Revista católica (Barcelona) (1856-04-01 00:00:00), página 84

cuatro años? En fin, el razonamiento que vamos ahora á proponer, no puede ser mas decisivo y concluyente. El despacho español, para justificar al Gobierno del disgusto y de la exigencia de la opinión pública, no usa de mas argumento que el de atribuir su origen al funesto ejemplo antecedente, á saber, á la inercia, lentitud y descuido de la Iglesia y de los Prelados diocesanos respecto á la ejecucion de la venta de los bienes dispuesta y permitida por el Concordato. Ya hemos probado, y está á la vista de toda España, que no es cierto hayan existido este funesto ejemplo, esta lentitud y esta inercia; por consiguiente no podia tampoco subsistir el supuesto disgusto y la afirmada exigencia de la opinión pública; y por una filiacion necesaria el disgusto y la exigencia de la opinión pública- no han sido ni podido ser la causa, bajo cuyo imperio ha tenido que presurar la venta de los bienes eclesiásticos, efectuarla bajo su sola autoridad, extenderla y ensancharla á su arbitrio, y prescindir enteramente de las reglas establecidas y pactadas en el Concordato.

La otra causa que se alega en el despacho español para justificar todas las indicadas empresas del Gobierno, y especialmente la de haberse separado de las reglas, y de haber excluido al Clero de la participación que le ofrecía el Concordato en la venta de los bienes eclesiásticos, es la actitud hostil y la decidida oposición de no pocos Prelados del reino, añadiéndose en el mismo despacho que «era absurdo dar al Clero dicha participación, puesto que se manifestaba tan contrario á la ejecución de la venta.» En verdad no era una simple «participación» la que el Clero, según los términos del Concordato, debía tener en la venta de los citados bienes, habiéndose á su vez dispuesto que esta debía efectuarse exclusivamente por la Iglesia, y en su nombre y de los respectivos propietarios por los Prelados diocesanos, con la sola presencia en los actos de subasta de un delegado del Gobierno. Tampoco es cierto que lo que llama inexactamente participación, estuviese meramente «ofrecida» en el solemne tratado, pues que se quiere se manda aquella expresamente en él; pero sin que nos perdamos en estas consideraciones, es preciso comparar las circunstancias de tiempo para fijar bien los hechos, y ver de qué parte está la razón.

Las reclamaciones y la franca oposición de los Obispos contra la venta de los bienes de la Iglesia, no tuvieron lugar sino después de haber presentado el ministro de Hacienda á la Asamblea constituyente el proyecto de ley sobre la general desamortización eclesiástica y civil. Los documentos son públicos, y las fechas hablan; antes bien, este proyecto fue el que provoró las exposiciones de los Obispos, quienes no pensaron en ellas ni podían haber pensado antes. Continuaron, pues, las curias de los Obispos en la intimación de las ventas, como estaba prescrito en el Concordato. Prescindiéndose en aquel proyecto de las reglas en este prescritas; disponiéndose en él la venta de los bienes de la Iglesia, por solo arbitrio de la autoridad secular; y extendiéndola además á aquellos bienes, cuya venta no estaba permitida ni mandada en el Concordato; los Obispos obligados por su sagrado deber reclamaron, protestaron e hicieron la debida oposición. Puesta, pues, así fuera de toda duda la posterioridad de las reclamaciones, y de la oposición de los Obispos á aquel proyecto de ley, es evidentísimo que estas no han podido ser la causa que obligaron al Gobierno español á acelerar en uso de su arbitrio y autoridad la ejecución de la venta de dichos bienes, prescindiendo de lo dispuesto en el Concordato, y excluyendo al Clero de la participación que en él mismo se le concedía?

No queremos repetir á este propósito el punto de derecho que hemos