Revista católica (Barcelona) (1856-04-01 00:00:00), página 64

paña volverá prontamente á entrar en posesion de aquellos bienes eclesiásticos no comprendidos en la restitucion ya decretada en 1845, y que aun no han sido vendidos; que se darán además á la misma Iglesia en plena é irrevocable propiedad nuevas rentas que basten á proveer con el debido decoro á los gastos del culto divino, al sostenimiento de los prelados, capítulos, párrocos, seminarios y de todo el Clero y los demás usos eclesiásticos y piós: á cuyo propósito, el infrascrito tiene el honor de repetir aquí que los ministros del altar no serán considerados de igual condicion que los magistrados empleados que gozan sueldo del Estado, sino que la Iglesia de España tendrá para los usos antedichos una dotacion congrua no menos que segura, libre é independiente. Además le será garantido á la Iglesia española el derecho de hacer nuevas adquisiciones, del cual ha gozado desde tantos siglos, y las nuevas fundaciones gozarán de los mismos derechos que las antiguas, sin que pueda hacerse sobre ellas ninguna supresion, union ó otra cosa, sin la intervencion de la autoridad de la Santa Sede, salvas solamente las facultades dadas á los Obispos por el sacro concilio de Trento.

A tan francas y leales declaraciones, la caridad, el celo y la amorosa propension del Santo Padre hacia la católica España no pudieron contenerse por mas tiempo, y el representante de la Santa Sede, honrado con el titulo de delegado apostólico, revestido de las facultades y poderes necesarios al cumplimiento de su mision, y provisto además de las credenciales de Nuncio ordinario, para presentarlas á su debido tiempo, salió de Roma para Madrid en abril del mismo año de 1847.

En todo el primer año de la estancia en España del delegado apostólico, se arreglaron y reordenaron bastantes cosas de suma urgencia y grande utilidad para la Religion y la Iglesia, de modo que, dejando la delegacion apostólica, pudo tomar su caracter de Nuncio en julio de 1848; sin embargo, y por la connocion casi general de Europa, estando absorbida por tantos y tan graves objetos la atencion del ministerio, presidido entonces por el señor general Narvaez, duque de Valencia, no tuvo ni tiempo ni espacio, ni oportunidad de dirigirla á la dotacion del Clero, ó á las iniciativas del Concordato que se pensaba ajustar. Empero, al principio de 1849, el Gobierno por sí mismo, y mediando solo algunas conferencias con el Nuncio apostólico, sometió á las Camaras un proyecto de dotacion, el cual, discutido y votado por gran mayoria en el Congreso de diputados y en el Senado, y sancionado por la Reina en 3 de abril del mismo año, tuvo fuerza de ley. El proyecto, que en sustancia, y hecha alguna modificacion conveniente á la mente ya manifestada por la Santa Sede, era el mismo á que aquella había mostrado inclinarse desde el principio, porque ofrecia mas seguridad é independencia que los otros, tuvo precisamente el fin de subsanar en algun modo á la Iglesia de las enormes perdidas que habia sufrido en sus temporalidades, y de dotarla, en cuanto lo permitian las circunstancias, en bienes fundos, conforme al artículo 9 de la convencion no ratificada en 1845, y según las promesas posteriores hechas oficialmente por el plenipotenciario español en su citada nota de 1.º de enero de 1847.

Al cabo de poco tiempo, por otra ley de 8 de mayo de dicho año de 1849, discutida y votada igualmente por las Cortes, y sancionada por S. M., quedó autorizado el Gobierno á tratar con la Santa Sede sobre el modo de arreglar y sistematizar permanentemente de comun acuerdo entre las dos supremas potestades, los asuntos eclesiasticos del reino; y desde entonces se entablaron las negociaciones sobre el Con-