Revista católica (Barcelona) (1864-10-01 00:00:00), página 77

la supresión de las comunidades religiosas de ambos sexos y el despojo de los bienes eclesiásticos son otros tantos atentados con los que se priva á la Iglesia de su libertad, se hieren profundamente sus sagrados dogmas y disciplina, y se desconoce su capacidad jurídica para adquirir y poseer sus bienes y rentas, ¿por qué acriminarse al romano Pontífice al reprobar dichos actos?

Sin el moderno pase no podrán cumplirse las bulas, breves, rescriptos, mandatos ó gracias del Vicegerente de JESUCRISTO, desconociéndose con esto los derechos que son inherentes y propios de la Santa Sede. Los prelados, á mas de un juramento inicuo que se les exige, necesitan el permiso para poder ejercer su autoridad, y los ministros inferiores deben prestar igualmente aquel juramento antes de funcionar. Es decir, los actos que únicamente tratan de negocios espirituales, y que vienen directamente del Padre común de los fieles, se sujetan á prévia censura de una autoridad terrenal, acaso impía. ¡Funesto error! Los señores obispos, para enseñar la palabra divina, visitar sus diócesis, corregir á su clero, convocar y presidir los sinodos diocesanos, celebrar órdenes, consagrar el sagrado crisma, confirmar, conceder indulgencias, otorgar también gracias particulares, en una palabra, regir y gobernar el rebaño que se les ha confiado, ¿deben obedecer antes leyes contrarias á la misión divina de que están encargados? No, sin dejar de ser infieles á las promesas que los ligan para con la Esposa de JESUCRISTO, y es por esto que han aceptado con resignación apostólica la proscripción y amarguras con que se les martiriza.

A los sacerdotes que son compartícipes con el prelado en el ministerio no les es dado lícitamente someter la celebración del santo sacrificio de la misa, la predicación evangélica, la administración de los Sacramentos y demás actos puramente espirituales al querer de las potestades temporales; pero como á veces se hace necesario apelar á pueriles sofismas, creyéndose con ellos salir victoriosos, se hace diferencia entre potestad y autoridad eclesiástica, sujetando aquella al ejercicio de esta, y prescindiendo de que la Iglesia católica no admite semejante separación, la potestad eclesiástica es tan libre e independiente como la misma autoridad, y no hay un hecho con que justificar que el Hijo del eterno Padre la sometiera al beneplácito de los Césares. «Id y enseñad á todas las naciones... Como mi Padre me ha enviado, así os envío yo á vosotros.»

Se invocan algunas leyes que versan sobre asuntos eclesiásticos que están en su fuerza y vigor en España, Francia, Austria, Portugal y en las repúblicas latinas de América; y prescindiendo de que ellas no son de la misma naturaleza de las que nos ocupamos, se aparenta ignorar maliciosamente que tales leyes son el resultado de los concordatos que se han celebrado con la Silla romana, habiéndoles concedido el patronato; y tan cierto es lo que se registra en la historia, que apenas fue descubierta esta parte del nuevo continente, cuando Fernando V, rey de España, se apresuró á solicitar el patronato en 1511, y si nuestro ánimo fuera ventilar este derecho, seríamos sumamente extensos; pero basta recordar para robustecer nuestras apreciaciones que los Gobiernos del antiguo y nuevo mundo que han expedido aquellas disposiciones lo han hecho en virtud de acuerdos ó concordatos: la Alemania lo celebró en 1448. Los reyes de Portugal en 1467. La España en 1753. El gran duque de Milán en 1757. El rey de Cerdeña en 1770. El de Nápoles en 1791. Con el primer cónsul de Francia en 1818. Con la república italiana en 1801. En 1802 con el gran duque de