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siones y revoluciones, que casi puede decirse está en su mano el éxito de la lucha que emprenda la Francia, ó del golpe de Estado que se ve obligado á dar Víctor Manuel.

«Esto no quiere decir que todo peligro haya desaparecido para Roma; pero indica ya el triunfo con que se puede contar en los demás peligros que se presenten. Aun volverá la cuestion de Roma á ocupar el primer puesto entre las europeas; pero entre tanto no debe olvidarse que todas se han de decidir ó por ella ó en ella. Nosotros no podemos hoy contemplar sino imperfectamente el espectáculo; nuestros hijos lo verán tal cual se presenta, y bien puede decirse desde ahora que si todos los siglos han traído su contingente de pruebas á la promesa divina que asegura la existencia del Pontificado y la ruina de sus enemigos y agresores, ninguno como el siglo XIX mostrará ni tal copia de hechos, ni hechos mas significativos y elocuentes en ese sentido. ¿Y qué hay en ello de extraño, si esa es la respuesta de la Providencia á las negaciones de los impíos? »

Contemplemos el horizonte tal como hoy se presenta á la vista del pensador despreocupado. ¿Qué puede suceder á esa confusión de intereses y de principios, que tras del orden moral ha de producir la anarquía política y social como está produciendo ya la anarquía económica? Un trastorno siguiendo á otro trastorno; después de una revolución otra revolución; el fin de una guerra siendo el principio de otra guerra; hé aquí el sombrío panorama que nos ofrece el porvenir. Por los medios puramente humanos la Europa no se constituirá; es imposible que se constituya. Y cuando los hombres, pasado el período de una crisis cuyos estragos no es fácil prever, se vean obligados á confesar su impotencia, entonces se dejará sentir de nuevo sobre los pueblos el brazo omnipotente de Dios, y las sociedades arruinadas por el egoísmo, por el escepticismo, por la incredulidad, por todos los elementos destructores, se verán nuevamente restauradas por el soplo de vida que aspirará sobre ellas la Iglesia católica.

José Ildefonso Gatell.
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DOCUMENTOS OFICIALES.

Proyecto de ley de orden público.

Ministerio de la Gobernacion.—Exposicion á S. M.—Señora: Todos los partidos que sucesivamente han gobernado nuestro país, así en casos comunes como en periodos de agitacion, han declarado la verdad práctica de que el orden público es la primera necesidad de los pueblos, la garantía mas segura de los derechos y de los intereses sociales. Cuando falta el orden público, la administracion de justicia y la ley carecen de importancia; la vida, el honor y la propiedad de los ciudadanos quedan á merced de la fuerza; el derecho y la dignidad del individuo son meras ilusiones.

El principio de libertad y el de orden no son hostiles, á pesar de cuanto la exageracion politica haya supuesto en contrario; uno y otro se subordinan á las leyes imperecederas de lo justo y de lo bueno, de donde proceden; en vez de excluirse, se armonizan maravillosamente y se prestan recíproco auxilio. El orden bien entendido deslinda á la libertad el campo de sus manifestaciones y el uso conveniente de sus derechos; la libertad prudentemente establecida señala al orden la frontera que le separa de la arbitrariedad y de la tirania. Ni en lo que toca á las especulaciones, ni en lo relativo á los hechos donde aquellas se aquilatan, pueden ponerse en duda con razones sólidas estas máximas.

Por eso, á pesar de ciertas salvedades mas ingeniosas que persuasivas, han sido aceptadas en el fondo por todos los partidos, como lo acreditan con notable ejemplo las disposiciones legales y gubernativas que se han adoptado en todas épocas sobre este grave asunto.

Sin recordar tiempos antiguos, sin traer á la memoria las leyes consignadas en el Fuero Juzgo, en las Partidas, en las Ordenanzas y en otros cuerpos legales, severos por lo general contra los desórdenes y contra todos los vicios ó abusos que pueden engendrarlos, basta recorrer ligeramente los preceptos legislativos de edades mas cercanas; los que se contienen sobre resistencia á la justicia, asonadas y motines y otros delitos en los títulos 10 y 11 del libro XII de la Novísima Recopilación, para comprender que los legislado-
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res de todos los siglos han procurado con justo afán sostener vigorosamente el orden público.

La que podemos relativamente llamar época contemporánea ofrece pruebas análogas; y omitiendo citas de disposiciones menos importantes, la célebre ley de 17 de abril de 1821 sobre penalidad de los delitos de sedición y rebelión y algunos otros, y la de igual fecha marcando el rápido procedimiento que en la instrucción de tales causas debía observarse; el Real decreto de 24 de mayo de 1814, los de 8 y 13 de enero y 20 de febrero de 1824, y la Real cédula de 19 de agosto de 1827 sobre la organización de la policía y el castigo de las sediciones; las Reales órdenes de 17 de noviembre de 1834, 6 y 8 de agosto de 1835; las órdenes de la Regencia de 22 de diciembre de 1841, las de 4 de junio y 21 de noviembre de 1842; la órden del Gobierno provisional de 15 de setiembre de 1843; las leyes de 8 de enero y 2 de abril, y las Reales órdenes de 18 y 19 de junio de 1845; las de 10 de mayo y 4 de setiembre de 1847; la de 13 de mayo de 1848, y el Código penal vigente del mismo año; las Reales órdenes de 5 de enero, 12 de marzo y 25 de junio de 1855, y la ley contra las personas y publicaciones sospechosas de 3 de junio del propio año; las Reales órdenes de 19 de enero, 25 de junio, 26 de julio y 9 de agosto de 1856; las de 7 y 9 de julio de 1861, y la reciente previsora ley de 8 de julio último sobre suspensión de las garantías constitucionales, todas se originan en la idea fundamental de la conservación del orden, á pesar del diverso espíritu político que presidió á su formación, como lo revelan bien claramente sus respectivas fechas que comprenden los períodos de más tirante absolutismo, los que bien pueden calificarse de revolucionarios, y los del régimen constitucional en sus diversos matices y practicado por distintas y aun contrarias escuelas.

Sin embargo, siendo como ha sido unánime la opinión acerca de la preferencia que el orden público merece entre cuantos objetos constituyen la práctica del Gobierno, es también verdad que carece nuestra patria de una ley general sobre la materia; de una ley que, tratando de apreciar este asunto bajo sus varios aspectos, satisfaga hasta donde sea posible los deseos de todos los partidos leales y las legítimas exigencias de los pueblos, y que á la par se concierte con los preceptos sagrados de la moral y de la justicia.

El Gobierno de V. M. se ha propuesto con firme insisten-
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cia llenar este vacío, y ha redactado la ley que tiene el honor de someter á vuestra Real aprobacion.

Lo primero que ha querido es fijar en tan delicado negocio la cuestion de método, el sistema que haya de servir de fundamento á la ley.

Dos son los que se han seguido mas ó menos exclusivamente; los mismos que se combaten desde los primeros orígenes de la civilización en el campo de la política: el sistema preventivo y el de la represion. Cualquiera de ellos, adoptado de un modo absoluto, pudiera acarrear tristísimas desventuras á pesar de la buena fe y la recta intencion con que lo aplicarian y en varias ocasiones han querido aplicarlo sus respectivos mantenedores. Es por lo tanto indispensable hallar una combinacion media que, evitando los peligros de ambos, ni sacrifique arbitrariamente la libertad por conservar el orden, ni por sostener aquella entregue la sociedad á los azares de lo imprevisto y á los riesgos de la anarquia.

Bien se deja comprender que en la dilatada extension que abraza el metodo conciliador que el Gobierno se ha propuesto seguir, la idea del orden impone su imperio lo mismo á la autoridad que manda que al súbdito que obedece, y este es uno de los principios mas poderosos del presente proyecto de ley. Por él comprenderá el ciudadano claramente la línea que limita sus acciones; y la autoridad á su vez tendrá reglas fijas de conducta, así en lo comun y ordinario, como para la recta aplicacion de sus recursos discrecionales, si en circunstancias extraordinarias necesitase emplearlos.

Considerado el orden público en su acepcion mas lata, todo cuanto altera la armonía del conjunto moral ó materialmente, cae en rigor bajo la jurisdiccion cientifica de este trabajo. Dejando no obstante á los Códigos y á otras varias leyes especiales su carácter distintivo, la que ahora se propone se reduce á los actos meramente externos que pueden ser mirados como transgresiones legales ó reglamentarias, perturbadoras de la paz pública, que es la libertad de todos.

Partiendo de esta suposicion legitima, en tres estados ha creido el Gobierno de V. M. que puede encontrarse la sociedad relativamente al orden público; y á las diferencias que los separan deben ajustarse los deberes y las facultades de la autoridad encargada inmediatamente de las funciones del Estado en esta parte.
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El primero de ellos es el que puede definirse propiamen- te como estado normal y ordinario. El fin de la ley y de las funciones del Gobierno durante este primer período, con- siste en mantener y conservar por la prevision y la vigilan- cia los múltiples intereses morales y materiales, cuyo con- junto y movimiento dan por resultado el hecho inestimable del orden exterior.

El Estado, por medio de una policía bien organizada, de- be amparar aquellos intereses, facilitando la persecucion de los delitos, y dando proteccion á la sociedad con sus saluda- bles cuidados. A este fin es preciso que la ley de orden pú- blico le revista de todo el poder que se crea indispensable para el cumplimiento de su encargo, dándole, no solo las facultades desinidas que se juzguen necesarias, sino tambien en casos extremos y urgentes algunas discrecionales, limi- tadas por la prudencia y el buen sentido.

El estado que es asunto de la consideracion de esta ley en segundo lugar, es el de agitacion y alarma. Cuando se llega á este momento, claro es que el orden público ha sido atacado, y que los síntomas de perturbacion principian á manifestarse.

La autoridad debe moverse entonces con mayor ampli- tud; sus actos deben ser mas rápidos, vigorosos y eficaces que en el estado normal. Preciso es, con todo, evitar hasta donde sea posible el uso de la fuerza armada. Cuando las circunstancias lo reclamen, la autoridad no debe sin em- bargo vacilar en aplicarla con prontitud y entereza.

Los funcionarios civiles son los que en esta situacion tie- nen todavía á su cargo el restablecimiento de la paz comun. Los tribunales de justicia deben compartir con la autori- dad civil el honor del trabajo y del peligro en estas circuns- tancias, instruyendo rápidamente los procesos necesarios para comprobar los delitos é imponer á sus autores las pe- nas que marcan las leyes.

El estado de sedicion y rebelion abierta contra la Autori- dad, es el tercero y último que por esta ley se reconoce. Cuando se llega á tan crítica situacion ya todo cuanto tiene el carácter normal calla; no hay sino combatir la fuerza con la fuerza, y salvar á todo trance los intereses generales de las acometidas de sus enemigos.

La autoridad militar con su imponente aparato, con sus medios sumarios y concluyentes, debe ser la encargada de sujetar á los rebeldes y de proteger á los ciudadanos pacifi-
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cos declarando la poblacion ó distrito en estado de guerra, y sujetándolo por consiguiente á las condiciones propias de semejante régimen.

Tales son los principales fundamentos en que debe estribar, según la opinión del Gobierno de V. M., la economía de la importante ley de orden público. El problema ¿quién lo desconoce? es de suma dificultad. La urgencia de resolverlo imperiosa. El Ministro que suscribe ha discutido con sus colegas, tan latamente como le ha sido dable hacerlo, así los principios como los pormenores de una ley de tanta trascendencia. Con la aprobación de todos se ha compuesto al fin, si no tan perfecta como la puede imaginar el deseo, proponerla la teoría y aun hacerse, en ocasión de mayor descanso y no tan cargada de apremios y de dificultades, más extensa á lo menos y más comprensiva que todas las que con este fin se han publicado hasta ahora. La aplicación que de ella se procure y el tiempo descubrirán sin duda el camino y los medios de mejorarla. Entre tanto el Consejo de Ministros cree acudir á un mal de todos vivamente sentido, no deteniéndose en publicarla y establecer su vigor por Real decreto, y cargando de este modo con una responsabilidad más sobre las muchas que sin vacilación ha tomado sobre sí en la dolorosa época de convulsiones y amenazas en que por desdicha vivimos. Las Cortes examinarán este negocio y pronunciarán sobre él su fallo, que el Gobierno acogerá con la deferencia que debe á los representantes de la nación.

Por todas estas razones el Ministro que suscribe, de conformidad con los demás individuos del Consejo á que la Real confianza lo ha elevado, tiene el honor de someter á la aprobación de V. M. el siguiente proyecto de decreto.

Madrid 20 de marzo de 1867.—Señora: A L. R. P. de V. M.—Luis Gonzalez Brabo.

Real decreto.—De conformidad con lo que me ha propuesto el Ministro de la Gobernación, de acuerdo con el Consejo de Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo único. Regirá como ley del reino el adjunto proyecto de ley sobre orden público hasta obtener la aprobación de las Cortes, á las que será presentado en la próxima legislatura.

Dado en Palacio á 20 de marzo de 1867.—Está rubri-
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5.º Los escritos sujetos á la autorización prévia de la autoridad eclesiástica que se dén á luz sin este requisito.

Título II.—De la publicacion de los impresos.

Art. 4.º No podrá publicarse impreso alguno sin dar conocimiento previo al gobernador de la provincia y al juez que deba conocer en los delitos de imprenta. El aviso se dará por escrito; lo firmará el editor, con expresion del lugar de su naturaleza, de su vecindad, residencia y de las demás circunstancias que se necesitaren para determinar su identidad; y se designará el título que haya de llevar el impreso, el nombre del impresor y las señas de su establecimiento. Si la publicacion hubiere de ser periódica, se expresará además el nombre del director de la misma y la casa donde se establezca la redaccion, y si fuere política habrá de consignarse préviamente un depósito de 4,000 escudos en metálico, ó su equivalente según la cotización del dia en títulos de la Deuda consolidada.

De toda alteracion que posteriormente se haga en cualquiera de estas circunstancias se dará tambien conocimiento oportunamente á las dos autoridades mencionadas.

Art. 5.º Dos horas antes de ponerse en circulacion cualquier impreso se entregarán dos ejemplares en el Gobierno de la provincia si se publicare en la capital de ella, ó en la alcaldía del pueblo si no fuese capital: otros dos en el domicilio del juez de primera instancia de imprenta, ó en el del juzgado ordinario respectivamente; y otros dos al fiscal de imprenta ó al del juzgado. El gobernador ó la persona en quien al efecto delegase este sus facultades, ó el alcalde si la publicacion se hiciese en pueblo que no sea capital, estampará el sello del Gobierno en un recibo que se entregará al que presentare el impreso, expresando la hora en que se hiciese la entrega. En los ejemplares que hayan de quedar en poder, tanto del gobernador como del juez, ó del alcalde y el fiscal, se expresará tambien la hora del recibo de los mismos.

En cada edicion de un mismo impreso deberán cumplirse estas formalidades.

Art. 6.º Si en algun impreso se dejasen blancos para ser cubiertos en pueblos distintos de aquel en que se publicare su primera edicion, lo que se imprimirie en dichos blancos se considerará como un impreso nuevo, y sujeto por consi-
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cado de la Real mano.—El ministro de la Gobernacion, Luis Gonzalez Brabo.

TÍTULO I.—De los actos que son objeto de esta ley.

Artículo 1.º Es delito ó falta contra el orden público, además de lo que pueda envolver en otro concepto, toda manifestacion pública que ofenda á la Religion, á la moral, á la monarquía, á la Constitucion, á la dinastía reinante, á los Cuerpos colegisladores y al respeto debido á las leyes, ó que considerados el lugar y las circunstancias en que se realice, produzca escándalo, agitacion, bullicio, tumulto, asonada ó conato de motio, ó que pueda ocasionar relajacion de la disciplina del ejército.

Son propósitos frustrados ó tentativas las preparaciones de cualquiera de los delitos ó faltas expresados en el párrafo anterior, que teniendo algun grado de publicidad no lleguen á producir el resultado que se propongan.

Art. 2.º De los delitos y faltas entenderán los tribunales de justicia para calificarlos, determinar las personas culpables y aplicar la correspondiente pena. Los propósitos frustrados y tentativas serán perseguidos y castigados por la autoridad civil con arreglo á esta y á las demás leyes vigentes.

Art. 3.º Los delitos, faltas, propósitos frustrados y tentativas contra el orden público pueden cometerse en cualquiera de los tres estados, normal, de agitacion y de guerra, que esta ley define; y cuidará de su prevencion, persecucion y castigo la autoridad á quien en cada uno de aquellos estados corresponda.

TÍTULO II.—Del estado normal.

Art. 4.º Es obligacion especial y exclusiva de la autoridad civil en este estado conservar el orden público, restablecerlo cuando se altere, y castigar las infracciones que contra él se cometan dentro del alcance de sus atribuciones.

A este fin está facultada para prevenir los delitos y faltas, reprimir los propósitos y tentativas, y aprehender en su caso á quienes de esto sean culpados, sometiéndolos al tribunal competente, ó penándolos por sí, según proceda.

Tambien es de su obligacion evitar los actos que, sin intencion de perturbar el orden, pueden ocasionar ó prepa-
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rar por cualquier concepto la alteración de la paz en los vecindarios.

Art. 5.º Auxiliarán á la autoridad civil en el desempeño de su cargo los tribunales ordinarios y las demás autoridades administrativas que á la superior civil estén subordinadas.

Art. 6.º Los funcionarios especiales encargados de velar sobre el orden público dependerán del ministerio de la Gobernación.

Art. 7.º En este Ministerio se establecerá un departamento central de la maorera que el Gobierno considere conveniente y adecuada á sus fines especiales, por medio del cual se entenderá el Ministro de la Gobernación con los gobernadores y demás subordinados suyos, y con cualesquiera otras autoridades.

Art. 8.º Los gobernadores, como encargados de ejercer en las provincias la autoridad civil, son los que deben velar por el orden público, y entenderse para este efecto con las demás autoridades judiciales ó administrativas. Para que tengan los medios de cumplir con el encargo que esta ley les confía, se organizará en cada gobierno de provincia una sección de orden público.

Art. 9.º Según la importancia de las poblaciones, se establecerá en cada una el número de funcionarios de policía que convenga, los cuales tendrán á sus órdenes los agentes necesarios para desempeñar bien el servicio. Los gobernadores cuidarán de organizar, ó hacer que se organice en armonía con los fines de esta ley en el territorio de su mando, la policía municipal y rural.

Art. 10. La autoridad civil cuidará, para ejercer la vigilancia que esta ley le encomienda, de que consten escrupulosamente empadronados por un registro general en las oficinas respectivas todos los habitantes de los pueblos en los términos que los reglamentos señalen ó que en lo sucesivo se determinaren.

Art. 11. Se formarán registros especiales de los individuos que pertenezcan á las clases siguientes: criados de servicio doméstico, mozos de café y fondas, porteros de casas, cocheros y conductores de toda especie de carruajes, mozos de cuerda, vendedores ambulantes, y cualesquiera otros industriales que no ejerzan su industria con residencia fija.

Art. 12. Se formarán asimismo padrones especiales con el carácter de reservados de los licenciados de presidio, su-
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jetos á la vigilancia de la autoridad, jugadores de profesion, vagos y demás personas de modo de vivir sospechoso.

Art. 13. Es vago para los efectos de esta ley:
1.º El que no tiene oficio ó profesion, rentas, sueldo, ocupacion ó medios lícitos para adquirir su subsistencia.
2.º El que teniendo oficio, ejercicio, profesion ó industria, no trabaje habitualmente en ellos y no se le conozcan otros medios lícitos para adquirir su subsistencia.
3.º El que con algun recurso, pero insuficiente para subsistir, no se dedique á ocupaciones lícitas, y concurra ordinariamente á casas de juegos, de bebida, de prostitucion, ó á parajes sospechosos.
4.º Los que pudiendo no se dediquen á ningun oficio ni industria, y se ocupen habitualmente en mendigar.

Art. 14. Sobre todos los comprendidos en los artículos anteriores se ejercerá una especialísima vigilancia. Cuando los gobernadores civiles tengan noticia de que alguna ó algunas personas de mala conducta, de antecedentes sospechosos ó de hábitos análogos á los de la vagancia pueden producir perturbacion en el orden público ó inseguridad en los pueblos en que residen, procederán desde luego preventivamente á su detencion, y formarán un expediente en que hagan constar dichos antecedentes, pudiendo disponer que la detencion continúe por un mes, ó destinarlos á que residan en los pueblos de su naturaleza, ó en otros, bajo la vigilancia de la autoridad; de cuya disposicion darán cuenta al Gobierno, el cual queda facultado para fijar definitivamente la residencia de los detenidos por este concepto.

Art. 15. Las fondas, hosterías y casas de huéspedes, los cafés, billares, casinos y círculos, las tertulias públicas, casas de bebida y demás de esta especie, como bodegones, mesones, posadas y ventorrillos, deberán ser empadronadas en registro especial. Sus dueños ó encargados no podrán abrirlos sin permiso del gobernador de la provincia, y tendrán además la obligacion de cerrarlos por las noches á la hora que la autoridad designe. En las fondas, hosterías, mesones, posadas y casas de huéspedes, únicos albergues públicos en que se podrá pernoctar, será circunstancia indispensable llevar un libro registro de entrada y salida con las formalidades que la autoridad establezca, el cual podrá ser inspeccionado por la misma siempre que lo tenga por conveniente.

Art. 16. En las reuniones que haya en los estableci-