Revista católica (Barcelona) (1856-04-01 00:00:00), página 79

giosas tratadas de este modo, podrá muy bien decirse que están «su-primidas de hecho,» mas no «suprimidas absolutamente» para deducir é inculcar la idea de que «lo están tambien de derecho.»

El despacho español con el propósito además, «de examinar la des-amortización, tal cual se ha proclamado en principio, tal cual se ha llevado á efecto en la práctica,» supone, «que no es solo el principio el que ha suscitado las reclamaciones de la Santa Sede, pero también y mas particularmente la manera como se ha decretado su práctica.» Difícil sería en verdad el entender claramente lo que en el caso concreto de que hablamos se haya querido significar, distinguiendo en el examen de la llamada desamortización, el modo como se ha proclamado en principio, del modo como se ha llevado á efecto en práctica. Sea como fuere, hay una cosa que es de mas importancia determinar ó mas bien comentar muy claramente aquí, y es que, si la Santa Sede ha reclamado contra la manera con que se ha decretado la realización de la desamortización eclesiástica, lo hizo movida por un principio que tiene el deber de totelar, por un solo principio, que es siempre el mismo en semejante materia, á saber, el de la integridad é inviolabilidad del derecho de la Iglesia sobre sus bienes.

Ya que la ejecución de la susodicha desamortización ha sido decretada únicamente por la potestad civil, y de tal manera que esta deba exclusivamente llevarla á cabo. Es un principio, que los bienes eclesiásticos por su índole especial y por su origen y destino, no pueden ser vendidos ni distraídos sin el permiso y consentimiento de la suprema autoridad de la Iglesia, sin el beneplácito de quien por institución divina, y por razon inherente á su misma constitución, es el único, libre é independiente administrador de los mismos bienes. Por último, el documento español se queja amargamente de la Santa Sede, imputándole que «en cuatro años no ha dado el menor paso para el cumplimiento de una condicion tan esencial, ni ha hecho el menor esfuerzo que demuestre en esta como en otras materias, su celo por la pronta ejecucion del Concordato.» A este propósito se tiene que reproducir necesariamente el razonamiento ya usado sobre otro punto algo parecido. El artículo 35 y el último párrafo del 38 de la solemne convención confían directamente á los Prelados diocesanos del reino la ejecución de las ventas, prescribiendo con sumo cuidado las reglas que debían observarse, entre otras la presencia á cada acto de subasta de una persona delegada del Gobierno. No había por consiguiente ningun paso que dar, ni esfuerzo que cumplir por parte de la Santa Sede. Si por parte de los mismos Prelados hubiese habido alguna lentitud, poca eficacia y escasa voluntad, el Gobierno de S. M. Católica, que no podía dejar de saberlo por las personas mismas destinadas para asistir en su nombre á las ventas, hubiera debido dirigirse á la Santa Sede y reclamar las disposiciones necesarias ó útiles al efecto. Ahora bien, ni al principio por conducto del Nuncio apostólico, ni despues por el del encargado pontificio, ni jamás directamente por la legacion española en Roma, se ha hecho ni de palabra, ni por escrito, no se puede decir una reclamacion ó una representacion, pero ni siquiera una queja ó insinuacion cualquiera.

Y este hecho, que la Santa Sede no duda asegurar plenamente, no necesita otra prueba mas que apelar francamente á la lealtad y buena fe del Gobierno de S. M. Católica. Pero ¿había razon y motivo para las quejas y los recursos? ¿Es cierto realmente que los Prelados diocesanos del reino con respecto á la venta de los bienes eclesiásticos, dispuesta por el Concordato, «hayan mostrado una lentitud y un descu- «do evidentemente contrario á los pactos convenidos; que la Iglesia