Revista católica (Barcelona) (1863-04-01 00:00:00), página 23

error. Todos pueden asociarse ó reunirse pacíficamente con cualquiera objeto lícito. Pero ¿cuál no lo es? Si hemos de juzgar por las prohibiciones y trabas impuestas á los Obispos, á los parrocos y á los simples fieles en la nueva legislación de Ayutla, la respuesta es clara y fácil de probarse. Óigase con horror: «No es lícito todo lo perteneciente al Clero, á la Iglesia, á la Religión, siempre que sea decretado por el Papa, los Obispos ó con su autoridad.» Como hemos asegurado, siguiendo la teoría constitucional, es fácil probarlo. ¿Qué se necesita para calificar algún acto de lícito en semejante teoría? Que sea conforme al espíritu de la Constitución, porque ni el Gobierno podrá hacer nada que no esté expreso en el código fundamental, ni los súbditos podrán practicar cosa alguna que no sea conforme á la letra y espíritu de la Constitución. Mas qué, ¿hasta el dogma, la moral y la disciplina de la Iglesia están subordinadas á las prescripciones constitucionales? Hermanos carísimos; si el artículo 123 ha añadido algo de nuevo, como es indudable, y si sus palabras expresan lo que significan, podemos afirmar desde luego que el dogma, la moral y la disciplina de la Iglesia son, en el nuevo sistema, objeto de las leyes civiles, materia del código social y político, y están por consiguiente subalternadas sus declaraciones, reglas y preceptos á la autoridad temporal. ¿Cómo existe esta en México? Repartida entre los poderes federales, legislativo, ejecutivo y judicial. «A estos, según dicho artículo 123, corresponde exclusivamente ejercer en materia de culto religioso y disciplina externa la intervención que designen las leyes.» La palabra culto religioso todo lo abraza, dogma, moral y disciplina: el culto religioso es la Religión, y esta es aquél. Si se ha añadido disciplina externa, no es para restringir la intervención, sino para ampliarla y resolver muy de paso una gravísima cuestión agitada por demás en los últimos tiempos, y que ha nacido de distinciones ignoradas en los tiempos de fe, é inventadas por el espíritu de la novedad muy opuesto á la constancia y perpetuidad de la doctrina católica. El adverbio exclusivamente podrá referirse al Gobierno de los Estados; pero no hay en el artículo, ni antes ni después de él, cosa que lo indique, y sería necesaria una declaración formal para poder asegurar que con dicho adverbio se excluyen los otros poderes civiles y políticos de segundo orden, y no los de la Iglesia, que son de otro infinitamente más elevado. Hemos dicho que sería necesaria una declaración formal; porque habiéndose advertido en el artículo 117 que «las facultades que no estén expresamente concedidas por la Constitución á los funcionarios federales, se entienden reservadas á los Estados;» bastaba, en nuestro juicio, la simple enunciación del artículo 123, sin el adverbio, para que se entendieran excluidos de la intervención en el culto religioso y disciplina externa los Gobiernos departamentales. ¿Esta reflexión es decisiva? No: es preciso ser frances; se trata de otros poderes de mas alta jerarquía, ó por lo menos la sospecha no es temeraria. La astucia con que se ha procedido en todo lo que se ha expresado acerca de la Religión, y en todo lo que se ha callado, no menos que el espíritu y la letra de tantas leyes atentatorias de los derechos y facultades de la Iglesia, nos autorizan para creer que el artículo 123 prohíbe á los poderes eclesiásticos tratar libremente del culto religioso; y que si lo hacen, sus procedimientos serán tachados de ilícitos, como contrarios al código fundamental. Si esto es así, y lo será mientras no se haga la aclaración competente, ¿qué resta de la Iglesia de Jesucristo, hermanos carísimos? ¿Dónde está su soberanía e independencia, la suprema autoridad de la cabeza