Revista católica (Barcelona) (1856-04-01 00:00:00), página 86

das. Con el designio, al parecer, de hacerlo con mayor fruto, añade que si apremiado por las causas expuestas, tuvo que prescindir y "apartarse de algunas de las prescripciones del Concordato, cree sin embargo no haber faltado en nada esencial de cuanto se consigna en sus artículos." Y para probar sus aserciones, deja el camino derecho; no se ocupa ya de los artículos del Concordato que al caso se refieren: no trata de demostrar que con la ley general de desamortización eclesiástica, emanada únicamente de la autoridad secular, no han sido violados aquellos artículos del Concordato en que se prescriben reglas para la venta de algunos bienes determinados de la Iglesia: y ateniéndose a la vía indirecta, pasa á declarar que "el derecho de adquirir la Iglesia, consignado en el artículo 41 del Concordato, no ha sido conocido, no ha sido desconocido por un solo momento en las leyes y decretos emanados del Gobierno y de la Reina." Transcribe en seguida las palabras del artículo 22 de la ley de desamortización, en el cual se ordena "la emisión sucesiva de inscripciones del 3 por 100 con arreglo al capital producido por la venta de los bienes eclesiásticos," y asimismo las de los artículos 26 y 27, en los cuales se declara que "los bienes donados y legados, ó que se donen y leguen en lo sucesivo á manos muertas, entre las cuales se comprende á la Iglesia, serán puestos en venta ó redención para ser también convertidos en títulos de la deuda pública," y de aquí deduce en su juicio "con claridad," que "el derecho esencial de adquirir queda incólume en la Iglesia: que podrá adquirir cuanto se le legue ó se le done en rentas públicas; y que "podrá tambien convertir en rentas públicas cuanto se le doque ó se le legue en bienes raíces." Reconoce después, que "la ley prohibe á la Iglesia poseer esta última clase de bienes, y eso no porque sea la Iglesia quien los posea, sino porque la Iglesia es mano muerta, y se establece y se promulga el principio absoluto de que ninguna mano muerta puede poseer bienes raíces en el territorio español."

Y en este punto, confundiendo enteramente á la Iglesia con corporaciones y colegios privados dependientes del Estado; no viendo en ella mas derechos ni prerrogativas que aquellos de que son capaces los mismos colegios y corporaciones; desenvolviendo además á su antojo el derecho que "ha ejercitado siempre el poder temporal de fijar límites, condiciones y formas á la propiedad, con tal de no herir su esencia y naturaleza;" sosteniendo asimismo que tal derecho "se ha ejercitado siempre aun con respecto á la propiedad particular, mas respetable siempre que la propiedad corporativa, como que la primera nace del derecho natural, y la segunda nace de la ley, que es la que da vida á las mismas corporaciones;" concluye que, "si en España el poder temporal ha podido obligar y ha obligado efectivamente á las corporaciones municipales, benéficas y administrativas á cambiar la forma de su propiedad, puede hacer indudablemente lo mismo respecto á las corporaciones eclesiásticas," y que "siendo esto de derecho humano, puede hacerlo con entera independencia de la Santa Sede." De lo cual resulta, según el despacho, que el derecho de adquirir ha sido conservado á la Iglesia en toda su integridad, y que no le ha inferido ningun perjuicio ni quebranto la ley llamada de desamortización. Para extender la prueba de esta conclusión á las disposiciones respectivas del Concordato, no titubea el mismo despacho en añadir que: "afortunadamente nada se dice, nada hay en este documento que contradiga la desamortización: ni uno solo de sus artículos indica que la Iglesia haya de poseer precisamente bienes raíces, que los bienes raíces de la Iglesia hayan de ser en su forma in-