Revista católica (Barcelona) (1863-04-01 00:00:00), página 355

en retribucion de sus beneficios sino ataques contra unos derechos que ella ha enseñado ser sagrados.

«Finalmente, el sexto considerando descansa en tres aseveraciones, de las cuales las dos primeras son inexactas, permitidme decirlo, y la última no tiene una aplicacion especial á la materia del decreto.

«Conforme á las disposiciones vigentes, la nacion no tiene el derecho de suceder en la posesion de los bienes de las corporaciones religiosas que dejen de existir. Conforme á esas mismas disposiciones, muy lejos de que el Gobierno pueda por su parte alegar un título al patronato religioso ó eclesiástico, resulta todo lo contrario, pues cualquiera que anteriormente hubiera sido la procedencia de los derechos que sobre el particular estimara el Gobierno concurrir en él, tales derechos se extinguieron para el mismo Gobierno por la renuncia ó abdicacion solemne que de ellos hizo, segun lo he demostrado en mi respetuosa protesta, en que insisto, relativa al decreto llamado de tuticion. En cuanto al dominio eminente, veamos lo que el derecho publico entiende por tal dominio, y deduzcamos en seguida si la doctrina relativa á ese dominio es de una aplicacion especial en nuestro caso.

«No me valdré de la autoridad de publicistas extranjeros, pues que tenemos la de un compatriota, á la cual debemos dar la preferencia, y es la del ilustrado colombiano Sr. Andrés Bello. En sus Principios de derecho público de gentes, pág. 37 de la edicion de Caracas de 1837, dice lo siguiente:

«La autoridad pública exige que el soberano tenga la facultad de «dispolver de todas las especies de bienes que pertenecen colectiva ó distributivamente á la nacion, al establecerse la cual se presume que «no concede la propiedad de ciertas cosas sino con esta reserva. La fa- «cultad de disponer, en caso necesario, de cualquier cosa contenida en «el Estado, se llama dominio eminente ó simplemente dominio. Hay, «pues, dos especies de dominio inherente á la soberania: el uno seme- «jante al de los particulares, que es el que se ejerce sobre los bienes públicos, y el otro superior á este, en virtud del cual puede el soberano «disponer, no solo de los bienes de la republica y de los bienes comu- «nes, mas tambien de las propiedades de los particulares, si la salud ó «la conveniencia del Estado lo requieren.»

«Resulta, pues, que el dominio eminente no es un derecho ó una prerogativa especialmente ejercitable respecto de los bienes de las personas juridicas, sino que se entiende sobre todas las cosas contenidas dentro de los limites del Estado ó de la nacion, y es el mismo derecho reconocido en la Constitucion de 1888 bajo del nombre de expropia- cion; derecho que no puede, que no debe legalmente ejercerse, res- pecto de las propiedades destinadas al sostenimiento del culto y de las de comunidades ó corporaciones religiosas, sino en los casos en que son expropiables los bienes de los individuos particulares, y con los requisitos y las formalidades que en tales casos deben observarse. (Ar- tículos 56 y 67 de la citada Constitucion.) Si, pues, algun grave mo- tivo de necesidad pública judicialmente declarado demandara la ex- propiacion de bienes inmuebles, deberia comprenderse en la medida á los particulares y proporcionalmente al Clero. Esto seria obrar, no como quiera siguiendo los consejos, sino los dictados, las prescripcio- nes de la justicia y de la equidad, y conformándose con el precepto de la ley escrita.

«En tal emergencia no se quedaria atrás, no, la Iglesia en punto á