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caridad, de donde recibian diariamente un sin número de beneficios todas y cada una de las clases de nuestra sociedad; todos de un solo golpe á la vez son reducidos, unos á la mendicidad, otros, ó su mayor parte, á la nada por el citado decreto, despojándolos, he dicho, de lo mas preciso para su subsistencia. Ordena el decreto sean entregadas inmediatamente al Gobierno todas las escrituras y documentos de propiedad de todos y cada uno de los enunciados institutos, establece y nombra comisionados para recoger tales documentos y depositarios de los bienes, arrendamientos y censos que empiecen á correr desde el mes siguiente á la fecha de su data, y usando, dice, de la facultad que le conceden los pueblos, declara, cual si fuese un enviado de Dios, que cambia y trastorna las leyes y derechos de la naturaleza, que aquellos bienes pasan á ser parte del Tesoro nacional, declarando además al Gobierno de la nacion en la obligacion de pagar en billetes sobre el tesoro el censo anual de un cinco por ciento respecto de los bienes á censo, obligando á los beneficiados y empleados, así eclesiásticos como seculares, á elevar un presupuesto de los gastos de sus respectivos destinos, y asignando por toda renta á los religiosos de uno y otro sexo una miserable racion, que llama con el nuevo e inusitado nombre de renta viajera, la que se entiende, y mejor dicho, reduce á dos y medio ó tres reales diarios, según lo vi ejecutar con los religiosos llegados á Cartagena en diciembre de dicho año.

¿Quién no ve en todo esto, respecto de la Iglesia, el nuevo derecho de tuicion, llevado á su mas pronto y eficaz cumplimiento por la misma autoridad, si así puede llamarse, que lo concibiera? Tuicion, en el sentido que da á esta palabra y su derecho el mismo Sr. Mosquera, como lo expresa en el decreto de 6 de febrero de este año, haciendo algunas concesiones, como él dice á uno de nuestros Prelados, no significa lo que expresa literalmente, favor, amparo, protección, etc., sino lo contrario; opresion, persecucion, eliminacion de poderes y facultades; y para probarlo, copiaré aquí el primer articulo de dicho decreto; dice así: «Artículo 1.º Teniendo plena confianza el Gobierno en el tino y prudencia con que procede el R. O. de... se abstiene el Gobierno del ejercicio del derecho de tuicion en aquel obispado, en cuanto dice relacion al nombramiento de prebendados, canónigos y dignidades de la catedral, vicarios y curas de su obispado.» Por donde se ve que el pretendido
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derecho de tuición no se ciñe á visar los títulos ó nombramientos de los superiores eclesiásticos, y declarar parte del Tesoro nacional los bienes de las comunidades y demás institutos que la Religión ha consagrado en beneficio de la humanidad, sino que se extiende á adueñarse también de los nombramientos de las dignidades, canónigos, vicarios, curas, etc., de las iglesias catedrales y parroquiales, y en consecuencia á admitir ó rechazar los nombrados por los Obispos, y á estos nombrados por el Papa, y á aumentar ó disminuir hasta reducir á la triste ración de un jornalero las cóngruas y obvenciones del sacerdocio.

Nada diré del decreto expedido en diciembre del año próximo pasado, en que hace extensivo el de tuición á todos los eclesiásticos seculars y regulares. Tampoco diré una palabra de aquel en que eliminó de hecho, confinando á las de varones las comunidades religiosas, entre las cuales hubo alguna que, siguiendo el ejemplo de san Esteban y del divino modelo, unida por el espíritu de su profesion, salió de sus claustros con la paz y en el mismo órden que lo hiciera á los actos de comunidad, cargados sus miembros con solo su ropa y el Breviario, rezando á córos el salmo Miserere por sus perseguidores.

En 11 de setiembre de aquel mismo año declaró el mismo Presidente provisorio en pieza oficial, quien sea el juez competente en los juicios sobre capellanías, y puede creerse sin dificultad que no hizo tal declaración á favor de la Iglesia, y en consecuencia que destituye á los Obispos de esta canónica autoridad.

En 7 de junio de este año el encargado del poder ejecutivo del Estado de Bolívar, con motivo de la comunicación de nuestro Prelado con su clero y fieles de esta ciudad, y por hallar en sus celosas disposiciones un dique que se oponía á sus fines de protestantizar el país, expidió un decreto en que prohibe con penas la obediencia al legítimo Pastor, el cual protestaron enérgicamente los señores presbiteros Eugenio Bisfi y Juan Andrés Rodríguez. Yo entonces me hallaba encarcelado, y no obstante hice y mandé á la prensa mi protesta; pero el Gobierno había prohibido á los impresores imprimir publicacion alguna del Clero. Mas habiendo ya publicado La Revista así el referido decreto como su refutacion del presbítero Sr. Bisfi en su número de 20 de setiembre último, me adhiero á aquella manifestación que no firmé por estar privado de comunicación en la fecha de su data.
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El mismo dia 7 de junio del mismo presente año expidió el Presidente provisorio referido el siguiente decreto:

«Tomás Cipriano de Mosquera, presidente provisorio de los Estados Unidos de Colombia y supremo director de la Guerra, etc., decreto:

«Artículo 1.º Los miembros de las comunidades religiosas de uno y otro sexo, que á la fecha de la publicacion del presente decreto no se hubieren sometido expresamente ante la autoridad respectiva á los decretos de 20 de julio y 9 de septiembre últimos, sobre tuicion y desamortización de bienes de manos muertas, aunque despues se sometan, no tendrán derecho á la renta viajera que les asigna el decreto expresado sobre desamortización de bienes de manos muertas.

«Art. 2.º Los curas de las parroquias, los capellanes y demás eclesiásticos seculars y regulares que no se hayan sometido expresamente ó que no se sometan del mismo modo á los decretos mencionados en el artículo anterior dentro de quince dias de publicado el presente, serán extrañados del territorio de la república ó confinados á un lugar distante, y ocupadas sus temporalidades.

«Art. 3.º El gobernador del distrito federal y los presidentes, gobernadores y jefes superiores de los Estados dispondrán que este decreto se publique inmediatamente por bando en todas las poblaciones de sus respectivos territorios, y desde la fecha de esa publicacion se contarán los quince dias señalados para el sometimiento.

«Art. 4.º La promesa de someterse á los decretos se hará bajo juramento ante la primera autoridad del distrito, barrio ó cuartel en que residiere el eclesiástico que deba hacerla.

«Art. 5.º Transcurridos los quince dias señalados para hacer la promesa, la primera autoridad del distrito, barrio ó cuartel reducirá á prision inmediatamente en la cárcel pública á todos los eclesiásticos seculars y regulares que no se hayan sometido expresamente y bajo juramento á los mencionados decretos de tuicion y desamortización de bienes de manos muertas, y dará cuenta en el distrito federal al gobernador y en los Estados á los presidentes, gobernadores ó jefes superiores, para que en el acto hagan efectiva la pena de extrañamiento ó confinamiento y ocupacion de temporalidades.

«Art. 6.º El funcionario ó empleado público del distrito, barrio ó cuartel, que sea omiso ó moroso, será destinado y pagará una multa de ciento á quinientos duros, á
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juicio del presidente, gobernador ó jefe superior respectivo; si no tuviera con que pagar la multa, sufrirá un dia de prision por cada peso.

«Art. 7.º Los que oculten en sus casas á los eclesiásticos seculares ó regulares mandados reducir á prision por no haberse sometido á los decretos, ó que de cualquiera otra manera los auxilien, protejan ó encubran para que se oculten ó eviten ser aprehendidos, confinados ó extrañados, pagarán una multa de ciento á quinientos pesos, á juicio de la primera autoridad política del distrito, barrio ó cuartel en que se haya cometido la falta; si no tuvieran con que pagar la multa y fueren hábiles para el servicio de las armas, serán destinados al ejército en calidad de reclutas; y si no fueren hábiles para este servicio, sufrirán una prision de un dia por cada peso de la multa que hubiere de imponérseles.

«Art. 8.º Para imponer la destitucion, las multas ó las penas subsidiarias establecidas en este decreto se comprobará la falta con un documento fehaciente ó la informacion sumaria de dos testigos por lo menos contestes.

«Dado en Bogotá á 7 de junio de 1862.—Tomás Cipriano de Mosquera. — El secretario de lo Interior, José Rojas Garrido.»

Este decreto fue publicado en El Registro oficial y en el periódico de Bogotá titulado El Colombiano, del 13 del mes y año de la data de este decreto. Documentos de esta especie no necesitan comentarios, llevan ensí mismos un carácter tan pronunciado, que al oirlos, aun estando ya en la segunda mitad del siglo XIX, nos parece oir las órdenes de Calígula, Neron ó Diocleciano.

Por este decreto fuimos confinados, mas bien desterrados á una isla distante de la costa de Cartagena cincuenta leguas, y llamada de San Andrés de Providencia, en donde permanecimos los trece sacerdotes en union del Ilmo. Sr. Vicente Arbetaez, vicario apostólico de la diócesis de Santa Marta, durante diez dias presenciando la penuria de sus habitantes, y siéndoles extraños en idioma, culto y costumbres, se puede decir que tan solo vegetábamos: no obstante, no faltó allí un católico que nos brindase su choza y se interesase por ver representado y celebrado el misterio de nuestra redencion en aquella tierra por primera vez. Al fin la divina Providencia, que vela especialmente por la suerte de los que sufren por la justicia, mandó á aquellas playas una nave que redimiese al cautivo sacerdocio é ilustre compañero sucesor de los Apóstoles; en efecto, no bien había
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fondeado, cuando supimos gozosos que su capitán se hallaba dispuesto á libertarnos. Para salvar nuestra responsabilidad de las recriminaciones de la autoridad civil, dirigimos al alcalde una nota, pidiéndole nos manifestase si su Gobierno había dado disposición alguna sobre los medios de nuestra subsistencia en aquella isla; á la cual contestó así:

«Estados- Unidos de Colombia.—Estado soberano de Bolívar.—Alcaldía del distrito.—Número 10.—San Andrés 14 de agosto de 1862.—A los señores sacerdotes y religiosos confinados en este distrito.—Señores: En contestación á la nota de Vds. de esta fecha solicitando saber si el Gobierno de los Estados-Unidos de Colombia ha dado á esta Alcaldía órden alguna para que les pase lo necesario para subvenir á sus subsistencias.—En contestación me pongo á decirles, que ni una sola palabra me ha participado el Gobierno, relativa á la pregunta que se me ha hecho: es todo lo que puedo decir sobre el particular, suscribiéndome de Vds. observante servidor.—Firmada: Richard J. Bomi.»

Por lo que se ve se deja conocer fácilmente que la mira de la Revolución, al confinaros á esta pobre y casi desierta isla, fue con el fin de que muriésemos moral y corporalmente; pero Dios, que sabe burlarse de los planes de los hombres, no quiso llenar los de Mosquera, y sacándonos de la infeliz república y de la pequeña isla en que nos sepultaban vivos, nos restituyó la libertad y la acción moral de nuestro sagrado ministerio, conduciéndonos las circunstancias á los dominios de la católica España, en donde, merced á los esfuerzos de su augusta Reina y celoso Gobierno, se disfrutan las garantías apetecibles en medio de una paz verdaderamente octaviana: á esta ciudad llegamos cuatro de los referidos extrañados, en donde hace cuatro meses recibimos los beneficios de la nación que lleva por timbre de su gloria apellidarse y demostrar que es, como llaman los Pontífices Sumos á sus reyes, católica, esto es, universal.

Antes de terminar, séame permitido insertar aquí el decreto de 8 de junio de este año:

«Tomás Cipriano de Mosquera, presidente provisorio de los Estados-Unidos de Colombia y supremo director de la Guerra, etc.

«Considerando que pacificada como ya se encuentra la generalidad de la Unión, la se pública exige que no se demore por más tiempo la amortización de la Deuda nacional por la venta de los bienes desamortizados;
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«Considerando que es además de notoria conveniencia pública realizar cuanto antes el pensamiento social, económico y político de la desamortización; entre otros motivos con el que principien á hacerse sentir los efectos saludables de la presente transformación, tan fecunda en sacrificios como todas las de su especie;

«Considerando que aunque el objeto preferente de esta importante operación no es de carácter fiscal, pueden y deben obtenerse de ella algunos recursos de esta naturaleza, para acelerar con menores gravámenes para los pueblos el término definitivo de la guerra, decreto:

«Artículo 1.º Se procederá inmediatamente á la venta, en pública subasta, de los bienes desamortizados, por medio de operaciones parciales, á fin de que se obtenga la mayor concurrencia posible.

«Art. 2.º La venta se hará por los vales de Deuda pública interior reconocidos á cargo de la Unión, y además por todos los documentos de Tesorería que representen un crédito líquido y legítimo á cargo de la misma.

«Art. 3.º Se cobrará como arbitrio fiscal en cada remate un derecho de diez por ciento, el cual será pagadero de contado y en dinero metálico.

«Art. 4.º Todas las ventas se harán al plazo de 3, 3 y 3 meses, para el efecto de consignar los rematadores los respectivos documentos de Deuda pública, pagándose un interés de medio por ciento mensual. Pero los que anticipen sumas á la Tesorería general, por razón del derecho de título, diez días después de la fecha de este decreto obtendrán el beneficio de que el plazo expresado sea de 6, 6 y 6 meses, sin interés de demora, cuyo beneficio es transferible, con el respectivo documento de Tesorería, á virtud de endoso.

«Art. 5.º Los bienes que no se saquen á remate, ó á los cuales no se haga postura admisible, se reservarán con el carácter de hipotecas para el pago posterior de la Deuda á cargo de la Unión, que aun no está liquidada; y por ningún motivo se distraerán de este objeto especial.

«Art. 6.º Quedan vigentes todas las disposiciones principales y accesorias dictadas sobre esta misma materia, en cuanto no sean incompatibles con la próxima ejecución de los remates y los otros fines á cuyo logro inmediato se dirige el presente decreto.

«Dado en Bogotá á 8 de junio de 1862.—Tomás Cipriano de Mosquera.—El secretario de Hacienda, Rafael Núñez.»
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nados los pastores respectivos á las diócesis de Cuba, Tortosa, Osma, Pamplona y Cartagena. En efecto: en el consistorio habido en Roma el 23 de noviembre del propio pasado año fueron preconizados el Sr. Dr. D. Primo Calvo Lope, de la diócesis de Osma, dignidad de chantre de la catedral de Tarazona, y licenciado en teología, para la metropolitana de Cuba.

Para la iglesia de Pamplona el Excmo. Sr. D. Pedro Cirilo Uriz y Labairu, que lo era de la de Lérida.

Para la iglesia de Huesca el R. Dr. D. Basilio Gil Bueno, de la diócesis de Sigüenza, dean de la catedral de Barbastro.

Para la catedral de Teruel el R. Dr. D. Francisco de Paula Jimenez y Muñoz, de la diócesis de Osma, canónigo magistral de Salamanca, licenciado en teología.

Para la iglesia catedral de Tortosa el R. Dr. D. Benito Vilamitjana, de la diócesis de Vich, canónigo magistral de Urgel, licenciado en teología.

Para la catedral de Osma el R. Dr. D. Pedro María Lagüera y Menezo, canónigo de la metropolitana iglesia de Valladolid, doctor en teología y licenciado en derecho canónico.

Todos estos señores han sido consagrados y han tomado posesion de sus sillas durante el año 1862.

El 30 de marzo fue consagrado en el Real monasterio de las Salesas de la corte el Ilmo. Sr. Dr. D. Francisco Sanchez Crespo, obispo de Archis, in partibus infidelium, auxiliar del eminentísimo Cardenal arzobispo de Toledo. Apadrinóle el Sermo. Sr. D. Alfonso, príncipe de Asturias, y en su nombre asistió al acto el señor Marqués de Alcañices. La diócesis de Toledo necesitaba una persona de las cualidades de actividad y criterio del Ilmo. Sr. Sanchez, para auxiliar en su administracion al Emo. Dr. Fr. Cirilo Alameda y Brea, ya algo decrépito á causa de su edad y extraordinarias fatigas. Luego de su consagracion empezó el exacto cumplimiento de su destino.

El señor Arzobispo de Cuba fue consagrado el domingo 7 de abril en la Real capilla de Palacio, por el excelentísimo señor Nuncio apostólico, asistido de los excelentísimos Sres. Claret y Tarancon, y estando presentes los señores Obispos de Doliche y de Archis, y el entonces electo de Santo Domingo, además de SS. MM. que apadrinaban al consagrando.
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La extemporaneidad de este decreto es manifiesta, y dejando de observar su injusticia manifiesta y las faltas gramaticales de su redaccion, veamos solamente esta verdad.

En el primer considerando da por motivo de su decreto la pacificacion general de la republica que se llama Union; y hasta hoy, siete meses despues, lidia con los defensores de la legitimidad: luego, segun él mismo, no era llegado el tiempo de expedir semejante decreto, lo que él corrobora demostrando la falsedad de la proclamada pacificacion, cuando dice en el tercer considerando que de los remates de los bienes desamortizados, aunque no son de carácter fiscal, pueden y deben obtenerse recursos para acelerar el término definitivo de la guerra. Por otra parte el uso de las naciones en semejantes crisis politicas condena tambien la conducta del Sr. Mosquera, pues vemos recientemente á la Francia aguardar órdenes de la Santa Sede para llevar á cabo iguales ventas, y la España, despues de años y deceños de pacificada, y despues de haber solicitado nuevo Concordato con la Santa Sede, es que procede á la venta de tales bienes, y eso; en qué manera tan diferente de la del tirano de Nueva-Granada! Debo añadir aquí que aunque este decreto habla en general de los bienes despojados, una circular del secretario de Hacienda, de orden del Dictador, dispuso pocos dias despues se principiase la venta por los bienes eclesiásticos de Tunja (mi ciudad natal) y Bogotá. Ahora, usando del derecho natural y en union del señor presbítero Bartolomé Cermeño, cura de la parroquia de Sincé en la diócesis de Cartagena, protestamos todos los referidos decretos y otros que se hayan expedido en contra de los derechos tan sagrados de la Iglesia católica, y que en adelante se expidieren, no solo en nuestra patria, sino en todo el mundo, nos reservamos el derecho de reclamar ante las autoridades competentes las propiedades de nuestras respectivas iglesias, además de igual reserva que hayan hecho, en cumplimiento de su deber, nuestro dignísimo Prelado, el síndico del monasterio de Carmelitas y nuestros mayordomos de fábrica y las de nuestras respectivas capellanías que administramos en propiedad é interinamente.

Protestamos igualmente el Código civil del estado de Bolívar contra su título 6.º, en que legisla sobre matrimonio, y establece sin miramiento alguno de la santa Iglesia el matrimonio civil, absolutamente civil, y «solo, dice, los que «quieran podrán llamar al sacerdote ó ministro de su culto «para solemnizar el acto;» y lo protestamos, porque, ade-
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más de ser todo este título herético, no guarda siquiera la modestia que exige la moral común, poniendo por causal indispensable de la dispensa de avisos, con que intentan subrogar y subrogan las moniciones canónicas, la cohabitación anterior al matrimonio; «siempre que, son sus palabras, ha-«ya cohabitación anterior al matrimonio.» ¿Quién no ve que este será un estímulo á la inmoralidad con la cual los delincuentes estarán seguros de aquella dispensa? Todo el mundo sabe que estos matrimonios así celebrados son nulos, porque ningún Gobierno ha sido autorizado por Dios ni por la Iglesia para presenciarlos, y por consiguiente para legislar sobre su celebración; todo lo cual es privativo de la Iglesia de Jesucristo, así como las dispensas de sus impedimentos.

Una palabra más y habremos concluido. La legislatura del Estado de Bolívar en la diócesis de Cartagena ordenó y encomendó la vigilancia y economía de los cementerios católicos á las autoridades civiles, estando en aquella república independiente la Iglesia del Estado por la Constitución de 1858, que el Gobierno del Sr. Mosquera ha declarado vigente. Siendo un hecho generalmente recibido la división de las dos potestades en aquella república, uno de nosotros reclamó del Consejo de su distrito, y protestó el Reglamento sobre cementerio que había decretado: en efecto, se consiguió que su administración quedase como siempre en la jurisdicción del párroco; pero esto no ha sucedido en las demás iglesias, y la ley sobre cementerios permanece vigente. Por tanto protestamos y rechazamos, con santa libertad é indignación, esta total tendencia del Gobierno civil de la Revolución á ingerirse en todo lo concerniente al gobierno de la Iglesia; y desconocemos los poderes que para semejantes hechos pretende haber obtenido del pueblo. Añadimos en obsequio de la verdad que en la ciudad de Cartagena, á pesar de dicha ley, no se habían llevado á cabo semejantes disposiciones.

Habana 3 de diciembre de 1862.—José María Pompeyo.—Bartolomé Cermeño.

GACETILLA RELIGIOSA UNIVERSAL.

España.—El martes dia 13 empezaron en Barcelona los ejercicios de oposicion á la canonjía penitenciaria, vacante
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Barcelona 30 de enero de 1863.

REVISTA CATÓLICA.

SECCION RELIGIOSA.

RESEÑA HISTÓRICA.

ESPAÑA.

El Episcopado.

(Continuacion).

Durante el año que acaba de transcurrir la Iglesia española ha visto aumentado el número de sus diócesis con la de Vitoria. Convenida su ereccion por el último Concordato, junto con las de Madrid y Ciudad-Real, hasta el presente no habia sido posible allanar las dificultades y simplificar las complicaciones que impedian llevarla á efecto. Al fin sonó la hora en que se vieron cumplidos los justísimos votos de una parte considerable de Vizcaya. Recibidas las correspondientes bulas de ereccion de silla y de nombramiento de su primer obtentor, el ilustrísimo y reverendísimo Sr. Dr. D. Diego Alguacil, obispo que era de Badajoz y preconizado para la nueva diócesis, se trasladó á ella á principios de mayo, después de haber pasado algunos días en la corte. La religiosidad é hidalguía de los habitantes de aquel privilegiado suelo no se vieron desmentidas en la entrada de su ansiado Pastor. La régia magnificencia con que se adornó la ciudad de Vitoria, la respetuosa alegría de que sus habitantes dieron testimonio al verse tocados ya por la sombra del que venia á ellos en nombre del Señor, la cordial acogida que encontró en los graves padres de provincia, en las autoridades, en la nobleza, en el clero, confir-