Revista católica (Barcelona) (1856-04-01 00:00:00), página 78

desamortización, en principio y en práctica, después de haber expresado «que, no es solo el principio el que ha suscitado las reclamaciones de la Santa Sede, sino también y más particularmente la manera en que se ha decretado la ejecución,» añade «que se debe tener presente, que la Iglesia nada había hecho en cuatro años para llevar a efecto lo que ella misma consideraba como evidente, lo que en su propia opinión no le ofrecía ninguna excusa.» Insistiendo luego sobre el mismo punto, y confesando lealmente en esta ocasión una falta por parte del Gobierno, de que nos ocuparemos más adelante, concluye afirmando que «desde la promulgación del Concordato hasta el presente, la Iglesia ha mostrado, en la enajenación de sus bienes, una lentitud y un descuido contrarios evidentemente á los pactos convenidos.»

Antes de entrar en el fondo de este trozo del documento español, diremos de paso algunas palabras sobre varias frases que merecen ser aclaradas y rectificadas. Primeramente dícese allí, que los bienes de que se trata se debían vender «inmediatamente y sin tardar.» El aserto es innegable, y lo confirma la letra misma del Concordato en el respectivo artículo y párrafo. Pero hay también un hecho que consta igualmente y con preferencia en el mismo párrafo y artículo del Concordato, y es, que todos los bienes antes de venderse debían restituirse «inmediatamente y sin tardar» á la Iglesia. No podía, pues, censurarse con imparcialidad y justicia la supuesta incuria en la venta, sin hacerse cargo de la restitución que la debía preceder, y sin ver, como se verá dentro de poco, cómo y cuándo tuvo esta lugar.

Dícese también, que estos bienes «habían pertenecido» á las comunidades religiosas. Semejante expresión encierra un concepto inexacto y erróneo. Dichos bienes, no solamente habían pertenecido, sino que continuaban perteneciendo á las mismas comunidades; las que de hecho pudieron ser despojadas de ellos durante el dominio de la revolución, mas no pudieron jamás perder su derecho sobre los mismos. Por lo tanto, aquellos bienes debieron, en estricta y rigurosa justicia, ser devueltos á las mismas comunidades religiosas, y en su representación á la Iglesia. Así lo entendió en otra época el Gobierno de la Reina Católica, quien, apenas apaciguados los trastornos políticos, consideró como un deber el restituir al Clero secular todos los bienes de su propiedad que no se habían aun vendido. Así lo entendieron también los Gobiernos que negociaron y concluyeron el Concordato; quienes ofrecieron primero espontáneamente, y estipularon luego sin reserva la inmediata restitución á la Iglesia de todos los bienes que quedaban aún de su pertenencia. Aludiendo en seguida el despacho español á las comunidades religiosas de hombres, las declara «suprimidas.»

También esta palabra está sujeta á un error de principio y de máxima. Las corporaciones reglares, por efecto y motivo intrínseco de su índole y naturaleza, reciben la existencia, y el derecho y modo de existir de la autoridad de la Iglesia. Al principio segar, por amor á la buena armonía entre la Iglesia y el Estado, útil siempre á ambos, y que es siempre de desear, se podrá solicitar, si se quiere, su permiso cuando se deseé introducir y establecer en sus dominios una nueva corporación religiosa; pero una vez concedido este permiso, y establecida esta corporación, no está en su derecho el abolirla ó suprimirla sin la intervención y consentimiento de la Iglesia. Por la gran regla universalmente reconocida, que el fin de todas las cosas debe emanar de la misma causa á que debieron su principio, todo proceder de la autoridad segar contra á esta regla, no es más que un acto incompetente é ilegítimo, un exceso y abuso de poder; y las corporaciones reli-