Revista católica (Barcelona) (1856-04-01 00:00:00), página 50

Su Santidad. Y al disponerse ahora nuevamente la concentración de las monjas pertenecientes á las comunidades que han de suprimirse á consecuencia de la orden, si bien se hace mención de la identidad de instituto, todavía se añade, sin miramiento á esta circunstancia, que la reunión deseada se efectúe cuando menos entre los conventos más inmediatos ó mas espaciosos y adecuados, como se efectuará sin duda á causa de las exigencias mismas de las condiciones locales.

«Y aun es mayor,» continúa el despacho español adelantándose á combatir las protestas de la Santa Sede referentes al decreto en que se prohibió á los Obispos conferir las órdenes sagradas: «y aun es mayor si cabe la razón que asistía al Gobierno para disponer que no se confieran órdenes sagradas, á menos que los ordenados hayan ya obtenido, ó obtengan en adelante, prebendas ó beneficios eclesiásticos, ó á menos que no hayan ya ascendido al subdiaconado, ó sean de los religiosos exclaustrados que no hayan recibido órdenes sagradas y deseen hacerlo; todo con el fin de no perjudicar derechos adquiridos.» Descritos después los graves inconvenientes que «en todos tiempos ha ocasionado á la Iglesia y al Estado la abundancia de clérigos sin beneficio, ni ocupación, ni medios de subsistencia,» y ale- gando las leyes eclesiásticas á par que las civiles añade: que en el Concordato de 1851 «se reconoció, es verdad, como no podía menos en los Obispos el derecho de conferir órdenes sagradas: tampoco ahora lo desconoce ni podrá desconocerlo, sin cometer una impiedad notoria el Gobierno de la Reina. Pero estas facultades de los Ordinarios tienen un límite que no es menester consignar en ningún Concordato, que no es menester declarar en ninguna ley, porque hay muchas ya que claramente lo fijan, y aun á falta de ellas, lo fijaría el buen sentido: que los Obispos no pueden prodigar las órdenes sagradas más allá de la necesidad y de la conveniencia pública; y por último, que es indispensable conocer y fijar, para que luego quede libre la facultad de los Obispos, el número de ordenados que debe haber en una nación.»

Numerosas y graves consideraciones sugieren los raciocinios del documento español. Se ha manifestado en otro lugar, en términos generales, que algunos de ellos no pueden encontrar mas apoyo ni fundamento que el reprobado principio de la dependencia de la Iglesia del Estado, y el pretendido derecho de inspección que intenta arrogarse el poder secular sobre todo cuanto concierne al régimen y administración exterior de las cosas eclesiásticas. Ahora van á ser presentadas aquellas observaciones que se deducen mas inmediatamente de dichos raciocinios, y pueden ayudar también en la esfera de los hechos á apreciar su verdadero valor e importancia. Es menester señalar, ante todo, una equivocación significativa en que incurre el despacho, al invocar el Concordato en la materia de que trata: prescindiendo de las palabras y del sentido del artículo cuyas disposiciones han sido lastimadas por el decreto que prohibió á los Obispos conferir las órdenes sagradas. Dice el propio despacho que: «en el Concordato de 1851 se reconoció, como no podía dejar de ser, en los Obispos el derecho de conferir las órdenes, y que el Gobierno español no desconoce, ni podrá desconocer este derecho sin cometer una impiedad notoria.»

Pero el consiguiente artículo, que es el cuarto de la convención, dice así expresamente: «En todo lo demás concerniente al derecho y al ejercicio de la autoridad eclesiástica y al ministerio de la sacra orde- nación, los Obispos y su clero gozarán de la plena libertad que establecen los sacros cánones.» No es, pues, el derecho propio de conferir órdenes el que reconoce el Concordato: porque siendo este derecho