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buenos y laudables los sentimientos humanitarios que se extienden á miles de pueblos, á millares y millares de familias, á diez y seis millones de españoles.

Poco mas ó menos que lo expuesto acerca de la ley de orden público, usando la frase del Sr. Cánovas del Castillo, tengo que exponer acerca de la ley de imprenta. Es la cuestion de libertad de imprenta una especie de tela de Penélope. Desde los albores del sistema representativo en España, todos los hombres politicos que han pasado por las esferas del poder, todas las situaciones que aquí se han sucedido, han puesto la mano en esa obra perpétuamente nueva, y perpétuamente vieja, de la libertad de imprenta. Desde el sistema absoluto, que no admite leyes de imprenta, sino que establece el principio de que el derecho comun, de que el Código penal sea el que regule la represion de los delitos que por medio de la prensa pueden cometerse, hasta el sistema de los otros que, llamando á la prensa institucion y cuarto poder, quieren que todo sea para ella privativo, privilegiado y especial, caben multitud de términos medios, que todos se han ensayado en la serie de los tiempos.

Formaria un tomo de inmensas dimensiones la coleccion de leyes, reglamentos, decretos, señaladamente decretos y reglamentos, que se han escrito á propósito de la libertad de la prensa; pero de todas estas leyes, decretos y reglamentos, y de todos los discursos que aquí y en el otro cuerpo han pronunciado los hombres politicos mas eminentes de la patria acerca de esta cuestion, y de todo lo que se contiene en los libros de los mas distinguidos publicistas, lo que viene á sacarse en limpio es, que toda la cuestion relativa á la libertad de imprenta se encierra en este principio: en si ha de haber recogida ó no ha de haber recogida. En vano será que se aumenten ó se disminuyan las condiciones del editor, que se eleve ó que se rebaje la cantidad del depósito, que se alargue ó que se acorte el catalogo de las penas ó el catalogo de los delitos: todo vendrá á encerrarse, á refundirse en este problema: ¿tiene el poder constituido facultad para impedir que circulen escritos atentatorios á lo que constituye la esencia y la vida del Estado? La escuela conservadora dice francamente, sí: la escuela progresista y revolucionaria dice francamente, no: la union liberal dice en esto, como en todo, distingo: cuando estoy en el poder, practico la recogida con el nombre de secuestro; cuando estoy en la oposicion, combatto la recogida: ni mas ni menos que cuando
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Art. 33. Cuando el responsable de una multa fuere insolvente, sufrirá la prision que corresponde con arreglo al Código penal.

TÍTULO VI.—De los tribunales de imprenta.

Art. 34. Los jueces de primera instancia del fuero comun son los encargados de instruir las causas que procedan por los delitos de imprenta.

Art. 35. En Madrid habrá un juez especial de imprenta, con categoría y sueldo iguales á los que disfrutan los demás jueces de primera instancia de dicha poblacion.

En los demás pueblos ejercerá este cargo el juez ordinario, y donde hubiere dos ó mas el que designare el Gobierno; y si no se hiciere designacion, el decano de los mismos.

Art. 36. El ministerio fiscal se ejercerá en Madrid por un fiscal de imprenta con la categoría y sueldo que disfrutan los promotores fiscales de Madrid y una gratificacion de 6,000 reales anuales para gastos de escritorio.

Los promotores fiscales de los juzgados correspondientes desempeñarán el mencionado cargo en los demás pueblos.

El juez y el fiscal especial de este ramo son de libre eleccion, y los nombrará el Gobierno por conducto del ministerio de la Gobernacion; pero deberá recaer el nombramiento en abogados que cuenten por lo menos cuatro y tres años respectivamente de ejercicio.

TÍTULO VII.—Del procedimiento en los delitos de imprenta.

Art. 37. La instruccion de estos procesos principiará, bien de oficio por la iniciativa del respectivo juez de imprenta, bien por excitacion de la autoridad civil ó por denuncia del fiscal del ramo.

Art. 38. En la instruccion de estas causas se observará el mismo procedimiento establecido para las ordinarias, procurando que la sustanciacion sea tan pronta y rápida como lo permitan la fijacion de los hechos y de las ideas y el esclarecimiento de la verdad.

Art. 39. La prision de los procesados durante la sustanciacion de estas causas se ajustará en un todo á lo prescrito en las reglas 23 á 37 de la ley provisional para la aplicacion del Código, entendiéndose derogado para esta clase de delitos el Real decreto de 30 de setiembre de 1853.
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estoy en la oposicion, digo que todo debe hacerse por el pueblo y para el pueblo, por los derechos y para los derechos de los pueblos; y cuando estoy en este banco, digo: ¿qué pedazo de pan daís á los pueblos cuando les daís un derecho?

La union liberal, señores, habia llamado cruel, draconiana, impía, atentatoria á todos los derechos, creo que hasta al natural y decente, aquella ley que lleva el nombre del Sr. D. Cándido Nocedal; y la union liberal, durante cinco indeterminables años, practicó la ley draconiana con una dureza, que al mismo Sr. Nocedal se le saltaban las lágrimas de dolor. Un dia resolví al fin el Ministerio deshacerse de aquella ley, para vindicarse acaso de la inconsecuencia que le echaba en cara la oposicion moderada de que pocos momentos hace hablaba el Sr. Cánovas; y á fe que tenia razon S. S., cuando tomando el lado reaccionario de la union liberal (puesto que tenia la union liberal lado reaccionario y lado revolucionario), cuando tomando el lado reaccionario en la ocasion presente, el Sr. Cánovas del Castillo, porque así le era conveniente para su argumentacion, y su grandísimo talento no podia dejar de explotar esa circunstancia, decia: «pues qué, la oposicion moderada ¿no nos atacaba á nosotros por reaccionarios?» Yo no sé si la oposicion moderada atacaba al Sr. Cánovas, ó á los que fueron sus colegas, que entonces no lo eran, porque esto se refiere á la administracion de los cinco años, porque tenian en vigor la ley del Sr. Nocedal; creo que no: lo que decia aquella oposicion era: «eso que estais ahí practicando, «no debeis practicarlo vosotros, porque habeis predicado lo «contrario, porque profesais ideas enteramente contrarias.» De suerte, que cuando la union liberal vino á ser lógica, fue en junio de 1865, cuando se presentó aquí el señor duque de Tetuan con sus colegas, entre los cuales figuraba ya el Sr. Cánovas, y dijo: «vamos á seguir una política francamente liberal; empezaremos por reconocer el reino de Italia,» et sic de caeteris.

Cuando la union liberal, y vuelvo á mi tema despues de una digresion que he creido necesaria, no pudiendo ya con el peso y la balumba de la ley del Sr. Nocedal, se decidió á deshacerse de ella y trajo aquí un proyecto, que despues fue ley, no sé cómo se entendieron las prescripciones de aquel proyecto; tengo la sinceridad de creer y confesar que contra las intenciones de su autor el Sr. Cánovas, no sé,
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repito, cómo se entendieron sus prescripciones por los funcionarios encargados de aplicarlas, ó cómo interpretaron estos las disposiciones del Gobierno á quien servían, que los periodistas, que se lamentaban y se dolían de las recogidas establecidas por la ley del Sr. Nocedal, tuvieron secuestro de periódicos y fuérón además ante los consejos de guerra. Esto aconteció en la época del Sr. Cánovas. Todo el secreto de la ley de imprenta está, señores, en la recogida: el señor Nocedal lo ha dicho aquí muchas veces dirigiéndose á los hombres del poder, adversarios de sus doctrinas: les ha dicho una y mil veces: «Yo os regalo todos los artículos del «mi ley, yo os los entrego todos; pero dejadme, por Dios, «el artículo 4.º» Pues ese artículo 4.º de la ley de imprenta del Sr. Nocedal, con alguna mayor extension que exige el estado crítico de las circunstancias, es lo que constituye el fondo y la esencia de la ley de imprenta que está rigiendo por decreto, y que por el voto del Congreso, si lo da, según espero, cobrará la calidad de ley en todo el rigor de la palabra.

El artículo 4.º de la ley de imprenta del Sr. Nocedal vive con vida vigorosa en el proyecto de ley de imprenta que hoy rige por decreto. Esto, señores diputados, debe tranquilizaros completamente: merced á este proyecto de ley, no entrará por las puertas de vuestra casa la predicacion autorizada y consentida de la democracia y del socialismo; no entrará por las puertas de vuestra casa el ataque garantido y legitimado de lo que hay dentro de vuestros hogares de mas respetable y santo y venerando. Y no digo mas acerca de la ley de imprenta, porque no quiero fatigar la atencion del Congreso, ni agotar el aliento que me queda y que necesito indispensablemente para la ley de instruccion pública.

Hay, señores diputados, para todos vosotros, si no para todos vosotros, para la mayor parte de vosotros, una cosa que vale mas que vuestros terrenos y que vuestras riquezas; que vale mas que vuestras opiniones políticas y que vuestros derechos políticos; una cosa que vale mas que todo lo que no sea el amor de padre á hijo. Son los hijos vuestro tesoro y vuestro encanto, el objeto mas tierno de vuestra inquietud: el aire, el sol, los alimentos, el fuego, todo creeis que los ofende y perjudica; de todo riesgo los guardais con perseverante, con febril solicitud.

Pues bien: un dia, cuando ya en vuestros hijos empieza
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á destellar la luz de la razon, vosotros, con el noble orgullo de padres, anhelais que aquella razon se cultive, y llegue felizmente á florecer y á madurar, y enviais vuestros hijos á la escuela; os desprendéis de vuestro tesoro, confiais á manos extrañas la prenda mas querida de vuestro corazon. ¡Ah, señores, yo quisiera que en este momento me escuchasen los hombres revolucionarios, los mas diametralmente opuestos á las ideas que profesamos! Tambien los demócratas, los socialistas, los republicanos, tienen hijos: si las opiniones políticas casi siempre perturban la inteligencia, casi nunca, por merced del cielo, perturban y extravian los sentimientos innatos del corazon. Yo no creo que haya revolucionario alguno en mi país que lleve á sabiendas á sus hijos á donde les puedan enseñar que es obra de la casualidad la fábrica admirable del universo; á donde pueda decirseles que son casuales las relaciones de los hijos con los padres; que el hombre brota en el seno de la humanidad, como brota la planta en el seno de la tierra.

No, señores; la ley de instruccion pública no es una ley de partido; no la empequeñezcamos, por Dios; es la primera de todas las leyes sociales. Señores diputados, si fuera preciso optar por uno de los dos extremos, preferid que vuestros hijos sean ignorantes á que sean incrédulos, blasfemos y malvados.

Señores, el Gobierno ha puesto la mano en la ley de instruccion pública con cierta urgencia, con cierta avaricia de legislar, Sr. Gisbert. Tiene razon S. S.; flacas y pobres y casi moribundas eran las fuerzas de alguno de los que tomaban parte en esa patriótica tarea, y de ella no hubiera cejado aunque supiese morir al tiempo mismo de redactar el último decreto.

Sí, Sr. Gisbert y Sr. Cánovas; el Gobierno ha creido que la primera ley de orden público era la ley de instruccion pública; que no solo con pan vive el hombre; que vive de lo que aprende en las aulas, y forma su corazon, y decide de su porvenir y del porvenir de la patria.

El Gobierno ha tocado la ley de instruccion pública, y la ha tocado con la confianza de que hacia un gran bien, y la ha tocado en todos los capítulos, en todos los articulos, en todas las líneas en que ha creido que así lo demandaba la salud del Estado. ¿Qué, señores, habeis olvidado el clamor de los padres de familia, habeis olvidado la reverente y unánime exposicion del Episcopado español? Pues estos elementos ¿no representan algo, y mucho, en un
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país católico como el nuestro? Sería preciso suponer que estaban torcidos los instintos de los padres de familia, ¡nobles instintos que rara vez se engañan! Los hombres políticos que forman el actual Gabinete y los que tenemos la honra de compartir con ellos la responsabilidad moral de esas medidas, podrémos alcanzar larga vida pública; podrémos gozar grandes satisfacciones en lo que falte de nuestra existencia; pero ninguna mayor satisfacción que la que frecuentemente recibimos con felicitaciones que del fondo de su alma nos dirigen los padres de familia, felicitaciones que inundan de gozo el alma, porque no las dicta el amor de partido, porque no las dicta el interés de parcialidad, antes bien traen aroma suavísimo de la santidad del hogar doméstico.

Señores, la instrucción pública se gobernaba en España por decretos y por reglamentos dictados en diversas fechas y con varia fortuna. No comprendo, señores, por qué triste fatalidad han pagado tributo á una especie de manía casi todos los hombres de gobierno y de administración que han tenido contacto con la instrucción pública: aludo, señores, á la llamada secularización de la enseñanza.

Confieso, francamente, que no entiendo qué cosa sea la secularización de la enseñanza. Pues qué, los reyes de España, el poder civil en España desde los tiempos más antiguos, ¿no ha regido las universidades, no ha dictado leyes y ordenanzas que regulasen los estudios públicos? Pues qué, la instrucción pública ¿ha sido alguna vez esencialmente claustral, regular, eclesiástica? Si las universidades se llamaban pontificias, no era porque en ellas prevaleciese exclusivamente el carácter eclesiástico, sino porque la Iglesia, á la cabeza entonces, como siempre, de la verdadera civilización y del legítimo progreso, acudía á las fundaciones universitarias con rentas y con honores; revestía las casas del saber con aquella auréola de grandeza y majestad que la Iglesia imprimía en todo, y daba el carácter de canónicos á los grados en ciencias eclesiásticas; pero ¿habrá quien sostenga que aquella armonía feliz, inquebrantable, entre los pontífices y los reyes para fundar espléndidos establecimientos, para enriquecer bibliotecas, para alentar á la juventud, para dar á las ciencias y á las artes el inmenso brillo que tuvieron en España los siglos de oro, era dar á la enseñanza un carácter esencialmente monástico y regular, del cual era preciso secularizarle?
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Pues qué, cuando esto acontecía, ¿no vestían los hábitos del sacerdote secular ó regular los más insignes varones, los ingenios preclaros de nuestra patria? Pues qué, ¿no era asombro de propios y extraños el gran poeta Lope de Vega, clérigo y de la Orden de san Juan? ¿No brillaban Tirso de Molina, fraile de la Merced, y el gran Calderón de la Barca, capellan de los reyes? ¿No era el primer poeta lírico Fr. Luis de León? ¿No era el primer hombre de gobierno un fraile franciscano, Fr. Francisco Jiménez de Cisneros? Como el Estado se secularizó cuando dejó de gobernar esta monarquía Jiménez de Cisneros; como el teatro se secularizó cuando á Lope de Vega y á Tirso y Calderón sucedieron, andando los años, los Zabala y Comellas; así cuando todo vino en decadencia, cuando la Iglesia y el clero, empobrecidos por efecto de uno y otro golpe de las revoluciones, dejaron de fundar universidades, de enriquecer bibliotecas, de pensionar jóvenes, la enseñanza pública se secularizó también.

Si ese es el sentido de la secularización, yo lo entiendo y me lo explico. Pero, señores, seamos claros: si por secularización de la enseñanza se entiende el divorcio de la enseñanza respecto de la Iglesia, la ruptura de toda relación con la autoridad; si se entiende por secularizar la enseñanza sacudir el yugo de la fe y proclamar el imperio y la soberanía de la razón, ¡triste propósito, funesta obra la de los secularizadores de la enseñanza!

De todas aquellas disposiciones, de todos aquellos decretos, de todos aquellos reglamentos, de todas aquellas órdenes que rigieron la enseñanza en el período de diez años, vino á formarse como un cuerpo ó conjunto la ley de instrucción pública de 10 de setiembre de 1857, formada por un ministerio moderado que presidía el ilustre duque de Valencia.

Y dados esa fecha y ese nombre, verá el Sr. Cánovas del Castillo la sinceridad del procedimiento actual. Diez años de ensayo, dado que la ley haya sido ensayada, porque de eso voy á hablar después, han demostrado que hay en aquella ley artículos que sobran y artículos que faltan; faltan muchos artículos de deberes, y sobran algunos artículos de derechos, como sucede en todas las leyes engendradas por el individualismo.

Para desagraviar en algún tanto á mi ilustre y querido amigo el Sr. Moyano, autor de la ley de 1857, empiezo por
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darle la noticia de que su ley apenas ha estado en vigor: empiezo por decirle que, á poco de publicarse su ley, salieron unas que se llamaron disposiciones provisionales para la ejecucion de la ley, que empezaban á maltratarla; luego á poco salieron unos llamados programas de enseñanzas, que la hicieron jirones en tiempos de la union liberal: formáronse después reglamentos administrativos y de segunda enseñanza, que no la trataron con mas caridad; dictáronse luego muchas otras medidas que tambien se desviaron de la letra y espíritu de la ley. De donde resulta que, salvo esos poquitos artículos que hubo que añadir, y esos poquitos que hubo que quitar, lo que el Gobierno en la organización de las facultades ha hecho, ha sido restablecer casi la ley del Sr. Moyano, ponerla en vigor en lo que tenia de aceptable y beneficioso. Y como estoy seguro de que al Gobierno, á quien incumbe la reponsabilidad legal, no le due- len prendas en esta materia como en ninguna, yo les diré á los señores que se conduelen de las reformas introducidas en la enseñanza pública, que, en efecto, el Gobierno ha tenido muy presente eso que se llama dogma de la inamovilidad.

Este es el fondo de la cuestion: es inútil hablar de la trigonometría y del latín; con el latín y la trigonometría iríamos muy lejos; lo discutiríremos cuando quieran los señores que los impugnan; el verdadero caballo de batalla de la cuestion de enseñanza está en la inamovilidad; y como ha de saber el Congreso que aquí la inamovilidad se ha enten-dido inviolabilidad, y hasta responsabilidad, ha sido preciso restablecer á los términos su propio valor, no abandonarlos á un indiscreto cariño, á los derechos individuales, desaten-diendo los altísimos respetos de la sociedad.

Yo encuentro lógica la teoría del Sr. Gisbert, el cual, regocijándose de corazon al ver establecida la libertad de la enseñanza para las humanidades, nos acusaba, y si no nos acusaba, al menos se condolia, porque no hubiésemos extendido la libertad á todas las facultades y carreras. Es este el sistema del Sr. Gisbert; es este el sistema de la libertad de enseñanza, es la desamortización de la ciencia, es el libre cambio que S. S. defiende en todos los terrenos.

Pues bien, señores: cuando haya ese libre cambio, entonces es cuando los profesores podrán abrogarse el derecho de enseñar lo que quieran. Mientras no haya ese libre
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cambio, mientras expliquen sus respectivas asignaturas con medalla al cuello que lleva esculpido el nombre de Isabel II, tienen que atenerse los profesores de todas las órdenes y esferas á los principios fundamentales de esta sociedad y de esta monarquía.

Venga, si á tanto os atreveis, la libertad de enseñanza; y enfrente de cada escuela de racionalismo se abrirá una escuela de Suma de santo Tomás; pero no querais ejercer la tiranía del error bajo la salvaguardia y con las insignias del Gobierno. (El Sr. Gisbert: Yo no he pretendido tal cosa). No digo que S. S. sea quien lo pretende. (El Sr. Gisbert: S. S. se dirige á mí).

El señor Presidente: Orden.

El Sr. Catalina: No hay derecho á profesar el principio de la libertad de enseñanza, y á venir á desempeñar una cátedra para cuya provision el Gobierno empieza por fijar sus condiciones, es decir, por establecer un contrato bilateral en cuya virtud nacen obligaciones y derechos recíprocos; y así como el maestro y el catedrático tienen accion á que se les guarden sus prerrogativas y honores y á que se les acuda con la remuneracion que el Erario permite, así tienen el deber indeclinable de cumplir las prescripciones á que como ciudadanos, en primer lugar, y despues como encargados de la enseñanza oficial, como puestos por el Estado al frente de un cargo de confianza, están doble y triplemente obligados.

Pues bien, señores, en la ley de instruccion pública, tal como la buena fe y la confianza de los hombres que la hicieron habia quedado, no existe la manera de defender la sociedad, de defenderos á todos vosotros, padres de familia que me escuchais, contra el veneno que unos pocos espíritus extravíados puedan á mansalva, con alevosía, y sobre seguro, difundir en vuestros hijos y hacer penetrar en vuestros honrosos hogares. No habia, señores, recurso expedito contra este riesgo, y ha sido preciso buscarle sin atropellar ningun derecho, sin mermar ninguna prerrogativa, guardando todas las consideraciones de que son dignos á los que debidamente cultivan la ciencia, y á difundirla con pureza se consagran.

Es triste cosa, señores, que la revolucion haya pretendido invadirlo todo, que no contenta con trastornar el orden público en las calles, haya pretendido infiltrarse en la
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juventud y malograr las mas legítimas esperanzas de la patria, y cubrir de mas y mas negras sombras los horizontes de lo por venir.

Para esto se ha tocado, señores, á casi toda la organización pública de la enseñanza. ¿A qué negarlo? Desde la última escuela de aldea hasta las universidades, mas aun, hasta el Consejo de instrucción pública, todo se ha modificado, á tenor de las necesidades urgentísimas, á tenor de los deseos de los hombres de orden, á tenor de los verdaderos intereses de la ciencia, á la cual amamos, á la cual protegemos, y á la cual queremos ver mas floreciente, mas todavía que la hemos encontrado. No preguntéis por las cátedras que se han suprimido; preguntad por las que se han abierto.

Preguntad quiénes han sido los que han creado la primera cátedra de altos estudios de filosofía, para demostrar que no tenemos miedo á la filosofía. Preguntad quiénes han respondido á la necesidad urgentísima que se sentía en las provincias de organizar la carrera de medicina, á fin de que dejen de ejercer funciones, para que no están autorizados, millares de ministrantes que asisten á la humanidad doliente sin tener mas título que el de sangradores, el cual conseguían con unas pocas lecciones, sin preparación de ningún género.

Se ha tocado á la instrucción pública en todas sus partes; pero yo debo hacer en este punto una aclaración que es importante. Yo creo que, rigurosamente hablando, los decretos relativos á la instrucción pública no están comprendidos en el voto de indemnidad que abraza el artículo único del proyecto de ley que se discute; no necesitan estarlo. Todas las reformas introducidas en la instrucción pública llevan consigo una rebaja de gastos, una economía, y para todas estas reformas, que refuyen en beneficio del Tesoro público, estaba el Gobierno autorizado por la ley de 30 de junio de 1866. Empezando por la reforma del Consejo de instrucción pública, donde había cinco vocales con cuarenta mil reales, y concluyendo con la supresión de un catedrático de matemáticas en cada instituto, porque en todos había dos, estas medidas están amparadas por la ley de autorización de 30 de junio de 1866.

He indicado, señores, rápidamente, como no podía menos de hacerlo, los puntos principales que comprenden los actos del Gobierno, para los cuales se pide un voto de in-