ferjorosa/bne-hemeroteca-ocr-xix huggingface dataset:
Revista católica (Barcelona) (1864-07-01 00:00:00), página 156

los 24 y 25 de la ley vigente, serán castigados por los tribunales y trámites ordinarios con las penas siguientes: con la de arresto mayor los comprendidos en el párrafo primero del artículo 24, y con la de prisión correccional los del párrafo segundo del mismo artículo. En uno y otro caso con la multa de 100 á 500 duros. Los definidos en el artículo 25 de la citada ley, con la de prisión menor, tratándose de los que comprende el párrafo primero, si el ataque, ofensa ó intento de deprimir fuere grave; y si fuese leve, con la de prisión correccional. Si se tratase de los definidos en el caso segundo de dicho artículo 25, con las penas inferiores en un grado á las que señala el párrafo que antecede.

Art. 5.º El título 5.º de la ley de imprenta vigente se redactará de nuevo, excepto el artículo 47 que tomará el número 37 de la ley reformada. Los demás artículos se redactarán como sigue:

«Art. 38. Habrá en Madrid un juez de imprenta.

«Art. 39. En las provincias serán jueces de imprenta los «ordinarios de primera instancia, y donde hubiese mas de «uno el mas antiguo.

«Art. 40. Habrá además un cuerpo de jurados que no «pasará de mil individuos en Madrid, de quinientos en las «capitales de primera clase, y de doscientos en las demás.

«Art. 41. Este jurado se compondrá de los quinientos «mayores contribuyentes por contribución territorial, los dos- «cientos mayores contribuyentes por la de subsidio industrial y «de comercio; los que paguen una cuota igual á la última ter- «ritorial y de subsidio comprendida en los casos anteriores; «los diez individuos mas antiguos de cada una de las cinco «Reales academias, y los cincuenta abogados mas antiguos «entre los que paguen mayores cuotas en el colegio. No po- «drán ser jurados en ningun caso los empleados públicos. «Serán jurados en las capitales de primera clase los trescien- «tos mayores contribuyentes por contribución territorial; «los cien mayores por la de subsidio y los que paguen una «cuota igual á la última comprendida en los casos anterio- «res, y los treinta abogados mas antiguos del colegio. Serán «jurados en las demás capitales de provincia y ciudades de «España los cien mayores contribuyentes por contribución «territorial; los cuarenta por la de subsidio industrial y de «comercio, y los abogados mas antiguos hasta completar el «número de veinte. Se requiere además para formar parte «del cuerpo de jurados tener veinte y cinco años cumplidos
Revista católica (Barcelona) (1864-07-01 00:00:00), página 157

y vecindad en el distrito municipal á que pertenece la capital respectiva.

«Art. 42. En el dia, hora y local préviamente señalados por el juez de imprenta procederá este funcionario, acompañado de dos concejales elegidos por el Ayuntamiento y del escribano de la causa, al sorteo de los jueces que en cada caso han de constituir el tribunal especial de imprenta, para lo cual extraerá sesenta papeletas de la urna en que tenga lugar el sorteo. Terminado este, podrá recusar en el acto y sin necesidad de alegar causa alguna veinte individuos el denunciado, y otros tantos el fiscal ó quien le represente en debida forma.

«Art. 43. El tribunal especial de imprenta se compondrá de doce jueces de hecho, que serán los jurados que tengan números mas bajos, presididos por el juez de imprenta. Serán jueces suplentes los ocho que sigan en número á los jurados; y así estos como los anteriores deberán estar presentes en el local en que haya el tribunal de reunirse antes de la hora señalada para la vista.

«Art. 44. Los jueces de imprenta podrán imponer multas desde quinientos á dos mil reales á los jurados que den de asistir ó no asistan á la hora señalada sin justa causa.

«Art. 45. Bastará la mayoría absoluta de votos para pro-ducir sentencia. El juez presidente votará solo en caso de empate.

«Art. 46. Un reglamento determinará las reglas con sujecion á las cuales han de formarse y rectificarse las listas de jurados y todas las demás que hayan de observarse en el sorteo de los jueces de hecho y la constitucion definitiva de los tribunales especiales de imprenta. Lo mismo sobre la formacion de este reglamento que sobre las alteraciones que la experiencia aconseje hacer en él en lo sucesivo, oirá al Consejo de Estado en pleno el Gobierno.

«Art. 47. Los incidentes sobre competencia que se susciten en la aplicacion de esta ley se propondrán por las partes ante los jueces de primera instancia en la forma ordinaria, y se sustanciarán con arreglo á las leyes comunes.»

Art. 6.º El artículo 49 de la ley que rige se redactará como sigue:

«El fiscal de imprenta gozará del mismo sueldo, honores y prerrogativas que los magistrados de Audiencia de fuera de la corte, sin perjuicio de los derechos adquiridos por
Revista católica (Barcelona) (1864-07-01 00:00:00), página 158

«los que á la publicación de la presente ley hayan desempeñado ó desempeñen dicho cargo.»

Art. 7.º Las reglas de enjuiciamiento contenidas en el título 7.º de la ley vigente se aplicarán á los juicios y á los tribunales especiales de imprenta con arreglo á las prevenciones siguientes:
1.ª Se suprimirán los artículos 59, 60 y 64 del título antes citado.
2.ª En los artículos del mismo título, en que se trata de la presidencia del tribunal, se tendrá presente lo nuevamente dispuesto en esta ley acerca de aquel punto.
3.ª En el artículo 67, en lugar de consignarse que el fallo se extenderá por cualquiera de los jueces, se atribuirá esta obligación al juez presidente.
4.ª En el artículo 68 se determinará solo que el juez de primera instancia, presidente, quede encargado de ejecutar la sentencia.

Art. 8.º Al final del título 7.º se colocarán por orden sucesivo, y en los números que les corresponda, los tres siguientes artículos:
«1.º Cuando el fiscal especial de imprenta encuentre al examinar los periódicos algún artículo ó frase en que se haya cometido, á su juicio, cualquiera de los delitos especiales de imprenta previstos y penados en esta ley, procederá á extender su denuncia, y la entregará al juez de imprenta para que forme el sumario, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 56, 57 y 58 de la ley vigente, y con arreglo á ella constituya á la mayor brevedad posible el tribunal especial de imprenta. Si encontrase algún artículo ó frase en que juzgue que puede haberse cometido delito contra la Religion, el Rey y su Real familia, dará aviso sin demora al juez de imprenta, remitiéndole el ejemplo de que trata el artículo 3.º de la ley vigente con el artículo ó frases que hayan llamado su atención subrayadas. El juez acusará al fiscal el recibo del periódico, y procederá ó no de oficio según estime.
2.º Si estimase el juez que ha lugar á proceder de oficio, antes ó después de recibir el aviso del fiscal de imprenta de que habla el artículo precedente, dictará inmediatamente la providencia oportuna, pasando á ejecutar en persona el secuestro de los ejemplares á la imprenta, sin juicio de tomar además cuantas medidas crea útiles para la
Revista católica (Barcelona) (1864-07-01 00:00:00), página 159

«aprehension de los ejemplares que estuviesen repartiendo ó ya se hubiesen repartido, y de proveer todo lo demás á que haya lugar en derecho.

«Pero en ningun caso podrá tener lugar el secuestro sin que el periódico haya tenido principio de publicidad por medio de su expedicion. Puede tambien decretarse el secuestro á instancia de parte, cuando esta haya presentado querella por injuria ó calumnia y lo solicite ante el juez ó tribunal que, según la presente ley, deba conocer, asimanzando en la cantidad que este designe las resultas del secuestro.

«Si constase que al tiempo de verificarse el secuestro no se habian repartido mas de tres ejemplares del periódico, ó no se habia puesto en venta ni dejado en ningun local ó establecimiento público, podrá sobreseer en la causa el juez de imprenta á instancia del editor responsable. Practicado el secuestro y las primeras diligencias de instruccion, pasará el juez de imprenta los autos al de primera instancia á quien corresponda.

«3.º Los jueces de imprenta que procedieren con manifiesta injusticia al acordar el procedimiento de oficio y el secuestro consiguiente, y los que por malicia ó negligencia dejaren de proceder en este caso, incurrirán en la responsabilidad y en las penas de que trata el artículo 272 del Código penal.»

Art. 9.º Mientras pueda organizarse el jurado, se conservará para los delitos que han de ser de su conocimiento, con arreglo á lo prescrito en esta ley, el tribunal de jueces de primera instancia.

Art. 10. Se hará una impresion oficial de la ley de 13 de julio de 1837 con las reformas contenidas en la presente, quedando además autorizado el Gobierno para hacer en aquella todas las modificaciones de forma y redaccion en esta ley no previstas y que sean indispensables.

Por tanto mandamos á todos los tribunales, justicias, jefes, gobernadores y demás autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad, queguarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes.

Palacio á veinte y dos de junio de mil ochocientos sesenta y cuatro. — Yo la Reina. — El ministro de la Gobernacion, Antonio Cánovas del Castillo.
Revista católica (Barcelona) (1864-07-01 00:00:00), página 16

educados los niños, y el de la que trata de las penalidades impuestas á los abusos de los poderes cometidos por el clero.

Todas aquellas leyes llevan el sello de la exaltada oposición á la Iglesia católica, que ardía durante el período en que fueron formuladas.

Recomendable bajo todos conceptos es la conducta del clero badés en las diferentes fases de la trascendental cuestión. Al orientar las dificultades los ilustrados guías de aquel cuerpo sacerdotal encarecieron la necesidad de la unión.

«Permanezcamos unidos como los hijos de una misma familia, decía el abate J. Mory en el Diario eclesiástico de Friburgo, agrupémonos junto á nuestro venerable pastor, el arzobispo Hermann, y por medio de él á los pies del Jefe espiritual de la Iglesia, y seremos fuertes por el número, fuertísimos por el derecho y la santidad de nuestra causa, y el cielo nos acordará la gracia de escuchar nuestros mas ardientes votos.

«Nada aprecia Dios tanto como la libertad de su Iglesia.»

Apenas fue conocida del Episcopado la índole y forma de los proyectos del ministro Stabel, que aquel digno Arzobispo circuló una protesta meditada y razonada contra la abolición del Concordato y los proyectos de su sustitución. En treinta y cuatro páginas en 4.º el sabio Metropolitano hizo la defensa mas contundente de los derechos de la Iglesia y de las inca- lificables vejaciones de que era víctima. Los demás miembros adhirieron á la memoria del Arzobispo, insistiendo en que los proyectos de ley sometidos por el Gobierno á las Cámaras eran por su naturaleza perjudiciales al derecho histórico de la Iglesia; que no acordaban la libertad e independencia prometidas á la Iglesia por el gran duque en su manifiesto del 7 de abril, y que sus disposiciones penales herían la dignidad del clero católico.

Todo el clero católico de Baden-Baden se reunió el dia 23 de julio en Appenweier, para adoptar esta resolución: En vista del conflicto surgido entre las leyes del país y los deberes nacidos del juramento prestado al jefe legítimo de nuestra diócesis, el clero de Baden declara su decisión de permanecer fiel á los deberes de su juramento. Doscientos cincuenta eclesiásticos, número de los que asistían á aquella asamblea, adoptaron esta resolución, que firmaron todos los eclesiásticos que á ella no habían podido asistir, y que fue elevada simultáneamente al gran duque y al Arzobispo de Friburgo.

No faltó la correspondiente protesta de la Santa Sede contra los actos del Gabinete de Carlsruhe. Que Su Santidad
Revista católica (Barcelona) (1864-07-01 00:00:00), página 160

D.ª Isabel II, por la gracia de Dios y la Constitucion de la monarquía española reina de las Españas. A todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed: que en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 de la ley promulgada por Real decreto de 22 del actual reformando la de 13 de julio de 1857 sobre el ejercicio de la libertad de imprenta, y haciendo uso de la autorización que por el citado artículo se concede á mi Gobierno, he venido en resolver, de acuerdo con el parecer del Consejo de ministros, que se imprima y publique la siguiente

Ley de imprenta.

TÍTULO I.

De los impresos en general.

Artículo 1.º Todo impreso, de cualquiera clase y tamaño que sea, que se publique en el reino, deberá tener, para no ser considerado como clandestino, los requisitos siguientes:
  1.º Proceder de un establecimiento tipográfico aprobado por la autoridad.
  2.º Expresar el nombre y apellido del impresor, el título legal de la imprenta, y el pueblo y año en que se haga la impresión.
Art. 2.º Serán responsables de la publicación de los impresos de que trata este título:
  1.º El que los escriba como autor ó traductor.
  2.º El editor cuando falte el anterior requisito. Puede ser editor el que se halle autorizado para contratar con arreglo á las leyes.
  3.º El impresor cuando no estuviere suscrita la publicación por autor, traductor ó editor conocido.
No hay autor, traductor ó editor conocido cuando no aparezcan los que lo fueren, ó cuando el que aparezca como tal se fugue ó sea incapaz ó insolvente.
En los impresos clandestinos es siempre cómplice el impresor.
Art. 3.º No se procederá á la venta ó repartición de ningún impreso sin que préviamente se haya entregado un ejemplar de él al gobernador ó subgobernador, y otro al fiscal de imprenta, ambos firmados por el responsable. Donde
Revista católica (Barcelona) (1864-07-01 00:00:00), página 161

no resida el gobernador ó el subgobernador se entregará el ejemplar correspondiente á la autoridad local.

Art. 4.º Las autoridades provinciales ó locales suspenderán por sí, ó á peticion del fiscal de imprenta, la venta y distribucion de todo impreso en que se ataque la religion católica, apostólica, romana, ó en que se deprima la dignidad de la persona del Rey y de su Real familia, ó se excite á destruir la monarquía y la Constitucion del Estado, ó se ponga en grave peligro la tranquilidad pública; de aquellos que tiendan á rebajar la disciplina del ejército, y de los que ofendan la moral y las buenas costumbres. Igualmente procederán con toda publicacion en que se cometa injuria ó calumnia contra cualquiera persona, siempre que el interesado lo pida con motivo justo en concepto de la autoridad.

Se exceptúan de esta disposicion los impresos de que trata el artículo 23 de esta ley.

Art. 5.º El responsable de un impreso comprendido en el artículo 4.º optará dentro de las cuarenta y ocho horas despues de la suspension entre el embargo del escrito ó la denuncia. En el primer caso se inutilizarán los impresos depositados, ó se consultará al Gobierno sobre el destino que ha de dárselos: en el segundo se someterá el impreso á la calificacion del tribunal competente en el mas breve plazo posible.

Si el responsable no contestase, se entenderá que presiere la inutilizacion de los ejemplares.

Art. 6.º No se publicará escrito alguno sobre dogma de nuestra santa Religion, sobre sagrada Escritura ó moral cristiana sin la aprobacion del diocesano.

Art. 7.º El Gobierno está autorizado para prohibir la introduccion en territorio español de cualquier escrito que se imprima ó publique en pais extranjero.

Art. 8.º El Ministro de la Gobernacion dictará las reglas que juzgue convenientes sobre la policia relativa al anuncio, venta y distribucion de los impresos.

TÍTULO II.

De los periódicos.

Art. 9.º Entiéndese por periódico para los efectos de esta ley, toda publicacion que salga á luz en periodos, ya determinados, ya inciertos, ya con el mismo título, ya con
Revista católica (Barcelona) (1864-07-01 00:00:00), página 162

diverso, con tal que no exceda de diez pliegos de impresion del tamaño del papel sellado.

Art. 10. Todo periódico deberá tener un editor, que será responsable de cuanto en él se publique, aunque lo suscriba otro, lo mismo ante los tribunales ordinarios que ante el jurado. La firma del editor se estampará siempre al pie de cada número.

Nadie puede ser á la vez editor de mas de un periódico.

Art. 11. Si el periódico es meramente literario, científico ó industrial, el editor no necesitará mas requisito que el exigido en el párrafo segundo del artículo 2.º

Art. 12. Si el periódico es político ó religioso, el editor necesitará además:

1.º Haber cumplido veinte y cinco años de edad.
2.º Tener un año cumplido de vecindad con casa abierta en el pueblo donde se publique el periódico.
3.º Estar en el ejercicio de los derechos civiles.
4.º No estar inhabilitado ni suspenso en el de los derechos políticos que le correspondan.
5.º Pagar dos mil reales de contribucion directa, si el periódico se publica en Madrid, y mil si se publica en cualquiera otra parte.
6.º Acreditar haber pagado estas contribuciones en las épocas correspondientes y con tres años de anticipacion.

Art. 13. Los documentos para hacer constar los anteriores requisitos se presentarán al gobernador de la provincia, el cual en el término de quince dias, despues de oido el consejo de la misma y de tomar los informes que tenga por convenientes respecto del interesado, le admitirá ó no como editor. En este último caso el interesado podrá acudir al Gobierno por el ministerio de la Gobernacion.

El gobernador de la provincia podrá en cualquiera tiempo cerciorarse de que el editor continúa con las calidades requeridas en el artículo anterior.

Art. 14. El editor de todo periódico político deberá tener constantemente depositada la cantidad de cinco mil duros en Madrid, y de tres mil en las demás capitales de provincia.

Todo el depósito quedará sujeto á las responsabilidades pecuniarias que se impongan al periódico ó á su editor responsable, y la mitad del mismo depósito á las que por cualquier otro concepto se decreten por autoridad competente contra dicho editor.
Revista católica (Barcelona) (1864-07-01 00:00:00), página 163

Los editores responsables podrán continuar siéndolo, aunque contra ellos se dicte auto de prision por escritos publicados en el periódico de que respondan, hasta que recaiga sentencia firme condenatoria.

Art. 15. El depósito se hará en la Caja general de depósitos si la publicación se hiciere en Madrid, ó en sus sucursales en las provincias si aquella se efectuare en estas, verificándose en dinero ó efectos de la Deuda consolidada al precio de cotización.

Cuando el depósito se haga en efectos de la Deuda, se comprobará cada seis meses, y en caso necesario se reformará, aumentándolo ó disminuyéndolo, con el objeto de que se mantenga exacta la correspondencia de su valor con el de los efectos en circulación.

Art. 16. El recibo que acredite el depósito se conservará en el Gobierno de la provincia, dándose por el gobernador un resguardo al interesado.

Art. 17. El depósito se devolverá al deponente transcurridos doce días desde la cesación del periódico si no hubiese denuncias pendientes, ó terminadas estas si las hubiere.

Art. 18. Todo periódico político ó religioso tendrá un director, cuyo nombre y el de los redactores se pondrán en conocimiento de la autoridad al principiar la publicación.

Asimismo se le notificará préviamente toda variación que se haga.

Art. 19. Todo artículo se imprimirá en el periódico con la firma de su autor.

Art. 20. Además de la firma impresa que exige el artículo 10, el editor deberá firmar de su puño y letra todos los números del periódico que se entreguen al fiscal de imprenta.

Art. 21. No se principiará á repartir ni vender ningun número de periódico hasta dos horas después de haberse entregado el ejemplar de que habla el artículo anterior.

Art. 22. La persona ofendida ó de quien se anunciaren hechos falsos en un periódico, ó cualquiera otra autorizada para ello, tiene derecho á que se inserte en el mismo la contestación que remita negando, rectificando ó explicando los hechos.

Por esta inserción no pagará cosa alguna, con tal que no exceda del cuádruplo del artículo contestado, ó de sesenta líneas de igual letra si aquel tuviere menos de quince.
Revista católica (Barcelona) (1864-07-01 00:00:00), página 164

En el caso de ausencia ó muerte del ofendido tendrán igual derecho sus hijos, padres, hermanos y herederos.

Esta contestación no podrá rechazarse por los directores de los periódicos, y deberá insertarse en uno de los tres primeros números que se publiquen después de la entrega. El que la suscriba, y no el editor, será en este caso responsable de su contenido.

Art. 23. Las disposiciones del artículo 4.º de esta ley no son aplicables á los periódicos políticos.

TÍTULO III.

De los delitos comunes de imprenta y sus penas.

Art. 24. No son delitos especiales de imprenta, de los que pueden cometerse abusando del derecho consignado en el artículo 2.º de la Constitución, los que se cometen:

1.º Contra la Religion.
2.º Contra el Rey y la Real familia.
3.º Contra la honra privada de los soberanos extranjeros, ó la de los representantes que tengan acreditados en la corte de España.
4.º Los de injuria y calumnia referentes á actos de la vida privada de los particulares ó funcionarios públicos.

Se considera como acto de injuria:
El dar á luz sin el asentimiento del interesado hechos relativos á la vida privada, aunque se disfracen con metáforas y alegorías.

El publicar sin el mismo consentimiento correspondencia, cartas, papeles ó conversaciones que hayan mediado entre particulares.

Los delitos de injuria y calumnia no podrán perseguirse sino á instancia de la parte ofendida.

5.º Los de calumnia contra corporaciones ó funcionarios públicos, relativos al ejercicio de su autoridad ó de sus funciones oficiales. Estos podrán perseguirse de oficio.

Solo se considerará calumnia para los efectos del párrafo anterior la imputación directa y concreta de un hecho que según las leyes constituya delito de aquellos que pueden perseguirse de oficio.

No se comete delito de injuria publicando, examinando ó censurando los actos oficiales de las autoridades ó funcionarios públicos.
Revista católica (Barcelona) (1864-07-01 00:00:00), página 165

6.º Los que se cometan en impresos que no sean periódicos de los que define el título 2.º de esta ley, y los que constituyan complicidad en delitos de otra naturaleza.

Art. 25. Los delitos de que trata el artículo precedente quedan sujetos á las penas señaladas en el Código penal, si estuvieren comprendidos en el mismo.

Art. 26. Los delitos de la misma especie que, no estando comprendidos en el Código penal, se cometan atacando ó ridiculizando la religion católica, apostólica, romana y su culto, ó ofendiendo el sagrado carácter de sus ministros, serán castigados con la pena de arresto mayor.

Si se cometieren excitando á la abolicion ó cambio de la misma Religion, ó á que se permita el culto de cualquiera otra, la pena será de prision correccional.

En uno y otro caso se impondrá la multa de cien á quinientos duros.

Art. 27. Los escritos que ataquen, ofendan ó depriman la sagrada persona del Rey, su dignidad, sus derechos ó sus prerrogativas, de algun modo ó bajo cualquier forma que no estén previstos en el Código penal, serán castigados con la pena de prision menor, si el ataque, ofensa ó intento de deprimir fuere grave; y si fuere leve, con la de prision correccional.

Los escritos que ataquen, ofendan ó depriman en la misma forma no prevista por las leyes comunes, la dignidad ó derechos de todos ó de algunos individuos de la Real familia, serán castigados con las penas inferiores en un grado á las que señala el párrafo anterior.

Art. 28. Los delitos comprendidos en este título se perseguirán ante los tribunales y por los trámites ordinarios.

TÍTULO IV.

De los delitos especiales de imprenta y sus penas.

Art. 29. Se comete delito especial de imprenta:
1.º En los escritos que atacan la forma del Gobierno establecido.
2.º En los que tienden á coartar el libre ejercicio de las facultades constitucionales del Gobierno ó de los Cuerpos colegisladores.
3.º En los que publican máximas ó doctrinas encaminadas á turbar la tranquilidad pública.