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número de sus honrados camaradas, y los segundos al encontrarse con cuatro insignificantes pelotones de gente allegadiza é indisciplinada, en vez de los formidables ejércitos que creían afiliados á su bandera.

Declárense, pues, los buenos, que se ocultarán los malos.—J. C.

NUESTRA CUESTION ECLESIÁSTICA.

SU PASADO, SU PRESENTE Y SU VENIDERO.

Decir que la Iglesia lloraba á todo llorar como viuda desolada implorando del cielo la serenidad y la paz, en el sombrío bienio de julio de 1834 al de 1836 transcurrido á paso arrebatado, atendido el mucho mal que hizo en breve espacio, y á paso lento, habida razon del muchísimo mas mal que prometía hacer en un porvenir de incierto desenlace; decir eso, es simplemente consignar un hecho de tamaña notoriedad histórica, que buenos y malos hijos de la Iglesia, todos pueden responder de su certeza.

Los que militaban en las filas de la revolucion, con una ó con otra categoría, así como los que no abandonaron jamás el estandarte del Catolicismo puro, todos han de convenir en que la lucha entre ambas huestes fue empeñadísima, habiendo llevado en lo general la mejor parte los enemigos del bien, aunque á decir verdad nunca triunfaron por entero. Esta última circunstancia la historia no la dejará pasar desapercibida; y menos podríamos nosotros dejarla pasar, en el concepto de proponernos, cual nos proponemos, tomar acta de la incompleta victoria de la última rebelion contra nuestra Iglesia, para que comprendan los actuales hombres del poder á cuán poca costa les será posible vencer las dificultades consiguientes á una lucha de principios que, ni con todos los elementos de fuerza de que disponía, llegó á poner en derrota á su adversario.
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REVISTA CATÓLICA.

HISTORIA CONTEMPORÁNEA
DE LOS PADECIMIENTOS Y TRIUNFOS
DE LA
IGLESIA DE JESUCRISTO,
redactada de las pastorales, cartas y escritos de los señores obispos y misioneros de ambos mundos, como también de documentos relativos á las misiones y al ministerio sacerdotal.

N.º CLXXV.—ENERO DE 1857.

BARCELONA,
IMPRENTA Y LIBRERÍA DE D. PABLO RIERA,
calle nueva de San Francisco, número 17.
1857.
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Ninguna de las fieras mejor clasificadas en historia natural, lo está con mayor exactitud que la llamada revolución, en historia social. Cuantos le han visto una vez la cara y observado de cerca sus instintos, y cuantos de lejos han podido conocerla por más o menos exactas descripciones, híllanse en el caso de calcular y predecir, sin ser profetas, y hasta fijar día por día los pasos que andará y los estragos que dejará por huellas en el camino recorrido. Conocedores de uno y otro género, presentes y ausentes, inexpertos y experimentados observadores de la aparición que hizo el temible monstruo en la arena de España el año 1854, pudieron, hubieron de temer y vaticinar, con poquíssima confianza de ver salidos sus temores y presagios, que las dos fundamentales unidades, la religiosa y la real, percibirían una después de otra en las garras de la fiera, quedando la monarquía católica entregada de aquella hecha al terror ó á la anarquía: con todo, sería injusto el dejar de confesarlo; en dos años mortales, que para la revolución valen dos siglos, no la vimos llegar á ninguno de esos dos extremos.

Semejante fenómeno se explica, á nuestro humilde entender, por dos criterios: por el de las cosas y por el de los hombres. Por las cosas: porque el orden moral y material está en España de tal manera arraigado en los principios católicos y monárquicos, que con poco tesón que pongan de su parte los Gobiernos, no solo se conserva, sino que, hasta se opone, siquiera con la gran fuerza de inercia que al carácter español se le suele atribuir, á las causas de perturbación general y profunda. A ese estado de cosas, á lo que se acostumbra decir, «cosas de España,» se debió el paso atrás que hizo nuestra última revolución, habiendo topado en la resistencia, al menos neutral, del país, una de las mayores dificultades que la atajaron en su rápida carrera.

También los hombres la atacaron y la reprimieron, permitiéndole cuando más escarbar la tierra á cierta distancia de los dos principales estribos del edificio social; la unidad
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religiosa y el Trono. Los hombres del azaroso bienio resignaron el poder dejando en pie ambos estribos, y con escaso aliento á la revolucion que, para que no diera al traste con aquellos estribos, habían estado conteniendo sin exasperarla, ó acariciándola, si se quiere. Este es un hecho incontestable, ya se atienda á los actos anteriores á las jornadas del próximo pasado julio, ya á la facilidad y presteza con que la revolucion abandonó el campo al vencedor en todas partes. Si la revolucion hubiese podido desencadenarse en tiempo de sus pasados dueños, seguro que no les fuera tan fácil someterla y enjaularla á sus nuevos domadores.

A los primeros no les darémos las gracias por el bien que á la Religion no hicieron, pero se las damos por el mayor mal que la revolucion le quiso hacer y no se lo consintieron. A los segundos se las tenemos dadas por el bien que llevan hecho á la Iglesia en el último medio año; pero no se las podemos dar todavía por las grandes reparaciones que pudieron y debieron hacer y no han hecho, á pesar de venir envuelta en ellas nuestra magna cuestion eclesiástica, que es la de saber si el derecho de propiedad ha de ser menos sagrado en las manos de la Iglesia que en las laicas, y si las enajenaciones de bienes que en fuerza de ese derecho poseía, pueden recibir una sancion legal porque se las califique de hechos consumados.

Dos partes tenía la cuestion eclesiástica, que la contrarevolucion estaba, solo por serlo, comprometida á resolver. La una miraba á la autoridad del sacerdocio, que la revolucion había cohibido y ultrajado hasta cierto punto, no en nombre de la revolucion, sino del régio patronato. La otra se referia á los títulos de propietaria que impávida la revolucion disputó y negó al Clero, no en nombre de la revolucion ut sic, sino del principio económico desamortizador. La primera parte de la cuestion, con Reales decretos y disposiciones ministeriales habíase en mal hora establecido por deferencia al principio revolucionario; y con acuerdos del propio carácter se ha resuelto, por las justas exigencias de un prin-
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cipio contrario, por el respeto debido al loable principio restaurador: en esta parte la restauración, algo puede haber dejado que desear, no mucho. La segunda parte fue planteadá por la tremenda ley de desamortización, á cuya sanción sabe todo el mundo le faltó la espontaneidad y libertad de la régia prerrogativa que se usó en aquel caso bajo la presión de circunstancias incompatibles con la libre y espontánea deliberación del Trono. Ello, sin embargo, es cierto que en forma de ley se causó el daño. Lo es asimismo que ante esa forma, por mucho que le falte en el fondo de verdadera ley, ni el ministerio O'Donnell ni el presidido por el Duque de Valencia se han atrevido más que á dejar en suspenso, y solo parcialmente, sus efectos; pero de ningún modo á derogarla ó á declararla, como á muchos y muy entendidos publicistas les parecía procedente, caducada y nula, ya que no podía ser dudosa semejante nulidad después de la reprobación general de nuestro venerable Episcopado y de la misma Santa Sede, contra aquel acto legislativo.

«A decretos oponer decretos, leyes á leyes.» Esta parece ser la máxima á que arreglan su conducta los gobernantes de hoy. En hora buena. Así nadie les atribuirá poco respeto á las formas viendo que les rinden tan escrupuloso culto. Pero bueno será no olviden que la Iglesia, como institución del que juzga las leyes, no tanto por su forma como por su justicia ó injusticia, no puede participar de aquel meticuloso respeto á unas formas legales con que se disfrazan arbitrariedades y desafueros.

La Gaceta, la Correspondencia Autógrafa y varios otros órganos de la prensa, de los que por más enterados pasan de las intenciones del actual Gobierno, repetidas veces han dedicado promesas tranquilizadoras á los compradores nacionales modernos, asegurándoles que nada habían de temer para sus legítimas adquisiciones, pues á toda costa estaba resuelto el Poder á conservárselos y garantírselos con toda clase de sanciones. Ahora solo falta —y no falta poco—
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que la potestad espiritual apoye y ratifique esas formales promesas, si no han de aguárseles á los que tanta prisa se han dado en proferirlas al oído de los interesados. ¿Las apoyará y ratificará? Caso que sí, ¿en qué términos tendrá lugar la ratificación?

Ambas respuestas nos las habrá de dar el resultado de las negociaciones que con el Soberano Pontífice está dipuesta y próxima á emprender la corte de España, si de buena fe se emprenden y católicamente se conducen por el nuevo plenipotenciario español cerca de la Santa Sede. Así debe presumirse que se las emprenda y conduzca á término feliz.

Citanse con cierto misterio correspondencias de Roma llenas de dudas y temores, llegándose á sentar la version, improbable á nuestros ojos, de que en la santa ciudad existen algunas prevenciones poco favorables al enviado extraordinario nombrado en representacion de S. M. Católica para allanar allí las dificultades de nuestra cuestion eclesiástica. Por nuestra parte queremos persuadirnos que en el fondo no hay un ápice de verdad en tan ingratas noticias, hallándonos por el contrario sumamente persuadidos de que el Sr. Mon, como otro que en su lugar se encargara de la delicada mision que se le confía, será recibido en la capital del orbe católico con señaladas y leales muestras de benevolencia; y que nunca será, á todo andar mal las cosas, por tibiezas ó repugnancias personales, por donde fracasen las gestiones diplomáticas emprendidas ó que se emprendieren cerca del Vaticano para inclinar el ánimo de Su Beatitud á un arreglo conveniente así á los inviolables intereses de la Iglesia como á los mas preferentes del Estado.

Lo que podria traer una ruptura ó á lo menos aplazar la solucion apetecida, fuera el abordar de lleno la negociacion, buscándola en el pie forzado de concesiones imposibles ó de exigencias odiosas, opuestas estas y aquellas á los principios de equidad, que por institucion dominan en los consejos del Santo Padre. ¿Qué diria Su Santidad si el negociador del
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entendido arreglo le propusiera como á condicion sine qua non del acuerdo entre ambas potestades el reconocimiento puro y simple de las adjudicaciones de fincas y demás actos de expropiacion ejecutados contra el derecho y la voluntad expresa y oportunamente manifestada por el Padre comun de los fieles? Si con estas ó parecidas pretensiones se iniciara la negociacion, ¿no equivaldria á incoarla ya resuelta en favor de los que se han burlado de las protestas que por sus autorizados órganos hizo la Iglesia, para que á tiempo se retrajeran de codiciar los bienes de propiedad eclesiástica? Un negociador que en tal sentido representara en la cuestion eclesiástica á la corona de España, ¿no pareceria mas bien negociador oficioso de los intereses creados por la revolucion para sí misma á despecho de la corona y de la tiara?

En disidencias entre gabinetes de igual naturaleza suele haber algunos puntos de dudosa apreciacion, que segun la inteligencia que les da cada una de las partes, puede parecerle injusticia y lesion á la una, lo que á la otra le parezca muy arreglado á razon y justicia: en tal caso puede por ambas partes llegar á una avenencia partiendo de una transaccion en que mutuamente se impongan un sacrificio reciproco de derechos y pertenencias. Pero en la cuestion eclesiástica que se ventila, la revolucion dirá lo que quiera, y digan lo que quieran sus prohijadores, no pueden ocurrir entre un poder católico y el Jefe del Catolicismo puntos de apreciacion dudosa. Se trata de titulos, de leyes, de concordatos, de derechos católicamente indisputables. Se trata de ventas antictólicamente efectuadas. Se trata de santos intereses heridos, al lado de otros nada santamente creados, de viciosa, y, por su naturaleza, efímera creacion y subsistencia. Se trata de propiedades con titulos cuya tinta está húmeda todavía, al lado de otros titulos que la tienen muy seca y enrojecida por el tiempo. Se trata últimamente de un principio social incontrovertible y amparador de la existencia de los Estados, y de otro principio antisocial ó revolucionario, si principio
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se ha de llamar, en el cual, de revolucion en revolucion hallarán sin remedio las sociedades que le adopten un insosidable abismo. El primer principio es el de propiedad con todas sus consecuencias: el segundo el de expropiacion arbitraria con todos sus escándalos.

Entre ambos extremos no puede ocurrir alguna duda que oponer al romano Pontífice para que desista de proteger en la Iglesia de España el ejercicio de su derecho incontestable á reivindicar las propiedades de que á título de transformacion se la ha recientemente despojado. Lo primero, pues, que debe figurar en las negociaciones sobre la cuestion eclesiástica pendiente, será por parte de nuestro plenipotenciario en Roma el explícito reconocimiento de los derechos vulnerados, y de lo justo y procedente de las acciones que en justicia puede reservarse la Iglesia contra los ilegítimos obtentores de sus bienes.

Hasta de contrasentido pudiera graduarse la denegacion de ese forzoso reconocimiento por el ministro español en la corte pontificia, en nombre de un Gobierno que, fiel á la voluntad soberana, acaba de consignar en reiterados actos oficiales haberse en los dos últimos años faltado abiertamente á la letra del novísimo Concordato. Un ministro que de tal Gobierno haya de representar la política, nunca podrá, sin contradecirla, proponer á la Silla apostólica una transaccion que ante todo perdonase y dejase en paz á los que prevaliéndose de circunstancias alictivas para la Iglesia, cerraron á sus reclamaciones los oídos para dárselos á la codicia. «No codiciar los bienes ajenos» es un mandamiento de la ley de Dios: y los mandamientos de la ley de Dios obligan al mismo sucesor de san Pedro á guardarlos y hacer que todos los guarden.

Despues de habérsele reconocido en buena jurisprudencia canónica y civil al Soberano pontificio el derecho á reclamar sean repuestas las cosas en el estado en que se hallaban respecto á la Iglesia de España antes del último período revolucionario, se podrán introducir en las negociaciones suce-
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sivas las consideraciones relativas á la conveniencia ó inconveniencia de aplicar á la propiedad eclesiástica el principio de desamortización, y fijar de una vez para siempre si es el Estado, ó al contrario debe ser la misma Iglesia la que á los bienes eclesiásticos haya de aplicar aquel principio. Supuesto que en este segundo sentido quedara resuelta la cuestión, podría tratarse y acordarse definitivamente, ya para solo la Iglesia hispana, ya para las demás del orbe católico la facultad de enajenar y transformar en valores de su libre elección sus propiedades, con sujeción á reglas canónicamente establecidas; pero colocando á la Iglesia tocante al particular en no peor condición que la en que el derecho positivo coloca á los propietarios civiles para enajenar y transformar sus propiedades, como manos vivas, del modo que más les convenga dentro de las sábias limitaciones de la legislación común.

Luego vendrá negociar el cómo, sin tocar á lo perfectamente consumado en punto á subastas y redenciones—que no es mucho en cotejo con lo mucho meramente incoado y con lo ni incoado siquiera—se hace á la Iglesia la indemnización proporcionada en metálico ó en papel; y en qué papel, en todo caso: si en papel excepcional, papel mojado cuyo valor perecería á otro golpe de revolución, ó papel de valor nacional, negociable en todos tiempos y en todos los mercados, con el carácter de títulos al portador in genere. Aquí, no menos que en los precedentes puntos, hallará el representante de S. M. Católica y su Gobierno, ó mucho nos engaña el corazón, la más favorable coyuntura para dar al lado económico de la cuestión la solución más leal y conveniente. Y si por fin sigue siendo el negociador el Sr. Mon, aquí podrá hacer gala de sus grandes recursos y profundos conocimientos en la ciencia y práctica de consumado rentista.

Las indicaciones que acabamos de apuntar son asaz transparentes, á pesar del laconismo con que las hemos debido emitir para que por ellas se juzgue con rectitud del verdadero estado de nuestra cuestión eclesiástica en su calamitoso
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pasado, en su consolador presente y en su probablemente satisfactorio porvenir. Así por todos se tenga muy á la vista que, si la revolucion no causó todo el mal que quiso, la contrarevolucion debe hacer ó aceptar todo el bien que pueda. Quiéralo; y esté segura que la Iglesia la ayudará en su espíritu conciliador á conseguirlo, sin crear al Gobierno español obstáculos invencibles. La fortaleza de la Iglesia no puede jamás reñir con la templanza. —J. C.
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DOCUMENTOS OFICIALES.

Exposicion á S. M., y Real decreto suspendiendo los efectos del Real decreto de 3 de febrero de 1855 sobre capellanías colativas.

Ministerio de Gracia y Justicia.—Señora: Por la ley de 19 de agosto de 1841 se adjudicaron á los consanguíneos de mejor derecho los bienes pertenecientes á las capellanías colativas de patronato activo ó pasivo y demás fundaciones piadosas familiares. Apenas vigente el último Concordato celebrado con la Santa Sede, los Prelados en cuyas diócesis había pleitos pendientes y los tribunales que en ellos entendían elevaron reclamaciones y consultas, dirigidas unas y otras á solicitar de V. M. una aclaracion á que pudieran ajustar en lo sucesivo su conducta. En su consecuencia, oída la Real Cámara eclesiástica, y de acuerdo con el Nuncio de Su Santidad, se restablecieron por Real decreto de 30 de abril de 1852 las capellanías y fundaciones mencionadas, cuyos bienes no habian sido aun adjudicados á los mas próximos parientes, y esta disposicion continuó en todo su vigor, hasta que por Real decreto dictado en 3 de febrero de 1855 volvió á ponerse en observancia la ley de 19 de agosto de 1841. Providencias tan contradictorias han originado necesariamente incertidumbre en los derechos, dudas y vacilaciones en los tribunales, y las perturbaciones consiguientes en las familias y en la Iglesia. Cuando tal sucede, el espíritu de prudencia y de conciliacion, que constituye uno de los elevados deberes del Gobierno, aconseja que se suspendan los efectos del Real decreto de 3 de febrero de 1855 hasta que, reanudadas, como el Gobierno confia lo serán muy pronto, las relaciones con la Santa Sede, pueda dictarse la resolucion mas justa y acertada por acuerdo de ambas potestades.

A este fin, el Ministro que suscribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene la honra de someter á la aprobacion de V. M. el adjunto proyecto de decreto.
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Madrid á 28 de noviembre de 1856.—Señora:—A los Reales pies de V. M.—El Ministro de Gracia y Justicia, Manuel de Seijas Lozano.

Real decreto.—Teniendo en consideracion las razones que me ha expuesto el Ministro de Gracia y Justicia, de acuerdo con el Consejo de Ministros, vengo en resolver lo siguiente:

Artículo 1.º Se suspenden los efectos del Real decreto de 3 de febrero de 1855, por el que se restableció la ley de 19 de agosto de 1841 sobre capellanías colativas de patronato familiar activo ó pasivo y demás fundaciones piadosas de igual clase.

Art. 2.º Quedan en suspenso los juicios y reclamaciones que pendan ante los tribunales civiles y eclesiásticos, así respecto de la division ó secularización de los bienes comprendidos en dichas fundaciones y capellanías, como sobre el derecho á suceder en ellas, y hasta nueva providencia no se admitirán en lo sucesivo demandas de esta clase.

Dado en Palacio á 28 de noviembre de 1856.—Está rubricado de la Real mano.—El Ministro de Gracia y Justicia, Manuel de Seijas Lozano.

Exposicion á S. M. y Real decreto mandando volver á pagar á las fábricas de San Pedro y San Juan de Letran la pension que de derecho les corresponde.

Presidencia del Consejo de Ministros.—Señora: La interrupción de relaciones entre el Gobierno de V. M. y la Santa Sede ocurrida por desgracia en los dos últimos años, dió lugar á que no fuese comprendida en el presupuesto vigente la pension anual de 375,689 rs. á que tienen derecho las reverendas fábricas de San Pedro y San Juan de Letran en Roma, en concepto de carga de justicia sobre los productos del ramo de Cruzada; así como tambien á que se suspendiera el pago de la anualidad correspondiente al año de 1855 próximo pasado. El delegado de las facultades de la Nunciatura en esta corte, tan luego como tuvo conocimiento de esta resolucion, acudió al Ministerio de Gracia y Justicia en solicitud de que se mantuviese y respetara, como lo había sido siempre, el derecho de las reverendas fábricas. Instrui-
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do el oportuno expediente, y demostrado en él de un modo inconcuso este derecho, el Consejo de Ministros propuso á V. M. que se atendiera desde luego al pago de la pension vencida en el año de 1855, y que se comprendiera en el presupuesto de 1857 la asignacion correspondiente á los diez y ocho meses que comprenden que se halla en ejercicio. Ambos extremos merecieron la aprobacion de V. M.; en su virtud se dictaron las providencias oportunas por Real orden de 27 de mayo último, y la pension de 1855 fue exactamente satisfecha. No obstante, como era de esperar, el delegado de las facultades de la Nunciatura ha recurrido de nuevo al Gobierno de V. M. exponiendo los gravísimos perjuicios que naturalmente sufren las respetables obligaciones de las fábricas con la detencion por un plazo tan dilatado de un pago que debe ser, y fue atendido en todas épocas al vencimiento de cada tercio de año, y solicitando por estas consideraciones que tenga efecto el respectivo á los dos primeros del actual, y oportunamente el de los sucesivos. El Gobierno de V. M. reconoce, Señora, la justicia de esta solicitud, y se cree obligado á satisfacer, con la puntualidad que siempre se verificó, esta carga religiosa, tan aceptable al piadoso ánimo de V. M., haciendo uso para ello de la facultad que le concede el artículo 27 de la ley de contabilidad, ya que por las causas antes referidas no fue consignada esta obligacion en la de presupuestos vigente. En su virtud, á propuesta del Ministro de Gracia y Justicia, y de acuerdo con el parecer del Consejo de Ministros, tengo la honra de someter á la aprobacion de V. M. el adjunto proyecto de decreto.

Madrid á 28 de noviembre de 1856.—Señora:—A los Reales pies de V. M.—El Presidente del Consejo de Ministros, el Duque de Valencia.

Real decreto.—De conformidad con lo que me ha expuesto el Presidente del Consejo de Ministros, de acuerdo con el mismo Consejo, y á propuesta del de Gracia y Justicia, vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Se concede al Ministro de Gracia y Justicia un crédito de 373,689 rs., como suplemento al presupuesto eclesiástico en ejercicio, para atender, durante el presente año, al pago de la pension que las reverendas fábricas de San Pedro y San Juan de Letran tienen consignada sobre los productos de la gracia de Cruzada.

Art. 2.º El Gobierno, cumpliendo lo dispuesto en el ar-