Revista católica (Barcelona) (1856-04-01 00:00:00), página 60

ta Sede, y lo sonafortunadamente por obra del Gobierno mismo. Su simple lectura pondrá en el caso de decidir á todo hombre de sano e imparcial criterio, si son ó no ciertos el ardor y apasionado ahínco con que, según afirma el despacho, ha debatido siempre la Santa Sede la cuestión de la venta de los bienes eclesiásticos con relación á la llamada ley de desamortización. Que tal cuestión no ha sido, fuera de esto, la verdadera y única ocasión del rompimiento de relaciones oficiales entre la Santa Sede y España, lo demuestran las observaciones anteriores y los hechos ya alegados en este escrito. ¿Y quién podría hallarse convencido de ello mejor que el Gobierno mismo, si guiado un instante por su buen sentido, fijase sosegadamente la atención en los documentos que él mismo ha publicado, y especialmente en la nota en la cual pidió sus pasaportes el representante pontificio? Pero es sobrado cierto, y la Santa Sede no puede dejar de lamentarlo profundamente, que la cuestión ha sido empleada para concitar la opinión pública, y para infundir la siniestra creencia de que el Sumo Pontífice había retirado á su representante y roto las relaciones diplomáticas con España sin más móvil que un interés puramente temporal, interpretando al propio tiempo en favor suyo un punto delicado del Concordato. Es aquí de suma trascendencia esclarecer esta materia y presentarla en su aspecto genuino y verdadero, no dejando sin el correctivo conveniente ni una sola de las observaciones que sobre tal asunto se desenvuelven ampliamente en el documento español.

Ante todo, preciso es fijar de una vez para siempre, y de manera que cierre todo camino y excluya todo pretexto á la más leve duda, el recto sentido y la indeclinable interpretación del artículo 38 del Concordato, singularmente en aquella parte en que el Santo Padre permitió y dispuso que algunos bienes, después de restituidos á la Iglesia, fuesen vendidos en nombre de ella por los Prelados respectivos, empleándose el producto de la venta en la adquisición de las rentas fundadas sobre la deuda del Estado y conocidas con el nombre de «Inscripciones intransferibles del 3 por 100.»

El Gobierno español con varios de sus actos se ha empeñado en sostener que el permiso y la disposición de la Santa Sede expresos en el citado artículo, en vez de circunscribirse á cierta determinada propiedad de la Iglesia, abraza indistintamente todos los bienes de su pertenencia adquiridos de cualquier modo ó que pueda poseer en adelante. Y esto fue lo que trató particularmente de demostrar el último Ministro plenipotenciario de S. M. Católica cerca de la Santa Sede, en la contestación que de orden de su Gobierno dió el 16 de abril de este año á la nota oficial, con la cual el Cardenal secretario de Estado protestó y reclamó en nombre del Padre Santo, el dia 28 de febrero anterior, cuando se presentó á la discusión y aprobación de la Asamblea constituyente el proyecto de ley de desamortización general civil y eclesiástica. Y si el despacho circular, á que directamente estamos respondiendo, no se empeña en comentar y en dar vueltas al texto literal del mencionado artículo de la convención, como lo hizo el citado señor Ministro, antes por el contrario manifiesta no querer separarse de él; no por eso queda disculpado. Porque si acaso el modo de entender de su Gobierno «no fuese el textual de la letra del Concordato, lo es, sin embargo, á análogo á su espíritu; insiste todavía en la supraindicada interpretación, repitiendo varias veces «que es sincera opinión del Gobierno de la Reina, que el artículo 38 del Concordato de 1851, al comprender la enajenación de los bienes restantes de las comunidades religiosas de varones, comprenda también las de los demás bienes eclesiásticos, restituidos al Clero por la ley de 1843.» Y añade