Revista católica (Barcelona) (1856-04-01 00:00:00), página 62

votada en las Cámaras del reino, sancionada por la Reina, se restituyeron al Clero secular los bienes de su propiedad, que quedaban todavía por veudar, y eran precisamente los que pertenecían á las mesas episcopales, abadías, capítulos de las iglesias catedrales y colegiaturas, á las parroquias y á otros beneficios eclesiásticos. Con respecto á los otros bienes, es decir, á los de pertenencia de los conventos y comunidades de monjas, los de las encomiendas y maestranzas de las cuatro órdenes religioso-militares, celebradísimas en España, los de las cofradías, santuarios, ermitas y otros semejantes, quedó suspendida siempre su venta, según el supradicho Real decreto de 1844, fuera de alguna vicisitud intermedia, que no tuvo consecuencias; pero por la ley de 1845 no se dispuso su restitución ni á los respectivos legítimos propietarios, ni á la Iglesia en general, quedando por consiguiente dichos bienes en poder y bajo la administración del Estado, hasta el repetido solemne tratado de 1851.

Mientras todo esto pasaba en Madrid, el plenipotenciario de S. M. Católica trataba en Roma, y firmaba después, el 27 del mismo mes y año, juntamente con el plenipotenciario pontificio, Emmo. cardenal Lambruschini (de el. me.), entonces secretario de Estado, una convención compuesta de catorce artículos, dirigida á regular, cuanto era posible en aquellos momentos, las cosas eclesiásticas de España, al menos en los puntos más esenciales y de mayor urgencia e importancia. En el artículo noveno de dicha convención, se establecía que «para reparar del mejor modo posible las grandes pérdidas que las iglesias de España habían sufrido en sus derechos temporales, por causa de las últimas calamidades del reino, S. M. Católica asignaría nuevas rentas y productos, que se destinarian en propiedad perpetua, ya para el mantenimiento del culto divino, de los Obispos, capitulares, párrocos, seminarios, y de todo el Clero, ya para usos eclesiásticos y pios.» Añádase después expresamente, que los ministros sagrados no se equipararian con los magistrados y empleados que gozan de sueldos públicos, sino que á la Iglesia de España se le asignaria, para los usos indicados antes, una suma tal, que á juicio de la Santa Sede fuese reconocida y aprobada como segura, á par que decorosa cóngrua, y plenamente libre e independiente.» En el artículo undécimo prometió el sumo pontífice Gregorio XVI (de el. me.), que, «asignada que fuese al Clero español la nueva dotación supraeununciada, declararía en especial decreto inmunes de toda molestia futura por sí, y por los romanos Pontífices sus sucesores, á todos aquellos que en el curso de los últimos trastornos del reino católico hubiesen comprado, con arreglo á las leyes civiles entonces existentes, bienes eclesiásticos y hubiesen tomado posesión de ellos antes de finar el año de 1844.» Esta convención no fue aprobada por el Gobierno español de aquel tiempo, ni fue, por consiguiente, ratificada por la Reina. Por tanto, se suspendió el envío á Madrid de un delegado apostólico, revestido de los poderes necesarios para arreglar á una con la ejecución de sus diferentes artículos, muchos otros puntos no comprendidos en ella; esta legación se había también prometido y dispuesto en la misma convención.

No fue una sola la razón que movió al Gobierno español en 1848 á no mostrarse satisfecho del acto concluido y firmado por su plenipotenciario, puesto que casi todos sus artículos se sujetaron por él á graves excepciones. Pero la verdad es que la principal, ó al menos la más eficaz, en el momento de deliberar si la dicha convención debía ó no ratificarse, provino del artículo undécimo, en el cual se hacía de-