Revista católica (Barcelona) (1856-04-01 00:00:00), página 91

los derechos propios y exclusivos del Sumo Jerarca de la Iglesia, no puede parecer nueva ni aventurada al Gobierno español, que debe, por una parte, admitir y reconocer en derecho como católico la existencia y esencial diferencia en el orden universal de las cosas, de dos potestades supremas, y que ha afirmado, por otra, en su despacho, que «el poder temporal ha ejercitado siempre en España el derecho de fijar límites, condiciones y formas á la propiedad, no solo corporativamente, sino también particular, aunque esta nazca,» como allí se advierte, «del derecho natural.» En una palabra, para no detenerse más en materia tan llana, la declaración de inviolabilidad contenida en el artículo 41 del Concordato, respecto de la propiedad presente y futura de la Iglesia, tiene por objeto prevenirla de toda violación y usurpación de brazo y poder, extraños al legítimo derecho que compete á la propiedad misma; y la obligación que de aquí nace, recae positivamente sobre una de las altas partes contratantes, á saber: la potestad temporal.

En fin, por lo mismo que la plenitud de facultades de que, en virtud de su primacía de autoridad y jurisdicción sobre la Iglesia entera, goza el Sumo Pontífice respecto de personas y cosas eclesiásticas, fue concedida para la edificación y provecho de la Iglesia misma, y no para su daño y destrucción, tiene y debe de tener en cuenta el Supremo Jefe de ella, en el uso de aquellas facultades, la existencia y gravedad de las causas que reclamen y justifiquen su ejercicio, y ante todo la utilidad de la Iglesia. Por estas causas fue, cabalmente, inducido el Santo Padre á permitir y disponer la venta y conversión en títulos de la deuda del Estado de una parte determinada de los bienes eclesiásticos de España.

No habría ciertamente consentido ni autorizado tal cosa, á no haber estado previa y fundadamente persuadido de la existencia e importancia de tales causas y de la utilidad evidente que había de traer á la Iglesia la transformación de dichos bienes. Por esta razón quiso que de todo ello se hiciera expresa mención en los artículos 35 y 38 del Concordato. Ahora se entenderá cómo y por qué «mientras en uno de sus artículos se declara inviolable la propiedad de la Iglesia, se ordena en otros enajenar sus bienes raíces, y convertir su producto en rentas públicas.» Ahora se comprenderán también claramente la oportunidad y el fruto con que el despacho español intentó prevalecerse de aquella coincidencia, para deducir que, «á juicio de la Santa Sede, la inviolabilidad de la propiedad de la Iglesia no desaparece con la enajenación de sus bienes raíces;» y que, «á juicio también de la Santa Sede, queda incólume la propiedad de la Iglesia, aun cuando se convierta y se cifre en papel de la deuda del Estado.» Queda á salvo la propiedad, y no se viola ni quebranta el derecho, cuando las ventas, permutas y conversiones toman origen, fuerza y fundamento en el consentimiento y aprobación de la legítima autoridad eclesiástica; pero se menoscaba y conculca el derecho, se desnaturaliza, se viola, se usurpa la propiedad de la Iglesia, si las medidas de venta ó conversión en otras rentas emanan únicamente de mano y autoridad extrañas al derecho inherente á la propiedad misma.

No lejos de su término, vuelve todavía el despacho español á acriminar en vehementes términos á la Santa Sede; y á pesar de «la con- vicción que tiene,» según dice, «el Gobierno de S. M. Católica de haber dicho lo bastante para que las naciones católicas reconozcan la razón que le asiste;» añade, sin embargo, que «no concluirá sin manifestar el profundo sentimiento con que el ánimo sinceramente católico» del mismo Gobierno «ve empeñada á la Santa Sede en una