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y cuyas bases, las del proyecto francés, eran las siguientes: «secularización del poder administrativo con la formación de un Consejo de Estado compuesto de laicos y encargado de examinar y discutir las leyes; representación de todos los intereses del país en una Consulta elegida directamente por los Consejos provinciales, ó cuando menos por el Papa según una lista de candidatos presentada por estos Consejos, y llamada á deliberar sobre todas las leyes y á votar el presupuesto: fiscalización eficaz de los gastos locales por Consejos provinciales, recibiendo su delegación de los Consejos municipales que también sean nombrados por los electores conforme al edicto del 24 noviembre de 1850: reforma judicial con la promulgación de un código de leyes civiles modelado en el código Napoleon, el lombardo-veneto ó el de Nápoles: recaudación regular de las rentas públicas con la organización del cobro de la contribución como existe en Francia; y finalmente reconciliación de todas las clases y opiniones con el uso ilustrado y paternal de la clemencia respecto de todos los que quisieran prestar respetuosa su misión al Soberano Pontífice.» Por último, en el párrafo que extractamos se conviene en que el Austria no puede consentir se reforme el actual estado de Italia, toda vez que no le es posible mejorar la situación de sus posesiones italianas sin suicidarse.

La solución que debe darse á la cuestión que motiva el escrito es lo que forma la materia de los párrafos diez hasta el quince inclusive. Primeramente se pone de relieve la impotencia de la revolución para establecer un nuevo orden de cosas en Italia, como quiera que al Austria le sobran recursos para renovar la victoriosa maniobra de Radetzky y dejar por consiguiente derrotada en todos encuentros una revolución armada. Después se hace notar la imposibilidad de una unidad absoluta constituida de todos los Estados italianos, por la razón de que desde los Alpes á Sicilia la Península itálica presenta diferencias muy marcadas que hacen más sensibles las divisiones, en las cuales se reproduce siempre la
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El Congreso espera que con estas disposiciones, emanadas del Gobierno de S. M., y con los beneficios naturales de la desamortización, acordada por las leyes anteriores, y ya en gran parte restablecida, recibirá notable impulso el progreso material de los pueblos; y prestará por lo mismo una atención preferente á los proyectos de ley que V. M. presente á su exámen, respecto de la redención de los censos, y acerca de la colocación de los capitales producidos por la enajenación de las fincas propias de las corporaciones civiles. Dedicará asimismo asiduas tareas á disentir cuantos proyectos de ley se digne V. M. ofrecerle, relativos al arreglo del notariado, á la agricultura, á las minas, á la construcción de ferrocarriles y otras vías de comunicación, necesarios algunos, convenientes todos, para el buen orden y la prosperidad de los pueblos.

El Congreso, Señora, no desea mas que ocasiones de corresponder á la magnánima benevolencia de V. M. y á la confianza de que es depositario; y tanto más tendrá que agradecer á V. M. en esta legislatura, cuanto mayor sea el número de proyectos de ley sometidos á sus deliberaciones en beneficio común y del Estado. Quiera el cielo recompensar á V. M. por el celo con que atiende al bien de sus súbditos; que de su parte la historia, al recordar el triste estado en que halló V. M. las provincias españolas por causa de las discordias y vicisitudes de los tiempos, y al ver que lega la nación á sus sucesores tranquila, próspera y fuerte, añadirá seguramente el nombre de V. M. á los de tantas reinas gloriosas y tantos príncipes insignes como han empuñado el centro de esta antigua monarquía.

Palacio del Congreso 18 de diciembre de 1858.—Fernando Calderón Collantes.—Augusto Ulloa.—Francisco Goicoerrotea.—Miguel Zorrilla.—Eugenio Moreno López.—Juan Álvarez Lorenzana.—Antonio Cánovas del Castillo.
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originalidad primitiva. Terceramente se sienta que la union federativa es la necesidad comun á todos los Estados italianos, siendo para ellos una tradicion y la solucion del gran problema; y se prueba por la historia y con citas de varios personajes la tendencia que ha manifestado siempre la Italia hacia la union de sus pueblos. En cuarto lugar se hace observar que la idea de una confederacion italiana data ya de muy antiguo, pues mas bien que plan de Napoleon I, debe llamarse pensamiento de Enrique IV. De esta confederacion se constituye centro á Roma, y se da la presidencia al Papa. «Al recibir este acrecentamiento de influencia moral, se dice, al encontrarse investido de esta especie de protectorado sobre la Italia, que le cede el respeto de todos los pueblos, el Papa, sin rebajarse, puede disminuir su poder temporal y aligerar su responsabilidad politica: puede, sin exponerse, organizar bajo su vigilancia respetable una administracion secular, una legislacion civil y una magistratura regular e independiente. Todo lo que pierde en privilegios lo gana en importancia. En vez de gobernar un pueblo estacionario, extiende su mano sobre toda la Italia para bendecirla y guiarla: es el jefe irresponsable y venerado de veinte y seis millones de cristianos que, clasificados en diferentes Estados, van á parar todos á un centro en el cual se confunden en la actividad y la grandeza de Italia.» Tal es el asunto del párrafo catorce. En el quinceno se ponderan las ventajas de la confederacion para todos los Estados italianos, puesto que ella significa la Italia pacificada, el Papado consolidado y elevado á toda la altura de su mission, y la Europa libre del peligro real que puede conmovérla profundamente. Se reconoce, empero, estar en la lógica de la politica austriaca el oponerse á tales ideas y planes.

Para vencer la repugnancia y la oposicion del Austria, en cuyo favor se confiesa existen tratados internacionales, el párrafo diez y seis concluye ser preciso recurrir no á la fuerza sino á la opinion pública. «Cuando se conozca en toda Europa la verdadera situacion de Italia y que todo el mundo esté
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«convencido que hay en medio de los Estados mas ilustrados del globo, en esa tierra donde nació la civilización, un foco de inquietud, de desorden y de perturbación profunda, que podría convertirse tan fácilmente en un núcleo de inteligencia y de noble actividad, entonces la opinión podrá juzgar y resolver quizá como la justicia pacífica del buen derecho.»

Imparciales hemos sido en el extracto que acabamos de terminar, y á propósito nos hemos abstenido de todo comentario, dejando al juicio de nuestros lectores el calificar ciertas ideas bastante exageradas y no pocos asertos cuya verdad dista mucho de ser incuestionable. Preciso se hace convenir en que el folleto Napoleon III y la Italia lleva bien marcado el sello de la imaginación francesa y una pasión exaltada por un nuevo cambio de cosas en la Península itálica. ¿Añadiremos que en su contenido se trasluce también bien claramente una rivalidad contra el Austria?... Sea lo que fuere, hemos dicho ya que solo en lo que respecta al Papado queríamos ocuparnos del extractado escrito.

Es abusar ciertamente de la bondad de Pío IX; es empeñarse en cerrar los ojos á los sucesos de 1848 pretender que una Asamblea legislativa reemplace en Roma al poder temporal del Papado, bajo el pretexto de que ahora no será la revolución quien se entronice como en aquella época. Imposible parece que hombres que se precian de políticos puedan desconocer lo que sería la Italia el día que obtuviese esta libertad e independencia que tan necesarias se quieren suponer para su grandeza. «En Italia no hay pensamiento ni unidad, decía con razón en la cámara de los Lores de Inglaterra el conde de Granville; cada partido pide una cosa diferente.» Dejad que esos partidos puedan hacer valer sus pretensiones, y vereís en qué queda convertida la Italia, y veréis lo que será Roma entregada á un Gobierno que, según confesión de sus propios panegíristas, no puede existir sin oposiciones políticas.

En abono de las aspiraciones de la Italia relativas á su in-
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dependencia y libertad se citan palabras de Pio IX que se comentan caprichosamente. Siempre la Santa Sede ha abogado por la legítima independencia y la verdadera libertad de los pueblos, y en favor de las de la Italia nadie ha trabajado con tanto celo y constancia como los Papas. Pero ni Pio IX ni ninguno de sus predecesores han querido ni han podido querer aquella independencia y aquella libertad que destrozan á los reyes, fomentan injustas ambiciones, alimentan la revolución y abren una puerta á la anarquía. La misión del Papado es inculcar á los Soberanos que no se extra-limiten del poder que Dios les ha confiado, y que respeten los derechos que asisten á sus súbditos; pero nunca pondrá su visto bueno en ese diploma de derechos ficticios que se pretenden conceder á los pueblos contra los que les gobiernan en nombre de Dios.

Y es completamente equivocada la idea de que al proyectar Pio IX la introducción de alguna reformas en la administración de sus Estados, pensara en despojarse del lleno de su poder temporal, cual lo había recibido de sus antecesores. El deseo de perfeccionar lo que fuere susceptible de mejoras y de corregir lo que necesitare de remedio, ha sido y es el deseo de Pio IX. Para satisfacerlo es la plenitud de su soberanía temporal la que puede proporcionarle los recursos. El autor del folleto, por el contrario, encuentra en ello una dificultad, con motivo, dice, «de que el poder político del «Papado no es mas que la autoridad católica aplicada á los «intereses del órden temporal, y las leyes de la Iglesia, no «permitiendo su discusion, por deberse considerar como «emanacion de la Sabiduría divina, no pueden servir para «el régimen de la sociedad civil.» «Si el derecho canónico, «añade, pudo adaptarse á los primeros siglos de la civilización cristiana, cuando Carlomagno trasladaba á sus Capitulares las reglas y los preceptos de la teocracia, no basta-«ria para la protección y el desenvolvimiento de la sociedad «moderna.»

Notaremos primeramente que el autor en cuestión parte
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de un falso supuesto. ¿Por qué, aun cuando sea una misma la persona que ejerza el poder espiritual y el temporal, no puede ser diferente la legislación con que gobiene á las dos sociedades que se hallan á su cargo, la religiosa y la civil? ¿Qué necesidad obliga á que el derecho canónico haya de ser indispensablemente el código político de los Estados eclesiásticos? ¿Será que á la Iglesia se la niegue la ilustración debida para la confección de leyes civiles, ó bien que se conceptúen incompatibles la facultad de dictar leyes religiosas y la de dictarlas políticas? Allí están nuestros concilios Tole- danos, y aquí están en nuestros días los Congresos nacionales que nos manifiestan el ejercicio de esta facultad, y que por cierto usurpan, respecto del orden religioso, las Asambleas de carácter puramente político.

Pero en segundo lugar, no podemos convenir, á lo menos del modo absoluto como se sienta, en que las leyes canónicas, aquellas leyes que se reconocen una emanacion de la Sabiduría divina, y que se confiesa fueron el poderoso elemento de la civilización, que tales leyes no basten para la protección y el desenvolvimiento de la sociedad moderna. No desconocemos que la sociedad civil reclama su legislación propia, como la religiosa exige la suya, y que para el gobierno político de los Estados son necesarias leyes de orden político. Sin embargo, sostener que las leyes religiosas, de quienes confiesa el mismo Montesquieu que proporcionan al hombre no solo su bienestar espiritual y eterno sino también el temporal, que estas leyes á quienes deben los pueblos cultos su civilización, y que contienen el germen del perfeccionamiento de la humanidad, puesto que no son otra cosa que el Cristianismo en la práctica, sostener, decimos, que las leyes religiosas son una rémora para la grandeza y bienandanza de una nación, tratándose mayormente de una nación católica, parécenos que es arriesgarse á caer en un absurdo ó en consecuencias ortodoxamente inadmisibles.

Sin duda que para modificar la tesis que se ha adelantado, se dice que no se trata de divorciar á los dos regímenes,
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el de la Iglesia y el de la nacion, y si solamente de que no se hallen confundidos en una misma mano: el intento es separarlos pero conciliarlos. Problema difícil se le llama, y nosotros aumentando el valor de la significacion le calificamos de imposible. Como probarémos despues, esa pretendida conciliacion no solo dejaría al Papado con una mera apariencia de poder temporal, sí que expondría además al poder eclesiástico á mil obstáculos y contrariedades. No es de la union de los dos poderes en una misma persona de la cual nacen los exagerados abusos que se dice excitan en el seno del pueblo romano un espíritu que le hará fácilmente injusto y desconfiado. Si el carácter clerical del Gobierno de los Estados eclesiásticos es, como se supone, un elemento de debilidad para el mismo Papa y un peligro permanente de revolucion, la culpa no está en la índole de las cosas, sino en la guerra sin descanso que á este carácter clerical se hace, presentándole—testimonio de ello el folleto que combatimos—como impotente para dar á los pueblos que gobierna el bienestar y la grandeza; la culpa está en esa efervescencia en que se tiene á la Italia, alimentándola de vanas ilusiones y esperanzas quiméricas, esperanzas é ilusiones que forman el núcleo de una revolucion que experimentada por su pasada derrota, marcha ahora ocultamente, seduciendo á los pueblos y engañando á los estadistas.

La cuestion llamada nacional, esto es, la de la independencia y libertad de Italia es la bandera que se ha desplegado para enardecer á los italianos y como enseña bajo la cual deben agruparse. En nuestro concepto es el pretexto de la revolucion. No admitimos, por consiguiente, que tal cuestion exista en un sentido legítimo y patriótico con respecto á todos los pueblos de la Península. «La irritacion en «los Estados romanos, escribe el autor del folleto, depende «menos de la carencia de garantías legales y de la adminis-«tracion clerical que del antagonismo necesariamente esta-«blecido entre la mision del Jefe de la Iglesia y la del Papa, «príncipe italiano.» Estas palabras distan de hallarse en con-
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sonancia con las que afirman que el carácter clerical del Gobierno de los Estados Pontificios es una causa activa de descontento para el pueblo, y un peligro permanente de revolución. Pero además negamos tal antagonismo. «La causa de la revolución de 1848, continúase, fue ante todo la explosión de la idea nacional. Del Vaticano debían proceder á un tiempo el estímulo y el obstáculo al establecimiento de la nacionalidad de Italia. El Papa sostenía como soberano la causa de la independencia, y como jefe de la Iglesia vituperaba la guerra y se negaba á romper con el Austria.» Estas expresiones son injuriosas á la Santa Sede. La pretendida causa de la independencia era justa ó era injusta. Si era injusta, el Papa ni como soberano temporal podía sostenerla; si era justa, en su calidad de jefe de la Iglesia debía bendecirla. No, su independencia en el orden religioso no había de doblegarse en una causa legítima y santa; jamás consideraciones políticas ni intimidaciones le hubieran hecho cejar en la defensa de la justicia. Precisamente Pío IX es el heredero de un nombre que en la historia del Papado nos recuerda el valor heroico con que los Papas han sabido conservar su independencia religiosa y sostener los fueros de la verdad. No hubo, pues, necesidad de que Pío IX sacrificase el principio al pontífice: despojado de su poder temporal ó compartiéndolo con una Asamblea popular, entonces sí que se le colocaría en la terrible alternativa de verse expuesto alguna vez á sacrificar el pontífice al príncipe, ó ser objeto de una oposición encarnizada si no de odiosidad y ultrajes.

Esta es la razón por qué á mas de ofensivo á Pío IX y á sus ministros y consejeros, conceptuamos peligroso para la autoridad religiosa de la Santa Sede el proyecto de reformas gubernativas en los Estados romanos que, confeccionado en París el 1857, fue enviado para su aprobación á Viena. Ofensivo altamente á Pío IX y á sus consejeros, puesto que como si se tratase de unos gobernantes ineptos y de un país conquistado, se pretende dictarle la ley sin consultar siquiera á los que han de recibirla. ¿Y de cuándo acá una
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potencia, por poderosa que sea, ha de arrogarse el derecho de arreglar la forma de gobierno de otra potencia independiente? ¿De cuándo acá un soberano católico se atreve, sin ser para ello requerido, á pretender enseñar á la Santa Sede el mejor modo de gobernar políticamente á sus pueblos? ¿De cuándo acá se ha visto—y no adulamos, no, que somos justos y veraces—de cuándo acá se ha visto que esta dista ninguno pueda dar lecciones de administracion á los hombres de gobierno de los Estados romanos?

¿Y qué lecciones eran estas? en qué consistia el proyecto de París? Lo hemos memorado ya al extractar el folleto. «Secularización del poder administrativo con la formacion de un Consejo de Estado compuesto de laicos y encargado de examinar y discutir las leyes; representacion de todos los intereses del país en una consulta elegida directamente por los Consejos provinciales, ó cuando menos por el Papa según una lista de candidatos presentada por estos Consejos, y llamada á deliberar sobre todas las leyes y á votar el presupuesto; fiscalizacion eficaz de los gastos locales por Consejos provinciales, recibiendo su delegacion de los Consejos municipales;» en una palabra, un Gobierno á la moderna, una monarquía representativa. Si la misma índole de los Gobiernos llamados constitucionales y con ella la experiencia no nos hubiese enseñado lo que son la discusion de las leyes por los diputados de la nacion, las mayorías y minorías de las Asambleas, y la libertad política de los ciudadanos, sin distincion de categorías ni de clases, quizá las bellezas teóricas y lo lisonjero de las palabras nos sedujeran hasta el extremo de desear que la Santa Sede, desprendiéndose de parte de su soberanía temporal, la compartiese con la nacion que gobierna. Mas las ilusiones son imposibles para los que estamos viendo esas divergencias de opiniones, esas multiplicaciones de partidos con sus divisiones y subdivisiones, esas rivalidades y esas luchas, esos cambios y trasiego de gobernantes y subalternos, esas censuras y fiscalizaciones de los actos públicos de las Autoridades, que sin
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embargo se dice necesario á la existencia y vigor del sistema representativo.

Supongamos un Congreso nacional en los Estados romanos: ideemos la division de poderes; ¿qué será el Papa? un rey constitucional al igual de los demás, un soberano que en la administracion de sus Estados ha de regularse por las resoluciones de la mayoría de la Asamblea y por los consejos de sus ministros. Verdad que puede oponer un velo; que puede disolver la Asamblea y cambiar de consejeros; pero al mismo tiempo se le quita la facultad de escoger los nuevos diputados, hasta se le niega el poder elegir á eclesiásticos, —esto va bien, que ni siquiera en los Estados de la Iglesia puedan ser los eclesiásticos representantes de la nacion...— se le encierra dentro de un círculo de determinadas personas para el nombramiento de sus ministros, y se le puede colocar en la alternativa ó de variarlos cien veces, por mas que obtengan su confianza, ó de ponerse en desacuerdo con la voluntad nacional, y en su consecuencia exponer al país á una revolucion. Y una situacion de esta naturaleza, ¿seria conveniente, seria decorosa á la Santa Sede? Considérese que el Papado por razon del carácter de su soberanía espiritual tiene, aun con respecto á su poder politico, un no sé qué de mas grave, mas majestuoso, mas respetable y augustó que las demas monarquías. Ciertas formas de gobierno, ciertas concesiones á la nacion para que intervenga en su régimen, cierta amplitud á los derechos de los ciudadanos que rigen en algunos Estados, en los pontificios rebajarían la dignidad de su rey-pontífice, y expondrian á su autoridad política á circunstancias criticas y peligrosas.

Y no solamente la autoridad politica del Papa, sí que tambien su autoridad espiritual se veria expuesta á un conflicto. Las Asambleas nacionales, por lo mismo que constituyen el poder legislativo, deben ocuparse muchas veces de disposiciones que se rozan con la religion del Estado.

En los países catolicos esta necesidad sube de punto, pero tambien entraña consecuencias mas fatales. El abuso que de
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esta necesidad puede hacerse, el giro que puede darse á cuestiones religiosas en asambleas compuestas no mas que de personas láicas, no hay por qué ponderarlo, ni es menester exagerarlo. La historia contemporánea habla con demasiada elocuencia. Aquí está nuestra España de ayer, y allá la Cerdeña de hoy. Ahora bien: posible, y muy posible fuera que una Asamblea laical en los Estados romanos creara situaciones parecidas á las que surgieron en los Congresos de las citadas naciones, cuando se pusieron en tela de juicio poco menos que la supremacía espiritual de la Santa Sede y la verdad de la religion católica. Y en posicion tan terrible, ¿qué partido había de tomarse? Y si la prensa libre—que no es desatinada la hipótesis—pública ó clandestinamente hubiese preparado la opinion en favor de las reformas religiosas y contra los abusos, ¿qué habia de hacer el Papa?... Reflexiónese toda la gravedad del conflicto en que se le hubiera metido, y cuya solucion probablemente no podria ser otra que la renovacion de aquel heróico valor con que los sucesores de san Pedro han sabido marchar al ostracismo y presentar sus cabezas á los tiranos antes que consentir la violacion del deposito de la fe que les ha consiado Jesucristo.

Como si se llevara la mira de distraer de probabilidades tan funestas la vista de los verdaderos católicos, el autor del folleto nos traza con encantadoras pinceladas el papel importante que el Papa podria representar en Italia, formándose de todos los Estados de la Península una confederacion cuyo centro fuese Roma, y cuyo presidente su rey-pontífice. «Su parte es bella indudablemente, dice. Al recibir este acrecentamiento de influencia moral, al encontrarse investido de esta especie de protectorado sobre la Italia, que le cede el respeto de todos los pueblos, el Papa, sin rebajarse, puede disminuir su poder temporal, y aligerar su responsabilidad política. Puede, sin exponerse, organizar bajo su vigilancia respetable una administracion secular, una legislacion civil y una magistratura regular é independiente. Todo lo que pierde en privilegios lo gana en importancia.