Revista católica (Barcelona) (1864-10-01 00:00:00), página 139

"Gobierno general y de los Estados, en todo lo perteneciente al orden temporal."

Estas palabras que hemos copiado de la ley son altamente injuriosas, ofensivas y calumniosas á la Iglesia de Dios. En una republica democrática ¿por qué se exige ese juramento á unos pocos individuos, y á individuos que son los sucesores de los Apóstoles? ¿Y de qué usurpaciones es que se trata? La historia pasada y presente de este desgraciado país, sin que pueda prestar ni un solo caso en contrario, está diciendo que la nación lo debe todo á la Iglesia y sus ministros, sin haber recibido del poder temporal otra recompensa que los ataques continuos á su independencia y á sus derechos. La ley de que nos ocupamos es el mas elocuente pregonero de esta verdad. La misma condición de que se obedezcan la Constitución y leyes, en todo lo perteneciente al orden temporal, está diciendo que hay en ellas algo que no pertenece al orden temporal; y no comprendemos por qué figuran esas cosas espirituales en una Constitución política y unas leyes civiles y penales.

Muchas observaciones omitimos, porque se trata del pueblo soberano de Colombia, y es preciso hacer justicia á sus temores. Si, los pueblos honrados y virtuosos, los pueblos verdaderamente civilizados y libres no temen el Catolicismo, sino que lo respetan y lo aman como el primero y mas fecundo elemento de prosperidad y de grandeza; pero los pandillajes, las factorías del vicio y los laboratorios del delito tienen mucha razón para temer la cátedra del Evangelio. La tal fórmula de juramento con su usurpación de soberanía es una traducción adulterada de la fábula del lobo y el cordero.

Los artículos 6.º, 7.º, 8.º y 9.º son partes integrantes y dispositivas de los anteriores, y aunque cada uno merece sus observaciones, nos abstendremos de hacerlas por no prolongar este escrito, y porque lo sustancial de ellos está comprendido en los que examinamos.

El artículo 10 manda á todos «los funcionarios de la nación y de los Estados, que protejan los ministros del culto en su libre ejercicio contra todo acto que de alguna manera tienda á estorbarles este derecho.»

¿Estorbar? Pues si esto es para cumplir la religión católica no ha encontrado ni encuentra en el país otro estorbo que el partido liberal; y así pueden ver los funcionarios públicos donde lo colocan para que no estorbe. No sabemos cómo el señor Presidente, siendo el primer funcionario de la nación y debiendo hacer efectivas todas y cada una de las garantías constitucionales, ha podido darle su sanción á una ley abiertamente contraria á la Constitución. Pero hay más, ¿cómo ha podido dar su sanción á esta inicua ley, cuando ha debido comprender que al ponerle el ejecútese, estaba en el deber de cumplir el artículo 10, y por consiguiente de quemar la ley estorbadora y proceder contra el Congreso por estorbador, no de alguna manera, sino de todas, del libre ejercicio del derecho constitucional?

El artículo 11 dice: «Los funcionarios que faltaren al deber que les impone el artículo anterior, serán castigados conforme á la ley penal de la nación.» Si es que en la Unión hay alguna ley penal para castigar á los funcionarios públicos por las infracciones y atropellamientos escandalosos que hacen á la Constitución, y por la violación de los derechos y garantías individuales: ya todos esos funcionarios, comenza do por el Congreso, deberían estar en la picota. Este artículo y el anterior son la mas irritante burla que puede hacerse á una nación, y prueban bien la ignorancia y el envejecimiento de un pueblo que, á