Revista católica (Barcelona) (1863-04-01 00:00:00), página 354

pena ó contribucion general con arreglo á las leyes, y cuando así lo exija algún grave motivo de necesidad pública, judicialmente declarado, y previa indemnización. En caso de guerra la indemnización puede no ser prévia, y la necesidad de la expropiacion puede ser declarada por autoridades que no sean del orden judicial.

«Por lo dispuesto en este inciso no se entiende que pueda imponerse la pena de confiscacion en caso alguno.

«El articulo 67 de la misma Constitucion dice: «Ninguna ley de la Confederacion ni de los Estados podrá dar á los templos y edificios destinados al culto público de cualquiera religion establecida en el país, ni á los ornamentos y vasos sagrados, otra aplicacion distinta de la que hoy tienen, ni gravarlos con ninguna especie de contribuciones. Las propiedades y rentas destinadas al sostenimiento del culto, y las que pertenezcan á comunidades ó corporaciones religiosas, gozarán de las mismas garantias que las de los particulares, y no podrán ser ocupadas ni gravadas de una manera distinta de la de estos.»

«Pregunto yo ahora: ¿No concede la Constitucion de 1838 la misma garantía á las propiedades y rentas destinadas al sostenimiento del culto y á las de las comunidades y corporaciones religiosas, que á las de los individuos ó personas naturales?... Y si, respecto de tales individuos ó personas no se pudiera haber dado un decreto como el de manos muertas, sin palmaria violacion de la garantía constitucional, suponiendo la potestad legislativa en el que lo expidiera; ¿no existira la misma violacion, cuando el decreto ha recaido en personas jurídicas ó entidades morales, asimiladas perfectamente, para el goce de tal garantía, á las personas naturales?

«Una excelente razon seria el considerando tercero para que en los paises en que se impida el ejercicio de la autoridad publica, por consecuencia de la relajacion de las reglas fundamentales de las asociaciones, ó congregaciones, se haga entrar á estas en dichas reglas, mas no para disponer de los bienes de tales asociaciones ó congregaciones.

«El considerando quinto (el cuarto no es concerniente al objeto que tengo en mira) envolveria un principio, ya que no de justicia, de equidad al menos, si la providencia del reconocimiento en renta sobre el Tesoro se hiciera generalmente extensiva á todos los bienes inmuebles existentes en el territorio de la Confederacion, cualquiera que fuese el propietario ó poseedor de tales bienes. Mas si una semejante providencia no puede ser adoptada con relacion á la propiedad inmueble de las personas particulares ó naturales, tampoco puede adoptarse relativamente á las personas jurídicas por quienes hablo, porque estas se hallan, cual se ha visto, amparadas por una garantía perfectamente igual á la que en la materia protege y resguarda á las personas particulares; y así como á dichas personas particulares no podria convertirseles contra su voluntad el valor de sus inmuebles en renta sobre el Tesoro; tampoco puede hacerse justamente la conversion en lo concerniente á inmuebles de las expresadas personas jurídicas.

«Reclamando la Iglesia una garantía para ella, la reclama para todo el que sea propietario, y no es este un fenómeno, sino un suceso ordinario y frecuente; porque la Iglesia ha favorecido siempre con su apoyo las cuestiones del derecho, en lo que no ha practicado otra cosa que proseguir la labor de la civilización de que le es deudora la sociedad moderna, á la cual ha señalado la vía de todos los progresos sólidos y positivos, si bien frecuentemente no reciba la misma Iglesia