Revista católica (Barcelona) (1863-04-01 00:00:00), página 139

"Tercera. Nuestro decreto, lejos de innovar cosa alguna, tiende á la mas puntual y cumplida observancia de la disposicion de este código eclesiástico de México, y de las disposiciones diocesanas y aranceles vigentes, declarando la obligacion de conciencia, sobre la cual nada pueden todos los Gobiernos juntos, pues toca esto exclusivamente á la autoridad espiritual.

"Cuarta. Lo dispuesto en la prevencion primera, fuera de su carácter de atentado contra la jurisdiccion canónica del Diocesano, es opuesto al sistema legal de los procedimientos en el orden civil, contrario á todas las leyes que aseguran su libre ejercicio, y aun á la misma de 11 de abril. Sábese muy bien que hay recursos indicados, ya en el derecho canónico, ya en el civil; que aun el de fuerza, tolerado pero jamás consentido y aprobado por la Iglesia, hubiera sido medio menos indecoroso; que cualquiera que fuese el concepto legal que se forme acerca de nuestro repetido decreto, nunca debió prescribirse la desobediencia á todos nuestros actos gubernativos, cosa tan singular y única en su género, que acaso no presenta ejemplo semejante nuestra historia.

"73. Visto, pues, hasta donde se ha extendido la violacion de nuestra autoridad diocesana y del gran principio de la independencia de la Iglesia católica, pasemos á indicar las disposiciones de sus leyes contra esta clase de atentados.

"74. El capítulo 2.º, título 32 del libro 1.º de las Decretales dice á la letra: Si quis venerit contra decretum Episcopi, ab Ecclesia abjectatur. Esta disposicion canónica no solo robustece y confirma el derecho que tiene un obispo de expedir decretos para el gobierno y administracion de su diócesis, como lo advierte la glosa del texto, no solo inculca la gravísima obligacion que tienen todos de obedecer tales decretos, citando las graves penas impuestas en la antigua ley contra los desobedientes al principe y el anatema fulminado por el concilio Agatense; sino que sanciona de nuevo esta obligacion con una pena tan terrible, cual es la de ser arrojado de la Iglesia. Si pues, como no ha mucho lo hemos observado, nuestro decreto del dia 8 de mayo versa sobre un asunto eclesiástico de nuestra competencia, ¿cómo ha podido, á salvo de los principios, de las disposiciones canónicas y de las censuras eclesiásticas, ni mandarse arrancar por fuerza de nuestras oficinas, ni prohibirse á los párrocos que obedezcan nuestras disposiciones diocesanas si no es con licencia de los jefes politicos?

"75. El santo concilio de Trento en el capítulo 3.º, sesion xxv de Reformatione, es decir, en el mismo lugar en que nos recomienda la mas grande moderacion en el empleo de las censuras canónicas, dice lo siguiente: "Téngase por grave maldad en cualquier magistrado secular poner impedimento al juez eclesiástico para que excomulgue á alguno; ó el mandarle que revoque la excomunion fulminada." Si, pues, así califica este sagrada código el proceder de los magistrados civiles contra la jurisdiccion ordinaria eclesiástica, aun cuando se trata de la imposicion de una pena tan grave como es la excomunion, y en el mismo capitulo en que recomienda se use con moderacion y prudencia, ¿qué diríamos de una circular en que se manda no dar curso, ni menos cumplimiento, sin la licencia de los jefes politicos, á los decretos y demás disposiciones del obispo, cualesquiera que sean?... La sagrada Congregacion de inmunidades, por decreto de 10 de marzo de 1699, declaró que debe castigarse con censuras á cualquiera que impida la jurisdiccion del obispo. Consultada la sagrada Congregacion del Concilio sobre el entredicho local y personal que fulmino cierto pre-