Revista católica (Barcelona) (1863-01-01 00:00:00), página 483

á sus ministros de la libertad e independencia con que deben obrar en el ejercicio de su ministerio. Desde que Jesucristo instituyó el gobierno de su Iglesia siempre ha sido ejercido por los Apóstoles y sus sucesores, que son los Obispos unidos al romano Pontífice, y si estos consintiesen en subordinarle y trasladarle á las potestades civiles, desde ese mismo instante ese nuevo Gobierno sería como todo lo que es mundanal, variable, defectible y sujeto á las continuas mudanzas de las instituciones civiles; en una palabra, dicho Gobierno sería la obra del hombre, pero no la obra divina formulada por Dios al dar la existencia á su Iglesia.

«Pues esto es precisamente lo que establece el artículo 2.º del decreto en cuestion, cuando establece que ningún ministro superior podrá ejercer sus funciones, sea cual fuere el culto á que pertenezca, sin el correspondiente pase ó autorización del poder ejecutivo, ó gobernadores de los Estados en sus respectivos casos.

«Si por ministros superiores se entiende en este decreto, como debe entenderse en la religión católica, los Obispos y todos los prelados que en la escala superior ejercen jurisdicción externa, bien se deja comprender que estos no pueden en ningún caso solicitar ni recibir de las potestades seculares ninguna autorización para el ejercicio de sus funciones, sin hacer un formal desconocimiento de la independencia del poder espiritual de que estamos investidos. Jesucristo al constituir su Iglesia le dió el poder suficiente para gobernarse y alcanzar su fin, independientemente de todo poder extraño, y esta potestad no se la confirió al pueblo ni á los potentados de la tierra, sino á doce Apóstoles, que, elegidos entre la multitud de sus discípulos, recibieron toda potestad necesaria para llenar el fin de su misión, sin que en ningun texto de la Escritura, ni en ningun monumento de la tradicion, conste que les hubiese prescrito que para cumplir con las funciones de su ministerio tuviesen que obtener el permiso ó autorización de los príncipes de la tierra. Por el contrario les dijo: «Seréis llevados ante los gobernadores y los reyes por causa de mi... Y cuando os entregaren no penseis cómo ó qué habeis de hablar; porque en aquella hora os será dado lo que hayais de hablar.» La independencia de los dos poderes, el temporal y el espiritual, es una verdad tan inconcusa, que ningún católico puede negarla sin dejar de serlo; pues sería necesario despojar la autoridad espiritual de su carácter divino; sería necesario rechazar todas las fuentes en donde hemos aprendido las grandes verdades que forman nuestra creencia, y, en una palabra, sería necesario destruir todos los monumentos de la tradicion y de la enseñanza católica. Como una consecuencia necesaria de esta verdad es que todos los Gobiernos civilizados, tanto de Europa como de América, que han querido ó creído conveniente intervenir en los negocios eclesiásticos concernientes á la disciplina, han celebrado concordatos en los que, por el libre concurso de ambas potestades, se ha definido con claridad y precision hasta dónde se extienden los límites de esta intervención.

«Ningún ministro superior del culto católico tiene hoy en la Nueva-Granada, en calidad de tal, á su cargo ningun negocio temporal; luego el decreto que les impone el deber de solicitar autorización de los poderes temporales para ejercer sus funciones, es un decreto que subordina la autoridad espiritual á la temporal, es un decreto que esclaviza á la Iglesia quitándole su propia autoridad. Con ese decreto la potestad de magisterio ó de enseñanza, la potestad de ministerio, la administracion de los Sacramentos, todo lo concerniente al dogma,