Revista católica (Barcelona) (1855-11-01 00:00:00), página 35

NÚMERO 20.

Legacion de España en Roma.—Copia.—Al Emo. y Rmo. Sr. Cardenal Antonelli, Secretario de Estado de Su Santidad.—Roma 17 de julio de 1853.—El infrascrito Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de S. M. Católica tiene encargo de su Gobierno para contestar al Emo. Secretario de Estado de Su Santidad, Cardenal Antonelli, respectivamente á la reclamacion hecha en 3 de abril por el Encargado de Negocios de esta Corte en la de España acerca de la prohibicion de sagradas órdenes, decretada en 1.º del mismo mes.

Para hacerlo con la sinceridad que le caracteriza y con la esperanza que hay en su ánimo de satisfacer al sumo Jefe de la Iglesia católica, observará ante todo el infrascrito que ni la expresada prohibicion es mas que una suspension temporal, hasta llevar á efecto lo mismo que está prescrito en el Concordato, que ya deberia haberse realizado plenamente, ni tampoco es mas que una suspension parcial, aplicable á las ordenaciones á título de patrimonio, y de ninguna suerte á las que se fundan en beneficios eclesiásticos.

Las causas que indujeron al Gobierno para tomar esta medida son tan notorias como concluyentes. Ni podia olvidar el Gobierno propio la existencia del novísimo Concordato, ni dejaba de comprender y de sentir la necesidad de que se observase en una nacion católica la disciplina de la Iglesia establecida en el Concilio de Trento, consagrada en Concordatos anteriores, con especialidad en el de 1737, y sancionada hasta por las leyes civiles. Mas el mismo Gobierno tenia un conocimiento exacto de las continuas infracciones que en muchas diócesis se cometian á esa disciplina canónica, confiriendo las órdenes sagradas á personas que ni tenian la necesaria instruccion, ni reunian además decorosos medios de subsistencia. Cometíendose evidentes fraudes en la ereccion de los patrimonios, por haber desgraciadamente en este punto una deplorable facilidad, encontrabanse despues obligados los ya sacerdotes, á buscar esa subsistencia por medios que desdoraban su condicion, lo cual es mas grave y pernicioso en Espana que en muchos otros paises, á la vez que eran inútiles para el desempeño de los encargos y curas parroquiales. Tan evidentemente ha sido esto asi, que se han visto precisados con frecuencia los RR. Obispos á encargar feligresias vacantes á párocos de otras inmediatas, por no inspirarles confianza los sacerdotes ordenados á tal título de patrimonio. De manera, que, por una parte gran número de estos no podian subsistir siendo figuradas las congruas con que se ordenaron, y por otra no podian ser empleados en la cura de almas por su incapacidad ó falta de estudios.

Hubiera faltado á uno de sus mas altos deberes el Gobierno, si no hubiese puesto los ojos en lo que todo el mundo veia, en lo que universalmente se deploraba, en lo que la Santa Sede debera conocer, porque es imposible que hayan dejado de decirselo, tanto sus Encargados, cuanto algunos, al menos, de los propios Obispos espanoles.

Para remediar estos males, el Gobierno creyó oportuna, no una prohibicion, sino una suspension temporal de las órdenes; no tampoco una suspension absoluta, sino parcial y limitada. Su mayor deseo es que los RR. Obispos lleven á cabo cuanto antes el arreglo definitivo de las parroquias de sus diócesis que el Concordato preceptúa; que celebren concursos para su adjudicacion y desempeño por los mas instruidos y mas dignos, y que promuevan por tanto á las órdenes sagradas á cuantos crean necesarios para la administracion del pasto espiritual