Revista católica de las cuestiones sociales (1897-06-01 00:00:00), página 15

Respondiendo á los clamores de las clases proletarias y al sentimiento irresistible de la opinión pública, dícese también, Alemania ha impuesto los seguros obligatorios, los cuales, añaden, por la eficaz acción del hábito, tienen la inapreciable ventaja de estimular en el obrero la virtud del ahorro y de la economía, y otra no menos importante que consiste en que, de una manera indirecta, se hace llegar á manos del obrero, además de su salario, la parte que, dicen, le corresponde en la participación de los beneficios de la producción.

Por fin, M. Bismarck al defender en 1881 sus proyectos de seguros decía: "¿Es ó no deber del Estado socorrer á los que carecen de todo amparo? Sostengo que es su deber, y que tal obligación corresponde, no sólo al Estadocristiano sino á todo Estado."

Estas son, en general, las doctrinas que se invocan para justificar la transformación que se quiere operar en el seguro y los nuevos rumbos por donde se pretende empujar á esta institución; é inspirándose en estos principios, Alemania, Austria y otros países han resuelto el problema del seguro obligatorio. Mas esta reforma, tan honda y trascendental, no tiene consistencia á lo menos en las afirmaciones cardinales que la integran, lo mismo desde el punto de vista de los que quieren que el seguro obligatorio sea practicado po- el Estado, constituido en asegurador, como de los que consideran que debe dejarse á la libertad de cada uno la elección de la entidad aseguradora; distinción que no modifica en nada nuestro criterio, ya que lo mismo condenamos una que otra tendencia, pues partimos de la base de negar el principio de la obligación del seguro, por entrañar esta teoría gravísimos peligros, y porque su fundamento, como hemos dicho, arranca de una concepción falsa, acerca de la misión del Estado, que lesiona la libertad, atenta al derecho de propiedad y tiende á proscribir la gran virtud de la Caridad.

En efecto: la primera dificultad ó cuestión que surge al estudiar el seguro obligatorio, que bien podemos decir constituye el nudo gordiano del problema, es: ¿de donde ó con qué dinero se han de sufragar los inmensos gastos que ocasiona? ¿Se han de tomar del ahorro de los trabajadores ó del de los amos ó patronos? ¿Los ha de proporcionar el Estado?

Si lo primero, el Estado daríamos el pernicioso ejemplo de no respetar la facultad, que cada uno tiene de disponer de lo suyo como le plazca ó de darle el destino que tenga por conveniente, cometiendo así un atentado contra el derecho de propiedad individual, que es una de las bases firmísimas de la sociedad; violentando la libertad, que es un bien aventajadísimo que dá al hombre, como dice León XIII, la dignidad de estar en manos de su propio consejo y tener potestad de sus acciones, y destruyendo el principio de que la convención es la única forma que sirva á los seres libres y razonables para entrar en una relación jurídica personal. Si lo segundo, ó sea que el Estado, proporcione esos gastos, tampoco es justo, porque el Estado no tiene derecho para proteger una clase de ciudadanos á expensas de las otras (1); porque concederle este derecho sería presuponer el reconocimiento del dominium eminens y porque al obrar así el Estado transformaría, como luego veremos, los deberes de caridad en obligaciones de justicia.

Con tales principios no cabe transacción de ninguna clase. El Estado debe pro-

(1) Es absurdistimo, dice León XIII en su encíclica Rerum novarum, que el Estado cuide de una parte de los ciudadanos y descuide otra; porque esto es violar la justicia que manda dar á cada uno su derecho.