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Los sagrados exégetas colocan en esta última categoría el criminal incesto de las libidinosas hijas de Lot, que de intento embriagado por ellas, cooperó sin saberlo á un acto reprobado por la misma naturaleza; y no hay expositor que las disculpe, por mas que, según se dijeron una á otra, fuera su mira al perpetrarle, la de «conservar sucesion de su padre,» ut servare possimus ex patre nostro semen; ni por mas que se ayuntaran con quien les diera el ser, porque creyeron las «había de faltar marido según la costumbre de toda la tierra;» nullus virorum remansit, qui possit ingredi ad nos juxta morem universae terrae.

La precipitacion carnal de las incestuosas hijas de Lot las hizo madres, pero no de hijos según el espíritu, sino según la carne; naciendo de su liviandad Moab y Ammon, fundadores de dos pueblos enemigos, aunque originarios del de Dios: el Moabita y el Ammonita, los dos paganos.

Apartemos los ojos del misterio de iniquidad que permitió el Señor se consumara en la casa de Lot, y dirijámoslos á la de Abrahan, para estudiar en ella un argumento mas de cuán encarnado se hallaria en el pueblo escogido el solícito deseo de la generacion, cuando llegaba á cifrarse la felicidad doméstica en el aumento de la familia á toda costa.

Estéril ya Sara por edad, viéndose sin sucesion y desesperando de tenerla, hace el mayor de los sacrificios que puede caber en corazon de esposa, y propone á su marido Abrahan que tome para sí á su esclava Agar; confiando que de ella le dará el vástago que su esterilidad le niega. Su proposicion es aceptada. Realmente Agar concibe de Abrahan á Ismael. Pero este no era hijo de Abrahan según el espíritu de Dios. Otro lo había de ser, y lo fue, conforme por ministerio de Ángeles se lo prometió Dios mas adelante, diciéndole: «En Isaac te será llamada descendencia:» in Isaac vocabitur tibi semen. Y Abrahan y Sara tuvieron á su hijo Isaac en virtud de divina PROMESA, sin intervencion de algun liviano designio, sin aguijon de carnal concupiscencia.
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categóricamente pronunciada, incurrieran en el temerario desacuerdo de aconsejar á V. M. la aceptacion y promulgacion del Código elaborado por las Cortes, cuya mision ha declarado V. M. terminada por Real decreto de 2 del corriente.

Por otra parte, sin cometer un anacronismo inconcebible (tal es la rapidez con que marchan y se condensan los acontecimientos), no podria reproducirse un hecho que se ha desvanecido por la fuerza misma de las cosas; ni, sin incurrir en un grosero absurdo, podria el Gobierno de V. M., erigiéndose en intérprete y ejecutor de una voluntad extinguida, dar fuerza y vigor al proyecto de una Constitucion, qué, según doctrina dominante entre sus mismos autores, no puede promulgarse sin la previa autorización del Parlamento.

La vehemencia con que además siente la opinion la necesidad de que se dote de leyes fundamentales á la Monarquía, hace que, á juicio de los Consejeros responsables de V. M., sea absolutamente imposible diferir hasta la reunion de las próximas Cortes el establecimiento de un régimen constitucional determinado. Semejante vacío prolongaria la incertidumbre y ansiedad de que participan todas las clases sociales; mantendría viva la llama de esperanzas quiméricas, y abandonaria al acaso la nave del Estado por el mismo incierto y ominoso derrotero de que el Gobierno de V. M. está resuelto irrevocablemente á apartarla.

Ávida, en suma, la Europa de un reposo que durante largo tiempo le han robado las guerras de principios y de razas, el choque violento de los partidos y la sangrienta lucha de las nacionalidades, no veria sin zozobra que al cabo de dos años de agitaciones nos aprestásemos á correr nuevos azares, y no habíamos logrado devolver sus condiciones normales al Estado, ni salvar el hondo abismo de la formidable interinidad que nos consume. El juicio del mundo civilizado no seria en tal hipótesis muy favorable á nuestra coruña; y aunque la nacion española se basta á sí misma para desplegar con noble independencia los elementos de su personalidad colectiva, de lo cual en el curso dilatado de su brillante historia ha dado insignes y admirables testimonios, la trabazón de dia en dia mas compleja y estrecha que por el múltiple vínculo de ideas, costumbres, sentimientos, intereses e instituciones une á todos los pueblos del continente, hace que la expansion del egoismo de cada uno no pueda traspasar límites que le traza el movimiento político de otros países.
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Así plantead la cuestion, la solucion se presenta á los ojos del Gobierno tan fácil y sencilla como permiten las complicadas circunstancias, bajo cuya fatal presion yace en estos momentos el Estado. El problema, Señora, se reduce á escoger entre las diferentes fórmulas de organización constitucional practicadas en España, desde que por primera vez nos asociamos al agitado movimiento político desarrollado á fines del pasado siglo en la Europa occidental, aquella que satisfaga mas cumplidamente los deseos legítimos de los pueblos; aquella que, respetando y conservando en vez de dilapidar locamente el glorioso patrimonio de las tradiciones nacionales, deje al mismo tiempo abierto el camino al influjo progresivo de una civilización que ni muere, ni desfallece, ni reposa; aquella que, tributando un justo homenaje al principio inconcuso de libertad, no incurra en la preocupación, queafortunadamente se va ya anticiando, de considerarle como el objeto único y supremo del Estado; aquella, por último, cuyas prescripciones, sincera y lealmente guardadas y observadas, sean el escollo donde vengan á estrellarse lo mismo las usurpaciones de Ministerios mal inspirados, que los ciegos embates de la turbulenta muchedumbre.

Que la Constitución promulgada en Cádiz el 19 de marzo de 1812 no llena estas condiciones, ni se adapta al estado político-social de la monarquía española, es una tesis elevada ya á la categoría de las verdades mas triviales. Sus mismos ilustres autores lo reconocieron lealmente así, cuando calmado el fervor de los primeros ímpetus y amaestrados por extraños y propios escarmientos, contemplaron á la luz de la experiencia y de los adelantos de la política la impracticabilidad y esterilidad de aquellas máximas, cuyo falso brillo los había primero deslumbrado. No de otra manera se concibe que las Cortes generales convocadas por Real decreto de 21 de agosto, y reunidas en 24 de octubre de 1836 para revisar aquel Código, hubieran introducido en él reformas sustanciales, alterado profundamente su espíritu y tendencias, variado de todo punto su estructura, y hecho, por decirlo de una vez, la nueva Constitución que, aceptada por la augusta madre de V. M., como Reina Gobernadora, fue promulgada el 18 de junio de 1837.

Aunque esta legislación constitucional llevaba grandes ventajas á la forma política que vino á sustituir transfigurándola, vuestros Ministros, Señora, después de haber examinado
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con todo detenimiento la materia, no pueden aconsejar á V. M. su restablecimiento. Prescindiendo de los defectos de que adolece, hijos unos de las preocupaciones reinantes cuando se elaboró, y fruto otros del conjunto de circunstancias extraordinarias que ocasionaron la caída violenta del Estatuto Real, y que ahogaron en embrión el proyecto de su reforma, prescindiendo de la organización viciosa que aquella Constitución dió al cuerpo moderador, despojándole de sus verdaderos y esenciales caracteres, y reduciéndole al propio papel de una Cámara popular disfrazada, existe un hecho que los Consejeros responsables de V. M. ni pueden suprimir, ni dejar de tomar en la más seria consideración. Este hecho importantísimo y decisivo, que sobresale en la historia precipitada y multiforme de las vicisitudes políticas por que ha pasado la Nación; este hecho, que es algo más que un fenómeno accidental y transitorio, y que por sus antecedentes, magnitud, duración, resultados y trascendencia ha estampado una honda y tenaz huella en todos los espíritus; este hecho engendrado por el concurso sincero, voluntario y armónico de los poderes políticos, y exento de la mancha original, que la violencia suele imprimir á sus obras; este hecho que, desarrollándose natural y progresivamente, dotó á la España de un sistema cuya influencia irresistible se hace sentir aun en las más atrevidas y singulares concepciones de los partidos militantes; este hecho, á cuya sombra iban las conquistas de la revolución naturalizándose y venciendo la suspicacia, el desden y la obstinada antipatía del tradicionalismo; este hecho es la Constitución de 1837 reformada; este hecho es la Constitución de 23 de mayo de 1845.

Derribada por las ilógicas consecuencias de un movimiento iniciado para protegerla contra las agresiones de Ministerios temerarios, su espíritu, que sin embargo le ha sobrevivido, ayudado de los hábitos de subordinación que restableciera y confirmara, sirvió de antídoto al tóxico mortal de ciertas doctrinas; contuvo más de una vez la inminente irrupción de la demagogia, y salvó á nuestra patria de la marca de infamia que la opinión del mundo estampa en la frente de los pueblos que se prostituyen y disuelven.

La ley fundamental de 1845 merece, pues, á juicio de vuestros Ministros responsables, una indisputable preferencia entre todas las fórmulas constitucionales ya ensayadas que pudieran disputarse el dominio del Estado. Pero su restablecimiento no se opone en ningún modo á que V. M., de
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acuerdo con las Cortes, y siguiendo el ejemplo feliz de otras naciones, someta el mencionado Código, en la parte que fuere absolutamente indispensable, á una elaboracion complementaria, la cual corrija sus defectos, llene aquellos vacíos que en él haya notado la experiencia, cierre la puerta á peligrosas y abusivas interpretaciones, vigorice el principio parlamentario, y agote, cuanto cabe en lo humano, el manantial de conflictos lamentables.

Las modificaciones que en este sentido se digne establecer interinamente V. M., y proponer á la deliberacion de los demás poderes del Estado, lejos de alterar el fondo de la Constitucion servirán para comunicarle vitalidad y energía, para facilitar el desenvolvimiento de los secundos gérmenes que contiene, para hacer mas penetrante y luminoso el espíritu que le anima, para salir al encuentro de las torcidas interpretaciones con que la malevolencia partidaria intentaría acaso manchar un acto esencialmente imparcial y reparador, para dar, en fin, á la Nacion un nuevo y solemne testimonio de que el blando cetro que ha depositado la Providencia en las augustas manos de V. M., es la mas segura fianza de sus derechos y libertades.

Además de los fundamentos racionales en que se apoyan estas lisonjeras esperanzas, acuden á fortalecerlas multitud de hechos atestiguados por la historia de otros pueblos, que, ó han anudado simultáneamente con el nuestro la interrumpida cadena del régimen representativo, ó disfrutado la envidiable dicha de que las vicisitudes que sufrieron, lejos de entorpecerle, facilitasen el desarrollo de la rica semilla depositada en el seno de la Europa romana por las vigorosas tribus del Norte. Algunas cláusulas de mas ó menos trascendencia, añadidas ó incorporadas al Código constitucional preponderante, han bastado, Señora, en esos pueblos á calmar la febril agitacion de las facciones y á templar la devoradora sed de nuevas mudanzas políticas.

Al aconsejar, Señora, á V. M., vuestros Ministros el restablecimiento de la ley fundamental de 1845, no desconocen la gravedad de esta providencia, ni dejan de presentir las objeciones que la inflexibilidad de los partidos extremos, la vanidosa dialéctica de las escuelas radicales y el ciego fanatismo de la pasion política emplearán á fin de desvirtuarla. Pero íntimamente convencidos de que solo un esfuerzo vigoroso es capaz de llevar la salud al enfermo organismo del Estado, ni un instante siquiera han vacilado en propo-
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ner á V. M. una determinacion imperiosamente reclamada por la conveniencia y por la justicia.

El Trono que en las mas criticas ocasiones de nuestra tempestuosa historia aparece como el punto de cohesion de los variados elementos constitutivos de la nacionalidad; el Trono que sale cada vez mas acrisolado y mas fuerte de las tormentas revolucionarias, á cuyos destructores embates se desploman y caen las instituciones inventadas por el orgulloso espíritu de sistema; el Trono de V. M. desmentiria sus gloriosos antecedentes y abdicaria su mision secular si ahora, como siempre, no tomara una iniciativa salvadora.

Dignándose, pues, V. M. adoptar la trascendental resolucion que reverentemente le proponemos, y cuando esta haya dado en la gobernacion del Estado sus primeros y mas saludables frutos, la indispensable intervencion de las Cortes, que serán convocadas para concurrir con el Gobierno de V. M. á robustecer las garantias contenidas en el Código de 1845, aumentará la eficacia regeneradora de la última forma de que se ha revestido entre nosotros el régimen destinado á ser largo tiempo la ley que regule la politica interior de los pueblos europeos; régimen, no ya fundado en el principio de la mutua desconfianza y antagonismo de los poderes publicos, sino sobre el sólido fundamento de su reciproca armonía.

Movidos por estas consideraciones, penetrados de estos sentimientos, animados de estos deseos, vuestros Ministros responsables someten á la augusta aprobacion de V. M. los adjuntos proyectos de Real decreto y acta adicional á la Constitucion; pareciéndoles que cerrado ya para el pueblo español el triste período de los errores y de las expiaciones, raya por fin en su horizonte el dia tan suspirado en que la revolucion que estalló en 1808, purificada á sus propios ojos, consagrada con la doble sancion de la razon pública y de la Autoridad Real, llegada á su providencial madurez, aprenda en lo pasado, use con prudencia de lo presente, y conquiste con ardor lo venidero.

Madrid 15 de setiembre de 1856.—Señora:—A L. R. P. de V. M., Leopoldo O'Donnell.—Nicomedes Pastor Diaz.—Cirilo Alvarez.—Manuel Cantero.—Pedro Bayarri.—Antonio de los Rios y Rosas.—José Manuel Collado.

Real decreto.—Tomando en consideracion las razones expuestas por mi Consejo de Ministros, vengo en decretar lo siguiente:
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Artículo 1.º Queda restablecida la Constitucion de la monarquía española, promulgada en 23 de mayo de 1843.

Art. 2.º Entre tanto que las Cortes, de acuerdo con mi autoridad, resuelvan lo conveniente, quedará modificada dicha Constitucion por la siguiente acta adicional, que se guardará y cumplirá como parte integrante de la misma Constitucion, luego que se publique este mi Real decreto.

Dado en Palacio á 15 de setiembre de 1856.—Está rubricado de la Real mano.—El Presidente del Consejo de Ministros, Leopoldo O'Donnell.

Acta adicional á la Constitucion de la Monarquía española.

Artículo 1.º La calificacion de los delitos de imprenta corresponde á los Jurados, salvas las excepciones que determinen las leyes.

Art. 2.º Promulgada la ley de que trata el art. 8.º de la Constitucion, el territorio á que aquella se aplique se regirá, durante la suspension de lo prescrito en el artículo 7.º de la misma Constitucion, por la ley de orden público, establecida de antemano. Pero ni en una ni en otra ley se podrá autorizar al Gobierno para extrañar del reino á los españoles, ni para deportarlos ni desterrarlos fuera de la Península.

Art. 3.º La primera creacion de Senadores no podrá exceder de ciento cuarenta. Hecha esta, solo podrá el Rey nombrar Senadores cuando estén abiertas las Cortes.

Art. 4.º La ley electoral de Diputados á Cortes determinará si estos han de acreditar ó no el pago de contribucion ó la posesion de su renta.

Art. 5.º Aun cuando sea de escala el empleo que admita el Diputado á Cortes, quedará este sujeto á reeleccion.

Art. 6.º Durante cada año estarán reunidas las Cortes á lo menos cuatro meses, contados desde el dia en que se constituya definitivamente el Congreso.

Art. 7.º Cuando entre los dos Cuerpos colegisladores no haya conformidad acerca de la ley anual de presupuestos, regirá en el año correspondiente la ley de presupuestos del año anterior.

Art. 8.º Sin previa autorizacion del Congreso no se podrá dictar sentencia contra los Diputados á quienes se refiere el artículo 41 de la Constitucion.

Art. 9.º Además de los casos enumerados en el artículo
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46 de la Constitucion, el Rey necesitará estar autorizado por una ley especial:
1.º Para conceder indultos generales y amnistías.
2.º Para enajenar en todo ó en parte el patrimonio de la Corona.

Art. 10. También necesitará el Rey estar autorizado por una ley especial para contraer matrimonio, y para permitir que le contraigan los que sean súbditos suyos y estén llamados por la Constitución á sucederle en la Corona.

Art. 11. Habrá un Consejo de Estado, al cual oirá el Rey en los casos que determinen las leyes.

Art. 12. La ley orgánica de Tribunales determinará los casos y la forma en que gubernativa y disciplinariamente podrá el Rey trasladar, jubilar y declarar cesantes á los Magistrados y Jueces.

Art. 13. El Rey solo podrá nombrar Alcaldes en los pueblos que tengan cuarenta mil almas, y en los demás ejercerá en los nombramientos de los Alcaldes la intervención que determine la ley.

Art. 14. Las listas electorales para Diputados á Cortes serán permanentes. Las calidades de los electores se examinarán en todas las instancias en juicio público y contradictorio.

Art. 15. Dentro de los ocho días siguientes á la apertura de las Cortes, el Gobierno presentará al Congreso las cuentas del penúltimo año y el presupuesto para el año próximo venidero.

Art. 16. Las Cortes deliberarán sobre la ley á que se refiere el artículo 79 de la Constitución, antes de deliberar sobre la ley de presupuestos.

Dado en Palacio á 13 de setiembre de 1856.—Está rubricada de la Real mano.—El Presidente del Consejo de Ministros, Leopoldo O'Donnell.

CONSTITUCION DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA DE 1845.

Doña Isabel II, por la gracia de Dios y la Constitución de la Monarquía española, Reina de las Españas; á todos los que las presentes vieran y entendieren, sabed: Que siendo nuestra voluntad y la de las Cortes del reino regularizar y poner en consonancia con las necesidades actuales del Estado los antiguos fueros y libertades de estos reinos, y la in-
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tervencion que sus Cortes han tenido en todos tiempos en los negocios graves de la Monarquía, modificando al efecto la Constitucion promulgada en 18 de junio de 1837, hemos venido en union, y de acuerdo con las Cortes actualmente reunidas, en decretar y sancionar la siguiente

Constitución de la Monarquía española.

TÍTULO I.—De los españoles.

Artículo 1.º Son españoles:
  1.º Todas las personas nacidas en los dominios de España.
  2.º Los hijos de padre ó madre españoles, aunque hayan nacido fuera de España.
  3.º Los extranjeros que hayan obtenido carta de naturaleza.
  4.º Los que sin ella hayan ganado vecindad en cualquier pueblo de la Monarquía.
    La calidad de español se pierde por adquirir naturaleza en país extranjero, y por admitir empleo de otro Gobierno sin licencia del Rey.
    Una ley determinará los derechos que deberán gozar los extranjeros que obtengan carta de naturaleza ó hayan ganado vecindad.
Art. 2.º Todos los españoles pueden imprimir y publicar libremente sus ideas sin prévia censura, con sujeción á las leyes.
Art. 3.º Todo español tiene derecho de dirigir peticiones por escrito á las Cortes y al Rey, como determinen las leyes.
Art. 4.º Unos mismos códigos regirán en toda la Monarquía.
Art. 5.º Todos los españoles son admisibles á los empleos y cargos públicos, según su mérito y capacidad.
Art. 6.º Todo español está obligado á defender la patria con las armas cuando sea llamado por la ley, y á contribuir en proporcion de sus deberes para los gastos del Estado.
Art. 7.º No puede ser detenido, ni preso, ni separado de su domicilio ningun español, ni allanada su casa sino en los casos y en la forma que las leyes prescriban.
Art. 8.º Si la seguridad del Estado exigiere en circunstancias extraordinarias la suspension temporal en toda la Mo-
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narquía ó en parte de ella, de lo dispuesto en el artículo anterior, se determinará por una ley.

Art. 9.º Ningún español puede ser procesado ni sentenciado sino por el juez ó tribunal competente, en virtud de leyes anteriores al delito y en la forma que estas prescriban.

Art. 10 No se impondrá jamás la pena de confiscación de bienes, y ningún español será privado de su propiedad sino por causa justificada de utilidad común, prévia la correspondiente indemnización.

Art. 11 La religión de la nación española es la católica, apostólica, romana. El Estado se obliga á mantener el culto y sus ministros.

TITULO II.—De las Cortes.

Art. 12. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey.

Art. 13. Las Cortes se componen de dos Cuerpos colegisladores, iguales en facultades: el Senado y el Congreso de los diputados.

TÍTULO III.—Del Senado.

Art. 14. El número de senadores es ilimitado: su nombramiento pertenece al Rey.

Art. 15. Solo podrán ser nombrados senadores los españoles que además de tener treinta años cumplidos pertenezcan á las clases siguientes:
Presidentes de alguno de los Cuerpos colegisladores.
Senadores ó diputados admitidos tres veces en las Cortes.
Ministros de la Corona.
Consejeros de Estado.
Arzobispos.
Obispos.
Grandes de España.
Capitanes generales del ejército y armada.
Tenientes generales del ejército y armada.
Embajadores.
Ministros plenipotenciarios.
Presidentes de Tribunales Supremos.
Ministros y fiscales de los mismos.
Los comprendidos en las categorías anteriores deberán además disfrutar de 30,000 rs. de renta procedente de bienes propios, ó de sueldos de los empleos que no pueden perder-
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se sino por causa legalmente probada, ó de jubilacion, retiro ó cesantía.

Títulos de Castilla que disfruten 60,000 rs. de renta.
Los que paguen con un año de antelacion 8,000 rs. de contribuciones directas, y hayan sido senadores ó diputados á Cortes, ó diputados provinciales, ó alcaldes en pueblos de 30,000 almas, ó presidentes de juntas ó tribunales de comercio.
Las condiciones necesarias para ser nombrado senador podrán variarse por una ley.
Art. 16. El nombramiento de los senadores se hará por decretos especiales, y en ellos se expresará el título en que, conforme al artículo anterior, se funde el nombramiento.
Art. 17. El cargo de senador es vitalicio.
Art. 18. Los hijos del Rey y del heredero inmediato de la Corona son senadores á la edad de veinte y cinco años.
Art. 19. Además de las facultades legislativas corresponde al Senado:
1.º Juzgar á los ministros cuando fueren acusados por el Congreso de los diputados.
2.º Conocer de los delitos graves contra la persona ó dignidad del Rey, ó contra la seguridad del Estado, conforme á lo que establezcan las leyes.
3.º Juzgar á los individuos de su seno en los casos y en la forma que determinaren las leyes.

TÍTULO IV.—Del Congreso de los diputados.

Art. 20. El Congreso de los diputados se compondrá de los que nombren las juntas electorales en la forma que determine la ley. Se nombrará un diputado á lo menos por cada cincuenta mil almas de la poblacion.
Art. 21. Los diputados se elegirán por el método directo, y podrán ser reelegidos indefinidamente.
Art. 22. Para ser diputado se requiere ser español, del estado seglar, haber cumplido veinte y cinco años, disfrutar la renta procedente de bienes raíces ó pagar por contribuciones directas la cantidad que la ley electoral exija, y tener las demás circunstancias que en la misma ley se presijen.
Art. 23. Todo español que tenga estas calidades, puede ser nombrado diputado por cualquiera provincia.
Art. 24. Los diputados serán elegidos por cinco años.
Art. 25. Los diputados que admitan del Gobierno ó de