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con buena nota, y despues de ellos los sacristanes-tenientes curas y los coadjutores perpétuos.

Vigésimoséptimo. No podrán ser promovidos á las órdenes sagradas sino aquellos que hayan seguido su carrera en Universidad ó Seminario del Reino.

Vigésimoctavo. Se establecerá desde luego en cada una de las parroquias de término y ascenso un sacristan-presbítero, á las órdenes del Párroco, para auxiliar á este en las funciones de su ministerio, con la dotacion de 500 pesos anuales; sin perjuicio de hacer extensiva esta disposicion á los curatos de entrada cuando las circunstancias lo permitan. En su consecuencia cesarán en aquellas parroquias los sacristanes seglares á medida que se establezcan los presbíteros, teniéndolos presente para su colocación exclusiva en las sacristías de los curatos de entrada.

Vigésimonono. Los sacristanes seglares que han de subsistir por ahora en los curatos de ingreso disfrutarán la cuota de 150 pesos anuales, que satisfarán mis Reales cajas.

Trigésimo. Procederéis en union del reverendo Obispo á instruir el oportuno expediente, conforme á las leyes de Indias, para la ereccion de nuevas parroquias donde la extension ó el crecido vecindario de las actuales lo hagan necesario, ó para el establecimiento de uno ó mas coadjutores perpétuos en aquellas donde se juzgaren convenientes, atendidas sus circunstancias. Estos coadjutores disfrutarán en su caso la dotación de 500 pesos áños, y tanto ellos como los sacristanes-presbíteros de los curatos de término y ascenso, obtendrán sus cargos en concurso abierto y en la forma que se proveen las parroquias del Obispado.

Trigésimoprimero. Se asigna para gastos de fábrica en las iglesias parroquiales 200 pesos á las de ingreso, 250 á las de ascenso y 300 á las de término.

Trigésimosegundo. Habrá en cada parroquia un mayor-domo de fábrica, elegido anualmente por el Prelado con vuestra aprobacion, como vice-real Patrono de entre los vecinos de la misma. Este cargo será honorífico, gratuito y
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obligatorio, excepto para los que le hubiesen desempeñado, si no ha transcurrido un bienio después de haberlo servido.

Trigésimotercero. Los mayordomos de fábrica rendirán sus cuentas al Prelado, quien las someterá á vuestra aprobación definitiva como vice-real Patrono.

Trigésimocuarto. Se asigna anualmente á esa diócesis la cantidad de 12,000 pesos para reparaciones de sus fábricas, edificaciones de nuevas iglesias y dotación de ornamentos y vasos sagrados de las mismas; mas no podrá disponerse del todo ni de parte de dicha cantidad sino previa formación del oportuno expediente por el reverendo Obispo con vuestra aprobación como vice-real Patrono, y libramiento en forma de aquel que autorizáreis.

Trigésimoquinto. La dotación y arreglo de estudios del Seminario conciliar de esa Diócesis se determinará por expediente separado.

Trigésimosexto. Las congruas señaladas al Clero dioecesano y parroquial en esta mi Real cédula quedarán reducidas á las de igual categoría en la Península, cuando sus individuos residan en esta con licencia, cualquiera que sea la causa que la motive.

Por tanto, ordeno y mando á vos el Gobernador vice-real Patrono, Presidente y Oidores de la expresada mi Real Audiencia, Superintendente general delegado de la Real Hacienda, Intendente y demás Autoridades y personas á quien en manera alguna corresponde el cumplimiento de cuanto ya dispuesto en esta mi Real cédula, y encargo al reverendo Obispo y al venerable Dean y Cabildo, la guardia, cumplan y ejecuten y hagan guardar y observar inviolablemente en todo y por todo, sin permitir que contra su tenor y forma se proceda en manera alguna, por ser así mi voluntad, y que esta mi Real cédula quede registrada en la Cancillería de Indias.

Dado en Aranjuez á 20 abril de 1858.—YO LA REINA.—El ministro de Estado y Ultramar, Javier de Isturiz.
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Documentos relativos á la devolucion de bienes á la Iglesia.

«Primera Secretaría de Estado. — Direccion política. — Excmo. Sr.: Uno de los negocios mas graves que hoy pendan entre España y el Gobierno pontificio, es el que se refiere á las ventas de bienes eclesiásticos efectuadas en virtud de la ley de 1.º de mayo de 1853. La voluntad de S. M. es que se siga en esa corte esta importante negociacion, por razones graves que lo persuaden, y que V. E. se encargue de ella. De presumir es que las miras de ese Gabinete tal vez se encaminen á obtener mas ó menos directamente la anulacion de hecho de las referidas ventas. Pero como V. E. no ignora, el Gobierno de S. M., por importantes razones de Estado, se hallaria en la imposibilidad de adoptar aquella medida. A esta consideracion imprescindible deberá V. E. atender principalmente en la negociacion que ha de entablar con el objeto de obtener de Su Santidad el saneamiento de las ventas efectuadas; y como medio de avenencia podrá V. E. ofrecer por nuestra parte la asignacion permanente al Clero de los bienes eclesiásticos no vendidos, que con arreglo á lo dispuesto en los articulos 35 y 38 del Concordato deberian venderse inmediatamente, y que pasarian de este modo á ser propiedad del clero secular, encargándose el Gobierno de dar desde luego en su lugar las inscripciones intransferibles de la Deuda del 3 por 100 que deberian producir aquellas ventas.

Antes, sin embargo, de entablar la negociacion procurará V. E. conocer clara y completamente cuáles sean las disposiciones de la Santa Sede respecto del asunto que nos ocupa; y llegado el caso de proceder á ella, hará cuanto le sugiera su ilustrado celo para persuadir á ese Gobierno de que la indemnizacion expresada y otra análoga, que no altere el estado actual de las propiedades vendidas, es todo lo que puede hacer el Gobierno de S. M. en la situacion que le han creado las circunstancias pasadas. V. E. tendrá á bien infor-
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mar á este Ministerio con la prontitud que juzgue conveniente, del resultado de sus gestiones y del curso que siga este asunto; pues siendo probable que el Encargado de negocios de Su Santidad intente promoverlo en esta corte, desea el Gobierno de S. M. eludir sus indicaciones, alegando que la negociacion está ya entablada en la corte pontificia.—De Real orden lo digo á V. E. para los efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de mayo de 1857.—El Marqués de Pidal.—Señor Embajador de S. M. en Roma.—Está conforme.»

Como se ve, el Gobierno de S. M. ofrece al de la Santa Sede, desde el primer momento, todo lo que luego le ha concedido por el proyecto de ley presentado á las Cortes para devolver los bienes á la Iglesia. En virtud de estas instrucciones, y conformándose con ellas el señor D. Alejandro Mon, nuestro embajador en Roma, dirige al Gobierno de Su Santidad la siguiente nota:

«Primera Secretaría de Estado.—Direccion política.—El Embajador de S. M. al Excmo. cardenal Antonelli.—Roma 10 de junio de 1857.—Excmo. Sr.: El Gobierno español ha manifestado repetidas veces su deseo de observar el Concordato celebrado entre Su Santidad el sumo pontífice Pio IX y S. M. católica D.a Isabel II, reina de las Españas, en el año pasado de 1851; y para que así suceda se han acordado todas las disposiciones necesarias y convenientes, mandando que tuviesen la mas pronta y completa ejecucion; mas no por eso ha conseguido enteramente su objeto, porque habiendo acaecido en España durante los últimos años de 1855 y 1856 diferentes hechos que no pueden desconocerse ni dejarse de considerar con profundo detenimiento, y que han sido contrarios á lo estipulado en el referido Concordato, no ha dependido del Gobierno de la Reina ver ultimada su obra ni cumplido su justo propósito.

Necesita aquel ponerse antes de acuerdo con Su Santidad á fin de reparar en lo posible las saltas que en dicho concepto se han cometido, y que impiden hasta el dia el que pue-
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da decirse con verdad que el Concordato está en su mas plena y lata observancia. Fueron vendidos en España en los mencionados años bienes que pertenecian á la Iglesia en plena propiedad y dominio, y fueron tambien vendidos otros bienes que se habian adjudicado á la Iglesia en el último Concordato, si bien se habia estipulado en él que aquella procederia á su enajenacion servata forma canonica. Sin duda alguna estas dos infracciones del Concordato se cometieron por una inteligencia equivocada de su contenido, y contando en todo evento con la benevolencia de Su Santidad para un arreglo acerca de la interpretacion que en España se le hubiera dado. De cualquier manera que esto haya sucedido, y cualesquiera que sean las causas que lo hayan motivado, el Gobierno de la Reina se halla hoy en posesion de la mayor parte de los bienes que por los dos conceptos que quedan referidos poseia el Clero antes del 1.º de mayo de 1855. El Gobierno de S. M. la Reina desea que el Clero vuelva inmediatamente al uso y disfrute de su antigua posesion y propiedad, en los terminos y forma declarados por el Concordato; pero se encuentra en la imposibilidad de verificarlo respecto á aquella parte de dichos bienes que ha sido vendida en los dos últimos años de 1855 y 1856.

Cualquiera que sea el dolor y la amargura con que la Reina haya visto pasar ciertos deplorables acontecimientos, es un hecho que tuvieron lugar, y que hasta su nombre ha concurrido alguna vez para darles mayor fuerza y solemnidad. Mas el bien de sus súbditos, la paz y tranquilidad de la nacion que Dios ha confiado á su gobierno y cuidado, la obligan á tomar todas las medidas necesarias y todas aquellas precauciones que sin tan graves circunstancias y sin tan sagrada obligacion nunca hubiera tomado. Hay, pues, una necesidad absoluta de que Su Santidad acceda benignamente á la consolidacion de la enajenacion hecha de los referidos bienes, admitiendo desde luego el reintegro de todos los demás que le pertenecian y existen en poder del Gobierno, y que admita además la parte de indemnizacion justa y con-
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veniente por aquella cantidad de bienes que al dicho tiempo ha sido enajenada. El Gobierno quisiera tener en su mano y á su libre disposicion, si fuera posible, mayor número de bienes que los vendidos al Clero para poder hacer toda aquella justicia que sus piadosos sentimientos le imponen; pero no se encuentra en este caso, porque los bienes que están en su poder pertenecen al Clero, y son su propiedad en los dos conceptos que reconoce el Concordato, unos inalienables y de inalterable dominio para el Clero, y otros que el Clero debiera, según el Concordato, enajenarlos more canonico, y convertir su importe en deuda consolidada de España. Y el Gobierno quisiera ante todo que el Concordato en esta parte, como en todas, fuera inalterable, y que su misma estabilidad fuera una muralla donde se estrellaran las mas injustas é ilegales pretensiones contra su observancia. El Gobierno, pues, ofrece al Clero en indemnización de sus bienes vendidos una renta en 3 por 100 consolidado igual á la que aquellos le producian.

El 3 por 100 consolidado es la prenda de mas estimacion que tiene España. A mejorarla cada dia y á darla mas valor se consagran todos los esfuerzos del Gobierno, como que es la base principal de esa riqueza y la esperanza de su porvenir. Es casualmente la misma indemnización que el Jefe de la Iglesia ha dado en sus Estados á las corporaciones eclesiásticas y civiles que durante la dominacion francesa en los tiempos de Napoleon I fueron privadas de sus bienes, habiendo sido estos enajenados por el poder que dicha dominacion tenia establecida y sancionada después de su enajenación por el Papa. El Gobierno toma mucho interés en que una indemnización subsiguiente, ya que no pueda ser prévia, como previene su constitucion política, suceda á la enajenación verificada de los bienes de la Iglesia para que esta misma indemnización sea el reconocimiento del derecho indispensable de propiedad que á esta asiste. Si Su Santidad creyese además conveniente que esta indemnización se aumentase con la plena propiedad y derechos sobre los bienes
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no vendidos y pertenecientes al clero regular, que según los artículos 35 y 38 del Concordato debieran enajenarse por la misma Iglesia more canonico, S. M. la Reina de España, aunque desea que el Concordato sea fiel y lealmente ejecutado, se vería obligada por la paz de sus súbditos y bien de la Iglesia á acceder por su parte á esta alteración en el dicho Concordato, por lo que quedaría sin efecto la obligación por parte de la Iglesia de poner en venta los bienes de los regulares de ambos sexos cuya propiedad se le declaró por el Concordato.

En 216.301,455 rs. fueron valoradas para ser puestas en venta las fincas rústicas y urbanas y los capitales de censos y foros que pertenecían al clero secular y que fueron vendidos desde 1.º de mayo de 1855 hasta el día. A 246.731,255 reales asciende la valoración de las fincas rústicas y urbanas y la capitalización de los censos y foros que forman la masa de los bienes pertenecientes al clero regular que, debiendo disfrutar el clero secular con la obligación de enajenarlos y de convertir su importe en el consolidado español, pasarían á refundirse entre los bienes del clero secular, y á formar parte de su propiedad y de su masa común, con todas las garantías y seguridades que las leyes de España, con inclusión del último Concordato, conceden á la Iglesia, resultando además un aumento en los bienes de la Iglesia de 36.000,000 de reales. Estas dos valoraciones proceden de la misma legítima autoridad; y aunque es verdad que los bienes del clero secular vendidos en los dos años referidos tuvieron un aumento de valor en el remate sobre su tasa-ción de 138.000,000 de reales, igual y proporcionado aumento se calcula tendrían el día de la venta los bienes que, si fuese necesario, se darían por la Reina en indemnización de los vendidos, alterando el Concordato en la forma que queda dicho. La verdad de estos cálculos queda garantida por los estados oficiales hechos en el ministerio de Hacienda, que tengo el honor de acompañar. El Gobierno español, excelentísimo señor, desea entrar de lleno en la plena ejecución
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del Concordato, sin que de la infraccion de este quede vestigio alguno.

Lo único que para esto falta es que el Clero entre en el pleno dominio y posesion de los bienes que le pertenecen y existen en poder del Gobierno. Falta además que se otorgue al Clero la indemnización por los bienes que fueron vendidos en títulos del 3 por 100 consolidado, por ser la única propiedad de que puede disponer el Gobierno, sin alterar de manera alguna el Concordato. Y si la voluntad de Su Santidad fuese la de derogar la cláusula que obliga á vender los bienes del clero regular adjudicados al Clero por el Concordato, admitir estos en pleno dominio y propiedad por via de indemnización, expidiendo desde luego inscripciones de la deuda del 3 por 100, por la diferencia si la hubiera, y por la cantidad de dichos bienes que hubiese sido enajenada en estos últimos años. Y falta sobre todo, y es de urgente necesidad, que Su Santidad, pro bono pacis, otorgue el saneamiento de las ventas hechas de los bienes igualmente eclesiásticos que regulares, con lo que quedará sancionado mas y mas, si fuese necesario, que nada se pueda hacer legalmente en los bienes de la Iglesia, sin que concurren su voluntad y la del Gobierno. Aprovecho esta ocasión para reiterar á V. E. las seguridades, etc. —(Firmado). — Alejandro Mon. — Está conforme.»

El número 3.º es la nota del cardenal Antonelli aceptando las proposiciones del Gobierno español y anunciando al mismo tiempo que Su Santidad se había dignado dar su saneamiento á las ventas de bienes de la Iglesia verificadas en los últimos años. Dice así:

«Primera Secretaría de Estado. — Direccion política. — El Emo. cardenal Antonelli al Excmo. Sr. Embajador de S. M. C. en Roma. — El infraescrito Cardenal secretario de Estado de Su Santidad se apresuró á elevar al conocimiento del Padre Santo la nota de V. E. dirigida á demostrar el vivo deseo que tenia el Real Gobierno de S. M. C. de reparar los deplorables inconvenientes hechos que tuvieron lugar en Es-
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fija ó indeterminada. Al contrario, lo que en todos los sistemas filosóficos hallamos, ya como principio, ya como accidente de su curso, es el error al lado del acierto, sobre todo cuando se levantan mas los ojos á los escalones superiores de la escala científica, que son los ocupados por la filosofía del hombre en sus relaciones consigo mismo, con los demás y con la Divinidad, en la vida intelectual y moral de su alma. En llegando á este punto, llámese el filósofo como quiera, Sócrates ó Epicuro, la filosofía se parece á un naufrago que tan pronto cree tocar á la apetecida tierra como ve alejarse en derredor el horizonte entre impenetrables nubes. Ciertos destellos de verdad, convenimos en ello, esclarecen cual ó cual página de los tratados de los filósofos ontólogos y moralistas: pero semejan esos destellos á las fugaces apariciones de la estrella polar en un cielo tempestuoso.

Razon han tenido los siglos mas filosóficos para entregarse á las ilusiones y caer atados de pies y manos bajo el yugo de la mentira, toda vez que tan en desacuerdo consigo propios vieron andar á los filósofos tocante á la verdad, que ninguno le pudo decir al hombre en tono de autoridad y certeza: «Eso eres, de ahí vienes, allí vas, por aquí y no «por allá caminarás sin tropiezo á tu destino.» El que menos le engañó, se contentó con decirle: «Trata de saber lo que eres, ó aprende á conocerte:» nosce teipsum. Y á fe que entre esta vaguedad y la enseñanza de la verdad plenamente comprensible, que es la única que hace ley y no deja al hombre á merced de sus aberraciones, media un abismo insondable, un piélago sin orillas.

Casualmente si de esa impotencia filosófica para dictar leyes á la humanidad pudiera admitirse una excepcion, se la reservaríamos á Confucio. Pero por de pronto, á ese hombre excepcional, mas que como filósofo, se le debe considerar como un hábil compilador de ajenas máximas, salpicadas no pocas de ellas del Pentateuco: código mas antiguo sin duda que su abigarrado código de sentencias, al cual ni aliento tuvo para tentar reducirle á ley articulada; acaso porque no
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paña en los años pasados de 1855 y 1856, y que están en contradicción con algunos artículos estipulados en el solemne Concordato de 1851. Entre estos sucesos se hace mención particular en la susodicha nota el de haberse efectuado ilegítimamente la venta de una parte de los bienes que constituían la parte principal de lo estipulado para la dotación del Clero de España, pasando después á proponer sobre este particular el modo proyectado por el real Gobierno para llegar á la oportuna reparación.

Al comunicar el infraescrito á V. E. la respuesta que le ha encargado dar el Padre Santo, cree que será suficiente el recordar de paso la reclamación oficial y protesta hecha con fecha 28 de febrero de 1855, á fin de que se comprenda como la Santa Sede no ha podido dejar de reconocer en el hecho de la mencionada venta una infracción manifiesta del Concordato. Y se complace al ver que este hecho viene calificado por V. E. de la misma manera en la susodicha nota. Aquí viene bien incidentalmente una breve consideración á que da motivo lo que se dice en la misma nota, á saber: que la infracción arriba expresada se cometió por efecto de una falsa inteligencia del Concordato. Si bien es cierto que al decretarse la infausta ley de desamortización se pretendió apelar para sostenerla á las disposiciones del Concordato, no es menos incontrastable que una tal pretensión no tenía ni el más mínimo fundamento en aquel solemne pacto. Debió en aquel entonces el infraescrito, con ocasión de la ya mencionada reclamación y protesta y de alguna otra nota oficial poco anterior á esta misma, hacer observar que la citación hecha del Concordato en justificación de la decretada venta de los bienes del Clero era un asunto tan extraño e injurioso, como el querer invertir completamente el sentido y reducirlo á un acto contradictorio en sí mismo.

Y en verdad, estableciéndose en él, en términos que no admiten duda, que debía quedar inalterable para la Iglesia su propiedad con respecto á los bienes que poseía en la actualidad y los que pudiera adquirir en lo sucesivo, y forman-
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do principalmente parte de estos la masa de los bienes raíces devueltos al Clero en virtud de la ley de abril de 1845, cualquiera ve claramente como no puede sostenerse nunca en vista de tan absoluta y clara disposición que el Concordato pudiese reunir acuerdos propios á favorecer la ley de desamortización, ni podria imputarse por otra parte al Concordato alguna oscuridad ni ambigüedad que haya por casualidad dado motivo á inexactas interpretaciones. Y con esta ocasión déjese anotado otra vez mas que sin ninguna razon, los que patrocinaron la susodicha ley pretextaron fundarse en aquellos artículos del Concordato en los cuales se autorizaba la venta de algunos bienes pertenecientes á la Iglesia, como si la condescendencia relativa á aquella porción de bienes tuviese una latitud adecuada al principio de la desamortización general.

Ya que del texto claro del art. 38 se comprende fácilmente que la venta permitida fue particularmente circunscrita á la porción de bienes que en él se encontraban, y que tuvo el carácter de una concesion excepcional en atencion á las especiales circunstancias aducidas en aquel artículo; es decir, del estado en que se hallaban aquella parte de aquellos bienes raíces y de la utilidad evidente que debía resultar á la Iglesia de su venta, á fin de emplear el capital en rentas inalienables del consolidado al 3 por 100.

Estas breves observaciones hacen comprender que siempre que se quiera sostener como un efecto de equivocada inteligencia del Concordato la enajenacion de los bienes eclesiásticos que se llevó á efecto en contravencion al mismo en las últimas turbulencias políticas del reino de España, esto no podía jamás admitirse como errónea inteligencia proveniente del texto del Concordato, sino únicamente en el sentido de una falsa interpretacion dada por los promovedores de la ley de desamortización para llegar á sus fines, en completa contradiccion con el espíritu y con la letra de aquel solemne pacto. Por lo que toca al objeto de la ya mencionada nota, el Padre Santo no ha podido dejar de apreciar el deseo que mues-