Revista católica (Barcelona) (1863-01-01 00:00:00), página 490

esos ministros deben ser sujetos á juicio, y, una vez comprobado el delito, aplicarles las penas á que en semejantes casos están sujetos todos los subditos de una nación, pues que ellos por el hecho de ser ministros no dejan de ser ciudadanos. Esto es lo que siempre se ha practicado en todas las naciones y en la nuestra misma, y lo que está de conformidad con la justicia, con los derechos y deberes de la autoridad temporal, y contra cuyo procedimiento la Iglesia jamás ha reclamado.

«Todo lo que hasta aquí hemos dicho es muy distinto de lo que previene el decreto de tuición, pues conforme á él, suponiendo que un ministro tuviese todos los méritos y cualidades suficientes para ejercer su ministerio, y suponiendo que realmente existiese en la autoridad temporal la facultad de darle ó negarle el ejercicio de sus funciones, una simple sospecha, un simple juicio ó cualquiera animadversión vendría á ser suficiente, contra todo derecho, para privar á los ministros el ejercicio de su ministerio, quedando así convertidos en viles y tristes instrumentos de la voluntad, de los caprichos y de las pasiones de los depositarios del poder temporal.

«Esto mismo debe decirse, y con mucha más razon, respecto de la calificación de un ministro católico, si es persona que puede ofender la sana moral, puesto que dicha calificación quedaría también sujeta á la voluntad, al capricho y al espíritu de secta del gobernante que debiera hacerla. La moral abraza el conjunto de todos los deberes que el hombre tiene con Dios, consigo mismo y con la sociedad. Ella comprende todas las acciones públicas y privadas, mientras que la acción del gobernante no puede llegar hasta allá, puesto que solo puede obrar sobre la conducta de los ciudadanos por medio de las penas, y para aplicar estas es necesario que el acto esté mandado ó prohibido por la ley. Una acción bien puede ser mala, pero mientras que no sea prohibida como tal ningún Gobierno tiene derecho para castigarla. Este es el límite hasta donde puede entenderse la acción del Gobierno para impedir que se ofenda la sana moral; pero es una cosa muy distinta la que se establece en el decreto de tuición; pues los ministros de cada culto serían de peor condición que todos los demás ciudadanos, pues para calificarlos sí serían capaces de ofender la sana moral, no se tendría en cuenta la moral calificada ó definida por la ley, sino la moral particular del gobernante que debiera calificarla.

«Un ministro del culto no puede ofender la sana moral sino por sus actos ó por sus doctrinas: si la ofende por sus actos, en tanto que estos sean inmorales, deben estar prohibidos por la ley, y luego que la infrinja aplicarle la pena señalada, y á que está sujeto como ciudadano: si es por su doctrina, esta no puede ser juzgada ni condenada sino en nombre de otra doctrina, y entonces los gobernantes deben definir terminantemente cuáles son las doctrinas que ofenden la sana moral, y cuáles son las penas en que incurre el que las profesa; pero mientras esto no se verifique, cualquier Gobierno que impida á un ministro del culto el ejercicio de su ministerio por juzgar que su doctrina ofende la sana moral, viene á establecerse en juez supremo que decide cuál es la verdadera doctrina y cuál la verdadera moral; decisión que no tendrá otro fundamento que su voluntad, su capricho ó su espíritu de secta ó de doctrina; en cuyo caso la garantía constitucional que asegura á los granadinos el derecho de profesar libremente la religión que á bien tengan, quedaría completamente destruida.

«Dice el señor Secretario «que es indispensable reconocer que el