Revista católica (Barcelona) (1856-04-01 00:00:00), página 38

hubiera podido tener, son enteramente extraños á su institucion, y aun con menor justicia se puede culpar á la Santa Sede. El empeño con que se reproducen estas acusaciones, tantas veces desmentidas, no puede nunca tener el carácter que se trata de darle, si no se confunde la institución con el abuso, y no se atribuyen efectos á causas que no son realmente las suyas.

La Santa Sede ha encontrado injusta y fácil de comprender la razon y oportunidad con que el documento español haya creído justificar al Gobierno con el ejemplo de lo que «tolera, hace ó deja hacer á la mayoría por parte de los Gobiernos católicos,» á aquellos precisamente á quienes «mas debe la Santa Sede.» Dejemos aparte esta alusión: ya se ha dicho que la misma Santa Sede conserva siempre en la memoria, y es siempre reconocida á cualquiera beneficio, de cualquiera parte que venga; pero no por eso faltará jamás á los mas altos y apremiantes deberes de su ministerio. Sean, pues, grandísimos los títulos que reclaman y exigen su gratitud, ella no falta ni faltará jamás á cuanto en otro género y orden de cosas le dicta la conciencia y le impone su oficio. Es verdad (¿y quién podrá negarlo?), algunos Gobiernos católicos «toleran y dejan hacer» en punto de religión «bastante mal de aquello» que introduce en España la base dicha. Pero toleran y dejan hacer aquello que la imperiosa ley de la pública necesidad les prohibe impedir, no sin nivelar y garantir al mismo tiempo la observancia de las debidas reglas, para que, á pesar de la tolerancia, el error no se difunda y comunique. El caso, pues, de estos Gobiernos nada tiene de común, ó mejor dicho, es diametralmente opuesto al de España. Están establecidas hace siglos, en los territorios de estos Gobiernos, las comuniones y sociedades no católicas. Y está admitida por irresistible razon de alta prudencia, y aun convenida y estipulada entre estas potencias, la libertad ó tolerancia de cultos. Al contrario, la nación española, de un extremo á otro de sus regios dominios, profesa exclusivamente la religion católica, y está inseparablemente afecta á la unidad católica. Bien lejos de haber deseado y pedido la mas ligera innovacion, toda en cuerpo se ha levantado á protestar y reclamar, al primer síntoma, de la ofensa que se le infería por la segunda parte de la base: ¿qué mas? Tampoco de los extranjeros han partido instancias y demandas para que se introdujese en España la libertad ó tolerancia religiosa, ó al menos se le preparase el camino. Si quiere tenerse una prueba de esto, en la misma Asamblea se dijo varias veces por personas respetables, y se declaró en el curso de su ruidosa discusion «que no hubo ninguna representacion de extranjeros, sino la de un judío de Alemania, que pidiese la libertad de cultos.»

No mas á propósito ni con mayor fruto el despacho español invoca el hecho de las dos Constituciones de 1837 y 1845, y se detiene especialmente en manifestar que cuanto admite y dispone la repetida parte de la base, «existe de derecho desde el 1848, época de la promulgacion del Código penal, en el cual una, dos y tres veces, en diversos articulos y bajo distintas formas, fue establecido terminantemente que la publicidad fuese la condicion esencial del delito religioso, y que á cuanto se hiciese sin ella, no se le impusiese pena alguna á ningun acto secreto, por contrario que fuese al culto católico.»

No es necesario volver á tratar de los respectivos articulos de las dos citadas Constituciones, habiéndose indicado en otro lugar que por ellos no se autorizaba ni admitia en España el ejercicio exterior, aunque fuese secreto ó privado, de un culto no católico, y mucho menos abrir camino á la tolerancia religiosa; en la misma Asamblea, al disentirse la base segundo, se confesó públicamente que en 1837 «la