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Esta salida motivó, como era muy consecuente, otra ruptura violenta de las relaciones con la Santa Sede. Pasaron los hombres de aquella época, y los que les reemplazaron, no abundando enteramente en los principios e ideas de sus antecesores, trataron de reanudar las relaciones interrumpidas, y dar á la Iglesia una satisfacción por las injurias irrogadas. Entabláronse nuevas negociaciones, y estas, después de varias vicisitudes que no es del caso relatar, han venido á dar el Convenio de 25 de agosto de 1839.

¿Qué ha pedido, qué ha reclamado la Iglesia? ¿ser respuesta en la posesión de todos sus bienes, de todas sus rentas, de todos sus derechos, de todas las riquezas que hasta 1835 había venido gozando por los mas sagrados y venerandos títulos, que todas las leyes, canónicas y civiles, le habían reconocido, que había sancionado el largo transcursó de los siglos? Esto hubiera sucedido si se hubiese llevado el negocio á los trámites de un tribunal, y si se hubiese apelado al inexorable oráculo del derecho. Pero la Iglesia siempre benigna, siempre modesta en sus pretensiones, por mas que se diga en contrario, no ha sido tan exigente; se ha contentado con una débil indemnización, con la indispensable para vivir y cubrir sus mas sagradas atenciones. Compárese lo que antiguamente poseía, lo que podía reclamar apoyándose en los fueros de la justicia, con lo que se le concede en fuerza del Convenio; compárense los beneficios y ventajas que resultan al Estado del patrimonio de la Iglesia, con los sacrificios que se impone para sostener á esta misma Iglesia, y dígase de buena fe si merece el Convenio las declaraciones y diatribas que le prodigan á él y á sus autores los que tanto afectan abogar por los intereses del Estado.

Para hacerse cargo de esta verdad nada mas á propósito que hacer un ligero análisis de aquellos artículos del Convenio, que han sido mas duramente censurados. Por el artículo 1.º «se promete á la Santa Sede que en adelante «no se hará ninguna venta, conmutación ni otra especie de enajenación de los dichos bienes (los eclesiásticos)
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«sin la necesaria autorización de la misma Santa Sede.» ¿Perjudica esto en nada al Estado? Esto previene tan solo las usurpaciones, no las legítimas adquisiciones, si se hiciesen necesarias. No cierra para siempre al Estado la puerta de utilizarse de los bienes de la Iglesia, sino de apropiárselos por su propia autoridad y sin la autorización de la Santa Sede. Si algún día la Iglesia tuviera bienes sobrantes, y el Estado se hallare en apuros, no negaría la Santa Sede lo que tantas veces y tan benignamente ha concedido en beneficio de los pueblos.

El artículo 2.º trata de llevar definitivamente á efecto de un modo seguro, estable e independiente el plan de dotación del Culto y Clero. No creemos que por nadie se tache de perjudicial al Estado la idea de dotar al culto y al clero, toda vez que el Estado ha convertido en provecho propio, y con muchas creces, lo que antes constituía la dotación de aquellos venerandos objetos.

El artículo 3.º es el que ha levantado grande polvareda, el que ha exaltado la bífis de los partidarios de la desamortización, ó mas bien, de los enemigos de las manos muertas. Examinémoslo atentamente y con calma, y veamos qué perjuicios pueden irrogarse á la nacion por las disposiciones en él contenidas.

En el referido artículo «el Gobierno de S. M. reconoce de nuevo formalmente el libre y pleno derecho de la Iglesia para adquirir, retener y usufructuar en propiedad y sin limitación ni reserva toda especie de bienes y valores.» Esta facultad estaba ya consignada en el artículo 41 del Concordato; y por lo tanto ninguna concesión nueva hace el Convenio, y tan solo confirma las antiguas. Nada tiene de extraño que la renueve y la confirme; pues bien sabido es cuán impugnada había sido por los hombres de ciertas ideas desde la conclusión del Concordato, y hasta modificada por una ley, la de 1.º de mayo de 1855. Para que no quedase ninguna dificultad sobre este punto, preciso era que quedase explícitamente consignado en el nuevo Convenio.
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«do que protege la libertad de conciencia?» «No hay duda añade, que este problema es difícil.»

Si no hubiera dificultades mayores que esta, creemos que ninguna necesidad habría de reunirse el Congreso para resolver la cuestion de Roma. ¿Cómo será el Papa, se pregunta, á un tiempo Pontífice y Rey? ¿Cómo? ¿están por ventura reñidos la justicia y el amor? ¿Dejará un Príncipe de ser querido de su pueblo porque castigue á los criminales? ¿Deja la reina Isabel de ser querida como madre de los españoles, porque los tribunales, que funcionan en su nombre, persigan á los malhechores y los envien á presidio ó á un patibulo? No, no es el monarca quien castiga y derrama la sangre criminal: es la ley, y esta ley es ejecutada por los ministros del monarca, con autoridad emanada del monarca, pero comunmente sin conocimiento suyo. Dios es la misma caridad, y sin embargo en él está también esencialmente la justicia. La justicia y la paz se dieron un abrazo, dice el oráculo divino. Hé aquí resuelto el gran problema que tanto impresiona al autor del folleto. Hé aquí al hombre del Evangelio que perdona, compatible con el hombre de la ley que castiga. Y si tanta dificultad encuentra en reunir al Jefe de la Iglesia que excomulga á los herejes con el Jefe del Estado que protege la libertad de conciencia, vea en Roma reunidas las dos cosas: vea al Papa excomulgando como Jefe de la Iglesia, ó declarando fuera de su comunión á los herejes, judíos y cismáticos; y como Jefe del Estado, tolerando á los judíos, admitiendo los embajadores de potencias heréticas y cismáticas, y recibiendo y conversando con la mayor afabilidad y cortesanía con los Protestantes y otros sectarios que quieren acercársele. ¿Es esto vejar ni violentar la libertad de conciencia? Y sin embargo, es jefe de la Iglesia y del Estado.

El autor del folleto no quiere dejar al Papa un Estado ni extension de dominios, porque su gobierno debe ser paternal, ni debe desenvainar la espada, ni derramar sangre por
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Pero á los adversarios de la propiedad eclesiástica les llena de espanto aquello de sin limitacion ni reserva. Creen esta disposicion altamente favorable á los intereses de la Iglesia, y muy depresiva de los derechos, de las regalías y de los intereses de la nacion. Se les figura que en manos de la Iglesia van á acumularse capitales inmensos, y que el Clero va á absorber la principal parte de la riqueza del país.

Que el artículo en cuestion es favorable á los intereses de la Iglesia, no lo negamos, como lo es á toda corporacion y á todo particular la devolucion ó el ejercicio de alguno de sus derechos. Pero ¿qué tiene esto de malo? ¿qué tiene de injusto? Qué, ¿por ventura en el Convenio no habian de estamparse mas que cláusulas desfavorables, vejatorias, depresivas de la Iglesia? Es un derecho que tiene la Iglesia, consignado en los códigos de todas las naciones católicas, consentido y reconocido en los Estados Unidos y en otros países no católicos: ¿por qué habia de ser negado en la católica España?

Y ¿en qué perjudica á los intereses de la nacion? ¿quedarán los bienes adquiridos por la Iglesia exentos del derecho de hipotecas, del pago de contribuciones y otras alcabalas, lo mismo que si estuviesen en manos laicas? Nosotros no creemos que la finca que adquiera la Iglesia deje de pagar la misma contribucion que pagaba antes, si es que no la paga mayor, segun el prurito que hemos visto en algunos pueblos que en el reparto gravan mas á las fincas del Clero, precisamente porque son del Clero. No se tema, pues, que vengan á menos los rendimientos del Tesoro porque adquiera el Clero algunas fincas, ni que salgan perjudicados los derechos y regalías del Estado, que siempre quedarán en el mismo valor y fuerza sobre los bienes del Clero, lo mismo que sobre los de cualquier particular.

Pero les asusta y se les atraganta aquello de sin límites ni reserva. Por Dios no seamos bobos. ¿Creeis de veras que nuestro siglo sea tan dadivoso con la Iglesia que venga á poner en sus manos una porcion de bienes tan considerable
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que lleguen á resentirse la circulacion de la riqueza pública y los intereses del Estado? ¿No es mas que suficiente lo que está sucediendo con los bienes eclesiásticos de veinte y cinco años á esta parte, y casi nos atreverémos á decir, desde que estamos en el siglo actual, para retraer á las personas piadosas de hacer nuevas donaciones á la Iglesia? Muy escarmentada debe haber quedado la piedad de los fieles, para que de nuevo dejen sus bienes y legados en disposicion de excitar la codicia de futuros desamortizadores. Atribúyese á cierto personaje muy influyente en los resultados de la actual desamortización, que debatiéndose entre los amigos si convendría dejar á la Iglesia hacer nuevas adquisiciones, decía á los impugnadores: «Dejad al Clero que adquiera, cuanto mas, mejor: ¿cómo nos aprovecharíamos ahora de los beneficios de la desamortización, si nunca se hubiese amortizado?» Sea ó no cierto el epigrama, la verdad es que la leccion de lo pasado debe influir mucho en el porvenir; y que aun cuando el termómetro religioso marque los mismos grados que en siglos anteriores, los nuevos donantes se andarian muy recatados para que sus donaciones no sufrieran la misma suerte que han sufrido las de sus antepasados. Ni creemos que los Obispos, ilustrados como son, prudentes y discretos, sean muy aficionados á hacer uso del derecho consignado en el artículo 3.º, mayormente habiendo, como hay, otros modos de adquirir que no están sujetos á los percances de la desamortización. Plácenos que quede consignado el principio y el derecho, no para hacer de él frecuente uso, sino por rendir un homenaje á la justicia.

Gran polvareda ha levantado igualmente el apéndice al mencionado artículo 3.º «Los bienes, se dice, que en virtud de este derecho adquiera y posea en adelante la Iglesia, no se computarán en la dotación que le está asignada en el Concordato.» Y ¿por qué este aumento de dotación, reponen los que temen ver excesivamente rica á la Iglesia? ¿no queda esta suficientemente dotada á expensas del Estado?
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¿Por qué se ha de introducir una desigualdad en la dotacion del Clero?

Seamos justos é imparciales. Primeramente, lo que el Estado ofrece á la Iglesia no lo ofrece precisamente como dotacion, sino como compensacion de lo que ha recibido. Cuando el Estado crea de su cuenta una institucion ó establecimiento, la magistratura ó el profesorado por ejemplo, está en su derecho al consignar como parte de su dotacion las obvenciones ó derechos eventuales, ú otras adquisiciones que se hagan por cualquier concepto. Pero la Iglesia no es una institucion creada por el Estado. La Iglesia existia y estaba dotada con bienes propios. El Estado se los ha tomado convirtiéndolos en provecho propio: y al tratarse de hacer un arreglo ó convenio, ha dicho el Estado: «Yo he tomado tus rentas que equivalian á mil millones: te daré doscientos para cubrir tus necesidades ordinarias.» ¿Seria justo que se quisiese rebajar un maravedí de los doscientos, porque los amigos de la parte perjudicada quisiesen mejorar su suerte? Y en el caso de que las nuevas adquisiciones hubiesen de imputarse como parte de dotacion, entonces cederian no en beneficio del Clero, sino en beneficio del Estado, que no tendria tanto déficit que cubrir. Mas: aun serian en perjuicio del Clero, porque como tales donaciones no se hacen comunmente sin imponer una obligacion ó carga piadosa, se aumentarian al Clero estas cargas especiales que tendria que cumplir á mas de las ordinarias, sin aumentársele por esto la dotacion. Y ¿habria entonces quien hiciese nuevas donaciones á la Iglesia? Ni los fieles las harian, ni las aceptaria el Clero.

El artículo 4.º es el que quizás ha merecido una censura mas desapaiada de los adversarios del Convenio. Por él se salva un principio, y se excusa decorosamente la expropiacion. Se deja en muy buen lugar á cada una de las partes contratantes, y está redactado con suma finura y delicadeza. De nuevo se salva un principio, reconociendo á la Iglesia como propietaria absoluta de todos y cada uno de los bienes que
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le fueron devueltos por el Concordato: pero para que no pueda acusarse de débil á la potestad eclesiástica cediendo unos bienes de que es propietaria absoluta, ni de tirana á la civil en exigir su total expropiacion, se cubre con una consideracion al estado de deterioro, á su difícil administracion, y á los varios, contradictorios é inexactos cómputos de su valor en renta. Todo esto es muy verdad. Grandes debates, disgustos y quebrantos habia costado al Clero esta cuestion. Sabido es que al hacerse la devolucion en 1845, los bienes devueltos se habian imputado por un valor mucho mayor del que en realidad tenian, sufriendo el Clero las consecuencias de este exceso de valoracion, la que á duras penas fue rectificada en algunas diócesis, y eso de un modo muy imperfecto. Atendidos estos inconvenientes, los tales bienes no se devuelven, y el Clero tiene que felicitarse por ello, si la devolucion habia de verificarse como en 1845: pero se hace una permutacion, «dándose á los Obispos la facultad de determinar, de acuerdo con sus Cabildos, el precio de los bienes de la Iglesia, situados en sus respectivas diócesis, y ofreciendo aquel (el Gobierno) en cambio de todos ellos, y mediante su cesion hecha al Estado, tantas inscripciones intransferibles del papel del 3 por 100 de la Deuda pública consolidada de España, cuantas sean necesarias para cubrir el total valor de dichos bienes.»

A esta disposicion se la llama injusta, depresiva, onerosa, desatinada, y qué sabemos cuánto mas; porque dejándose á los Obispos la facultad de determinar, de acuerdo con sus Cabildos, el precio de los bienes que se han de permutar, sin tener en esto ninguna intervencion el Gobierno ó algun delegado suyo, es posible que los bienes sean estimados en mucho mas de lo que valen, y que el Estado se haga cargo de fincas que se le imputarán como un valor de cien millones, cuando en la subasta quizás no sacará cincuenta.

Este argumento es muy especioso, y deslumbra á primera vista á los que no lean mas ni sepan mas que lo que se expresa en el artículo 4.º Pero nos extraña en gran manera
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ver que hombres de regular instruccion y de reconocido talento no penetren mas la cuestion, y se dejen llevar de estas apariencias. ¿Qué interés tiene el Clero en dar mas valor á los bienes que entrega para convertirlos en inscripciones intransferibles? ¿qué pierde el Estado en que los bienes que recibe sean tasados mas alto de lo que valen en realidad? Ni el primero gana, ni el segundo pierde, porque al fin y al cabo ni el uno ni el otro cobrará ni pagará mas de lo que definitivamente se resuelva. Vamos á demostrarlo, y creamos que la demostracion no será difícil, porque se apoya en cifras.

Sabido es que la dotacion del Clero no ha de consistir solamente en inscripciones, porque estas no alcanzarán de mucho á cubrir las atenciones de la Iglesia. Por esto se estipula en el artículo 7.º que las inscripciones se imputarán al Clero como parte integrante de su dotacion. La parte á que no alcancen las inscripciones ni los productos de Cruzada, que son otro artículo de la dotacion, se suplirá por una cuota de imposicion sobre el Tesoro. Ahora bien, si los bienes que se permutan se tasan inconsideradamente, dándoles mayor valor del que tienen, eso menos tendrá que suplir el Tesoro por medio de la imposicion que satisfará como á las demás clases. Si la dotacion del Clero se define en doscientos millones, y las inscripciones importan cincuenta, el Tesoro tendrá que desembolsar los ciento cincuenta restantes: si se diese mas valor á los bienes permutados, y mayor fuera el guarismo de las inscripciones, eso menos tendria de imposicion el Tesoro. Pero sea en inscripciones, sea en nóminas, ó llámense cuotas de imposicion; ¿quién al fin paga aquellas cantidades sino el Tesoro de la nacion?

Esto es tan vulgar que no merecia la pena de discutirse; pero hemos visto que por algunos se tomaba tan por lo serio, y que tanto se extraviaba la opinion de los ánimos irreflexivos, que no hemos podido menos de hacer observar lo fútil del argumento. Y de tal manera al Gobierno le afecta poco el que pueda exagerarse el valor de los bienes en cues-
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tion, y aumentarse las inscripciones, que por el artículo 13 se obliga á acceder á toda instancia que le hagan los Obispos para convertir las cuotas de imposicion que les correspondan en inscripciones intransferibles.

Pero es de presumir que la cosa suceda al revés de lo que temen los censors del Convenio. Las inscripciones intransferibles parece que no han caído muy en gracia á los Obispos y al Clero; y atendida la inmensa mole que va á crearse de esta clase de papel, no les merece su mas íntima confianza. Bajo este supuesto, léjos de dar mayor estima á los bienes que van á permutar, rebajarán su precio á fin de que les correspondan menos cantidad de inscripciones. Pueden, pues, estar tranquilos los que tanto se alarmaban por el abuso que podían haber hecho los Obispos en dar mas valor á los bienes permutados.

Ha merecido tambien censura por demasiado favorable á la Iglesia el párrafo 3.º del artículo 6.º, que determina que «si en alguna diócesis estimare el Obispo que por particulares circunstancias conviene á la Iglesia retener alguna finca sita en ella, aquella finca podrá eximirse de la permutacion, imputándose el importe de su renta en la dotacion del Clero.» Esto está muy puesto en razon, y en nada creemos que pueda perjudicar á los intereses de la nacion: pues á mas de que es muy justo que los Obispos, que han de ser los mas exactos conocedores de las circunstancias particulares de las iglesias sitas en sus respectivas diócesis, estén facultados para eximir de la permutacion alguna ó algunas fincas, cuando la necesidad, utilidad ó conveniencia lo exijan, con semejante excepcion nada pierde el Estado, toda vez que el valor ánuo de la finca exceptuada ha de imputarse al Clero en parte de su dotacion. Suponer ó recibir que los Obispos han de abusar de esta facultad sería injurioso á su elevada categoria, y no creemos que hasta el presente hayan dado en su espíritu de moderacion y de cordura motivo á semejantes suposiciones y suspicacias.

Hasta se ha creido ver en el Convenio una depresion de
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la dignidad de la nacion en el modo de entregar las inscripciones, cuya entrega debe preceder á la cesion que hagan los Obispos de los bienes en cuestion. «Esto, dicen, arguye desconfianza, y deprime la dignidad de la nacion.» ¡Cuánta argucia! ¡cuánta cavilosidad! Por el artículo 7.º se dispone que se haga primeramente por los Obispos la estimacion de los bienes sujetos á la permutacion; que en seguida se entreguen á los mismos los títulos ó inscripciones que corresponda; y finalmente que los Obispos hagan al Estado formal cesion de todos los bienes que se permutan. ¿Qué hay en todo esto de indecoroso ó que arguya desconfianza? ¿no son estos los trámites que se guardan en todo contrato de compra y venta? Primero se ajusta el precio, luego el comprador entrega el dinero, y finalmente el vendedor firma la escritura por la que cede la cosa vendida.

Mucho tambien se ha hallado que censurar en el art. 9.º, que pone á cubierto de toda reduccion ó baja las inscripciones intransferibles, privilegio de que no gozan las demás rentas del Estado. Pero debe advertirse que este papel ó renta tiene un carácter muy distinto de los demás. Este no puede negociarse: por consiguiente, ya que el tenedor no puede esperar que su papel obtenga jamás ventaja alguna, como podria tal vez obtenerla si pudiese sacarlo al mercado, es tambien justo que esté asegurado de que no estará expuesto á las contingencias de una reduccion. Además, este papel se da á la Iglesia, no como precio de una venta voluntaria, sino como compensacion de una permutacion forzada, como indemnizacion de perjuicios muy grandes que ha sufrido en los trastornos anteriores, indemnizacion que no llega de mucho á igualar los perjuicios sufridos. Ya, pues, que la parte perjudicada se contenta con una indemnizacion muy inferior, justo es que á lo menos se le asegure que no sufrirá nuevos quebrantos, recibiendo en todo evento la misma cantidad que se le señala en dotacion que por cierto es bien mezquina.

El artículo 10 no sabemos que haya sido objeto de censu-
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ra, porque no dispone nada, sino que tan solo se propone disponer, anunciando que «los bienes pertenecientes á cappellanías colativas y á otras semejantes fundaciones piadasas familiares... serán objeto de un convenio particular «celebrado entre la Santa Sede y S. M. C.»

El artículo 11 confirma lo estipulado en el artículo 39 del Concordato. Nada nuevo establece, y parece por lo tanto que debiera estar á cubierto de toda agresion. Trata del cumplimiento de las cargas espirituales y fundaciones piadosas, para que se fije una cantidad alzada que guarde la posible proporcion con las mismas cargas. Este reconocimiento no es nuevo, ni es tan solo de la época del Concordato. Todos los Gobiernos, todos los Ministerios que se han sucedido desde que el poder civil ha principiado á poner la mano sobre los bienes eclesiásticos, han respetado esta sagrada obligacion. El artículo 20 del Real decreto de 8 de marzo de 1836 decía: «Todos los bienes raíces, muebles y semovientes, rentas, derechos, acciones de todas las casas de comunidad de ambos sexos, así suprimidas como subsistentes, se aplican á la Real Caja de Amortizacion, para la extincion de la Deuda pública, quedando sujetos como hasta aquí á las cargas de justicia civiles y eclesiásticas á que estén afectos.» El art. 20 de la ley de 29 de julio de 1837 confirma la misma disposicion.

El artículo 3.º de la ley de 16 de julio de 1840: «Las memorias, obras pias, aniversarios y misas que debian cumplirse por las Comunidades religiosas suprimidas, y están impuestas sobre fincas que aquellas poseian, se cumplirán en la iglesia parroquial en cuyas feligresías se hallen las fincas ó bienes afectos á las mismas, y sus poseedores actuales satisfarán á dichas iglesias lo que debieran satisfacer á las Comunidades á quienes incumbia cumplirlas.»

Por no ser molestos dirémos que la misma obligacion queda reconocida y consignada en los artículos 21, 23 y 24 de la Instruccion que se dictó para la ejecucion de la mencionada ley: en el artículo 6.º de la ley de 3 de abril de 1845