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diocesanos, y en su caso á mi Gobierno, en la designacion de las dotaciones personales de los párrocos y de los coadjutores, según la diversidad de los países y de los pueblos de cada diócesis, fijando de la manera menos vaga posible la inteligencia y sistema de la base 21 de la Real cédula y lo dispuesto por el Concordato, se divide el territorio de las diócesis en dos secciones. Comprenderá la primera las diócesis sitas en las provincias de Andalucía, Extremadura, Valencia y Murcia, Cataluña y Aragon, excepto la parte de montaña y la menos fértil de su respectivo territorio; la segunda las diócesis de ambas Castillas, Galicia, provincias Vascongadas y Navarra, islas Baleares y Canarias, con las demás diócesis contenidas en la excepcion de la seccion primera. Los tipos serán: para los curatos de término, el mínimo 6,000 reales, el máximo 10,000 y el término medio 8,000; para los de ascenso, mínimo 4,500 y 5,000 reales, máximo 6,000 y término medio 5,500; para los de entrada, mínimo 3,300, máximo 5,000 y término medio 4,000; para los rurales de primera clase, 3,000 y 3,300 mínimo, 4,000 máximo y término medio 3,600, y para los de segunda clase, 2,500 y 3,300. Para los coadjutores 2,000 el mínimo, 4,000 el máximo y 3,000 el término medio; pero, sin embargo, dentro de los tipos de cada una de dichas clases podrá constituirse dotacion en cifra redonda.

Las dotaciones que se señalen en el respectivo plan de arreglo se considerarán provisionales hasta tanto que, con arreglo á la mente del artículo 36 del Concordato y del 18 del Convenio adicional de 25 de agosto de 1859, puedan constituirse definitivamente. Esto no obstante, cuando la situacion económica del país lo permita, los diocesanos podrán proponer al Gobierno en casos dados, durante el período en esta parte provisional ó transitorio, el aumento individual que conceptúen conveniente dentro del límite establecido en el artículo 33 del Concordato.

Los ecónomos tendrán las dotaciones siguientes: primero, los de curatos rurales de ambas clases y urbanos de entrada, el mínimo respectivo; segundo, los de ascenso y término, lo que al tiempo de hacer su nombramiento señale el diocesano, con tal que no exceda de las dos terceras partes del mínimo, ni baje tampoco de 3,300 reales señalados á los ecónomos en curato de entrada; y tercero, los
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de coadjutorías y de beneficios, el minimum ó término medio, según las circunstancias, á juicio del diocesano.

Art. 21. Cuando por sus achaques habituales ó por su avanzada edad se imposibilitare un párroco ó coadjutor con canónica institucion para el ministerio parroquial, el diocesano instruirá el oportuno expediente canónico para su jubilacion.

La pension que se señale al jubilado en el expediente que original ha de remitirse al ministerio de Gracia y Justicia para obtener mi Real asenso, no podrá exceder, según las circunstancias y servicios del interesado, de la mitad del maximum en los curatos de término, de las tres quintas partes en los de ascenso, y de las dos terceras en los demás, urbanos y rurales. El sucesor en el curato disfrutará provisionalmente, mientras subsista la pension, el término medio señalado á la respectiva clase.

Los que á la expedicion de la Real cédula auxiliatoria para el arreglo de las parroquias estén ya jubilados, con arreglo á la circular de 13 de octubre de 1864, continuarán en el uso y disfrute de lo que les esté designado.

Art. 22. Las dotaciones para el culto y clero presijadas en el arreglo parroquial se consignarán íntegramente en el presupuesto eclesiástico, entendiéndose el Ministerio respectivo con los Ayuntamientos acerca de las pensiones ó asignaciones que satisfacian anteriormente las mismas corporaciones á los párrocos ó fábricas.

Art. 23. Los Ayuntamientos de los pueblos podrán comprender entre sus gastos voluntarios la cantidad que estimen conveniente á favor de la fábrica de su parroquia respectiva para que el culto pudiera darse con mas esplendor que el que podria ser con la consignacion del presupuesto, expidiéndose al intento por el ministerio de la Gobernacion las órdenes correspondientes.

Art. 24. Las cofradías y hermandades establecidas en las parroquias deberán contribuir con la cantidad anual que las mismas convengan con la respectiva Junta de fábrica, á fin de aumentar la consignacion presupuestada en el plan de arreglo parroquial para los gastos del culto.

Art. 25. A fin de que haya la conveniente homogeneidad en tan importante materia, se establecerán bases generales para la organización de las hermandades y cofradías, dejando para el reglamento propio y peculiar del diocesano su aplicacion y todo lo correspondiente á la localidad.
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Art. 26. Tambien se establecerán bases generales para la organización de las Juntas de fábrica, sus facultades y atribuciones, sin embarazar la accion propia del párroco, dejando igualmente para el reglamento peculiar del diocesano todo lo referente á su ejecucion y á la localidad.

Art. 27. Hasta tanto que se publiquen las bases generales á que se refieren los dos articulos precedentes, se observarán: primero, las constituciones y estatutos de las cofradías y hermandades, y las medidas adoptadas por el diocesano y aprobadas por mí; segundo, los reglamentos, instrucciones que en uso de sus facultades y en observancia de la base 22 de la Real cédula de 3 de enero de 1854 hayan adoptado ó adoptaren hasta entonces los Ordinarios.

Art. 28. A fin de facilitar desde un principio la ejecucion gradual y el tránsito del estado actual al definitivo normal que se crea por el plan parroquial, procurando conciliar todos los intereses, se observarán las siguientes disposiciones transitorias:

1.ª Luego que el diocesano reciba la Real cédula auxiliatoria, dispondrá la publicacion del plan parroquial en el modo y forma que estime mas conveniente y opportuno.

2.ª Señalará el dia desde el cual han de tener efecto las segregaciones y agregaciones acordadas de feligreses de parroquia matriz ó filial á otras ya existentes.

3.ª Erigidas debidamente las parroquias que se crearen de nuevo, presijará el dia de su instalacion, dispondrá oportunamente todo lo necesario al intento cuando exista iglesia proporcionada; y si los gastos no fuesen considerables, formará el presupuesto correspondiente que remitirá al Ministerio para su aprobacion, y que puedan facilitarse los fondos, no haciéndose novedad en el interin. Tampoco se hará novedad, siempre que sea necesario construir iglesia ó hacer gasto considerable, para acomodar el templo existente á dicho objeto; y dictándose para el primer caso desde luego las medidas que se conceptúen conducentes, se suspenderá todo lo demas, continuando las cosas en su estado actual hasta tanto que se acuerden por el Gobierno, según se dirá mas adelante, los medios de atender á esta sagrada obligacion, y que pueda realizarse convenientemente la instalacion de la nueva parroquia ó su ayuda.

4.ª Los poseedores de los curatos cuya actual dotacion se reduzca por el plan parroquial, continuarán percibiendo
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aquella mientras sirvan los propios curatos ú otros menos dotados.

5.a De la misma manera los curas actuales no percibirán tampoco el aumento dado á su respectivo curato, ya haya sido elevada la categoría del curato, ó meramente la dote-cion del párroco.

6.a Los curatos que á la publicacion de la Real cédula auxiliaria hayan de proveerse, disfrutarán los párrocos desde el dia en que se posezieren la dotacion consignada por el plan, y los prelados podrán anunciar desde luego los nuevos concursos sin necesidad de dar al Gobierno el pré-vio conocimiento que dispone la Real órden de 10 de ago-sto del año próximo pasado, y que es aplicable únicamente hasta dicha época para regularizar la contabilidad del Mi-nisterio; y aun en este último caso la nota que debe acom-pañarse solo comprenderá los curatos no indicados en las dadas con posterioridad á la mencionada circular de 10 de agosto. Por consiguiente, en los editos convocatorios para concurso fijará ya el diocesano la dotacion y categoría pre-fijadas en el plan mandado ejecutar, y en su caso la esta-blecida en la nota anteriormente remitida al Ministerio des-pues de dicho dia 10 de agosto.

7.a Si el diocesano lo considerase justo ó conveniente, podrá proponer, sin necesidad de nuevo concurso para cu-rato de igual clase, á aquellos curas que desciendan de ca-tegoría por el plan parroquial.

8.a La consignacion para gastos del culto tendrá efecto desde el año económico siguiente á la publicacion del mis-mo plan parroquial de la respectiva diócesis.

9.a Luego que se publique el plan parroquial, el dio-cesano dictará las disposiciones convenientes para que por el respectivo arcipreste se noticie á los Ayuntamientos lo dis-puesto en el artículo 23 por si quieren hacer uso del dere-cho que allí se consigna.

10. Tambien dispondrá el diocesano lo correspondiente para que por los propios arciprestes se dén las instrucciones debidas para que las cofradías y hermandades contribuyan á los gastos generales del culto de la respectiva parroquia.

11. El ministerio de Gracia y Justicia procurará que por la ley de presupuestos, las cantidades á que por efecto de muerte ó otra causa se reduzca anualmente el crédito onsignado en el artículo 6.º, capítulo 16, para el clero
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beneficial, y en el único del 18 para el personal de religiosas en clausura, pasen íntegramente al presupuesto parroquial para establecer progresivamente los coadjutores y aumentar la dotación de los curas rurales y urbanos de entrada; y por último, las demás dotaciones del clero parroquial en su respectiva clase y categoría, al tenor del nuevo plan parroquial.

Además, en los presupuestos que se formen para el primer año económico siguiente á la expedición de la Real cédula auxiliaria, para una diócesis no se hará en el artículo 5.º del capítulo 12, la baja calculada por vacantes en la parte correspondiente á dicha diócesis, y la cantidad á que ascendieren las vacantes ingresará en el fondo de reserva, con arreglo á lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 37 del Concordato; y se ruega y encarga á los prelados destinen de esta parte del fondo de reserva, mientras duren las actuales circunstancias, alguna cantidad para atender á las pensiones de los párrocos y coadjutores que desde aquella época se publicaren, hasta tanto que por el Tesoro puedan satisfacerse íntegramente.

12. Además de esto, se consignará también anualmente una cantidad en el presupuesto eclesiástico para establecer los coadjutores que urja aumentar hasta el completo número que se prefijare en el plan.

Art. 29. A medida que terminen los planes de un cierto número de diócesis, se formará un estado exacto y el cálculo de las cantidades necesarias: primero, para construir nuevas parroquias matrices ó filiales donde fueren indispensables; segundo, para acomodar á este mismo objeto las iglesias de otra clase existentes; y tercero, para atender á la reparación extraordinaria de iglesias y edificios de toda clase pertenecientes en las mismas diócesis al clero parroquial, cuya obligación pesa sobre el Estado. El Gobierno, con presencia del resultado de este cuadro, acordará los medios conducentes á fin de obtener el capital necesario para hacer gradualmente dichas obras, y satisfacer tan sagradas obligaciones con puntualidad y de manera que las obras se ejecuten sin interrupción y en el menor tiempo posible.

Art. 30. Se derogan todas las disposiciones de la Real cédula de 3 de enero de 1854 que sean contrarias al presente decreto, quedando subsistentes todas las demás.

Se derogan igualmente, en cuanto se opongan á este mis-
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mo decreto, y en su caso á aquella Real cédula, las Reales órdenes de 3 de setiembre del propio año, de 12 de abril, 6 de agosto, 8 y 15 de diciembre de 1853, 3 de mayo del siguiente, y cualquiera otra anterior ó posterior que pudiera embarazar el arreglo parroquial.

Art. 31. En inteligencia con el muy reverendo Nuncio de Su Santidad, se darán las instrucciones necesarias, se resolverán las dudas, y se removerán los obstáculos que para la ejecución de las presentes disposiciones se ofrecieren.

Dado en Palacio á 13 de febrero de 1867. — Está rubricado de la Real mano. — El ministro de Gracia y Justicia, Lorenzo Arrazola.

Real orden no eximiendo del impuesto hipotecario á las adquisiciones obtenidas por los establecimientos de beneficencia.

Ministerio de Hacienda. — Excelentísimo señor: He dado cuenta á S. M. del expediente instruido en este Ministerio con motivo de la Real orden comunicada al mismo por el del digno cargo de V. E. en 23 de noviembre del año próximo pasado sobre la conveniencia de dictar una medida general eximiendo del pago del impuesto hipotecario las adquisiciones que por herencias ó legados hagan los establecimientos de beneficencia; y

Visto el artículo 1.º del Real decreto de 23 de mayo de 1845, en el cual se declaran exentas del derecho de hipotecas las adquisiciones que se hagan á nombre y por interés general del Estado;

Visto lo dispuesto en las Reales órdenes de 23 de febrero de 1853 y 17 de junio de 1859;

Visto lo informado por la Junta general de Beneficencia, Asesoría de este Ministerio, Dirección general de Contribuciones y Sección de Hacienda del Consejo de Estado;

Considerando que el principio general, tratándose de la imposición de tributos, es que todos los bienes, sea cualquiera la clase y orden á que pertenezcan, deben satisfacerlos si no se hallan exceptuados de una manera terminante y taxativa en la ley que los regula ó en otra especial;

Considerando que en la exención que concede el último párrafo del artículo 1.º del citado Real decreto no deben comprenderse todas las adquisiciones que hagan los establecimientos de beneficencia, como lo demuestran las Reales órdenes de 23 de febrero de 1853 y 17 de junio de 1859
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al disponer que se consulte cada caso especial con este Ministerio para ver si están ó no dentro de la exención de que queda hecho mérito;

Considerando que en la citada Real orden de 17 de junio se reconoce que por la legislación hipotecaria vigente no están exceptuadas de un modo terminante mas que aquellas adquisiciones que se hacen á nombre y por interés general del Estado;

Considerando que bajo esta denominación solo deben comprenderse las que adquieran los establecimientos de beneficencia costeados con fondos consignados en los presupuestos generales del Estado, pues en las adquisiciones obtenidas por los que se mantienen de los recursos de las provincias ó de los municipios, estos obtienen el dominio de los bienes, y suyo es el interés inmediato;

Y considerando que la circunstancia de que tanto las provincias como los Ayuntamientos que tengan que entregar al Estado los bienes adquiridos para enajenarlos no es una razón para eximirlos del impuesto hipotecario, supuesto que ya lo están respecto de estas ventas y las que se verifiquen durante los cinco años siguientes por la ley de 1.º de mayo de 1855;

La Reina (q. D. g.) se ha servido declarar, de acuerdo con el dictámen de la Sección de Hacienda del Consejo de Estado, que no debe dictarse disposición general alguna eximiendo del impuesto hipotecario á las adquisiciones obtenidas por los establecimientos de beneficencia, y que las únicas que están comprendidas en la exención del artículo 1.º del Real decreto de 23 de mayo de 1845 son las que verifiquen los costeados y mantenidos con fondos consignados en los presupuestos generales del Estado.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11 de diciembre de 1866.—Manuel G. Barzanallana.—Señor Ministro de la Gobernacion.

Real orden sobre instrucción primaria.

Ministerio de Fomento.—Instrucción pública.—Negociado 3.º—Por Real orden circular de 20 del mes próximo pasado ha podido V. S. formar juicio exacto de las opiniones y propósitos que en materia de instrucción pública profesa y abriga el Gobierno de S. M. Es, pues, indispensable
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que sus delegados, en las varias esferas y en los diversos grados de la jerarquía académica, se apresuren con buena voluntad á desarrollar y llevar á pronto término el patriótico pensamiento de asentar y robustecer la enseñanza pública sobre bases que no pueda conmover ni el turbulento espíritu de partido, ni la torpe maquinacion del error y la ignorancia.

El Gobierno, sin perjuicio de consagrarse con viva intensidad al exámen y preparacion de las mejoras que exigen la segunda enseñanza y la superior, no puede menos de fijarse antes que todo en la primaria, y de dirigirse á V. S. lleno de confianza, reclamando toda su cooperacion y todo su celo en beneficio de altísimos intereses de la sociedad. La cuestion de instruccion primaria es de una trascendencia que no puede ocultarse á la ilustracion de V. S. No basta arrojar una y otra vez el fruto dañado; es preciso curar la enfermedad del árbol, que muchas veces está en la raíz; y la instruccion primaria puede considerarse como la raíz del árbol de la vida social.

Inútiles serán todos los esfuerzos del Gobierno y de los pueblos por aumentar las escuelas, por dotarlas de edificios y de elementos de educacion, por ennoblecer en todo lo posible la condicion del maestro, por llevar á la última aldea el consuelo y el bien de la enseñanza, si los encargados de esta gran obra no corresponden al saludable deseo del Gobierno y á los generosos sacrificios de las localidades.

Es la escuela en cada pueblo una institucion benéfica y civilizadora, emanacion é imagen de la familia que, acogiendo á los niños desde los mas tiernos años, tiene la grata mission de formar su corazon para el bien y de preparar su inteligencia para la verdad. Estas primeras impresiones deciden generalmente de lo por venir.

Aprendan, pues, los niños en las escuelas las puras doctrinas de la Religion y la moral, los primeros rudimentos del saber indispensables al hombre y de aplicacion útil en todas las circunstancias de la vida; infúndaseles espíritu de amor, de agradecimiento y de dignidad; respeto á las leyes, á las glorias y á las tradiciones de la patria; condúzcaseles, en fin, por el camino de la virtud y del honor, cultivando á la vez su corazon y su inteligencia, formando sus costumbres y carácter, y modelando sus maneras sin caer en extremos de ridicula afectacion.

Así quiere el Gobierno de S. M. las escuelas públicas:
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así las quieren seguramente todos los padres de familia; y es llegado el caso de que el justo anhelo de los padres de familia y del Gobierno se vea cumplido.

El maestro, por deber de conciencia y aun por gratitud, ha de ser el primero en contribuir á las miras de la autoridad legítima, que no son otras que afianzar y arraigar las buenas doctrinas, y con ellas el bienestar y reposo de todas las clases sociales. Obligado, como los demás españoles, á servir y honrar á la patria, según su posición y circunstancias, el maestro tiene su puesto en la escuela, de la cual no puede separarse sin daño de la educación de la niñez y sin perjuicio propio: allí encontrará ancho campo á las mas nobles y elevadas aspiraciones, y allí también, en medio de afanes y sinsabores que constituyen su vida en una verdadera vida de sacrificio, hallará á su vez la dulce recompensa de hacer el bien, reflejando en su propia honra el brillo de una juventud bien instruida y educada.

Es indispensable que el maestro, fuera de las horas destinadas á la clase, prosiga las enseñanzas con su lenguaje, con sus escritos y con su conducta en todos los actos de la vida, sirviendo de modelo á sus alumnos y dándoles así la mas eficaz y provechosa de las lecciones. En este punto los padres de familia tienen derechos que es forzoso proteger á todo trance. Al ciudadano que lleva su capital á las arcas del Erario, se otorgan todo género de garantías y seguridades; se le hipoteca la riqueza efectiva y el crédito nacional: el padre de familia que consia generosamente su mayor tesoro, su hijo, á la enseñanza oficial, bien debe recibir en cambio las necesarias seguridades de que su tesoro no será malversado, de que su hijo no será inducido por los caminos de la incredulidad, de la rebelion ó de la estupidez. No cabe, pues, levedad de materia en punto á la conducta religiosa y moral de los maestros.

Bien se comprende que en un personal tan numeroso en que se cuentan mas de seis mil profesores, que careciendo de título no deben considerarse como tales, ha de haber extravíos que lamentar y faltas que corregir; pero no se comprende cómo el espíritu demagógico y enemigo de la sociedad española haya querido alguna vez con halagos falaces corromper y dominar á una parte del magisterio, convirtiéndola en instrumento para herir á traicion y sobre seguro el corazón de la patria. El maestro es libre en el ejercicio de sus derechos políticos; pero no es libre en propalar doc-
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reglada en su accion, bárbara en sus efectos y ruinosa en sus medios; pero por su poder, que es el poder público, previene ó modera generalmente las catástrofes de las miserias humanas; aplica grandes remedios á los grandes males, y es en cierto modo una providencia de Dios que tiene por sus auxiliares á la ley, al Gobierno y á la policía: ella contiene resueltamente las calamidades de las inundaciones y de los incendios, las epidemias, las guerras y las hambrues; utiliza, en servicio de todos los padecimientos é indigencias, las fuerzas centralizadas de la sociedad, y salva, en fin, á las naciones.

Las instituciones y obras de beneficencia y de utilidad pública tienen tambien su contra, su lado malo por donde poderlas atacar.

Las colonizaciones de Ultramar, por ejemplo, son ruinosas por los gastos de transporte y por la incertidumbre y poca seguridad de sus resultados.

Los talleres y casas de trabajo no hacen otra cosa que mudar la pobreza de un lugar á otro.

La sustitucion de las máquinas á los brazos del hombre aumenta indudablemente la riqueza industrial de la sociedad; pero causa sin remedio graves trastornos, cuando menos temporales.

Los hospitales son muchas veces causa de que los manufactureros no piensen en su porvenir, ni economicen para sus enfermedades y para poder vivir en su vejez. Cuando á un vicioso se le reprende por su mala conducta y se le quieren hacer conocer los resultados: «¡Bah! responde, el hospital se ha hecho para todo el mundo.»

Los hospicios encadenan la libertad individual, quitan al pobre los placeres íntimos y los consuelos del hogar doméstico, lo colocan continuamente á la vista de las mas repugnantes dolencias, de la agonía y de la muerte, y secan al fin su corazon.

Las salas de asilo ahogan quizá los rasgos y sentimientos de ternura que las amistades reciprocas, las quejas y dolencias, las lágrimas, los besos y las caricias, desarrollan en el corazon de los hijos y de los padres; rompen los lazos de las mas dulces costumbres; desembarazan á las mujeres del pueblo de los continuos cuidados maternales, y no las contienen en su demasiada fecundidad dentro del matrimonio, ni aun fuera de él, que es lo peor.

Los asilos de la vejez tienen el inconveniente de hacer