Revista católica (Barcelona) (1856-04-01 00:00:00), página 87

violables. El principio esencial del Concordato en esta materia, que-
dará, pues, á salvo siempre que se entreguen á la Iglesia, como se le
entregará, á cambio de sus bienes raíces, títulos de la deuda, y de
la deuda privilegiada del Estado.»

Siguiendo las teorías del mismo documento español, conviene ha-
cerse cargo, primero, de lo que acerca de tan gravísima materia se
enuncia como derecho y doctrina, y después, de lo que se afirma co-
mo hecho, relativamente al artículo 41 del Concordato comparado con
la ley de desamortización. Todos los ratiocinios que se emplean para
demostrar, cual si fuese posible, que aquella infame ley ha dejado in-
tacto el derecho que compete á la Iglesia de adquirir y poseer bienes
inmuebles, estriban en la doctrina de que no se ataca ni perjudica el
derecho de propiedad, en su naturaleza y esencia, obligando al posee-
dor á cambiar la forma de ella por otra, no solo diversa, sino de tal
manera determinada que no puede ser mas que una sola.

Así sucede cabalmente en el caso presente, en el cual la ley de des-
amortización ha establecido que la Iglesia haya de vender forzosamente
todos los bienes raíces, y convertir su valor en inscripciones in-
transferibles de la deuda pública, y que no pueda adquirir ó poseer en
adelante sino rentas procedentes de las inscripciones mismas.

Sea lo que quiera de la aplicación de semejante principio á las cor-
poraciones sujetas al Estado y dependientes en su existencia y forma
de la anuencia y consentimiento de este: sea también lo que quiera
del derecho que pueda competir á la autoridad secular suprema para
fijar límites, condiciones y forma á la propiedad de aquellas; es lo
cierto, lo indudable, lo incontrovertible, que la Iglesia no puede ser co-
locada al mismo nivel, ni en la misma categoría y condición que las
corporaciones é institutos dependientes del Estado.

Según los principios y las máximas recordadas oportunamente en
otro lugar, y de las cuales nadie, como entonces se advirtió, puede
apartarse católico alguno sin renunciar mas ó menos explícitamente á
la fe y creencias de sus padres, la Iglesia es una sociedad perfecta, ins-
tituida por Dios, y debe subsistir como tal hasta la consumación de
los siglos. Tiene, por tanto, derecho para adquirir y poseer bienes tem-
porales independientemente del consentimiento y de las concesiones de
los príncipes y autoridades seculares. Y no siendo humano este dere-
cho, sino divino y también natural, como intrínsecó e inherente á la
naturaleza de toda sociedad perfecta, es al propio tiempo libre, abso-
luto, y no está sujeto á ninguna potestad humana. Por consiguiente,
no solo puede no ser suprimido ni suspendido por la autoridad laical,
pero ni siquiera restringido ni limitado en su aplicación á tal ó cual
forma determinada. En fuerza de este derecho la Iglesia ha poseído
constantemente, desde su primitivo origen y aun en medio de perse-
cuciones, propiedades y bienes inmuebles que todas las naciones res-
petaron y consideraron como sagrados e inviolables. Declarar, pues,
que la Iglesia es incapaz de adquirir y poseer tales bienes, y disponer
que sean vendidas sus propiedades actuales para convertir exclusiva-
mente su valor en rentas del Estado, no es en sustancia sino la usu-
pación de un derecho natural y divino, el despojo de una propiedad
legítima, sagrada e inviolable. Puesta en claro de este modo la falsa
aplicación que se hace á la Iglesia del principio en que se fundan com-
pletamente los mencionados ratiocinios del despacho español, no hay
que apelar á nuevos argumentos para combatir cuanto allí se dice en
la esfera del derecho, para demostrar e inferir que la ley llamada de
desamortización no ha lastimado en manera alguna el derecho de ad-
quirir y poseer bienes raíces, del cual goza la Iglesia.