Revista católica (Barcelona) (1864-10-01 00:00:00), página 81

ximas eminentemente civilizadoras á la par que las saludables prácticas de sus consejos y el grato deber que tenemos de adorar al Dios único, demandan la derogatoria de disposiciones que hacen ilusorias las garantías escritas en la Carta constitucional.

Cuando esto escribimos, hemos leído el número 17 de El Centinela de Bolívar, en que al tratar la cuestión de responsabilidad del Presidente del Estado, de que se ocupó la Asamblea por haber suspendido el cumplimiento de la ley de policía de cultos, y de que hemos hablado ya, se registran conceptos que coadyuvan á nuestras apreciaciones, y por esto los copiamos literalmente. «Conforme al artículo 635 de la «ley 1.a, parte 4.a, tratado 2.o de la Recopilacion granadina, puede el «empleado inferior suspender el cumplimiento de una orden superior, «entre otros casos, cuando sea contraria á la Constitución.

«En virtud de eso, el Poder ejecutivo del Estado suspendió el cumplimiento de algunas órdenes y decretos hasta que se resolviera por el Poder ejecutivo de la Union las consultas que sobre el particular le dirigiera, y que nunca se han resuelto, ó á lo menos todavía no ha sido comunicada la resolución. La ley de 23 de abril es, en nuestro «concepto, una ley muerta después de expedida la Constitución, y á la «cual ninguna protesta de la tierra ha podido revalidar. Ella es clara y terminante opuesta al artículo 15 de la Constitución y quedó derrogada ipso facto por ella.

«Conforme al artículo 9.o del Código civil del Estado, ninguna ley tiene fuerza obligatoria si es contraria á la Constitución.

«La ley de 23 de abril no está en el caso de las leyes inconstitucionales que se expidan después de la Constitución de 8 de mayo, es decir, sometida á la anulación ó validación por el voto de la mayoría de los Estados: ella, como las leyes penales que habían establecido los «delitos de injuria y de calumnia, quedó de hecho derogada por el párrafo 10 del artículo 15 de la Constitución, como estas lo fueron por el «párrafo 7.o del mismo artículo, y suspender su cumplimiento no es «en nuestro concepto infringir una ley, sino respetar la Constitución, «que es en las repúblicas un código sagrado. Y en política no pueden «efectuarse milagros semejantes á los de la resurrección de Lázaro, «ellos son contrarios á los principios de la ciencia.

«Puesta la cuestión en este terreno, que es el que le corresponde, ¿qué tribunal sería bastante obcecado é injusto que condenara al magistrado que en él se ha colocado?

«Aquellos gobernadores que resistieron valerosamente las bárbaras órdenes de Carlos IX de Francia en el famoso dia de san Bartolomé, merecieron el aplauso universal, y la corte de aquella nación civilizada no se atrevió á castigarlos. En una república, menos que en una monarquía, no puede considerarse á un empleado como un instrumento ciego y pasivo.

«La violación de las leyes naturales y constitucionales no puede eximirse de un magistrado que comprenda sus deberes y quiera llenarlos religiosamente.

«Pero aun suponiendo que la ley de 23 de abril estuviera vigente, ¿por qué el Gobierno nacional, al cual está atribuido en primer lugar el cumplir y hacer cumplir las leyes nacionales, no resolvió siquiera las dudas que al Poder ejecutivo del Estado se le ocurrieron acerca de su constitucionalidad? Lo dirémos nosotros, porque la ley de 23 de abril ha sido reprobada por todos. Porque el general Mosquera ha sido el primero en desacatarla, porque su interés en esta materia no ha sido otro que tener revolucionado el país para hacerse necesario y mandar despóticamente.