Revista católica (Barcelona) (1863-04-01 00:00:00), página 128

tu proprio, al supremo Gobierno de la nación contra esta parte de la circular de Guanajuato, y en una respuesta que dió á una nota el excelentísimo señor Gobernador de este Estado 1, puso en claro toda la injusticia que tal prevención encierra, y cuánto debía llamar la atención, ora fuese considerada bajo un aspecto civil, ora bajo un aspecto canónico. No nos detendrémos, por tanto, en el examen mas detenido de la prevención cuarta; pero si creemos muy del caso hacer una observacion, notando al paso, como una prueba nueva del fundamento que tuvimos para no hacer una representación al Gobierno, que hasta ahora no ha conseguido aquel venerable cuerpo sino solo ver decretados nuevos ataques contra la renta decimal en el Estado de Guanajuato.

1 Hemos querido hacer aquí mención de la circunstancia de haber dirigido el venerable Cabildo su representación de junio de este año motu proprio: primero, porque esta es la verdad, pues no tuvimos noticia de este ocurreno sino cuando S. S. I. nos remitió copia de él, participándonos habérle ya hecho; segundo, para que no se crea que nuestro silencio para con el Gobierno era estudiado. Las razones que hemos dado en los números 3, 4 y 5 prueban hasta la evidencia que nunca tuvimos disposición para dirigirnos oficialmente ni al Gobierno general ni al del Estado de Guanajuato. Mas, una vez dirigida y publicada en los periódicos la representación citada de nuestro muy ilustre y venerable Cabildo, creemos muy del caso transcribir aquí dos párrafos en que se consignan los fundamentos legales y canónicos que S. S. I. tuvo para pedir al supremo Gobierno anulase la circular del excelentísimo señor Gobernador de Guanajuato. Estos párrafos son á la letra como sigue:

«El artículo 4.º dispone que en el caso de que los derechos parroquiales no alcancen á cubrir el valor de las multas, se ocupen gubernativamente y se rematen en el acto al mejor postor, el maíz, ganados o cualquiera otro efecto que hubiere en el diezmatorio de la cabecera, hasta cubrir el monto de las multas y honorarios del interventor. Esta medida ha sido dictada contra toda justicia y contra todo derecho. Ella vulnera el derecho natural, porque manda consumar un despojo el más inaudito, sin oir siquiera á la multitud de interesados en los bienes que se enajenan, porque hace recaer la pena sobre personas inocentes, y porque sin saber siquiera estas la promulgación de la ley, se les obliga á sufrir sus efectos penales. Ella vulnera el derecho constitucional, porque despoja á los eclesiásticos participes de la renta decimal, de las garantías y derechos civiles que proclama el artículo 5.º del Estatuto orgánico; porque viola el artículo 58 del mismo Estatuto, que previene que nadie puede imponerse una pena, si no es por autoridad judicial competente, en virtud de la ley anterior al acto prohibido, y previas las formalidades establecidas por las mismas leyes. El 63, que declara inviolable la propiedad, sea que consista en bienes ó en derechos; el 65, que prohibe que sea ocupada la propiedad, excepto el caso de exigirlo así la utilidad pública legalmente comprobada, y mediante prévia competente indemnización, y el 72, que manda que la ley, sea que oblique, premie ó castigue, debe hacerlo con generalidad.

«Vulnera el derecho civil, porque en una simple circular se derogan todas las leyes secundarias sobre libre uso y aprovechamiento de la propiedad; porque impone penas á los subditos de otro Estado en donde residen cuatro quintas partes de los interesados en la renta decimal; porque por ellas se embaragan y enajenan bienes pro indiviso, y porque se delega á autoridades inferiores mayor suma de facultades de las que las leyes otorgan á cualquier gobernador de un Estado. Vulnera el derecho canónico, porque ataca al santo concilio de Trento (que también es ley del Estado) en sus disposiciones sobre diezmos.» «La paga del diezmo, dice en la sesión xlv, es debida á Dios.» «Queda sujeto, añade, á la excomunión cualquier clérigo ó lego, aunque sea emperador ó rey, que ocupe ó por sí ó por otros con cualquier pretexto, color ó artificio, los bienes de alguna iglesia ó beneficio.» El papa Pío VI, dirigiéndose al emperador José II, le dice: «Advertimos á V. M. que privar á las iglesias y á los eclesiásticos de sus bienes temporales es, según doctrina católica, herejía externa condenada por los concilios, abominada por los santos Padres, y calificada de dogma malvado.»