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deliberaciones del consejo versan sobre las propuestas de los consultores de Estado, sobre los asuntos que conciernen á la administracion interior y económica de la provincia, sobre la aprobacion de los presupuestos y la revision de las cuentas, y por fin sobre las propuestas de aquellas mejoras que puedan juzgarse útiles á la prosperidad material de la provincia.

La comision administrativa se compone de tres miembros nombrados cada dos años por el consejo provincial de entre los elegibles para consejeros. Dicha comision forma los presupuestos para que sean aprobados, y atiende á la plena ejecucion de las determinaciones del consejo, así como á la tutela de los intereses y de los derechos de la provincia.

Dos son solamente las prescripciones de la referida constitucion municipal y provincial que no han sido puestas en practica hasta el presente, y esto por motivos accidentales y cuya remocion no hay que dudar será seguida por el puntual é inmediato cumplimiento de aquellas. La una de estas prescripciones es la convocacion de los colegios electorales, y la otra el nombramiento de los Cardenales legados. Hubiera sido una gran imprudencia permitir la convocacion de aquellos colegios en el tumulto de las pasiones politicas que existia en los primeros años de la restauracion del gobierno; y por consiguiente á la excitacion que cada vez hubieran dado á aquellas pasiones los enemigos externos de la publica tranquilidad, débese el que hasta el presente no se haya cumplido aquella convocacion. No obstante, el Gobierno suple aquella falta por medio de sus correspondientes organos, ateniéndose estrictamente por otra parte á las demas disposiciones de la ley. Tocante á los Cardenales legados son muy poderosas las razones que han obligado á diferir su nombramiento, siendo una de las no menos importantes la presencia de tropas extranjeras en algunas legaciones, prolongada mas allá de la necesidad y de los deseos del Gobierno pontificio.
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— Dice un periódico de Madrid: «Estamos autorizados para decir que no es cierta la noticia que se hace circular de que el Gobierno de S. M. se ha comprometido á borrar de la nueva ley de imprenta el título que tiene relación con la censura eclesiástica, ó cuando menos á suspender indefinidamente la discusión de dicha ley. Esta se discutirá cuando la Comisión del Congreso presente su dictamen, y respecto á la censura, el Gobierno y la Comisión representante de la mayoría están ya conformes en la reforma, no supresión, que han de experimentar ciertos artículos, para que, conservándose el pensamiento del Gobierno, se desvanezca el menor escrúpulo de las conciencias más timoratas; idea en que siempre ha estado el Ministerio, como lo demuestran las facultades que da el proyecto á los Obispos, las mayores que se han concedido en ninguna ley de imprenta.»

— Los señores magistrados de la Audiencia territorial de Granada han dispuesto asistir todos los viernes de Cuaresma á la iglesia de las Capuchinas á oír un sermón que dicho tribunal costeará, y para el cual se elegirán los oradores sagrados mas notables que encierra aquella capital.

— Segun habíamos anunciado, tuvo lugar en la Real capilla de Madrid la consagración del Ilmo. Sr. obispo de Badajoz, Dr. D. Diego Mariano Alguacil, siendo consagrante el excelentísimo Sr. nuncio apostólico de Su Santidad, Mons. Barilli, y asistentes los Excmos. Sres. Arzobispos de Cuba y Zaragoza. Habiendo dispuesto SS. MM. que fuese padrino el Príncipe, su augusta hija, asistió en su nombre el señor Marqués de Alcañices, quien, después de concluirse la ceremonia, acompañó al nuevo Prelado en un lujoso coche de la Real casa.

— Los ejercicios dados por los Padres Jesuitas en la ciudad de Santander á la asociación de San José, terminaron con la comunión general, que dió el Excmo. Sr. Obispo de la Diócesis, el 18 del pasado, á mas de setecientas personas. La población se muestra muy satisfecha del fruto obtenido: son muchas las restituciones efectuadas: se han entregado
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VII.

Código de los Estados pontificios.

La legislacion propia de los Estados pontificios consiste en el derecho romano en todo aquello que no se opone al derecho canónico, salvas empero las modificaciones hechas por los tres códigos ó reglamentos vigentes: el comercial, el civil y el criminal. De estos tres códigos el comercial es tomado del correspondiente código francés; el civil y el criminal son modelados en la misma norma que los de los pueblos mas cultos y civilizados de Europa, y juntos constituyen todo el procedimiento legal, conforme á los derechos, á las necesidades y á las costumbres de nuestras poblaciones. Además hay en tales códigos ciertas partes, como por ejemplo la ley hipotecaria, que, según sentir de los jurisconsultos, tienen muchos menos defectos que los que se hallan en vigor en otras naciones. Añádese que el código acerca de los delitos y de las penas es inculpado de demasiada suavidad, sea que se mire á las sanciones penales impuestas, sea á las defensas que se conceden á los reos, y esto es una prueba de que se está muy lejos de podersele llamar excesivamente riguroso. A pesar de que antes de haberse publicado el código civil y el criminal (el penal lo fue en 5 de octubre de 1824 y el civil en 10 de noviembre de 1834), se les sujetó á un rígido exámen, sin embargo en la actualidad se encuentran bajo una nueva revision, á fin de continuarse en ellos las nuevas leyes ó modificar algunas de las antiguas, conforme lo requieran las nuevas necesidades. El código criminal ha sido ya revisado por el Consejo de Estado, quien se está ocupando en el dia del código civil. Esta es la inmutabilidad de la legislacion pontificia contra la que tan sin razon se declama.

La justicia civil se administra de un modo mas expedito y menos dispendioso que en otras partes. Y en efecto, aquellas causas que exigen mas prontitud, como son las de gra-
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cias, las de un sumario posesorio, etc., así como todas las de intereses cuyo valor no pase de 200 escudos, son cometidas á jueces particulares de la clase laical, que se hallan en todos los principales municipios y capitales de provincia. Respecto de las causas que son de mas ténue valor hay métodos todavía mas expeditos, como por ejemplo, para aquellas que no exceden de 5 escudos bastan para fallarlas los jefes de las magistraturas municipales de todos los lugares donde no reside un juez. Las causas por intereses que pasen de 200 escudos son juzgadas por los tribunales colegiales que se componen de seglares y de quienes hay uno en cada provincia, que reside en la capital.

Tres son los grados de jurisdiccion que la ley concede á las causas ordinarias. Toda sentencia proferida en primera instancia tiene derecho á la apelacion, siendo tres los tribunales de esta; uno en Roma, uno en Bolonia y otro en Macerata: los tres se componen de seglares, exceptos tan solo el Presidente y Vicepresidente en el de Roma. Si la primera sentencia es confirmada por el tribunal de apelacion, no hay lugar á otra; pero si es revocada ó reformada, hay derecho á una nueva apelacion en tercer grado de jurisdiccion. En este tercer grado las sentencias, cualesquiera que ellas sean, forman cosa juzgada, y no son susceptibles de apelacion. No obstante cualquier sentencia inapelable puede ser en el término de tres meses atacada de nulidad mediante recurso de anulacion ó circunscripcion de actos ante el supremo tribunal de la Asignatura. Algunas veces hay derecho á un cuarto grado de jurisdiccion, á saber, cuando la Asignatura acuerda el remedio extraordinario de la restitucion in integrum.

La organizacion de los juicios criminales es sustancialmente semejante á la de los juicios civiles, con la sola diferencia que en lugar de la Asignatura hay el tribunal de la sacra Consulta. El procedimiento es un mixto del proceso escrito y de la repeticion oral de los testimonios ante los tribunales. Los juicios sobre los grandes delitos son fallados por un tri-
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bunal colegial, oyéndose al requerido y confrontándose á los testigos, á no ser que se trate de delitos cometidos por espíritu de parcialidad.

Sin embargo, aunque en estos delitos se omita el carear á los testigos á fin de libertarles de la venganza de las sectas, y con objeto de tener mayor probabilidad de disposiciones sinceras, en su defecto el proceso es comunicado al defensor del reo, quien es libre de entenderse con su cliente, de defenderle ante los tribunales é invocar el exámen de otros testigos.

De la rápida exposicion que acabamos de hacer se manifiesta claramente lo absurdo de pedir para los Estados pontificios un código que pueda sustraer á los súbditos de aquellos Estados de la incertidumbre de las leyes, de los caprichos y dilaciones de los juicios, y lo que es mas peregrino, de la inflexibilidad del derecho canónico.

VIII.

De la recaudacion de las contribuciones.

Una de las inculpaciones que suelen echarse á volar contra el Gobierno pontificio, para presentarlo como pésimo administrador de los públicos ingresos, es que deja devorar una gran parte de ellos en su recaudacion. El marqués Pepoli de Bolonia en una carta al conde Costa de la Torre sobre la deuda pública pontificia pretende poner en claro este punto, y declarándose investigador concienzudo de la verdad é indagador de documentos seguros y oficiales, no menos que desposeído de toda hostilidad contra el Gobierno pontificio, resuelve la cuestion por medio de un fárrago de números, fallando en su consecuencia, y con sentimiento por su parte, que la recaudacion de las contribuciones absorbe poco mas ó menos el tercio de todas las rentas. Afortunadamente el noble Marqués, queriendo hacer gala de aritmético á costa de la Hacienda pontificia, se ha dejado llevar fuera del camino de la verdad. No hace muchos dias que se ha publi-
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cado en Roma una RESPUESTA á dicha carta, y en ella hemos visto refutada esta especial inculpacion de una manera tan evidente, que juzgamos no puede presentarse con mas claridad el fundamento del error en que suelen ó quieren caer los pretendidos celosos consejeros de ahorros en la exaccion de los impuestos. Hé aquí, pues, un trozo copiado de las páginas 30, 31 y 32, el cual basta para hacer conocer cuanto hay de falso en la inculpacion referida.

«En el aumento de los gastos ordinarios que, segun la opinión del señor Marqués, han contribuido á aumentar la parte pasiva del Estado de que trata en la página 14 y siguientes, cuenta él en primer lugar los gastos de la recaudacion de las contribuciones, poniendo por base que aquella en el presupuesto de 1858 sube al 31 por ciento: pasando luego en reseña las cuentas de los presupuestos pasados, dice que desde 1835 á 1844 fue del treinta por ciento, deduciendo de aquí en conclusion que en los gastos de recaudacion devora el Gobierno la tercera parte de las rentas. El calculo que hace el señor Marqués está sujeto á muchas rectificaciones, rectificaciones que él mismo hubiera hecho, estamos de ello seguros, si su ánimo inclinado, á lo que parece, á una injusta censura, por no decir calumnia, no le hubiera hecho pasar por alto el análisis exacto de los gastos, del cual nos hemos ocupado para hacer palpable cuantos son los enormes despropósitos que ha estampado. En el calculo de los gastos de recaudacion él no ha descontado, por lo que respecta á la propiedad, la parte pasiva que se deriva de los censos, cánones y otras partidas de igual naturaleza y que son inherentes á los bienes de la Cámara: tampoco lo ha hecho de las donaciones y otras tasas para los fondos retenidos en administracion; no menos se ha cuidado de los gastos para los trabajos de imprenta y de caligrafía, como ni de los de la administracion de las minas, de la conservacion de los fondos urbanos, ni de los que conciernen al cuidado y explotacion de las salinas de Cervia y de Comacchio. Si hubiese
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«verificado todas estas restas, hubiera encontrado que los «gastos de recaudacion de los productos que están á cargo «de la Direccion de las propiedades de la Cámara, y de los cu- «les el mayor es la contribucion de fincas, no llegan al 4 por «ciento. Hubiera venido en conocimiento por medio de las «rentas de correo que deducidos los gastos de las carreras «postales, de los correos, de las estafetas extraordinarias, «de las entregas gratuitas en favor de las cortes extranjeras «y conforme á los términos de las respectivas convenciones, «así como las relativas á la correspondencia gubernativa y «de las administraciones, los gastos de recaudacion no ex- «ceden del 20 por ciento. Igualmente, sin necesidad de en- «tretenerse en inútiles detalles, hubiera visto que con res- «pecto á las aduanas los gastos de la mera recaudacion no «llegan á 19 por ciento; que los relativos al timbre y registro «no pasan mas allá del 9; que los de las loterías, deduciendo «las ganancias, los subsidios de dotacion y los cuatro quin- «tos sobre el producto de cada medio bayoco (unos tres ma- «ravedises) por jugada en las provincias del Estado, cuyos «cuatro quintos son aplicados á la casa de las jubilaciones, «tocan apenas el 12 por ciento, de suerte que tomando el «medio término en el variado ejemplo de tales gastos, vie- «ne á resultar el 14 por ciento.»

Ahora bien: del 30 que se supone, al 14 que es el ver- dadero, hay una diferencia enorme. Decimos que el 14 es el verdadero, por cuanto, si bien el autor de la respuesta no hace mas que indicarlo, sin alegar las pruebas, estas pruebas se hallan al alcance de todo el mundo, como quiera que los presupuestos de gastos é ingresos de la Hacienda pontificia se dan á luz con toda exactitud año por año, siendo por con- siguiente entregados al dominio del público. Bastaba por tan- to indicar no mas que algunos ejemplos para saber deducir de aquellas cifras una razonable y legítima conclusion.
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IX.

Sobre los desterrados y los emigrados.

Uno de los motivos que se oponen á que definitivamente se establezca la paz europea, es, según la común opinión, el gran número de desterrados y fugitivos que van arrastrando por toda la Europa los odios, los rencores y las acusaciones contra los Gobiernos de su patria, conmoviendo á todo el mundo con la fuerza que les da el carácter de víctimas en que se presentan, y el estado en que aparentan vivir de continuos y dolorosos sufrimientos, efecto más bien de los sentimientos del alma que de las necesidades del cuerpo. Parece que en esta causa universal deben tener parte casi todos los Estados de la Europa continental, y acaso de una manera mayor los más principales. Pero ¿quién se atreve á levantar su voz contra quien es bastante poderoso para imponer silencio? Levántese, sí, contra el Gobierno pontificio, que ciertamente entre todos los Estados que han sufrido una revolución victoriosa, ha sido quien ha usado de más benignidad. Este grito no es ni justo ni generoso, más desgraciadamente es así fuerte. Aduciremos aquí algunas reflexiones, confiando que ellas bastarán para demostrar la evidencia de la injusticia: en cuanto á la falta de generosidad, si no se sienta desde el principio, es cosa que no admite pruebas.

¿Es por ventura una invención del Gobierno romano la pena de destierro contra los rebeldes al Estado? ¿Es solamente él quien la aplica? ¿No es acaso un deber de quien tiene á su cargo la tutela de la sociedad impedir que algunos pocos malcontentos puedan á su gusto meterla en desorden y en ruina? ¿No es quizá el destierro una pena mucho más benigna que la deportación, que la cárcel y que la horca, de las cuales usan todavía en casos semejantes ciertos Gobiernos á quienes se presenta como modelos de liberalismo?

Los que se constituyen campeones de Italia contra el Gobierno pontificio encontraron por cierto otros bien diversos
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medios para asegurarse en el poder contra los ataques de sus adversarios, cuando durante pocos meses tuvieron en sus manos la fuerza: estos medios fueron la usurpacion de los bienes, la destruccion de los edificios, el puñal y los fusilamientos arbitrarios.

Despues de los funestos acontecimientos de 1849 el primer pensamiento del Sumo Pontífice fue conceder inmediatamente una amplia y completa amnistía á cuantos se habian hecho reos de deslealtad, limitando la justa severidad de las leyes contra los jefes de la rebelion. Dos solas clases de culpables, á la verdad poco numerosas, fueron las exceptuadas de aquel generoso perdón, á saber, los miembros del Gobierno provisional, del Triunvirato y de la Asamblea constituyente, y los jefes militares de las hordas armadas contra el legitimo Gobierno. No, no se encontrará en la historia un semejante ejemplo de restauracion verificada con mas benignas condiciones. Siendo los primeros en número de doscientos, y de ochenta y tres los segundos, y comprendiéndose entre ellos veinte y un extranjeros, tenemos que los súbditos del Pontífice excluidos de la amnistía no fueron mas que doscientos sesenta y dos, y estos solos fueron los desterrados, debiéndose empero advertir que de entonces acá treinta y seis de los miembros de las Constituyentes y veinte y cuatro de los jefes militares han obtenido la gracia de volver á su patria. Todavia mas: de cuantos entre los jefes militares imploraron la clemencia del Soberano, que fueron veinte y ocho, solamente á cuatro se negó el perdón, y esto porque mientras por una parte el Gobierno recibia sus súplicas, poseía por otra pruebas manifiestas de las tramas que se estaban urdiendo en el exterior, y que aquellos habian de llevar á cabo apenas la clemencia del Pontífice los hubiese vuelto á sus hogares. Y ¿cuál es el Gobierno que antes de conceder una amnistía no exige garantías de que no se abusará de ella en perjuicio del orden de cosas vigente? En cuanto á los restantes de la una y otra clase de desterrados poco há mencionados, algunos han muerto ya, y otros han
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creido no deber invocar en su favor la clemencia soberana, sea porque desean persistir todavía en sus perversas ideas, sea porque recordando su pasada conducta, no pueden menos de juzgarse ellos mismos indignos de todo perdón, sea en fin por otros motivos que es fácil á cada uno atinar.

Hay además otra clase de hombres que voluntariamente emigraron y á los cuales es al presente interdicho el regreso á los dominios de la Santa Sede: el número de los tales sube á mil doscientos treinta y siete, de los cuales, deduciendo seiscientos veinte y nueve extranjeros que ningun derecho tienen de residir en un Estado cuyas leyes conculcaron y cuya autoridad combatieron, quedan solo seiscientos sesenta y cuatro súbditos romanos que no pueden volver á su patria si no obtienen antes licencia de la Dirección de policía. Ciento cincuenta y dos de estos pidieron espontáneamente y obtuvieron el marcharse al extranjero y fijar allí su residencia, á fin de sustraerse de la vigilancia de la policía, reconociéndose reos de hurto y de otros delitos comunes, que ciertamente con el tiempo hubieran sido descubiertos. Otros que habían sido condenados por delitos de esta clase, presentaron solicitud y alcanzaron que les fuese conmutada en destierro la pena que debían sufrir, y por fin otros no pocos disfrazaron el nombre de destierro por delitos políticos la deshonra de la fuga que tuvieron que emprender, para escaparse de la justicia de las leyes que habían violado con todo género de excesos.

En su consecuencia el número de los desterrados se reduce solamente á doscientos dos, á quienes si se quieren añadir los setenta y dos detenidos al presente en la cárcel por delitos meramente políticos, y aun los otros ciento ochenta y seis condenados también á cárcel por delitos comunes, como hurtos, heridas y homicidios perpetrados por espíritu de partido, se debe concluir que actualmente el último resto de aquellos á quienes la severidad de las leyes ha castigado, después de un desconcierto tan general y profundo en los Estados pontificios, se reduce á solos cuatrocientos sesenta indivi-
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duos. Quedan, es verdad, y deben agregarse á este número los que voluntariamente han salido del Estado. Sin embargo, además de que, según hemos dicho ya, varios entre los tales ocultan bajo el nombre de emigrados políticos la enormidad de sus delitos, sustrayéndose así á la pena que merecen y á la infamia, aquellos otros que han expatriado á condicion de no volver á los Estados pontificios, sin haber obtenido antes el permiso de la policía, se reducen á pocos, conforme arriba hemos notado, y aun estos pocos alcanzarán sin duda tal permiso, cuando el Gobierno tenga la certeza que allí donde se encuentran no están tramando revueltas ni urden conjuraciones contra la seguridad del Estado al cual quieren regresar.

Por trad., José María Rodríguez.

CRÓNICA RELIGIOSA.

España.—El dia 29 del finado mes de mayo hizo su solemne entrada en Alicante el Ilmo. Sr. D. Pedro María Cubero López de Padilla, obispo de esta diócesis.

A las diez de la mañana salieron de la ciudad las Comisiones del Ayuntamiento, del Cabildo y Clero en coches, y recibieron á Su Ilma. á la distancia de una legua, desde donde, trasladado á la carretela que se tenía dispuesta, le acompañaron hasta la iglesia de la Misericordia, en casa de cuyo cura párroco descansó hasta la tarde. A su llegada se le ofreció un refresco, y después la comida por el Cabildo eclesiástico, á que asistieron los señores Gobernador civil y militar, Alcalde y Comision del Ayuntamiento, Administrador de Hacienda, Juez de primera instancia, Vicepresidente del Consejo provincial, Secretario de Su Ilma., Dean y tres Canónigos de Orihuela, la Comision, Sindicado, Cabildo y el Cura de la mencionada iglesia. La comida fue espléndida y reinó en ella la mas cordial armonía. A las seis de la tarde salió Su Ilma. de la Misericordia en carretela des-
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cubierta, acompañado del Gobernador civil y militar y del Alcalde, precedidos de varios coches en que iban las personas y comisiones expresadas. El tierno espectáculo que se ofreció al llegar Su Ilma. á la plaza de la Constitucion, apenas puede describirse. El alegre y expresivo lenguaje de las campanas, las armonías de las músicas, las colgaduras y adornos que embellecían los balcones de las casas, la presurosa solicitud con que ricos y pobres acudian á ver á su Prelado, las expresiones entusiastas que salían de todos los labios, la alegría que brillaba en todos los semblantes al recibir la bendicion de su simpático y amable Prelado; todo era grande, todo imponente. Llegada la comitiva al sencillo pero bonito altar preparado en la indicada plaza, Su Ilma. se vistió de pontifical y se formó la procesion, dirigiéndose á la magnífica iglesia colegial de San Nicolás, en la que se cantó á toda orquesta un solemnisimo Te Deum. Concluido este, Su Ilma. dió la bendicion solemne al pueblo, retirándose al grandioso y magnifico hospedaje que la distinguida y religiosa Municipalidad le tenia dispuesto en las Casas consistoriales.

La bondad y dulzura evangélica de este Prelado ha llenado de tanto entusiasmo á los alicantinos, que pública y privadamente no hablan sino del amable carácter de tan buen señor; todos repiten su nombre, le bendicen y ansian verle á cada momento para darle pruebas de su amor filial. Por fin, con sentimiento de esta poblacion se ausentó nuestro amabilísimo Prelado, después de quince dias que ha estado entre sus amados alicantinos, en cuyo tiempo, á pesar de sus muchas atenciones, ha confirmado dos dias en San Nicolás y parroquia de Santa María, ha tomado diferentes determinaciones, entre las cuales la mas notable es la reedificacion de la iglesia de San Francisco, que se destina para parroquia de un numeroso barrio, hasta de ahora tan desatendido, pues no cuenta en él iglesia alguna para cumplir con las obligaciones de cristianos.