Revista católica (Barcelona) (1855-09-01 00:00:00), página 39

recho de adquirir, que se la asegure la posesion de sus capitales adquiridos; pero no de modo alguno que se mantenga, en obsequio suyo, una forma de poseer perjudicial al Estado, y que el Estado no quiera consentir en su seno. Tales principios pudiera ser que hubiesen impulsado al Gobierno de S. M. á llevar á cabo la desamortización en todos sus extremos, aun cuando se opusiese á ella, por un error gravísimo de redaccion, el Concordato. Pero afortunadamente nada se dice, nada hay en este documento que contradiga la desamortización: ni uno solo de sus articulos indica que la Iglesia haya de poseer precisamente bienes raíces, que los bienes raíces de la Iglesia hayan de ser, en su forma, inviolables. El principio esencial del Concordato en esta materia quedará, pues, á salvo siempre que se entreguen á la Iglesia, como se la entregarán á cambio de sus bienes raíces, títulos de la Denda, y de la Deuda privilegiada del Estado. Si alguna prueba mas se necesitará para traer al ánimo el convencimiento de esta verdad, podrá obtenerse recorriendo uno por uno los articulos del Concordato que hablan de propiedad y de bienes. Al mismo tiempo que se declara inviolable en uno de ellos la propiedad de la Iglesia, se ordena en otros enajenar sus bienes raíces y convertir su producto en rentas públicas: luego, á juicio de la Santa Sede, la inviolabilidad de la propiedad de la Iglesia no desaparece con la enajenacion de sus bienes raíces; luego, á juicio también de la Santa Sede, queda incolúme la propiedad de la Iglesia, aun cuando se convierta y se cifre en papel de la Deuda del Estado. No hay que entrar, porque no se necesita para esto, como no se ha necesitado para obtener otras consecuencias antes de ahora deducidas, en la cuestion de si prescribia el Concordato la enajenacion de todos los bienes raíces eclesiásticos, ó solo la de una parte de tales bienes.

De uno ó otro modo, la Santa Sede ha reconocido que puede quedar inviolable la propiedad de la Iglesia enagenándose bienes raíces de su propiedad. Pero si fuera cierto, según cree sinceramente el Gobierno de la Reina, que el art. 38 del Concordato de 1851, así quiso comprender en la enajenacion los bienes restantes de las comunidades religiosas de varones como los demás bienes eclesiásticos devueltos al Clero en la ley de 1845, no hay duda que sería palpable la sinrazón con que hoy protesta la Santa Sede contra la ejecucion de lo que entonces quedó pactado. Eso se lisonjeó un tiempo el Gobierno de S. M. de hacer confesar y reconocer al Gobierno de la Santa Sede: eso juzga todavía que con mas imparcial examen pudiera ser confesado y reconocido. No insistirá en ello sin embargo. La cuestion es de sentido, de recta inteligencia de un artículo mal redactado desde luego; pero cuya redaccion harto mas se inclina á la interpretacion que le da el Gobierno español, que no á la que ofrece en cambio la Santa Sede. En el punto en que están las cosas, á la altura en que hoy debe ya tratarse la cuestion, poco pueden alterarse sus términos porque se entienda de este ó del otro modo el artículo referido. El Gobierno de S. M. tiene la conviction de que con lo expuesto ha dicho bastante para que las naciones católicas reconozcan la razon que le asiste, así en este punto como en otros que aparecen como causa del presente rompimiento. No concluirá sin embargo este punto sin manifestar el profundo sentimiento con que su ánimo sinceramente católico ve empeñada á la Santa Sede en una lucha donde, aun concediéndole cuanto pretende; solo se trata de intereses materiales y mundanos. Y esto es tanto mas injusto, cuanto que lucha con una nación sobrado generosa quizás, que paga á su Clero 179.915,173 rs. anuales, mas, mucho mas proporcionalmente que ninguna nación católica del mundo; de una nación que tolera el escan-