Revista católica (Barcelona) (1856-04-01 00:00:00), página 80

«nada haya hecho durante cuatro años para cumplir lo que ella misma consideraba como evidente, lo que en su misma opinión no ofrecía duda alguna?»

Y entrando ahora á examinar, aunque brevemente, el fondo y el objeto principal de los referidos pasos indicados en el despacho español, es necesario mencionar y volver sobre los hechos que tienen relación con ellos. El Concordato, si bien fue concluido y firmado por los plenipotenciarios el 16 de marzo de 1851, y el cambio de las ratificaciones se verificó el 6 de mayo, no fue anunciado en el Consistorio, y la bula de solemne aprobación y confirmación no fue expedida hasta el 3 de setiembre. La Real cédula por consiguiente, que la declaró ley del Estado, no se publicó hasta el 17 de octubre del mismo año. Hasta entonces, como el Concordato mismo no estaba en vía de ejecución, los Prelados diocesanos y su curia no podían dar un paso á fin de activar la venta de que se hallaban encargados, en virtud de los artículos 33 y 38 de aquel acto. Pero ya se ha dicho que todo paso referente ó relativo á la venta debía ser precedido de la devolución efectiva de los bienes; y esta dependía exclusivamente del Gobierno, en cuyo poder se hallaban los bienes mismos. Ahora bien, el decreto por el cual se mandó á quien era conveniente, «la entrega á la Iglesia de los bienes eclesiásticos, á que se refieren los párrafos 4.º del artículo 35, y 3.º del 38 del Concordato celebrado con la Santa Sede,» no fue firmado por la Real mano hasta el 8 de diciembre ni publicado hasta varios días después en la Gaceta oficial de Madrid. Se debió á la enérgica e inastigable laboriosidad de los dos ministros de Hacienda y de Gracia y Justicia de aquel tiempo, que la orden fuese dada en tan breve término desde la solemne promulgación del Concordato como ley del reino; puesto que las cosas que debían arreglarse y disponerse no eran ni tan pocas ni tan indiferentes. Ni mas tarde del día siguiente, es decir, el 9 de diciembre ya dicho, fue firmado por la Reina y publicado algún día después en la citada Gaceta, el otro decreto en que haciendo referencia de los acuerdos convenidos sobre este punto con el Nuncio apostólico, y teniendo fielmente presentes las reglas prescritas en los respectivos artículos del Concordato, se dictaron aquellas mas particulares que se juzgaron convenientes para la exacta e inmediata ejecución de la venta de los bienes, de los que el dia antes se había mandado hacer la devolución y entrega á la Iglesia. Pero de que esta orden tuvo lugar y se publicó formalmente hasta la mitad de diciembre de 1851 debe creerse que efectivamente desde aquel mismo momento los mencionados bienes fueron restituidos y entregados á la Iglesia, hallándose esta por tal razón en disposición desde entonces de empezar los actos de venta.

Y como en el referido decreto se mandó, como era justo, á todas las oficinas de administración de contribuciones directas, estadística y bienes del Estado, la formación en cada una de las diócesis de inventarios duplicados de los bienes raíces, censos, cánones, derechos y acciones que se debían devolver á la Iglesia, y como por una Real orden posterior de 13 del mismo mes, se prescribieron al efecto otras prácticas y formalidades sumamente útiles y oportunas para la mayor regularidad de la entrega, debió esta necesariamente sufrir algún atraso. Cuando fue terminada, un nuevo obstáculo impidió á los Prelados diocesanos el apresurar lo que era conveniente para dar inmediatamente principio á las ventas. Las indicadas administraciones no les habían remitido, á lo menos en lo general, los títulos ó documentos de propiedad de los bienes restituidos. Por lo que á consecuencia de las instancias reiteradas de los mismos Prelados, que ciertamente