Revista católica (Barcelona) (1862-01-01 00:00:00), página 243

una prueba del deseo del Gobierno de cumplir con el Concordato, y se evitarían las reclamaciones de la potestad eclesiástica que, no viendo cumplido lo que en el pacto último se le ofreció solemnemente, podría creerse desligada de los compromisos en que consintió por su parte.

«Indudablemente esos bienes no hubieran venido á la Iglesia á no ser por esas cargas, y por lo mismo la Iglesia no puede dispensar de ellas ni al Gobierno ni á nadie.

«Hubiera, pues, sido conveniente que el Gobierno, obrando con menos precipitación, se hubiera tomado tiempo para traer datos sobre el importe de las fincas eclesiásticas. Con semejante precipitación se ha infringido el artículo 16 del Concordato de 1860, que dice: que se formará ante todo un presupuesto del culto y sus ministros y demás obligaciones eclesiásticas.

«Ya que esta es la única ley que ha venido á esta Cámara en armonía con las dos potestades, hubiera sido de desear que se hubiera atendido á lo estipulado en el Concordato. No consignándose, por otra parte, una cantidad para hacer frente á las cargas espirituales, se irroga gran perjuicio á los contribuyentes, porque después esas cargas tendrán que venir al presupuesto general del Estado, y no es justo que contribuyan á levantarlas los que no han comprado bienes nacionales.

«Mi tercera observación se refiere á los iglesarios ó mansos. La administración en esta parte se atiene á la letra de la ley de 1.º de mayo. Pero esa ley no está conforme con el Concordato. Dice su artículo 2.º: «Quedan exceptuados de la venta las casas, rectorías, huertas y jardines de los párrocos;» y el Concordato dice: «las casas y huertas conocidas con el nombre de iglesarios.» Son dos cosas muy distintas, y sin embargo la administración se atiene á la ley de 1.º de mayo de 35 de tal suerte, que hasta ha llegado á fijar á los huertos la extensión de tres fanegas de sembradura, faltando al Concordato.

«Para que la administración no vuelva á cometer estos abusos, es necesario una declaración del Gobierno. Hay mas: los iglesarios ó mansos no pueden imputarse á la dotación del Clero; el clero parroquial está pobre, y no debe depender de sus feligreses para muchas atenciones, como sucederá si se les priva del iglesario; y sobre todo no hay derecho para ello, porque están exceptuados.

«Justo era también que, antes de poner en arriendo como se han puesto esos iglesarios, la administración hubiese examinado las reclamaciones de los párrocos. Esas reclamaciones no se han atendido, y procedieron á suponer un arriendo que jamás ha existido, ni debe ni puede existir.

«Quisiera, pues, que el señor ministro de Hacienda tratase: 1.º De consignar una partida en esta ley para levantar las cargas espirituales. 2.º Que prometiese que en el presupuesto próximo procurará satisfacer la necesidad de dotar á los coristas exclaustrados. Y 3.º que en atención á la pobreza de los párrocos se exceptuará de la venta, como dice el Concordato, solo lo relativo á iglesarios ó mansos, pues que la ley de 1.º de mayo no está tan clara como debe estar.»

La observación sobre las cargas espirituales no podía ser más procedente ni oportuna; es sin duda este punto el más delicado de los afectados por las reformas administrativas, es la cuestión que más fácilmente puede gravar las conciencias de los que intervienen en la ejecución de lo con-