Revista católica (Barcelona) (1855-10-01 00:00:00), página 46

interesada, acudiendo al mismo tiempo á lo que exige el bienestar del Estado.

Todavía debe aguardarlo y esperarlo así. ¿Por qué no ha de tender una mano saludable la Santa Sede al que miró siempre como uno de sus hijos predilectos el Gobierno español cuando este le reclama lo que sin desdoro y sin perjuicio ella puede conceder? ¿Quiere ese Gobierno acaso dictar contra la Iglesia, en mengua y dano suyo, algo que la humille ni que la ultraje? ¿Quiere desposeerla siquiera de la cualidad de propietaria, que le fue disputada anteriormente, pero que el Concordato le reconoció? No: no quiere ni lo uno ni lo otro.

Lo que solo desea es que no conserve bienes raíces, porque esta ha de ser una norma fundamental, sin excepción de ningún género, para todas las corporaciones propietarias, sea dueña de rentas tan cuantiosas como hubiese menester para su subsistencia y su dignidad. Convierta en ellas lo que posee en el día, disfrutando como tales rentas una suma mucho mayor, si quiere, que la que disfrutaba como rendimiento del suelo. El Gobierno no tiene dificultad en aumentarla por los medios que naturalmente se conciben: al Gobierno no incomoda que el Clero perciba rentas en vez de percibir contribuciones. Y tampoco se trata de impedir á ningun individuo que llevado de su piedad deje á la misma Iglesia lo que quisiere: la Iglesia lo recibirá, aunque sean bienes raíces, á condición de enajenarlo también, y de adquirir rentas públicas con su producto, para entrar en esa regla tan universal como salvadora que se ha proclamado.

En una palabra, lo que la España apetece, porque está intimamente convencida de haberlo menester, es que su rico suelo vuelva á producir lo que un tiempo rindió, y lo que siglos hace no da, merced á las múltiples amortizaciones que la han agotado, feudales, comunales, corporativas, eclesiásticas.

Y lo que no solo apetece, sino que le es imposible impedir á su Gobierno, es que este deseo se realice, que esta aspiración del principio reformista, enunciada ya por sus hombres de Estado desde el siglo último, no tenga en el dia pleno y entero cumplimiento. En lo que la legalidad española se haya opuesto, una legalidad nueva desembarazará el camino: en lo que la legalidad concordada con la Santa Sede se pudiese oponer, si es que en algo se opone, el Gobierno español confía en que también se adopte una nueva legalidad, ya que no es posible de ningun modo detener lo que traen los tiempos, y ya que la misma Santa Sede ha demostrado en toda su historia cómo comprende y cómo satisfacen lo que exigen á una el interés de los pueblos y el interés de la Religión.

El infrascribido, colocándose en un punto de vista general, cree haber contestado á las Notas del Emo. Cardenal Antonelli, según se le ha prevenido por su Gobierno, sin que le sea necesario descender á todos los pormenores que contienen aquellas, prolongando inútilmente este escrito. Hay sin embargo uno, respecto al cual no le es posible permanecer en silencio: tal es el de la conminacion que se incluye en la del 28 respecto á los compradores de antiguos bienes nacionales. El Gobierno español ha sentido vivamente lo que se le indica en este punto; pero confía en que eso, menos que nada, podrá tener lugar, no solo en la benevolencia, pero ni en la justicia de la Santa Sede. A los que mediante el consentimiento de esta, solemnemente declarado en 1851, han adquirido bienes que en otro tiempo fueron eclesiásticos, ¿cómo es posible que se les inquiete hoy, cuando ellos nada hacen ni han hecho, por lo que las circunstancias del país han obligado á obliguen á hacer á las Cortes y al Gobierno de la nacion?