Revista católica (Barcelona) (1863-04-01 00:00:00), página 20

cubrir en las palabras y en los hechos la pureza de la doctrina católica. A esta se opone, como es manifiesto, la ley de 27 de enero próximo pasado, llamada del registro civil, en que realmente se dan reglas para la administración de los Sacramentos, y se exigen ciertos requisitos para la ordenación de los presbíteros. Ella es contraria á la libertad de que usó Nuestro Señor Jesucristo en la vocación e institución de los Apóstoles y de todos los discípulos; ella es contraria á la misma libertad de que han usado en todos tiempos los Obispos al conferir las órdenes sagradas, y los presbíteros y ministros al dispensar á los fieles la gracia sacramental. Si el Gobierno secular no puede escoger ni admitir á la comunión cristiana á un simple fiel, ¿cómo podrá elegir entre los fieles á los que se han de dedicar al servicio de los altares, á la predicación del Evangelio y á la administración de los Sacramentos? Sería preciso que estas materias fueran de su inspección, puramente civiles, y que no tuvieran relación con la eterna salud. Segundo, es opuesta á la doctrina católica la ley expedida en 11 de abril último sobre obvenciones parroquiales, porque es contraria á la libertad que ha gozado, goza y debe gozar la Iglesia en la provision de congrua independiente, que por derecho divino, natural y positivo corresponde á sus ministros. A la Iglesia, esto es, al romano Pontífice y á los Obispos, toca designar la congrua y la manera de recibirla; á los fieles el satisfacerla del modo que se haya mandado: así como á la autoridad civil le pertenece el imponer los tributos para llenar los cargos públicos y mantener á los que los desempeñan. Ni nosotros nos debemos meter en la designación de la cuota, recaudación y reparto de las constituciones, ni el Gobierno civil en las obvenciones parroquiales, en los diezmos, ni en otra renta puramente eclesiástica sin el consentimiento del romano Pontífice. Si lo hace, abusa de su poder, y ni adquiere el derecho que usurpa, ni la Iglesia lo pierde, sea cual fuere la violencia que se le haga. Tercero, es contraria á la doctrina católica la ley de 25 de junio de 1836, que, contra todo derecho, autorizó á los inquilinos y á los denunciantes para adjudicarse la propiedad raíz, así rústica como urbana, de la Iglesia, y declaró incapaces á las corporaciones eclesiásticas de adquirir y administrar por sí bienes raíces. Ella envuelve el principio de que tales corporaciones dependen del Gobierno civil en su existencia y en su modo de ser y de subsistir; principio erróneo y aun impío, como lo hemos demostrado en otra vez, y á la verdad muy contrario á lo observado por la Iglesia, que ha tenido siempre la más amplia libertad para crear y suprimir corporaciones religiosas sin contar para nada con los poderes temporales, sino solamente con la autoridad recibida de su divino Fundador, la cual basta para su subsistencia y su perfecto desarrollo. Cuarto, son contrarios á la doctrina católica los decretos de intervención de nuestra diócesis, dados en 31 de marzo del año próximo pasado, como que se oponen á la expedita, franca y general administración de las cosas espirituales y anejas á las espirituales, de la cual han gozado todos nuestros predecesores, en virtud de la jurisdicción que recibieron desde el momento en que fueron instituidos obispos, como lo hemos sido nosotros, para el régimen de esa diócesis. El poder secular no nos dió esa facultad; luego tampoco nos la puede quitar: no es suya; luego no puede modificarla: no le pertenece; luego tampoco le toca alterarla, ni venir á darnos reglas para su ejercicio. Si abusamos, solo á Dios tenemos que dar cuenta, y al romano Pontífice, como á su vicario aquí en la tierra. Al Gobierno civil nunca, jamás, ni por un momento. El podrá desterrarnos, como