Revista católica (Barcelona) (1856-04-01 00:00:00), página 30

mire al Clero sin consideracion alguna hacia su divino ministerio, como un ramo cualquiera dependiente del Estado.

No concluye aun aqui. Resta todavía que confrontar los mencionados y otros párrafos del documento español, con los infinitos hechos hostiles á la Religion y á la Iglesia que en él se omiten, á pesar de que á su tiempo han dado lugar á vivas reclamaciones de los Obispos y del representante de la Santa Sede en Madrid. Y no se quiere descender al molesto análisis de las indicadas circulares del ministerio de Gracia y Justicia, con las cuales se ha inferido las mas graves ofensas á la autoridad de la Iglesia, se despojó á sus Prelados de diversas atribuciones, inherentes e inseparables al sagrado ministerio de que son responsables ante Dios, y se llegó hasta á prohibirles publicar las censuras y condenacion de los libros y escritos tocante á la Religion sin el previo consentimiento del Gobierno. Se omitirá igualmente el riguroso examen de las disposiciones tomadas respecto á los Seminarios eclesiásticos diocesanos, y de la indefinida y perjudicialísima medida de prohibir á los Obispos la provision, en la forma canónica acostumbrada, de las parroquias vacantes. Pasará también desapercibido el decreto de 11 de septiembre de 1854, suprimiendo la comunidad de religiosos Jerónimos, restablecida poco antes en el célebre monasterio del Escorial en virtud del artículo 27 del Concordato; el decreto del 5 de febrero de 1853, restableciendo la odiosa e injusta ley de 18 de agosto de 1831 respecto á capellanías colativas de patronato familiar, en oposicion manifiesta á lo pactado expresamente en el mismo tratado, en el cual se estipuló que acerca de las antiguas y nuevas fundaciones eclesiásticas no pudiesen hacerse cambio ni supresion alguna sin la intervencion de la autoridad pontificia; y finalmente, el otro de 28 de abril del mismo año, por el cual se suspende la presentacion y toma de posesion para cualquier beneficio con cura de almas ó sin ella, ya fuese de derecho, patronato particular, eclesiástico, secular ó misto. Todo esto, sin embargo, si bien en sí mismo muy grave, lo parece menos en comparacion de un hecho que no puede creerse ni aun oirse sin la mayor sorpresa, á saber: que el Gobierno de la nacion católica haya llevado la profesion práctica del falso principio de que la Iglesia depende del Estado, hasta el punto de aplicarlo á su augusta cabeza, al Vicario de Jesucristo, cuando ejercita su supremo magisterio, y en uso de las sublimes prerrogativas de su divino primado, declara las doctrinas de la Iglesia y pronuncia su oráculo infalible en materias de fe.

¡Y sin embargo es así! Cuando el sumo pontífice Pío IX, en medio del religioso júbilo de los fieles, realizando las esperanzas y los votos de muchos siglos, declaró dogma de fe la Inmaculada Concepcion de la Madre de Dios, María santísima, la nacion eminentemente católica, la devota nación española, tardó muchos meses en ver publicada en la Peninsula la bulá Ineffabilis Deus, ó sea el gran documento de la solemne definicion, porque el Gobierno quiso sujetarlo á todas las formalidades del llamado Exequatur, violando con esto las leyes mismas del reino, las cuales, si por antiguo abuso de poder, contradicho siempre y jamás reconocido por la Santa Sede, le exigen en algunos de sus actos, han declarado expresamente exentos de tal formalidad, entre otros, las bulas dogmáticas. Pero aun hay mas. Es tambien un hecho innegable, es un hecho de fustísimo recuerdo que en la circular dirigida en 9 de mayo de este año á los Prelados, se llegó tambien á declarar que la concesion del Exequatur, por nadie pedida, y por el contrario, rechazada abiertamente en varias notas del encargado pontificio, debía entenderse sin perjuicio de las leyes, re-