Revista católica (Barcelona) (1855-09-01 00:00:00), página 37

ramente causa al rompimiento que hoy deploramos. El art. 35 del Concordato, al devolver á las comunidades religiosas los bienes de su antigua pertenencia que estaban en poder del Gobierno todavía, determinó que «en consideracion al estado actual de estos bienes y otras particulares circunstancias, á fin de que con su producto pudiera atenderse con mas igualdad á los gastos del culto y otros generales, los Prelados, en nombre de las comunidades religiosas propietarias, procediesen inmediatamente y sin demora á la venta de los expresados bienes, convirtiéndose su producto en inscripciones intransferibles de la Deuda del Estado.» Y el 38 dispuso lo mismo con respecto, según la interpretación de la Santa Sede, á los bienes que restaban de las comunidades religiosas de varones, conforme á la interpretación del Gobierno de la Reina con respecto á todos los bienes raíces, censos y foros devueltos al Clero sin distinción alguna. Aceptando por un momento la interpretación de la Santa Sede, el hecho es que debían venderse inmediatamente y sin demora todos los bienes que habían pertenecido á las comunidades religiosas, así los de las existentes como los de las suprimidas; y sin embargo es notorio en toda España que, durante el transcurso de cuatro años, apenas para cubrir las apariencias se ha vendido una finca sola; y notorio es también que, en todo este tiempo, ninguna gestión ha hecho la Santa Sede para que tan esencial condición se cumpliese, ningún esfuerzo ha hecho que en esta, como en otras materias, demostrara su celo por la pronta ejecución del Concordato. Conviene fijar la atención sobre este punto antes de entrar en el examen de la desamortización, tal como se ha proclamado en principio, tal como se ha llevado á cabo en la práctica. Porque no es el principio solo lo que ha suscitado las reclamaciones de la Santa Sede, sino más particularmente todavía la manera con que está decretada la ejecución. Y es preciso no olvidar los precedentes de los sucesos para comprender los sucesos mismos; es preciso tener presente que la Iglesia no había hecho nada en cuatro años para cumplir aquello que tenía por evidente, que no le ofrecía, en su propia opinión, excusa alguna, si se quiere saber por qué la opinión pública ha reclamado, por qué el Gobierno se ha visto obligado á emplear cierta rapidez en realizar todo lo que, en su propio concepto, era debido. Aparte el mas ó el menos, que es lo que divide en la apreciación de este punto á ambas potestades, sosteniendo España que la desamortización se extiende ó debe extenderse, según el Concordato, á todos los bienes eclesiásticos, opinando la Santa Sede que solo puede realizarse en los bienes pertenecientes á las comunidades religiosas, el caso es que ni el Gobierno de S. M. ni la Santa Sede pueden negar lealmente dos cosas: primera, que desde la promulgación del Concordato hasta el presente la Iglesia ha mostrado en la enajenación de sus bienes una lentitud y un descuido evidentemente contrario á lo pactado; segunda, que en la enajenación, ahora dispuesta de esos bienes, ha prescindido el Gobierno de S. M. de ciertas formalidades en el Concordato pactadas. Pero no es la Santa Sede, que nada ha hecho por cumplir por su parte, quien debe censurar la conducta del Gobierno español, determinada por el funesto ejemplo que se había dado, por las exigencias de la opinión justamente disgustada, por otras consideraciones que, ya que de esto se trata, conviene exponer. El Gobierno de S. M., una vez presentado á las Cortes el proyecto de ley de desamortización; una vez votado, sancionado y promulgado, halló que á su ejecución se oponían, con el estímulo que les daban las reclamaciones de la Santa Sede, no pocos Prelados de la Iglesia de España. Al paso que algunos de estos, con loable ejemplo de mansedumbre, se mostraban obedientes á los preceptos del Gobierno,