Revista católica (Barcelona) (1855-11-01 00:00:00), página 27

del Catolicismo español á los esfuerzos del Gobierno de S. M., y que no era posible hacer mas por él que lo que se ha hecho en las Cortes, defendiendo y obteniendo la aprobacion de la segunda base.

Todos los temores, todos los recelos, toda la reclamacion de la Santa Sede traen su origen de suponer lo dispuesto en esa base, no solo una triste é innecesaria novedad, sino tambien un disimulado germen, cuando no de libertad religiosa, por lo menos de indefectible y pública tolerancia. Pues bien: el infrascrito espera justificar con inconcusas evidentes razones, lo primero, que no hay tal novedad en lo acordado y preceptuado, no habiéndose hecho otra cosa que escribir, resumiéndolo, lo que antes existía; ni por consiguiente procederán jamás de ello esas temidas libertad ó tolerancia, caso de que lleguen á existir en los tiempos futuros en la siempre católica nación española.

Que no se ha verificado, que no se ha decretado en efecto ninguna novedad, aparecerá claro como la luz para el Emo. Cardenal Antonelli cuando se haya tomado el trabajo de considerar en su conjunto los antiguos preceptos legales de la materia: es á saber —porque no hay otros— el art. 11 de la Constitucion de 1845, y el Código penal vigente en España desde 1849, y aun el propio art. 1.º del Concordato que admitimos tambien y reconocemos como ley.

El art. 11 de la expresada Constitucion no decia sino las palabras siguientes: «La Religion de la nacion española es la Católica, Apostólica, Romana. La nacion se obliga á mantener el culto y sus ministros.» Nada mas se habia propuesto en nombre de la Reina; nada mas habia pedido nadie en aquellas Cortes. Ni el Episcopado español, ni la Santa Sede habian dirigido ni formulado reclamacion ni protesta alguna sobre lo que, como principio, no hacia mas que consignar un hecho; sobre lo que, como obligacion, no imponia otra que la de mantener el culto católico. Y sin embargo, el Emo. Cardenal Antonelli reconocera con su buen juicio que existiendo tal ley, y no mas que esta ley, siendo la católica la creencia de la nacion, y sosteniendo esta su culto, no habia impedimento para que algunos individuos particulares, propios ó extraños, profesasen distinto dogma, y celebrasen y costearan entre sí un culto diferente. El artículo constitucional (á la vista está) no lo vedaba.

Podráse decir que habia otras leyes además de la Constitucion; y el hecho sin duda ninguna es exacto. Ahora examinarémos esas leyes. Pero quede asentado siempre: primero, que en la Constitucion misma no se ponía obstáculo alguno, ni á la tolerancia ni aun á la libertad religiosa, limitado como estaba su artículo á la declaracion de un hecho y al precepto de mantener el culto y sus servidores; y segundo, que no es necesario que todo se exprese en la Constitucion, pues no puede haber otras leyes, no que contradigan; pero si que expliquen y completen lo que ella declara ó preceptúa.

Vengamos ya á esas leyes mismas. Estas no son otras que las contenidas en el Código penal, presentado á las Cortes por el Ministerio del General Narvaez, aprobado por las mismas y sancionado por la Corona en 1849, y que desde aquella fecha rige y continua rigiendo la sociedad española.

Recuerda el infrascrito esta fecha al Emo. Secretario de Estado, porque ella tiene á su parecer una importancia decisiva en la cuestion que nos ocupa. No se dirá de seguro, que eran revolucionarios, ni enemigos de la Santa Sede aquel Ministerio ó aquellas Cortes; y sin embargo, al leer lo que dispusieron, lo que elevaron á ley, lo que garantizaron con sanciones penales en esta materia de Religion, habrá forzosamente de conocerse que no pasaron ni un punto de donde se ha