Revista católica (Barcelona) (1863-04-01 00:00:00), página 123

terreno propio 1, examinando aquel documento conforme á los invariables y sagrados principios del derecho público eclesiástico? La razón social de la Iglesia está en la constitución que la dió Jesucristo, por la cual tiene una soberanía e independencia propias, un gobierno, una legislación, una jerarquía. Pero ¿cuál de estas cosas ha dejado en pie aquella circular? ¿Su independencia y soberanía? Han quedado á la orden de los jefes políticos, porque sin su licencia y visto bueno no puede gobernar un Diocesano. ¿Sus inmunidades reales? La policía invade los templos. ¿Su inmunidad personal? Los curas y demás eclesiásticos son multados, vejados, desterrados. ¿Su gobierno? Ni aun una simple orden, ni un simple aviso del Diocesano puede llegar á las parroquias á salvo de los subalternos y de la policía. ¿La congrua de sus ministros? Ha concluido. ¿La renta eclesiástica? Los diezmos son secuestrados, y los administradores y contratistas amenazados con la cárcel, si no prevarican. Acabaron los cánones; y una patrulla penetra en las oficinas eclesiásticas, y hasta en el santuario, para arrancar escandalosamente los decretos y circulares del obispo, y colocar por la fuerza la ley protestada por la Iglesia y un decreto que destruye la congrua benéfica de sus ministros. Pero detengámonos un poco á considerar cada una de las prevenciones que nos ocupan relativamente á la Iglesia y sus leyes.

II.

«32. Al examinar la circular de 29 de mayo, considerándola en sus relaciones con las leyes civiles, no hemos podido menos que aludir frecuentemente á su manifiesta oposición con los principios constitutivos de la Iglesia católica. Sin embargo, una ojeada tan rápida y general nunca sería bastante á nuestro propósito que, es el de poner en claro el verdadero carácter de unas medidas que, aun en tiempos de persecución y bajo el influjo de leyes notoriamente hostiles á los derechos y libertades de la Iglesia, no han podido menos de escandalizar. Es pues, indispensable ver bajo un aspecto exclusivamente canónico las prevenciones de la circular citada, y tal es, como hemos dicho en el número 8, el objeto de esta segunda parte.

«33. No se limitó la primera de ellas á mandar que se arrancase por fuerza nuestro decreto del dia 8 de mayo último, ya de los cu-

1 Tal vez parecerá extraño que, tratando cuestiones como estas, nos hayamos ocupado tanto en presentarlas también bajo un aspecto civil, y aun hecho notar la oposición de los decretos expedidos en Guanajuato con la ley de 11 de abril, contra la cual protestamos del modo mas explícito y solemne en nuestra exposición del 5 de mayo. Pero bien vistas las cosas, debe desaparecer tal extrañeza. Trátese, no solo de una defensa canónica, sino también de poner en claro la verdadera situación de la Iglesia mejicana en la época presente, y nada la pinta mas al vivo que esta impunidad civil con que las autoridades locales oprimen á la Iglesia con manifiesta infracción del Estatuto y leyes generales, y lo que es mas notable aun, contra el tenor de aquellas disposiciones que mas hostiles han sido para ella. Es también muy del caso manifestar con hechos el verdadero carácter de cada persecución, y el fundamento que hemos tenido para creer que ningun efecto habría producido un recurso al Gobierno general contra lo dispuesto en la circular que nos ocupa y las otras disposiciones del Gobierno de Guanajuato. Un decreto que subsiste á pesar del Estatuto orgánico prueba este concepto perfectamente bien: un decreto que, para reaggravar la situacion ya muy penosa de una iglesia, traspasa los limites de una ley protestada por ella y aun la deroga tacitamente, prueba del modo mas concluyente que fue dictado con la única mira de suscitar contra ella una verdadera y muy notable persecución.