Revista católica (Barcelona) (1856-04-01 00:00:00), página 73

plamente poseía, y de asegurarle una nueva dotación, tal cual lo permitiesen las circunstancias, convenible, segura, independiente. Habiendo llegado este negocio hasta tal punto, ¿se podrá presumir, ni con sombra de razón, que habiendo sido constantemente tal en esta materia el intento y el espíritu del Gobierno español, los cambiará y variará completamente al negociar y concluir el Concordato, cuando en él no se hacía más que insertar y confirmar con la suprema autoridad de la Iglesia la mencionada ley de 1849, y cuando el plenipotenciario de la Reina estaba reunido con el pontificio, de cuyo modo de ver el negocio no podía separarse si había de llegar el tratado al término que efectivamente tuvo el común acuerdo?... Porque si el pensamiento y el espíritu de las dos altas partes contratantes fueron sola y únicamente los hasta ahora indicados, no se comprende de modo alguno en qué punto y con qué fundamento se puede sostener que el espíritu del Concordato dé margen a la oscuridad y dudas que se suponen en el último párrafo del artículo 38, favoreciendo la interpretación dada por el Gobierno, por la cual extiende el permiso y la disposición de vender todos los bienes de que habla el citado artículo, restituidos de un modo ó de otro, y poseídos de una ó de otra manera por la Iglesia para el mantenimiento del culto y Clero.

Está ya en tan alto punto de evidencia la falsedad de esta interpretación, que parece no sólo inútil sino hasta inconveniente detenerse en presentar nuevos argumentos. Pero entre la infinidad de pruebas que aun podríamos exponer, no dejaría de ser oportuna la de recordar las palabras de la bula de confirmación solemne y de aprobación del Concordato, publicada el mismo día y en unión con la real cédula que lo declaró ley del Estado; palabras con las cuales el Padre Santo restringió y limitó claramente el permiso dado para la venta, solamente á alguno de los bienes todavía no enajenados (aliqua ex bonis nondum divenditis), manifestando al mismo tiempo las razones que le habían inducido á concederlo.

Con no menor fuerza y oportunidad podrían invocar los actos posteriores del mismo Gobierno. Y partiendo de aquel, bajo cuyo mando fue concluido y firmado el Concordato, y que por su parte activó con presteza y buena fe sumas su ejecución, podría decirse que en muchas órdenes y decretos emanados de él, en completo acuerdo con el Nuncio apostólico, antes para disponer la restitución á la Iglesia, y después para arreglar la venta de los bienes eclesiásticos en la forma que establece el repetido párrafo del artículo 38, no se atendió jamás, ni aun de lejos, á los bienes de que trata el párrafo primero del mismo artículo y que se asignan allí como parte de dotación para el culto y Clero. Podría también recordarse que habiendo una porción considerable de la masa de los bienes restituidos al Clero secular en 1845 que necesitaba de grandes reparaciones, por lo cual servía más de perjuicio que de utilidad á sus dueños, el Gobierno, y en particular los ministros de Estado y Gracia y Justicia, instaron vivamente al Nuncio para que suplicase al Santo Padre que se dignase autorizar á los respectivos Prelados diocesanos para la enajenación de los señalados fondos, ya concediéndolos en enajénusis, ya celebrando otros contratos que, dejando á salvo el derecho de propiedad, se juzgassen ventajosos al Clero, ó también empleando su precio en la adquisición de rentas consolidadas. Por las multiplicadas atenciones que reclamaba la ejecución del Concordato, y mucho más por la caída de aquel ministerio que á poco sobrevino, no tuvo resultado aquella demanda: pero no por esto deja de ser una prueba evidente de su firme persuasión sobre que la venta de los bienes restituidos al Clero secular por