Revista católica (Barcelona) (1863-04-01 00:00:00), página 89

«reis y hagáis declarar á la Asamblea nacional que los bienes eclesiásticos pertenecen á la nación, no entiendo de qué sirva declarar un hecho que no es verdadero. El cuerpo legislativo se reúne para dictar leyes, no para decidir hechos... no para trastornar propiedad... des... el hecho seguiría á la declaración; pero el derecho ni al uno ni á la otra...» Nunca acabaría si quisiera citar los testimonios de multitud de otros escritores, nada amigos del Clero, y que por lo mismo nadie puede tachar de parciales.

«Cierto es lo que dice V. E. en su respetable oficio de 27 de agosto, que cuando la utilidad pública lo exige, puede el Gobierno disponer de la propiedad de los particulares y corporaciones, indemnizando á la parte interesada. Ese principio es indudable, como lo estambien el de imponer contribuciones; pero V. E. me permitirá decirle que, asicomo el segundo tiene sus límites, así también los tiene y no puede menos de tenerlos el primero. Si un principe, fuera de caso de extrema necesidad, quisiera poner contribuciones tan fuertes que privaran á los ciudadanos ó á una de las clases de todas sus propiedades, quitándole hasta la facultad de adquirir otras en lo sucesivo, ¿qué diríamos? que ese derecho no se extiende á tanto, y que no llega ni puede llegar á ese extremo. Pues otro tanto debe decirse respecto del principio de que hace mérito V. E. Está bien que el Gobierno en algún caso de conocida utilidad general pueda tomar la propiedad de algun particular ó corporacion, como decian nuestros legisladores en 1824, indemnizando siempre á la parte interesada, á juicio de hombres buenos elegidos por ella y el Gobierno; pero á este principio jamás se le ha dado tal extension que por él se pueda privar (y no de una ó algunas fincas, sino de todas cuantas tenga) á una clase entera de la sociedad, y prohibiéndole la adquisición de otras en lo sucesivo. Aquel á quien se le quita una finca en caso de utilidad general conocida, puede adquirir otra equivalente que lo indemnice de la que perdió: ¿por qué se le quita á la Iglesia esa facultad? ¿cómo puede decirse que se indemniza, cuando se reduce su haber á capitales expuestos á perderse con la mayor facilidad, sin darle mas hipoteca que las mismas fincas cuya mayor parte se deteriorará y bajará de precio á vuelta de poco tiempo?

«Esa utilidad pública, por la que se quitan á la Iglesia sus propiedades, consiste en el desestancio de la propiedad territorial. ¿Peronó es público y notorio que la Iglesia vende en los casos de necesidad ó de evidente utilidad, como á su vez lo hacen los otros propietarios que obran con prudencia y no tratan de disipar su fortuna? Hay mas: esos bienes no están, como los antiguos mayorazgos vinculados, á una misma familia. Sieyès tocando este punto decia á la Asamblea de Francia: «Decís que las propiedades particulares pasan de una mano á otra: ¿Y las eclesiásticas no? Con toda razon se os podrá decir que un beneficio no solamente muda de mano, sino que varia casi en cada vacante hasta de familia. Ciertamente no hay propiedades que circulen mas fácilmente en todas las clases de la sociedad.»

1 Diga cualquiera de los propietarios si se atacan ó no se atacan sus derechos obligándole á vender todas y cada una de sus fincas, quiera ó no quiera, convengale ó no le convenga: diga si es ó no es atacar otro de sus derechos fijarle el precio en que ha de enajenarlas, así como designarle el comprador; dejar al arbitrio de este entregar ó no entregar el valor; y en caso de quedar reconociéndolo, no dar al dueño mas garantía por capital y réditos que la misma finca enajenada. ¿Y lo que respecto de cualquier otro sería un ataque á sus derechos de propietario, merecerá otro nombre cuando se trata de los de la Iglesia?