Revista católica (Barcelona) (1864-10-01 00:00:00), página 134

historia de las naciones que tienen concordato con la Santa Sede, se verá que sus Gobiernos han propuesto aquellos tratados á la Santa Silla apostólica, y esto prueba que aquellos Gobiernos reconocían no tener los derechos que solicitaban; porque nadie pide á otro por gracia y por favor lo que cree que le pertenece por derecho natural y propio. ¿Será que Nuestro Señor JESUCRISTO, al fundar su Iglesia libre e independiente, hizo excepciones en favor del Gobierno de Colombia, y la puso bajo su tutela? ¿Será que este miserable Gobierno de este oscuro rincon del mundo tiene la misión singular de dar lecciones á todos los pueblos y de advertir á todos los Gobiernos que tienen derechos supramos que no habian conocido ni ejercido?

Abandonaremos este campo para no descender á las farsas supremamente inmorales y ridículas del tal Gobierno de Colombia; pero concedámosle antes un derecho que le es propio e indisputable; el derecho de los abusos del poder y de las inconsecuencias en materia de principios; el derecho de emplear la fuerza material, ejercido por los que proclaman la independencia del espíritu; el derecho de oprimir puesto en práctica por los que predicen la libertad; el derecho de destruirlo todo, enaltecido por los que llenan de progresos y de garantías sus periódicos y sus Constituciones; el derecho, en fin, de hablar de respetos á la soberanía del pueblo los mismos que han cubierto la nación con el desgarrado y necio manto de la deshonra, y sepultaron entre charcas de lágrimas y sangre la majestad de su Constitución y de sus leyes.

Reconozcamos los hechos, y si no damos crédito á la historia, creamos siquiera lo que ven nuestros ojos y tocan nuestras manos: el Gobierno colombiano tiene un almacén, ó sea una cueva de Rolando, de donde saca hombres y derechos para hacerlo todo. Mas nuestro deber no es triunfar de la arbitrariedad y de la fuerza, sino defender siempre y valerosamente los santos derechos de la verdad y de la justicia, y no autorizar con nuestra apatía y nuestro silencio los ataques y los crímenes inferidos á Dios y á la Iglesia. Y así de la manera mas concienzuda y resuelta negamos y negaremos siempre el pretendido derecho de inspección sobre la religión católica, que se atribuye al Gobierno de Colombia por el artículo 23 de la Constitución sancionada en Rionegro, y por el artículo 1.º de la ley de 17 de mayo de 1864 sobre inspección de cultos.

El artículo 2.º de dicha ley dice así: «El derecho de suprema inspección sobre los cultos tiene por objeto sostener la soberanía nacional, mantener la seguridad y tranquilidad pública, é impedir toda perturbación de la paz general.»

La gran mayoría de la nación es católica y profesa con interés y con amor esta Religión; porque le conviene y así lo quiere á virtud de su misma soberanía, y viene el Gobierno á sostener su soberanía contra la voluntad expresa de su soberanía. Este embolismo parece sacado de Las soledades de D. Luis de Góngora; y si no supiéramos que es una ley dada por un Congreso republicano, creeríamos que era la conversación de alguna tertulia de mulatos. La seguridad y la tranquilidad públicas encuentran su mas firme apoyo en la religión católica, que le inspira virtudes al pueblo y lo estimula al trabajo, al deber y al orden; pero tienen mucho que temer de los que, con el pretexto de hacer leyes, se sientan cuatro meses á comer cada uno siete pesos diarios, mientras que el pueblo egoiza de hambre, cargado de contribuciones. La paz general no tiene ninguna queja contra la Iglesia y sus ministros; pero tiene un resentimiento y abriga una pequeña descon-