Revista católica (Barcelona) (1863-04-01 00:00:00), página 137

70. ¿Qué puede oponerse á la fuerza de las disposiciones canónicas que hemos citado, ni á la subsistencia de sus penas, ni al hecho incontestable de haber incurrido en ellas las personas que las han infringido, sea cual fuere su estado, condición ó jerarquía? ¿Acaso algun argumento fundado en otra disposición canónica? No le hay ciertamente; pues, aunque por el concordato de 14 de noviembre de 1737, según se ve en el artículo 8.º, concedió el papa Clemente XII á Felipe V que pudiese gravar algunos bienes eclesiásticos con entera igualdad á los de los legos, conservando siempre su inmunidad los de las primeras fundaciones, esta gracia pontificia no quita en lo mas mínimo su fuerza de aplicación á las prescripciones de los antiguos cánones respecto del decreto y circular del Gobierno de Guanajuato. ¿Por qué? Porque, aun sin entrar aquí en la grave cuestión sobre la subsistencia de aquella concesión pontificia, hay razones decisivas en el caso: primero, la dicha concesión no puede ser aprovechada por una autoridad local fuera del círculo de atribuciones que le demarcan las leyes, y es claro, clarísimo, que los gobernadores de los Estados carecen de facultades ad hoc, según se ha demostrado; segundo, porque la concesión pontificia presupone como condición indispensable la generalidad é igualdad proporcional de los impuestos, y aquí falla esta circunstancia, pues el decreto de Guanajuato grava, no el maíz de todos, sino solo el maíz del diezmo; tercero, porque en ella se pactó expresamente que, aun siendo justo el impuesto, nunca podrían los tribunales seglares obligar á los eclesiásticos á satisfacerle, sino que se debía ocurrir á los obispos, y de conformidad con esto lo dispusieron así, tanto el Sumo Pontífice en el breve con que acompañó el Concord.

*que pagan actualmente los maices de los diezmatorios por efecto de leyes «preexistentes» ¿De dónde puede nacer este derecho? No del efecto gravado, pues no carga el impuesto sobre todo maíz, sino solamente sobre uno, y no por diferencia de clase: no de la propiedad que constituye, ó del consumo, porque no se impuso sobre el maíz de todos, sino únicamente sobre el de la Iglesia. ¿Cuál será, pues, el fundamento de tan terrible gravamen? No hay más que uno de estos dos: ó porque esta renta pertenece á Dios, ó porque participan de ella sus ministros.

Tercera. El precio por mayor á que la Iglesia ha vendido su maíz es el de cinco reales por fanega : esto consta de un contrato documentado que había celebrado con D. Pedro Gutiérrez pocos días antes de que se expediese el decreto de 27 de junio. Es otro hecho que los gastos que hace la Iglesia en colecta, fletes, salarios y pensiones ascienden á cuatro reales por fanega. Si esta paga tres cuartillas de real, cada Municipio percibe un setenta y cinco por ciento de la renta : si paga uno y medio real, consume la renta, y además grava el capital con un cincuenta por ciento sobre ella : el decreto, pues, pone á la Iglesia, según que venda al menudeo ó por mayor, en la alternativa de perder tres cuartas partes de su renta, ó perderla toda, y además pagar de sus otros haberes un cincuenta por ciento de lo que pierde. ¡Esto es atroz!

Cuarta. La sanción de este decreto consiste en dos penas terribles : la confiscación total del maíz del diezmo sobre que verse la cuestión, y la multa que ha de pagar el comprador á razón de dos reales por fanega. Y á fin de que nada faltase para comprender exactamente el espíritu de semejante decreto, termina su artículo 2.º interesando al denunciante en una mitad de las multas. ¿Por qué tanta crueldad cuando se trata de la renta de Dios, del pan de sus ministros, del alivio y socorro de los pobres de Jesucristo?

Quinta. El artículo 3.º dice á la letra : «Los jefes políticos de partido que «dan autorizados ampliamente para calificar por si la simulación ó fraude «en vista de las circunstancias del contrato.» A la vista de una disposición como esta, no podemos menos de reconocer que han quedado abolidas en Guanajuato las mas preciosas garantías. Todas las leyes fiscales, aun bajo los Gobiernos mas absolutos y verdaderamente despóticos, habían colocado á las partes bajo la garantía del poder judicial. Los casos de contrabando, comisos, etc., habían