Revista católica (Barcelona) (1863-01-01 00:00:00), página 487

de uno de los cónyuges, como lo dispone el artículo 31 de la ley de 1858, adoptando el Código civil de Chile. Entre los católicos es un dogma que el matrimonio consumado es indisoluble en cuanto al vínculo. Tenemos, pues, aquí dos principios de doctrina opuestos; el del poder público de Santander, que establece que un cónyuge estará unido á otro por el tiempo que quiera, y que podrá separarse y unirse sucesivamente con cuantos quiera, y el principio católico que establece uno con uno para siempre.

«Estos dos principios, que están en abierta contraposición, traen consecuencias trascendentales de influencia moral sobre los pueblos. Es evidente, pues, que no pueden armonizar el poder público legislativo de Santander con el poder moral que ejercen los ministros de la religión católica, si ó dicho poder no retrocede ante sus principios, ó los ministros no abdican su ortodoxia, ó, lo que es lo mismo, dejan de ser ministros de la religión católica. De lo contrario siempre sucederá que la influencia que los verdaderos sacerdotes católicos ejercen en la sociedad y enseñanza de los pueblos de Santander estará en contradicción con la legislación, ó, lo que es lo mismo, con la doctrina que profesa el poder público legislativo de dicho Estado.

«Lo mismo que sucede hoy en el Estado de Santander puede suceder respecto de los poderes públicos de los diversos Estados que compongan la Unión granadina. Y entonces yo pregunto: ¿cuál sería la línea de conducta adoptada por todos los sacerdotes y fieles católicos? ¿seguirán las doctrinas que siguen los poderes públicos, y las consecuencias de su moral, ó por el contrario seguirán la doctrina católica? La respuesta no es dudosa. En donde quiera que haya católicos, ora anden errantes en las llanuras del Paraguay, ora estén encerrados en los palacios de Pekín, en materia de dogma y de moral siempre obedecerán y preferirán la doctrina de la Iglesia á la de los poderes públicos; porque saben que la Iglesia es la única depositaria de la verdad, que no puede jamás engañarse ni engañar, que es la depositaria de las leyes divinas, y que su poder espiritual es infalible, mientras que los poderes temporales pueden estar fluctuando á todo viento de doctrina, y aun faltar á las condiciones esenciales de su misión, mientras que la Iglesia nunca faltará, porque nunca le faltará la asistencia divina.

«La verdad es una: Dios no ha podido revelar á los hombres dogmas encontrados; y si la doctrina de los poderes públicos está en abierta contraposición con la de la Iglesia, á los verdaderos sacerdotes católicos y á los verdaderos fieles toca obedecer y acatar á esta y no á aquellos.

«La Iglesia católica desde su origen reconoce una ley fundamental, una doctrina que por su esencia divina es una, inmutable e indivisible. Los poderes públicos pueden rechazar hoy la doctrina que ayer sostenían, ó vice versa. Pretender, pues, estos armonizar la moral de la religión católica, y por consiguiente sus doctrinas, atribuyéndose la calificación ó nombramiento de sus ministros, es declararse en supremo tribunal de creencias, es destruir la garantía que consagra la Constitución á los granadinos, la libertad de conciencia, la libertad religiosa. Esto por lo que hace al objeto del decreto; ahora hablamos de su legalidad.

«Dice el señor Secretario «que esta ley (la de 14 de mayo de 1855 sobre libertad religiosa), que es el desarrollo de la garantía constitucional, reconoce implicitamente el derecho de tuición, es decir, la protección que debe dar la nación á los granadinos para que en