todos los sinceros amantes de la libertad. Mas, ¿no se opone el derecho divino á la democracia, á toda libertad pública, y sobre todo á la libertad política? ¿Cómo son campeones del derecho divino aquellos que nos hablan de democracia cristiana? Aquí nos encontramos con una verdadera logomachía, pues es preciso distinguir entre el derecho divino bastardo de los Hohenstaufen, de los Estuardos y del Rey-Sol, del derecho divino legítimo y claro de Santo Tomás y León XIII, el cual no es, en suma, otra cosa sino la ley de la naturaleza. Al afirmar los publicistas católicos que la autoridad política (como la paterna ó marital) es de derecho divino, afirman que por ley natural, ó sea por disposición divina, fué establecida entre los hombres esta autoridad, á la cual se debe obedecer, mientras no salga de su órbita, no como fuerza, sino como derecho, por obligación moral, porque lo exige el orden social, y de aquí la mente que creó al hombre sociable y en la tierra un orden social; por eso San Pablo dice que precisa obedecer á la autoridad non propter iram, sed propter conscientiam, y que quien resiste á la autoridad, resiste á la ordenación de Dios. Prúebase este derecho divino de que hablan los publicistas católicos, atendiendo á que la debilidad, perfectibilidad y, sobre todo, el lenguaje de los hombres, indican la necesidad de asociación en la especie humana para el cumplimiento de sus fines, los cuales no podrían llevarse á efecto sin una fuerza directora, por lo que el Autor de la naturaleza humana y de la sociedad ha querido exista, esta fuerza directora que se llama poder político, de lo cual se deduce que el poder viene de Dios, y que es por tanto lógico el grito de los anarquistas, que para rechazar toda superioridad, comienzan por negar á Dios, gritando: «Ni Dios, ni dueño».

Mas si los publicistas del derecho divino estuvieron siempre concordes en sostener el origen divino del jus imperandi, se dividieron pronto en dos ramas, cuando trataron de examinar en concreto el sujeto en el cual se consolida legítimamente el poder soberano. Una de estas ramas es la de los contractualistas católicos, representada entre los antiguos por Durando de Saint-Porçain, y entre los modernos por Bellarmínio, Suárez, Concina, Billuart, Bautain, Ventura y Costa-Rossetti, entre otros. Afirman estos autores que el único título legítimo para la designación del soberano estriba en el consentimiento explícito ó implícito del pueblo, por no poder ser de otro modo, dicen, dada la igualdad y natural independencia de todos los ciudadanos. Esta escuela se diferencia del contractualismo protestante ó ateo de Pufendorf, Spinoza, Rousseau y Kant, en que la sociedad sigue siendo considerada como un hecho natural, y en que una vez enajenada la soberanía de parte del pueblo á favor de una persona, cuerpo político ó dinastía, no puede ser readquirida por el pueblo sino por tiranía intolerable y evidente, por haberse conferido el poder ad tempus ó sub conditione, ó por faltar la persona, cuerpo político ó dinastía elevada al trono por el pueblo. La otra rama de los publicistas católicos, que es la más autorizada y numerosa, sostiene con más razón, según opina el articulista, y en mi sentir acertadamente, que los títulos legítimos por los que se designa la persona soberana, son muchos, en vez del hecho, poco frecuente en la historia, de la elección popular. Ya indicó Grocio que hay soberanías legítimas no constituidas por el pueblo, y si se pregunta cuáles son estos títulos legítimos diversos de la elección popular, los encontramos, según afirmaba ya Bluntschli, en todos aquellos hechos históricos no violentos, ó si violentos, legitimados por la necesidad social ó prescriptos por el tiempo, que forman y transforman la constitución del consorcio, y en todos