Revista católica (Barcelona) (1856-04-01 00:00:00), página 52

hagan de los ministros sagrados, y del uso que hagan de la potestad que reciben del mismo Dios. Y también es sabido que la Iglesia tiene un cuerpo de leyes, algunas de las cuales remontan á sus primeros tiempos, y que andando estos han sido aumentadas, modificadas e interpretadas, según las necesidades y las circunstancias, y en las que están prescritas las cualidades y dotes que deben distinguir á los ordenandos, y la debida atencion que debe tenerse á las necesidades espirituales de los pueblos, arreglando perfectamente el ejercicio de la potestad de ordenar, ó sea el ministerio de la sacra ordenacion, que pertenece exclusivamente á los Obispos, todo dispuesto con suma prudencia, sabiduría y prevision. Por lo que aun cuando alguno de ellos, hipotéticamente hablando, se olvidara y apartara de sus deberes, y se atreviera á dar las sacras órdenes sin observar las reglas establecidas, ni exigir á los ordenandos las cualidades y requisitos que expresan las disposiciones canónicas, el Gobierno laical no tendría derecho para limitarle ó impedirle el ejercicio de la potestad y del ministerio; y solo podria tener en ello un motivo de dirigirse al Jefe de la Iglesia, para que usando de su suprema autoridad sobre las personas y cosas eclesiásticas, proveyese al desorden, y reprimiese el abuso. Por lo contrario el despacho español lleva la exigencia al punto de que, prescindiendo tambien de la indicada hipótesis, y quejándose solamente de la frecuencia de las ordenaciones en España desde la promulgacion del Concordato, admite, á lo menos dubitativamente la necesidad y lo inútil de la misma; pero atribuye á culpa de los Obispos y de la Santa Sede que ni aquel ni esta estuviesen positivamente probados. «Se han multiplicado, dice el despacho, las ordenaciones, quizás con necesidad, pero sin que estuviese probada esta necesidad, quizás sin daño público, pero sin que se haya demostrado que este no existia.»

De modo, que según el sentido del despacho, es preciso deducir, que el Gobierno español no solo cree poder limitar la libertad de los Obispos en el uso del derecho de ordenar, tan ampliamente garantida en el art. 4.º del Concordato; no solo cree que el ministerio de la sagrada ordenacion deba sujetarse á las consideraciones de la necesidad y conveniencia públicas, sino que cree además que no les es permitido á los Obispos el ejercerlo, si antes no se prueba legalmente el concurso de estas causas, y no haya el mismo Gobierno pronunciado su juicio sobre el particular.

Tampoco debemos omitir aquí, ni dejar á un lado sin algunas reflexiones, otra idea que las indicadas palabras del documento español tienden á insinuar sobre el origen, naturaleza y fin del estado eclesiástico. Al exigirse que el número de los ordenados se determine en proporción de la conveniencia y necesidad pública, se altera y desvirtúa el verdadero significado del estado eclesiástico, y los hombres consagrados á la Iglesia vienen á ser considerados y tratados como meros funcionarios del estado secular. Esta idea es del todo falsa y sumamente peligrosa. Siendo mucho mas noble y elevado el principio que conduce por el camino del santuario, y teniendo un fin tan superior y distinto, repugna que el número de los eclesiásticos tenga que arreglarse á la huella y base de la necesidad y conveniencia pública en el orden civil. Los que se dedican al estado eclesiástico, los llama Dios á él, y los llama también el santo fin de servir á su culto y cooperar á la salvación de las almas; por lo que todo limite con que se quiera disminuir su número es un obstáculo que se opone á los efectos de la vocacion divina, al ejercicio del culto, al bien espiritual de los fieles. La misma Iglesia, tan celosa y vigilante por la vida, saber, costumbres y otras cualidades de los ordenados, y que con tanto cuidado ha reco-