Revista católica (Barcelona) (1864-10-01 00:00:00), página 74

que préviamente juren obedecer la Constitución, leyes y autoridades de la nación y de los Estados, para poder ejercer el ministerio. Este precepto, que á primera vista deja conocer la injusticia y la desigualdad que envuelve, no ha podido ser cumplido por dichos ministros, en razón á que él tiende á subordinar el ejercicio del ministerio sagrado al poder temporal, á quien bajo ningún pretexto le es lícito intervenir en asuntos espirituales.

La ley citada en su artículo 6.º, que por su redacción y su sentido se ha prestado á ser aplicado de diferentes maneras, y que en su letra exige el permiso para poder ejercer las funciones del ministerio que se rocen con los intereses sociales, además de ser atentatorio contra la absoluta libertad de cultos, garantizada á los colombianos, somete á la Iglesia y á sus ministros á una sujeción que les priva de la libertad que le fue otorgada desde su origen. ¿Y creéis vosotros, obrando con sinceridad y fe republicana, que puede aceptarse por la Esposa de Jesús cristiano la humillante condición de tener que postrarse, y maniatada solicitar á cada instante de la primera autoridad política del lugar, que se le suelten las ligaduras para cumplir su augusta misión? Además, en presencia de esta disposición, ¿no queda por tierra ese cánón constitucional que garantiza á los colombianos la profesión pública ó privada de sus creencias? Sí, ciudadanos Senadores y Representantes; desde el momento que para ejercerse una función se subordina esta á una condición previa, sin la cual no puede ejercerse, desde ese momento no hay libertad para ella.

La extinción de las comunidades religiosas es otro de los ataques dados al sistema republicano y á la libertad que tienen todos los colombianos de asociarse y adoptar el género de vida que les plazca.

La Iglesia católica tenía y tiene la capacidad jurídica bastante para adquirir, poseer y administrar sus bienes y rentas; y considerada como cualquier otra asociación, es imprescindible dejar de reconocerle este mismo derecho, reconocido igualmente por la legislación de todas las naciones, y especialmente por la de la Nueva-Granada, hasta el día en que se decretó la desamortización de sus bienes. Si la propiedad individual debe ser amparada, protegida y sostenida por los Gobiernos civilizados, lo debe ser mucho más la colectiva; así sucede realmente donde quiera que se anhele el progreso, que de ninguna manera se consigue si se desconoce tan imprescriptible derecho. Este mismo derecho de propiedad ha sido negado con la ley de desamortización, no solo en lo colectivo, sino también en lo individual; puesto que habiéndose prohibido que la sociedad católica pueda adquirir, es evidente que á los colombianos, sin embargo de que les está garantida su propiedad, no les es permitido cederle todo ó parte de esa misma propiedad.

Nada, ciudadanos Senadores y Representantes, nada diré acerca del agravio inferido á una parte de los colombianos privándolos de los derechos de elegir y poder ser elegidos para los puestos públicos. La Constitución y la índole de nuestro sistema lo demuestran claramente; y ese agravio es una pena inmotivada. En documentos auténticos aparecen los importantes servicios que el clero ha prestado en épocas solemnnes para la patria. A los republicanos toca decidir del hecho, y especialmente á vosotros hacer la debida justicia.

Y no son estas apreciaciones aisladas, ellas no son exclusivamente mías, son de todos los colombianos, porque, como antes lo he dicho, Colombia casi en su totalidad es católica. De todas partes se os habrán dirigido demostraciones de este mismo género. De todas partes oiréis