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arreglo á lo dispuesto en el artículo 10 de la ley de Presupuestos de 1850 se reclame y obtenga de las Cortes el crédito legislativo necesario al efecto.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos correspondientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 21 de febrero de 1866.—Alonso Martinez.—Señor Director general del Tesoro público.

Declaracion del Consejo de Estado sobre reparos puestos por la Ordenacion general de pagos á las cuentas de 1863 y 1864 de la diócesi de Urgel.

Ministerio de Gracia y Justicia.—Ilustrísimo señor:—El señor Ministro de Gracia y Justicia dice con esta fecha al reverendo Obispo de Urgel lo siguiente:

«Pasado á informe del Consejo de Estado el expediente promovido á reclamacion de V. I. sobre reparos puestos por la Ordenacion general de pagos de este Ministerio á las cuentas de 1863 á 1864, las Secciones de Estado y Gracia y Justicia de dicho Cuerpo consultivo han expuesto lo siguiente:
—De Real orden, comunicada por el Ministerio del digno cargo de V. E., se remite de nuevo á la Seccion el expediente instruido con motivo de los reparos puestos por la Ordenacion general de pagos de ese Ministerio á las cuentas de la diócesi de Urgel, á fin de que la Seccion, en vista de la nueva comunicacion del reverendo Obispo, informe lo que se le ofrezca y parezca.—Resulta: que al examinar la Ordenacion las cuentas de gastos públicos de esta diócesi, correspondientes al ejercicio de 1863 á 1864, se le ofrecieron varios reparos que pueden reducirse:—1.º A que aparecian en cuenta beneficiados de nuevo nombramiento con la denominacion de tenientes en anejo y asignacion de 2,500 reales, siendo así que por las Reales órdenes de 16 de marzo y 2 de noviembre de 1863 se dispuso la supresion de estas piezas eclesiásticas á medida que fueran vacando, y que las sustituyeran, en caso necesario, coadjutores con 2,200 reales ánuos.—2.º Que se acreditaba el haber de 2,500 reales á coadjutores que en la Estadística general del clero de 1845 resultaban con 2,200 reales, cuya asignacion era la que les correspondía.—Y finalmente 3.º Que el Prelado nombraba beneficiados parroquiales cuando estaban suprimidos estos cargos, y que tambien habia dejado de participar los nombramientos hechos de ecónomos pa-
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ra beneficios de las colegiaturas suprimidas, saltando á lo prescrito en la Real orden de 2 de noviembre de 1861.—Pasa-do el expediente á informe de la Seccion, juzgó esta necesario que se participara al reverendo Obispo el último dictámen y censura de la Ordenacion, á fin de que expresase cuanto en su descargo estimara conveniente.—En su virtud, alega aquella autoridad eclesiástica, que los tenientes en anejo de su diócesi son unos sacerdotes amovibles á voluntad del Prelado, que se hallan al frente de ciertas comarcas ó cuasi parroquias, en que por las condiciones topográficas de la diócesi se suelen subdividir las feligresías; y por lo tanto, que no tienen el carácter de los tenientes á que se refiere la Real orden de 16 de marzo de 1863: además, que los mayores gastos que por ello se les ocasionan, hacen deba continuarse el abono de la dotacion de 2,500 reales que han percibido desde antiguo, y finalmente que, si bien los servidores de estos beneficios son amovibles, los beneficios en sí son perpétuos, forman parte del plan parroquial vigente en el obispado, y no podrán suprimirse sin que se contrarie al mismo plan.—En cuanto al segundo reparo, manifiesta el reverendo Obispo que las coadjutorías provistas estaban legítimamente instituidas, y que si su asignacion no fue comprendida en la estadística eclesiástica, debió ser á consecuencia de la premura é impremeditacion con que aquella se formó.—Y por último, confesando el Prelado que un descuido del Secretario de Cámara hizo que no apareciese cumplimentada la Real orden de 2 de noviembre de 1861, expone las razones que á su juicio le deben eximir para lo sucesivo de semejante obligacion, porque una vez autorizada la creacion de estos beneficios, estimaba la autoridad eclesiástica que era innecesario participar al Ministerio los cambios que acuerde con respecto á las personas de sus servidores.—Devuelto el expediente á la Seccion para que emita su dictámen en vista de esta comunicacion, empezará haciendo presente á V. E. que las cuestiones que motivan este expediente son consecuencia precisa del estado anormal en que se halla el clero parroquial, y que demuestran una vez mas la imprescindible necesidad en que se está de poner á ello pronto remedio.—La Ordenacion general de pagos tiende siempre, con los reparos puestos á las cuentas de la diócesi, á favorecer el que paulatinamente se efectúe el arreglo del clero parroquial de España, haciendo que los prelados observen lo prescrito en las
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disposiciones, consecuencia de los cambios introducidos por la nueva disciplina.—Pero no todas las autoridades de la Iglesia se prestan á cooperar á los deseos de la Ordenacion; pues fundándose en que, vigentes los antiguos planes beneficiales, no se puede introducir en ellos modificacion alguna, sostienen que debe aplazarse el llevarlas á efecto para el dia en que se plantee el nuevo arreglo parroquial.—Un incidente de esta clase es el que motiva el primer reparo de la Ordenacion á las cuentas de la diócesi de Urgel.—En lo antiguo se denominaban tenientes de cura los beneficiados auxiliares de los párrocos, que ó bien residian en la iglesia matriz, ó bien se hallaban al frente de una circunscripcion determinada, en el distrito de la misma.—Estos beneficiados, segun el contexto del artículo 33 del Concordato de 1851, fueron suprimidos, debiéndolos sustituir los coadjutores, y por las Reales órdenes citadas se previno que, á medida que fueran vacando las tenencias, se llevara á efecto la disposicion concordada.—El reverendo Obispo no se niega á dar cumplimiento á lo prescrito en aquella Real disposicion; solo aduce las condiciones de los beneficiados de esta clase de su diócesi, á fin de demostrar la imposibilidad de la supresion propuesta y la conveniencia de que se les continúe abonando la asignacion acreditada desde antiguo. Pero confesando el Prelado que la cuestion que sostiene con la Ordenacion es puramente de nombre, no se alcanza cómo no se presta á acceder por aquella dependencia, tanto mas, cuanto que no siendo colativos los beneficios no puede oponerse el derecho adquirido por sus servidores.—La Ordenacion no pudo exigir la extincion de beneficios que sean necesarios para la administracion del pasto espiritual, ni que tengan encomendado el ministerio parroquial. Lo que la Ordenacion únicamente se propuso fue el que desapareciera una denominacion desconocida ya en la jerarquia eclesiástica de España.—En este concepto, no presentando sólido fundamento la negativa del reverendo Obispo, y en vista de lo terminante de la Real orden de 16 de marzo de 1863 circulada á los administradores economicos en 26 del mismo mes y año, á juicio de la Seccion el primer reparo de la Ordenacion á las cuentas de Urgel es procedente, y siendo la regla general vigente la de que los coadjutores colocados en las iglesias filiales perciban 2,200 reales de dotacion mientras no se oponga una disposicion especial que autorice la excepcion, no hay posibilidad de aceptarla.
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— Mas si bien la Seccion juzga que para lo sucesivo deberá prevenirse al Prelado que no se aparte de las prescripciones de la citada Real orden, no opina sin embargo como la Ordenacion con respecto á la exigencia de que los interesados devuelvan y reintegren el exceso que han percibido. Mueve á ello á la Seccion la consideracion debida á las facultades nativas de los obispos y la naturaleza de las rentas eclesiásticas; porque por muy respetables que sean para el clero las disposiciones del poder Real cuando se refieren al régimen de las parroquias, necesitan para que tengan fuerza efectiva de obligar, que conste que los prelados han hecho aplicacion de ellas, y no apareciendo que el de Urgel haya cumplido con este requisito, las rentas percibidas por los beneficiados tienen el carácter de frutos consumidos legítimamente, y no cabe su devolucion á menos que V. E. no crea imponérsela al Prelado, que en este caso es el único responsable.—Expuesto, pues, cuanto la Seccion ha creído procedente con respecto al primer punto, pasará á ocuparse del que le sigue en orden.—Asegura el reverendo Obispo, que las rentas satisfechas á los coadjutores, motivo del reparo, son las correspondientes á los beneficios con arreglo á la ereccion de los mismos; y como el reparo se apoye solo en que no resultaba comprendida aquella dotacion en la estadística del obispado, los errores á que la redaccion de toda estadística puede estar sujeta, hacen que la Seccion no estime suficiente el dato alegado para que con él se pueda desvirtuar la aseverancia del reverendo Obispo, cabiendo por otra parte la asignacion satisfecha dentro la escala fijada en el artículo 33 del Concordato.—Resta á la Seccion ocuparse de lo que clasificó en tercer lugar.—Dos son los cargos que en él se presentan contra el reverendo Obispo: 1.º el haber nombrado beneficiados parroquiales, estando suprimidos por regla general; y 2.º el haber dejado de participar los nombramientos que hizo de economos para beneficios de colegiatas suprimidas.—No expresa el Prelado la razon que haya motivado el nombramiento de los beneficiados que se censura; así, no constando la índole y naturaleza de estas piezas eclesiásticas ni si están suprimidas, no podrá la Seccion calificar la conducta de aquella autoridad.—Con respecto á la falta de aviso, reconoce el reverendo Obispo que la ocasionó un descuido de las oficinas; pero estimando infundada la obligacion que se impone á los prelados de participar los cambios de personas que acuerden pa-
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ra el servicio de estos beneficios, concluye denunciando el grave hecho de que los que nombró, y fueron aprobados sus nombramientos en 1861, no han percibido aun asignacion alguna, alegando que no se habia abierto crédito para ello en los presupuestos. — A la superior ilustracion del Prelado de Urgel no puede ocultarse que el derecho de patronato, que reside en la Corona, exige que se le manifiesten los cambios aun de ecónomos que se efectúen en los servidores de todos los beneficios, ya á fin de comprobar las circunstancias que reuna cada interesado, ya tambien para tener noticia cierta de las vacantes sujetas á la Real presentacion. En todo caso, el poder Real está interesado en conocer el personal eclesiástico, y la formalidad que se repugna no puede menos de servir para estrechar las relaciones que deben mediar entre ambas potestades. — Resumiendo, pues, lo expuesto, la Seccion es de dictámen: — 1.º Que se puede autorizar al reverendo Obispo de Urgel para que inmediatamente declare que tienen el concepto de coadjutorías los beneficios creados en las iglesias filiales de su diócesi; pero entendiéndolo que ha de asignarles la dotacion de 2,200 reales señalada para las de su clase. — 2.º Que esto debe entenderse para lo sucesivo, y por consiguiente no ha de darse el efecto retroactivo á esta determinacion, legitimando los pagos hechos y consumidos hasta el dia. — 3.º Que asegurando el Prelado que es 2,560 reales anuales la dotacion de algunos coadjutores de su diócesi, no pueden repararse sus asignaciones. — 4.º Que debe recordarse á la misma autoridad eclesiástica los fundamentos que se tuvieron en cuenta al disponer la supresion de los beneficiados parroquiales, á fin que la lleve á efecto, y que en cuanto á los ecónomos de los beneficios de colegiatas suprimidas, que se atenga el Prelado á lo que está mandado. — Y finalmente, 5.º Que se provea el medio para que cuanto antes sean abonadas sus asignaciones á los beneficiados de esta diócesi que tengan derecho á percibirlas.» — En su vista, la Reina (q. D. g.) ha tenido á bien disponer se tenga como resolucion al expediente movido por V. I. el anterior preinserto dictámen, con la sola variacion de que la dotacion de 2,560 reales que disfrutan algunos coadjutores de esa diócesi, se entienda únicamente para aquellos que venian percibiéndola antes de publicarse como ley el último Concordato, en razon al derecho personal que les asistia para su disfrute; pero de ninguna manera para aquellos que hubieren sido nombrados
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con posterioridad, á los cuales no puede abonárseles mas que 220 escudos, que es lo que por regla general perciben todos los coadjutores, excepto los de capitales de provincia.»

Lo que de Real órden, comunicada por el expresado señor Ministro, transcribo á V. I. á fin de que, ajustando sus disposiciones á las prescripciones contenidas en el anterior preinserto dictámen del Consejo, cesen las continuas reclamaciones que de algun tiempo á esta parte se vienen produciendo por las diversas interpretaciones que se han dado á la Real órden de 16 de marzo de 1863. — Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 14 de junio de 1866. — El Subsecretario, Antonio Romero Ortiz. — Señor Obispo de Tortosa.

Instruccion de la sagrada Penitenciaría apostólica sobre el contrato que llaman matrimonio civil.

1.ª Lo que de mucho tiempo se temía, y los obispos ó singular ó colectivamente con protestas llenas de celo y doctrina, y varones de toda clase con sus plumas eruditas, y el mismo Sumo Pontífice con la autoridad de su voz, procuraron apartar, lo vemos ¡ay! establecido en Italia. El llamado contrato civil del matrimonio no es ya un mal que la Iglesia de Jesucristo haya de lamentar allende los Alpes, sino que trasplantado en estas regiones de Italia amenaza contaminar con sus apestados frutos la familia y sociedad cristiana. Y los obispos y ordinarios vieron estos funestos efectos, de los cuales unos con oportunas instrucciones han dado el grito de alerta á su grey, y otros han acudido solicitos á esta Silla apostólica para tener normas seguras que les sirviesen de regla en negocio tan importante y peligroso. Y si bien de órden del Sumo Pontífice este santo Tribunal haya dado no pocas respuestas é instrucciones á las preguntas particulares; todavía para satisfacer á las instancias que de dia en dia se multiplican, el Padre Santo ha mandado que por medio de este mismo Tribunal sea enviada á todos los ordinarios de los lugares en donde ha sido publicada la infausta ley, una instrucción que sirva de norma general á cada uno de ellos, para dirigir á los fieles, y proceder acordes en sostener la pureza de las costumbres y la santidad del matrimonio cristiano.

2.ª Al ejecutar las órdenes del Padre Santo, esta santa
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Penitenciaría cree supérfluo recordar lo que es dogma muy conocido de nuestra Religión, es decir, que el Matrimonio es uno de los siete sacramentos instituidos por Jesucristo, y por eso pertenece regularlo solamente á la Iglesia, á la que el mismo Jesucristo confió la dispensación de sus divinos misterios. También estima supérfluo recordar la forma prescrita por el santo concilio de Trento, ses. 24, cap. 1.º de reforma matrimonii, sin cuya observancia no se podría contraer válidamente el matrimonio en donde ha sido este concilio publicado.

3.ª En conformidad de estos y otros principios y doctrinas católicas deben los pastores de las almas hacer instrucciones prácticas, con las cuales dén bien á entender á los fieles lo que la Santidad de Nuestro Señor proclamaba en el consistorio secreto del 27 de setiembre de 1852, á saber, «que entre los fieles no puede existir matrimonio, sin que «sea á un mismo tiempo sacramento, y que por consiguiente «toda otra unión de hombre y mujer entre los cristianos «fuera del sacramento, aunque tenga lugar en virtud de una «ley civil, no es otra cosa mas que un torpe y perjudicial «concubinato.»

4.ª Y de aquí podrán deducir fácilmente, que el acto civil á los ojos de Dios y de su Iglesia no puede ser considerado de ningun modo, no ya como sacramento, sino que ni tampoco como contrato; y siendo el poder civil incapaz de ligar alguno de los fieles en matrimonio, así tambien lo es de desatarlo; y por lo mismo, según esta santa Penitenciaría ha declarado, contestando dudas particulares, toda sentencia de separación de cónyuges unidos en legítimo matrimonio ante la Iglesia pronunciada por una autoridad láica sería de ningun valor, y el cónyuge que abusando de tal sentencia se atreviese á unirse con otra persona, sería un verdadero adultero: como tambien sería verdadero concubinario el que presumiese permanecer en el matrimonio en virtud del solo acto civil, y uno y otro sería indigno de absolución mientras no se reportara, y sujetándose á las prescripciones de la Iglesia no volviese á penitencia.

5.ª Aunque el verdadero matrimonio de los fieles entonces solamente se contrae cuando el hombre y la mujer, libres de impedimentos, declaran el mútuo consentimiento en presencia del párroco y de los testigos, según la citada forma del santo concilio de Trento, y el matrimonio así contraído tenga todo su valor, ni haya necesidad alguna de
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Felipe II (1580). El Congo no pudo felicitarse por este cambio político. Por de contado, el Ministerio español no trató de llenar los vacíos que había causado la muerte entre los misioneros; después multiplicó los obstáculos administrativos, y el resultado fue suspender por cierto tiempo la partida de nuevos apóstoles. Algunos carmelitas descalzos desembarcaron no obstante en el Congo en 1582, y trabajaron con buen éxito en la conversión de los idólatras; más tarde fueron ayudados en su tarea por varios jesuitas portugueses.

Los príncipes indígenas, según hemos dicho, habían resistido á la extenuación del pueblo, y habían permanecido adictos á la religión católica. Gracias á esta firmeza y á su solicitud por la conservación de la fe, nunca les saltaron misioneros. Álvaro II, que reinó desde 1586 hasta 1613, envió á España dos embajadores encargados de pedir sacerdotes para la misión, y religiosas para las escuelas; pero encontraron tan poca buena voluntad, y les opusieron tales dificultades, que los embajadores tuvieron que dirigir su petición al papa Paulo V.

Había á la sazón en Francia un hombre que seguía con ojo atento los negocios religiosos del Congo: era el abate de Bretigny, el grande reformador del Carmelo en Francia y en los Países Bajos. Algunos años antes, para corresponder á los deseos de una princesa de la corte de San Salvador, había tratado de pasar al Congo con tres religiosas carmelitas de la reforma de santa Teresa. Obligado á renunciar momentáneamente á su designio, con motivo de las noticias poco favorables venidas del país que se proponía evangelizar, había conservado la esperanza de poderlo realizar algún día. Cuando supo el viaje de los embajadores y la oposición de la corte española, partió á Roma en marzo de 1612. En su súplica al Soberano Pontífice, el abate de Bretigny se ofrecía, á pesar de su mucha edad (tenía cincuenta y seis años), «á conducir y servir á los ministros celosos que el Papa enviase. Prometía consagrar mil quinientos escudos de oro para el viaje, y fundar en Lisboa una renta de cien escudos que recibirían los misioneros, cada año, para atender á sus necesidades ¹.» Los cardenales Belarmino y

¹ La Vida de Mr. de Bretigny, sacerdote, fundador de las Carmelitas de santa Teresa en Francia y en los Países Bajos, por el P. de Beauvais, de la Compañía de Jesús. Paris, 1763, 1 vol. en 12.º página 310.
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ser reconocido ó confirmado por el poder civil; no obstante, para evitar vejaciones y penas, y para el bien de la prole, que de otro modo no sería reconocida como legítima por la autoridad láica, y para alejar también el peligro de poligamia, se considera opportuno y conveniente que los mismos fieles, después de haber contraído legítimo matrimonio ante la Iglesia, se presenten á cumplir el acto impuesto por la ley, pero con intencion (como enseña Benedicto XIV en el breve de 17 de setiembre de 1746 Redditæ sunt nobis) de que presentándose al oficial del Gobierno no hacen otra cosa mas que una ceremonia meramente civil.

6.a Por las mismas causas y jamás en sentido de cooperar á la ejecucion de la infausta ley, los párrocos no deberán admitir indiferentemente á la celebracion del matrimonio ante la Iglesia á aquellos fieles que por prohibicion de la ley no serian despues admitidos al acto civil y por lo mismo no reconocidos como legítimos cónyuges. En esto deben proceder con mucha cautela y prudencia, pedir consejo al ordinario, y este no sea fácil en condescender, sino que en los casos mas graves consulte á este santo Tribunal.

7.a Empero si es opportuno y conveniente que los fieles presentándose al acto civil se dén á conocer por legítimos cónyuges ante la ley; no deben jamás cumplir este acto sin haber antes celebrado el matrimonio en presencia de la Iglesia, y si alguna vez la coaccion, ó una absoluta necesidad, que no debe fácilmente admitirse, ocasionase invertir este orden, entonces debe emplearse toda la diligencia posible para que cuanto antes sea celebrado el matrimonio en presencia de la Iglesia, y en el interin manténganse separados los contrayentes. Y sobre esto recomienda esta santa Penitenciaria que se atengan todos á la doctrina expuesta por Benedicto XIV en el mencionado breve, á la que Pio VI en su breve á los obispos de Francia Laudabilem majorum suorum de 20 de setiembre de 1791, y Pio VII en sus letras de 11 de junio de 1808 á los obispos del Piceno remitían para su instruccion á los mismos obispos, que habian pedido normas para regular á los fieles en semejante contingencia del acto civil. Después de todo esto fácil es ver, que de ningun modo se altera la práctica hasta aquí observada sobre el matrimonio y especialmente acerca de los libros parroquiales, esponsables, é impedimentos matrimoniales de cualquier naturaleza establecidos ó reconocidos por la Iglesia.

8.a Y estas son las normas generales que, obedeciendo