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ces el espectro de la miseria con todos sus aspectos más repugnantes; y proclamada la soberanía popular, el proletariado, persuadido de que la soberanía política no ha de servirle para gran cosa, se ampara en la soberanía económica que quiere reivindicar á todo trance, ejerciéndola sobre la propiedad, sobre los instrumentos de trabajo, y he aquí el socialismo con el que no ha de quedar en pie más libertad que la del Estado, más soberanía que la del Estado, ni más derecho que el del Estado.

El conferenciante incitó á todos los católicos á trabajar con todas sus fuerzas en restablecer el equilibrio á favor de los grandes, sólidos y fecundos principios de justicia cristiana, recomendando con gran interés se pusieran en práctica y acrecentaran las obras del apostolado católico, de la enseñanza cristiana y de la beneficencia con los pobres y familias de obreros, teniendo siempre por modelo á Nuestro Divino Salvador.

Una prolongada y entusiasta salva de aplausos acogió el profundo y elocuente discurso del conferenciante, en el cual dió relevante muestra de sus vastos y claros conocimientos históricos, bíblicos y sociológicos.

DR. DELFIN DONADÍU:
Catedrático de la Universidad de Barcelona:
Barcelona 30 de Noviembre de 1903.
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CRÓNICA SOCIAL

DICIEMBRE 1903.

Por epílogo de una huelga: Información oficial de la huelga de Bilbao.—Las «fuerzas vivas de Vizcaya»: Cámara de Comercio.—Proyectos de Ley: Tiendas y salarios; Coligaciones y huelgas.—Información pública: Los Obreros; El partido socialista.—Un manifiesto.—El meeting Obrero del Buen Retiro.

A ruegos del Senador del Reino Excmo. Sr. D. Fernando de Landaecho, se ha publicado, en el Diario de las Sesiones de la Alta Cámara la «información oficial» sobre la huelga de los obreros mineros de Vizcaya.

En este documento se afirma que aquellos lamentables sucesos que ya reseñamos en nuestra Crónica del pasado mes, no ocurrieron por acuerdos precedentes inmediatos adoptados por las agrupaciones obreras interesadas, sino por evolución natural de causas determinantes, preexistentes de mucho tiempo. Entre estas parece la primera y más principal la forma de pago de los jornales por meses vencidos en la mayor parte de las minas, con grande perjuicio de los obreros porque, careciendo de ahorros, por necesidad habían de hacer sus compras al fiado, y con el recargo consiguiente en los artículos, viniéndoles con ello perjuicios de consideración. Por eso desde hace tiempo venían clamando porque se les pagara por semanas ó quincenas, y siempre fueron desatendidas sus pretensiones excepto en las minas próximas á Bilbao, donde se pagaba en la forma deseada.

Otra de las causas, dice textualmente el documento oficial, ha sido la existencia de las tiendas obligatorias. Al lado de las explotaciones mineras, se han ido formando pueblos, á los que, el comercio y pequeña industria, acudieron en todas sus varias manifestaciones, y que eran altamente perjudicados con las tiendas obligatorias.

El contratista de los trabajos, casi siempre, ó el capataz alguna vez, ponían una tienda que comprendía la mayor parte de los artículos que el obrero podía necesitar, y á la que por medios más ó menos directos era inducido á ir á comprar. En esas tiendas se anticipaban cantidades á los obreros durante el mes, y mediante vales del contratista, que los daba, teniendo buena cuenta de los jornales devengados; pero tales anticipos se hacían siempre con un interés más ó menos grande,
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según la conciencia del que lo hacía y necesidades del que lo había de recibir. La importancia de las pérdidas del obrero, con estas tiendas, puede calcularse por los crecídísimos arriendos en que están tomadas algunas de ellas por los actuales poseedores.

- Al malestar del obrero con este motivo, debe agruparse el del comercio é industria, creado en los centros mineros. Su vida era más ó menos próspera, según que al obrero se le dejara mayor ó menor libertad de comprar donde tuviera por conveniente; de aquí que, si el deseo del obrero era grande para quitar las tiendas obligatorias, no le iba en zag: el del comercio é industria citados, cuya vida y desarrollo dependía única y exclusivamente de la existencia de las tiendas obligatorias. Este comercio y esta industria han sido factores importantes en el origen y desarrollo de la huelga, constituyendo apoyo de gran valía para el obrero, que encontraba en tales elementos medios de subsistencia.

Respecto á los barracones, la información que extraíamos dice, que más que causa verdadera de la huelga han sido instrumentos utilizados para causar efecto en la Nación y hacer simpático el movimiento obrero, pues realmente carece de importancia este supuesto motivo de la huelga.

- Algunas minas que están en despoblado, y cuya explotación no está regularizada tienen su instalación provisional, incluso la habitación del obrero, ó barracón, ocupado casi siempre por los que, procediendo de otras provincias, no vienen á esta más que á hacer una campaña; y bien puede asegurarse que en tales barracones no está el obrero peor que en muchas posadas de los pueblos donde viven en gran hacinamiento; posadas que, como el comercio, tampoco son ajenas al clamoroso levantado contra los barracones por la cuenta que les tiene su desaparición.

Entre las causas políticas la información oficial señala como productoras de la huelga y ocasión de ella: primera, la rivalidad entre los jefes del partido socialista, pues mientras unos querían el logro de sus aspiraciones por las vías legales, al amparo de la vigente legislación, otros entendían llegar á obtenerlas más pronto y decisivamente por la imposición decidida y firme de las masas organizadas y obedientes á la dirección que se les imprimiera. Y segunda, la obstinación del Círculo Minero de Bilbao en no querer tratar con las colectividades obreras, contestando á los representantes de estas y al Gobernador Civil, intermediario en la contienda, cuando se les entregó las peticiones de los obreros:

- Que por sus fines carácter y representación del mismo, no podía adquirir compromisos que ligasen particularmente á ninguno de los asociados, y mucho menos cuando la mayoría de los interesados en la cuestión, como son los contratistas de las minas y aun varios propietarios de concesiones mineras, no figuraban como asociados. Lo que no obstaba para que se dirigiesen los obreros particularmente á sus
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patrones, los cuales según tenía entendido el Círculo, estaban dispuestos á satisfacer los jornales devengados, siempre que se solicitase, así como cualquier justa petición.

»De donde—deduce la información oficial—por las respectivas manifestaciones, que más que los intereses debatidos en el asunto era causa de no llegar á un acuerdo la tenaz resistencia de los patronos á conceder derechos de beligerancia al elemento obrero y á sus legítimos representantes, considerando como ilegales las sociedades obreras de resistencia y negándose rotundamente á pactar con tales colectividades, mientras que como tales lo pidiesen.»

El resto de este interesante documento es la historia cronológica de los sangrientos sucesos y la terminación de la huelga ya conocidas de nuestros lectores.

Intimamente relacionado con este asunto está el Mensaje que las fuerzas vivas de Vizcaya han elevado al Gobierno de la Nación. Muchas alcaldías vizcaínas, Bancos, Compañías, Sociedades, Fábricas... hacen constar que se hallan dispuestos á reconocer las reformas legales que en bien del obrero y patrono son una necesidad en los pueblos modernos, reformas que garanticen las legítimas aspiraciones de las clases citadas en todo régimen bien constituido, que solucionen los roces que pueden suscitarse en las lides entre el capital y el trabajo y que en estos conflictos resplandezca siempre la paz, la armonía y la justicia, tendiendo á tan laudables propósitos por sabias leyes que, emanadas del Parlamento, conjuren los peligros y se desenvuelva la sociedad española al igual de la senda seguida por Estados prestigiosos del antiguo y nuevo continente.

»Mas si esos derechos y esas reformas anhelamos sean reconocidos y traducidos á la ley positiva, nos remos también en la imperiosa necesidad de protestar solemnemente de las arbitrariedades cometidas, de los ataques inferidos á la personalidad, al derecho de propiedad, negándose las máximas de seguridad individual y de respeto á la hacienda privada, conceptos é ideas estatuidos en todos los códigos y proclamados sin discusión alguna por los más rudimentarios principios del derecho natural.

»El hecho del desorden y de la anarquía que se enseñoreó en Bilbao, deja hondas e inconexas huellas en perjuicio evidente del progreso; la inercia y la indolencia dominará por largo tiempo ante el temor de nuevas algaradas; el capital se hace receloso; el hombre de iniciativas y laborioso se aleja con tan preclaras cualidades de las regiones así amenazadas; todo hace, en suma, creer que el retroceso sufrido por Vizcaya con los hechos relatados, la hace retrotraer un lapso de tiegi-
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po no despreciable en el campo del desenvolvimiento mercantil en sus distintas fases.

»Al sentar las consideraciones expuestas en este mensaje no nos guía más aspiración que la de dar la voz de alerta, el hacer que la verdad resplandezca, y en su consecuencia los poderes constituidos se percaten de lo ocurrido y se prevengan para lo venidero, haciendo que no prospere la ludefensión social.«

Respondiendo sin duda á tales exaltaciones y con conocimiento de los datos contenidos en la información oficial, el entonces Ministro de la Gobernación Sr. García Alix, presentó al Congreso, á mediados del pasado Noviembre un proyecto de ley sobre «Tiendas obligatorias y pago de salarios» en cuyos artículos se previene que desde que la ley sea promulgada queda anulado en los actuales contratos de trabajo y prohibida para los que en lo sucesivo se celebren toda condición que directa ó indirectamente obligue á los obreros á adquirir los objetos de su consumo en tiendas ó lugares determinados.

Se prohibe asimismo el establecimiento en las Fábricas, minas, obras y explotaciones, de cualquier clase que sean, tiendas, cantinas ó expendedurías que pertenezcan á los patronos, destajistas, capataces ó representantes suyos ó personas que tengan, por razón del trabajo, alguna autoridad sobre los empleados en la industria respectiva.

Se exceptúan los economatos organizados por los patronos ó empresarios de trabajos para surtir á los obreros que emplean, á condición de que las adjudicaciones ó ventas se hagan por el precio de coste de los géneros y de que los obreros tengan alguna intervención en la administración del economato.

El pago de los salarios devengados en la industria ha de hacerse efectivo con la moneda de curso legal.

No podrá verse reforzado el abono de salarios en lugar de recreo, taberna, cantina ó tienda, salvo cuando se trate de obreros empleados en alguno de esos establecimientos.

En los restantes artículos se establecen la penalidad por infracción de las presentes reglas y el procedimiento para hacerla efectiva y velar por el cumplimiento de la ley.

No se redujo á lo anterior tan solo la labor del señor García Alix, sino que al proyecto que hemos reseñado acompañó otros sobre «Tribunales Industriales» y sobre «Coligaciones y Huelgas», este último de mayor importancia y traslucidez por la ocasión y las circunstancias, objeto ahora de sendas informaciones públicas, razones todas
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tenga prontos todos los casos de desamparo de menores para darles tutor, de tal suerte que no haya ninguno de aquellos que no esté sometido á alguna forma de tutela, claro es que bastarán las reglas generales del derecho común para determinar á quien ha de corresponder celebrar los contratos de aprendizaje en representación de los menores. Ahora bien; como la libertad de enseñanza debe aplicarse á todos los órdenes, debe hacerse extensiva también y con mucha más razón á este del aprendizaje, correspondiendo por tanto al padre ó á quien á este represente el indisentible derecho de elegir el maestro de sus hijos entre aquellos que no hubieren incurrido en alguno de los motivos de incapacidad ya estudiados, cuyo derecho será á su vez deber comprendido y derivado de la patria potestad.

Aunque la forma en vigor no afecta directamente al fondo del contrato, es lo cierto que tiene una importancia inmensa como elemento de prueba y determinación de todos los extremos de este; por lo que muchas veces depende de ella el exacto cumplimiento de los contratos. Sobre este punto se observan entre las legislaciones las mismas diferencias que siempre que se trata de las formalidades contractuales; unas leyes, inspirándose en un criterio de amplia libertad, admiten no sólo la prueba escrita en documento público ó privado, sino también la verbal, y así lo hacen la ley francesa y la austriaca con la sola particularidad esta última de exigir que cuando el contrato se celebre verbalmente se haga ante la oficina de la Corporación, y de no existir ésta, ante la autoridad comunal, á las cuales deberá ser enviado el contrato si se celebra por escrito, debiendo ser consignado, tanto en un caso como en otro, en un registro establecido al efecto y exento de los derechos de timbre y demás gastos. Sólo la ley húngara de 21 de Mayo de 1884 exige de una manera expresa el contrato escrito ante la autoridad industrial de primera instancia, y donde no hubiera ésta ante el alcalde del común que lo enviará después en el plazo de ocho días á la autoridad industrial. Acaso es el contrato de aprendizaje el que exige mayores garantías y respecto del que puede por tanto imponerse con menos incon-
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que nos mueven á trasladarlo íntegro en su parte dispositiva á estas páginas para que el lector en su vista, pueda formarse idea de la ley, y juicio de sus mantenedores é impugnadores.

Dice así:

«Artículo 1.º Tanto los patronos como los obreros podrán coligarse para la defensa de sus respectivos intereses, sin más limitaciones que las que se establecen en la presente ley y en los artículos 557 y 558, del Código penal.

Art. 2.º Las coligaciones y las huelgas serán ilícitas en los casos siguientes:

1.º Cuando para formularlas ó mantenerlas se empleen violencias ó amenazas ó se ejerza cualquiera otra coacción que por su naturaleza sea suficiente para forzar el ánimo de los coligados.

2.º Cuando se dirijan á realizar la suspensión general de la vida económica en una ó más localidades ó en parte de las mismas.

3.º Cuando ocasionen la interrupción de un servicio general de necesidad evidente y parentoria, ó entorpezcan gravemente el funcionamiento industrial de una región, si no hubieren sido anunciadas directa y formalmente á la autoridad gubernativa local y á la Empresa ó persona encargada de la prestación del servicio, con quince días, por lo menos, de anticipación.

4.º Cuando tengan por objeto imponer que se admitan ó despidan á determinados obreros.

5.º Cuando la interrupción voluntaria del trabajo, sea cualquiera el número de los que la realizan, ponga en peligro la vida humana ó cause pérdida de edificios ó cargamentos, inundación de minas ó otro daño irreparable en la propiedad.

Art. 3.º Los jefes ó promovedores de las coligaciones y de las huelgas comprendidas en el artículo que antecede, serán castigados con la pena de arresto mayor, y si fueren extraños al trabajo ó industria en que la huelga se hubiese producido, se les aplicará siempre en su grado máximo la pena.

Los que hayan ejecutado las violencias, amenazas ó coacciones, sufrirán igual pena, á no ser que por aquellos actos hubiesen incurrido en otra mayor.

La misma penalidad se aplicará á los patronos ó gerentes de Empresas que cometan algunos de los actos comprendidos en los expresados actos de coligación ilícita.

Art. 4.º Incurrirán en el delito de coacción y en la penalidad que para el mismo señala el artículo 510 del Código penal, los obreros declarados en huelga que formen grupos que excedan de tres personas en los alrededores del establecimiento en que ejercían su trabajo y en un radio de 200 metros.

Art. 5.º Quedan derogados el art. 556 del Código penal y todas las demás disposiciones que sean contrarias á lo establecido en la presente ley.»
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El exámen ó crítica de esta ley ó mejor dicho proyecto, no es objeto de esta Crónica que si algún valor y utilidad ha de tener, es la de allegar elementos para el estudio, materiales para artículos ó monografías que tienen su lugar propio en otras secciones de nuestra Revista.

Ante la Comisión del Senado que entiende en este proyecto de ley han informado muchos centros y sociedades y el partido obrero.

A nombre del Fomento de las Artes ha informado el Sr. Jiménez Moya en el sentido de que es más importante que legislar para reprimir las huelgas evitarlas por medio de leyes que mejoren la situación del obrero, prosiguiendo la labor iniciada con las de accidentes del trabajo, regulación del de mujeres y niños, etc.

Dicha importante asociación considera que la huelga es siempre ilegal, porque no se puede privar al obrero del derecho de abandonar el trabajo aisladamente ó coligado con otros.

También considera inadmisible la ilicitud de las huelgas por el hecho de que los obreros pertenezcan á servicios calificados de generales de necesidad evidente y perentoria, pues esto sería privar á dichos trabajadores de la única arma que en su defensa pueden esgrimir.

La exigencia de anunciar la huelga con quince días de anticipación sólo parece justificada en su concepto cuando se trate de servicios públicos.

El Fomento de las Artes, por último, informó en el sentido de la supresión del artículo 556 del Código penal.

Los señores D. Manuel Salvador, de la Sociedad de Aparejadores de Madrid, y el Sr. Gribau, fabricante, son partidarios de que en la ley se prohiba las sociedades de resistencia, causa principal de huelgas injustificadas y que antes de declararse una huelga preceda algo así como el acto de conciliación en los pleitos civiles.

Los vizcaínos se han tomado mayor interés en el estudio del proyecto, á juzgar por el número y calidad de sus informes, entre los cuales mencionaremos el de los «patrones» y «Círculo Minero de Bilbao» representados por una comisión compuesta de los señores D. Ricardo Ortiz, D. José Antonio de Arana, don Eduardo Woof, director de La Orconera, y don Julio de Lazurtegui. En nombre de todos, informó el primero.

Expresó el informante cuánto interesa á la capital bilbaína este proyecto de ley, por las grandes industrias allí establecidas, la más importante de las cuales es la minera, añadiendo cuán perjudicada ha sido ésta en las recientes y dolorosas huelgas allí ocurridas.
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Los poderes públicos deben amparar los grandes intereses, que se dejan en la mayoría de los casos á merced de la furia de los elementos enemigos del orden, como ha ocurrido en la última huelga de Bilbao.

Respecto de la ley proyectada, piden que se apruebe, y sobre todo que se cumpla, aceptando las obligaciones que se les imponen, á cambio de que se le reconozcan sus derechos.

Reconocen la lícitud de las huelgas, pero piden que se declaren ilícitas aquellas en que intervienen elementos extraños á obreros y patronos, impidiendo á los primeros á la resistencia y á la lucha.

Opinan que deben introducirse algunas aclaraciones en el articulado de la ley y que se amplíe el plazo de quince días señalado desde el anuncio hasta la declaración de la huelga, por entender que sobre todo en determinadas industrias dicho plazo es insuficiente para sustituir á los huelguistas por otros obreros.

Juzgan que hay huelgas lícitas en sus comienzos, que se convierten en ilícitas porque intervienen elementos extraños para evitar el acuerdo entre obreros y patronos, por lo cual conviene que la ley declare ilícita la huelga cuando se advierta esta intervención.

Aceptan la penalidad establecida en el artículo 3.º, puesto que es igual para patronos y obreros.

Como modelo ideal, en lo que se refiere al cumplimiento de esta parte de la ley, citan la sentencia dictada por un tribunal inglés, condenando á una Sociedad de resistencia á pagar daños y perjuicios á una empresa por los daños que le causó una huelga.

Así lo ha consignado la prensa diaria en las notas de información para el público.

El más extenso y más detallado en sus conclusiones de que tenemos noticia es el dictámen de la «Liga Vizcaína de productores». He aquí un acabado extracto, que hace un diario regional.

Comienza exponiendo que la casi carencia de disposiciones legislativas que regulasen el derecho á la coligación y á la huelga, exigía la presentación de un proyecto de ley que defina de un modo solemne y definitivo este derecho, así como las limitaciones que al ejercicio del mismo deben imponerse, dando forma legal á las que hasta la fecha no pasaban en nuestra nación de aspiraciones sociales y de tendencias en ciertos publicistas y políticos.

Encarece la necesidad de que nuestro Código penal se adapte en esta materia á las exigencias de la industria moderna, disponiéndolo con el método y ordenación del italiano, por ejemplo, respecto de los delitos contra la libertad de trabajo, peligro común y seguridad de los medios de transporte.

La Liga Vizcaína de Productores manifiesta que se halla de todo