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instruccion pública en España, merced á planes monstruosos, impuestos, no por las necesidades de la ciencia, sino por las estrechas miras de partido y de secta; ese desconcierto, esa confusion, en fin, cuyas consecuencias hubieran sido funestísimas á no llegar tan oportunamente el remedio, han dado al Gobierno provisional la norma para resolver la cuestion de enseñanza, de manera que la ilustracion, en vez de ser buseada, vaya á buscar al pueblo, y no vuelva á verse el predominio absorbente de escuelas y sistemas mas amigos del monopolio que de la controversia.

Y como natural resultado de la libertad religiosa y de la de enseñanza, la revolucion ha proclamado tambien la libertad de imprenta, sin la cual aquellas conquistas no serian mas que fórmulas ilusorias y vanas. La imprenta es la voz perdurable de la inteligencia, voz que nunca se extingue y vibra siempre á través del tiempo y de la distancia; intentar esclavizarla es querer la mutilacion del pensamiento, es arrancar la lengua á la razon humana. Empequeñecido y encerrado en los mezquinos límites de una tolerancia menguada, irrision de un derecho escrito en nuestras Constituciones, y jamás ejercido sin trabas odiosas, el ingenio español habia ido perdiendo, lentamente y por grados, brío, originalidad y vida. Esperemos que, rotas sus ligaduras, salga del seno de la libertad, resucitado y radiante, como Lázaro de su sepulcro.

Las libertades de reunion y de asociacion pacificas, perennes fuentes de actividad y de progreso, que tanto han contribuido en el órden político y económico al engrandecimiento de otros pueblos, han sido asimismo reconocidas como dogmas fundamentales por la revolucion española.

En estas luchas de opiniones encontradas, intereses opuestos y aspiraciones distintas, que tienden á abrirse paso por medio de la publicidad y la propaganda, aprenden las naciones varoniles á regirse por sí mismas, á sostener sus derechos y ejercitar sus fuerzas, sin dolorosas sacudidas sociales. Así podrá avanzar España con planta resuelta, por-
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to de Madrid. D.ª Isabel se persuade de que ha perdido su corona. «Si yo fuese hombre, dijo, correria inmediatamente á mi capital.» —Ya era tarde. En aquellos momentos todo acto de heroísmo hubiera sido completamente inútil.

D.ª Isabel trata de apelar á un último recurso. Llama á San Sebastián á los diputados forales para preguntarles si las provincias vascongadas están dispuestas á armar sus tercios.

«Nosotros, respondió uno de los diputados, no podemos decidir nada; esto corresponde á las juntas generales, «y no hay tiempo para convocarlas.

«—Pensadlo bien, y mañana me traeréis la respuesta.»

Al día siguiente presentáronse de nuevo á D.ª Isabel los diputados vascongados, y preguntándole si había recibido buenas noticias de Madrid:

«¿Á quién habeis encontrado en la antesala?» preguntó D.ª Isabel.

«—Á nadie, Señora.

«—Pues bien; esto os dará á conocer que las noticias que he recibido son malas. La soledad de mis salones es el vacío que se forma en torno de las grandezas caídas.»

Los representantes vascongados manifestaron que no podían ofrecer á D.ª Isabel sino una completa seguridad para su persona mientras atravasese el país vascongado para dirigirse al extranjero.

Ya no quedaba la menor esperanza. D.ª Isabel se decidió á partir inmediatamente.

Era el trigésimoquinto aniversario de la muerte de su padre D. Fernando, y cuando hacia ciento sesenta y ocho años que la casa de Borbon reinaba en España.

Á las seis de la tarde del dia 30 de setiembre un landó, precedido de un picador y hombres montados, se detiene delante de la casa Mateu. D.ª Isabel aparece en lo alto de la escalera, y seguida de su esposo y de su servidumbre, entre la que va el Arzobispo de Trajanópolis, baja con dig-
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que tampoco pesará ya sobre ella la red de una centralización administrativa, asfixiadora, que ha sido el instrumento artificioso de que se han valido, para confundirla y exterminarla, la corrupción y la tiranía. El individuo, el municipio, la provincia y la nación, podrán desenvolverse independientemente dentro de la órbita que les es propia, sin que la intervención recelosa del Estado coarte sus facultades ni perturbe en lo más mínimo sus manifestaciones.

Armada, pues, con todos los derechos políticos y todas las libertades públicas, la nación española no podrá ya quejarse con justicia, como hasta ahora, de la insoportable presión del Estado. Mayor de edad y emancipada de la tutela oficial, tiene delante de sí ancho camino que recorrer, féccundos gérmenes que desarrollar, y poderosos elementos de prosperidad que estimulen su actividad, por tan largos años dormida y paralizada. La libertad impone como deber el movimiento y como consecuencia la responsabilidad.

Desde hoy el pueblo español es responsable porque es libre, y con su constancia, su energía y su trabajo, noble y ordenadamente dirigido, puede y debe recobrar el tiempo perdido en el ocio de su pasada servidumbre, ocupando en el congreso de las naciones el puesto que le corresponde por sus tradiciones históricas y por los medios de acción que ha reconquistado.

Dentro del respeto debido á los intereses creados, profundas reformas económicas que rompan las trabas de la producción, y faciliten el crecimiento de la riqueza pública, ahogada bajo el peso embarazoso de ideas rutinarias y abusos inveterados, coronarán el edificio alzado por el esfuerzo español en pocos días, que serán eternamente memorables. Esto, unido á un sistema de radicales pero estudiadas economías, contribuirá eficazmente al levantamiento de nuestro crédito, tan abatido en estos últimos tiempos de general desfallecimiento y marasmo. Porque el Gobierno provisional, investido por la revolución de amplias facultades, está decidido á no cejar un ápice en su propósito transfor-
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mador, y á ser fiel intérprete, en esta como en todas las esferas, de la voluntad nacional tan unánimemente expresada.

De las ventajas y beneficios de la revolucion gozarán tambien nuestras queridas provincias de Ultramar, que forman parte de la gran familia española, y que tienen derecho á intervenir con su inteligencia y su voto en las arduas cuestiones políticas, administrativas y sociales planteadas en su seno.

Sobre los fuertes pilares de la libertad y el crédito, España podrá proceder tranquilamente al establecimiento definitivo de la forma de gobierno que mas en armonía esté con sus condiciones esenciales y sus necesidades ciertas, que menos desconfianza despierte en Europa, por razon de la solidaridad de intereses que une y liga á todos los pueblos del continente antiguo, y que mejor satisfaga las exigencias de su raza y de sus costumbres.

Sin que el Gobierno provisional pretenda prejuzgar cuestion tan grave y compleja, debe hacer notar, sin embargo, un síntoma grandemente significativo que, en medio de la agitacion entusiasta y provechosa producida por el movimiento revolucionario, descubre hasta cierto punto la verdadera tendencia de la voluntad nacional. Todas las Juntas, expresion genuina de aquel movimiento, han proclamado los principios cardinales de nuestra nueva organizacion politica; pero han guardado silencio sobre la institucion monárquica, respondiendo, sin previo acuerdo y por inspiracion propia, á un sentimiento de patriótica prudencia.

No han confundido, á pesar de lo fácil que era en horas de perturbacion apasionada, las personas con las cosas, ni el desprestigio de una dinastía con la alta magistratura que simbolizaba. Este fenómeno extraordinario ha llamado seriamente la atencion del Gobierno provisional, que le expone á la consideracion pública, no como argumento favorable, sino como dato digno de tenerse en cuenta para resolver con acierto problema tan trascendental y difícil.
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Verdad es que se han levantado voces elocuentes y autorizadas en defensa del régimen republicano, apoyándose en la diversidad de orígenes y caracteres de la nacionalidad española; y mas que nada, en el maravilloso ejemplo que ofrece, allende los mares, una potencia nacida ayer, y hoy envidia y admiración del mundo. Pero por mucha importancia que relativamente se conceda á estas opiniones, no tienen tanta como la general reserva con que, sobre asunto tan espinoso, han procedido las Juntas, en las cuales, hasta la formación del Gobierno provisional, ha residido por completo la iniciativa revolucionaria. Además, compréndese bien que un pueblo joven, perdido en medio de selvas vírgenes, y limitado solamente por vastas soledades inexplo- radas y tribus errantes, se constituya con entera independencia, libre de todo compromiso interior y de todo vínculo internacional. Mas no es probable que acontezca lo mismo con pueblos que cuentan larga vida, que tienen antecedentes orgánicos indestructibles, que forman parte de una comunidad de naciones, y que no pueden de repente, por medio de una transición brusca y violenta, torcer el impulso secular al cual obedecen en su marcha. El mal éxito que han tenido tentativas de esta naturaleza en otros países de Europa que nos han precedido en las vías revolucionarias, debe excitar hondamente la meditación pública, antes de lanzarse por caminos desconocidos y oscuros.

Pero de cualquier modo, el Gobierno provisional, si se equivocara en sus cálculos y la decisión del pueblo español no fuese propicia al planteamiento de la forma monárquica, respetaría el voto de la soberanía de la nación, debidamente consultada.

Entre tanto, el Gobierno provisional guardará el sagrado depósito que la revolución le ha confiado, defendiéndole con ánimo sereno contra todo género de hostilidades, hasta el día en que pueda devolverle íntegro como le ha recibido. Convencido de la legitimidad de su poder, que se funda en el manifiesto de Cádiz; en la investidura de la Junta de aque-
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lla ciudad, que ha sido por segunda vez cuna de nuestras libertades; en el alzamiento sucesivo de todas las poblaciones de España; en el derecho y la consagración de la victoria; en el reconocimiento posterior de todas las Juntas que han funcionado en la Península; y, finalmente, en la sanción popular, seguirá sin temor ni incertidumbre la senda que el deber le traza; y siendo como es eco y voluntad de la opinión pública, no descansará hasta haber satisfecho todas sus aspiraciones y cimentado sobre bases sólidas é indestructibles la obra de nuestra regeneración política.

Para llevar á cabo tan difícil empresa, solo reclama la confianza del pueblo, esa confianza que se revela por medio de la tranquilidad y el orden, y que únicamente pueden tener empeño en turbar, para descrédito de la causa nacional, sus astutos é implacables enemigos. Con esa confianza ha contado y cuenta el Gobierno provisional, firmemente persuadido de que no habrá quien se atreva á alterar el buen acuerdo que reina entre un país magnánimo, en plena posesión de todos sus derechos, y los restauradores de sus holladas libertades. Pero si, por desgracia, se intentase; si se pretendiese dificultar el desenvolvimiento majestuoso de la revolución con torpes maquinaciones, culpables excesos ó provocaciones tumultuarias, el Gobierno provisional, guardador de la honra del pueblo, sabría sacarla incólume de todos los conflictos, castigando severamente á los que incurrieran en este crimen de lesa nación, seguro de la ayuda de Dios y del apoyo de sus conciudadanos.

El Gobierno provisional dará en su día cuenta del uso que haga de sus facultades extraordinarias ante las Cortes constituyentes, á cuyo fallo se somete con la tranquilidad que inspira el cumplimiento del deber á las intenciones rectas y á las conciencias honradas.

Madrid 25 de octubre de 1868.—El presidente del Gobierno provisional y del Consejo de Ministros, Francisco Serrano.—El ministro de la Guerra, Juan Prim.—El ministro de Estado, Juan Álvarez de Lorenzana.—El ministro de
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Gracia y Justicia, Antonio Romero Ortiz.—El ministro de Marina, Juan Bautista Topete.—El ministro de Hacienda, Laureano Figuerola.—El ministro de la Gobernacion, Práxedes Mateo Sagasta.—El ministro de Fomento, Manuel Ruiz Zorrilla.—El ministro de Ultramar, Adelardo Lopez de Ayala.

Ley municipal y ley orgánica provincial.

Ministerio de la Gobernacion.—Atento el Gobierno provisional á la necesidad apremiante de poner en vigor una legislacion administrativa que, encontrándose en armonía con los principios políticos proclamados por los antiguos partidos liberales, á cuyo esfuerzo unánime y admirablemente combinado se ha debido la redencion del país, sirva á la vez de páuta á las corporaciones populares en la elevadísima mision que están llamadas á cumplir, coadyuvando á la consolidacion del régimen eminentemente liberal que la nacion ansia, viene ocupándose desde el momento de su instalacion en este asunto, el mas grave y trascendental de todos los que hoy pueden tratarse en la esfera gubernamental.

Si la nacion por su voto solemne hubiera ya decidido de sus futuros destinos; si fuera ya conocido el sistema de gobierno que se propone adoptar; si estuviera proclamado el Código político que ha de regirnos, no seria tarea tan difícil, por mas que nunca fuera sencilla, la de desarrollar un sistema administrativo en consonancia con la Constitucion, como deben estarlo siempre las leyes de esta índole, si no ha de darse el caso, tan reciente en nuestra patria, de ver un pueblo esclavo y escarnecido, próximo á caer á la tumba, envuelto en el sudario que sus mismos gobernantes le formaron con las hojas de su Código político.

Pero cuando falta la ley escrita, que ha de servir de base al edificio de nuestra reconstitucion social, por mas que estén en el ánimo de todos los buenos ciudadanos los prin-
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cipios sobre que ha de calcarse; el Gobierno provisional, y en su nombre el Ministro que suscribe, no puede aspirar á otra cosa que á interpretar los deseos de la opinión nacional; que no se pronuncian en verdad en favor de las teorías de la funesta escuela doctrinaria, generadora, con su sistema centralizador, de todos los males que han sobrevenido á nuestra patria por el abatimiento y la muerte del sentimiento político en todas las localidades, sentimiento que es preciso resucitar y rejuvenecer, porque sin él no hay prosperidad posible para los pueblos.

Encaminando á este objeto sus propósitos, el Gobierno provisional se ha creído en el caso de utilizar una obra que no puede menos de ser grata á los ojos del país, puesto que, sobre evocar un recuerdo gloriosísimo, es el fruto del trabajo y del saber, puestos á contribución en la Asamblea de 1834, á la vez que la expresión de la voluntad nacional solemnemente expresada. Aquellas Cortes, que la España liberal recuerda con orgullo y entusiasmo, dejaron votadas las bases de todas las leyes político-administrativas con que complementaron y desenvolvieron la gran obra de su Constitución no promulgada, llegando hasta discutir y publicar la municipal; y el Ministro que suscribe, al ponerla de nuevo en vigor, con las modificaciones que indispensablemente exigen las nuevas necesidades del país, y al adoptar para la orgánica provincial las bases votadas también por aquella memorable Asamblea, confiesa que con el auxilio de tan precioso legado ha encontrado mas llevadera su tarea, y abriga la confianza de que la nación acogerá benevolamente su pensamiento.

Si el Estado, la provincia y el municipio han de ser las tres esferas concéntricas de dimensiones diversas dentro de las cuales se desarrolle armónicamente la política del país, es preciso que giren en el mismo sentido, pero sin tocarse en su movimiento ni entorpecerse en su marcha, y para esto es necesario que aquellas tres instituciones tengan vida propia.
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El Gobierno provisional se propone dársela en las leyes que trata de plantear interinamente, para que, sometidas al crisol de la experiencia desde hoy hasta que las Cortes constituyentes hayan de revisarlas, puedan conocerse prácticamente las modificaciones que exijan las necesidades del país. ¡Grande sería la satisfacción del Ministro que suscribe si, reconocida hasta entonces por la experiencia la utilidad de las leyes que anticipa á impulsos de la necesidad del momento, pudiera verlas aceptadas, en principio al menos, por la representación nacional!

Estimular la iniciativa de las corporaciones populares, enervada por los hábitos de servilismo que ha engendrado un largo período de centralización omnímoda y opresora; elevar la consideración de los representantes de la localidad y del distrito, para que estos cargos vengan á constituir la verdadera escala de la carrera política, invadida hasta hoy por la ambición por mil senderos ilícitos, y garantizar la moralidad en la administración de los intereses procomunales, estos son los propósitos que en primer término han guiado al Gobierno provisional en el desenvolvimiento de las bases acordadas por las últimas Cortes constituyentes, para la ley orgánica provincial y en las ligeras modificaciones introducidas en la municipal; porque ya es tiempo de que las corporaciones populares dejen de ser el ludibrio de los Gobiernos arbitrarios en las épocas de desahogo y prosperidad, siendo el único amparo de los pueblos en las de calamidad y de miseria.

Obedeciendo á estas consideraciones, en nombre del Gobierno provisional, de que soy miembro, y como ministro de la Gobernación, vengo en declarar obligatorias y poner en vigor las siguientes leyes:
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LEY MUNICIPAL.

TÍTULO I.

DE LOS DISTRITOS MUNICIPALES Y DE SUS HABITANTES.

CAPÍTULO I.—De los distritos municipales.

Artículo 1.º Es distrito municipal de un pueblo, su término jurisdiccional.

Art. 2.º Todo distrito municipal forma parte de un partido judicial, y pertenece á una provincia de la monarquía.

Art. 3.º No podrá hacerse alteracion en los límites de los distritos municipales, sin oir á los Ayuntamientos interesados y de los pueblos limítrofes, y sin dejar á salvo los derechos de propiedad y servidumbres públicas y particulares legítimamente constituidas.

Art. 4.º Corresponde entender y resolver en los expedientes sobre variacion de límites de los distritos municipales á la Diputacion provincial respectiva; pero sus acuerdos en la materia no serán ejecutivos sin la aprobacion del Gobierno.

Art. 5.º Para hacer pasar un distrito municipal de uno á otro partido dentro de la misma provincia, se oirá precisamente al Ayuntamiento del mismo y á los pueblos cabezas de ambos partidos, á la Diputacion, al gobernador, y al ministerio de Gracia y Justicia. La resolucion del expediente corresponde al ministerio de la Gobernacion, previo dictamen del Consejo de Estado.

CAPÍTULO II.—De los habitantes de los distritos municipales.

Art. 6.º Para los efectos de la presente ley se considerará á los habitantes de los distritos municipales divididos en residentes y vecinos.

Art. 7.º Es residente todo habitante del distrito municipal que no esté inscrito en su padron de vecindad.

Art. 8.º Es vecino de un pueblo todo español cabeza de familia que se halle inscrito en el padron de vecindad del distrito municipal.
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Art. 9.º Corresponde á los Ayuntamientos la declaración de vecindad en sus respectivos distritos y pueden hacerla de oficio ó á instancia de parte.

Art. 10. Los Ayuntamientos declararán de oficio vecinos á todos los españoles cabezas de familia que en la época de formarse ó rectificarse el padrón lleven dos años de residencia fija con casa abierta en su respectivo distrito municipal, ejerciendo en él su profesión ó industria, ó teniendo un modo de vivir conocido.

El que tuviere casa abierta en varios puntos y la residencia alternativa elegirá uno de ellos para vecindario.

Art. 11. En cualquier tiempo del año declararán también las mismas corporaciones vecino al que lo solicitaré, acreditando los extremos siguientes:
1.º Ser español cabeza de familia.
2.º Haber manifestado ante el Ayuntamiento del pueblo en que tuviere anteriormente su vecindad la resolución de trasladarla á otro distrito municipal.
3.º Haber satisfecho ó dado garantía de satisfacer las cuotas que se le hayan impuesto en concepto de vecino del pueblo, en donde se despide, por todo el año en que se trata de levantar la vecindad.

Art. 12. El extranjero no naturalizado que, siendo cabeza de familia, desee vecindarse en un distrito municipal, debe residir en él con casa abierta por espacio de tres años; renunciar ante el Ayuntamiento la protección del pabellón de su país, y probar por lo menos una de las siguientes circunstancias:
1.º Estar ó haber estado casado con española.
2.º Haber arraigado en el reino, adquiriendo en él bienes inmuebles.
3.º Haber ejercido por espacio de cinco años en el reino una profesión útil.
4.º Haber establecido ó hallarse estableciendo una industria que requiera su residencia habitual en el país.
5.º Haberse hallado al servicio del Estado.
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Art. 13. La adquisicion de vecindad no será obstáculo para la extradicion cuando esta proceda con arreglo á los tratados.

Art. 14. Los que hayan sido declarados vecinos serán inscritos en el padron correspondiente, dando aviso al Ayuntamiento de la antigua vecindad del interesado para que los elimine del suyo.

Art. 15. Desde 1.º de octubre al 1.º de noviembre de cada año, los Ayuntamientos formarán ó rectificarán los padrones de sus distritos y los tendrán de manifiesto en sus secretarías, para que cualquiera pueda enterarse de ellos.

En los quince dias siguientes recibirán todas las reclamaciones que contra el padron se hiciere, y decidirán sobre ellas hasta fin del mes.

Art. 16. Los que se sintieren agravados por las resoluciones de los Ayuntamientos podrán acudir á la Diputacion provincial, que oyendo á los interesados decidirá definitivamente en los quince primeros dias de diciembre.

Los Ayuntamientos remitirán copia del padron de vecinos á la Diputacion provincial en el mes de diciembre cada cinco años, y en los años intermedios darán cuenta de las alteraciones que ocurran.

Art. 17. Durante el curso del año no se harán en el padron de vecindad mas alteraciones que:

1.ª Inscripciones á instancia de parte, con arreglo á lo que prescribe esta ley.
2.ª Eliminaciones por incapacidad legal ó defuncion.
3.ª Eliminaciones por haberse avecindado en otros distritos los interesados.

Art. 18. Si alguno se hallare inscrito en el padron de dos ó mas pueblos, solo valdrá la vecindad que últimamente se le hubiere declarado.

Art. 19. La vecindad se pierde cuando el Ayuntamiento recibe aviso de que el interesado ha sido inscrito en el padron de otro distrito municipal.

Art. 20. Los no vecinos gozan, con arreglo á las le-