Revista católica (Barcelona) (1864-10-01 00:00:00), página 78

Toscana. En 1815 y en 1817 con el rey de Baviera; y actualmente esas mismas naciones, entre ellas Venezuela, Perú, Chile, Guatemala y Ecuador, son fieles observantes de pactos tan sagrados; y si los lou- dables deseos de los padres de la antigua Colombia no hubiesen sido desechados, nuestra república gozaría de los privilegios que la Silla ro- mana otorga pródigamente á los Gobiernos católicos.

El derecho perfecto de no obedecer las leyes y decretos enunciados se ha erigido en delito que se castiga con el destierro, calificando á su autor de perturbador del orden público, á la vez que esa resistencia, esa desobediencia pacífica se registra en nuestros códices. Los hijos deben obedecer á sus padres; pero cuando les ordenen algo contrario á la moral, entonces no están obligados á la obediencia, y si esto fuere repetido, serán separados de la patria potestad. Entre las clases de la sociedad hay una que está mas obligada á la obediencia pasiva, la militar; á pesar de esto, la órden que se le comunique á un militar para que violenté á los miembros del Congreso nacional, lo disuelva por la fuerza é impida las elecciones, no solo no debe cumplir dicha órden, sino que es responsable de su ejecución. Y el Pontífice romano, el Episcopado granadino, unidos á su clero ortodoxo, no pueden, no de- ben negarse á dar cumplimiento á los actos que conoce la república, porque son de peor condición que el último de los colombianos, por- que los derechos sagrados nada valen, y las creencias católicas merecen ser estimadas en muy poco aunque sean la mas preciosa de las ga- rantías.

¿Y en presencia de estos hechos, se hacen al sumo pontífice Pio IX inculpaciones gratuitas y apasionadas por su encíclica, acusándolo de calumniador, pretendiéndose negar la verdad sabida por los habitan- tes de los Estados Unidos de Colombia? Si, pues, tales decretos y leyes son opuestos á la libertad de la Iglesia en el ejercicio de su autoridad, de su ministerio y disciplina, el Vicario de JESUCRISTO una vez mas ha mostrádose vigilante, y con justísima razon ha condenado las dema- sías de los que pretenden invadir el santuario de la conciencia.

No han sido únicamente el Sumo Pontífice, los señores obispos y demás prelados y clero los que han protestado á virtud de los actos re- lacionados. La prensa ministerial de Popayan y Cali en los periódicos La Revolucion y La Union, dilucidando con maestría la cuestion re- ligiosa que nos aflige, han demostrado con el mas recto criterio que ellos están en pugna con el derecho divino, son un mentís á los prin- cipios republicanos, á la libertad, á la igualdad de los asociados. Su- jetos caracterizados del partido que hoy se halla en el poder, entre ellos los señores general Reyes Patria, y N. Esguerra, con la mas severa lógica, han hecho palpable que el Gobierno no puede ni debe entro- meterse en asuntos espirituales, que la ley de 23 de abril es un ataque directo á las creencias católicas y contraria á la Constitucion nacional, avanzando el ciudadano General en decir: «Si lo que se pretende es «descatolizar al pueblo granadino, no fue para realizar tan nefando «pensamiento que abandoné mi familia, mis intereses, y volé al cam- po de Marte.»

La Asamblea legislativa del Estado soberano de Bolívar, en sus ses- siones del año próximo pasado, solicitó la anulación de la ley citada, y el presidente del Estado, ciudadano general Juan José Nieto, en nota de 30 de setiembre de 1863, dirigida al ciudadano Presidente de Co- lombia, le propone: «Que mientras se reúne el Congreso nacional, se «deje al clero de Bolívar en la misma libertad que tenía antes para «ejercer su ministerio, sin ninguna de esas restricciones que alarman