Revista católica (Barcelona) (1855-09-01 00:00:00), página 38

ó representaban respetuosamente lo que mas útil creian á la Iglesia y al Estado; los ha habido por desgracia que, con mengua de su patriotismo y de sus evangélicas obligaciones, se han colocado en una situación, no solo hostil, sino rebelde y punible. De esta suerte han obligado al Gobierno de S. M. á evitar con ciertas medidas de prevision mayores males, separando de sus diócesis algunos Obispos mientras la ejecucion de la ley pueda ser contrariada. De esta suerte tambien le han impedido darle al Clero en la enajenacion de los bienes eclesiásticos la participacion que el Concordato le ofrecia, y que era absurdo darle cuando tan contrario se mostraba á su ejecucion. El Gobierno de S. M., deplorando profundamente estos hechos, y confesando lealmente en qué y por qué ha tenido que apartarse de algunas de las prescripciones del Concordato, cree sin embargo no haber faltado en nada esencial, en nada verdaderamente esencial de cuanto se consigna en sus articulos.

Para probarlo conviene fijar y discutir lo que habia de esencial en este punto. El derecho de adquirir la Iglesia consignado en el art. 41 del Concordato no ha sido conculecado, no ha sido desconocido por un solo momento en las leyes y decretos emanados del Gobierno de la Reina. En el art. 22 de la ley de desamortización se dice que «á medida que se enajenen los bienes del Clero se emitirán á su favor inscripciones intransferibles de la Deuda consolidada al 3 por 100 por un capital equivalente al producto de las ventas;» y los articulos 26 y 27 de la misma ley declaran «que los bienes donados y legados, ó que se donen y leguen en lo sucesivo á manos muertas,» entre las cuales se comprende á la Iglesia, «serán puestos en venta ó redencion para ser también convertidos en títulos de la Deuda pública.» Claramente se deduce de aquí que este derecho esencial de adquirir queda incólume en la Iglesia. Podra adquirir cuanto se la legue ó se la done en rentas públicas: podrá tambien convertir en rentas públicas cuanto se la legue ó se la done en bienes raíces. Lo que la ley prohibe á la Iglesia es poseer esta última clase de bienes, y eso no porque sea la Iglesia quien los posea, sino porque la Iglesia es mano muerta, y se establece y se promulga el principio absoluto de que ninguna mano muerta puede poseer bienes raíces en el territorio español. Pudiera reclamar la Santa Sede si solo á la Iglesia se impusiera esta limitación en la manera de poseer su propiedad; pero no debe, no puede quejarse de que se incluya á la Iglesia en una regla general, que no tiene excepción alguna. ¿Y quién puede negar á la nación española y al Gobierno que la representa, quién puede negar al poder temporal el derecho de establecer semejante regla y semejante principio? Por ventura, ¿no ha ejercitado siempre el poder temporal el derecho de fijar límites, condiciones, formas á la propiedad, con tal de no herir su esencia y su naturaleza? ¿No se ha ejercitado siempre este derecho aun con respecto á la propiedad particular, mas respetable siempre que la propiedad corporativa, como que la primera nace del derecho natural y la segunda nace de la ley, que es la que da vida á las mismas corporaciones? El poder temporal, el poder civil legislativo que ha podido poner tantos límites á la propiedad en materia de últimas voluntades; que ha podido prohibir los mayorazgos y vinculaciones, por ser manos muertas sus poseedores; que puede hacer y hoy hace con efecto en España que las corporaciones municipales, benéficas y administrativas cambien la forma de su propiedad, puede hacer tambien que cambien de forma en la suya las corporaciones eclesiásticas. Y esto es de derecho humano, y esto puede hacerse con entera independencia de la Santa Sede. Lo que esta ha podido pactar, en nombre de la Iglesia, es que se la conserve el de-