Revista católica (Barcelona) (1863-04-01 00:00:00), página 13

tes pierden su autoridad cuando traspasan su órbita en todo lo que mandan, y carecen de toda potestad desde el instante en que se atreven á prescribir á sus súbditos cosas injustas e inmorales. «No hay poder que no venga de Dios,» ha dicho el apóstol san Pablo, y nada injusto, nada inmoral, nada ínfiuó puede venir de su divina Majestad, que es la misma justicia, la misma santidad, la equidad suma. Sería un contraprincipio, un absurdo; dejaría de ser Dios. Mas ¿á quién toca examinarlo y declararlo? A la Iglesia docente, al Papa, á los Obispos, como lo han hecho en todo tiempo, ya reunidos en concilio, ya dispersos por todo el mundo. Y no se confunda este punto con el de la infalibilidad, ni se exija la reunion de todos los Obispos con el Sumo Pontífice para cada caso que se presente. No, la doctrina la hemos recibido del mismo Dios; las reglas han sido establecidas por la Iglesia; las decisiones de otros casos semejantes nos sirven de modelo; de tal suerte, que nosotros no hacemos mas que conservar, defender con una resistencia pasiva la doctrina, las reglas que se nos han confiado, siempre que enseñamos á nuestros respectivos diocesanos que tal ley, artículo ó decreto es contrario á la sana doctrina y á las máximas de la moral. Por otra parte nuestros procedimientos, nuestro juicio, nuestra conducta quedará siempre sujeta al juicio de la Santa Sede, del romano Pontífice, que podrá reformar y aun revocar nuestras declaraciones, y reprobar nuestro modo de obrar, haciendo uso de su autoridad soberana e infalible; pero mientras esto no suceda, todos nuestros súbditos están obligados á obedecernos y á cumplir con lo que les hayamos mandado.

«Ese poder soberano e independiente que la Iglesia tiene para declarar la justicia ó injusticia de las leyes civiles se funda no solo en el Evangelio, sino hasta en la razon natural; por eso los sacerdotes de los gentiles tenian y usaban ese poder, como lo confirma la historia. Los que se lo niegan al romano Pontífice y á los Obispos, no se atreven á negárselo á los simples sacerdotes, que de hecho lo ejercen cuando en el tribunal de la Penitencia dicen á los criados que no están obligados á obedecer los preceptos injustos de sus amos; á los hijos que no deben practicar acciones inmorales, aunque se las manden sus padres; á los súbditos, en fin, cuando los eximen de toda sujecion respecto á sus superiores en las cosas que son contrarias á la ley, á la razon natural. ¿Por qué, pues, tratándose de las primeras autoridades de la Iglesia se les disputa ese derecho? ¿No está de manifiesto la mala fe? Se quiere que los gobernantes no tengan freno, ni los súbditos una regla segura; se pretende borrar las páginas mas brillantes del Evangelio, donde Nuestro Señor Jesucristo nos ha dado una potestad absoluta, soberana e independiente, según el grado jerárquico en que nos ha colocado á todos sus ministros, puesto que las mismas palabras dirigidas á san Pedro las dirigió á los otros Apóstoles, y en ellos á nosotros, sus sucesores. Así como las aplicó á los discípulos, así nosotros las decimos á los presbiteros en su ordenacion: Todo lo que desatáreis será desatado; todo lo que ligáreis será ligado: lo que perdonáreis será perdonado; lo que retuvieréis será retenido. La potestad es la misma; varia solo el grado, la extension, cuyos limites se fijan por la misma Iglesia en los concilios; por el Papa en sus bulas y constituciones; por los Obispos en los titulos de ordenacion y en las licencias, sin que hasta hoy nadie nos haya disputado ese derecho con razon y con justicia. ¿Por qué, pues, vuelvo á preguntar, solo se nos niega cuando se trata de una de sus aplicaciones mas importantes para la sociedad ó la comunión de los fieles,