Revista católica (Barcelona) (1855-10-01 00:00:00), página 35

evidentemente que se trata en ellos de una condescendencia valorativa para los bienes que se expresan. De modo, que atribuir á dichos artículos un sentido diferente, pretendiendo que la expresada condescendencia parcial sea extensiva á los bienes que volvieron á poder del Clero por efecto de la ley de 3 de abril de 1845, equivaldría á no querer reconocer el genuino y claro texto de aquellos artículos, y pretender además reducir el Concordato á un acto que á sí mismo se contradice, como si contuviese al propio tiempo disposiciones dirigidas á garantizar al Clero, salva é intangible, la parte que recobró de su propiedad, y facilidades propias para favorecer la especie de enajenación de la misma propiedad.

Son de tanto peso estas consideraciones, que no pueden ciertamente pasar desapercibidas al esclarecido juicio y discernimiento del Real Gobierno de S. M. Católica. El mismo tiene la plena convicción de que cuanto se ha manifestado ó bien sea en la alocución pontificia de 5 de setiembre de 1851, relativa al Concordato, y en la Bula que ratificaba aquel acto, promulgada con la Real ratificación en el reino como ley del Estado, bien en las comunicaciones y conferencias tenidas entre los anteriores Reales Ministerios y la Nunciatura apostólica para la ejecución del mismo Concordato en lo que constituye la esencia de los precisados artículos, tanto en los Reales decretos, relativos tambien á dicha ejecución, como, por último, en la Nota protestativa que se apresuró á dar la Nunciatura en 20 de agosto de 1853, en un caso que no es diferente del actual, cuyos documentos públicos prueban hasta la evidencia, según el obvio e indeclinable sentido de los precisados artículos 35 y 38 del Concordato, que con los mismos fue únicamente autorizado por vía de condescendencia excepcional, y por las especiales circunstancias allí citadas, la venta y conversión de algunos bienes eclesiásticos no comprendidos en la ley del 3 de abril de 1845 y aun para enajenar mientras se estipulaba el Concordato.

Basta por lo tanto apelar á la razon del buen sentido y del sano criterio, para deber persuadirse de que en fuerza de lo expuesto, el antedicho Real Gobierno desista de un pensamiento absolutamente inconciliable con el espíritu y letra del Concordato. Las seguridades, por lo demás, que ha dado repetidas veces por medio de V. S. Ilma. de que quiere mantenerse en buenas relaciones con la Santa Sede, son de tal naturaleza que hacen concebir á Su Santidad la esperanza de que aun esté lejano, en lo concerniente al Clero, el cumplimiento de un proyecto de ley cuya ejecución no podria de modo alguno hallarse en armonía con los sentimientos de que el mismo Real Gobierno declara hallarse animado para con la Santa Sede.

Entre tanto, puesto que en dicho proyecto se infiere una clara y grave lesión á la Autoridad de la Iglesia y de su propiedad temporal, y se comete al mismo tiempo una evidente infracción del Concordato; por lo tanto el Santo Padre ha encargado expresamente al infrascrito que proteste terminantemente en su pontificio nombre contra la proyectada ley en cuestion.

Y al proceder por el presente el Cardenal infrascrito á ejecutar las órdenes de Su Santidad, debe tambien, en conformidad á las mismas, declarar que en el triste caso de efectuarse la medida propuesta de la venta y conversión de los bienes eclesiásticos en el reino de España, la Santa Sede, por el sagrado deber que le incumbe, no podrá menos de dar á sus actuales protestas la publicidad que sea conveniente para que sirva á los fieles de saludable aviso y norma, y no se aprovechen de una ley tan contraria á la Iglesia en perjuicio de sus conciencias. En cuyo caso se veria tambien la Santa Sede obligada á advertirles que con