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su soberania, es, en el orden de las bases, mantener, y la Comisión añade, proteger el culto de nuestra Religion, al mismo tiempo que las opiniones de los que respetándolo, como es debido, se abstengan de todo acto contrario á la misma Religion. En nada desearia tanto la Comision haber acertado con una buena fórmula como en esta base, que la ha ocupado largo tiempo, y en la que ha procurado y conseguido traer á un solo punto las opiniones de todos sus individuos. Todos hemos estado conformes en considerar como un inmenso beneficio, aunque á grande costa adquirido, la unidad religiosa de nuestra nacion; pero ni esta unidad exige, ni la civilización de nuestro país consiente que se pesquisen, ni mucho menos que se castiguen las opiniones de nadie, sea español ó extranjero, que respete el culto y Religion de nuestros mayores. Las leyes civiles que en otros tiempos pudieron dictarse en diverso sentido, quedaron de hecho anuladas por la reforma que en este punto se hizo en la Constitucion de 1837; pero para quitar todo abuso en materia tan delicada, cree la Comision que al adoptar la fórmula tan sencilla y feliz de aquella Constitucion, debe completarla en el sentido que queda indicado.

Base religiosa del proyecto de Constitucion. — Voto particular de los Sres. Lassala y Valera. — En la sesión del 15 de enero fue leído en el Congreso de diputados el voto particular de los señores Lassala y Valera relativo al proyecto de bases constitucionales. Saben ya nuestros lectores el texto de la segunda de dicho proyecto que es la concerniente á Religion. — Acerca de esta base, dicen disentir de la mayoría los autores del expresado voto particular, no en todos sus extremos; pues en cuanto al primero y segundo están de acuerdo con sus compañeros de comision. Su disidencia recae, pues, en el tercer extremo, es á saber, en aquel donde, según la mayoría, deja entender la referida base que cualquiera español ó extranjero podrá ser perseguido civilmente por sus opiniones, cuando las manifieste por actos públicos contrarios á la Religion: que tanto como esto implica el decir, cual la base lo dice, que: «ningun español ni extranjero podrá ser perseguido civilmente por sus opiniones, mientras no las manifieste por actos públicos contrarios á la Religion.»

Voto particular y muy particular del Sr. Rios Rosas. — También el Sr. Rios Rosas presentó en la propia sesión antedicha su voto particular. Pero lo mas particular de su voto parece ser, la
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mucho boato al oratorio del Ilmo. Sr. Sura. El digno Prelado se hallaba en aquel momento en su celda, situada detrás del tabique del altar, junto con un cofrade recién llegado que aprende la lengua china y se está ejercitando en la práctica del santo ministerio bajo la dirección de Su Ilma. Una multitud de gentiles seguían detrás de la comitiva de los mandarines, y el gentío iba en aumento á medida que se acercaban á nuestra capilla. Esta curiosa muchedumbre presumió desde luego que iban á prender á nuestros neófitos. El que custodiaba el oratorio quedó sorprendido al ver los satélites y mandarines; pero como tiene mucha fe y no le falta serenidad, recibió á los dos huéspedes con todas las fórmulas de la cortesanía china. Lo único que le asustaba era el tener allí al señor Obispo y su joven compañero, porque bastaba que el mandarin hubiese penetrado en la celda para que ambos quedasen presos. Por desgracia no había quien avisase al Prelado del peligro que corría, porque entonces hubiera podido con tiempo evitar el golpe, huyendo por una puerta excusada.

Después de haber introducido los mandarines en el oratorio, el guardián les explicó el uso y la significación de cada objeto, el fin de las reuniones y el de nuestro culto; y ellos examinaron con curiosidad varios objetos europeos que les llenaron de admiración, principalmente algunos jarros de flores. Hicieron en alta voz el elogio de nuestra Religión, y manifestaron al guardián sus buenas intenciones con palabras muy corteses. La muchedumbre estaba absorta de oír los elogios que hacían del Evangelio. Salieron, al parecer, satisfechos de la capilla. Dios permitió que no entraran en el cuarto que había detrás del altar, librándose así el Ilmo. Sr. Sura y mi amado compañero de un peligro tan inminente. Antes de subir á la litera, uno de aquellos magistrados cogió aparte á uno de nuestros alumnos latinos y le dijo bajito: «No temais, «porque si el gran hombre (el gobernador) quiere perseguir «vuestra religión, ya os avisaré de antemano: yo también «soy cristiano.»

Perny, misionero apostólico.
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DOCUMENTOS OFICIALES.

Real decreto estableciendo la Comision que se titulará: Administracion de las resultas del suprimido ramo de Espolios y Vacantes.

Atendiendo á las consideraciones que me ha expuesto el ministro de Gracia y Justicia, de acuerdo con el Consejo de Ministros, para demostrar la conveniencia de que se organice la Comision que establece el artículo 12 del Concordato, á fin de administrar los efectos vacantes, recaudar los atrasos, y sustanciar y terminar los negocios gubernativos y económicos de los ramos de Espolios, Vacantes y anualidades pendientes al tiempo en que fueron suprimidas la Colecturía general y las Subcolecturías de los mismos por mi Real decreto de 21 de octubre de 1851, vengo en aprobar el siguiente reglamento orgánico:

Artículo 1.º La Administracion de los efectos vacantes y fincas procedentes del ramo de Espolios; la recaudacion de sus productos y de los débitos que resultan á favor del mismo ramo, y de los demás que estuvieron al cargo de la suprimida Colecturía general, y la distribucion de los fondos de esta procedencia que ingresen en caja, estarán al cargo de la Comision que establece para el efecto el art. 12 del último Concordato, intervenida por la Ordenacion general de pagos del ministerio de Gracia y Justicia.

Art. 2.º La Comision se titulará «Administracion de las «resultas del suprimido ramo de Espolios y Vacantes.»

Art. 3.º La Administracion estará cometida al eminentísimo Cardenal Arzobispo de Toledo como encargado de las facultades espirituales de la Comisaría general de Cruzada.
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de quien dependerán en todo lo administrativo del ramo los ecónomos que han debido nombrar los Cabildos en conformidad á lo dispuesto en el artículo 9.º del Real decreto de 21 de octubre de 1851.

Art. 4.º Las atribuciones de la Administracion de las resultas del ramo de Espolios serán:

1.º Administrar las fincas de que se hubiere incautado la suprimida Colecturía general; recaudar por medio de los ecónomos sus productos, y disponer su ingreso en la Caja de la Ordenacion general de pagos del ministerio de Gracia y Justicia.

2.º Activar la recaudacion de los débitos y alcances que resulten á favor de los Espolios.

3.º Proponer al ministerio de Gracia y Justicia la venta de dichas fincas, una vez se hayan adjudicado al ramo, acompañando el pliego de condiciones que deba regir en la subasta, y acerca del cual oirá anticipadamente el parecer de la Ordenacion general de pagos.

4.º Proponer la distribucion que haya de hacerse á los productos líquidos de Espolios que resulten existentes en la caja de Ordenacion general, donde deberán centralizarse los que realicen los ecónomos en las diócesis respectivas.

Y 5.º Proponer en los casos que convenga esperas para el pago de los descubiertos que resulten á favor de los Espolios, y las condonaciones ó compensaciones que á juicio de la Administracion deban acordarse.

Art. 5.º Los productos líquidos que resulten en caja, después de deducidos los gastos de administracion y recaudacion, serán destinados á establecimientos de beneficencia pública, á necesidades urgentes de las iglesias parroquiales, y á dotes de huérfanas cuyos padres fallecieren ó hubiesen fallecido en servicio del Estado.

Art. 6.º No se considerará legal, ni admisible por consiguiente en cuentas, pago alguno para el cual no haya precedido Real orden que lo disponga, y libramiento expedido en su virtud por la Administracion, visado por el ordenador
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general de pagos, é intervenido por el jefe interventor del negociado eclesiástico de la Ordenacion general.

Art. 7.º La Ordenacion general de pagos del ministerio de Gracia y Justicia centralizará todas las operaciones de cuenta y razon correspondientes á las resultas de los suprimidos ramos de Espolios y Vacantes, y en tal concepto será reconocida por la Administracion y por los ecónomos de las diócesis, como superior en todo lo concerniente á la contabilidad y fiscalizacion de los mismos ramos.

Art. 8.º En su consecuencia corresponde á la Ordenacion general:

1.º Tomar conocimiento de los ornamentos y pontificales existentes en la suprimida Colecturía general y en sus dependencias el dia 21 de octubre de 1851, en que por mi Real decreto de la propia fecha tuvo efecto dicha supresion. A este fin la serán remitidos por la Administracion y los ecónomos un ejemplar de los inventarios que debieron formarse en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 3.º del mismo Real decreto.

2.º Lo tomará asimismo de las fincas que se hallen adjudicadas á los Espolios, y de los débitos que en todos conceptos resulten á favor de los mismos, pidiendo para el efecto las noticias que estime á la Administracion y á los ecónomos de las diócesis.

3.º Exigir las cuentas del ramo á todos los obligados á darlas, examinarlas, censurarlas y proponer al ministerio de Gracia y Justicia su siniquitacion cuando las halle arregladas, dando noticia de lo que de ellas resulte á la Administracion para los fines conducentes.

4.º Reclamar de la Administracion y de los ecónomos cuantos datos y noticias crea conducentes para el buen desempeño de sus funciones.

5.º Evacuar los informes que la fuesen pedidos por el ministerio de Gracia y Justicia y por la Administracion de las resultas de Espolios y Vacantes.

6.º Visar é intervenir los libramientos de pago que expi-
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diere la Administracion cuando se hallen autorizados por Real orden, tomando de ellos razon en sus libros.

Y 7.º Dar mensualmente conocimiento al ministerio de Gracia y Justicia y á la Administracion de las sumas que resulten existentes en la caja de la Ordenacion y en las de los economatos.

Art. 9.º Para el buen desempeño de estas atribuciones serán destinados á la Ordenacion general los auxiliares que se crean absolutamente indispensables, remunerados, en concepto de gastos reproductivos, con los rendimientos que ofrezcan los propios ramos de Espolios y Vacantes.

Art. 10. Los economos de las diócesis, en quienes radican las atribuciones que estuvieron cometidas á las suprimidas Subcolecturías de Espolios y Vacantes, dependerán directamente de la Administracion de las resultas en la parte administrativa y directiva del ramo, y de la Ordenacion general de pagos del ministerio de Gracia y Justicia en lo concerniente á la contabilidad y fiscalizacion.

Art. 11. Bajo de este concepto, los economos son los encargados de administrar las fincas que estén ó fueren adjudicadas á los Espolios y Vacantes en las diócesis respectivas, con sujecion á las órdenes que se les comuniquen; recaudar sus productos y el de los débitos y alcances que resulten á favor de los mismos ramos; conservar los fondos en caja bajo de su responsabilidad, hasta que sean girados por la Administracion; investigar los créditos que, procedentes de dichos ramos, puedan estar ocultos, dando parte de los que sean á la Administracion y á la Ordenacion general; rendir cuentas anuales justificadas que remitirán á la Ordenacion por conducto del ministerio de Gracia y Justicia; contestar á los reparos que su exámen ofrezca; redactar un estado mensual de ingresos y salidas de fondos en caja, que remitirán á la misma Ordenacion, y evacuar los informes y dar las noticias que esta y la Administracion creyeren oportuno pedirles.

Art. 12. Para atender á los gastos de administracion en todos conceptos, y por premio de recaudacion, se abonará á
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los economos en sus cuentas anuales el ocho por ciento de todas las sumas que hagan efectivas.

Dado en Palacio á diez y nueve de enero de mil ochocientos cincuenta y cinco. — Está rubricado de la Real mano. — Refrendado. — El ministro de Gracia y Justicia, Joaquin Aguirre.

Mensaje en el que los Ilmos. señores Arzobispos, Obispos, y Vicarios capitulares del reino de Cerdeña protestan cerca del Senado y de la Cámara de los diputados, contra el proyecto de ley que suprime las comunidades religiosas y establecimientos eclesiásticos.

Muy honorables señores: — El proyecto de ley presentado al Parlamento en 28 de noviembre último ha sumergido á los Obispos en la mayor consternación, á causa de los sagrados derechos que huella, y de las funestas consecuencias que á sus ojos encierra, así para la Iglesia como para el Estado. Así, pues, para cumplir con los deberes imperiosos á que vienen obligados, tanto para con la una como para con el otro, han resuelto dirigiros sus justas reclamaciones, no dudando que serán tomadas en consideracion tanto como deben serlo. No vacilan en decir que este proyecto les ha parecido injusto, ilegal, anticatólico y antisocial.

Injusto. La justicia exige que se le dé á cada uno lo que se le debe, que no se ataque la propiedad ajena, y que se respeten los derechos del prójimo. Ahora bien, según el proyecto en cuestion, con suprimir el poder civil las corporaciones religiosas, los colegios y beneficios; con anular una cantidad de disposiciones testamentarias y fundaciones eclesiásticas usurpa un derecho que no le pertenece, invade propiedades que no son suyas, y de consiguiente comete la mas notoria injusticia. En vano para justificar este proyecto se invocaría el ejemplo de otras naciones y el elevado y soberano dominio; una usurpacion jamás podrá justificarse con otra, y la misma Francia, después de haberse apoderado de los
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bienes de la Iglesia en lo mas crudo de la revolucion, retrocedió despues á lo que hizo entonces, y ha pedido á la Santa Sede que aplicase al mal el oportuno remedio¹. En cuanto al elevado dominio que el Estado puede tener sobre los bienes de los súbditos, no puede ser ejercido en perjuicio suyo sino en tanto que así lo exija una pública necesidad á la que no pueda proveerse de otra manera. Y aun en este caso las cargas deben arreglarse según la justicia distributiva, y no deben pesar sobre una sola clase, habiendo siempre lugar á una compensacion general que es de rigor².

En cuanto á las personas entradas en la religion, como estas han abrazado un estado aprobado por la Iglesia, han estipulado, bajo la proteccion del Gobierno, un verdadero contrato, en virtud del cual tienen adquirido un derecho real de vivir y morir en el mismo instituto. Pues bien, el poder lego, según los términos del Código civil, tiene la obligacion de proteger los institutos religiosos, á fin de que el contrato estipulado pueda ser inviolablemente guardado por ambas partes; pero impedir la observancia de este mismo contrato apropiándose los bienes de las partes, pretender hasta anularle y hacer que ya no exista, es una evidente violacion de los derechos ajenos, y hacer prevalecer el sistema del interes sobre aquellas reglas de justicia que jamás se infringen impunemente.

En cuanto á lo relativo á obispados, seminarios, beneficios parroquiales y otros establecimientos eclesiásticos á quienes se quisiera gravar con nuevas y enormes imposiciones, los que abajo firman harán notar que es necesario aplicar en principio las mismas razones, en atencion á que estos diferentes establecimientos no dependen del Gobierno, sino de la Iglesia á quien únicamente son deudores de su existencia.

Que si la Santa Sede, por disposicion especial, ha tenido á bien conceder al Gobierno la facultad de someter á las con-

¹ Convenio de 23 messidor, año IX, entre Pío VII y el Gobierno francés.
² Heynecius, Jur. not. et gent., lib. II, § 170, 171.
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tribuciones ordinarias los bienes de la Iglesia que anteriormente no lo estaban, los establecimientos en cuestion tienen por lo demás que continuar, hasta que se disponga lo contrario, disfrutando de las mismas inmunidades, en cuya posesion están ab immemorabili en los Estados Sardos.

El Gobierno no podrá, en lo concerniente á los obispados, apoyarse en el indulto invocado en los motivos del proyecto de ley. Efectivamente, este indulto que es de Benedicto XIII 1, permite que puedan imponerse sobre las mitras episcopales y á instancias del Soberano, pensiones que no excedan á la tercera parte de las rentas; pero al mismo tiempo declara que á la Iglesia por sí misma es á quien corresponde conceder tales pensiones, en virtud de la demanda hecha por el Rey; y según la costumbre seguida hasta hoy, jamás han sido impuestas sino en sede vacante y con el consentimiento del obispo nombrado 2. Como por otra parte, dicho indulto ha formado parte de un Concordato, se entiende bien que no es aplicable ni subsiste sino en tanto que subsiste el Concordato mismo y es observado en todas sus partes por el Gobierno.

Finalmente, para quitar al proyecto su carácter de injusticia, no basta decir que los bienes eclesiásticos en cuestion no serán distraídos en provecho del Estado, sino que se les empleará en beneficio de la Iglesia; porque aun cuando sucediese como se dice, aun cuando el proyecto no atacase á la propiedad y derecho administrativo que corresponde á la Iglesia, es preciso advertir además, que siempre se sustraerian de las rentas eclesiásticas mas de 900,000 francos, porque esta suma pertenece á la Iglesia y no al Estado que la destina para suplementos de congrua á los curas párrocos mas necesitados, suma que hoy se quiere que desaparezca del presupuesto reemplazándola con fondos que se intentan meter en caja.

Ilegal. El artículo 1.º del Estatuto proclama «la religion católica es la única religion del Estado,» y de consiguiente

1 Tratados públicos de la casa Real de Saboya, etc., vol. 2, página 440.
2 Breve de Leon XII: Gravissimae calamitates, 14 de mayo de 1828.
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reconoce y protege las propiedades e instituciones; el proyecto de ley se dirige á violar unas y otras.

El artículo 26 garantiza la «libertad individual,» y de consiguiente la libertad para cada uno de dedicarse á todo género de vida honesto que mejor le convenga, y por consecuencia tambien al estado religioso; el proyecto de ley limita y contraria singularmente el ejercicio de esta libertad.

«El artículo 29 declara inviolables todas las propiedades sin «excepcion alguna,» y el proyecto de ley viola manifiestamente las propiedades de las instituciones reconocidas y garantizadas además por el mismo Código civil.

El artículo 23 quiere que «todos los ciudadanos indistintamente contribuyan para el sostenimiento de las cargas del Estado en proporcion de sus bienes;» el proyecto de ley impone á ciertos ciudadanos eclesiásticos la obligacion de pagar, doble y triple que los demas.

El artículo 32 concede á «todos los ciudadanos el derecho de reunirse libremente;» el proyecto de ley no solo impide disfrutar de este privilegio para lo venidero, sino que arranca hasta la posesion legitima de que al presente disfrutan las corporaciones del clero secular y regular.

Anticatólico. Jesucristo, al fundar su Iglesia no ha constituido una comunidad de puros espíritus sin que tengan necesidad alguna de los bienes temporales para vivir, sino una reunion de personas que forman una verdadera sociedad obligada á recurrir á los medios materiales de subsistencia para conseguir el objeto sublime que le está señalado. Por esto es por lo que aquellos que han tratado del derecho natural y divino reconocen en la Iglesia la facultad de poseer bienes temporales de una manera independiente del poder civil, y de administrarlos segun las reglas que ella ha prescrito 1. Por esto tambien la misma Iglesia en el concilio de Constanza fulmino los mas torribles anatemas contra las aserciones de Wicleff, que pretendia «que es contrario á las Escrituras el

1 Tapparelli, Derecho natural, núm. 1470 y siguiente.—Rosmini, Filosofia del derecho, lib. 2, sect. 2, art. 8, núm. 3, 5, etc.
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"que la Iglesia pueda tener propiedades y fondos para su subsistencia, y que solo pertenece á los poderes regulares de pojarla de sus bienes y apropiárselos. » El quinto concilio de Letran en su novena sesion, definió que la disposicion y administracion de los bienes de las catedrales y monasterios corresponde al Papa solo pro tempore, y á aquellos que han obtenido canónicamente los beneficios ó han sido admitidos en los monasterios; y que los príncipes seculares no deben ingerirse en ellos en manera alguna, por prohibírselo el derecho divino.

Muchas veces ha renovado la Iglesia estas condenaciones y definiciones. El Concilio de Trento en particular, que entre nosotros es ley del Estado, en su sesion XXII, capítulo XI De reformatione, pronunció anatema contra los usurpadores de bienes eclesiásticos, aun cuando estén revestidos de la autoridad imperial ó real. Esto supuesto, sería necesario decir que la Iglesia se ha equivocado cuando ha dado estas definiciones y bulucinado semejantes anatemas, lo que sería una impiedad manifiesta y formal, ó es preciso concluir, que los herejes han errado así como los que les siguen sosteniendo que la Iglesia no es apta para poseer, ó que el poder secular puede quitarle sus propiedades temporales ó apropiarse su administracion 1.

En efecto, el Soberano Pontífice Pio VI cuando escribia al emperador José II, que se habia apoderado de los bienes de los conventos y monasterios, so pretexto de formar con ellos un fondo particular en provecho de la misma Iglesia, como así se propone en el proyecto que nos ocupa, le decia que en esto se manifestaba partidario del error condenado por los

1 Este fue el principal argumento del Episcopado francés en la enérgica reclamacion que presentó á Napoleon I contra la usurpacion del poder temporal del Papa; reclamacion que terminaba con esta cita del sagrado texto: ad vos ergo Reges sunt hi sermones, et cito apparebo vobis quoniam judicium durissimum iis, qui praesunt fiet; (circular impresa de S. M. Imperial y Real á los Obispos del Campo de Zuaim) y contestacion. Extracto del Correo de Milane, núm. 1400, 20 de julio de 1809.