Revista católica (Barcelona) (1863-01-01 00:00:00), página 496

«Es por eso que en todas las naciones y en todos los códigos de legislación se encuentran leyes especiales que inhiben á los bienes eclesiásticos de las cargas comunes á la sociedad, y penas especiales para castigar á sus defraudadores. Es por eso que la Iglesia, que graba en el corazón de los fieles, por medio de su sublime doctrina y de su moral, el mas profundo respeto por la propiedad individual, ha impuesto la mas terrible de sus penas, la excomunión, para castigar á los que bajo cualquier pretexto presumieren usurpar por sí, ó por medio de otros, con violencia, ó infundiendo terror, ó valiéndose también de personas supuestas, ó con cualquiera otro artificio, los bienes, censos y derechos, ó cualesquiera obvenciones de alguna iglesia, ó de cualquiera beneficio secular ó de otros lugares piadosos. Todo esto se mira hoy entre nosotros con el último desprecio, doloroso nos es decirlo; pero siempre serán leyes respetables establecidas por personas venerables, dirigidas por el espíritu de Dios, los cánones santos de la Iglesia, que por tantos siglos han sido la salvaguardia de los imperios y de las repúblicas, y que siempre ligarán de una manera irrevocable las conciencias de los hijos de la Iglesia.

«Pero no es mi intento hablaros de fueros ni de privilegios, que nuestra actual legislación no reconoce en favor del Clero ni de sus bienes: quiero solamente que consideremos á la Iglesia granadina y á su Clero como un cuerpo de ciudadanos bajo la protección de las leyes, como un cuerpo moral autorizado por la nación para adquirir bienes; y es bajo este punto de vista que me propongo tratar, aunque someramente, la presente cuestión.

«Es un principio reconocido por todos los publicistas que los cuerpos morales, aunque posean en común, sin embargo respecto á la nación ó al soberano que la representa son á la manera de los particulares; y así el soberano, extendiendo su autoridad á cuanto puede extenderse, cuando mas podrá quitar ó privar su propiedad de la manera y en la forma que puede hacerlo respecto de los particulares. Este principio es el que está reconocido y sancionado en la Constitución del año de 1838, que el mismo ciudadano Presidente, autor del decreto de bienes de manos muertas, ha declarado que está vigente; la cual en su artículo 67 dice así: «Ninguna ley de la Confederación ni de los Estados podrá dar á los templos y edificios destinados al culto público de cualquiera religión establecida en el país, ni á los ornamentos y vasos sagrados, otra aplicación distinta de la que hoy atienen, ni gravarlos con ninguna especie de contribuciones. Las propiedades y rentas destinadas al sostenimiento del culto, y las que pertenezcan á comunidades ó corporaciones religiosas, gozarán de las mismas garantías que las de los particulares, y no podrán ser ocupadas ni gravadas de una manera distinta de la de estos.»

«Se ve, pues, de una manera clara y terminante, que, conforme á la Constitución que el ciudadano Presidente de los Estados Unidos de la Nueva-Granada ha declarado vigente, las rentas y propiedades de la Iglesia, destinadas al sostenimiento del culto, están enteramente asimiladas á las de los particulares, gozan de las mismas garantías, y no pueden ser ocupadas ni gravadas de una manera distinta de la de estos. Ahora, conforme al inciso 3.º del artículo 56 de la misma Constitución, ningún habitante ni transeunte de la Confederación puede ser privado de su propiedad sino por vía de pena ó contribución general con arreglo á las leyes, y cuando así lo exija algún grave motivo de necesidad pública, judicialmente declarado, y previa indemnización. La única diferencia que se establece para en caso de guerra es