Revista católica (Barcelona) (1855-10-01 00:00:00), página 42

contra la Iglesia en particular; declárase solo una base de derecho por la que no se extingue, pero si se regula la propiedad corporativa. En ello no se procede por herir ni damnificar á nadie: intétase un pensamiento de utilidad pública, creyendo usarse de un derecho que en el sentir del Gobierno corresponde por su propia naturaleza á toda sociedad soberana.

Llegamos al otro punto, que indudablemente reconoce el infrascrito como el mas grave. Llegamos al deseo de ajustarse en lo posible á la legalidad, ora á la que es fundamental y constitutiva para todos los actos del poder, la que los caracteriza en sí propios de justos y legítimos, ora á la que depende de las leyes escritas, de los pactos, de las convenciones, de los Concordatos existentes.

Acerca de la primera el Gobierno español no podía tener ninguna duda. En sus doctrinas, que cree exactas, si la ley no puede llevar su accion respecto á la propiedad particular hasta el punto de exigir que consista en rentas y no en fondos, porque la propiedad particular es anterior, es superior á la ley, no sucede ni cabe que suceda lo mismo respecto á la propiedad corporativa, evidentemente de naturaleza menos privilegiada. La ley que crea ó que acepta las corporaciones de todo género, puede hacer respecto de estas lo que no puede respecto á los individuos: no desnaturaliza, no extingue su propiedad, cuando les impone condiciones exigidas por el bien público. Usa de un derecho que nace de que las corporaciones le deben á ella el ser, cuando los individuos no se lo deben. Pero si esto justifica la legitimidad de la idea del Gobierno, no puede negarse que la legalidad bajo el segundo punto de vista no está aun justificada. Esa legalidad habia de nacer de un Concordato. Y si bien queda dicho antes de ahora que la legalidad se cambia cuando las circunstancias lo exigen, y que los Concordatos se alteran cuando es necesario alterarlos, sin que pueda negarse á hacerlo la santa y cristiana solicitud de los Sumos Pontífices, siempre que esas circunstancias y esa necesidad les sea bien patentes, todavía es claro que debió estudiar el Gobierno español hasta qué punto se pudiera mover en su deseado camino sin herir en el fondo el jus existente, y qué era lo que debía hacer á fin de perfeccionar su derecho, caso de que no fuese completo, para lo que se veía precisado á intentar y ejecutar.

Puede ser que el Gobierno de S. M. se equivocara en algunos de sus juicios: puede ser que tal interpretacion que haya dado á este ó al otro artículo del Concordato no sea la mas acertada: por firme que esté en sus opiniones, el Gobierno no se cree infalible.

Pero ¿no demostrará siempre su conducta en este particular, unida á la que ha observado y observa en otras igualmente graves, el incontuso deseo que le anima de proceder bajo el mas perfecto acuerdo con la cabeza visible de la Iglesia, y de no romper una concordia, que es tan útil para la misma como puede serlo para el propio Estado?

El Gobierno había leido en el art. 35 del Concordato vigente que se devolverian sin demora á los Prelados diocesanos los bienes de la antigua pertenencia de los conventos de religiosas que no se hubieran enajenado aun. Pero que continuaba textualmente el artículo: «teniendo «Su Santidad en consideracion el estado actual de estos bienes y otras «particulares circunstancias, á fin de que con su producto pueda atenerse con mas igualdad á los gastos del culto y otros generales, dispone que los Prelados, en nombre de las comunidades religiosas pro-pietarias, procedan inmediatamente y sin demora á la venta de los expresados bienes por medio de subastas públicas hechas en la forma canónica, y con intervencion de persona nombrada por el Gobierno