ferjorosa/bne-hemeroteca-ocr-xix huggingface dataset:
Revista católica (Barcelona) (1864-10-01 00:00:00), página 386

CAPÍTULO II.—Eleccion de la religion.

Art. II. Cada cual tiene derecho de elegir su creencia en conformidad á sus propias y libres convicciones. Sin embargo, para ejercer este derecho es necesario reunir la edad requerida y no encontrarse en el momento de la eleccion en una situacion de espíritu y de sentimiento que excluya la conviccion libre y propia.

Art. III. Se señala la edad de diez y ocho años cumplidos para las personas de uno y otro sexo que quieran elegirse religion.

CAPÍTULO III.—Religion de los niños.

Art. IV. El siguiente artículo determina la religion que deben profesar, y segun la que deben ser educados, los niños mientras no lleguen á la edad prescrita para poder elegirse religion propia.

Art. V. Cuando el padre y la madre profesen una misma religion, esta será la de los hijos legítimos y la de sus niños afiliados. En el caso en que el padre y la madre profesen diversa religion, la religion de los hijos será objeto de una estipulacion matrimonial celebrada de antemano. En el caso de que no se haya celebrado la estipulacion, los padres tienen derecho á elegir la religion de los hijos, y las madres la de las hijas. Por lo demás esta determinacion forma parte del derecho de educacion, del que procede el derecho de elegir la religion.

Art. VI. La creencia religiosa, determinada en conformidad al precedente artículo, no puede cambiarse sino por el mismo niño y cuando llegue á la edad en que la ley le reconoce este derecho.

Art. VII. Los padres, tutores y servidores de las respectivas religiones quedan encargados de vigilar el cumplimiento exacto de las prescripciones precedentes. En el caso de su violacion, los mas próximos parientes, así como los superiores de las iglesias y sociedades religiosas respectivas, tienen el derecho de invocar el auxilio de las autoridades, las que deberán examinar atentamente el negocio y hacer respetar la ley.

Art. VIII. Desde el momento en que un niño haya llegado á la edad en que la ley le autoriza para elegir religion, la autoridad deberá protegerle en el ejercicio de su libertad.
Revista católica (Barcelona) (1864-10-01 00:00:00), página 387

CAPÍTULO IV.—Independencia de los derechos civiles y políticos respecto á los derechos religiosos.

Art. IX. El goce de los derechos civiles y políticos no depende de la secta á que se pertenezca, y por lo tanto no pueden ser restringidos por causa alguna religiosa. Ninguna confesión religiosa puede dispensar el cumplimiento de los deberes públicos.

Art. X. La diferencia de religion no es un impedimento del matrimonio.

Art. XI. La diferencia de religion entre los niños y sus padres ó las personas llamadas á educarles, no releva á estos los derechos relativos á la educación.

Art. XII. La diversidad de religion no impide á cada cual fijar su residencia en cualquier punto de la monarquía, y ejercer en él su profesion y obtener el derecho industrial y de ciudadanía; la diferencia de religion no es tampoco impedimento para obtener cualquier propiedad en cualquier país, así en lo referente á bienes muebles como á bienes inmuebles.

Art. XIII. Los hijos de todas las religiones tienen igual derecho á ser admitidos á todas las dignidades, títulos, funciones y empleos públicos.

Art. XIV. Se establece una fórmula general de juramento, que prestarán los adictos á todas las religiones, y es: Así es verdad como Dios me ayude. Aquellos cuya religion no les permita emitir una fórmula general de juramento, confirmarán la suya estrechando la mano del que recibe el juramento.

CAPÍTULO V.—De las iglesias y sociedades religiosas.—Del reconocimiento.

Art. XV. Toda sociedad religiosa debe ser legalmente reconocida para disfrutar de los derechos acordados por la presente ley.

Art. XVI. Prévio el legal reconocimiento, la libertad de reunirse está garantida á todas las sociedades religiosas.

Art. XVII. Puede negarse ó retirarse el reconocimiento legal á una sociedad religiosa, siempre que su doctrina, su organización ó su culto parecieren dañosos ó perjudiciales al bien público.
Revista católica (Barcelona) (1864-10-01 00:00:00), página 388

CAPÍTULO VI.—Derechos y deberes.

Art. XVIII. Toda iglesia ó sociedad religiosa tiene el derecho de ejercer públicamente su culto, con las precauciones necesarias para asegurar el orden y la tranquilidad pública.

Art. XIX. Prescindiendo de la negativa ó retirada del reconocimiento legal de que se ha hablado en el art. XVII, el Estado no ejerce influencia sobre los objetos de la Religión, la cual concierne exclusivamente á la fe y á la conciencia.

Art. XX. Las iglesias y sociedades religiosas reglamentan y administran por sí mismas sus negocios, y pueden conservar la propiedad y uso de sus establecimientos, fundaciones y caudales destinados á su culto ó objeto, sea este la instrucción ó la beneficencia.

Art. XXI. Las iglesias y sociedades religiosas quedan sometidas á las leyes penales en general.

Art. XXII. El Estado tiene también el derecho de dar prescripciones concernientes á los negocios religiosos, en lo que se relacionen con los intereses públicos, ó con las instituciones civiles.

Art. XXIII. Todas las iglesias ó sociedades religiosas son iguales ante la ley. No hay religión privilegiada para el Estado.

Art. XXIV. La creencia, el culto y las instituciones de toda iglesia ó sociedad religiosa, así como sus superiores y ministros, en el ejercicio de sus funciones tienen derecho á la misma protección contra el desprecio y el insulto, y al mantenimiento de la consideración y del respeto que les son debidos. La naturaleza y la extensión de esta protección serán determinadas por la ley penal. Cesará la protección particular que las leyes acordaban á una sola religión.

Art. XXV. Las iglesias y sociedades religiosas disfrutarán por otra parte de los derechos de las demás sociedades y corporaciones, y estarán obligadas á cumplir los mismos deberes. Las relaciones entre las diferentes iglesias y sociedades religiosas deberán ser juzgadas y tratadas en conformidad á las leyes civiles relativas á las asociaciones en general.

CAPÍTULO VII.—Relaciones con los poderes civiles.

Art. XXVI. Las relaciones entre los superiores de una iglesia ó sociedad religiosa no están sujetas á traba alguna
Revista católica (Barcelona) (1864-10-01 00:00:00), página 389

particular. La publicidad de sus prescripciones no está sometida á otras restricciones que á las generales á toda publicacion. Sin embargo, el superior de toda iglesia pasará al Gobierno civil copia auténtica de toda prescripción que de él emana y que se relacione con la doctrina, organización ó culto de su iglesia.

Art. XXVII. Toda iglesia debe someter á la aprobacion del Estado la creacion, modificacion ó supresion de funciones que importen cura de almas, sea en un rango superior ó inferior, así como el detalle de sus circunscripciones, de sus divisiones y subdivisiones.

Art. XXVIII. Las asambleas de superiores ó ministros de una religion ó iglesia, que no se celebren periódicamente y por asuntos ordinarios, deberán obtener tres dias antes de su celebracion el beneplácito del Gobierno, al que deberán comunicarse por escrito las resoluciones que en ellas se adopten.

Art. XXIX. Cuando el Gobierno se aperciba que en una iglesia ó sociedad religiosa han sobrevenido abusos ó desórdenes, tiene el derecho de provocar asambleas de los prelados ó ministros de la misma, con ó sin la asistencia de personas á ella extrañas, á fin de restablecer la union y el orden bajo su proteccion, sin inmiscuirse en los asuntos pertenecientes á la doctrina religiosa.

Art. XXX. El príncipe posee los derechos que las respectivas iglesias le conceden respecto al nombramiento, eleccion ó propuesta de sus funcionarios.

Art. XXXI. Los prelados y ministros de una iglesia ó sociedad religiosa, antes de empezar el ejercicio de sus funciones, deben prestar juramento de fidelidad al Emperador, á las leyes y á los deberes respectivos.

Art. XXXII. El poder perteneciente, según los reglamentos de cada iglesia, á los ministros, respecto á sus subordinados, será ejercido con entera independencia, hasta en la parte penal. Sin embargo la ejecucion de las sentencias penales correrá á cargo de la autoridad temporal, la que cuidará antes de formar el respectivo proceso.

Art. XXXIII. El Estado tiene el derecho de declarar por una ley cuándo el pontífice ó prelado de una iglesia debe ser alejado de su puesto á causa del interés público, y el Gobierno se reserva el derecho de explicar por leyes particulares la disposicion general de aquella ley.

Art. XXXIV. Los prelados de todas las iglesias tienen
Revista católica (Barcelona) (1864-10-01 00:00:00), página 39

ponga ni por un momento capaces de incurrir en la odiosa maldad de pactar una cosa con ánimo determinado de hacer la contraria, lejos de mostrarse resentidos de tales juicios, y de volver por su honra, déjanlos correr libremente, limitándose el francés solo á desmentirlos por medio de sus órganos, á quienes nadie cree, pero sin mas declaracion ni protesta. Bien que sus protestas, si las hicieran, no serian creidas mejor que los periódicos napoleónicos; que á este punto han llegado el crédito y el honor politicos de los fundadores y promovedores del reino italianísimo.»

Analicemos la convencion por sus bases:

Evacuacion del territorio de la Santa Sede y formacion en los Estados del Papa de un ejército católico que no podrá convertirse en un peligro para el reino italiano.

El Constitucional de París, órgano de Napoleon, comentando este artículo dice que el ejército católico, á fin de que no se convierta en un peligro para la Italia, no podrá pasar de doce mil hombres. Salta á la vista lo injurioso de semejante condicion para el Sumo Pontífice. Siendo el Papa dueño independiente en sus dominios, á nadie mas que á él pertenece el fijar el número de sus soldados. «Es verdaderamente curioso y digno de observarse, dice El Gobierno, como en estos tiempos, en que tanto se invoca la ley, la justicia, el derecho, y sobre todo la libertad, cuando se trata de un poder fuerte como la Rusia se la permite destrozar y devorar impunemente á la infeliz Polonia, sin oponer á sus actos mas que un sentimiento de horror, y cuando se trata de un poder que no cuenta fuerzas materiales para sostenerse, siquiera sea mas alto y respetable que todos los demás poderes del mundo, se le concedan ó nieguen permisos á gusto de los mas fuertes.»

El Pensamiento español resiriéndose al propio punto se expresa del modo siguiente:

«Es decir, que no se consentirá al Papa ni por Napoleon ni por Víctor Manuel que su ejército pase de cierto número fijo de plazas, ni que se componga de militares sospechosos á la causa de Italia. Excusamos decir que esta condicion, bajo cualquier punto de vista que se la mire, es inicua, irritante y depresiva de la Santa Sede. ¿Quién oyó jamás que á ningun soberano se le forzase á tener este ó aquel número de regimientos, y á nombrar por sus comandantes á los militares que pareciesen bien en los ojos de sus enemigos? ¿Con qué Víctor Manuel ha de tener un ejército numeroso, y
Revista católica (Barcelona) (1864-10-01 00:00:00), página 390

los mismos derechos y los mismos deberes que los demás ciudadanos en lo civil y político, por lo que están sujetos á las leyes civiles y penales, á las autoridades y á los tribunales comunes.

Art. XXXV. El Estado puede impedir ó modificar toda solemnidad religiosa del culto exterior, sea en lo que mira al tiempo, al lugar y al número.

Art. XXXVI. El Estado puede asimismo imponer á los prelados de las diversas iglesias obligaciones relativas á las solemnidades del culto exterior, siempre que el bien público lo exigiere.

Art. XXXVII. Las reuniones públicas y procesiones extraordinarias pueden ser impedidas por el Gobierno, al que deberá notificarse su celebración con una anticipación de tres días.

Art. XXXVIII. Quedan prohibidas las reuniones secretas con un objeto religioso.

Art. XXXIX. Mientras lo permita la seguridad pública se acuerda la inmunidad á todos los templos de las diversas iglesias ó sociedades religiosas.

Art. XL. Los establecimientos religiosos, cuyos individuos viven en comunidad en virtud de votos religiosos y solemnes, bajo una regla determinada y una dirección especial, deben recibir autorización del Estado. El consentimiento del Estado es indispensable para la creación, el establecimiento, la aprobación de las reglas y de las prescripciones de toda asociación de aquel género. El Estado puede suprimir todos los establecimientos religiosos que crea perjudiciales al bien público.

Art. XLI. La formación de comunidades particulares dentro de la iglesia no puede tener lugar sino previa autorización del Gobierno, el que no la concederá sino después de haberse cerciorado que los individuos que deben constituirlos poseen los medios de sostener los ministros de su culto, de erigir y conservar sus edificios, así como de practicar sus solemnidades.

Art. XLII. Todas las asociaciones dependientes de una iglesia ó sociedad religiosa quedan sometidas á las leyes generales sobre asociaciones.

Art. XLIII. La influencia de toda iglesia ó sociedad religiosa en las escuelas queda limitada á las doctrinas concernientes á la religión.
Revista católica (Barcelona) (1864-10-01 00:00:00), página 391

CAPITULO VIII.—De la alta vigilancia ó inspeccion del Estado en materias de instruccion y de educacion religiosa.

Art. XLIV. El Estado tiene el derecho de la alta inspeccion y vigilancia, y en su virtud puede dar las prescripciones que crea conducentes á que los ministros de la Religion cumplan sus atribuciones respecto á la educacion religiosa.

Art. XLV. No es legal la censura impuesta por una iglesia sobre libros determinados. Solo la ley de imprenta adoptada por el Estado debe tener pleno efecto relativamente á los escritos, aun los concernientes á religion.

Art. XLVI. La legislacion, en materia de matrimonios y esponsales, es atribucion exclusiva del Estado, en lo que se refiere á la validez y á los efectos civiles: el Estado ejerce su jurisdiccion acerca de esta materia por medio de los tribunales seglares. Para que un matrimonio sea válido civilmente, es necesario que los esposos hayan dado su consentimiento ante el ministro del culto ordinario de uno de ambos. Sin embargo, en el caso que el ministro rehusase recibir la declaracion por un motivo no razonado, según derecho civil, los esposos tendrán derecho á contraer válidamente el matrimonio ante la autoridad eclesiástica.

Art. XLVII. La legislacion actual sobre el matrimonio es válida.

Art. XLVIII. La jurisdiccion que hoy ejercen los tribunales matrimoniales eclesiásticos será transmitida á los tribunales ordinarios en el plazo que posteriormente será fijado.

Art. XLIX. Los municipios quedan encargados de disponer cementerios; el entierro de los difuntos será objeto de una legislacion especial del Estado. La iglesia ó sociedad á que el difunto perteneciera, no tiene otro cargo, otro deber ni otro derecho que practicar las ceremonias inherentes á la sepultura según su rito.

Art. L. Los registros del estado civil, partidas bautismales, matrimoniales y óbitos, serán llevados por ministros del culto ú otros oficiales instituidos por el Estado, según el reglamento que acuerde; los documentos serán expedidos en nombre y por orden del mismo Estado.

Art. LI. El Estado no impone ninguna traba particular á las iglesias y asociaciones religiosas en lo que concierne á la adquisicion y á la disposicion de sus bienes y propiedades.
Revista católica (Barcelona) (1864-10-01 00:00:00), página 392

Art. LII. La propiedad y los réditos de las asociaciones religiosas disfrutan de los mismos derechos y están afectos á las mismas cargas que las de los demás.

Art. LIII. Los fondos religiosos existentes en diversos Estados ó provincias deben ser entregados á las iglesias de las cuales proceden.

Art. LIV. Cuando una iglesia ú Orden religiosa no posea propiedad alguna, ni fundaciones pecuniarias, ni contribuciones fijas y voluntarias para hacer frente á las necesidades de su culto, deberán obtener autorización del Gobierno para poner en práctica los medios extraordinarios con que piensen cubrir sus gastos indispensables. Asimismo el Estado tiene el derecho de dar su asentimiento al arancel que establezcan los pastores de una iglesia cualquiera para el ejercicio de sus funciones ministeriales ó los demás actos provenientes de su autoridad. El cobro de las fundaciones religiosas legalmente establecidas deberá hacerse por medio de la autoridad segar, la que se informará préviamente si se han cumplido las prescripciones del contrato.

Art. LV. Los diezmos ó préstamos que acreditan aun los ministros de una iglesia, deberán ser abolidos, prévia indemnización, según las prescripciones de la ley sobre la redención de cargas. La indemnización no pagada de los diezmos ya abolidos será subsidiariamente pagada.

Art. LVI. En caso de necesidad todas las iglesias y sociedades religiosas tienen igual derecho á recibir un auxilio pecuniario para el mantenimiento de sus ministros, la erección y conservación de sus edificios, etc., auxilio que el Estado no acordará sino bajo condiciones determinadas.

Art. LVII. Las iglesias y sociedades religiosas no tienen otro derecho respecto á los bienes de sus prelados, después de su muerte, que los que les provengan del derecho civil y de las disposiciones legales de los mismos.

Art. LVIII. El poder público no puede negar la protección á los prelados y ministros de la Iglesia que la invoquen para el exacto cumplimiento de sus deberes, y para obtener el respeto de sus leyes, siempre que la reclamen dentro el legítimo círculo de sus atribuciones. Asimismo los miembros y ministros inferiores de una religión pueden invocar el poder público contra sus prelados, siempre que estos, abusando de su posición, perturbaran el orden en su respectiva iglesia establecido.
Revista católica (Barcelona) (1864-10-01 00:00:00), página 393

Título II.—Relaciones de los fieles entre sí.

Art. LIX. El poder y las atribuciones de los prelados de una iglesia ó sociedad religiosa sobre sus miembros, y los deberes de estos respecto á aquellos, son reglamentados por cada iglesia particular. Sin embargo deberán atenderse las restricciones consignadas en los siguientes artículos:

Art. LX. Ningún fiel puede ser obligado por el prelado de su iglesia á observar las fiestas ó días de descanso en ella acostumbrados ó establecidos. Esto no obstante no le es permitido perturbar con su conducta el servicio divino, ni faltar al respeto que toda iglesia ó sociedad religiosa puede exigir de cualquiera en el pacífico curso de sus costumbres.

Art. LXI. La jurisdicción de todo prelado se limita á las cosas puramente religiosas, á saber, á los asuntos de fe y de conciencia, al cumplimiento de los deberes religiosos de la parroquia ó sociedad, según la doctrina y organización de la misma.

Art. LXII. El poder penal de los prelados y ministros de una iglesia se limita á imponer penas puramente espirituales, como la privación de los beneficios religiosos y de los derechos competentes á los miembros de la sociedad, incluso el de su exclusión de la misma.

Art. LXIII. Solo en el caso en que una iglesia ó sociedad religiosa carezca de medios propios de sostenimiento, puede imponer á sus fieles contribuciones destinadas á este objeto. Los fieles no están obligados á pagar ningún impuesto que no haya sido autorizado de antemano por el Estado según el artículo LIV. Lo mismo se prescribe respecto á los honorarios de los ministros del culto.

Título III.—Relaciones de los miembros de una sociedad religiosa con los de otras sociedades ó iglesias.

Art. LXIV. Las iglesias ó sociedades religiosas existentes en el Estado débense respeto mutuo. El Estado promete su protección á toda iglesia que para obtenerlo de otra la invoque, aunque queda establecido que ninguna sociedad tiene derecho de hacerse justicia por sí misma.

Art. LXV. Toda iglesia ó sociedad religiosa tiene derecho á exigir que los demás la dejen en el tranquilo cumplimiento de sus estatutos conforme al artículo XXIV.

Art. LXVI. Los individuos de una iglesia no pueden ser
Revista católica (Barcelona) (1864-10-01 00:00:00), página 394

obligados á tomar parte en el culto de otra. Nadie está obligado á guardar los días festivos por otra iglesia establecidos; cada cual es libre de atender sus trabajos y sus negocios todos los días del año, según el espíritu del artículo LX.

Art. LXVII. Los individuos de una iglesia ó sociedad religiosa no pueden ser obligados á contribuir á los gastos de otro culto, ni á los de establecimientos de instrucción y beneficencia de otro procedentes.

Art. LXVIII. Cada cual es siempre libre de pasar de una sociedad religiosa á otra, previa la competente declaración de su propósito ante el prelado de la Iglesia que deja y ante el de aquella que de nuevo abraza.

Art. LXIX. Ninguna sociedad puede coartar por astucia ni violentar por fuerza ó hacer que en ella ingresen los individuos de otra sociedad.

Art. LXX. El cambio de religión concluye con todos los derechos que la sociedad religiosa tenía sobre el miembro saliente y vice versa.

Art. LXXI. Quedan derogadas las leyes anteriores contrarias á los principios y prescripciones de la presente, cualquiera que sea la base en que se apoyen y la forma de que fueren revestidas.

Hé ahí el proyecto de sustitución al Concordato, leído en las Cámaras de Viena á últimos de 1861. La mayoría de la comisión lo aprobó, y solo protestaron á secas cuatro de sus miembros; el obispo de Budweis, el de Cavata, el abate Melk y el conde Belcredi. Es verdad que no llegó á ser ley; pero no lo es menos que encontró atmósfera favorable ya creada y que su lectura excitó muchas mas simpatías de las que eran de desear.

El obispo de Maguncia, á quien el cielo ha concedido uno de aquellos talentos que forman la gloria del Episcopado aleman, previó ya de antemano esta explosión del encono que muchos espíritus, á los que el sentimiento moral opri me, profesan contra toda iglesia que se llame celadora de la justicia. Conocedor entendido de los elementos que constituyen la atmósfera político-moral de la Alemania y de la posición que la Iglesia católica ocupa entre sus instituciones, escribía en 1861, entre otras cosas dirigidas á rectificar el espíritu y las tendencias de las Cámaras austríacas, las líneas que van á leerse, pero que jamás podrán suficientemente meditarse: «En medio de las injusticias que hoy vienen co metiéndose sin traba de ningún género, conviene estudiar