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Ni las regalías, que resumen los honrosos títulos que tiene adquiridos ante la Iglesia la Corona Católica á conservarse á la altura de su dignidad como poder supremo del Estado, con todo el lleno de inmunidades que en interés de la misma Religión la presentan sin competidor á la vista del pueblo, y de cualquiera otra autoridad de las que con el real consentimiento y aprobación administran los intereses de ese pueblo; ni el Real Patronato, que nunca puede ser sinónimo de opresión y despojo; autorizan hoy ni han autorizado jamás al Gobierno á proponer como ley y procurar que como ley del reino se adopte por poderes civiles una interpretación atentatoria contra otra ley de doble carácter, civil y religioso, como lo es el Concordato.

Buen cuidado tuvo el negociador de este pacto solemne en representación de S. M. C., de que se continuara en él un artículo expreso donde se dejaran á cubierto las reales prerrogativas de la Corona de España; y tal es el art. 44 de dicho convenio. Héle aquí literal: «El Santo Padre y S. M. C. declaran quedar salvas é ileas las reales prerrogativas de la Corona de España en conformidad á los convenios anteriormente celebrados entre ambas potestades. Y por tanto, los referidos convenios, y en especialidad el que se celebró entre el Sumo Pontífice Benedicto XIV y el Rey Católico Fernando VI en el año 1753, se declaran confirmados, y seguirán en su pleno vigor en todo lo que no se altere ó modifique por el presente.»

No tiene, pues, sentido el apelar al subterfugio de las regalías ó derechos de la Corona para interpretar un Concordato que las recuerda, reconoce y confirma plenamente en todo cuanto no diga oposición á los acuerdos que ambas potestades consignaron en el propio Concordato. Y tan no tiene sentido esa que podrá llamarse hipocresía regalistica, para propasarse el Gobierno como defensor de tales
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regalías á interpretar contra los derechos de la Iglesia los derechos de la Corona, como que uno de los derechos de la Iglesia con mas claridad y precision reconocidos en la precitada estipulacion, es el de propiedad así para conservarla como para de nuevo adquirirla.

Así lo tiene declarado y firmado en el Concordato de 1851 la misma Corona de España que le firmó con el de la Santa Sede; diciendo al efecto en el art. 41, que «la «Iglesia tendrá el derecho de adquirir por cualquier título «legítimo, y su propiedad en todo lo que posee ahora, ó «adquiriere en adelante, será solemnemente respetada.»

¿Y no se ruboriza de oponer dudas á tanta claridad el autor del proyecto de desamortización eclesiástica que tan directamente infringe el artículo absoluto y perentorio donde se reconoce y fija como incontrovertible el derecho de adquirir y de conservar su propiedad la Iglesia, debiendo serle solemnemente respetada?

¡Bien se conoce la pobreza de los recursos jurídicos que en este negocio emplea el legislador, cuando tiene que acudir á dos pronombres que ni de cien leguas se refieren á propiedades ninguna absolutas de la Iglesia!

En su párrafo tercero dice así el art. 4.º del Concordato, después de haber señalado los fondos con que ha de atenderse á la dotacion del Culto y del Clero: «Además «se devolverán á la Iglesia desde luego y sin demora to-«dos los bienes eclesiásticos no comprendidos en la expre-«sada ley de 1845 y que todavía no hayan sido enajena-«dos, incluso los que restan de las comunidades religio-«sas de varones, pero atendidas las circunstancias actuales «de unos y otros bienes (el original latin dice utrorumque «bonorum), y la evidente utilidad que ha de resultar á la «Iglesia, el Santo Padre dispone que su capital se con-«vierta inmediatamente y sin demora en inscripciones in-
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transferibles de la deuda del Estado del 3 por 100, observándose exactamente la forma y reglas establecidas en el art. 35 con referencia á la venta de los bienes de las Religiosas.»

Vamos á lo de los pronombres unos y otros que es la formidable aldaba donde se ha cogido con toda su fuerza de presion el autor á quien combatimos.

La palabra utrorumque que mejor que por unos y otros se hubiera acaso traducido por entradas clases de bienes, ningun mediano hablista latino la empleará sino para cosas poco antes nombradas, en gracia de la brevedad de la diccion y para excusar pesadas repeticiones. ¿Y cuáles son los bienes que poco antes ha nombrado el párrafo transcrito, al cual por lo demás en todo el artículo no precede párrafo alguno que nombre ninguna otra clase de bienes eclesiásticos? —Son : 1.º, «los bienes eclesiásticos que no hallándose comprendidos en la ley de 1845, no hayan sido todavía enajenados;» y 2.º, «los que restan, —por supuesto no enajenados,— de las comunidades religiosas de varones.»

Aquí, Sr. Ministro, se le puede decir al caviloso intérprete de tan clara letra, no hay nada para la cavilacion, para la duda, para la interpretacion que se pretende. De las clases de bienes que en el referido artículo se calenan quedan excluidos según su terminantísimo contexto todos los que á la fecha del Concordato poseia como propietaria la Iglesia, como no comprendidos ellos en la expresada ley de 1845 y como todavía no enajenados; y se excluyen asimismo los de las Comunidades religiosas que se conservaban en posesion de sus propiedades, sobreviviendo aquellas á las que se hallaban ó extinguidas, ó desposeidas en el consabido año. Luego, si la lógica del absolutismo desamortizador es la lógica del sano raciocinio,
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ha de discurrir y concluir que son todavía muchos los bienes sobre quienes en virtud del art. 38 del Concordato deben quedarle á la Iglesia como de su propiedad, no obligadas á su conversion ahora ni nunca en inscripciones de la deuda, conforme lo están aquellos unos y otros, aquellas dos clases de bienes que en el tercer párrafo del repetido artículo se mencionan.

Para mayor colmo de confusion de quien así tan caprichosamente se ha permitido, mas que interpretar, adulterar y forzar en sentido codicioso el literal texto de una ley que ni él ni todos los poderes civiles, por muy soberanos que fueren, pueden interpretar sino de concierto en todo caso con el otro alto poder que concurre á formarla, ahí están las siguientes inequívocas promesas que entrambas á dos potestades signatarias de la ley, en cuestion hoy dia, se hacen la una á la otra en el período final de su art. 45... «Y por tanto una y otra de las partes contratantes prometen por sí y por sus sucesores la fiel observancia de todos y cada uno de los artículos de que consista. Si en lo sucesivo ocurriese alguna dificultad, el Santo Padre y S. M. C. se pondrán de acuerdo para resolverla amigablemente.» Esto se considera de fórmula obligada en todo pacto bilateral. ¿Y no lo es el Concordato?

¿Qué podrá, pues, decir el Sr. Pacheco á Su Santidad para darle á entender que en el proyecto de desamortización no se ha prescindido del Concordato, no se le ha arrumbado como letra muerta, faltando primeramente á las prescripciones de la cortesía al anunciar á las Cortes que para realizar el infáusto proyecto, á nadie se pediría permiso; y después, creando á nombre y en favor de una de las partes contratantes una dificultad de tanto bulto como la de hacer seguir los trámites de una ley á una serie de infracciones del Concordato, y al resúmen de todas ellas,
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la infraccion de la promesa formal y reciproca de ponerse de acuerdo el Santo Padre y S. M. C. para resolver amigablemente cualquiera dificultad que ocurriese?

¿Será lo mismo para el talento interpretador del señor D. Pascual Madoz ocurrir alguna dificultad que crearla?
¿Será lo mismo para S. E. resolverla amigablemente entre las dos Personas en ello interesadas, que el darla una sola de ellas por resuelta, sin pedir permiso á la otra, en frase de aquel Consejero de la Corona? Para contestar y condenarle en este punto bastan dos autoridades: la letra del Concordato, y el Diccionario de la lengua.

Lo que no quisieras para ti no lo quieras para otro.
¿Qué le parece al poder de la situacion, y qué solucion le puede hallar su plenipotenciario en Roma, á ese axioma de derecho natural, haciendo de él aplicacion al negocio del Concordato? Propónganse sino este señor y sus patronos ó poderdantes la siguiente hipótesis:

Supóngase que Su Santidad antes de las dificultades que se han creado (no que han ocurrido) al Gobierno español en el fatal proyecto desamortizador, hubiese pronunciado en consistorio secreto una alocucion, ó expedido unas letras apostólicas en que se declarase y determinase, sin prévio acuerdo con S. M. C., lo contrario de lo estipulado en el art. 42 del Concordato, que dice así: «Art. 42. Atendida la utilidad que ha de resultar á la Religion de este convenio, el Santo Padre, á instancia de S. M. C. y para proveer á la tranquilidad pública, decreta y declara que los que durante las presentes circunstancias hubiesen comprado en los dominios de España bienes eclesiásticos, al tenor de las disposiciones civiles á la sazon vigentes, y estén en posesion de ellos y los que hayan sucedido ó sucedan en sus derechos á dichos compradores, no serán molestados en ningun tiempo ni manera por Su Santidad,
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«ni por los Sumos Pontífices sus sucesores; antes bien así «ellos como sus causa-habientes, disfrutarán segura y pa- «cíficamente la propiedad de dichos bienes y sus emolu- «mentos y productos :» si hubiera, repetimos, Su Santi- «dad, sin consideracion á esa parte del convenio, pronuncia- do ó publicado una declaracion cualquiera previendo que en lo antes convenido con S. M. C., no debian entenderse levantadas las censuras que tiene constituidas la Iglesia contra los compradores y detentores de cosas eclesiásticas, ni relevados de la restitucion los compradores y poseedores de que habla aquel artículo, ¿lo hubiese aplaudido el Go- bierno? ¿lo hubiese ni siquiera tolerado? ¿No se habria tenido por dispensado, en el caso supuesto, de cumplir por su parte la letra del referido Concordato, y aun to- mado pié de ahí para una formal ruptura de relaciones interoficiales? ¿Habria en tal caso admitido á su lado re- presentante alguno de Su Santidad que no trajese la mision de restablecer las cosas al ser y estado que tenian, según el sentido de aquel documento obligatorio para entrabbas partes signatarias, á la fecha en que fue ratificado y fir- mado por los plenipotenciarios respectivos?—Aquí se es- trella toda interpretacion; el derecho natural resalta con todo el lleno de su fuerza: el quod tibi fieri non vis, al- teri ne feceris hace imposible todo disenso, resuelve toda duda, coloca paralelos los derechos de las dos partes in- teresadas.

Triste suerte está reservada á cualquier Gobierno que se atreve á dudar, en solo provecho propio, de la aplica- cion de un principio fuera del cual no se puede esperar justicia en los contratos.

No fuéramos católicos; que con solo ser españoles nos causaria rubor el vernos precisados á confesar que hay en España quien llamándose Gobierno infringe, en daño de
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un poder con quien está obligado por un contrato reciente el mas solemne, la reciprocidad de los compromisos aceptados en virtud del mismo.

¿Dudais despues de las anteriores pruebas haya en España quien así se propone gobernar? A la mano se viene aquí para mas prueba el incalificable proceder que se ha tenido por el actual Gabinete español con el Obispo de Osma.

Este dignísimo Prelado ha sido llamado á la corte; detenido en ella algunos dias; interpelado en privadas conferencias con el ministro de Gracia y Justicia, sometido á un exámen secreto, ó mejor que exámen deliberacion gubernativa de la Cámara eclesiástica, bajo la presidencia, según dicen, del ya nombrado Ministro; y finalmente, á pesar de cuantas gestiones se asegura han practicado para impedirlo, ya el Encargado de la Nunciatura, ya otras personas muy calificadas, se le manda salir de la corte para Cádiz, desde cuyo punto se da por cierto irá desterrado á Canarias!!

¿Y qué delito se atribuye al virtuoso Prelado español? ¿Qué cargos se le han hecho?

A estas preguntas nada mas se puede contestar sino que, en uso del que creyó ser su derecho y su deber apostólico, reclamó á tiempo, en una exposicion, santa, libre, terminante, decorosa en el lenguaje, aunque comprensiva de citas canónicas de sentido amenazador para cuantos las desoyan y desprecien, y reclamó lo mismo que los demás Obispos, que toda la Iglesia, y que su augusta Jefe el Papa no pueden menos que reclamar de un Gobierno comprometido como depositario de la Real confianza, y Gobierno de una nacion católica, á observar al pie de la letra el Concordato, sin permitirse interpretacion ni nueva aplicacion que no obtenga préviamente el asenso de la corte pontifi-
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cia: en una palabra, reclamó que al derecho de propiedad que está vinculado á la Iglesia y solemnemente reconocido en aquel contrato bilateral, no se sustituya alteración alguna, ni aun el que se quiere suponer por el Sr. Madoz cambio de mera forma, sin preceder consentimiento del único poder que puede darle; del supremo poder católico, apostólico, romano.

Por la prensa de Madrid y sus correspondencias, ni por órgano alguno del Gobierno, se ha dicho cosa que satisfaga la alarmada ansiedad pública, en justificación de las medidas tomadas hasta hoy contra el Obispo de Osma. ¿Será porque nadie le pueda negar al Prelado la justicia que tiene en el fondo su demanda? Por eso será sin duda, que lo punible del escrito, dicen los mas de los que se le han vituperado, no está en su fondo y totalidad, sino en la forma un si es no es poco circunspecta, pero principalmente en haberse permitido citar en su apoyo, entre otras autoridades una sacada de la bula In caena Domini, cuyas letras, se dice, no obtuvieron en España el regium exequatur. ¿Y puede ser esa en caso ninguno cuestión de regalia injuriada? Vamos á verlo. Lo único en que el ilustre Prelado hace referencia con las palabras de su exposición á la bula In caena Domini, que á fe es bien poco, se contiene en el párrafo siguiente:

«Y bien: ¿se dará lugar á que los centinelas avanzados de la casa de Israel, en cumplimiento de su espinoso ministerio, y obedeciendo á lo que se dispone en los sagra- grados cánones, con especialidad en los Concilios gene- rales de Constanza, sesion 8.ª contra Wicleff; el de Tren- to, sesion 22, cap. 11 De Reformatione, y multitud de bulas pontificias, señaladamente la de In caena Domini; «se dará lugar á que los Obispos esgriman esta espiritual «espada contra los violadores de la legislacion divina, con-
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En vista de esto, debemos felicitarnos de haber guardado una prudente reserva, suspendiendo dar asenso á la noticia infundadamente acogida por algunos órganos de la prensa, de habersele rehusado al Sr. Pacheco su admisión á la Cámara del Vaticano. Así nos hemos ahorrado el disgusto de tener que rectificar un hecho histórico, que hubiésemos dado como tal, siendo, sin embargo, pura fábula.

Cuando el rio suena, agua llevá, dice nuestro refran; y en el caso presente, no dirémos sea cierto, pero sí verosímil, que algun fundamento tendría la noticia, desmentida hoy, de no haber sido admitido por la Santa Sede el nuevo plenipotenciario de la corte de Castilla. En efecto, no deja en primer lugar de prestarse á desfavorables interpretaciones el hecho de que habiendo llegado á la santa Ciudad el Ministro español en 10 de marzo, no fuese admitido á la soberana presencia antes del 17, sin haber mediado impedimento alguno plausible que expliqué esa tardanza. Mas lo que en segundo lugar, y con sobrados visos de razon, pudo se conjeturar de la misma, fue que la conducta descortés y agresiva del actual Gobierno español en lo concerniente á personas y cosas eclesiásticas, con visible vulneracion si no flagrante infraccion del espíritu y letra del último Concordato, habia de levantar una barrera de justas prevenciones y desconfianzas entre el poder espiritual herido en sus sagrados derechos, y el representante tardio de aquel poder temporal que se los hiriera sin rebozo.

Pero no: Roma ha querido esta vez mas, como lo tiene de costumbre, oir para ser oída, tratar bien para merecer ser bien tratada, franquear el paso á la conciliación para mejor hacer valer la justicia de sus cargos. Los que, atendido el estado de la Iglesia de España en 1853, tiene
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tra los usurpadores de los bienes de la Iglesia, declarándoles separados de la comunión de los fieles como miembros podridos, privados de la entrada en el templo, de la participación de los Sacramentos, y de sepultura eclesiástica en la hora de la muerte?

¿Qué injuria hay en todo esto para la regalia que ahí se supone lastimada? Ninguna. No la hay, por el tono dubitativo y más de amonestación que de amenaza en que viene concebida esa interrogación; porque en el solo expresar una duda, en el amonestar que se evite un peligro que se teme, no se comete ofensa, no se infiere agravio. No hay injuria, porque en la entendida interrogación solo nominalmente señala el escritor la referida bula, sin copiar de ella los pasajes de su alusión: pasajes que refiriéndose, como es evidente, al ejercicio de la autoridad eclesiástica en lo espiritual y de disciplina inmutable de la Iglesia; á saber, á la sanción penal que transmitida del mismo código divino y por derecho canónico tiene ella decretada para cuantos violan, usurpan ó detentan las cosas y bienes de su propiedad; no son pasajes á buen seguro que puedan injuriar á la regalia de la Corona de España, cuyo derecho no ha estado nunca ni puede estar, en gracia de sus timbres de católica, reñido con aquellas disposiciones de la bula In cena Domini que exclusivamente confirman dicha sanción penal, tal cual se comprende en el cuerpo del derecho canónico permanente, tal cual antes del siglo pasado fecha de la propia bula, y en cuantos siglos cuenta de existencia la Iglesia de Dios, se hallaba establecida.

Oportunamente llega á nuestras manos una noticia de origen nada sospechoso, en la que vemos apreciadas de la misma manera que las apreciamos nosotros las circunstancias del caso presente. Residente en la corte el autor de
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la noticia, y bien enterado, además, de cuanto ha ocurrido en el negocio, dice tener entendido que el fondo de la doctrina del virtuoso Prelado hallóle incontrovertible el mismo señor ministro de Gracia y Justicia. ¡Lástima que este señor no lo viera así desde un principio, cuando en mal hora para su reputación de ministro, de hombre de ley, de catedrático de Cánones y de escritor facultativo, dispuso que pasara al Gobierno la exposición del Sr. Obispo, y llamar á Madrid el inocente autor de la inocente exposición sobre la incompetencia del Gobierno y de las Cortes para resolver en materia de desamortización eclesiástica sin preceder acuerdo de la autoridad pontificia!

El propio autor de la noticia que tenemos á la vista añade que lo único, en que al fin pudo recaer alguna queja ministerial contra el Obispo de Osma, fue el haber este nombrado la bula In caena Domini, y la vaguedad de ciertas frases de la exposición, que al Sr. Ministro le parecían susceptibles de una interpretación peligrosa. En cuanto al primer escrúpulo, contestó el Sr. Obispo, lo que ya debió saberse el receloso consejero de la Corona, esto es: que prescindía de la cuestión jurídica, sobre si semejante bula tenía ó no en España el pase real, y si estaban suplicadas todas sus cláusulas, ó si (que esto último es lo cierto, por más que lo ignorase ó lo hubiese dado al olvido el receloso Ministro), tan solamente dejaron de obtener el pase aquellas que juzgó la Corona depresivas ó opuestas á su Real prerrogativa. Tocante al segundo punto, el de las frases supuestas peligrosas ó ocasionadas á interpretación siniestra; como en el capítulo de cargos que al Obispo residenciado dirigió S. E. ministerial, no se indicaba cuáles fuesen, dice la noticia que estamos extractando, mal podía Su Ilma. retractarlas ó explicarlas satisfactoriamente, teniendo así que limitarse á decirle como le dijo el Prela-
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do en su contestacion oficial, que «le era imposible por de pronto, mientras el Gobierno no se sirviese señalar las frases, dar sobre ellas una explicacion concreta :» mas añadió por punto general ; que, «segun se despren- dia del contexto mismo de la exposicion, no habia sido «su ánimo mostrarse hostil al Gobierno ni á las Cortes, «pues que en ella habia expresado su respeto y obedienc- cia á todo lo que este y las Cortes dispusieran en el cir- «culo de sus atribuciones. »

¿Y no es este todo un pasaje, y pasaje candente, añadido á tantos otros de su género como ya figuran en la historia de las persecuciones de la Iglesia hispana en 1833? Y á ese pasaje histórico, á ese verídico relato de un pro- ceder, sin nombre que no sea acerbo y duro, por parte del Gobierno contra un pontífice español, ¿qué fin se le ha deparado?

Lo dicen las correspondencias y la prensa de la corte : «Anteayer (14 de abril) salió para Cádiz el Ilmo. Sr. Obis- po de Osma. Muchas personas de todas clases se agru- paban en derredor del carruaje al tiempo de partir, para «ofrecer al ilustre desterrado un último homenaje de adhe- «sion y respeto. »

¡Qué nuevo peso, y qué nuevo puñado de espinas se ha echado con un tan ilegal proceder sobre la ya dema- siadamente pesada y espinosa comision del Sr. Pacheco en Roma!

Cuando en España así se trata á los enviados de Dios Nuestro Señor, á los Obispos á quienes dijo, personifica- dos en los Apóstoles : Como á mí me ha enviado mi Padre, así yo os envio á vosotros : ¿tendrá derecho el enviado de España á que se le trate y oiga con benevolencia por el Soberano Príncipe de los Obispos ? ¿Ni bastarán todas las hábiles palabras y protestas del enviado español cerca de
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este santo Soberano, para, no dirémos santificar, ni siquiera justificar, pero ni para cohonesíar so ningun pretexto hechos de la naturaleza que la persecucion despechada del Sr. Obispo de Osma, á quien nada pudo salvar de la saña de un jurisconsulto, revestido de un poder cuyas atribuciones así desconoce y traspasa; cuyos atributos solo deben ser la proteccion y la justicia mas desapasionada?

Pero ¿qué sombras son esas que tan cerrado tienen el paso á la luz en nuestro departamento de Gracia y Justicia, que así parecen condenar á su jefe á no ver lo que ve todo el mundo que conserva sus ojos abiertos á la luz? ¿Que así tienden nubes y mas nubes sobre el horizonte religioso de España?... ¿Nubes de mal agüero que se dilatan amenazadoras en direccion del horizonte romano?

No tiene duda: nubes preñadas de tempestad ciérnense en torno del Sr. Pacheco, que se ven y cuási palpan en Roma; que hacen sombría allí la posicion de nuestro plenipotenciario: nubes siniestras que si por desgracia llegan á estallar, á los conjuros de Roma estallarán, no sobre Roma ciertamente, sino sobre el poder ofuscado que las levantó, amasó y dilató con su soplo de imprudencias é ilegalidades.

Sigue todavía la suma de sus ilegalidades é imprudencias: la suma de disposiciones gubernamentales que han visto en este año la luz pública, bajo la forma de Reales órdenes ó de proyectos de ley, que todavía no hemos nombrado. Tal es, entre las primeras, esa circular en que sin designar lugar ni persona que haya faltado á sus deberes, dice el Gobierno, «haber S. M. sabido con sumo desagrando que algun ministro del Altísimo, desnaturalizando su sagrada mision, se ha permitido censurar desde la cátedra del Espíritu Santo las disposiciones y proyectos del