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Su admisión ha puesto á cubierto la conducta de muchos y á buen lugar los derechos y bienes de la Iglesia.

Felicitamos de corazón á la Iglesia por su nuevo triunfo, y á los que hablaron en las Cámaras legislativas en el sentido del artículo 6.º por ver solemnemente erigidos en ley sus principios.

Nos apresuramos á reconocer y todavía mas á esperar que las excepciones van á ser numerosas, porque hay fincas y propiedades que valen mas y mucho mas de lo que calcularon los partidarios entusiastas de la desamortización.

Los respectivos Diocesanos sabrán usar de tan estimable prerrogativa, para legitimar y corroborar los argumentos de los oradores que en la hora de la defensa del principio de propiedad desplegaron su ingenio no oyendo sino la voz de sus ilustradas conciencias, ni anhelando otra cosa que el provecho material de la santa Iglesia. Los defensores del gran principio de sólida propiedad han conseguido un gran triunfo en el momento que se ha confiado la confirmación de sus doctrinas al criterio de los Obispos. Las grandes verdades teóricas serán fortalecidas por las evidentes demostraciones prácticas, y se sabrá que jamás los católicos, como á tales, obran ni hablan por pasión.

Comprenden esto los revolucionarios, y así aparentando estar devorados por el celo de la casa del Señor, prorumpen en varios arranques de hipocresía semejantes á este: «Por el «Convenio, se ha dicho, los señores Obispos, con desdoro de «su alto ministerio, se encargan de estas menudencias,» y ¿qué menudencias son estas? de señalar el precio de las fincas que la Iglesia vende al Estado; pero, bien habrá advertido en su interior el articulista no ser tan despreciables aquellas menudencias cuando contradiciéndose continúa: «y si les «ocurre imposibilitar la desamortización, con poner las sin- «cas por las nubes dan en tierra con el pensamiento del Go- «bierno.» Este argumento es tan débil que desaparece con solo cambiar dos ó tres palabras al período; nos creemos con igual autoridad filosófica á la del órgano de la democra-
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cia para formular una opinión diametralmente opuesta con identidad de modismo. «Aplaudimos el que los Obispos deben señalar el precio de las fincas destinadas á la permutation, porque si el derecho de tasa se hubiera reconocido en el Estado, el Estado influído por las ideas revolucionarias hubiera hecho descender hasta á la tierra el precio de fincas que pueden elevarlo hasta á las nubes, y hubieran conculado con esto los derechos é intereses de la Iglesia.»

Y ¿qué periódico es el que así se interesa para el decoro de los Prelados españoles? ¡La Discusion! el que no deja pasar ocasión ni pretexto de ridiculizar los Obispos y oponerse á sus decretos y medidas; el que se resigna á arrostrar el dictado de violento y anticatólico para no renunciar al placer de echar alguna pulla volteriana á las cosas santas y sagradas personas; el que muy recientemente ha pretendido ridiculizar con cínico laconismo un documento pastoral que honra al Episcopado español y que ha merecido los aplausos cordiales de los órganos de las diversas escuelas políticas; ¡La Discusion es el periódico que se lamenta del desdoro que reciben los Prelados señalando el precio de las propiedades de la Iglesia! Aplaudir los destierros de los Prelados, ridiculizarlos sardónicamente, hablar de ellos como de los dependientes de una oficina correccional, aplicarles anécdotas que sublevan el espíritu de los dóciles, todo esto y mucho mas les honra, los enaltece, apoya su autoridad; pero, reconocer sus derechos, restaurar su influjo, someterse á su divino poder, venerar sus apreciaciones, fiarse en sus conciencias, esto es indecoroso, esto no es propio de su elevado y santo ministerio!

Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, diciendo:
«Este pueblo con los labios me honra, mas el corazón de ellos lejos está de mí.»
«Y en vano me honran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres.»
En el artículo 7.º se dispone que, acordada por los Obis-
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lejos de ser considerado como un cambio de voluntad de las cortes pontificia y española, lo sería como un cambio geográfico-político del territorio.

No hacemos mas que insinuar una razon, que creemos digna de meditarse.

Por las noticias que han ido insertándose en las crónicas religiosas de esta Revista, habrá podido verse la actividad ejemplar de nuestros Prelados en todos los ramos conducentes al provecho de los fieles y á la gloria del Cristianismo.

Es verdad que no podemos consignar en la reseña de España ninguno de aquellos admirables espectáculos, que tanto nos consuela tomar en cuenta en las actas de otras naciones; de aquellos espectáculos edificantes al pueblo y alentadores del mismo espíritu episcopal; ninguna de aquellas canónicas reuniones presididas por el Espíritu Santo, y en las cuales los maestros de Religion discuten y tratan del método mas á propósito de enseñar, de vigilar, de corregir. Por una anomalía, que no debemos calificar, la nacion protectora del santo concilio de Trento no permite la práctica de una de sus mas bellas disposiciones, y mientras está expedito y libre el ejercicio del parlamentarismo civil y político, vense cerradas, hasta Dios sabe cuándo, aquellas cámaras morales y religiosas, de las que salen las legislaciones mas importantes para el orden, la vida y el progreso de los pueblos, las legislaciones de la conciencia.

Pero si en España no hay concilios, en cambio se revela superabundancia de celo en los mismos individuos del Episcopado. La unidad católica no ha sentido aflojarse en lo mas mínimo sus sagrados vínculos, ni desvanecerse en nada el color subido de la ardiente caridad del sacerdocio.

El Excmo. Sr. D. Juan Nepomuceno Cascallana, obispo de Málaga, pudo dar enérgico testimonio de su celo á causa de la clandestina reparticion de un impfo folleto, destinado á combatir el dogma predilecto de los españoles, el de la Concepcion Inmaculada de María. No pudo encontrar sólidos argumentos, ni aun especiosas palabras, el quijotesco in-
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pos la estimacion de los bienes sujetos á la permuta, se entregarán inmediatamente á aquellos títulos intransferibles por el valor completo de los mismos como por el valor venal de los que han sido enajenados después del Concordato. Verificada la entrega, los Obispos, debidamente autorizados por la Santa Silla, extenderán una formal cesión al Estado de los bienes pagados.

Nos parece acertado se haya resuelto la entrega antes de la cesión, de los títulos intransferibles por todo el valor de los bienes destinados á cederse. Motivó sin duda esta prescripción tan terminante la conducta injustificable muchas veces observada en este particular. Tomábanse los bienes de la Iglesia ó de la beneficencia, se publicaba su venta, se vendían, se traspasaba el dominio, y los verdaderos dueños no percibían nada durante un largo período de tiempo, en el que quedaban en descubierto obligaciones que debían ser privilegiadas. La paga por adelantado obvia estos grandes inconvenientes, y al paso que ni enriquece á la Iglesia, ni empobrece al Estado, pone á aquella á cubierto de una indigencia temporal.

En cambio de este acuerdo favorable para la Iglesia, el Estado recibe un favor positivo. Cediendo el Papa, en nombre de la Iglesia, las propiedades enajenadas desde el Concordato por el precio adjudicado por el Gobierno á los respectivos compradores, le regala algunos millones de reales, que gracias á la fogosa precipitación con que se vendió fueron rebajados del valor positivo. Los títulos equivalentes á aquellos precios ya podrían entregarse hoy mismo, puesto que graves son los perjuicios que se irrogan á la Iglesia no entregándolos inmediatamente.

El artículo 8.º reconoce la perentoriedad de las necesidades del Clero, y en consecuencia el Gobierno de S. M. queda por él obligado á pagarle mensualmente la renta consolidada.

La oposición se ha escandalizado con la lectura de este artículo. Ve en él un privilegio monstruo concedido al Cle-
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ro, y se pregunta ¿en qué razon se apoya? Son tantas las razones en que se apoya y sobre todo tan claras, que sería frivolidad el consignarlas. La Iglesia era rica, rica, riquísima, y hoy su material, su vida, su sosten depende de las pensiones del Gobierno. El día en que falten estas pensiones ya no hay culto, ya no hay esplendor. El plazo por semestres es demasiado largo para una institución que no cuenta con bastantes fondos de reserva para hacer frente á una eventualidad. Los acreedores particulares, lo son unos por su conveniencia, otros por favor del Estado; y si bien es clara la legitimidad de sus títulos, y desatendiéndose esta legitimidad se perpetra una injusticia, se ocasiona un grave daño, pero aquel daño, aquella injusticia reducida al círculo de determinados individuos no puede ser funesto á la sociedad. Mas la Iglesia es una institución, y una institución esencial al orden, y la parálisis de una institución indispensable es siempre funesta aun á los mismos intereses materiales. Este compromiso reclamado por el Papa no puede ser dictado por sentimientos de mezquindad ni de ambición, es una exigencia del estado precario del Clero y de la miseria vergonzosa en que se encuentra el culto.

En el artículo 9.º, reconocida la posibilidad de que por disposición de la autoridad temporal la renta del 3 por 100 de la Deuda pública sufra disminución ó reducción, el Gobierno ahora por entonces se obliga á aumentar á la Iglesia el número de los títulos intransferibles hasta que cubran el valor de las obligaciones que hoy se contraen; «de modo, concluye, que esta renta no se ha de disminuir ni reducir en ninguna eventualidad ni en ningún tiempo.» Justa nos parece esta disposición por más que los contrarios piensen otra cosa. La Iglesia cede sus bienes y propiedades, estos se aprecian por un valor determinado, el capital apreciado renuncia á toda esperanza de aumento, ¿por qué no ha de ponerse á salvo de todo temor de disminución?

Se nos dirá que por el Concordato se establece que las asignaciones del Clero serán mejoradas cuando lo permita
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la prosperidad nacional; pues bien, esto que parece á simple vista un argumento contra nosotros, es una prueba que sirve á nuestra defensa. Semejante declaracion es un reconocimiento de que á la Iglesia no se le da todo lo que se le debe, que es acreedora á mas de lo que cobra, y que para cobrar un poco mas á proporcion de sus servicios y sacrificios ha de esperar que llegue la hora de la prosperidad nacional, es decir, que el Clero se resigna á sufrir estrechez para no ocasionar ningun perjuicio al Estado; el sacrificio que se exigirá á la masa de acreedores del Estado en posibles, pero no probables casos, los hace ya de ordinario el Clero, ¿á qué exigírselos de nuevo?

Como los bienes pertenecientes á capellanías colativas y á otras semejantes fundaciones que radican en ellas no pueden comprenderse en la regla general de la permuta, por razon de los varios y complicados derechos que se afectarian, así como á su naturaleza especial, en el artículo 10 el Gobierno y la Santa Silla anuncian sobre ellos un convenio particular.

Importantisimo es el artículo 11 que segun se declara en el mismo no es sino la confirmacion del 39 del Concordato: establecese en este, que el Gobierno dictará «las disposiciones necesarias para que aquellos entre quienes se hayan distribuido los bienes de las capellanías y fundaciones piadosas aseguren los medios de cumplir las cargas á que dichos bienes estuvieren afectos.

«Iguales disposiciones adoptará para que se cumplan del mismo modo las cargas piadosas que pesaren sobre los bienes eclesiásticos que han sido enajenados con este grávamen.

«El Gobierno responderá siempre y exclusivamente de los impuestos sobre los bienes que se hubieran vendido por el Estado libres de esta obligacion.»

Hé ahí el artículo 11 del Convenio:

«El Gobierno de S. M., confirmando lo estipulado en el artículo 39 del Concordato, se obliga de nuevo á satisfacer á
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«la Iglesia, en la forma que de comun acuerdo se convenga,
«por razon de las cargas impuestas, ya sobre los bienes vendidos como libres por el Estado, ya sobre los que ahora se le ceden, una cantidad alzada que guarde la posible porción con las mismas cargas. Tambien se compromete á cumplir por su parte en términos hábiles las obligaciones que contrajo el Estado por los párrafos primero y segundo de dicho artículo.»

Para que este acuerdo, cuya necesidad y justicia nadie puede racionalmente desconocer, no quede estéril, se ha establecido el método con que deben ser investigadas las diversas cargas afectas á las fincas enajenadas ó cedidas; á este fin dice:

«Se instituirá una Comision mixta con el carácter de consultiva, que en el término de un año reconozca las cargas que pesan sobre los bienes mencionados en el párrafo primero de este artículo, y proponga la cantidad alzada que en razon de ellas ha de satisfacer el Estado.»

Ya que no se ha resuelto entregar absolutamente este negocio á la discrecion de los Obispos y que se ha de acudir al medio á veces no muy expedito de una Comision mixta, celebramos se haya concedido á la Junta consultiva el plazo de un año para terminar sus trabajos. El término de un año nos parece suficiente si bien no exorbitante para esta clase de investigaciones, la mayor parte de las que habrán de tener el carácter de pesquisas.

El artículo 12 del Convenio es una repetición del 33 del Concordato, sin embargo entraña otra indulgencia á favor del Estado, ya que se reconocen en él admisibles como á parte integrante de la dotacion de las religiosas, los títulos intransferibles, correspondientes al precio por el que se adjudicaron muchas de sus propiedades á consecuencia de la ley de 1.º de mayo de 1855.

El artículo 13 después de haber renovado los 33 y 36 del Concordato, los adiciona con lo siguiente: «El Estado se
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«obliga además á construir á sus expensas las iglesias que se «consideren necesarias, á conceder pensiones á los pocos re-«ligiosos existentes legos exclaustrados, y á proveer á la do-«tacion de las monjas de oficio, capellanes, sacristanes y «culto de las iglesias de religiosas en cada diócesis.»

Instas son las tres promesas anteriores hechas por el Estado á beneficio de la Iglesia. La construcción de nuevos templos atendido el desarrollo, aumento y cambio de las poblaciones de España, es una necesidad cuyo cumplimiento incumbe al Gobierno: especialmente cuando la limitada cantidad que se destina para el culto apenas basta para cubrir los gastos de las ceremonias, festividades y conservación de los monumentos existentes. La cantidad señalada para el culto, si basta para dotar está muy lejos de ser suficiente para crear. Las creaciones deben, pues, correr á cargo del Gobierno.

La dotación de los pobres legos exclaustrados no es sino el reconocimiento de los sagrados derechos que asisten á una porción de débiles y poco influyentes personas. No eran menos dignos de atención ni acreedores á la providencia del Gobierno aquellos que por su humildad ó carencia de lo que en la tierra llamamos altos dotes, se habían resignado á contribuir al decoro de las comunidades religiosas y de sus templos, con el carácter de servidores ó legos. Su vida formaba parte de la vida de la comunidad, y su acción era tan necesaria á esta como la de los sabios y reverendos Padres; como ellos habían renunciado al mundo, al porvenir, á la fortuna; como ellos eran castos y pobres; como ellos servían á Dios y propagaban su gloria, y como ellos podían santamente alegrarse con el recuerdo de nombres, que la Iglesia declaró heroicos, y que no eran sino los de hermanos suyos en la profesión y oficio.

¿En qué razón se apoyaba el olvido con que el Estado miraba á aquellos infelices? ¿No les pertenecía parte de su propiedad como á los coristas? ¡Cuántos y cuántos han pere-
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cido de miseria durante estos años de incalificable desprecio á sus incontestables derechos! ¡y cuántos y cuántos mas hubieran perecido sin la limosna de los compasivos!

Mucho tiempo hace que nos hicimos eco de estos derechos olvidados, que presentamos al Gobierno el anómalo cuadro que ofrecían á la Religión y al siglo esta muchedumbre de santos y beneméritos desvalidos; la prensa religiosa nos ayudó, la dimos ya las gracias por el digno eco que encontramos en ella, como hoy se las damos al Gobierno, y muy sinceras, por haber prometido atender la situacion de estos pobres privilegiados por Dios. La situacion de ellos hacíase cada dia mas precaria, la ancianidad paralizaba sus trabajos y no les prometía sino un fin desolado y amargo. La Providencia ha señalado con su adorable dedo esta porción desaliñada de su rebaño, y el Gobierno ha secundado los nobles sentimientos de sus abogados.

La dotacion de las monjas de oficio la encontramos tambien natural y justa. Muchas jóvenes hay en España pecuniariamente pobres, pero ricas en instruccion y ciencia. Dios las llama desde el retiro, ellas desean seguir la voz de Dios, las monjas en clausura desean llamarlas hermanas, pero la falta de dote impide el cumplimiento de tan santos deseos y superior vocacion. El Gobierno, prometiendo la dotacion de las monjas de oficio, abre las puertas á una multitud de jóvenes escogidas, que podrán contribuir mucho á la decencia y esplendidez del culto cubriendo las plazas de organistas, de maestras de coro y de profesoras en otros ramos necesarios según la organizacion actual de las casas religiosas.

Otra necesidad y no menos perentoria se verá atendida, dándose asignaciones á los capellanes y sacristanes de los conventos de religiosas. Miserable era la situacion de muchos directores y capellanes de monjas, que debían sostenerse á sí mismos y á su propia casa, con la sola limosna de la misa, y sin embargo, pasando los dias enteros en las tareas de su entretenido y místico ministerio. Una vez reconocida por el Gobierno la utilidad de las comunidades religiosas, es claro
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que ha de proporcionarles los medios de su existencia física y moral. El capellan es á una casa religiosa, lo que un director á su colegio. Desde el momento que se ha decretado la existencia de escuelas públicas, se ha decretado la existencia de maestros también públicos y su pension. El caso nos parece análogo. Hasta hoy algunos religiosos, acostumbrados á la austeridad del claustro y llevados por el amor especial á sus hermanas de Órden, arrostrando cierta indigencia y miseria, cubrían tan importantes puestos; estos van desapareciendo agostados por la vejez, los trastornos y la desgracia, pronto será indispensable echar mano de individuos del clero secular para el desempeño de tan interesantes plazas: el clero secular sin ser menos caritativo y generoso, está rodeado de mas compromisos personales y necesidades de familia, la presencia de una madre vieja, de una hermana desvalida, de un pariente desgraciado, llama continuamente á las puertas del corazón del pariente, del hermano y del hijo sacerdote, quien en tal caso no puede dejar de socorrer dando, protegiendo ó sustentando. Y ¿cómo puede sustentarse á sí y á los otros quien no cuenta sino con cuatro reales de limosna? La promesa del Gobierno es, pues, buena é indispensable. Se atenderá también á la subsistencia de los sacrificantes y al culto de las iglesias. Haciéndolo así se sacará de apuro á algunos jóvenes estudiantes ó desamparados que hoy apenas pueden cubrir los gastos de su vestido, y se aligerará á las monjas de una carga pequeña en sí, pero muy pesada con relación á unas comunidades que lo tienen todo ajustado á maravideses, al paso que atendiendo á los gastos del culto podrán repetirse aquellas magníficas funciones casi olvidadas á causa de la actual penuria.

El espíritu de este párrafo nos gusta; le aceptamos reconocidos, y damos gracias á Dios de haber inspirado á nuestros gobernantes tales sentimientos de respeto y conciliación con la santa Iglesia.

Todavía nos restan nueve artículos para examinar; pero habiendo entre ellos alguno que exige algo detenidas refle-
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xiones, y ocupando el presente la extension que le pertenece, suspendemos el análisis hasta el número siguiente.
(Se continuará).

EDUARDO MARÍA VILARRASA.

DOCUMENTOS OFICIALES.

Convenio adicional al solemne y vigente Concordato celebrado en 16 de marzo de 1851.

Ministerio de Estado.—En el nombre de la santísima e indivídua Trinidad.—El sumo pontífice Pío IX y S. M. C. D.a Isabel II, reina de España, queriendo proveer, de comun acuerdo, al arreglo definitivo de la dotacion del Culto y Clero en los dominios de S. M., en consonancia con el solemne Concordato de 16 de marzo de 1851, han nombrado respectivamente por sus plenipotenciarios: Su Santidad al Emo. y Rmo. Sr. cardenal Santiago Antonelli, su secretario de Estado;
Y S. M. al Excmo. Sr. D. Antonio de los Ríos y Rosas, su embajador extraordinario cerca de la Santa Sede; los cuales, canjeados sus plenos poderes, han convenido en lo siguiente:
Artículo 1.º El Gobierno de S. M. C., habida consideración á las lamentables vicisitudes por que han pasado los bienes eclesiásticos en diversas épocas; y deseando asegurar á la Iglesia perpétuamente la pacífica posesion de sus bienes y derechos, y prevenir todo motivo de que sea violado el solemne Concordato celebrado en 15 de marzo de 1851, promete á la Santa Sede que en adelante no se hará ninguna venta, conmutacion ni otra especie de enajenacion de los dichos bienes sin la necesaria autorización de la misma Santa Sede.
Art. 2.º Queriendo llevar definitivamente á efecto de
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un modo seguro, estable é independiente el plan de dotación del Culto y Clero prescrito en el mismo Concordato, la Santa Sede y el Gobierno de S. M. C. convienen en los puntos siguientes:

Art. 3.º Primeramente el Gobierno de S. M. reconoce de nuevo formalmente el libre y pleno derecho de la Iglesia para adquirir, retener y usufructuar en propiedad y sin limitacion ni reserva toda especie de bienes y valores; quedando en consecuencia derogada por este Convenio cualquiera disposicion que le sea contraria, y señaladamente y en cuanto se le oponga la ley de 1.º de mayo de 1853.

Los bienes que en virtud de este derecho adquiera y posea en adelante la Iglesia no se computarán en la dotación que le está asignada por el Concordato.

Art. 4.º En virtud del mismo derecho, el Gobierno de S. M. reconoce á la Iglesia como propietaria absoluta de todos y cada uno de los bienes que le fueron devueltos por el Concordato. Pero habida consideracion al estado de deterioro de la mayor parte de los que aun no han sido enajenados, á su difícil administracion, y á los varios contradictorios é inexactos cómputos de su valor en renta, circunstancias todas que han hecho hasta ahora la dotación del Clero incierta y aun incongrua, el Gobierno de S. M. ha propuesto á la Santa Sede una permutacion, dándose á los Obispos la facultad de determinar, de acuerdo con sus Cabildos, el precio de los bienes de la Iglesia situados en sus respectivas diócesis, y ofreciendo aquel, en cambio de todos ellos, y mediante su cesion hecha al Estado, tantas inscripciones intransferibles del papel del 3 por 100 de la Deuda pública consolidada de España, cuantas sean necesarias para cubrir el total valor de dichos bienes.

Art. 5.º La Santa Sede, deseosa de que se lleve inmediatamente á efecto una dotación cierta, segura é independiente para el Culto y para el Clero; oidos los Obispos de España y reconociendo en el caso actual, y en el conjunto de todas las circunstancias, la mayor utilidad de la Iglesia,