Revista católica (Barcelona) (1864-10-01 00:00:00), página 79

y sorprenden las conciencias de los timoratos, poniendo en vuestro conocimiento que para recuperar la calma y tranquilizar las opiniones contrarias en un tiempo en que todo debe sacrificarse para cimentar la paz y la union, he vuelto las cosas al estado en que se encontraban hasta vuestra resolución. Y al proceder de este modo, no es porque haya obrado la consideración de que son ministros del culto, sino porque he debido reputarlos como ciudadanos en el pleno goce de sus derechos que á todos concede la Constitución,» y antes de emitir este concepto, lo corrobora sosteniendo que «la citada ley de policía está derogada, comprobándolo la resolución de 11 de julio, recayda á una representación del presbítero Sr. Angel Sarmiento, en que el Poder ejecutivo de la Unión reforma, ó por lo menos interpreta el artículo de una ley; y el acuerdo ó concordato que con vuestra autorización (la del Presidente de la Unión) ha celebrado el señor Secretario de relaciones exteriores con el reverendo señor obispo de Popayan, y al que habeis impartido vuestra aprobación, sin embargo de encontrarse en contradicción con la Constitución y la ley, por cuyo cumplimiento tanto se agita.»

El mismo ciudadano presidente general Nieto en su informe á la Asamblea legislativa que se halla reunida en sesiones ordinarias, hablando del cumplimiento que ha dado á las leyes y decretos nacionales se expresa: «No así respecto de los decretos del ciudadano Presidente de la Unión. El Gobierno de Bolívar se ha visto en la necesidad de reclamar contra varios de ellos, por creerlos expresamente opuestos á la soberanía del Estado, de que es su principal guardian. Por consecuencia de tales reclamaciones, unos han sido reformados, —otros han quedado en suspenso por falta de resolución. Entre estos últimos se encuentran los de 11 de julio del año próximo pasado y de 14 de agosto del mismo, que introduciendo reformas en la ley de 23 de abril sobre policía nacional en materia de cultos, produjo dudas sobre la genuina interpretación de las disposiciones en ellas contenidas, lo que dió lugar á una consulta que hice al ciudadano Presidente de la Unión, que no se ha llegado á resolver; por lo cual no se dió entero cumplimiento á la mencionada ley, único caso que se puede citar en la observancia de las demás disposiciones legislativas, porque no habían producido las complicaciones que el Poder ejecutivo nacional había suscitado á la de que me ocupo.» En la Asamblea legislativa se ventiló en dos sesiones la responsabilidad en que hubiese podido incurrir el ciudadano Presidente del Estado por su no cumplimiento á la ley citada, y después de acaloradas discusiones, se le ha reconocido inculpable, no es infractor de ningún mandato legal. Es que el pueblo de Bolívar por el órgano de sus representantes ha testificado que la ley de 23 de abril «sobre cultos,» no es la expresión genuina de sus comitentes. Varios honorables legisladores combatieron tan absurda disposición, entre ellos el Sr. Pablo Cañavera, quien con la buena fe que debe adornar á los delegados de un pueblo como el de Bolívar, eminentemente católico, demostró con energía «que la ley referida quedó derogada por la Constitución de Rionegro, posterior á ella, que es tiránica y opresora para la Iglesia y los católicos, que no es ley porque carece de los requisitos indispensables para que tenga semejante fuerza, que Colombia toda no la ha aceptado y la mira con indignación, que se ha cometido un despojo violento con los actos de desamortización, porque en la república no había ni hay bienes de manos muertas, pues todos tienen sus legítimos propietarios, y agregó que al Episcopado y clero granadino se le perseguía porque llena