Revista católica (Barcelona) (1856-04-01 00:00:00), página 39

"Asamblea progresista no admitió como enmienda la base que hoy presenta la Comisión." Es cierto que el despacho mismo no invoca las mencionadas Constituciones, sino bajo el supuesto "que estaba tolerado de hecho aquello que últimamente dispuso la Constitución del Estado." Pero ¿cómo se prueba y puede razonablemente suponerse, contra la ciencia y el conocimiento general de la nación, que antes de aquel tiempo existiese y fuese admitida en el reino la práctica externa, aunque fuese secreta y privada, de un culto no católico?

Por lo que concierne al Código penal, es necesario notar la gran diferencia de entidad e importancia que hay entre la ley fundamental del Estado, la cual forma y constituye el ser y la suprema ley de la nación, y el Código penal, que en el orden de la legislación, comparado especialmente a la ley fundamental, es secundario, y que califica dos los delitos y las transgresiones, según su diversa índole y gravedad, se limita á fijar y proporcionar las penas á las circunstancias, para norma y guía del que está destinado á aplicarlas. Por consiguiente, aunque las disposiciones del Código, de las que se trata, tuviesen realmente la intención y la fuerza que se les ha dado en el despacho español, todavía sería indudable que se ha perjudicado la unidad católica y ofendido la religión del reino, desde que se trajo á ser parte de la Constitución del Estado aquello que antes solo era una disposición del Código penal.

Pero en verdad que de las palabras del Código penal, en la parte relativa á los delitos contra la Religion, mal se infiere que "esté en el mismo terminantemente establecido, que la publicidad sea la condición esencial del delito religioso, y que se prohiba completamente el impone pena alguna á cualquier acto secreto por contrario que sea á la Religion." No son en realidad los delitos religiosos los únicos que la letra de la ley penal, ahora vigente en España, castiga más ó menos explícitamente como públicos. Sin embargo, nadie dirá que por esta razón se hallan por la misma ley exentos de toda pena, por graves que sean, si cometidos en secreto llegan después á noticia de la autoridad pública. De la misma manera por consiguiente no puede entenderse que el artículo 129 del susodicho Código, en el cual se castiga "al que celebra actos públicos de un culto que no sea el de la religión católica, apostólica, romana con la pena de destierro temporal," atribuya el castigo de semejante delito religioso á la publicidad hasta tal punto de exigir esta como condición esencial para que pueda aplicarse la pena, y no considere ya aquel como delito, cuando la celebración de los actos de un culto no católico se hayan verificado en secreto, aunque por las circunstancias del lugar, del tiempo y de las personas no quede oculto, y que la autoridad pública llegue á saberlo. Si así fuese, las disposiciones del Código penal español de 1848 estarían en contradicción con la ley fundamental del reino, sancionada y publicada en 1845, en la cual, á no dudarlo, no se permitía ni autorizaba de ningún modo el ejercicio externo de un culto no católico, aunque fuese privado y secreto.

Y que este y no otro es el sentido de los artículos en cuestión, y que existe una diferencia sustancial entre las disposiciones del Código penal y la base segunda de la futura Constitución, resulta también del hecho de que los Prelados del reino, que se callaron en aquel tiempo, y como afirmó en la Asamblea un respetable individuo, no hicieron reclamación ni observación alguna sobre los artículos 128 y siguientes, que establecen las penas para los delitos contrarios á la Religion, han levantado la voz, y unánimemente reclamado contra la susodicha base. A todo esto se agrega que las disposiciones del Código penal solo