Revista católica (Barcelona) (1856-04-01 00:00:00), página 29

Y no es esto todo; es preciso reproducir aquí el párrafo del documento español, en donde aludiéndose á la ley de «desamortización», y revelándose la resistencia que, «estimulados por las amonestaciones» de la Santa Sede, opusieron á su ejecución no pocos Prelados de la Iglesia española, se supone que mientras algunos daban un laudable ejemplo de mansedumbre, y se mostraban obedientes á los preceptos del Gobierno, y representaban respetuosamente aquello que creían mas útil á la Iglesia y al Estado, no han faltado otros que con des- crédito de su patriotismo, y desconociendo sus obligaciones evangé- licas, se colocaron en una situación, no solamente hostil, sino re- belde y punible; de manera que obligaron al Gobierno de S. M. á prevenir con algunas medidas de precaucion mayores males, sepa- rando de sus diócesis algunos Obispos, para que no encontrase obs- táculo la ejecucion de la ley.» Déjese por ahora la vindicacion del honor injustamente mancillado de algunos miembros del Episcopado español, que sin embargo el despacho se guarda bien de nombrar, y resérvese esa tarea para la parte de esta respuesta, destinada á cor- regir las inexactitudes, á esclarecer las circunstancias y á rectificar los hechos. Entre tanto, examíñese y mídase el valor de las mas signifi- cativas palabras del referido párrafo. El «precepto» supone necesaria- mente el derecho y la competente autoridad en quien lo impone; y «la obediencia» al mismo precepto, supone por su naturaleza el de- ber y la obligacion en quien lo recibe, de respetarlo y cumplirlo. Mu- cho mas puede considerarse obligado á su observancia, el que, en caso contrario, se le declara «hostil, rebelde, punible;» y el castigo para ser legitimo, requiere en quien lo impone el correspondiente poder. Mas, ¿cuál era en el caso en cuestion, el objeto que la llamada ley de desamortización atacaba principalmente? Un articulo, como ya se ha dicho, una máxima, un derecho que es sagrado para la Iglesia porque proviene de su divina constitucion, que ella no puede abandonar de modo alguno, y que antes está en el deber de sostener y defender contra toda usurpacion y violencia. Segun el sentido estricto del mencio- nado despacho, hasta en las cosas de tal naturaleza, el Gobierno es- pañol se cree con el derecho de dar «preceptos,» de exigir la «obe- diencia» de ellos, de mira como «hostiles, rebeldes y punibles,» y de castigar efectivamente (aun prescindiendo en este punto de la in- munidad personal de los Príncipes de la Iglesia, de los ungidos del Señor), á los Obispos que se opongan á obedecer.

Por donde se ve que el Gobierno de la nacion católica, y el docu- mento con que ha entendido justificar públicamente su conducta para con la Santa Sede, se funda, y apoya todos sus razonamientos sobre el reprobado principio que acerca de la independencia esencial de la Iglesia en el orden de cosas á ella sola confiadas, subordina su poder, sus prerrogativas y sus derechos á la accion y á la voluntad de los Go- biernos temporales. Y este principio mismo es el que se desprende del sentido lógico de otros pasajes del precitado despacho. «De ahí el que se atribuya al Gobierno el derecho de disponer libremente de la pro- piedad de la Iglesia, sin necesidad de permiso, anuencia ó acuerdo con la Santa Sede.» De ahí el que se establezca en favor del Gobierno tambien el poder de «prohibirle que posea bienes raices, y el de limi- tar el modo, establecer las condiciones y determinar la forma en que pueda adquirir y conservar lo adquirido. De ahí el que á la Iglesia se la equipare enteramente á las demas sociedades y corporaciones dependientes del Estado,» haciendo «nacer de la ley civil,» no ya «el derecho de propiedad,» sino «la vida» tambien «de las corpora- ciones eclesiasticas.» Y de ahí, en fin, para no citar mas, el que se