Revista católica de las cuestiones sociales (1897-06-01 00:00:00), página 4

bien general. Es una manera más digna y más sabia de velar por el bien general, prevenir los males que amenazan, que combatirlos cuando han tomado cuerpo en la sociedad. La multiplicación de los pobres en ciertas regiones crea fácilmente un peligro para la paz y la seguridad públicas ó por lo menos agrava este peligro, y tiene finalmente por consecuencia un aumento de cargos tal, que hace necesario otro repartimiento, para que sean soportables á estas regiones.

En este punto, para impedir una gran miseria y para procurar á ciertas regiones un alivio de cargas conveniente, se justifica ya la precaución, que ha dado lugar á varias tentativas de parte del Estado, de hacer asegurar la clase obrera contra los diversos factores de la miseria y de la indigencia, de suscitar los seguros contra los accidentes, la incapacidad de trabajo, la enfermedad y la vejez, etc. He nos dicho suscitar. En éste, nosotros no pretendemos en manera alguna que incumba al Estado constituir directamente tales instituciones. Nosotros creemos por el contrario que el Estado corresponde mejor á su verdadera misión y á la actividad que le conviene limitándose á favorecer eficazmente la creación y desarrollo de obras de este género, dejando á la iniciativa de los individuos ó de las asociaciones el cuidado de consignarlas y de administrarlas. Solamente en el caso en que esta iniciativa resulte por su insuficiencia impotente para fundar las instituciones necesarias, es cuando el Estado debe intervenir directamente y aun así más bien inopiando la acción de la ley en las relaciones de los contratos entre patronos y obreros, que proveyendo inmediatamente á las necesidades de la clase obrera que no encuentra medios de vivir ni con su trabajo.

Si consideramos la otra parte de la misión del Estado, la protección del derecho; si pensamos en su deber de protección respecto de los indigentes, no llegamos inmediatamente á un resultado de importancia.

El derecho natural del indigente, en el sentido de un derecho estricto, á reclamar un socorro sobre el haber de otro, se limita, como lo hemos dicho más arriba, al solo caso de necesidad extrema y á la sola satisfacción de esta necesidad extrema. La protección del derecho que incumbe al Estado no pernicia casi otra cosa en esta materia que el poder y aun el deber para las autoridades judiciales de dejar impune la apropiación de los bienes de otro para subvenir á una excesiva desgracia. Querer castigar en caso semejante, sería violar abiertamente el derecho primordial del que tiene precisamente la mayor necesidad de ser protegido; derecho que le ha sido conferido con su naturaleza por el mismo Autor de ella y de la cual no puede separarse.

Pero dejando aparte la obligación que resulta para el Estado de su misión de velar por el bien general, obligación que consiste en prevenir en cuanto sea posible las indicadas eventualidades. ¿Debemos realmente concretarnos á esta limitación estrecha del derecho natural inherente á la naturaleza del necesitado? Su existencia en el seno de una sociedad civilizada, no le confiere un derecho más extenso y no resulta para los poderes públicos una obligación más extensa también, por lo que á él respecta?

Aquí entramos en el segundo camino que hemos dicho conduce á la determinación de las obligaciones del Estado en materia de socorro.

(Continuará)