Revista católica de las cuestiones sociales (1897-06-01 00:00:00), página 17

te. Norma de la vida social la actividad libre por espontánea iniciativa del individuo, sólo debe intervenir el Estado en su desenvolvimiento cuando lo justifique la necesidad de esa cooperación para la realización del fin humano.

A los que conceden mayores derechos al Estado, á los defensores del seguro-obligatorio, decimosles, por estas razones, que el obrero es libre de asegurarse ó de no hacerlo. El amo ó fabricante, por su parte, es también dueño de asegurarse contra la responsabilidad civil de los accidentes, y hasta de no admitir en su establecimiento á los obreros que no se hayan asegurado.

Al obrar así los amos, están en su derecho, puesto que ello constituye una de las muchas convenciones que los hombres tienen la facultad de pactar entre sí; pero el Estado no puede imponer eso mismo que las partes pueden aceptar por su libre consentimiento. Si tuviese este derecho, por lo que toca á los accidentes de las fábricas, tendría igualmente para obligar á los propietarios á asegurarse contra el incendio, al padre de familia para imponerle el seguro sobre la vida, al terrateniente el seguro contra el granizo ó contra la epizootia, á todos los ciudadanos, en fin que se asegurásen contra todas las enfermedades y contra todo lo que pueda causarles un daño, y así convertir todo seguro en obligatorio.

Más aún: si el Estado tiene el derecho de tomar precauciones contra los acontecimientos que pueden arrastrar á la miseria á una parte de los obreros, no es sólo contra los accidentes de las fábricas, las enfermedades y la vejez que debería tomar esas precauciones, sino hacer también lo propio y adoptar igual medida respecto de los riesgos contra la muerte y el paro; sobre todo contra éste último riesgo que, como el de accidentes, es privativo de la condición de los asalariados; y no sólo respecto de una clase de los obreros, sino comprendiendo á todos los ciudadanos, sea cual fuere su haber y posición social, porque todos están expuestos á sufrir contratiempos de la fortuna y quedar arruinados y necesitar, por lo tanto, el auxilio y protección de la sociedad. Muchas personas no cuentan con otros recursos que los emolumentos de su trabajo.

Las artes liberales, el comercio, la agricultura, etc., formadas están, en su mayoría por gente sin otro capital y recursos que su trabajo diario, y que al morir dejan á sus familias en el más completo desamparo. Muchos industriales se arruinan: infinidad de propietarios pierden su fortuna en especulaciones desgraciadas. ¿Por qué el Estado no toma por ellos el mismo interés y les obliga á asegurarse? Si el principio es legítimo, la consecuencia se impone. ¿Por qué, pues, no hacer al Estado administrador de todas las fortunas para impedir también que nadie se arruine? ¡Qué absurdidad, diréis, qué locura! (1). Sin duda, pero esto mismo dice Mr. Théry prueba que es falso el principio en que se apoya el seguro obligatorio (2).

No es menos evidente la injusticia del seguro obligatorio, si se considera que, aún cuando todos los asegurados corren el riesgo y todos pueden aprovecharse del seguro, no todos son iguales en condiciones y circunstancias físicas y morales; y así hay obreros prudentes, que tienen dominio sobre sí mismos, y cuya ocupación ó tra-

(1) Julio Ferri sostenía que el Estado, que es rico, que es sabio y que tiene tiempo libre, debe ser no sólo administrador, genórgame, ama de gobierno de la sociedad, tutor de los altos estudios, sino guardián del Ideal. A ésto contestó Claudio Jannet, con las siguientes palabras: "el día en que el Estado nos suministrara el Ideal, el mundo caerá en una servidumbre que desde la antigüedad no había conocido. Véase, Estudios morales, sociales y económicos, por D. M. Durán y Bas.

(2) Véase, Théry, Exploiteur et salariat, cap. XXIV.