Revista católica (Barcelona) (1856-04-01 00:00:00), página 59

acordado, con el que fue el primero á tratar de él con la mejor intención, el ministro señor Gonzalez Romero. A pesar de todo, á los primeros pasos que dió al efecto, el encargado interino de la Santa Sede, siguiendo las instrucciones que le había dado el Cardenal pro-nunció antes de marchar, se suscitó duda acerca del sentido que sobre alguno de los puntos hubiese realmente convenido el mismo Cardenal. El señor Ministro, con la bondad que tanto le distingue, quiso que el Cardenal fuese consultado por una carta, y que se aguardase su respuesta. Llegada esta, no hubo ya motivo para dilaciones, y la Real Cédula se publicó en la Gaceta oficial del reino, el 3 de enero de 1834. Hasta aquel momento, los venerables Prelados de España nada habían podido hacer acerca de la nueva demarcación parroquial convenida en el artículo 24 del Concordato, no ignorando que debían esperar la comunicación de las bases generales que debían fijarse con pleno acuerdo de las dos altas partes contratantes.

No bien la hubieron recibido, se dedicaron á sus tareas con un celo, una diligencia y una perseverancia que en extremo los honra. Si todos no habían remitido al Gobierno sus respectivos planos del nuevo arreglo y demarcación, cuando se publicaba y dirigía á las potencias católicas el despacho español, debe esto achacarse á las gravísimas dificultades que, singularmente en algunas diócesis, impiden que se formen dichos planos con el esmero y exactitud que requieren.

En vista de los hechos escrupulosamente referidos, cuyos testimonios existen en la nunciatura apostólica y con mas extensión en la secretaría de Gracia y Justicia de Madrid, puede juzgarse si los Prelados del reino se han manifestado lentos, inertes y mal dispuestos á llevar el negocio á feliz término, y si hay razón para atribuir á la Santa Sede las dilaciones que ha experimentado. Y con mayor certidumbre podrá calcularse con qué fundamento se ha decidido el Gobierno español, no solo á asegurar en el despacho que «habiendo hecho cuanto estaba de su parte,» ha tenido que ceder á la desgracia «de no encontrar en la Santa Sede, acerca de este punto, la solicitud premura que ha desplegado para la realización de otros puntos del Concordato,» sino á calificar de «inconcebible descuido» el modo de proceder de ella con respecto al cumplimiento del artículo 24 del solemne tratado.

Pero el despacho español, sin poner todavía coto á sus vuelos, no titubea en imputar á la Santa Sede «el mismo descuido en una materia que es,» en su juicio, «si no la más importante, la que con mas fe, con mas insistencia ha discutido siempre la Santa Sede, la que da verdaderamente causa al rompimiento que hoy se deploa.» Fácil es conjecturar por estas palabras que se alude á la cuestión de la venta de los bienes eclesiásticos, á la llamada ley de desamortización. La Santa Sede, cuando hay que sustentar los principios y defender los derechos de la Iglesia, no oye mas voces ni sigue mas impulsos que los de la conciencia; ni se deja llevar mas que del sentimiento de sus deberes, fuente única de su actividad y de su energía. En él se hallan el origen y la razón justísima de las reclamaciones y protestas de la misma Santa Sede relativamente á la cuestión, en la cual se ocupa el despacho con mas extensión que de los demás puntos que han dado materia hasta ahora á la presente impugnación. Y si la discusión relativa á esta materia hubiese sido algo mas vigorosa por parte de la Santa Sede, esto nacería y debiera atribuirse exclusivamente al interés y al empeño que el Gobierno español ha tenido en provocarla, á las desagradables circunstancias en que tuvo lugar, y á la necesidad apremiante de poner á cubierto la integridad de los principios y la verdad de los hechos.

Por lo demás, públicos son los actos y las reclamaciones de la San-