Revista católica (Barcelona) (1856-04-01 00:00:00), página 65

cordato entre el plenipotenciario de la Reina, señor marqués de Pidal, ministro entonces de Estado, y el Nuncio apostólico, nombrado poco antes plenipotenciario pontificio. Las negociaciones, aunque al principio procedieron con alguna lentitud por circunstancias inevitables e independientes de la voluntad de los negociadores, se continuaron con recíproca satisfacción, y ya en el mes de diciembre de 1830 estaban para concluirse, cuando á mediados de enero de 1831 el ministerio que presidia el ilustre señor duque de Valencia se decidió á dejar el poder. Por lo que, constituido apenas el gabinete bajo la presidencia del señor Bravo Murillo, S. M. se dignó nombrar otro plenipotenciario en la persona del nuevo ministro de Estado, señor Beutrau de Lis, con quien se continuaron, ó por mejor decir, se concluyeron las negociaciones, y el Concordato se firmó por los dos plenipotenciarios el 16 de marzo del mismo año.

Entre los muchos puntos de que hubo que hacerse cargo en este solemne tratado, uno de los principales fue el de la permanente dotación del culto y Clero. En lo que se refiere á los fondos de que debía formarse esta dotación, no se hizo sino insertar casi literalmente, y confirmar la ley votada por las Cortes y sancionada por la Reina en 3 de abril de 1849; tanto que, á decir verdad, en cuanto á esto el Concordato se limitó á aprobar la misma ley, la que, por consiguiente, y por la anuencia y aprobación de la suprema autoridad de la Iglesia, adquirió la forma, el carácter y la fuerza de una disposición eclesiástica, mientras que antes no tenía sino la de una disposición civil. Quedaba, sin embargo, por determinar definitivamente un punto de que en dicha ley no se hacía mención por impedirlo otros puntos con que estaba aquél enlazado; quedaba, á saber, por disponerse de los bienes no comprendidos en la restitución del año de 1845, que por no haberse aun vendido permanecían en poder y bajo la administración del Estado. Estos, desde que la citada ley había destinado para parte de la dotación del Clero los pertenecientes á las encomiendas y maestrazgos de las cuatro órdenes militares, se reducían á los bienes de los monasterios y comunidades religiosas de mujeres, y á los de las cofradías, santuarios, ermitas y otros de esta especie, cuya venta estaba suspendida desde el año de 1844, como también á los pocos que habían quedado de las corporaciones religiosas de hombres, cuya venta se continuaba aun. Todos estos bienes, no solo por razón de estricta justicia, sino también por explícita y oficial promesa hecha de Real orden por el plenipotenciario residente en Roma en la citada nota de 1.º de enero de 1847, debían de ser restituidos á la Iglesia. Y la misma razón de justicia exigía que al efectuarse la restitución no se los distrajese del uso especial á que estaban destinados primitivamente por las respectivas fundaciones, ni se reuniesen al fondo general de dotación del culto y Clero, tanto mas, que la expresada ley de 3 de abril de 1849 no los había comprendido en él, cabalmente por saber el Gobierno que la propuso cuál era sobre este particular el pensamiento de la Santa Sede.

En el curso de estas negociaciones se tuvieron, sin embargo, que tomar en madura consideración, la poca importancia, la mala calidad, y el estado de abandono y deterioro en que se hallaban generalmente aquellos bienes, como tambien el grandísimo perjuicio que hubiera acarreado tanto á las comunidades de mujeres el recibirlos en frutos ó renta, y el cambiar por estos las pensiones que se les pagaba por el Estado, atendidos los notables gastos de administración y reparación; cuanto á las congregaciones religiosas de hombres, que en conformidad con el artículo 29 del Concordato, debían restablecerse y á las que