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decreto de 15 de julio de 1863, así en lo relativo á las asignaturas que son objeto de esta parte de los estudios, como al órden, distribucion y duracion de las mismas, sin perjuicio de que, en el método que se siga en ellos, así como en la parte relativa y mayor ó menor ampliacion que se dé á las materias respectivas, se observen las reglas que las Direcciones de los mencionados establecimientos acordaren.

El artículo 2.º previene que dichos colegios podrán dar, á la par que las enseñanzas expresadas ó en años posteriores según lo exija la conveniencia de los alumnos y el buen órden del establecimiento, aquellos estudios de aplicacion, ampliacion ó especiales que la misma Direccion acuerde y el gobernador superior civil apruebe.

En el artículo 3.º declara S. M. que ha de entenderse subsistente y aplicable á los establecimientos de que se trata lo dispuesto respecto del colegio de Belen por las Reales órdenes de 30 de setiembre de 1856 y 15 del propio mes de 1861, relativas al modo de celebrar los exámenes y á la incorporacion de los estudios en la universidad de la Habana para su continuacion ó ingreso en las facultades.

Por fin el artículo 4.º y último declara que las disposiciones á que hacen referencia los articulos 1.º y 2.º principiarán á regir, á mas tardar, en el curso académico de 1864 á 1865.

Tal es el Real decreto de 28 de febrero último, para comprender cuya importancia es menester tener presente que desde la adopcion del nuevo Plan de estudios en esta Real universidad literaria, los colegios dirigidos por corporaciones religiosas, pero mas especialmente el de Belen, á cargo de los Padres de la Compañía de Jesús, se hallaban en una situacion bastante comprometida. No habiendo adoptado el nuevo Plan para no proceder á la ligera y quizá por no encontrarlo su Direccion del todo acorde con su modo de pensar, comenzóse el actual curso académico siguiendo el método antiguo, según el cual los alumnos del cuarto año de filosofía, una vez graduados de bachilleres, podian ingresar en la Universidad en las respectivas facultades. Por el nuevo Plan vigente no basta que se tenga el título de bachiller para entrar á estudios mayores: es necesario además que se haya probado académicamente un año de ampliacion que solo estaba facultada para dar, hasta ahora, la Real universidad. De aquí el que los alumnos del Real colegio de Belen que en el presente año han de acabar sus estudios te-
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Barcelona 10 de mayo de 1864.

REVISTA CATÓLICA.

RESEÑA HISTÓRICA.

REPÚBLICA DEL ECUADOR.

La república cuyos intereses religiosos van á ocuparnos hoy, nació de aquel movimiento de independencia que á principios de este siglo los pueblos que habitaban el país de Tierra-Firme llevaron á cabo contra España que los había dotado de la civilización y de la fe por ministerio del descubridor genio Cristóbal Colon. Es otra de aquellas tres pequeñas repúblicas en que el Estado de la Colombia, surgido de la revolución americana, se subdividió más tarde. Ya hemos tenido el gusto de ocuparnos alguna vez de Nueva-Granada, igual en procedencia y casi idéntica en historia á la república que hoy llama nuestra atención.

No puede ser indiferente á España,—patria en la cual siempre viven los sentimientos de hidalguía maternal para con las muchas obras que en antiguos tiempos la divina Providencia por su órgano ejecutara,—la situación y el destino de los pueblos á quienes sus misioneros y capitanes fueron á despertar del sueño de la barbarie, sumidos en el que habían pasado la larga noche de anteriores siglos. ¿Qué importa que dando oído á las pasiones turbulentas de unos cuantos explotadores sacudieran el yugo suave de un gobierno civilizador, pagando con ingratitud negra las utilidades recibidas y los sacrificios costados! España será siempre la madre de aquellos pueblos, y por mucha que sea la travesura de los hijos, jamás se extingue la simpatía para con ellos en el corazón de la madre. Por ello sentimos una satisfacción inexplicable cada vez que como en la presente podemos dar noticias algo tranquilizadoras sobre alguno de aquellos pueblos hijos pródigos de España que pidieron la parte de herencia que les correspondía para vivir bajo la ley única de sus caprichosos instintos.
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Tan honda fue la huella que imprimieron en Tierra-Firme los hermosos pies de los evangelizadores españoles, que á pesar de las vicisitudes políticas que la han mantenido en un continuo flujo y reflujo no ha sufrido hasta hoy menoscabo, á Dios sean las gracias, el principio de unidad católica; pues otra de las salvedades consignadas en la Constitucion de los Estados de Colombia fue la perpetuidad de este artículo: «La religion católica, apostólica y romana es la única de la república.» La del Ecuador, rama desprendida de la Colombia, conserva la misma inviolabilidad del principio religioso.

No significa esto que hayan brillado para aquella Iglesia muchos dias serenos durante este siglo de incesante revuelta para aquel país. El espíritu de independencia política ha ido acompañado del espíritu de invasion religiosa, y mas de una vez las personas y las cosas santas han sido blanco de desconsiderados tiros.

Hasta 1838 Gregorio XVI no reconoció oficialmente la república del Ecuador, que había proclamado su autonomía en 1829 separándose de Venezuela y de Nueva-Granada, designando á Quito por capital. En 15 de enero de 1848 Pio IX, siempre solícito á disponer lo conveniente al buen gobierno y gloria de la santa Iglesia, erigió la jerarquía episcopal en aquella república, expidiendo la bula Mos semper Romanis Pontificibus, en la que se establece una provincia eclesiástica, cuya metrópoli es Quito, con Cuenca y Guayaquil por sufragáneas.

A 20 de diciembre de 1850 la sagrada Congregacion de Obispos regulares tomó medidas conducentes á la rehabilitacion de las Ordenes religiosas, muy especialmente de la de Nuestra Señora de las Mercedes, y de Santo Domingo, respecto á las cuales el arzobispo de Quito fue investido de la cualidad de visitador apostólico, con facultades amplias para obtener el esplendor algo amortiguado de la disciplina regular.

A 25 de marzo de 1851 el presidente de aquella república expidió un decreto glorioso en el que se abolió solemnemente la pragmática del rey Carlos III de España, por la que se abolía la Compañía de Jesús de todos los dominios españoles. Triste es que un pueblo rebelde á España haya tenido que dar una leccion de religiosidad tan merecida á la patria que había cimentado en él la religion y la moral. La reaparicion, por decirlo así, legal de la Compañía de
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Jesús fue un acontecimiento cuya importancia nadie desconoció. Grandes esperanzas hizo concebir tal restauración relativas á la educacion de la juventud, á la que los Padres se dedican con predilecto cuidado.

Y como habian sufrido tantos trastornos y cambios los asuntos y reglamentos eclesiásticos de aquel país, sentíase la necesidad de establecer en él un sistema completo de régimen y disciplina: muchas cosas antiguas quedaron arruinadas, y las muchas modernas que emprendidas habian sido no habian recibido la sancion pontificia. El estado de la Iglesia del Ecuador era el de interinidad, y por lo tanto el de ansias continuas y vacilaciones perpétuas.

El Papa y el Gobierno estuvieron conformes con la necesidad de regularizar la situacion celebrando un Concordato, que corriendo un velo ante el período de las invasiones ab irato, determinara la manera de poner en salvo los derechos é intereses de la Iglesia derramando la misericordia y el perdón sobre sus desatentos conculeadores.

Digno es de consignarse que el Gobierno del Ecuador dió una prueba singular y rarísima de buena fe y respeto á la autoridad de la Iglesia, nombrando por su ministro plenipotenciario acerca la Santa Sede, para llevar á término el Concordato, un eclesiástico notable en virtudes y ciencia.

No es extraño que partiendo de tan íntegras bases y animado el Gobierno de un espíritu que de tan acertados puntos de vista partía, resultara un acuerdo modelo: insertaremos íntegro este documento, digno de iglesias florecientes y propio de siglos de mas fervor. En el Concordato del 26 de setiembre de 1862 todo es digno y edificante; el fondo y las formas.

No ha llegado á nuestras manos el texto español de tan notable Concordato, en el que oficialmente fue vertido; pero teniendo á la vista el texto latino, y no resignándonos á dejar ignorado un documento digno de ocupar un lugar distinguido en la historia diplomática de la Iglesia contemporánea, lo traduciremos con religiosa exactitud.

Concordato celebrado entre Su Santidad el papa Pio IX y el Presidente de la república del Ecuador.

Pio IX papa.—Entre Nos y nuestro querido hijo el ilustre y respetable Gabriel García Moreno, presidente de la
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república del Ecuador, se ha concluido un acuerdo relativo á los asuntos eclesiásticos, cuyo tenor es el que sigue:

En nombre de la santísima é indivisible Trinidad, Su Santidad el soberano pontífice Pio IX y el Presidente de la república del Ecuador han nombrado por sus respectivos plenipotenciarios, Su Santidad al Emo. Santiago Antonelli, cardenal de la santa Iglesia romana, su secretario de Estado; y el Presidente de la república á D. Ignacio Ordoñez, arcediano de la iglesia catedral de Concha, etc., encargado de negocios cerca de la Santa Sede; los cuales después de haberse recíprocamente comunicado sus plenos poderes han convenido:

Artículo 1.º La religión católica, apostólica, romana continúa siendo la religión de la república del Ecuador: ella será conservada perpétuamente en su integridad, gozando de todos los derechos y prerrogativas de que es acreedora, según el orden establecido por Dios y por las prescripciones canónicas. En consecuencia no podrá jamás permitirse en la república el ejercicio de ningún culto, ni la existencia de ninguna sociedad por la Iglesia condenada.

Art. 2.º En cada diócesis de las que hoy existen ó que en el porvenir se erijan, se establecerá un seminario diocesano, cuyo gobierno, régimen y administración pertenece- rá únicamente y libremente á los Ordinarios diocesanos, según los decretos del concilio de Trento y las demás leyes canó- nicas. Los rectores, catedráticos, y en general todas las personas que reasuman algún cargo, ya sea relativo á la enseñanza, ya á la dirección, serán libremente elegidos ó destituidos por los mismos Ordinarios.

Art. 3.º La educación de la juventud en las universidades, colegios, facultades, y escuelas públicas y privadas, será en todo conforme á la doctrina de la religión católica. Solo los obispos tendrán derecho á designar los libros y los textos que deberán usarse para la enseñanza de las ciencias eclesiásticas y de las relacionadas con la religión y la moral. Además, los obispos y otros Ordinarios ejercerán con plena libertad el derecho que les pertenece de proscribir los libros contrarios á la Religion y á las buenas costumbres. El Gobierno, en fin, tomará las medidas que reclame su vigilancia para impedir la introducción de semejantes libros en la república.

Art. 4.º Los obispos, cumpliendo los deberes de su ministerio pastoral, cuidarán que no se enseñe ninguna doc-
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trina contraria á la religion católica ó á las costumbres honestas. En consecuencia á nadie será permitido enseñar, sea en un establecimiento público, sea en un establecimiento privado, el Catecismo ó otra cualquiera ciencia religiosa, sin haber obtenido autorización prévia del obispo diocesano, el cual podrá retirársela siempre que lo juzgue conveniente. En cuanto á lo que mira al exámen de los profesores de las escuelas primarias, el obispo diocesano designará una persona encargada de indagar la doctrina religiosa y la conducta moral del candidato, el que no podrá entrar en el ejercicio del magisterio sin la aprobacion del mismo diocesano.

Art. 5.º Como al romano Pontífice pertenece de derecho divino el primado de honor y jurisdiccion en la Iglesia universal, serán libres las comunicaciones de los obispos, del clero y del pueblo con la Silla apostólica. Ninguna autoridad civil podrá suscitar obstáculo de ningun género á esta libre y plena comunicación, ni obligar á los obispos, al clero y al pueblo á dirigir por medio del Gobierno su correspondencia necesaria con la Santa Sede; ni á someter las letras apostólicas y los rescriptos de esta misma Sede al visto bueno del Gobierno, llamado exequatur.

Art. 6.º Los Ordinarios gobernarán sus diócesis con toda libertad; podrán convocar y celebrar sínodos provinciales ó diocesanos, y ejercer en general cuantos derechos les pertenecen, sin que se levante oposicion alguna á la ejecucion de las medidas por ellos adoptadas. Y así el Gobierno del Ecuador acordará su poderosa proteccion y su alto apoyo á los obispos que lo soliciten, máxime cuando se trate de desvirtuar los depravados designios de los impíos que intente pervertir los sentimientos de los fieles ó corromper sus costumbres.

Art. 7.º Quedan abolidas las apelaciones de las sentencias del Ordinario al poder láico (ó sea lo que habitualmente se llaman recursos de fuerza). En cuanto á los decretos ó sentencias emanadas de los jueces eclesiásticos ordinarios no podrá apelarse sino ante los tribunales eclesiásticos superiores, ó ante la Santa Sede, según lo establecido por el breve Exposit del pontífice Gregorio XIII, y conformándose á las prescripciones canónicas y á las reglas relativas á las causas matrimoniales incluidas por Benito XIV en la constitucion Dei miseratone. Podrán tambien deferirse estas sentencias ante dichos superiores á causa de nulidad ó de queja. Los jueces eclesiásticos pronunciarán sus sentencias sin
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someterlas de antemano al asentimiento de asesores laicos; á los cuales sin embargo podrán consultar cuando lo juzguen oportuno. Los eclesiásticos abogados (ó licenciados en derecho) podrán desempeñar la asesoría en semejantes juicios.

Art. 8.º Todas las causas eclesiásticas y sobre todo las matrimoniales, así como las concernientes á la fe, á los Sacramentos, á las costumbres, al ministerio santo y á los derechos y deberes sagrados, así por relacion á la persona como por relacion á la materia (exceptuadas las causas mayores reservadas al Sumo Pontífice, según las prescripciones del santo concilio de Trento, en su sesion XXIV, capítulo V De reformatione), solo podrán deferirse á los tribunales eclesiásticos. La misma regla se guardará en las causas concernientes á eclesiásticos, sea en lo relativo á sus intereses civiles, sea en lo relativo á los delitos que están bajo la accion de la ley penal. La ejecucion de todos los juicios dictados por los tribunales eclesiásticos será garantida por la magistratura civil, á cuyo cargo quedará imponer las penas por aquellos sentenciadas.

Art. 9.º La Santa Sede permite que las personas y los bienes de los eclesiásticos queden sometidos á los impuestos públicos, lo mismo que los demás ciudadanos de la república; á condicion, sin embargo, de que la autoridad civil se ponga de acuerdo con la eclesiástica para obtener la autorización cuando hayan de emplearse medidas coercitivas. Quedan exceptuados de estos impuestos los seminarios, los bienes y las cosas cuyo destino inmediato sea atender al culto divino, así como las instituciones de beneficencia.

Art. 10. Para honrar la casa de Dios, Rey de reyes y Señor de señores, será respetada la inmunidad de los templos. Cuando las exigencias de la seguridad pública y de la justicia lo reclamen, la Santa Sede consiente que la autoridad eclesiástica, los párrocos ó los superiores de los regulares recuerden al Gobierno bajo su demanda la autorizacion de prender á los que se refugiaren en los edificios sagrados.

Art. 11. Estando destinados los productos de los diezmos á la conservacion del culto divino y de sus ministros, el Gobierno del Ecuador se compromete á conservar esta institucion católica, y la Santa Sede consiente que el Gobierno continúe percibiendo la tercera parte de los mismos: el poder eclesiástico y el civil redactarán de comun acuerdo un reglamento conveniente para la debida percepcion y administracion de los diezmos.
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Art. 12. En virtud del derecho de patronato que el Soberano Pontífice concede al Presidente de la república del Ecuador, podrá este proponer sujetos dignos según las prescripciones de los santos Cánones para los arzobispados y obispados. En consecuencia, inmediatamente que vaque una silla episcopal, el arzobispo recogerá los votos de los demás obispos á fin de proveer aquella vacante. Si es la silla arzobispal la que vaca, este cuidado quedará á cargo del obispo mas antiguo. Recogidas las candidaturas, el arzobispo ó el mas antiguo de los obispos presentará una lista de tres candidatos á lo menos al Presidente de la república, el cual elegirá uno de los tres, proponiéndole al Soberano Pontífice á fin de obtener de Su Santidad la institución canónica. Si transcurriera el período de seis meses sin que los obispos por cualquier causa que sea no presentaran dicha lista de candidatos, el Presidente propondrá espontáneamente un obispo á la Santa Sede. Mas si en el período de seis meses el Presidente no ha verificado esta presentación, entonces el nombramiento del obispo, según el deseo por el mismo Presidente manifestado, pertenecerá á la Santa Sede. Para obtener lo que el Gobierno ó en su defecto la autoridad eclesiástica cuidarán de advertir á la Santa Sede el cumplimiento del indicado período. En cuanto á los ya propuestos, no podrán bajo pretexto alguno inmiscuirse en el gobierno ni en la administración de las iglesias antes de haber obtenido las letras apostólicas de su canónica institución. Cuando hubiere de tener lugar la erección de nuevas sillas episcopales, el Presidente de la república por la primera vez solamente será investido del derecho de iniciativa en la proposición de los obispos.

Art. 13. Su Santidad concede asimismo al Presidente de la república del Ecuador un indulto que le faculta para proveer con dignos eclesiásticos las prebendas de los Capítulos catedrales, dignidades, canonicatos y beneficios, excepto la primera dignidad que queda reservada á la libre colocación de la Santa Sede; excepto, además, las prebendas que, no estando sometidas á la ley del concurso ó del exámen, vaquen en los meses de marzo, junio, setiembre y diciembre, las cuales serán libremente conferidas por los obispos. En cuanto á las prebendas doctoral, penitenciaria y magistral, y otras que están sometidas á ley de las oposiciones, serán también libremente conferidas por los obispos, después de haber tenido lugar el exámen según los Cánones. En fin,
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mente por todas partes y continuaban sus predicaciones al pueblo, habian sido abiertas por una orden especial de la Reina, y que los misioneros franceses, los Hermanos y las Hermanas, habian recibido el aviso oficial de entregarse con toda libertad al ejercicio de su piadoso ministerio y de sus santas funciones.

No concluiré esta carta sin manifestaros los rumores que circulan aquí con respecto á la participacion de Mr. Ellis, misionero anglicano, en toda esta catástrofe. Los franceses y los ingleses de Tamatave, y tambien de otros puntos, están acordes en acusarle como autor de todo lo acaecido, aunque tal vez involuntariamente. Se pretende que ejercia sobre el Rey una especie de magnetismo político, y que le estimulaba vivamente á activar las reformas. ¿Con qué objeto? no se dice; pero se presume que estas reformas y los proyectos de emancipacion de los esclavos han sido causa de la revolucion del 12 de mayo, excitando la animosidad de los nobles, de los oficiales del ejército y del partido reaccionario. Se cuenta de Mr. Ellis el hecho siguiente: Que habia obtenido recientemente de Radama, á fuerza de continuas solicitudes, permiso de acompanarle á la sepultura de su madre, y de orar con él por el reposo del alma de Ranavaloo. Esta violacion manifiesta de las costumbres religiosas de Madagascar, irritando al pueblo y á la nobleza, habria contribuido mucho á presurar la deposicion del Rey. Os confieso no obstante que no puedo explicarme esta conducta de Mr. Ellis. Al mismo tiempo que manifestaba la mayor adhesion á Radama, ¿no queria destronarle, en odio contra Mr. Lambert, y para frustrar todos los proyectos de este último? Hay personas, y hasta ingleses, que así lo creen. Pero no os indico este hecho sino con la mayor reserva.

Sea lo que quiera, los jefes hovas parecen estar inquietos por lo que harán la Inglaterra y la Francia; de modo que temen que los dos Gobiernos de Europa se pongan de acuerdo para exigir el cumplimiento de los tratados.

Efectivamente un oficial hova, que habia llegado hacia tres dias para percibir los derechos de aduanas, no los ha restablecido aun. Se dice que espera que se presente una fragata francesa, la Hermione, á cuyo bordo se encuentran Mr. Lambert y un ministro plenipotenciario del Emperador de los franceses. Además me ha parecido advertir cierta aprension bastante viva en los espíritus de algunos dignatarios malgaches, con respecto á la próxima llegada de esta
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si algun Capítulo no contare el número de individuos señalado en las bulas de erección de la diócesis, el obispo podrá inmediatamente, ó luego que cuente con suficientes recursos, erigir las prebendas que falten, las cuales serán conferidas según las reglas en este artículo acordadas.

Art. 14. Respecto á lo que concierne á la colocación de los títulos parroquiales, los Ordinarios presentarán al Gobierno, conformándose con las disposiciones del concilio de Trento, tres dignos eclesiásticos, y el Presidente, sea por sí, sea por sus delegados en provincia, elegirá de los tres uno. Mas si por razones particulares el Gobierno deseara que se le propusiese tres otros eclesiásticos, el Ordinario podrá conformarse á este deseo, en el bien entendido que en ningún caso esta segunda lista podrá ser desatendida. Si fuera necesario dividir el territorio de las parroquias, los obispos quedan facultados para realizar esta división, poniéndose de acuerdo con las autoridades civiles y locales.

Art. 15. Cuando vacare una silla episcopal, el Cabildo elegirá un vicario capitular dentro el tiempo y en las formas prescritas por el santo concilio de Trento. La elección en tales términos hecha no puede ser anulada, queda prohibido proceder á otra elección, á pesar de toda costumbre que hubiere, por antigua que sea, por ser esta contraria á los santos Cánones; costumbre que queda absolutamente abolida.

Art. 16. La Santa Sede, usando del derecho que le pertenece, erigirá nuevas diócesis, establecerá nuevas circunscripciones, y tomando en cuenta la extensión de las actuales diócesis, luego de ratificado el presente convenio se apresurará á conferir á un delegado especial para fijar de concierto con los obispos y el Gobierno los límites territoriales de la diócesis; así como la dotación y las otras rentas de las iglesias, de los obispos, de los cabildos y de los seminarios.

Art. 17. Queda derogado el decreto llamado ejecutivo de 28 de mayo de 1836, tocante á la redención de censos impuestos en favor de la Iglesia; mas la Santa Sede considerando el bien que debe resultar del presente Concordato, y movida por el deseo de proveer á la tranquilidad pública y de remediar los perjuicios causados al Estado por el traslado de estos censos á la Caja del tesoro nacional, cede á las reiteradas súplicas del sobredicho Presidente, y decide y declara que en ningún tiempo ni forma Su Santidad ni los