Revista católica (Barcelona) (1856-04-01 00:00:00), página 31

glamentos y disposiciones que al presente rigen ó puedan en adelante regir acerca de la libertad de la prensa y la enseñanza pública y privada. Cuya declaración equivale á decir que en España (donde hasta existe una antigua ley, en virtud de la cual nadie puede obtener grados académicos sin previo juramento de profesor y defender la Concepción Inmaculada de la Virgen) ahora, no obstante la solemne definición proclamada sobre tal misterio desde lo alto del Vaticano, no pueda prohibirse el sostener y enseñar privada ó públicamente el error contrario.

Pero es ya tiempo de entrar en el examen de los varios puntos que trata mas particularmente el citado despacho, y de cada una de las declaraciones con las que el Gobierno español pretende disculpar su conducta hacia la Religión, la Iglesia y la Santa Sede. «La mas importante de las discusiones,» según el citado despacho, «promovidas por Su Santidad con el Gobierno de la Reina, y que mas que otra alguna tiene el carácter de religiosa, es la que se refiere á la base segunda de la futura Constitución del Estado, votada por la Asamblea constituyente;» á saber, la base relativa á la Religión que profesa la nación española. Y después de haber copiado el texto literal de la misma, y haber llegado á decir, «sin reparo,» que no hay en la Constitución de ningun pueblo católico, en las leyes civiles de ningun pueblo cristiano, un testimonio mas vivo de religiosidad y de fe;» después de haber proclamado, «si bien á su pesar, que lo que encuentra injusto la Santa Sede es que no se persiga, según la base en cuestion, á ningun español ni extranjero por sus opiniones ó creencias, mientras no las manifieste por actos públicos contrarios á la Religión;» después de haber añadido «que si el Estado, manteniendo y protegiendo el culto católico, no persigue á se sin embargo á ningun ciudadano por actos contrarios á la Religión, todavía no podria tratarse al Gobierno español de mal católico; que eso y mas toleran, que eso y mas dejan hacer la mayor parte de los Gobiernos católicos, aquellos á quienes mas debe la Santa Sede;» después de haber sostenido que «lo único que se garantiza al hombre de contraria creencia, es que no se escudriñará su conciencia, que no se violará el secreto de su hogar, que no se emplearán nunca en contra suya los antiguos procedimientos del antiguo tribunal de la fe;» después de haber observado «que aparece aun mas injusta con España la Santa Sede, si se considera que lo que hoy consigna la Constitución del Estado, rige de hecho en el reino há muchos años, ha sido de hecho tolerado por la Constitución de 1837 y por la de 1845, y existe de derecho desde 1848 en que se promulgó el Código penal, donde una, dos, tres veces, en diversos artículos y bajo diversas formas, quedó terminantemente establecido que la publicidad fuera la condicion esencial del delito religioso;» después, en fin, de confrontar el artículo primero del recientísimo solemne Concordato con la base discutida de la futura Constitución, concluye manifestando el mas intimo convencimiento, ser evidente, ser cosa fuera de discusión, que ni hay ofensa á la Religión, ni se ataca de modo alguno á la unidad católica, ni hay siquiera infraccion del Concordato en la base controvertida.

Si tal convencimiento del Gobierno español es fundado ó erróneo; si su indicada apreciacion acerca de la base segunda de su futura Constitucion es verdadera y legitima, ó por el contrario falsa y destituida enteramente de razon, es lo que ahora va á examinarse para norma y guía del juicio que aquel Gobierno espera del mundo y de las potencias catolicas. Por lo que respecta á la Religión y á la unidad católica, á la