Revista católica (Barcelona) (1863-01-01 00:00:00), página 498

«Omitimos hablar del cuarto, por cuanto no hace á nuestro objeto; pero en cuanto al quinto, en el cual se manifiesta que dicho decreto ha respetado la posesion de las cosas, asegurando bajo la responsabilidad de la nacion la subsistencia de los establecimientos, nos permitimos hacer dos observaciones:

«1.º Que respecto á las comunidades religiosas, lejos de asegurar la subsistencia, lo que se asegura es su destrucción; puesto que la renta procedente de las propiedades que toma el Gobierno, correspondientes á dichas corporaciones, en vez de asegurarse á favor de la comunidad se asegura á favor de cada individuo, lo que tiende directamente á la destrucción de tales establecimientos.

«2.º Que esta disposicion ataca directamente la libertad religiosa garantizada por la Constitucion á los granadinos, puesto que les impide indirectamente asociarse ó renirse en cuerpos morales para cumplir los deberes y los sublimes consejos de perfeccion evangelica que nos propone nuestra sacrosanta Religion. Todos los dias se nos dice que el Gobierno no debe poner limite al ejercicio de las facultades humanas, en tanto que esto no sea necesario para impedir las acciones nocivas á la sociedad, y no podemos convencernos que sea una accion nociva á la sociedad el reunirse los hombres para implorar de Dios noche y dia la prosperidad del Estado. Por otra parte seria necesario destruir las páginas y los monumentos de la historia para negar cuánto debe la Religion y la civilizacion á esta clase de asociaciones, y muy particularmente en nuestro pais.

«El Gobierno de los Estados-Unidos de la Nueva-Granada no tiene hoy ningun titulo por el cual pueda alegar el derecho de patronato, y por la prerrogativa de dominio eminente que se alega no tiene mas derecho sobre los bienes de las corporaciones eclesiasticas que el que tiene sobre los de los particulares; por consiguiente carecen absolutamente de fundamento el sexto y último considerandos.

«Pero supongamos por un momento que todas esas razones fuesen exactas y concluyentes; entonces se deberian tener presentes para legislar en hechos de futuro, pero no para violar y quitar derechos adquiridos y consumados. Es un axioma reconocido y fundado en los mas sanos principios de legislacion, que las leyes no pueden tener efecto retroactivo, ni pueden ser invocadas para hechos antecedentes á su publicacion; y si las quisiesen extender á determinar el juicio de tales hechos anteriores, serian opresivas y tiránicas. Todos los bienes y propiedades de que hoy está en posesion el clero y la Iglesia granadina han sido adquiridos bajo el amparo y salvaguardia de la ley, por actos consumados antes que se expediese el decreto en cuestion: luego, aun concediéndole al soberano la facultad de legislar en esta materia, dicho decreto sería injusto, opresivo y tiránico.

«Por otra parte, continuando en la hipótesis de que la materia sobre que se ha legislado en el decreto fuese de la competencia de la autoridad civil ó politica, ella corresponderia á la legislacion de los Estados en que están situados dichos bienes, puesto que este no es negociado que esté atribuido por la Constitucion vigente al Gobierno general. Pero aun suponiendo que fuera de los de la competencia del Gobierno general, corresponderia al poder legislativo y no al ejecutivo, que es el que ejerce su autor el ciudadano Presidente de los Estados-Unidos.

«Por las razones expuestas, y por el deber que como obispo tengo de reclamar y defender los derechos de la Iglesia, protesto á nombre de la Iglesia católica contra el decreto de 9 de setiembre próximo pa-