Revista católica (Barcelona) (1856-04-01 00:00:00), página 49

de se extienden, se halla mas que demostrado de cuanto se ha dicho hasta ahora. Esto supuesto, no hay ninguna dificultad en asegurar, que no existe un solo monasterio de dicha clase en España, que no goce de título legitimo y que no observe las verdaderas condiciones de su existencia legal. Pero aunque por casualidad existiese alguno que ó por la estrechez del edificio, ó por el pequeño número de religiosas, ó por la índole especial del instituto, ó por alguna justa causa no hubiese podido cumplir las obras de caridad y de instruccion propuestas por el propio Prelado, no por eso estaría el Gobierno en derecho de prohibirles, aunque temporalmente, la admision de novicias.

Y aun supuesto el derecho, es evidente que bajo el aspecto y por el único motivo, por no decir pretexto, de asegurarse del cumplimiento de las requeridas condiciones, no le era permitido atentar de repente á la vida de la corporacion, privándola ó por lo menos retardándola los medios de aumentar, de prosperar, de ponerse en disposicion de cumplir las mismas obras designadas por el Ordinario. Y mucho menos podía aplicar la odiosa medida de la suspension, no solo á aquellos monasterios de vida contemplativa que á noticia y ciencia de todos observan las supuestas condiciones, sino tambien á los otros de vida activa ó mixta, cuya existencia legal no depende, segun los términos del Concordato y por confesion del despacho, de ninguna condicion.

Pero lo que se propusiese y donde se dirigiese realmente el Gobierno español con la lamentable orden circular, no ha tardado á verse, y da de ello publicamente tristísimo testimonio la otra orden de la misma especie que se publicó el 31 de julio próximo pasado, es decir, después de la salida de España del encargado pontificio.

Aqui «se declaran suprimidos ahora y en adelante todos aquellos conventos en que el número de religiosas sea inferior á doce;» disponiéndose además la reunion y concentracion de las monjas procedentes «de conventos suprimidos en otros de la misma regla, ó mas próximos y capaces.» La orden habla por si misma y no necesita comentarios. Pero este nuevo agravio á la autoridad y á los derechos de la Iglesia, esta infraccion ulterior de pactos solemnemente estipulados es aun mas grave y reparable si se atiende á que el Gobierno de S. M. Católica se obligó estrictamente, en una nota diplomática que forma parte integral del Concordato, á hacer cuanto estuviese á su alcance para que las religiosas de diferentes Ordenes y reglas, reunidas confusamente en los anteriores trastornos de la Peninsula, fuesen separadas y transferidas á distintos locales.

El plenipotenciario pontificio manifestó al propio tiempo, en otra nota de igual forma y autoridad, el propósito que abrigaba la Santa Sede de cooperar á la reunion de las comunidades que existiesen separadas en una misma poblacion, de orden, regla y constituciones iguales. Si bien concebido este segundo acuerdo en términos mucho menos rigorosos que el primero, la promesa pontificia se llevó inmediatamente á cabo. En el mes mismo en que fue promulgado el Concordato como ley del Estado, esto es, en octubre de 1851, el mencionado plenipotenciario dirigió al efecto una circular á todos los Ordinarios del reino, los cuales no dejaron ni han dejado de cooperar al propio fin. Fuerza es decir que, por el contrario, han sido racísimas las ocasiones en que el Gobierno español ha contribuido, como podia y debia hacerlo, á disponer los edificios necesarios para segregar y distribuir á las religiosas de diversos institutos, y que en cambio no han dejado de ofrecer frecuentes ejemplos de trabas y dificultades, encaminadas á entorpecer las demandas, así de los Obispos como del Nuncio apostólico, encargado de la ejecucion del Concordato por parte de