Revista católica (Barcelona) (1856-04-01 00:00:00), página 81

no dieron en esta ocasión pruebas de descuido ni de lentitud, ni de aversión al cumplimiento del encargo que se les había cometido, fue indispensable otra Real orden dirigida el 2 de julio de 1852 por el ministerio de Hacienda al director general de las referidas administraciones, y por lo que se mandó «disponer cuanto conviniese á fin de que los empleados de las mismas se ocupasen, aunque fuese en horas extraordinarias, en los trabajos necesarios para facilitar á los reverendos Obispos todos los documentos comprobantes de la posesión en el dominio de los bienes devueltos al Clero, á fin de que pudiesen proceder á su enajenación.» Es por lo tanto cierto, que aun sobre este punto, la dilación interpuso á la ejecución de las ventas no puede atribuirse sin gran injusticia á la Iglesia y á los Obispos. Pero no es menos cierto que desde el momento en que los respetables Prelados que los necesitaban, tuvieron en su poder los títulos y documentos pedidos al efecto, no dejaron de ocuparse en ellas cuanto es posible de activarlas, de facilitarlas, de continuarlas sin descanso, y de hacer cuanto estaba de su parte por llevarlas á cabo. Este es un hecho que no necesita ser comprobado más que por la notoriedad y la fe pública. Las pruebas están á la disposición y vista de todos. Tal como ahora se afirma, viene confirmado y probado por los actos públicos del Gobierno, de aquel Gobierno en cuyo nombre se dice en el despacho que «en cuatro años la Iglesia nada ha hecho, mostrando en la venta de sus bienes un descuido y una lentitud evidentemente contraria á los pactos convenidos.» En el artículo 4.º del Real decreto fecha 9 de diciembre de 1851, dirigido á fijar las mas minuciosas formalidades que debían observarse para la ejecución de las ventas, se prescribe lo siguiente:

«Fijado el precio y el dia de la subasta, el Prelado diocesano expedirá los edictos correspondientes que se fijarán en los sitios de costumbre; y además se insertarán en la Gaceta y Diario de Avisos de Madrid, en el Boletín oficial de la provincia á que corresponda la capital de la diócesis, y en el de aquella en la que se hallan situados los bienes, á lo menos con un mes de anticipación.» Todo esto con otras infinitas disposiciones y medios fue dispuesto, como es evidente, de acuerdo con el Nuncio apostólico para dar mayor impulso á las ventas, y proporcionarse mayores ventajas, merced á la emulación y concurso de los postores. Cójase, pues, y recórranse los Boletines oficiales de las provincias, el Diario de Avisos de la capital y principalmente la Gaceta, y después de leer y de ver con sus propios ojos, que en algunas diócesis, donde acaso no faltaban los títulos de los bienes que debían venderse, las subastas principiaron á fines de mayo de 1852, es decir, antes que la orden relativa al envío á los Prelados diocesanos de los mismos títulos tuviese curso; que desde entonces acá se activaron con toda premura en las varias diócesis del reino; que en todas aquellas donde existían bienes destinados por el Concordato á la venta, se continuaron sin interrupción de mes á mes, de año en año; que no habiendo tenido resultado las primeras por falta de compradores ó otra causa semejante, se renovaron los edictos y pruebas de subasta por segunda, tercera y aun en alguna parte por cuarta vez; y que no se dejaron ni se suspendieron, sino á principios de febrero del presente año, cuando se presentó á la Asamblea constituyente el proyecto de ley para la desamortización general eclesiástica; que se decía si hay razón para asentar en el despacho español, «que la Iglesia nada ha hecho en cuatro años, y que en la venta de sus bienes, ha demostrado una lentitud y descuido evidentemente contrario á los pactos estipulados.»