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Revista católica (Barcelona) (1856-04-01 00:00:00), página 97

Apélese únicamente á un hecho de notoriedad pública, de reciente memoria, de fresquisima data, al hecho que se halla consignado en el artículo 42 de la última solemne Convencion, por el que el Padre Santo, á instancia de S. M. Católica, á fin de atender á la tranquilidad pública, había llegado «á decretar y declarar que los que durante las pasadas circunstancias del católico reino hubiesen comprado bienes eclesiásticos, al tenor de las leyes civiles á la sazon vigentes, y estuviesen en posesion de ellos, así como los que hubieran sucedido ó estuvieran para suceder á los mismos compradores, no serán en ningun tiempo ni manera molestados por Su Santidad ni por los Pontifices romanos sus sucesores; antes bien así ellos como sus causahabientes, disfrutarán segura y pacíficamente de la propiedad de dichos bienes así como de los emolumentos y rentas de los mismos bienes.»

Estos son los hechos y las observaciones que la Santa Sede se ha visto, como se indicó al principio, en la desagradable necesidad de contraponer al despacho circular tantas veces citado. Con solo que el Gobierno español fije desapasionadamente su atencion sobre cuanto se ha expuesto, no podrá menos de reconocer el lenguaje puro de la verdad y de la razon. Y siguiendo los impulsos de una y otra no podrá dejar de sentirse dispuesto á poner por obra todos aquellos medios que estén á su alcance para reparar los graves males que desde algun tiempo afligen á la Iglesia en España. Esto espera con confianza y auehela con sus votos el augusta Jefe de esta, siempre animado de la mas viva solicitud y de especial y paternal benevolencia hacia la católica nacion española.

Secretaria de Estado, 26 de diciembre de 1853.
Revista católica (Barcelona) (1856-04-01 00:00:00), página 98

CRÓNICA DE ESPAÑA.

Plausibles declaraciones en favor de la Unidad católica.—Tuvieron lugar en la sesión de las Cortes españolas del 23 de febrero próximo pasado. Fue su excitador el botafuegos parlamentario del Sr. Batllés, que tenía la palabra para dirigir al Gobierno una pregunta. Antes de hacérsela, quiso vindicarse y protestar contra algunas imputaciones que dijo se le hacían, y seguidamente, sin aprensión ninguna, se expresó en los siguientes términos: «Opinan muchos que soy «protestante, y debo decir á los que así me juzgan que he «nacido en el gremio de la Iglesia católica, y que moriré «igualmente en esas mismas creencias.» —Si aquí se detu- viera su señoría, menos mal; pero continúa y dice: «Ahora, si por protestante se entiende aquel que protesta con- tra los vicios sin cuenta, contra los inauditos desafueros, «repreensible egoísmo, superchería escandalosa y mortífera «de la corte de Roma!!! y finalmente contra la descarada y «criminal desobediencia á las autoridades constituidas, ejer- «cida siempre...e...e...e..., pero, con mayor escándalo en «nuestros días, por un gran número de eclesiásticos, desde «el Papa hasta el último sacristan... si todo esto es ser PRO- «TESTANTE, confieso que lo soy, y lo son conmigo todos los «buenos católicos...»—¡Pobre del Catolicismo español con algunos millares que tuviera de buenos católicos por ese estilo! El Sr. Batllés no será protestante, pero no les va en zaga en frenética y calumniosa charlatanería á los Viclefes y Luteros, que para fundar el Protestantismo, empezaron es- cupiendo y mordiendo, como canes rabiosos, al Vicario y mi- nistros todos de Jesucristo, y acabaron destrozando con igual mordacidad el santo dogma. Primera víctima que acosaron;
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el cuerpo: segunda; el espíritu de la Iglesia. ¿Pensará el Sr. Batllés pararse en el primer acto? — «Un abismo lleva á otro.» — ¿Esta ley de los caminos del error, dejaría de serlo para su señoría? Luego veremos cómo el señor Ministro de la Gobernación, oído que hubo su pregunta, le señaló, respondiendo al Sr. Batllés, ese segundo abismo que nosotros le señalamos. Hé aquí la pregunta y la respuesta:

«El Sr. Batllés: Voy á ella. Hace algunos días que se imprimió en Madrid la sagrada Escritura, tomando por tipo la Biblia del P. Scio, y se ha impedido su circulación por el Vicario eclesiástico de Madrid. Tal vez sería fácil adivinar los motivos que el señor Vicario ha tenido para impedir esa circulación.

«Dirá que la sagrada Escritura no va seguida de los libros apócrifos ni de las notas del P. Scio... Yo quisiera que el señor Ministro de la Gobernación me dijera, si rigiendo la legislación de imprenta de 1820, y estando arreglada la Biblia (cuya circulación se ha impedido) al texto de la del P. Scio, se ha podido decretar esa medida por la autoridad eclesiástica.»

«El Sr. Escosura, ministro de la Gobernación: El Ministro podía y debiera acaso de abstenerse de contestar á esto que se llama pregunta, por la manera irregular con que se trae al debate, estando marcado en el reglamento el modo y forma de promover aquí estas discusiones... A pesar de la manera irregular como se ha traído aquí esta cuestión, el Ministro va á decir algunas palabras, porque las de su señoría no pueden pasar sin correctivo.

«Señores, para preguntar al Gobierno si es cierto que no el Vicario de Madrid, sino la autoridad competente, excitada por el Vicario, ha prohibido la circulación de ese libro religioso, ¿se necesitaba el discurso del Sr. Batllés? ¿Se necesitaba por ventura una recopilación de cargos contra todos los ministros de la Iglesia, comprendiendo hasta el Pontífice romano, cabeza visible de la Iglesia de Jesucristo y Soberano temporal? (Murmullos).
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VICTORIOSA DEFENSA DE LA SANTA SEDE
CONTRA EL FAMOSO MEMORANDUM.

Pretension de no haberse saltado al Concordato.—Apología de la desamortización eclesiástica.—Hubiera sido mucho más franco y verídico el Memorandum, al defender los actos de la política que se hizo el propósito de sincerar á la faz de Europa, si, en vez de una pueril insistencia en presentarla consecuente con el Concordato, la excusara, en formas de buen género, manifestándola bajo el carácter de una consecuencia forzosa del movimiento revolucionario que levantó al imperio aquella política y determinó indeclinablemente la índole de sus actos, tales como la Santa Sede los deplora.

¿Qué Gobierno, creado en fuerza de un sacudimiento popular de las proporciones que el del año 1834; con una suma espantosa de tendencias y exigencias tan opuestas y temibles, que no era posible acallarlas y disponerlas á una conciliación, sino sacrificando algo, cuando las circunstancias amenazaban cerrar y acabar con todo, singularmente con cuanto habían hecho los últimos ministerios; ¿qué Gobierno, repetimos (pudo decir el Memorandum), en medio de tan ardua crisis hubiera tenido la fuerza necesaria para ceñirse á una política de mera conservación, siendo así que, á menos de abdicar en las manos de una revolución asoladora, de aquellas que nada de cuanto las contraria se conforman á dejar en pie, debía moverse á su pesar con los que se movían, y dar algunos pasos no tan indecisos como quisieran unos, ni tan decididos y precipitados como pretendieran otros?

Con alguna más habilidad en el redactor del Despacho español, mejor que permitiéndose basar la conducta de sus patrocinados, en el texto del Concordato, hubiera podido, si no disculpar, presentar algo más digna de una explicación me-
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estas sus palabras como un severo y merecido reproche á los que quieren darles un sentido concreto y personal sacando á la luz, desnudas de todo velo, cosas que el Sr. Arias Uria no ha creído haber llegado la hora de revelar?

Sea como fuere, de las palabras del actual Ministro de Gracia y Justicia se deduce que el estado presente de las cosas eclesiásticas tiene misterio.

Pero teniéndole y todo, y respetando como se merece la cautelosa reserva de su señoría, esta reserva no puede seguramente servir de escudo en que abroquelarse á los que hayan tenido la primera culpa en la situación político-religiosa que, por lo que mira á nuestros negocios eclesiásticos, ha influido mucho mas que los aislados impulsos individuales, sobre los altos poderes públicos.

Si por este lado no hubiera culpas que callar, en lo concerniente al Concordato y á la interrupción de nuestras relaciones con la Santa Sede, á buen seguro que hubiesen sido tan abstractas, tan estudiadamente vagas e inconcretas las palabras formuladas últimamente por el Sr. Arias Uria.

Son ellas de tal género, que nada ni á nadie prejuzgan: mas tampoco nada ni á nadie eximen para lo venidero, de una declaración que rehuye suscitar en este momento.

En la sobriedad oratoria del Sr. Arias Uria nos place ver una prenda de su gran conocimiento de la situación que ha tomado sobre sí á beneficio de inventario; al paso que entrevemos en su ejemplar reserva un gran fondo de impasibilidad y prudencia, para soldar lo roto y reconciliar las partes divididas, evitando desde luego tiranteces expuestas á ensanchar mas y mas la ruptura y hacer mas y mas profunda la separación de las partes divididas. — Siga, siga yéndoles á la mano á los tirantes y destemplados: y esté seguro que el éxito mas feliz coronará su sistema de razonable expectación y de justificada templanza. — J. C.
Revista católica (Barcelona) (1856-05-01 00:00:00), página 11

DOCUMENTOS OFICIALES.

Ley de Presupuestos para el año de 1856 y los seis primeros meses del de 1857.

Ministerio de Hacienda.—Doña Isabel II por la gracia de Dios y de la Constitucion Reina de las Españas: á todos los que las presentes vieren y entiendieren, sabed: que las Cortes constituyentes han decretado y Nos sancionado lo siguiente:

Artículo 1.º Los gastos ordinarios del servicio del Estado durante el año de 1856 y seis primeros meses de 1857, distribuidos en las secciones y capítulos que se designan en el estado letra A, se fijan en esta forma:

Rs. vn. 1,470.925,661 para el año de 1856.
    727.591,619 para los seis primeros meses de 1857.
2,198.517,280 Total para los 18 meses.

Art. 2.º Los créditos asignados á los gastos ordinarios del Estado serán atendidos con los productos de las contribuciones y rentas públicas, calculadas según el estado letra B, en esta forma:

Rs. vn. 1,471.896,257 para el año de 1856.
    730.695,731 para los seis primeros meses de 1857.
2,202.591,988 Total para los 18 meses.

Art. 3.º Los fondos que se recauden desde 1.º de enero de 1856 á fin de junio de 1857 por la venta de los bienes del Estado, del Clero y el 20 por 100 de propios, y el pro-

1 Para que mejor se conozca el enlace que las partidas y disposiciones referentes á culto y clero tienen con las pertenecientes á otros ramos de la administracion en la presente ley, nos ha parecido prefe- rible insertarla íntegra, con los resúmenes que la acompañan.
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ducto de los pagarés que suscriban los compradores de dichos bienes, para cuya negociacion, en la parte necesaria, queda autorizado el Gobierno, se destinarán á cubrir las obligaciones que designa el presupuesto extraordinario señalado con la letra C, calculadas para los expresados diez y ocho meses en la suma de 371.789,623 rs. vn. por este orden:

1.º Los descuentos de pagarés, premios de ventas é investigaciones y demás gastos de enajenacion.

2.º El capital é intereses de los billetes de la emision de 230 millones que se admitan en pago de bienes enajenados conforme al art. 1.º de la ley de 14 de julio de 1853.

3.º El capital del anticipo decretado en 19 de mayo de 1854, que será reintegrado en billetes del Tesoro sin interés, amortizables desde 1.º de julio próximo por todo su valor nominal en pago de bienes nacionales.

4.º La amortización de la Deuda pública, y la construcción de obras de utilidad general, por mitad, conforme al art. 12 de la ley de 1.º de mayo de 1853.

Art. 4.º De los fondos que se destinan á la amortización de la deuda, se invertirán con preferencia, por lo menos, 18 millones anuales, ó sean 27 millones en los 18 meses, en la Deuda amortizable de primera y segunda clase, prévia licitacion pública, con arreglo á la ley de 1.º de agosto de 1851.

Art. 5.º Los fondos que se recauden por la venta de los bienes de beneficencia é instruccion pública, y el 80 por 100 de los propios, continuarán invirtiéndose en la forma determinada en los artículos 15 al 21 de la ley de 1.º de mayo de 1851.

Art. 6.º En el caso de no realizar el Clero la cantidad que se le asigna por intereses de las inscripciones intransferibles que se emitan á su favor, el Tesoro le hará efectiva la diferencia con imputacion á los fondos de la venta de los bienes de que se ha incautado la Administracion.

Art. 7.º Se fija en 350 millones de reales anuales la contribucion sobre el producto líquido de los bienes inmuebles, cultivo y ganadería, que ha de satisfacerse en 1856 y seis primeros meses de 1857.

Art. 8.º Dicha cantidad se repartirá á las provincias, aumentando una sexta parte sus cupos actuales. Esta misma regla servirá de base á las Diputaciones provinciales para los repartimientos á los pueblos.
Revista católica (Barcelona) (1856-05-01 00:00:00), página 13

Art. 9.º Los pueblos y los contribuyentes podrán reclamar de agravios con arreglo á las disposiciones vigentes, siempre y cuando se les recargue proporcionalmente mas de lo que corresponda al aumento que sufre el tipo general hoy repartido.

Art. 10. El Gobierno repartirá en lo sucesivo los cupos á las provincias con arreglo á la capacidad tributaria de cada una, de suerte que todas contribuyan con igual tanto por 100 de su riqueza imponible.

Art. 11. Ninguna reclamacion de agravio producirá el efecto suspensivo del acto reclamado.

Art. 12. Para cubrir el cupo de cada pueblo, no podrá imponerse ni exigirse en 1856 á los propietarios que tengan sus tierras arrendadas, sean vecinos ó forasteros, cuota mayor del 14 por 100 de la cantidad líquida del arrendamiento, si consta de escritura pública, ó en su defecto de la que se calcule por las condiciones del arriendo. Si consistiere en granos, se valorarán estos por los tipos que se hayan fijado en cada partido judicial para capitalizar las fincas de bienes nacionales. Lo que falte hasta el completo del cupo de cada pueblo se repartirá entre los demás contribuyentes del mismo, sin perjuicio de igualarles con aquellos, é indemnizarles, justificada que sea la imposibilidad de repartir dicho cupo, sin traspasar el tipo máximo fijado por regla general.

Art. 13. Se aumentará el cupo de cada pueblo con el 1 por 100 de su importe, en calidad de fondo supletorio, con destino á cubrir las partidas fallidas, bajas procedentes de perdones por calamidades, gastos de comprobacion de quejas de agravios, y formacion de la estadística territorial de los pueblos.

El importe del 1 por 100 quedará depositado en las cajas del Tesoro para atender á dichos objetos; pero los gastos que originen las comprobaciones de agravio promovidas por los pueblos ó particulares, ó la rectificacion de los amillaramientos por agentes de la Administracion, serán reintegrados por los reclamantes cuando su queja no fuese justa.

La Administracion publicará, por medio de la «Gaceta» y de los «Boletines oficiales» en el mes de enero de cada año, la existencia é inversion de dicho fondo.

Art. 14. La contribucion industrial y de comercio, impuesta para el presente año y seis primeros meses de 1857, se aumenta en una sexta parte sobre el importe de las actuales matrículas.
Revista católica (Barcelona) (1856-05-01 00:00:00), página 14

Art. 13. Los 50 millones de reales que se aumentan á la contribucion territorial, y la sexta parte que tambien se aumenta á la de industria y comercio en el presente año, se cobrarán en los dos últimos trimestres del mismo.

Art. 16. Desde 1.º de julio próximo cesarán de cobrarse los recargos que sobre la contribucion territorial, industrial y de comercio se hallan impuestos para atender á los gastos provinciales y municipales, que desde el expresado dia en adelante serán cubiertos por los medios que se señalan en el art. 26.

Art. 17. Sin hallarse autorizados expresamente por una ley, no podrán imponerse desde 1.º de julio de este año en adelante recargos algunos para atender á los gastos provinciales, municipales ó otro especial, sobre las contribuciones directas, rentas estancadas, Aduanas ó otras que pertenezcan al Tesoro.

Art. 18. Desde 1.º de mayo de este año se exigirá un descuento del 13 por 100 de todos los individuos que perciban haber del Estado en la Península y Ultramar, incluso el Clero, sea cual fuere la forma en que estos figuren en los presupuestos; exceptuando los cuerpos armados del ejército y de la marina, los carabineros del reino, el resguardo especial de sales, las viudas y las monjas en clausura.

Art. 19. Se establece una derrama general sobre todos los pueblos de la Península é Islas adyacentes, que consistirá en el 50 por 100 de lo que respectivamente satisfacían por puertas y consumos en el año comun del trienio de 1851 á 1853, con arreglo á los datos publicados por el Gobierno, el que señalará sobre esta base las cantidades con que deben contribuir cada una de las capitales y puertos habilitados, y las respectivas al resto de los distritos municipales de cada provincia.

Las Diputaciones provinciales, sujetándose á la misma base, harán el reparto entre los pueblos.

Art. 20. Los Ayuntamientos, asociados de un número de contribuyentes vecinos ó con casa abierta, triple de sus individuos, acordarán los medios de cubrir el cupo que se les señale.

Estos medios podrán ser: primero, imposicion de arbitrios sobre especies determinadas: segundo, arrendamiento de la venta exclusiva al por menor de ciertas especies en pueblos de menos de 500 vecinos que no estén situados en carreteras: tercero, repartimientos vecinales: cuarto, el so-
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brante de las rentas del caudal de propios. De estos medios podrá usarse separadamente ó á la vez.

Art. 21. Para el nombramiento de asociados se dividirán los contribuyentes de la población en tantas clases como individuos tenga el Ayuntamiento: cada una de ellas se compondrá del número de contribuyentes que le corresponda por orden rigoroso de mayor á menor; de modo que en la primera categoría se hallen comprendidos los vecinos que satisfagan mayores cuotas por todos conceptos, así sucesivamente en las demás; y en la última, los que contribuyan con las cantidades mas pequeñas. Los asociados serán los tres mayores contribuyentes de cada clase.

Art. 22. En la imposicion de arbitrios no podrán los Ayuntamientos exceder de la cantidad que á cada artículo se señale como máximum.

Art. 23. Los arbitrios podrán imponerse, tanto sobre los artículos que se cosechen en los pueblos, como sobre los que se introduzcan en él, y recaudarse por administracion, concierto ó arriendo, según acuerde el Ayuntamiento con sus asociados.

Art. 24. En los pueblos en que se adopte el sistema de la exclusiva, no podrá impedirse la venta al por menor á los cosecheros y fabricantes de las especies arrendadas, pero estos habrán de satisfacer la cantidad ó derecho que precisamente se haya estipulado para el remate.

Los Ayuntamientos cuidarán de que no se causen perjuicios al vecindario en el señalamiento de precios, adoptando al efecto las disposiciones convenientes.

Art. 25. Cuando el todo ó parte del cupo señalado por la derrama general haya de satisfacerse por repartimiento vecinal se tomarán por base las utilidades del contribuyente por razon de su profesion, empleo, sueldo ó pension, industria, especulacion, comercio y riqueza territorial.

Se exceptúan únicamente de este repartimiento los simples jornaleros, los pobres de solemnidad y los hacendados forasteros sin casa abierta.

Art. 26. Los recursos necesarios para cubrir los gastos provinciales y municipales se comprenderán en los medios ó arbitrios que se propongan ó adopten para realizar las cuotas de la derrama general, haciendo las distinciones oportunas.

Art. 27. Corresponde á las Diputaciones provinciales hacer los repartimientos de los cupos por la contribucion ter-
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ritorial entre los pueblos de la provincia; aprobar los medios que se propongan por los Ayuntamientos y sus asociados para cubrir el cupo de la derrama general, y lo necesario para los gastos provinciales y municipales; y resolver sobre las reclamaciones de agravios que pueden presentar los Ayuntamientos del señalamiento de cupos que se les haya hecho.

También corresponde á las Diputaciones provinciales aprobar los repartimientos individuales de la contribución territorial y los vecinales de la derrama general, y resolver sobre las quejas que se presenten por agravios en los repartimientos individuales.

Las Diputaciones oirán á las Administraciones de Hacienda pública en lo respectivo á la distribución de cupos á los pueblos y á los particulares, y les pasarán copias autorizadas de los repartimientos.

Art. 28. El Gobierno resolverá las reclamaciones de agravio que presenten las provincias sobre los cupos que se les hayan señalado; las de las capitales de provincia y puertos habilitados, en razón de los cupos que les hayan sido repartidos por la derrama general; los recursos de alzada que deduzcan los Ayuntamientos de los acuerdos tomados por las Diputaciones provinciales en sus reclamaciones por las cantidades que se les hayan señalado en cualquiera de las contribuciones públicas; y sobre las quejas de los contribuyentes agraviados por las decisiones de las Diputaciones provinciales, cuando estas fuesen contrarias á las leyes.

Art. 29. Los productos líquidos de las cajas de Ultramar, y descuentos de los empleados de aquellas provincias, que el Gobierno calculó por un año en 74.099,774 rs., se elevan por el mismo tiempo á 100.099,800 rs.

Art. 30. El repartoimiento de la contribución sobre el producto líquido de los bienes inmuebles, cultivo y ganadería para los seis primeros meses de 1857, se hará con arreglo á la riqueza imponible que arrojen los datos oficiales de cada provincia.

Art. 31. Desde 1.º de enero de este año queda suprimida la contribución que con el nombre de 5 por 100 sobre el importe de los arbitrios municipales, estableció el Real decreto de 31 de diciembre de 1829.

Art. 32. Desde 1.º de enero de 1856 figurarán por todo su importe en el presupuesto de clases pasivas las pensiones del Monte-pío denominado de Jueces de primera instancia que hasta ahora se han satisfecho con los descuentos