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damos facultad de conceder á los fieles de vuestras diócesis, así legos, como eclesiásticos seculares y regulares, y de cualquier instituto que sean, siquiera hubiere de ser nombrado especialmente, la facultad de elegir para sí en esta ocasión por confesor á cualquiera presbítero secular ó regular de los aprobados, y la de conceder igual facultad á las monjas, aunque sean exentas de la jurisdiccion del Ordinario, y á las demás mujeres que vivan encalustradas.

Manos, pues, á la obra, V. H., pues que llamados estáis á la parte de nuestra solicitud, y os hallais constituidos guardadores de los muros de Jerusalen. No ceseis dia y noche de unir vuestras oraciones á las nuestras, y de orar con humildad y haciniento de gracias, y clamar servientemente á Dios Nuestro Señor é implorar su divina misericordia, para que se digne propio apartar de sobre nuestras cabezas los azotes de su ira que tan merecidos tenemos por nuestros pecados, y derramar sobre todos las riquezas de su clemencia y de su bondad. No dudamos satisfaréis cumplidísimamente nuestros deseos y peticiones, y estamos ciertos de que todos, especialmente los eclesiásticos, y los religiosos y las religiosas, y otros fieles seglares, que viviendo piadosamente en Cristo siguen dignamente la vocacion con que han sido llamados, dirigirán sin interrupcion á Dios las mas servientes súplicas. Y para que con mas facilidad se digne el Señor oir nuestras plegarias, no omitamos, V. H., invocar la intercesion de los que han alcanzado ya la palma y la corona, y primeramente y siempre invoquemos á la inmaculada Virgen María Madre de Dios, pues no hay intercesora mas apta y poderosa para con Dios, y ella es la Madre de la gracia y de la misericordia; imploremos despues el patrocinio de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y de todos los Santos que con Cristo reinan en el cielo. Pero lo que habeis de procurar con el mayor ahínco es amonestar continuamente, exhortar y excitar á vuestros diocesanos á que permanezcan cada vez mas firmes en la profesion de la religion católica, á que eviten con el mayor cuidado las asechanzas y fraudes del hombre enemigo, y cami-
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nen veloces y contentos por las sendas de los mandamientos divinos, y se abstengan cuidadosamente de pecar, pues de los pecados provienen al género humano todo linaje de males. Por tanto, no ceseis de estimular todo lo posible el celo de los párrocos en particular, para que desempeñando religiosa y esmeradamente su ministerio no dejen de imbuir é instruir en los santísimos rudimentos y preceptos de nuestra fe á sus respectivos feligreses, y apacentarlos dignamente con la administracion de Sacramentos y exhortarlos á todos en sana doctrina.

Finalmente, como prenda de todos los dones celestiales y como testimonio de nuestra ardentísima caridad para con vosotros recibid la bendicion apostólica que de lo íntimo de nuestro corazon y con el mayor amor os damos, V. H., á vosotros y á todos los clérigos y legos fieles de vuestra diócesis.

Dado en San Pedro de Roma á 1.º de agosto de 1854, año IX de nuestro pontificado. — PIO IX, PAPA.
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REVISTA CATÓLICA.

TOMO VIGÉSIMOQUINTO.
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GRAN DUCADO DE BADEN.

Hace ya algun tiempo que los negocios eclesiásticos del gran ducado de Baden están llamando la atencion de todo el mundo religioso. Un Gobierno osado en poner la mano en las cosas sagradas, y un prelado octogenario, lleno del vigor y energía de la juventud por defender los derechos de la Iglesia, están sosteniendo una lucha digna de figurar en los anales eclesiásticos. Hace ya tiempo que el Ilmo. Hermann Vicari, arzobispo de Friburgo, es objeto de contrariidades y persecuciones por parte de aquel Gobierno, empeñado en trastornar todo el orden de las cosas eclesiásticas, y en destruir todas las leyes de la Iglesia católica.

A mediados de mayo se abrió un proceso criminal contra este venerable Prelado, por abuso de autoridad, y por haber turbado el orden público con su pastoral concerniente á la administracion de los bienes de la Iglesia. Esta pastoral debia ser leída públicamente en las iglesias, y esto motivó persecuciones y vejámenes contra varios curas católicos. Hé aquí lo que sobre esto decia el Alsacien:

«Las autoridades civiles de diferentes localidades católicas se han presentado de orden superior en casa de los curas párrocos para quitarles, aunque fuese valiéndose de la fuerza en caso de resistencia, la pastoral del Arzobispo del 5 de mayo, que debia ser leída en los púlpitos de las iglesias el domingo inmediato.—Los curas, cuyas casas habian sido allanadas por la policía, exigieron un testimonio de que no cedían sino á la fuerza y para evitar el escándalo que habria resultado de una fractura violenta de puertas y muebles.»

Como todo el pretexto de este último conflicto suscitado en el Gran ducado ha sido la circular del 5 de mayo, creemos no será ocioso reproducir en nuestras páginas este interesante documento histórico, siquiera sea algun tanto difuso. Por su lectura podrá comprenderse la cólera que ha debido excitar á
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los que codiciaban hacerse amos de las cosas de la Iglesia católica; y se verá al mismo tiempo la justicia, la entereza y el valor con que ha procedido en todo este negocio el venerable Arzobispo.

Circular de 5 de mayo de 1854 del arzobispo de Friburgo á su clero sobre la administración de los bienes eclesiásticos.

Nos, Hermann de Vicari, por la misericordia de Dios y la gracia de la Santa Sede apostólica, arzobispo de Friburgo, etc.

Hasta el presente en todas las parroquias de nuestra diócesis los intereses temporales de la Iglesia católica habían sido administrados con tanta sabiduría como inteligencia por un consejo de fábrica, del que hacían parte el cura párroco y el burgomaestre. Los acuerdos se tomaban en común, y los presidentes civil y eclesiástico aprobaban todos sus actos. Un decreto ministerial de 18 de abril último, emanado de la Dirección de lo Interior, y registrado con el número 5762, pretende destruir este sistema económico, y transferirlo todo al poder secular, excluyendo toda intervención de nuestra parte en el manejo de los intereses temporales de la Iglesia católica. Por efecto de esta medida los curas párrocos, aunque legatarios de los fundadores, y jefes por consecuencia de estas fundaciones religiosas, quedan privados de sus derechos á la administración de las rentas de la parroquia; y los beneficios y fundaciones, distraídos de su verdadero destino, deberán seguir el que el Estado, administrador inmediato é irresponsable, tendrá la gana de darles, como lo ha hecho ya generalmente con otros bienes eclesiásticos usurpados por el Gobierno. Y sin embargo nadie podrá negar que la Iglesia católica desde su origen ha tenido derecho de administrarse por sí misma sus propiedades temporales sin intervención alguna del poder secular. Y ¿qué es lo que constituye esta propiedad? ¿Son acaso las liberalidades del Estado? De ningún modo: las donaciones de los fieles son las que le han dado el origen. Para avivar mas la fe, para el sostenimiento de las
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buenas obras, para la gloria de Dios, para el bien y salud de todos, es por lo que se han hecho estas donaciones. No es el poder temporal, á quien nuestro divino Salvador confió estas cosas, sino á los Apóstoles y á sus sucesores los Obispos. Nosotros somos, y no el Estado, á quien el Señor ha constituido en esta parte del mundo católico para continuar sobre la tierra esta obra de redencion y de salud. Solo, pues, al poder eclesiástico, y no al temporal pertenece disponer de estos medios instituidos con este objeto. Este es un punto esencial de la Constitucion de nuestra santa Iglesia, que libre de toda dominacion secular debe regirse por sí misma por medio de sus primeros pastores. Y el que tiene el gobierno y direccion de una sociedad, lo tiene igualmente de los bienes que pertenecen á aquella sociedad. Esta es la razon porque la conducta, la administracion, en una palabra, el gobierno de estos bienes pertenece esencialmente, según la Constitucion de la Iglesia misma, no al Estado, sino á los Obispos. Aquí en Alemania, lo mismo que en las demás partes, la Iglesia católica había estado hasta ahora en la posesion indisputable de sus beneficios, y todo el mundo reconocia en ella el derecho de ordenar y disponer su administracion como lo creyese mas conveniente, derecho que la paz de Westfalia, en el párrafo 63 de sus estatutos, garantiza de una manera solemne, asegurando al clero el libre goce de sus bienes y rentas. Este mismo derecho el Gobierno de Baden lo había confirmado á favor de los Católicos, y no sin una grave injusticia se ha permitido ahora sustraerse del compromiso que había contraído de respetarlo.

Por lo demás, la legislacion de la Iglesia sobre este punto, legislacion que se remonta á la mas remota antigüedad, y contra la cual no puede alegarse prescripcion en materias religiosas, está siempre en vigor. Por lo que concierne á esta diócesis, la bula pontificia ad dominici gregis custodiam, art. 6.º, lo declara expresamente. Esta bula ha sido reconocida por el Gobierno gran ducal, que la insertó en el Boletín de las leyes, año 1827, n.º XXIII, pág. 211 y 237. Que-
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da, pues, probado que el gran ducado de Baden admite con fuerza de leyes las doctrinas del derecho canónico. Y el derecho canónico enseña que los bienes temporales de la Iglesia, independientes del poder civil, no pueden ser gobernados ni administrados mas que por los Obispos. El Gran ducado ha reconocido este derecho exclusivo de los Obispos al recibir la bula que acabamos de citar.

Pero el Gobierno gran ducal ha reconocido de una manera todavía más solemne el libre goce y administracion que de sus temporalidades pertenece á la Iglesia. No es menos opuesta al derecho una invasion cualquiera en las propiedades eclesiásticas, que lo seria en las de dominio particular ó de una asociacion cualquiera. Los párrafos 13 y 20 de la Constitucion badesa garantizan la libertad de la propiedad, y especialmente la de los bienes eclesiásticos. Ningun pretexto plausible podrá alegarse en adelante para tener bajo tutela á la Iglesia católica; ni por consiguiente podrá ponérsela impedimento para poseer lo que es suyo, y administrarlo y disponerlo de la manera que entienda mas conveniente. No es al Estado á quien los fundadores han legado sus bienes, sino á la Iglesia, queriendo que tuviesen un destino religioso bajo la administracion de la autoridad religiosa. No puede, pues, el Estado permitirse ninguna gestion para impedir á la Iglesia en la administracion de sus temporalidades sin desviar las fundaciones de su primitivo objeto, y sin atentar contra la Constitucion misma del Estado. Y tanto menos, cuanto las demás confesiones religiosas tienen en el Gran ducado el derecho, que es inherente á su existencia, de disponer libremente de los bienes que les pertenecen. Negando á la Iglesia católica este derecho, que le es tan esencial por lo menos como pueda serlo á las otras asociaciones religiosas, y sometiéndola en esta materia á la inspeccion de la autoridad temporal, se viola abiertamente el artículo 18 de la Constitucion, que reconoce aquel derecho en todos los cultos sin ninguna excepcion. El artículo del Estatuto fundamental hace á los funcionarios civiles responsables de la ejecucion.
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Debemos esperar, pues, que se abstendrán de todo acto atentatorio á la libertad de nuestra administracion temporal.

Es verdad que hace ya mucho tiempo que la potestad civil se ha arrogado el gobierno de las temporalidades de la Iglesia; mas esto no le da ningun derecho, y léjos de pretentar en su favor algun título plausible, ha reconocido él mismo en presencia de los Estados reunidos que los bienes de la Iglesia no son bienes nacionales. Del mismo modo, pues, que no le pertenece mezclarse en la administracion de los bienes de propiedad particular, así tampoco puede coartar en lo mas mínimo á la Iglesia, en la libertad de la administracion de sus bienes. A los Obispos, es, como á jueces superiores, á quienes toca entender en los intereses de la Iglesia. Ellos solos tienen el cargo, y sobre ellos solos recae la responsabilidad delante de Dios. Nuestra mision es de conservar el deposito, velar por la integridad del dominio de la Iglesia, e impedir toda usurpacion extraña de unos bienes, que miramos como medios necesarios para atender al buen regimen de la Iglesia y desempeño de las funciones eclesiasticas. Nosotros estamos obligados á impedir que la propiedad de la Iglesia sufra ningun quebranto, y á velar porque los beneficios, que se han quitado á las parroquias, no sean distrajidos de su destino. Así como nosotros no nos ingerimos en la administracion de las rentas del Estado, tampoco el Estado debe ingerirse en las de nuestro dominio. La situacion prospera en que se encontraban las propiedades religiosas antes que fuesen secularizadas muchas de ellas, demuestra lo bastante que era buena la administracion y excelentes los resultados, cuando la Iglesia para mayor lustre de la Religion y provecho de los fieles, retenia la alta administracion de todos ellos. No hablaremos de los perjuicios irrogados desde que se hallan en manos de una administracion secular. Como el Estado no nos ha presentado las cuentas, no nos es posible fijar el resultado ni formular nuestro juicio. Cuando se trata de las rentas públicas, la Cámara electiva exige que se dé cuenta de su inversion; mas por lo tocante á las rentas
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eclesiásticas, de las que el Gobierno se arroga disponer contra nuestros derechos, se dispensa de rendir cuentas de ningún género.

Dirémos en pocas palabras, por lo que toca á la presente cuestion, cuál ha sido la conducta del Estado en todo este negocio. Por su decreto ministerial de 18 de abril arriba citado, y por su rescripto de 27 de marzo, el Estado ha quitado á la Iglesia la facultad de administrar sus propiedades, y contra el objeto de las fundaciones las ha invertido en provecho propio, para hacerse bonificar pretendidos servicios con fondos destinados á un fin exclusivamente religioso. Impidiéndonos la administracion de nuestras temporalidades, el Gobierno ha atentado violentamente contra uno de nuestros derechos mas sagrados, derecho que se apoya en la voluntad de los fundadores, y en la intencion que han tenido de cooperar al bien de las almas con sus piadosas donaciones. En tales circunstancias, nuestro deber era instruir á los pastores de las parroquias, como á delegados de nuestra jurisdiccion diocesana, y hacerles comprender toda la legitimidad de sus pretensiones sobre los beneficios destinados á sus iglesias y fundados únicamente con el objeto de proveer al mantenimiento de los obreros que trabajan en la viña del Señor. El Estado, como si fuese el propietario de los bienes eclesiásticos, ha decretado de una plumada la dotacion de los curas y de los vicarios, y arrebatado á la Iglesia católica la libre disposicion y aprovechamiento de un dominio que le pertenece en fuerza del derecho de fundacion, y que reclama su Constitucion misma. Las necesidades de la Religion en las parroquias, el patrimonio de los pobres, la existencia de las escuelas, todo se halla amenazado. Nos es imposible renunciar á derechos tan preciosos como son los nuestros, y dejar á los fieles, en tiempos tan calamitosos, el que se encarguen de subvenir á las necesidades que acarrea el ministerio pastoral. Nos es imposible tolerar por mas tiempo que se nos impida el libre ejercicio de la religion católica, y se nos usurpen los bienes destinados al mantenimiento de los pastores y al lo-
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vantamiento de las cargas de la Iglesia. Este es el motivo porque al considerar la responsabilidad que incurrimos delante de Dios, y el deber que tenemos de velar por el depósito confiado á nuestra solicitud, persistimos en reclamar la conservacion y la administracion de nuestros beneficios. No podemos creer que los burgomaestres y los administradores, constituidos legítimamente ya desde antiguo, y reemplazados ahora por la arbitrariedad del Estado, presten su cooperacion á estas medidas despojadoras. Con grande júbilo de nuestro corazon hemos visto, que ninguno de nuestros amados cooperadores ha tenido mano en esta profanacion, y que ninguno de ellos ha merecido la confianza del Gobierno para la ejecucion de semejantes proyectos. Contamos en la fidelidad de los burgomaestres y bailíos católicos, y estamos seguros que se negarán á tomar parte en estos actos del Gobierno, y que dando á las parroquias el buen ejemplo que tienen obligacion de dar, defenderán con esto los intereses de nuestra santa Religion. En cuanto á los burgomaestres protestantes, ya saben, que en conciencia no pueden tomar parte en un consejo de fábrica, cuyas atribuciones nada tienen que ver con la sociedad política.

Esperamos, pues, que se nos evitará el dolor de ver que ningún católico hace traicion á su fe, y nos pone en la cruel necesidad de echar mano de las armas espirituales, para contener tan sacrílegos atentados. Y así considerando que ha sido destruida la organización canónica y regular de los consejos de fábrica; que se ha recusado violentamente todo registro sobre la inversion legítima de los bienes eclesiásticos; que por lo tanto estos bienes se hallan seriamente amenazados; que hasta aquí han sido inútiles todas nuestras representaciones al intento: considerando asimismo que los beneficios son propiedad de la Iglesia católica, y que importa mucho prevenir el que se dé á estos beneficios otro destino que sea contrario al objeto de sus fundaciones; en fuerza del derecho que nos asiste y de la autoridad que nos compete, decretamos lo siguiente:
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1.º Los beneficios de cualquier parroquia, bienes curiales, fondos de fábrica y de escuelas son propiedad de la Iglesia católica, y continuarán siendo administrados en la forma ordinaria por los Consejos de fábrica, á quienes facultamos para nombrar superintendentes ó procuradores.

2.º Pertenece exclusivamente á Nos el gobierno de esta propiedad; y en consecuencia prohibimos de la manera mas expresa á nuestro clero, en virtud de santa obediencia, el que emplee la menor parte de sus productos en usos temporales sin nuestra autorización especial y muy explícitamente circunstanciada. En lo sucesivo se dirigirán á Nos por medio de los deanes, á quienes facultamos al efecto, las cuentas de la administración, con justificación detallada de la inversión de todos sus réditos.

3.º No teniendo el poder temporal ningun derecho á la administracion de los bienes eclesiásticos, todos aquellos que hallándose de presidentes ó intendententes se prestan á ejecutar medidas adoptadas por el Estado, contra las protestas de la autoridad eclesiástica, se hacen desde luego culpables de complicidad, y además, de atentar, como si fuese de su propia cuenta, á la propiedad ajena. Quedan, pues, inhibidos bajo las penas mas severas de dar al poder secular ningun estado ni explicacion, que puedan facilitarle la adquisicion de las rentas de la Iglesia, como si se convirtieran en caja particular, aunque administrada por un delegado del Gobierno.

4.º Hacemos á los presidentes é intendententes de las fábricas responsables de todos los perjuicios que inevitablemente habian de resultar del desprecio de nuestras ordenanzas y decretos concernientes al dominio temporal de nuestra santa Iglesia. Esperamos que á los curas párrocos, nuestros delegados, se les pagarán íntegramente las asignaciones que les corresponden, y sobre cuyas rentas nadie puede alegar ningun derecho, y á los que se opongan les hacemos responsables de todos los males que podrian seguirse si nos viésemos obligados á privar de sus pastores á aquellas parroquias, en las que las invasiones de una administracion ilegitima pri-
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varia á los ministros del culto de las rentas que les corresponden.

5.º Los curas párrocos comunicarán esta disposicion nuestra á los mayordomos é intendententes de fábrica, y en caso necesario, les inculcarán bien el sentido y el contenido de esta nuestra circular. Preguntarán á cada uno de ellos, tomando acta de sus respuestas, si quieren conservar en su verdadero objeto los beneficios, los bienes de fundaciones, las rentas de las escuelas, y si quieren cumplir, en cuanto esté de su parte, los deberes que les impone esta nuestra circular, ó bien si están en ánimo de cumplir mas bien las intimaciones de la potestad civil. Luego de evacuada esta diligencia, los curas y los vicarios se pondrán en posesion de las temporalidades de la parroquia, de acuerdo con los miembros del Consejo, que fieles á la Iglesia, reconozcan su derecho á la administracion de sus bienes independientemente del Estado. Quedan naturalmente excluidos del Consejo los que en fuerza de sus declaraciones se hayan excluido á sí mismos: se les reemplazará por hombres de bien, religiosos, inteligentes y considerados, los que serán elegidos de la misma parroquia respectiva. Para esta eleccion el cura procurará entenderse con los miembros remanentes de la fábrica. Los presidentes é intendententes recibirán la institucion del dean, y en presencia del cura harán la promesa de servir fielmente á la Iglesia. Si entre los miembros excluidos hubiese alguno que se rebelase contra nuestra circular, y quisiese continuar en una gestion ilegal, el cura prevendrá á los deudores de la Iglesia que no pueden, so pena de pagar dos veces, entregar sus débitos sino á los procuradores nombrados por la autoridad eclesiástica. Una persona destinada al efecto recibirá en nombre de la fábrica los donativos y legados piadosos que se hagan á la Iglesia, y los depositará en la caja de la administracion.

Tomando bajo sola nuestra responsabilidad toda la ejecucion de este decreto, advertimos á nuestro clero que á nadie ha de dar cuenta de su conducta en este punto, porque obrando conforme á nuestras instrucciones, no hace mas que lle-