Revista católica (Barcelona) (1856-04-01 00:00:00), página 24

Pasemos también por alto la poca o ninguna conformidad entre estos pasajes citados y el que próximamente le sigue, en el cual claramente se dice que en ningún modo era de esperar de la prudencia de la Santa Sede la publicación de las causas, ó como dice el despacho, de las falsas suposiciones alegadas por el encargado pontificio al comunicar la orden que había recibido de retirarse del reino. Pero no puede menos de notarse que el Gobierno español, al inculpar á la Santa Sede de la manera expresada, trata de hacer creer que las protestas y reclamaciones verbales y escritas, oficiosas y oficiales de la misma y su determinación de romper relaciones con España, han sido exclusivamente provocadas por cuestiones administrativas y económicas, por intereses materiales y mundanos. Pero ¿en qué se funda ó podría fundarse inculpación tan injuriosa? Ciertamente que todos los actos y disposiciones contrarias á la Iglesia y á los sagrados derechos de los Obispos, á que poco antes se ha hecho alusión, y otras muchas nada leves, que más adelante mencionaremos, dicen relación á cosas y puntos de índole y naturaleza pura y absolutamente religiosa.

Y aun la cuestión misma de la venta de bienes eclesiásticos, á que principalmente refieren los citados pasajes, no puede en verdad, según la sostiene la Santa Sede, ser considerada únicamente como económica y administrativa; pues que según la enseñanza de las doctrinas católicas y las venerables tradiciones de la más remota antigüedad, aquella cuestión tiene que ver con la integridad y lleva en sí la profesión de un principio ó artículo relativo á la disciplina más general de la Iglesia, inherente al dogma: principio que por lo mismo es sagrado para la Iglesia á la par que los otros, por depender y estar estrechamente unido á la naturaleza, forma y constitución que quiso darla su divino Autor.

Corresponde y se refiere á un derecho esencial, imprescriptible, innegable, consagrado por el asentimiento general de los pueblos católicos, protegido y consolidado por los decretos y sanciones penales de los Concilios, y especialmente del célebre de Trento, recibido en España como ley del reino; derecho que la Santa Sede no puede abandonar sin faltar á sus sagrados deberes; por el contrario, tiene á todo trance que defenderlo, sostenerlo y protegerlo generalmente. Salvos, pues, el principio y el derecho, como lo han estado en todos tiempos y en todas circunstancias, y principalmente con respecto á España, la constante benevolencia y liberal indulgencia de la Santa Sede, en todas las cuestiones económicas y administrativas ó de intereses materiales, no es esta ocasión de hacer mérito de ellas, y á fin de evitar repeticiones, se reserva para otro lugar.

Continuando el documento español en el mismo tema, denuncia aun á la historia la facilidad con que la Santa Sede procura agravar y hacer mas peligroso y difícil el estado de la nación española, y no teme declararla desde luego responsable de los desastres que pudiesen afligir al reino, si las publicaciones que se llegaran á efectuar ofreciesen autorizados pretextos á los enemigos del orden para alterarlo en la Península, creando una complicación mas al Occidente, que hoy en tan recia como legítima lucha tiene distraídas su atención y sus fuerzas. ¿Quién se atrevería á culpar á la Santa Sede, de lo que dado caso sería mas bien el cumplimiento de un riguroso deber, y el efecto subsiguiente de las intolerables disposiciones del Gobierno español? ¿Quién no ve en todo, el designio de hacer aparecer la conducta y los actos de la Santa Sede, como un arma de partido, para atribuir tal intención y culparla de tal abuso?

La Santa Sede deplora alta y sinceramente las convulsiones políti-