Revista católica (Barcelona) (1856-04-01 00:00:00), página 51

inherente á la del orden episcopal, que lo recibe de Dios por medio de la consagración, no es propiamente, ni puede serlo nunca, materia de Concordato. Lo que en él, supuesto el derecho, se establece, reconoce y formalmente se estipula, es el libre ejercicio de aquel derecho. Esto es, se establece, se reconoce y estipula que los Obispos ejercerán con la plena libertad que disponen los sagrados cánones, el poder y el derecho de ordenar, que recibieron de Dios. Y así como á esta libertad se opone directamente el mencionado decreto, porque prohibiendo á los Obispos mismos el conferir órdenes sacras, la limita esta facultad y la impide, así también, sea cual fuere el motivo de haberlo expedido, es incontrovertible que el tal decreto, además de inferir grave ofensa á la potestad de la Iglesia en materia de su competencia y exclusivo derecho, ha manifiesta y sustancialmente infringido uno de los mas importantes artículos del Concordato. Y para que la gravedad de tal ofensa y de tal infracción del aludido artículo de la solemne convención aparezcan mas de bulto por particulares circunstancias que le conciernen, no será fuera de propósito recordar un hecho harto conocido sin duda del Gobierno español, á saber: que el artículo mencionado en que se reconoce y asegura á los Obispos la plena libertad prevenida por las disposiciones canónicas en el ejercicio de la potestad de órden, ó sea en el ministerio de la sacra ordenación, fue justamente con algunos otros, primero discutido, y admitido luego, y ofrecido en los mismos términos por el Gobierno mismo á principios del año 1847; esto es, cuatro años antes de la conclusión del Concordato, como condición y base del envío á Madrid de un delegado apostólico, y de la consiguiente renovación de las relaciones oficiales entre la Santa Sede y la España. Todo lo cual resulta de las comunicaciones hechas entonces por el plenipotenciario de S. M. Católica en Roma, siguiendo las instrucciones que le fueron dadas en nombre de la Reina por el mismo señor Pacheco, ministro de Estado entonces, y presidente del Consejo.

Mas examinarémos de paso las observaciones y los motivos con que el despacho español intenta justificar el lamentado decreto. Reconociéndose en él el derecho de los Obispos á conferir órdenes, se añade: que tal derecho «tiene sus límites, fijados por la necesidad y conveniencia pública.» Y que por lo tanto no puede «quedar libre el ejercicio del tal derecho, sin conocer antes y determinar á lo menos próximamente el número de los ordenados que debe haber en una nación.» Con que todo el fundamento y la justificación del decreto estriban en atribuir á la potestad secular el derecho de arreglar y dirigir en los Obispos el ministerio de la sacra ordenación, y el de juzgar, no solo las necesidades espirituales de los pueblos, sino también la oportunidad, conveniencia y modo de darles remedio.

Sabido es que la Iglesia, teniendo en cuanto la está confiado una potestad suma é independiente, tiene además del derecho esencialmente propio de tal completa potestad, el de elegirse sus ministros y cooperadores, y el de habilitarlos para el uso de sus funciones; y que este derecho no puede ser limitado ni impedido por ninguna otra potestad, aunque sea suprema en distinto género, sin invertir y trastornar el orden establecido por Dios. Sabido es, además, que los ministros de la Iglesia son escogidos de en medio del pueblo, y promovidos á las órdenes sacras para socorrer y subvenir á las necesidades espirituales de los fieles; que los Obispos instituidos por el Espíritu Santo para regir la Iglesia, son, cada cual en su diócesis, los solos jueces naturales de las tales necesidades, y que por consecuencia son responsables únicamente á Dios, y al que lo representa en la tierra, de la elección que