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mientos de que trata el artículo anterior no se permitirán bullicios, reyertas, disputas ó escenas que perturben ó puedan dar ocasión á que se perturbe el orden, bajo la inmediata responsabilidad de los dueños ó encargados, ni jugar á otros juegos que los permitidos.

Si amenazare en ellas cualquier desorden, los dueños ó encargados tendrán la obligacion de evitarlo ó acudir á la autoridad para que lo remedie.

Art. 17. Se prohiben las llamadas casas de dormir.

Art. 18. Todo ciudadano mayor de quince años está obligado á sacar y conservar en su poder, á disposicion de la autoridad, la correspondiente cédula de vecindad, comprensiva de los datos que se juzguen necesarios en estos documentos.

Art. 19. No se podrá pernoctar en las fondas, hosterías y casas en que según esta ley sea permitido hacerlo, sin la presentacion de la cédula de vecindad, pasaporte ó pase correspondiente. Los dueños ó encargados de dichas casas responderán del cumplimiento de esta prescripcion.

Art. 20. Será asimismo indispensable para variar de domicilio dentro de la misma poblacion, presentar la cédula de vecindad á los dueños ó administradores de las casas, que no podrán alquilarlas sin este requisito, y estarán además obligados á poner en conocimiento de la autoridad el nombre de los inquilinos á quienes las alquilen.

Art. 21. En los contratos de arrendamiento se expresará la circunstancia de haberse presentado la cédula, y de ser conocido el inquilino del dueño del local.

A falta del conocimiento personal, se estampará en el contrato la firma de dos vecinos honrados que conozcan al inquilino. A los extranjeros y forasteros les bastará para el caso sus respectivos pasaportes ó cédulas de vecindad, á no ser que medie alguna circunstancia que los haga fundadamente sospechosos.

Art. 22. Las cabezas de casa participarán á la policía, dentro de cuarenta y ocho horas, la entrada de los sirvientes que reciban en ella y de los que salgan de la misma.

Art. 23. Los españoles que viajen por el interior del reino deberán llevar consigo su cédula de vecindad, que les será exigida por la autoridad competente siempre que lo creyere opportuno. El que viajare sin este requisito, será detenido en el punto en que se descubra la falta hasta que á juicio de la autoridad la explique satisfactoriamente.
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El español que regrese del extranjero deberá traer su cédula de vecindad visada por el agente diplomático ó consular respectivo, ó otro documento legítimo que acredite su personalidad.

Art. 24. El extranjero que penetre en territorio español deberá hacerlo provisto del documento que acredite su personalidad; si no lo hiciere, podrá ser detenido por la autoridad cuando lo estime conveniente.

Art. 25. En los casos de detención del viajero, la autoridad que disponga bajo su responsabilidad la continuación del viaje habilitará al detenido con un pase provisional, que no será válido sino por el término de quince días. Llegado el viajero al punto donde se dirija, presentará el pase á la autoridad, la que le dará el documento correspondiente, ó algún otro que abone su persona.

Art. 26. No se podrá usar de armas sino mediante la licencia de la autoridad, que la concederá solo después de tomar informes de la honradez, buena conducta y hábitos regulares y pacíficos del que solicite el permiso. Los armeros y dueños ó encargados de establecimientos en que se expendan armas de cualquier clase, no podrán expenderlas sin estar autorizados por un permiso especial de la autoridad.

Art. 27. De las imprentas, litografías, fotografías y demás establecimientos de este género, se llevará en el gobierno civil un registro especial con las formalidades que se estimen convenientes.

Para que puedan ejercerse estas industrias, deberán cumplirse las siguientes formalidades:
1.ª Obtener licencia del gobernador civil de la provincia.
2.ª Poner una muestra en el establecimiento con caracteres inteligibles, expresando su clase y el nombre del que lo tenga á su cargo.
3.ª Dar conocimiento á la autoridad civil del nombre de sus verdaderos dueños, del local en que se establece y de las máquinas que tiene para su servicio.
4.ª Formar un padrón exacto de todos los operarios según el modelo que se les fije, dando cuenta en el término de cuarenta y ocho horas del movimiento de entrada y salida de los mismos, sin admitir ninguno que debiendo tener cédula de vecindad carezca de ella.
5.ª Participar á la autoridad inmediatamente los nombres y circunstancias de la persona ó personas que lleven á
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su establecimiento manuscritos ó otros originales para imprimirlos clandestinamente y en fraude de la ley.

Art. 28. La contravención ó cualquiera de las prescripciones anteriores será castigada, según su importancia, judicial ó gubernativamente, con las penas fijadas en esta ó en otras leyes.

Título III. — Del estado de alarma.

Capítulo I. — De los medios que debe emplear la autoridad civil en este estado.

Art. 29. En el momento en que la autoridad civil tenga sospechas, noticias ó datos de que, sin embargo de las precauciones establecidas en el título anterior, es probable que se perturbe el orden público, los comunicará á la autoridad militar de la población para que aperciba sus medios de acción, y á la judicial para que se disponga al inmediato ejercicio de sus funciones.

Art. 30. Simultáneamente con estos avisos dispondrá la colocación de la fuerza, que á sus órdenes tenga, en los sitios que estime necesario.

Art. 31. En el acto mandará suspender todas las juntas ó reuniones de gente que puedan producir alarma, aunque por su índole sean de carácter inofensivo.

Art. 32. Asimismo podrá expulsar de la población ó distrito á las personas que por motivos fundados considere peligrosas en aquellos momentos, señalando el pueblo á que deben dirigirse. Los efectos de la expulsión que en estos casos se ordene, durarán solo cuarenta días, transcurridos los cuales se fijará definitivamente el punto de residencia del individuo ó individuos sospechosos. Cuando la autoridad civil adopte estas medidas, dará cuenta al Gobierno.

Art. 33. También acordará la suspensión de las publicaciones que considere perjudiciales al orden público, dando cuenta al Gobierno de esta resolución.

Art. 34. Dispondrá asimismo que se cierren inmediatamente los cafés, casinos, tertulias, tabernas y demás establecimientos públicos donde acuda habitualmente numerosa concurrencia, intimando á sus dueños ó encargados la responsabilidad que pueda alcanzarles por la desobediencia como auxiliadores del desorden.

Art. 35. Mandará cerrar inmediatamente los almacenes
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y tiendas de los armeros y de cualesquiera otros comercios donde se expendan armas.

Art. 36. Podrá mandar recoger, si lo creyere oportuno, bajo inventario, las armas de todos los citados establecimientos, depositándolas en lugar seguro.

Art. 37. Al propio tiempo que adopte estas precauciones la autoridad civil, ó antes si lo juzgare necesario, publicará un bando en el cual dictará las reglas que desde aquel momento deben observarse, y que tendrán fuerza legal.

Art. 38. En la adopción de las demás resoluciones que juzgue la autoridad necesarias ó provechosas para que produzca resultado la intimación que se haga á los autores y auxiliares de la agitación, á fin de que se disuelvan los grupos que se hubieren formado, y para usar de la fuerza de que disponga, obrará discrecionalmente y según las circunstancias.

Art. 39. Los deberes y atribuciones de la autoridad en este período se ajustarán á lo que prescribe el título 3.º del libro II del Código penal en materia de orden público, y á lo dispuesto en esta ley.

Capítulo II.—De la cooperación que la autoridad judicial debe prestar á la civil en el estado de alarma.

Art. 40. En cuanto la autoridad civil dé á la judicial aviso de tener noticias ó sospechas fundadas de alarma, se constituirán los jueces en sus juzgados, acompañados de los promotores y escribanos para funcionar así lo que sea necesario.

Art. 41. Ya constituidos y procediendo á formar causa sobre delitos contra el orden público, darán á este servicio exclusiva preferencia, pudiendo si fuere preciso pasar el de distinta clase al juez de paz respectivo.

Art. 42. La Audiencia del territorio cuando ocurra desorden en el punto de su residencia, se constituirá en sesión permanente, y adoptará en el acto los acuerdos que juzgue convenientes para la mas recta y pronta sustanciación de las causas.

Si el desorden ocurriese en poblaciones donde no residiere la Audiencia, se constituirá en sesión permanente la Sala de gobierno.

Art. 43. En los procedimientos que deberán seguir los tribunales de justicia y en la penalidad que hayan de apli-
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car á los reos, observarán estrictamente las disposiciones de esta ley.

Art. 44. Si despues de empleados todos los medios de que la autoridad civil por sí y ayudada de la judicial dispone, la agitacion no fuere dominada, resignará aquella el mando en la militar, entrándose por consecuencia en el estado de guerra.

Título IV.—Del estado de guerra.

Capítulo único.—Del mando de la autoridad militar en este último estado.

Art. 45. Resignado el mando por la autoridad civil en la militar, quedará declarado el distrito en estado de guerra.

Art. 46. La autoridad militar, resumiendo en sí los poderes civil y político, judicial y administrativo, publicará inmediatamente un bando en que se anunciará á los rebeldes, sus cómplices, auxiliares y encubridores que quedan sujetos á los consejos de guerra.

Art. 47. Despues de dado el bando y terminado el plazo para que se retiren á sus casas las gentes pacíficas, se considerará como presuncion de criminalidad el encontrarse en la calle durante el combate, ó dentro de las casas, cuando se alojen en ellas los rebeldes perseguidos por las fuerzas del Gobierno, mientras no se pruebe plenamente la inocencia del que en tal situacion fuese hallado.

Art. 48. En dicho bando se invitará á los rebeldes á deponer su hostilidad y á prestar obediencia á la autoridad legítima. Los que lo hicieren en el término que el mismo bando señale, y si no lo señalaré en el de dos horas, quedarán exentos de toda pena no siendo los autores de la sedicion ó rebelion, ni reincidentes en este delito; pero serán sometidos á una especial vigilancia de la autoridad. Los principales autores que merecieren pena capital serán, caso de rendirse en los términos arriba citados, indultados de ella, aplicándoles solo la inmediata.

Art. 49. Los delitos comunes que se cometan en una rebelion ó sedicion serán castigados respectivamente según las disposiciones del Código penal. Cuando no puedan descubrirse los autores de aquellos delitos, serán penados como tales los jefes principales de la rebelion ó sedicion.

Art. 50. Todas las autoridades y empleados públicos sin
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distincion prestarán inmediatamente á la militar el auxilio que esta les pida para sofocar la sedicion ó rebelion y restablecer el orden. Si las autoridades no lo prestasen, sufrirán la pena de prision mayor é inhabilitacion perpétua y absoluta si hubieren sido nombradas directamente por el Gobierno; si no estuviesen en este caso, sufrirán la de confinamiento mayor é inhabilitacion perpétua y absoluta.

Cuando los empleados no prestasen el auxilio que se les pidiere, se les impondrá la pena de suspension de empleo ó cargo, ó la de separacion, siendo interinamente reemplazados, y dando de esto cuenta al Gobierno á la mayor brevedad para su definitiva resolucion; sin perjuicio de las penas en que incurriesen si hubiere motivo para proceder contra ellos criminalmente.

Art. 51. Las autoridades civiles y judiciales continuarán funcionando en los demás asuntos propios de sus atribuciones que no se refieran al orden público, limitándose respecto á este á las facultades que la militar les delegue ó deje expeditas dentro del plan que se haya propuesto, y debiendo en tal caso dar á la misma directamente los partes y noticias que les prevenga ó reclame.

Art. 52. La autoridad militar, á la vez que adopte las medidas expresadas en los anteriores articulos de este capítulo, dispondrá lo conveniente para que se formen e instruyan sin dilacion todas las causas á que haya lugar, y se instalen los consejos de guerra que deban fallarlas, procediendo en todo con arreglo á las ordenanzas militares, á las disposiciones de esta ley y de cualesquiera otras vigentes.

Art. 53. Además de los delitos de sedicion y rebelion y sus anejos, serán juzgados por los consejos de guerra los de robo, incendio, hurto, contrabando, defraudacion y falsificacion contra el Estado, y los de desobediencia y desacato á la autoridad.

Art. 54. Cuando la sedicion ó rebelion se manifiesten desde los primeros momentos, ó la urgencia del caso lo exija, podrán la autoridad civil, judicial y militar, puestas de acuerdo, disponer inmediatamente la declaracion de estado de guerra sin pasar por el segundo período de esta ley.

Si no hubiese acuerdo entre dichas autoridades ó tiempo para tomarlo, se entrará desde luego por ministerio de la ley, y como medida provisional y la mas segura, en el estado de guerra, dádose cuenta inmediatamente al Gobierno para su resolucion.
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Si la rebelion ocurriere en una capital de provincia, la autoridad civil será el gobernador de la provincia; la judicial el regente de la Audiencia donde la hubiere, y la militar el capitán general donde le haya. Si fuere en puntos donde no hubiese estas autoridades, se reunirán, para la declaración arriba indicada, el juez de primera instancia, ó el decano si hubiere mas de uno, el subgobernador, corregidor ó alcalde, y el jefe militar que ejerza el mando de las armas.

Art. 55. En la capital de la monarquía ó en puntos donde resida el Rey, no podrá declararse el estado de guerra sin la autorización del Gobierno.

Art. 56. Para declarar el levantamiento del estado de guerra, se celebrará un consejo de las autoridades civiles, judiciales y militares citadas en el artículo 54, y se propondrá al Gobierno, sin cuya autorización no se podrá poner término á dicho estado.

Art. 57. Las garantías que establece el artículo 7.º de la Constitución se entenderán suspendidas desde el momento en que se declare el estado de guerra en la población ó distrito donde hubiere estallado la sedición ó rebelión.

Art. 58. En los tres períodos que abraza esta ley continuará vigente lo dispuesto por la Ordenanza respecto á las obligaciones de los centinelas, guardias y patrullas, y al uso que según las circunstancias deben hacer de sus armas.

Título V.—De los procedimientos especiales y de las penas á que da lugar la aplicación de la ley de orden público.

Capítulo I.—De la penalidad.

Art. 59. La penalidad correspondiente á los varios delitos que pueden cometerse contra el orden público y su aplicación, se ajustará en todas sus partes á lo establecido por el Código penal vigente y á lo que esta ley previene.

Art. 60. Se exceptúan de esta regla los militares, que serán juzgados y penados según las leyes especiales de su instituto.

Art. 61. Las faltas que se cometan contra el orden público en estado normal serán castigadas judicial ó gubernativamente según corresponda, conforme al libro III del Código penal, á las prescripciones de esta ley y demás disposiciones vigentes.
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guiente á las prescripciones establecidas para la publicacion de todo impreso.

Art. 7.º El gobernador ó el alcalde, si la publicacion se hiciese en pueblo que no sea capital de provincia, podrán resolver de oficio ó á instancia del promotor fiscal que se prohiba la venta y distribucion de todo impreso, sea ó no periodico, en que se cometa alguno de los delitos que marca esta ley, ó en que á su juicio se contengan ideas, doctrinas, relaciones de hechos ó noticias ofensivas á la religion católica, apostólica, romana, al Rey, á la Constitucion del Estado, ó á los miembros de la familia Real, al Senado, al Congreso de los diputados, á los soberanos extranjeros si en los respectivos paises se observase sobre este punto reciprocidad, á las autoridades, ó que tiendan á relajar la disciplina del ejército ó á alterar el orden público, ó sean contrarios á la moral ó á la decencia.

Tambien podrá acordarse la prohibicion de la publicacion de los impresos en que se cometa injuria ó calumnia manifiestas contra particulares ó corporaciones, siempre que el interesado lo reclame con motivo justo en concepto de la autoridad.

Para el mejor desempeño de este servicio se pondrán á las órdenes de las autoridades civiles los funcionarios que el Gobierno estime conveniente.

Art. 8.º Cuando un impreso sea suspendido ó detenido, podrá el autor ó editor del mismo reclamar ante el Ministro de la Gobernacion contra la recogida ó detencion de aquel.

Art. 9.º Acordada la detencion ó recogida del impreso, se comunicará á su autor ó editor, quien en el término preciso de cuarenta y ocho horas podrá pedir la denuncia; y si no lo hiciese, se entenderá que se ha conformado con la recogida.

Si se pidiere la denuncia y el impreso fuese periodico, el deposito responderá de la multa que se impusiera y de las resultas del proceso hasta donde alcance, sin perjuicio de lo que dispone el artículo 12 de esta ley.

Si no fuere diario, se constituirá una fianza de 800 á 1,600 escudos para responder de dichas resultas.

Art. 10. Cuando la autoridad civil acuerde la detencion ó recogida, y el autor ó editor opten por la denuncia, se pasará inmediatamente al juez de imprenta el conocimiento del negocio para que instruya el correspondiente proceso
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Art. 62. Las faltas que se cometan en estado de alarma serán castigadas gubernativamente por la autoridad civil á su prudente arbitrio con multa ó arresto, ó con estas dos penas á la vez según la gravedad del caso y de las circunstancias. Cuando sea el alcalde quien imponga dichas penas, la multa no podrá exceder de 100 escudos, ni el arresto de quince días. Si las impusiere el gobernador de la provincia, podrá extender la multa hasta 200 escudos y el arresto hasta un mes.

Art. 63. Las faltas contra el orden público que se cometan en estado de guerra serán castigadas por la autoridad superior militar ó por sus delegados según su prudente arbitrio.

Art. 64. Los penados con multa que fueren insolventes sufrirán el arresto por vía de sustitución, con arreglo á lo que prescribe el artículo 504 del Código penal.

Capítulo II. — Del procedimiento ante la autoridad judicial en los delitos contra el orden público.

SECCION PRIMERA. — Del juez competente.

Art. 65. En los delitos contra el orden público de que con arreglo á esta ley debe conocer la jurisdicción ordinaria, será juez competente el de primera instancia del partido ó distrito en que hubiere principiado la perpetración del delito.

En las poblaciones en que haya dos ó mas jueces de primera instancia, si la sedición, rebelión ó alteración del orden público tuviere lugar á la vez en diferentes distritos judiciales, los jueces respectivos procederán sin dilación á instruir las primeras diligencias del sumario, pasándolas directamente en oportuno estado al mas antiguo de ellos, que será el competente para conocer de la causa si la superioridad no dispusiere otra cosa.

Art. 66. Lo dispuesto en el artículo anterior se entiende sin perjuicio de la facultad que el artículo 38 del reglamento provisional para la administración de justicia confiere al Gobierno de S. M. y á las Salas de gobierno de las Audiencias, para cometer el conocimiento de la causa al juez de primera instancia que les parezca mas á propósito.

Art. 67. En las causas de esta clase no podrá promoverse contienda ni competencia.
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Si un juez reclamase el conocimiento de la causa, ó hubiere duda sobre cuál de ellos sea el competente, no poniéndose de acuerdo á la primera comunicacion que con tal motivo se dirijan, pondrá el hecho sin dilacion en conocimiento de la Audiencia por medio de exposicion razonada, para que la Sala de gobierno, oyendo en voz al fiscal de S. M., decida en el acto lo que estime conveniente. Cuando los jueces pertenezcan á distintos territorios, elevarán directamente dicha exposicion al ministerio de Gracia y Justicia para la resolucion oportuna. Mientras tanto cada juez continuará los procedimientos que hubiere incoado.

Art. 68. En todo caso los jueces de primera instancia en cuyo distrito tenga ramificacion el delito ó ocurran hechos justiciables por consecuencia del mismo, instruirán las oportunas diligencias, que pasarán al que sea competente para conocer del delito principal.

Art. 69. Todo juez que principie á instruir diligencias en los casos prevenidos en los anteriores artículos, dará cuenta sin dilacion á la Audiencia del territorio por conducto del regente, y al ministerio de Gracia y Justicia. Lo propio verificará cuando se inhiba y acuerde remitir sus actuaciones al juez competente, y lo llevará á efecto sin consultar préviamente con la Audiencia el acto de inhibicion. Las causas de sedicion y rebelion pendientes ante los tribunales ordinarios al hacerse la declaracion del estado de guerra, en que no se hubiese contestado á la acusacion fiscal, se pasarán inmediatamente sin previa consulta con la Audiencia al capitán general del distrito, á no ser que este hubiere prevenido otra cosa; las demás de que habla el artículo 53 se continuarán por los tribunales ordinarios.

Art. 70. En todo caso las causas en que se hubiere contestado á la acusacion del promotor fiscal se fallarán y terminarán por el juez que de ellas conozca.

Art. 71. Al levantarse el estado de guerra se pasarán á los tribunales ordinarios correspondientes, para su terminacion y fallo todas las causas que se hallen pendientes ante los militares contra reos que no estén sujetos al fuero militar, si no se hubiere hecho todavía la defensa de los procesados. Las que se hallen en este caso se fallarán por el Consejo de guerra.