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provincial, cuando cometieren extralimitacion grave con carácter político, dándola publicidad, excitando á otros Ayuntamientos á cometerla ó produciendo alteracion del orden público.

Tambien tendrá lugar la suspension, pero de acuerdo entre el gobernador y Diputacion, cuando los Ayuntamientos ó alcaldes incurriesen en desobediencia grave, insistiendo en ella despues de haber sido apercibidos y multados.

Si el gobernador y la Diputacion no estuvieren de acuerdo para la suspension del Ayuntamiento, se elevará el expediente original al Gobierno para lo que resuelva, oyendo precisamente al Consejo de Estado.

Art. 173. La suspension gubernativa del Ayuntamiento y de los alcaldes no podrá pasar de treinta dias.

Pasado este plazo sin que se hubiese mandado proceder á la formacion de causa, ó declarado que ha lugar á disolucion, volverán los suspensos al ejercicio de sus funciones de hecho y de derecho.

Art. 174. Los expedientes de su suspension se remitirán siempre al Gobierno en el término de tres dias á mas tardar despues de acordada aquella.

El Gobierno, oyendo el Consejo de Estado, decidirá en plazo, que no excederá de treinta dias, si ha lugar á la formacion de causa ó á la disolucion. En el primer caso se remitirán los antecedentes al tribunal á que corresponda; en el segundo se presentará inmediatamente el oportuno proyecto de ley á las Cortes, cuando estas estuvieren reunidas, y cuando no, en una de sus ocho primeras sesiones.

En el último caso, el proyecto de ley se publicará en la Gaceta del Gobierno y Boletín oficial de la provincia para los efectos que determina el artículo siguiente.

Art. 175. Se requiere una ley para disolver un Ayuntamiento. Pero una vez presentado el proyecto á las Cortes por el Gobierno, ó publicado en su caso en la Gaceta, Boletín oficial de la provincia, ó bien remitidos los antecedentes al tribunal competente, no podrá alzarse la suspension
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gubernativa, ni funcionar el Ayuntamiento ni concejal alguno de los que lo compongan.

Art. 176. De las causas contra los Ayuntamientos, alcaldes ó regidores conocerá el juzgado de primera instancia del partido.

Art. 177. Ni los alcaldes ni regidores pueden ser destituidos mas que en virtud de sentencia ejecutariada del tribunal competente.

Art. 178. Los Ayuntamientos, alcaldes y regidores no pueden ser procesados criminalmente, ni de oficio, ni á instancia de parte, por sus actos como concejales, sin prévia autorización del Gobernador de la provincia, oída la Diputación provincial. Esta autorización deberá el gobernador concederla ó negarla en el término preciso de diez días, pasados los cuales sin hacerlo se tendrá por dada.

Si la negase, podrá el demandante acudir al Gobierno, que oyendo al Consejo de Estado decidirá definitivamente en el término de treinta días, pasados los cuales, si no se hubiese concedido ó negado la autorización, se tendrá por concedida.

En todo caso deberá el Gobernador dar cuenta al Gobierno.

Art. 179. No es necesaria la autorización para procesar á los Ayuntamientos, alcaldes y regidores:

Primer. En las causas por delitos comprendidos en los artículos 283 y 284 del Código penal, relativos á la violación de secretos.

Segundo. En las causas por delitos que el capítulo 8.º del título VIII del libro II del Código penal califica de abusos contra particulares.

Tercero. En las causas por delitos de cohecho, castigados en el capítulo 13 del título VIII del libro II del mismo Código.

Cuarto. En las causas por delitos clasificados como fraudes y exacciones ilegales en el capítulo 15 del título VIII del libro II del mismo Código penal.
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Quinto. En las causas por delitos y faltas cometidas en la formacion de las listas, ó en cualquier otro acto electoral, en que podrán ser acusados por accion popular.

Sexto. Cuando se proceda por excitacion del Gobierno ó del gobernador de la provincia.

Art. 180. Decretará el juez la suspension del Ayuntamiento procesado cuando apareciesen motivos racionales para creer que ha incurrido en delito á que el Código penal señala penas aflictivas ó correccionales, y lo pondrá en conocimiento de la Diputacion provincial y del gobernador de la provincia.

Art. 181. Declarada legalmente la suspension de un Ayuntamiento, se convocará para reemplazarle al último anterior: si de este faltare la tercera parte ó mas de sus individuos por ausencia, inhabilitacion, muerte ó otra causa, serán reemplazados en número bastante con los del año anterior, y así sucesivamente hasta reunir cuando menos los dos tercios del total de concejales que al Ayuntamiento correspondan.

Art. 182. Cuando el Ayuntamiento fuese disuelto en virtud de la correspondiente ley, ó destituido por sentencia ejecutoriada del tribunal competente, se procederá á nuevas elecciones.

Art. 183. Los alcaldes y regidores que por sentencia ejecutoriada fueren absueltos libremente ó de la instancia, volverán á ocupar sus cargos.

Art. 184. Los concejales de un Ayuntamiento disuelto no podrán ser elegidos en cuatro años.

Art. 185. Los alcaldes de barrio están, relativamente á los constitucionales, en la misma dependencia jerárquica que estos respecto á los gobernadores.

Les son, por tanto, aplicables las disposiciones del presente título en cuanto á la responsabilidad, salvas las modificaciones siguientes:

Primera. El máximo de las multas que se les impongan será el mismo de las fijadas por los alcaldes de cuartel.
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Segunda. Para la suspension basta el acuerdo del alcalde; pero para la destitucion se necesita el del Ayuntamiento.

Tercera. La absolucion no les da derecho, pero los rehabilita para ser repuestos en su cargo.

Art. 186. Todos los agentes del Ayuntamiento por él nombrados y pagados están sujetos á su obediencia, y son responsables gubernativamente ante el mismo con sujecion á esta ley, y judicialmente ante los tribunales por los delitos y faltas que cometieren.

Art. 187. Los alcaldes de barrio y agentes del Ayuntamiento no pueden ser procesados, ni de oficio, ni á instancia de parte por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, sin prévia autorizacion del gobernador de la provincia en los mismos casos y con las mismas excepciones que quedan expresadas respecto á los concejales.

TÍTULO V.

CAPÍTULO ÚNICO.—Del gobierno político de los distritos municipales.

Art. 188. El alcalde, donde sea único, y el primero donde haya mas de uno, será el representante del Gobierno, y en tal concepto desempeñará todas las atribuciones que las leyes le encomienden, obrando bajo la direccion del Gobernador de la provincia conforme las mismas leyes determinen.

Art. 189. Corresponden al alcalde único ó primero en consecuencia de lo dispuesto en el artículo anterior:

Primero. Publicar las leyes y disposiciones generales del Gobierno, del gobernador y de la Diputacion de la provincia.

Segundo. Hacer que sean cumplidas y guardadas en la parte que le corresponda.

Tercero. Cuidar del orden público, de la seguridad de las personas, y de la proteccion de las propiedades.

Cuarto. Requerir al efecto, cuando fuese necesario, el
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auxilio del Ayuntamiento, el de los vecinos y el de toda la fuerza armada, cuyos jefes no podrán negarlo.

Quinto. Corresponderse con el gobernador de la provincia y con las demás autoridades y corporaciones.

Sexto. Conceder ó negar la licencia para toda clase de funciones públicas, y presidir aquellas que exijan presidencia en ausencia del gobernador civil.

Séptimo. Aplicar gubernativamente las penas señaladas en las leyes y reglamentos de policía y ordenanzas municipales, é imponer también gubernativamente multas por faltas de obediencia á sus órdenes y bandos, que nunca pasarán de lo que establece el párrafo tercero del artículo 50.

Octavo. Desempeñar las demás funciones especiales que les confieran las leyes y las disposiciones consiguientes al gobierno.

Art. 190. En todo lo relativo al gobierno político del distrito municipal, la autoridad, deberes y responsabilidad del alcalde son independientes del Ayuntamiento respectivo.

Art. 191. Los alcaldes de cuartel en los suyos respectivos son representantes del Gobierno en los mismos términos que en el distrito municipal el alcalde primero, bajo la dependencia y direccion del mismo.

Art. 192. Los alcaldes de barrio en los suyos respectivos ejercerán, como delegados de los alcaldes, las funciones de gobierno político que con arreglo á las leyes les delegarán los de cuartel, conformándose con las disposiciones del alcalde primero y del gobernador de la provincia.

Art. 193. Por las faltas que en el desempeño de sus funciones gubernativas en lo político cometieren los alcaldes, podrán ser amonestado, apercibidos y multados los alcaldes primeros por el gobernador de la provincia, los de cuartel por el primero y el gobernador, igualmente en los términos que se previene en los artículos siguientes.

Art. 194. Los alcaldes constitucionales, cuando obran como representantes del Gobierno, y los de barrio y dependientes municipales en los delitos que cometan como agen-
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REVISTA CATÓLICA.

HISTORIA CONTEMPORÁNEA
DE LOS
PADECIMIENTOS Y TRIUNFOS
DE LA
IGLESIA DE JESUCRISTO,
redactada de las pastorales, cartas y escritos de los señores obispos y misioneros de ambos mundos, como también de documentos relativos á las misiones y al ministerio sacerdotal.

Tercera serie.—T. VI.

BARCELONA:
IMPRENTA Y LIBRERÍA DEL HEREDERO DE PABLO RIERA,
calle de Robador, número 24 y 26.
1868.
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«Para la justa, equitativa y patriótica aspiracion que firmemente abrigo, y sin duda abrigais vosotros, de mantener el derecho, la legitimidad y el honor, contad siempre con la decision enérgica y el maternal amor de vuestra reina, Isabel.

«Palacio de Pau 30 de setiembre de 1868.»

Reseñados los hechos que constituyeron el período inaugural de la revolucion, y que le alcanzaron su triunfo, tócanos ocuparnos de la idea y del espíritu de que ella viene animada. Fijos en nuestro propósito de presentar á nuestros amigos los documentos oficiales que han de servir de material para la interesante historia de estos sucesos, vamos á consignar los manifiestos dirigidos á la nacion por los iniciadores del movimiento, y las proclamas y acuerdos de las primeras Juntas provisionales de gobierno.

El documento que para nosotros figura en primera línea, por expresar el pensamiento original de la revolucion, es el manifiesto de los generales reunidos en Cádiz, fechado en aquella ciudad á 19 del finido setiembre.

Dice así:

«Españoles:—La ciudad de Cádiz puesta en armas, con toda su provincia, con la armada anclada en su puerto y todo el departamento marítimo de la Carraca, declara solemnemente que niega su obediencia al Gobierno de Madrid, segura de que es leal intérprete de todos los ciudadanos que en el dilatado ejercicio de la paciencia no hayan perdido el sentimiento de la dignidad, y resuelta á no deponer las armas hasta que la nacion recobre su soberanía, manifieste su voluntad y se cumpla.

¿Habrá algun español tan ajeno á las desventuras de su país que nos pregunte las causas de tan grave acontecimiento?

«Si hiciéramos un exámen prolijo de nuestros agravios, mas difícil sería justificar á los ojos del mundo y de la historia la mansedumbre con que los hemos sufrido, que la extrema resolucion con que procuramos evitarlos.
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tes del alcalde en la misma representacion, no pueden ser procesados criminalmente, ni de oficio, ni á instancia de parte, sin autorización previa dada en la forma que respectivamente establecen para ello los artículos 178 y 179 de esta ley.

No se requiere esta autorización en los casos comprendidos en el artículo 253 de la misma.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

1.ª Las disposiciones de esta ley, cuyo cumplimiento incumbe á los que la misma supone existentes, serán cumplidas por los Ayuntamientos interinos designados en conformidad á la circular de 13 del corriente mes.

2.ª Los años para la renovación de los Ayuntamientos que se elijan comenzarán á contarse desde 1.º de enero de 1869; no obstante que los nuevos Ayuntamientos quedarán constituidos á medida que las actas de su elección se vayan aprobando por los gobernadores.

3.ª Se publicará una edición especial del texto de esta ley con las modificaciones anteriormente decretadas.

Madrid 21 de octubre de 1868.—El ministro de la Gobernación, Práxedes Mateo Sagasta.

LEY ORGÁNICA PROVINCIAL.

TÍTULO PRIMERO.

CAPÍTULO ÚNICO.—Del territorio de la provincia y de sus habitantes.

Artículo 1.º El territorio de la monarquía española en la Península é islas adyacentes se divide para su administración y economía en provincias, según lo determina ó determinare la ley de división territorial.

Art. 2.º El territorio de cada provincia se compone de la suma y agregado de todos los distritos municipales comprendidos dentro de sus límites.

Art. 3.º Por ahora y mientras otra cosa no se determine por ley expresa, continuarán siendo provincias las cuarenta
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y nueve en que hoy se hallan divididas la Península é islas adyacentes.

Art. 4.º No podrá hacerse alteracion en los límites de una provincia, ni segregacion ó agregacion á su territorio, sin previo expediente en que sean oídas las Diputaciones y Ayuntamientos interesados y tambien el Consejo de Estado.

Cuando no estuviere conforme el Gobierno con el parecer del Consejo de Estado, no podrá hacerse ninguna de las alteraciones de que trata el párrafo anterior, sino en virtud de una ley.

Art. 5.º En ningun caso puede acordarse, sino en virtud de una ley, la agregacion de una parte cualquiera de territorio ó provincia exenta, en todo ó en parte, del régimen general de la monarquía.

Art. 6.º Para los efectos de la presente ley, se dividirán todas las provincias en distritos electorales de á 25,000 almas cada uno.

Donde hubiere un sobrante al menos de 13,000 almas se formará un distrito mas, equilibrando la diferencia.

Donde el sobrante fuere menor, se repartirá entre los demás distritos.

Art. 7.º Puede el Gobierno con arreglo á las leyes dividir además el territorio de una provincia para los efectos de la administracion de justicia civil y económica en partidos y agrupar varias provincias con la denominacion conveniente, siempre que no perjudique la unidad y entidad administrativa que á la provincia misma corresponde según la presente ley.

Art. 8.º Continuarán siendo capitales de las provincias los pueblos que lo son en la actualidad, mientras otra cosa no se determine en la ley de division territorial, ó en una expresa para cada caso, prévias las formalidades prescritas en el artículo 4.º

Art. 9.º Para los efectos de la presente ley se considera á los habitantes de las provincias según su condicion, de-
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terminada en el capítulo II, título I de la ley orgánica municipal.

TÍTULO II.

DE LA ADMINISTRACION PROVINCIAL.

CAPÍTULO I.—Competencia y atribuciones de las Diputaciones provinciales.

Art. 10. Se establece en cada provincia una Diputacion provincial compuesta del número de individuos que proporcionalmente á su poblacion determina la presente ley.

Art. 11. Las Diputaciones provinciales son permanentes, y se consideran siempre funcionando activamente.

Art. 12. Las Diputaciones provinciales no pueden ejercer otras funciones ni actos políticos que aquellos que por la ley se les señalan expresamente.

Art. 13. Es de la competencia de las Diputaciones provinciales todo lo que concierne á la administracion civil y económica, propio y exclusivo de la respectiva provincia, con arreglo y sujecion á las leyes, reglamentos y disposiciones generales para su ejecucion.

Son tambien de su competencia cuantas funciones les atribuyen expresamente las leyes.

Los acuerdos son segun los casos:
1.º Inmediatamente ejecutivos, sin ulterior recurso.
2.º Inmediatamente ejecutivos, con ulterior recurso.
3.º No ejecutivos sin la aprobacion de sus superiores jerárquicos.

Art. 14. Son inmediatamente ejecutivos sin ulterior recurso los que versen:
1.º Sobre la validez ó nulidad de las actas de eleccion de sus individuos, y de la aptitud legal de estos, siempre que no reclamaren contra sus acuerdos los interesados en el término de ocho dias.
2.º Sobre la eleccion y separacion de todos sus empleados y dependientes.
3.º Sobre la administracion de los fondos de la provincia y su inversion, conforme al presupuesto aprobado.
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4.º Sobre la administracion de todos los bienes de la provincia y el modo de disfrutarlos y aprovecharlos, donde no estuviese establecido de antemano.

5.º Sobre la validez ó nulidad de las elecciones municipales, é incapacidad y excusa de los concejales nombrados.

6.º Sobre las reclamaciones contra los acuerdos de los Ayuntamientos, relativos á los repartimientos individuales en todas las cargas públicas.

7.º Sobre la aprobacion de los presupuestos y cuentas municipales.

8.º Sobre la rectificacion y construccion de caminos vecinales y su clasificacion, cuando hubiere conformidad con los Ayuntamientos.

9.º Sobre la supresion, reforma, sustitucion ó creacion de arbitrios, repartimientos municipales y modo de su recaudacion, no excediendo los límites marcados en las leyes.

10. Sobre aceptacion de donaciones ó legados que se hicieren al comun, ó á algun establecimiento municipal.

11. Sobre conceder pensiones ó socorros individuales á sus empleados y á los de los Ayuntamientos, en recompensa de sus buenos servicios igualmente que á sus viudas y huérfanos.

12. Sobre los arrendamientos de fincas y arbitrios, y otros bienes del comun de los pueblos.

13. Sobre el plantío, cuidado y aprovechamiento de los montes y bosques del comun de los pueblos, la corta, poda y beneficio de sus maderas y leñas, con arreglo á las leyes y ordenanzas del ramo.

14. Sobre entablar ó sostener pleitos en nombre del comun, siempre que, previo el dictámen de los letrados, aparezca patente el derecho de los pueblos.

15. Sobre autorizar el nombramiento de árbitros á solicitud de los Ayuntamientos, cuando fuere dudoso el derecho ó ruinoso el litigio, según parecer de los letrados, y ordenar lo conveniente para la ejecucion del laudo, dentro de diez dias.
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16. Sobre autorizar igualmente y aprobar las transacciones sobre los derechos dudosos, en vista de la conveniencia y ventaja para los intereses del municipio.

17. Sobre resolver las reclamaciones de pago de créditos reconocidos contra el comun de los pueblos, si el derecho fuere inquestionable, y ordenar la inclusion de su pago en el presupuesto municipal ordinario ó adicional, dentro de treinta dias.

18. Sobre remitir los recurrentes á los tribunales para la declaracion de su derecho, siendo dudoso y no reconocido por el Ayuntamiento, autorizando á este para litigar, y dado el fallo declaratorio de los tribunales, ordenar dentro de los ocho dias siguientes al de su comunicacion la inclusion en el presupuesto municipal.

19. Sobre la venta, permuta, variacion de destino ó aprovechamiento de las propiedades de la provincia ó de los pueblos; siempre que, puesto en conocimiento del gobernador de la provincia, no suspendiere dentro de ocho dias el acuerdo en uso de sus atribuciones.

20. Sobre la creacion ó supresion de establecimientos provinciales de instruccion, beneficencia ú otra clase, si, puesto en conocimiento del gobernador, no suspendiese en ocho dias el acuerdo.

21. Sobre la construccion, conservacion y reparacion de las carreteras, ferrocarriles y demás obras provinciales, si puesto en conocimiento del gobernador no suspendiese igualmente su acuerdo.

Art. 15. Son inmediatamente ejecutivos los acuerdos de las Diputaciones, pero con ulterior recurso al Gobierno.
Sobre el repartimiento de hombres y dinero ante los pueblos de la provincia.

Art. 16. No son ejecutivos hasta la aprobacion del gobernador civil de la provincia los acuerdos:
1.º Sobre las obras de utilidad pública, apertura y alineacion parciales de plazas y calles, cuyos planos facultativos deben ser remitidos al gobernador para que se observen los trámites que determinan las leyes.
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2.º Sobre el establecimiento, traslacion ó supresion de ferias y mercados.

3.º Sobre construccion, reforma y regimen interior de los cementerios.

4.º Sobre la distribucion y disfrute de las aguas publicas, encauzamiento de los rios y servidumbres de acueductos, concedidas por leyes ó Reales decretos.

Art. 17. No son ejecutivos hasta obtener la aprobacion superior, los acuerdos sobre:

1.º La ejecucion de los presupuestos ordinarios y extraordinarios de gastos é ingresos para el sosten de las atenciones provinciales.

2.º La validez ó nulidad de las actas de eleccion de sus individuos y aptitud legal de estos contra los cuales reclamaré el interesado, y estos acuerdos solo pueden ser reformados por el Consejo de ministros, oyendo al Consejo de Estado.

3.º La admision de las dimisiones de diputados provinciales, Ayuntamientos é individuos de los mismos, fundadas en causas politicas ó de conveniencia publica no expresadas en la presente ley.

4.º La venta, permuta, variacion de destino ó aprovechamiento de las propiedades de la provincia ó de los pueblos, cuyos acuerdos hayan sido suspendidos por el gobierno civil hasta obtener la aprobacion del Gobierno, oyendo al Consejo de Estado.

5.º La creacion ó supresion de establecimientos provinciales, cuyos acuerdos hayan sido igualmente suspendidos.

6.º La formacion de nuevos Ayuntamientos, supresion de los existentes, incorporacion ó segregacion de unos pueblos á otros, señalamiento ó rectificacion de distritos municipales.

7.º Las obras y caminos vecinales que comprendan mas de un pueblo, cuando no hubiese conformidad entre la Diputacion provincial y los Ayuntamientos interesados dentro estos.
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8.º El emplazamiento de nuevas poblaciones, ensanche de las existentes y aprobacion de planos generales de rectificación de poblaciones y formacion de ordenanzas de policía urbana y rural.

9.º Los contratos de empréstitos y las derramas que excedan de la cantidad permitida por la ley para gastos provinciales ó municipales. Los acuerdos de las diputaciones sobre estos negocios deben ser aprobados por una ley.

Art. 18. No serán ejecutivos los acuerdos contra los cuales reclamen los particulares por perjudicar sus derechos civiles, utilizando la vía contenciosa, ante las audiencias en primera instancia, y ante el tribunal supremo de Justicia en la segunda.

Art. 19. Es obligacion de las Diputaciones provinciales:
1.º Desempeñar todas las funciones que se les encomiendan por la presente ley, la municipal, la electoral y demás generales y especiales.
2.º Evacuar los informes que sobre los negocios de su competencia les pidieren el gobernador de su provincia, el Gobierno, ó cualesquiera otras autoridades con arreglo á las leyes.

Art. 20. Las Diputaciones provinciales serán necesariamente oidas:
1.º Sobre la demarcación de los límites de la provincia y de los partidos judiciales, y señalamiento ó variacion de la capital de aquella ó de estos.
2.º Para la creacion ó supresion dentro de la provincia de establecimientos de instruccion pública, beneficencia, correccion, ó otros de utilidad general, sostenidos por el Estado.
3.º En los expedientes sobre obras públicas de todas clases, en que sea contribuyente la provincia, juntamente con el Estado, ó que se haya de construir dentro de su territorio, aunque nada pague para sus gastos.

Art. 21. La ejecucion de los acuerdos de las Diputaciones provinciales corresponderá siempre á los gobernadores