Revista católica (Barcelona) (1863-01-01 00:00:00), página 489

culto, reconociéndole suficiente personería para manejar y reclamar sus bienes y derechos, como medios necesarios para su subsistencia. La Religión necesita de culto, el culto de templos, de ministros y de bienes para su sostenimiento. ¿Y no sería irrisible la ley que, al tiempo que le concediese libertad á un culto, le quitase los medios de subsistencia? Claro está que sí; pues esto sería lo mismo que la libertad que se le concedió á un individuo, con la condición de privarle los medios de vivir: eso sería libertad sin vida. Es, pues, muy diferente reconocer á cada culto sus derechos, que son necesarios para su conservación, y que son una consecuencia de su libertad, á la protección que, sin ser necesaria para subsistir, puede serle conveniente y útil para su desarrollo, según sea esta.

«La última Constitución de 1858, que, según la misma circular aclaratoria, está vigente en lo que hace relación á los derechos individuales, consagra entre otros á los granadinos la profesión libre, pública ó privada de cualquiera religión. Esta misma Constitución prohíbe en su artículo 14 á los Gobiernos de los Estados toda intervención en asuntos religiosos. ¿Cómo podrán, pues, armonizarse todas estas disposiciones que prohiben terminantemente á los Gobiernos de los Estados intervenir en asuntos religiosos, con el decreto de tuición que previene al presidente y á los gobernadores de dichos Estados dar el pase ó autorización á los ministros superiores para ejercer sus funciones? Solo de dos maneras, ó conviniendo en que el decreto de tuición es una nueva disposición que contraria absolutamente la Constitución y leyes vigentes, ó que de un principio se puede sacar una consecuencia enteramente contraria al mismo principio; esto es, de la no intervención, la absoluta intervención.

«Dice el señor Secretario «que debe conocer la autoridad si los ministros del culto, cualquiera que sea, son personas que no perturben la paz pública, ni ofendan la sana moral, ni alteren el orden constitucional y legal.»

«Dios, al establecer las sociedades humanas, les dio el poder suficiente para constituirse y gobernarse por sí mismas en todo lo concerniente á su bien temporal y social. Entre esos bienes temporales, los primeros sin duda de que deben cuidar los depositarios del poder son la paz, la tranquilidad y el buen orden, como que son el origen y la fuente de todos los demás. Negar al soberano el derecho y el deber de castigar á los que turban la paz pública y alteran el orden constitucional y legal, sería la negación de toda autoridad, de toda idea de justicia, y de los mas imprescriptibles derechos de la soberanía temporal. La Iglesia católica, lejos de negar este derecho, le consagra establecido como uno de los primeros y principales deberes de sus miembros, la obediencia á las autoridades legítimamente constituidas, no por temor sino por conciencia. Los textos de la Escritura y los testimonios de la tradición son tan conocidos, que es inútil citarlos. Ella reconoce como un dogma que el establecimiento de los gobiernos es la obra de la sabiduría divina para prevenir la anarquía y la confusión, y para impedir que los pueblos sean llevados acá y allá como las olas de la mar. Jamás el poder espiritual ha desconocido la soberanía del poder temporal en el orden temporal; por el contrario, siempre ha respetado y hecho respetar las leyes de este orden, á menos que violen las leyes del orden espiritual. Éste es un deber al cual la Iglesia católica nunca ha faltado. Pero si contra su espíritu, contra su doctrina y contra sus prevenciones, algunos de sus ministros turban la paz pública y alteran el orden constitucional y legal,