Revista católica (Barcelona) (1863-01-01 00:00:00), página 488

«el ejercicio de su culto sean protegidos por la autoridad pública.»

«A nadie se oculta que existe una inmensa diferencia entre protección y libertad de cultos; y por lo mismo cuando los Gobiernos han querido aceptar lo uno ó lo otro, lo han expresado clara y terminantemente en sus leyes sustantivas y adjetivas. Y no podía suceder de otra manera, puesto que son hechos cardinales que aparejan derechos y obligaciones de grande trascendencia, y de diferente naturaleza, tanto de parte del Gobierno como de los miembros de cada comunión religiosa.

«Contrayéndonos á la legislación de nuestro país, vemos que la Constitución del año de 1843, al hablar del culto, declara terminantemente en sus artículos 15 y 16 que es un deber del Gobierno proteger á los granadinos en el ejercicio de la religión católica, apostólica, romana; y en efecto, en sus leyes adjetivas protege el culto, sus objetos y sus ministros, así como al dogma, castigando con penas severas los sacrilegios y las profanaciones. Todos saben que en la Nueva-Granada, aunque los legisladores de 1824, penetrados de la necesidad y conveniencia que había de celebrar un concordato con la Santa Sede, facultaron al poder ejecutivo para que lo verificase, esto no se llevó á efecto. De aquí resulta que la ley de patronato y sus adicionales, en que los poderes públicos de la Nueva-Granada fundaban sus derechos para intervenir en negocios eclesiásticos de disciplina, eran hechos interinerarios y provisorios, que tenían mucho de controvertible, y que al fin produjeron ese conflicto en que se vieron los prelados, cuando se les hicieron exigencias indebidas por parte del poder público, prefiriendo seguir el camino del destierro antes que someterse á disposiciones que vulneraban la libertad en el ejercicio de su autoridad.

«El Episcopado granadino, después de haber protestado contra todas las usurpaciones del poder temporal, fue extrañado fuera del territorio granadino, prefiriendo toda clase de sufrimientos y penalidades á la abdicación de los derechos y libertad imprescriptibles del poder espiritual, de que eran depositarios. Su conducta fue solemnemente aprobada por el romano Pontífice, y por testimonios espléndidos y auténticos de las naciones más cultas del mundo católico. Tal era el estado de las cosas en la Nueva-Granada cuando se dio la Constitución del año 33, en la cual se garantizó á todos los granadinos, por su artículo 3.º é inciso 3.º, la profesión libre, pública ó privada de la religión que á bien tengan. Como una consecuencia natural de esta garantía fue que se dio la ley de 13 de junio del mismo año, declarando que cesaba la intervención de la autoridad civil en los negocios relativos al culto; en virtud de la cual fue que pudieron volver los prelados extrañados al seno de su grey. Como desarrollo de la misma garantía constitucional fue que se dio la ley de 14 de mayo de 1833, la cual al declarar que no hay religión del Estado prohibe terminantemente la intervención de las autoridades públicas, de cualquiera clase y categoría que sean, en los actos, arreglos y negocios concernientes á la creencia y culto de los granadinos. Pero se dice que esa misma ley, al disponer por su artículo 2.º que las respectivas iglesias y congregaciones, de cualquiera comunión, deben ser incorporadas por una ley que les dé carácter y personería para manejar sus rentas y sus bienes, contiene implícitamente el derecho de tuición. Nada dice esta disposición que no tienda por una parte á prescribir el absoluto y completo desprendimiento de la autoridad civil en los negocios eclesiásticos, y por otra parte á asegurar la libertad que garantiza á cada