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sayar con calma cambios de tributación, es posible, no la sustitución total, sino aun la parcial de los impuestos. Pero el municipio y el Estado moderno viven, económicamente, al día, como las familias desarregladas que necesitan con angustiosa perentoriedad el mensual ingreso, sin espera y aplazamiento de media semana, so pena de no leves trastornos y contrariiedades en la vida.

Aparte de que por falta de un poder personal y paternal que estudie sin preocupaciones y preferencias la complejidad de intereses nacionales para concertarlos en justicia y prudencia, aun ocasionando molestias y aun contratiempos pasajeros, es cada vez más difícil estas sustituciones que provocan en industrias y localidades lastimadas clamores y resistencias superiores al poder y prestigio de los gobiernos débiles. Así es que cuando en los Parlamentos se trata de ellas, los diputados más atentos á los intereses, aun no razonables, de localidad, lós defienden obstinadamente para asegurarse el acta, siendo está la única conveniencia pública que en representantes y representados es capaz de quebrantar la vigorosa disciplina de partido, dividir á las mayorías y provocar el máximo mal de la caída del Ministerio.

A este obstáculo parlamentario hay que añadir el uniformismo centralizador que en el orden económico y financiero, como en toda la organización administrativa, es incompatible con la autonomía de municipios, provincias y regiones. Por falta de iniciativa y libertad razonablemente descentralizadoras y federativas para determinar los respectivos sistemas rentísticos, no pueden las tres sociedades públicas, de que se compone la sociedad nacional, consultar la situación y los intereses varios de localidad, á fin de establecer el régimen más conveniente y menos vejatorio de tributos, arreglando las contribuciones directas é indirectas y fijando las materias y conceptos tributarios de la manera más adecuada al florecimiento, que no sólo á la conservación de sus industrias, al mantenimiento y auge de sus fuentes de riqueza. El Estado moderno, ingiriéndose indebidamente en esta esfera como en las demás, impone á regiones, provincias y concejos un sistema uniforme é inflexible, que
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no puede acomodarse por igual á las circunstancias locales, siendo así que al Estado lo que por razón de interés federal-tivo nacional, le corresponde é incumbe, es, todo lo más, fijar unas reglas tributarias federales tan amplias y flexibles como exige la autonomía financiera local, forma y manifestación importantísima de la general que debe reconocerse y garantizarse á las localidades, sin perjuicio del recurso de apelación contra la injusticia del tributo ó de la cuantía y forma de la distribución entre los contribuyentes. El tesoro nacional ó federal, que es lo mismo, debe alimentarse de un solo concepto y forma, el encabezamiento ó contingente de las regiones; y entonces no tendría que preocuparse el Estado de conciliar intereses opuestos, que vendrían en orden ascendente y gradual concertados en los círculos sociales inferiores, no sucediendo en materia rentística, cosa formalmente distinta de lo que en los demás órdenes de vida y de derecho: que la sociedad, por sus varios órganos jerárquicamente organizados haga lo más y el Poder civil central necesite y tenga que hacer lo menos. Al revés de lo que sucede en el actual estatismo, absolutista-socialista, cuyas causas y elementos no hemos de examinar aquí.

II

Por tal estatismo necesita el Estado recursos tan pingües y perentorios, y le es tan difícil y amargo renunciar á la saneada renta de Consumos que comparte con los municipios.

Por lo mismo que en una organización federal las atenciones esenciales y tutelares del Poder común son las menos, los recursos y los ingresos federativos representan la mínima parte del tesoro público, que se divide y reparte en municipal, provincial, regional y central en orden categórico de mayor á menor cuantía; es decir, que municipio, provincia y región recauden y gasten para sí más de lo que respectivamente entregan á la sociedad pública superior común para comunes obligaciones y cargas.

Pero ahora sucede lo contrario; como el Estado ó por in-
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REVISTA CATÓLICA
DE LAS CUESTIONES SOCIALES

PUBLICACIÓN MENSUAL.

BENDECIDA POR SU SANTIDAD PIO X

DEDICADA A LAS CLASES DIRECTORAS

DIRECCIÓN POR

DON JOSÉ IGNACIO DE URBINA

CON LA COLABORACIÓN DE LOS PRIMEROS PUBLICISTAS CATÓLICOS

AÑO XX.-1904

OFICINAS:
MADRID.—CERVANTES, 8, 3.º DERECHA
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vasión absolutista ó por deber tutelar desempeña una multitud de funciones públicas, asume también socialístamente, en forma de ingresos, la mayor parte de la riqueza contributiva, dejando al municipio las migajas del presupuesto, el espiguego, como si dijéramos, de la mies tributaria para sí y para el contingente provincial. Todo lo necesita y absorbe el Estado para su funcionarismo y el burocratismo consiguiente, ó sea la complicada máquina de gobierno y acción social de día en día crecientes y abrumadores. En realidad, no hay más que un tesoro público, como no hay más que una sociedad pública, la nación, y los presupuestos municipales y provinciales no contienen ingresos propios, sino recursos que aplica el Estado á estos círculos administrativos, y que en las leyes correspondientes se determinan, amplían y restringen al arbitrio del Poder central, que no los reconoce ni los consiente, sino que los establece en un sistema tributario que es de hecho una parte del presupuesto general. Así es que, agotados ó punto menos por el Estado los objetos y respectos imponibles, y no siendo pocas las atenciones que la ley encarga á los municipios, no sólo le es á aquel más cómodo, sino necesario repartir con estos el ingreso de mayor importancia y más cierto y seguro, aunque el más injusto é inconveniente. Porque de otro modo, tendría el Estado que desprenderse de algún recurso de cuantía como confiesa el Sr. Riu, preguntándose:

«¿Bastarían los impuestos que los municipios se pudieran crear para resarcirse de toda esa cantidad que para los municipios representa el impuesto de Consumos? Yo entiendo (se contesta el Sr. Riu) que en muchos no bastarían. Y en este caso, esta es una opinión, por ser mía muy modesta, yo llegaría al radicalismo, á que han tenido que llegar todos los países; yo llegaría á abandonarles algunas de las rentas del Estado; yo llegaría á abandonarles la contribución urbana, que representa un ingreso de 43 millones de pesetas, y que unido á los demás ingresos que los municipios pudieran procurarse, les resarciéra de los déficits que pudiera producir en su presupuesto la abolición del impuesto de consumos. Son estas ideas absolutamente personales
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mías; no afectan á nadie de la Cámara, ni de esa minoría, y, al emitirlas, no tengo más responsabilidad que la que corresponde á mi modestísima posición; pero es idea en mí muy arraigada que se debe ir, cueste lo que cueste, á la supresión del impuesto de Consumos; y así como entiendo que el Estado puede resarcirse del impuesto de Consumos y de la contribución urbana por otros orígenes de renta, creo que los municipios, si no se llega, como en Italia, á las cesiones del Estado, ó como en Inglaterra, á abandono á su favor muchas rentas, como los impuestos sobre las cervezas y otros impuestos, no habrá manera de que los municipios atiendan á la nivelación de su hacienda municipal.

Como notará el lector, lo que propone el diputado liberal es lo que pudiéramos llamar no una descentralización, sino una desconcentración de impuestos; porque para que fuera lo primero era preciso que reconociera en la contribución urbana un recurso propio de los municipios y no del Estado; y lejos de eso, lo considera abandono, concesión graciosá que hace éste de un ingreso nacional, más bien que concejil, ó mejor aún, una traslación desde el presupuesto general á una de sus partes ó secciones. En un concepto y política prudentemente autonómicos, la propiedad urbana, como la rural, pero principalmente esta última, es materia imponible del Concejo, no del Estado, y de aquél, no de éste, el dominio eminente, una de cuyas derivaciones es el derecho tributario, y sobre el cual el otro dominio eminente superior, el soberano, representa un tanto por ciento de contingente federativo ó nacional, ni siquiera concretamente particularizado en este respecto, sino englobado en el encabezamiento general con que cada municipio contribuya á las cargas generales de la nación.

Pero no es esto lo que ahora nos interesa é incumbe, es á saber, cómo la naturaleza reivindica sus fueros, obligando al Estado á restituir al Concejo, bien que á título de concesión ó de traslación lo que es suyo, abandonándole una parte de los ingresos nacionales; lo que importa es señalar cómo el Estado sustituye el impuesto de consumos, acaso con
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otro tan malo, ya que no peor; qué clase de remedio aplica á la enfermedad, cómo para tapar un agujero por donde se hunde con la justicia parte de la riqueza pública, abre otro hueco más inicuo y nocivo. Véase si no, la clase del que propone en su arbitrismo socialista el Sr. Riu.

"Después de esto, después de decir que yo entiendo que es la función primordial de todo hombre que se ocupe de cuestiones de Hacienda el ir á la supresión del impuesto de Consumos, entiendo que ahí no ha acabado la reforma; que la reforma tributaria, desde el punto de vista que yo defiendo, exige á la vez que se extiendan los gravámenes á otros ingresos. Aquí se defendió por el Sr. Villaverde; y fué combatido por algunos dignos individuos de la minoría liberal el impuesto progresivo sobre las sucesiones. Señores, yo confieso que ese es un impuesto al que se ha atribuido en España un carácter radical y revolucionario, mucho mayor del que tiene en realidad, y á mí me parece que en materia de radicalismos es el A, B, C, es una cosa tan sencilla, que países y gobiernos que se precian de muy moderados lo han llevado á sus leyes, y no hay manera humana de resistir en la evolución jurídica de Europa, y en el desarrollo que va teniendo la cuestión social á la implantación del impuesto progresivo. Así yo entiendo que no sólo debe llegarse á los tipos del 8 por 100 á que llegó Harcourt en Inglaterra, sino que en las sucesiones indirectas, pasando del segundo y tercer grado, tiene más derecho el Estado que los individuos que heredan, á una gran parte del capital que el Estado ha contribuido grandemente á formar con su civilización, con sus garantías, con sus medios de transporte, con los bancos, con el telégrafo, con los ferrocarriles, con todos los elementos merced á los cuales las riquezas se fomentan hoy con una rapidez que de ningún modo pudieron soñar los antiguos comerciantes; porque hoy se forman en un año fortunas que antes necesitaban siglos para acumularlas. Yo entiendo, pues, que en las sucesiones el Estado tiene derecho á cobrar una gran parte, en pasando del segundo ó tercer grado, por medio del impuesto progresivo; y aunque en España, como dicen bien los técnicos,
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que han formado las estadísticas del impuesto no hay grandes fortunas, no obstante el llevar al impuesto de derechos reales ese principio pudiera ser base para que, desarrollado, como debe desarrollarse, en otros impuestos diera grandes ingresos al Estado, y, sobre todo, se afirmase un principio de justicia distributiva que echan de menos en todos los ingresos del Estado las clases obreras.

Es decir, para la sustitución del impuesto de consumos no se ha ideado expediente mejor que el de un atentado más á la familia, á la cual se asesta un golpe de fiero socialismo; tal vez inconscientemente; pero con el criterio jacobino de la Revolución francesa, y de su legislación disolvente de la sociedad doméstica, hasta donde la naturaleza consiente los desafueros atomísticos del liberalismo abstracto. Para el señor Riu, la familia colateral no pasa del tercer grado; y cuando todos nos quejamos de la escasa extensión é intensidad del sentimiento y del vínculo familiares en Castilla, viene un hacendista liberal de los de más reputación en su partido á consignar, como dogma, que tiene el Estado, por supuesta colaboración al acrecentamiento de las fortunas privadas, más derecho hereditario que un primo carnal, á quien acaso como hermano amó el difunto. A poco que se estire el argumento, el Estado omnipotente y conductor del patrimonio de los ciudadanos, definirá mañana que el tío es poco pariente para suceder sin enorme recargo, y por este camino, las leyes sucesorio-rentísticas se orientarán en la siguiente copla que oí, no recuerdo á quién, en mis mocedades, y que sintetiza el principio y estado de actual disolución de la familia:

Padres é hijos amigos;
hermanos, indiferentes;
y enemigos declarados
todos los demás parientes.

Y no se arguya que no da más de sí la familia actual, especialmente en las costumbres y en la legislación común ó castellana, porque el legislador debe, desde su altura y con
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la acción que le corresponde, contribuir á que leyes y costumbres tomen otro rumbo más conveniente y equitativo, dirigiéndolas por distintos caminos que los recorridos antes, aunque sea secularmente. Aparte de que, desde tal punto de vista, habría que distinguir entre la sucesión testada y la intestada, porque el que instituyé á un pariente, por lejano que sea, harto demuestra que lo estima y ama más que á los amigos íntimos y que el testador ó legante tiene de la familia y de los deberes y afectos que implica más ventajosa, adecuada y justa idea que el Sr. Ríu ó el Sr. Villaverde, á quien cita en su apoyo el financiero liberal. Lo extraño es que el Sr. Silvela, hombre de amplios conocimientos y síntesis, y que ciertamente no considerará á la Hacienda como un arte empírico, divorciado de la Moral y del resto de la enciclopedia sociológica, con la cual debe concertarse, no opusiera al Sr. Ríu un razonamiento análogo al precedente. Porque el ejemplo de Inglaterra, que es el argumento concluyente, con que ahora se da por conclusa y fallada toda cuestión, no puede influir en espíritus independientes, de criterio de autoridad tan poco fundado. El estatismo, esencial á la política y al derecho nuevos, y al que van á parar por distintos caminos las dos direcciones liberales, invade aún á las naciones de tradición más autonómica y descentralizadora, las cuales se ven además, abrumadas y forzadas por las exigencias sociales, políticas y económicas de la vida moderna, como se dirá, Dios mediante en el segundo artículo.

ENRIQUE GIL Y ROBLES.
Catedrático de la Universidad de Salamanca.

(Se concluirá.)
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LA EMIGRACIÓN DE CAPITALES
Y SUS CAUSAS Y EFECTOS

Ocurre un fenómeno social digno de muy detenido estudio. Cuando el desastre nacional y la pérdida de los restos de nuestro imperio colonial, no sólo hubo repatriación de tropas, vencidas en realidad sin combates ni batallas; sino también de capitales. Preciso es correr un velo sobre la manera como algunos y aun muchos de estos capitales se formaron. De todos modos el hecho es que aparecieron enormes cuentas corrientes en casi todos los Bancos, incluso, claro está, el de España, y que se inauguraron al poco tiempo multitud de industrias que hicieron productivos gran parte de aquellos capitales dormidos en las cajas de los indicados Bancos. Barcelona y Bilbao reflejaron por admirable manera aquel acrecentamiento de riqueza que sorprendió no sólo á los españoles que estudian estos fenómenos, sino á los mismos extranjeros. La Riforma Sociale, de Nápoles, observaba que «cuando se creía por muchos á España vieja y casi moribunda, se la encontraba llena de vida exuberante». ¿Por qué aquellos progresos se han detenido? ¿Por qué han emigrado de Barcelona, de Bilbao y de otras partes no pocos capitales, originando verdaderas crisis en importantes industrias, y desde luego retraimientos y desmayos en muchos capitalistas?

No puede absolverse al Estado ciertamente como primer causante de esta situación de las cosas. Quizás, mejor que acusar ál Estado, sería culpar á su modo de ser especialísimo. En él todo es ficticio, cuando no falso por completo, desde los votos que se suponen emitidos por los electores en los colegios electorales, hasta la acción de las Cortes; desde la acción del jurado á la anulación de la Corona reducida
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punto menos que á sancionar lo que los políticos decretan. En este modo de ser del Estado, á lo que se añade la descomposición de los partidos de gobierno, no pueden darse ministros de Hacienda estables que expongan, planteen y sostengan planes completos en la administración de los caudales públicos. De aquí que, como los hechos que más hieren la imaginación de las muchedumbres en este punto son los de recaudación, se esfuercen casi todos los ministros de este ramo en recaudar lo más posible, sin preocuparse todo lo debido en ocasiones de los efectos que esto produce en las fuentes de riqueza. ¡Y cuidado si hay en España medios de acrecentar la recaudación sin quebrantar las fuentes de riqueza; sin secarlas como no pocas veces se ha hecho!

Mas, al fin y al cabo, con esta acción irracional y anárquica del Estado, se ha contado aquí siempre. Así ha sido, así es, y ha de temerse que así será, toda vez que por ningún lado se ven aparecer los remedios y el médico que ha de aplicarlos. Lo único que no pudo imaginarse nunca, y que no pudo entrar, por lo tanto, en el círculo de las previsiones humanas, fué que los más interesados en que se consolidaran los progresos obtenidos en el trabajo por los capitales repatriados, fueran los que mayor empeño pusieran en traerlos primero, en obligar luego á no pocos de ellos á emprender el camino de la emigración; ¡quizás para no volver nunca!; que el dinero es siempre miedoso y rara vez olvida los peligros que ha corrido en las tempestades con que ha tropezado, durante su peregrinación por tierra y por mar, por caminos llanos y por sendas intrincadas, por montes despejados y seguros y por selvas punto menos que impene-trables. Y sin embargo, lo que no pudo imaginarse ni preveerse ha sucedido, y cada vez se verá esto con más evidencia, puesto que los efectos del mal realizado han de crecer por desgracia incesantemente con el resbalar seguro de los años. Tampoco en este punto se ven aparecer los remedios, ni el médico que con voluntad cierta pueda aplicarlos.

Se ha dicho por unos, y por otros, y por muchos, que en las huelgas promovidas y en los desórdenes realizados por la clase obrera en Barcelona, en Bilbao y en otras muchas po-
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blaciones ha obedecido esta clase social en muchos casos á indicaciones, á ruegos, quizás á imperativos categóricos formulados desde el extranjero. La acusación es sobradó grave para que pueda ser aceptada sin prueba, y la prueba hasta ahora no se ha dado. Claro es que en el extranjero existen quienes tienen interés directo en que las industrias y el comercio nacionales no progresen; claro es también que la moral del interés apela sin escrúpulos á todos los medios para alcanzar el fin; claro es, finalmente, que las propagandas humanitarias y de cosmopolitismo han debilitado, cuando no destruido en muchos corazones, el amor á la patria. Pero no menos cierto que no es necesario apelar á indicios que no pueden constituir en ningún caso prueba plena, para explicar lo sucedido á la vista de todos en España. Las propagandas socialistas bastan para explicar lo sucedido, toda vez que, al debilitar el sentimiento patrio con las doctrinas del cosmopolitismo, al despertar en la masa obrera apetitos insaciables de bienestar, al inocular en el corazón del pueblo sentimientos de odio inextinguible á los capitalistas, al darles la convicción de su fuerza y poder para luchar contra todos los obstáculos, se les ha dado todo lo potencialmente necesario para llevar á cabo los hechos de violencia que han convertido á poblaciones antes ordinariamente pacíficas en verdaderos campos de combates sangrientos y periódicos.

Ciertamente estas luchas no son propias y exclusivas de España, toda vez que las mismas causas producen en todas partes idénticos efectos, y las propagandas socialistas se dan actualmente en casi todas las naciones en que el industrialismo progresá, triunfa y se ha consolidado ó consolidado. Pero no menos exacto que por la psicología especial de nuestra raza, por las circunstancias de vida de infancia en que se hallaban muchas industrias, por la indisciplina social que es aquí enfermedad crónica de la nación, por lo debilitado y maltrecho del principio de autoridad, personificado casi siempre en quienes deben al favor lo que jamás pudieron alcanzar por sus méritos, por la falta no de leyes que impidan los excesos, sino de quienes las apliquen, por el estado de anarquía que es ley de vida de la existencia patria
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desde hace casi un siglo, los hechos de violencia promovidos por las masas obreras infunden en los capitales, y los hechos lo prueban, temores de peligros que no se sueñan siquiera en otros estados. ¿Hay alguien, acaso, que pueda dudarlo? ¿Por ventura los que quieran olvidar los últimos sucesos de violencia obrera en Barcelona y en Bilbao pueden desconocer los incendios de Alcoy y Montilla, no tan antiguos que no existan todavía quienes los presenciaron?

No solo en los grandes centros de la industria y del comercio, si no aún en las poblaciones menos influídas por el espíritu nuevo, se advierten los efectos de las propagandas socialistas. De un lado se ven en las obras que debieran emprenderse, y quieren emprenderse y no se emprenden. En Madrid mismo por ejemplo, son muchos los que han adquirido terrenos para edificaciones, y no las comienzan por miedo á las huelgas, por lo cual hay multitud de obreros sin trabajo. Del otro lado se ve en el poco esfuerzo que no pocos obreros ponen en la labor que se les encomienda. Diríase que trabajan solo para justificar legalmente el jornal que perciben. Así sucede que obras que debieran terminarse en ocho días se terminen en ocho semanas, ó en ocho meses, cuadruplicando ó algo más su costo natural. ¿No es lógico, después de visto esto, que el capital se retraiga cada vez más, y solo dé trabajo á los obreros cuando en absoluto no pueda dejar de hacerlo? De este estado de cosas ¿quién sale más perjudicado, el capitalista ó el obrero? No ha de olvidarse que en muchos casos el capital encuentra más medios de defenderse, y desde luego más medios de emigración que el trabajo. La miseria en que actualmente viven por este estado de cosas cientos y miles de obreros en Madrid, en Barcelona, en Bilbao mismo, lo dice bien claro y con elocuencia insuperable. Sin las propagandas socialistas casi todos los obreros en situación de paro tendrían trabajo, y pan para ellos y para sus hijos. No es al Estado, por lo tanto; no es á la sociedad, por lo tanto; no es á los capitalistas, por lo tanto, á quienes deben hacer responsables de su situación de miseria, sino á aquellos que con fines políticos de dominación han envenenado y tratan de envenenar más y más cada