Revista católica (Barcelona) (1856-04-01 00:00:00), página 28

guiar á los pastores y á los fieles, si entre él y ellos no hubiese abierta y libre comunicación y correspondencia. Esta comunicación y esta correspondencia, necesaria al ejercicio de los derechos y al cumplimiento de los deberes inherentes á una primacía de institución divina, son asimismo de derecho divino. No es lícito á potestad humana alguna estorbarlas ni interceptarlas.

Ningún católico puede apartarse de esta doctrina sin faltar mas ó menos abiertamente á la fe de sus padres. Tal es la idea genuina y el sencillo cuadro del origen, constitución, prerrogativas y derechos de la Iglesia.

A la verdad, ¿qué otro objeto ha podido tener, y de qué otro principio ha podido partir el mismo documento, cuando encomiando la constante sumisión de la nación española «á los preceptos de la suprema cabeza» de la Iglesia, restringe expresamente aquella solo á los preceptos espirituales, y cuando, repitiendo en nombre del Gobierno la confianza de no haber ofendido de ningún modo á la Religión y á la Iglesia, prometiéndose por ello «en mejor ocasión la debida justicia de la misma Santa Sede,» y cuando volviendo á protestar de la «firme adhesión á las máximas que profesa la nación católica,» declara que la Religión, el Pontificado, la Iglesia, tendrán siempre en el Gobierno mismo un-súbdito espiritual? No es, sin duda, otro que el principio tan acepto á los falsos publicistas y políticos que limitan la acción y la potestad de la Iglesia á los recintos del alma, al fuero de la conciencia, y la sujetan á la dependencia y autoridad del poder temporal en todo aquello que en el orden religioso corresponde á la disciplina y á las obligaciones externas de los fieles. ¿Carecerán, por ventura, de razon y de sentido, el caracterizar de «espirituales» los «preceptos» de la Santa Sede, y aquellas palabras con que el Gobierno español limita la expresión de su sumisión á la Iglesia y al Pontífice, llamándose súbdito espiritual de la una y del otro? ¿Qué otra interpretación puede atribuirseles en un documento, en el que dicho Gobierno se propone justificar ante el mundo su conducta contra las quejas y las reclamaciones de la Santa Sede, que, apelando á hechos públicos y notorios, á las disposiciones y leyes de él mismo emanadas, le acusa de haber invadido el terreno de la Iglesia, de haber violado los derechos de la Santa Sede y las estipulaciones clarísimas de un tratado solemne?

Pero ¿qué se dirá de aquella parte del despacho en la que no se tiene reparo de anunciar al público «las gravísimas razones que asisten al Gobierno para disponer que no se confieran por ahora las órdenes sagradas?» Aquí el poder temporal, erigiéndose en juez de las cualidades de los que deben consagrarse al altar, de los títulos para ser promovidos al sacerdocio y del número correspondiente á las necesidades de la Iglesia, invoca á su capricho las leyes eclesiásticas, lo mismo que las civiles; y todo aquello que no conduce á su intento, lo presenta como un «abuso que solo puede extenderse y prosperar en tiempos de corrupción en la disciplina eclesiástica y decadencia en el Estado.» En esta parte se llega hasta pronunciar autoritativamente que la facultad de los Obispos sobre la ordenación de clérigos tiene «un límite... que no pueden prodigar las órdenes sagradas mas allá de la necesidad y de la conveniencia pública, y que para dejar libre á los Obispos mismos aquella facultad, es indispensable conocer y fijar próximamente al menos el número de ordenados que necesita la nación.» ¿Está por ventura conforme todo esto con las máximas inconcusas ya expuestas, acerca de la supremacía e independencia de la Iglesia en el ejercicio de su potestad y de sus derechos exclusivos en materia de orden religioso?