Revista católica de las cuestiones sociales (1896-08-01 00:00:00), página 7

La ley de 19 Mayo—3 Junio de 1874 sobre el trabajo de los niños empleados en la industria, la del 7 Diciembre de 1874 relativa á la protección de los niños empleados en las profesiones ambulantes y la ley del 2 de Noviembre de 1892 sobre el trabajo de los niños y de las mujeres en los establecimientos industriales tienen este carácter. El artículo 3.º de esta última ley fija en once horas por día el máximo del trabajo efectivo de las mujeres. El Estado asegura la ejecución de las reglas así decretadas por medio de un cuerpo de inspectores que incoan procesos verbales para la aplicación de penas más ó menos severas.

Vuelve á encontrarse también el principio de la intervención del Estado en el párrafo 5 del artículo 1.º de la ley sobre el contrato de arrendamiento de servicios del 28 de Diciembre de 1890, pero aquí el Estado no obra administrativamente por sus funcionarios. La ley deja á los interesados el cuidado de hacer valer ante los tribunales los derechos que les reconoce. Según los términos de este párrafo, las partes no pueden renunciar con anticipación al derecho eventual de pedir daños y perjuicios en el caso de rescisión del contrato de arrendamiento de servicios por la voluntad de uno solo de los contratantes.

Lo mismo sucede cuando, para impedir en los convenios la libertad de traspasar los límites fuera de los cuales la existencia de una sociedad civilizada veríase amenazada por la violación de sus leyes esenciales, el legislador declara nulas y de ningún efecto ciertas estipulaciones cuya causa es ilícita, es decir, expresamente prohibida por la ley, contraria á las buenas costumbres ó al orden público. No se puede en este caso incoar ningún proceso, sino que los compromisos adquiridos quedan sin valor y no pueden ser invocados.

Aparte de los contratos anulados como inmorales y de los viciados por defecto de consentimiento válido, si el consentimiento ha sido otorgado por error, arrancado por violencia ó hecho por engaño, existe en el Código civil un caso en que se deroga el principio de que el libre consentimiento forma ley entre las partes. Es aquél que prevé el artículo 1674 que dice que el vendedor de un inmueble que haya sido lesionado en más de siete duodécimas tiene el derecho, apesar de toda estipulación en contrario, de pedir la rescisión de la venta por causa de lesión. Presúmese que el consentimiento del vendedor no ha sido libre y válido.

Esperamos que la participación se desarrollará por sí misma en plena libertad, sin cláusulas coercitivas y obligatorias. Con este espíritu ha trabajado siempre la Sociedad para el estudio práctico de la participación en los beneficios.

Una sola eventualidad podría ejercer influencia contraria.

Queremos hablar del caso en que se produzcan con persistencia inconvenientes exageraciones en el sentido de la protección aduanera. La ley del 11 de Enero de 1892, que contiene la tarifa general de las aduanas y cuya votación no ha tenido lugar sino después de energicas protestas, ha sido hecha con el objeto de asegurar á cada industrial protegido un beneficio que obtendrá, no de la naturaleza de las cosas, es decir del valor real de sus productos en el mercado del mundo, sino de un favor más ó menos justificado, de la ley francesa.

Es más que probable que los patronos, protegidos así contra las oscilaciones de la libre concurrencia, agraciados con las primicias de un beneficio obtenido, en cierto modo, en las calientes estufas del Estado, darán alguna parte de este provecho, en una justa medida, á todos sus colaboradores. Si fuese de otra manera, los intereses lesionados, querrían en su día que saliera la participación obligatoria de