Revista católica (Barcelona) (1855-09-01 00:00:00), página 54

Gobierno civil de la provincia de Barcelona.

El Excmo. Sr. ministro de Hacienda me ha comunicado con fecha 19 de julio último la Real orden siguiente:
«He dado cuenta á S. M. la Reina (q. D. g.) de las comunicaciones dirigidas por algunos Gobernadores de provincia, manifestando la resistencia pasiva que presentan, no solo algunos reverendos Obispos, sino otros eclesiásticos de jerarquía inferior, al cumplimiento de la ley de 1.º de mayo último e instrucción de 31 del propio mes, y en las cuales consultan los procedimientos que en tan delicado asunto deben seguir. Enterrada S. M. ha visto con profundo desagrado la conducta de los indicados Obispos y eclesiásticos, intentando promover disturbios y conflictos, inútiles al fin que se proponen, puesto que la ley sancionada por las Cortes constituyentes ha de tener cumplido efecto en todas sus partes, sin consideraciones á clase alguna, por ser esta la voluntad de la nación; y deseando S. M. regularizar los procedimientos para la incautación de los bienes del Clero, se ha dignado disponer lo siguiente: — 1.º En el acto de recibir V. S. esta orden, reunirá la Junta especial de ventas, dándole cuenta de los obstáculos que hasta dicho momento se hayan presentado á la incautación acordada de los bienes del Clero, levantando acta de todo cuanto resulte, y dirigiendo una copia á la Dirección general del ramo por el primer correo. — 2.º Si los Administradores diocesanos se hubieran negado á entregar los inventarios de todas las pertenencias correspondientes al Clero, procederá V. S. en el acto á declarar hecha la incautación, con arreglo á los que sirvieron para hacer la entrega á los mismos en 1845, 1849 y 1851, y que deben obrar en la administración principal de Hacienda pública de esa provincia. — 3.º Para que la incautación lleve el sello de la más rigurosa legalidad, solicitará V. S. el auxilio del Juez de primera instancia, y en nombre del Estado, formará V. S. posesión real, corporal, vel-cuasi de una de las fincas, comprendidas en los inventarios, en nombre de las demás, quedando desde dicho momento completamente verificada la incautación, tanto de hecho como de derecho. — 4.º Circulará V. S. por medio del Boletín oficial á todos los Alcaldes, para su conocimiento y el del público, la noticia de haberse incautado de los bienes; con prevención á los arrendatarios y censatarios, de que todo pago que verifiquen á los Administradores diocesanos, ó sus delegados, será nulo y de ningún valor su efecto. — 5.º Exigirá V. S. á los Alcaldes, en el término de ocho días improrrogables, una relación de todas las fincas que pertenezcan al clero y radiquen en su territorio, en la que se exprese su situación, calidad, cabida, corporación á que pertenecen, arrendatario ó colono que las administre; y en la cual figurará también el producto líquido imponible que lleve para el repartimiento de la contribución territorial en el presente año, conminando á los morosos con la multa de quinientos reales, que se llevará á efecto sin contemplación alguna. — 6.º Igualmente exigirá V. S. en el mismo plazo y por conducto de los Alcaldes, á los arrendatarios y colonos, una relación jurada que manifieste la finca ó fincas que lleven arrendamiento, en que conste igualmente su situación, calidad, cabida, linderos, corporación á quien pertenecen, y precio que pagan por arriendo, compiéndoles con una multa de ciento á quinientos reales, según la importancia de los arriendos y casos que pudieran presentarse. — 7.º En el propio plazo, formarán los Alcaldes relaciones de los censos que pagan los vecinos de sus respectivos pueblos, con referencia á los catastros de los mismos, en las que conste el