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«las leyes de Desamortización de 1.º de mayo de 1855 y de 11 de julio de 1856, ni refiriéndose por consecuencia á ellas las prescripciones de incautacion y recaudacion dictadas para los demás bienes destinados á cubrir las obligaciones del Culto y Clero general del Estado, se adopten por esa Direccion las medidas conducentes á evitar dicha equivocada inteligencia en que se hallen los Agentes provinciales del ramo, previniéndoles que se abstengan de ejercer toda gestion relativa á la recaudacion de las expresadas cargas cuando conocidamente estén afectas á cubrir obligaciones de misas, sufragios y demás objetos espirituales.»

En dicho documento se reconoce: 1.º que era una equivocada inteligencia el que algunos Administradores de Propiedades y Derechos del Estado procediesen á exigir la realizacion de cargas, conocidamente aplicables á cubrir misas, aniversarios y otros sufragios puramente espirituales; 2.º que no estaban dichas cargas comprendidas en las leyes de Desamortización de 1.º de mayo de 1855 y de 11 de julio de 1856, y que en consecuencia no se referian á ellas las prescripciones de incautacion y recaudacion dictadas para los demás bienes destinados á cubrir las obligaciones del Culto y Clero general del Estado; y 3.º que los Agentes provinciales del ramo deben abstenerse de ejercer toda gestion relativa á la recaudacion de las expresadas cargas.

En vista de esta declaracion y de una Real orden tan terminante nadie creerá sino que al Clero se le ha devuelto una administracion que nunca debiera habérsele quitado. Nada menos que eso. En unos puntos, y esos son los mas bien librados, se le devuelve alguna que otra renta á medida que hace constar que es conocidamente aplicable á cubrir misas, etc. En 1855 la revolucion no anduvo escrupulosa, ni se cuidó de examinar lo que le correspondia ó dejaba de corresponder en fuerza de la ley, sino que metió en el saco todo cuanto le vino á la mano: cuando se trata de reparaciones ya es otra cosa: entonces el despojado debe cargar con la molestia de justificar que sufrió despojo. En
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gel, los pecadores como un médico, los pobres como un socorro y todos como un padre.

No tardó el Señor en ofrecer á su celo una ocasion de mostrar sin ambajes sus fuerzas, pues la herejía vino á destrozar de una manera alarmante la parte de viña que se le había confiado. El destierro fue el argumento insoluble que el error opuso al ministro de la verdad. Pero como la verdad es caridad, y la caridad es ingeniosa, fue así que Sacander usando de piadosísimas intrigas pudo volver al campo que le señaló Dios para regar con sus sudores, lágrimas y sangre.

Acusado como á traidor de la patria, se le propuso ser víctima de un martirio ó revelar la confesion que habia recibido del jefe supremo de la administracion de Moravia. La eleccion no podia ser dudosa para un sacerdote católico. Atormentado en el potro por el espacio de tres horas; acribillado de puntas de fino plomo humedecidas de azufre y pez, pasó un mes entero sufriendo las consecuencias de semejante tortura en el tétrico fondo de un calabozo. Mas desde aquel calabozo el santo confesor no cesaba de enviar al cielo sus armoniosos cánticos, fieles mensajeros de su predestinada alma. Murió en abril de 1620.

El héroe francés de quien el Papa en la mañana del dia de la Asencion del presente año, y en la sacristía de la gran basílica de Letran, declaró haber recibido la Iglesia tres hechos milagrosos en prueba de su gloriosa santidad, no es menos acreedor que el aleman á los testimonios de nuestra reverente admiracion.

El nombre de Benito José Labre debe llenar hoy de júbilo á la Iglesia de Francia.

El espíritu de pobreza llevado á su última perfeccion, la penitencia cristiana practicada en su último grado, y compendiando, según el sentir de la Santa Silla, todas las austeridades de las Órdenes ascéticas mas rigurosas; tales eran sus dotes distintivas.

En el decreto que en la causa de la beatificación y canonización de Benito José fue últimamente expedido, se en-
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otros puntos los Administradores de Propiedades y Derechos del Estado, erigiéndose en jueces e intérpretes de la mencionada Real orden, la han desvirtuado completamente, juzgando por cargas que pesan sobre la propiedad particular solamente aquellas que afectan á los bienes que uno cualquiera ha heredado de sus mayores. Según esto la finca gravada con un censo ó censal aplicable á misas, etc., no sería propiedad particular; así como tampoco lo sería aquel predio que se había dejado en administración á un Cura párroco para que invirtiera sus productos en celebración de misas ó otras cargas piadosas. Otros hay que admitiendo la baja de censos y censales, cuando se les hace constar que están destinados á cargas espirituales, lo rehusan respecto á las fincas bajo el pretexto de que esto equivaldría á una devolución. En suma, dejada la ejecución de la Real orden en cuestión á la interpretación, ó más bien al capricho de los Administradores de Propiedades y Derechos del Estado, viene á ser una decepción más, una bafa, un sarcasmo á los Obispos, y estos, como que no tienen en su mano el argumento de la fuerza, tienen que pasar por lo que piensan ó opinan los Administradores.

Hemos dicho una decepción más, porque esta es otro de tantos y tantos insultos al sentido común y católico que se han cometido desde que se trata de dar otro destino á los bienes de la Iglesia, ó de los que la Iglesia es administradora. La lógica desamortizadora nunca se ha atrevido á negar que deben cumplimentarse las últimas voluntades y ejecutarse los pactos estipulados conforme á las leyes vigentes. Por eso encontramos que en todas las disposiciones legislativas referentes á la desamortización eclesiástica, aun en los períodos de mas exaltación y efervescencia, se ha respetado el cumplimiento de las cargas piadosas, siquiera este respeto no haya existido más que en el papel.

En julio y agosto de 1835 fueron extinguidas de hecho todas las casas religiosas; y sus bienes, y sus muebles y todo enanto poseían fueron del primero que los ocupó. Hasta el mes de marzo del año inmediato no encontramos que se
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ocupase el Gobierno de este punto: y en el Real decreto que se expidió en 8 de marzo de 1836, artículo 20, se decía: «Todos los bienes raíces, muebles y semovientes, rentas, derechos, acciones de todas las casas de Comunidad de ambos sexos, así suprimidas como subsistentes, se aplican á la Real Caja de Amortización, para la extinción de la Deuda pública, quedando sujetos como hasta aquí á las cargas de justicia civiles y eclesiásticas á que estén afectos.» Ya entonces se reconoció que los bienes de los Regulares, por mas que pasasen á otras manos, quedaban sujetos á las mismas cargas de justicia eclesiásticas.

Esta disposición recibió fuerza de ley el año siguiente, cuando las Cortes decretaron en 22 de julio, y la Corona sancionó en 29 del mismo mes lo siguiente: «Art. 20. Todos los bienes raíces, rentas, derechos y acciones de todas las casas de Comunidad de ambos sexos, incluso las que quedan abiertas, se aplican á la Caja de Amortización para la extinción de la Deuda pública, quedando sujetos á las cargas de justicia que tengan sobre sí.» Todos sabemos cómo se han cumplido estas cargas: mas no importa, se reconoció la obligación, y se rindió un homenaje á la justicia. Quede consignado este testimonio emitido en aquellos días de turbulencia y de vértigo.

Esta obligación inherente á los bienes de las Comunidades religiosas se halla mas abierta y explícitamente consignada en el art. 3.º de la ley de 16 de julio de 1840. Dice así: «Las memorias, obras pias, aniversarios y misas que deben cumplirse por las Comunidades religiosas suprimidas, y están impuestas sobre fincas que aquellas poseían, se cumplirán en la iglesia parroquial en cuyas feligresías se hallen las fincas ó bienes afectos á las mismas, y sus poseedores actuales satisfarán á dichas iglesias lo que debieran satisfacer á las Comunidades á quienes incumbía cumplirlas. Lo mismo se entenderá con las cargas de esta especie que estén impuestas sobre fincas que poseían terceros interesados antes de la extinción de las Comunidades,
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«sin perjuicio del derecho que crean corresponderles, y del cual podrán usar en los tribunales de justicia. Cuando las citadas cargas no estuvieren impuestas sobre finca determinada, y sí sobre varias colectivamente, se cumplirán y satisfarán en la parroquia donde se hallaba situado el convento en que debían cumplirse.» Quisiéramos que los actuales poseedores de los bienes que pertenecieron á las antiguas Comunidades religiosas, tomaran nota de esta prescripción legal, y nos dijeran en su conciencia, si esta puede estar tranquila, no cumpliéndose las cargas á que están afectos los bienes que vienen disfrutando. Y no vengan diciendo que al comprar dichos bienes ignoraban tales cargas: esto no les excusaría en los tribunales de justicia, si se tratara de bienes laicos. ¿Y se creerán gravados y vejados si ahora tienen que levantar tales cargas, atendido el modicísimo precio por el que entraron en la posesion de aquellos bienes? Sin embargo de estar tan terminante la ley, ello es que las cargas jamás se han cumplido, y ha habido otra decepcion, otro escarnio á la veneranda estatua de la ley.

Pero veamos las instrucciones que el Gobierno de aquella época dictaba, para que no fuese eludida dicha ley. Mandábase instituir ciertas Juntas que serian como las vigilantes e inspectoras de la observancia de la ley. En el art. 21 de la Instruccion se decia: «Las Juntas averiguarán las cargas de misas, aniversarios y festividades que se cumplian por las Comunidades religiosas suprimidas, y que pesaban sobre bienes pertenecientes á las mismas, ó sobre fincas poseídas por terceras personas.—Art. 23. La misma Direccion dispondrá que por los comisionados de Amortizacion se entreguen puntualmente, á su tiempo, á las personas que las Juntas nombren, las cantidades correspondientes á las cargas que pesan sobre los bienes que no han sido enajenados todavía, y encargará á dichos comisionados, que en las escrituras de enajenaciones que se otorguen en lo sucesivo, consten dichas cargas y la obligacion de satisfacerlas, quedando al efecto hipotecadas las fincas.—Art. 24. Los
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«Diocesanos designarán las parroquias en que deban celebrarse las cargas, la especie de ellas, su modo y forma, y limosna que según su naturaleza deba satisfacerse; procurando, en uso de su autoridad, reducir las misas y demás cargas cuanto sea posible, de manera que se invierta en las limosnas, ó estipendios, únicamente las dos terceras partes de la cantidad líquida á que ascienda el total de la diócesis.» Se conoce que los desamortizadores de aquella época eran algo más justos, cristianos y delicados que los de la actual, cuando tan minuciosos eran, y tanta pena se tomaban en consignar el respeto que se debía á la voluntad de los pios fundadores. Sin embargo, como por aquellos días ocurrió el glorioso pronunciamiento de 1840, así la ley como la Instrucción escritas se quedaron en el papel, y nada más. Ignoramos si en el caso de continuar el partido moderado, aquellas prescripciones se hubieran convertido en realidad.

Pero vino el glorioso de 1840; y la gente que reemplazó á los caídos no se singularizaba por su exceso de simpatías al Clero y á las cosas eclesiásticas. Fue aquella la época de los Alonsos y Becerras: la época en que se promulgaban leyes como las de 14 de agosto y 2 de diciembre de 1841, y se presentaban proyectos de ley como los de 30 de diciembre de 1841 y 20 de enero de 1842. Sin embargo, hasta en aquella época se reconocía la justicia de atender al cumplimiento de las cargas piadosas para aliviar con ello en algún modo la situación precaria del clero parroquial. El art. 5.º de la ley de 14 de agosto de 1841 decía así:—«Se aumentará la dotación parroquial con las memorias, obras pias, aniversarios y misas que debían cumplirse por las Comunidades religiosas suprimidas, y que se han de cumplir en la iglesia parroquial en cuya feligresía se hallen las fincas afectas á las expresadas cargas, y si estas no estuvieren impuestas sobre fincas determinadas sino sobre varias colectivamente, se satisfarán en la parroquia donde se hallaba situado el convento en que debían cumplirse.»

Cuando la ley de 3 de abril de 1845 vino á destruir los
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efectos de la de 2 de setiembre de 1841, mandándose que se devolvieran á la Iglesia los bienes que se le habían quitado, á lo menos los que no hubiesen sido enajenados, no se olvidó este punto tan delicado de justicia: y el art. 6.º de la Real orden de 1.º de agosto decía así:—«Igualmente for- «marán las oficinas de bienes nacionales una relación que «manifieste el importe de las cargas perpétuas afectas á los «bienes que se vuelven, para que se conozca el importe lí- «quido de sus rentas.» Bien es verdad que en la ejecución distó mucho de guardarse con el Clero este acto de justicia: frescas están en la memoria de todos las protestas y las fuertes y desagradables contestaciones que tuvieron que sostener los Obispos ya con los Gobernadores de provincia, ya con el Ministerio, para que no se les obligara á aceptar como renta libre la que estaba gravada, reclamaciones y protestas que por muy fundadas y justificadas que fuesen no siempre pudieron obtener el resultado que era justo. Sin embargo, de todo esto aparece que los gobernantes de todas épocas y de todos los colores admitieron en principio, aunque lo contradijesen en la práctica, que las cargas llamadas piadosas ó espirituales, afectas á los bienes que un dia estuvieron en poder de la Iglesia, deben cumplirse: que los referidos bienes deben siempre responder del importe de las mencionadas cargas: y que este importe no debe entrar en cuenta de la dotación del Clero, ni consignarse en el presupuesto destinado á cubrir las obligaciones generales del Culto y Clero.

Estas verdades, que nunca fueron negadas ni puestas en duda por nadie, vinieron mas tarde á recibir una sanción solemne en un documento, que así por su índole, como por las elevadas personas que en él intervinieron, debe ser mirado con el mas profundo respeto. Cuando entre la Santa Sede y el Gobierno español trató de resolverse la cuestión eclesiástica y dar tranquilidad á las conciencias que de tantos años venian alarmadas y escandalizadas, se estipuló un Concordato; y en este Concordato no podía menos de tocarse y resolverse el punto que nos ocupa. En virtud de la
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ley de 19 de agosto de 1841 muchos de los patronos de capellanías colativas de sangre, sin pararse en la licitud o ilicitud de la cosa, se hicieron adjudicar los bienes pertenecientes á dichas capellanías. Por el Concordato se respetaron estas adjudicaciones como hechos consumados, pero en el artículo 39 quedó prescrito «que aquellos entre quienes se hayan distribuido los bienes de las capellanías y fundaciones piadosas aseguren los medios de cumplir las cargas á que dichos bienes estuvieren afectos.» Por manera que según el Concordato los bienes que antes hubiesen pertenecido á capellanías, no quedan desobligados de las cargas espirituales que pudiesen afectarlos.

En el mismo artículo se recuerda también la obligación con que vienen gravados los bienes eclesiásticos, que teniendo sobre sí cargas espirituales, hayan sido enajenados con este gravámen.

Y finalmente, si algunos bienes, gravados antes con cargas espirituales, hubieren sido vendidos como libres de esta obligación, el Gobierno responderá siempre y exclusivamente de ellas. Por manera que el Estado reasume sobre sí la responsabilidad de todos aquellos bienes. Pero ¿y si el Gobierno no cumple, quedan los nuevos adquisidores delante de Dios y en conciencia desobligados del cumplimiento de tales cargas? Cuestión es esta que merece la pena de que se detengan á examinarla los que se encuentren en tal caso, si es que no quieren exponerse á verse defraudados ante el tribunal de Dios, en el que no hay las decepciones que en el de los hombres y en el de la propia razon. Tales son las disposiciones del Concordato sobre esta materia.

Finalmente vino el famoso bienio; y un ministro famoso sin pedir licencia á nadie ni por nada se echó á legislar sobre bienes eclesiásticos, y á dar tajos y revéses al Concordato, sin parar mientes siquiera en aquello de que «si en lo sucedido ocurriese alguna dificultad, el Santo Padre y S. M. C. se pondrán de acuerdo para resolverla amigablemente.» Por lo visto, la desamortización completa de los bienes eclesiás-
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ticos y del patrimonio de los pobres era un grano de anís, y no importaba dificultad, á juicio del célebre desamortizador. Y quien no veía dificultades en este punto capital y culminante, no es extraño que no las viera en lo de celebracion de misas, rezo de sufragios, y otras bagatelas y antigualías como estas, y que por lo tanto no se metiera en honduras y sutilezas, como los otros desamortizadores de por allá en los años 37 y 40.

Sin embargo, como la ley desamortizadora de 1835 no había sido todavía bastante explícita en lo que toca á eso que llamamos cargas espirituales, y á aquella ley le quedaban todavía bastantes resquicios por donde poder escaparse muchas de aquellas cargas, vinieron los desamortizadores á completar su obra en 1856, y con su ley de 23 de mayo sobre redencion de cargas dieron el golpe de gracia á todo cuanto podía tener visos de propiedad ó administracion eclesiástica. Por dicha ley se faculta á todos los poseedores de bienes gravados con cargas espirituales, para redimirlas entregando en papel de la Deuda del Estado una renta igual á la cantidad necesaria para el cumplimiento de dichas cargas. (Art. 1.º). Los títulos de la Deuda que entregue el redimente, no han de parar á manos del Clero, sino á las del Estado, quien las convertirá en inscripciones intransferibles. (Art. 7.º). Los que rediman quedan perdonados de los atrasos, por mas que hayan sido morosos ó de mala fe: los que no quieran redimir quedan obligados á delatarse, y además compelidos á pagar todos los atrasos dentro del término de un año, so pena de incurrir en la multa del 20 por 100 de la cantidad á que asciendan los atrasos. (Art. 10). ¡Viva la justicia desamortizadora!

Sin embargo, y á pesar del eterno hipo que atormenta á nuestros desamortizadores contra las cargas espirituales, no han podido menos de rendir á su cumplimiento un homenaje de respeto y de justicia. «El producto anual de las expresadas inscripciones (las expresadas en el art. 7.º) se invertirá religiosamente en el cumplimiento de las cargas
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«á que están afectas, bajo la inspeccion de la Visita eclesiástica, Corporacion ó Autoridad respectiva. (Art. 8.º).»
Esto es muy justo en el supuesto que deba verificarse la redencion. Pero el caso es que se han redimido muchas cargas, y no se ha expedido ninguna inscripcion transferible ni intransferible. Se ha hecho la redencion, y no se han cumplido las cargas: este es un hecho. La redencion ha sido una realidad, la indemnizacion ha quedado escrita en el papel: otra decepcion, otra engañifa mas.

Pero, y el cumplimiento de las cargas que no se redimen ¿cómo queda? De estas no habla la ley de 23 de mayo. Quedan por lo tanto sin cumplir, mientras que el Estado viene percibiendo las rentas que les están afectas. Desde el año 1855 no se celebran las misas, ni se cantan los aniversarios, ni se hacen las demás festividades que habian ordenado los pios fundadores. Véase si hay motivo para estar inquieta la conciencia de los Obispos al ver este despilfarro, este abandono, y, lo dirémos con su termino propio, esta dilapidacion de los sufragios debidos de justicia á los difuntos. Véase si tienen justo motivo de lamentarse los prestamistas, á quienes se les apremia á pagar unas cantidades, cuya justicia no niegan, pero que sienten el que no sirvan al objeto para el que fueron instituidas. La piedad de los fieles queda desfraudada, y altamente escandalizada; y no es infrecuente oír esta exclamacion: «Ahí va la cantidad que se me exige con apremios: pero, ¿quién celebra las misas, que son la condicion estipulada al imponérseme el gravámen?» ¿Qué replica tiene este reproche? No otra que la incontestable de la fuerza: Paga y calla.

Nosotros elogiamos la justicia del Gobierno actual al acordar la providencia de 3 de mayo último. Pero no fue bastante: aquella Real orden es poco explícita; y era de ver que naturalmente engendraría conflictos entre los Obispos y los Administradores de Fincas y Derechos del Estado. Estos tienen en su poder un largo catalogo de fincas, censos y rentas de la Iglesia formado entre el barullo y atropellos
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de 1855; y son responsables de su cobro y aplicacion á las arcas del Estado. ¿Qué instruccion se ha dado á los Administradores para desglosar del inventario estas ó aquellas rentas? Ninguna. Cada uno obra segun su modo de ver bueno ó malo, y tal vez segun sus preocupaciones nada favorables á la Iglesia, segun la escuela á que haya pertenecido. El Obispo reclama, el Obispo gestiona; pero en vano: el Administrador tiene las cuerdas en su mano, y azota á los prestamistas, si no acuden á cubrir sus descubiertos.

Elogiando, pues, el principio de justicia de que procedió el Gobierno en fuerza de las reclamaciones de los Obispos, no vacilamos en afirmar que debe completarse la Real orden de 3 de mayo: que poniéndose de acuerdo con el Nuncio de Su Santidad, debe redactarse una instruccion en la que se marque á los Administradores la línea de conducta que han de seguir en este negocio: que uno de los medios que mas podrian contribuir á la ejecucion de este negocio seria la formacion de unas pequeñas Juntas ó Comisiones diocesanas, en las que estuviesen representados debidamente el Obispo y el Estado, para examinar y deslindar cuáles rentas están afectas á cargas espirituales, y cuáles no: que las obligadas pasasen inmediatamente á ponerse bajo la inspecion y vigilancia del Obispo, y las declaradas libres continuasen en el statu quo hasta la terminacion de las negociaciones eclesiasticas, para atender á las obligaciones generales del Culto y Clero en la forma que se determinase.

¿Qué se perdía con esto? ¿qué se prejuzgaba? ¿No ha reconocido siempre el Estado, hasta en los periodos de mas extravío en las ideas, que por ningun título le perteneceen estas rentas? Pero ni aun al Clero le pertenecen en absoluta propiedad. El Clero no es mas que un administrador y un usufructuario: no puede administrar estos bienes ni usufructuar sus réditos, sino ciñéndose á las condiciones y obligaciones que le impusieron los donantes y fundadores. Respetense las últimas voluntades de los muertos, que se respetan hasta en los países menos civilizados; cúmplanse las pres-