Revista católica (Barcelona) (1856-04-01 00:00:00), página 44

aquel supuesto acuerdo, no tiene más explicación que el convencimiento que abrigaba quien de él se valió de la oposición abierta en que están la base constitucional y el primer artículo del Concordato.

No es este artículo el único que queda lastimado y violado en la base constitucional. En el segundo, que se presenta como consecuencia del primero, y que en este mero hecho explica y corrobora el pensamiento que hasta aquí se va sosteniendo, se dispuso y estipuló expresamente que «la instrucción en las universidades, colegios, seminarios y escuelas públicas ó privadas, de cualquiera clase, será en todo conforme á la doctrina de la misma religión católica;» á cuyo fin se convino también en que no se pondrá impedimento alguno á los Obispos y demás prelados diocesanos, encargados por su ministerio de velar sobre la pureza de la doctrina de la fe y de las costumbres, y sobre la educación religiosa de la juventud en el ejercicio de este cargo, aun en las escuelas públicas.

Y en el tercero se aseguró en estos términos plena libertad á los Prelados en el ejercicio de sus facultades: tampoco se pondrá impedimento alguno á dichos Prelados ni á los demás sagrados ministros en el ejercicio de sus funciones, ni los molestará nadie bajo ningún pretexto en cuanto se refiera al cumplimiento de los deberes de su cargo; antes bien cuidarán todas las autoridades del reino de guardarles y de que se les guarde el respeto y consideración debidos, según los divinos preceptos, y de que no se haga cosa alguna que pueda causarles desdoro ó menosprecio. S. M. y su real Gobierno dispensarán asimismo su poderoso patrocinio y apoyo á los Obispos en los casos que le pidan, principalmente cuando hayan de oponerse á la malignidad de los hombres que intenten pervertir los ánimos de los fieles y corromper sus costumbres, ó cuando hubiere de impedirse la publicación, introducción ó circulación de libros malos y nocivos.

Pues bien, hallándose autorizados implicitamente, conforme á la segunda parte de la base constitucional, ó quedando al menos, según el despacho español, fuera de la acción de la ley de las autoridades civiles y eclesiásticas los actos contrarios á la Religión mientras no se practiquen ante el público, resulta, como imprescindible consecuencia, que la enseñanza privada de las doctrinas anticatólicas está fuera de la ley, y no podrá ser estorbada y reprimida por la potestad civil ni por la eclesiástica, ó lo que es lo mismo, queda implicitamente autorizada y consentida.

¿Y es esto mas, por ventura, que una infracción flagrante del artículo 2.º del Concordato, en el cual se estipula con las mas terminantes palabras que la enseñanza «pública y privada en todas las escuelas, cualesquiera que sean su índole y naturaleza, habrá de ser enteramente conforme á la doctrina de la religión católica?» Y si en virtud de la base constitucional queda consentida y fuera de la acción civil y eclesiástica la enseñanza privada y secreta de doctrinas antíacas, ¿cómo ha de permanecer en plena integridad y amplitud el libre ejercicio del derecho y del deber recíproco, garantido formalmente á los Obispos por el art. 2.º del Concordato de velar sobre la pureza de la fe y de las costumbres, y sobre la educación religiosa de la juventud? ¿Cómo puede concederse, y con qué fruto han de invocar los obispos el apoyo y protección del poder civil contra las ocultas tramas y los tenebrosos designios de las personas interesadas en deprimir el entendimiento y corromper las costumbres de los incultos, y contra la impresión secreta y la insidiosa introducción y circulación de perniciosos libros? Los abusos y desórdenes que han debido deplorarse y deploran sin tregua los buenos españoles, consecuencia de la aproba-