Revista católica (Barcelona) (1855-09-01 00:00:00), página 34

graves suposiciones como las que contiene la Nota del Representante de la Santa Sede merecen ser clara y solemnemente refutadas y desvanecidas. De este modo parecerá mas y mas censurable á los ojos del mundo la conducta de la Santa Sede, si, lo que no es de esperar en su prudencia, con hacer públicas semejantes suposiciones ofreciese autorizados pretextos á los enemigos del orden para alterarlo en la Península, creando una complicación mas al Occidente, que hoy, en tan rica como legítima lucha, tiene distraídas su atención y sus fuerzas. De este modo será menos excusable ante la historia la facilidad con que hoy se lanza la Santa Sede á agravar y á hacer mas peligrosa y difícil la suerte de una nación sumisa siempre á sus espirituales preceptos, que la ha ayudado generosamente en días de desventura, que tenía derecho á esperar, por esto al menos, cuando no benevolencia, recta y desapasionada justicia. Pero aun cuando con demostrar que no ha inferido la menor ofensa á la Religión ni á la Iglesia pudiera cumplir su propósito el Gobierno de la Reina, no por eso dejará de hacer patente en breves palabras que tampoco ha infringido gratuitamente el Concordato de 1831, poniendo en contradicción abierta su conducta con la legalidad existente. Así se comprenderá del todo cuán profunda ha debido ser la sorpresa del Gobierno de S. M. al ver la grave determinación de Su Santidad, y los duros términos con que le ha sido anunciado.

La más importante de las discusiones entabladas por Su Santidad con el Gobierno de la Reina, y la que más carácter tiene de discusión religiosa, es la que se refiere á la base segunda de la futura Constitución del Estado, votada por las Cortes constituyentes, que dice de esta manera:

«La nación se obliga á mantener y proteger el culto y los ministros de la religión católica que profesan los españoles. Pero ningún español ni extranjero podrá ser perseguido por sus opiniones ó creencias mientras no las manifieste con actos públicos contrarios á la Religión.» Y bien puede decirse sin reparo que no hay en la Constitución de ningún pueblo católico, en las leyes civiles de ningún pueblo cristiano, un testimonio más vivo de religiosidad y de fe: se obliga la nación á mantener el culto, se obliga á protegerlo; declara que el católico es el que profesan sus hijos, todos sus hijos. Esto, menos que esto, decía la Constitución anterior: obligábase en ella la nación á mantener el culto, declarábase que el católico era el de los españoles; pero no se obligaba la nación á protegerlo como se obliga por la presente. En ella queda terminantemente prohibido todo acto público contrario á la Religión; y no se autorizan por eso los secretos, nó, sino que se consideran fuera de la acción de las leyes. La unidad católica queda intacta. ¿Qué es, pues, lo que ha dado causa á las reclamaciones de Roma? ¿Cuáles son, pues, las palabras con que se ofende en la base constitucional á la Religión y á la Iglesia? Por extraño que parezca, por sensible que sea proclamarlo, fuerza es decir que lo que encuentra injusto la Santa Sede es que no se persiga, según la base, á ningún español ni extranjero por sus opiniones ó creencias mientras no las manifieste por actos públicos contrarios á la Religión. Bien pudiera el Gobierno de la Reina presentar sin comentarios este hecho á la consideración del mundo católico. Cuando la unidad religiosa no quedase intacta; cuando el Estado, manteniendo y protegiendo el culto católico, no persiguiese sin embargo á ningún ciudadano por actos contrarios á la Religión, todavía no podría tacharse al Gobierno español de mal católico; que eso y más toleran, que eso y más hacen y dejan hacer la mayor parte de los Gobiernos católicos, aquellos á quienes más debe la Santa Sede. ¿Qué