Revista católica (Barcelona) (1856-04-01 00:00:00), página 61

poco despues: «Que la cuestion es de apreciacion y de recta inteligencia de un artículo, mal redactado ciertamente,» pero cuya redaccion se presta mas á la interpretacion del Gobierno español, que á la que le da la Santa Sede.

Principio es notorio é inconcluso, ya invocado de paso otra vez en esta respuesta, que la interpretacion de cualquier documento, y mucho mas de tratados públicos y solemnes, no se puede ni se debe recurrir al espíritu, cuando la letra, ó sea el sentido literal del texto no presenta dificultad alguna en la debida inteligencia, ni contiene ó supone ningun inconveniente.

Es igualmente un principio incontrovertible, fundado en el derecho de gentes, y universalmente admitido, el que si acaso la letra del texto ofreciese alguna dificultad ó presentase algun inconveniente, por lo que fuera preciso consultar el espíritu del documento, no pertenecer á una sola de las partes contratantes el declararlo, sino que se requiere el concurso de ambas. Y aun haciendo abstraccion de estos principios generalmente reconocidos y admitidos, debe sin duda recordar el Gobierno de S. M. Católica por lo que concierne al Concordato de 1851, que en el artículo 43, despues de haber las dos partes contratantes prometido solemnemente, «por sí y por sus sucesores fiel y religiosa observancia de todas y de cada una de las cosas convenidas,» se añade expresamente que «si en lo sucesivo ocurriese alguna dificultad, el Padre Santo y la Reina Católica se pondrán de acuerdo para resolverla amistosamente.»

Sentado esto, si hipotéticamente hablando, el artículo 38 fuera escrito por vicio de redaccion, como asegura el despacho, y dudosa su inteligencia, aun prestándose mas á la interpretacion del Gobierno, ofreciendo así la menor duda, es inquestionable que el Gobierno mismo, por la fidelidad debida á los pactos estipulados, tendria la obligacion de acudir á la Santa Sede, y de concertarse con ella antes de haber propuesto á la Asamblea la ley de la tal desamortizacion, ó la de venta, que vale lo mismo en el caso presente, de los bienes eclesiasticos.

Por lo tanto, siempre tendrá la Santa Sede el mas claro y fundado derecho de querellarse de la opuesta conducta del Gobierno español. Y ciertamente no se presta ni se inclina de modo alguno á la interpelacion dada y sostenida por este. Y esto resulta con entera evidencia de la letra del artículo, del espíritu con que fue dictado, de su contexto, considerado en relacion con otros articulos del Concordato; y finalmente de hechos posteriores del Gobierno mismo. Conviene, pues, para demostrar estos asertos por su orden epilogar, con la usado y escrupulosa precision, unida á la posible brevedad, la historia de la serie de circunstancias, de hechos que se ligan con la redaccion del mismo Concordato.

En el año de 1844, habiendo empezado á mejorar la causa pública en España, y conociendo su Gobierno de entonces la urgente necesidad de entenderse con la Santa Sede, y de solicitar de ella el posible remedio de las profundas llagas abiertas por la revolucion en el seno de nacion tan ilustre, despues de haber enviado á Roma una persona respetable, con suficiente poder e instrucciones, se dió un Real decreto suspendiendo la venta, que continuaba, de los bienes pertenecientes á la Iglesia; de los cuales solamente continuaron vendiéndose hasta la promulgacion del Concordato los que procedian de comunidades religiosas de varones, por el falso principio, jamás consentido por la Santa Sede, de estar estas suprimidas y extinguidas.

En el subsiguiente año de 1845, en ley de 5 de abril discutida y