Revista católica (Barcelona) (1856-04-01 00:00:00), página 90

sería en los artículos 35 y 38 del Concordato. Ahora bien: si para cambiar la forma, en vista de las especiales circunstancias unidas con la evidente ventaja de la Iglesia, de una parte determinada de su propiedad, fue necesario recurrir á la autoridad suprema de la Santa Sede, y esta necesidad fue reconocida formalmente en el Concordato por la otra parte contratante, es fuerza inferir que en el sentido de aquel solemne documento, lo restante de la propiedad de la Iglesia debía conservarse en la misma especie de bienes raíces, y que el Gobierno español no tenía ningún derecho para cambiar su forma por medio de la venta y de la conversión en rentas del Estado.

Y si el Gobierno de aquella época no podía hacerlo con respecto á una parte menos importante de los mencionados bienes, no estaba ciertamente en su derecho, ni ha podido hacerlo el Gobierno presente respecto á todas las propiedades que la Iglesia posee ó adquiriere en lo sucesivo en España. Pero ¿quién podrá creer que el Gobierno español hubiera querido aprovecharse y valerse para su propósito de esta misma disposición de la Sede apostólica? Así es, sin embargo; y el despacho que con tanta confianza convoca á «recorrer» los artículos del Concordato, en los que se habla de propiedad y de bienes para convencerse que su principio esencial en la materia de que se trata queda á salvo, siempre que en cambio de sus bienes se entreguen á la Iglesia los títulos de la deuda privilegiada del Estado, con la misma confianza, apelando á los mismos artículos, continúa á discurrir del modo siguiente:

«Al mismo tiempo que en uno de ellos se declara inviolable la propiedad de la Iglesia, en otros se manda enajenar los bienes estables, y convertir su producto en rentas públicas; por consiguiente, á juicio de la Santa Sede, la inviolabilidad de la propiedad de la Iglesia no desaparece con la enajenación de sus bienes raíces; por consiguiente, á juicio igualmente de la Santa Sede, la propiedad de la Iglesia queda salva é intacta aunque se convierta en cédulas de la deuda del Estado.»

Es muy fácil descubrir el equívoco vicioso, y deshacer el nudo de semejante especie de argumentación con solo que se distingan y se establezcan bien dos cosas; á saber, el principio por el cual se declaró en el artículo 41 del Concordato inviolable la propiedad presente y futura de la Iglesia y las causas porque en los 35 y 38 se dispuso la venta y conversión en títulos del 3 por 100 de una determinada parte de los bienes de la misma Iglesia. El principio de la indicada declaración proviene y deriva directamente del origen, índole y destino de los bienes mismos, los que perteneciendo, como se ha dicho en otro lugar, por derecho de propiedad á la Iglesia independientemente de toda concesión y consentimiento del principado civil; y disfrutándose únicamente como en administración y usufructo por las corporaciones ó individuos del Clero, no pueden ser vendidos, cambiados ó convertidos en cualquiera otra renta, sin el permiso ó autorización del supremo Jefe de la Iglesia, ó también de los Obispos en los límites de las facultades que les conceden las disposiciones canónicas. Este es el sentido en que en el citado artículo 41 se ha declarado la inviolabilidad de la presente y futura propiedad de la Iglesia, y no se ha tenido jamás la intención de establecer y declarar que los bienes y las propiedades eclesiásticas son de tal manera inviolables que no puedan, ni siquiera con el permiso y anuencia de la suprema autoridad de la Iglesia, venderse, permutarse y convertirse en otros capitales y en otras rentas.

La aplicación al caso en cuestión de las evidentes teorías relativas á