Revista católica (Barcelona) (1856-04-01 00:00:00), página 83

reino, de que se ha tratado hasta aquí, se añade en el despacho español una confesión á cargo del Gobierno. Se confiesa, á saber, «que en la enajenación de los bienes eclesiásticos últimamente dispuesta, el Gobierno se ha desviado de ciertas formalidades estipuladas en el Concordato.» Para justificar, sin embargo, la falta, se recurre sin demora á las graves causas que le han puesto «en la urgente necesidad de acelerar el cumplimiento de lo que se debía, según su modo de ver, al funesto ejemplo que se había dado (se entiende, por la ilegalidad), y á las exigencias de la opinión pública justamente disgustada.» Se añaden luego otras consideraciones que, aunque indicadas ya con otro objeto, conviene trasladar aquí literalmente, á fin de responder á ellas mas directamente: «El Gobierno de S. M., dice el despacho, una vez presentado á las Cortes el proyecto de ley de desamortización, una vez votado, sancionado y promulgado, halló que á su ejecución se oponían... no pocos Prelados de la Iglesia de España. Mientras algunos de ellos, con laudable ejemplo de mausoleumbre, se manifestaban obedientes á los preceptos del Gobierno, ó exponían lo que creían mas ventajoso para la Iglesia y el Estado, ha habido por desgracia otros que en mengua de su patriotismo y de sus obligaciones evangélicas, se han colocado en una situación, no sólo hostil, sino rebelde y punible. Así es que han obligado al Gobierno de S. M. á prevenir con algunas medidas de precaución mayores males, separando algunos Obispos de sus diócesis mientras pueda ser contraria da la ejecución de la ley. Así es que le han impedido además el dar al Clero, en la venta de sus bienes, la participación que el Concordato les ofrecía.»

La primera causa, que según el despacho, obligó al Gobierno español á ejecutar rápidamente la enajenación de los bienes eclesiásticos, y á prescindir de las reglas establecidas expresamente en el Concordato, fue «la exigencia de la opinión pública justamente disgustada con el funesto ejemplo anterior.» Cuando se habla de opinión pública no se puede menos de aludir al sentido universal ó casi común de la nación. Mas en verdad si se considera que la opinión en general de la nación eminentemente católica rehuyó siempre de la idea de venta de los bienes de la Iglesia, de los bienes consagrados á Dios, al ejercicio de su culto, al socorro de los pobres; si se considera además si en la gran dilapidación de estos bienes á que dieron lugar las precedentes vicisitudes de España, fue escasísimo el número, guardada proporción, de los españoles que acudieron á las subastas para enriquecerse con ellos, y que toda aquella gran masa de bienes fué á concentrarse en manos de pocos especuladores, no todos nacionales, cuya avidez halagada por la vileza del precio, ó quizás también por el modo de desembolsarlo; si se considera por último que el permiso de que se hace mérito en los artículos 35 y 38 del último Concordato, suscitó algún descontento especialmente entre cierta clase de personas, de modo que el Padre Santo persuadido de la existencia é importancia de las causas intrínsecas no titubeó en concederlo, pero no lo concedió sin repugnancia en la prevision de la indicada circunstancia intrínseca, como mas atrás se ha dicho; no se puede menos de experimentar mucha dificultad en creer á la exigencia de la opinión pública, cuya existencia se afirma en el mencionado despacho. Y en efecto, ¿cómo puede concebirse y conciliarse por un lado el disgusto y la exigencia de la opinión pública relativamente al pronto cumplimiento de la venta de los bienes, con la absoluta inacción de los españoles por otro lado, y con la ausencia total de compradores, á pesar de los edictos y avisos de venta, repetidos y continuados sin interrupción por espacio casi de