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4.º En los que incitan á la desobediencia de las leyes y de las autoridades, ó con amenazas y dicterios tratan de coartar la libertad de estas últimas.

5.º En los que tienden á relajar la fidelidad ó disciplina de la fuerza armada de algun modo que no esté previsto en las leyes militares.

Art. 30. Se cometen tambien:
1.º En todo escrito que hace la apología de acciones calificadas de criminales por las leyes.
2.º En el que excita de cualquiera manera á cometerlas.
3.º En el que trata de hacer ilusorias las penas con que las leyes las castigan, anunciando ó promoviendo suscripciones para satisfacer las multas, costas y resarcimientos impuestos por sentencia judicial.
4.º En el que propaga doctrinas contra la organización de la familia ó contra el derecho de propiedad, excitando de cualquiera manera en este sentido.
5.º En el que con amenazas ó dicterios trata de coartar la libertad de los jueces y funcionarios públicos encargados de perseguir y castigar los delitos.
6.º En el que ataca, ofende ó ridiculiza á clases de la sociedad ó á corporaciones reconocidas por las leyes.

Art. 31. Comete delito de imprenta el que publica escritos que ofendan la decencia y buenas costumbres.

Art. 32. Le comete asimismo:
1.º El que supone malas intenciones en los actos oficiales.
2.º El que sin autorización prévia publica conversaciones ó correspondencia con personas y cuerpos que ejerzan cargo, empleo ó funciones públicas.

Art. 33. Los delitos á que se refieren los artículos 29 y 30 serán castigados con la multa de diez mil á cincuenta mil reales.

Art. 34. Los delitos de que trata el artículo 31 serán castigados con la multa de cinco mil á veinte y cinco mil reales.

Art. 35. Los delitos comprendidos en el artículo 32 serán castigados con la multa de cuatro mil á veinte mil reales.

Art. 36. Con las mismas penas serán castigados los delitos de que trata este artículo, aunque se cometan en impresos que no sean periódicos y hayan de perseguirse ante los tri-
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bunales y por los trámites ordinarios, según lo prevenido en el artículo 28 de esta ley.

TÍTULO V.

Del juez especial y del jurado de imprenta.

Art. 37. Habrá en Madrid un juez de imprenta de igual clase y categoría que los de primera instancia de la corte, y será reemplazado en los casos de enfermedad, ausencia ó vacante por el decano de los mismos.

Art. 38. En las provincias serán jueces de imprenta los ordinarios de primera instancia, y donde hubiere mas de uno el mas antiguo.

Art. 39. Habrá además un cuerpo de jurados que no pasará de mil individuos en Madrid, de quinientos en las capitales de primera clase, y de doscientos en las demás.

Art. 40. Serán jurados en Madrid los quinientos mayores contribuyentes por contribución territorial; los doscientos mayores contribuyentes por la de subsidio industrial y de comercio; los que paguen una cuota igual á la última territorial y de subsidio comprendidas en los casos anteriores; los diez individuos mas antiguos de cada una de las cinco Reales academias, y los cincuenta abogados mas antiguos entre los que paguen mayores cuotas en el colegio.

Serán jurados en las capitales de primera clase los trescientos mayores contribuyentes por contribución territorial; los cien mayores por la de subsidio, y los que paguen una cuota igual á la última comprendida en los casos anteriores, y los treinta abogados mas antiguos del colegio.

Serán jurados en las demás capitales de provincia y ciudades de España los cien mayores contribuyentes por contribución territorial; los cuarenta por la de subsidio industrial y de comercio, y los abogados mas antiguos hasta completar el número de veinte.

Se requiere además para formar parte del cuerpo de jurados tener veinte y cinco años cumplidos y vecindad en el distrito municipal.

No podrán ser jurados en ningun caso los empleados públicos.

Art. 41. En el dia, hora y local préviamente señalados por el juez de imprenta procederá este funcionario, acompañado de dos concejales elegidos por el Ayuntamiento y del
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escribano de la causa, al sorteo de los jueces de hecho que en cada caso han de constituir el jurado de imprenta, para lo cual extraerá sesenta papeletas de la urna en que tenga lugar el sorteo. Terminado este podrá recusar en el acto, y sin necesidad de alegar causa alguna, veinte individuos el denunciado y otros tantos el fiscal ó quien le represente en debida forma.

Art. 42. El jurado de imprenta se compondrá de doce jueces de hecho, que serán los jurados que tengan números mas bajos, presididos por el juez de imprenta. Serán jueces suplentes los ocho que sigan en número á los doce primeros, y así estos como los anteriores deberán estar presentes en el local en que haya de reunirse el jurado antes de la hora señalada para la vista.

Art. 43. Los jueces de imprenta podrán imponer multas desde quinientos á dos mil reales á los jurados que dejen de asistir ó no asistan á la hora señalada sin justa causa.

Art. 44. Un reglamento determinará las reglas con sujecion á las cuales han de formarse y rectificarse las listas de jurados y todas las demás que hayan de observarse en el sorteo de los jueces de hecho y la constitucion definitiva del tribunal. Lo mismo sobre la formacion de este reglamento que sobre las alteraciones que la experiencia aconseje hacer en él en lo sucesivo, el Gobierno oirá al Consejo de Estado en pleno.

Art. 45. Los incidentes sobre competencia ú otros de sustanciacion que se susciten en la aplicacion de esta ley, se propondrán por las partes ante los jueces respectivos en la forma ordinaria, y se decidirán con arreglo á las leyes comunes.

TÍTULO VI.

Del fiscal de imprenta.

Art. 46. En Madrid habrá un fiscal de imprenta nombrado por el ministerio de la Gobernacion. El nombramiento deberá recaer en un letrado.

Art. 47. El fiscal de imprenta gozará del mismo sueldo y categoría que los magistrados de Audiencia de fuera de la corte, sin perjuicio de los derechos adquiridos por los que á la publicacion de esta ley hayan desempeñado ó desempeñen dicho cargo.
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Art. 48. En las capitales de provincia y demás ciudades de España será fiscal de imprenta el promotor fiscal del juzgado, y donde hubiere mas de uno, el que designe el Gobierno. Como fiscal de imprenta, el promotor dependerá del ministerio de la Gobernación, se entenderá con el gobernador ó subgobernador, donde los hubiere, ó con la autoridad local, y ejercerá en su caso las funciones que por esta ley se asignan al fiscal especial del ramo.

Art. 49. El Gobierno, en las capitales de provincia donde fuere necesario, podrá nombrar un fiscal especial de imprenta.

Art. 50. El fiscal de imprenta es parte legítima para ejercitar todas las acciones por delitos especiales de imprenta.

Art. 51. Las funciones gubernativas del fiscal de imprenta se determinarán por el Gobierno, según las circunstancias locales y las necesidades del servicio.

TÍTULO VII.

Del enjuiciamiento.

Art. 52. No hay fuero alguno privilegiado en las causas por delitos de imprenta; pero los militares que delincan por medio de esta quedan sujetos á la ordenanza del ejército. Asimismo serán juzgados por los tribunales que establece la ordenanza, pero con sujeción á la penalidad establecida en esta ley, los escritos que tiendan á relajar la fidelidad ó disciplina de la fuerza armada de algun modo que no esté previsto en las leyes militares.

Art. 53. La accion para perseguir ante los tribunales lo mismo los delitos comunes que los especiales de imprenta, prescribe para los impresos que no pasen de diez pliegos del tamaño del papel sellado por el término de treinta días, y de noventa para los que pasen.

Art. 54. La reimpresion de un escrito abusivo sujeta al responsable de ella á la propia causa que se siguiere contra el delincuente primordial; pero debiendo hacerse en esta tantas calificaciones y declaraciones como sean los procesados.

Art. 55. Cuando el fiscal de imprenta encuentre al examinar los periódicos algun artículo ó frase en que se haya cometido, á su juicio, cualquiera de los delitos especiales
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estuvo en el derecho de concordar, nadie lo disputa; que abolido el Concordato tenía el deber de protestar, no es menos evidente. Léase el modo imparcial como la Nueva Gaceta de Prusia, periódico protestante, juzgaba los actos de ambas potestades:

«Se nos asegura que la Santa Silla ha dirigido al Gobierno badés una protesta en regla contra los proyectos de ley adoptados. El Papa niega al Gobierno badés el derecho de abolir motu proprio el Concordato solemnemente celebrado. Semejante ilegalidad contiene en germen nuevos conflictos entre el Estado y la Iglesia. No cabe duda que el Arzobispo de Friburgo y su clero se conformaron á todos los puntos de vista desarrollados en la protesta de Roma. El procedimiento del Gobierno debe ser reprobado sin restricción. No queremos entrar en los detalles del Concordato; quizá sería conveniente modificar alguno de sus artículos, mas esto no afecta al derecho. Los ministros han deshecho groseramente, á puñetazos (sic), un tratado solemne. Lo han arrojado lejos de su presencia como un objeto de ningún valor. Esta conducta es tan injusta como impolítica. Como se ve, la experiencia no ha vuelto prudentes á los Sres. Stabel y Lamey. Tememos que no alcancen á colocarse á la altura de las dificultades que han hecho surgir.»

No puede pedirse más imparcialidad y sensatez de un periódico protestante. Hay conductas que ningún hombre de criterio aprueba; hay votos que no salen sino de Cámaras influídas como las que derribaron el Concordato de Baden.

La actitud decidida del Pontífice, del Episcopado y del Clero causó una grave inquietud al Gobierno, que sabe cuán arraigada está la fe católica en la gran mayoría de los bade-ses; tratóse de transigir entablando una negociación con el Arzobispo de Friburgo, debidamente autorizado por la Santa Sede. Durante las estipulaciones aquel santo Prelado dió pruebas de poseer un espíritu de conciliación y caridad heroico, gracias al que el conflicto, si no fue evitado, consiguió aplazarse, pues no cabe duda que la debilidad del Gobierno dió un triunfo moral á la revolución.

Nos vemos obligados á aplazar para otro número la reseña de lo acontecido con los respectivos Concordatos del reino de Wurtemberg y del electorado de Hesse.

(Se continuará).

EDUARDO MARÍA VILARRASA.
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de imprenta previstos y penados en esta ley, procederá á extender su denuncia, y la entregará al juez de imprenta.

Si encontrase algun artículo ó frase en que juzgue que puede haberse cometido alguno de los delitos de que tratan los números 1.º, 2.º, 3.º y 5.º del artículo 24 de esta ley, dará aviso sin demora al juez de imprenta, remitiéndole el ejemplar de que trata el artículo 3.º de la misma ley con el artículo ó frase que hayan llamado su atencion subrayados. El juez acusará al fiscal el recibo del periódico, y procederá ó no de oficio según estime.

Art. 56. Si estimase el juez que ha lugar á proceder de oficio antes ó despues de recibir el aviso del fiscal de que habla el artículo anterior, dictará inmediatamente la providencia oportuna, pasando á la imprenta á ejecutar en persona el secuestro de los ejemplares, sin perjuicio de tomar cuantas medidas crea útiles para la aprehension de los que se estuvieran repartiendo ó ya se hubiesen repartido, y de proveer todo lo demás á que haya lugar en derecho.

Puede tambien decretarse el secuestro á instancia de parte cuando esta haya presentado querella por injuria ó calumnia, y lo solicite ante el juez ó tribunal competente, según lo dispuesto en esta ley, afianzando en la cantidad que aquel designe las results del secuestro.

En ningun caso, sin embargo, podrá tener lugar el secuestro, sin que el periódico haya tenido principio de publicidad por medio de su expedicion.

Art. 57. Si constase que al tiempo de verificarse el secuestro no se habian repartido mas de tres ejemplares del periódico, ó no se habia puesto en venta ni dejado en ningun local ó establecimiento público, podrá sobreseer en la causa el juez de imprenta á instancia del editor responsable.

Practicado el secuestro y las primeras diligencias de instruccion, si el delito no es de los comprendidos en el título 4.º, pasará el juez de imprenta los autos al de primera instancia á quien corresponda ó al tribunal competente en los casos á que se refiere el artículo 52 de esta ley.

Art. 58. Los jueces de imprenta que procedieren con manifiesta injusticia al acordar el procedimiento de oficio y el secuestro consiguiente, y los que por malicia ó negligencia dejaren de proceder, incurrirán en la responsabilidad y en las penas de que trata el artículo 272 del Código penal.

Art. 59. Cuando se trate de delitos cometidos en impresos que no sean periódicos y no comprendidos por lo tanto
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en el título 4.º, se procederá por el juez ó tribunal competente á averiguar la persona responsable con arreglo al artículo 2.º de esta ley.

Art. 60. Para la averiguacion de que trata el artículo anterior, se requerirá al impresor para que ponga de manifiesto el original manuscrito que ha de servirle de resguardo, y declare quiénes son su autor ó traductor y su editor.

La persona responsable del impreso reconocerá su firma ó confesará el hecho que constituya su responsabilidad, procediéndose en caso contrario con arreglo á las leyes comunes.

Art. 61. La denuncia de todo periódico, con arreglo á lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 53 de esta ley, contendrá las circunstancias siguientes:

1.ª La clase, nombre y distintivo especial del periódico denunciado.

2.ª La naturaleza del delito, citando el artículo, párrafo ó frases del periódico que la constituyen, y el artículo de la ley en que se halle comprendido.

3.ª La pena á que le considere acreedor con arreglo á la ley, citando igualmente el artículo de la misma aplicable al caso.

La denuncia se admitirá en el término de veinte y cuatro horas, y una vez admitida procederá el juez de imprenta al secuestro del periódico y á practicar las diligencias del sumario.

Art. 62. Constituido el jurado en la forma establecida en los artículos 41 y 42 de esta ley para fallar sobre la denuncia, se procederá á la vista del proceso, que será siempre pública, á menos que aquel decida, á petición de algunas partes, que se verifique á puerta cerrada por convenir así á la moral y á la decencia.

Art. 63. En la vista se procederá del modo siguiente: el escribano hará relación de las actuaciones, leyendo á la letra la denuncia, el escrito denunciado, los artículos de esta ley que fijan la calidad de la denuncia, y todo aquello que las partes exijan que se refiera á la letra. Acabada la relación y el examen y recusación de los testigos en su caso, el juez presidente y cualquiera de los jurados, ó bien las partes ó sus defensores, podrán hacer por conducto del presidente las preguntas que juzguen oportunas. Acto continuo hablará el fiscal ó la persona que haga sus veces, y contestará el denunciado ó su defensor, sea ó no letrado, permitiéndole á
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cada uno hacer despues las aclaraciones ó rectificaciones de hechos que juzguen necesarias. El presidente resumirá los debates cuando lo estime opportuno, y pondrá fin al acto pronunciando la palabra Visto y mandando despejar.

Art. 64. El jurado en seguida, ó á lo mas en el dia inmediato, si así lo acordare ó lo dispusiere el presidente, pronunciará su fallo con arreglo á esta ley de culpable ó no culpable, declarando en el primer caso la pena que debe imponerse al acusado.

Art. 65. Bastará la mayoría absoluta de votos para producir sentencia.

El juez presidente votará solo en caso de empate.

Art. 66. El fallo se extenderá por el juez presidente; se firmará por todos, y se autorizará por el escribano que hubiese asistido al juicio. Este funcionario será el mismo que haya actuado en la denuncia, y en caso de imposibilidad el que al efecto nombre el presidente.

Art. 67. Inmediatamente quedará disuelto el jurado, y el juez presidente se encargará de ejecutar la sentencia.

Art. 68. Para la impresion y publicacion de las causas seguidas contra delitos de los comprendidos en esta ley, se necesitará licencia del juez especial de imprenta ó del ordinario, según los casos. Siempre que se impriman ó publiquen los escritos de defensa é informes, se publicarán también unidas á ellos las acusaciones fiscales.

Los documentos que consten en autos se expedirán á la letra por el escribano á quien corresponda, en virtud de mandamiento compulsorio y á costa del interesado; los que no consten ó hayan sido tomados por notas taquigráficas en el acto de la vista, se someterán á la aprobacion judicial.

Art. 69. Contra las sentencias del jurado no se dará apelacion ni otro recurso que el de nulidad por infraccion de ley en la sustanciacion del proceso ó en la imposicion de la pena.

Art. 70. Este recurso se ha de interponer ante el juez presidente en el término de cinco dias y para el tribunal Supremo de justicia, acreditando haber depositado en la Caja general de Depósitos ó en sus sucursales la cantidad de seis mil reales; y si fuese menor la multa impuesta, otro tanto de ella.

Art. 71. Interpuesto el recurso en tiempo y forma, el juez remitirá los autos al tribunal Supremo con citacion y emplazamiento de las partes.
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Art. 72. El tribunal mandará comunicar los autos para instrucción por el término de tres días al defensor del recurrente y al fiscal.

Art. 73. Verificada la vista, se fallará con auto motivado sobre la procedencia ó no procedencia del recurso.

Art. 74. En los autos que pasen por recurso de casación al tribunal Supremo de justicia, entenderá la sección á que corresponda de la sala primera del mismo.

Art. 75. Cuando se declare la casación por violación de las formas, se devolverán los autos al juez de imprenta para que subsane los defectos, y se procederá á nueva vista por el jurado ante el cual se verificó la primera.

Art. 76. Cuando la sección correspondiente de la sala primera declare la casación por violación de la ley en la aplicación de la pena, pasará los autos para que decida en el fondo á la sala segunda del mismo tribunal, concurriendo de la primera los ministros precisos hasta completar el número de nueve que no hayan entendido en la causa.

Art. 77. Ninguna de las salas en sus casos respectivos decidirá los recursos que á ella pasen sin oír préviamente al fiscal.

Art. 78. La declaración que desestime la casación pedida por el denunciado lleva consigo la imposición de costas y la pérdida del depósito hecho para intentar el recurso.

Art. 79. Las multas y las costas del proceso se tomarán del depósito.

A este efecto el gobernador oficiará al director de la Caja de depósitos ó á sus comisionados, si fuere en provincias; percibirá el importe de la multa, anotándolo en el recibo, y poniéndolo acto continuo en conocimiento del editor.

Art. 80. Si á los tres días de cobrada la multa no se hubiere completado el depósito, se suspenderá el periódico hasta que se verifique.

Se suspenderá también cuando el editor fuere condenado por sentencia firme hasta que se habilite otro nuevo.

Art. 81. Siempre que un periódico sea condenado ó multado, se inutilizarán los ejemplares que á ello hubieren dado motivo.

Se devolverán al editor los ejemplares del periódico que hubiere sido absuelto por el jurado.

Art. 82. En todo lo que no esté previsto en esta ley respecto del procedimiento, se observará lo prevenido para los juicios ordinarios.
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TÍTULO VIII.

De las litografías, grabados y carteles.

Art. 83. Ningún dibujo, grabado, litografía, estampa, medalla ó emblema, de cualquiera clase y especie que sea, podrá publicarse, venderse ni exponerse al público sin la prévia autorización del gobernador de la provincia.
Lo mismo sucederá respecto á las viñetas que se hayan de estampar en el cuerpo de un periódico ó de otro impreso cualquiera.

Art. 84. Ningún cartel manuscrito, impreso, litografiado ó bajo cualquiera otra forma que fuere, podrá fijarse en los parajes públicos sin previo permiso del gobernador de la provincia, del subgobernador ó de la autoridad local donde no residan aquellas.

Art. 85. Los escritos, grabados y litografías quedan sujetos á las disposiciones establecidas en esta ley para los impresos.

TÍTULO IX.

De las faltas y la intervencion de la autoridad gubernativa.

Art. 86. La reimpresion de un artículo ó impreso denunciado, no habiendo recaído sentencia absolutoria, será castigada con la multa de mil á cuatro mil reales, sin perjuicio de lo que se prescribe en el artículo 54 de esta ley.

Art. 87. La reimpresion de un artículo condenado sujeta al responsable de ella, sin nuevo juicio ni calificacion, á la multa que por aquel se hubiese impuesto.

Art. 88. La ocultacion maliciosa de impresos condenados será castigada con una multa de mil á cuatro mil reales.

Art. 89. El impresor que no pusiere su nombre y apellido, residencia y año en algún impreso, será multado por cada vez con doscientos á mil reales.

Art. 90. La empresa de todo periódico político ó religioso que comenzare á publicarse sin editor debidamente autorizado, ó que siguiere publicándose después de dictarse contra su editor debidamente sentencia firme condenatoria, ó teniendo incompleto el depósito, será castigada con la multa
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de quinientos á dos mil reales, sin perjuicio de las penas á que pudiere haber lugar por delitos de otras clases.

Art. 91. El impresor que imprimiere un periódico sin editor ó sin poner al pié el nombre y apellido de este, incurrirá en la multa de doscientos á mil reales. En igual multa incurrirá el editor del periódico en que se publique un artículo sin firma.

Art. 92. El editor de un periódico que deje de cumplir con cualquiera de las prevenciones establecidas en los artículos 20, 21 y 22 sufrirá una multa de mil á cuatro mil reales, según la gravedad del caso.

Art. 93. El editor ó impresor que infrinja el artículo 3.º será castigado con una multa de quinientos á dos mil reales.

Art. 94. El que imprima y publique los discursos que se pronuncian en la vista de las causas sobre imprenta en otra forma que en la prevenida por el artículo 68 de esta ley, sufrirá la multa de mil á cuatro mil reales, sin perjuicio de las acciones á que hubiere lugar y del secuestro.

Art. 95. Se prohibe abrir suscripciones públicas para pagar las multas impuestas por el jurado. El que lo hiciere será multado por el gobernador en la cantidad de mil reales, sin perjuicio de las demás acciones que procedan.

Art. 96. Los que contravengan á lo dispuesto en el artículo 83 pagarán una multa de quinientos á dos mil reales, y la pérdida de los objetos que causaren esta determinacion.

Art. 97. La fijacion de todo cartel sin el permiso competente se castigará con la multa de doscientos á mil reales, sin perjuicio de las acciones á que hubiere lugar según los casos.

Art. 98. Las obras comprendidas en el artículo 6.º se embargarán ó detendrán, y los responsables sufrirán además una multa de mil á cuatro mil reales, sin perjuicio de las demás penas á que hubiere lugar por el contenido de las mismas obras ó escritos.

El interesado podrá acudir al Ministro de la Gobernacion, el cual decidirá despues de oír al Consejo de Estado.

Art. 99. Las multas de que hablan los artículos anteriores de este título serán impuestas por el gobernador ó subgobernador, y donde estos no residan por la autoridad local.

Art. 100. El gobernador ó el subgobernador, y donde no residan la autoridad local, podrán imponer multas que no excedan de mil reales: