Revista católica (Barcelona) (1856-04-01 00:00:00), página 53

mendado y mandado á los sagrados Pastores el mas escrupuloso exámen antes de la ordenacion, no ha dirigido nunca prescripcion alguna para limitar el número de aquellos, antes bien, dispuesta por un lado á dejar cada dia mas libre la vocacion, y deseosa por otro de proveer á la dignidad y al decoro de los ministros del Señor, permitió en el santo concilio de Trento, que además de los beneficios eclesiásticos se pudiesen ofrecer y aceptar á título de ordenacion los bienes patrimoniales y las rentas de familia. Así quedó asegurada la decente manutencion de los ordenados, y se evitó al mismo tiempo que la escasez ó penuria retardase ó dejase ineficaz e infructuosa la vocacion divina.

Y fue cabalmente para adherir y conformarse del todo á este espíritu de prevision y cordura con que se guía la Iglesia, que al darse ejecucion al artículo 4.º del Concordato, se publicó de pleno acuerdo entre el Gobierno de España y el Nuncio apostólico, con fecha de 20 de abril de 1852, un Real decreto en que se declaró que quedaban los Ordinarios diocesanos en plena libertad de promover á las órdenes sagradas con título de patrimonio, á los clérigos menores, que probasen á su favor la reunion de los requisitos prescritos por las leyes canónicas. Diez solos dias despues se publicó otro decreto, redactado con el mismo acuerdo, y cuyo objeto era el de anunciar que desde el dia de la solemne promulgacion del Concordato, quedaba abolida y abrogada la infausta ley de 19 de agosto de 1841, que había secularizado todas las capellanías de patronato lego, y autorizado á los patronos á pedir y exigir de los tribunales del Estado la declaracion de libre propiedad sobre los bienes pertenecientes á aquellas. Pero no solamente ha quedado sin efecto el primero de estos decretos, en fuerza del último de que se trata, y que ha prohibido á los Obispos el «conferir órdenes sagradas, á menos que los que quieran ordenarse no hayan obtenido ó obtengan despues alguna prebenda ó beneficio eclesiástico;» pero ya había cesado y hallábese sin vigor el segundo, á consecuencia de otro decreto de 6 de febrero de este año, en reactivo y repristino, como en otro lugar se ha dicho, la citada odiosísima ley de 1841. En tal modo, además de las violaciones continuas, graves y manifiestas de los articulos relativos á este punto del Concordato, á pesar de su ya consumada ejecucion, se han quitado á los clérigos los medios mas fáciles y comunes en España para ascender á las órdenes sagradas, y se ha agravado mas y mas aquel estado de envejecimiento y miseria, que el Gobierno español aparenta esquivar y deplorar, y que, según el despacho, no ha influido poco en la publicacion del expresado decreto, limitando y prohibiendo á los Obispos el ministerio de la sagrada ordenacion.

Asi el texto y el objeto de este mismo decreto, como las palabras referidas del documento español y otras en las cuales se intenta justificarlo, tienden por su naturaleza á despertar una idea, ó mas bien á acreditar un hecho que parece oportuno aclarar y rectificar. A juzgar por las indicaciones del decreto y del documento, debiera creerse que el Clero sobraabunda en la Peninsula y que el número de eclesiásticos es exorbitante en proporcion de las necesidades. Cuán inexacto sea esto, lo demuestran sobradamente el total abandono en que se hallan no pocas parroquias de casi todas las extensas diócesis del reino; los continuos y vivos clamores de numerosas y considerables poblaciones, que solo tienen uno ó dos eclesiásticos que no pueden asistirlas como conviene, por diligentes y activos que sean; la necesidad indeclinable, en que muchos Prelados se encuentran constantemente, de autorizar en varios puntos del territorio diocesano á los párrocos y á sus coadjutores á decir dos misas en los dias festivos; los lamentos cada dia mas