Revista católica (Barcelona) (1863-04-01 00:00:00), página 356

la ofrenda de sus bienes en las aras del servicio y del interés público: ella siempre ha marchado á la vanguardia en casos semejantes, dando el ejemplo del desprendimiento, de la abnegación, del verdadero patriotismo. Pero si esa ha sido siempre su conducta, la misma Iglesia pide, la misma Iglesia tiene el derecho de pedir, que no se haga en su contra una vejadora excepción á las garantías protectoras de la propiedad, que si la ley política ó civil consigna en las páginas muertas de sus códigos, la Iglesia procura grabar en las páginas vivas de los corazones, inculcando un respeto tal cu orden á la propiedad, hasta repetir constantemente, por medio de la promulgación que desde lo alto de sus cátedras hace de los mandamientos divinos, que la simple codicia de los bienes ajenos entraña ya una ofensa, y muy grave, contra la majestad del Dios tres veces santo.

«El análisis de los considerandos y motivos del decreto y la consulta que de ellos me he permitido hacer, unido todo al argumento que suministra la procedencia del mismo decreto, fundan de por sí el derecho que asiste á la Iglesia para reclamar contra aquel acto. No tengo, pues, necesidad de recurrir á otras observaciones, cuyo desenvolvimiento daría una tediosa extensión al presente escrito. Con todo, no debo dejar pasar por alto la disposición del artículo 9.º tan significativa, tan trascendental para la religión católica en nuestra desventurada patria.

«Suponiendo que el Gobierno hubiera tenido facultad para ordenar las operaciones que el decreto determina, el reconocimiento de la deuda procedente de las propiedades que corresponden á las comunidades religiosas de uno y otro sexo debería hacerse á favor de la respectiva comunidad, contemplada cual una entidad moral ó persona jurídica, pues que á esta, y no á cada uno de los individuos componentes de la entidad, es á la que pertenece la propiedad. La renta vitalicia, que en lugar de dicho reconocimiento se asigna á los expresados individuos, al paso que envuelve un ataque contra el derecho de propiedad, y otro contra la disciplina monástica, que no permite y antes por el contrario interdice, bajo de severísimas penas canónicas, que la monja ó el religioso sean individualmente propietarios, envuelve la manifiesta tendencia de extinguir las Ordenes monásticas, que tanta ayuda prestan á la Religión y á la sociedad.

«En vano la ley de 14 de mayo de 1855 sobre libertad religiosa declaró independientes de todo poder extraño á las referidas Ordenes para el manejo y el goce de sus rentas y de sus bienes; en vano la Constitución de 22 de mayo de 1838 proclamó dicha libertad religiosa, y prohibió en consecuencia á la autoridad pública intervenir en asuntos religiosos: en vano, por último, la misma Constitución garantizó ampliamente las propiedades y las rentas destinadas al sostenimiento del culto, y las pertenecientes á comunidades ó corporaciones religiosas: ni aquella ley, ni esta Constitución, podrán salvar al culto de su declinamiento ó desaparición, ni á las Ordenes monásticas del desposeimiento y de la muerte, si el decreto se lleva á efecto.

«Demostrado el derecho que asiste á la Iglesia para reclamar contra el decreto de manos muertas, réstame añadir algo acerca del deber que me prescribe hacer la reclamación á nombre de la misma Iglesia.

«Como metropolitano me incumbe, no diré dar el ejemplo á mis venerables sufragáneos, puesto que ellos no necesitan de ese ejemplo para poner por obra cuanto conduzca al mejor servicio de Dios y de su Iglesia, pero si tomar la iniciativa en las cuestiones de la natura-