Revista católica (Barcelona) (1855-10-01 00:00:00), página 32

Preciso es, pues, dejando á salvo los principios, limitarlos y aplicarlos de manera que de ellos no resulte inconveniente alguno al Estado.

De estos principios es, por ejemplo, el derecho de poseer la Iglesia.
El Gobierno de S. M. no tiene interés alguno en negar este principio.

Lo que hace es sustentar por su parte el principio de que á la potestad temporal exclusivamente pertenece fijar los límites de todos los derechos civiles, entre los cuales se cuenta la propiedad.

De acuerdo con la conveniencia pública y con las prescripciones de la ciencia económica, el Gobierno de la Reina ha declarado hace tiempo, y viene á establecer ahora completamente, como límite de la propiedad en España, que no existe en ningún poseedor el derecho de amortizar, de apartar de la circulación los bienes raíces.

Por esto tiene prohibidas las vinculaciones; por eso acaba de declarar en estado de venta los bienes raíces pertenecientes á personas jurídicas, como los Ayuntamientos y las Casas de beneficencia.

Oponerse la Santa Sede á que el Gobierno de S. M. en uso de sus indisputables derechos lleve á ejecución este principio sería en ella una falta por lo menos tan grande como la que cometería el Gobierno de S. M. negando absolutamente el derecho de adquirir y de poseer á la Iglesia. Adquiera en buen hora la Iglesia; pero sea, no solo con sujeción á sus reglas particulares de poseer, sino á las reglas generales que impone á toda clase de propiedad la nación española.

Ya que sus bienes no pueden entrar en el comercio de los hombres, no posea bienes raíces, que estos es ley de hoy mas en España que estén precisamente en la circulación y en el comercio humano.

No puede tampoco prescindir el Gobierno de S. M. del derecho de modificar los modos de adquirir haciendo que todos los usados en España sean justos y conformes á sus condiciones esenciales.

Suponiendo que no es probable que el Clero abuse de la participación en las últimas voluntades, podrá el Gobierno de S. M. corregir el abuso como lo han procurado corregir muchas de nuestras leyes forales, y dos de nuestros últimos Monarcas; prohibiendo que por falta de libre consentimiento en una de las partes se usara tal modo de adquirir por los eclesiásticos; y que solo adquiriesen por donaciones inter vivos, con lo cual quedaría á salvo el principio, evitándose sus malas consecuencias.

Ejemplo es este con el cual podrá comprender V. E. cuál es el espíritu que anima al Gobierno de S. M., que puede resumirse en esta forma sencilla: respetar los principios y derechos de la Iglesia, y hacer respetar sus propios derechos y principios.

Con esto logrará siempre que esté la razón de su parte.

No excluye sin embargo la severidad con que quiere el Gobierno de S. M. que se mantengan sus derechos, que son los de la Reina y la nación española, ningun prudente sacrificio, ninguna concesión de cuantos puedan ó deban hacerse.

Léjos de eso es la voluntad de S. M. que evite V. E. á toda costa disputas frivolas y vanas, y que posponga en todas ocasiones lo accesorio á lo principal, y lo menos á lo mas, prefiriendo siempre las cosas á las palabras. No son ociosas estas advertencias tratándose de la Santa Sede: por no haberse tenido presentes se han hecho difíciles negociaciones que podían haber sido muy fáciles en todos tiempos.

A trueque de que, por infundadas que sean, no oponga obstáculos á la completa desamortización eclesiástica podrá V. E. hacer concesiones en otras materias menos importantes.