Revista católica (Barcelona) (1863-04-01 00:00:00), página 119

«17. Esto sucedió precisamente en Guanajuato; porque el excelentísimo señor Gobernador tuvo que nulificar con la prevención segunda de su circular de 29 de mayo el artículo 11 de la ley de 11 de abril. Una y otra previenen que la ley se conserve en los cuadrantes, y suponen el hecho de que no se cumpla. En este caso, ¿qué dispone la ley? que los curas y vicarios no podrán hacer cobro alguno. ¿Qué dispone el Gobierno de Guanajuato? que se nombre un interventor de conocida honradez y energía: ¿para qué? para que haga los cobros, y de lo que reúna saque las multas, retirándose del curato cuando no haya multas que cobrar. La ley de 11 de abril considera su conservación en los cuadrantes como un título para el cobro, y por lo mismo quita el derecho civil para este, faltando de ellos: la circular de Guanajuato considera la subsistencia del cobro como un medio para que se conserve fijada la ley, y por esto destruye la sanción de la ley general, continúa el derecho al cobro, y nombra interventor para que le haga. Si no hubiésemos protestado contra aquella, si pudiéramos invocarla en apoyo de un derecho conculado, habríamos ocurrido al supremo Gobierno, por vía de consulta, con el objeto de saber á quién corresponde mandar en este punto, y en consecuencia, si debíamos estar á su ley ó á la circular de 29 de mayo. Pero no estamos en este caso, y si en el de aplicar contra el decreto del excelentísimo señor Gobernador de Guanajuato las mismas razones que alegamos en nuestra exposición de 4 de mayo contra la intervención civil establecida por la repetida ley en materia de obvenciones parroquiales. Pasemos adelante.

«18. La prevención cuarta establece cierta especie de recurso subsidiario para el caso de que las multas no puedan salir de los derechos que se cobren por el interventor, y consiste en ocupar por medio de este y rematar al mejor postor el maíz, ganados ó cualquiera otro efecto que hubiere en el diezmatorio de la cabecera, hasta cubrir las multas y honorario del interventor; y para que tal disposición tenga mayor eficacia impone quince días de cárcel contra el administrador ó contratista para cada caso de resistencia¹. Póñese también el excelentísimo señor Gobernador en el caso de que ni aun con los diezmos pueda cubrirse la multa, porque no haya efectos que ocupar, y para tal evento dispone en la prevención quinta que se proceda inmediatamente á la secuestreación de los bienes particulares del cura multado. Y como también pudiera suceder que no tuviera este bienes que secuestrarse, para cubrir la multa impuesta por el delito de su fidelidad á la santa Iglesia y obediencia á su prelado, concluye la prevención mandando que dicho eclesiástico sea desterrado del Estado por el término de uno á seis meses, según la mayor ó menor gravedad del caso y según las circunstancias de que fuere acompañado².

¹ Cuarta. Si, mediante alguno de los arbitrios reprobados de que están usando los eclesiásticos, lograren ilusoriar el cobro de derechos en las notarias hasta el grado de que el interventor no pueda ejercer su oficio, procederá V. S. inmediatamente á ocupar por medio de este y rematar al mejor postor el maíz, ganados ó cualquiera otro efecto que hubiere en el diezmatorio de esa cabecera, hasta cubrir el monto de las multas y honorario del interventor, y no presentándose postores, depositará los efectos ocupados en poder del mismo interventor, haciéndolos valorar por un perito nombrado al efecto por V. S., á fin de no ocupar mayor cantidad que la necesaria. El administrador de diezmos ó contratista de ellos que resistiese la ocupación sufrirá quince días de cárcel por cada caso de resistencia.

² Quinta. Si el diezmatorio no tuviese efectos que ocupar, procederá V. S. á embargar los bienes particulares del párroco ó eclesiástico resistente, y si