Revista católica (Barcelona) (1856-04-01 00:00:00), página 74

la ley de 1843 no está permitida ni dispuesta en el último párrafo del artículo 38 del Concordato. Aun pudiera añadirse que habiéndose puesto en venta, por una equivocación de la curia arzobispal de Toledo, los bienes pertenecientes á una encomienda y alguna capellanía, y habiendo las dos direcciones de contribuciones directas y de lo contencioso, interpeladas por el Gobernador civil de aquella ciudad, opinado en favor de la venta, el Cardenal pro-nuncio apostólico creyó deber reclamar y reclamó sobre aquel punto al Gobierno real en nota oficial de 20 de agosto de 1853, y la venta, cuya intimación había sido ya revocada meses atrás por el Excmo. Arzobispo, se suspendió inmediatamente, y no se sabe que tuviese efecto después.

Pero aun prescindiendo de los hechos que se refieren al Gobierno que concluyó y firmó el Concordato, y de los otros sucesivos, no parecerá extraño que se apele con preferencia á los del mismo Gobierno actual. ¿No sería, en efecto, mucho más manifiesta y patente la falsedad de la interpretación que ahora se da al último párrafo del artículo 38 de la susodicha solemne convención, si pudiese probarse que el mismo Gobierno la ha rechazado y excluido en otro tiempo? Pues realmente es así. Habiendo sido pronunciadas en la Asamblea constituyente con poca premeditación por un ministro de la Corona, acerca de la llamada desamortización eclesiástica, algunas palabras que espacieron la alarma y excitaron el disgusto de todos los buenos católicos por la violación que anunciaban del Concordato, y el gravísimo ultraje que inferían á la autoridad de la Iglesia, del que estaba entonces al frente del ministerio de Estado, creyó deber tranquilizar verbalmente al encargado pontificio, rogándole que hiciese saber á la Santa Sede que el Gobierno no daba otro sentido á las palabras del ministro de Hacienda, que únicamente el de la venta de los bienes que la Iglesia debía enajenar con el permiso que le concedía la Santa Sede en el Concordato; que no se procedería jamás á la venta de otros bienes fuera de los comprendidos allí, sin el expreso consentimiento y beneplácito apostólico, y que el Gobierno no solo estaba en el firme propósito de conformarse á las disposiciones del Concordato acerca de la forma en él prescrita para la realización de las ventas, sino que se proponía además rectificar del mejor modo que fuese posible la equivocación envuelta en las palabras del citado ministro de Hacienda; como en efecto lo hizo el mismo señor ministro de Estado en la inmediata sesión de la Asamblea.

Pero aun hay mas, y es un documento oficial al cual se asocia la coincidencia mas singular y que merece la mayor consideración, coadyuvando admirablemente á presentar en su verdadero punto de vista la conducta del Gobierno español con la Santa Sede. Alúdese aquí á la nota que el encargado de negocios de S. M. Católica en Roma dirigió al cardenal secretario de Estado, con fecha de 4 de febrero del presente año. El motivo y objeto de dicha nota, según sus expresiones que van á transcribirse fielmente, era: «hacer presente á la Santa Sede la resolución tomada por el mismo Gobierno, de llevar á debido efecto cuanto dispone el Concordato vigente respecto á la conversión de los bienes restituidos á la Iglesia, en inscripciones intransferibles de la deuda del Estado, al 3 por ciento.» A cuyo propósito y apelando al artículo 38 del mismo Concordato, se recordaba como en él, «al determinar que se restituyesen á la Iglesia todos los bienes eclesiásticos aun no vendidos, se había también, en consideración á las actuales circunstancias de los dichos bienes, dispuesto la venta y conversión preindicadas.» Advertía después que, «en tal disposición estaban comprendidos según el artículo citado los que habían perte-