Revista católica (Barcelona) (1863-01-01 00:00:00), página 492

contra las disposiciones que atacan los derechos de la Iglesia, y que nos ponen en un conflicto como pastor y como ciudadano.

«Creemos que de la doctrina expuesta se deducen las siguientes consecuencias:

«1.º La armonía que se propone establecer el decreto de tuición entre los poderes públicos y el poder moral que ejercen los ministros del culto, interviniendo en su elección, es imposible respecto del culto católico; porque la doctrina de este y su moral son invariables, y la doctrina y consiguiente moral de los poderes públicos puede variar y de hecho varía, puesto que los depositarios del poder público de la Nueva-Granada como tales no tienen religión, y en sus instituciones pueden adoptar la doctrina que más les plazca.

«2.º Que el decreto de tuición, tal como está escrito y explicado, lejos de hallarse contenido implícitamente en la ley de 4 de mayo de 1833 sobre libertad de culto, es una nueva disposición que conculea y destruye la garantía constitucional que asegura á los granadinos el libre ejercicio de la religión que á bien tengan.

«3.º Que suponiendo en el soberano la facultad de conceder ó negar á los ministros del culto el ejercicio de sus funciones, y que este deba negarlo siempre que crea que puedan turbar el orden público ó ofender la sana moral, desde ese mismo momento la autoridad de un ministro está reducida á la voluntad, al capricho, al espíritu de secta de un gobernante, viniendo á ser en tal caso dicho decreto un medio de anticipar las penas á los delitos.

«4.º Que la distinción de potestad y autoridad, en el sentido que la establece el señor Secretario, carece de todo fundamento, y por lo mismo es inadmisible. Pero si por autoridad se entiende, como debe entenderse, el derecho de mandar ó obligar á hacer alguna cosa, y por potestad el ejercicio de este derecho, es indisputable que el poder espiritual tiene tanto la autoridad como la potestad, pues de lo contrario su gobierno sería imperfecto e incapaz de llenar los sublimes y elevados fines de su misión.

«Aquí deberíamos terminar esta refutación; pero no queremos dejar desapercibida la invocación que hace el señor Secretario, en favor del decreto de tuición, del derecho inmanente que corresponde á todos los Gobiernos de mantener la soberanía e independencia de la nación. Nosotros repetimos que la doctrina católica, lejos de negar este derecho á los Gobiernos, lo consagra con su sanción divina; pero también debe recordar el señor Secretario que el gobierno espiritual también tiene derechos inmanentes y esenciales á su constitución; y entre esos el principal es su libertad, que se puede considerar como el primer elemento de su vida. Por nuestra parte, lejos de abrigar ideas mezquinas respecto de la autoridad temporal, la consideramos tan grande como es en su origen y en su desarrollo; pero, por grande que sea, ella es limitada tanto en el hecho como en el derecho, como todo lo que es humano.

«El poder de todo soberano temporal está limitado por la ley natural, por la divina, y por las leyes fundamentales de la misma sociedad que rige. Mientras el soberano respeta estos límites, él será verdadero representante del poder social y del mismo Dios, y nadie tiene derecho para negarle su concurso y su obediencia; pero desde el momento que los traspasa, sus actos serán de hecho pero no de derecho.

«Terminaremos el presente escrito con las palabras del sabio Walter, porque ellas están enteramente de acuerdo con nuestro modo de pensar.