Revista católica (Barcelona) (1856-04-01 00:00:00), página 40

se referian, y no podían referirse á otra cosa, mas que á la accion del poder civil sobre los delitos contrarios á la Religion; mientras que la base, particularmente después de haber suprimido el adverbio civilmente, impide y excluye igualmente, como ya se ha observado, la accion de la Iglesia. No puede por consiguiente de ningún modo decirse realmente, como aparece del documento español, que la Constitución del Estado, según la base misma, dispone hoy lo que existe de derecho en España desde 1848, en cuyo año se promulgó el Código penal.

Pero por improbable y falta de fundamento que sea la hipótesis, supongamos, sin embargo, por un momento, que de las disposiciones de dicho Código pueda sacarse legítimamente una conjeta, una prueba, una razón cualquiera en favor de lo que se pretende sostener en el mismo despacho. ¿Cómo y con qué conclusión pueden invocarse al efecto las indicadas disposiciones después del hecho sobrevenido de la solemne convención concluida en 1851 entre la Santa Sede y S. M. Católica? Ciertamente no habrá quien no reconozca ó deje de reconocer lo que se verá mejor en breve; á saber, que la letra y el espíritu del Concordato están especialmente dirigidos á robustecer cada vez más en España la unidad católica y á excluir por todos lados cuanto se le oponga ó pueda causarle ofensa ó peligro. Léase ahora el artículo 45 del referido tratado en los términos precisos en que se halla concebido, que son los siguientes: «En virtud de esta solemne convención se tendrán por abolidas, en cuanto se opongan á ella, todas las leyes, disposiciones y decretos, de cualquier modo y forma que hayan sido dadas hasta el dia en los dominios de España; y la misma convención estará en vigor desde ahora en adelante en los mismos dominios como ley del Estado.» Dado, pues, y no concediendo que los varios artículos del Código estableciesen en derecho, como se dice en el despacho, lo que recientemente ha dispuesto la Constitución del reino en la segunda parte de la mencionada base, ó sea que admitiesen el ejercicio privado ó secreto, pero externo de un culto no católico, ello es claro que debieron tenerse por abolidos y sin efecto, porque están en oposición con el Concordato, que en su letra, en su espíritu, fue encaminado por el común consentimiento de las dos partes contratantes á robustecer cada vez más en España la unidad católica, á preservarla de toda ofensa y peligro, á rechazar todo aquello que contribuya á entrar en el camino de la tolerancia y libertad de cultos. Y tanto más se debiera suponer que los susodichos artículos del Código penal fueron comprendidos en el artículo 45 del mismo Concordato, y debieron considerarse como formalmente abolidos, cuanto que la abolición convenida no solo se extiende á todas las leyes, disposiciones y decretos emanados en cualquier modo y forma hasta el dia en los dominios españoles, sino que además el mismo Código aprobado y promulgado por vía provisoria y como ensayo, no había sido aun aprobado ni sancionado definitivamente cuando la solemne convención fue cerrada y estipulada. Si la definitiva aprobación y sanción fuese acaecida posteriormente, ¿qué otra cosa resultaría en la indicada hipótesis, sino una infracción manifiesta del mismo Tratado?

Sin embargo, el documento español pretende sostener que en el sentido de la controvertida base, lejos de encerrar alguna ofensa y daño á la Religion y á la unidad católica, no contiene siquiera la más ligera infracción del Concordato. Y aquí viene bien, aunque sea ligeramente, el hablar de la primera parte de la misma base.

Todo lo que en prueba del asunto se expone en el mencionado despacho está reducido al raciocinio siguiente, que copiamos íntegro y tra-