Revista católica (Barcelona) (1863-01-01 00:00:00), página 497

que la indemnización puede no ser previa, y la necesidad de la expropiación puede ser declarada por autoridades que no sean del orden judicial.

«Si de conformidad con las disposiciones expresas de la Constitución, ningún individuo particular, transeunte ó natural de los Estados Unidos, podrá ser despojado contra su voluntad de sus propiedades, adjudicándolas en dominio á la nación, y fijándole á beneplácito del soberano una renta sobre el Tesoro, sin la más flagrante violación de las garantías constitucionales, ¿cómo puede hacerse esto con las propiedades y rentas de la Iglesia destinadas al sostenimiento del culto, a la cual se le ha asegurado su propiedad, bajo la misma salvaguardia y las mismas condiciones que á los individuos particulares? Solo violando los eternos principios de justicia, y destruyendo los mas imprescriptibles derechos, cuyo sostenimiento es el objeto y el primer deber de todo Gobierno; solo estableciendo, respecto de los bienes y rentas destinadas al sostenimiento del culto, una odiosa excepción que los coloca en peor condición que los bienes y propiedades de los particulares. Pero no vemos cuál sea el motivo de tal excepción; puesto que los fundamentos en que se apoya el derecho de la propiedad de la Iglesia son tan fuertes, estables y sólidos como el de las propiedades de los particulares, y además tiene sobre ellos otra relación mas firme y segura, á saber: el respeto que se debe, y que todos los legisladores del mundo han tributado, á los objetos consagrados al culto.

«Se ve, pues, que, aun suponiendo que la materia sobre que se ha legislado por el mencionado decreto, fuera de la competencia de la autoridad que lo expidió, él violaría las garantías constitucionales, y carecería enteramente de razón y justicia, pues si ellas existieran, deberían haberse manifestado en los considerandos ó parte motiva del mencionado decreto, lo que creemos está muy lejos de suceder.

«Por lo que hace al primero de dichos considerandos, es bien sabido que todos los bienes consagrados al culto son hoy vendibles ó enajenables, observando las formalidades prescritas por los cánones y por la correspondiente autoridad eclesiástica; y por lo mismo esa falta de circulación de los bienes raíces que pertenecen á la Iglesia, que se presenta como el mayor obstáculo para la prosperidad de la nación, carece de razón. Pero supongamos que así fuese; entonces el decreto deberá restringirse á los bienes inmuebles que tienen este carácter, y no á toda clase de bienes y propiedades respecto de las cuales no media esta circunstancia.

«Si el segundo, que se funda en sostener que las corporaciones morales ó anónimas no pueden poseer á perpetuidad bienes inmuebles, fuese una buena razón, debería comenzarse por desconocer el derecho que la nación misma tiene para poseer dichos bienes, puesto que ella es una sociedad moral idéntica á la sociedad que llamamos Iglesia, sin mas diferencia que el objeto y fin que cada una se propone.

«Se alega por el tercero el abuso que dichas corporaciones han hecho de las reglas con que se han formado, impidiendo ó teodiendo á impedir el ejercicio de la autoridad pública. Bien se ve que no hay cosa de que el hombre no pueda abusar; y si esa fuera buena razón para quitar los medios de subsistencia á las asociaciones religiosas, también deberíá privarse al hombre del libre ejercicio de sus facultades, puesto que muchas veces abusa de ellas, lo que sería ciertamente el mayor de los absurdos, siendo así que lo que se debe castigar es el hecho abusivo, y no la facultad de abusar.