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dos antes del 51 siguieran su curso, y se suspendiera el de los iniciados despues de esta época.

Pero vino el Gobierno del año 53, y á 5 de febrero quedó restablecida la ley del 19 de agosto. Empezó luego á dudarse si podian resucitarse los litigios suspendidos empezados despues del año 51 y declarados fuera de curso en 1852; y si se admitiría el fallo de los tribunales eclesiásticos en las causas relativas á la provision canónica de las capellanías subsistentes según el real decreto de 30 de abril.

Es fácil calcular los compromisos que estos decretos y contradecretos han ido acumulando durante este tiempo. El gobierno Narvaez-Nocedal pretendió dar á entender desenredaba el asunto expidiendo la Real orden de 26 de noviembre de 1856, la que en el fondo no aclaró ninguna ambigüedad. Declarando simplemente suspendida la ley del año 55, fue lo mismo que trasladar las cosas al statu quo con mil compromisos y enredos, añadidos en el complicado período que se atravesó; de modo que hoy están suspendidos los litigios respecto á capellanías colativas empezadas despues de la promulgacion del Concordato en virtud de la ley de 1841; están suspendidos los entablados en virtud del Real decreto de 30 de abril de 1852; y pueden suspenderse tambien los empezados en virtud del de 1856, como quiera que al declararse en él abolido el de 1855, por una evolucion de las que acostumbra el sistema moderado, no se rezó de poner en su vigor el Real decreto de 1852.

¿Qué resulta de esto? que las causas empezadas no se sentencian, que muchas obligaciones radicadas en los beneficios colativos no se cumplen, que muchos patronos prescinden del ejercicio de su derecho tal vez en provecho propio y daño de las almas de sus antecesores. Nace de ello un germen de inmoralidad que debe obviarse. ¿Cómo podrá obviarse? No nos proponemos redactar un proyecto de ley, y mucho menos de convenio; pero opinamos que las bases de toda futura resolución deben apoyarse: 1.º en el reconocimiento del derecho de expedito ejercicio de presentacion en
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los primitivos y legítimos patronos de los beneficios; 2.º en la legítima asignacion de las propiedades que deben sostener las cargas á ellas inherentes. Lo insuperable de las dificultades desaparece en gran parte, partiendo del supuesto de que se debe partir, de que en punto á cargas espirituales no hay español que no proceda de buena fe; si así es, ¿debemos presumir que se excite grave oposicion por parte de los que se hicieron cargo de los bienes de las capellanías, fuese en la época que fuese, para cumplir con lo afecto en las mismas? ¿No disfrutan ellos de los bienes? En estos bienes ¿no tienen radicada la pension de sufragio sus antiguos parientes, los que quizá padecen aun por su descuido la consecuencia de sus ofensas á la Divinidad? En esto no vemos diversidad de épocas: nadie podía alentar la preocupacion de que por mas que hubiera prometido el Gobierno lo contrario, no se levantarian las protestas del poder espiritual, único dueño y soberano en los asuntos espirituales. Sabiendo quiénes son los patronos, y cuáles los bienes, y cuántas las obligaciones, y habiendo buena voluntad y decision por parte del Gobierno, es fácil un definitivo acuerdo. La importancia y gravedad del negocio exigen se nombre al efecto una Comision especial, que sin levantar mano y con celo, estudie una solución que ha de llevar la tranquilidad á muchas familias turbadas.

En esto no hacemos otra cosa que desear se cumpla cuanto contiene el artículo 10 del reciente Convenio.

Una parte del artículo 13 del mismo ha sido interpretada en la práctica de una manera que nos parece contraria á su espíritu. El Gobierno se obliga en él á proveer la dotacion de las monjas de oficio y de los capellanes, sacristanes y culto de las iglesias de religiosas en cada diócesis. Esta es la letra.

El Gobierno en su vista aparenta no tener ninguna dificultad en subvenir á los capellanes de religiosas, pero con tal que si recibian precedentemente sueldo del fondo público opten entre los dos títulos de cobro. Confesamos que esta es la regla general á que han tenido que sujetarse los exclaus-
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ADJUDICATIVAS

DE ORT

SERIE ADJUDICES
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«Sed afables, dulces y benéficos, dice á los Reyes y á los Emperadores en el acto de su consagracion, y conducíos de modo que goberneis, no por vuestra utilidad sino por la de vuestro pueblo. El Salvador mismo del mundo predicó y lloró, como el mejor patricio, los males que amenazaban á su patria. Y la enseñanza del divino Redentor, fundador de su santa Iglesia, no ha sido estéril en sus vínculos en la tierra los Soberanos Pontífices. San Leon el Grande libró dos veces á Roma de ser destruida, arrasada y sembrada de sal, y la historia cuenta ejemplos de igual interés y del empeño que los Soberanos Pontífices han tomado en defensa de sus legítimos derechos, en los nombres memorables de Agapito, Pelagio, san Eugenio, Juan, Martin y otros seguidores de su enseñanza, lo cual prueba que no se sentian encadenados por la fe católica y sus dogmas, sino en cuanto la justicia y la caridad ordenan y hacen compatible con la legítima defensa y con la victoria contra las rebeliones.

«Ni es menos absurdo asentar como se hace en el folleto que la Santa Sede no podrá satisfacer á las exigencias relativas á la política. La experiencia de todos los tiempos enseña lo contrario.»

La historia del actual Pontificado proporcionó bastantes datos al Excmo. é Ilmo. Sr. García para confirmar evidentemente sus convicciones.

El señor Arzobispo de Tarragona levantó también su voz, y llamando á los pies de la indisputable autoridad de su justo criterio á la contrahecha criatura del orgullo socialista, aplastó todos sus pretendidos argumentos con el peso de sus solidísimos principios.

En su exámen que tituló: El folleto El Papa y el Congreso refutado por sí mismo, el Excmo. Sr. Costa va siguiendo paso á paso, línea por línea aquel aborto maquiavélico, y sin perdonar las frases á simple vista más insignificantes, sabe desalojarlas de su oscuridad, y hacerlas aparecer con una verdadera y funesta importancia. Trata con el
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trados. Eran victimas atendibles, se les ha desatendido; sit nomen Domini benedictum: pero el caso presente viene revestido de circunstancias especiales. Cuando el Gobierno prometió dotar los capellanes de religiosas, sabia bien que la mayor parte de ellos eran exclaustrados, puesto que las religiosas presieren naturalmente ser dirigidas por un hijo de sus respectivos fundadores, y aun en algunas Órdenes es un deber que así se efectúe. Cuando el Gobierno no hubiese hecho esta observacion, podria haberla hecho el Sr. Ríos Rosas, que es buen observador. Si hoy el Gobierno pretende desentenderse de gran parte de su reciente obligacion burlando los efectos de la última parte del artículo 13, ¿no podremos llamar á este paso un estratagema? Y ¿son nobles las conductas estratégicas en materias religiosas? Se dirá que no se estipuló precisamente por ahora, sino para cuando no habrá exclaustrados: ¡ya! y cuando no habrá exclaustrados ¿no podrá haber Órdenes religiosas? ¿no se restablecen en el Concordato? Y en tal caso, el fraile que consuma todo el dia dando consejos, oyendo confesiones, y cumpliendo con el culto de las iglesias de religiosas, ¿se verá privado, solo por pertenecer á un convento, solo porque el Gobierno da al convento en su nombre cuatro ó cinco reales diarios, solo por esto se verá privado de poseer para dar, para favorecer, para asistir? Tal vez se replicará: entonces seria necesario conceder la pension de exclaustrado á los curas párrocos, á los beneficiados de las catedrales, á los canónigos, etc. No contestarémos aquí lo que deberia hacerse. Al fin el canónigo religioso por ser canónigo no deja de ser exclaustrado; ni por ser canónigo ó párroco, se le ha devuelto nada de lo que se le quitó: no queremos disputar de justicia, porque los hombres de bien, y los que no lo son tanto, se rigen por dos sistemas de jurisprudencia; preseindamos de lo que deberia hacerse, y de si es muy justo que porque el reverendo sujano de tal, exclaustrado, se titule párroco con 6 rs. diarios, se le permita nadar en la miseria; no obstante, aun prescin- diendo de todo aparece una circunstancia favorable en pro
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de los capellanes de monjas. Los capellanes de monjas por ser tales no han cambiado de jerarquía, es un nombramiento accidental, están allí por la voluntad del Obispo y por el tiempo que dura su beneplácito. Este destino no es una carrera, es un trabajo: pues bien, si les diera la gana á los exclaustrados de vivir con el sueldo de la exclaustación, y pasearse todo el día y no ocupar ninguna plaza de las subvencionadas por el Gobierno: este ¿tendría algo que decir? ¿No se vería obligado á pagar los sueldos de todos los exclaustrados y además todas las asignaciones de las plazas que por su retraimiento deberían proveerse con sacerdotes seglares? Pues si este hombre que puede consumir el tiempo en el paseo quiere aprovecharle en las fatigas del ministerio, ¿por qué ser mezquino con él? ¿No veis su generosidad? Se dirá: ¡trabaja para vivir con holgura! ¡hola! ¿es decir, que vosotros le habíais dejado en el aprieto? Y ¿por qué condenar al aprieto perpétuo á este hombre que se fatiga para holgar? Ambos extremos del dilema son terribles para el Gobierno que no esté animado de un grande espíritu: ó el fraile trabaja por Dios, ó por necesidad; en el primer caso es un deber respetarle, en el segundo socorrerle, siempre es un insulto escatimarle el resto de su legítimo patrimonio.

Y ya que en el destino de estos pobrísimos religiosos puede influir el voto de alguno ó de algunos militares de alta graduación, permítasenos recordemos lo que sucede con ellos. ¿Por ventura el señor Duque de Tetuan, por visible ejemplo, dejó de cobrar del Estado como á Presidente del Consejo de Ministros, como á Capitán general de los ejércitos, y como á General en jefe del ejército de África? ¿No es un mismo individuo? los dos sueldos ¿no los cobró en calidad de soldado? ¿Por qué los grandes sueldos no son incompatibles en los altos personajes, y lo son en un insignificante fraile las mezquinas pensiones? ¿No existen magistrados que son alcaldes corregidores? y ellos ¿se abstienen de cobrar su doble sueldo?

Disimúlense este empeño, esta insistencia, esta tal vez
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inoportunidad en reclamar en esta cuestion; somos los amigos del pobre, deseamos ser los abogados del desvalido, y sentimos no ser fuertes para ser los protectores y defensores del débil. Los poderosos se entienden con facilidad; pero ¿con quién se entenderá el desgraciado, si la opulencia le deslumbra con sus resplandores, y si su voz es una anomalía en las juntas de los bienaventurados según el siglo? El Gobierno que quiera consumar la obra de moralidad, al parecer empezada por el actual Ministerio, tiene mucho que examinar en materia de los religiosos; hasta no hace mucho tiempo el fraile ha sido el hazme reir de las gentes; los Gobiernos que lo toleraban ó aconsejaban son hoy en castigo el hazme reir de las mismas: el Gobierno que haga respetar todos los derechos merecerá las simpatías de todos, y entonces el hazme reir será el que no simpatice con él.

Es de esperar que el asunto de los exclaustrados capellanes de monjas será examinado otra vez, y que se hará justicia.

Y ya que venimos abogando para los desvalidos religiosos, natural es no dejemos al olvido una buena porción de ellos que arrojados del claustro en 1835, no se les atendió para nada en lo de las compensaciones, con el débil y pueril pretexto de que aun no habían llegado al sacerdocio. Hablamos de los coristas profesos, y por lo tanto atados con solemnísimos votos á sus respectivas Órdenes, hijos de sus correspondientes conventos ó provincias, y por lo tanto frailes y frailes completados. ¿Qué tenía que ver el Gobierno en la cuestion del sacerdocio? ¿A quiénes se arrojaba de allí? á los frailes: pues en esta clasificación venia comprendido todo professo: legos y sacerdotes, ordenados y aspirantes, y si tanto pudiera apurarse el asunto, hasta los novicios que eran frailes en la afición y en el deseo. Pero no, en el hecho de ser discutibles sus derechos los abandonamos; sin embargo, ya que se ha atendido á los pobres legos, porque eran frailes, ¿qué razon hay para no atenderse á los que á la sazon no eran sacerdotes, pero eran tambien frailes? En nuestro
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artículo del 30 de enero, analizando el Convenio que acababa de llegar á nuestras manos, al ver la reparadora disposición acerca los legos, aplaudimos, y nos quedamos muy tranquilos creyendo que todo quedaba reparado; sin embargo, no tardamos á descubrir otras no menos antiguas ruinas; ¡trastornó tantas cosas el furor revolucionario! Habíamos resuelto abogar, al permitirnoslo el curso de las reseñas, para la olvidada clase de los coristas, no sacerdotes en tiempo de la exclaustación, cuando tuvimos el gusto de recibir algunas atentas comunicaciones de varios puntos en las que manifestándonos los acribillados sentimientos de gratitud de muchos pobres legos para con la Revista Católica, que había apreciado en su justo valor la dignidad de aquellos humildes servidores de los hijos de Dios, se nos señalaba aquella porción de los que eran coristas no sacerdotes, muchos de ellos sumidos en espantosa miseria, otros obligados á dedicarse á ocupaciones menos dignas y propias de quien había resuelto servir al santuario. Reconocida la justicia de los legos, la suya no puede desatenderse, puesto que si á estos les faltaba el sacerdocio, también les faltaba á aquellos, y en lo demás quedaban iguales.

Nuestras reflexiones son de ningún valor, pero si la justicia de la causa que las inspira pudiese comunicarle alguno, nos daríamos por muy satisfechos: cumpliendo con nuestro doble ministerio recomendamos á la clase mencionada á las atenciones del señor Ministro de Gracia y Justicia, pidiéndole exámen de su causa y justicia para ellos.

Con motivo de la desdichada muerte de una impenitente y contumaz mujer, y de la negativa del ecónomo respecto á concederle sepultura eclesiástica, el reverendo Obispo de Oviedo había elevado un expediente al Gobierno de S. M., quien lo remitió á las secciones reunidas de Gobernacion, Fomento, Estado y Gracia y Justicia del Consejo de Estado. El Consejo determinó que siempre que por desgracia se repitiera algún hecho semejante, si el entierro del cadáver del sospechoso individuo no podía verificarse sin riesgo de la
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salud pública, se proceda á su sepultura en un lugar decente y contiguo al cementerio, interin se espera el acuerdo del Prelado á que debe comunicarlo sin pérdida de tiempo el párroco: que si el acuerdo del Prelado es favorable al difunto, se publique su absolución inmediatamente, celebrándose su funeral, y se apliquen para el descanso de su alma las preces y responsos que prescribe el Ritual romano; exhumándose el cadáver para enterrarle en lugar sagrado en el tiempo y modo prevenido por la ley de 27 de mayo de 1845.

Nada tenemos que oponer á tales resoluciones, ellas fueron adoptadas y prescritas á no tardar en una mesurada instrucción dirigida á los señores Párrocos por el Tribunal eclesiástico de la diócesis de Barcelona. En lo que hay mucho que observar y que oponer es en la exposición de las razones que motivaron tan justo acuerdo. Un periódico monárquico al examinarlas, llevado de sus sentimientos de condescendencia, creyó que no era al alto Consejo, sino al individuo redactor al que debiera cargarse la responsabilidad; sin embargo, creemos que semejante disculpa envuelve una manifiesta acusación de desidia y descuido. Ello es cierto que en aquel documento, que puede llamarse oficial, se dejó afirmar que los Obispos no podían proceder gubernativamente cuando se trata de imponer penas que privan para siempre de los derechos de la sociedad cristiana; que los Párrocos no tienen otras atribuciones que las de administrar los Sacramentos, instruir á sus feligreses, y vigilar que los acólitos y servidores de la Iglesia cumplan sus deberes; que parece que la comunión cristiana no debe rechazar de su seno sino al hereje, al réprobo, al que se pone voluntaria y premeditadamente fuera de su grey; que la pena grave de privación de sepultura eclesiástica fue impuesta á la feligresa en cuestión en virtud de una información sumaria, no teniendo quizá presente lo que prescriben las Decretales y el artículo 9.º de la Constitución de la monarquía, que declara que ningún español puede ser procesado ni sentenciado sino por tribunal competente en la forma que prescriben las leyes. Seme-
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jantes despropósitos, unidos á los desaciertos que emite sobre las doctrinas y acuerdos del santo Concilio de Trento, dan tristísima idea del miembro del Consejo de Estado que extendió dicho documento. Deseáramos que en tales casos se procediera con mucha madurez y tino, y sobre todo con mucha ortodoxia y siquiera no emitiendo crasos despropósitos: en el supuesto de que no es obra del Consejo de Estado, no reconocemos en ella importancia bastante para detenernos en desvanecer errores que no resisten á la mirada del criterio comun.

Con mucho gusto debemos tomar acta de la parte del tratado de paz concluido con Marruecos relativa á los intereses religiosos. Los artículos 10 y 11 dicen al pie de la letra:
«S. M. el Rey de Marruecos, siguiendo el ejemplo de sus ilustres predecesores, que tan eficaz y especial proteccion concedieron á los misioneros españoles, autoriza el establecimiento en la ciudad de Fez de una casa de misioneros españoles y confirma en favor de ellos todos los privilegios y las exenciones qué concedieron en su favor los anteriores soberanos de Marruecos.

«Dichos misioneros españoles, en cualquier parte del imperio marroquí donde se hallen ó se establezcan, podrán entregarse libremente al ejercicio de su sagrado ministerio, y sus personas, casas y hospicios disfrutarán de toda la seguridad y la proteccion necesarias.

«S. M. el Rey de Marruecos comunicará en este sentido las órdenes oportunas á sus autoridades y delegados para que en todos tiempos se cumplan las estipulaciones contenidas en este artículo.

Art. 11. «Se ha convenido expresamente que cuando las tropas españolas evacuen á Tetuan podrá adquirirse un espacio proporcionado de terreno próximo al Consulado de España para la construcción de una iglesia donde los sacerdotes españoles puedan ejercer el culto católico y celebrar sufragios por los soldados españoles muertos en la guerra.

«S. M. el Rey de Marruecos promete que la iglesia, la
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morada de los sacerdotes y los cementerios de los españoles serán respetados, para lo que comunicará las órdenes convenientes.»

Aplaudimos, como es merecido y justo, el espíritu de ambos artículos; con este acuerdo se coloca el florón á la corona de honor que hemos conquistado en África; esperamos que el Gobierno, que ha sido valeroso y justo hasta exigir tanto del indomable enemigo de la Cruz, procurará que estas concesiones sean una verdad. Al establecimiento de misioneros de Fez deberá dárselle la importancia que merece el germen de una civilización vital. Los religiosos de Fez han de proseguir la obra empezada por nuestros soldados; ellos van allá para conquistar almas, para iluminar inteligencias y ablandar corazones, obra que tratándose de moros es más difícil que las batallas de Tetuan y Guald-ras. Piense el Gobierno si sería conveniente que se destinara parte de la indemnización que hemos de cobrar para los gastos de guerra á subvenir y proporcionar abundantes elementos á una casa modelo de misiones en Fez. El general O'Donnell, que tiene vista analítica y fácil, y que ha mirado á los moros muy de cerca, conoce que lo que necesitan las kábilas es civilización, moral. Conoce también que la moral y la civilización no se propagan con las armas sino por el ministerio de la paz, y conoce finalmente que el ministerio de la paz reside en el sacerdocio. Y como es imposible que en Marruecos los sacerdotes trabajen individualmente, de ahí la necesidad de una casa, de un convento en que se reúna el número de religiosos suficientes para atender á las necesidades de los católicos, y para predicar la fe á los infieles. Sea que se asigne de los fondos de indemnización, sea que se indique en el presupuesto ordinario, no dudamos que se señalará la correspondiente cantidad para cubrir este deber de la España, cuya nobleza nadie desconoce.

También debemos alegrarnos de que el Gobierno haya mandado para ocupar el Consulado de Jerusalén al Sr. Prelezo, persona cuyos antecedentes nos dan derecho á esperar
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no desatenderá las graves obligaciones que le impone la especie de inmediato patronazgo que va á ejercer respecto las personas y cosas religiosas que conserva la España en aquellos Santos Lugares. Tome con empeño el Sr. Prellezo Isla la abogacía que le ha confiado S. M., y crea que con su prudencia, ilustración y firmeza podrá alcanzar mucho, particularmente en favor de la familia franciscana, que mas de seiscientos años hace sufre allí los insultos de los bárbaros. La historia tiene en los conventos de Palestina un testimonio incontestable de la constancia del genio español cuando le alienta una idea digna de él. Los Franciscanos han conservado entre martirios y en la oscuridad, sin gloria visible, sin recomendaciones humanas los respetables monumentos del Salvador, solo porque eran del Salvador, y porque los custodiaban en nombre de la España: la Religion y la patria les deben inolvidable gratitud.

Casi podríamos suspender nuestro artículo si no nos restara dar cuenta del espíritu manifestado en el Parlamento español relativamente á las cosas religiosas. Seremos compendiosos.

El único punto que debe llamarnos la atencion en el discurso de la Corona, es el relativo al Convenio concluido con la Santa Sede. En las circunstancias especiales que atraviesa el Santo Padre y en un acto en que se daba razon y se celebraba un rasgo de su benevolencia para con la España, si bien muchos no esperaban una declaración manifiesta de los deseos del Gobierno de apoyar al Papa con sus fuerzas, á lo menos consiaban que se usaria alguna frase que revelara las simpatías de la nacion para con tan augusta causa; pero de ningun modo se creia que se hubiera eludido con marcadísimo y casi violento estudio toda alusion de descontento para con sus enemigos. Por el párrafo de la contestacion aprobada por el Senado correspondiente al que la Corona dedico á tan elevado asunto, se comprenderá cuán acertadamente exponemos nuestra sorpresa:

«El Senado experimenta una complacencia singular en to-