Revista católica (Barcelona) (1856-04-01 00:00:00), página 77

tido en que el citado señor ministro se había explicado con el mismo encargado, incitándole á que así lo asegurase á la Santa Sede. El espíritu y sentido de esta explicación no necesitamos indicarlos, pues los hemos manifestado poco antes.

Está, pues, fuera de discusión; es una evidencia que el mismo Gobierno actual en un principio, y hasta que se enviaron las mencionadas instrucciones al encargado de negocios en Roma, y que este dirigió la expresada nota al cardenal secretario de Estado, rechazaba y excluía del todo la interpretación errónea del último párrafo del artículo 38 del Concordato. Ni tenía ó manifestaba la nota otro objeto que el de desviarle, á lo menos en parte, de las reglas establecidas en el artículo 38, y repetidas en el citado párrafo del 38, acerca del modo de proceder en la venta de los bienes eclesiásticos expresados en ambos artículos. Y el motivo que para esto se había tenido, ó que se alegaba, era la voluntad y esperanza de facilitar y llevar á término la misma venta, que, según se aseguraba en la nota, había quedado hasta entonces sin efecto, por lo que se recurría á la Santa Sede, cuya anuencia y permiso pedía y esperaba alcanzar el Gobierno español.

Pero supongamos por un momento que el Gobierno español hubiese adoptado en un principio la referida falsa interpretación; que en las instrucciones se aludía indistintamente á todos los bienes eclesiásticos, poseídos por la Iglesia, y restituidosele en cualquier tiempo y de cualquier modo; y que, por lo tanto, la demanda de apartarse en la venta de las reglas prescritas en el Concordato, se refiriese y extendiese igualmente á todos los bienes susodichos. Hay un hecho irrecusable, y es la existencia de esta demanda dirigida á «obtener» sobre esto la «anuencia» de la «Santa Sede.» Hubiera sido, pues, muy natural y razonable, que el Gobierno se hubiese abstenido antes de estar seguro de haber logrado esta anuencia, de presentar á la Asamblea constituyente el proyecto de ley sobre la desamortización general eclesiástica, en que se desviaba de las reglas establecidas en el Concordato, y especialmente de la que dispone que la venta debe dirigirse y efectuarse por la Iglesia misma. Pues bien (y hé aquí la singular coincidencia que, como hemos dicho, merece la mayor atención), el dia 4 de febrero último dirigió el encargado de negocios de S. M. Católica la citada nota al cardenal secretario de Estado, y al dia siguiente el Gobierno español presentó á la Asamblea el expresado proyecto. Y nótese que debía haberse calculado que las instrucciones remitidas desde Madrid en 26 de enero, pudieran no haber llegado á Roma el 5 del siguiente febrero, sobre todo estando en la estación de invierno.

No deja por esto el Gobierno de S. M. Católica de manifestar bastantemente, aun al presente, la poca fe é importancia que pone realmente en la interpretación misma. Así es, que el documento á que respondemos, tomando otro camino, sigue de este modo: «Aun aceptando la interpretación de la Santa Sede, el hecho es que debían verse inmediatamente y sin tardar, todos los bienes que habían pertenecido á las comunidades religiosas, tanto los de las existentes, como los de las suprimidas; y no obstante esto, es notorio en toda España, que, en el espacio de cuatro años, y para cubrir las apariencias, apenas se ha vendido una sola finca. Es notorio también, que en todo este tiempo ningún paso ha dado la Santa Sede para que se cumpliese una condición tan esencial, ni ha hecho esfuerzo alguno que manifieste, como en otras materias, su celo por la pronta ejecución del Concordato.» Y deteniéndose á examinar la medida de la